El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lo ha rechazado en su carta de fecha 11 de julio de 2019, dirigida a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y que, por instrucciones del Canciller Jorge Arreaza, tuve a bien consignar ante su Oficina y la cual fue recibida por Kate Gilmore Alta Comisionada Alterna.	La Alta Comisionada se reunió con el Presidente Nicolás Maduro, con las máximas autoridades de los poderes públicos y con ministros y altos funcionarios de 17 ministerios. Recibió abundante información sobre las políticas humanistas que adelanta el Estado venezolano. Recibió pleno apoyo de nuestro gobierno y disfrutó de amplias facilidades para que cumpliera, con plena libertad su mandato.	Esas medidas han sido condenadas por Idriss Jazairy, Relator Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales de la ONU, impuestas a Venezuela a partir del año 2014. Se expresan de múltiples formas, por ejemplo, en el bloqueo económico, financiero y comercial y el ataque a nuestra moneda que induce a la hiperinflación. Tienen consecuencias nefastas para nuestra sociedad. Causan muerte y sufrimiento al pueblo venezolano. Violan de manera flagrante los derechos humanos.	El informe que la Alta Comisionada presentó al Consejo de Derechos Humanos sigue la misma ruta. No es casual que -y Bachelet lo ha dicho públicamente- el informe estaba elaborado antes de su visita a Venezuela. Sin embargo, lo acogió sin mayores enmiendas. El Estado venezolano presentó ante su Oficina 70 observaciones a su informe que fueron obviadas.	Desde aquel histórico 2 de febrero de 1999 en que Hugo Chávez Frías asumió -por primera vez- la jefatura del Estado, Venezuela emprendió el camino para edificar una nueva patria, libre y soberana, teniendo a la justicia social, la libertad y la igualdad como su norte. Y esos ideales quedaron plasmados en la Constitución Bolivariana aprobada en referéndum aprobatorio.	Aunque Michelle Bachelet reconoce pálidamente en su informe que las últimas sanciones económicas están exacerbando -aún más- la situación humanitaria, dado que la mayoría de los ingresos en divisas procede de la exportación de petróleo, muchas de las cuales están vinculados al mercado estadounidense, sin embargo, descontextualiza y minimiza esas medidas.	Hasta el 13 de julio del presente año el Gobierno Bolivariano ha otorgado -gratuitamente- 2 millones 700 mil viviendas. Este programa beneficia, aproximadamente, a diez millones ochocientos mil compatriotas. Un 36% de la población venezolana que antes de la Revolución Bolivariana vivía en condiciones inhumanas y en zonas depauperadas, hoy disfruta de un hogar digno y decente.	En el informe se hace referencia al programa que tiene nuestro Gobierno para satisfacer las necesidades alimentarias de la población, a través de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Pero allí se sostiene -falsamente- que este programa está dirigido solamente a los partidarios de la Revolución Bolivariana y que se discrimina a los opositores.	Dice Michelle Bachelet en su informe que más de 4 millones de personas han abandonado el país. La cifra que menciona tiene como fuente a gobiernos latinoamericanos que están bajo la tutela del imperio norteamericano. Estos inflan las cifras de manera inmoral para solicitar recursos financieros provenientes de gobiernos foráneos y organismos internacionales.	En la actualidad más de 6 millones de familias venezolanas disfrutan de los CLAP. En promedio, cada familia está integrada, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, por 4 personas. En consecuencia, 24 millones de personas reciben el beneficio de este programa. Y si la población venezolana hoy es de 26 millones de venezolanos y venezolanas, dado que supuestamente 4 millones de personas han abandonado el país, según el informe de Michelle Bachelet. ¿Quiere decir, entonces, que el 92.31 % de la población es Chavista? Esto es fantasioso. Hacer tal afirmación es ridículo. Si eso fuera cierto casi toda la población venezolana sería “Chavista”.	Para la Revolución Bolivariana la salud es también un derecho humano fundamental. En sólo 20 años se amplió el acceso a la atención integral de salud, con un crecimiento del 397% de la Red de Establecimientos del Sistema Público Nacional de Salud, que atiende -de manera gratuita y sin discriminación- a quienes lo necesitan, incluyendo a hermanos de países latinoamericanos. Esto lo desconoce el informe de Michelle Bachelet.	Es falso afirmar que durante la Revolución Bolivariana se ha restringido el espacio democrático, debilitado las instituciones públicas, y menoscabado la independencia del poder judicial. Por el contrario, se han ensanchado, como nunca antes en la historia, el espacio democrático y el disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Un solo ejemplo: desde 1999 hasta el 2018, se han realizado 25 elecciones nacionales con la participación de todos los factores políticos.	Ciertamente, centenares de manifestaciones se han realizado en Venezuela durante la Revolución Bolivariana. Pero nunca nuestro gobierno ha reprimido a manifestantes pacíficos u opositores que enarbolan sus ideales políticos. Por el contrario, se les ha dado las más amplias prerrogativas para que difundan sus ideas, siempre que sea en un marco pacífico, democrático y constitucional.	El derecho a manifestar pacíficamente en Venezuela es un legítimo derecho democrático. Cosa muy distinta es que sectores violentos y terroristas de la oposición realicen, en el marco de ellas, acciones que causan la muerte de funcionarios públicos y de ciudadanos comunes y que, incluso, hayan llegado al extremo de quemar vivas a personas por su color de piel, o por ser partidarios de la Revolución Bolivariana.	El derecho a la libertad de expresión e información están plenamente garantizados por el Estado venezolano. No existen limitaciones para su libre ejercicio, salvo las establecidas en la Constitución y la Ley. Ningún medio de comunicación ha sufrido censura. Ni ningún periodista ha sido perseguido ni detenido en cumplimiento de su profesión. Quienes laboran en los medios de comunicación ejercen sus labores con absoluta libertad. El Internet y redes sociales se utilizan libremente y sin restricción alguna.	Se dice en el informe que en el programa «Con el Mazo Dando» se hostiga a los opositores. Pero en ese programa simplemente se ejerce el derecho a opinar. Según Michelle Bachelet la oposición tiene derecho a criticar al Gobierno, pero a los partidarios de éste les niega el derecho a criticar a la oposición. Esto demuestra -a todas luces- la parcialización de su informe.	La Alta Comisionada demoniza en su informe a todos los órganos de seguridad del Estado. Los acusa de incurrir en violaciones masivas de los derechos humanos. Estos cuerpos de seguridad, con base en nuestra Constitución, y dada la firme determinación del gobierno bolivariano, deben velar por el cumplimiento de esos derechos.	Respetar los derechos humanos es una política de Estado. Ha habido, algunos hechos puntuales en los cuales funcionarios han incumplido con su obligación constitucional y las órdenes de sus autoridades. En esos casos el Ministerio Público ha actuado inmediatamente. Quienes han incurrido en esos delitos han sido sometidos al imperio de la ley.	El gobierno bolivariano espera que, luego de una profunda reflexión, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, se haga eco de la verdad. Esto es indispensable para avanzar hacia un entendimiento constructivo y sincero donde el interés prioritario y verdadero sea la promoción y protección de los derechos humanos en Venezuela.	La coyuntura que vive nuestra Patria, hoy asediada por poderes fácticos imperiales, nos obliga a volver la mirada hacia él pasado. Para no olvidar las graves consecuencias del fascismo, hoy renaciente, que impusieron las atroces dictaduras bendecidas por Washington, y que sometieron -de la manera más cruenta a nuestros pueblos-, en el siglo XX.	Sucedió en el Gobierno de Salvador Allende cuando el pueblo chileno sufrió una criminal agresión, por parte del Imperio norteamericano. Que se propuso hacer “chillar” a su economía llevándolo al caos y a la desestabilización. Se impulsó un golpe de Estado fascista organizado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos. Se dio al traste con un hermoso sueño democrático, con un encomiable sueño popular.	Cruentos hechos que desnudan la verdad de lo que realmente acontece en Venezuela, donde fuerzas fascistas de la oposición política, al servicio del Imperio norteamericano, no han escatimado ningún esfuerzo, desde el inicio de la Revolución Bolivariana liderada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro, para intentar hacerse del poder por la vía de la violencia, a costa de la vida de numerosos inocentes.	La Resolución 48/141 de la Asamblea General de la ONU que creó su alto cargo, dispuso entre sus funciones, establecer un diálogo constructivo con los gobiernos en el ejercicio de su mandato, con miras a asegurar el respeto de los derechos humanos, ampliando la cooperación internacional para su promoción y protección.	En ese contexto, el Presidente Nicolás Maduro ha reafirmado la inquebrantable voluntad de su gobierno de promover y proteger los derechos humanos, en estricto apego a los principios universales del respeto a la soberanía y a la no injerencia en los asuntos internos de los estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.	Los comentarios expresados en esta página sólo representan la opinión de las personas que los emiten. Este sitio no se hace responsable por los mismos y se reserva el derecho de publicación.Aquellos comentarios que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto y/o que atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, este sitio se reservará el derecho de su publicación. Recuerde ser breve y conciso en sus planteamientos.Si quiere expresar alguna queja, denuncia, solicitud de ayuda u otro tema de índole general por favor envíe un correo a