Las protestas son alentadas desde organizaciones sindicales y de oposición, a las que se sumaron colectivos indígenas y universitarios, tras un discurso a la nación el martes en el que Moreno anunció, después de meses de espera, un conjunto de medidas para reducir el gasto público e incrementar los ingresos del Estado.	La ministra del Interior, María Paula Romo, comentó en una rueda de prensa que la paralización del transporte se cumplió “de manera parcial” y obligó al Gobierno a suspender las clases de escuelas y colegios para garantizar la seguridad de los estudiantes. En un mensaje a la nación, Moreno argumentó que “con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos”, disponía el estado de excepción “a nivel nacional”.	El Estado de excepción suspende asimismo el derecho de asociación y reunión, y de aglomeraciones durante las 24 horas del día. Y permite a las fuerzas del orden requisamientos cuando lo consideren necesario. También suspende la libertad de tránsito en situaciones de peligro.El decreto estará vigente durante un plazo de 60 días a partir de hoy.	Las salidas a las calles de los ecuatorianos en este tipo de protestas solían ser desencadenante de serios problemas políticos en el pasado, aunque en los últimos diez años han sido poco frecuentes, sobre todo porque el anterior presidente Correa aplicaba mano dura y la legislación penalizaba duramente protestas bajo diferentes argumentos.	Por el momento es prematuro analizar si la ola de protestas crecerá como para amenazar al Ejecutivo de Moreno, que llegó al poder en 2017 con un nuevo tono dialogante y conciliador que lo diferenciaba de su predecesor. Ecuador entrará en año electoral en 2020, aunque el presidente siempre ha dicho que no se presentará a la reelección.