A continuación el Correo del Orinoco presenta la parte final de la opinión del Representante Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU y demás Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza, embajador Jorge Valero, sobre el reciente informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, señora Michelle Bachelet	Es falso afirmar que durante la Revolución Bolivariana se ha restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas, y menoscabado la independencia del Poder Judicial. Por el contrario, se han ensanchado, como nunca antes en la historia, el espacio democrático y el disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Un solo ejemplo: desde 1999 hasta el año 2018, se han realizado 25 elecciones nacionales con la participación de todos los factores políticos.	Ciertamente, centenares de manifestaciones se han realizado en Venezuela durante la Revolución Bolivariana. Pero nunca nuestro Gobierno ha reprimido a manifestantes pacíficos u opositores que enarbolan sus ideales políticos. Por el contrario, se les ha dado las más amplias prerrogativas para que difundan sus ideas, siempre que sea en un ámbito pacífico, democrático y constitucional.	El derecho a manifestar pacíficamente en Venezuela es un legítimo derecho democrático. Cosa muy distinta es que sectores violentos y terroristas de la oposición realicen, en el marco de ellas, acciones que causan la muerte de funcionarios públicos y de ciudadanos comunes y que, incluso, hayan llegado al extremo de quemar vivas a personas por su color de piel, o por ser partidarios de la Revolución Bolivariana. Es censurable que esto no aparezca en el informe Bachelet, a pesar de que organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela le mostraron abundantes pruebas al respecto.	El derecho a la libertad de expresión e información están plenamente garantizados por el Estado venezolano. No existen limitaciones para su libre ejercicio, salvo las establecidas en la Constitución y la Ley. Ningún medio de comunicación ha sufrido censura. Ni ningún periodista ha sido perseguido ni detenido en cumplimiento de su profesión. Quienes laboran en los medios de comunicación ejercen sus labores con absoluta libertad. El Internet y redes sociales se utilizan libremente y sin restricción alguna.	Se dice en el informe que en el programa Con El Mazo Dando se hostiga a los opositores. Pero en ese programa simplemente se ejerce el derecho a opinar. Según Michelle Bachelet la oposición tiene derecho a criticar al Gobierno, pero a los partidarios de este les niega el derecho a criticar a la oposición. Esto demuestra -a todas luces- la parcialización de su informe.	La Alta Comisionada demoniza en su informe a todos los órganos de seguridad del Estado. Los acusa de incurrir en violaciones masivas de los derechos humanos. Estos cuerpos de seguridad, con base en nuestra Constitución, y dada la firme determinación del Gobierno Bolivariano, deben velar por el cumplimiento de esos derechos.	Respetar los derechos humanos es una política de Estado. Ha habido algunos hechos puntuales en los cuales funcionarios han incumplido con su obligación constitucional y las órdenes de sus autoridades. En esos casos el Ministerio Público ha actuado inmediatamente. Quienes han incurrido en esos delitos han sido sometidos al imperio de la ley.	El Gobierno Bolivariano espera que, luego de una profunda reflexión, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, se haga eco de la verdad. Esto es indispensable para avanzar hacia un entendimiento constructivo y sincero donde el interés prioritario y verdadero sea la promoción y protección de los derechos humanos en Venezuela.	La coyuntura que vive nuestra Patria, hoy asediada por poderes fácticos imperiales, nos obliga a volver la mirada hacia el pasado. Para no olvidar las graves consecuencias del fascismo, hoy renaciente, que impusieron las atroces dictaduras bendecidas por Washington, y que sometieron -de la manera más cruenta a nuestros pueblos-, en el siglo XX.	Sucedió en el gobierno de Salvador Allende cuando el pueblo chileno sufrió una criminal agresión, por parte del imperio estadounidense. Que se propuso hacer “chillar” a su economía llevándolo al caos y a la desestabilización. Se impulsó un golpe de Estado fascista organizado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Se dio al traste con un hermoso sueño democrático, con un encomiable sueño popular.	El 4 de agosto de 2018 se activó en Venezuela un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, el Alto Mando Político-Militar, y los representantes de los Poderes Públicos que se encontraban en un acto cívico-militar en la ciudad de Caracas. Acción terrorista planificada en Miami y Colombia.	Cruentos hechos que desnudan la verdad de lo que realmente acontece en Venezuela, donde fuerzas fascistas de la oposición política, al servicio del imperio estadounidense, no han escatimado ningún esfuerzo, desde el inicio de la Revolución Bolivariana liderada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, para intentar hacerse del poder por la vía de la violencia, a costa de la vida de numerosos inocentes.	La Resolución 48/141 de la Asamblea General de la ONU que creó su alto cargo, dispuso entre sus funciones, establecer un diálogo constructivo con los gobiernos en el ejercicio de su mandato, con miras a asegurar el respeto de los derechos humanos, ampliando la cooperación internacional para su promoción y protección.	En ese contexto, el presidente Maduro ha reafirmado la inquebrantable voluntad de su gobierno de promover y proteger los derechos humanos, en estricto apego a los principios universales del respeto a la soberanía y a la no injerencia en los asuntos internos de los estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.