La reciente publicación de las estadísticas de la agencia estadounidense contra las drogas, DEA, supone un golpe para algunas de las mayores farmacéuticas del país. Habían desembolsado millones de dólares en arreglos extrajudiciales con el objetivo, en parte, de mantener en secreto la evidencia: se beneficiaron haciendo negocio con el aumento de la demanda de opiáceos incluso mientras los funcionarios de salud pública estaban declarando la epidemia.	Los datos abarcan desde el año 2006 hasta el 2012, cuando se llegó al máximo de 282 millones de recetas de opiáceos al año, un número equivalente al que haría falta para que todos los adultos estadounidenses consumieran opiáceos durante un mes. Las ventas anuales de calmantes narcóticos llegaron a superar ese año los 8.000 millones de dólares.	En el tribunal federal de Cleveland (Ohio), el juez de distrito Dan Polster está juzgando unas 2.000 demandas civiles contra fabricantes y distribuidores de opiáceos presentadas por ciudades y condados de todo el país en un gigantesco juicio de distrito múltiple. Polster ha ordenado la publicación de los datos tras una larga batalla de un año iniciada por The Washington Post y The Charleston Gazette-Mail en Virginia Occidental (el estado más afectado por la epidemia),	Para ese entonces, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ya habían declarado una crisis de salud pública debido al aumento de muertes por sobredosis. Los datos muestran que algunos de los mayores aumentos de ventas se produjeron en zonas que ya habían sido devastadas por los opiáceos.	Casi nueve de cada diez pastillas fueron fabricadas por empresas subsidiarias de tres multinacionales farmacéuticas: Mallinckrodt, Endo y Actavis (hoy rebautizada como Allergan). Tal vez no sean compañías muy famosas, pero las pastillas que venden con entusiasmo –según se ha informado, en muchas ocasiones minimizaban el riesgo de adicción y recetaban inapropiadamente la medicación como una solución para el tratamiento del dolor crónico– se han infiltrado en los últimos 20 años a lo largo y ancho de todo Estados Unidos.	Entre 2006 y 2012, Mallinckrodt vendió casi 29.000 millones de pastillas de opiáceos en EEUU, captando el 38% del mercado. Actavis vendió una cifra similar y Endo llegó a 11.000 millones de comprimidos. Una de las drogas de Endo es el Opana, un opiáceo muy potente que se vio obligado a retirar del mercado porque estaba matando a mucha gente.	Pero con unidades vendidas no se puede terminar de comprender el impacto que algunas drogas han tenido en la epidemia. Muchos de los calmantes más comunes fueron opiáceos de menor potencia: contribuían a la dependencia y a la adicción, pero no tenían el mismo riesgo de sobredosis que los narcóticos más fuertes y menos recetados.	En 2010, Purdue Pharma facturó 3.000 millones de dólares con el OxyContin, un medicamento que vendía como muy potente, lo que representa casi un tercio del máximo valor alcanzado por todo el mercado de opiáceos en su momento álgido. Su principio activo es la oxicodona, un poderoso opiáceo derivado de la adormidera (amapola real) y más potente que la morfina. Se responsabiliza a esta medicamento de estar detrás de un aumento en muertes por sobredosis en la primera década de los 2000.	Los fabricantes de opiáceos niegan haber cometido ninguna ilegalidad. Entre otros argumentos, han tratado de responsabilizar de la epidemia a médicos que prescribían medicamentos en exceso. Pero a Purdue Pharma ya la condenaron con una multa de seiscientos millones de dólares en un juicio penal por su venta de opiáceos. En marzo, la empresa acordó pagar 270 millones de dólares por una demanda civil presentada por el estado de Oklahoma. Mallinckrodt llegó a un acuerdo hace dos años con el Departamento de Justicia y aceptó pagar 35 millones de dólares por la venta de opiáceos.	El desglose de los datos por condados muestra que la venta de opiáceos se concentró a menudo en las regiones más afectadas por la epidemia, como algunas de las zonas más pobres de Appalachia (Virginia Occidental). En un momento determinado, las mayores ventas per cápita fueron en las zonas rurales del condado de Mingo (Virginia Occidental), donde médicos y farmacias se ganaban la vida vendiendo recetas o píldoras a cualquiera que pagase y sin hacer demasiadas preguntas. La práctica provocó caravanas de consumidores de opiáceos que llegaban a Mingo desde cientos de kilómetros de distancia.	McKesson Corporation, el mayor distribuidor de medicamentos del país, suministró muchos de los opiáceos en el condado de Mingo. Según el análisis de los datos de la DEA publicado por The Washington Post, fueron McKesson y otras cinco empresas (entre las que figuran Walgreens, CVS y Walmart) las responsables de la mayor parte de las ventas de calmantes en Estados Unidos.	pagó hace dos años una multa récord de 150 millones de dólares para terminar con la acusación del Gobierno de que estaba distribuyendo demasiados opiáceos en lugares donde la demanda de pastillas no podía ser tan grande. McKesson también fue una de las compañías que desembolsó millones de dólares para terminar con las demandas del fiscal general de Virginia Occidental por haber inundado el estado de opiáceos.	Joe Rannazzzisi, exresponsable del departamento de la DEA a cargo de controlar la distribución de medicamentos recetados, cuenta a The Guardian que él había intentado iniciar procesos penales contra McKesson y otros distribuidores. Según su testimonio, el lobby ejercido por la industria farmacéutica hizo que funcionarios del Departamento de Justicia bloquearan su iniciativa.