. Las violaciones ocurrieron en la fiesta de la primavera de 2012, pero fueron denunciadas en enero de este año. Inicialmente, trascendió via redes sociales, a través de las cuales el colectivo feminista Las Magdalenas, de Puerto Madryn, dio a conocer el episodio, para acompañar la voluntad de la joven M., que hoy reside en otra provincia y ya es mayor de edad.	. Tomás S., quien de acuerdo con la acusación velaba en la puerta para que no pasara ninguna otra persona en la habitación, viene de familia de empresarios originaria de Trelew; vive en Miami, donde tiene una empresa vinculada a la pesca. Joaquín P., quien colaboró con la Justicia, es hijo de un hombre poderoso en la zona portuaria de la provincia y hermano del intendente de un pueblo del interior de la provincia.	Dos de los acusados por las violaciones eran mayores de edad al momento de la agresión: Leandro V., nieto de un dirigente radical histórico, proviene de una familia conocida en la provincia y está vinculado al negocio portuario; Ezequiel Q., es de familia oriunda de Caleta Olivia pero suele vacacionar en Madryn; es abogado y vive en Buenos Aires.	“En el pueblo era sabido que ellos contrataban entre todos a una prostituta y se juntaban para tener relaciones sexuales con ellas. Lo contaban a sus amigos. Había un patrón común. De la prostituta no abusaron, pero de la chica sí”, dijo a este diario una fuente cercana a la joven denunciante.	y apoyó como modo de pedirle perdón”. En 2012, agregó, en la ciudad era vox populi lo que había ocurrido en la fiesta, pero la condena social recayó sobre la víctima y no sobre los victimarios (que, como dieron cuenta algunos testigos, alardearon públicamente de lo sucedido) porque “ella era de salir todos los fines de semana, usaba pollera cortita”.	En febrero de este año, luego de que trascendieran las acusaciones, el fiscal Fernando Rivarola tomó declaración testimonial a personas que estuvieron en la fiesta donde la joven M. fue violada. Los testigos confirmaron los dichos de la denunciante. En marzo, la Justicia allanó las casas de los acusados y secuestró computadoras y teléfonos.