“El servicio de agua potable sigue presentando dificultades para su distribución. Las comunidades en Maracaibo denuncian períodos prolongados de 15, 20, 30 días y meses sin servicio de agua por tuberías. La población ha recurrido a hacerse de agua de diversas maneras, desde trasladarse a los llenaderos habilitados por Hidrolago hasta comprar agua a camiones cisternas a precios que ascienden al costo de 20 dólares o su equivalente en bolívares”, señaló Codhez en un comunicado.	Según la organización “otros de los medios de la población para hacerse de agua, es la construcción de pozos artesanales, que ha sido promovida en la región Guajira por las autoridades gubernamentales. A principios de agosto, en la Guajira, se denunció que las obras del acueducto El Brillante, que se realizan desde hace más de cuatro años, se encuentran paralizadas”.	Codhez documentó que entre agosto y octubre se produjeron 5 apagones generales en la región: el 9 de agosto, hubo uno en la Costa Occidental del Lago por una falla en la subestación El Tablazo; el 15 de agosto, una falla que afectó a Maracaibo debido a un incidente en la subestación Cuatricentenario; el 24 de septiembre se reportó otro apagón general en Maracaibo; el 3 de octubre, una falla general en la Costa Occidental del Lago; y el 31 de octubre, Cabimas y Ciudad Ojeda sufrieron un apagón general tras una falla en la subestación Las Morochas.	Otro de los temas relativos a servicios públicos que documentó el boletín (disponible en la página web de la organización), se refiere a la deficiente prestación del servicio de gas doméstico y la inexistencia de planes generales que respondan a un diagnóstico preciso sobre el suministro del servicio en la región. La situación del aseo urbano y transporte también son mencionados en el informe.	Codhez destacó que las graves fallas en los servicios públicos, expuestas por Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la reciente actualización del informe sobre la situación en Venezuela, transgreden de modo grave el derecho a un nivel de vida adecuado, y por lo tanto, la cotidianidad de la región más poblada de Venezuela.	En este sentido, reiteró que la actuación del Estado “riñe con sus obligaciones, tanto constitucionales como internacionales, relativas a garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado, y en concreto, sobre la necesidad de asegurar servicios de calidad para garantizar el acceso a derechos como el agua, la salud y la educación”.