El uso de los fondos deberá recibir el visto bueno primero de la junta ad hoc de la estatal petrolera Pdvsa, designada por Guiadó, que aprobará el empleo del dinero “para atender las necesidades más urgentes y prioritarias asociadas a la defensa extra judicial y judicial de sus activos”, agregó el documento.	El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ordenó este lunes la disolución del Congreso;  y convocó a elecciones parlamentarias para el próximo 26 de enero. En contrapartida, aquel órgano legislativo unicameral, de mayoría opositora;  votó suspender al mandatario de sus funciones por 12 meses; y la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, juramentó en su lugar de manera interina.	Así, el país andino afronta una de las mayores crisis institucionales en toda su historia;  y la sociedad permanece desde hace horas atravesada por un manto de incertidumbre;  ¿quién gobierna? ¿Hay o no hay Parlamento? ¿Cómo se forma el Tribunal Constitucional? ¿En qué se relaciona el terremoto político con las causas de corrupción que salpican a la clase dirigente?	El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ordenó este lunes la disolución del Congreso y convocó a elecciones parlamentarias para el próximo 26 de enero. En contrapartida, aquel órgano legislativo unicameral, de mayoría opositora, votó suspender al mandatario de sus funciones por 12 meses y la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, juramentó en su lugar de manera interina.	Así, el país andino afronta una de las mayores crisis institucionales en toda su historia, y la sociedad permanece desde hace horas atravesada por un manto de incertidumbre: ¿quién gobierna? ¿Hay o no hay Parlamento? ¿Cómo se forma el Tribunal Constitucional? ¿En qué se relaciona el terremoto político con las causas de corrupción que salpican a la clase dirigente? ¿Debería intervenir algún organismo internacional en los asuntos de Lima?	Según el decreto publicado el 30 de septiembre, que lleva la firma del propio Vizcarra, se tomó la decisión de disolver el Congreso peruano porque este habría vuelto a rechazar la «cuestión de confianza», tal como sucedió en 2017. En efecto, el artículo 134 de la Constitución establece que si la negativa parlamentaria ocurre contra dos Gabinetes del mismo Gobierno, el Ejecutivo tiene la potestad de suspender las funciones de aquel establecimiento y sus legisladores.	Pero, ¿qué es la cuestión de confianza? Se trata de un mecanismo presente en varios países democráticos donde la Presidencia solicita el respaldo del Congreso para implementar alguna medida puntual, ante el eventual riesgo de que peligre la calidad institucional de una nación. En el caso peruano, el oficialismo considera que el sistema para la elección de jueces en el Tribunal Constitucional (TC) es poco transparente, o ilegítimo, entonces pidió la «confianza» de los legisladores para impulsar una reforma en el proceso de selección.	Dicho en términos políticos, Vizcarra percibía que la mayoría adversaria del Parlamento buscaba poner magistrados afines en el TC: «La oposición, liderada por Fuerza Popular (FP) y el Partido Aprista Peruano (PAP), llevaba días maniobrando para hacerse con el control de la Corte», nos dicen desde el equipo comunicacional del presidente. Así, a sabiendas de que el Congreso no podía rechazar su planteo de confianza dos veces, el Ejecutivo ingresó el pedido «de modo urgente».	No obstante, según el relato oficialista, el planteo fue rechazado: «Al premier y a su Gabinete les cerraron las puertas y por varios minutos permanecieron sin acceso a la Oficialía Mayor del Parlamento», cuentan a RT. En contrapartida, mientras el Gobierno proponía suspender la elección de seis jueces, el Congreso continuó con la votación para nombrar a nuevos funcionarios en el Tribunal Constitucional, crispando más las aguas.	Por ello, el Ejecutivo interpretó que su pedido de confianza fue desoído, y vio la luz verde para anular al Congreso y convocar a elecciones parlamentarias en enero para reemplazar las bancas hasta julio del 2021, cuando finaliza el actual mandato. La medida fue celebrada en las calles por miles de peruanos.	La Justicia suele ser parte del equilibrio entre los poderes del Estado, o así debería ser en cualquier sistema republicano. Sin embargo, cooptar al máximo órgano judicial de un país puede ser la obsesión de la clase política o empresaria, y Perú no es la excepción. Actualmente, el TC está compuesto por siete jueces, y seis de ellos deben ser reemplazados por el fin de sus períodos, que duran cinco años. En gran medida, el futuro político del país sudamericano depende de la actuación de la Corte en diversos casos de corrupción.	Por un lado, la líder opositora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tiene prisión preventiva desde octubre del 2018. En efecto, su partido domina el Parlamento y si se mantiene el sistema actual de elección de jueces, será esta fuerza partidaria —junto a algunos votos aliados— la que determine quiénes impartirán justicia sobre el caso de su referente, investigada por haber recibido presuntos aportes irregulares de la constructora Odebrecht para su campaña electoral.	Entre tanto, la Fiscalía avanza y se espera que tome nuevas declaraciones a importantes empresarios de dicha firma, que revelarían más nombres de congresistas involucrados en la aparente trama de irregularidades. A su vez, el TC actual ya rechazó el indulto al expresidente Alberto Fujimori, que había sido otorgado por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski en 2017.	Al respecto, señala que aunque se aprobó la cuestión de confianza, en la práctica se hizo todo lo opuesto: «La Constitución dice que no se puede favorecer el fraude del derecho. Tú no puedes decir por un lado que das la cuestión de confianza en un mecanismo formal, pero no como un sustento material. Lo que quedaba clarísimo es que el pedido planteaba la suspensión del proceso de selección de magistrados, no para quitarle al Congreso la competencia de elección, pero sí para que sea transparente».	Además, explica por qué el presidente tendría motivos para reformar el proceso de elección de magistrados: «Desde el primer momento, el fujimorismo quiso tomar el TC. De hecho, la propia Keiko Fujimori dijo que era la puerta grande para lograr la libertad de su padre. Era un momento oportuno porque el Tribunal requería seis nuevos miembros de los siete totales».	En sintonía, asegura que esa fuerza política «tiene claro que el TC era el único ‘stop’ a sus pretensiones de usurpar otras funciones del Estado desde su mayoría absoluta en el Parlamento». Asimismo, señala que aquel órgano judicial ya limitó varios intentos de la oposición por sancionar leyes, a su juicio, inconstitucionales.	Por otro lado, subraya que el proceso de votación de jueces era irregular. «Carecía de legitimidad porque en media hora revisaron, supuestamente, 11 currículums vitae. Firmaron un acta diciendo que cumplían con todos los requisitos, pero ni siquiera tuvieron la mínima diligencia de que la comisión seleccionadora pudiera reunirse con los supuestos candidatos». Y sigue: «Seis de los 11 participantes tenían procesos penales pendientes. De los cinco que quedaban relativamente limpios, dos renunciaron antes de que sus nombres se utilizaran por parte del Parlamento».	Desde la vereda de enfrente, Oscar Urviola, exjuez del TC (2010-2016), opina que la decisión de disolver el Parlamento «viola flagrantemente el orden constitucional después de 20 años». Más en detalle, considera: «La cuestión de confianza fue considerada como denegada de una forma bastante particular. El presidente ha considerado que eso ocurrió de manera tácita, lo cual no concuerda con nuestro ordenamiento legal ni con los principios universales del derecho». Para el presidente, aunque se aprobó su cuestión de confianza, se rechazó en la práctica.	Ante la idea de que la oposición pretende colocar magistrados según su propia conveniencia, el exdiputado del Movimiento Libertad —partido fundado por el escritor de centro derecha Mario Vargas Llosa— dice que «es una posición exagerada». Si bien reconoce que le gustaría que el proceso de elección fuese más transparente, destaca que se trata de «un procedimiento establecido en la ley orgánica del TC, y así ha venido aplicándose incluso para los magistrados actuales que van a ser reemplazados».	Urviola, que llegó al Tribunal por concurso, critica que se coloque a jueces por invitación. No obstante, aclara que «si es una elección que se decide en el Congreso, son las fuerzas políticas las que toman la decisión». También destaca que los magistrados deben evitar devolver favores a los legisladores que los colocaron en funciones. Además, repasa que se necesitan 87 votos de los 130 escaños parlamentarios para proponer a un juez, es decir, «se requieren votos de otros bloques».	Con este marco, si no hay elecciones parlamentarias dentro de cuatro meses, el Congreso disuelto debería retomar funciones, haciendo peligrar la gobernabilidad de Vizcarra. Mientras tanto, el Parlamento permanece sitiado por las fuerzas de seguridad, muchos peruanos no saben quién gobierna y las causas de aparente corrupción hacen tambalear el sistema político.	Según el decreto publicado el 30 de septiembre, que lleva la firma del propio Vizcarra, se tomó la decisión de disolver el Congreso peruano porque este habría vuelto a rechazar la «cuestión de confianza», tal como sucedió en 2017. En efecto, el artículo 134 de la Constitución establece que si la negativa parlamentaria ocurre contra dos Gabinetes del mismo Gobierno, el Ejecutivo tiene la potestad de suspender las funciones de aquel establecimiento y sus legisladores.	Pero, ¿qué es la cuestión de confianza? Se trata de un mecanismo presente en varios países democráticos donde la Presidencia solicita el respaldo del Congreso para implementar alguna medida puntual, ante el eventual riesgo de que peligre la calidad institucional de una nación. En el caso peruano, el oficialismo considera que el sistema para la elección de jueces en el Tribunal Constitucional (TC) es poco transparente, o ilegítimo, entonces pidió la «confianza» de los legisladores para impulsar una reforma en el proceso de selección.	Dicho en términos políticos, Vizcarra percibía que la mayoría adversaria del Parlamento buscaba poner magistrados afines en el TC: «La oposición, liderada por Fuerza Popular (FP) y el Partido Aprista Peruano (PAP), llevaba días maniobrando para hacerse con el control de la Corte», nos dicen desde el equipo comunicacional del presidente. Así, a sabiendas de que el Congreso no podía rechazar su planteo de confianza dos veces, el Ejecutivo ingresó el pedido «de modo urgente».	No obstante, según el relato oficialista, el planteo fue rechazado: «Al premier y a su Gabinete les cerraron las puertas y por varios minutos permanecieron sin acceso a la Oficialía Mayor del Parlamento», cuentan a RT. En contrapartida, mientras el Gobierno proponía suspender la elección de seis jueces, el Congreso continuó con la votación para nombrar a nuevos funcionarios en el Tribunal Constitucional, crispando más las aguas.	Por ello, el Ejecutivo interpretó que su pedido de confianza fue desoído, y vio la luz verde para anular al Congreso y convocar a elecciones parlamentarias en enero para reemplazar las bancas hasta julio del 2021, cuando finaliza el actual mandato. La medida fue celebrada en las calles por miles de peruanos.	La Justicia suele ser parte del equilibrio entre los poderes del Estado, o así debería ser en cualquier sistema republicano. Sin embargo, cooptar al máximo órgano judicial de un país puede ser la obsesión de la clase política o empresaria, y Perú no es la excepción. Actualmente, el TC está compuesto por siete jueces, y seis de ellos deben ser reemplazados por el fin de sus períodos, que duran cinco años. En gran medida, el futuro político del país sudamericano depende de la actuación de la Corte en diversos casos de corrupción.	Por un lado, la líder opositora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tiene prisión preventiva desde octubre del 2018. En efecto, su partido domina el Parlamento y si se mantiene el sistema actual de elección de jueces, será esta fuerza partidaria —junto a algunos votos aliados— la que determine quiénes impartirán justicia sobre el caso de su referente, investigada por haber recibido presuntos aportes irregulares de la constructora Odebrecht para su campaña electoral.	Entre tanto, la Fiscalía avanza y se espera que tome nuevas declaraciones a importantes empresarios de dicha firma, que revelarían más nombres de congresistas involucrados en la aparente trama de irregularidades. A su vez, el TC actual ya rechazó el indulto al expresidente Alberto Fujimori, que había sido otorgado por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski en 2017.	Al respecto, señala que aunque se aprobó la cuestión de confianza, en la práctica se hizo todo lo opuesto: «La Constitución dice que no se puede favorecer el fraude del derecho. Tú no puedes decir por un lado que das la cuestión de confianza en un mecanismo formal, pero no como un sustento material. Lo que quedaba clarísimo es que el pedido planteaba la suspensión del proceso de selección de magistrados, no para quitarle al Congreso la competencia de elección, pero sí para que sea transparente».	Además, explica por qué el presidente tendría motivos para reformar el proceso de elección de magistrados: «Desde el primer momento, el fujimorismo quiso tomar el TC. De hecho, la propia Keiko Fujimori dijo que era la puerta grande para lograr la libertad de su padre. Era un momento oportuno porque el Tribunal requería seis nuevos miembros de los siete totales».	En sintonía, asegura que esa fuerza política «tiene claro que el TC era el único ‘stop’ a sus pretensiones de usurpar otras funciones del Estado desde su mayoría absoluta en el Parlamento». Asimismo, señala que aquel órgano judicial ya limitó varios intentos de la oposición por sancionar leyes, a su juicio, inconstitucionales.	Por otro lado, subraya que el proceso de votación de jueces era irregular. «Carecía de legitimidad porque en media hora revisaron, supuestamente, 11 currículums vitae. Firmaron un acta diciendo que cumplían con todos los requisitos, pero ni siquiera tuvieron la mínima diligencia de que la comisión seleccionadora pudiera reunirse con los supuestos candidatos». Y sigue: «Seis de los 11 participantes tenían procesos penales pendientes. De los cinco que quedaban relativamente limpios, dos renunciaron antes de que sus nombres se utilizaran por parte del Parlamento».	Desde la vereda de enfrente, Oscar Urviola, exjuez del TC (2010-2016), opina que la decisión de disolver el Parlamento «viola flagrantemente el orden constitucional después de 20 años». Más en detalle, considera: «La cuestión de confianza fue considerada como denegada de una forma bastante particular. El presidente ha considerado que eso ocurrió de manera tácita, lo cual no concuerda con nuestro ordenamiento legal ni con los principios universales del derecho». Para el presidente, aunque se aprobó su cuestión de confianza, se rechazó en la práctica.	Ante la idea de que la oposición pretende colocar magistrados según su propia conveniencia, el exdiputado del Movimiento Libertad —partido fundado por el escritor de centro derecha Mario Vargas Llosa— dice que «es una posición exagerada». Si bien reconoce que le gustaría que el proceso de elección fuese más transparente, destaca que se trata de «un procedimiento establecido en la ley orgánica del TC, y así ha venido aplicándose incluso para los magistrados actuales que van a ser reemplazados».	Urviola, que llegó al Tribunal por concurso, critica que se coloque a jueces por invitación. No obstante, aclara que «si es una elección que se decide en el Congreso, son las fuerzas políticas las que toman la decisión». También destaca que los magistrados deben evitar devolver favores a los legisladores que los colocaron en funciones. Además, repasa que se necesitan 87 votos de los 130 escaños parlamentarios para proponer a un juez, es decir, «se requieren votos de otros bloques».	Con este marco, si no hay elecciones parlamentarias dentro de cuatro meses, el Congreso disuelto debería retomar funciones, haciendo peligrar la gobernabilidad de Vizcarra. Mientras tanto, el Parlamento permanece sitiado por las fuerzas de seguridad, muchos peruanos no saben quién gobierna y las causas de aparente corrupción hacen tambalear el sistema político.