Con intención anticomunista de acabar con cualquier pensamiento o grupo revolucionario, el entonces presidente de la República de Venezuela, Jaime Lusinchi, persiguió durante su mandato a cualquiera que se opusiera a su gestión de gobierno. Entre los hechos más crueles contra civiles llevados a cabo, se reconoce la Masacre de Yumare, en la que nueve dirigentes sociales de izquierda fueron acusados de formar parte de la guerrilla y ajusticiados.	“A 33 años de la Masacre de Yumare, recordamos el horrendo asesinato de nueve dirigentes sociales de izquierda que fueron víctimas del fascismo de los gobiernos de la IV República. Jamás permitiremos que el fascismo vuelva a someter por la fuerza al pueblo libre de Venezuela.”, escribió a través de la referida red social.	Luis Rafael Guzmán Green (40), José Rosendo Silva Medina (33), Ronald José Morao Salgado (31), Dilia Antonia Rojas (42), Simón José Romero Madrid (28), Pedro Pablo Jiménez García (40), Rafael Ramón Quevedo Infante (31), Nelson Martín Castellano Díaz (31) y Alfredo Caicedo Castillo (31) fueron las víctimas de aquel sangriento hecho ocurrido el 8 de mayo de 1986.	Para justificarse los funcionarios dijeron que habían estado en un enfrentamiento armado y que fueron emboscados en un lugar boscoso por los asesinados. No obstante, las evidencias fotográficas revelaron que la zona donde todos los ciudadanos murieron estaba poblada de vegetación baja y todo el terreno estaba despejado. Los testimonios de los responsables eran falsos.	Testigos declararon que las nueves personas asesinadas por el comando de la Disip fueron detenidas, luego torturadas y, por último, ejecutadas. Posteriormente, los propios funcionarios les colocaron ropa militar encima de su ropa civil, con el propósito de presentarlos como guerrilleros, y así lo demostraron los estudios criminalísticos y las evidencias. No fue más que una matanza orquestada por el Gobierno de Luisinchi para acabar con sus disidentes.	El primer avance del caso se logró cuando, en 2006, el Tribunal 6° de Control de Yaracuy admitió la querella interpuesta por los familiares de las víctimas. No obstante, la acusación contra el general Sánchez Paz, quien era coronel para el momento de los hechos y director de la Escuela del Comando de Operaciones del Ejército, se presentó en agosto de 2009.	A López Sisco se le imputan delitos de concurso real de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de las nueve víctimas, y es también señalado por su participación en las masacres de El Amparo, Cantaura y El Caracazo, además de participar en el asedio a la Embajada de Cuba en Venezuela, durante el golpe de Estado de abril de 2002.