““Fue determinante la voluntad política expresa de las comunidades (de Aldama y Chenalhó) para alcanzar un acuerdo de paz y reconciliación”, dijo Encinas en el marco de la conferencia de prensa diaria del presidente Andrés Manuel López Obrador.Los acuerdos logrados por primera vez en la historia del violento enfrentamiento comunal en esa región montañosa, habitada por indígenas tzotziles y tzeltales, contemplan la libertad de tránsito en rutas que ligan a ambas comunidades y que estuvieron cerradas al tránsito por años, permitir los servicios de salud, programas sociales, brigadas juveniles y la apertura de una sede local de la Universidad Benito Juárez del estado de Chiapas.Los representantes de autoridades constitucionales apoyadas por gobiernos y los líderes tradicionales comunitarios estuvieron enfrentados durante más de cuatro décadas.El acuerdo se logró al amparo de autoridades federales “para reconstruir el tejido social y alcanzar la tolerancia, dentro del respeto a la diversidad”, dijo Encinas.La rivalidad entre la agencia municipal de Chenalhó con las comunidades de Aldama se remonta a disputas alrededor de los límites naturales trazados de parcelas comunitarias en disputa, que no fueron resueltos en los años 70 del siglo pasado, cuando se hizo una reforma agraria.En 2016, un centenar de familias de Aldama fueron obligadas a huir y refugiarse en las montañas y desde que volvieron, un año más tarde, sufrieron constantes ataques armados.La semana pasada, los pobladores de esa comunidad denunciaron un incremento de la violencia que llegó a la conferencia matutina del presidente López Obrador, por una investigación del noticiario Contraviento.“Este el momento idóneo para firmar el convenio de no agresión, no deseamos más violencia, no más derramamiento de sangre, ni enfrentamientos con armas”, dice el acuerdo.En septiembre de 1997 en el marco de la rebelión de indígenas zapatistas comandados por el encapuchado Subcomandante Marcos, miles de nativos de Chenalhó huyeron de sus comunidades cristianas, acosadas por grupos paramilitares oficialistas de la época, hasta que el 22 de diciembre de ese año fueron masacrados 45 desplazados, la mayoría mujeres y niños, que estaban refugiados en la ermita de la comunidad Acteal.