El organismo consideró que los jefes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) incurrieron en  «abusos sistemáticos de los derechos humanos y represión de la disidencia». La decisión se basa en el Informe de la ONU sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela. También por el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta.	«Los Estados Unidos continuarán responsabilizando a las personas que están involucradas en el uso de la intimidación y la represión. Para atacar y silenciar a los opositores políticos, civiles inocentes y miembros de las fuerzas armadas», dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. «Estados Unidos utilizará todas sus autoridades para atacar a aquellos que han ayudado al régimen ilegítimo de Maduro.  A reprimir la disidencia, la libertad de expresión y la voluntad del pueblo venezolano», dice el escrito.