y las de PCSA fueron cerradas por la banca argentina en arreglo a las órdenes del Departamento del Tesoro de EEUU y las exigencias de “la representante de Guaidó” en Argentina, Elisa Trotta Gamus. En consecuencia, la falta de servicios bancarios tumbó, desde febrero, las operaciones de PCSA al punto de carecer de flujo de caja para pagar, entre otros gastos, el arrendamiento cuya deuda asciende a 35 mil dólares. Aprovechándose de esto, la autoridad provincial procedió al desalojo del local “por impago”. Acto seguido, las autoridades del puerto bonaerense Dock Sud, de donde fue desalojada la empresa nacional, a expensas de la deuda de 35 mil dólares, comprometieron los activos de PCSA valorados en unos 200 mil dólares, “un hecho que puede considerarse un robo a los activos soberanos de Venezuela”, detalló el portal web. Previo a estos eventos, una comunicación de la Unidad de Información Financiera, ente adscrito al gobierno central argentino, fechada en enero, presentó una medida de “Alerta a los Sujetos Obligados sobre Operaciones con o Vinculados al Gobierno Ilegítimo de Venezuela”, en relación obviamente, al gobierno constitucional de Nicolás Maduro. En la nota oficial “alertan” a todos los sujetos de derecho (empresas, instituciones o particulares) sobre los riesgos de hacer negocios con el “régimen ilegítimo de