Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social han identificado al menos a 27 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones registradas en Caracas y otras ciudades del país entre los días 22 y 25 de enero. La totalidad de estas muertes se produjeron por impacto de bala, en contextos en los que agentes de la fuerza pública y agrupaciones paramilitares actuaban en labores de represión de protestas.	Distrito Capital acumula el mayor registro de personas fallecidas con 7 muertes (25,93% de los casos). Le sigue Bolívar con 6 muertes; Barinas y Táchira con 3 muertes registradas cada uno; Monagas, Amazonas y Portuguesa con dos muertes cada uno; y Sucre y Yaracuy con una muerte registrada cada uno.	25 de las víctimas eran de sexo masculino y dos de sexo femenino. Las edades de las víctimas oscilan entre los 17 y los 47 años de edad. En 21 de los casos registrados (77,77), los asesinados participaban en protestas pacíficas que fueron atacadas por agentes de la fuerza pública y/o agrupaciones paramilitares. 20 de los asesinatos registrados se produjeron en zonas populares de Caracas y otras ciudades del país. En el caso de Caracas, las 7 muertes registradas por Provea y el OVCS, se produjeron en el contexto de protestas que se desarrollaban en sectores populares: Catia; Las Adjuntas; San Agustín y El Junquito; lo que refleja el cambio en la dinámica del conflicto a partir del 22 de enero; el desvanecimiento de la territorialización política e ideológica que caracterizó al país durante los últimos 18 años; el descontento generalizado de amplios sectores de la población que servían de base social de apoyo al proyecto político bolivariano, y la escalada represiva de la dictadura mediante el empleo excesivo de la fuerza a través del escuadrón de la muerte FAES; la GNB y agrupaciones paramilitares.	Provea condena la muerte de más venezolanos en protestas y reitera su alerta sobre los graves riesgos para la vida e integridad de manifestantes, que supone la abierta actuación de cuerpos élites como el FAES y CONAS, en la gestión de manifestaciones. Estos órganos no poseen competencias, equipamiento y entrenamiento para gestionar manifestaciones con apego a los principios de uso progresivo y diferenciado de la fuerza.	La muerte de estos 27 venezolanos eleva a 242 el total de fallecidos en protestas desde que Maduro asumió el poder en 2013. Desde abril de ese año y hasta el presente, ha sido reiterado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, tanto en labores de lucha contra el delito, como en actividades vinculadas a la gestión de manifestaciones. La respuesta de Maduro frente a la conflictividad social ha sido una demostración constante de autoritarismo y aliento a la comisión de abusos contra los Derechos Humanos.	fallecieron en el contexto de protestas. La cifra de muertes en protestas durante la era Maduro refleja dramáticamente la ausencia de garantías reales para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en nuestro país y la respuesta autoritaria del Estado frente a la conflictividad social. La mayoría de estas muertes se produjeron debido a la actuación de agentes de la fuerza pública y a la participación de agrupaciones paramilitares.	Estas muertes son consecuencia del recurrente uso excesivo de la fuerza para la gestión de manifestaciones públicas por parte de policías y militares; de la ausencia de controles efectivos para regular la actuación de los agentes de la fuerza pública en labores de control del orden público; ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas por parte de los mandos de policías y militares durante la gestión de manifestaciones; y de un abierto aliento a la represión por parte de altos funcionarios del Estado venezolano, al calificar anticipadamente como violentas todas las manifestaciones convocadas por el retorno a la democracia en el país o por la exigencia de reivindicaciones sociales.	Desde que inició el reciente ciclo de protestas por el retorno a la democracia, las comunidades más pobres del país han sido actores estelares en la conflictividad. Las protestas registradas en la populosa y emblemática comunidad de Cotiza, al norte de Caracas, irradiaron al resto de las zonas populares de la ciudad, que en la noche del 21 de enero iniciaron una revuelta contra el hambre, la precarización de los servicios públicos, y los reiterados abusos policiales que suceden a diario en los barrios. Antiguos bastiones del Partido Socialista Unido de Venezuela y del proyecto político bolivariano, se han convertido en el epicentro del nuevo ciclo de protestas. La respuesta de la dictadura ha sido particularmente violenta contra quienes protagonizan las protestas de 2019. El significado histórico que ha tenido para la dictadura la pérdida total del apoyo popular, ha traído consigo el ascenso del terrorismo de Estado y los mecanismos de castigo contra los habitantes de las comunidades más pobres.	2017 encendió las alarmas de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y organismos internacionales debido al novedoso y generalizado empleo de la justicia militar para procesar a civiles detenidos en protestas. La alarma en 2019, se enciende debido al abierto empleo de un cuerpo policial de élite, que no posee las competencias legales; el equipamiento y el entrenamiento para actuar en la gestión de manifestaciones y orden público: la Fuerza de Acciones Especiales (FAES).	Amparándose en una visión ajena al respeto de los derechos humanos, se creó este grupo élite que se ha convertido en un verdadero escuadrón de la muerte, debido a la discrecionalidad con que actúa y a la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y sanciones para los involucrados en abusos contra los derechos ciudadanos. Desde su creación el FAES registra masacres de entre 6 y 8 personas a diario, en situaciones que son presentadas ante la opinión pública como “enfrentamientos”, pero que indican a todas luces que se trata de ejecuciones extrajudiciales. La actuación del FAES, sustituto de los “Operativos de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP),