La República Bolivariana de Venezuela reivindica ante la Comunidad Internacional su condición constitucional de Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la preeminencia de los derechos humanos, cuyo disfrute y protección se garantizan conforme al principio de progresividad, sin discriminación alguna, mediante un robusto andamiaje institucional.	Al incorporar la defensa de los Derechos Humanos como política de Estado, la Revolución Bolivariana partió en dos la historia venezolana en esta materia. Atrás quedaron las décadas en las que la violación de los derechos fundamentales de la población era la regla, avalada por las autoridades de entonces y controlada desde la propia Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. No es secreto que los servicios de inteligencia política venezolanos llegaron a estar dirigidos por siniestros agentes confesos de la CIA, como el connotado terrorista Luis Posada Carriles, conocido por implantar atroces técnicas de tortura y persecución. No en balde, fue durante la falsa democracia venezolana de la segunda mitad del siglo XX cuando surgió la figura de los desaparecidos políticos, comúnmente aplicada después en las dictaduras del cono sur, a través del Plan Cóndor.	En este sentido, Venezuela rechaza categóricamente las acusaciones levantadas en su contra en relación con el respeto a los derechos humanos, particularmente desde el Gobierno imperialista de Estados Unidos, cuyo cinismo es tal, que a pesar de haberse constituido en el mayor violador de derechos humanos de la historia de la humanidad, a partir de la creación de guerras sangrientas por recursos naturales, bloqueos económicos inhumanos, validación de métodos de tortura dentro y fuera de su territorio, trato denigrante a los inmigrantes, incluyendo la separación de familias y el enjaulamiento de menores de edad, entre otras innumerables faltas a la dignidad humana en el mundo entero, se permite hacer señalamientos contra el Estado venezolano sobre casos en los que  el sistema de justicia ha actuado de manera inmediata, con diligencia y firmeza, para sancionar con todo el peso de la ley a cualquiera que resultara responsable durante el desarrollo de las investigaciones.	Similar cuestionamiento corresponde hacer a gobiernos que hoy levantan su voz contra Venezuela, mientras ratifican su condición de satélites de Estados Unidos, al guardar vergonzoso silencio ante los hechos que demuestran que la actual jefa de la Agencia Central de Inteligencia integró la plantilla de fiscales estadounidenses responsables de torturar a combatientes detenidos en centros clandestinos, en muchos casos en sus propios territorios. Algunos de estos gobiernos, contribuyen incluso a la persecución desatada contra honorables defensores de derechos humanos como Julian Assange, Chelsea Manning y otros activistas de la paz por su denuncia de graves crímenes de guerra que los pueblos del mundo tienen derecho a conocer.	El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con la certeza de que la verdad prevalecerá y la justicia se impondrá, denuncia estas acciones injerencistas cuyo único propósito es generar nuevas matrices en la opinión pública para atentar contra la paz y la estabilidad del país. Nada, ni nadie impedirá que Venezuela continúe profundizando su modelo democrático, siempre a partir del carácter transversal de las políticas de protección, garantía y defensa de los derechos humanos de su población.