Esta decisión, que dio seguimiento a la solicitud de la Corte Suprema sobre la base de las acusaciones del Fiscal General, constituye una grave violación de las disposiciones constitucionales, el estado de derecho y el principio democrático de separación de poderes. Las acciones que se están llevando a cabo contra los miembros de la Asamblea Nacional, incluyendo el acoso, la intimidación y las detenciones arbitrarias, están obstaculizando la labor constitucional de la Asamblea Nacional.	Sólo una vía democrática resolverá de forma duradera la crisis venezolana y pondrá fin al sufrimiento de la población. La organización de elecciones presidenciales libres y creíbles, supervisadas internacionalmente, y el restablecimiento democrático de las instituciones del Estado, incluyendo el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia, son esenciales para una solución durable en Venezuela. En particular, es de suma importancia que la Asamblea Nacional establezca un nuevo CNE, independiente y transparente, totalmente inclusivo y equilibrado en su representación y composición.	La UE hace un llamamiento a los actores venezolanos para que participen en una negociación creíble, representativa e inclusiva y se compromete a apoyar estos esfuerzos, en particular a través del Grupo Internacional de Contacto. La UE seguirá supervisando la situación y está dispuesta a utilizar los instrumentos de que dispone para promover la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, incluidas medidas específicas que no perjudiquen al pueblo venezolano. La UE mantendrá asimismo su asistencia y considerará la posibilidad de adoptar nuevas medidas para aliviar la crisis humanitaria en Venezuela