La situación de España cada vez se torna más difícil, no solo por la falta de acuerdos entre los partidos políticos del Psoe y Unidas Podemos para formar una coalición de Gobierno que conduzca al país a mejoras sociales y económicas, sino que afecta a más de 15.559 personas que han sido desalojadas de sus viviendas por los altos incrementos de alquiler. Los desalojos de personas que viven alquilados no dejan de aumentar en España, mientras siguen bajando los procedimientos derivados de ejecuciones hipotecarias. Como resultado, en el primer trimestre de 2019 casi dos de cada tres desalojos practicados, que representan 65,9%, fueron de inquilinos, según los datos publicados por el Consejo General del Poder judicial (Cgpj) el pasado mes de junio. Es decir, que los desalojos aumentaron 5,2% respecto al mismo período del año anterior. Según el Cgpj, el número de lanzamientos practicados entre enero y marzo de 2019 alcanzó la cifra de 15.065 en España, que es el término judicial con el que se denomina a los desahucios, lo que supone un descenso global del 2,2% respecto al mismo periodo del año anterior. De ese total, 10.224 casos fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en el impago del alquiler, mientras que 4.341, correspondiente a 27,9% de los casos, se derivó de ejecuciones hipotecarias. Por último, los 994 responden a los lanzamientos restantes por otras causas, un 21,7% más que en el primer trimestre de 2018. Entre las comunidades más afectadas por los desalojos son: Cataluña (con 3.557, que representan 22,9% del total nacional) ha sido la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos. Tras ella se sitúan otras tres de las regiones con más población: Andalucía (con 2.499), la Comunidad Valenciana (con 2.119) y Madrid (con 1.730), según los datos publicados en el portal español de Rtve. Para la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) las cifras reflejan la necesidad de “una partida de un presupuesto mayor para aumentar el paquete de viviendas sociales”. Esta organización ha difundido un comunicado a raíz de la estadística del Cgpj, para reivindicar una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos en la que “se debe fijar un índice de precios máximos por zona en relación con el salario mínimo interprofesional”. Análisis del mercado. En un estudio realizado por el Banco de España al mercado de arrendamiento, se revela un panorama asfixiante para las familias de escasos recursos en el país europeo, pues en los últimos cinco años el promedio de los precios de alquiler de vivienda se disparó un 50%. El informe evidencia que España es el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) donde el acceso a una vivienda es más gravoso para los hogares más pobres, según los datos facilitados por el Banco que atribuye la situación a la falta de vivienda pública de alquiler, a la escasez de oferta privada y al aumento de la demanda que se ha producido desde 2014. Además, de las inestables condiciones sociales que actualmente se vive en esa nación, la precariedad laboral, especialmente entre la población joven que les impide adquirir una vivienda, por lo que son empujados a unos arrendamientos cada vez más inaccesibles. El estudio señala que desde los mínimos de la crisis, en el último trimestre de 2013 hasta mayo de 2019 el precio de los alquileres se incrementó un 50%, según los datos del medio informativo La Vanguardia. El crecimiento de las rentas se ha producido de forma desigual en España, ya que en las capitales de provincia más activas aumentaron de media las rentas entre 2013 y 2019 un 40%, mientras que en las capitales del interior o en las poblaciones pequeñas las subidas son apenas del 10%. El informe destaca que 50% de los jóvenes españoles y hasta 77% de los inmigrantes no pueden optar por un préstamo para comprar una vivienda debido a la precariedad de sus empleos y bajos ingresos. Basta de desalojos. El Tribunal Supremo de España instó recientemente, el pasado 11 de septiembre, a aplicar la ley de Contratos del Crédito Inmobiliario, conocida como ley hipotecaria, para determinar la nulidad de las cláusulas hipotecarias de vencimiento anticipado de un préstamo, lo que en la práctica impedirá desalojos con menos de doce cuotas impagadas, según el portal informativo Rtve. La ley hipotecaria, que entró en vigor en junio de este año, prevé, entre otras medidas, que el banco solo pueda comenzar el procedimiento de desalojo o desahucio si hay doce cuotas impagadas o 3% del capital de la hipoteca en la primera mitad de la vida del préstamo, o bien 15 cuotas o 7% en la segunda mitad del mismo. Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tjue) declaró en marzo de este año que las cláusulas de vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios “declaradas abusivas” podían ser sustituidas, a menos que el consumidor se expusiera a consecuencias que le sean “especialmente perjudiciales”. No obstante, ello dejaba abierta la puerta a que sean los jueces nacionales los que adopten la decisión sobre si el contrato puede subsistir una vez anulada la cláusula. l