El gobierno interino de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordaron realizar una investigación internacional profunda sobre las muertes de 36 personas en las fuertes protestas poselectorales.La decisión se da a dos días de que el organismo presentara un informe preliminar que criticó el uso de la fuerza del gobierno de la declarada presidenta interina, Jeanine Áñez. Posteriormente, su administración lo rechazó.La canciller Karen Longaric informó la noticia el jueves en rueda de prensa. “Es para que tengan reuniones con todos los diferentes sectores para que puedan rectificar aquel informe que tiene muchas imprecisiones y que no es conveniente al gobierno porque no se ajusta a la verdad de los hechos”, dijo.El informe preliminar de la CIDH condenó “las masacres de Sacaba y Senkata, en las que se habrían cometido graves violaciones de los derechos humanos”. Estos enfrentamientos dejaron 18 muertos, al parecer seguidores del expresidente Evo Morales que habrían fallecido por disparos de armas de fuego durante una incursión de las fuerzas del orden.Longaric mencionó que el gobierno invitó a la CIDH a que realice una investigación que abarque de septiembre a diciembre, un mes antes y uno después de la crisis poselectoral.De acuerdo a un tuit de la comisión, la investigación será encabezada por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), que la CIDH ha llevado a Mexico ante la desaparición de los 41 estudiantes en 2014 y en Nicaragua en 2018.Las 36 muertes reportadas se dieron antes y después de la renuncia del expresidente Evo Morales a raíz de las fallidas elecciones del 20 de octubre, en las que el exmandatario se declaró ganador.Morales, presionado por las protestas que fueron apoyadas por policías y militares, se fue asilado a México y actualmente está refugiado en Argentina.Bolivia / AP