En concreto, la comisión pide al Consejo Permanente de la OEA, que reúne a los embajadores de los países, que declare oficialmente que “hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua” y que “convoque inmediatamente un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar esta cuestión”.	En agosto, la OEA aprobó la creación de una comisión que tenía un plazo de 75 días para dialogar con Ortega e intentar buscar una salida a la crisis que comenzó el 18 de abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio.	Ese órgano ha estado integrado por el embajador de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo; el subsecretario de Asuntos de América del Ministerio de Exteriores de Argentina, Leopoldo Francisco Sahores; la representante de Panamá en la OEA, Elisa Ruiz Díaz; así como Sébastien Sigouin, responsable de Centroamérica en el Ministerio de Exteriores de Canadá; y la embajadora ante la OEA de Jamaica, Audrey Marks.	El Gobierno de Ortega se ha negado en repetidas ocasiones a reconocer la legitimidad de la comisión creada por la OEA, a la que considera un intento de “injerencia” de Washington, y llegó incluso a prohibir el ingreso de los diplomáticos de dicha comisión cuando trataron de viajar al país a mediados de septiembre.