Madres y padres aberrados sexuales; que venden y permiten el abuso sexual de sus hijas niñas; llenan las páginas de los periódicos y diarios digitales con titulares como “Condenado a 11 años de prisión por abuso sexual a adolescente en Yaracuy”;  “Detenido otro ‘monstruo’ que  abusó de sus dos hijastras de 6 y 7 años”; “Abuelastro abusó de niña”;  “Hombre abusó de una joven con condición especial; “Pervertido se  ofrece para ayudar a jovencita violada y también se aprovecha”.	El marqués de Sade estaría complacido; ¿Es la crisis económica social del país? ¿Son repeticiones degeneradas  de una era anunciada? ¿Es el fin del mundo, señalado en la Biblia?;  Yo no lo creo, también hay santos, organizaciones humanitarias, ayuda desinteresada…; pero la situación debe ser tomada como una advertencia;  a millones de representantes en el mundo, a ponerle total atención a la educación de su descendencia;  al cuidado de sus hijos y nietos. “Amar a Dios sobre todas cosas y al prójimo como a ti mismo”. Nosotros los venezolanos sabíamos cuidar a nuestros hijos…	Funcionarios de la Brigada en Protección de Niños Niñas y Adolescentes de la Subdelegación San Cristóbal detuvieron en el Táchira a Milagros Coromoto Tarazona Agelvis (27) y a su pareja César Alexander Díaz Cáceres (33), por encontrarse implicados en el abuso sexual de una niña de 8 años, hija de la aprehendida.	Mediante denuncia interpuesta por el padre de la infante, exámenes forenses y psicológicos realizados «se pudo conocer que la madre y el novio de esta  la habían llevado hasta la casa de una amiga, de nombre Francys, aún por identificar plenamente; una vez en la residencia, ingresan a una habitación, donde las mujeres le indican a la niña que debía estar desprovista de su ropa y proceden a cometer el terrible acto».	Funcionarios del Eje de Investigaciones de Homicidios Zulia;  dijo el comisario Douglas Rico, «iniciaron las investigaciones del caso;  y pudieron comprobar que la adolescente se habría quitado la vida motivado a que su padre;  Giuseppe Luciano Herrera (53) y su tío Henry de Jesús Herrera (61) la maltrataban constantemente y que Henry la abusaba sexualmente bajo el conocimiento de su padre».	«En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia. Matan y detienen de manera arbitraria a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia», explicó José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.	En todos los casos que Human Rights Watch investigó, agentes armados de las Faes vestían uniformes negros del cuerpo policial. En varios casos, llevaban la cara tapada. Llegaron en camionetas negras sin matrícula e irrumpieron en viviendas en vecindarios de bajos ingresos. Los agentes con frecuencia obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones. En varios casos, también robaron alimentos y otros artículos difíciles de conseguir en Venezuela debido a la crisis económica y humanitaria.	La ONG subrayó que en todos los casos de ejecuciones investigados, hubo familiares que dijeron que las Faes alteraron el lugar del homicidio. Y además manipularon las evidencias. «Los agentes colocaron armas y drogas para incriminar a las víctimas o efectuaron disparos contra las paredes o al aire para sugerir que las víctimas se habían ‘resistido a la autoridad’. En algunos casos, los familiares dijeron que después de las ejecuciones tuvieron dificultades para obtener los cuerpos de sus seres queridos, los informes de la autopsia o los certificados de defunción», denunció HRW.	La mayoría de las ejecuciones examinadas por Human Rights Watch coinciden con las prácticas policiales abusivas. Entre 2015 y 2017, las fuerzas de seguridad venezolanas realizaron redadas en comunidades de bajos ingresos en el marco de la OLP. Entre las fuerzas de seguridad participantes se encontraban la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y fuerzas de policía de los estados.	Cuando se crearon las Fuerzas de Acciones Especiales en 2017, Maduro indicó que su finalidad era combatir el crimen y el terrorismo y «proteger al pueblo» frente a «las bandas criminales y las bandas terroristas alentadas por la derecha criminal». El organismo del cual dependen, la PNB, es parte del Ministerio de Interior de Venezuela, que está a cargo de Néstor Reverol desde 2016.	En lugar de investigar los numerosos señalamientos de violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de FAES, las autoridades venezolanas han defendido su actuación, concluyó Human Rights Watch. El 17 de julio de 2019, Maduro dijo «¡Que viva el FAES!» y expresó su pleno apoyo «para el FAES en su labor diaria».