La concepción tradicional, moderna, de la sociedad y la política dice que el poder se concentra en el Estado, o al menos que es en éste donde se halla un lugar privilegiado del poder. La misma tradición nos dice que el Estado consiste en las instituciones del Gobierno. Nos acostumbramos a entender que quien está en el Gobierno es quien tiene el poder. Pero la realidad obliga a pensar que este esquema no es precisamente el que opera en el mundo real. El poder está en toda la red de relaciones sociales, políticas, económicas y culturales, y se concreta en cada acto particular de ejercicio; esto es, el poder no se puede asir como un bien y por lo tanto no se puede ceder ni abandonar, ni siquiera se puede arrebatar. El poder se hace posible en el propio ejercicio del mismo y está determinado por las relaciones de fuerza que definen la soberanía sobre las cosas y los hechos. El poder, a fin de cuentas, es un acto de relación que produce la forma de los acontecimientos.Esto puede verse concretamente en la situación económica actual del país. No se puede decir que el poder en Venezuela lo tiene exclusivamente el Gobierno. De hecho, pareciera que el Gobierno se encuentra cada vez más “desprovisto de poder” en la medida en que no puede controlar o incidir efectivamente en asuntos públicos como la inflación, la producción y circulación de alimentos y otros bienes, ni siquiera en el costo de un pasaje. El extremo de esto es que se ha perdido el control sobre la determinación monetaria, pues nada impide que el dólar desplace progresivamente al bolívar como unidad de cuenta, intercambio y reserva de valor.En todos estos casos quienes han demostrado tener o ejercer el poder son los actores económicos privados, los dueños de grandes capitales. Han logrado imponer su modelo económico en la práctica, pasando a través de la cristalina estructura del Estado. El Gobierno se muestra ausente ante una liberalización forzosa de todos los precios de bienes y servicios. Las empresas públicas son imperceptibles. Los campesinos denuncian “reapropiaciones” de tierras por parte de terratenientes, trabajadores reclaman “privatizaciones bajo cuerda” de empresas estatales.