A un año del encarcelamiento del líder sindical, la alianza Provea – TalCual conversó con el periodista, locutor y escritor Damián Prat, quien en los 40 años que lleva en el estado Bolívar ha sido testigo no solo de la debacle del parque industrial guayanés, la base del desarrollo industrial nacional, sino también de la destrucción de los derechos de los trabajadores y sindicalistas de las empresas básicas a lo largo de los últimos veinte años de chavismo	En la madrugada del 29 de noviembre de 2018, el sindicalista Rubén González, secretario general del sindicato de Ferrominera Orinoco, fue detenido en una alcabala militar en la ciudad de Anaco, estado Anzoátegui, al oriente del país. Regresaba de una protesta realizada en Caracas, en la que la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela le exigió al defensor del pueblo designado por la ANC, Alfredo Ruiz Angulo, que ejerciera las acciones necesarias ante el Ministerio del Trabajo en defensa de los derechos de la clase obrera, liquidados luego del paquetazo de Nicolás Maduro impuesto en agosto del año pasado que desconoció sus beneficios y conquistas obtenidos luego de años de lucha.	Ese 29 de noviembre el líder sindical, de 60 años de edad, no regresó a su casa en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar. Los militares se lo llevaron a Maturín, Monagas, alegando que desde el 20 de agosto existía una orden de captura contra él. Luego fue presentado en un tribunal militar, que tras imputarle tres cargos militares (ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional), ordenó su traslado a la cárcel de La Pica.	Hoy, a un año del encarcelamiento del líder sindical, la alianza Provea – TalCual conversó con el periodista, locutor y escritor Damián Prat, quien en los 40 años que lleva en el estado Bolívar ha sido testigo no solo de la debacle del parque industrial guayanés, la base del desarrollo industrial nacional, sino también de la destrucción de los derechos de los trabajadores y sindicalistas de las empresas básicas a lo largo de los últimos veinte años de chavismo.	– La intención política es golpear al movimiento de los trabajadores que estaba muy activo en las protestas, que no se rendía, deteniendo a una figura emblemática, quizás la más emblemática de todas. Es una manera de decir “bueno, aquí está, podemos joder al que sea”. Trata de sembrar miedo y desesperanza en los trabajadores. Es un mensaje de amedrentamiento sobre toda la sociedad.	– A mediados de agosto de 2018, había muchísimos problemas por todas las violaciones a los derechos laborales. Ya en aquel momento el Gobierno había empezado con el cuento de que todo el mundo ganaría lo mismo. Eliminaron las escalas salariales, algo que no puede ser porque un aprendiz no puede ganar lo mismo que un tipo que tiene 25 años trabajando, que tiene una experticia acumulada. Es ilegal.	La mañana del 14 de agosto, un fuerte contingente militar disolvió con gases lacrimógenos una asamblea que hicieron al pie del cerro. En la represión ellos fueron a la casa de Rubén a tratar de detenerlo y varios trabajadores lo protegieron, lo sacaron escondido y finalmente lo pudieron sacar de la ciudad. Él no pudo haber agredido a un centinela, eso es un cuento chino, más bien estaba huyendo porque supuestamente había una orden de capturarlo. A él le asaltaron su casa.	– Apareció en Puerto Ordaz en una asamblea en el portón de Ferrominera, en un sitio público muy grande al borde de una avenida principal y que además tiene un puesto de la Guardia Nacional en la entrada. En las siguientes semanas hicieron como más de 10 asambleas, incluso en la sede del sindicato de Sintraferrominera que está a unas 7 u 8 cuadras del portón y en el centro de Puerto Ordaz. De hecho, uno de esos días yo hice mi programa de radio desde ahí para ponerlos a ellos a hablar. O sea, él hacia actividades públicas. A mi programa fue tres veces, de manera que tampoco es que estaba escondido. Ese cuento de que tenía una orden no puede ser verdad. Esa supuesta orden de captura por ataque al centinela es un cuento que se inventaron. Ellos lo hubieran podido detener todas las veces que hubieran querido porque él hacía actividades públicas.	Incluso cuando fue a Caracas a una protesta, fue a la sede de los tribunales para declarar como testigo en el caso (otro más de atropello a los trabajadores) que se le sigue desde hace 8 años al también ferrominero Rodney Álvarez. Fue al edificio sede de los tribunales en Caracas, debió presentar su cédula, chequearse en el registro de la computadora, etc. Si hubiese existido alguna “orden de captura” de cualquier fiscalía o tribunal, militar o civil, habría aparecido allí y lo habrían detenido.	En septiembre, octubre y noviembre de 2018 hubo una serie de jornadas de protestas que no eran solo de los ferromineros sino de todas las empresas. Hubo docenas de asambleas en los portones de las empresas del aluminio, de Sidor, etcétera. Hicieron asambleas, trancas, manifestaciones. Variaban. Rubén era una figura emblemática en todo eso, porque además en ese período se constituyó la Intersectorial de Trabajadores de Guayana en una asamblea masiva en la sede del viejo sindicato de Sintraferrominera y Rubén quedó como coordinador general de esa Intersectorial.	– Hubo una convocatoria para una protesta en el centro de Caracas. De aquí se fueron dos o tres autobuses con trabajadores y dirigentes sindicales de varias empresas, entre otros Rubén, por supuesto. Esa noche agarran el autobús para regresarse, y en la alcabala que está en Anaco lo paran. A Rubén y a otros los bajaron, pero solo a él lo dejaron detenido. Fue en la madrugada en la alcabala de Anaco, y se lo llevaron a la sede del tribunal militar en Maturín. Eso comenzó a generar una serie de protestas y reclamos. En la Constitución dice que los tribunales militares son para juzgar a militares que hayan cometido delitos militares. Un civil no tiene por qué ser juzgado ahí, ni siquiera inventándole una vaina chimba como esa de ataque al centinela.	– En 2009 y durante casi dos años fue un preso de Chávez. El 1 de marzo de 2011 un tribunal lo condena a 7 años de cárcel. Estallaron paros y protestas en casi todas las industrias de Guayana. La OIT emitió una declaración formal de queja y denuncia dirigida a Chávez que repercutió en toda Europa y Latinoamérica. La organización se comunicó directamente con el gobierno de Chávez y de pronto, cuando la sentencia aún no había sido publicada, requisito indispensable para ejercer cualquier apelación, el TSJ de Chávez anuló el fallo y declaró la libertad provisional de González, la que le habían negado por año y medio. Esto evidenció que fue una medida política, pues para que un tribunal de alzada asuma un caso lo primero que tiene que haber pasado es que el dictamen de ese juez esté publicado. Es lógico. Pero el dictamen no estaba publicado en ningún lado.	– Hubo otras protestas, pero para entender lo que ha pasado hay que ubicarse en la situación. Toda la vida las empresas, que quedan a más de 20 kilómetros de la ciudad, han tenido una flota de autobuses que recogían al personal en los distintos sitios de la ciudad y lo trasladaban hasta allá, y a la salida del turno del trabajo al revés. Pero ahora están en el suelo. Cada vez es más difícil para el trabajador ir a la empresa. Algunos tienen carro, pero no es sencillo por la falta de gasolina. Además, por unas semanas ellos pasaron una lista de las personas que podían entrar para mantenimiento y seleccionaron a gente controlada por ellos, y a los demás les prohibieron entrar, después eliminaron eso. Todo eso produce desmovilización. Hay mucha gente que no va.	Entonces hay una serie de factores que se fueron combinando que desmovilizaron a los trabajadores: básicamente el hecho que las empresas estaban más o menos cerradas, que no tenían flota de transporte y que incluso por un tiempo pusieron una lista de los trabajadores que podían entrar con la excusa de casi no había autobuses. A los demás no los dejaron entrar por el portón. Entonces cada vez se puso más difícil, también por todas las medidas represivas, que sí es posible que hayan causado un efecto, y la difícil situación económica.	– En Ferrominera el Gobierno instaló un sindicato paralelo designado a dedo por ellos. Eliminó al sindicato legítimo, a Sintraferrominera, les intervino la sede sindical, les cambió la cerradura y ellos ya no pueden entrar a su sindicato. También despidieron a una cantidad de dirigentes sindicales, creo que son alrededor de 30 personas, que tampoco pueden entrar, porque cuando van a la empresa su ficha está desactivada.	– Hay de todo, pero sí hay mucha gente amenazada, algunos con juicios abiertos que lo dejan así como una medida de presión para controlarlos, como que “cualquier cosita que tú hagas te puedo hacer tal vaina”. Hay tres que se han ido del país amenazados de varias empresas, uno de Ferrominera y otro de Sidor, porque ellos sentían que había cada vez una amenaza más directa sobre ellos. Pero al mismo tiempo esa visita de la OIT fue una presión al contrario. Ellos trataron de amenazar a gente para que no fuera a hablar, a ratificar la queja, pero la gente en general fue.	Según Provea, aproximadamente 150 sindicalistas han sido sometidos a juicios penales desde 1999, año cuando Chávez asumió el poder. La ONG señala que algunos de esos sindicalistas fueron juzgados en libertad, pero bajo régimen de presentación periódica, y que varios de ellos llevan más de siete años presentándose ante tribunales. Además, “tienen otras restricciones como la no libertad de tránsito por el país, la prohibición de salida al exterior e incluso el no poder participar en concentraciones o protestas ni siquiera en las empresas donde fueron elegidos como representantes sindicales”.	La Comisión de Encuesta relativa a Venezuela, establecida en marzo de 2018 por el Consejo de Administración de la OIT, constató la existencia en el país de un conjunto de situaciones y prácticas que atentan contra garantías y derechos laborales establecidos en convenios internacionales y en las que, por acción u omisión, están implicados múltiples agentes estatales.	Condena los mecanismos y prácticas que abarcan graves atentados a los convenios en forma de actos de violencia, incluidos asesinatos, así como impunidad o falta de esclarecimiento de los mismos; persecución y múltiples formas de acoso a empleadores y sindicalistas; prácticas de favoritismo o promoción de organizaciones paralelas y de discriminación, suplantación y trabas al funcionamiento de organizaciones no afines; y ausencia de consulta tripartita y exclusión del diálogo social.	De los 31 casos de asesinatos ocurridos entre 2015 y 2018, denunciados por las organizaciones de trabajadores, la instancia de la OIT afirma que la Fiscalía no dio respuesta sobre 14 de ellos, o indicó que los nombres de los asesinados no estaban registrados en sus archivos. Tampoco proporcionó detalles sobre los otros 16 casos, pues apenas informó que estaban en etapa de investigación, “por lo que el expediente estaba reservado solo a las partes”.	Durante 2018 Provea contabilizó el asesinato de 6 sindicalistas, un descenso de 40% respecto a los 15 casos registrados en el período anterior. Los nombres de los sindicalistas asesinados son los siguientes: Tomás Molina (Sutiss), Ciudad Bolívar, estado Bolívar; José Desiderio Ramírez Torres (Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Guaicaipuro), estado Miranda; José Desiderio Ramírez Torres (Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Guaicaipuro) estado Miranda; Jancili Gabriel Baca Bonalde (Sindicato Coca-Cola), estado Anzoátegui; Freddy Colmenares (Aragua), y Juan Diego Jiménez Zamora (Sindicato de la Construcción), estado Guárico.