Las marchas, que comenzaron la semana pasada inspiradas en las de otros países de la región, rechazan las políticas sociales y económicas del presidente Iván Duque, que según los manifestantes prepara un recorte al salario mínimo para los jóvenes y un aumento a la edad de jubilación, planes que el mandatario ha negado.	La agitación social llevó a Duque a incluir dentro del proyecto tributario la devolución del impuesto sobre las ventas o IVA a las familias más pobres, la reducción del aporte a la salud que hacen los pensionados con un salario mínimo, así como incentivos a empresas que generen empleo para los jóvenes, medidas que costarán cerca de 930 millones de dólares.	La legisladora Katherine Miranda, del Partido Verde e integrante de la comisión económica de la Cámara de Representantes, dijo a Reuters que se debería reevaluar la actual reforma tributaria y aseguró que “la oposición ha pedido al ministro de Hacienda que demore la votación e incorpore las propuestas que la gente, los ciudadanos de la calle, han hecho”.	Días antes de las protestas, la agencia de riesgos Fitch mantuvo el panorama de la calificación crediticia de Colombia en negativo, al considerar que siguen los riesgos sobre la consolidación fiscal, la trayectoria de la deuda gubernamental, el incremento de las vulnerabilidades externas, así como por el “poco apetito político” para la reforma fiscal.	“El momento político no es muy apropiado para impulsar ese tipo de reformas, como en general bajarles impuestos a las empresas, porque eso en la cabeza de la gente es una forma de ayudar a los ricos”, opinó Marc Hofstetter, analista y profesor de Economía de la Universidad de los Andes en Bogotá.	“El riesgo es que esto se vuelva una protesta permanente, un poco lo que le pasó a Chile, ciertamente con consecuencias sobre la actividad económica, el empleo y los ingresos de la gente del común”, alertó Hofstetter. “Poner un plazo hasta marzo es un poco una invitación a seguir en la calle por cuatro meses”.