Ese documento, que establece una suerte de constitución, la Ley Básica, limita enormemente la soberanía de Pekín sobre el territorio. Por ejemplo, la estructura política de la ciudad presupone la separación de poderes y su autonomía de la China continental, además de garantizar libertades civiles como los derechos de libre expresión, asamblea y manifestación.	Al mismo tiempo, la estructura política del territorio cuenta con un elemento poco parecido a lo que se observa habitualmente en las democracias representativas, puesto que el jefe ejecutivo y la mitad de los parlamentarios de la región son elegidos por un comité electoral compuesto por 1.200 personas nombradas por varios grupos profesionales y económicos locales.	Este sistema electoral ha sido criticado por la desproporción con la que están asignados los votos —el sector de la agricultura y la pesca tiene derecho a 60 votos pese a representar solo el 0,1% de la economía de Hong Kong, mientras que el sector financiero y de seguridad tiene asignados 47 votos—, y además muchos consideran que favorece a los partidarios de un mayor acercamiento con China.	El borrador inicial de la ley de extradición comprendía una amplia gama de delitos por los que se abriría la posibilidad de extradición. Varios de estos delitos, como la evasión fiscal, expondrían a una gran parte de empresas y ciudadanos de Hong Kong a penas significativamente más estrictas fuera del territorio de la región. Posteriormente se redujo la lista de delitos por los que un sospechoso podía ser extraditado, pero se mantuvieron algunos como el fraude, la corrupción y el contrabando, lo que motivó que una parte del sector empresarial siguiera oponiéndose a la ley. Por otro lado, pese a que la ley excluye la posibilidad de extradición por razones políticas, los opositores han señalado que el texto de la ley contiene diversas lagunas que, según afirman, posibilitarían ese escenario.