En esta oportunidad hacemos énfasis en lo ocurrido en el estado Yaracuy por las características especiales del caso. Este sábado, la “juez” Ediluz Guédez (Tribunal 1° de Control del Adolescente) dictó medida de privación de libertad a 11 niñas, niños y adolescentes, todos entre 12 y 16 años, por su presunta participación en manifestaciones el pasado 23 de enero. También fueron detenidos ciudadanos mayores edad, entre ellos Laura Gallo, madre del Coordinador de Foro Penal Yaracuy.	La defensa solicitó fueran puestos en libertad de inmediato, por no existir elementos para que estuviesen detenidos. A pesar de la solicitud de libertad que también hiciera el Ministerio Público, la “juez” dictó privativa de libertad, apartándose de la solicitud del fiscal. La orden de imputar por “terrorismo, obstrucción, agavillamiento y asociación”, la cumplió al pie de la letra.	Este hecho consuma una nueva violación a los derechos humanos, en esta oportunidad, de todos los venezolanos. ¡Sí! ¡De todos los venezolanos! Ya que cuando se infringen los derechos humanos de una o varias personas específicas, afecta a todos quienes estamos bajo el poder público, pues el Estado actuando sin límites, abre la puerta de la arbitrariedad para sucedáneas lesiones a los derechos de todos.	Es necesario aclarar que un juez de tribunal de control, debe acordar la libertad inmediata, si el Ministerio Público la solicita, dado que este es quien ejerce la acción penal pública, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 285 de la CRBV, el artículo 552 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; el numeral 6 del artículo 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, los tribunales de control no están facultados para dictar medidas de coerción personal o real, sin ser peticionadas por el Ministerio Público. Resaltamos en este caso,  de ser cierta su participaron en la manifestación, protestar no es delito, es un derecho consagrado en artículo 68 de la CRBV, que también es vulnerado por órdenes directas del Gobernador Julio León Heredia.	Así, la ciudadana Ediluz Guédez, por una parte, lesionó principios de protección a los adolescentes previstos en el artículo 78 de la CRBV:  “Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan”.	En conclusión, tal decisión de privación de libertad está viciada de nulidad absoluta, pues de acuerdo al artículo 25 de la CRBV: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”	Siendo así, la ciudadana Ediluz Guédez, y todo aquel que use investiduras para violar DDHH, como es el caso de judicializar la represión y criminalizar el derecho a la protesta de los venezolanos, serán llevados ante la Justicia. Ya estas violaciones están siendo denunciadas en los organismos internacionales. Acompañamos al pueblo yaracuyano y venezolano, que anuncian nuevas movilizaciones y acciones para lograr la liberación de estos y todos los presos políticos.