Tanto el portavoz del alcaide del centro de detención, como la Oficina de Prisiones, quitaron durante la semana importancia al problema y aseguraron que la calefacción seguía funcionando en las zonas con presos y que la caída de la electricidad era parcial. El retrato de la situación hecho por los abogados de oficio y los sindicatos fue muy distinto: la calefacción estaba bajísima o inexistente en buena parte del edificio -un empleado de prisiones registró temperatura por debajo a cero-, los presos no podían comprar ropa adicional en la prisión porque cerró el dispensario ante la caída de la electricidad, se suspendieron las visitas de familiares y los presos recibieron comida enlatada, sin menús ni bebidas calientes, durante días.	El domingo, la tensión se disparó cuando la seguridad de la Oficina de Prisiones detuvo la presión de familiares por entrar en el centro a visitar a los presos con gases lacrimógenos. La noche anterior, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ordenó el envío de mantas, ropa térmica y generadores al centro de detención, que está gestionado por el Gobierno federal. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, exigió al Departamento de Justicia, del que depende la Oficina de Prisiones, una investigación de la situación, que calificó de «violación de la decencia y dignidad humanas».	La electricidad recobró la normalidad en el centro de detención el domingo por la noche. Ese mismo día, el Departamento de Justicia aseguró que examinaría «junto a la Oficina de Prisiones» lo que ocurrió en la cárcel para asegurarse de que «tiene la electricidad, la calefacción y los sistemas de emergencia para prevenir que estos problemas vuelvan a suceder».