La lapidaria sentencia pronunciada por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en rueda de prensa ofrecida el pasado lunes 17, puede definir con total precisión la situación actual de la dirigencia opositora venezolana, luego de estallar en sus filas un nuevo escándalo de corrupción protagonizado por dos allegados del autoproclamado con fondos supuestamente destinados a “ayuda humanitaria” para militares desertores venezolanos instalados en la fronteriza población colombiana de Cúcuta.	La olla podrida no fue destapada precisamente por un medio chavista, sino por uno de los integrantes de la mediática internacional cartelizada en función de conspirar y atacar desde ese frente contra los gobiernos del comandante Hugo Chávez Frías, primero, y luego del actual presidente legítimo y constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros.	Se trata del PanAm Post, cuyo editor en jefe, Orlando Avendaño, en un trabajo publicado el pasado viernes 14, puso al descubierto toda una trama de corruptelas protagonizada fundamentalmente por dos personas de absoluta confianza del autojuramentado, Rossana Barrera y Kevin Rojas -“ladrones de confianza”, los calificó el ministro de Comunicación e Información-, quienes se apropiaron de miles de dólares destinados a la “atención” de quienes optaron por traicionar su juramento a la patria, para colocarse al servicio de aquellos que pretenden entregarla a poderes imperiales.	Tras quedar al desnudo esta nueva pieza del andamiaje de corrupción sobre el cual se sostiene la oposición venezolana, el presidente legítimo y constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, fue contundente: “Tomen nota en Washington. ¿Ayuda humanitaria? Desde la oposición se robaron toda la plata de la ayuda humanitaria, se robaron entre ellos millones de dólares. Es un grave error que el imperio desestabilice a la región, ya se acabaron los tiempos de golpes de Estado”, sentenció en el Palacio de Miraflores.	“Es escabrosa la corrupción que hay en los jefes de la oposición golpista que tanto daño ha hecho y han pretendido hacer a nuestro país. Cuánto daño, cuánta guerra y no han podido con nosotros (…) Mientras gobernamos todos los días, ellos andaban en sus ‘marramucias’, en su corruptela. No es nueva la corrupción en los actores de la oposición, lo que es nuevo es la vulgaridad con que se están repartiendo el dinero y la riqueza. Se burlaron del Gobierno de Estados Unidos”.	El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, por su parte, también en rueda de periodistas efectuada este lunes 17, recalcó que el autoproclamado “…se robó tres millones de dólares recaudados en el concierto Venezuela Aid Live, el concierto que formó parte del intento de invadir a nuestro país bajo la farsa de la ‘ayuda humanitaria’ el pasado 23 de febrero. Dejaron a todos los trabajadores sin paga”.	Rodríguez añadió que en esa oportunidad nada más en alquiler de aviones privados para trasladarse a Cúcuta la dirigencia opositora se gastó nada más y nada menos que 800 mil dólares y que en el incidente con unas prostitutas protagonizado por el diputado Freddy Superlano, en el cual falleció uno de sus colaboradores, le fueron sustraídos 250 mil dólares.	“Los ladrones de confianza de Guaidó son Rossana (Barrera) y Kevin (Rojas). Ellos sabían que esto estaba ocurriendo desde hace tres meses. La señora Rosanna Barrera hacía pasar personas con antecedentes penales como militares desertores para obtener fondos. Queda claro que la intención de ellos no era buscar ninguna ayuda humanitaria”, enfatizó.	En la misma rueda de periodistas, el titular de la cartera de Comunicación e Información recordó que en marzo pasado el Gobierno denunció una «gigantesca trama de corrupción» con dinero enviado a Cúcuta para contratar a mercenarios colombianos y centroamericanos con fines desestabilizadores en nuestro país, que en función de ello atentarían contra líderes políticos, militares y magistrados venezolanos.	Esta señora, según el editor de PanAm Post, “… se encargó del manejo de fondos para el pago de la estadía de los militares. Las alarmas se encendieron cuando, según me dijo un funcionario de la inteligencia colombiana, Barrera y Rojas empezaron a llevar una vida que no se correspondía con quienes eran”, gastaban miles de dólares por noche en discotecas, licores, comidas, lujosas tiendas de ropa, alquiler de vehículos “… y pagos en hoteles a sobreprecio. Plata que fluía. Mucha plata”.	La mencionada dama, de acuerdo con el editor, “…empezó a desarrollar todo un entramado para malversar fondos relacionados a la ayuda humanitaria y la manutención de los militares en Cúcuta. Según me confirmaron tres fuentes diferentes, Barrera reportaba a Caracas el pago de los siete hoteles en los que se estaban alojando los uniformados y sus familiares. Caracas desembolsaba los fondos, sin embargo, a Venezuela, subrayó, solo le correspondían dos hoteles.	“… Además, ella y Rojas alteraron la cifra de militares desertores en Colombia a 1.450, cuando en realidad, de acuerdo con las cifras del Gobierno de ese país, no pasan de 700. También trataron de organizar una cena para ‘recaudar fondos” destinados a los desertores en un lujoso restaurant bogotano, que finalmente se frustró.	Como si faltara algo más de sal a la herida, Orlando Avendaño añade que Barrera y Rojas “…también compartían obligación con todos aquellos que se debían encargar del manejo de las toneladas de ayuda humanitaria estacionada en Cúcuta y donada por varios países. Un nombre clave es el de Miguel Sabal, el designado por el Gobierno de Juan Guaidó para manejar todo lo relacionado a Usaid”.	De tal magnitud ha sido el escándalo que hasta un sujeto de inexistente moral y ética como Luis Almagro exigió una investigación y un terrorista protegido por el Gobierno estadounidense, José Colina, presidente del autodenominado Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, preguntó en una carta abierta “…cómo es posible que sea ahora que se esté pidiendo una investigación clara y transparente de los presuntos hechos de corrupción, cuando se han podido evitar con una gerencia de control y seguimiento que se debió haber implementado».	Mientras tanto, como es su costumbre, el títere de la Casa Blanca optó por huir hacia adelante al declarar que el dinero malversado provendría de “fondos privados”, pues “nosotros no manejamos recursos del Estado”, lo cual confirma que no ejerce la Presidencia de la República, pese a su autoproclamación, pero sí tiene acceso a dineros públicos, pues no debemos olvidar que de la mano de los genocidas de Washington se apoderaron arbitraria e ilegalmente de Citgo, en la cual, por cierto, él y sus cómplices están involucrados en un gigantesco robo a la nación venezolana.	“Con el eufemismo de la ayuda humanitaria, una banda de mafiosos ha usurpado el poder y el autor intelectual de este entramado es el usurpador Guaidó, qué vergüenza debiera darle aparecer ante la opinión pública y declarar sobre temas de la estabilidad, cuando él personalmente ha dirigido esta mafia de corrupción, pues de forma discrecional nombró a unos ciudadanos para que se robaran estos fondos”, martilló el fiscal general de la República.	Estos casos de corrupción no son los únicos que embarran al autoproclamado y su pandilla. En la ya mencionada rueda de prensa, el ministro Rodríguez se refirió también al tema de la empresa Citgo, expoliada arbitraria e ilegalmente por el Gobierno de Estados Unidos y usufructuada a su antojo por los representantes del autoproclamado.	“Juan Guaidó nombró una directiva de Citgo para robarse el dinero de esa filial de Pdvsa, con los 800 millones de dólares que nos tienen en cuentas liquidas de Citgo, con los 7 mil millones de dólares que cuesta la empresa Citgo, con los 600 millones de dólares que nos están robando en la empresa Monómeros en Colombia”, detalló.	La predilección por apropiarse de bienes públicos de quienes están al frente de VP y de su casa matriz, el PJ, está en su ADN, les viene de origen. Este último partido, precisamente, fue creado con fondos provenientes de “donaciones” de Pdvsa, cuando la madre de Leopoldo López -fundador de ambas organizaciones fascistas-, Antonieta Mendoza de López, era funcionaria de dicha empresa.	El mismo Diosdado Cabello se lo restregó varias veces al hoy prófugo Julio Borges durante una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN), celebrada el 20 de enero de 2011, copias de cheques por montos de 25 millones y 60 millones, emitidos por la estatal, a nombre de la Asociación Civil Primero Justicia en 1988, lo que era un secreto a voces en el país. Jamás hubo respuesta de quien es en la actualidad fugitivo de la justicia venezolana, protegido por el Gobierno de Colombia.	El padre de López, el ahora integrante de la más rancia ultraderecha en la Eurocámara, Leopoldo López Gil, fue presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho en los dos gobiernos de Carlos Andrés Pérez, lo cual le sirvió para otorgarle una flamante beca a su hijo en la elitesca y costosísima Universidad de Harvard.	Un detalle no menor debe resaltarse, pues podría ser una suerte de récord mundial: toda esta familia, integrada por Leopoldo López Gil, su esposa Antonieta Mendoza de López y su hijo Leopoldo López Mendoza, están inhabilitados para ejercer cargos públicos en nuestro país por estar involucrados en hechos de corrupción. Sin olvidar que durante la etapa más dura de la escasez de dinero en efectivo en Venezuela como consecuencia del despiadado ataque a nuestra moneda, Lilian Tintori, esposa del último de los mencionados, fue detenida con más de 300 millones de bolívares en efectivo, los cuales, según declaró en ese momento, eran para “su abuelita”.