Esos pies dicen mucho de sus dueños. Son la prueba de que entraron a Estados Unidos para pedir asilo, pero lo único que lograron fue estar detenidos unos días, cuando les quitaron los cordones por cuestiones de seguridad, antes de ser tirados de vuelta en la boca del lobo, en el violento estado de Tamaulipas.	Una contadora hondureña de 32 años que viaja con su hija lo sabe bien. Lleva cuatro meses atrapada en un círculo vicioso de cruces y devoluciones legales e ilegales entre los dos países que sólo han hecho crecer sus deudas y su desesperanza. “Somos una minita de oro para el crimen”, lamenta resignada desde la ciudad de Monterrey, a 200 kilómetros de la frontera estadounidense.	Tamaulipas es la esquina noreste de México. Sus peligros son bien conocidos. Es el único estado fronterizo al que el Departamento de Estado prohíbe a los estadounidenses poner el pie por ser un territorio controlado por los carteles. Washington lo coloca en un nivel de alerta similar al de países en guerra como Afganistán y Siria.	Todo cambió con el endurecimiento de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump. La frontera se ha convertido en un embudo donde cada vez son menos los que pueden entrar legalmente y más los que salen mediante el programa conocido como “Permanecer en México”, una estrategia mediante la que Washington ha devuelto a más de 55.000 personas mientras sus solicitudes de asilo deambulan, con pocas posibilidades de prosperar, por la intrincada burocracia de unas cortes estadounidenses desbordadas.	México no estaba preparado para esta afluencia de migrantes a lo largo de la frontera y mucho menos en Tamaulipas. Por eso las autoridades se han esforzado en sacarlos de esta región hacia Monterrey o incluso hasta la frontera con Guatemala. Los funcionarios dicen que es por su seguridad. Para algunos analistas, se trata de un claro reconocimiento del estado de anarquía que subyace en estas tierras.	Yohan, un exguardia de seguridad nicaragüense de 31 años, fue devuelto a México en julio solo con su celular y una funda de plástico con una cita para solicitar asilo. Sin cordones en los zapatos ni dinero, y con su esposa y dos hijos de 10 y 2 años a su cargo, se internó en Nuevo Laredo, una ciudad dominada por el Cartel del Noreste, escisión de los sanguinarios Zetas.	A lo largo de toda la frontera norte se han dado casos de abusos y crímenes contra migrantes, pero este año Tamaulipas vive la situación más preocupante. Es el estado por donde cruzan más migrantes de manera ilegal. También por donde el gobierno estadounidense ha devuelto a más personas a pesar del peligro: 20.700 al 1 de octubre.	La familia salió de Estelí, en el norte de Nicaragua, hace más de tres meses cuando los paramilitares se enteraron de que fue testigo del asesinato de un opositor a manos de funcionarios del gobierno. Comenzaron a seguirle, pintaron amenazas de muerte en los muros de su casa y tuvo que huir.	Sus captores les dijeron “que eran del cartel, que no eran secuestradores, que su trabajo era cruzar gente y que nos llevarían con el pollero (otra manera de llamar al coyote o traficante) para que nos explicara las condiciones”. Acto seguido conectaron un cable al celular para sacar toda la información.	Los días de cautiverio de la familia de Yohan, junto a otra salvadoreña, dos cubanos y dos mexicanos, transcurrieron de casa de seguridad en casa de seguridad, aparentes domicilios particulares u oficinas en donde dormían en el suelo y mataban el tiempo intentando jugar con los niños o atendiendo la visita que les hacían los miembros del grupo encargados de hacer las llamadas de extorsión.	El pánico creció cuando su hijo pequeño, el único que reía ajeno a todo, se les enfermó con paperas. Consiguieron un poco de leche extra a cambio del anillito de oro de la niña, pero como el niño no mejoraba optaron por liberarlos no sin antes tomar bien sus nombres y hacerles fotos a todos. Los tendrían controlados.	Casi dos meses después, el 22 de septiembre, Yohan y su familia tuvieron que regresar a Nuevo Laredo para su cita. Aterrado, llevaba en la mano algo que lo mismo podía ser una llave de entrada a Estados Unidos como una bomba de relojería en México: la denuncia de su secuestro, que presentó en Monterrey.	La ley estadounidense permite que migrantes vulnerables no sean devueltos, pero dio igual. En cuestión de horas estaban otra vez de regreso en México, en el mismo estacionamiento del edificio de migración mexicana de la primera vez y desde cuya entrada se ven las casas de cambio, las cantinas y los ojos vigilantes al acecho de presas. Se le hizo un nudo en el estómago cuando su niña le dijo: “Papi, mire, una camioneta como la que nos agarró”.	Las autoridades mexicanas organizan traslados gratuitos para quienes quisieran salir de las ciudades fronterizas y regresarse a sus países de origen. Yohan y su familia no pensaban en volver a casa, pero pidieron al conductor que les dejara en Monterrey, donde la ONG que les ayudó estaba dispuesta a recibirlos de nuevo.	A diferencia de otras ciudades fronterizas, como Tijuana o Ciudad Juárez, en Nuevo Laredo apenas se ven migrantes por las calles. El miedo los enclaustra aun a sabiendas de que no están seguros ni en los albergues, de donde se llevaron este verano a un pastor, Aarón Méndez, que todavía está desaparecido.	Kennji Kizuka, investigador del colectivo Human Rights First, con sede en Nueva York, cuenta la historia de una mujer que al cruzar a Estados Unidos para su cita tuvo que entregar su celular. Durante las horas que estuvo incomunicada, su familia recibió llamadas diciendo que ella estaba secuestrada y exigiéndole agresivamente el pago del rescate.	El investigador menciona otro caso en el que miembros del crimen organizado entraron en la oficina del Instituto Nacional de Migración (INM) de Nuevo Laredo para llevarse a migrantes retornados. Una mujer se escondió en el baño con su hija y logró llamar a un pastor para que fuera a sacarlas de allí. El vehículo entró en el estacionamiento de migración, madre e hija subieron, pero fueron bloqueados a unas calles de ahí. Según Kizuka, las migrantes fueron sacadas del vehículo, aunque los narcos acabaron liberándolas sin hacerles daño gracias a que usaron una clave, como hizo Yohan.	Aunque la situación se dio en toda la ruta migratoria, Tamaulipas se convirtió en un símbolo de esas atrocidades cuando en 2010 se encontraron 72 migrantes asesinados en un rancho de San Fernando y un año después 193 cadáveres en fosas clandestinas de la misma zona. Aparentemente todos fueron migrantes víctimas de venganzas entre grupos antagónicos para perjudicar el negocio de los rivales.	Ahora la situación es distinta, explica Raymundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Los grupos quieren sobre todo financiación. “Tienen que recuperar mucho del dinero perdido en esas guerras”. Y alerta: la situación puede escalar. “Estamos repitiendo el mismo camino de impunidad y dios no quiera que tenga que aparecer otro San Fernando”.	Reynosa, en la frontera con McAllen, es una ciudad de maquilas de 650.000 habitantes y la más grande de Tamaulipas. Es también el símbolo de las guerras más sangrientas del noreste de México y uno de los principales puntos de cruce ilegal hacia Texas junto con Ciudad Miguel Alemán. Estados Unidos no devuelve a solicitantes de asilo por ahí, pero muchos quedaron varados esperando una oportunidad para atravesar el río o a la espera de su turno para pedir asilo en la garita. Otros llegan cuando son devueltos por otras ciudades, creyendo que pueden estar más seguros o encontrar trabajo.	Fortino López Balcázar, abogado y defensor de derechos humanos, recuerda que los migrantes siempre han sido presa de los carteles, aunque de forma diferente. La delincuencia se apoderó primero del río, y ahí los asaltaban y golpeaban. Luego empezaron a llevárselos de la estación de autobuses, más tarde de las calles.	Una maestra de 46 años de La Habana y su hijo de 16 aterrizaron aquí el 13 de agosto desde Ciudad de México con el teléfono de un taxista de confianza que les dio el abogado con quien habían coordinado el viaje. Ya en el taxi hacia el centro de Reynosa, en plena mañana, otros dos taxis les bloquearon, se subieron unos hombres, les quitaron el celular y el dinero y se los llevaron a una casa en construcción.	El gobierno de López Obrador llegó a decir que el INM era una de las instituciones más corruptas de México. A principios de año, ese organismo anunció una limpieza y más de 500 funcionarios fueron cesados en todo el país. Según una persona con información de ese proceso, Tamaulipas fue uno de los estados más afectados por la purga. Algunos de los despedidos trabajaban en los aeropuertos. Otros en Reynosa.	En febrero fue destituido el subdelegado del INM en Reynosa, a quien acusaron de cobrar más de 3.000 dólares a los migrantes que detenía para no deportarlos. Meses después volvieron las denuncias, esta vez por exigir pagos de 1.500 dólares por adelantar a migrantes en la lista de espera, un instrumento que se ha prestado a mucha manipulación en diversos puntos de la frontera.	Estas escenas se desarrollaban ante sus ojos, sin que supiera muchas veces qué ocurría: una vez un hombre intentó asfixiar a otro con un nylon en la cara; en otros momentos los secuestradores, algunos apenas adolescentes, golpeaban a un coyote, también secuestrado, por ser del grupo contrario. De lo que le gritaban, entendió que querían forzarle a trabajar para ellos.	“Van a las casas de seguridad, les dicen al grupo ‘dame 10, 15, 25’; ellos dicen que se los van a llevar a un lugar más seguro y se lo ofrecen al mejor postor”, es decir, al pollero que más dinero les dé para luego hacer lo que quiera con ellos.	Los secuestradores les dejaban a los migrantes los celulares algunas horas para coordinar con familiares los pagos del rescate, siempre pequeñas cantidades a cuentas bancarias distintas. La maestra rompe en llanto al recordar cómo su hija de 25 años tuvo que empeñar todo lo que tenía en Cuba para juntarlo porque ninguno de sus contactos en Estados Unidos la quiso ayudar. Tenían miedo.	Como no hay suficiente espacio en los albergues, la alta demanda de habitaciones ha hecho que las rentas se encarezcan. La oferta puede ir desde los 35 dólares por persona al mes por una habitación para cinco, como la que renta la maestra en un barrio marginal, a los 300 o 500 dólares por casas más seguras.