Los planes desestabilizadores y las agresiones de Estados Unidos contra la Revolución Bolivariana iniciaron muy temprano después de que el comandante Hugo Chávez asumiera la presidencia en enero de 1999. Luego de una feroz arremetida del sector empresarial contra el presidente, se produjo el derrotado golpe de Estado en abril de 2002, seguido en noviembre por el sabotaje contra Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa pública que genera el 98 por ciento de los ingresos en divisas del país, cuya prolongada paralización significó una pérdida económica de 16 mil millones de dólares.	Las política desestabilizadora y golpista de Washington contra el gobierno bolivariano no ha cesado nunca, pero es a partir del año 2013, con posterioridad al deceso de Chávez y en el primer gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se inicia la guerra económica, primero de forma encubierta pero más adelante toma un cariz abierto y formal, de modo que está sustentada en decretos y leyes emitidos por la Casa Blanca y por el Congreso de Washington.	El primer documento público en esta escalada es la Orden Ejecutiva 13692 dictada por el presidente Barack Obama en marzo de 2015, que con una cara muy dura declara a Venezuela como “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. La orden ha sido prorrogada cada año primero por Obama y más tarde por el peculiar sujeto que ocupa hoy la oficina oval en la Casa Blanca.	No es ocioso reiterar que estas acciones transgreden flagrantemente la Carta de la ONU y otros importantes instrumentos del derecho internacional, como han subrayado los expertos del organismo internacional que han investigado y reportado las brutales agresiones contra la economía y el bienestar de los venezolanos; por cierto, sin que este organismo les haya prestado atención, pese a la seriedad y profesionalismo con que han elaborado sus informes. Al extremo de que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en una actitud que deja muchos cuestionamientos sobre su honestidad e integridad personal y como funcionaria internacional, se prestó a presentar un informe sobre los derechos humanos en el país bolivariano que parece dictado por el inefable John Bolton.	Mayo de 2016 marca un hito importante en la guerra económica pues el banco alemán Commerzbank cierra todas las cuentas de instituciones, bancos públicos venezolanos y de PDVSA, en julio toma la misma medida Citibank, que un año después se niega a recibir los fondos para la compra de 300 mil dosis de insulina destinados a Venezuela.	A partir de mediados de 2016, se repetirán e intensificarán acciones de esa naturaleza por muchos otros bancos y comenzará el bloqueo sistemático a la compra de alimentos y medicinas por Caracas hasta llegar a extremos de cerco y acoso tal vez sin precedentes, pues junto a Estados Unidos participan activamente sus aliados de la Unión Europea y las deleznables marionetas del Grupo de Lima: Duque, Bolsonaro, Piñera y Macri.	También a mediados de 2016 las inescrupulosas calificadoras de riesgo colocan a Venezuela con el riesgo financiero más alto del mundo (2640 puntos), muy por encima de países en guerra, a pesar de haber cumplido con sus compromisos de deuda externa. Desde el año 2013 el país pagó 63 566 millones de dólares, sin embargo, el riesgo país incrementó 202% durante el mismo período. Cada 100 puntos de ese indicador equivalen al pago de un 1 por ciento adicional de tasa de interés. Se trata de una maniobra sin fundamento financiero, cuyo objetivo es encarecer el pago de la deuda para aumentar la sangría de la economía venezolana.	En agosto de 2017, Trump emite la Orden Ejecutiva 13 808 que prohíbe la adquisición de deuda por Venezuela por un plazo mayor a 90 días, la obtención de acciones por su gobierno y el cobro de ganancias por Caracas, que corta los ingresos de Citgo, la muy productiva filial de PDVSA en territorio estadounidense. Posteriormente, Washington se roba Citgo con la complicidad del súper títere Guaidó, como ha ocurrido con muchos otros activos venezolanos. Un caso escandaloso es la retención de oro por valor de 1200 millones de dólares depositado por Venezuela en el Banco de Inglaterra.	Al igual que hace con Cuba, Washington impide que Venezuela tenga acceso a medicamentos en el mercado internacional. Las transnacionales Abbot, Pfizzer y Baster se han negado a emitir certificados de exportación para medicamentos oncológicos destinados al país suramericano en un acto verdaderamente inhumano y criminal, que ha ocasionado la muerte de pacientes.	Los comentarios expresados en esta página sólo representan la opinión de las personas que los emiten. 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