La cancillería de Colombia solicitó a finales del 2018 a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, intervenir para lograr la liberación de los detenidos el 1 de septiembre de 2016 en Venezuela y denunció que se ignoró una decisión de un juez que ordenó su libertad plena en noviembre de 2017.