El día 10 de enero presente la Urbanización Sucre en la ciudad de Barquisimeto fue objeto de una nueva y masiva agresión por parte de cuerpos de represión del Estado venezolano. Después de varios días previos con recorridos y alcabalas de tales organismos situadas frente al urbanismo, alrededor de unos 90-100 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), arremetieron en horas de noche en los bloques de edificios Nos. 22, 23 y 24 de la urbanización disparando cartuchos con perdigones y allanando, sin orden judicial, unas 50 residencias.	Los efectivos de las FAES portando armas largas –fusiles AK103, ametralladoras mini UZI- y pasamontañas para cubrir sus rostros, se desplazaron entre los diferentes pisos de los edificios tumbando rejas y golpeando con sus armas las puertas de los apartamentos de residencia de los vecinos, para lo cual utilizaron una lista de los mismos que portaban. Una vez dentro de las residencias apuntaron con sus armas a los habitantes -desde personas muy jóvenes hasta mayores que les reclamaron sus grados de violencia-, golpeando con sus armas a varios de ellos. Estos efectivos buscaban armas, combustibles y material incendiario.	En las dos horas que duró el allanamiento masivo fue detenida una persona que se encontraba de reposo con lesiones en la residencia de su familia y retenidos 5 jóvenes, los cuales fueron posteriormente liberados. Es de resaltar que una inmensa bandera de Venezuela que se encontraba desplegada en uno de los edificios fue decomisada después de ser pisoteada por los señalados efectivos.	Esta nueva agresión a la urbanización constituye un segundo ataque masivo a la misma después del perpetrado el 26 de abril del año 2017 igualmente con allanamientos masivos y disparos de perdigones. Este uso desproporcionado, ilegal y violento de la fuerza por un personal con procedimientos paramilitares, allanando sin ninguna orden judicial las residencias y bajo el anonimato del uso de pasamontañas, configura una grave violación a los derechos humanos de las familias residentes de la Urbanización Sucre.	Es de apuntar que las FAES, en actuaciones que aún no han sido investigadas por el Ministerio Público, ha participado desde agosto del año 2018 hasta el presente en unas 100 ejecuciones extrajudiciales en comunidades populares del Estado Lara de personas que han fallecido en supuestos “enfrentamientos a la autoridad”. Ello evidencia la alta letalidad de este cuerpo, a cuyo cargo se realizó este allanamiento masivo a una urbanización pacífica en pleno casco central de la ciudad.	§  Se compromete a documentar sistemáticamente estas violaciones masivas de derechos humanos para enviar informes a las instancias internacionales de protección y defensa de DDHH, en especial a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual monitorea detalladamente la situación del país preparando la próxima visita de sus misiones de campo.