Actualmente, altas autoridades del gobierno han sido implicadas en carteles criminales y es notorio cómo la delincuencia ha ganado espacios en el sistema gubernamental (ej. sobrinos de la pareja presidencial, pranato, contrabando de gasolina, armas y alimentos, operaciones cambiarias ilegales, proliferación de mercados negros, lavado de dinero, colectivos armados, extorsión a mil por minuto, etc.).  Desgraciadamente, existe un matrimonio feliz entre el gobierno y los grupos criminales. No lo digo yo, lo dicen los distintos procesos judiciales abiertos en territorio nacional y extranjero, además, declaraciones de amigos y camaradas del pasado (ej. Rafael Isea, Rafael Ramírez, Walid Makled, Aponte Aponte, Leamsy Salazar, Hugo Carvajal, entre otros).	Una de las tareas obligatorias cuando se restituya la democracia - y si  es queremos construir un Estado moderno- debe ser ganarle a todas las prácticas que nutren las mafias, es decir, si pretendemos alcanzar una sociedad armoniosa, apegada a las leyes y al Estado de Derecho pasa –necesariamente- por superar el modelo que ha fortalecido a las organizaciones criminales.	Es desafiante poder vencer al crimen, y más aún si quienes están empoderados para hacerlo “firman” un contrato de apoyo y colaboración mutua con los operadores criminales.  Será sumamente complejo quitarnos esa imagen de ser “refugio de criminales”. Costará muy caro ganarle a las redes sofisticadas de la delincuencia.  He aquí un reto más cuando se reconstruya la institucionalidad y las reglas democráticas.