Un Juzgado de Bogotá ordenó al Estado colombiano, que en los próximos 30 días, deberá ofrecerle una disculpa pública e  indemnizar a la exsenadora Piedad Córdoba por el seguimiento ilegal que realizó el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre 2005 y 2008.  La sentencia contempla que el DAS “realizó tareas de inteligencia, seguimientos y acciones tendientes a desacreditar la imagen pública de Piedad Esneda Córdoba, con propósitos prohibidos por la Constitución Política y la Ley”, refiere una publicación en el portal web de la multiestatal de noticias Telesur. Asimismo, el Departamento Administrativo de la Presidencia y el DAS deben indemnizarla con 240 millones de pesos, mientras que su madre, esposo e hijos recibirán cerca de 192 millones.El Estado se defendió esgrimiendo su facultad para recaudar datos con el fin de mantener la seguridad nacional, pero el Juzgado decretó que lo conseguido con esa prerrogativa no debe usarse para desacreditar a la oposición del Gobierno.El funcionario judicial detalló que, desde el DAS, se promovió la publicación de información que relacionaba a la exsenadora con un grupo al margen de la Ley, buscando «desprestigiar la honra y el buen nombre», lo que derivó en una investigación penal de oficio en su contra.Según la decisión, la opinión pública se «vio moldeada por esa estructura criminal», por lo que Córdoba fue insultada y amenazada, afectando su calidad de vida, su integridad y la de su familia; generándole intranquilidad, angustia y perturbación.Córdoba es una de los políticos opositores, magistrados y periodistas que fueron víctimas de seguimientos e interceptaciones ilegales durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez.A la exsenadora le interceptaron correos electrónicos, reportes financieros e infiltraron agentes en su esquema de seguridad para que el Gobierno estuviera al tanto de todos sus movimientos.