CARACAS- El tribunal que falló a favor de la empresa minera canadiense, Crystallex, en su reclamo de 1.400 millones de dólares por la expropiación, que considera injustificada, de sus activos en Venezuela permitirá a la Junta Directiva ad hoc de Pdvsa volver a plantear alegatos en contra del posible embargo de activos de Citgo.	En el documento se informa que el procurador especial, José Ignacio Hernández, “se inhibió de manera oportuna y formal de todas las actuaciones relacionadas con este asunto judicial desde el mes de marzo del presente año, por cuanto en el año 2017, previo a su nombramiento como Procurador Especial, como profesor de Derecho Público, emitió un informe experto independiente sobre el régimen jurídico aplicable a Pdvsa”.	En el comunicado señala que la administración Maduro no solo dejó de hacerse responsable por los conflictos derivados de la expropiación, sino que llegó a un acuerdo con Crystallex, a espaldas de la Asamblea Nacional -cuyas funciones de control sobre contratos de interés público están claramente establecidas en la Constitución- que implicaba pagos sobre los 400 millones de dólares para subsanar la demanda, pero también incumplió este pacto.