El delito de contrabando de combustible ocasiona pérdidas a Venezuela por 10 mil millones de dólares anuales, denunció este viernes el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Durante la presentación del balance de acción por parte del Ministerio Público (MP), para combatir el contrabando de combustible, Saab detalló que el Comando de Guardacostas interceptó el buque Wanderer, de bandera guyanesa, en el estado Nueva Esparta. El buque transportaba 857 mil litros de diesel, de los cuales 639 mil litros eran trasladados en 12 tanques, no dispuestos para el cargamento de fluidos, y 218 mil para máquinas propulsoras.“Se ha podido confirmar que (el buque) era usado para el contrabando de combustible venezolano”, indicó el fiscal en transmisión de Venezolana de Televisión (VTV). Saab agregó que esta embarcación presentó un zarpe presuntamente forjado por la capitanía de Puerto La Cruz, en febrero de 2018. “En la audiencia de presentación el capitán y seis ciudadanos de nacionalidad guyanesa quedaron privados de libertad, por la presunta comisión de los delitos de contrabando agravado y asociación para delinquir, mientras que el buque quedó a la orden de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Informó que el valor del cargamento incautado se estima en 450 mil dólares, según refirió la agencia AVN.Durante la rueda de prensa, presentó un segundo caso relacionado al desvío de más de 56 millones de litros de gasoil durante el año 2019, los cuales estaban destinados a las Termoeléctricas de La Fría (Táchira) y de El Vigía (Mérida), equivalentes a más de 50 millones de bolívares.En la trama de corrupción están implicados funcionarios de ambas termoeléctricas adscritas a Corpoelec; a la Oficina de Ventas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en San Cristóbal; a la Empresa Nacional de Transporte en La Fría y en El Vigía; Planta de Llenado de Pdvsa ubicada en El Vigía, y del Comando de la 25 Brigada Mecanizada de la Guardia Nacional Bolivariana en La Fría. Por este hecho hay 17 personas privadas de libertad, a quienes se les imputaron los delitos de contrabando de extracción, legitimación de capitales, asociación para delinquir y vertimiento de sustancias tóxicas. El fiscal general detalló que, desde 2017, el Ministerio Público ha procesado 2.163 personas; de las cuales 827 resultaron privadas de libertad. En este lapso se presentaron 794 acusaciones.