Patricia Arce, alcaldesa de Vinto, en la provincia de Quillacollo (centro de Bolivia), regresó a su cargo tras haber sido brutalmente agredida por opositores al depuesto mandatario, Evo Morales, e internada en un hospital.En entrevista con RT, la alcaldesa del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Morales, dijo que se rehusa a renunciar porque sería “una cobardía”. Además, aseguró que solo se apartaría del cargo si su propia gente se lo pide.“Los dolores siguen en el cuerpo, habrán podido cortarme el pelo, tal vez golpearme, pero mis ideas siguen intactas”, dijo Arce. Mientras el conflicto postelectoral se recrudecía en Bolivia, especialmente en Cochabamba (centro de Bolivia), Arce fue objeto de una terrible agresión por parte de opositores a Morales. El 6 de noviembre, una multitud secuestró a la alcaldesa del edificio gubernamental y la hizo caminar descalza entre piedras y vidrios por más de siete kilómetros. En el camino, Arce fue golpeada en todo el cuerpo, la raparon en público y le arrojaron pintura roja en su rostro y cuerpo. Horas después, la alcaldesa de Vinto fue liberada por la Policía y trasladada a un hospital de la zona. La edil contó que aún tiene dolores en el cuerpo y que está siendo sometida a un tratamiento en sus riñones, afectados tras los golpes que recibió. No obstante el dolor en el cuerpo y la tristeza que invade a sus hijos desde aquel día, Arce destacó que ella jamás ha hecho daño a nadie e hizo un llamado a la unidad, “porque no es bueno vivir así entre bolivianos”. IncertidumbreBolivia vive en la incertidumbre con el Gobierno de facto de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez.El martes pasado, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia aprobó el reglamento y la convocatoria para la designación de nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes deberán convocar a nuevos comicios tras la anulación de las elecciones del pasado 20 de octubre, en las que Morales resultó ganador por más de 10 %, pero la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció irregularidades en un precipitado informe preliminar sin auditoría.Hasta el 20 de noviembre, la Defensoría del Pueblo informó sobre el fallecimiento de 31 personas durante el conflicto poselectoral en el país, que se ha agravado tras el golpe de Estado. El miércoles 27 se confirmó el fallecimiento de Calixto Huanacu Aguilar, la décima víctima del operativo militar y policial desplegado contra opositores del Gobierno de facto el pasado 19 de este mes en la planta de hidrocarburos de Senkata, ubicada en El Alto, Bolivia.  RT