La toma de estaciones de metro en Santiago por parte de estudiantes que protestaban por el alza de la tarifa del pasaje, dio inicio el 18 de octubre a la crisis social que deja 23 muertos y miles de heridos, así como una caída de 3,4% en la actividad económica de octubre.	Una antigua casona patrimonial del siglo XIX, sede de la Universidad Pedro de Valdivia que había sido saqueada y quemada el 8 de noviembre, volvió a ser siniestrada por manifestantes. Una torre de la casa fue abrasada por las llamas, que se elevaron varios metros, pero los bomberos apagar rápidamente el fuego salvando gran parte de la estructura, informó la Policía.	La economía se ha visto seriamente afectada por la crisis social. La economía cayó 3,4% en octubre y unas 15.000 medianas y pequeñas empresas (Mypimes) se han visto afectadas por los saqueos e incendios registrados en el comercio, lo que ha puesto en riesgo 75.000 empleos, según el gobierno, que anunció un plan de reactivación económica y protección del empleo por 5.500 millones de dólares.	Por otra parte, diversas organizaciones como la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch (HRW) y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, visitaron el país ante decenas de denuncias de excesos por parte de los agentes de seguridad del estado.	"La CIDH expresa su condena al uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales en Chile, los graves desmanes en el curso de algunas manifestaciones y manifiesta su grave preocupación por el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos recibidas por los órganos del Estado desde el inicio de las manifestaciones", indicó un comunicado de esta institución de la OEA.	Tras conocido el informe, el gobierno respondió a través de un comunicado del Ministerio de Justicia que "se trata de situaciones que lamentamos profundamente, pues nuestro compromiso ha sido y es que las fuerzas de orden y seguridad realicen el mandato constitucional que les ha sido encomendado para resguardar la seguridad y el orden público, respetando siempre los derechos humanos de todas las personas".