CARACAS- Adriana Pichardo responsable del Comité para la Liberación de Presos Políticos de Voluntad Popular y diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela, acompañada por la abogada y miembro de la Coalición para los Derechos Humanos y la Democracia, Ana Leonor Acosta, ofreció un balance sobre la situación de los presos políticos del país y alertó sobre una nueva ola de brutal persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro contra la dirigencia de la tolda naranja.	Cuando el país se encuentra sometido a la peor crisis política, social y económica de su historia, el régimen una vez más arremete contra la gente en la calle, para callar las voces de quienes luchan día a día por sus derechos. De esta situación no escapa Voluntad Popular, que se ha convertido desde 2014 en el partido más perseguido por la dictadura.	En el país hay actualmente 1.011 detenidos por razones políticas y desde el 23, de enero hemos tenido 28 detenciones de nuestros activistas en todo el país; entre ellos, Roberto Marrero, jefe del despecho presidencial del presidente Juan Guaidó, Quien la semana pasada sufrió de un ataque hipertensivo y no ha recibido la atención médica necesaria.	La también diputada a la Comisión de DDHH del Parlamento del Mercosur (Parlasur) reiteró que el sistema judicial venezolano está secuestrado por la dictadura de Maduro e informó que al menos 3.500 ciudadanos y 28 activistas de VP han sido detenidos en lo que va de año 2019. Recordó que los delitos de lesa humanidad no prescriben y aseguró que más temprano que tarde habrá justicia contra los ejecutores.	Por su parte, la abogada Ana Leonor Acosta rechazó la brutal represión ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares adeptos al régimen en la región zuliana, donde resultaron heridos también mujeres y niños. Además, destacó que los hechos violentos de este fin de semana dejaron al menos un saldo de 200 manifestantes detenidos en el territorio nacional.	“Queremos denunciar el patrón de persecución de la dictadura durante la última semana: se ha desatado una persecución contra los políticos y las personas que manifiestan pacíficamente por los servicios públicos. Vimos cómo se llevaron detenidos a los diputados Nora Bracho y Renzo Prieto, y el allanamiento a la vivienda de Robert Alcalá. El régimen ha aumentado aún más la persecución contra la disidencia política, a quienes incluso les han anulado sus pasaportes”.	Acosta denunció la situación de precariedad en la que se encuentran los sitios de reclusión del país, donde los detenidos no cuentan con el servicio eléctrico ni de agua y se encuentran sometidos a un cruel hacinamiento. En este sentido, alertó sobre posibles epidemias que puedan desatarse en las cárceles venezolanas.