Desde hace décadas, la dictadura venezolana ha ido avanzando en su política de reducción de la autonomía universitaria, hasta niveles que hagan parecer como inevitable su desaparición total. Luego de la fallida toma del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela en el 2001, ella, gradual pero sostenidamente, avanzó en la política de ir reduciendo competencias de las universidades autónomas. De este modo, ha ido limitando al gobierno universitario.	A través del cerco presupuestario, ha reducido la capacidad de respuesta del gobierno universitario, reduciéndolo, predominantemente, a la tarea de pagar nóminas puesto que no asigna recursos para las labores de docencia, investigación y extensión. Sin embargo, hasta en asuntos laborales, tales como la administración de las Convenciones Colectivas Únicas (CCU), el régimen también se apropió de la condición de empleadoras de las autoridades universitarias.	Bajo ese enfoque de usurpar funciones que le corresponden a quienes dirigen las universidades, la Dictadura confiscó el presupuesto para el HCM básico de los universitarios, asumiendo su gestión y dejando de transferir recursos por ese concepto a las universidades que funcionaban bajo enfoques autoadministrados, lo mismo ha hecho con diversos beneficios contractuales como, entre otros, el vestuario de los trabajadores y los programas de medicamentos para enfermedades crónicas.	Esta sustitución arbitraria y de facto de la administración universitaria, alcanza también, servicios y programas estudiantiles, entre ellos algunos  comedores universitarios, cómo el caso de la UCV,  al cual el Ministerio de Educación Universitaria no le transfiere recursos para comprar productos cárnicos pues es él quien compra directamente y envía los productos a las instituciones de educación superior. El mismo propósito centralizador lo ha dirigido hacia los programas de becas, convirtiendo en imperativo la entrega al ejecutivo de las nóminas de becarios de todas las universidades, como requisito indispensable para cancelar el aumento de su monto anunciado en el mes de noviembre.	La reducción de las competencias del gobierno universitario alcanza asuntos tan impensables como el mantenimiento del campus universitario. A la fecha, se aprecia en algunas facultades de la UCV, como es el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales o las de Agronomía y Ciencias Veterinarias, en las cuales sus autoridades, motivado a que no cuentan con presupuesto para tareas de mantenimiento, han cedido esa responsabilidad a las gobernaciones de Miranda y Aragua respectivamente.	A estos hechos habría que sumar la hegemonía de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) sobre los procesos de admisión de estudiantes, las limitaciones jurídicas sobre los concursos de oposición y en general, los controles sobre la dinámica de las universidades que ha impuesto el régimen, hay que adicionar la ofensiva reciente que muestra la intención de elevar el nivel de esta práctica intervencionista, es	Estas reflexiones se centrarán en comentar lo relacionado con la imposición de autoridades vía Consejo Nacional de Universidades. El primer episodio de esta toma directa del gobierno universitario, se produjo en la Universidad Simón Bolívar, cuando ante la ausencia por renuncia del Vicerrector Académico electo por el claustro de esa universidad, el Consejo Nacional de Universidades – pese a que el Consejo Directivo de la USB nombró al profesor Oscar González como su sustituto- desconoció tal nombramiento y designó al profesor Luis Alex Germán Holder Pérez como Vicerrector Académico. Dicho de otro modo, el CNU impuso una autoridad universitaria encargada desde y para el régimen, lo que significa una involución en materia de autonomía universitaria.	El mismo formato de imposición de encargadurías, en contraposición de la opinión de los Consejos Universitarios o sus equivalentes,  ocurrió con el Vicerrector Administrativo de La Universidad del Zulia (LUZ). En ella, pese a  que su Consejo Universitario motivado por el fallecimiento de la profesora María Núñez Vicerrectora electa, nombró como Vicerrectora encargada, desde el 02 de junio de 2018, a la docente María Artigas; el CNU el 10 de diciembre desconoció esa decisión e impuso a la profesora Clotilde Navarro en ese cargo, esto se agrava porque sucede en medio de una realidad en la cual, según lo expresan algunos dirigentes profesorales, el Rector y Vicerrector Académico de esa institución estarían de reposo, es decir, eventualmente podría repetirse una situación similar a la de la Universidad Simón Bolívar y el profesor Navarro podría también ser, aunque sea en un tiempo determinado, otro Rector de la dictadura, en este caso en una universidad autónoma.	Estas circunstancias especiales que muestran el interés y la iniciativa de la dictadura de apropiarse directamente, vía CNU, del gobierno universitario, podría significar un mensaje, una operación para atemorizar a las autoridades universitarias no designadas por la dictadura, si estas no asumen la convocatoria a las elecciones ilegales e inconstitucionales dispuestas por la resolución 0324 del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales además de las críticas jurídicas que merece, ellas en sí mismas son de difícil conversión dada su complejidad y costo. Todo indica que el régimen presionará con la figura del desacato, si las autoridades no luchan, junto al resto de los universitarios y la sociedad en general, contra este atropello a la autonomía universitaria y en cambio renuncian, serán sustituidas como en los casos señalados.	Detrás de todo este escenario, está en peligro la libertad académica, un valor esencial de la formación universitaria, un elemento vital de la actividad científica, un requisito imprescindible para la expresión artística y humanística dentro de la educación superior. Un derecho de los pueblos pues detrás de ella es posible la educación de calidad, la libertad de expresión, el desarrollo para la inclusión y en general, el progreso de las naciones.	Suprimir o limitar al máximo la libertad académica siempre ha sido un propósito de los regímenes autoritarios. En América Latina sobran evidencias de ello, particularmente, en tiempos de las dictaduras militares, en Venezuela con diferentes métodos, la dictadura de Maduro persigue el mismo fin de aquellos experiencias: tomar el control definitivo de las universidades para limitar su potencial de movilización y opinión crítica, en especial, la de su profesorado. Hasta ahora, no lo ha logrado con el cerco presupuestario y jurídico a las universidades, pues esta pese a sus limitaciones para funcionar no han dejado de ser una voz crítica a la situación de emergencia humanitaria compleja que vive el país, por eso su propósito en esta etapa se dirige a controlar el gobierno universitario en forma directa para ejercer su voluntad sobre los procesos de enseñanza e investigación.