“El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de Venezuela; que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos recogidos en la Declaración y Programa de Acción de Viena», detalla parte de la misiva de la cancillería.	Un día antes de lo previsto divulgó el informe. Se refirió a las «graves violaciones a los DDHH» perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro. La chilena insta a los chavistas a adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.	El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de DDHH en Venezuela y otros ocho países. En el documento se afirma que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno».	En un primer punto el informe “confirma violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre”. “Las personas entrevistadas constantemente refirieron una falta de acceso a alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles. La disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente. Y los entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces, al día. Y que consumían pocas proteínas o vitaminas”, señala.	A su vez, “en cuanto al derecho a la salud en Venezuela, la situación es grave. Las personas entrevistadas describieron consistentemente una infraestructura de la atención a la salud que lleva años deteriorándose. Se caracteriza por el éxodo de doctores y personal de enfermería. Así como por graves carencias en la atención médica básica y de medicamentos”.	Incluso advierte que “hay falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos. En algunas ciudades enfrentan una escasez del 100 por ciento”. Según el documento, las “violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones  fundamentales. Las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos”.