El documento que preparó luego de su visita el pasado mes de julio y que ponen al día, destaca que la crisis económica y social en el país sigue empeorando y ha ocasionado la hiperinflación más grave de Latinoamérica, obligando a 4,3 millones de personas a emigrar en busca de mejores condiciones de vida.	Por otra parte, la Alta Comisionada alertó que el gobierno venezolana no ha acatado sus recomendaciones respecto a las denuncias de las acciones especiales de las FAES, pues siguen actuando bajo el mismo patrón sin considerar el informe y citó que durante el mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas.	Dijo que parte de su equipo ha visitado las cárceles y actualmente se avanza en establecer un protocolo y calendario de visitas para los próximos meses y recordó que está pendiente la liberación plena de la jueza Afiuni y del periodista Braulio Jatar, a pesar que el régimen ha liberado sólo a 83 de los detenidos y se comprometió a atender casos individuales y aliviar la situación médica de algunos de los reos.	Afirmó también su preocupación por el aumento de presencia de militares en el territorio del pueblo indígena Pemón, así como casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas y la muerte de dos jóvenes Warao y del líder indígena Curripaco en Amazonas, cometidos por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.