Igualmente, sumándose a la acción de la fiscalía y la Abogacía del Estado, el partido ejerció de acusación popular en el juicio celebrado este año en el Tribunal Supremo contra 12 separatistas catalanes. Nueve de ellos recibieron penas de entre 9 y 13 años de prisión, por su papel en el intento de secesión de 2017.	Sin embargo supieron rentabilizar sus resultados, ya que al igual que hicieran en Andalucía, propiciaron con su apoyo parlamentario que el PP y Ciudadanos gobiernen en coalición Murcia y la región de Madrid, y sobre todo, que los ‘populares’ recuperaran la alcaldía de la capital, hasta ese momento en manos de la izquierdista Manuela Carmena.