El TSJ anuló la norma para que los diputados voten virtualmenteRevelaron el primer teaser de Un Lugar en Silencio 2La UE destinará 15,2 millones de euros a América Latina y el Caribe¿Cómo reconocer el cabello dañado y qué hacer para repararlo?Real Madrid prepara su último partido de 2019 con James de vueltaPolítica	«Existe elementos necesarios para que un acto legislativo goce de la legalidad y la legitimidad, los cuales por hechos públicos, notorios y comunicacionales, fueron irrespetados al saber la inadecuada convocatoria para dicho proceso de reforma, que debe cumplir con todas las formalidades. Razón por la que declaramos la nulidad absoluta de la modificación del referido instrumento que haya realizado o pretenda realizar la Asamblea Nacional en desacato», indicó el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, magistrado Juan José Mendoza.	El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) exhortó a la Fiscalía General de la República «a investigar penalmente la presunta materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos contemplados en la Constitución y en la Ley», luego del intento de la Asamblea Nacional de modificar el Reglamento de Interior y Debates para permitir a los diputados que se encuentran fuera del país votar en la elección de sus nuevas autoridades el próximo 5 de enero.	La sentencia N° 517-2019 de la Sala Constitucional del TSJ, leída por el presidente de la Sala, magistrado Juan José Mendoza Jover, declaró competente a la máxima instancia jurídica del país para conocer y decidir la acción de nulidad interpuesta por los ciudadanos Leandro José Domínguez Báez, Jesús Gabriel Peña Navas y José Gregorio Noriega Figueroa, en su condición de venezolanos, diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.	También señaló que la pretensión de modificar el reglamento interno de la AN «representa un precedente nefasto para las democracias del mundo y eliminaría de hecho las características del mandato popular, al imposibilitar la formación de las leyes, la exigencia de la rendición de cuentas, la dedicación exclusiva a sus funciones y el control popular, político y moral de sus actuaciones, lo cual sería la muerte del parlamento como escenario constitucional de participación, debate y consenso».