Las autoridades locales de Casablanca, Inezgán y Kenitra ordenaron este martes el cierre de tres casas pertenecientes a la formación islamista Justicia y Espiritualidad. Este movimiento, fundado en 1981 por Abdesalam Yasín, un antiguo inspector de educación muerto en 2012, a los 84 años, está considerado como el de más seguidores en el país por su poder de convocatoria en las manifestaciones. No obstante, es difícil calibrar su peso electoral, ya que la organización boicotea de forma pacífica todos los comicios.Loading...	Varios medios locales informaron de que las tres casas habían sido transformadas en lugares de culto que actuaban al margen del Ministerio de Asuntos Religiosos y convocaban reuniones no autorizadas. El portavoz de este movimiento, Fatala Arsalán, y su responsable del “círculo político”, Abdelauad Motawakil, denunciaron el viernes que el Estado había declarado la guerra a Justicia y Espiritualidad (Al Adl Wal Ihsan).	La organización señaló en un comunicado: “El cierre simultáneo de viviendas confirma que se trata de una decisión central y no es diligencia de una región local determinada. Es una decisión política, no administrativa o de seguridad. Es una decisión que refleja una metodología precisa”. Esto se produce, según Justicia y Espiritualidad en “el contexto de guerra contra el movimiento desde su inicio. El Majzén (Estado, en árabe) no puede vivir sin un enemigo y crea un enemigo si no lo encuentra”.	Suele decirse que Justicia y Espiritualidad es una organización ilegal, pero tolerada. Sin embargo, algunos de sus máximos responsables prefieren decir que es legal, pero no tolerada. En la Primavera Árabe marroquí los grupos izquierdistas aglutinados bajo el nombre de 20 de Febrero fueron los impulsores de las protestas. Pero las calles solo se llenaron con decenas de miles de personas que pedían un cambio cuando Justicia y Espiritualidad se sumó a las protestas. Igualmente, las dos manifestaciones más masivas de apoyo a los presos del Rif, tras las protestas de 2017 en Alhucemas, han sido aquellas de Rabat en las que se sumaron los adeptos de Justicia y Espiritualidad.	En cuanto al hecho de que las tres casas servían para congregar a miembros de la organización, su portavoz señala que les ampara “el derecho otorgado por la Constitución, así como las convenciones internacionales, de acoger a cualquier ciudadano en cualquier momento y cómo lo desee, ya que se trata de reuniones en lugares privados”.	La organización reafirmó en su comunicado la intención de seguir actuando mediante medios pacíficos: “Este acto de barbarie no incidirá de ningún modo ni en el pensamiento, ni en el comportamiento, la postura, el método, las actividades y programas del movimiento y no nos empujará a reaccionar de modo violento. (…) Del mismo modo no va a hacernos callar para reclamar nuestro derecho de organizarse, agruparse, expresarse y desplazarse libremente. No vamos a limosnear nuestro derecho y volvemos a recordar que no estamos en el señorío de nadie”.