El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.  Este disfrute está condicionado por factores como la alimentación, vivienda, acceso a agua limpia, condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas, así como un medio ambiente sano.	Tal tendencia se ha intensificado en los últimos años, por lo que actualmente las actividades humanas están amenazando la salud y existencia de los ecosistemas de una manera tan acelerada como nunca antes en la historia había ocurrido. Frente a ello, es necesario recordar la opinión de John Knox, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente: “La crisis de la biodiversidad es una crisis de derechos humanos, y tenemos que reaccionar en consecuencia”.	Estas áreas protegidas resguardan una extraordinaria diversidad de ecosistemas y especies, resguardan cuencas productoras de agua. Sus comunidades biológicas conservan suelos; sirven de barreras naturales evitando derrumbes e inundaciones y protegen contra eventos meteorológicos adversos. Asimismo, pueden actuar como sumideros de gases de efecto invernadero, mitigan la contaminación y amortiguan la variabilidad climática.	No siempre ha habido una relación positiva entre áreas naturales protegidas y los derechos humanos. Las concepciones más antiguas aplicadas a la creación de estos espacios desconocían los derechos de las poblaciones locales, incluyendo poblaciones ancestrales e indígenas. Algunas se crearon sin consultar a las comunidades locales y sus pobladores fueron sometidos a migraciones forzadas y condiciones de vida restrictivas. Ello generó conflictos sociales entre los objetivos de conservación que se esperaba lograr y las necesidades y derechos de los habitantes locales.	Por su parte, en el estado Bolívar es emblemático el caso del Parque Nacional Canaima, Patrimonio Natural de la Humanidad y protector de la cuenca del río Caroní que alimenta la represa del Guri. En este Parque, la explotación minera ha producido daños ambientales considerables algunos de ellos irrecuperables. Asimismo, ha propiciado graves violaciones a los derechos de la población indígena pemón.	En el caso de las áreas protegidas al norte del Orinoco, su situación no es mucho mejor. Por una parte, una combinación de negligencia e incompetencia por parte de las autoridades de los organismos encargados de la gestión de esas áreas, los ha llevado a no tener la capacidad para impedir las actividades que causan degradación de las mismas. Por otra, una creciente mercantilización ilegal de estos espacios, genera destrucción ambiental y despoja a la población de las contribuciones generadas por estos territorios.	Las consecuencias negativas de este daño son y serán importantes, tanto en términos ambientales, como por sus implicaciones sobre derechos humanos. Como ejemplos, a corto plazo, es posible prever mayores restricciones al acceso al agua, aumento de eventos como derrumbes e inundaciones y desaparición de especies importantes para las comunidades locales.