Un direccionado y poco balanceado informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado esta semana insta al gobierno de Venezuela a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.	La República Bolivariana de Venezuela presentó 70 observaciones al informe difundido luego de la visita al país de la máxima autoridad de esta instancia de la ONU, Michelle Bachelet, semanas atrás y “solicita a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe, cuya “versión avanzada no editada”, en idioma inglés, fue entregada al gobierno.	Ante la revisión, la cancillería venezolana señaló que fueron encontrados varios errores, entre ellos, que las fuentes utilizadas no fueron las correctas, ya que no se usaron las oficiales, además se omitió el resultado de las visitas realizadas por Bachelet en el país. El 82% de las entrevistas referidas en el informe, indica, fueron realizadas a personas ubicadas fuera del territorio venezolano.	El “informe”, que en partes discrepa con las declaraciones de Bachelet durante si visita del 19 al 21 de junio a Venezuela, advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él. Afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el Gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición y a quienes critican al Gobierno”.	En el documento se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos. El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.	“El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas –entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia—y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión. La situación es compleja, pero este informe contiene recomendaciones claras sobre las medidas que pueden adoptarse de inmediato para frenar las violaciones actuales, impartir justicia a las víctimas y crear un espacio para discusiones significativas. Estamos dispuestos a colaborar con todas las autoridades competentes y a seguir promo viendo los derechos de todos los venezolanos, cualesquiera sean sus afiliaciones políticas”, dijo Bachelet.	El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década y señala que la proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido sorprendentemente elevada,  e indica que, hasta el 31 de mayo de 2019, había 793 personas privadas “arbitrariamente” de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional (en desacato), incluido su Presidente Juan Guaidó, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.	Si bien la Alta Comisionada acogió con beneplácito la reciente puesta en libertad de 62 presos políticos, también pidió a las autoridades que liberasen a todas las demás personas detenidas o privadas de libertad por haber ejercido de manera pacífica sus derechos fundamentales. Lo que sorprende del informe es su unilateralidad, ya que admite que se basa en declaraciones de personas entrevistadas y no en una investigación real y exhaustiva de los hechos: “Según los entrevistados, son pocas las personas que presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial”, expresa.	En cuanto a la libertad de expresión, el informe señala que el espacio para los medios de comunicación libres e independientes se ha reducido, mediante la prohibición o la clausura de medios de comunicación, y la detención de periodistas independientes, pero se abstiene de considerar la guerra comunicacional y terrorista de medios locales e transnacionales. “En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”. Pareciera que la única versión debiera ser de la oposición y de los medios cartelizados.	En el informe se afirma que las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando aún más los efectos de la crisis, pero no lo vincula a la escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres, algunas de las cuales informaron de que, en promedio, pasaban 10 horas al día en las colas para comprar alimentos.	El gobierno constitucional venezolano señaló que en el informe fueron omitidos los logros y avances alcanzados en materia de derechos humanos y se le da más relevancia a las posturas adversas al presidente Nicolás Maduro, y omite en su totalidad los logros y avances alcanzados en materia de derechos humanos y de atención social, tal es el caso de los programas sociales.	Entre las afirmaciones del informe, se asegura que el gobierno venezolano reconoció la “crisis humanitaria”, cuando la realidad es que se reconoció un impacto negativo en la situación venezolano a raíz del bloqueo económico. Asimismo, se omitió el 75% de inversión que recibe el área social venezolana del presupuesto de la nación, información que fue presentada a Bachelet en un informe detallado por el Ministro de Educación Aristóbulo Isturiz.	En el área comunicacional, el informe hace referencia a múltiples agresiones a la prensa, aun y cuando el Gobierno indicó que entre 2018 y 2019 se produjo la deportación de tres periodistas extranjeros, en virtud del incumplimiento de las disposiciones migratorias. Además omite que se otorgaron 32 nuevas concesiones de radio y una concesión de televisión y han sido renovadas 12 concesiones de radio y televisión entre 2018 y 2019.	Asimismo, Venezuela denunció que en el párrafo 13 del informe se sostiene que el Estado no ha demostrado usar todos los recursos a su disposición para asegurar el derecho a la alimentación, aún cuando se aportó a la OACNUDH información sobre las medidas implementadas para garantizar este derecho, tanto en el caso de alimentación a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), como en el campo de salud.	Omite además, la información otorgada por el Ministerio Público, donde se conoce 292 casos donde se encuentran vinculados 388 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), adscritos al Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, durante los años 2017 al 2019, por los delitos de homicidio, trato cruel y violación de domicilio.	Añade que el informe no refleja las informaciones oficiales suministradas por el Estado en cuanto a salud pública, mortalidad infantil, los beneficios otorgados a través del Carnet de la Patria, los derechos colectivos de los pueblos indígenas y la libertad de prensa que existe en el país y que fue reflejada en la visita de la Alta Comisionada.	Considera extraño que el informe tampoco evaluó el impacto generado por las medidas coercitivas de EEUU y que recomendara al gobierno a adoptar resoluciones para atender la situación de derechos humanos, mientras se abstiene de subrayar el deber de levantar el bloqueo de EEUU, tal y como lo han solicitado diversos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.	El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas “por motivos políticos” en Venezuela. Esta recomendación, resulta inaplicable y por tanto equivocada, según el documento oficial, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición. Luego de la evaluación, el Gobierno venezolano solicitó directamente a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe A/HRC/41/18, antes de su publicación.	Los comentarios expresados en esta página sólo representan la opinión de las personas que los emiten. Este sitio no se hace responsable por los mismos y se reserva el derecho de publicación.Aquellos comentarios que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto y/o que atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, este sitio se reservará el derecho de su publicación. Recuerde ser breve y conciso en sus planteamientos.Si quiere expresar alguna queja, denuncia, solicitud de ayuda u otro tema de índole general por favor envíe un correo a