no logró su objetivo de sacar a Nicolás Maduro del poder. Más aún, ha prometido el «cese definitivo de la usurpación» en sucesivas fechas al punto que la capacidad de convocar a sus seguidores ha mermado de manera sistemática. Su fanaticada, hasta el sol de hoy, no comprende muy bien cuál es el plan mientras su crisis de orientación política se ahonda.	Entre enero y mediados de abril del año en curso ya eran siete las convocatorias (23 de enero, 2 de febrero, 12 de febrero, 23 de febrero, 8 de marzo, 12 de marzo, 6 de abril…). El 1º de mayo no pasó de una tímida concentración de seguidores desilusionados debido al fallido golpe de Estado del día anterior (30 de abril) encabezado por el diputado de Voluntad Popular y su mentor Leopoldo López.	La multitudinaria manifestación que derroque al gobierno nacional no ha llegado, se sobreentiende que sería un suceso violento y masivo que desborde la capacidad de contención de los cuerpos de seguridad, además tendría que estar desmovilizado el chavismo. Nada de eso ha ocurrido, ni siquiera con los dos ataques al sistema eléctrico, cuyo rostro visible es el senador	Luego de haber cedido al llamado del gobierno venezolano a enviar representación a las mesas de diálogo en Barbados, insistió en que «se asistiría para establecer una negociación de salida a la dictadura». Aun cuando los titulares de los medios antichavistas hablaban de «poner fecha y hora» a esto, el miembro de Voluntad Popular no aludió a fechas, posiblemente desistiendo de un método sin resultados evidentes.	La promesa de la «ayuda humanitaria» fue una de las promesas fallidas de este político de la generación 2007, todo un montaje que terminó en un escándalo mediático sumado a una investigación que comenzó la fiscalía colombiana sobre hechos de corrupción. Por su parte, Guaidó apartó de sus cargos a Rosana Edith Barrera Castillo y Kevin Javier Rojas, compañeros de su partido Voluntad Popular, quienes habrían malversado fondos de dicha ayuda.	Orlando Avendaño, editor en jefe del medio antichavista PanAm Post, publicó el pasado 14 de junio el artículo «Enviados de Guaidó se apropian de fondos para ayuda humanitaria en Colombia», revelando un esquema de corrupción que incluía desvío de dineros, malversación de fondos, fraude y amenazas en el manejo del dinero destinado al ya conocido montaje humanitario en la frontera colombo-venezolana.	Avendaño agregó que a todos se les prometió estadía en hoteles, manutención personal y a su familia; medicinas, comida, hospital, «lo que necesitaran», con la promesa de que estarían cómodos, tendrían privilegios y serían homenajeados. Llegaron a ser, supuestamente, 1 mil 450 funcionarios (la cifra real era 700) que se hospedaban en siete hoteles, pero que «daban muy mala impresión en Cúcuta: prostitutas, alcohol y violencia. Exigían y exigían».	En este contexto, el descalabro más notorio ocurrió en la madrugada del pasado 30 de abril cuando aparecieron Juan Guaidó y Leopoldo López rodeados de uniformados diciendo estar dentro de la base militar aérea de La Carlota (estaban en el Distribuidor Altamira, adyacente a la base) en Caracas, desde donde llamaban a que se unieran cientos de miles de civiles y militares.	Antes que captar a uniformados en otras partes de la capital o del país, muchos de los militares que originalmente acompañaron en este nuevo montaje desertaron manifestando que habían sido engañados y todos los vehículos militares (menos de 10 blindados antidisturbios) que fueron utilizados fueron retornados a sus comandos de origen. Apenas lograron movilizar un reducido grupo de manifestantes que terminaron protagonizando enfrentamientos con piedras, bombas molotov o armas de fuego contra la policía.	Por último, Leopoldo López se exilió primero en la embajada chilena y luego en la española, mientras los 20 ó 30 uniformados que se habían sublevado se asilaron en la sede brasileña. El chavismo selló la derrota del golpe movilizando a cientos de miles de sus seguidores a marchar por más de 10 kilómetros de una autopista principal de Caracas.	En una sesión especial el pasado 23 de julio, la Asamblea NAacional (AN) en desacato sancionó la «Ley aprobatoria de adhesión al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)», luego de que Guaidó solicitara su aprobación con una moción de urgencia. La ley contiene un solo artículo, el cual establece: «Se aprueba en todas sus partes para que surta efectos internacionales en cuanto a la República Bolivariana de Venezuela en lo que se refiere al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)».	Como es sabido, dicho tratado, suscrito el 2 de septiembre de 1947, es un mecanismo firmado por países pertenecientes a la OEA, donde se condena la guerra y se establece que las naciones deben buscar soluciones pacíficas a sus conflictos. Además, el documento incluye el compromiso de que ante un ataque armado por parte de cualquier Estado contra una de las naciones firmantes «será considerado como un ataque contra todos los Estados americanos».	El magistrado dijo, durante una rueda de prensa, que el Presidente constitucional es Nicolás Maduro y, por tanto, se debe acatar la denuncia que hizo Venezuela ante la OEA y que se formalizó el 27 de abril de 2019. Además, recordó que según la Constitución es el Presidente quien se encarga de dirigir las relaciones exteriores y celebrar o ratificar los tratados internacionales. Por ello rechazan esta decisión de la AN al sancionar una ley para adherirse nuevamente a este tratado interamericano.	Hasta ahora pareciera que suscribir el TIAR le garantizará al «Plan Guaidó» una alternativa para seguir gestionando la intervención militar a la que tanto ha aspirado llevar a Venezuela el antichavismo (sobre todo la facción más extrema de la derecha) desde «La Salida» en 2014. Sin embargo, voces dentro del mismo antichavismo, como la del excandidato presidencial Henri Falcón, calificaron como una «irresponsabilidad» el anuncio.	Falcón declaró que «el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca no tiene propósitos ni finalidades pacíficas. Es un acuerdo militar sin finalidades pacíficas que nace al calor de la Guerra Fría en 1947, incluso antes de la creación de la OTAN; por ello rechazamos este tratado por obsoleto e ineficaz, cuya aprobación entorpecería cualquier proceso de entendimiento», expresó. Agregó que «hay que hablarle con franqueza a los venezolanos; ya basta de irresponsabilidad política y de crear falsas expectativas».	En enero pasado, Guaidó anunció el «traspaso» de las cuentas del país en el exterior para «evitar el saqueo», asimismo señaló que se iniciaba un proceso para designar a las directivas de Citgo y PDVSA. «He ordenado el traspaso de las cuentas de la República al control del Estado venezolano y de sus autoridades legítimas, para evitar que continúe el saqueo y destinarlas a satisfacer los problemas», dijo en un comunicado vía twitter.	Indicó que el «funcionamiento y control» de dichas cuentas se sometería a la aprobación de la AN en desacato para que tomara «las medidas necesarias para garantizar la mayor transparencia» en el uso de los fondos. Tal medida evitaría que el gobierno de Nicolás Maduro «y su banda» hicieran uso de los recursos y «sigan robándose el dinero de los venezolanos».	Al mismo tiempo la administración Trump informaba de sanciones a PDVSA para «evitar futuros desvíos de activos de Venezuela» por parte del gobierno de Maduro y «mantener esos activos para el pueblo venezolano». La Casa Blanca informó a través del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que la vía para la suspensión de estas sanciones pasaría por la «rápida transferencia del control al presidente interino», en referencia a Guaidó, o un «gobierno posterior» elegido en comicios democráticos.	En días recientes el sitio La Tabla ha informado que el procurador del «gobierno interino» de Guaidó, el abogado José Ignacio Hernández, también fue abogado de Crystallex en el mismo juicio sobre el embargo de activos de Citgo por 1.400 millones de dólares durante 2017. En la disputa entre el Estado venezolano y la compañía aurífera, ésta ha exigido desde 2016 que los activos de CITGO le fueran entregados por la demanda ganada en el CIADI.	Afirma La Tabla que aun cuando en noviembre de 2018 el gobierno constitucional de Venezuela detuvo la acción contra Citgo al acordar con Crystallex – en un tribunal de Ontario – un plan de pagos a partir de 2021 y la cancelación de 425 millones de dólares, todo cambia con la autoproclamación de Guaidó: se ejecuta el secuestro de Citgo quedando Hernández, el recién nombrado «procurador», como contraparte ante el tribunal de Filadelfia donde se analizaba la apelación de la acción contra la empresa venezolana.	Los incumplimientos de Guaidó no se deben solamente a la incompetencia tradicional del antichavismo venezolano e internacional, forma parte de un plan de engaño sistemático en el que el abandono de la política y de una agenda nacional es la vía más rápida para poner en manos de sectores minoritarios el poder para controlarlo todo, sin debate ni elecciones. Es el caos como estrategia de dominación para destruir cuando no pueden ganar.