). El 23 de enero de 2019 el pueblo venezolano se manifestó masivamente en rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro. En más de 60 ciudades del país, y muchas otras a nivel internacional, ocurrió una amplia participación atendiendo el llamado, realizado el pasado 12 de enero por la directiva de la Asamblea Nacional, a expresar el descontento en esta fecha emblemática de la historia venezolana. Previo a las movilizaciones se realizaron cabildos abiertos, en distintos estados, también con multitudinaria asistencia.	En contraste, el gobierno de facto convocó a una movilización que contó con una modesta participación de simpatizantes, e igualmente llamó a realizar una vigilia nocturna frente al Palacio de Miraflores “para defender a Maduro”, sin que la población atendiera el llamado. Una situación que contrasta cuando eran convocadas por el presidente Hugo Chávez.	Destaca en la movilización del 23 de enero la amplia participación de habitantes de las zonas populares, los mismos que protagonizaron las protestas por servicios públicos y mejoras en sus comunidades durante el año 2018. En el caso de Caracas han sido las comunidades populares quienes han protagonizado las protestas nocturnas, desde el día 21 de enero, de rechazo a Maduro en zonas anteriormente identificadas como bastiones del chavismo.	Ante el fraude en las elecciones presidenciales y la posterior usurpación de la primera magistratura, la Asamblea Nacional como único poder legítimo ha venido trazando una ruta orientada a rechazar al gobierno de facto, lograr una transición, restituir la plena vigencia de la Constitución y convocar a elecciones. Consideramos que toda solución a la situación compleja y critica del país pasa por garantizar la participación del pueblo en unas elecciones libres, trasparentes e inclusivas en el plazo más corto posible.	Ratificamos la importancia de continuar articulando las fuerzas democráticas para avanzar en el rescate de la democracia. El 23 de enero se inició una ruta que debe garantizar elecciones democráticas con nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral para que exista un árbitro que brinde confianza, tiempo suficiente para su preparación, garantía de participación de todos los partidos políticos que tengan la voluntad de participar sin ningún tipo de discriminación, así como observación internacional calificada.	Condenamos el uso excesivo de la fuerza por parte del gobierno de facto contra las personas que expresan su descontento. Denunciamos que se repiten los mismos patrones del año 2017: El uso desproporcionado de la fuerza, con alto nivel de letalidad contra la población civil. La dictadura ha instituido el accionar de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, un grupo comando que tiene graves antecedentes de realización de ejecuciones policiales y que no ha sido entrenado para el control del orden público.	Hasta las 3 de la tarde de este jueves 24 de enero más de 26 personas han sido asesinadas en las protestas del día 22 y 23 de enero, en su gran mayoría víctimas de escasos recursos. Las arremetidas contra las zonas populares han sido acompañadas también con allanamientos sin orden judicial, ataque a viviendas, detenciones arbitrarias y maltrato a los detenidos.	Los asesinatos perpetrados por las fuerzas policiales y militares o por colectivos paramilitares al servicio del gobierno, amplían el expediente que cursa en la Corte Penal Internacional en fase de Examen Preliminar, reiterando que son responsables de crímenes de lesa humanidad tanto quienes ejecutan las órdenes como la cadena de mando. Lamentablemente tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo en la actualidad garantizan impunidad para los victimarios.	Exhortamos a la comunidad internacional a seguir monitoreando y apoyando la lucha que libra el pueblo venezolano por el rescate de la democracia. Las iniciativas que se emprendan deben estar enmarcadas en el ámbito del derecho internacional y orientadas a una solución pacífica y soberana para transitar del autoritarismo a la plena vigencia del estado de derecho.