«Actualmente, se vienen registrando explosiones e incremento de la actividad sísmica que estaría relacionada a intensas emisiones de ceniza que afectan poblados del valle de Ubinas; en consecuencia, se recomienda a las autoridades elevar el nivel de alerta volcánica de amarillo a naranja», precisó el IGP a través de un comunicado.	Horas después, con el avión en pleno vuelo;  Interpol de Estados Unidos se puso en contacto con la policía española para informarle de que;  al analizar la lista de viajeros, había localizado dentro de ese avión a una persona sobre la que pesaba una notificación roja;  es decir, que tenía prohibido judicialmente salir de España. Se trataba de Márquez.  EEUU entonces devolvió a España al ex directivo de PDVSA en la era Chávez que estaba prófugo.	Juan Carlos Márquez Cabrera, ex alto cargo de la petrolera pública venezolana PDVSA; fue detenido el jueves en el aeropuerto de Madrid por su implicación en la trama de blanqueo de capitales;  que salpica al ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo. Márquez, residente en Venezuela y de nacionalidad española;  era el secretario general de Entes Corporativos de PDVSA y es quien presuntamente firmó contratos por 4,5 millones;  con Alejo Morodo, hijo del ex embajador, por supuestas asesorías.	Márquez se hallaba en busca y captura;  desde que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional;  destapó el pasado 20 de mayo una trama de blanqueo de capitales que se saldó con la detención;  de Alejo Morodo, su socio Carlos Prada Gómez y las esposas de ambos. El también catedrático de Derecho Constitucional Raúl Morodo, embajador en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no fue detenido debido a su avanzada edad —84 años— pero el juez le citó como investigado y figura como cabecilla de la trama.	Sin embargo, nada más salir de la Audiencia Nacional, Márquez se dirigió al aeropuerto de Barajas, compró un billete de avión con destino a Chicago (EE UU) y logró pasar el control de viajeros sin que saltase la alarma. Horas después, con el avión en pleno vuelo, Interpol de Estados Unidos se puso en contacto con la policía española para informarle de que, al analizar la lista de viajeros, había localizado dentro de ese avión a una persona sobre la que pesaba una notificación roja, es decir, que tenía prohibido judicialmente salir de España.	Se trataba de Márquez. Y también comunicó a los agentes españoles que en cuanto Márquez pisase el aeropuerto de Chicago sería detenido para su inmediata deportación a España en un vuelo de Iberia. Una vez en España tendrá que comparecer de nuevo ante el juez Pedraz. Esta vez, además, por haberse dado a la fuga.	Los investigadores han acreditado que Márquez, además de firmar los contratos en nombre de PDVSA, posee vínculos societarios con Carlos Prada, socio de Alejo Morodo en España, en otra sociedad radicada en Panamá y dedicada a la gestión de inmuebles. A preguntas de la Fiscalía, Márquez aseguró que, pese a figurar como firmante de los contratos, su cargo en PDVSA más que ejecutivo era de carácter simbólico y que los firmó por delegación de otras personas. Rechazó haber cobrado comisiones.	La policía cree que los contratos al hijo de Morodo como asesor jurídico de PDVSA son “una cortina de humo”. La sociedad panameña en la que Márquez figura junto a un socio de Alejo Morodo fue utilizada presuntamente por la trama como pantalla para camuflar el dinero que salió de la petrolera venezolana hacia cuentas en España del hijo del ex embajador. Los investigadores sospechan que detrás de estas entregas de dinero sin justificar subyace el pago de favores a Raúl Morodo después de que este abandonase su destino diplomático en Caracas. La policía cree que el dinero se lo repartieron los cuatro implicados.	Una parte acabó en cuentas del ex embajador Morodo merced a transferencias bancarias que le hizo su hijo con el dinero de los contratos. Hasta la fecha, los investigadores han descubierto trasvases del hijo al padre por importe de 180.000 euros. Un informe de Hacienda apunta la existencia de delitos fiscales, ya que los implicados no han declarado el dinero de los citados contratos. Anticorrupción investiga también delitos de falsedad, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.	Todos los contratos entre la petrolera y Alejo Morodo fueron firmados en representación de la petrolera por Juan Carlos Márquez Cabrera, según documentación en poder de EL PAÍS. El ejecutivo de la compañía remitía al “ciudadano ministro”, según reza el texto, cartas oficiales en las que informaba de la relación contractual de la empresa con Morodo. Y en ellas se detallaba la renovación anual de “los contratos suscritos con las organizaciones Furnival-Aequitas y Marpa”, es decir, las sociedades con las que operó el hijo del diplomático.	Márquez era uno de los hombres de la máxima confianza de Rafael Ramírez, el entonces presidente de PDVSA, con Hugo Chávez en el poder, ex embajador de Venezuela ante la ONU hasta su cese en 2017. Ramírez y Raúl Morodo labraron amistad durante los años en los que el ex diplomático socialista fue nombrado embajador en Caracas, entre 2004 y 2007. Los contratos se suscribieron entre 2008 y 2013.