En la carta el gobierno de Venezuela asegura garantizar plenamente el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica, según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, y afirma que no existe instrucción alguna de prohibir el registro de organizaciones de la sociedad civil,	Por otro lado, el gobierno en su comunicado asegura estar comprometido con los compromisos internacionales de lucha contra la legitimación de capitales, delincuencia organizado y lucha contra el terrorismo, por lo que es obligación y responsabilidad del SAREN «Efectuar una revisión exhaustiva de la documentación que se presenta en la oficinas regionales a fin de evitar la utilización de tan importantes figuras asociativas para incurrir en delitos tipificados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo y la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada».