El paro fue convocado por una veintena de organizaciones de trabajadores y estudiantes que repudian la decisión de Piñera de poner al país en estado de emergencia y toque de queda, y recurrir a los militares para controlar las manifestaciones, incendios y saqueos registrados en Santiago y otras ciudades, que han dejado al menos 15 muertos -entre ellos un peruano y un ecuatoriano- en la peor ola de violencia en Chile en tres décadas.	En Santiago los sindicalistas marcharán desde la céntrica plaza Italia, donde centenares de miles de chilenos han protestado desde el viernes cuando estalló la crisis. Los trabajadores del sector salud se unirán a la protesta y los operarios portuarios paralizarán las localidades costeras. Los poderosos sindicatos de las mineras de cobre –del cual Chile es el mayor productor mundial- analizaban su adhesión.	Los sindicatos coinciden con el descontento social instalado en Chile, uno de los países más desiguales del mundo, que se encendió por el alza -luego suspendida- de 3,75% del precio de la tarifa del metro en Santiago, pero derivó en un mayor movimiento que pone sobre la mesa otras demandas sociales: sobre todo las bajísimas pensiones del sistema privado que se mantiene como herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).	El mandatario además anunció un potente paquete de medidas atendiendo las exigencias callejeras, entre ellas mejorar las pensiones de los más pobres, suspender un aumento del 9,2% de las cuentas de la luz, complementar el salario mínimo, establecer un seguro para la compra de medicamentos y la imposición de mayores impuestos a sectores de mayores ingresos.	Las manifestaciones sociales y la huelga sindical pondrán a prueba el normal desarrollo de las actividades de los 7,5 millones de habitantes de Santiago, donde el transporte público se restablece poco a poco. Entre lunes y martes el metro capitalino solo funcionó parcialmente con una de sus siete líneas, tras sufrir destrozos durante el fin de semana.