, integrado en su mayoría por abogados que defienden a los denominados presos políticos por la oposición, señalaron en un pronunciamiento que si bien es legal el proceso de aprobación de una amnistía, sin embargo, no es legítimo.“No es legítimo por cuanto está siendo aprobada de manera unilateral y sin las consultas necesarias con los sectores sociales interesados dada la trascendencia y relevancia de este proyecto de Ley para los nicaragüenses, es decir, que dicha Ley está siendo aprobada sin consenso, específicamente sin el de las familias de las víctimas en el contexto sociopolítico”, argumentó ese grupo.Advirtió, además, que en el texto se propone absolver a las personas que no han sido investigadas, “lo que genera impunidad”, y los manifestantes opositores detenidos quedan sujetos de “abstenerse de ejercer derechos y garantías individuales y colectivas establecidas en la	no tiene voluntad de restaurar instituciones democráticas, independientes entre sí y mucho menos que genere confianza a la sociedad nicaragüense y a la comunidad internacional”.Por tanto, alertó que esa iniciativa “constituye una estrategia política para beneficiar a personas que no se encuentran siendo procesadas o investigadas, pero que posiblemente pudieron haber incurrido en delitos en el contexto de la crisis política”, así como “un obstáculo para un verdadero proceso de justicia transicional en	ordena a las autoridades que no inicien procesos de investigación sobre delitos cometidos en el marco de la crisis, pero además que cierre las causas administrativas y penales, y se abstengan de ejecutar sentencias.Adicionalmente, propone cancelar los antecedentes penales de las personas beneficiadas con la amnistía, incluyendo “delitos políticos y comunes conexos”.Finalmente, manda a que los beneficiados no participen “en conductas repetitivas generadoras de delitos políticos”.Ese proyecto se presentó a 11 días de que se cumpla el plazo en que el Ejecutivo prometió dar libertad absoluta a cerca de 800 “presos políticos”, aunque esta semana afirmó que únicamente les aplicaría excarcelación.La crisis de