La solicitud de Fernández trascendió el martes y tan solo un día después el fiscal federal a cargo de la causa la rechazó al considerar que la exmandataria no logró probar cómo la pericia sin concluir afecta al derecho de la defensa de la imputada, que fue la base de la petición de suspensión.	El juez deberá decidir en un plazo de tres días, después de que se hayan pronunciado la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), dos organismos gubernamentales que forman parte del proceso como querellantes y a los que la Justicia pidió la opinión de la misma manera que a la Fiscalía.