Según estas agencias, existirían más de 4 millones de venezolanos fuera del país, posicionándolo como un fenómeno migratorio excepcional en la región. De esta cantidad, 3.3 millones estarían disgregados en 16 países de Latinoamérica y el Caribe, siendo Colombia (1.3 millones), Perú (768 mil), Chile (288 mil) y Ecuador (263 mil), los países con mayores cantidades.	Anterior a estas cifras, ACNUR había anunciado a mediados de febrero que 3.4 millones de personas estaban fuera de Venezuela. En diciembre del año pasado “proyectaron” que en 2019 ascendería a 5 millones de migrantes y refugiados, lo que impactaría sobrecargando las capacidades institucionales y financieras de los países receptores.	El manejo de este balance surgió luego del Proceso de Quito, reunión efectuada por los países del Grupo de Lima en septiembre de 2018 y que trajo como respuesta de acción a la “crisis migratoria” un Plan de Respuesta Regional Humanitario para Refugiados y Migrantes (RMRP, por sus siglas en inglés) dirigido a 2 millones de venezolanos y 580 mil personas en comunidades de acogida en 16 países.	Basándose en el supuesto de que seguirá prevaleciendo este flujo migratorio, se determinó que para atender las necesidades de los venezolanos en el exterior era necesario desembolsar la cantidad de 737 millones 611 mil dólares, que sería distribuida a 95 organizaciones asociadas, entre gobiernos, iglesias y organizaciones civiles. Más de 300 millones de ese dinero estarían destinados a Colombia.	El informe, que narra al detalle los problemas que están enfrentando las naciones latinoamericanas para abordar los requerimientos de migrantes venezolanos que requieren algún tipo de asistencia, es un llamamiento encabezado por el enviado especial de ACNUR y la OIM Eduardo Stein, a los países desarrollados e instituciones financieras internacionales para que aumenten la cantidad de inversión en “operaciones humanitarias”, siendo que solo está cubierto hasta ahora en un 21%.	Individualmente, los países hacen valoraciones presupuestarias sobre los fondos que demandan. Colombia determinó que debe destinar el 0.5% de su PIB para atender la llegada de venezolanos, esto se traduce en 1 millón 500 mil dólares anuales. Por su parte, Ecuador demanda 550 millones de dólares para sus planes hasta 2021.	La reaparición de la embajadora de ACNUR Angelina Jolie, ahora en la frontera colombo-venezolana es una muestra del enfoque mediático implementado. Los esfuerzos están dirigidos a retomar la visión de un éxodo masivo de venezolanos que estarían colapsando a los países latinoamericanos, razón suficiente para recibir recursos financieros extraordinarios a los que ya han recibido en los últimos dos años, como denunció el canciller venezolano Jorge Arreaza.	A los inicios de la matriz migratoria, el número de venezolanos fuera del país que se difundía por distintas organizaciones, mantuvo la característica de ser irregular y contradecirse en muchas ocasiones. En 2017 se hacían estimaciones escandalosas de 2 millones de migrantes, mientras que en 2018 proyectaronque el año terminaría con 4 millones en el exterior.	La puja por sobredimensionar el fenómeno migratorio e influir en su ascendencia terminó siendo ordenado por ACNUR, que en julio del año pasado la cifró en 2 millones 300 mil venezolanos asentados en el exterior. Desde entonces, la cantidad ha venido saltando exponencialmente hasta llegar en junio de este año a los 4 millones 1 mil 917 al cierre de esta nota, cifra que dobla el conteo de 2018.	La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, iniciativa de la OIM que coordina la hoja de ruta de organismos multilaterales para abordar la situación migratoria de Venezuela, detalla en su página web que la estimación se hace a partir de la “suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo reportados por los gobiernos anfitriones”.	De la urgencia subrayada por los organismos multilaterales, se justifican las cuantiosas inversiones en los fondos de ayuda internacional. Estados Unidos es el principal benefactor de los organismos que aparentemente estarían dando respuesta a la situación en países de la región latinoamericana, habiendo destinado 61 millones de dólares el pasado mes de abril, como lo anunció el vicepresidente Mike Pence, suma que correspondería a otros 200 millones ya aprobados por Estados Unidos.	También el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dos instituciones financieras invitadas por los organizadores del Protocolo de Quito, han expuesto las cooperaciones técnicas para abonarle recursos a la región. El Mecanismo Global de Financiamiento Concesional participó la donación del BM por 31.5 millones de dólares solamente para el Estado colombiano, por ser el que más migrantes venezolanos albergaba.	A grandes rasgos, se sabe que los fondos de países e instituciones multilaterales tienen el objetivo de financiar proyectos de infraestructura, educación y salud que mejoren la condición migrante de los venezolanos y aminore el impacto en los países de destino, sin embargo, se ha evitado revelar los detalles de cada monto, manejando el proceso administrativo discrecionalmente.	Ciertamente, la disposición de invertir recursos es un estimulante a los países de la región latinoamericana para adoptar facilidades legales que atraigan los movimientos migratorios de venezolanos. De allí el ejemplo de Perú, segunda nación con mayor cantidad de venezolanos donde solo en 2018 recibió 90 mil solicitudes de asilo, luego de que eliminaran la exigencia de pasaporte para la entrada al país y que aplicaran el Permiso Temporal de Permanencia (PTP).	Es necesario recordar que la operación propagandista de la “crisis migratoria” llevada por medios corporativos no hace diferencia entre migrantes y refugiados, cuestión fundamental que modifica la realidad sobre la migración venezolana. La migración es un fenómeno natural de los territorios globalizados que se da por distintos motivos, pero la cantidad de refugiados indicaría un desplazamiento forzado de la población y su vulnerabilidad en los países de asilo. Es falso el dato de que son 4 millones de refugiados los que se encuentran fuera del país.	El BM, en un documento para medir el impacto de los migrantes venezolanos en Colombia, describe el caso venezolano como una migración mixta, entre la que se incluyen colombianos retornados, migrantes regulares e irregulares y migrantes pendulares (personas que cruzan diariamente la frontera y retornan). Explica que se le coloca esta clasificación “ya que está compuesta por migrantes económicos, mayoritariamente, población retornando a sus países de origen, y en menor proporción, solicitantes de refugio”.	Por otro lado, en una entrevista hecha al enviado de ACNUR, Stein, admitió que una de las razones por la que el flujo de población aumentó en el primer semestre de 2019 pudo deberse al saboteo de los servicios eléctricos del mes de marzo y a la intensificación del bloqueo financiero, que le impide el acceso a medicinas y alimentos al Estado venezolano.	Este escenario no ha podido ser maquillado por los organismos que llevan los datos de la tendencia migratoria y, para añadirle validez a la solicitud de financiamiento, requieren que se maniobre con los términos de refugiados y asilados, condiciones que colocarían a Venezuela en la misma categoría de países asediados por guerras como Siria, Yemen e Irak.	En ese sentido, parece que la coordinación regional se afinca en ir revirtiendo la regularización de la población venezolana para abultar las solicitudes de asilo y el estatus de refugiado. De las 400 mil solicitudes que maneja la ACNUR, un 60% se hicieron el año pasado. Los cinco países que han recibido más solicitudes de asilo entre 2014 y 2018 son Perú, con 167 mil 238; Brasil, con 83 mil 893; Estados Unidos, con 72 mil 722; España, con 29 mil 603; y Ecuador, con 13 mil 535.	A pesar de ello, no muestran la cifra real de estatus de refugiado que los países de acogida han aceptado. La última estimación, hecha por la OIM, era de 5 mil 664 asilados venezolanos en toda la región latinoamericana. Distintos actores políticos han enfatizado que otorgar ese estatus es un aspecto importante para legitimar la versión de que los venezolanos huyen de un conflicto en Venezuela.	En Colombia, de las 396 mil personas que reafirmaron la intención de permanecer en el país, el 99% no estaba afiliado al sistema de seguridad social, por lo que tienen negado el acceso a la salud. Maryhen Jiménez Morales, investigadora venezolana en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford luego de una visita al país, explicó en entrevista a Al Navío que eso genera un problema porque “no hay recursos en Colombia ni siquiera para atender a la propia población colombiana”.	La irregularidad legal de los venezolanos también los hace presa fácil de precarización laboral, que al no contar con permisos especiales para trabajar y encontrándose en un territorio donde el negocio del narcotráfico es la principal fuente de ingresos, se incorporan a las redes derivadas como la trata de personas, prostitución y explotación infantil.	La explotación laboral en Perú se ha acentuado desde que los venezolanos tienen acceso al PTP, un programa elogiado por la comunidad internacional por ser “ejemplo de cómo los Estados pueden proteger a las personas refugiadas y migrantes ofreciendo la regularización de su situación”. A pesar de este permiso de trabajo, los profesionales siguen teniendo dificultades para validar sus credenciales e ingresar en el mercado laboral formal en un país donde preponderan los empleos informales. Muchos migrantes venezolanos tienen que recurrir a labores donde se exponen a la explotación y abuso laboral.	Aun cuando los países del Grupo de Lima predican su política de fronteras abiertas hacia los venezolanos, garantizando la protección y soluciones para las personas que decidan migrar, con el objeto de captar financiamiento extranjero, la precarización de sus condiciones son cada vez más notables. La situación irregular no atendida por las instituciones públicas es atribuida a la sobrecarga de las capacidades nacionales, haciendo ver que el dinero desembolsado no es suficiente.	Vuelve a confirmarse que, a costa de lo que tratan de posicionar como una acción humanitaria para dar respuesta al “éxodo masivo”, al mismo tiempo se omiten las gestiones concretas para alcanzar los objetivos planteados, existe un lucrativo negocio para que actores regionales puedan exprimirle otros provechos al asedio coordinado contra Venezuela.	Los comentarios expresados en esta página sólo representan la opinión de las personas que los emiten. Este sitio no se hace responsable por los mismos y se reserva el derecho de publicación.Aquellos comentarios que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto y/o que atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, este sitio se reservará el derecho de su publicación. Recuerde ser breve y conciso en sus planteamientos.Si quiere expresar alguna queja, denuncia, solicitud de ayuda u otro tema de índole general por favor envíe un correo a