“Falta de voluntad política”, así resumen  las abogadas  Cecilia Sosa y Milagros Betancourt, integrantes del Bloque Constitucional,   la posición que tenido  la Asamblea Nacional (AN) frente a la aplicación de los 39 artículos del Estatuto para la Transición Democrática  aprobado por este mismo Parlamento, el pasado 5 de febrero,  como parte del accionar  político previsto para este año, así como el “cese de la usurpación y  elecciones libres”.	“El énfasis que le ha dado el presidente de la AN (Juan Guaidó) ha sido más hacia el exterior aunque son elementos que están en el Estatuto, parte de eso ha sido la recuperación de los activos de Citgo y otros patrimonios (…), así como las acciones que ha emprendido el procurador que designó se han cumplido”, sin embargo, “las carencias (de su aplicación en el país) ha sido más  hacia la ciudadanía lo  que ha generado la desmovilización por una agenda que se ha quedado en las sesiones de los martes que no necesariamente corresponde con el cumplimiento del Estatuto”, señaló la coordinadora académica del Bloque Constitucional.	La también expresidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia (CSJ) aclaró que no es que los temas que, semanalmente, se debaten en la AN “no sean importantes”, pero la ciudadanía “está esperando” otras actuaciones como la designación de los Poderes Públicos, bien sea la de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), de hecho, el documento aclara que para realizar esta escogencia “no se necesita esperar por la creación de un Gobierno de Unidad Nacional, sino que lo puede empezar desde ahora y acortando los lapsos”.	Betancourt, quien es experta en derecho internacional,  por su parte, explicó que la Justicia Transicional se encarga de atender “la violación masiva de los derechos humanos y la comisión de crímenes internacionales”, mientras que la justicia ordinaria se encarga del resto de los delitos, sin embargo también puede crear salas especiales.	“Para determinar quién y cuándo se cometió el  delito, primero deben establecerse los hechos, conocer lo que pasó y en Venezuela han ocurrido hechos que no están documentados, ni se han investigado por lo que el Estatuto contempla la creación de una Comisión de la Verdad, que en el país se han conformado cinco sin los resultados esperados, y por eso, se plantea la instalación de la Comisión para Esclarecer los Hechos y Establecer Responsabilidades  para que convierta la memoria jurídica de lo que pasó en un espacio determinado, bien sea, 20 años o 25 años”, precisó.