Estos permisos de residencia supone 65,3% del total de los 44.163 expedientes de protección internacional instruidos y elevados a la CIAR (Comisión Interministerial de Asilo y Refugio) en los 10 primeros meses de 2019. En 2018 se elevaron 12.889 expedientes a este órgano. Por tanto, las resoluciones este año son ya más del triple.	Este año se procesaron de media más de 4.000 solicitudes al mes, frente a las 1.074 de media en 2018. Aún así, en agosto de 2019 el sistema de protección internacional contaba un número elevado de solicitudes pendientes de resolución. La cifra es de 127.520, de acuerdo con datos de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).	De esta forma, debido a la “compleja” situación de crisis que atraviesa Venezuela, el gobierno español activó esta herramienta para los venezolanos a los que se les hubiese denegado la protección internacional por la vía convencional desde el año 2014. Este permiso, cuya duración es de un año prorrogable a dos, está contemplado en la Ley de Asilo y Refugio bajo la figura de “ayuda humanitaria” o refugiado.