Lo primero que pasó fue que se ratificó en la calle lo que las encuestas de opinión expresaban: El profundo y amplio rechazo popular a Nicolás Maduro. En su contra se realizaron por lo menos 60 manifestaciones multitudinarias en todo el país, no sólo en las ciudades capitalessino en pueblos como Altagracia de Orituco, Mucuchíes, Táriba y El Tigrito. La magnitud de la de Caracas, que unió 9 marchas de diferentes puntos de la ciudad, puede verse en	. El oficialismo también se movilizó, pero en el caso de Caracas su proporción respecto a la concentración opositora fue tan menor que Nicolás Maduro no se presentó a la tarima, y mandó a decir con Diosdado Cabello que se movilizaran hasta el llamado “Balcón del pueblo”, un espacio cerrado y mucho más pequeño, que garantizaba una toma controlada de una muchedumbre. Finalmente, Diosdado Cabello convocó a una vigilia la noche del 23 de enero en apoyo a Nicolás Maduro, en el palacio de gobierno, ¡A la que no fue nadie! (	La polarización de los días de Hugo Chávez cambió en los tiempos de Nicolás Maduro, lo que se ha confirmado desde las protestas en Caracas realizadas a partir del 21 de enero, cuando los sectores populares tomaron la iniciativa de comenzar un nuevo ciclo de rebelión contra el gobierno. Desde ese día, y particularmente en horas nocturnas, han sido los barrios antiguamente dominados territorialmente por el oficialismo, y que definían la cartografía política de la ciudad en este y oeste los que se han enfrentado con la policía y los grupos paramilitares pro-gobierno. En las zonas populares la lógica del conflicto es diferente, por lo que no hay que esperar la racionalidad de la protesta presente en los sectores medios o estudiantiles. Si bien ya fue así en el ciclo de protestas del 2017, las movilizaciones del 23 de enero de 2019 fueron, abierta y claramente, poli-clasistas.	En la tarima central de la concentración opositora en Caracas uno de los oradores fue Sergio Sánchez, cercano al ex ministro Miguel Rodríguez Torres, en representación del “chavismo disidente”. Desde el año 2016, cuando Maduro tomó la decisión de sustituir la Constitución por un Decreto de Estado de Excepción y suspender los procesos electorales pendientes hasta conseguir una fórmula para ganarlos siendo minoría –tras la ruidosa derrota en las parlamentarias de diciembre de 2015 por dos millones de votos de margen- el gobierno se transformó en una dictadura moderna, similar a la de Alberto Fujimori en el Perú de los 90. Hoy, entre los sectores que lo enfrentan y aspiran el retorno del estado de derecho se encuentran diferentes agrupaciones chavistas, con diferentes adjetivos, críticas, originarias o auténticas. Por otro lado las encuestas de opinión ya medían la opinión política del universo bolivariano dividiéndolo en dos grandes pedazos: Los que estaban a favor de Maduro y los que estaban en contra. Por tanto hoy en Venezuela ser chavista no es, automáticamente, estar a favor del gobierno, siendo incluso todo lo contrario. El conflicto dejó de caracterizarse desde el 2016, y el 23 de enero de 2019 lo ratifica, por la tensión chavismo contra antichavismo, sino por la confrontación entre dos modelos de gobierno: Dictadura contra Democracia.	Hasta la 1 de la mañana del 24 de enero de 2019, Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social habían identificado al menos a 14 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones registradas en Caracas y otras ciudades del país entre los días 22 y 23 de enero. La totalidad de estas muertes se produjeron por impacto de bala, en contextos en los que agentes de la fuerza pública y agrupaciones paramilitares actuaban en labores de represión de protestas. Barinas acumulaba el mayor registro de personas fallecidas con 4 muertes, todas ocurridas durante las protestas realizadas hoy luego de la convocatoria hecha por la Asamblea Nacional. Le sigue los estados Táchira y Distrito Capital con tres muertes cada uno; Amazonas y Bolívar con dos muertes confirmadas y finalmente Portuguesa, con una muerte confirmada.	13 de las víctimas eran de sexo masculino y una de sexo femenino. Las edades de las víctimas oscilan entre los 47 y los 19 años de edad. Y en 13 de los casos registrados, los asesinados participaban en protestas pacíficas que fueron atacadas por agentes de la fuerza pública y/o agrupaciones paramilitares. Los fallecidos han sido identificados como: Alixon Osorio Dos Santos Pizani (19); Stefany Maholy Layoy Natera (22); Franklin Alexánder Figuera; Carlos Alfredo Olivares Bonalde (30); Yeimbert José Rangel (24); Efrén Sandalio Castillo (47); Yhonny Alejandro Hernández Ojeda (27); Wilmer Antonio Zambrano (28); Edwar José Marrero (21); Gustavo Ramirez (26); Wilmer Mendoza (39); Ivan Antonio Alvarez Fernández (21); Juan Rafael Medina Torres (19); Luigi Guerrero Ovalles (24).	El contraste con los días previos a su mandato es notable. Desde 1991, al menos 312 personas han perdido la vida en el contexto de manifestaciones en Venezuela. 82 de estas muertes (26,28%) se produjeron en el período comprendido entre 1991-2012, mientras que durante la estadía de Nicolás Maduro en el poder (2013-2019), un total de 229 personas (73,39%) fallecieron en el contexto de protestas. En seis años, Maduro casi triplica el total de fallecidos en protestas durante 21 años que comprenden los mandatos de Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera y Hugo Chávez Frías.	Estamos frente a una situación anómala cuya resolución no puede encontrarse en ninguna norma vigente en Venezuela. La Constitución no dice que hacer frente a la usurpación del poder presidencial como consecuencia de un fraude electoral. Cerrados los canales democráticos de resolución del conflicto, la solución dejó de ser jurídica para ser política. ¿Quién debe tomar la iniciativa? El único poder con legitimidad de origen, votado por 14 millones de venezolanos, es la Asamblea Nacional. Al final de la movilización el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumió las competencias del poder ejecutivo con tres objetivos: 1) Presionar por el cese de la usurpación del poder presidencial, 2) Convocar a elecciones en el menor tiempo posible. A las 7 de la noche del 23 de enero, 14 países, incluyendo Estados Unidos, reconocían a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y 3) Recuperar a corto plazo la plena vigencia de las garantías constitucionales presentes en la Carta Magna de 1999.	Es comprensible que los interesados en la situación de Venezuela intenten conseguir la base constitucional de la decisión de la Asamblea Nacional. Sin embargo, cualquier crítica honesta en este sentido debe reconocer la serie de violaciones flagrantes a la Constitución ocurridas desde diciembre de 2015 por Nicolás Maduro, que llevaron a su gobierno a transformarse en una dictadura, y que empujaron al conflicto a este punto.