El Consejo Moral Republicano calificó como una acción neofascista la prohibición de ingreso a territorio peruano de dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quienes iban a representar a Venezuela en la Segunda Reunión Preparatoria de la XX Cumbre Judicial Iberoamericana.El presidente del Consejo Moral Republicano, Elvis Amoroso, emitió un comunicado, en nombre del órgano, en el que se acordó “rechazar contundentemente el atropello contra los magistrados del TSJ y de los otros venezolanos que han sido víctimas de xenofobia y violación de los de los derechos humanos en la República de Perú”.  Asimismo, el comunicado exhortó a los órganos del Sistema de las Naciones Unidas a que “se condene las irregularidades, atropellos y violaciones al Derecho Internacional Público y a los derechos de participación que tenemos los países que suscribimos los tratados y acuerdos bilaterales”.“Manifestamos nuestro rechazo contundente a la acción insólita y neofascista de las autoridades del Perú, que de manera bochornosa”, explicó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, negaron el ingreso de la vicepresidenta del TSJ, Indira Alfonzo Izaguirre, y al vicepresidente de la Sala Constitucional, Arcadio Delgado. Ante esto, subrayó que se trata de una afrenta contra el gentilicio de los venezolanos y representa un hecho alejado de la convivencia democrática.“No solamente prohibieron el ingreso, también la participación de los magistrados en reuniones preparatorias para la XX Cumbre Judicial Iberoamericana en ese país”, subrayó. Saab agregó que la acción ilegal por parte del gobierno de Perú “es una escalada más del célebre cartel conocido como Grupo de Lima. Ahí vemos la consecuencia nefasta de toda su actuación”, acotó.Explicó que Perú es uno de los países “dominados por el neofascismo que busca dañar la convivencia democrática y la imagen de Venezuela. Actos como este nos permiten actuar para seguir adelante en la defensa de la democracia del país”, puntualizó el fiscal general durante una rueda de prensa en la sede del Consejo Moral Republicano, en Caracas.  Por su parte, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, solicitó que se sancionen a los funcionarios responsables de prohibir el ingreso de los magistrados venezolanos al país.