Durante todo el mandato de Nicolás Maduro, hoy usurpado del poder y principal figura de la dictadura bolivariana, se ha venido profundizando la perdida de la calidad de vida y de la capacidad adquisitiva del salario de las y los trabajadores, que ha sido acompañada por una política represiva contra los dirigentes de gremios movilizados, lo que significa una vulneración a la libertad sindical y a la huelga.	Solo entre diciembre de 2018 y enero de 2019, se han producido hechos que ratifican la política anti-trabajadores del gobierno de Nicolás Maduro que se manifiesta con la detención de cuatro trabajadores del Sindicato de Profesionales de Venalum (Néstor Morillo, Andrés Rojas, Noel Gerdez y José Hidalgo) el pasado 14 diciembre,  acusados de paralización de la industria, resistencia a la autoridad, daño a la nación, agavillamiento y obstrucción a la vía pública; por su participación en una huelga de brazos caídos donde exigían derechos laborales derivados del ordenamiento jurídico, como son la no recepción de juguetes y la falta de HCM presentes en la contratación colectiva.	Durante el allanamiento y la detención de los trabajadores de Venalum, un contingente de 80 guardias nacionales acompañados de funcionarios de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) ingresaron a la industria, golpeando, amenazando e incluso robando pertenencias de los trabajadores y dañando parte del mobiliario de la empresa. Los profesionales han sido recluidos en la sede militar del DGCIM en el campo de Ferromineras y existen dos órdenes de detención que no se han podido ejecutar contra los trabajadores Douglas González y Franklin Gazcón por participar en la huelga de brazos caídos.	La orden de amparo constitucional fue emitida por el juzgado 4to de circuito penal a cargo de la juez Zully Rodríguez, la misma que dicto medida privativa de libertad contra los supuestos destructores de la estatua de Hugo Chávez en San Felix; actuando por solicitud del fiscal Jairo Chacón y del presidente de la industria, el capitán Pedro Tellechea, designado por Tareck El Aissami, Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional a través de la resolución nro. 064 del referido ministerio.	A estos hechos se le suma la detención arbitraria del secretario general de Ferrominera, Rubén González, el cual fue detenido en una alcabala después de participar en una movilización laboral en Caracas; el cargo que se le imputa es el de “asalto al centinela” y su procedimiento se está juzgando por jurisdicción militar, lo que representa una violación flagrante de su fuero natural. Aunado a esta acción esta la jubilación especial que ha sufrido para sacarlo de la industria, medida ilegal que también sufrió en enero el trabajador Ramón Gómez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana (SUNEP-CVG).	Es importante resaltar que los trabajadores están siendo recluidos en establecimientos castrenses como el destacamento del DGCIM o el Centro de Procesados Militares (Cepromil) de la Pica, lo que representa un patrón desde el poder judicial de militarizar las protestas laborales similar al empleado contra los detenidos durante las movilizaciones de la Rebelión Popular del 2017.	Todas estas acciones gubernamentales en las industrias básicas donde el Estado es el patrón, es parte de una política entreguista amparada bajo una retórica revolucionaria que busca privatizar y entregar empresas estratégicas al capital transnacional de China y Rusia; política entreguista auspiciada por Alfonso Moros, primo de Nicolás Maduro y vicepresidente en el sector aluminio, tal y como se desprende de la Providencia Administrativa Nº 052-2018 de fecha 17 de septiembre de 2018 publicada en la Gaceta Oficial nro. 41.484.	Por consiguiente, exigimos no solo la libertad inmediata de los detenidos de Venalum y el fin de emplear la jurisdicción militar contra Rubén González, sino que invitamos a todo el movimiento sindical a construir una agenda conjunta para reconstruir su autonomía y contribuir al rescate de la democracia y el Estado de Derecho en el país, lo que contribuirá al reconocimiento de garantías y derechos mínimos para el ejercicio cabal del trabajo.