(Caracas, 11 de noviembre de 2019). Suramérica ha sido escenario, en los últimos meses, de tres procesos intensos de protesta popular. Empezó en Ecuador contra medidas económicas impuestas de manera unilateral por el presidente Lenín Moreno, que afectaban negativamente los derechos sociales de la población. Tras dos semanas de amplias movilizaciones el gobierno se vio obligado a convocar una mesa de diálogo con las organizaciones sociales, mecanismo que culminó con la decisión de revertir las medidas tomadas y elaborar un decreto consensuado entre las partes.	En un segundo conflicto el gobierno de Chile decidió aumentar el pasaje en el metro y transporte urbano, así como otros servicios. La respuesta a dicha medida la dio inicialmente el movimiento estudiantil, pero se amplió rápidamente a otros sectores sociales extendiéndose por todo el país, reflejando un malestar social acumulado. La contundencia de la respuesta obligó al presidente Piñera a revertir las medidas, logrando con ello el movimiento social una primera victoria. El pueblo continuó movilizado exigiendo, además de la derogación de las medidas, la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La demanda fue respondida positivamente por el gobierno del país, quien anunció la próxima convocatoria a un Congreso Constituyente, que redacte una nueva Carta Magna que sustituya el texto constitucional de tiempos del dictador Augusto Pinochet.	El 20 de octubre se realizaron elecciones, donde el presidente Evo Morales fue candidato a pesar que, en un referendo convocado en 2016, se rechazó mayoritariamente esa posibilidad. Aún cuando fue derrotado por la voluntad popular, el presidente usó el máximo tribunal de justicia del país para poder ser elegido para un tercer período, lo cual estaba negado en la Carta Magna. Las elecciones presidenciales produjeron tal nivel de irregularidades que el pueblo que votó al candidato opositor inició un ciclo de movilizaciones denunciando fraude.  Las anomalías fueron confirmadas por una Comisión Técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) que recomendó la convocatoria a nuevos sufragios, lo cual fue acatado por el presidente Morales. La confirmación de los mecanismos fraudulentos en el proceso de votación motivó a los sectores sociales movilizados a exigir la renuncia del presidente, demanda que fue secundada por diferentes gremios como la Confederación Obrera Boliviana (COB), líderes indígenas, la propia Defensoría del Pueblo y autoridades regionales del MAS. Ello fue acompañado con la insubordinación de componentes de la policía que se negaron a reprimir a la población y de la Fuerza Armada que recomendó también la renuncia del presidente. La decisión de apartarse de la presidencia se hizo efectiva, finalmente, el domingo 10 de noviembre. Los sectores que denunciaron el fraude electoral lograron que el proceso culminara de manera victoriosa y de manera mayoritariamente pacífica.  Queda a las instituciones bolivianas garantizar la convocatoria a un próximo proceso electoral libre, creíble e incluyente, que permita además la participación de los sectores políticos que acompañaron al gobierno de Morales.	Algunos voceros han descalificado las protestas de los sectores políticos de los cuales no son afines presentándolas como mayoritariamente violentas. Según las organizaciones de derechos humanos en el terreno, el vandalismo fue promovido por grupos minoritarios, causando daños a propiedades públicas y privadas, hechos sobredimensionados por la cobertura informativa. Algo similar a lo ocurrido en Venezuela con ciclos de protestas mayoritariamente pacíficas que desde el poder han querido presentar como violentas por algunos incidentes que no representan al todo.	Desde Provea reivindicamos el derecho a la protesta pacífica como forma de interpelar a los gobernantes, un mecanismo histórico del movimiento popular latinoamericano para exigir y defender derechos. Condenamos la criminalización contra quienes ejercen sus derechos a la huelga, movilización y concentración. La represión a la protesta pacífica es condenable cualquiera sea el gobierno que la ejecute. Seguiremos insistiendo que no hay represión buena y mala, ni violaciones a los derechos humanos buenas y malas. Todos los actos arbitrarios del Estado deben ser condenados. Los funcionarios que recurren al uso excesivo de la fuerza deben ser investigados y llevados ante la justicia. Y quienes cometan actos de violencia no están amparados por las garantías del derecho a la manifestación pacífica.	En los tres países donde se han desarrollado protestas, sus gobiernos optaron por retroceder ante la presión popular. En contravía el gobierno venezolano se ha caracterizado por no escuchar los reclamos de la población. Por el contrario, ha preferido desplegar toda su capacidad represiva causando a partir del año 2013 más de 300 muertos y llevando a juicio a miles de manifestantes, algunos de ellos bajo la justicia militar. Maduro y su cúpula gobernante, se han empeñado en mantenerse en el poder y persistir en sus políticas antipopulares, a costa del sufrimiento de las mayorías.	El próximo 16 de noviembre diferentes fuerzas políticas y sociales en Venezuela han promovido la convocatoria a manifestaciones en distintas partes del país. Llamamos a la comunidad internacional a estar atentas ante la respuesta a la movilización que adopte el gobierno de facto y exigir temprano el respeto al derecho a la manifestación pacífica de los venezolanos. Finalmente instamos a las personas que deseen ejercer su derecho a la protesta ese día para que lo realicen de manera pacífica, rechazando cualquier provocación a la violencia.