En el auto en el que aceptó su entrega, la Audiencia Nacional exponía los indicios que apuntan a que Carvajal habría mantenido una conducta continuada y organizada vinculada al tráfico de drogas durante 20 años, así como a la venta de armas a la guerrilla colombiana de las FARC a cambio de drogas y de protección armada a los cargamentos de cocaína.	Respecto a la posible motivación política en la reclamación de Carvajal, por la que en un principio se renunció a la entrega, el pleno destacaba que en función al convenio bilateral entre EE.UU. y España esta causa de denegación se reserva a la consideración del Gobierno, por lo que no correspondía a la sección tercera valorar esta circunstancia.	Los magistrados también rechazaron que los hechos que le imputan las autoridades estadounidenses sean abstractos pues a su juicio describen "la participación concreta del reclamado y otros miembros del cártel de los Soles en actividades de narcotráfico a gran escala en coordinación con las Farc durante un periodo de tiempo amplio de 20 años".