El legislativo panameño avanzó el lunes en la discusión de unas polémicas reformas constitucionales mientras continuaban manifestaciones de rechazo por parte de sectores obreros y universitarios.Estos posibles cambios –aprobados este día en un tercer debate– deberán ser nuevamente revisados en la siguiente legislatura –prevista para el año entrante– y posteriormente sometidos a un referendo popular.Las propuestas fueron presentadas por el gobierno de Laurentino Cortizo tras un proceso previo de concertación, aunque en medio de exigencias de otros sectores que piden una Constituyente para reescribir una nueva carta magna.Cortizo llegó al poder en julio pasado.“Es el documento preliminar que se tiene que seguir consultando en todos estos seis meses” próximos, dijo el presidente de la Comisión de Gobierno del Legislativo, Leandro Avila, del oficialista Partido Revolucionario Democrático, tras la votación. Ahora vendrán las discusiones “con constitucionalistas que estén dispuestos a aportar por el país, con organizaciones gremiales, trabajadores y empresarios, todos como panameños”, apuntó.La jornada estuvo marcada por protestas pacíficas por parte de obreros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, sectores universitarios y políticos que rechazan los cambios argumentando que en nada contribuirán a la transparencia y al mejor desempeño institucional del país. Un grupo de trabajadores y universitarios permanecieron en los predios de la Asamblea por varias horas, sin que se registraran incidentes.Reformas “particulares”Las reformas “responden a intereses muy particulares de la concertación que representa el poder económico y político que impone la desigualdad… es más de lo mismo”, dijo en rueda de prensa el médico Fernando Cebamanos, presidente del Frente Amplio por la Democracia, una agrupación política de izquierda.Los cambios abarcarían diversos aspectos, aunque entre sus objetivos principales está el de mejorar la maltrecha y cuestionada administración de justicia con la creación de un Tribunal Constitucional y una nueva manera para designar y juzgar a los principales magistrados del país. También buscan ponerle límite a la reelección de los diputados y al manejo de fondos debido a numerosos escándalos de corrupción, aunque hay resistencia de parte de los legisladores.Cambios introducidos por los diputados –como subirse el salario o la potestad de modificar el presupuesto del Estado– generaron polémica.Algunas otras iniciativas planteadas en el pleno sobre matrimonio igualitario u otorgar la nacionalidad solamente a nacidos de padres panameños en el territorio –en detrimento de los extranjeros– no lograron consenso.La diputada oficialista Zulay Rodríguez dijo que votó en contra porque los cambios no representan el bienestar del pueblo panameño, sino que representan a los “sectores latifundistas, el poder económicos, los extranjeros”.Las últimas reformas a la Constitución, nacida en 1972 bajo el régimen militar, datan de 2004.Ciudad de Panamá / AP