Desde Codhez se reitera que el retardo procesal inherente al sistema judicial venezolano "es uno de los grandes obstáculos para que las víctimas puedan acceder a la justicia en el país, siendo además un elemento que promueve la multivictimización, al no poder configurarse la reparación debida ni la sanción a los responsables".	La organización de derechos humanos insiste además que este caso "presenta elementos de convicción que prueban la perpetración de tortura, y no obstante, los exfuncionarios serán juzgados por los delitos de violación y tratos crueles, inhumanos y degradantes". Un juzgamiento bajo este calificativo disminuye las posibilidades para la obtención de una justicia plena.