El próximo 10 de enero del presente año debería juramentarse el Presidente de la República legítimamente electo en elecciones presidenciales libres, las cuales tal como lo establece la Constitución Nacional del año 1999 debieron realizarse en diciembre del año 2017. Tales comicios no fueron realizados en el lapso legalmente establecido, ni se produjeron bajo las condiciones y garantías consagradas en la legislación nacional y en correspondencia con los estándares democráticos reconocidos internacionalmente.	Frente a esta usurpación, la sociedad civil venezolana debe levantar su voz y realizar todos los esfuerzos movilizadores que permitan, en correspondencia con las acciones que emprendan la legítima Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia designado por ésta y la comunidad internacional, restablecer el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática.	La labor de promoción y defensa de los derechos humanos hoy en Venezuela le exige a quienes se asumen como defensores y defensoras, incorporarse activamente al torrente de fuerzas democráticas que deben aportar sus iniciativas para hacer posible una transición democrática y participativa. La emergencia humanitaria compleja que afecta severamente a la sociedad venezolana, demanda con la mayor celeridad enfrentar decididamente la búsqueda de alternativas que puedan garantizar el respeto a los derechos humanos de toda nuestra población, en particular, su derecho a elegir libremente sus autoridades en el marco de	Es por ello que hacemos un llamado a todas las organizaciones de la sociedad civil larense y venezolana a unir esfuerzos para garantizar la fuerza suficiente que haga posible evitar la consumación e imposición de esta usurpación del poder, que representa la profundización de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de toda nuestra población.	Reiteramos plenamente nuestro compromiso con la defensa de la democracia como una condición indispensable para garantizar la promoción de los derechos humanos. Su protección y defensa es impensable e inviable sin la existencia de un Estado de Derecho, con una sólida institucionalidad, separación de poderes y respeto a la dinámica democrática según la Constitución y los estándares democráticos internacionales