En una conferencia de prensa, el presidente del Tribunal, Ernesto Blume, dijo el lunes que durante la reunión del jueves, con los otros seis magistrados de la más alta corte constitucional, se iniciará de forma oficial el análisis jurídico de la petición promovida por el expresidente del parlamento, Pedro Olaechea, quien pide declarar nula la disolución del Parlamento ocurrida el 30 de setiembre y en consecuencia reabrir ese poder del Estado.	No hay fecha para conocer la decisión de los siete miembros del Tribunal Constitucional, pero Blume aseguró que si la demanda es admitida se avisará a la defensa jurídica del gobierno de Vizcarra para que tenga un “plazo para contestar” y luego de escuchar los argumentos de las dos partes, tomar una decisión. “Lo haremos pensando en la Constitución y la ley”, dijo Blume.	El presidente había pedido un voto de confianza solicitando al Parlamento que elaborara requisitos más rigurosos para elegir a seis miembros del Tribunal Constitucional, un órgano clave en el manejo del poder, pero el Congreso no tomó en cuenta el pedido presidencial y escogió a un miembro de la mencionada corte, provocando el cierre del organismo.	Existen grandes diferencias entre el cierre del Parlamento actual y el de hace 27 años. En 1992, además de disolver el organismo, el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000) también cerró la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, detuvo al presidente del Legislativo, sacó los tanques de guerra a las calles y censuró a la prensa tras enviar escuadrones de militares que entraron por la fuerza a las redacciones, emisoras y televisoras.	Fujimori se mantuvo ocho años más en el poder y fue reelecto dos veces. Abandonó la presidencia en el año 2000 tras varios escándalos de corrupción y finalmente dimitió desde Japón, adonde había huido. Fujimori está sentenciado a 25 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos durante su gestión. También está condenado por corrupción.