El texto alerta además que la conducta violatoria del derecho internacional no es nueva, y por el contrario, “desde el año 2002 las administraciones estadounidenses se han dedicado a promover, apoyar y financiar acciones violentas, con el objetivo de generar un cambio de régimen por la fuerza, que les permita recuperar el control sobre los recursos energéticos y minerales que le pertenecen exclusivamente al Pueblo de Venezuela y truncar así la marcha de la Revolución Bolivariana”.