Esta empresa asegura no haberse sorprendido con la norma publicada el miércoles por la Administración de Donald Trump en la que se prohíbe a sus entidades públicas de ámbito nacional comprar a partir del próximo 13 de agosto equipos de Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision y Dahua, así como tampoco contratar sus servicios.	Esta iniciativa responde al interés de Washington de reducir la dependencia de sus comunicaciones de la tecnología china, alegando “temores a la vulneración de la seguridad nacional”, según se puede leer en la norma, de más de cuarenta páginas y en la que se apunta que la Administración podrá aplicar excepciones después de estudiar algún caso concreto.	El pasado marzo Huawei ya llevó ante los tribunales de EE.UU. el artículo de la NDAA que apuntaba este veto argumentando que era “ilegal”, excluía a la empresa del debido proceso judicial, violaba la separación de poderes, rompía las tradiciones legales de EE.UU. e iba “en contra de la naturaleza de la misma Constitución” estadounidense.	“Huawei continúa desafiando la constitucionalidad de la prohibición en los tribunales federales”, ha añadido este jueves, ya que “la NDAA y las disposiciones para su implementación no harán nada para garantizar la protección de las redes y sistemas de telecomunicaciones de EE. UU”, sino que “son una barrera comercial basada en el país de origen, invocando acciones punitivas sin evidencias”.	En paralelo, a mediados de mayo el Departamento de Comercio de EE.UU. incluyó a Huawei en una lista de empresas con las que no podían hacer negocios las firmas estadounidenses, aunque luego se relajó la prohibición y se estableció un plazo para su aplicación de tres meses, que está a punto de cumplirse.