El Gobierno nacional abrió un nuevo frente con su política paraguas en el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas al adjudicar, en mayo pasado, diez áreas de exploración de hidrocarburos off shore, cinco de ellas a 150 kilómetros de las Islas Malvinas, a las empresas Tullow Oil y Equinor, con antecedentes que las ligan al gobierno kelper y a la explotación de hidrocarburos sin autorización de la Argentina. Esas vinculaciones fueron denunciadas tanto por el municipio fueguino de Río Grande, que obtuvo un reciente y cuestionado fallo en contra en primera instancia, y por el bloque de Diputados del Frente para la Victoria, que presentó un proyecto de ley para derogar los permisos. En ambos casos se apunta además contra todo el proceso de concurso, que finalizó con la concesión de 18 áreas de explotación, por la falta de estudios de impacto ambiental.	El proyecto del bloque del FpV y el amparo presentado por el municipio de Río Grande — acompañado por el Concejo Deliberante de Río Grande, veteranos de guerra, el sindicato de petroleros y otras organizaciones gremiales— consideran los permisos para las empresas ligadas al gobierno kelper violatorios de la Constitución y las resoluciones internacionales en materia de soberanía y de la ley 26659 de explotación hidrocarburífera, que castiga a las empresas que realicen esas tareas sin el permiso del gobierno argentino en la zona ilegalmente ocupado por Gran Bretaña.	Los cuestionamientos recaen sobre el decreto 872/18, con el que el Gobierno convocó al concurso de exploración de áreas de gas y petróleo off shore en las cuencas Argentina Norte, Austral y Malvinas Oeste —ubicada a solo 150 el límite con las Islas Malvinas—, por una superficie total de 200 mil kilómetros cuadrados, y sobre la resolución 276/2019 de la Secretaría de Energía, que confirmó el otorgamiento de 18 áreas de exploración, habilitando a las empresas a litigar en tribunales extranjeros.	Tanto el amparo —rechazado la semana pasada en primera instancia y que será apelado por el gobierno de Río Grande— advierten sobre la entrega de permisos a Tullow Oil, de capitales británicos, y Equinor, de capitales noruegos, a partir de un informe realizado por el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec).	Respecto de Tullow Oil se advierte que se trata de una empresa hidrocarburífera de origen británico, especializada en off shore, que operó, hasta 2007, siete licencias de exploración otorgadas por el gobierno colonial isleño en la Cuenca Malvina Sur y Este, que luego vendió a la Falklands Oil and Gas, una de las primeras empresas denunciadas por el gobierno argentino en 2015 por la Ley 26659, luego absorbida por Rockhopper Exploration, que opera actualmente bajo permiso kelper.	Desde la Cancillería argentina, según confirmó este diario, reconocen que la empresa de capitales británicos estuvo implicada en explotaciones autorizadas por el gobierno kelper, pero sostienen que las abandonaron antes de las modificaciones hechas la ley de hidrocarburos, en 2013, por lo cual no se puede aplicar retroactivamente. «Es muy importante el reconocimiento que hace el Gobierno de la situación de Tullow Oil, sin embargo, estamos ante un argumento falaz respecto de la ley de hidrocarburos. Antes de la modificación de la norma estaba vigente la resolución 407 de la Secretaría de Energía, que establecía los mismo criterios», explicó a	Tullow Oil obtuvo tres permisos para explorar en la cuenca Malvinas Oeste, o sea, a poco más de 100 kilómetros de las islas, pero también a poca distancia de las zona donde operó hasta 2007 bajo permiso kelper. «Ya no hablamos de la gravedad de adjudicar a una petrolera británica áreas en el Mar Argentino, sino de concederle derechos soberanos sobre una zona ubicada en la misma formación geológica a la licitada por los kelpers al sur de las Malvinas», advierten el bloque FpV en el proyecto para derogar los permisos otorgados por la resolución de mayo pasado.	En el caso de Equinor las licencias obtenidas en la cuenca Malvinas Oeste fueron dos. Según se desprende del informe Oetec, la empresa de capitales noruegos tiene en su mesa directiva a Anne Drinkwater, ex asesora de Tullow y del propio gobierno kelper en materia de explotación hidrocarburífera. El observatorio la señala como «autora intelectual y material de la hoja de ruta 2013-2018 para el desarrollo offshore alrededor de Malvinas».	El peligro de un impacto ambiental de los procesos de exploración que afecten la flora, fauna y recursos marinos de la cuenca fue un punto coincidente entre el proyecto del FpV y el amparo presentado por el gobierno de Río Grande. En ese sentido, el fiscal federal Marcelo Rapoport había acompañado el pedido de una medida cautelar que frenara las adjucaciones, algo que también fue rechazado por la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto en su fallo del 4 de junio, por considerar que los estudios «deben realizarse 20 o 30 días» antes de iniciar las tareas de exploración, cuando las empresas recibirán la confirmación de las adjudicaciones en julio.	En el caso del canciller Faurie, en declaraciones a la radio FM La Isla, decidió confiar en las empresas extranjeras para la preservación de los recursos del Mar Argentino: «No me cabe ninguna duda que empresas de esta envergadura son empresas con una tradición, con códigos importantes en materia de protección ambiental que los obliga a estar atentos a hechos fortuitos que pudieran causar daño al ambiente».	El secretario de Representación para la Cuestión Malvinas de Tierra del Fuego, Jorge Arguello, señaló que la provincia estudia hacer una nueva presentación judicial, antes del límite de la confirmación de las adjudicaciones, que apunte a la ausencia de los estudios de impacto ambiental para preservar los recursos naturales de la cuenca. Además, Arguello se sumó a las críticas por «la situación planteada en el margen de la zona de exclusión» y aseguró que «es gravísima en términos políticos y deberá ser revisada».	, señaló la gravedad de los permisos otorgados ya que el presidente Mauricio Macri «está reconociendo tácitamente el límite marítimo establecido por el Reino Unido en 1990, de manera unilateral». El mapa elaborado por la Oetec, a partir de la información dada por la resolución 267, permite observar que la zona de licitaciones delimitan con el denominado «Falkland Islands Conservation Zone».	«Nos encontramos ante la inminente situación del otorgamiento de derechos soberanos a una empresa que ha violado la soberanía argentina, la Constitución Nacional y las resoluciones de Naciones Unidas respecto de la disputa de soberanía», apunta el proyecto del bloque FpV y exige que «urgentemente el Poder Ejecutivo efectivice las medidas pertinentes a efectos de salvaguardar nuestros legítimos e irrevocables derechos sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes y nuestros recursos no renovables».