En un día muy emblemático para la dignidad de las personas en el mundo, el 10 de diciembre, aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos surgió este año la organización Alianza de Familiares y Víctimas del 2017 (Alfavic). Conformada principalmente por familiares de personas asesinadas por los cuerpos armados del Estado en el marco de la Rebelión Popular del 2017, tiene como propósito alzar su voz en colectivo para exigir justicia y denunciar la impunidad.	La organización de los familiares de las víctimas es un paso muy importante en el largo y duro camino para lograr que los responsables de las violaciones de derechos humanos sean presentados ante la justicia. En las experiencias internacionales donde los autores materiales e intelectuales han sido juzgados, los familiares han sido protagonistas fundamentales. Su acción colectiva les ha permitido con más fuerza elevar sus reclamos y más difícil ha sido para los opresores desmantelar las organizaciones.	El año 2020 se caracterizará por la actuación de la Misión de Determinación de Hechos nombrada por la Organización de las Naciones Unidas, para investigar en Venezuela graves violaciones a los derechos humanos tales como ejecuciones, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. También continuará su labor la Corte Penal Internacional quien investiga posibles crímenes de lesa humanidad perpetrados en el contexto de la represión a las protestas desde el 2014.	Al estar organizadas las victimas podrán incidir mejor en esas instancias internacionales. Preparar muy bien los expedientes de cada uno de los casos, dar testimonios, ayudar a buscar a otras víctimas para que sean escuchadas. Si a algo le teme Maduro y su cúpula es precisamente a que las víctimas se organicen, motiven a otras porque sabe puede ser un movimiento creciente no fácil de contener y reprimir.	También se han ido organizando las victimas del Faes. Esa máquina de terror que realiza mensualmente cientos de ejecuciones de jóvenes en las zonas pobres de Venezuela. Por más intimidación que realizan los funcionarios para que los familiares no denuncien, se multiplican las denuncias. Incluso se han realizado movilizaciones desafiando a los represores.