De estos, un 88% de tipo civil y 12% de tipo militar; ubicados en la Gran Caracas y los estados Anzoátegui, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Táchira, Vargas y Zulia. El documento da cuenta de la labor de monitoreo del cumplimiento o violación de varios derechos humanos seleccionados como fundamentales, para personas privadas de libertad en 174 CDP.	El 49% no cuenta con servicio de agua potable; el 33% no cuenta con servicio de recolección de basura; el 100% no cuenta con área y servicio médico; el 98% no cuenta con comedor; el 33% no cuenta con baños, duchas, iluminación; el 100% no cuenta con servicio de lavandería; el 95% no cuenta con áreas recreativas/deportivas; el 77% no cuenta con áreas de visita; el 73% no cuenta con áreas para mujeres detenidas; el 99%  no cuenta con áreas especiales para la población LGBTIQ; el 100% carece de consideraciones en caso de alguna discapacidad; el 99% no cuenta con áreas especiales para adolescentes.	No ha habido inversiones ni ejecución de una política pública avocada ni a mejorar las condiciones de reclusión en estos calabozos, ni a crear centros para procesados judiciales. De hecho, señala el informe de UVL que ocurrieron varias fugas durante este año; de las cuales se evadieron 470 detenidos, posteriormente, pudieron ser recapturados 105 evadidos, es decir, apenas el 22%.	“Las principales normas que actualmente están en funcionamiento y hacen cumplir las autoridades, siempre en tensión con los reclusos, son las aplicadas a las visitas de los familiares de los detenidos en lo relativo a quiénes pueden entrar, en cuáles horarios, durante cuánto tiempo, en cuál lugar, qué atuendo les es permitido llevar, así como, pases y requisas para el ingreso de insumos como alimentos, agua, medicinas, vestido, productos de higiene, enseres para dormir, etc…	Palma Nieto sostuvo, que en esta dimensión quedó claro que los oficiales abandonan su trabajo de calle, de investigación o patrullaje para cuidar detenidos en los abarrotados calabozos de los CDP y lo hacen sin haber recibido mínima formación, entrenamiento o talleres previos para el manejo o cuidado de un reo.	Además, del registro de los 105 fallecidos en motines como la primera causa de muerte violenta en los CDP, aparecen otras causas de muerte violenta como las riñas entre reclusos -30 fallecidos-, las muertes producidas por intento de fuga -10 fallecidos-,  las  muertes por enfrentamiento durante la recaptura – 20 fallecidos-, además de dos muertes por suicidio y cuatro por causas desconocidas.	Las familias de los reclusos están siendo severamente castigadas en los hechos, prácticamente penadas, pues ante el derrumbamiento institucional, deben asumir unas cargas que les exceden, intentando suplir fallas estructurales y que se aprecian en esfuerzos como los de llevar hasta el  agua potable, para diversos usos, a sus familiares privados de libertad.