Roberth regresó a casa con la esperanza renovada luego de marchar junto a millones de venezolanos por las calles de Caracas. Ese 23 de enero, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se juramentó Presidente interino de Venezuela en un multitudinario cabildo abierto, en claro desafío a la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. La extenuante jornada no le impidió a Roberth salir de nuevo a manifestar en horas la noche: por primera vez el sector Los Frailes de Catia, demarcado políticamente como “territorio chavista”, se rebelaría por segundo día consecutivo contra la dictadura.	En sus planes inmediatos estaba emigrar para Argentina en mayo buscando nuevas oportunidades. Antes se casaría con Yuraima y renunciaría a la ferretería. La pareja anhelaba tener un hijo y la crisis económica y social del país los desalentaba. Quizás lo que más le preocupa era dejar a su madre que padecía Alzheimer y cuyo cuidado debía turnar con sus hermanas. Esa empatía formaba parte de su personalidad religiosa; desde niño fue monaguillo de la iglesia San José Obrero.	Los manifestantes se fueron congregando pasadas las 10 de la noche en la boca de lobo que eran las calles. En horas de la mañana, personajes anónimos dispararon contra los transformadores eléctricos de la zona, cortando el servicio de luz. El grupo alcanzaba las 40 personas. Levantaron barricadas en los alrededores del liceo Luis Espelozín y en la desembocadura de la calle que conduce a la avenida Sucre. Los fogonazos de los escombros quemados era el único alumbrado del barrio, hasta que aparecieron los faros de las motos.	Era cerca de la medianoche cuando los manifestantes se vieron obligados a huir ante la amenaza de los civiles paramilitares que imponen el control político de Catia con la intimidación de las armas. En ese momento llegó la emboscada. Las motocicletas del FAES aparecieron en la dirección contraria de donde los Colectivos paramilitares se habían apostado.	El grupo corrió hacia una empinada cuesta que comunica con otros sectores, pero Roberth, en su desespero, se separó y cruzó al otro extremo de la calle. Los miembros del FAES comenzaron a disparar. “Un tiroteo espantoso”, dirían los vecinos. Roberth, desarmado, alzó las manos y pidió clemencia a los funcionarios. Acto seguido, un balazo lo derriba, emite un grito ahogado y se tapa con la mano la perforación en el cuello. El FAES avanza por otras calles su cacería nocturna mientras Roberth es auxiliado por vecinos que se atreven a salir y lo resguardan en un callejón conocida como “La cueva”.	Un voluntario se ofrece y lo lleva al Hospital Periférico de Catia mientras se va desangrando en el camino. A las 4 de la mañana del día 24 de enero, Roberth Cabello, de 33 años de edad, muere víctima de la violencia represiva de los cuerpos de seguridad policiales y paramilitares de la dictadura en Venezuela. Testigos alegan indignados que, al levantar el acta policial, el CICPC amenazó con la “desaparición” del cuerpo si no aceptaban firmar la versión que indicaba “actos de terrorismo” y “enfrentamiento” con los cuerpos de seguridad.	Creado como un grupo táctico especial, la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, fue activada el 14 de julio de 2017 como cuerpo de élite para “combatir el crimen y el terrorismo”; entendiéndose que para la dictadura la palabra terrorismo es sinónimo de protesta, reclamo a la gestión pública u oposición política. Sus miembros son seleccionados y entrenados en tácticas de asalto y de combate, equipados con armas y dispositivos especiales de índole militar bajo una lógica de guerra.	El FAES se ha consolidado como un grupo de exterminio que sustituyó a las infames OLP (Operativos de Liberación del Pueblo) como escuadrones de persecución selectiva con patrones de allanamientos, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. De acuerdo a un Informe Especial de Provea, el FAES asesinó a 205 venezolanos en un año, entre enero y diciembre de 2018. Para el 2019, en apenas 5 días, entre el 21 y el 25 de enero, Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registran al menos 8 casos de ciudadanos que participaron en protestas y que fueron ejecutados por agentes de las FAES. Uno de ellos fue Roberth Cabello, a quien le truncaron su sueño de casarse, migrar a otro país y ser padre, por manifestar su descontento contra la revolución bolivariana.