No obstante, México, Uruguay y ocho miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom) -Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago- se oponen a Tarre porque consideran que los embajadores deben ser nombrados por el poder Ejecutivo y no el Legislativo.