La alta comisionada reportó haberse reunido con víctimas de violaciones a los derechos humanos, se refirió al acceso a la justicia, a la crítica situación derivada de la escasez de alimentos, medicinas, y los problemas con los servicios públicos. Anunció que dos funcionarios de su oficina permanecerán en el país para monitorear la situación de derechos humanos. Invitó a los líderes a apoyar y participar en el dialogo de Oslo	Michelle Bachelet, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, partió de Venezuela el pasado viernes en horas de la noche luego de concluir su estadía de tres días, en la que dijo haberse reunido con todos los sectores como parte de la agenda desarrollada en Caracas. En una transmisión televisiva, Bachelet leyó un resumen de unos diez minutos de las actividades que la ocuparon, entre ellas reuniones con víctimas de violaciones a los derechos humanos, encuentros con lo que llama miembros de “la sociedad civil”, así como entrevistas con el presidente Nicolás Maduro e integrantes de los otros poderes públicos. La expresidenta chilena no respondió preguntas. Se alegó lo tarde y la urgencia de su partida.	La alta funcionaria dijo sentirse conmovida por ciertos relatos de violaciones a los derechos humanos que le hicieron las víctimas, dio como ciertos los casos de tortura que le contaron y, en una especie de actitud velada de monitoreo y tutelaje de su oficina, sugirió algunas medidas que contribuirían a erradicar lo que ella considera, aunque no lo dijo textualmente, una práctica de los cuerpos policiales como sería la tortura.	Manifestó sentirse “preocupada de que las sanciones impuestas este año sobre la exportaciones del petróleo y el comercio de oro están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica”, sin embargo no mencionó el papel jugado por factores externos e internos en la imposición de medidas y embargos criminales contra el pueblo venezolano, que tienen nombre y apellido: el imperio estadounidense y sus aliados, los gobiernos de derecha, y sectores políticos y económicos al interior del país.	Bachelet, en este mini informe previo, se refirió a los problemas de salud, de medicinas, de alimentos, equipamiento y servicios públicos, en un plano meramente descriptivo, sin profundizar en las causas, los daños ocasionados por la violencia política opositora, el embargo que impide importar repuestos, las trabas impuesta al sistema de pago externo, las amenazas de sanciones a los barcos que traigan alimentos y materias primas. Tampoco se refirió al saboteo a la electricidad y otros servicios, ni los estragos causados a nuestra moneda por la inflación inducida y la manipulación cambiaria del dólar.	“Esta ha sido una corta, crucial e intensa visita para mí. Es además la primera visita de un alto comisionado de la oficina de Derechos Humanos de la ONU. Se va a quedar una presencia de mi oficina en el país por primera vez. Hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno para que un pequeño equipo de dos oficiales de derechos humanos permanezca aquí con el mandato de proveer asistencia y asesoría técnica, pero también, muy importante, continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela”, dijo de entrada.	Expresó que se le habían solicitado al Gobierno varios compromisos lo cual permitió alcanzar varios acuerdos, además de la ya citada presencia de los oficiales de derechos humanos. Entre ellos mencionó el compromiso expreso del Gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura, así como también para evaluar cuáles son los principales obstáculos para el acceso a la justicia en el país.	La alta comisionada dijo que el Gobierno también ha aceptado que su equipo tenga acceso pleno a los centros para poder monitorear las condiciones de detención y hablar también confidencialmente con los privados de libertad, y que el Ejecutivo se comprometió a trabajar para permitir un acceso más amplio a diversos mecanismos de derechos humanos, incluidos los independientes de las ONU, conocidos como relatores especiales.	Luego enumeró con quiénes se reunió: con el presidente Nicolás Maduro Moros y con varios ministros de Gobierno y otros altos cargos, incluyendo el canciller, el ministro de Defensa, el de Interiores, y aquellos a cargo de las carteras relacionadas con los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. También con el presidente del TSJ, el fiscal general, el defensor del pueblo. De igual manera con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y otros parlamentarios de varios partidos políticos, así como con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.	En el capítulo de su intervención que dedicó a hablar de los testimonio sobre violaciones a los derechos humanos, se le notó una cierta inclinación compasiva con aquellos provenientes del lado de la oposición. Habló con la convicción de que eran ciertos y quedó en el ambiente la impresión de que los consideraba una práctica generalizada.	En un tono sentido expuso: “También conocí a víctimas de violaciones a derechos humanos y de su familia. Escuché el testimonio de un hombre que me explicó cómo su hermano fue torturado, humillado y asesinado por oficiales encapuchados de la FAES que allanaron su casa, así como otras familias destrozadas porque sus seres queridos tuvieron el mismo destino. Un padre mostró muy orgulloso el trofeo, las medallas, que su hijo había ganado jugando al baloncesto antes de ser asesinado mientras participaba en unas protestas en el año 2017. Una madre me relató el asesinato de su hijo de 14 años durante las manifestaciones del 30 de abril de este año. Escuché los testimonio de familiares de personas privadas de libertad, quienes habrían sufrido tortura, pero también conocí a víctimas de violencia contra partidarios del Gobierno. Conocí el testimonio de la madre de un joven que fue quemado vivo durante las protestas de 2017 y que pasó 15 días agonizando en el hospital antes de fallecer. Una joven me narró cómo su padre, dirigente campesino, fue asesinado por defender el derecho a la tierra de los campesinos. Estoy solo mencionado algunos de los muchos casos que tuve ocasión de conocer y compartir con ellos”.	Mas adelante señaló que estas historias eran desgarradoras y que todas demandan justicia. “Un sacerdote de la iglesia para los pobres compartió apasionadamente acerca de cómo los pobres y grupos más vulnerables son quienes más están sufriendo. No se trata de políticas, nos dijo, se trata del sufrimiento de la gente. Y me he comprometido a continuar transmitiendo estas demandas y abogar por la justicia y reparación para ellos, sean quienes sean los perpetradores”, refirió.	Expuso Michelle Bachelet que se había reunido con representantes de la sociedad civil, sindicalistas, líderes religiosos, empresarios y académicos de todo el espectro socioeconómico y político. Se entrevistó con representantes de la comunidad internacional y con las agencias de la ONU en Venezuela y todos le transmitieron que la situación humanitaria se ha deteriorado en forma extraordinaria, incluyendo los derecho a la alimentación, al agua, a la salud, educación y otros derechos económicos y sociales.	“Sin embargo, he oído testimonios de venezolanos que muchos de ellos, a pesar de tener un empleo, no les alcanza para adquirir las medicinas que necesitan, para asegurar suficientes alimentos o para otras necesidades. La situación sanitaria sigue siendo extremadamente crítica a causa de múltiples factores: la escasez de medicina y equipamiento, el éxodo de profesionales de la salud, el deterioro de la calidad del agua y el saneamiento y los apagones eléctricos. El costo y la falta de anticonceptivos en las farmacias ha contribuido al embarazo de las adolescentes y también a la mortalidad materno-infantil. Los trabajadores de la salud me han descrito cómo equipamientos médicos muchas veces escasean o no están en funcionamiento y personas que viven con enfermedades crónicas me han alertado sobre ausencias o escasez de medicamento esenciales para ellos”, señaló.	Consideró que las causas de esta crisis económica, la cual se ha exacerbado dramáticamente desde el año 2013, son diversas, y que ha hablado con el Estado sobre la necesidad de resolverla urgentemente con el apoyo de las agencias de Naciones Unidas, que recientemente han podido reforzar su presencia en Venezuela. En este párrafo se refirió a las sanciones que le preocupan.	Anunció que el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, mandatado por el Consejo de Derecho Humanos en Ginebra, se presentará el 5 de julio próximo. Allí se presentará “información basada en evidencias” y “análisis objetivos” de todos los aspectos de derechos humanos. Prometió “recomendaciones constructivas sobre cómo avanzar”.	En un el plano político hizo un llamado a los líderes y todas las voces de todo el espectro político a que intenten encontrar una manera de confrontar los desafíos y el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Instó a los líderes políticos a participar constructivamente con el diálogo facilitado por Noruega.