Las ideas asociadas a refugiados han sido ajenas históricamente para los venezolanos, hasta estos últimos años. Son ajenas a pesar de que hemos sido receptores durante décadas, de los que llegaron desde Europa, seguidos de nuestros hermanos latinoamericanos. Hoy es un asunto comunicacionalmente relevante y en debate, aunque se tiende a usar de manera equivocada la equivalencia entre refugiado y migrante. La Convención sobre el Estatuto de Refugiados (1951) define como refugiado a toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país”. Y están bajo el amparo del Derecho Internacional sobre Refugiados, que le brinda el derecho la protección internacional, en primera instancia del Estado donde se encuentra y de manera subsidiaria del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Acnur publicó recientemente el informe Tendencias globales. Desplazamientos forzados en 2018, en el que se aprecia que de los desplazados forzados en el mundo, los venezolanos ocupan el 0,64 %. Cuando hablamos de refugiados como tal, vemos que de los 25,9 millones de refugiados en el planeta, una ínfima parte son connacionales. Lo que sí es inquietante es el aumento de solicitantes de refugio con nacionalidad venezolana, que suponen el 16 % del total. Este asunto se incorpora en la narrativa de las Naciones Unidas (ONU), que se está alineando cada vez, y es expresión de una silenciosa y diplomática confrontación para imponer el discurso de la emergencia humanitaria en Venezuela, que favorece a los intereses de EEUU, que no ha logrado votaciones coherentes con sus propósitos en la ONU.Hoy el Estado venezolano está limitado para garantizar el respeto de derechos a ciudadanos venezolanos y lo que está fundando las razones para invocar el derecho al refugio, lo cual se constituye en un desafío clave para las autoridades de los cinco poderes públicos, es decir: garantizar la intervención de las causas (externas e internas) para que no exista temor fundado de huir o regresar. Finalmente, los estados receptores de los venezolanos que solicitan refugio deben actuar en el marco del Derecho Internacional de los Refugiados y ser coherentes con su discurso.