“Estoy de acuerdo con que el país va a tener necesidades de financiamiento significativas, no lo niego; pero no creo que ese deba ser el foco de la atención. Debemos más bien enfocarnos en cómo reformamos los derechos de propiedad para darle las garantías adecuadas a los inversionistas que les den la confianza para invertir en Venezuela”.	El planteamiento corresponde al economista venezolano Francisco Rodríguez, quien participó en el foro Estabilizando Venezuela: ¿Y ahora qué?, de la mano del Council on Foreign Relations, una organización independiente que se dedica al estudio de asuntos internacionales desde 1921. El evento contó además con la participación de los ex embajadores estadounidenses en Venezuela William Brownfield y Patrick Duddy, y la directora del Programa para América Latina de Wilson Center, Cynthia Arnson.	Rodríguez se refirió a las estimaciones que han surgido de algunos expertos sobre cuánto dinero es necesario solicitar a las organizaciones multilaterales. Algunos de ellos ascienden a los 200 mil millones de dólares. No obstante, para el economista, si Venezuela es capaz de generar un ambiente de negocios con reglas claras y garantías adecuadas, el potencial productivo del país se desbloquearía con la ayuda de la inversión privada.	Si, por el contrario, se mantiene la política de un Estado interventor que decide discrecionalmente sobre asuntos económicos, es muy probable que se termine desperdiciando el dinero que las multilaterales ofrecieron para el rescate de Venezuela. “Lo que los venezolanos necesitan es un gobierno que proteja su derecho de mantener lo que ganaron con su esfuerzo”, dijo.	Venezuela vive una profunda contracción económica solo superada en el último siglo por la de Yemen. Es una crisis de dimensiones comparables con países en guerra. Para Rodríguez, queda claro que las causas de la debacle son la incompetencia y corrupción de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro; sin embargo, advierte que las sanciones económicas que buscan presionar un cambio de gobierno han tenido efectos negativos sobre la ya precaria situación venezolana.	Rodríguez explicó que su conclusión no es un llamado a levantar las sanciones estadounidenses sobre Venezuela porque, entre otras cosas, considera que “estas sanciones hacen algo muy importante: le quitan la administración de recursos clave al régimen de Maduro. Pero también creo que no tiene sentido tener está discusión, lo que sí creo que tiene sentido es pensar en maneras en que el sistema de sanciones puede ser rediseñado”.	Este mismo dilema, sostuvo, fue enfrentado por la comunidad internacional en los años 90 con el caso de las sanciones a Irak. En aquel entonces, la solución fue implementar un programa de petróleo por alimentos. Sin embargo, el programa desembocó en un enorme escándalo de corrupción, cuyos detalles fueron estudiados por una comisión nombrada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, luego conocida como la comisión Volcker.	“Sí, hubo enormes pérdidas de recursos, $1,7 mil millones, que se desviaron hacia otras cuentas del régimen de Sadam Hussein. También es un hecho que esto representa solo 3% de los recursos administrados bajo el sistema. Y también es un hecho que, si se mira la evidencia sobre estándares de vida, consumo e ingesta calórica, e indicadores sanitarios, todos ellos mejoraron significativamente luego del programa de petróleo por alimentos”, dijo Rodríguez.	Para el economista, mucho se puede aprender sobre el informe de la comisión Volcker. A partir de allí, la organización que dirige diseñó el Acuerdo Petrolero Humanitario, un esquema bajo el cual Venezuela podría retomar las exportaciones de petróleo a Estados Unidos, actualmente prohibidas por las sanciones, y usar estos recursos exclusivamente para la importación de bienes básicos bajo estricto control y supervisión internacional.