Los excolaboradores de Chávez trazan una hoja de ruta entre los actores en conflicto y solicitan la renuncia de todos los poderes para llamar a un proceso de sufragio general, que permita relegitimar a cada uno de los órganos y de esa forma “adelantar un plan que atienda la emergencia humanitaria y le abra el camino a una nueva Venezuela”.	A la grave crisis económica y social que lacera la vida de millones de venezolanos, particularmente a los trabajadores y a los hogares venezolanos, se suma la crisis política de legitimidad que confronta al Poder Ejecutivo y Judicial con la Asamblea Nacional. Crisis esta que ha escalado a niveles tales que nos pone al borde de la violencia, el odio, la muerte y la intervención militar extranjera como salida a la confrontación política. Lo que está en juego es la existencia de la república.	La solución a esta devastadora crisis económica, social y política debe ser resuelta por los venezolanos, por lo que es inaceptable que élites económicas, políticas, militares o extranjeras, pretendan usurpar la soberanía popular (art. 5) que, como dice nuestra constitución vigente, reside intransferiblemente en el pueblo que es quien podrá, mediante referéndum consultivo (Art. 71) de carácter vinculante, tomar decisiones cuando se trate de materia de especial interés nacional, como es obviamente la que nos preocupa en este momento, dada la escalada de la crisis política expresada, entre otros aspectos, en la confrontación de dos poderes  que amenaza peligrosamente con destruir el estado–nación.	Es por ello que con mucha firmeza y convicción, exhortamos a los actores en pugna, a construir una ruta caracterizada por un acuerdo de patria, un acuerdo con  visión de futuro, un acuerdo responsable, que prevea la renuncia de absolutamente todos los poderes, en forma ordenada y frente al pueblo, con el fin de llamar, en tiempo perentorio, a un nuevo proceso general de elecciones que relegitime todos los poderes, para adelantar un plan que atienda la emergencia humanitaria y le abra el camino a una nueva Venezuela. Se trata, en definitiva, de poner las decisiones en manos del soberano, como reza nuestra Constitución. De lo contrario, la deriva de la crisis nos conducirá inexorablemente a una guerra civil con participación internacional, la instalación directamente del fascismo, con todo lo que ello implica para las generaciones presentes y futuras de venezolanos, o la instalación, a partir de componendas, de un gobierno que no represente los intereses de los venezolanos.	Hay que restablecer nuestra democrática Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y reconocer al pueblo en su legítimo derecho como soberano que es, de tomar la decisión de expresarse en la contienda electoral sobre si quiere que se relegitimen o no, todos los poderes públicos de la nación. Es un derecho político que no se puede cercenar a los venezolanos, y es el único camino para garantizar la paz y trabajar para superar la grave depresión económica y la hiperinflación que sufrimos todos.