Toda elección es una competencia y toda buena competencia precisa de un arbitraje imparcial y equilibrado. Solo ofreciendo estas garantías a todos los competidores y electores el resultado gozará de legitimidad, base fundamental para la confianza en el voto como vía de resolución de conflictos y para la gobernabilidad en democracia.	En condiciones normales, la legislación venezolana contempla un procedimiento muy específico para el nombramiento de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE): tres postulados por la sociedad civil, uno por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales y uno por el Poder Ciudadano. Los cinco, no vinculados a organizaciones con fines políticos.	En par de sentencias de 2014 y 2016, el TSJ ha declarado la omisión legislativa por parte de la AN para designar a los rectores. En el primer caso, oposición y oficialismo no lograron consenso en el hemiciclo. En el segundo, los magistrados igualmente ratificaron la medida impuesta desde enero de 2016 de “desacato” del Poder Legislativo a la Sala Electoral.	Antes de esta conformación actual, el Poder Judicial ya había designado rectores electorales, aunque entonces con carácter provisional, en 2003, ante la imposibilidad de que los diputados lograran acuerdo, y en 2005, en una llamada reestructuración tras dos faltas absolutas. Resultado de esta manera de proceder, fue la composición de un CNE abiertamente parcializado hacia el Gobierno.	Este planteamiento pasa por el desafío compartido de idear una fórmula que garantice la imparcialidad y el equilibrio del Consejo Nacional Electoral en este contexto de país. Cabe, en este orden de ideas, la posibilidad de proceder ad hoc, es decir, a través de medidas especiales contempladas en estatutos específicos, justificadas a razón de la gravedad y las urgencias de la actual crisis y sin derogar la legislación vigente.	Como ha advertido el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) en sus informes de observación, el sistema electoral venezolano presenta varias fallas, que afectan en grado importante la calidad de los procesos electorales sobre todo, aunque no sólo, en cuanto a cuatro aspectos fundamentales: a) la manera ya descrita como de hecho fue integrada la dirección del CNE en 2014 y 2016, a través del Tribunal Supremo; b) la inequidad en las condiciones de participación, tanto de candidatos como de electores; c) el uso de los recursos públicos con propósitos de proselitismo político, y d) la eliminación, también de hecho, de la representación proporcional, con la promulgación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en 2009.