Al cabo de una de las jornadas más violentas desde el inicio de las protestas el 18 de octubre, la noche del martes 12-N, el presidente Sebastián Piñera ratificó su propuesta para cambiar la Constitución que se ha mantenido en 30 años de democracia, en los que ningún proyectó prosperó para reemplazarla.	La llamada "Mesa Social", que reúne a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), gremios de la salud pública y empleados fiscales, y que el martes llamó a una huelga general acatada parcialmente, le dio un "ultimátum" al gobierno, con una amenaza de paro indefinido si no acepta convocar a una Asamblea Constituyente.	Aprobada en 1980, en un cuestionado plebiscito, la Constitución fue considerada un traje a la medida para que el régimen de Pinochet y los sectores conservadores pudieran mantener su poder, incluso más allá del fin de la dictadura en 1990. Hoy es señalada como el origen de las inequidades y la distancia de la clase política con la sociedad.	Su ideólogo, Jaime Guzmán, asesinado por un comando de izquierda en 1991, instauró quorums altísimos para cualquier modificación de fondo de la carta magna. Además, previó una serie de "enclaves autoritarios", como senadores designados y la imposibilidad de remover a los jefes de las fuerzas armadas, que recién en 2005 fueron eliminados de la carta fundamental tras un gran acuerdo político.	Piñera, que no volvió a sacar a los militares a las calles, dio su mensaje en medio de una de las jornadas más violentas en casi un mes de protestas, que se inició con barricadas en varios puntos de Santiago y terminó con incendios, saqueos y fuertes choques con la policía en el centro de la capital chilena y varias ciudades del país.