No obstante, los expertos de la Brigada Interinstitucional Contra Homicidios (Brinho) les advierten que no pueden hacerlo. El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) les indica que los cadáveres están en territorio venezolano, función que le corresponde al Cicpc. En ocasiones las víctimas permanecen varios días en el sitio sin que organismo alguno llegue para iniciar las averiguaciones. Tales operaciones representan un enorme gasto para el erario del vecino país.	Clemente Gutiérrez solicitó asilo político al llegar a Miami, pero un juez determinó que no reunía los requisitos. Después ordenó su deportación, medida que fue ejecutada al ser enviado a Bogotá. Denunció que allí una aerolínea lo quería obligar a comprar un boleto a Venezuela sin que Colombia hubiera procesado su caso.	Gutiérrez, mediante un Face Live, contó llorando al ser deportado a Bogotá. “Me tienen humillado, incomunicado prácticamente. Me quieren obligar a irme a Venezuela a las 6 de la tarde, si no acepto comprar un boleto. A pesar de que tengo miedo ir a Venezuela, no puedo ir allá”, denunció el venezolano de 41 años. Según su abogado sufrió persecución de la policía por parte de los chavistas que respaldan el régimen de Maduro.