Un grupo de profesionales, intelectuales, universitarios, parlamentarios, trabajadores y dirigentes sociales de Venezuela hicieron público un documento argumentando que dada la grave y devastadora crisis económica, política y humanitaria, con tendencia a agravarse, se hace "necesario perseverar en el diálogo y el acuerdo para una salida democrática y electoral a la crisis ".	Agregan: "Los extremos insisten en la política del exterminio del contrario. A esto nos oponemos. Los discursos que invocan salidas mágicas en manos de ejércitos extranjeros además de irresponsables solo sirven para desmovilizar al 'Pueblo Venezolano', único sujeto social que puede lograr el cambio deseado por la mayoría. Igual daño hace el discurso que posiciona al adversario como el enemigo mortal a quien hay que exterminar. Los genocidios y crímenes de odio siempre vienen precedidos de discursos de odio. Urge detenerlos".	Los autores afirman que frente a la devastadora situación del país se hace humanamente  obligante "poner a las víctimas de la crisis en el centro del debate para comprender la urgencia de una solución para ella". En este sentido, hacen recomendaciones en el campo de lo económico, petrolero, la emergencia humanitaria y la diáspora migrante.	El punto de partida para la superación de la crisis está en volver a la primacía de la Constitución sobre cualquier otro principio gubernativo. Ello nos permitirá a los venezolanos restablecer la convivencia democrática, la vigencia de los derechos humanos y restituir el principio de soberanía, según el cual, es el pueblo el que debe ser escuchado en sufragio universal y libre como único depositario del destino de la República.	El desenlace a esta época de caos sólo tiene dos caminos: Construimos una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral a la crisis, o nos desborda el hambre, la pobreza, la violencia, la destrucción, el odio y la muerte por implosión social o el tronar de la anti razón, las armas. Nosotros creemos en lo primero y, por ello, defendemos la opción del diálogo civilizado, a éste nada le supera como oportunidad de paz para que los venezolanos decidamos nuestros horizontes sin ningún tipo de intervención extranjera.	En su momento saludamos y apoyamos todos los esfuerzos de diálogo y acuerdo, y hoy ratificamos nuestra obligación a reconstruir nuestra nación y garantizar que las diferencias se resuelvan tomando como base los valores de la tolerancia, el diálogo democrático inclusivo, la justicia, la libertad, el humanismo y el protagonismo del pueblo que, en última instancia, es el que siempre decidirá el destino de nuestra nación. Es una oportunidad y una responsabilidad, más allá de nuestras diferencias ideológicas y políticas, para vencer miedos, temores y desconfianzas, que conduzcan a acuerdos que garanticen futuro para todos, sin tierra arrasada para ningún sector político, social, económico, religioso o militar. El cambio para el restablecimiento de la democracia y la vida en dignidad y con justicia social no se puede detener, al contrario debemos abrile caminos.	Los extremos insisten en la política del exterminio del contrario. A esto nos oponemos. Los discursos que invocan salidas mágicas en manos de ejércitos extranjeros además de irresponsables solo sirven para desmovilizar al “Pueblo Venezolano”, único sujeto social que puede lograr el cambio deseado por la mayoría. Igual daño hace el discurso que posiciona al adversario como el enemigo mortal a quien hay que exterminar. Los genocidios y crímenes de odio siempre vienen precedidos de discursos de odio. Urge detenerlos.	El principio rector de cualquier acuerdo político supone rescatar para los venezolanos nuestro derecho a decidir mediante el voto directo, universal y secreto, los destinos y el liderazgo de la nación.  Restablecer la democracia permitirá normalizar la convivencia entre todos, sin exclusiones y bajo el principio de que las controversias o diferencias políticas se dirimen en el ejercicio del sufragio por parte del pueblo.	No es sostenible el actual nivel de ingobernabilidad e ilegitimidad del sistema político y jurídico. A nuestra democracia debe jugársele limpio y sin atajos, para quedarse gobernando contra las mayorías populares, o para arribar al poder por actos violentos e inconstitucionales. La nación reclama un acuerdo para una elección presidencial libre, con un poder electoral nuevo que garantice la absoluta transparencia del proceso.	Para nosotros, así como es insostenible la crisis de legitimidad política, igual o más relevante son los elementos de la crisis humanitaria y económica de Venezuela: Seis años de recesión y pérdida de riqueza (2014-2019), dos años de hiperinflación y la destrucción del salario real, la inversión y el gasto público (2017-2019), cinco años de caída operacional y financiera de la industria petrolera (2015-2019), tres años fuera del sistema financiero global por salida no ordenada del pago de nuestra deuda externa (2017-2019), aislamiento político de la comunidad internacional y bloqueo económico norteamericano y su impacto sobre el nivel de importaciones (2017-2019), precariedad del sistema bancario nacional y la consecuente caída del crédito,  el deterioro de todos los indicadores de salud y de acceso al tratamiento de enfermedades, reducción histórica de las matrículas educativas en todos los niveles, y finalmente, el surgimiento de un país migrante que nos afecta en lo social, lo familiar, lo humano y lo económico, al perder la nación fundamentalmente a su juventud, a profesionales y científicos de todas las áreas del conocimiento que han salido en diáspora a buscar oportunidades de realizar sus vidas en tierras extrañas a su patria.	Proponemos poner a las víctimas de la crisis en el centro del debate para comprender la urgencia de una solución para ella. Es quizás la mejor manera de acercar posiciones entre los diferentes actores políticos. PREGUNTARNOS ¿Qué podemos consensuar para detener esta tragedia económica-social y recuperar la senda del crecimiento y el bienestar? Esta es nuestra aproximada respuesta y que sometemos al debate.	En lo estrictamente económico se requieren dos programas. Uno de estabilización y crecimiento económico, productivo y social, con hincapié en el tema hiperinflacionario y la inclusión social. Esta estrategia no solo requerirá gradualidad y sentido de lo humano en su aplicación, también una apertura a los mercados financieros globales bajo el control del Estado.	Otro, será el programa estratégico para la recuperación operativa y financiera de la industria petrolera. Se debe detener la caída en la capacidad de producción de crudo y refinados, así como las corruptelas de todo tipo que agotaron a PDVSA. Nuevas reglas fiscales y jurídicas que permitan un flujo de inversión extranjera necesaria debe ser sometido a un amplio consenso de la sociedad venezolana desde la Asamblea Nacional. Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, se debe mantener plenamente la propiedad de PDVSA en manos del Estado, sin menoscabo de esquemas y modelos de negocios que permitan la inversión extranjera y garanticen el desarrollo del negocio petrolero (303 constitucional).	En lo atinente a la crisis social es de pertinente urgencia declarar junto a la ONU el “estado de emergencia humanitaria” que permita atender con recursos nacionales, multilaterales y donaciones, el colapso del sistema de salud, ausencia de medicinas y la inseguridad alimentaria que trajo niveles de desnutrición severos en niños y niñas menores de 5 años. La ONU puede movilizar esfuerzos y recursos de asistencia humanitaria a gran escala desde la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. De igual manera, desde el programa macroeconómico se incorporaría un plan de donaciones provenientes del sistema financiero global.	En lo referido al país migrante es obligación del Estado atender este hecho que al desintegrar familias las sumergió en sufrimiento y desesperanza, a la vez que la república perdía un acervo profesional y científico, así como contingentes valiosos de su juventud. En consecuencia, se elevará a rango de política de estado el programa de regreso al país de profesionales, técnicos y científicos. Se atenderá como problema social a las familias más vulnerables por el impacto sico-social-económico de la migración.	El pueblo de Venezuela, abrazando el coraje y la gallardía heredados de los próceres independentistas que abonaron con su gesta heroíca la edificacion de la patria y la libertad de nuestro suelo frente a la opresión de potencias extranjeras o de tiranos locales; hoy será capaz de abrazar con esperanza y acciónes la restitución de todos los derechos socavados, las libertades mutiladas y la dignidad mancillada de nuestra preciosa tierra.	En este sentido, insistimos en una salida democrática, pacífica y constitucional; pero en caso de que se cierre esta posibilidad, persista el desconocimiento de la constitución e intenten llevar a Venezuela por caminos de “decadencia y violencia”, entonces, “toda persona (el pueblo) investido o no de autoridad tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento y efectiva vigencia de la constitución; y desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos y menoscabe los derechos humanos”.	No cesarán nuestros esfuerzos por recuperar lo que nos ha sido arrebatado valorando el enorme potencial transformador que contiene un país capaz de reaccionar en movimiento para liberarse de las ataduras que le esclavizan, y así abrir las grandes puertas del reencuentro, del perdón y de la reconciliación nacional para avanzar juntos en la reconstrucción de esta extraordinaria tierra llamada Venezuela.