Ante las acciones represivas de las manifestaciones realizadas en diferentes zonas del territorio venezolano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena la pérdida de vidas humanas registradas en el marco de las protestas sociales y hace un enfático llamado a las diversas instituciones del Estado a cesar la represión y garantizar la vida, la libertad, la integridad personal, el ejercicio de la protesta social y la libertad de expresión de la población. Asimismo, la CIDH instaló una Sala de Coordinación para Respuestas Oportunas e Integradas (SACROI) para dar seguimiento a la situación en Venezuela.	La crisis política, social y económica en Venezuela, que se agudizó primero con el quebrantamiento del orden constitucional hasta derivar en la ausencia del Estado de Derecho, ha cobrado nuevas dimensiones. Desde el 21 de enero pasado han tenido lugar protestas y movilizaciones en más de 60 ciudades del país, que tuvieron su epicentro en la masiva manifestación del 23 de enero en Caracas. Los hechos de violencia y represión de la protesta social, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, estigmatización y persecución de las personas opositoras que se registraron en diversas localidades, han generado violaciones de derechos humanos que aún se continúan relevando y que dan cuenta del agravamiento de la situación. Según la información disponible hasta el momento, al menos 26 personas perdieron la vida en Amazonas, Barinas, Bolívar, Distrito Capital, Monagas, Portuguesa, Táchira y Yaracuy. De ellas, 21 habrían muerto durante las protestas y otras 5 en el contexto de saqueos y disturbios, éstos últimos en el estado de Bolívar. En varios de estos hechos se denuncia la participación de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), y grupos de civiles armados. Según el Observatorio de Conflictividad Social, todas las víctimas presentarían heridas por armas de fuego. La CIDH también tuvo conocimiento de decenas de heridos, cifra que se encuentra en constante evolución y que hasta el momento, al menos 369 personas habrían sido detenidas desde que comenzaron las protestas.	Paralelamente, la CIDH observa que la libertad de expresión en Venezuela se encuentra gravemente restringida. El día 23 de enero el Estado interrumpió la conectividad de Internet e impidió el acceso normal de los ciudadanos a las redes sociales. Al menos 10 periodistas fueron víctimas de ataques, agresiones y requisa de equipos durante la cobertura de las masivas protestas en diversos puntos del país. Periodistas y medios independientes denunciaron que no pudieron dar cobertura plena a las protestas por temor a ser cerrados por el gobierno. La Comisión también enfatiza su preocupación de que, como consecuencia de los nuevos hechos de violencia e inestabilidad política, se produzca un agravamiento en la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.	Estos graves hechos se enmarcan en un contexto estructural de violaciones de derechos humanos y de profundas restricciones de acceso a derechos tales como la alimentación, la salud, la educación, o la vivienda, que ocasionaron que más de 3 millones de personas hayan migrado hacia otros países de la región. En particular, ha sido objeto de seguimiento y preocupación de la CIDH el patrón de represión y restricciones indebidas a la protesta social, caracterizadas por perdidas sucesivas de vidas humanas; detenciones arbitrarias y encarcelamiento de opositores y personas que hacen público su disenso con el gobierno; campañas de estigmatización y hostigamiento en perjuicio de periodistas, opositores políticos, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanos en general; entre otros aspectos críticos que fueran relevados por la CIDH en su último informe de país. Es de indicar que según los datos publicados por el Foro Penal Venezolano en la actualidad se contabilizan 278 presos políticos.	Dada la gravedad de la situación, la CIDH hace un llamado a los agentes de seguridad nacionales, estaduales y municipales, en particular a las Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, a respetar la vida de los manifestantes y abstenerse de hacer uso excesivo de la fuerza y de armas letales. Asimismo, les insta a abstenerse de utilizar cuerpos militares o policiales especiales, y/o a permitir la actuación de colectivos civiles armados para reprimir la protesta social. La Comisión recuerda que el Estado tiene la obligación de evitar que las denuncias sobre el uso desproporcionado de la fuerza queden en impunidad, así como de investigar, juzgar y sancionar los autores de las violaciones de derechos humanos. Adicionalmente, la CIDH llama a las instituciones del Estado a abstenerse de efectuar detenciones ilegales o arbitrarias y garantizar que la privación de la libertad sea una medida excepcional, realizada con pleno respeto a las garantías a la integridad personal y al debido proceso, asegurando la comparecencia de la persona ante un juez y la provisión de información a los familiares. La Comisión también exhorta a las autoridades competentes y a la Comunidad Internacional a priorizar la adopción de las medidas necesarias a fin de garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en el contexto de la crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela.	En dicho escenario, la CIDH urge al Estado a garantizar que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su labor libre de violencia, estigmatización y criminalización. Adicionalmente, le insta a adoptar medidas de protección efectivas de la vida e integridad de los líderes opositores, en particular, del Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien fuera reconocido como Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela por los gobiernos de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.	La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reafirma su convicción de que el camino hacia la superación de la actual crisis política y la recuperación de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela debe realizarse de manera pacífica y con pleno respeto de los derechos humanos de la población, en especial los derechos a la vida, la integridad y la libertad personales. Finalmente, la CIDH reitera su disposición a realizar una visita de observación in loco a ese país.