En un comunicado oficial, el Ejecutivo Nacional advirtió que la alteración de documentos y la falsificación de sellos oficiales son conductas tipificadas como delitos no solo en el ordenamiento jurídico venezolano, sino en la totalidad de los países del mundo, y que acarrean penalizaciones tanto para quienes cometen tales alteraciones y falsificaciones como para quienes hacen uso de documentos alterados o con sellos falsificados, lo que causa además la invalidación de los documentos involucrados.	Las “embajadas” de Juan Guaidó, el diputado opositor que se autoproclamó “presidente interino” de Venezuela en una plaza caraqueña el pasado 23 de enero y que promovió el fallido golpe de Estado del 30 de abril reciente, no son más que gestorías ilegales que detrás del señuelo de “ayudar” a regularizar situaciones migratorias, ocultan una estrategia de denigración del gentilicio venezolano que estimula la implantación de políticas de carácter xenofóbico.	La República Bolivariana de Venezuela dispone de una vigorosa red de 118 oficinas consulares en 89 países que brindan diariamente atención al público que acude a solicitar diversos servicios. Los únicos documentos venezolanos aceptados como válidos en el mundo entero son los emitidos por las auténticas autoridades gubernamentales venezolanas y gestionados mediante los sistemas bajo control, supervisión y actualización del Estado venezolano.