Según informaron fuentes de este órgano judicial, el pleno de la Audiencia Nacional, compuesto por una veintena de magistrados, analizó este viernes las reclamaciones después de que tres de sus salas se pronunciaran de manera distinta y, mientras dos dieron luz verde a la entrega de la enfermera de Chávez y de su marido, una tercera optó por rechazar la de José Ramón Sánchez Rodríguez en relación con Pdvsa.	Para apoyar este argumento, la Sala se basó en que dos detenidos por su relación con la petrolera, Diego Salazar y Enrique Luongo, llevan más de un año en los calabozos del servicio de inteligencia venezolano (Sebin) y solo recientemente han pasado a disposición del juez sin que la Fiscalía venezolana acudiera a la vista.	Por contra, la Audiencia Nacional no vio ningún peligro en extraditar a la enfermera y al considerado guardaespaldas de Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián Velásquez Figueroa, acusados de haber recibido ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca para “blindar” una fortuna no declarada y fruto de la sustracción de dinero público, según la reclamación de la Fiscalía de Venezuela.	La mujer, además de ser asistente de Chávez, durante dos años fue tesorera del Gobierno venezolano como responsable del Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden), de donde fue cesada al mes de que muriera el presidente de Venezuela, según ella, por negarse a firmar unos documentos cuando el gobernante estaba en su lecho de muerte.	En el caso de este matrimonio, que manifestó que tuvieron que huir del país, el tribunal entendió que no eran opositores al presidente Nicolás Maduro porque este es “continuista” de Chávez, al que sirvieron, y que por ello no sufrirían represalias, pese a la alegación de persecución política que ambos hicieron.