Cuando el sol comienza a asomarse por la costa del Pacífico, un grupo de campesinos latinos ya se encuentra en pie, recogiendo las frutas y los vegetales que acabarán en los platos de comida de los consumidores de Estados Unidos. Se calcula que en el país anglosajón hay entre 2 y 3 millones de trabajadores del campo, y que los migrantes mexicanos y centroamericanos constituyen cerca del	Las apreciaciones de Ríos coinciden con la tendencia registrada por el Centro de Investigación Pew, el cual advierte que la mano de obra indocumentada ha ido cayendo en los últimos años y que la agricultura, el sector laboral con el mayor número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, está perdiendo trabajadores.	De momento, Ríos ha decidido mantener el precio de sus platos para no desanimar a más clientes a pasar por el restaurante. También ha apostado por mantener una plantilla de doce trabajadores. “Mis trabajadores no me han dicho que no quieren venir a trabajar, pero tuve dos empleados que se fueron a otro trabajo y ahora es más difícil conseguir reemplazos. Anteriormente llegaban muchos para una plaza. Ahora no, y	El agravio económico que dichas redadas causan a las arcas estatales y federales quedó patente en un estudio publicado por The Partnership for a New American Economy: si el 10 % de la comunidad indocumentada del estado se marchara, Tennessee perdería 21 millones de dólares en impuestos estatales y federales y 588 millones de dólares de su PIB.	Pero el pulso que mantienen la comunidad indocumentada, los tribunales y el gobierno de Trump no tiene atisbos de acabar en breve. De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), que fue creado después de los ataques del 11-S, anunció el pasado 22 de julio la entrada en vigor inmediata de una normativa que acelera la deportación de los inmigrantes indocumentados que no puedan demostrar su estancia continúa en el país durante los últimos años.