bajo un enfoque de seguridad nacional a través de prácticas y métodos prohibidos por el Derecho Internacional: la vigilancia masiva e indiscriminada de las comunicaciones, el procesamiento general de datos y la imposición de técnicas de filtrado, bloqueo y criminalización de contenidos críticos o de interés público. Los principales derechos comprometidos son la privacidad y la libertad de expresión.	Esta propuesta remite a la “ley contra el odio” en 4 artículos (11, 26, 35 y 46) para prohibir mensajes, pero plantea un propósito más amplio que la anterior normativa: “Desarrollar el Ciberespacio de la República Bolivariana de Venezuela, con el objeto de contribuir a crear las condiciones que garanticen la seguridad de la Nación”, según su artículo 1.	, usen o no Internet. El anteproyecto no regula un marco normativo sobre políticas y prácticas en estos supuestos. Las autoridades involucradas, métodos, procedimientos y garantías que legitiman la injerencia estatal o extranjera en la red son determinados discrecionalmente por el Estado. Lo único claro es la potestad de intervenir en “hechos que tengan efectos en Venezuela”, por lo que las personas pudieran ser objeto de formas de vigilancia, interceptación o restricciones en sus comunicaciones y datos, con uso de intermediarios, sin ni siquiera preverlo. No se trata de insuficiencias regulatorias,