, por la cual el presidente podría verse obligado a revelar todo lo que conoce acerca del caso.“Es extremadamente grave no solo por la fricción con el decoro ético y moral que se espera de todos los ciudadanos y las autoridades públicas, sino también por sus implicaciones legales”, indica en una nota pública la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano, perteneciente al Ministerio Público, reseña Prensa Latina (PL).Bolsonaro desató la polémica cuando el lunes declaró a periodistas que relataría a Felipe Santa Cruz, presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), cómo murió su padre durante la dictadura militar	(1964-1985).Felipe es hijo del desaparecido Fernando Augusto Santa Cruz de Oliveira, asesinado por las Fuerzas Armadas en 1974, como lo atestigua un documento secreto de Aeronáutica.Sin embargo Bolsonaro se atrevió a decir que Fernando fue ejecutado por un grupo armado de izquierda y no por los militares.“¿Quién es esa OAB? Si un día el presidente de la OAB quiere saber cómo su padre desapareció en el período militar, se lo cuento. No va a querer oír la verdad. Yo se lo cuento”, dijo mordazmente el político de extrema derecha.Firmada por la fiscal federal para los Derechos de los Ciudadanos, Deborah Duprat, y la adjunta Marlon Weichert, la nota señala que “situaciones raras causan tanto sufrimiento como la desaparición de un ser querido”.En Brasil, más de 80 mil familias enfrentan la situación de desaparición cada año por diferentes fuentes: desapariciones sociales, de salud y violentas.“Todos sufren, casi siempre en silencio, este dolor perenne, que no cesa hasta que se descubre el paradero de la persona querida. El respeto por este dolor es un signo de humanidad y dignidad, practicado por diferentes civilizaciones y todas las religiones”, detalla el texto de la Fiscalía.