MADRID – En Venezuela, la represión sistemática y la tortura se han vuelto “políticas de Estado”. Son planificadas y estructuradas de acuerdo a criterios científicos. Lo asegura a la “Voce” Alfredo Romero, Director-Presidente del  “Foro Penal Venezolano”, la Ong que desde el 2002 acompaña y defiende a los presos políticos en Venezuela. En su opinión, el gobierno busca intimidar a la población para que no manifieste en la calle su malestar y descontento. Sostiene que hoy es posible “afirmar que existen acciones represivas metódicas, estructuradas por el régimen para mantenerse en el poder”.	– Hay pruebas suficientes del uso de bolsas plásticas para provocar asfixia en las personas detenidas – comenta -. Lo hemos denunciado ante la Fiscalía Nacional y los organismos internacionales. Los choques eléctricos, las golpizas son prácticas comunes en el País. También lo es colgar al detenido por horas para que confiese delitos que no ha cometido o para que acuse a personas de su entorno. Además, están las propias condiciones de los sitios de reclusión. El entorno, la falta de atención médica, las amenazas y el clima de terror también son formas de tortura. Las consecuencias físicas y psicológicas en las personas sometidas a maltrato – añade – suelen ser severas.	– Ha sido el caso, por ejemplo – continúa -, de Lorent Saled. Estuvo cuatro años preso, antes de poder salir del país y radicarse en España. Cuando lo detuvieron muy pocas personas sabían quién era. A raíz de nuestra campaña informativa, se tornó un preso conocido. Como Lorent Saled hay muchos. ¿Que si hay torturas? Sí, por supuesto que las hay. ¿Cómo lo sabemos? Nos lo dicen las víctimas, cuando salen de los centros de reclusión. A veces hablamos con ellas en los tribunales. Nos los cuentan todo. Nosotros insistimos que declaren antes los Tribunales y que denuncien lo ocurrido.	Las imágenes que navegan en el web suelen ser elocuentes. En las manifestaciones al lado de políticos conocidos, hay otros que lo son menos y otros más que no lo son. Personas anónimas que también son víctimas de la represión. ¿Cómo determinar quién es el preso político y quién no lo es? ¿Cuál es el criterio que emplea el Foro Penal Venezolano? Romero nos explica:	– Nosotros empleamos los criterios internacionales. En primer lugar, para nosotros existe una diferencia importante entre preso político y detenido político. Consideramos que  la hay hasta en términos numéricos. El detenido político es aquella persona que ha sido encarcelada y puede ser liberada por decisión de un Tribunal o sin que haya sido presentada en un Juzgado. Desde el año 2014 hasta nuestros días, hemos calculado a más de 15mil detenidos políticos. Ahora bien, el preso político es la persona que está formalmente recluida por decisión de un Tribunal o que nunca fue presentado y, sin embargo, sigue preso. Quien ha sido arrestado y se desconoce su paradero, también es un preso político. Es un preso político desaparecido.	– Por ejemplo, una persona protesta contra el gobierno y es detenida – ahonda en su explicación -. El objetivo real de su detención es la intimidación. Pero eso, por supuesto, nunca aparecerá en el expediente. La causa formal, la que probablemente encontraremos reseñada en el expediente, será que es un terrorista, que el acusado agredió al policía, que obstaculizó el tránsito, que actuó de manera violenta. Cuando revisas detenidamente el expediente, te das cuenta de que no existe motivo alguno que justifique la privación de libertad del acusado. En ese caso, el fin es absolutamente político.  Es importante subrayar que de la totalidad de presos políticos, hoy día, solo un 5 por ciento, tal vez menos, ha sido condenado. Es decir, ha tenido derecho a una audiencia, a defenderse, a argumentar. Sólo un 5 por ciento, o poco menos, supo las razone por las cuales ha sido detenido y condenado. De los casi 900 presos políticos hoy en la cárcel ninguno ha sido condenado. Los únicos que lo fueron han sido  los policías metropolitanos, por los hechos del 11 de abril de 2002. Todos los demás, todos los presos político que hoy ocupan una celda, no lo han sido. Y la gran mayoría, alrededor  del 90 por ciento, ni siquiera ha asistido a la audiencia preliminar. Este es un detalle que vale la pena aclarar.	– No – contesta -. Esos son actos de alteración del orden público. Son acciones habituales cuando una manifestación se torna violenta. Los policías llamados a controlar una protesta, están protegidos por equipos antimotines. Tienen máscaras anti-gas, escudos y, por lo general, están acompañados por vehículos blindados. Una piedra, la devolución de una bomba lacrimógena no los perjudica. Muy distinto es cuando un manifestante saca un arma y dispara contra los efectivos de la Guardia Nacional o contra los policías. También lo es cuando lanza una molotov con la intención de quemarlos. Esos son actos violentos, incluso cuando los motiva una razón política. Esa acción te excluye de nuestra lista de los presos políticos. Esa es la razón por la cual nuestros informes son certificados por la Organización de Estados Americanos y por la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Además, nuestra lista de presos políticos se actualiza todas las semanas.	– El gobierno excarcela a algunos detenidos y, al mismo tiempo, encarcela a otros. A veces el número de presos sigue invariado o aumenta en una, dos o tres unidades. En realidad, no es así. El número puede mantenerse constante, pero en la cárcel no están siempre las mismas personas. Y eso tiene un “efecto intimidatorio” multiplicador.	Romero habla despacio. A veces, pone énfasis en una palabra; otras, hace pausas elocuentes. Siempre con parsimonia. Explica que en las celdas no siempre están las mismas personas. En ocasiones, es posible que las autoridades excarcelen a 50 o más detenidos y encarcelen a otros tantos. Ese es el “efecto intimidatorio” y, subraya, “suele ser importante”.	– Desde comienzos del año – continúa nuestro entrevistado -, hemos registrado alrededor de 2000 detenciones por fines políticos. Se trata en su mayoría de ciudadanos que han participado en las manifestaciones convocadas por la oposición. Sin embargo, el numero de personas en las cárceles sigue siendo de 850, a veces poco más, a veces poco menos. El efecto intimidatorio debe calcularse sobre las 2 mil personas y, si nos remontamos hasta el año 2014, sobre más de 15 mil personas. Tantos han sido los venezolanos detenidos por razones políticos.	Explica que el “efecto intimidatorio” actúa como elemento disuasivo. Los familiares, amigos, vecinos y relacionados de los detenidos; todas las  personas que observan lo que le ha pasado al joven que ha sido detenido piensan: “No quiero que me pase lo mismo, no quiero que me detengan”. Y dejan de participar a manifestaciones y de responder a las convocatorias de la oposición.	– El crimen de lesa humanidad – nos dice al fin – es la violación más grave de los derechos humanos. Lo califica una normativa establecida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Qué es lo que lo caracteriza? Dos conceptos básicos: la sistematicidad y la generalización del crimen. Sistematicidad es cuando hay una repetición de actos, cuando hay una planificación, un patrón de conducta. El asesinato de un manifestante por parte de un Guardia Nacional, es una violación de derechos humanos. Sin embargo, cuando esto se transforma en un patrón de conducta sistemático, planificado, repetido, come ha ocurrido en Venezuela, se transforma en crimen de lesa humanidad… Hoy en día, puedo afirmar que las detenciones o el uso excesivo de la violencia son sistemáticos. La generalización, el otro concepto, es cuando es un crimen general. Por ejemplo, atacas a una población y llevas a cabo una masacre. Es lo que ocurrió en la población indígena de KumaraKapay, el 22 de febrero y en los días sucesivos.En Santa Elena de Uairén también hubieron crímenes de lesa humanidad	– Nuestro compromiso social es defender a quienes no tienen dinero para permitirse un abogado – ataja de inmediato, por si hubiera alguna duda -. Comenzamos siendo cuatro abogados. Era el año 2002. Quisimos aportar parte de nuestro tiempo a la defensa gratuita de personas. Comenzamos con uno, dos tres… hasta el día de hoy hemos defendido a más de 12 mil personas. Siempre consideré que nuestra labor iba a concluir en 2002.  Y, luego, pensaba seguir con mi trabajo de abogado. Bueno, esto no solo ha continuado sino que se ha vuelto parte fundamental de mi vida. Es importante porque nosotros atendemos sobre todo a las personas que no tienen recursos. Ha sido nuestro compromiso desde el comienzo. Los que tienen recursos, buscan su abogado de confianza. Y aquí esta la respuesta a la segunda pregunta, la dificultad es que estas personas sean defendidas, que se logre obtener justicia y que el derecho a la defensa se respete.  El sistema ha sido diseñado para encarcelarlos. Eso ha hecho que la presencia del Foro Penal Venezolano adquiera importancia. Se nos dificulta el acceso a los tribunales, se nos complica el acceso a los detenidos… Se nos ataca porque Foro Penal realiza un trabajo independiente.	– En mucho casos hay respeto – admite -. Nosotros, los activistas y los abogados, realizamos una labor que no tiene un fin político. No estamos atados a partido o movimiento político. Nuestra actividad se circunscribe a los derechos humanos. Pues, en ese sentido, hay cierto respeto en algunos lugares. Sin embargo, cuando la represión tiene por objeto intimidar, no les interesa que nosotros estemos ahí. Es la razón por la cual nos califican de enemigos del gobierno y tratan de desprestigiarnos. Dicen que les cobramos a las víctimas. Es algo absurdo. Los familiares, a veces, no tienen ni para llevar comida a los detenidos.	– Bueno – explica -, han sido efectivas para que se dieran a conocer los abusos y para que haya más temor en la aplicación de ese tipo de violencia. Pero la represión no mermado. El régimen sigue obteniendo beneficios de ella. Sin embargo, de no haber denuncias, si nadie supiese lo que pasa, pues la represión sería mayor.	– La justicia debe ser un punto importante – precisa -. Ahora bien, estoy de acuerdo en que apostemos a la salida pacífica. Es fundamental. Pero el tema no puede verse únicamente bajo la óptica del interés políticos. Hay negociaciones incómodas. Vamos a castigar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y de los crímenes de Lesa Humanidad. Los demás, los que no lo han sido, y cuya culpa reside en haber participado únicamente por ser parte del sistema, podrían entrar en un proceso que llamaríamos “transicional”. Pero, los que ejecutaron y llevaron a cabo materialmente los abusos, los crímenes, esas personas deben ser castigadas. Debe haber justicia.