Aunque el cuerpo legal ha sido reformado varias veces desde su promulgación en 1980, los promotores del cambio señalan que un nuevo texto es clave para asegurar derechos sociales o establecer espacios de participación, mientras que sus defensores aseguran que la carta magna actual ha dado estabilidad a Chile y que no es urgente reemplazarla.	Un tema polémico en Chile también es el peso que tiene el Tribunal Constitucional en las políticas públicas. “Eso ha hecho que acuerdos políticos a los que se ha llegado en el Congreso luego sean echados para atrás en el Tribunal Constitucional”, dice María Cristina Escudero, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.	La Constitución actual no establece cuál es el mecanismo para escribir un texto que la reemplace. Tampoco especifica quién elaboraría el nuevo cuerpo, si se convocaría a una Asamblea Constituyente, quién la conformaría, o si se haría mediante una comisión mixta de políticos y ciudadanos o quedaría sólo en manos del Congreso.	Chile tiene un régimen presidencial y el mandatario es elegido en votación directa para un período de cuatro años sin reelección inmediata. Si por enfermedad, ausencia del territorio u “otro grave motivo” no puede ejercer su cargo, será subrogado por el ministro del Interior en primer lugar, según una lista determinada.