Hace un año, el 15 de enero de 2018, un operativo policial-militar realizado en la carretera Mamera – El Junquito, al oeste de Caracas, acabó con la vida del piloto Oscar Pérez y sus seis acompañantes, quienes huían de las autoridades luego de realizar varias operaciones y pronunciamientos contra el gobierno de Nicolás Maduro. Rodeados por cientos de policías y militares, los rebeldes manifestaron públicamente su intención de entregarse a las autoridades y el temor ante el inminente riesgo para sus vidas e integridad. En el procedimiento, las autoridades no agotaron la vía de la resolución pacífica y horas después de iniciada la “Operación Gedeón”, el ex ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informaba la muerte de Pérez, sus acompañantes, y un funcionario policial que participaba en el operativo y que presuntamente había sido abatido por los alzados. Tanquetas, lanza-cohetes y un enorme poder de fuego empleado por los agentes de la fuerza pública, propiciaron el desenlace violento de los hechos y la muerte de 8 venezolanos.	A la cabeza del operativo, un cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana se consolidaba ante la opinión pública como un nuevo escuadrón de la muerte, e inauguraba al gobierno de Maduro en los registros históricos de las masacres ocurridas en el país por motivaciones políticas. En un excesivo despliegue de fuerza y abusos, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) aplastaron a los rebeldes y dejaron claro que la dictadura de Maduro había perdido todo rastro de pudor y estaba dispuesta a silenciar, a sangre y fuego, cualquier expresión de descontento que amenazara a quienes detentan el poder.	“Tienen el entrenamiento para defender y proteger al pueblo frente al crimen y frente a las bandas terroristas alentadas por la derecha criminal y terrorista que ha pretendido durante más de 100 días hacer de nuestro país un escenario de guerra para justificar la intervención imperialista extranjera. No han podido ni podrán. En Venezuela vencerá la paz, vencerá el pueblo unido. Activada las Fuerzas de Acciones Especiales”	Un grupo de 80 agentes inició la primera fase de conformación y adiestramiento de las FAES, meses antes de su presentación pública. Para julio de 2017, la plantilla había aumentado a 641 agentes concentrados en Distrito Capital, Miranda y Aragua. Un año después, en julio de 2018, las FAES contaban con 1.290 agentes que integraban seis divisiones: Antidrogas, Contra la Delincuencia Organizada, Respuesta Inmediata, Contra Delitos Económicos, Casos Especiales y Brigada Canina. Para esa misma fecha, se anunciaba la expansión del componente a los estados Guárico; Lara; Táchira y Zulia. A un año de su creación las FAES ya eran señaladas de ser responsables de varias masacres en la Cota 905; Lomas de Urdaneta y la masacre ocurrida en el Centro de Detención Judicial Preventiva del estado Amazonas (CDJA) el 16 de agosto de 2017, en la que 39 privados de libertad fueron asesinados.	De acuerdo a los registros levantados por Provea, las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB fueron responsables del asesinato de al menos 205 venezolanos entre los meses de enero y diciembre de 2018. Las FAES iniciaron el período con una masacre pública difundida por las redes sociales. En adelante, numerosos operativos que involucraron a la agrupación dejaron decenas de asesinados y mostraron su desapego a los estándares que regulan los principios sobre uso progresivo y diferenciado de la fuerza, y la recurrente práctica de ejecuciones extrajudiciales presentadas ante la opinión pública como “muertes por enfrentamiento”.	Entre cinco y nueve personas asesinadas por operativo es el penoso promedio que arrojan las actuaciones de las FAES en las comunidades populares donde se presenta. Provea logró individualizar a estas 205 personas asesinadas durante 2018, quienes en su mayoría eran hombres (97,56%), cuyas edades oscilaban entre los 12 y los 49 años. A excepción de las masacres ocurridas en El Junquito (15.01.2018); Fuerte Tiuna (08.09.2018) y Torre Viasa (12.11.2018); la mayoría de las masacres de las FAES, registradas por Provea, se produjeron en barrios y zonas empobrecidas de Caracas y otras ciudades del país, revelando que las principales víctimas de este escuadrón de la muerte son hombres jóvenes y pobres.	Los asesinatos registrados por Provea se produjeron en los estados Lara (72); Distrito Capital (64); Zulia (25) Guárico (22); Miranda (8) Aragua (7); Carabobo (3); Táchira (2); Vargas (1); Yaracuy (1). Provea admite que sus registros probablemente no revelen la totalidad de los casos ocurridos. Debido a factores como la opacidad oficial, las dificultades para el monitoreo derivadas de la disminución de prensa independiente y el temor de los familiares de las víctimas para denunciar los abusos, la data pudiera estar sujeta a un sub-registro, lo que indica que pudo haber ocurrido un número aún mayor de asesinatos a manos de las FAES en el período analizado. En días recientes la Red de Derechos Humanos del estado Lara denunció que entre los meses de agosto de 2018 y enero de 2019, las FAES habrían asesinado a más de 100 jóvenes en zonas populares de la entidad, en situaciones presentadas como “muertes por enfrentamiento” o “resistencia a la autoridad”.	En Lara, la entidad más golpeada por la actuación de las FAES, destaca la comunidad de Las Sábilas como la zona con el mayor número de muertes. En una masacre por goteo realizada por el grupo entre el 08 y el 11 de septiembre de 2018, doce hombres con edades comprendidas entre los 18 y 49 años, fueron asesinados en supuestos enfrentamientos en los que ningún funcionario policial resultó herido. En Distrito Capital, la segunda entidad más afectada por la letalidad de las FAES, figuran El Valle; 23 de Enero y la Torre Viasa en Bellas Artes, con los mayores registros de muertes a manos del escuadrón.	Septiembre (46 casos); octubre (20 casos) y noviembre (51 casos), concentran el mayor número de muertes registradas en el período. La ampliación de las FAES, en número de efectivos y en ámbito de actuación geográfica, supuso un incremento en su letalidad a partir del mes de julio con un acentuado aumento entre septiembre y noviembre de 2018.	En 2016, un año antes de la creación de las FAES, durante un acto de juramentación de la II Promoción de efectivos del “Comando Antiterrorista” del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), realizado el 25 de agosto en Barlovento, estado Miranda, Nicolás Maduro extendió una felicitación vía telefónica a los graduandos, en la que alentó abiertamente a la comisión de abusos y ejecuciones policiales por parte de los funcionarios del referido cuerpo policial.	“Vayan desde ya a obtener victorias… en Venezuela el terrorismo tiene nombre y apellido, son estos grupos parásitos, vende patria de la derecha… que se han aliado con las bandas criminales de asesinos y secuestradores y poniéndole mucha plata y droga han puesto a estas bandas como instrumentos de la violencia, primero delincuencial, pero también de la violencia terrorista”	consolidó la “legalidad” alterna a la Constitución y la legislación vigente, que justifica la actuación de las FAES y otros componentes élite del aparato represivo estatal. Coincidiendo con la finalización del ciclo de protestas de 2017 y la imposición de la inconstitucional asamblea nacional constituyente, la declaratoria de “Emergencia” generó un aumento en la frecuencia, intensidad y letalidad de los operativos de las FAES. Bajo la justificación de la lucha contra el “terrorismo”; el “paramilitarismo” y la “desestabilización” del país, la dictadura alentó la comisión de cientos de abusos por parte de los miembros del escuadrón.	En Venezuela, junto a la pobreza, la impunidad es la mayor violación de derechos humanos. Provea ha afirmado numerosas veces que la impunidad en Venezuela es estructural. La propia Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz ha reconocido que la cifra de impunidad en materia de delitos comunes alcanza el 92% de los casos y en violaciones de derechos humanos, se sitúa en 98%. El irregular funcionamiento del Sistema de Administración de Justicia y el copamiento de la institucionalidad por parte del Poder Ejecutivo, garantizan impunidad para la mayoría de los delitos y violaciones de derechos humanos. De esta manera se generan condiciones favorables para la ocurrencia de abusos, los cuales no son sancionados. Esta situación afecta especialmente a los más pobres.	En noviembre de 2017, durante la interposición de la denuncia contra Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol, Gustavo González López y Antonio Benavides Torres, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta comisión de delitos de Lesa Humanidad, la Fiscal General de la República afirmó que de acuerdo a la data levantada por el Ministerio Público venezolano, 8.291 personas habrían sido asesinadas por agentes de la fuerza pública entre enero de 2015 y junio de 2017. La Fiscal detalló que en 2015 habrían sido asesinadas 1.777 personas por funcionarios militares y policiales, en 2016 el número de asesinatos ascendió a 4.667 personas, y hasta junio de 2017 unas 1.847 personas habrían sido asesinadas por agentes de la fuerza pública, según dijo la Fiscal en el marco de “un plan que persigue el gobierno de limpieza social”. De acuerdo a la data levantada por Provea en su Informe Anual 2017, unas 397 personas fueron víctimas de violaciones al derecho a la vida, lo que se suma a la cifra presentada por la Fiscal General correspondiente a los meses enero-junio de 2017.	En julio de 2018 el Ministerio Público -bajo el control del fiscal de la dictadura, Tarek William Saab-, informó que 87 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB estaban siendo investigados por su participación en presuntos hechos delictivos. No se informó detalladamente las causas seguidas contra estos funcionarios y no se aclaró si se trataba de investigaciones relacionadas con la comisión de delitos comunes o delitos contra los derechos humanos. Al día de hoy, se desconoce el resultado de estos procedimientos y no se tiene conocimiento de alguna otra investigación vinculada con las decenas de denuncias que se generan a diario debido a la actuación de las FAES.	Toda la cadena de mando de las FAES debe ser investigada y sancionada por los numerosos abusos contra los derechos humanos cometidos por este escuadrón de la muerte. Ello incluye a Nicolás Maduro y los funcionarios de su gobierno de facto involucrados con la dirección de la Policía Nacional Bolivariana. Néstor Reverol, quien detenta el control del ministerio de interiores, justicia y paz; el G/B (GNB) Alfredo Pérez Ampueda, director de la PNB; y el Teniente Coronel (GNB) Rafael Bastardo, figuran, junto a Maduro, como las cabezas en la estructura de mando de las FAES, y son ellos quienes deberán responder ante la justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas por esta agrupación. Provea recuerda que a pesar de la existencia de un gobierno de facto en el país, ello no exime de responsabilidad a los funcionarios que en usurpación de funciones y en ejercicio del poder, cometan o alienten abusos contra los derechos humanos.	Como sustitutos de los impopulares “Operativos de Liberación del Pueblo ” y su fracasada re-edición “Operativos de Liberación Humanista del Pueblo”, los procedimientos de las FAES intentan contener -a fuerza de terror y abusos-, el descontento de un actor clave en la cambiante dinámica de la conflictividad en Venezuela: los más pobres.	Finalizado el ciclo de protestas de 2017, las comunidades populares del país y los trabajadores, pasaron a ser protagonistas de la conflictividad social y de las demandas por derechos sociales. La agudización de la crisis social y económica y un escenario de emergencia humanitaria compleja, generaron la movilización de los más afectados por la crisis y la indolencia del poder. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró la cifra récord de 12.700 protestas durante 2018. La mayoría de estas manifestaciones se produjeron en demanda de derechos sociales y ante la precarización de los servicios públicos.	Desde que inició el reciente ciclo de protestas por el retorno a la democracia, las zonas populares han sido actores estelares en la conflictividad. Las protestas registradas en la populosa y emblemática comunidad de Cotiza, al norte de Caracas, irradiaron al resto de las zonas populares de la ciudad, que en la noche del 21 de enero iniciaron una revuelta contra el hambre, la precarización de los servicios públicos, y los reiterados abusos policiales que suceden a diario en los barrios. Antiguos bastiones del Partido Socialista Unido de Venezuela y del proyecto político bolivariano, se han convertido en el epicentro de la nueva rebelión. La respuesta de la dictadura ha sido particularmente violenta contra quienes protagonizan las protestas de 2019. El significado histórico que ha tenido para la dictadura la pérdida total del apoyo popular, ha traído consigo el ascenso del terrorismo de Estado y los mecanismos de castigo contra los habitantes de las comunidades más pobres.	Entre el 21 y el 25 de enero, Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registran al menos 8 casos de ciudadanos que participaron en protestas y que fueron ejecutados por agentes de las FAES, luego de encontrarse bajo custodia policial. Estas personas fueron detenidas arbitrariamente durante la realización de operativos de las FAES en comunidades donde se han desarrollado manifestaciones antigubernamentales. La actuación incluye allanamientos ilegales; injerencias indebidas en el núcleo familiar; destrozos y hurto de propiedad privada y el empleo de listas de personas -suministradas por las instancias político-organizativas vinculadas al aparato represivo estatal-, para realizar arrestos selectivos contra quienes participaron en las protestas.	Las FAES se han convertido en el brazo ejecutor del terrorismo de Estado. En un vídeo divulgado el pasado 22 de enero, el comandante del escuadrón, Rafael Bastardo, dijo a sus subordinados que la neutralidad es el “primer paso a la traición”, en una clara arenga al empleo de la fuerza contra las protestas, en la víspera de la histórica movilización del 23 de enero.	En al menos tres de los asesinatos ocurridos en medio de las protestas, es clara la responsabilidad de agentes de las FAES. Una de las víctimas fue Frank Correa (25), asesinado por miembros de las FAES la madrugada del jueves 24 de enero, mientras participaba en una manifestación en las residencias Hornos de Cal, en la Parroquia San Agustín de Caracas.	Otro de los asesinados por las FAES durante las recientes protestas fue Alixon Pizani (19). El joven murió luego de recibir un disparo mientras participaba en una protesta en la avenida Sucre, en Catia, en el oeste de Caracas. Sus familiares responsabilizan a miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales de la PNB, y denunciaron amenazas y hostigamiento por parte de agentes del organismo para impedir que el caso fuera visibilizado ante la opinión pública y organismos de derechos humanos.	La extinción del Estado de Derecho mediante la ampliación de un cerco jurídico que restringe los derechos de manifestación, asociación y libre expresión; la respuesta cada vez más autoritaria a la conflictividad social mediante la criminalización y represión a manifestantes y disidentes políticos; y la abolición de la Constitución Nacional mediante la construcción de una “legalidad” e “institucionalidad” alterna, han allanado el camino para que la dictadura aplique más fuerza para someter al pueblo a condiciones dramáticas de subsistencia.	La dictadura refuerza la respuesta represiva frente a las demandas ciudadanas y el descontento popular producto del hambre, el crecimiento de la pobreza y la indolencia gubernamental. Los llamados “planes especiales de seguridad pública” ejecutados por Maduro, han significado el aumento de los atropellos contra la población como los ocurridos durante la ejecución del OLP, el aplastamiento de la protesta social en 2014 y 2017, el secuestro y la tortura de centenares de opositores políticos, y las más recientes e institucionalizadas masacres cometidas a diario por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.