La Contraloría de la República inhabilitó a Juan Guaidó por 15 años para ocupar cargos públicos, un día después de que el autoproclamado presidente de Venezuela convocase a sus seguidores para poner a prueba su “Operación Libertad”: un simulacro en la calle para ejercer más presión contra Nicolás Maduro.Sin embargo, tal y como señala a Sputnik la abogada venezolana y Magíster en Derecho Público y Derechos Fundamentales, Ana Cristina Bracho, “lo que hoy anunció el Contralor General, Elvis Amoroso, es el resultado de una investigación que había sido abierta y anunciada el 11 de febrero y se corresponde con la responsabilidad administrativa que tienen todos los funcionarios públicos”.	Guaidó fue inhabilitado por “inconsistencia en los bienes indicados en su declaración jurada de patrimonio y los ingresos que le ha correspondido percibir como diputado a la Asamblea Nacional”  y por “los gastos exagerados y excesivos en su modo de vida”, que no corresponden con “el que puede financiar un funcionario diputado”, dice el fallo.	Amoroso señaló que se presume que Guaidó “ocultó o falseó” datos de su declaración jurada de patrimonio ya que no ha ofrecido información al respecto. Según el Contralor, habría incurrido en gastos de boletos aéreos nacionales e internacionales (en total 91 viajes) así como de hoteles dentro y fuera de Venezuela. En total habría gastado 570 millones de bolívares sin justificar (179.000 dólares).	Para el analista político del portal web de investigación Misión Verdad, Bruno Sgarzini, la inhabilitación de Guaidó “es el paso siguiente a lo que ya se ha hecho que es un pedido de investigación judicial al Ministerio Público. Ya hay un pedido de investigación al Tribunal Supremo de Justicia, y eso puede derivar en una orden de detención contra Guaidó”, sentencia.	La inhabilitación política de Juan Guaidó por 15 años (el máximo permitido en Venezuela) llegaría además cuando “su poder se está mermando”, señala Sgarzini, “y está pidiendo a sus seguidores que aprovechen los apagones para protestar y ejercer una presión máxima en la calle ante lo que ha denominado como ‘Operación Libertad'”.	El Ministerio Público venezolano ya ha abierto dos investigaciones al diputado del partido Voluntad Popular y sobre él pesan además medidas cautelares, entre las que se encuentran la congelación de bienes en sus cuentas y la prohibición de salida del país que fue incumplida el pasado 23 de febrero cuando cruzó a Colombia para tratar de ingresar ilegalmente ayuda humanitaria al país.	Los comentarios expresados en esta página sólo representan la opinión de las personas que los emiten. Este sitio no se hace responsable por los mismos y se reserva el derecho de publicación.Aquellos comentarios que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto y/o que atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, este sitio se reservará el derecho de su publicación. Recuerde ser breve y conciso en sus planteamientos.Si quiere expresar alguna queja, denuncia, solicitud de ayuda u otro tema de índole general por favor envíe un correo a