“No vamos a permitir que los guerreristas paramilitares y aliados de la oligarquía corrupta se apoderen de esta región del país”, advertía una carta que afirmaba haber sido escrita por rebeldes disidentes de uno de los otrora grupos guerrilleros más grandes de Colombia. “Hemos retomado las armas para defender la revolución”, agregó.	A pesar del acuerdo histórico, postularse para un puesto de elección pública en Colombia sigue siendo riesgoso. En meses recientes, dos candidatos murieron baleados y murieron en vehículos de campaña incendiados. Otros a duras penas pudieron esquivar las balas de agresores anónimos y uno más recibió una caja de rosas con una bala atada entre los tallos.	Una vez más, aumenta la violencia electoral después de llegar a su menor nivel en la historia, según grupos de monitoreo independientes. En total, siete candidatos han sido asesinados y decenas más amenazados antes de la elección del domingo. Se trata de muestras preocupantes de que los viejos patrones de violencia persisten incluso sin los rebeldes atacando los centros de votación.	La Misión de Observación Electoral ha contabilizado hasta el momento 108 incidentes violentos contra candidatos, que van desde notas amenazantes hasta ataques mortíferos con armas. La cifra representa un aumento de los 74 de 2015, cuando los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia estaban en conversaciones con el gobierno y habían declarado un cese del fuego.	Aunque las autoridades culpan en gran parte a los rebeldes disidentes y a los cárteles, los analistas consideran que esos grupos no son los responsables de la mayoría de los actos violentos. Una serie de candidatos han sido amenazados o asesinados en áreas en donde los grupos armados ilegales no tienen presencia. La nueva violencia también tiene en la mira a candidatos de todo el espectro político.	El gobierno del presidente colombiano, Iván Duque, probablemente ha dado un paso más que cualquier otro gobierno para aumentar la seguridad de los candidatos, montando nuevos medios para que los contendientes reporten amenazas, destinando millones de dólares para proteger a algunos de los 2.050 candidatos y contratando alrededor de 8.000 guardaespaldas.	El asesinato del populista Jorge Eliécer Gaitán en 1948 desencadenó un conflicto entre los partidos Conservador y Liberal del país, que dejó a decenas de miles de muertos. En la década de 1980, muchos políticos afiliados al Unión Patriótica, un partido alineado con los ahora disueltos rebeldes, murieron baleados. Luis Carlos Galán estaba destinado a ganar la presidencia cuando lo mataron a balazos en 1989 después de hablar en contra de los poderosos cárteles.	Con la mayoría de los crímenes sin resolverse, no queda claro quién está detrás de tanta violencia. Estudios de la organización de Ávila indican que los grupos armados ilegales son los responsables de sólo 20% de las amenazas y ataques. Una teoría dominante es que los candidatos afiliados con las familias que desde hace mucho tiempo han dirigido las oficinas de gobierno locales podrían estar recurriendo a la violencia contra sus competidores, al ver amenazados sus intereses económicos y políticos.	El expresidente Juan Manuel Santos anunció orgullosamente la elección presidencial del año pasado como la más segura en la historia del país. Ningún sitio de votación tuvo que ser reubicado por motivos de violencia. Grupos como la Misión de Observación Electoral esperan que este año haya menos problemas en los centros de votación, pero señalan que es sólo un indicador de la seguridad.	Los excombatientes recibieron el jueves un recordatorio de los peligros a los que se enfrentan: un exrebelde fue asesinado por agresores enmascarados en el interior de una zona de desmovilización. Los líderes del partido formado por las guerrillas dicen que consideran la muerte de Alexander Parra un acto de violencia política porque su esposa se postulaba para un puesto público local.