La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente la firma de un contrato petrolero mediante el cual Venezuela percibirá 400 millones de dólares, según se lee en la sentencia 0384 cuya redacción es atribuida de forma conjunta. El referido contrato fue suscrito entre la Corporación Venezolana de Petróleo e Inversiones Petroleras Iberoamericanas, constituida en la República de Chipre. Para la suscripción de tal contrato el presidente Nicolás Maduro creó la empresa mixta de producción, mejoramiento y comercialización de petróleo crudo pesado y extra pesado en el área denominada Junín 10 de la Faja Petrolífera del Orinoco. Los socios de dicha empresa acordaron un volumen total de reservas a drenar de 1.036,1 Mmbn (petróleo acumulado) en un lapso de 25 años y pago de bono a favor de Venezuela, por el acceso a las reservas de petróleo, por un monto de $400 millones. El ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, presentó al TSJ el contrato para su aprobación debido a que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato. Argumentó que “uno de los mecanismos idóneos para mitigar la merma en la producción de la industria petrolera consiste en incentivar las empresas mixtas”. Los magistrados estuvieron de acuerdo.