La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, determinó que las organizaciones sindicales tienen derecho a “no ser suspendidas ni disueltas por las autoridades administrativas”, según se lee en la sentencia N° 0170 difundida el pasado 4 de Julio, redactada por el magistrado Luis Damiani Bustillos.Tal señalamiento lo hicieron los magistrados al interpretar el artículo 95 de la Carta Magna relativos a la libertad sindical. Allí señalan que la libertad sindical es un derecho humano. “Es el derecho que se tiene de militar o no en una organización sindical o la desafiliación”, dice la sentencia.Para los magistrados, la libertad sindical comprende, en su esfera individual, el derecho a: organizarse en la forma que estimen conveniente a sus intereses; afiliarse a sindicatos y demás organizaciones de representación colectiva; elegir y ser elegidos como representantes sindicales; y ejercer la actividad sindical.Mientras que en la esfera colectiva, la Sala Constitucional señaló que se refiere al derecho de las organizaciones sindicales y demás instancias de representación colectiva a: constituir federaciones o confederaciones sindicales, incluso a nivel internacional; afiliarse a dichas organizaciones sin autorización previa, y a separarse de las mismas si lo consideraren conveniente; y ejercer la actividad sindical que comprenderá, en particular, el derecho a la negociación colectiva, el planteamiento de conflictos colectivos de trabajo y la participación en el diálogo social y en la gestión de la empresa.Dicha interpretación efectuada por la Sala Constitucional responde a una petición para que se anularan un conjunto de artículos de la Ley Orgánica del Trabajo denunciados como lesivos “a la libertad sindical prevista en el artículo 95 de la Carta Magna”. Entre los demandantes figura la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea). La Sala negó el pliego de peticiones formulados porque considera que en Venezuela se respeta la libertad sindical y la normativa está ajustada a lo dicho por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero además, la Sala declaró que el incumplimiento de los numerales 2 y 3 del artículo 367 de la Ley Orgánica del Trabajo, no conlleva a la negativa en la inscripción en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, “ni a la disolución de una organización sindical”.La mencionada norma señala que entre las atribuciones y finalidades de una organización sindical está: contribuir en la producción y distribución de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades del pueblo y ejercer control y vigilancia sobre los costos y las ganancias, para que los precios de los bienes y servicios producidos sean justos para el pueblo.La Ley impedía registrar una organización sindical, si no tenía esos postulados dentro de sus estatutos fundacionales.La Sala igualmente flexibilizó el registro de los sindicatos en el caso de que un directivo resulte inhabilitado por no rendir cuenta de la administración de los fondos sindicales. En esa circunstancia, los magistrados establecieron que debe procederse al registro de la organización con el resto de los integrantes de la junta directiva; aun cuando la OIT tiene establecido la disolución de todo el movimiento sindical en esa situación particular.Finalmente la Sala criticó el hecho de que los demandantes (CTV y Provea entre otros) hayan presentado un recurso de nulidad sin “el mínimo de coherencia” en los argumentos, en virtud de que los accionantes “formularon de forma desordenada y se limitaron a enumerar en su petitorio un conjunto de normas sin especificar para cada una cuales eran los motivos de inconstitucionalidad que a su juicio adolecen las mismas”. Entre los firmantes del recurso figuran Marino Alvarado, Orlando Chirinos, Rodrigo Penso, Marcela Máspero, Carlos Navarro y Elías Torres, asistidos por los abogados Leida Marcela León Molina y Jessica Duhan Botero.