En primera instancia, el uso de los fondos deberá tener la aprobación de la junta ad hoc de la estatal petrolera PDVSA, designada por Guiadó, que autorizará el empleo del dinero por única vez para el pago de “honorarios profesionales necesarios para atender las necesidades más urgentes y prioritarias asociadas a la defensa extra judicial y judicial de sus activos”, agrega el documento.