con la intención de mantenerse irregularmente en el poder. En mayo de 2016 diversas organizaciones de derechos humanos, agrupadas en el Foro por la Vida, calificamos como ruptura del orden constitucional la aprobación de un Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que configuró una normativa para justificar y alentar la actuación de los Poderes Públicos al margen de la Carta Magna, e incrementar la exclusión y persecución por razones políticas. Por otra parte	El 14 de mayo de 2018, cuarenta y tres organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos alertamos que las elecciones del 20 de mayo de 2018, donde se elegiría un presidente para Venezuela para el período 2019-2025, no serían libres ni creíbles, debido al grave incumplimiento de diferentes garantías para el ejercicio del derecho a la participación política mediante el sufragio, entre ellas la actuación de un Consejo Nacional Electoral que no garantizaba transparencia e independencia como arbitro electoral. Un día después, Provea acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso ante la Sala Electoral para impugnar la convocatoria de dicho proceso electoral, el cual fue desestimado por una Magistratura cooptada por el partido de gobierno.	. Apoyamos las sanciones individuales sobre funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos, así como la aplicación de los diferentes mecanismos internacionales (Carta Democrática Interamericana, Protocolo de Ushuaia, entre otros) acordados soberanamente entre los diferentes países, entre ellos Venezuela, para abordar la ruptura democrática en cualquier Estado de la región. Sin embargo, como lo hemos reiterado en otras comunicaciones, cuestionamos cualquier sanción económica contra el país que puedan agravar la ya precaria situación generada por la emergencia humanitaria compleja en salud, alimentación y pobreza.	“el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos. En efecto, de este informe se desprende que las violaciones a los derechos humanos que se denuncian son consecuencia directa de la ruptura del orden constitucional. Por ello, la Comisión considera que el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras es necesaria para que se den las condiciones para la efectiva protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de ese país.”