Los Imperios nunca suscriben tratados que los sometan a tribunales competentes sobre Derechos Humanos. Las Cortes o instituciones que dicen defenderlos no tienen reparos en formular condenas infundadas para culpabilizar a las víctimas de los imperios. Un informe de la Alta Comisionada en Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) Navy Pali en el cual se acusaba falsamente de violación de Derechos Humanos a Muhammar Khadafi sirvió de pretexto para el linchamiento del mandatario, el bombardeo sistemático de Libia por fuerzas de la OTAN y su saqueo y desmembración por fuerzas mercenarias que desde 2011 destruyen el país en guerra civil interminable.3	Un documento vale por su coherencia con otros del mismo ente. El 16 de marzo de 2017 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó, es decir aprobó, el resultado del Examen Periódico Universal sobre Venezuela. Entre noviembre y diciembre de 2017 Alfredo de Zayas, Experto independiente de la ONU para la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo, nos visitó y concluyó que “la guerra económica no comenzó con las sanciones de 2015, sino con la llegada de Hugo Chávez al poder hace veinte años”. El informe de Bachelet intenta desautorizar ambos documentos arrojando toda la responsabilidad de la crisis sobre el gobierno bolivariano a partir de 2018: “El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida, entre otros, debido al deterioro de servicios básicos como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural”.4	Un informe tiene el mismo valor que sus fuentes. El de ACNUDH sobre Venezuela sostiene que la Alta Comisionada se reunió con “muchas contrapartes, incluido el Presidente Nicolás Maduro, el Vicepresidente, el Ministro de Relaciones Exteriores, altos cargos de 17 ministerios, el Presidente de la Asamblea Nacional y diputados/as de la oposición. Asimismo, se reunió con el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el Fiscal General, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y el Defensor del Pueblo”. En este conteo son mencionados sólo veintiún representantes del gobierno legítimo. Mientras que entre los opositores son mencionados más de mil (en su mayor parte sin especificación de nombres ni de cantidades): el presidente elegido por nadie; los diputados de la oposición, “representantes de la Iglesia Católica, el sector empresarial, universidades, estudiantes, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, aproximadamente 200 víctimas, la comunidad diplomática y el equipo de la Organización de las Naciones Unidas en el país”. Además de ello, la Comisionada habría realizado “558 entrevistas con personas víctimas, testigos y otras fuentes”.5	Un Informe tiene el mismo valor que sus datos. De los 558 testimonios, confiesa el informe disimuladamente en nota al pie de página que “460 entrevistas fueron realizadas en la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, y Perú, y 98 de manera remota”. Vale decir, la mayoría tuvieron lugar fuera del país, con personas que por ausentes no tienen conocimiento real y actual de lo que en él acontece y posiblemente adversan al gobierno legítimo. Ello evidencia que el informe de Bachelet fue redactado o por lo menos documentado de manera previa a su visita, a partir de fuentes con igual desconocimiento de la realidad del país al cual todavía no había visitado.6	Un informe vale lo mismo que su imparcialidad. A pesar de la voluntaria omisión de precisiones, cifras y me ciones, por propia confesión trasciende que el de ACNUDH habría sido redactado, por un lado, a partir de la consulta a 21 representantes del gobierno legítimo, y por el otro mediante la consulta a más de un millar de personas o instituciones adversas a él, la mayoría sin contacto directo con la realidad del país sobre el cual declaran. Esta impresionante desproporción de casi cincuenta a una de fuentes en su mayoría anónimas y ausentes del país descarta cualquier pretensión de objetividad o veracidad. Como bien apunta Alfredo de Zayas: “El principio fundamental que guía a cualquier investigador honesto es audiatur et altera pars: Todas las partes deben ser escuchadas”. Pero no en proporción de veinte a una.	Una denuncia vale lo mismo que quien la formula. Añade el informe que “garantizó confidencialidad” a los entrevistados, “para proteger las identidades de las fuentes, y observa que muchas de estas manifestaron su temor a represalias”. Tal argumento no es válido. Si la mayoría de los denunciantes estaban fuera del país, también lo estaban fuera del alcance de sus autoridades. A diferencia de Estados Unidos, Venezuela no opera cuerpos represivos fuera de sus fronteras. La mención del ACNUDH sólo significa que “muchas de estas” denuncias (de hecho la casi totalidad) son anónimas, y por tanto sin efectos. Es principio universal el derecho del acusado de conocer los hechos que se le imputan, incluyendo la identidad de su acusador. Ninguna declaración de testigo procede sin su identificación con nombres, apellidos y domicilio, salvo en casos muy limitados de juicios especiales en los cuales una legislación dispense explícitamente tales requisitos. A denuncia anónima, prueba nula.8	El Informe examinado no es más que colección de opiniones de informantes anónimos prejuiciosamente seleccionados por adversar al gobierno legítimo. Ni una sola de sus conclusiones invalida la del informe de Zayas en 2018: “Algunos países prefieren prolongar el sufrimiento del pueblo venezolano con la expectativa que el país se sumerja en una crisis humanitaria para justificar la intervención militar”.