El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó sobre la desarticulación de bandas que robaban material estratégico de Corpoelec y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).Durante declaraciones ofrecidas desde la sede del MP, en Caracas, el fiscal precisó que el pasado 22 de octubre se descubrió en un galpón de la empresa Instalaciones Eléctricas Jairo Chirinos, en Guacara, Carabobo, un carrete de cable lineal de cobre de 1.000 metros, con un peso de 6 toneladas.Apuntó que el material fue sustraído de Corpoelec por Albeiro Alzate, gerente de distribución de la subestación Castillo, por este motivo fue detenido Jairo Chirinos, propietario de la referida empresa y, luego, fue capturado Alzate.Saab señaló que, tras practicar estas detenciones, se inspeccionó la casa del gerente, donde se encontró gran cantidad de materiales y equipos eléctricos, así como aires acondicionados y herramientas propiedad de Corpoelec.Por este hecho, fue inspeccionada el 23 de octubre la empresa Postes Carabobo 2010 y hallaron 2.000 metros lineales de guaya acerada, 100 toneladas de guaya eléctrica de aluminio y 3.000 conectores eléctricos.El fiscal general aseveró que los materiales tienen un valor aproximado de 3 millones 350 mil dólares.En otro caso, William Saab informó que el 22 de octubre también fue desarticulada una banda dedicada al tráfico de tubería petrolera.“Ese día fueron detenidos, por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ocho empleados de Pdvsa que intentaron sustraer del Campo Morichal en Maturín, 302 tubos de 3 ½, utilizando un permiso falso”, explicó.“El valor estimado de este material es de 250 mil dólares, y el daño que implica no disponer de ellos al momento de requerirlos para reparaciones”, agregó.Los detenidos por el hecho fueron identificados como, Rubén Reyes, Ronald Moreno, Jean Carlos Díaz, Denni Mendoza, Domingo Brito, Orlando Ratanjal, José Ángel Rodríguez y José Alexander López.El MP se encuentra tras la pista de mafias organizadas dedicadas al tráfico de materiales estratégicos, con la complicidad de funcionarios de la administración pública, afectando los servicios públicos, como el agua y la electricidad.