La comunidad educativa chilena está convulsa. Desde hace tiempo, estudiantes y profesores han denunciado un profundo malestar que se ha enquistado en muchos centros educativos del país. El jueves el descontento se ha expresado masivamente en las calles en una manifestación que, según el Colegio de Profesores de Chile, la institución convocante, ha agrupado a unos 75.000 docentes solo en la capital Santiago. La Policía, en cambio, ha cifrado en 45.000 los participantes.	La movilización ha trasladado al centro de la ciudad las principales demandas de los profesores, que llevan desde el lunes en una huelga que ha tenido un seguimiento del 80% y ha paralizado 5.000 centros educativos en todo el país. “Estamos pidiendo mejores condiciones de trabajo porque hay muchísimo agobio laboral en los docentes, hay situaciones de acoso provocadas por la obsesión por los rankings y rendimientos”, ha explicado el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. El dirigente ha lamentado las “amenazas” que reciben muchos colegios que no logran los estándares educativos establecidos en las pruebas estandarizadas: “La educación es mucho más compleja e integral que eso”, ha afirmado.	En la protesta también han participado los estudiantes de secundaria. Si bien habían asegurado que participarían en la marcha de forma masiva, finalmente su presencia ha sido menos visible. El protagonismo se lo ha llevado un incidente protagonizado por un par de encapuchados que se quemaron la ropa mientras manipulaban un artefacto incendiario. Ellos, la represión “a diestra y siniestra” –en palabras de Aguilar–, y los 70 detenidos que ha dejado la jornada reivindicativa han sido los protagonistas. Una cifra que se suma a otros 20 alumnos del Instituto Nacional, uno de los centros “emblemáticos” por su tradición histórica y buena reputación académica, que fueron detenidos el miércoles tras enfrentarse con la Policía.	Los jóvenes hace meses que luchan en contra del Gobierno del conservador Sebastián Piñera y su ministra de Educación, Marcela Cubillos, contra lo que consideran que es una “criminalización” del movimiento estudiantil. De hecho, el Instituto Nacional es uno de los centros que ha capitalizado las protestas hasta el punto que las clases fueron suspendidas por las movilizaciones, la represión y la violencia en el interior del recinto.	El punto de inflexión de esta crisis se produjo a finales del año pasado, con la aprobación de la ley conocida como “Aula Segura”, una medida promovida por el Ejecutivo para aplicar mano dura en los colegios que viven episodios de violencia. La propuesta surgió a raíz de diversos ataques de estudiantes contra docentes en algunos colegios. Piñera decidió mover ficha rápidamente y, sin disimular su indignación, prometió aplicar medidas urgentes para expulsar “a los violentistas” del sistema escolar y “proteger a la comunidad”. Su objetivo se concretó el pasado mes de diciembre, cuando entró en vigor la nueva normativa que facilita el proceso de expulsión a los directores de colegios.	La propuesta desató la polémica en la comunidad educativa. Muchos la consideran “simplista”, “segregadora” y que agudiza la criminalización de los jóvenes. Junto a esta nueva, los Carabineros han aumentado también la represión contra el movimiento y cualquiera de sus protestas. Entre las prácticas que se han convertido en habituales para los estudiantes están el control de identidad, la revisión de mochilas e incluso la entrada de la Policía a los recintos educativos. “Los colegios ya no sirven para proteger a los estudiantes porque la Policía está entrando a las aulas e incluso han llegado a tirar bombas lacrimógenas adentro. El protocolo policial no se cumple”, denuncia Magally Ávila, integrante del Foro por el Derecho a la Educación Pública y parte de la Red Contra la Represión a los Estudiantes.	La Red se creó hace justo un par de semanas ante la excepcionalidad y gravedad de la situación. Compuesta por organizaciones de docentes, padres y madres de alumnos, trabajadores del ámbito educativo y las federaciones universitarias, entre otros, denuncian “la intensa represión” que viven los estudiantes de Secundaria. “No son terroristas, son conscientes de las injusticias y se levantan”, opina Ávila. Una línea que también defiende Mario Aguilar: “Bajo el pretexto de atacar a los violentos, se está atacando al conjunto de movimiento estudiantil, incluido a sus dirigentes que dan la cara por todos”, sostiene. El presidente del Colegio de Profesores instala la sospecha de que los individuos “encapuchados” sean verdaderamente estudiantes. “Siempre ha estado poco claro este tema: quienes son, si son infiltrados, quien los financia… Tienen un comportamiento muy extraño y está al margen del verdadero movimiento estudiantil”, indica.	Hasta finales de mayo, al menos ocho alumnos del Instituto Nacional se encontraban bajo investigación a través de la ley “Aula Segura” y otro, que estaba en pleno proceso, fue retirado por sus padres del centro. “Hay estudiantes que están en centros tutelados por el Servicio Nacional de Menores (Sename) mientras dura el proceso de investigación, otros quedaron con reclusión nocturna. En el caso de los expulsados, lo que hacen [las familias] es retirarlos del instituto para evitar que los echen, porque ningún centro quiere aceptar a un estudiante expulsado”, concluye Magally.	Por ahora, parece que ni estudiantes ni profesores tienen intenciones de renunciar a sus respectivas demandas. La comunidad educativa en Chile vive sacudida por la incapacidad de dar respuesta a un modelo educativo que tanto unos como otros rechazan y consideran injusto. El presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez, resumió sus planes hace pocos días: “Mientras no haya educación para el pueblo, no habrá paz para el Gobierno”.