Por su parte, el ministro de Gobierno boliviano Carlos Romero aseveró en el espacio televisivo El pueblo es noticia, de Bolivia TV, que la oposición está utilizando una estrategia golpista contra el gobierno legítimamente electo de Evo Morales, con el fin de que el mandatario enuncie al cargo y para romper con el orden establecido en el país.	Romero insistió en que la más clara prueba del intento de Golpe de estado es el plazo de 48 horas que dio el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, respaldado por cívicos de seis regiones del país la noche del sábado, para que Evo renunciara a la presidencia.	Mesa, perdedor de las elecciones, fue el primero que se atribuyó el derecho a disputar una segunda vuelta contra el gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) sin esperar el cómputo oficial de votos; luego demandó una auditoría internacional por sospechas de fraude y, ahora, pide desconocer los resultados de las elecciones generales.	En su oportunidad, Romero develó que el ultimátum de Camacho puede estar relacionado con la información obtenida a través de un informe de Inteligencia, en el que consta que para la noche del lunes se prepara una confrontación violenta a cargo de grupos de choque cívicos hacia la Plaza Murillo, donde se centra el poder político de la nación.	Pero, esta no parece ser la vía preferida por los opositores, pues no tienen nada que presentar, aseguró el funcionario, quien sostiene que la idea de un presunto fraude en las elecciones se había construido desde antes de su realización, para seguir la línea de desconocer al gobierno y perpetrar un golpe de Estado.	La oposición ha generado en el país una situación de inestabilidad que obstaculiza las actividades cotidianas de los bolivianos, con el cuestionable título de defensa de la democracia. Además, ese sector está convirtiendo a la paceña Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) «en una plataforma para ejecutar el golpe Estado», señaló Romero al rector dicha institución.	«Por qué ahora no llevan a la OEA pruebas de fraude, ahí está la OEA, que demuestren, lamentablemente mediante algunos medios, redes sociales lavaron la mente del pueblo diciendo que hay fraude, que el voto no se respeta; sin embargo, ellos no quieren respetar el voto del movimiento indígena, el voto de los humildes del campo», reflexionó.	Según el canciller de Bolivia, Diego Pary, la auditoría que lleva a cabo la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de las acusaciones de fraude de la oposición es de un trabajo altamente técnico, un proceso de verificación de todos los detalles relacionados con los comicios del pasado 20 de octubre.