Tras 40 días de fuerte represión policial a manifestantes y más de 11 mil 500 heridos, el gobierno de Chile admitió a regañadientes la violación de derechos humanos y consideró necesaria una ‘reforma’ de Carabineros. Desde que comenzó la revuelta social el 18 de octubre último, organismos nacionales de derechos humanos, personalidades internacionales como la premio Nobel Rigoberta Menchú, académicos, políticos y el clamor popular, denunciaron esas violaciones a las cuales el gobierno respondió con evasivas de que algo así estuviera ocurriendo.Pero finalmente no quedó al parecer otra alternativa que admitir lo evidente, luego que la organización Human Rights Watch, invitada por el propio presidente Sebastián Piñera, emitiera un apabullante informe dando cuenta de ‘graves violaciones’ a los derechos humanos, refiere Prensa Latina. La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, tratando de endulzar la píldora, dijo que el gobierno recibió ‘con dolor’ los datos sobre graves vulneraciones a los derechos de las personas, ‘incluyendo denuncias de abusos, malos tratos y violencia sexual’.Asimismo expresó que seguirán revisando las recomendaciones hechas por los observadores internacionales y señaló como medida concreta la instrucción dada al director de Carabineros, general Mario Rozas, para revisar las actuaciones que se alejen de lo establecido y que significan cuestionamientos y denuncias.Para ello, el general Rozas deberá presentar una serie de propuestas en el plazo de una semana, mientras que el Ministerio del Interior creará un grupo para que con ‘urgencia’ proponga medidas de corto y mediano plazo para la agenda de modernización de Carabineros.Por su parte, el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, dijo una vez más que hay situaciones graves que podrían constituir violaciones de derechos humanos que tienen que ser investigadas, revisadas y sancionadas en el caso de ser ciertas’.No obstante, admitió que ‘hay muchísimas situaciones que vamos a tener que abordar con mucha fuerza en los próximos días’.Pero la tendencia a minimizar la gravedad de las denuncias sobre la violencia desplegada por agentes del Estado, en especial Carabineros, sigue presente. De ello dio cuenta la coronel Karina Soza, directora suplente de la Dirección de derechos Humanos de Carabineros, quien en una declaración de esa institución señaló ‘que se pueden haber cometido errores, que son materia de investigación’. Desde sectores políticos y el movimiento social, el reclamo, en cambio, va más allá de ‘reformar’ el cuerpo de Carabineros y se exige justicia y reparación a las víctimas.Entre otras muchas voces, la diputada Karol Cariola, del Partido Comunista, consideró que el presidente Sebastián Piñera debería pedirle la renuncia a Rozas inmediatamente.Pero advirtió que hay medidas del mandatario que van en la dirección contraria, como la de presentar al congreso un proyecto de ley para permitir que el ejército ‘colabore’ con el personal de carabineros en la custodia de instalaciones estratégicas. Sin embargo, no solo Rozas está en la mira, sino también el mandatario, porque todas las denuncias sobre violaciones refuerzan directamente la acusación constitucional que analiza una comisión de la Cámara de diputados contra Piñera, precisamente como máximo responsable de la represión desatada desde el 18 de octubre.