Mucho se ha comentado estos días en los medios privados y medios internacionales, luego de la presentación del informe de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, después de la visita que hiciera a mediados de junio a Venezuela por invitación del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.	Bachelet pasó de «la izquierda» y «cercana del régimen» a una heroína de la oposición venezolana, ya que en su informe condenó cada una de las premisas mediáticas que ya enumeramos, pero en el cual, tímidamente mencionó a las sanciones unilaterales de EEUU contra Venezuela, y que tal como ella misma expresó en su momento —antes y durante la visita que hizo al país— agravan la crisis que padecemos los venezolanos.	De acuerdo a las autoridades venezolanas, más del 80% de los testimonios y entrevistas priorizadas en el informe, fueron las que realizaron fuera del territorio nacional y no las hechas por su oficina durante las visitas que hicieron a Venezuela y que ella misma pudo presenciar. En un comunicado el Gobierno presentó no menos de 70 objeciones al referido informe sobre las cuales no profundizaremos en este artículo, para concentrarnos en una de sus fuentes priorizadas: las ONG.	Y es que sobre la base de al menos 12 organizaciones no gubernamentales (ONG), entre las que podemos mencionar Médicos por la Salud, Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS), el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) Foro Penal Venezolano, Provea, Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), Espacio Público y COFAVIC, todas con una evidente y abierta parcialidad política, la Alta Comisionada acusó al Gobierno de cometer graves violaciones de los derechos humanos en varios ámbitos, basándose además en reportes del Centro de Documentación y Análisis de para los Trabajadores (Cendas) y la Federación Farmacéutica Venezolana, que también manifiestan un activismo claramente opositor, a pesar de las supuestas restricciones que según la Alta Comisionada tienen las ONG en el país. Veamos.	El 16 de enero de este año, 120 ONG difundieron un texto, mediante el cual exigían a la ONU «defender» los derechos humanos en Venezuela, sumándose a finales de enero luego otras organizaciones para llegar a la cifra de 245 ONG que pedían a sus colegas de otros países apoyo en sus manifestaciones de rechazo al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.	De igual manera, el pasado 25 de febrero, 45 ONG solicitaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al Estado venezolano, alegando una «ruptura del orden constitucional» por la prórroga del Estado de Excepción y Emergencia Económica que solicitó el presidente Nicolás Maduro y por la «suspensión indefinida del derecho al sufragio», publicó el portal	Mientras ocurre este revuelo mediático contra Venezuela, del otro lado del mundo en países como EEUU, Colombia, Brasil o Chile, cuyos gobiernos se caracterizan por su obsesión anti venezolana, la Alta Comisionada prefiere mirar a un costado ante verdadera violaciones sistemáticas a los DDHH, pese al «horror» que manifestó sentir en días recientes por las condiciones en que el Gobierno de EEUU detiene los migrantes, incluidos niños, a pesar de esto no se observa una condena similar a la realizada contra Venezuela.	Según reportes del propio Gobierno estadounidense, las condiciones de vida en los centros de detenciones en la frontera son miserables, ya que las celdas abarcan un número mayor de personas a las que fueron diseñadas en un principio, además de la separación de familias y la mala higiene a la que son expuestos los detenidos, dándose casos de un par de muertes resultado de estas malas condiciones.	Solo poro mencionar unos casos citan el de Yirley Velasco, quien es campesina, superviviente de la masacre de El Salado (Colombia). Fue víctima de violencia sexual en el año 2000 y recibió amenazas de muerte por su activismo político en defensa de los derechos de las mujeres en Montes de María, donde María del Pilar Hurtado fue asesinada frente a sus hijos.	Volvamos a Colombia, país que actualmente es la nación con más peticiones y casos abiertos a trámite de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de acuerdo con un balance divulgado por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) ocupa el 24% de todos los procesos en trámite de la Corte, mientras este organismo ahora pretende venir a Venezuela a «evaluar» la situación de los derechos humanos en el país.	Pese a la bulla y a la propaganda, el informe de Bachelet no pasará de allí. De hecho, activistas opositoras, tales como Yajaira Forero, quien es esposa de uno de los policías metropolitanos condenados por el golpe de Estado de 2002, pidió este lunes que el informe «no sea engavetado». Mientras, crecen las voces de rechazo a nivel internacional ante la parcialidad de Bachelet.	Asimismo, este sábado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, adoptó una resolución en rechazo al conjunto de medidas coercitivas unilaterales impuestas por el Gobierno estadounidense contra la economía y la industria petrolera de Venezuela, medidas, que vale la pena reiterar, no fueron tomadas en cuenta en el informe, ni mucho menos las cifras emitidas por el propio Estado venezolano.	Concluye el referido artículo con una cita del senador del Partido por la Democracia (PPD), Guido Girardi, quien da luces del posible interés de Bachelet con el informe contra Venezuela: «No creo que haya Bachelet 3.0 desde el punto de vista presidencial; sí Bachelet 3.0 desde el punto de vista de su rol a nivel internacional en la ONU», dijo.	Los comentarios expresados en esta página sólo representan la opinión de las personas que los emiten. 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