“Si los grupos privados buscan seriamente la investigación, no simplemente llamar la atención de la situación en Brasil, deberán convencer a otros estados en la región a formalmente referir a Brasil a la Corte”, dijo Kevin Jon Heller, profesor asociado de ley internacional en la Universidad de Ámsterdam. Esta estrategia fue adoptada, por ejemplo, por algunos estados venezolanos y es más probable que tenga éxito, dijo.	“Es cierto que desde hace siglos hay desafíos ambientales en este país, pero lo que sucede bajo el presidente Bolsonaro es diferente”, argumentó Almeida. “El desmantelamiento de las políticas públicas (de protección ambiental) y el ataque directo contra los pueblos indígenas no existía en gobiernos previos y fue esto lo que nos motivó a hablar sobre la incitación al genocidio”.