La CorteIDH condenó al Estado venezolano por la violación de mí integridad personal, dignidad, autonomía y vida privada, también lo responsabiliza por la ínfima sentencia con la que fue condenado el agresor, el cual no incluyó los actos de tortura y violación de los que fui víctima, todos estos delitos valorados como violación de mis derechos humanos.	De acuerdo a la Convención Americana, todo Estado que la ha suscrito, es responsable de obligaciones internacionales que le impone sancionar los delitos que por omisión o ataque directo haya producido daño a las víctimas y tiene el deber de repararlos adecuadamente. El Estado venezolano, se encuentra en total y sistemático desacato con todas las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, pecuniarias y garantías de no repetición en el caso Linda Loaiza López y familiares.	Ésta es la primera vez que el sistema interamericano declara y condena la responsabilidad por la omisión de un Estado frente a hechos atroces cometidos por un particular, delitos sancionados por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención Belem Do Pará. Además, la CorteIDH también condenó al Estado venezolano como responsable por la violación del derecho a la integridad personal de mis padres, hermanas y hermanos.	La respuesta silente del Estado frente a la condena de la cual ha sido objeto, muestra que, el actual gobierno, autodenominado feminista se comporta con una realidad que lo desmiente muy contundentemente en su negación y omisión frente a su responsabilidad por la violación de los derechos humanos de las mujeres desde su gestación hasta su vejez. Las muestras están en las altas y alarmantes cifras de los delitos de femicidios y violencia de género. El Estado no muestra la más mínima intención y voluntad en generar verdaderas y efectivas políticas públicas para prevenir esta violencia y sancionar ejemplarmente a los responsables. Esto solo alimenta el clima de impunidad desbordada y la revictimización de las mujeres víctimas que acuden al sistema judicial.	Es indudable que la omisión de Estado venezolano es el escenario de la continuidad de los delitos que me revictimizan e igualmente a mí familia. La sentencia de la CorteIDH es una obligación que se debe cumplir y no puede convertirse en letra muerta porque son obligaciones convencionales de protección que el Estado venezolano está obligado a cumplir.