La organización Amnistía Internacional criticó dicha medida, y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras denunció la muerte violenta de tres personas, dos de ellas con arma de fuego, cuyo calibre correspondería al arma oficial que utiliza la Policía Militar, así como 29 heridos de gravedad y la detención ilegal de 41 ciudadanos.