Con una importante profusión de datos, y elementos probatorios Venezuela cuestionó el informe de la alta comisionada. Se le hizo saber que se han demarcado más de 3 millones de hectáreas de tierra a las comunidades indígenas mediante 102 títulos colectivos. El Programa de Alimentación Escolar atiende a 4 millones de niños y niñas; se brinda atención alimentaria diaria a más de 750 mil personas en estado de vulnerabilidad, y mensualmente se le entregan alimentos a 163 mil personas; durante el año 2017 se registraron 12.913 manifestaciones en todo el territorio nacional, de las cuales 5.975 fueron manifestaciones violentas de carácter político	Entre las consideraciones generales que hizo el Gobierno venezolano al informe enviado por la alta comisionada de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, figura una retahíla de severas objeciones al contenido total, con abundante y precisa documentación, que la señora Michelle Bachelet y su equipo pasaron por debajo de la mesa, obviando y ocultando la información aportada por el Gobierno de Nicolás Maduro e instituciones no gubernamentales. Entre los 70 cuestionamientos que hizo Venezuela al informe señalando errores, manipulaciones, falsedades, omisiones, en el ordinal 10 se apunta : “No es objetivo ni imparcial un análisis donde se privilegien al extremo los señalamientos negativos y se invisibilicen o minimicen los avances y medidas adoptadas en materia de derechos humanos. Tampoco es objetiva una evaluación que abunde con referencia a los sectores críticos y omita la información oficial aportada por el Estado o las referencias positivas realizadas por organizaciones internacionales competentes en la materia”.	Venezuela revela que le fue explicado a la Oacnudh (siglas de la oficina de la alta comisionada de la ONU) en Venezuela, durante la reunión sostenida en marzo de 2019 con la ministra del Poder Popular para Pueblos Indígenas, que hasta la fecha se han entregado 102 títulos de propiedad colectiva de la tierra a pueblos indígenas, que comprenden 3.282.299 hectáreas demarcadas. Con estos títulos se ha dado respuesta al 73% de las solicitudes de demarcación presentadas, beneficiando a 683 comunidades indígenas.	En cuanto a la situación del pueblo indígena pemón, especialmente a los hechos ocurridos en febrero de 2019, en el estado Bolívar, la Oacnudh omite indicar que el pueblo pemón está conformado por diferentes comunidades y que la mayoría de estas comunidades decidió no participar en el proceso de recepción de la supuesta ayuda humanitaria y, además, mantienen un diálogo constructivo con las instituciones del Estado.	“Esta afirmación resulta errónea, pues el Estado aportó a la Oacnudh abundante información sobre las medidas adoptadas para garantizar el derecho a la alimentación”, indica la respuesta criolla. Enseguida le informa que, además de los CLAP, se invierten recursos públicos para garantizar el derecho a la alimentación. Los menciona uno a uno.	Plan de Atención a la Vulnerabilidad Nutricional: es la distribución mensual de suplementos alimentarios a 163.000 personas con vulnerabilidad nutricional a escala nacional, entre niños y niñas menores de cinco años, mujeres embarazadas y adultos mayores. Contempla la atención nutricional especializada a niños y niñas menores de cinco años con alimentos terapéuticos, vitaminas, minerales y en los servicios de educación y recuperación nutricional.	Lactancia materna: comprende las acciones de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, como primer acto de soberanía alimentaria. En Venezuela existe una prevalencia de la práctica de lactancia materna de 71%, superando la recomendación de la OMS (50%). Este indicador evidencia avances en el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.	En el ordinal 19, Venezuela le dice a la oficina d el la señora Bachelet que “como evidencia de lo anterior, es necesario destacar que el Gobierno venezolano invierte 3.906 millones de dólares anualmente en la compra de alimentos para ser distribuidos a la población. Este monto incluye 2.826 millones de dólares para la adquisición de productos del programa CLAP y 1.080 millones de dólares para la importación de diversos rubros alimenticios no producidos en el país. Todos estos datos se entregaron a la misión de la Oacnudh durante su permanencia en Venezuela”.	En cuanto a la cobertura del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que se objeta en el informe, se le hace saber en el cuestionario que desde que aparecieron los CLAP se ha logrado un incremento de 400% en los niveles de distribución. “El abastecimiento durante 2018 fue de 119.822.921 de combos de alimentos, equivalentes a 1.797.344 t. Entre el 1° de enero y el 15 de marzo de 2019, se entregaron 21.606.278 combos de alimentos, equivalentes a 324.094 t. En la actualidad 6.000.000 de hogares son atendidos mensualmente con este programa, lo que equivale a 24 millones de personas”, precisó la respuesta venezolana.	Se le hizo saber que entre los años 2011 y 2019 se han graduado 29.057 médicos integrales comunitarios, formados bajo los principios de la atención primaria de salud, a los que se suman aproximadamente 2.000 por año que se gradúan como médicos cirujanos. Del mismo modo, se indicó que entre 2015 y 2019 el Ministerio del Poder Popular para la Salud ha registrado el ingreso a la plantilla de 128.324 profesionales en diversas áreas, incluyendo 30.841 licenciados en enfermería y 21.968 médicos cirujanos.	“El informe hace referencia al resurgimiento de enfermedades previamente controladas y eliminadas. No obstante, omite la información aportada por el Gobierno en la respuesta al cuestionario enviado por la Oacnudh, con relación al control absoluto de la arbovirosis Zika a partir del año 2017. Luego de reportar 2.370 casos confirmados en el año 2016, Venezuela cerró el año 2018 sin ningún caso confirmado de Zika”.	«El informe sostiene que 40 pacientes murieron como resultado de los “cortes de energía”. Esta aseveración resulta errada, pues durante el sabotaje eléctrico ocurrido en marzo de 2019 no se registraron pérdidas de vidas humanas que resulten atribuibles a la falta de electricidad. La inmensa mayoría de los hospitales del país disponen de plantas eléctricas de respaldo. En aquellos establecimientos de salud donde no existe planta de respaldo o se registraron fallas, se activó un plan de contingencia de manera exitosa”.	“En los casos de pacientes que reciben la diálisis en establecimientos privados sin planta eléctrica de respaldo, el Estado procedió a reubicar a los pacientes en los establecimientos públicos de salud. Adicionalmente, se proveyó gratuitamente de plantas eléctricas a centros privados. En todo caso, desde el punto de vista médico, es insostenible afirmar que la pérdida de una sesión de diálisis sea la causa de la muerte de un paciente. Cabe recordar que los pacientes reciben tres sesiones de diálisis por semana.	Igualmente se acusa a Venezuela de no investigar las supuestas denuncias de violaciones a loas derechos humanos, pero no menciona que hay 44 personas privadas de libertad por su presunta responsabilidad en delitos de homicidio dentro del contexto de las manifestaciones ocurridas entre 2017 y 2019, y que hay 33 órdenes de aprehensión emitidas. En cuanto a tratos crueles o torturas el Ministerio Público conoce 72 causas y hay 174 personas privadas de libertad.	La oficina analiza los procesos penalices incoados contra diputados de la Asamblea Nacional, pero no alude el magnicidio frustrado con el presidente de la República el 4 de agosto de 2018 ni menciona que diputados del la AN, el 30 de abril pasado, hicieron llamados a la Fuerza Armada a que “deserten y desafíen al Gobierno” y se apostaron en una vía pública con armas de guerra de alta potencia orientadas hacia la población civil “ en un intento de golpe de Estado”.	“Como se informó en la respuesta al cuestionario remitido por la Oacnudh, durante el año 2017 se registraron 12.913 manifestaciones en todo el territorio nacional, de las cuales 5.975 fueron manifestaciones violentas de carácter político. En el año 2018 se produjeron 7.563 manifestaciones y hasta mayo de 2019 se registraron 3.251 manifestaciones”.	“El informe afirma que 20.000 niños “morirán como consecuencia directa de la crisis”. Esta afirmación no tiene ningún sustento técnico que la respalde y afecta la credibilidad del reporte. En todo caso, si la Oacnudh formula sus informes a partir de estimaciones realizadas por organizaciones civiles, debería valorar el reporte realizado por el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR por sus siglas en inglés) según el cual 40.000 venezolanos han fallecido producto de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos de América.	La oficina dijo que en Venezuela solo existe un centro de detención de mujeres y, por tanto, el sistema no cumpliría con los estándares específicos en materia de género. Esta aseveración es errada. En Venezuela funcionan 17 establecimientos penitenciarios para mujeres bajo la supervisión del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.	“En efecto, tal como se mencionó en la respuesta al cuestionario enviado por la Oacnudh, el año 2016 cerró con un total de 17.407 homicidios (56 por cada 100 mil habitantes), el año 2017 con 14.665 homicidios (47 por cada 100 mil habitantes) y 2018 con 10.598 homicidios (33 por cada 100 mil habitantes). Como se observa, existe una marcada tendencia descendente en este importante indicador”.	En otro párrafo se refiere a las sanciones por denuncias de violaciones a los derechos humanos en operativos de seguridad: El Ministerio Público conoce 292 casos que vinculan a 388 funcionarios del FAES, adscritos a la Policía Nacional Bolivariana. De ellos, 5 han sido condenados por la Comisión de Delitos de Homicidio Frustrado, uso indebido de Armas de Fuego y Simulación de hecho Punible.