La Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional entendió en septiembre que debía denegar la entrega al considerar que Estados Unidos realizaba su reclamación “por una motivación política”, dada su condición de antiguo jefe de la contrainteligencia venezolana, y reprochaba a la justicia norteamericana la escasa concreción en los cargos que le imputaban.