La Justicia italiana condenó a cadena perpetua a 24 jerarcas y militares de Uruguay, Perú, Chile y Bolivia, acusados de la desaparición de una veintena de italianos durante la Operación Cóndor, el macabro mecanismo de coordinación de las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80 para capturar, detener y asesinar a opositores. El Tribunal de Apelación de Roma amplió la sentencia de primera instancia de 2017, en la que se habían dictado ocho cadenas perpetuas pero también se había absuelto a 19 imputados por la supuesta prescripción de los delitos.	La causa había sido iniciada hace 20 años, cuando familiares de desaparecidos de origen italiano denunciaron en Roma a los represores sudamericanos. Las pruebas que demuestran «de forma contundente» la participación de militares uruguayos en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura fueron presentadas por Uruguay ante la Tercera Corte de Asís, en Roma, hace dos meses. “El equipo de abogados de nuestro país presentó pruebas que identifican a los militares que cometieron delitos, como torturas y desapariciones forzadas”, había adelantado el secretario de la Presidencia uruguaya, Miguel Ángel Toma.	El juicio comenzó el 12 de febrero de 2015 con 34 imputados, entre antiguos jefes de Estado, oficiales, agentes de policía y miembros de los servicios de inteligencia de los países involucrados. Los fallecimientos de algunos imputados redujeron el número total a veintisiete: dos bolivianos, siete chilenos, catorce uruguayos y cuatro peruanos. Tras la sentencia absolutoria para la mayoría de los implicados, los fiscales Francesco Mollace y Tiziana Cugini apelaron en marzo del año pasado para que se ampliaran las condenas por considerar que «formaron parte de un programa de exterminio abominable, ya que los imputados son responsables de todo de lo que se les acusa porque han sido ejecutores de muerte”.	En la lista de acusados aparecen el ex ministro del Interior de Bolivia, Luis Arce Gomez, el ex presidente de Perú, Francisco Morales Bermúdez y el ex ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Juan Carlos Blanco. Todos fueron condenados por homicidio voluntario con agravantes. «Es una sentencia importante y emocionante para Uruguay y para las víctimas», reaccionó hoy Toma, quien viajó a Italia para la ocasión. «Hemos venido hasta aquí, a Roma, para sostener la lucha contra la impunidad y porque tenemos la obligación de no olvidar», aseguró por su parte el viceministro de Justicia boliviano, Javier Moncada.	Familiares, políticos, representantes de derechos humanos de los países involucrados viajaron a Roma para asistir a la lectura de la sentencia, ya que piden justicia desde hace más de 40 años.»Es un fallo que está por encima de nuestras expectativas», subrayó Giancarlo Maniga, abogado de los familiares de las víctimas. Las investigaciones sobre la temida estrategia aplicada por los regímenes militares del Cono Sur fueron iniciadas hace más de quince años a raíz de las denuncias presentadas en Italia por los familiares de italianos asesinados o desaparecidos, entre ellos la italouruguaya Aurora Melloni, viuda de Alvaro Daniel Banfi, ametrallado junto a otros militantes de izquierda en octubre de 1974 cerca de Buenos Aires, en Argentina.	Entre los 24 condenados está el exmilitar uruguayo Jorge Néstor Tróccoli, el único presente durante el proceso ya que se había fugado a Italia unos años antes del inicio del proceso, en 2007. Entre los imputados se encuentran los militares y policías José Ricardo Arab Fernández, José «Nino» Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata. La lista se completa con Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez Bissio.	Este fue el segundo juicio por los crímenes del Plan Cóndor, ya que el primero se realizó en la Argentina y concluyó el 27 de mayo de 2016. En aquella oportunidad, catorce ex jefes militares y oficiales de inteligencia argentinos y uno uruguayo fueron condenados a penas de entre ocho y 25 años de prisión por más de un centenar de privaciones ilegítimas de la libertad y otros delitos de lesa humanidad.