El 23 de enero de 2019, después de dos décadas de intentos desestabilizadores, golpes de Estado, guarimbas terroristas, asesinatos selectivos y hasta un magnicidio en grado de frustración, la derecha política venezolana aplaudió en una plaza pública la autoproclamación de un usurpador de la presidencia de la República. Once meses después, ese acto ha esquilmado miles de millones de dólares a los venezolanos, las mentiras sistemáticas de la oposición provocan la decepción de sus seguidores y diversos dirigentes de la propia derecha política denuncian al autoproclamado por corrupción.	La fecha escogida pretendía vincular el acto callejero a la conmemoración histórica del 23 de enero de 1958, cuando el pueblo de Venezuela desalojó a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Pero, por el contrario, la autojuramentación de un diputado sin aval del Parlamento y sin que nadie lo votara convirtió a ese “gobierno interino” en un acto de usurpación dictatorial sin precedentes en la historia nacional.	Poco importó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó la victoria a los diputados de la derecha en las elecciones parlamentarias de 2015 sea el mismo que proclamó a Nicolás Maduro Moros como Presidente Constitucional (y legítimo) de la República en las elecciones presidenciales de mayo de 2018.No obstante, en diciembre de 2019, tras los repetidos fracasos del usurpador, el vicecanciller para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Michael Kozak, se vio obligado a “aclarar” que su país no apoyaba a Guaidó como persona particular, sino en su condición de presidente de la AN (en desacato contumaz) desde donde ha pedido “sanciones” contra Venezuela, provocando pérdidas milmillonarias al país, desde 2015.	El 22 de febrero de 2019, apenas un mes después de la autoproclamación callejera, la oposición criolla junto al gobierno de Colombia y otros mandatarios de países de la derecha continental auspiciaron un “concierto” musical de artistas internacionales en la ciudad colombiana de Cúcuta, con la que anunciaban la pretensión de recabar cifras millonarias en dólares para los venezolanos, así como la introducción forzada de “ayuda humanitaria”, violando la frontera venezolana, con supuestos productos alimenticios y medicamentos donados por EE.UU.	Fue la fachada farandulera para justificar la invasión a territorio venezolano a través de la frontera colombiana. El autoproclamado se presenta sorpresivamente en Cúcuta, donde llegó por vía terrestre, pese a que tenía prohibición de salida de Venezuela. Junto a Sebastián Piñera, de Chile; Mario Abdo Benítez, de Paraguay, e Iván Duque, de Colombia, se fotografía públicamente anunciando “libertad”.	El fracaso, sin embargo, termina con el incendio de los camiones que transportaban el supuesto “cargamento humanitario” para responsabilizar mundialmente al Gobierno Bolivariano. Se descubre que quemaron materiales para guarimbas y se denuncia la conducta hostil de Colombia para derrocar al gobierno legítimo de Venezuela. El Ejecutivo Nacional denuncia que los millones recaudados fueron usados para fiestas, licores, prostitutas y narcóticos, por parte de los grupos venezolanos que coordinan esa “ayuda humanitaria”. La prensa derechista mundial silencia las evidencias de lo que se conocerá luego como el “cucutazo”.	Entre enero y marzo los fracasos de la derecha se acumulan. El autoproclamado, quien se atribuye las presidencias del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional (en desacato contumaz), se apropia de dos Poderes Públicos, simultáneamente, lo cual es curioso por cuanto la derecha acusaba al Gobierno de impedir la “división de poderes” en el país.	El 7 de marzo, en las redes sociales varios mensajes de voceros gubernamentales norteamericanos y, en especial, del congresista Marco Rubio, revelan que los venezolanos “sufrirán la peor de las penurias cuando en pocas horas se quedarán sin comida, sin gasolina, sin agua”. Ese día se produce un inédito e histórico apagón eléctrico tras el ataque masivo al complejo hidroeléctrico El Guri, donde se genera más de 70% de la energía a todo el país.	Pero en abril, el propio presidente norteamericano, Donald Trump, reconoce, sin proponérselo, la validez de las denuncias cuando firma una orden ejecutiva para proteger a EE.UU. de los efectos del pulso electromagnético contra sus redes eléctricas y electrónicas, además de usar estos dispositivos como herramientas para ataque a presuntos enemigos.	El 30 de abril es, quizás, la fecha clave de inicio de la debacle derechista, cuando el autoproclamado, diputados derechistas y dirigentes que se autobautizan comos democráticos protagonizan un clásico golpe militar con un pequeño grupo de desertores castrenses, desde el puente de una autopista cercana a una base militar en la ciudad de Caracas.	De abril a noviembre se produjeron los despojos de activos venezolanos en empresas propias ubicadas en el extranjero. Citgo es expropiada de facto por autoridades de EE.UU. para entregárselas supuestamente a las autoridades “legítimas” designadas por la AN en desacato. Igual situación ocurre con la planta petroquímica de Monómeros, en Colombia.	Entretanto, la administración de Trump recrudece el bloqueo financiero y económico contra Venezuela. Sanciona a empresas privadas internacionales, barcos, navieras, bancos, proveedores y cualquier entidad que haga negocios legales con Venezuela. Los voceros prófugos de la oposición en el mundo aúpan estas medidas y persiguen cualquier cuenta de la República para embargarla: depósitos en oro y dólares son congelados o incautados.	Más tarde, aparecen evidencias de la operación fraudulenta para transferir a cuentas personales del autoproclamado o de su grupo colaborador los dineros de todos los venezolanos. La descarada expoliación de los dineros de la nación genera la difusión de la reacción nacional en las redes con la acusación #GuaidóLadrón.En el cerco diplomático que impulsan gobiernos de la derecha, se ejecutan acciones que violan la Ley Internacional para hostigar sedes diplomáticas de Venezuela. En EE.UU., los consulados de Washington y Nueva York son asediados por hordas derechistas. La defensa histórica que hacen colectivos de Estados Unidos para proteger esas instalaciones es elocuente, por lo cual las autoridades imperialistas someten a los activistas y los reprimen acusándolos de obstaculizar “la justicia”.	En diciembre, en uno de los más recientes escándalos del autoproclamado, se produce la “destitución” de Humberto Calderón Berti, el supuesto embajador imaginario en Colombia designado por la AN en desacato. Calderón Berti desata las denuncias de corrupción del Guaidó que él llegó a conocer durante su “gestión” diplomática, pero que solo ahora ventiló a la opinión pública.	La última acción antidemocrática de la derecha fascista y evidencia de sus consecutivos fracasos, fue la planificación de una operación terrorista que pretendía perpetrarse contra el Cuartel General Gran Mariscal Sucre y el Comando Zonal de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Sucre, develada por las autoridades nacionales el pasado 14 de diciembre.	Mediante acuerdos que buscan la reconciliación, los diputados del Gran Polo Patriótico (GPP) se incorporaron a la Asamblea Nacional (AN) para colaborar en su rehabilitación y tratar de sacarla del desacato constitucional. Asimismo, acordaron mecanismos para escoger por consenso la nueva conformación del CNE rumbo a las elecciones parlamentarias de 2020.	Mientras tanto, el 5 de enero de 2020 deberán designar una nueva jefatura en la AN en desacato y la actual directiva con el usurpador a la cabeza pretendió modificar el reglamento interno para que algunos de los diputados principales, prófugos de la justicia, puedan votar por vía electrónica desde sus lugares de huida.	El último de los escándalos que involucra a la derecha venezolana fue un ataque terrorista perpetrado el pasado domingo 22 de diciembre a la Unidad 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla, ubicada en la zona fronteriza del sur de Venezuela, que contó con el apoyo de los gobiernos de Colombia, Perú y Brasil, que dieron alojo y financiaron a los malhechores responsables de los actos que le arrebataron la vida al soldado Luis Jampier Caraballo.	De acuerdo con testimonios de los implicados detrás de todas estas acciones planificadas de la mano de militantes de la ultraderecha, se encuentran involucrados Leopoldo López, Juan Guaidó, en complicidad con los diputados suplentes de Voluntad Popular, Fernando Orozco y Yanet Fermín, Ismael León, Gilber Caro, el activista Vilca Fernández, con el apoyo de policías municipales, estadales y militares venezolanos que desertaron el pasado 23 de febrero.	Los comentarios expresados en esta página sólo representan la opinión de las personas que los emiten. Este sitio no se hace responsable por los mismos y se reserva el derecho de publicación.Aquellos comentarios que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto y/o que atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, este sitio se reservará el derecho de su publicación. 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