Toainga afirmó que la fiscalía no responde a cuestiones políticas y que su trabajo es absolutamente objetivo y técnico, con base en lo que disponen la Constitución y la ley, respondiendo así a los argumentos de varios de los procesados, que argumentaron que la medida es exagerada y obedece a represalias políticas.	En el caso conocido como “Sobornos 2012-2016”, en el que la Fiscalía General investiga presuntos aportes realizados por contratistas del Estado, a través de dinero en efectivo o cruce de facturas, en beneficio del movimiento político de Correa, están procesados el expresidente, su exvicepresidente, Jorge Glas (actualmente en prisión por corrupción ligada al caso Odebrecht), el exsecretario jurídico Alexis Mera, otros altos exfuncionarios del Gobierno de Correa y directivos de empresas privadas.	Una de las evidencias contra los acusados fue aportada por la exasesora de Correa, Pamela Martínez, quien dijo en una audiencia realizada en agosto pasado que recibió y entregó dinero en efectivo de parte de empresas que aportaron recursos para Alianza País (que en ese entonces era el movimiento político de Correa) y que él conocía de esos aportes.