El recrudecimiento de esa política se hizo efectiva con la activación del Título III y de la Ley Helms-Burton, la cual otorga a ciudadanos estadounidenses la posibilidad de presentar en cortes federales demandas contra quienes ‘trafiquen’ con ‘propiedades confiscadas’ y se extiende esa autorización a propietarios que no eran ciudadanos norteamericanos al momento de las nacionalizaciones en 1959.	Los comentarios expresados en esta página sólo representan la opinión de las personas que los emiten. Este sitio no se hace responsable por los mismos y se reserva el derecho de publicación.Aquellos comentarios que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto y/o que atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, este sitio se reservará el derecho de su publicación. Recuerde ser breve y conciso en sus planteamientos.Si quiere expresar alguna queja, denuncia, solicitud de ayuda u otro tema de índole general por favor envíe un correo a