“La meta del Gobierno interino es proteger a Citgo como un activo de Venezuela esencial para su recuperación económica, y en especial, para la recuperación de la industria petrolera. De no haberse reconocido a Juan Guaidó como Presidente encargado de Venezuela, hoy Citgo estuviese perdida, como producto de las malas prácticas del régimen de Maduro”.	Para el abogado, quien además es experto en derecho constitucional, “la Corte de Nueva York puede “interpretar y aplicar el derecho extranjero, en este caso, el Derecho Constitucional venezolano, que es el que aplica a la capacidad de Pdvsa para suscribir el contrato de emisión del Bono y de garantía de las acciones de Citgo Holding, Inc”.	Hernández, en conversación con esta Casa Editorial, dijo estar seguro de que “los acuerdos dictados por la Asamblea Nacional en relación con el Bono 2020 constituyen una prueba importante sobre el alcance del Derecho Constitucional venezolano, que será tomado en cuenta por la Corte de Nueva York para dictaminar sobre la invalidez del Bono 2020”.	Sobre  la posibilidad de que se implemente un programa de petróleo por alimentos, en medio del impacto que las sanciones impuestas por EE UU están teniendo en la economía venezolana revela que “ha sido estudiada por la oficina a mi cargo en sus aspectos jurídicos, para así diseñar alternativas viables. Cualquier solución que se implemente debe partir de la necesidad de impedir al régimen de Maduro controlar o administrar ingresos fiscales –en este caso, ingresos petroleros. Tomando ello en cuenta, se están definiendo diversas alternativas”.	—          Las negociaciones entre los tenedores del Bono 2020 y la junta administradora ad-hoc de Pdvsa son confidenciales, como se estila en esos casos. En todo caso, la posición del Gobierno del Presidente encargado Juan Guaidó siempre ha sido la de promover arreglos consensuados y ordenados de todas las reclamaciones que, en este caso, deben considerar las decisiones que en la materia ha dictado la Asamblea Nacional. Si los acreedores no están dispuestos a ajustar sus reclamaciones a las decisiones de la Asamblea, entonces, cualquier negociación es complicada.	—           La Asamblea Nacional demandó la nulidad del Pdvsa 2020 por inconstitucional, pero en la legislación venezolana no es el Parlamento, precisamente, el intérprete de la Constitución… ¿Su actuación ante la Corte de Nueva York, al menos el argumento de inconstitucionalidad, quién lo va a soportar, porque tampoco la Cote de Nueva York está facultada para interpretar nuestra Constitución?	—          La Corte de Nueva York puede interpretar y aplicar el derecho extranjero, en este caso, el Derecho Constitucional venezolano, que es el que aplica a la capacidad de Pdvsa para suscribir el contrato de emisión del bono y de garantía de las acciones de Citgo Holding, Inc. De hecho, desde febrero de este año las cortes de Estados Unidos han interpretado y aplicado el Derecho venezolano al reconocer al Gobierno del Presidente encargado Juan Guaidó. Por ello, los acuerdos dictados por la Asamblea Nacional en relación con el Bono 2020 constituyen una prueba importante sobre el alcance del Derecho Constitucional venezolano, que será tomado en cuenta por la Corte de Nueva York para dictaminar sobre la invalidez del Bono 2020.	—           Usted ha reconocido que Citgo está a resguardo, especialmente tras la Orden Ejecutiva 13.884, pero ya la demora en la publicación de esta orden le costó a los venezolanos 72 millones de dólares, que se pagaron en intereses de abril pasado, en un contexto de crisis humanitaria como la del país, ¿esa no le parece una señal contradictoria?	—          El pago de intereses bajo protesto fue una compleja decisión, pero que en un análisis costo-beneficio era la decisión acertada. En abril pasado el Gobierno de Estados Unidos no había podido avanzar en las medidas de protección de Citgo, y Pdvsa no podía demandar la nulidad del Bono sin riesgo inminente de perder Citgo. Las opciones eran por ello dos: o se intentaba esa demanda con un altísimo riesgo de perder Citgo o se pagaba bajo protesto, para reforzar las defensas de Pdvsa y mejorar las condiciones de protección  de Citgo, siempre manteniendo el espacio para la negociación. El principal problema que existía era la licencia general número 5, emitida por el Gobierno de Estados Unidos en 2018, y que permitía a los tenedores tomar control inmediato de Citgo –incluso si Pdvsa demanda la invalidez del Bono 2020.	—          La deuda legada de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro representa una pesada carga para la recuperación económica de Venezuela. La negligencia y corrupción del régimen de Maduro agravaron esa situación, ante la decisión de ese régimen de incumplir selectivamente sus obligaciones, en tanto ello ha derivado en decenas de litigios por decenas de miles de millones de dólares. El 1 de julio el  Gobierno del Presidente encargado Juan Guaidó publicó los lineamientos para renegociar todas esas reclamaciones heredadas de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, siempre de manera consensuada y ordenada, pero dejando a salvo todos los derechos frente a reclamaciones dudosas.	—          La estrategia está definida en el Estatuto que rige la transición: la meta del Gobierno interino es proteger a Citgo como un activo de Venezuela esencial para su recuperación económica, y en especial, para la recuperación de la industria petrolera. De no haberse reconocido a Juan Guaidó como Presidente encargado de Venezuela, hoy Citgo estuviese perdida, como producto de las malas prácticas del régimen de Maduro.	—          La Asamblea Nacional ha insistido que no reconocerá ningún contrato de interés público nacional que no haya sido autorizado por la propia Asamblea. El préstamo que dio lugar a las acciones en prenda de Citgo Holding, Inc. a favor de Rosneft no fue controlado por la Asamblea Nacional ni fue debidamente informado a la opinión pública. Además, el régimen de Maduro ha decidido cumplir esa deuda al margen del control de la Asamblea sobre la gestión presupuestaria.  Rosneft deberá rendir cuenta de sus relaciones financieras y comerciales con el régimen de Maduro.	—          Venezuela se enfrenta a decenas de juicios y arbitrajes internacionales, no todos concentrados en el Ciadi. Por el contrario, el Estado es parte en otros muchos arbitrajes, por ejemplo, ante la Cámara de Comercio Internacional. Todos esos litigios constituyen una amenaza no solo a los activos de Venezuela en el extranjero sino además, a  la recuperación económica del país.	El Gobierno del Presidente encargado Juan Guaidó, a través de la Oficina del Procurador Especial, está asumiendo la defensa del Estado en todos esos casos, y ha hecho saber a los demandantes de la intención de buscar un arreglo consensuado de todas estas reclamaciones. No tiene sentido litigar en contra de Venezuela para el reconocimiento de reclamaciones, cuando es posible y deseable llegar a una solución negociada y ordenada, siempre bajo el marco de la Constitución venezolana. Además, todas las reclamaciones privadas serán tratadas por igual –al margen de que exista alguna sentencia o laudo arbitral.	—           Más allá de los casos que como procurador designado por la AN, está el móvil político. Las sanciones, no personales, sino dirigidas a la economía del país, siguen su curso golpeando a los venezolanos de a pie, ¿usted no cree que ha llegado el momento de proteger a los más débiles, con iniciativas con organismos internacionales?	—          Las sanciones impiden al régimen cleptocrático de Nicolás Maduro seguir robando recursos del Estado o desviarlos al financiamiento de organizaciones criminales. Sin esas sanciones, el régimen de Maduro no utilizaría esos recursos para financiar gastos públicos de salud y alimentación: sin sanciones, por el contrario, esos recursos solo serían administrados en beneficio de Maduro y sus cómplices, y peor todavía, para financiar la sistemática violación de derechos humanos, como ha sido señalado por diversos organismos internacionales.	En todo caso, el Gobierno del Presidente encargado Juan Guaidó ha solicitado al Departamento de Estado de Estados Unidos que se establezcan claras excepciones a las sanciones que permitan la atención de necesidades esenciales en salud y alimentación, tal y como se ha acordado. Igualmente mantiene contacto con organismos internacionales para seguir avanzando en ese sentido.	Sin embargo, hay que estar claros en que el cese de la usurpación del régimen de Nicolás Maduro es una condición necesaria e indispensable para detener la emergencia humanitaria compleja. Mientras Maduro permanezca secuestrando el poder, el pueblo de Venezuela seguirá sufriendo las consecuencias de la emergencia humanitaria causada por las políticas predatorias de Chávez y Maduro.	—          La propuesta de petróleos por alimentos ha sido estudiada por la oficina a mi cargo en sus aspectos jurídicos, para así diseñar alternativas viables. Cualquier solución que se implemente debe partir de la necesidad de impedir al régimen de Maduro controlar o administrar ingresos fiscales –en este caso, ingresos petroleros. Tomando ello en cuenta, se están definiendo diversas alternativas.	—          Como he explicado, en 2017 rendí un testimonio experto independiente sobre el régimen jurídico de Pdvsa, en uno de los juicios promovido por Crystallex. En su momento me inhibí de los casos relacionados con las reclamaciones de esa empresa. Algunos, sin embargo, han tergiversado esos hechos para cuestionarme y difamarme, en un vano intento por debilitar la defensa jurídica del Estado en beneficio del régimen de Maduro y sus cómplices.