Para el presidente de la Sala Constitucional, el írrito documento es un nuevo acto desestabilizador, contra el Estado de derecho y ratificó que se trata de un”grosero y notorio desconocimiento de las normas constitucionales”, que corroboran la usurpación de funciones por parte de la AN, al igual que las recientes decisiones asumidas por el parlamento, entre ellas, el nombramiento de cuerpo diplomáticos por parte del Parlamento.