Los puntos de disenso, incluso entre algunos congresistas oficialistas, radican en que el mecanismo propuesto por el presidente Sebastián Piñera estará a cargo de los congresistas en ejercicio, que mayoritariamente tienen una muy baja aprobación ciudadana, y en la realización de un plebiscito al final del proceso y no antes para conocer las demandas ciudadanas.	El lunes el gobierno hizo nuevos anuncios. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, informó sobre un acuerdo con la oposición que destrabó la discusión del presupuesto para 2020, que considera una rebaja del precio de las tarifas del transporte público para adultos mayores y medidas para reprogramar la financiación de los estudiantes morosos de una deuda que miles universitarios contrajeron, con altos intereses, con la banca privada.	Marcelo Mella, analista de la Universidad de Santiago de Chile, dijo a The Associated Press que “con los niveles de aprobación que tiene el Congreso y el gobierno, la legitimidad (del proceso) es un bien muy escaso dentro de la clase política como para suponer que sectores de la oposición… vayan a aceptar esto como un procedimiento legítimo”.	Al atardecer unas 2.000 personas se reunieron en una céntrica plaza de la capital chile, la misma que el 25 de octubre congregó a más de 1,2 millones de personas. La situación terminó como se ha hecho costumbre, con pequeños grupos de encapuchados que se enfrentaron a la policía, que a su vez dispersó a todos con chorros de agua y abundantes gases lacrimógenos.	El 18 de octubre un alza en la tarifa del metro detonó incendios y ataques en la mayoría de sus estaciones y centenares de saqueos a supermercados seguidos por multitudinarias protestas por un amplio abanico de demandas que van desde mejoras en la educación, la salud y las pensiones hasta una nueva constitución.	Claudia Heiss, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, dijo a AP que “hemos visto que, en general, el gobierno llega tarde y llega con propuestas tibias a las demandas sociales” y “esta es una oportunidad para reaccionar de una manera mucho más contundente si es que se quiere contribuir a que el país vuelva la normalidad y que se hagan los cambios que requiere el sistema político”.	En los comienzos de la crisis Piñera anunció un paquete de leves mejoras sociales a las pensiones básicas, cuyo monto es de 146 dólares mensuales, y propuso proyectos para rebajar los millonarios sueldos de los congresistas y un alza en los impuestos de quienes ganan más de 11.000 dólares al mes, pero no logró atenuar las protestas.