Ante la reciente participación de representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentes en Venezuela en actos relacionados con la situación política del país, los días 10 y 12 de enero de 2019, y en favor de un marco de condiciones que propicie el urgente y necesario acceso a planes y mecanismos de asistencia y cooperación humanitaria internacional en las dimensiones y alcances requeridos para garantizar la protección de los derechos humanos de la población venezolana, los cuales deben ser creíbles, coherentes, efectivos y transparentes, las organizaciones de la sociedad civil que suscriben hacemos el siguiente pronunciamiento público:	1. Desde el año 2015, la sociedad civil venezolana ha realizado un esfuerzo sostenido por alertar, con base en evidencias, sobre la emergencia humanitaria compleja de gran escala, severidad y urgencia que atraviesa Venezuela, la cual tiene su origen en políticas gubernamentales dirigidas al desmantelamiento del Estado de Derecho y del orden democrático; la destrucción de las capacidades económicas e institucionales del país, privando a millones de venezolanos de bienes y servicios esenciales y al uso de la coerción y la violencia por medios estatales contra quienes cuestionan o se oponen a estas políticas. Todo esto ha tenido lugar a costa de extensos y profundos sufrimientos y daños a la población venezolana, ante lo cual el gobierno ha ignorado y criminalizado el derecho a la cooperación y a la asistencia humanitaria internacional exigido por las personas afectadas, las organizaciones de la sociedad civil, la Asamblea Nacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los Comités de los Órganos de Tratados Internacionales y Relatores Especiales del Sistema de Protección Universal de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la Unión Europea, Mercosur y países de varios continentes.	2. Frente a la emergencia humanitaria y las múltiples violaciones de los derechos humanos, hasta el año 2016 la mayoría de las agencias del Sistema de Naciones Unidas en el país guardaron silencio, ocultaron información y decidieron aceptar las restricciones y condiciones impuestas por el gobierno nacional a la implementación de programas de cooperación, subestimando o sin tomar en cuenta las denuncias, los informes y el evidente deterioro económico y social del país, alegando limitaciones por no contar con datos oficiales y estar supeditados al marco de cooperación de Naciones Unidas en curso, acordado con el gobierno. Ello fue denunciado por 82 organizaciones en carta pública de junio de 2016 al entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Bank Ki-Moon, como faltas a las normas de las Naciones Unidas recogidas en las directrices de “Los Derechos en Primer Lugar”. Según las mismas, todas las agencias del sistema tienen responsabilidad con la protección de los derechos humanos y deben informar oportunamente sobre su violación, por encima de los intereses de los Estados. De haberlo hecho, hubiesen podido contribuir a evitar el agravamiento de la emergencia y prevenir sus amenazas para la vida y el bienestar de la población. En agosto de 2016, Ban Ki-Moon describió la situación de Venezuela como una crisis humanitaria creada por la inestabilidad política. Sin embargo, las faltas de omisión, consentimiento e inacción de las agencias se mantuvieron hasta el año 2018.	3. Como consecuencia de lo expuesto en los puntos anteriores, la emergencia fue aún más grave en los derechos a la salud, alimentación, ambiente, educación, trabajo e ingresos económicos, seguridad personal y acceso a servicios básicos (agua, electricidad, gas, telecomunicaciones y transporte público), aunado a las severas restricciones a las libertades y derechos democráticos bajo un permanente Estado de Excepción, la inhabilitación de la Asamblea Nacional y la elección fraudulenta de una Asamblea Nacional Constituyente. Todo ello, unido a la negativa del gobierno de reconocer la emergencia humanitaria y aceptar la cooperación y la asistencia internacional y después de intensas protestas pacíficas que fueran fuertemente reprimidas a través de detenciones masivas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de grupos civiles violentos, provocó en 2017 una creciente migración forzada de venezolanos y una crisis de movilidad humana, obligando a que las agencias de Naciones Unidas y otros actores humanitarios activaran operaciones en frontera y se aprobaran recursos de emergencia en 2018 a través del Fondo Global de Asistencia Humanitaria (CERF). 64% de estos recursos se destinaron a la atención de personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela en países de América Latina y el Caribe. ACNUR debió aprobar nuevas directrices para proteger a los venezolanos en continua huida del país por inseguridad y violencia, falta de alimentos, medicamentos o acceso a servicios sociales esenciales y pérdida de ingresos. Además, se creó la Plataforma Regional de Coordinación Interinstitucional entre la OIM y ACNUR, que en conjunto formularon el Plan de Emergencia para Refugiados y Migrantes en Venezuela 2019. Entró así Venezuela por primera vez en el Plan Humanitario Global 2019 de OCHA	y otras agencias para ejecutar fondos del CERF muy insuficientes y de limitada efectividad para la escala de la emergencia. Ésta nunca ha sido reconocida por parte del gobierno y sus causas políticas, económicas e institucionales se han profundizado de manera sostenida, a pesar de que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobara una resolución, en septiembre de 2018, exhortando al gobierno a aceptar la asistencia humanitaria para hacer frente a la escasez de alimentos, medicamentos y suministros médicos, al aumento de la malnutrición y a los brotes de enfermedades, en un contexto de crisis política, económica, social y humanitaria que afecta gravemente los derechos humanos de la población venezolana. La resolución también exhortó al gobierno a cooperar con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para hacer seguimiento y preparar un informe exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, de acuerdo con su mandato de desempeñar un papel activo ante los obstáculos y desafíos para garantizar la realización de los derechos humanos y prevenir sus violaciones.	5. Dentro de las extremas adversidades producidas por la emergencia humanitaria compleja, es un derecho de la población venezolana el acceso a la cooperación y la asistencia humanitaria internacional, no sólo para atender las necesidades más urgentes, sino también para proporcionar espacios y capacidades de protección ante la ausencia de un Estado de Derecho, una generalizada privación y sistemáticas prácticas coercitivas. Naciones Unidas tiene un gran peso y liderazgo en las respuestas a las emergencias humanitarias complejas y todos sus funcionarios tienen responsabilidades con los derechos humanos tanto en roles de cooperación	como de asistencia humanitaria, así como con los principios de la Carta Humanitaria Internacional, estando en juego la dignidad, la vida, la libertad y la integridad de las personas como resultado de la manera en la que se conduzcan estas respuestas. En este sentido, la propia organización ha señalado, “las experiencias concretas han demostrado que el trabajo de las Naciones Unidas sobre el terreno tiene un impacto mucho mayor y un legado más poderoso y positivo en las vidas de las personas cuando cumple con los estándares establecidos en la Carta de la ONU. Las lecciones del campo también han demostrado que el incumplimiento de las responsabilidades de derechos humanos de la ONU puede amenazar gravemente las vidas y la legitimidad de la ONU”.	, permitiendo que esta comparecencia fuese interpretada y promovida por el propio gobierno como un respaldo político del Sistema de las Naciones Unidas a la legitimidad de dicho acto, seriamente cuestionado a nivel nacional e internacional por ser el resultado de un proceso electoral no realizado en los términos de la Constitución venezolana y el cual tampoco contó con las mínimas condiciones de unas elecciones libres y justas, tal como lo alertó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en comunicado del 9 de enero de 2019. Esta participación lesiona gravemente la confianza y credibilidad de la población venezolana y de las víctimas de violaciones de derechos humanos, pues asistir a dicho acto, no era indispensable ni elemento central del trabajo de las Naciones Unidas respecto del diálogo con las autoridades venezolanas sobre la cooperación y la asistencia prestada hasta ahora de manera restringida al país, además de no ser competencia del Secretario General de las Naciones Unidas “reconocer o desconocer a jefes de Estado”, como aclaró su portavoz a medios internacionales. Suma a estos hechos altamente controvertidos que los representantes de Naciones Unidas no estuvieran presentes en la invitación a la toma de posesión de la nueva directiva de la Asamblea Nacional, a pesar del papel constitucional que tiene el parlamento venezolano en la gestión de la ayuda internacional y en los convenios de cooperación que se firmen.	b) Seguidamente, el Coordinador Residente y los representantes de las agencias celebraron reunión el 12 de enero con el Sr. Nicolás Maduro y su gabinete, transmitida en vivo por los medios oficiales como acto de respaldo político del Sistema de las Naciones Unidas a la legitimidad de su gobierno. En esta reunión, si bien el Coordinador Residente abordó puntos de interés nacional para la agenda de cooperación y asistencia humanitaria en Venezuela, entre ellos la prioridad de los temas urgentes en salud, alimentación, ambiente y protección, el acceso a datos oficiales en todas las áreas económicas y sociales (los cuales tienen más de tres años sin publicarse), la cooperación con el Programa Mundial de Alimentación y la necesidad de trabajar con todos los sectores de la sociedad venezolana (sociedad civil, sectores políticos, empresarios y organizaciones laborales), también ofreció total apoyo al nuevo período de gestión presidencial en nombre del Sistema de las Naciones Unidas, sin recibir del Sr. Maduro reconocimiento a la importancia de ninguno de dichos puntos, ni tampoco admitir la existencia y gravedad de la situación humanitaria. El Sr. Maduro, en cambio, pidió a las Naciones Unidas ser apoyado en el Plan Vuelta a la Patria, con el cual se ha intentado desviar las circunstancias reales de la crisis de movilidad humana y la migración forzada en Venezuela, en aumento sostenido con 5.000 salidas diarias hasta diciembre de 2018 según ACNUR, cifras que el gobierno además ha negado. Igualmente, el Sr. Maduro pidió apoyo para una supuesta lucha contra la corrupción y para trabajar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, ambos temas en los que Venezuela presenta enormes retrocesos a causa de las políticas implementadas que el propio gobierno mantiene.	c) Igualmente preocupa que el Coordinador Residente y las agencias presentes en los actos mencionados además de afectar la credibilidad de la cooperación y la asistencia internacional de las Naciones Unidas, comprometieran también el trabajo de otros órganos que responden a mandatos independientes de protección de derechos humanos, como lo son las misiones oficiales al país aún sin fecha, de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por resolución del Consejo de Derechos Humanos, y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Al respecto, el Coordinador Residente propuso que aquellas no sólo debían servir para hacer evaluaciones, sino además para llegar a soluciones concretas, coincidiendo con el tratamiento que le dio el Sr. Maduro al objeto esperado de estas visitas, cuyo mandato es mucho más amplio e implica recabar la mayor cantidad de información, con total libertad de acción e independencia de criterio.	1. Cumplir y hacer valer los mandatos de la Carta de las Naciones Unidas y de los tratados internacionales en el ejercicio de las funciones de coordinación y de trabajo operativo que realizan las agencias de cooperación en Venezuela y, en la actual situación de emergencia humanitaria compleja, asumir los imperativos de no hacer daño y actuar con la prudencia y diligencia debida en resguardo de la protección de los derechos humanos de toda la población venezolana, en apego a los principios de imparcialidad, neutralidad y fines humanitarios, incluyendo abstenerse de consentir o colaborar con el uso de mecanismos, procedimientos o prácticas discrecionales, coercitivas o discriminatorias, tanto en las operaciones como en el desempeño de roles en los distintos campos de la cooperación y la asistencia humanitaria, conforme al marco normativo del derecho internacional.	2. Separar el trabajo de la cooperación y la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas de las funciones y gestiones diplomáticas o políticas que realice el Coordinador Residente, tomando en consideración las lecciones de experiencias negativas por el inadecuado comportamiento de funcionarios de las agencias en emergencias complejas, incluyendo las ocurridas en Venezuela, entre las cuales se encuentran la manipulación de cifras e informes por parte de agencias del sistema y de visitas oficiales de representantes de Procedimientos Especiales por invitación del gobierno venezolano, para intentar callar, desmoralizar y causar desasosiego a millones de personas afectadas.	3. Garantizar que las agencias calificadas y con mandato específico sean las que asuman el papel rector de la asistencia y la cooperación, y se instale el Mecanismo Humanitario de País para la coordinación de la ayuda, con amplia participación de todos los sectores de la sociedad venezolana, de todas las regiones del país, conforme a los mandatos humanitarios, y recibir directa y libremente denuncias y evidencias sobre la emergencia humanitaria y las violaciones de derechos humanos. Solo de esta forma pueden identificarse brechas, obstáculos y formas más apropiadas y efectivas para hacer llegar la asistencia a las poblaciones en riesgo y más vulnerables, así como monitorear y hacer seguimiento a su eficacia, con independencia de si la información es políticamente sensible o afecta intereses de gobierno.	El deterioro de las condiciones de vida de la población en Venezuela y la severidad y velocidad de los daños, son inocultables, y tendrán serias consecuencias para futuras generaciones de venezolanas y venezolanos. Las organizaciones de sociedad civil tenemos las capacidades y el compromiso para contribuir con la respuesta humanitaria que exige detener estos daños. Sin embargo, las agencias del Sistema de las Naciones Unidas tienen una responsabilidad esencial, ineludible, imperativa y urgente, de acción y de coordinación comprehensivas, que no puede estar supeditada a otros intereses que no sean los derechos humanos y la garantía de una vida digna de toda la población venezolana. Sin ello, no es posible hablar de Objetivos de Desarrollo Sostenible ni de otras agendas o planes de cooperación. Cada día que pasa, se pierden vidas y se sufren otros daños irreparables.