La rescisión en 2011 del contrato de explotación de la mina Las Cristinas, al sur de Venezuela, por parte de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), fue calificada por Crystallex como una «expropiación», dando paso a un largo conflicto judicial de la transnacional y que tuvo eco en los medios dominados por las grandes corporaciones.	Sobre la base de acciones judiciales ante tribunales estadounidenses se tramó una operación que ahora pretende ser validada a través del «gobierno interino» conformado por miembros del partido de ultraderecha Voluntad Popular (VP), en coordinación con el gobierno de EEUU para lograr, de manera ilegal y a todas luces con visos de robo criminal, el embargo de $1.400 millones a Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).	Estamos ante una compleja modalidad de crimen corporativo transnacional que utiliza figuras propias de la institucionalidad democrática, totalmente ilegales pero «teñidas» de una cubierta de «legalidad», como por ejemplo el empleo de un supuesto «procurador general de la República», nombrado por una Asamblea Nacional en desacato, a través de un acto írrito y que acciona en nombre de un Gobierno Interino ficticio ante tribunales en el exterior, en sintonía con los intereses de las grandes corporaciones transnacionales que a través del lobby ejercen presión y control sobre dichas instancias.	Además, el entramado de corrupción internacional del grupo político cercano al «autoproclamado» diputado Juan Guaidó, en esta nueva etapa de su escalada criminal, comete claramente un fraude continuo al valerse de una empresa inexistente para lograr el embargo de los activos de una compañía venezolana, en este caso Citgo, la cual consideran en su argumentación como parte del Estado venezolano, un «Otro yo» o «Alter ego», lo cual es totalmente erróneo e improcedente para casos como éste.	Sin embargo, como señala el sitio web La Tabla, Crystallex vendió sus derechos legales y el proceso judicial lo adelanta el fondo de capital de riesgo Tenor Capital -dedicado a impulsar demandas por parte de empresas transnacionales contra Estados- que compró los documentos por $36 millones para gestionar las acciones legales contra el Estado venezolano, de modo que obtendría una ganancia de 70% de lo obtenido.	Los comentarios expresados en esta página sólo representan la opinión de las personas que los emiten. Este sitio no se hace responsable por los mismos y se reserva el derecho de publicación.Aquellos comentarios que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto y/o que atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, este sitio se reservará el derecho de su publicación. Recuerde ser breve y conciso en sus planteamientos.Si quiere expresar alguna queja, denuncia, solicitud de ayuda u otro tema de índole general por favor envíe un correo a