Durante 2017 Provea registró un total de 491 denuncias que incluyen 7.357 casos de violaciones del derecho a la integridad personal, con 4.819 víctimas individualizadas. Estos datos son resultado de la información obtenida de las denuncias publicadas en prensa; los casos levantados por Provea mediante el trabajo de campo, y las denuncias remitidas por las propias víctimas. Los datos indicados, comparados con el periodo anterior cuando se registró un total de 1.790 casos de violaciones al derecho a la integridad personal, representan un aumento de 411% en el número de violaciones. Este alarmante aumento se debió a la respuesta represiva que dio el Estado venezolano al ciclo de protestas registrado en la mayor parte del territorio nacional entre los meses de abril y agosto de 2017, a la abierta asunción de prácticas propias de terrorismo de Estado y al incremento de la respuesta bélica ante las demandas sociales.	En el caso de torturas, el número de víctimas registradas por Provea tuvo un aumento respecto a lo registrado en el período anterior. Provea logró individualizar a 101 víctimas de este patrón de violación al derecho a la integridad personal, lo que, en comparación con las 18 víctimas registradas durante 2016 representa un incremento de 561%. Ni el Ministerio Público, ahora bajo la gestión del fiscal constituyente Tarek William Saab, ni la Defensoría del Pueblo, bajo la gestión del defensor impuesto por la fraudulenta constituyente, Alfredo Ruíz, publicaron información sobre casos de torturas correspondientes al año 2017.	En el caso de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el número ascendió un 113,95%, siendo identificadas 539 víctimas, 66 más que en el estudio anterior. Destaca nuevamente en este aspecto la ocurrencia de casos que involucraron a grupos de víctimas que superan la decena, y que se produjeron en recintos carcelarios. Respecto a este patrón, el Ministerio Público no ofreció información detallada en su Informe Anual y la Defensoría del Pueblo	En el caso del sub patrón heridos, Provea registró e individualizó un total de 3.811 heridos y lesionados, un aumento de 1.206% con respecto al año anterior en el que se había registrado un total de 316 heridos y/o lesionados. Del total de heridos registrado por Provea, el 99,76% (3.802) fueron heridos y/o lesionados en el contexto de manifestaciones realizadas en el marco de la rebelión popular de abril-agosto de 2017.	347 personas contabilizadas en 30 denuncias fueron objeto de amenazas u hostigamientos, lo que implica un incremento de 156,3% en las cifras recabadas por Provea, respecto al 2016 cuando se registraron 222 víctimas. En el caso de allanamientos, se registraron 2.559 casos lo que, en comparación con el período anterior, cuando se registraron 763 casos, significa un aumento de 335,3%. Del total de allanamientos ilegales practicados en 2017, el 86,63% se realizaron en el marco de la rebelión popular de abril-agosto de 2017 en zonas residenciales donde se protagonizaron protestas, y tales allanamientos  fueron realizados principalmente por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), agrupaciones paramilitares, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).	En 7.235 casos de violaciones al derecho a la integridad personal ocurridos en 2017 se pudo identificar a los organismos responsables. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuando actuó sola o en operativos conjuntos, fue el cuerpo de seguridad que acumuló más casos con 5.139 denuncias. A la GNB le siguió la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cuerpo que, en el marco de actuaciones individuales o conjuntas, estuvo involucrado en 3.320 denuncias de violaciones a la integridad personal cometidas en 2017; las agrupaciones paramilitares ocuparon el tercer lugar en el número de denuncias sobre violaciones a la integridad personal. Estas agrupaciones, actuando por si solas o en conjunto con agentes de la fuerza pública fueron señalados en 1.826 denuncias de violaciones a la integridad personal durante las protestas de 2017. Finalmente, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), actuando solo o en conjunto con otros actores, fue señalado en 856 denuncias.	Por segundo año consecutivo Provea registra en su Informe Anual la actuación de agrupaciones paramilitares como responsables de la comisión de violaciones al derecho a la integridad personal. Desde hace varios años a las acciones represivas de agentes estatales, se ha sumado la actuación de agrupaciones de civiles armados afectos al oficialismo, quienes, en abierta y pública coordinación con los cuerpos de seguridad, actúan para contener protestas en la mayor parte del territorio nacional. Desde el año 2014, el papel de estos grupos se hizo más evidente cuando actuaron para contener las manifestaciones realizadas por sectores de oposición entre los meses de febrero-junio de ese año, siendo responsables de al menos 108 casos de heridas y/o lesiones, además de numerosos casos detenciones arbitrarias contra manifestantes y activistas sociales. En 2017, estas agrupaciones fueron señaladas en el 24.81% del total de casos denunciados, la mayoría de las veces cuando actuaron en coordinación con agentes de la GNB y PNB.	La dictadura de Nicolás Maduro ha erosionado las garantías para los derechos a la libre expresión, asociación y reunión pacíficas. El gobierno viene consolidando la doctrina de seguridad nacional y el concepto del enemigo interno y externo como respuesta a los reclamos ciudadanos, alentando con ello la comisión de abusos contra los derechos humanos y la actuación de civiles armados para contener las protestas. Como se detallará en el capítulo de derecho a la vida de este Informe Anual, las agrupaciones paramilitares también fueron señaladas en un considerable número de muertes ocurridas en 2017 en el contexto de protestas.	Desde 2013 los registros de casos de violaciones a la integridad personal han ido en aumento. Si bien algunos sub-patrones han aumentado o disminuido en determinados períodos, la tendencia general es al alza. El aumento de la conflictividad social como consecuencia de la grave crisis económica y social del país, ha tenido como correlato la respuesta desproporcionada del gobierno de Maduro para aplastar la protesta.	La militarización de la seguridad ciudadana y la gestión de manifestaciones, así como la situación de impunidad estructural y el abierto aliento a la represión, han propiciado el acelerado incremento de los casos de violaciones a la integridad personal. El año 2017 cerró con el segundo registro más alto de violaciones al derecho a la integridad, desde que Maduro asumió el poder en 2013.	El de Maduro es un gobierno altamente represivo y violador de derechos humanos, una prueba de ello es que en un período de 14 años, entre 1997 y 2012, Provea contabilizó un total de 11.101 casos de violaciones a la integridad personal; mientras, en los primeros cinco años de la gestión de Nicolás Maduro (2013-2017), el número total de casos de violaciones a la integridad personal asciende a 29.884, un 271,64% más violaciones que las registradas en 14 años de gestión de su antecesor en el poder.