En Venezuela, a pesar del descalabro del ingreso fiscal de origen petrolero y del desplome de la recaudación de impuesto sobre la renta (Islr) e impuesto al valor agregado (IVA) como consecuencia de la prolongada recesión de la economía, se ha mantenido la inercia de un gasto público populista que ahora es financiado con desmesuradas emisiones de dinero, cuestión que se ha convertido en el principal factor propagador de la inflación.	Al desaparecer el superávit petrolero como fuente de ingresos y, ante la reducción de los ingresos no petroleros, el gasto público no se puede cubrir ni con renta ni con impuesto. El déficit fiscal supera el 20 % del PIB y, para financiarlo, el gobierno recurrió primero al financiamiento externo y, una vez cerrados los mercados financieros, a la emisión monetaria del BCV.	Habilitado por las reformas a Ley del BCV  que prácticamente lo obligaron a financiar los gastos del gobierno, las transferencias a través de la cuenta “Crédito a las empresas públicas no financieras” rellenó con emisión monetaria el hueco fiscal causado por el derrumbe en la recaudación de impuestos petroleros y no petroleros.	Maduro heredó de Chávez una deuda externa superior a $ 110 millardos, con pagos a razón de $ 8-10 millardos cada año. Al no renegociar a tiempo un cronograma de pagos que más temprano que tarde no podría cumplirse, se condenó al aparato productivo a hundirse en la depresión más larga de la historia económica de Venezuela. En efecto, para pagar puntualmente la deuda, el ajuste económico se hizo al precio de sacrificar las importaciones de materias primas, maquinarias y equipos que requería la buena marcha de la actividad económica.	Las importaciones se desplomaron de $ 74 millardos en 2013 a solo $ 19 millardos en 2018. Esta drástica reducción generó graves consecuencias para la producción nacional que se vio privada de los insumos importados para continuar su actividad. El PIB se estanca y a finales de 2013 comienza a caer ininterrumpidamente, al extremo de acumular 6 años consecutivos de contracción. Según cifras publicadas por el BCV, la actividad económica se redujo en 49,3 % entre 2013-2018. Para 2019, estimaciones del FMI estiman una caída adicional del 35 %.	A pesar de que los precios del petróleo se mantuvieron altos hasta 2014, desde 2013 la economía va mermando cada vez más. A partir de 2017 la Administración de Donald Trump comienza a aplicar una amplia gama de sanciones financieras, comerciales y económicas que agravan aún más el colapso de la actividad económica y prolongan la contracción del PIB. Diferentes proyecciones estiman que para 2020 habrá una nueva caída entre 10-12 %, a pesar de proyectar un precio promedio de la cesta petrolera en torno a 55-60 $/barril.	Ante las sanciones financieras impuestas por EE.UU. y las sanciones y congelamiento de activos a funcionarios y personas por parte de la Unión Europea, Maduro se ha visto emplazado a profundizar el ajuste económico como estrategia de sobrevivencia. Para prolongar su esperanza de vida en el poder, el Gobierno levantó los controles de cambio y de precios.	La dolarización oficiosa -aunque no oficial-, se ha profundizado al eliminar la Ley de Ilícitos Cambiarios, aprobar la libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional, permitir las mesas de cambio en la banca, autorizar la facturación en divisas e  indexar los créditos comerciales a la evolución de la tasa de cambio oficial.	A la larga, el ajuste económico de Nicolás Maduro resultó ser muy recesivo para el aparato productivo nacional que, por si fuera poco, ahora se ve obligado a competir con importaciones traídas a una tasa de cambio sobrevaluada, sin pagar arancel y que no cumplen con los requisitos paraarancelarios a los cuales si se obliga a la producción nacional.	La liberación de la economía de los controles de cambio, precios y barreras arancelarias y paraarancelarias se hace con el fin de que la economía privada resuelva por sí sola sus necesidades de divisas, bien sea a través de la repatriación de capitales depositados en la banca internacional, la inversión extranjera, las exportaciones no petroleras o de las remesas.	Para muestra un botón: si los 4 millones de venezolanos que Acnur ha registrado como migración venezolana envían a sus familiares un promedio de 100 $/mensual, esto equivale a $ 400 millones/mensual, lo que significa que el monto total por concepto de remesas pudiera ascender en 2020 a 4.800 millones anual.	Así, la diáspora venezolana se convierte paradójicamente en una máscara de oxígeno para el Gobierno. Por un lado, alivia la presión sobre la demanda de alimentos, medicinas y servicios públicos de salud, educación, vivienda, etc.; y, por otro lado, pasa a ser una creciente fuente de divisas que compensa el colapso de la renta petrolera y el impacto de las sanciones sobre el ingreso externo del país.