Hasta ahora, en el debate nacional los cambios políticos constituyen una condición  para los cambios económicos que el país necesita. Pero en un año de cruciales elecciones parlamentarias, la secuencia es al revés: la probabilidad de un cambio económico crece con el escenario político-electoral del 2020. El oficialismo está determinado a cosechar electoralmente la impresión de mejoría económica que se está sintiendo en el país y con ese fin flexibilizará aún más los controles de cambio y de precios, y abrirá la economía a la inversión privada nacional y extranjera.	Con la eliminación del arancel de aduanas prácticamente ha liberado el comercio exterior. Ante la pulverización de la moneda nacional ha dejado que avance la dolarización para no trancar las transacciones de compra-venta por falta de bolívares. En este nuevo ambiente, el comercio refleja síntomas de mejoría y, de continuar la apertura y liberalización, es bastante probable que en el 2020 la economía venezolana se estabilice y comience a crecer.	Para continuar con la dolarización, seguramente el gobierno autorizará la apertura de cuentas en divisas en la banca nacional para que se puedan hacer a través de ella los pagos por transferencias que actualmente se hacen a través de cuentas en el exterior. Así se logrará que más divisas entren a la circulación nacional, en vez de pasar de una cuenta a otra en el sistema bancario internacional.	Una vez indexados los créditos comerciales a la evolución de la tasa de cambio oficial, el próximo paso será autorizar el otorgamiento de créditos en divisas, incluyendo las tarjetas de crédito. La libre circulación de divisas en el sistema bancario nacional permitirá a los residentes en Venezuela recibir depósitos, hacer transferencias, emitir cheques, hacer retiros por cajeros automáticos.	El gobierno de Maduro quiere aprovechar la capacidad de lobby de las grandes compañías petroleras para flexibilizar las sanciones en contra de Pdvsa y así levantar la extracción de crudos. Los incentivos que ofrezca a los inversionistas extranjeros pueden traducirse en una creciente presión sobre la Administración Trump para que flexibilice y modere las sanciones financieras y comerciales.	Para aliviar el peso de la deuda pública, el gobierno puede estimular la conversión de deuda en inversión, entregando como parte de pago un porcentaje de las acciones que posee en empresas mixtas y públicas que serían gestionadas por el inversionista privado. A través de la Ley de Concesiones, también puede ceder a la inversión privada la operación de hoteles, puertos, aeropuertos, autopistas, etc.	En 2020, Venezuela puede entrar en un proceso de chinización de la economía en la que un gobierno que ratifica su carácter socialista, estimula la inversión privada con incentivos tributarios, cambiarios, arancelarios y de otra índole que contribuyan a la reactivación económica, la generación de nuevas fuentes de empleo e ingresos en divisas para el país. Esto ampliaría los espacios para una economía de mercado en la que se respetan los derechos de propiedad y las ganancias empresariales	Operar adecuadamente los campos petroleros exige mucha eficiencia a la hora de tomar decisiones de exploración, perforación y extracción que exigen contratar proveedores, adquirir equipos, construir obras. Estas se ven obstaculizadas por el entramado de controles que rige a las empresas públicas, los cuales se convierten en un caldo de cultivo para el tráfico de influencias y la corrupción. Al no contar con el personal calificado, asuntos clave quedan en manos inexpertas que toman decisiones equivocadas y afectan la buena marcha de la industria petrolera.	Por si fuera poco, debido a las sanciones, estas operaciones de compra de bienes y contratación de obras se complican todavía más. Un margen de maniobra para sortear tales obstáculos sería transferir el manejo de estas operaciones al socio privado, pero este tendría que ser el accionista mayoritario. En un contexto en el que las cuentas de Pdvsa están muy restringidas por las sanciones, al reducir la participación estatal, el socio privado tendría mayor flexibilidad para movilizar recursos en la banca internacional.	Por esta razón, el gobierno evalúa la conveniencia y viabilidad de adelantar una reforma del marco legal y regulatorio. Algunas propuestas se enfocan en reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos para permitir la participación mayoritaria del inversionista privado, mientras que para otras basta con modificar los términos y condiciones de los contratos de las empresas mixtas para eliminar la cláusula que impide a Pdvsa “transferir su función como operador” de las áreas petroleras. El quid de la cuestión está en que los inversionistas exigen aprobar los contratos en la AN y no en la ANC, lo cual es una presión adicional para  levantar la condición de desacato en la que se mantiene al parlamento venezolano.	En este contexto, hay un escenario favorable al logro de acuerdos políticos que refuercen el lobby internacional para flexibilizar las sanciones que pesan sobre Pdvsa. En el oficialismo hay viento a favor de esta apertura y liberalización. La motivación es que a finales de 2020 -justo en la antesala de las elecciones parlamentarias-, la recuperación de la producción petrolera, la reactivación económica, la superación de la escasez, la impresión de abundancia y el control de la hiperinflación sean las mejores credenciales de los candidatos oficialistas para aumentar su probabilidad de ganar la diputación en sus respectivos circuitos y así llevar al Gobierno a recuperar el control de la Asamblea Nacional.	Con una oposición desgastada y dividida por sus pugnas internas, cualquier espejismo de mejoría económica puede contribuir a aumentar la opción de los candidatos oficialistas para que Maduro recupere el control del Poder Legislativo. Esto sería el fin de Juan Guaidó como Presidente de la AN y de la estrategia que lo llevó a la Presidencia interina con el reconocimiento de más de 50 países. Sin lugar a dudas, un poderoso incentivo para que el gobierno de Maduro profundice la liberalización y apertura de la industria petrolera y de la economía nacional.