“El número de depositantes que se están incorporando a la acción de Anauco crece todos los días, porque las autoridades de Curazao están adelantando ya el proceso de liquidación y, en consecuencia, tenemos que garantizar que la voz de los ahorristas sea escuchada y sus derechos sean adecuadamente protegidos”, indicó León.	Según la sentencia número 0326 de la Sala Constitucional del TSJ,  se ordena a la a las autoridades del Banco Central de Curazao proteger los depósitos del público del Banco del Orinoco N.V. con sede en la isla caribeña, siendo que 100% del patrimonio de dicha entidad, es de origen venezolano.	El Tribunal decretó como medida cautelar ordenar al Banco Central de Curazao se abstenga de ejecutar cualquier orden, requerimiento o instrucción que suponga enajenar, gravar o afectar los títulos valores que integran dicho portafolio de inversiones mientras no haya una decisión definitivamente firme que determine claramente el destino del Banco del Orinoco.	Consultado sobre si existe alguna fórmula jurídica que obligue al Banco Central de Curazao y St. Maarten a obedecer las órdenes del Tribunal Supremo de Justicia sobre la disposición de los activos del BONV, León dijo que se debe utilizar la figura de la “rogatoria”, porque se trata de una jurisdicción diferente que se rige por leyes muy diferentes.