Washington, D.C. — El 28 de enero, el gobierno de los Estados Unidos unilateralmente anunció nuevas sanciones a la empresa petrolera estatal de Venezuela que podrían empeorar dramáticamente la grave crisis económica del país. Las medidas impiden efectivamente que Venezuela exporte petróleo crudo a los Estados Unidos, que es el mayor comprador de su petróleo. Además, las sanciones impiden que los proveedores estadounidenses vendan los productos refinados, como gasolina y diluyentes, que Venezuela necesita para procesar su crudo pesado.	Como organización de investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), está profundamente preocupada por el potencial que tienen estas sanciones para agravar la crisis humanitaria de Venezuela e infligir más sufrimiento al pueblo venezolano. Durante mucho tiempo, WOLA ha condenado el socavamiento de las instituciones democráticas y las reiteradas violaciones de derechos humanos cometidas por Nicolás Maduro, incluyendo la violencia del régimen de Maduro contra los manifestantes, la represión de la disidencia, y los ataques a la Asamblea Nacional elegida democráticamente. Hemos instado a la comunidad internacional a rechazar la “Asamblea Constituyente”, que Maduro ha utilizado desde 2017 para socavar la legislatura elegida democráticamente y para reescribir la Constitución sin consultar al pueblo de Venezuela. También criticamos y reafirmamos la falta fundamental de garantías en el proceso electoral de mayo de 2018, a través del cual Maduro reclamó un nuevo término.	Está claro que Venezuela necesita una restauración del orden democrático, para que sus ciudadanos puedan elegir a sus propios líderes a través de elecciones libres y justas. Como WOLA ha afirmado en una declaración conjunta con varias organizaciones de derechos humanos, y como el Asesor Principal de WOLA, David Smilde, y el Subdirector para Venezuela, Geoff Ramsey, han escrito en un resumen de la crisis actual, la comunidad internacional puede y debe trabajar de manera multilateral para crear las condiciones necesarias para un retorno a la democracia.	Sin embargo, estamos profundamente preocupados por el potencial de las sanciones recientemente anunciadas por los Estados Unidos para intensificar las graves dificultades y el sufrimiento de millones de venezolanos. Los venezolanos ya enfrentan una escasez generalizada de medicamentos esenciales y productos básicos. Las exportaciones de petróleo de Venezuela representan la principal fuente de divisas para pagar las importaciones. Sin estos ingresos, está claro que la importación de alimentos y medicamentos podría ponerse en riesgo. De igual forma, esto acelerará aún más la crisis migratoria y de refugiados que ha afectado a los países vecinos y ha puesto en riesgo a los más de 3 millones de migrantes y refugiados venezolanos.	La imposición de estas sanciones pareciera basarse en el supuesto de que precipitarían un rápido retorno a la democracia. La historia de las sanciones económicas generales como estas complica esta idea. En el caso de Cuba, sesenta años de sanciones comprensivas han perjudicado la economía y el pueblo cubanos, y no han hecho nada para alentar reformas políticas o económicas. En Zimbabwe, Siria y Corea del Norte, las sanciones han castigado y debilitado a las poblaciones, dejando a sus gobiernos autoritarios más fuertes. Por esta razón, es fundamental que el gobierno de los Estados Unidos garantice que cualquier respuesta a la crisis de Venezuela evite el empeoramiento de la emergencia humanitaria en el terreno. Si no hay forma de evitar el costo humano de estas sanciones petroleras, deberían ser levantadas.