Yamile Guerra, una líder social y política, ha sido asesinada este 20 de julio en el barrio El Mirador de la Hacienda, en Floridablanca (Departamento de Santander, Colombia) por dos sujetos no identificados, vestidos de negro, que le propinaron dos disparos, causándole la muerte de forma inmediata, informan medios locales con referencia a la Policía de Bucaramanga.	Las autoridades de momento desconocen el móvil del asesinato de esta prominente abogada, no obstante se indica que podría estar vinculado a un litigio de terreno en el municipio de Floridablanca. Así, el portal colombiano Canal Guacari, con referencia al secretario del Interior de Santander, Édgar Andrés Fandiño Bohórquez, informa que la abogada presuntamente acudió a Floridablanca para reunirse con unos individuos que iban a ser objeto de	, sitiado cerca de Bucaramanga, donde Emiratos Árabes Unidos (EAU) tenían planeado invertir 1.000 millones de dólares en un proyecto para extraer oro. Este proyecto de Minesa, confirmado en el 2017 por el Ministerio de Minas y Energía colombiano, reavivó las preocupaciones de los activistas ambientales que indicaron que los pactos establecidos ponen en peligro este ecosistema.	En el 2017, la Corte Constitucional de Colombia ordenó una nueva delimitación del área donde está prohibido desarrollar proyectos mineros, en función de las peticiones de grupos de abogados y activistas ambientales. Los litigios han perdurado hasta la actualidad y este 10 de julio, el Tribunal administrativo de Santander emitió un fallo en el marco de este litigio, concretando la nueva delimitación del páramo de Santurbán para el 18 de diciembre de 2019.	En entrevista con EFE, el mandatario aseveró que debido a la cantidad de activistas comunitarios es «difícil» brindarles protección a cada uno. En su opinión, se deberían desarrollar medidas de protección colectiva. Sin embargo, agregó que será «implacable para llevar a la Justicia a los criminales que han estado detrás de estos asesinatos».	. El organismo hizo hincapié en que «los líderes de Juntas de Acción Comunal debido, por su rol social, se encuentran en una posición que los hace objeto de presión por parte de las bandas delincuenciales o de los grupos armados ilegales por su rol especial en la fase de las políticas públicas en el territorio».