En entrevista concedida al citado diario colombiano, Cañizares aseguró que el pasado 22 de febrero, cuando se realizó el concierto en el lado neogranadino de la frontera binacional con Venezuela para introducir por la fuerza una supuesta “ayuda humanitaria”, le llegó información de que el político opositor había entrado por el corregimiento de Aguaclara.	Manifestó que “es lo primero que nos llama la atención. Esa es la ruta de Los Rastrojos, controlan la vida y la muerte ahí. No se puede pasar con una caravana como si nada. Me puse a averiguar con gente de Puerto Santander y efectivamente cruzó esa zona. Hicimos esa primera denuncia durante el concierto y, por supuesto, nadie nos oyó”.	El portal de El Espectador, señala que la confirmación de su primera denuncia le llegó a finales de agosto, cundo alguien lo abordó y le solicitó que lo acompañara porque querían corroborar la identidad de unas personas en unas fotografías. El diario colombiano, indica que dichas fotos mostraban a Guaidó abrazado con dos de los jefes del grupo armado. Wilfredo las publicó el 12 de septiembre de 2019 en su cuenta de Twitter y de inmediato se convirtieron en un escándalo nacional e internacional.	No obstante, Cañizares no se quedó solo con la foto. Fue a ese territorio y habló con la gente, reconstruyó el camino que había tomado Guaidó y encontró que, por órdenes de Los Rastrojos, nadie en Puerto Santander estaba autorizado a salir de sus casas durante el tiempo que duró el paso del diputado.	Al respecto, aseveró que “con la Mesa Nacional de Garantías de Defensores de Derechos Humanos, incluso, pensamos en que me sacarían del país, y estuve a un pelo de irme, porque la situación estaba realmente pesada. En Puerto Santander empezaron a preguntar quién había entregado la información y mataron a un poco de gente”.	Desde la incursión paramilitar en Norte de Santander, en 1999, no se sentía tan acorralado. Sin embargo, decidió quedarse en Cúcuta a pesar del riesgo. Si se va por las amenazas, dice él, tendría un gran impacto sobre las organizaciones de víctimas y comunidades que trabajan con la Fundación Progresar, institución de la que fue miembro fundador hace casi 20 años, y hoy dirige.	Progresar recibió en 2018 a más de 4.500 víctimas del conflicto armado, sobre todo por desaparición forzada. Trabaja en 15 municipios de Norte de Santander, y los 17 miembros que la conforman acompañan a más de 600 familias en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. El equipo de la fundación ha sido víctima de robo de información y seguimientos, pero aun así continúan.