Movimientos indígenas colombianos condenaron el jueves la decisión del presidente colombiano, Iván Duque, de enviar 2.500 efectivos militares a la región del Cauca, tras la muerte de la gobernadora y autoridad Neehwe’sx Cristina Bautista y de los guardias José Gerardo Soto, Asdruval Cayapú, Eliodoro Inscué y James Wilfredo Soto.El miércoles 30 de octubre el Presidente colombiano presidió un consejo de seguridad en Santander de Quilichao, norte del Cauca, para anunciar la militarización de región, reseña VTV. Entre las medidas de seguridad anunciada por Duque está la instalación de la “Carpa blanca” en el Cauca colombiano, para que con todas las autoridades del Estado e indígenas puedan trabajar en sus territorios y buscar quiénes son las personas que les están causando el daño que está afectando a las comunidades.Las comunidades indígenas manifestaron que estas medidas no solucionarán la violencia y asesinatos a líderes, para ello proponen la ausencia de efectivos militares y de la fuerza pública de los territorios, reporta Telesur.Para el coordinador de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (Acin), Eduin Capaz, el envió de 2.500 hombres de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) número 4, es una decisión desatinada, apresurada y arrogante por parte del Gobierno nacional.Capaz señaló que durante la Minga indígena de este año se solicitó al Gobierno la presencia de organismos de control que tengan presencia en el territorio, el respeto por los acuerdos alcanzados en el marco del Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) y una acción conjunta entre instituciones y comunidades para la toma de decisiones, en contraste a la militarización.El líder indígena sostiene que el accionar de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano ha sido ineficaz y se ha visto cuestionada en cuanto a la protección que brindan a las comunidades.Sobre la propuesta de Carpa Blanca, el representante de la Acin dijo que esta idea ya se ha puesto práctica sin dar los resultados esperados.Capaz sostuvo que para que la carpa funcione la fuerza pública de estar ausente. Según el coordinador de derechos humanos, este pedido tendría dos razones: La coordinación debe tener un enfoque civil y no militar; y la confianza de las comunidades respecto a los uniformados se ha visto afectada por distintos hechos, que no se resolverán al estar en la misma organización.Una última alternativa para hacer frente a la seguridad en las comunidades indígenas es que el autogobierno impida a la fuerza pública ingresar armados a sus territorios.El Estado colombiano se opone a esta propuesta indicando que, de ser así, los espacios se volverán incontrolables. Para Capaz la justificación del Estado oculta la ineficiencia del Estado para atender el problema de la violencia en las zonas rurales.El coordinador de la Acin añadió que, a pesar de  la presencia militar en los territorios o cerca a ellos, la violencia en Cauca no ha sido solucionada y las causas estructurales que la generan siguen vigentes.