En Venezuela la criminalización a la opinión crítica y a la protesta social es una política de Estado, sistemática y generalizada, ejecutada desde el Poder Ejecutivo Nacional en conjunto con el Poder Judicial y el Poder Ciudadano, este último por órgano del Ministerio Público (MP) y con la complicidad de la Defensoría del Pueblo (DdP); a los que se sumaría ahora la plenipotenciaria ANC. Es sustentada además en el desarrollo de un marco jurídico que restringe la posibilidad de efectuar concentraciones, movilizaciones o huelgas, e impone penas de varios años por ejercer tales acciones. Constituyendo así una respuesta antidemocrática al reclamo social y al protagonismo de la gente defendiendo y exigiendo sus derechos. Esta normativa se aplica partiendo del supuesto de que todo acto de protesta realizado por la ciudadanía se considera “acción desestabilizadora”, negando de antemano la protección y el reconocimiento al derecho a la manifestación pacífica y a la huelga.	Esta política, tiene ya casi dos décadas. Durante la gestión del expresidente Chávez se configuraron mecanismos arbitrarios de gobernabilidad que mezclaban la ausencia de contrapesos institucionales y desaparición de la independencia de los diferentes poderes, la concentración progresiva del poder en su persona y la persecución no solo de los disidentes a su proyecto político sino también de la opinión disidente dentro de su propio movimiento, y de quienes alzaban su voz y se movilizaban en defensa de sus derechos.