ha continuado protegiendo los derechos de personas a lo largo del hemisferio que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable. Este año se caracterizó por el incremento sustantivo en las solicitudes recibidas, el mayor número de otorgamientos de medidas cautelares realizados por la CIDH, así como la ejecución de medidas tendientes a agilizar el trámite de las solicitudes y favorecer una respuesta más oportuna.	El año 2018 registra la cifra histórica de 1618 solicitudes de medidas cautelares recibidas, siendo el mayor número en la historia de la CIDH. Este número representa más del 50% del número de solicitudes recibidas el año pasado. A febrero de 2019, el 100% de las solicitudes recibidas en 2018 fue evaluado de conformidad con los requisitos establecidos en el	en terreno y de parte de solicitantes en gran situación de vulnerabilidad. En el anterior escenario, se produjo un incremento en el uso de la tecnología para posibilitar el acceso más flexible a los solicitantes para narrar los eventos de riesgo, a través de la presentación de relatos grabados a través de audios o videos tomados durante el transcurso de las visitas. Una gran parte de tales solicitudes fueron presentadas en el contexto de la crisis de derechos humanos ocurrida en Nicaragua, a partir de abril de 2018.	, el cual es el mayor número de otorgamientos realizados en un año, que representa a su vez el porcentaje más alto de medidas cautelares adoptadas en comparación con el número de medidas cautelares recibidas (7.2%), desde que se modificó el Reglamento en 2013. Tales medidas fueron otorgadas respecto de Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Un gran número de las medidas cautelares otorgadas (67) fueron adoptadas en relación con la crisis de derechos humanos en Nicaragua.	a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación histórica tales como mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, personas desplazadas forzadamente, integrantes de la comunidad LGTB, personas privadas de libertad, migrantes, operadores y operadoras de justicia, y con discapacidad.  A través de sus decisiones, la CIDH ha determinado proteger la vida e integridad personal, salud, identidad y vida familiar, libertad de expresión, entre otros derechos  involucrados en la situación de riesgo presentada.	El tiempo en que fueron otorgadas las medidas cautelares se redujo significativamente en comparación con años anteriores, siendo en promedio de 74 días. De tales medidas, se cuadruplicó el porcentaje de las otorgadas dentro del primer mes desde la fecha de solicitud, pasando del 11% en 2017 al 44% en 2018.	Dada la excepcional situación de riesgo en que se encontraron varios solicitantes, la mayoría de las medidas otorgadas 2018 (58%) lo fue sin previa solicitud de información al Estado, según lo establecido por el artículo 25.5 del Reglamento. En tales asuntos, de conformidad con el Reglamento, la Comisión ha analizado la pertinencia de mantener vigentes tales medidas con base en la información aportada por los Estados con posterioridad al otorgamiento.	En 2018 la Comisión celebró 41 reuniones de trabajo y 5 audiencias públicas donde de manera directa supervisó la implementación de las medidas cautelares, requiriendo información a los Estados sobre los avances logrados, cronogramas o rutas de trabajo y acuerdos entre las partes. La Comisión asimismo, remitió más de 700 comunicaciones a los Estados y representantes en relación con la implementación de las medidas vigentes. Durante las visitas	Asimismo, se logró un avance en relación con la participación de los Estados en las reuniones de trabajo sobre medidas cautelares. En 2017, 10 Estados habían participado de las reuniones de trabajo organizadas por la CIDH respecto de medidas cautelares: Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. En 2018, además de estos Estados, participaron en reuniones de trabajo sobre medidas cautelares Bahamas, Brasil y Ecuador.	mediante la cual transparentó algunos de los asuntos o pretensiones que de manera histórica y consistente ha venido considerando que no son susceptibles de ser analizados a través del mecanismo de medidas cautelares, en vista de que su análisis requeriría un pronunciamiento de fondo sobre la situación presentada, propia del sistema de peticiones y casos. Asimismo, la CIDH decidió no continuar con el trámite de las solicitudes en las cuales tras no identificarse cumplidos los requisitos reglamentarios para otorgar la medida, se requirió información adicional a los solicitantes sin que se hubiese dado respuesta durante un tiempo prolongado.  Lo anterior, ha favorecido una mayor previsibilidad del mecanismo y ha agilizado la toma de decisiones respecto de los asuntos que presentan mayores indicios de riesgo de conformidad con los precedentes de la CIDH y que cuentan con información actualizada.	La Secretaría Ejecutiva en 2018 ha continuado adoptando medidas para hacer más expedita la toma de decisiones definitivas, el manejo de las solicitudes y medidas cautelares otorgadas a través de portafolios y asegurando la debida priorización de los asuntos que presentan indicios de mayor urgencia. Con la finalidad de continuar ofreciendo una respuesta adecuada, en 2018 el personal que trabaja en la Sección de Medidas Cautelares y Provisionales se incrementó de manera sustantiva en comparación con el personal existente, logrando duplicar tanto el número de personal encargado de tareas jurídicas como administrativas en comparación al que existía en agosto de 2016, al inicio del mandato del actual Secretario Ejecutivo.	La Comisión agradece la confianza de las personas solicitantes de medidas cautelares, así como el compromiso de los Estados para implementar las medidas cautelares otorgadas. Durante 2019, la CIDH continuará implementando las medidas tendientes a asegurar la eficiencia del mecanismo de medidas cautelares. En dicho proceso, la Comisión agradece la participación y diálogo de los usuarios del sistema interamericano, incluyendo a Estados, sociedad civil y víctimas de violaciones a derechos humanos.