Rafael Medina, bajo amenaza y en riesgo dejó Venezuela. El vuelo se hizo corto, lejos, muy lejos, llegó a su destino, la tranquilidad de verse libre de peligro mitigó el cansancio y la ansiedad, propios de tan largo viaje. Situaciones complejas y serias que surgieron por ser activista político y de los derechos humanos, lo obligaron a dejar Venezuela; su vida e integridad personal, y la de su familia, estaban amenazadas y en riesgo.	En el ejercicio de su profesión de Abogado, dentro y fuera de los tribunales, desde su ciudad natal, Maturín, estado Monagas, se convirtió en referencia de la promoción de los derechos humanos y de duros cuestionamientos al régimen de Nicolás Maduro, que volcó contra él amedrentamiento y persecución, extendidos a su familia y acentuados en virtud de su férrea defensa del preso político Antonio Vathiotis Psofiu.	Rafael David Medina Mata, además de defender derechos, “se ha desempeñado como colaborador e impulsor en distintos procesos electorales ocupando cargos de representación en las mesas de votación en diversos procesos de elección tanto regional como nacional desde el año 2008 en el estado Monagas”, confirmó una parlamentaria de la Asamblea Nacional de Venezuela bajo condición de anonimato ante posibles represalias.	“He estado siempre en la calle, mi domicilio es conocido por usarlo también como oficina, eso me hizo vulnerable a la hora de captar la atención del régimen, el acoso inicial de funcionarios policiales más bien fue un vulgar intento de extorsión, por no acceder a sus exigencias se ensañaron contra mí”.	“Asumí un rol activo en la lucha por los presos políticos y las centenas de fallecidos para que se haga justicia, sentí rápido las consecuencias, luego del intento de extorsión recibí llamadas amenazantes de personas que decían ser del Colectivo Tupamaro, brazo armado del régimen, se hicieron sentir siguiéndome, apostándose a las afueras de mis lugares de trabajo, merodeando el urbanismo donde vivía y dejando conocer sus malas intenciones a los vigilantes, eran Tupamaros, a muchos de ellos los había visto saboteando o confrontándonos en las actividades de calle de la oposición”.	Cuando quiso denunciarlos en el Ministerio Público, se enfrentó a la posibilidad real de ser privado de libertad, le reprocharon los señalamientos en contra de los Tupamaros, en lugar de tomar su denuncia lo conminaron a desistir de su actuación so pena de ser encauzado penalmente por incitación al odio. Una vez más enfilaban las baterías de la fiscalía contra el denunciante para proteger a los agresores oficialistas que continuaron hostigándolo.	“Esa gente que fui a denunciar se ocupa de desaparecer, secuestrar, extorsionar, asesinar con la impunidad que le regala ser trabajadores activos de alcaldías, gobernaciones, etc. Tomé conciencia de eso allí en la fiscalía y sentí miedo. Desde ese momento entre en un estado de insomnio, intranquilidad, nerviosismo y ansiedad, alteraciones que no hacían que mi vida fuera normal.”	“En julio de 2018 recibo una llamada, era un familiar de Antonio Vathiotis Psofiu, me pidió que asumiera su defensa en Venezuela ante una eventual deportación desde Colombia, allí fue detenido ese mismo mes por Interpol a solicitud de Grecia, acusado de la muerte de un oficial de la Guardia Nacional en Venezuela durante las llamadas guarimbas, un caso emblemático de linchamiento judicial por parte del régimen que lleva el Tribunal Cuarto de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Aragua, Causa Nro. 4J-2248-16.”	Ese proceso judicial penal se inició el año 2014 en Valencia, estado Carabobo, manteniendo además preso al joven estudiante y empresario Antonio José Garbi González, a la fecha no han aperturado el juicio correspondiente por la inexistencia de elementos probatorios que incriminen a Vathiotis y Garbi. En otras palabras, no hay pronóstico de condena.	“Vathiotis no fue deportado, sin embargo asumí su defensa pública destacando las inconsistencias de la acusación que le hicieron sin fundamento alguno haciéndolo un preso político, como lo determinó la Asamblea Nacional de Venezuela, la Fiscal en el exilio Luisa Ortega Díaz y Humberto Calderón Berti, embajador designado por el Presidente Juan Guaidó ante el gobierno colombiano. Colombia le otorgó la condición de refugiado a Vathiotis pero sigue preso ilegalmente y con serios problemas de salud en la cárcel de La Picota, en Bogotá, razón por la cual en los próximos días presentaré una Solicitud de Avocamiento al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, también denunciaremos las violaciones de derechos humanos existentes en este caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Unión Europea”.	Los hechos explican el por qué organismos de inteligencia lo habrían perfilado, también que un grupo de encapuchados y portando armas largas lo amedrentara en el centro de Maturín, igualmente aquel atraco donde sólo se llevaron su laptop y celular, cuando pudieron cargar con su vehículo, lo más alarmante, ver a Tupamaros en las adyacencias del colegio de sus hijos.	El 8 de abril del presente año, Rafael Medina salió con su esposa y sus menores hijos de Venezuela. “Al presentarme en taquilla y entregar nuestros pasaportes sudada de los nervios, en ese momento mi hija comienza a llorar y el funcionario hizo el trámite rápido”. Aunque su retorno es incierto, a través de la cuenta en twitter @radamediana continúa su intensa labor en favor de los presos políticos, amén de las acciones que emprenderá ante organismos internacionales.	CompartirUn editorial del diario español “El Páis”, titulado “Venezuela agoniza”; reitera que los venezolanos no se merecen el sufrimiento sin fin que les inflige el régimen de Maduro. En su análisis  se pasea por la situación económica y social que sufre el país;  las sanciones de Donald Trump y la posición de Europa en favor de la diplomacia.	Venezuela agoniza. Sus servicios públicos, el suministro eléctrico, los abastecimientos y las infraestructuras están bajo mínimos. La economía se hunde en el abismo: el producto interior bruto ha caído un 50% desde 2014 y la inflación superó el 1.500% en lo que va de año. Es absoluto el fracaso del régimen, especialmente en los seis años de Maduro, que se ha precipitado hacia la dureza dictatorial con tanta velocidad como ha arruinado el país.	Tienen toda la lógica las sanciones contra un Gobierno que añade el fraude y la ilegalidad a la ineptitud, la corrupción y el maltrato a la oposición, y más todavía cuando se dirigen específicamente a castigar a los dirigentes y a su entorno. Pero pierden eficacia y legitimidad cuando se desvinculan de la acción diplomática y de los esfuerzos para sentar a Maduro en un diálogo que abra el camino a la liberación de los presos y a las elecciones libres.	La última y más dura tanda punitiva ha congelado todos los haberes venezolanos en Estados Unidos, a la vez que el consejero nacional de Seguridad, John Bolton, amenazaba con castigar a los escasos socios comerciales que le restan a Maduro. No es seguro que este gesto contribuya al diálogo propiciado por la oposición bajo la batuta de Juan Guaidó, sino que más bien ofrecerá una oportunidad a los sectores más radicales del régimen, hostiles a cualquier tipo de negociación.	No ofrece dudas el comportamiento tan dispar de Trump con regímenes como el de Corea del Norte de un lado e Irán y Venezuela del otro. Su concepción de las sanciones es la propia de un presidente unilateralista, con escaso fervor por la diplomacia y propenso a favorecer a los dictadores siempre que sean complacientes con sus intereses y a negarles el pan y la sal en caso contrario. Razón de más para que los europeos reafirmen sus posiciones en favor de la diplomacia. Los venezolanos no se merecen el sufrimiento sin fin que les inflige el régimen y la falta de resolución de la comunidad internacional a la hora de poner fin al conflicto.