Su accionar en 11 días de protestas ha sido lento y torpe y de acuerdo con la encuesta Cadem, difundida el fin de semana, tiene un respaldo de 14% a su gestión, la cifra más baja que haya registrado un jefe de Estado desde 1990. El 78% de la población lo rechaza. Su incapacidad para contrarrestar a factores que impulsan la violencia resplandece.	secretaria de Gobierno, debutaba en el cargo deplorando los ataques incendiarios en las estaciones de Baquedano y Santa Lucía, en Santiago Centro. En el mismo hecho un centro comercial, ubicado a cuatro cuadras de la sede de la Presidencia y un edificio residencial de 19 pisos ardieron, presuntamente por explosivos usados en enfrentamientos entre la policía y manifestantes.	Desde tempranas horas comenzaron a circular a través de mensajes de whatsapp una tarjeta de invitación para una protesta que no augura balance positivo: “Ahora sabrán quién manda aquí y nadie conocerá tu identidad. Gran marcha nacional la purga al gobierno. Lugar: La Moneda. Fecha: jueves 31”, se ve en la imagen que destaca la figura de un encapuchado con aspecto lúgubre.	¿Por qué tanta radicalización? Según el referido estudio, mientras más bajo el apoyo al régimen institucional, más conflictos llegarán a niveles de enfrentamiento violento. Por ello se concluye que la baja capacidad de procesamiento institucional del conflicto y, a cambio de ello, una cultura de baja tolerancia y mayor represión frente a la protesta, la que contribuye a que los conflictos escalen en sus grados de violencia.	Los investigadores destacan que desde el 2011 en Chile se fortaleció enormemente la capacidad de movilización de los actores sociales, aunque ello de modo extra-institucional. El balance es representativo. El subsecretario del Interior chileno, Rodrigo Ubilla, confirma que en el marco de las protestas, que cumplen este martes 12 días, se imputaron a 997 personas por destrozos, incendios, saqueos o enfrentamientos con las fuerzas del orden.	Basaure y Joignant no precisan las razones a nivel micro de este aumento de la capacidad de movilización, pero sí reconocen evidencias de lo macro: Detrás de toda protesta hay organización y lo que la teoría de la movilización de recursos llama una “infraestructura” (desde el barrio al grupo de amigos hasta el centro de alumnos, para citar tan solo tres ejemplos de esta infraestructura), a lo cual se suma el efecto de coordinación instantánea por parte de las redes sociales.	En 11 días de manifestaciones van 19 muertes registradas, 1.000 personas heridas en hospitales, 100 acciones judiciales y casi 3.300 personas detenidas. Aún con este parte, después de una brutal represión por parte de las fuerzas militares que salieron a las calles luego de la declaración del Estado de Emergencia, el presidente Piñera no logra controlar la situación y los autores resaltan elementos distintivos en la explosión social de este octubre de “furia social”, es decir, no todo es continuidad con los hechos de protestas anteriores.	En primer lugar, la magnitud de la explosión (y aquí la metáfora vale) dejó sin efecto y efectividad los normales aparatos represivos del Estado, al punto que, durante las primeras horas del estallido de la protesta del viernes 18 de octubre, Chile experimentó una situación tan fascinante como elocuente; a saber, la literal desaparición del Estado”, refieren los periodistas.	En segundo lugar, añaden, el mes de octubre 2019 se parece más a las manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia en sus primeros episodios y a Brasil 2013, que a los movimientos estudiantiles y No+AFP, en el sentido de que no hay un actor o actores que representen demandas, ni demandas bien definidas y estructuradas.	A diferencia de estos movimientos, por otro lado, la línea divisoria que separaba formas legítimas o no violentas de la protesta y formas no legítimas o violentas ha sido mucho más borrosa que otras ocasiones, al punto que solo el saqueo y el pillaje es calificado como ilegítimo, pero no así otras formas de violencia contra la propiedad pública y privada”.