Aseguró que detrás de la quema simultánea el 18 de octubre de siete estaciones del metro, 30 supermercados y serias amenazas a instalaciones sensibles “no solamente hay maldad, hay tecnología de punta, por de pronto, todo el manejo de las redes sociales, casi toda la coordinación viene desde fuera de Chile… definitivamente hay organización”.	Consultado específicamente si hubo intervención externa respondió que todos los antecedentes reunidos se están procesando y también se han entregado a la fiscalía. “Le puedo decir que como presidente de Chile yo he recibido mucha información, algunos usted los ha mencionado -el secretario general de la Naciones Unidas, el Departamento de Estado de Estados Unidos, países amigos- que indica que esto es algo que no podemos descartar”.	Chile se sumergió en un caos, especialmente tras las primeras semanas del estallido del 18 de octubre, cuando se destruyeron 80% de las 136 estaciones del metro, hubo daños por 900 millones de dólares a grandes supermercados en todo el país, farmacias y unos 15.000 pequeños y medianos comercios. La economía se derrumbó en octubre y también se espera una caída en noviembre.	Un grupo privado que ayuda a los manifestantes lesionados en las protestas, Movimiento Salud en Resistencia, denunció el lunes que en el agua usada para reprimir manifestaciones hay un elemento artificial propio del gas pimienta y soda cáustica. El general Jean Camus Dávila, director de Logística de la policía, negó la denuncia y aseguró que, si fuera cierto, “tendríamos cientos y cientos de lesionados”.	La policía chilena ha sido severamente cuestionada por equipos que visitaron por algunas semanas Chile y que concluyeron que abusó de la fuerza, atropelló derechos básicos y cometió abusos sexuales, según Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por la expresidenta chilena Michelle Bachelet.