Desde el urbanismo Ciudad Tavacare, sector donde el Gobierno nacional invirtió recursos injustificables;  Archila mostró el abandonó en el que se encuentran las obras;  y de lo cual ya, en su condición de diputado, lo denunció en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional;  cuando era presidida por el parlamento Freddy Guevara.	Según el también dirigente agrario de Acción Democrática (AD);  en esa unidad de producción de 200 hectáreas, el gobierno previó la construcción de 14 lagunas para cría de cachamas;  una ganadería de leche, una ganadería de carne, una cochinera de engorde;  una pollera de engorde, una estructura para gallinas ponedoras;  y una planta procesadora para alimentos concentrados.	Indico que se robaron todo. Dos bancos de electricidad, dos tanques de agua australianos;  las guayas para la electricidad, los postes, todos los millones en dólares y en bolívares se los robaron. “Cómo no va a haber una guerra económica, la inventaron y la perdieron. Son pranes, son unos delincuentes”, acusó Archila.	Para Salinas, la situación se complica debido al cierre de la farmacia de la Dirección Regional de salud, donde, eventualmente, les suministraban los medicamentos a los enfermos, que ahora no tienen como cumplir sus tratamientos porque se trata de fármacos de alto costo que no se encuentran fácilmente en el mercado.	El activista insistió en la necesidad de que la directora del Seguro Social en el estado llanero permita a los pacientes practicar contraloría social a las pocas medicinas que llegan a la farmacia, o que publiquen la lista de los fármacos que lleguen. Aseguró que desde hace un año no llegan drogas imprescindibles para la sobrevivencia de los enfermos oncológicos, como carboplatino, por ejemplo.	Ante esta situación pidió que la Dirección Nacional del Seguro Social realice una revisión sobre lo que está pasando en la dependencia de Barinas, ya que, de continuar con la escasez de tratamiento para las quimioterapias, la tendencia es que al menos entre 45 o 50 pacientes oncológicos podrían fallecer por falta de medicinas durante el 2019.	Pedro Jesús López Herrera, así se llamaba el niño que la madrugada del sábado 8 de junio murió en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Luis Razetti de Barinas, tras permanecer ocho días recluido intentando superar una crisis que devino en un Accidente Cerebro Vascular (ACV) y su posterior fallecimiento.	Tenía 13 años de edad y desde su primer año de vida fue diagnosticado con leucemia. A través del convenio que Pdvsa mantenía con la Asociación de Trasplante de Médula Ósea (Atmo), con sede en Italia. Pedro Jesús logró entrar al programa y hace tres años se fue a ese país europeo con la esperanza de conseguir un donante para superar su enfermedad.	El donante no llegó y Pedro y su familia tuvo que regresar a Barinas para ingresar a una lista de espera mientras sus familiares costeaban de manera particular su tratamiento. Hace más de seis meses, a finales del 2018, recibieron la anhelada llamada: ya habían conseguido el donante de médula ósea para Pedro, estudiante regular de la escuela Inmaculada de Fe y Alegría.	Pero, la deuda de más de 10 millones 700 mil euros que el Gobierno venezolano, a través de la estatal petrolera Pdvsa, mantiene con Atmo, imposibilitó que Pedro Jesús pudiera asistir a su cita. Representantes gubernamentales alegaron el bloqueo económico de Estados Unidos para justificar la falta de recursos para que pudiera viajar a hacerse su trasplante de médula.	Las entradas al hospital se hicieron frecuentes y el viernes 7 de junio, luego de una semana internado en la IUCI para recibir transfusiones porque su hemoglobina había bajado considerablemente, los médicos tuvieron que intervenirlo para extraerle un coagulo de sangre que se e formó en el cerebro tras sufrir un ACV. A la 1:00 am del sábado, Pedro falleció, esta vez no pudo ganarle la batalla a la enfermedad que lo acompaño durante 12 de sus 13 años de corta vida.	Nueve personas, entre ellos un funcionario militar, recuperaron su libertad la noche del 4 de junio de 2019, luego que el tribunal militar que ventilaba sus causas acordó revisar y sustituir la medida privativa de libertad e imponer un régimen de presentaciones periódicas tal como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal.	Los abogados de la defensa, Jameiro Aranguren y Gustavo Camejo, explicaron que el juez de la causa en el Tribunal Militar Décimo Noveno de Control con sede en Barinitas, mayor José Jaimez Jiménez Briceño, en la audiencia de presentación de los detenidos acordó decretar sobreseimiento por los delitos de instigación a la rebelión, incumplimiento de Régimen Especial de Zona de Seguridad y desobediencia.	Aranguren y Camjo recordaron que por los hechos ocurridos el 11 de marzo de 2019 en Ciudad Bolivuia, en el 932 Batallón de Caribes “Cnel. Vicente Campoelias”, acantonado en el municipio Pedraza, siguen detenidos en los tribunales civiles más de 11 personas: a quienes les han diferido sus audiencias preliminares en los tribunales de control 1, 4 y 6 del Circuito Judicial Penal del estado Barinas. Tampoco se les permite a los jueces revisar las medidas cautelares solicitadas por delitos menores graves.	Consideraron que José Luis Cárdenas Quintero debe observar el hecho ocurrido en una jurisdicción penal militar por unos delitos que se consideran graves que los que se le imputó y acuso a un grupo de personas en el municipio Pedraza. Además de permitir la celebración de la audiencia y la revisión de las medidas sin ningún tipo de interferencia o perjuicio más allá de lo que consta en los expedientes y en los respectivos actos conclusivos que se presentaron ante los Tribunales de Control.