El 23 de enero, los venezolanos tomaron las calles en números masivos, rechazando el reclamo de Nicolás Maduro de un nuevo periodo presidencial basado en un proceso electoral ilegítimo, y apoyando el fin de la actual crisis política y económica del país. Como organizaciones dedicadas al avance de los derechos humanos en las Américas, los grupos firmantes condenamos los actos de violencia que, según reportes, se llevaron a cabo contra los venezolanos que ejercen pacíficamente sus libertades democráticas. Según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hay evidencia de que al menos 20 personas han muerto en enfrentamientos relacionados con los disturbios. El derecho a manifestarse es un derecho fundamental y debe ser garantizado, así como la seguridad y libertad de los manifestantes. También hacemos un llamado a que se respeten las funciones de la Asamblea Nacional democráticamente elegida y que sus miembros estén protegidos contra cualquier agresión.	En solidaridad con el pueblo venezolano, hacemos un llamado a acciones diplomáticas multilaterales que promuevan un retorno pacífico al orden democrático. Es fundamental que la comunidad internacional asegure que cualquier tipo de sanciones que puedan imponerse contra el régimen de Maduro sean coordinadas, vinculadas a objetivos concretos y claramente comunicados y que eviten el empeoramiento de la grave emergencia humanitaria del país. En este contexto, estamos profundamente preocupados por los indicios de un renovado interés en un embargo del petróleo venezolano u otras formas de sanciones económicas más amplias que, sin duda, impactarían a los venezolanos y restringirían aún más la capacidad para pagar las importaciones de los escasos alimentos y medicamentos.	Rechazamos cualquier amenaza de intervención militar para resolver la crisis de Venezuela. Dicha intervención llevaría a la destrucción masiva y la pérdida de vidas, empeoraría la situación humanitaria y exacerbaría la crisis regional de refugiados y migrantes. La única solución a la crisis de Venezuela radica en un proceso negociado creíble que conduzca a elecciones libres y justas que permitan a los venezolanos elegir a sus propios líderes. Las condiciones para tal solución no se pueden lograr solamente a través de la presión internacional; deben ser creadas a través de un compromiso diplomático cuidadoso. En este espíritu, aplaudimos los esfuerzos recientes de la Unión Europea, los gobiernos de México y Uruguay, así como las declaraciones anteriores del Grupo de Lima, todos los cuales han expresado interés en hacer avanzar una solución negociada. Combinar la presión con la diplomacia creativa es la mejor manera de facilitar el retorno a la democracia.