Un barco de la ONG española Pro Activa Open Arms rescató en las últimas 24 horas a 124 náufragos en aguas de Mediterráneo desafiando posibles multas. Ahora espera permiso para desembarcarlos en Malta después de que las autoridades italianas amenazaran con incautar la embarcación si entra en sus aguas territoriales. “El barco se hundía, entraba agua y había escorado tanto que estaba a punto de naufragar. Pero hemos llegado a tiempo», explicó Oscar Camps, el fundador de la ONG, sobre las circunstancias del rescate de anoche. Entre los 69 náufragos había dos bebes y dos mujeres embarazadas, una de las cuales estaba con contracciones, según precisaron los rescatistas.	Las ONG se niegan a devolverlos a Libia, país en guerra del que suelen zarpar en dirección hacia Italia y territorio europeo y donde se cometen importantes violaciones de los derechos humanos, como denuncian numerosos organismos internacionales. En la tarde de ayer este mismo barco había rescatado a otras 55 personas, entre ellas una mujer embarazada y dos bebés mellizos. En total, los náufragos rescatados suman 124 personas, que la ONG pide poder desembarcar en un puerto seguro.	La organización humanitaria ya recibió una notificación del gobierno italiano que amenaza con multarlos e incautar el barco si entran en aguas territoriales del país. «Y como no podía ser de otra manera, llega notificación del gobierno italiano. Sobre nuestras cabezas una multa de 50 mil euros si entramos en aguas italianas, e incautación», dijeron desde la ONG.	«Basta, me hinché las pelotas», dijo ayer Matteo Salvini, Viceprimer Ministro y Ministro del Interior italiano, reforzando su política de puertos cerrados. También avisó en un tono exacerbado a las ONGs de rescate humanitario que si ingresan a aguas italianas tomará posesión de los barcos. Así ratificó la plena vigencia de su último decreto sobre seguridad y la negativa a aceptar desembarcos si el resto de los países europeos no muestra solidaridad para su distribución en el Viejo Continente.	Esta organización española retomó sus tareas en el Mediterráneo a fines de junio pese a la política de puertos cerrados de Italia y la prohibición de España a que hagan esta labor humanitaria. El gobierno español del presidente socialista Pedro Sánchez autorizó al barco de Open Arms a zarpar en abril pero para llevar ayuda humanitaria a Grecia, y los amenazó con multas de hasta 900 mil euros si llegaban a realizar labores de rescate.	«Antes presos que cómplices», expresó Camps cuando la ONG se puso nuevamente en marcha desafiando a las autoridades españolas e italianas. «Esperamos que estén actuado de acuerdo a los convenios internacionales», dijo hoy la vocera del Ejecutivo español, Isabel Celaá, al ser consultada sobre la actuación de la ONG catalana, en conferencia de prensa, sin precisar si concretarán la amenaza de sanción.