El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.739 protestas durante el mes de octubre de 2019, lo que equivale a un promedio de 58 diarias. En comparación con el mismo período del año pasado, las protestas se incrementaron en 18%. Además, OVCS registró 1.739 protestas durante el mes de octubre de 2019, lo que equivale a un promedio de 58 diarias.	En octubre se concretó el tercer aumento del salario mínimo, el número 28 decretado por Nicolás Maduro tomando en cuenta su llegada al poder en 2014. Este ajuste unilateral e inconsulto fue rechazado por los trabajadores, ya que no permite cubrir para sí ni para sus familias las necesidades básicas. En un país, cuya economía está cada vez más dolarizada, la remuneración básica al momento de su ajuste pasó a siete dólares, tomando en cuenta la tasa del Banco Central de Venezuela.	El gremio del sector educativo ejerció mayor presión a las autoridades mediante la puesta en marcha de un paro escalonado a finales de mes con la finalidad de exigir un salario digno. El paro se cumplió en todo el país. A pesar de las amenazas que directivos sufrieron por parte de las zonas educativas el ausentismo en las aulas fue por parte de profesores y alumnos.Adicionalmente, para exigir el derecho a educación padres, representantes y alumnos participaron en al menos 134 protestas a nivel nacional, equivalentes a 4 diarias.	El OVCS documentó aproximadamente 81 protestas, equivalentes a 3 diarias por reclamos relativos al servicio eléctrico. A lo largo del año aumentan los testimonios sobre el desplazamiento de familias de las regiones más afectadas ante la falta de electricidad a otras zonas debido a la inclemencia de las altas temperaturas, el deterioro de sus electrodomésticos, la poca conectividad a internet y, en definitiva, el detrimento de su calidad de vida.	Al cierre del mes se registró un aumento de las protestas para exigir a las autoridades atención a los problemas de vialidad, alumbrado e inseguridad. Incluyendo la preocupación ante brotes de aguas negras y falta del servicio de aseo urbano, cuestiones que amenazan la salubridad de la población y su derecho a un ambiente sano.	El sector salud rechaza los bajos salarios que hacen imposible la subsistencia y la prestación del servicio. Mientras que los pacientes ven mermadas sus posibilidades de atender y prevenir sus dolencias ante el colapso de la infraestructura hospitalaria, la deserción de profesionales de la salud y los altos costos de los tratamientos médicos.	El colapso de los servicios públicos es otra arista que afecta a los centros y servicios de salud. Los constantes cortes eléctricos amenazan la integridad de los equipos médicos e interrumpen tratamientos de diálisis, operaciones y atención en terapia intensiva. Del mismo modo, la falta de suministro de agua potable aumenta las posibilidades de brotes y propagación de enfermedades endémicas que habían sido erradicadas en el país.	El cambio de un modelo político que permita la superación de la crisis económica y social es una de las mayores demandas en las calles. Los ciudadanos, atendiendo o no a los llamados de la oposición, identifican al régimen de Nicolás Maduro como el principal causante del deterioro de la calidad de vida.	Vecinos de zonas populares de los estados Miranda, Bolívar y Falcón tomaron las calles para denunciar tratos crueles, inhumanos y degradantes, torturas y amenazas por parte de miembros del FAES, DGCIM y GNB. Los pobladores acusan a estos cuerpos de seguridad de realizar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, allanamientos ilegales, robos masivos y amedrentamientos constantes contra la ciudadanía.	● Atender las demandas de la población que a diario ve desmejoradas sus condiciones para disfrutar de una vida digna, mediante el ejercicio de su profesión u oficio, con los servicios y sistemas de salud que le garanticen calidad de vida.● Avanzar hacia un proceso de transición para retomar la democracia, el Estado de Derecho y las libertades en Venezuela, mediante la realización de elecciones libres y transparentes.● Garantizar el pleno cumplimiento y respeto del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.● Cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas y acciones de orden público según la sentencia de El Caracazo