Por primera vez en la historia judicial peruana, las autoridades presentaron una acusación penal por el asesinato de cuatro ambientalistas que luchaban en su comunidad indígena contra la destrucción por parte de madereros de los bosques de la Amazonía.El fiscal de la región peruana amazónica Ucayali, Otoniel Jara, dijo a The Associated Press que pidió 35 años de cárcel contra dos empresarios madereros y tres taladores por el asesinato a tiros en 2014 de los cuatro indígenas asháninka, en el mayor ataque contra ambientalistas en Perú, considerado el cuarto país con la mayor superficie de bosques tropicales y de donde se exportan importantes cantidades de madera al mundo.Al menos seis ambientalistas indígenas peruanos han sido asesinados desde 2013, pero hasta ahora ninguna autoridad había presentado ningún cargo ante los tribunales para enjuiciar a los responsables.La AP tuvo acceso al expediente de la causa con la que el fiscal Jara busca que no queden impunes los crímenes de Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, quienes fueron asesinados con tiros de escopeta en un paraje remoto de la comunidad asháninka Alto Tamaya-Saweto el 1 de septiembre de 2014.Según la investigación, los empresarios madereros José Estrada y Hugo Soria son considerados autores intelectuales del crimen y los taladores Eurico Mapes, Josimar Atachi y Segundo Atachi son señalados como los ejecutores de los asesinatos.La AP no había podido contactar a los acusados ni a sus abogados, aunque en el pasado al menos los empresarios ya habían declarado a algunos medios que son inocentes.El asesinato de los cuatro activistas ya había pasado por las manos de otros cinco fiscales, pero nunca presentaron cargos.“No le tomaron interés”, dijo el fiscal Jara.En su acusación, afirma que los tres taladores estuvieron antes y después del crimen en la zona remota donde se encontraron los cadáveres, mientras que los dos empresarios fueron perjudicados económicamente tras ser denunciados por extracción ilegal de madera en los bosques amazónicos por los activistas asesinados.Los activistas asesinados defendían los bosques de distintas maneras: viajaban en canoa por tres días hasta la ciudad capital regional, llamada Pucallpa, a presentar denuncias y pedidos a todas las oficinas burocráticas ligadas al sector forestal, de agricultura. También denunciaban ante los fiscales la tala ilegal de los bosques, tomaban fotos, realizaban croquis para la ubicación de las maderas cortadas. Pero nunca fueron oídos.“El caso podría sentar un precedente” para otros casos similares, dijo Oscar Romero, abogado de los deudos que asumió la defensa en 2018 y que trabajó con la comunidad para asegurarse que las evidencias sean incluidas en la acusación.Un año antes de los asesinatos, el fiscal afirmó que el empresario Soria amenazó de muerte a Edwin Chota, porque el activista logró que las autoridades detuvieran un cargamento de madera ilegal valorado en más de 37.000 dólares.En otra ocasión el empresario Estrada habría dicho que daría lo que fuera por detener a Chota. “Yo pago lo que sea, a quien puta me lo trae acá, quiero su cabeza”, dijo un testigo que supuestamente escuchó al empresario y cuya declaración está en el expediente.Después de los asesinatos, se recuperaron sólo los cadáveres de Chota y Quintisima, carcomidos por las aves de rapiña, mientras que los de Ríos y Pinedo siguen desaparecidos.Los asesinatos, ocurridos tres meses antes de la cumbre climática de Naciones Unidas que se realizó en la capital peruana, obligaron al gobierno del entonces presidente Ollanta Humala (2011-2016) a anunciar que aceleraría la titulación de tierras de la comunidad, un pedido que Chota había realizado por una década sin ser oído.La impunidad tras los asesinatos de ambientalistas es recurrente en todo el mundo, incluida América Latina, donde se han registrado varios crímenes.La organización internacional Global Witness, que monitorea la situación mundial de los recursos naturales y de los activistas, señaló en su informe más reciente que en 2018 fueron asesinados 164 ambientalistas en todo el mundo. De esos, 83 fueron asesinados en Latinoamérica: 20 en Brasil, 2 en Chile, 24 en Colombia, 16 en Guatemala, 4 en Honduras, 14 en Mexico, 3 en Venezuela.El fiscal Jara considera que hay más implicados en los crímenes de los cuatro indígenas y ha pedido a la corte judicial autorizar una investigación adicional.“Lo bueno es que el caso no se va a archivar”, dijo a la AP Diana Ríos, hija de Jorge Ríos, uno de los activistas asháninkas cuyo cadáver sigue desaparecido.Contó que hace siete meses buscó “reencontrarse” con su padre. Entonces, la mujer de 27 años dijo que bebió por primera vez la ayahuasca, una planta alucinógena amazónica que en lengua quechua significa “soga de las almas”. Aseguró que lo vio sentado cerca de un río en el bosque. “Mi muerte no ha sido por gusto”, dijo que le comentó antes de desaparecer.En 2013, Mauro Pío, otro líder indígena ambientalista que buscaba proteger los bosques tropicales en la zona central de Perú, fue asesinado a tiros por sicarios y su caso quedó en el olvido.Tom Bewick, director en Perú de Rainforest Foundation US, una organización estadounidense que financia la defensa legal de los familiares de los cuatro indígenas ambientalistas asesinados, dijo que la comunidad de Saweto es una de las “más vulnerables” de la Amazonía peruana y espera que el “legado de las víctimas de esta masacre pueda conducir a la justicia, después de años de lucha contra un sistema que ha inhibido sus valientes esfuerzos”.Gran parte de la madera de la Amazonía peruana que sale al mundo tiene origen dudoso y el Banco Mundial afirma que 80% de las exportaciones madereras son de origen ilegal. Las compañías están obligadas a tramitar certificados en los que se manifiesta que la madera proviene de zonas donde la tala está autorizada, pero fiscales afirman que durante años las autoridades forestales locales han firmado documentos en los que se miente sobre el origen del producto.El poder de la industria de la madera es fuerte en Perú, según los expertos. El peruano Rolando Navarro, exjefe de la agencia fiscalizadora forestal que fue despedido sin motivos válidos en 2016 tras decomisar 1.770 toneladas métricas de madera amazónica, dijo a la AP que ciertos “grupos empresariales forestales en Perú tiene un poder espectacular para poder determinar o influir en la designación de funcionarios de alto nivel en el sector forestal tanto a nivel regional como nacional”.La madera peruana tiene como sus principales destinos China y México.Perú / AP