CARACAS – La responsable municipal de Voluntad Popular en El Hatillo, Ariana González, rechazó la maniobra del gobierno de Nicolás Maduro para implementar un modelo comunal en el estado Miranda, a través de una consulta que se realizará el 1 de diciembre y en la cual buscan asignar recursos del estado, a los Concejos Comunales.	“El primero de diciembre se va a consultar la Ley de Convivencia del estado Miranda, para asignar los recursos a las comunas, de aplicar esta medida, sería un acto ilegal porque el perfil jurídico de las comunas no está contemplado en la Constitución, por lo que no son legítimamente reconocidas para administrar recursos del Estado.”	“El intento de querer darle a las comunas recursos del Estado, es un acto inconstitucional, por ende no vamos a participar en un proceso que desde sus inicios está viciado. Esta consulta está amparada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual no goza de legitimidad en el país, va a participar todo el registro electoral del estado Miranda e inclusive jóvenes mayores de 15 años que no están inscritos en el Poder Comicial, quienes deben llenar una planilla que les proporcionarán las mismas comunas, por lo que no es un proceso auditable. Será más una consulta a los militantes del PSUV, que una consulta popular”.	Por su parte, el miembro del Comando Libertad de Miranda y coordinador de #LaMejorVzla de Voluntad Popular, Cipriano Heredia, también se pronunció sobre la ilegal consulta popular que pretende llevar a cabo Héctor Rodríguez. En este sentido, calificó el proceso como una elección interna del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para desviar los recursos de los mirandinos e implantar un Estado comunal de espaldas a la Constitución.	“Este no es un proceso libre ni universal: fue anunciado de manera irregular, no se ha brindado la suficiente información a los ciudadanos, el cronograma de la consulta no ha sido presentado, no sabemos los lapsos ni los registros de las personas que participarán y desconocemos los coordinadores y miembros de mesa”.	Por su parte, Milagros Valera, también miembro del Comando Libertad de Miranda y dirigente de Primero Justicia, recordó que la Ley de Convivencia Ciudadana aprobada por el Consejo Legislativo de Miranda establece que los fondos recaudados por la imposición de multas en la entidad deben ser distribuidos entre los funcionarios y cuerpos de seguridad.