Inicialmente, funcionarios del Gobierno de facto de Bolivia amenazaron a periodistas locales y extranjeros que cubren las protestas en el país. Esta denuncia la realizaron varios medios internacionales presentes en el país, que reclamaron las amenazas y persecuciones que recibieron sus periodistas por las calles de La Paz (capital) por manifestantes que apoyan la posición de Áñez.