Se ha convertido en práctica habitual la politización e instrumentalización de los derechos humanos como excusa, por parte de EEUU, para invadir territorios y violentar soberanías. Mientras tanto, el Sistema de Naciones Unidas, con discursos ambiguos, sin fijar posición y exigir el respeto de la norma internacional ha sido complaciente al poderío imperial y a los intereses de los grandes capitales. Se ha prestado a la política de la guerra. De manera vergonzosa e ignominiosa se ha sumado a la mentira y a la manipulación. Ha sido cómplice.	Como humanidad también seguimos esperando las pruebas de las afirmaciones realizadas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navy Pally, quien el 25 de febrero de 2011 presentó un informe que abrió las puertas para la invasión militar en Libia con la excusa de una intervención humanitaria.	De manera irresponsable la Alta Comisionada Pally dijo: “Aunque los informes aún son irregulares y difíciles de verificar, una cosa es dolorosamente clara: en el descaro y la continua violación del derecho internacional, la represión en Libia de las manifestaciones pacíficas se está intensificando alarmantemente con los asesinatos masivos, los arrestos arbitrarios, la detención y la tortura de los manifestantes. Según algunas fuentes, miles pueden [sic] haber sido asesinados o heridos (…) Según varios informes, los combatientes extranjeros también cometieron asesinatos que, según informes, continúan siendo llevados al país y equipados con armas pequeñas y ligeras por parte del gobierno para reprimir las protestas.”	Sin pruebas en mano, por el contrario consciente de la no verificación e irregularidad de la información, las palabras de Navy Pally dieron pie a la Resolución A/HRC/RES/S-15/1 de fecha 03 de marzo de 2011, en la que se establece: “El Consejo de Derechos Humanos expresa profunda preocupación por la situación en la Jamahiriya Árabe Libia, y condena enérgicamente las recientes violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en ese país, incluidos los ataques armados indiscriminados contra civiles, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la detención y tortura de manifestantes pacíficos, que en algunos casos pueden constituir también crímenes de lesa humanidad”	Nos preguntamos: ¿en qué momento verificaron los informes? ¿Efectivamente fueron miles los asesinados y heridos? ¿Cuántos exactamente? ¿Verificaron las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y los casos de torturas? ¿Dónde están las pruebas de tan grave acusación que derivó en una guerra que aún persiste y que tiene hecha pedazos a Libia?	Las palabras de Pally y la Resolución A/HRC/RES/S-15/1 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU dieron paso a la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU de marzo de 2011 mediante la cual declararon una zona  de exclusión aérea en Libia y con ella la invasión militar por parte de la OTAN. Mientras tanto, a lo interno del país africano, un gobierno paralelo, denominado Consejo Nacional de Transición fue instaurado por parte de los factores políticos opositores al entonces presidente Gadafi.	La Alta Comisionada Michelle Bachelet, al mismo estilo que su antecesora Navy Pally, acaba de presentar el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Repleto de imprecisiones, de información no verificada, ni verificable, de errores, omisiones y falsedades, el informe en cuestión adolece de la rigurosidad y la seriedad que exige la presentación de este tipo de documentos cuyas implicaciones coloca en riesgo la paz, no solo de Venezuela, sino de la América entera.	No ocuparemos estas líneas en resaltar la parcialidad del informe presentado por Bachelet al referir información proveniente solo de los factores políticos de oposición obviando datos oficiales y los informes de organizaciones como por ejemplo Fundalatin. Sobre este tema hay mucha tinta derramada. Mucho menos mostraremos la falta de rigurosidad metodológica en el levantamiento, procesamiento y análisis de la información. Sobre esto también se ha escrito.	Tampoco nos centraremos en sistematizar las contradicciones en las que incurre la Alta Comisionada al afirmar que en Venezuela no se garantizan los derechos humanos mientras que el propio Consejo de Derechos Humanos aprobó el Examen Periódico Universal presentado por el país y mientras la misma Naciones Unidas a través del PNUD acaba de calificar a Venezuela con un índice de desarrollo humano alto.	No confesaremos nuestra decepción por el hecho de que Bachelet no expresó su rechazo contundente a las amenazas de intervención militar por parte de EEUU, o porque no instó al cese inmediato del bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo venezolano, o porque no reprochó los llamados al odio y a la violencia por parte de los factores políticos de la oposición que derivaron en acciones fascistas al punto de quemar vivos a seres humanos.	Mucho menos expresaremos nuestro asombro porque no repudió el intento de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro en agosto de 2018, ni el del golpe de Estado en abril de 2019, o el intento de invasión en la frontera con Colombia el 23 de febrero de este año, o el intento de usurpación del cargo de Presidente de la República por parte del autoproclamado Juan Guaidó y sus intenciones de conformar un gobierno paralelo, o porque no se refirió al sabotaje al sistema eléctrico que dejó sin el servicio a todo el pueblo venezolano. Quizás son eventos tan obvios y notorios que consideró no incluirlos en el informe.	Ni siquiera mencionaremos nuestra sorpresa por el hecho de que la Alta Comisionada no haya citado el informe del Dr. Alfred De Zayas, relator independiente de naciones Unidas para un orden democrático y equitativo, quien luego de visitar Venezuela en 2017 presentó un informe en el que de manera detallada plantea la necesidad de reconocer la guerra económica, las medidas coercitivas unilaterales y el ataque a la moneda, como las causas determinantes de lo que, en lo económico y social, ocurre en el país.	Concluye Bachelet que “…existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como instrumento de control social.”	Le pediríamos que especifique cuáles son esos “motivos razonables” que la llevan a “creer” que se violan los derechos económico y sociales. ¿Con qué pruebas sustenta la afirmación que no se adoptaron medidas apropiadas? ¿Y cómo prueba que la supuesta discriminación en el otorgamiento de los programas sociales? Por ejemplo, cómo explica que se está discriminando por razones políticas la entrega de la Caja de alimentos CLAP y que solo se le entrega a seguidores del gobierno ¿quiere decir entonces que las 6 millones de familias que reciben la caja son chavistas?	¿O insinúa Bachelet que las 18 millones de personas carnetizadas en la Plataforma Patria también son todas chavistas y por ende el 100% de adultos mayores que reciben su pensión a través de dicho sistema también comulgan con la revolución bolivariana, así como los 6 millones de familias que reciben el bono “hogares de la Patria” y las 700.000 embarazadas que reciben el bono de parto humanizado y lactancia materna	¿Dónde están las pruebas de tan delicada acusación? Es importante que especifique a cuáles leyes y políticas se refiere y que demuestre cómo se ha restringido el espacio democrático en un país en el que se han realizado 7 elecciones desde el 2013 con la participación de todos los factores políticos y el reconocimiento del triunfo de la oposición por parte del gobierno.	Es importante que explique por qué afirma que se ha restringido el espacio democrático en un país en el que según su propio informe las manifestaciones contra el Gobierno aumentaron en número e intensidad a partir de 2014: “se produjeron 9787 manifestaciones en 2017, 12715 en 2018 y 9715 entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2019”.	O es que la Alta Comisionada se refiere a las prácticas de los factores de la oposición que se han caracterizado por ser cada vez menos democráticos, por ejemplo el intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019, o el llamado a la abstención electoral en los comicios presidenciales del 20 de mayo de 2018, o el intento de magnicidio recientemente abortado por los cuerpos de seguridad de Estado? Si es a esta actitud antidemocrática de la oposición a la que usted se refiere, merece la pena que lo especifique en su informe.	Continúa afirmando Bachelet: “Todo ello ha permitido al Gobierno cometer numerosas violaciones de los derechos humanos. Miles de personas, principalmente hombres jóvenes, han sido matadas en supuestos enfrentamientos con fuerzas estatales en los últimos años. Existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular las FAES. Estas violaciones requieren más investigación para determinar la pertinente responsabilidad del Estado y la responsabilidad penal individual.”	La Alta Comisionada afirma que las autoridades han atacado a determinadas personas, que son miles las que han sido matadas en enfrentamientos con fuerzas estatales y que estas muertes son ejecuciones extrajudiciales. Presente las pruebas Señora Bachelet. Consigne la lista con los nombre de las miles de personas que han sido “matadas” por fuerzas estatales. Se trata de acusaciones muy delicadas que no deberían plantearse en términos imprecisos en un informe de este nivel.	Afirma Bachelet que: “El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural”.	Consigne las pruebas, señora Bachelet, de que el desvío de los recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento son las causas de la violación del derecho a un nivel adecuado de vida. No estamos negando en lo absoluto que haya corrupción en Venezuela, pero demuestre usted que es ésta y no la guerra económica, el ataque en más de 9 mil millones por ciento de la moneda desde 2013, el bloqueo financiero, y el sabotaje a los servicios públicos lo que explica su “deterioro”.	Dijo Bachelet que: “ha aumentado la mortalidad materna evitable, con un estimado 20 por ciento de los fallecimientos maternos aparentemente relacionados con abortos realizados en condiciones no seguras”. También dijo que: “La Encuesta Nacional de Hospitales (2019) constató que, entre noviembre 2018 y febrero 2019, 1.557 personas murieron debido a la falta de insumos en hospitales” y que las: “Violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos. Las violaciones de las obligaciones fundamentales estuvieron vinculadas a una falta generalizada de disponibilidad de y acceso a fármacos y tratamientos esenciales, al deterioro de las condiciones en hospitales, clínicas y maternidades.”	Es importante que la Alta Comisionada demuestre lo dicho porque según la información que le fue suministrada por el gobierno, la mortalidad materna disminuyó 13,76 puntos entre 2016 y 2018. Por otra parte es necesario que presente las pruebas de las 1557 personas que murieron en los hospitales por falta de insumos. Como médica debe saber que las muertes no se estiman mediante encuestas, son hechos. Adicionalmente, aproveche y demuestre que la causa de la falta y disponibilidad de fármacos es debida al incumplimiento del gobierno y no al bloqueo financiero y embargo comercial que han dificultado la importación de medicamentos y material médico quirúrgico, así como insumos para su producción.	Insiste la Alta Comisionada en afirmar que: “El número de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la Argentina, Ecuador y el Brasil.”	Señora Bachelet, demuestre que son más de 4 millones las personas que han dejado Venezuela. Le adelantamos que le será difícil si es que no quiere entrar en contradicción con las propias cifras de Naciones Unidas las cuales indican que en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil la tasa neta de migración es negativa, es decir, que en esos países son más las personas que han salido de las que han entrado. Por lo tanto, si de Venezuela se han ido más de 4 millones de personas hacia esos países, significa que de allí han salido muchas más de 4 millones. ¿Demuestre dónde están entonces esos supuestos más de 4 millones de venezolanos?