La Cámara de Diputados de Chile aprobó la Ley Antisaqueos propuesto por un grupo de parlamentarios y apoyado por el gobierno de Sebastián Piñera para endurecer las penas en delitos que atenten contra el orden público.Con este instrumento legal – que contó con 127 votos a favor, 7 en contra y 13 abstenciones- los delitos como saqueos, barricadas y los desórdenes públicos pasarían a tener una mayor pena que las que contempla hasta ahora el Código Penal, reseñan medios locales, refiere AVN. La iniciativa, que fue despachada al Senado, tipifica como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agrava las penas bajo determinadas circunstancias.La propuesta establece que quien, valiéndose de una manifestación o reunión pública, tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden público, será sancionado con prisión menor en su grado medio a máximo, desde 541 días a 5 años.El texto, ingresado por Marcela Sabat y Gonzalo Fuenzalida (RN) junto a Miguel Ángel Calisto, Gabriel Silber y Matías Walker (DC), precisa seis situaciones que constituirán la alteración del orden.El primer escenario lo cataloga como la paralización o interrupción de algún servicio público de primera necesidad, como por ejemplo servicios de transporte, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.El segundo punto señala la ejecución de actos de violencia de corte peligroso para la integridad y vida de personas con el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.En tercer lugar precisa la destrucción de edificios residenciales o comerciales, sumado a vehículos motorizados y a la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.Luego señala el incendio de objetos o la utilización de elementos para impedir la libre circulación de personas o vehículos, además de la intención de dificultar el actuar de voluntarios de bomberos y otros servicios de utilidad pública para combatir incendios o calamidades.En su punto seis, el proyecto califica como alteración de la paz cuando se usen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, ya sean de carácter público o privado.Se aplicará el grado máximo de la pena cuando los participantes hayan actuado formando parte de un grupo u organización de más de dos personas destinadas a cometer habitualmente estos hechos.