«Váyase de aquí si no quiere que lo pelemos, no nos importa escolta», dice el mensaje que recibió el director de la fundación Cordoberxia. «Le vamos a dar donde más le duele», se lee. Al instante, aquella agrupación difundió lo sucedido en Facebook, y Chica debió marcharse protegido por las autoridades policiales de la zona.	En efecto, la Secretaría de Gobierno de Tierralta lanzó un comunicado ese mismo viernes donde se negaba que Hurtado era una referente. Esa apreciación, según la Alcaldía, era confirmada por su esposo. Asimismo, dijeron que la víctima no había recibido ninguna amenaza previa, en contrapartida con lo sostenido desde las organizaciones sociales.	No obstante, en su texto manifestaron que esa declaración gubernamental contó con la participación del defensor comunitario, circunstancia desmentida por la propia Defensoría: «Se desvirtúa la condición de líder social de María del Pilar Hurtado», contestaron. «Esa afirmación no corresponde a la realidad, pues no estuvimos presentes en la declaración», aclararon.	Según repasa El Espectador, Hurtado era una líder comunitaria de la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza del departamento del Cauca. Además, aquel medio señala que se había desplazado hacia Tierralta (Córdoba) el año pasado luego de haber sido amenazada por otros grupos criminales. En efecto, la víctima había denunciado las ubicaciones de ‘casas pique’, como se les llama a los establecimientos destinados para las desapariciones forzadas, asesinatos y torturas, usados por redes narcotraficantes y paramilitares.	Una vez mudada, y casi sin recursos, optó por construir un rancho humilde junto a su familia y otros habitantes de la zona en un predio en desuso que le pertenece a Fabio Otero Paternina, el padre del actual alcalde. En su momento se intentó llegar a un acuerdo para que las familias pueden preservar sus viviendas precarias, pero finalmente no hubo conciliación con el propietario.	Asimismo, el Programa Somos Defensores, una ONG que vela por la protección de los derechos humanos, resalta que «el 2018 ha sido uno de los peores años para las personas defensoras y líderes sociales». Así, el año pasado Colombia tuvo 805 agresiones y 155 asesinatos, una cifra inédita para los registros de esa organización.