A distintas escalas e intensidad han sido los ataques contra Venezuela desde hace 20 años por parte del establecimiento que encabeza la élite corporativa de Estados Unidos, sin embargo, la falta de resultados en el presente inmediato ha obligado a estos actores a intensificar el bloqueo económico que, combinado con ataques terroristas a los servicios públicos, busca desconfigurar todo tejido social y noción de Estado.	El gobierno venezolano creó este programa en abril de 2016, basado en un modelo de distribución directa y producción local en los 24 estados del país como respuesta al asedio continuo que se llegó a expresar en grandes colas y el bachaqueo (compra de productos a precios regulados y venta en el mercado informal con sobreprecios de entre mil y cuatro mil por ciento), fundamentalmente para garantizar que los productos llegaran a todos los sectores.	“Este es el inicio de un nuevo camino productivo y ya los primeros pasos anuncian el éxito de este camino”, orientó en su momento el presidente Nicolás Maduro enfatizando la vocación productiva de este tipo de organización que va más allá de la simple distribución de alimentos de origen nacional o extranjero.	Cada CLAP está compuesto por cuatro instancias articuladas: Unión Nacional de Mujeres (UnaMujer), Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (Ubch), Frente Francisco de Miranda (FFM) y los distintos consejos comunales de cada territorio y tiene como primera tarea levantar un censo de población de la localidad, en el que se registra quién vive dónde, con cuántas personas y cuáles son las necesidades. Cuando reciben los combos (cajas o bolsas) de alimentos informan a la comunidad y organizan su distribución en un lugar determinado.	Desde su lanzamiento han avanzado en diversas formas de distribución y producción como el CLAP pesquero que ha distribuido más de 1000 toneladas de pescado en el país, los CLAP textiles que se encargan de confeccionar uniformes escolares; centros de empaquetamientos propios o el CLAP Materno, una iniciativa que promueve el control prenatal para reducir la morbilidad materno-neonatal.	Entre julio y agosto de 2017, luego de electa e instalada la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), se alcanzó el mayor nivel de distribución de alimentos por parte de los CLAP al llegar a 10 millones 820 mil 713 familias venezolanas. Asimismo, en 2017 se intensificó la guerra de desinformación contra esta iniciativa clave para el pueblo venezolano como parte del proceso de golpe continuado organizado por el antichavismo para generar las condiciones que justificaran una intervención internacional.	En mayo de 2018 el gobierno de Colombia bloqueó la entrada de 15 contenedores con 25 mil 210 combos CLAP a Venezuela, en un operativo realizado en Cartagena por la Policía Fiscal y Aduanera colombiana y que fue anunciado por el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Así confirmaba Santos la decisión tomada por el Ministerio de Hacienda colombiano y Departamento del Tesoro estadounidense, luego de la celebración de la Cumbre de las Américas en Perú, de impedir el acceso de alimentos a Venezuela bajo la fachada de la lucha anticorrupción.	En ese entonces Santos vinculaba la adquisición internacional de alimentos por parte de Venezuela con supuestos delitos de lavado de dinero y actividades ilícitas, aquello formó parte de la narrativa de una supuesta trama de corrupción en el marco del complot mediático contra el gobierno de Nicolás Maduro creada con base en acusaciones sin pruebas y sanciones a figuras políticas.	La información fue suministrada por Alonso Lira, subprocurador de México, quien indicó que se localizaron 1 millón 300 mil combos en 1.300 contenedores de alimentos en México con destino a Venezuela aludiendo a la supuesta existencia de operadores que acudían a diversos países para contactar con otras empresas y obtenerlos.	Lira señaló, como “acuerdo reparatorio” del delito, que los imputados debían entregar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) tres millones de dólares. Además, se comprometerían a no realizar ningún acto de tipo comercial con el gobierno venezolano o con terceros que operaran en el envío, comercialización de alimentos o medicinas con motivo del programa del CLAP.	El primer mandatario venezolano dijo en ese entonces que “Venezuela va a seguir comprando los productos que necesita para complementar la dieta de los Clap, que llega a 6 millones de hogares” y afirmó que la Procuraduría mexicana había montado un “falso positivo, una operación de investigación”, para llegar a intimidar a aquellas empresas que comercializan con el Estado venezolano. Además, aseguró que las compañías que producen en México fueron allanadas para que “ningún empresario se atreva a venderle a Venezuela” refiriendo que gracias a la presión de los empresarios los alimentos estaban siendo trasladados al país.	En enero de 2018, en un discurso ante la ANC, el coordinador nacional de esta iniciativa, Freddy Bernal, denunció que las caídas en la distribución de alimentos durante 2017 se debía a que los factores que han dirigido la guerra económica arreciaron sus ataques, tales como la violencia política a través de grupos violentos (revolución de colores entre los meses de abril y julio), mientras que el asedio financiero de Estados Unidos, también dificultó la importación de alimentos al país.	En ese entonces, el ministro para la Defensa y jefe de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano, Vladimir Padrino López, aseguraba que, debido al sabotaje económico, se habían producido retrasos en la llegada de los combos de alimentos y que llegarían “más de 1.500 contenedores con combos para el pueblo de Venezuela, como parte de las políticas de protección del Gobierno nacional”, junto a materia prima como maíz blanco, tortas de soya, maíz amarillo, arroz, entre otros.	Mientras tanto la red de medios teledirigidos desde la USAID hacían correr cálculos respecto a un supuesto esquema de sobreprecio en las cajas, aun cuando han invisibilizado sistemáticamente las estructuras de especulación que establecen sectores nacionales sobre los precios de los alimentos que no forman parte de las cajas CLAP y obvian el blackout no decretado de sectores “productivos” nacionales que han recibido financiamiento del Estado venezolano, pero no activan la generación de productos para el consumo interno.	La presencia en las CLAP de productos importados desde países como México, Turquía, Uruguay, Brasil, entre otros, se debe a dicha insuficiencia productiva nacional, que también es efecto de las medidas de bloqueo financiero impuestas desde 2014, sin embargo, la mediocracia transnacional ha decretado que tal alternativa decidida por el gobierno nacional se debe a “un sistema viciado que no responde a la mayoría de los venezolanos”.	Cuando la administración de Peña Nieto intentó bloquear el suministro de alimentos para los CLAP la Asamblea Nacional (AN), ya en en desacato, afirmó que había colaborado con la supuesta investigación que realizó el Estado mexicano. “Hubo un seguimiento y una colaboración, por supuesto, de parte del Parlamento, pero las alarmas las prende el Estado mexicano cuando pensaba que le estaban burlando impuestos”, dijo el parlamentario Juan Guaidó.	En octubre de 2018 el parlamentario antichavista Freddy Superlano anunció que una comisión del parlamento venezolano en desacato estuvo en México, investigando un supuesto esquema de corrupción en el CLAP y consignó de manera formal la denuncia ante el procurador general de México, luego que “descubrieron permisos entregados a empresas sin tener todos los elementos y requisitos exigidos por la Ley mexicana”. Se desconoce el curso de algún juicio o sentencia firme por parte del Estado mexicano.	Agregó que entre 9 y 14 empresas registradas en México servían solo como fachada. “Estaban cobrando sobreprecio a Venezuela, en algunos casos el incremento fue de 112% en productos mexicanos, pero en otros rubros llegaron a sobrefacturar hasta el 777% como es el caso de la leche”. Se desconoce si el diputado introdujo alguna denuncia al Ministerio Público. El objeto de sus conjeturas consistía en alimentar la narrativa en contra de una política social vital para la población venezolana, sumando elementos a la agenda del antichavismo basada en el desconocimiento de cualquier institucionalidad.	Superlano sostuvo que la Asamblea Nacional no está en contra de que se traigan los alimentos al país, “nosotros estamos hablando de toda la trama que tiene el gobierno para poder traer los pocos alimentos que hay en el país, se inventan el cuento de que nosotros estamos sacando la comida por la frontera o que no es mentira que en el país se dejó de producir desde hace muchos años atrás”, obviando el contrabando y la fuga de divisas por parte del sector empresarial.	El pasado 27 de febrero un almacén situado en el Puerto de La Guaira, donde se ensamblan las cajas de los combos de alimentos, fue incendiado en la madrugada. El jefe de la Guardia del Puesto de Comando Presidencial y entonces ministro para la Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, manifestó que “este es un acto terrorista contra el pueblo venezolano. Un acto de sabotaje contra una institución del Estado. La frustración y fracaso de la oposición los ha hecho cometer actos miserables como este, que sí es un delito de Lesa Humanidad”.	Según el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, el siniestro se controló en un 60 % a través de efectivos de la acción de distintos cuerpos de bomberos y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Agregó que “…manos inescrupulosas, terroristas, para crear caos en la distribución de alimentos, han incendiado una parte de lo que nosotros consideramos uno de los hechos más horrendos que podemos cometer y es quitarle la comida a nuestro pueblo”.	Además de las acciones coercitivas sobre las empresas de transporte marítimo, los pagos directos por transferencias bancarias en dólares que realiza el Estado son a menudo rechazados y se deben cancelar a través de terceros países. Un pago “que se ejecutaba en 20 días, ahora dura 45, 60 días”, detalló el jefe de los CLAP.	En la misma semana la agencia Reuters reseñaba que Estados Unidos prepara “sanciones y cargos criminales contra funcionarios venezolanos y otros sospechosos de utilizar un programa de ayuda alimentaria administrado por el Ejército para lavar dinero para el gobierno del presidente Nicolás Maduro”, atribuyendo la información a “fuentes familiarizadas con el asunto”.	Por otra parte el 22 de mayo la agencia EFE transmitía declaraciones de Elliott Abrams, rostro visible de la agresión contra Venezuela, respecto a que Estados Unidos está preparando un nuevo paquete de sanciones contra “aquellos funcionarios chavistas que se enriquecieron de manera ilegal, con el programa de ayuda alimentaria de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)”.	“Ellos saben que este plan está corrupto, nosotros lo sabemos y estamos investigando los detalles. No tenemos una fecha anunciada sobre las sanciones y las acusaciones (judiciales) que vendrán. Pero este es un crimen real porque es lo que los venezolanos más pobres necesitan para sobrevivir”, agregó Abrams. Este operador destacó que Estados Unidos prepara sanciones y cargos criminales contra funcionarios de la FANB, presuntamente por lavar dinero.	Los efectos reales de estas acciones ya se han evidenciado: las sanciones ralentizarán mucho más el proceso de adquisición de los alimentos y buscarán profundizar el caos y la crisis que imponen las élites corporativas y sus operadores contra la población venezolana. La administración Trump, que ha intensificado su agresión contra Venezuela desde enero pasado, tomaría estas acciones dentro de los próximos tres meses para reducir el “flujo de efectivo a Maduro y sus leales”.	En su ruta para socavar la República Bolivariana de Venezuela, Estados Unidos determina unilateralmente quién merece comer, quién es corrupto, cuáles empresas cometen delitos, cuáles son las penas o multas que deben pagar, entre otras arbitrariedades. De allí que la destrucción de la nación venezolana será una manera de establecer un nuevo orden en el que gobiernen las mencionadas élites sin objeción alguna.	Los comentarios expresados en esta página sólo representan la opinión de las personas que los emiten. Este sitio no se hace responsable por los mismos y se reserva el derecho de publicación.Aquellos comentarios que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto y/o que atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, este sitio se reservará el derecho de su publicación. Recuerde ser breve y conciso en sus planteamientos.Si quiere expresar alguna queja, denuncia, solicitud de ayuda u otro tema de índole general por favor envíe un correo a