"El contrato de emisión del Bono 2020 violó el artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se trató de un contrato de interés público nacional, suscrito con sociedades mercantiles extranjeras, el cual no fue autorizado por la Asamblea Nacional", así quedó establecido en el acuerdo que la mayoría parlamentaria opositora aprobó este martes en plenaria de la Asamblea Nacional.	El economista Ricardo Haussman, asesor de Guaidó sobre el tema de la deuda y tenedores internacional, tuiteó sobre el tema: "¿Por qué pagamos los intereses del Pdvsa 2020 en abril y ahora argumentamos la ilegalidad del bono? En abril pagamos bajo protesta para evitar que nos quiten Citgo porque no estábamos preparados para ir a juicio. Hoy si lo estamos".	Al rspecto, el procurador designado por Guaidó, José Ignacio Hernández, a través de un comunicado defendió el pago asegurando que "el 24 de abril de este año la Asamblea Nacional acordó autorizar el pago de intereses del Bono Pdvsa 2020 bajo protesto, mecanismo jurídico que permitió realizar este pago sin hacer reconocimiento a la validez jurídica del Bono que fue rechazado por la Asamblea Nacional el 27 de septiembre de 2016. Esta fue una decisión acertada, racional y ajustada al Derecho nacional e internacional que permitió construir las condiciones necesarias para diseñar e implementar la estrategia para defender no solo los intereses de Pdvsa, sino además, la defensa de Citgo Holding, Inc., cuyo 50,1% de su capital fue dado por el régimen usurpador como garantía de cumplimiento del Bono 2020".	De acuerdo con el comunicado de Hernández, "el pago bajo protesto en abril pasado no contradice esta estrategia. Por el contrario, ese pago se hizo, precisamente, para tener las condiciones y tiempo necesario a los fines de diseñar e implementar una estrategia orientada a salvaguardar los derechos de Pdvsa derivados del bono 2020, a la par que se promueve el arreglo consensuado y negociado con los tenedores de ese Bono que tome en cuenta las decisiones que en la materia ha venido formulando la Asamblea Nacional. De no haberse efectuado ese pago, el riesgo de pérdida de Citgo hubiese sido alto, ante la imposibilidad de implementar una adecuada estrategia de protección".