La Comisión de Derechos Humanos de la ONU no tiene entre sus atribuciones la de calificar o certificar la legitimidad de los gobiernos, sino la de verificar el cumplimiento de la normativa internacional en materia de derechos humanos. Por lo cual las declaraciones de la alta funcionaria al culminar su visita de tres días al país no debían esperarse en modo alguno como un dictamen a favor o en contra de los intereses políticos ni del	serán siempre objeto de todo aquel intercambio que se proponga dicho organismo en cada país, porque son ellos quienes expresan de manera formal y constitucional la legítima representatividad de sus pueblos y la soberanía de los mismos, y es a ellos a quienes se deben dirigir sus recomendaciones o eventuales observaciones en cuanto a la preservación efectiva de los derechos humanos.	Y luego, porque con el uso ambiguo o incorrecto de los términos que se utilicen en una declaración oficial suya, además de comprometer la idoneidad de su cometido, puede dar lugar a confusiones o inexactitudes innecesarias e inconvenientes a los propios intereses de preservación de esos derechos humanos que le corresponde vigilar como alta comisionada.	No se trata nada más de asegurar esa imparcialidad con la sola preservación de la pulcritud que tiene que mantener en la enumeración o descripción de los hechos a los que se refiera un informe determinado. Hay otros aspectos que tienen que ser tomados en cuenta a la hora de su elaboración que, a	La señora Bachelet reconoce en sus palabras los esfuerzos del Gobierno venezolano en materia de derechos humanos, pero deja colar subrepticiamente en su discurso una serie de ideas implícitas (aquellas que no expresa sino que se infieren) que desdicen definitivamente de la objetividad que debe preservar. Y que, en el supuesto de no tratarse de un error en el manejo de la semántica diplomática, dejaría ver entonces una intencionalidad de no aparecer de buenas a primeras contraviniendo la matriz instalada por la mediática pro derechista internacional contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.	Es difícil entender como ingenuidad de parte de la Alta Comisionada la forma en que deja deslizar en sus palabras que la crisis económica tendría un origen interno (lo que sugeriría un error en las políticas del Gobierno), cuando aplica tan cuidadosamente el término “preexistente” al hacer referencia a la gravedad de las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos contra nuestro país (…“Me preocupa que las sanciones impuestas este año (en realidad desde el 2015 al menos, acoto yo) por Estados Unidos sobre las exportaciones de petróleo y el comercio de oro están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica”). Las sanciones, lo sabemos todas y todos los venezolanos, son solo la fase más reciente de un plan de guerra económica desatada por el imperio estadounidense contra nuestro país desde hace más de una década, acentuada progresivamente desde la partida física de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías hasta el día de hoy, y agudizándose particularmente con la activación en EEUU del portal Dólar Today desde aquel entonces, destinado a atacar nuestra moneda y a quebrar con ello la economía venezolana.	Al afirmar tajantemente, por ejemplo, que “…fue profundamente doloroso escuchar el anhelo de las víctimas y sus familiares por obtener justicia ante las graves (?) violaciones de derechos humanos”, adjetivando juiciosamente pero sin precisar quiénes son esos violadores de derechos humanos en medio de esta compleja coyuntura, da por sobreentendido que ese violador es el Gobierno cuando en realidad es todo lo contrario. Más aun cuando esa torcida idea se refuerza con una invocación tan meticulosamente colocada como “…Espero sinceramente que nuestra evaluación, nuestra cooperación y nuestra asistencia ayude a reforzar la prevención de la tortura (?) y el acceso a la justicia (?) en Venezuela.” O con la larga lista de relatos de víctimas de violencia por razones políticas que enumera, en la que hace apenas una tímida sugerencia del atroz asesinato de Orlando Figuera, quemado vivo en el festín fascista de la oposición en la plaza Altamira, pero que la Alta Comisionada anota someramente sin mencionar tampoco quiénes fueron los autores de tan horrendo crimen.	Sí, es definitivamente un gran logro para todas y todos los venezolanos que tan digna representante de las Naciones Unidas haya accedido a venir a nuestro país. En primer lugar porque de esa forma podrán constatar irrefutablemente tanto ella como el mundo entero la falsedad de la grotesca especie inventada por la derecha en cuanto a la existencia de una dictadura en Venezuela. En segundo término, porque su sola presencia (y más allá de ella, la de la delegación que ha anunciado que permanecerá en el país durante algunos meses) constituye un insoslayable muro de contención a las pretensiones golpistas de la oposición y a la amenaza de invasión del imperio estadounidense.	Pero no es nada provechoso para el esfuerzo de conciliación y superación de la crisis que se propone, forzar la realidad con el uso de esa forma tan diplomática de distribución “equitativa” de las responsabilidades entre los actores políticos por igual, como si en eso consistiera el logro de la justicia y la paz definitiva a la que se aspira.	No es justo ni auspicioso que su misión se inicie haciendo afirmaciones y sugerencias ambiguas que solo contribuyen a las distorsiones que han propiciado tanto dolor y padecimiento al pueblo venezolano, y por cuya justicia clama y espera ese pueblo con paciencia y lealtad inquebrantable a su Revolución y a su presidente constitucional Nicolás Maduro Moros.