Con un modelo de insurrección ensayado antes en el Medio Oriente y el apoyo adecuado de la comunidad internacional, era cuestión de días, o semanas, se promovió la creencia de que el producto Guaidó materializaría el cambio de régimen en Venezuela. Sin embargo, desde el Gobierno venezolano se ideó una contra agenda para detener el conflicto internamente, unido a una estrategia diplomática que desarmó los argumentos de gobiernos que, en las primeras de cambio, parecieron apoyarla sin cuestionamiento.	Nicolás Maduro asumió el cargo presidencial correspondiente al período 2019 – 2025, así, el primer mensaje enviado al resto del mundo fue: Venezuela no cede ante las presiones de EEUU. Maduro no estaba actuando fuera de la Constitución, a diferencia de la maniobra opositora, pues el Tribunal Supremo de Justicia ratificó el desacato de la Asamblea Nacional y, por lo tanto, ese poder quedaba aislado en el intento de institucionalizar la autoproclamación de Guaidó.	Mientras que, a EEUU se le unían 14 países, entre miembros de la Unión Europea y países del Grupo de Lima, para brindar apoyo mediático al “Gobierno de Guaidó”, las potencias emergentes de Rusia y China reconocieron la legitimidad del presidente Nicolás Maduro. Del lado euroasiático, Turquía enviaba también un sólido respaldo.	Por último, Bolivia, México, Uruguay, Nicaragua, Cuba y países del Caribe rompían con el consenso de la región, trabajado por la OEA, hasta el punto de que llegó a existir vacilaciones de algunos gobiernos de derecha, por el planteamiento de intervención militar en la región, lo que dejó ver un quiebre de la unidad ante la crisis venezolana.	Fue en Washington donde escaló violentamente el asedio a la sede de la embajada de Venezuela, defendida por activistas estadounidenses quienes finalmente fueron desalojados bajo órdenes del Departamento de Estado para luego entregarle el territorio invadido a socios de Guaidó. La cobertura mediática que tuvo el hecho resquebrajó el relato de la “dictadura venezolana” y posicionó, en cambio, la denuncia de los movimientos contrainjerencistas.	El personal del Gobierno de Iván Duque corrió con la misma suerte, tras la operación ejecutada el 23 de febrero en la frontera con la ciudad colombiana de Cúcuta. Fueron expulsados por promover el ingreso de fuerzas irregulares al país, vía camiones con “ayuda humanitaria”. Carlos Holmes Trujillo, entonces canciller de Colombia, intentó disfrazar la expulsión porque reconocía a Juan Guaidó como el “mandatario”, sin embargo, retiró a sus funcionarios de Caracas.	EEUU preparaba una resolución, denunciada por Samuel Moncada, representante de la delegación venezolana, para que la ONU reconociera el falso interinato de Juan Guaidó, como ocurrió en la OEA. Sin embargo, la intención no tuvo el mismo efecto vasallo en el Consejo, pues se atravesó el veto de Rusia y China, dos polos consistentes en oponerse a la intimidación guerrerista de las élites occidentales en la región latinocaribeña.	La recurrencia diplomática tuvo un nuevo repunte a mitad de año con la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y el supuesto ingreso de Venezuela a ese mecanismo mediante acciones conjuntas de Luis Almagro y el representante de facto en la OEA, Gustavo Tarre Briceño. Los meses anteriores, pese a las sanciones sobre el entorno económico venezolano y las conspiraciones golpistas, quedó estancado el objetivo de socavar la cohesión del país respecto a la investidura de Nicolás Maduro.	En la 74a Asamblea General de la ONU, y luego del fracaso de los emisarios de Guaidó para suplantar la representatividad del cuerpo diplomático venezolano en los foros del evento, los Estados miembros del TIAR se reunieron con Julio Borges y Carlos Vecchio. Allí emitieron una resolución que se sumaba a los pretextos para desencadenar una intervención militar a largo plazo.	Como resultado de las tareas de la Cancillería en el Mnoal y las giras internacionales se concretó la victoria en el Consejo de Derechos Humanos: 105 delegaciones votaron para que Venezuela ocupase uno de los 46 puestos del organismo de la ONU, contraviniendo la desgastada narrativa que señala a funcionarios e instituciones venezolanas como