En su discurso en la Asamblea general de las Naciones Unidas, en septiembre pasado, Donald Trump calificó a Venezuela como un emblema del fracaso del socialismo, y la ubicó entre los países oprimidos del mundo. “Estoy en contra de la opresión que se vive en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua”, dijo el Mandatario.	El 20 de febrero de esta año, en Miami, en un encuentro con la comunidad venezolana, Trump había asegurado que “se acerca el día en que todo el continente americano será libre por primera vez en la historia”, con la derrota de las tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua. También criticó a Irán y a China.	Días después de la comparecencia de Trump en la ONU, Venezuela es electa, a mediados de octubre, con el voto de 105 países, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y ocupa uno de los dos puestos que corresponden a América Latina y el Caribe. El otro lugar le correspondió a Brasil. El triunfo de la diplomacia venezolana, calificada de histórica, en vista de que Estados Unidos empleó todos sus mecanismo de presión para evitar que nuestro país ocupara una bancada en un organismo tan emblemático. Allí se cayó una de las premisas de Trump, de la retórica del Departamento de Estado y del Grupo de Lima sobre la supuesta opresión que vive el pueblo venezolano de manos de una dictadura.	En octubre, contraviniendo a Trump, América Latina, sobre todo Suramérica, se ve sacudida por una oleada de rebeliones populares antineoliberales, reprimidas con crueldad, a sangre y fuego, mientras que en Venezuela el “autoproclamado” Juan Guaidó pasó a caracterizar lo que en los llanos llaman “ánima en pena”, en este caso extrapolada al terreno político.	La sublevación popular contra medidas neoliberales y paquetazos recetados por el FMI comenzó en Ecuador contra el Gobierno de Lenín Moreno, quien aprobó aumentar el precio de la gasolina y rebajar los sueldos de los empleados públicos. Posteriormente la candelita y la ira popular se extendió hasta donde menos se pensaba: Chile, cuyo presidente Sebastián Piñera se jactaba de que su país era una especie de oasis democrático, y le recomendaba con prepotencia a Nicolás Maduro que dejara el poder. En noviembre, con complicidad de la OEA, se produce un golpe de estado en Bolivia, promovido por la ultraderecha con apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas. Y por estos días le tocó el turno a Colombia, otro miembro del Grupo de Lima, con un paro nacional contra las medidas económicas de Iván Duque. El paro en Colombia, acompañado de enormes manifestaciones, fue calificado como el de mayor respaldo y contundencia en la historia de ese país.	A finales de octubre, en Perú y Argentina ocurrieron dos sismos políticos con la derrota del derechista Mauricio Macri, en Argentina, ante Alberto Ferńandez y su llave para la Vicepresidencia, Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado, en Perú reventó un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso peruano, con destituciones de uno y otro lado, y el nombramiento de dos presidentes.	La oleada de protestas en América del Sur, a la que se le suma la rebelión del pueblo haitiano, ha sido presentada por algunos medios de prensa conservadores como “rabia latinoamericana” y como consecuencia, entre otras variables, de la caída de los precios de la materia prima, y dejan de lado el fracaso del modelo neoliberal y en general del capitalismo, que en más de cien años ha profundizado las desigualdades, aumentado la pobreza, negado las garantías de acceso a derechos y servicios básicos como la salud, la vivienda, la educación, el transporte, el agua.	En contraste con el drama que viven las mayorías de los pueblos de América Latina, aquellos de gobiernos progresistas, o socialistas, son los que exhiben mejores indicadores sociales, encabezados por Cuba. Nicaragua ha logrado importantes avances en la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. Paradójicamente, Venezuela es ahora mostrada como uno de los países con mayor estabilidad regional, a pesar de haber sufrido una cruel guerra económica, de padecer acoso financiero y cierre del mercado financiero internacional, de afrontar una hiperinflación inducida con el bestial ataque a su moneda, de los obstáculos puestos a la compra de alimentos, medicinas, maquinaria, repuestos, además de actos de terrorismo contra el servicio eléctrico y saboteo del suministro de agua, telecomunicaciones. Evo Morales, entre tanto, ha sido considerado el mejor presidente de Bolivia.	Las protestas en Ecuador reventaron en rechazo a la reforma económica decretada por el presidente Lenín Moreno. El pasado 1 de octubre Moreno anunció una serie de medidas económica que desataron una ola de repudio en todo el país. La decisión generó protestas, que se registraron con mayor intensidad en Guayaquil y Quito.	El «paquetazo económico» de Moreno previó la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles, vigente desde hace 45 años. Con la liberación de los precios, las gasolinas extras y ecopaís pasaron de costar 1,85 dólares a 2,39 por galón, mientras que el diésel aumentó de 1,03 dólares a 2,28 por galón.	En el caso colombiano se ha informado que el paro nacional convocado por diversos sectores, como las centrales obreras, los estudiantes universitarios, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Pensionados y el Congreso de los Pueblos, es una manifestación contra el Gobierno del derechista Iván Duque que ocurre desde el pasado 21 de noviembre en las principales ciudades del país andino-caribeño.	Las razones del descontento parten del rechazo al Plan Nacional de Desarrollo (PND), que no logra un consenso nacional. También a iniciativas como la propuesta de reducir el salario de los jóvenes hasta ubicarlo en 75% del mínimo, planes para eliminar la parte pública del sistema de pensiones y la privatización de empresas estatales como Ecopetrol, Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), el Sistema de Compensación Electrónica Nacional Interbancaria (Cenit), electrificadoras regionales y todas las empresas en las que la participación del Estado sea inferior al 50%.	Además se señala que el Gobierno quiere convertir a Colpensiones en un fondo privado, rebajar los impuestos a las grandes empresas y multinacionales e imponer más tributos a la clase media y a los trabajadores, se unen los casos de corrupción en Odebretch con la Ruta del Sol, el Consorcio Constructor Navelena, el llamado “carrusel de la toga”, el complejo Refinería de Cartagena (Reficar) Fedegan y la Universidad Distrital.	La principal bandera de Evo Morales al llegar a la Presidencia en 2005 fue la de la justicia social, mediante la distribución equitativa de las riquezas del país. También priorizó los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad, que habían sido ignorados durante décadas, así como la inclusión social y política de los pueblos originarios y campesinos.	Decretó la nacionalización de empresas y de los recursos hidrocarburíferos, el producto interno bruto creció 327 por ciento en los últimos 13 años y llegó a 44.885 millones de dólares en 2018. En el último informe de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), Bolivia resultó la economía con el mayor crecimiento económico a finales de este año con una proyección de 3,9 por ciento. El «colchón financiero», que incluye las reservas internacionales, depósitos y aportes a las AFP subió a 53.269 millones de dólares. En el período 2006-2017, el ingreso anual per cápita pasó de 1.120 dólares a 3.130. En 2005 Bolivia era el segundo país con mayor nivel de deuda externa, con el 52 por ciento del PIB. En 2018, se convirtió en el séptimo país menos endeudado de Latinoamérica, con 24 por ciento de deuda. La pobreza extrema se redujo más de la mitad en la última década y pasó de 38 a 17% entre 2006 y 2017. La cifra de desempleo bajó de 8,1 a 4,2% durante el mandato de Morales. Y el modelo económico de su gestión permitió que el 62% de la población tenga ingresos medios. Según la Organización Mundial de la Salud, el presupuesto de sanidad se aumentó entre 2007 y 2014 un 173 por ciento, gracias al enfoque del Gobierno de Evo Morales en la mejora de los derechos sociales. Se construyeron 1.206 unidades educativas para un total de 16.733, más de 34 hospitales de segundo nivel, 1.061 nuevos establecimientos de salud y 18.550 ítems han sido construidos en las últimas décadas. La esperanza de vida subió de 64 a 71 años. El salario mínimo era de 440 bolivianos, actualmente es de 2.060 bolivianos. El alcance de las instalaciones de gas a domicilio se extendió a más de 8.000 hogares. Bolivia eliminó el analfabetismo.