Cada 05 de diciembre los profesores universitarios conmemoramos nuestro día, se trata de una fecha en la cual celebramos la promulgación del Decreto Ley Número 458, por parte de la Junta de Gobierno en 1958, luego de derrocada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Este le concede a las universidades autonomía académica, organizativa y electoral. Esta Junta estuvo presidida por Edgar Sanabria, un profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV).	En el 2019, el día del profesor universitario se nos presenta en medio de la profundización de una crisis generalizada de la sociedad y de una dictadura atroz que cierra el acceso de la población a los derechos civiles, políticos y sociales, al mismo tiempo que esto ocurre, crece vertiginosamente el deterioro sistemático de la educación venezolana. En síntesis, el día del profesor universitario del 2019 se inscribe dentro de significativas y enormes  dificultades.	En materia de condiciones laborales, los profesores universitarios en Venezuela continuamos la tendencia a la precarización, impuesta sostenidamente por la dictadura, a nuestro trabajo. Nuestras remuneraciones son las más bajas del planeta, se ubican por debajo de países como Etiopía. El cargo más alto del escalafón universitario (docente titular a dedicación exclusiva) percibe un salario menor a los 13$ mensuales, es decir, técnicamente hablando, los ingresos de los docentes de la educación universitaria los condenan a vivir en situación de pobreza. Tal realidad, lo que promueve es el pluriempleo para sobrevivir,  con la consecuente pérdida del personal que, por dedicarse forzosamente a varios empleos para sobrevivir, abandona las labores de investigación y  sufre consecuencias negativas sobre su salud.	En cuanto a la seguridad social, la precariedad es tan dramática como la de las remuneraciones. No existe protección alguna a la salud, a manera de ejemplo, la cobertura del seguro básico de hospitalización, cirugía y maternidad (SISMEU) que concede el Estado Venezolano no supera los 3$ y para contar con una cobertura superior a esa, los docentes debemos enviarle una carta al ministro de educación universitaria para que este apruebe una monto mayor, es decir, se subordina la protección social a discreción de un burócrata del Estado sin normas y procedimientos claros, por lo que el acceso a la salud se pierde como derecho y adquiere la condición de dádiva.	Con respecto a los espacios en los cuales trabajamos, la situación es tan penosa como la que observamos con las remuneraciones y la seguridad social, el deterioro de la infraestructura y los servicios básicos en las universidades  conduce a que laboremos en medio de un cuadro de insalubridad propio del siglo XVIII. En universidades como la Central de Venezuela hay facultades que, por falta de presupuesto, no cuentan con personal de mantenimiento y no hay baños operativos para su comunidad, puesto es imposible reponer las piezas que en estos se dañen o sean hurtadas por el hampa común.	Los laboratorios, las salas clínicas, las aulas de clases, estaciones experimentales y en general, todas las instalaciones para desarrollar las tareas de docencia e investigación se encuentran sin dotación, con mobiliarios insuficientes o deteriorados y sin los insumos y materiales requeridos. Tal precariedad para trabajar nos ha conducido a sustituir, desde hace ya algunos años, la enseñanza práctica por demostraciones simuladas, en las cuales el estudiante no es protagonista de su experiencia formativa, es decir, el conocimiento se presenta como externalidad, lo cual se traduce en la pérdida del derecho de nuestros jóvenes a recibir una educación de óptima calidad.	Los profesores universitarios tenemos conciencia de que hemos asumido, ser parte de una profesión cuya misión y aporte a la sociedad es invaluable, quienes nos dedicamos a la enseñanza e investigación formamos parte de los protagonistas de lo que la literatura sobre educación superior denomina ” la profesión académica”, la profesión de profesiones, aquella responsable de certificar el conjunto de profesionales que existen en la sociedad. Dicho esto último con mayor rigor: tenemos la importante misión de organizar y administrar la labor formativa y certificar las competencias de todos los profesionales.	Los profesores universitarios formamos los médicos que salvan vidas, los ingenieros que construyen la vialidad, los abogados que administran la justicia, los economistas que orientan el crecimiento, los científicos sociales que interpretan la sociedad y gestionan las políticas sociales, en definitiva, formamos las profesiones que dan respuestas a las demandas que emanan de la dinámica y los cambios de la sociedad. Apuntalados en nuestra conciencia sobre la pertinencia social de la profesión académica, los profesores universitarios diariamente nos reinventamos y luchamos por mantenernos haciendo nuestra labor formativa con mística y calidad.	El papel central que ocupa el conocimiento en nuestra  la labor como profesores universitarios, nos convierte en practicantes de la verdad, la que no admite la subordinación de la ciencia y  el pensamiento humanístico a dogma alguno, prejuicio o la subordinación al capital o al poder político. Esto último no es una posición maximalista de nuestros principios, es la naturaleza de nuestro que hacer, interpretarlo en forma distinta  es desconocer en forma intencionada o sin querer, por conciencia o ignorancia, el Ser de la profesión académica.	Nuestras cátedras seguirán siendo las de siempre, solo que en este tiempo agregamos a ellas, la lucha por nuestros derechos como un hecho concreto de nuestra labor educativa. Nos toca ensenar con los métodos tradicionales y novedosos propios de la educación superior, pero en un contexto de pérdida de derechos y de dictadura, formamos también con nuestro ejemplo, lo que significa hacer de la exigibilidad de los derechos una constante de nuestra predica y práctica cotidiana.