La justicia de Chaco condenó a 17 años de prisión a un hombre que abusó de su hijastra cuando ella tenía entre 6 y 9 años. Los hechos ocurrieron entre 1992 y 1995 pero la víctima recién pudo hacer la denuncia en 2017, tras 25 años de sufrimiento, crisis nerviosas, intentos de suicidio y dificultades para relacionarse. Con esta condena, Chaco se convirtió en la primera provincia en aplicar la ley nacional de “Respeto a los Tiempos de las Víctimas (27.206)”, sancionada en 2015. La nueva normativa establece que la prescripción de los delitos contra la integridad sexual y delitos de trata cometidos contra personas menores de 18 años –que según el Código Penal tienen una vigencia de 12 años– comienza a computarse recién cuando se presenta la denuncia, independientemente del tiempo transcurrido desde los hechos.	Victoria (nombre ficticio para preservar su identidad) comenzó a ser abusada por su padrastro Miguel Ángel Frutos cuando apenas tenía 6 años. A los 11 recién cumplidos, tomó coraje y le contó el sufrimiento padecido durante 3 años a su mamá y sus hermanos (entonces de 14 y 15 años), aunque jamás les pudo dar detalles de lo ocurrido. En ese momento, uno de sus hermanos intentó hacer la denuncia pero en la comisaría le dijeron que ya había pasado mucho tiempo.	“Este tipo de crímenes son cometidos sin la presencia de testigos y el pacto de silencio es la característica típica de estos delitos. El niño siente la responsabilidad de las consecuencias de estos hechos, no puede procesar lo que ocurre, no entiende muy bien, esto genera un trauma que lleva al silencio, que cuando crece y encuentra las herramientas para poder romper ese silencio ya es tarde para la justicia”, dijo Leandro Ramírez, abogado de la querella.	Durante más de 25 años, Frutos gozó de impunidad mientras Victoria sufría de insomnio, problemas para relacionarse, cambios de humor, intentos de suicidio y dolor. “A mí Miguel me lastimó”, repetía cada vez que tenía una crisis nerviosa. Su mayor miedo era pensar dónde podría estar su agresor y cuántas otras víctimas habría dejado a lo largo de esos años.	Como Frutos no se presentó a la citación judicial, la Jueza de Garantías Rosalía Beatriz Zózzoli y Roberto Villaba, de la fiscalía penal N°6, emitieron una orden de captura. Fue la propia Victoria, junto a su abogado, quien se encargó de buscar al acusado y dar con su paradero, ya que, según denunció entonces, Investigaciones Complejas no aportaba datos al caso ni daba con el agresor.	Finalmente, el pasado 18 de junio, la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia, a cargo de la jueza Lucía Ester Martínez Casas, sentenció a 17 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado doblemente por el vínculo y por ser un menor de 18 años a Miguel Ángel Frutos, el padrastro de Victoria.	«Cuando me creyó el fiscal y llevó mi caso a juicio sentí un beso de la justicia a la infancia y el abrazo contenedor de la lucha de todas las sobrevivientes», dijo Victoria. “En particular, sentí el abrazo a mi propia niña que pedía ayuda desconsoladamente”, agregó la joven, que durante el proceso estuvo acompañada por la Red nacional y Provincial de sobrevivientes de Abuso Sexual en la Infancia (ASI), por la Campaña contra la prescripción, y por organizaciones feministas, organizaciones sociales y organizaciones políticas de la provincia.	Chaco se convirtió, con esta condena, en la primera provincia en aplicar la ley de “Respeto a los Tiempos de las Víctimas (27.206)”. La normativa sancionada en 2015, impulsada por la senadora Sigrid Kunath, introdujo una modificación sustancial en el Código Penal al ampliar los plazos de prescripción para los delitos contra la integridad sexual y delitos de trata cometidos contra víctimas menores de 18 años. Según establece la nueva ley, el plazo de prescripción del delito –que tiene una vigencia de 12 años– comienza a correr recién cuando se presenta la denuncia, independientemente de la edad de la víctima y del tiempo transcurrido.	Esto modifica lo establecido en 2011 por la ley Piazza, que había sido presentada por el diseñador de modas Roberto Piazza también con el objetivo de ampliar los plazos de la prescripción. La ley Piazza ordenaba que la prescripción debía correr desde que el menor abusado cumpliera sus 18 años y no desde la fecha en que ocurrieron los abusos, como sucedía hasta 2011.