han detenido y torturado a militares acusados de conspirar contra el gobierno, señalaron hoy Human Rights Watch y la organización no gubernamental venezolana Foro Penal. Las autoridades también han detenido y torturado a familiares de algunos presuntos implicados para intentar averiguar dónde se encontraban.Algunos detenidos sufrieron abusos aberrantes que constituyen tortura para obligarlos a aportar información sobre supuestas conspiraciones. En la mayoría de los casos, las detenciones las realizaron miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).	Los agentes de inteligencia sometieron a varios de los detenidos a abusos físicos y psicológicos. Los abusos sufridos incluyen golpizas brutales, intentos de asfixia con bolsas de plástico, cortaduras con hojillas en las plantas de los pies, descargas eléctricas, privación de comida y acceso al baño, y amenazas de muerte. Varios detenidos no tuvieron acceso a sus familiares o abogados de confianza por días. Durante su detención, que tuvo lugar en prisiones o en sedes de la DGCIM, los detenidos no han tenido acceso a tratamiento médico adecuado para diversos problemas de salud.	Los delitos por los que se los acusa incluyen “traición” e “instigación a la rebelión”. Varios abogados que representan a los acusados y que tuvieron acceso a expedientes judiciales y estuvieron presentes en audiencias en estos casos, incluidos procesos contra civiles en tribunales militares, indicaron que las acusaciones eran fabricadas y que no había pruebas concretas contra los acusados.	Debido a la dificultad para acceder a expedientes judiciales en estos casos, y a que algunos documentos judiciales no pueden ser consultados por personas que no son parte en los procesos, no es posible comentar sobre las pruebas presentadas por los fiscales en cada caso. Human Rights Watch solicitó información al gobierno venezolano sobre cuáles eran las supuestas acciones en las cuales se basaban los cargos y qué pruebas tenía contra los presuntos implicados en estos casos, pero no recibió respuesta.	Desde 2014, Human Rights Watch ha documentado más de 380 casos de trato cruel, inhumano o degradante contra opositores del gobierno o personas que las autoridades perciben como tales, incluidos al menos 31 casos de tortura en Venezuela. El Foro Penal indicó que al menos el 15 % de los detenidos por motivos políticos les informaron que habían sufrido torturas o maltratos. Estos casos no reflejan la verdadera magnitud del problema, debido a que muchas veces las víctimas no denuncian los abusos por temor a sufrir represalias.	Más de 12.800 personas han sido detenidas desde 2014 en el marco de las manifestaciones contra el gobierno, según datos del Foro Penal. Esto incluye a manifestantes, transeúntes y personas que fueron llevadas de sus casas sin la correspondiente orden judicial. Más de 7.500 han sido excarcelados bajo medidas de libertad restringida y todavía enfrentan causas penales. Desde 2017, la justicia militar ha procesado a más de 800 civiles, violando estándares internacionales de derechos humanos.	Desde que la Asamblea Nacional Constituyente oficialista destituyó a la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz en agosto de 2017, no se ha difundido información oficial sobre procesos contra funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó en junio de 2018 que la impunidad por violaciones de derechos humanos en Venezuela era “generalizada”.	En febrero, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, anunció la apertura de un examen preliminar para analizar si se han producido delitos que la CPI tiene competencia para investigar, y si hay motivos que justifiquen una investigación exhaustiva de este tribunal. En su informe anual sobre exámenes preliminares, publicado en diciembre, la fiscalía indicó que, aunque el examen se centra en los presuntos abusos cometidos desde 2017, también podría incluir en el examen preliminar presuntos delitos relacionados ocurridos desde febrero de 2014.	En septiembre, en una decisión sin precedentes, seis países de América —todos miembros de la CPI— pidieron que la corte investigara presuntos delitos cometidos en Venezuela desde febrero de 2014. Otros gobiernos de la región y de Europa han apoyado esta remisión. La fiscal de la CPI deberá determinar si se cumplen los requisitos para que avance una investigación exhaustiva.	“En Venezuela, la impunidad de los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos es deliberada”, afirmó Gonzalo Himiob Santomé, director del Foro Penal. “En un contexto donde los responsables de violaciones de derechos humanos tienen más probabilidades de ser premiados que llevados ante la justicia, es crucial considerar seriamente las vías disponibles para que rindan cuentas en el extranjero”.	El 19 de mayo de 2018, agentes armados sin identificación oficial se presentaron en la vivienda de la sargenta del Ejército Emmy Mirella Da Costa Venegas, a quien acusaron de participar en una conspiración contra el gobierno. No se encontraba allí, pero detuvieron a su pareja, José Alberto Marulanda Bedoya. Los agentes, que los familiares creían que pertenecían a la DGCIM, dijeron solamente que Marulanda era “requerido” por las autoridades y se lo llevaron.	La familia y los abogados de Marulanda no supieron dónde se encontraba hasta que fue llevado ante un tribunal militar cinco días después, a pesar de que la ley exige una primera audiencia dentro de las primeras 48 horas, indicó el Foro Penal, que asumió su defensa. Marulanda fue acusado de traición e instigación a la rebelión por hablar de “planes conspirativos contra el gobierno venezolano” durante una supuesta reunión mantenida en Colombia con el Coronel Oswaldo García Palomo, un ciudadano venezolano señalado de estar en Colombia con el apoyo del gobierno estadounidense y el gobierno colombiano. Marulanda niega que haya ocurrido dicha reunión y conocer al Coronel García Palomo, y no existe prueba de ello, dijeron sus abogados.	Se acusó a Marulanda de traer a Venezuela materiales de telecomunicaciones que le dio García Palomo para que fueran distribuidos por Da Costa y usados en la supuesta conspiración. El juez aceptó únicamente el cargo de instigación a la rebelión, por el cual Marulanda actualmente está siendo investigado y permanece detenido, dijeron sus abogados.	Marulanda contó a sus abogados que había estado retenido en la sede de la DGCIM, donde lo sometieron a graves abusos para obligarlo a revelar cuál era el paradero de Da Costa. Contó que agentes lo golpearon brutalmente en el estómago y la espalda, le produjeron asfixias con bolsas plásticas, usaron una barra de metal para asestarle golpes en la planta de los pies y lo obligaron a llevar esposas ajustadas, que hicieron que perdiera sensibilidad en las manos. Afirmó que perdió audición en el oído derecho debido a los violentos golpes que le dieron en la cabeza.	Desde la audiencia, Marulanda ha estado en la cárcel militar de Ramo Verde. Su abogado afirma que tiene problemas para dormir, pensamientos suicidas, hipertensión y secuelas físicas producto de las golpizas. Dado que en la cárcel no se cuenta con el tratamiento médico que requiere, su abogado pidió al tribunal militar que asegurara que Marulanda pudiera acceder a la atención médica que necesita, pero el tribunal nunca respondió al pedido.	El juez pospuso seis veces la audiencia preliminar, en la cual el fiscal debería presentar pruebas en su contra, debido a que los guardias no habían llevado a Marulanda ante el tribunal. La primera audiencia finalmente se realizó en diciembre y el proceso sigue en curso al momento de redacción de este documento.	El 14 de enero 2018, más de 30 agentes encapuchados de la DGCIM irrumpieron en la vivienda de Juan Antonio Gómez, según Gómez contó en una carta que entregó a sus abogados y a la cual tuvo acceso Human Rights Watch. Dijo que amenazaron con matar a familiares que estaban presentes, incluida una niña de 7 años.	después de que miembros de las fuerzas de seguridad y de un grupo armado partidario del gobierno rodearon una vivienda en la cual se ocultaban en la localidad de El Junquito, cerca de Caracas. Existen evidencias contundentes que sugieren que Pérez habría sido ejecutado extrajudicialmente, como videos en los cuales él afirma que se entregaría y una copia de su certificado de defunción, que indica que la causa de su muerte fue un sólo disparo en la cabeza que le fracturó el cráneo.	Los agentes le apuntaron con un arma al pecho y le comunicaron que estaba siendo detenido, indicó Gómez en su nota. Cuando preguntó si contaban con una orden judicial, le dijeron que se callara. Lo golpearon en el estómago, le colocaron esposas y robaron teléfonos celulares, dinero en efectivo, una computadora portátil y pasaportes que había en la casa.	Según manifestó, los agentes subieron a Gómez a un vehículo no oficial, donde lo golpearon y amenazaron con matarlo. Las golpizas habrían continuado en la sede de la DGCIM, donde agentes le vendaron los ojos, lo golpearon y le dieron puntapiés en las costillas y en la espalda, y lo obligaron a acostarse en el suelo. Luego, le hicieron cortes en las plantas de los pies con hojillas. Más tarde, mientras un agente lo golpeaba, otro le colocó una bolsa sobre el rostro e intentó asfixiarlo. Gómez señaló que repitieron esta forma de tortura al menos ocho veces. También le introdujeron un trapo en la boca y le aplicaron descargas eléctricas.	El 19 de enero, Gómez fue llevado ante un juez militar y acusado de traición a la patria, rebelión militar y robo de armas de las Fuerzas Armadas, señalaron los abogados del Foro Penal que lo defendieron. Dijeron que los fiscales no explicaron cuáles eran las acciones de Gómez constitutivas de tales delitos.	Después de la audiencia, agentes de la DGCIM volvieron a llevar a Gómez a su sede, a pesar de que un juez había ordenado que quedara detenido en otra prisión, afirmó en su nota. Los agentes le dijeron que su esposa continuaba detenida y estaba siendo torturada. Gómez dijo que una noche lo sacaron en un vehículo que dio vueltas por la ciudad, con el rostro cubierto. De repente, el automóvil se detuvo y le ordenaron que se bajara. Gómez se negó y dijo que debían matarlo en el interior del vehículo. Entonces le pusieron un arma en el pecho y amenazaron con matarlo. No lo hicieron y lo llevaron nuevamente a la sede central de la DGCIM, donde agentes lo golpearon y le exigieron que les diera su contraseña bancaria.	El 2 de febrero de 2018, agentes de la DGCIM detuvieron a Ariana Granadillo Roca. Se la llevaron junto a otros dos familiares de la casa donde estaba viviendo, que pertenecía al Coronel García Palomo, un pariente lejano acusado por el gobierno venezolano de conspiración. Granadillo, quien vivía en Río Chiquito, un pueblo rural del estado Monagas, se estaba hospedando allí para estar cerca del Hospital Victorino Santaella, donde realizaba una pasantía.	Durante su detención, los agentes le cubrieron la cabeza con carpetas de cartón que envolvieron con cinta. No le permitían ver y le produjo desorientación. La golpearon y le tocaron varias partes del cuerpo mientras exigían que les dijera dónde se encontraba García Palomo. Granadillo fue liberada dos días después sin ninguna explicación.	El 24 de mayo, agentes de la DGCIM volvieron a detener a Granadillo sin una orden judicial, esta vez junto con sus padres, en la vivienda que estos tienen en el estado Miranda. Las autoridades la mantuvieron incomunicada y no confirmaron su paradero a los abogados del Foro Penal durante una semana.	Varios agentes sometieron a abusos a Granadillo para forzarla a que dijera dónde se encontraba García Palomo. Le colocaron una bolsa en la cabeza, le ataron las manos por la espalda y la sujetaron de las piernas. Cuando Granadillo les dijo que no tenía ninguna información para darles, le pusieron una bolsa en la cabeza hasta que casi perdió el conocimiento. Granadillo y sus padres fueron liberados el 31 de mayo sin que se presentaran cargos.	El 23 de junio, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICIP) hicieron bajar a Granadillo de un autobús. Le dijeron que tenían una orden de detención contra ella, pero esa orden tenía fecha del 27 de mayo, cuando Granadillo se encontraba detenida a disposición de agentes de la DGCIM, dijo el abogado de Granadillo. En un primer momento,	El 3 de julio, Granadillo fue llevada ante un tribunal militar y acusada de instigación a la rebelión, señaló el Foro Penal. Se acusó a Granadillo de mantener conversaciones telefónicas con la esposa de García Palomo y de recibir dinero de ella. Granadillo le dijo a su abogado que tuvo contacto telefónico periódico con la esposa de García Palomo mientras vivió en su casa y que el único dinero que recibía de ella era para gastos relacionados con el cuidado de los perros de los dueños de la casa. Se le concedió la libertad condicional, pero con prohibición de salida del país y se le exige presentarse ante el tribunal cada ocho días.	El 22 de mayo de 2018, seis agentes del SEBIN detuvieron a Carlos Alberto Mora Álvarez sin presentar una orden judicial, alegando que lo llevarían para realizar una “investigación”, contó su abogado, quien habló con Mora durante su detención y con su esposa, que se encontraba allí en el momento que fue detenido. Mora Álvarez es un taxista que vive en el estado Táchira, cerca de la frontera con Colombia, y presta servicios de transporte a venezolanos viajan hacia Colombia.	Su familia no pudo verlo desde que llegó a la sede del SEBIN en San Cristóbal, estado Táchira. Su esposa vio cuando agentes del SEBIN lo sacaron de la sede esa noche, y luego él señaló a su abogado que lo llevaron a un club de tenis, donde se suponía que un médico, que estaba jugando tenis, evaluaría su estado físico. Mora Álvarez dijo a su abogado que la entrevista duró 10 minutos y le hizo unas pocas preguntas sobre si había sido golpeado.	Esa noche, agentes del SEBIN lo entregaron a agentes de la DGCIM armados y encapuchados, quienes lo trasladaron a la sede de la DGCIM en San Cristóbal, manifestó su abogado del Foro Penal, que habló con él. Tras llegar, le colocaron una capucha negra en la cabeza, lo golpearon y intentaron asfixiarlo en repetidas oportunidades durante seis horas mientras lo interrogaban.	Al día siguiente, agentes de la DGCIM lo trasladaron en un vuelo a Caracas y lo llevaron a la sede de la DGCIM allí, donde agentes lo golpearon con una tabla de madera. Dijo que, varias veces, lo golpearon en los glúteos con una vara de madera mientras se duchaba. No le dieron de comer por cuatro días.	El 27 de mayo, lo llevaron ante un tribunal militar, donde fue acusado, junto con Marulanda, de traición a la patria e instigación a la rebelión. Agentes de inteligencia lo acusaron de prestar servicios de taxi al coronel García Palomo. Al día siguiente, lo trasladaron a la cárcel militar de Ramo Verde, donde pasó 12 días en una celda de castigo minúscula.	Cuando Lugo Calderón estaba recogiendo sus pertenencias de la prisión, agentes del SEBIN encapuchados y armados irrumpieron en su vivienda afirmando que lo necesitaban para hacerle unas preguntas, manifestó su hermana, quien vive fuera de Venezuela. Unas horas más tarde, regresaron y detuvieron a su madre. Ella y su pareja, que había ido a buscarla, quedaron varias horas detenidos en la sede de la DGCIM en Maracay. Los agentes robaron teléfonos, dinero y perfumes, afirmó la familia. Ese mismo día, otros agentes de la DGCIM requisaron la vivienda de la novia de Lugo Calderón.	El 14 de octubre, agentes de la DGCIM irrumpieron en la casa donde estaba viviendo Lugo Calderón y lo detuvieron a él, a su padre, a su novia y al propietario de la vivienda, que era un amigo, sin presentar ninguna orden judicial, afirmó la hermana de Lugo Calderón. Según Lugo Calderón, los agentes le dijeron que hubieran querido encontrar armas de fuego en su vivienda para poder justificar ejecutarlo. Los demás fueron obligados a firmar un documento que decía que se abstendrían de hablar sobre el caso por 10 años, bajo pena de ser acusados de “espionaje” y “traición a la patria” por “compartir información con el enemigo”, y luego fueron liberados ese día.	Lugo Calderón estuvo detenido en una gélida celda de la DGCIM en Caracas, donde fue privado de agua y comida por varios días, debido a lo cual debió beber agua del inodoro. Solamente le permitían ir al baño dos veces por día. El 15 de noviembre, fue trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde. Agentes de esa prisión comunicaron a la familia que Lugo Calderón no es un “preso” y que no necesita un abogado porque está siendo investigado. Lugo Calderón manifestó a su novia que ha tenido pensamientos suicidas.	Entre el 11 y el 14 de octubre, agentes de la DGCIM y del SEBIN requisaron la vivienda de Esqueda Martínez, hostigaron a su esposa y detuvieron a su padre y a un primo durante varias horas en incidentes separados, mientras preguntaban dónde se encontraba Esqueda Martínez. Los agentes robaron dinero, juguetes, un televisor y bebidas alcohólicas de la vivienda, según afirmó su hermano, quien vive en el exterior. Esqueda Martínez se encuentra fuera del país, según el hermano.	Sin embargo, como las autoridades no encontraron a Pérez, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana se llevaron al hijo de 18 años de la pareja. Las autoridades lo retuvieron durante tres meses en una prisión de máxima seguridad, contaron sus padres, lo golpearon y exigieron que les dijera dónde estaba su padre.	Pérez y González dijeron que, durante ese tiempo, tuvieron que ocultarse y vender sus pertenencias para juntar fondos para intentar sacar a su hijo de la cárcel y alimentar a los otros tres hijos que tienen. La familia se alimentó principalmente con yuca y arroz picado para consumo animal, afirmaron. Pérez y González consumían únicamente una comida al día. Dijeron que más tarde se acusó a su hijo de participar en un “boicot” y lo liberaron condicionalmente el 12 de abril, hasta que empezara el juicio. El juez le ordenó presentarse periódicamente ante el tribunal.	En marzo de 2017, funcionarios de la DGCIM detuvieron al teniente Luis Alejandro Mogollón Velázquez cuando estaba trabajando en la base de Fuerte Tiuna, en Caracas. Buscaban a una persona con el apellido “Mogollón Medina” y no presentaron una orden de detención, según señaló Mogollón Velázquez a los abogados del Foro Penal que asumieron su defensa.	Mogollón Velázquez afirmó que, aunque les advirtió a los agentes de la DGCIM que su apellido no coincidía con el de la persona que estaban buscando, lo mantuvieron esposado a una silla nueve días, lo golpearon brutalmente en la cabeza y en el cuerpo y lo colgaron del techo sujetándolo de las manos y los pies. Mientras tanto, le pedían información sobre otras personas en su grupo, según su abogada.	Fue presentado ante un tribunal militar el 14 de abril de 2017, y acusado de traición a la patria, rebelión militar e instigación a la rebelión. Su abogada informó que el fiscal solamente ha hecho una declaración general de que Mogollón Velázquez habría participado en actos de conspiración, pero no ha explicado qué hechos respaldarían tal señalamiento. La audiencia preliminar, durante la cual se supone que el fiscal debe presentar pruebas en su contra, se ha postergado 26 veces.	Mogollón Velázquez ya padecía hipertensión y las secuelas de una fractura de cráneo sufrida al caer de un vehículo en movimiento. También tuvo cáncer en su niñez. Su abogada solicitó al tribunal militar que asegurara que Mogollón Velázquez tuviera acceso a los cuidados médicos adecuados, dado que en el lugar donde estaba detenido no había atención disponible. Sin embargo, la abogada manifestó que el juez no respondió al pedido.	El 2 de marzo de 2018, un superior llamó a Henry José Medina Gutiérrez cuando estaba en su vivienda, contó su esposa a Human Rights Watch, y le ordenó que se reuniera con un alto mando del Ejército. Agentes de la DGCIM detuvieron a Medina Gutiérrez al llegar al Ministerio de Defensa en Caracas. Igbert José Marín Chaparro también fue detenido ese día en la base militar de Fuerte Tiuna, a la que estaba asignado, su esposa le dijo a Human Rights Watch.	Ese mismo día, se le ordenó a la sargenta del Ejército Tamara González (pseudónimo), que se reincorporara de una licencia médica. Agentes del SEBIN la detuvieron al llegar a la base militar en el estado Táchira a la que estaba asignada, contó su abogada. González era asistente de Medina Gutiérrez. Cerca de otros 20 militares fueron detenidos ese día.	Allí, un funcionario cubrió la visión de González con una gorra militar, lo que hizo que callera por una escalera, contó a su abogada. Dijo que dos agentes encapuchadas la llamaron “perra” y “traidora”, la golpearon y le colocaron una capucha con gas lacrimógeno en el rostro que le provocó quemazón, hasta que perdió el conocimiento. No se le permitió usar el baño ni tomar su medicamento antiepiléptico.	La abogada del Foro Penal contó que pidió al juez militar que autorizara a González a recibir el tratamiento médico que necesita para varias condiciones, incluidos problemas de espalda, pero que este no lo hizo. Su abogada accedió posteriormente a la orden de detención, que presentaba fecha del 7 de marzo; es decir, cinco días después del arresto.	También otros detenidos recibieron golpes y patadas de agentes, contó Marín Chaparro a su esposa. A él lo mantuvieron esposado y encapuchado en una silla durante 72 horas. Le rociaron gas lacrimógeno dentro de la capucha, afirmó su esposa, y exigían que les diera el nombre de su “líder”. Mencionaron a su esposa e hijos por su nombre, algo que él interpretó como una amenaza implícita.	El 9 de marzo, los nueve fueron llevados ante un tribunal militar y acusados de traición, instigación a la rebelión y delito contra del decoro militar. La audiencia, que empezó a las 7 p.m., se extendió durante ocho horas. Marín Chaparro y Medina Gutiérrez fueron defendidos por Alonso Medina Roa, mientras que González fue defendida por Mariana Ortega, abogada miembro del Foro Penal.	Durante 65 días, los familiares y abogados de Marín Chaparro no pudieron verlo ni hablar con él. Cuando finalmente lo vieron, había perdido 15 kilos. Les contó que solamente había visto la luz del sol los dos días que fue llevado al tribunal, que era habitual que los guardias no le dieran los medicamentos que toma para regular la presión arterial y que comía y defecaba en una bolsa en la celda de dos por tres metros en la que estaba. Su esposa manifestó que las visitas familiares se suspendieron o cancelaron en varias ocasiones.	Medina Gutiérrez estuvo tres meses en la cárcel de Santa Ana en estado Táchira en condiciones de hacinamiento, durmiendo en una litera en un pasillo. Agentes de la DGCIM requisaron la cárcel, contó su esposa, y robaron alimentos y pertenencias de los detenidos. Dijo que separaron a Medina Gutiérrez y a un teniente del resto de los internos y los obligaron a permanecer arrodillados durante horas mientras los apuntaban y amenazaban con matarlos.	Se acusa a los detenidos de pertenecer a una organización que supuestamente estaba conspirando contra el gobierno. También se les acusó de grabar un video”, que se distribuiría por redes sociales, instando a miembros de las Fuerzas Armadas a participar en un “movimiento de conspiración militar, indicó la abogada de González. Según la abogada, no hay pruebas que corroboren estas acusaciones ni tampoco de que exista tal video.