Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió y profundizó a lo largo de 2018 la participación de la sociedad civil en todas las actividades desarrolladas, incluyendo audiencias públicas, consultas, talleres de capacitación, reuniones bilaterales y multilaterales, entre otras. La participación de la sociedad civil de la región es esencial para que la CIDH pueda dar cabal cumplimiento a su mandato de promoción y protección de los derechos humanos. La CIDH valora y agradece a las organizaciones de la sociedad civil por su activa colaboración.	Un total de 535 organizaciones de la sociedad civil participaron en las 106 audiencias públicas llevadas a cabo en los cuatro Períodos de Sesiones de 2018, tanto regionales como sobre situaciones de derechos humanos en 22 países del continente americano. En todos los períodos de sesiones se realizó una reunión abierta con la sociedad civil interamericana y del país anfitrión. Asimismo, hubo reunión de la directiva de la CIDH con la coalición de ONGs que trabajan en el SIDH en el 167, 168 y 170 Períodos de Sesiones. En cada período, también se llevan a cabo reuniones de trabajo entre Estado y Sociedad Civil para avanzar en el sistema de casos, tratando de las medidas cautelares, soluciones amistosas, casos y seguimiento de recomendaciones. En 2018 fueron aproximadamente 100 reuniones de esa naturaleza durante los períodos de sesiones.	“La participación de la sociedad civil es clave para la exitosa realización de los Períodos de Sesiones de la CIDH”, señaló la Comisionada Margarette Macaulay. “La información que aportan en las audiencias públicas resulta esencial para mantener a la Comisión informada sobre los más recientes desarrollos en materia de derechos humanos en la región. También ha resultado fundamental realizar reuniones en forma permanente con la sociedad civil para escuchar sus planteos, conocer sus necesidades, recibir sus opiniones sobre el trabajo de la Comisión y sus sugerencias sobre cómo mejorar de manera permanente nuestro trabajo”, agregó.	Asimismo, en las sesiones se llevan a cabo reuniones bilaterales con las organizaciones de la sociedad civil para tratar los diferentes temas de derechos humanos que les interese. Las Comisionadas y los Comisionados también participan de algunos encuentros y eventos adicionales paralelos con organizaciones. En 2018 fueron aproximadamente 130 agendas así realizadas durante las sesiones.	“La realización de períodos de sesiones fuera de la sede aseguró el aumento del acceso de las organizaciones de la sociedad civil de diferentes partes de la región a la CIDH, ampliando el rol de actores involucrados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, indicó la Presidenta, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño. “En 2018 entonces, la CIDH no solamente mantuvo su práctica de establecer canales de diálogo periódicos con la sociedad civil, sino que profundizó estos canales y fueron ampliados a la participación de nuevos actores, democratizando cada vez más el acceso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, apuntó.	También se realizaron numerosas reuniones con sociedad civil durante las visitas in loco a Honduras y a Brasil, las cuales resultaron fundamentales como parte del trabajo en terreno de la CIDH a fin de obtener un diagnóstico completo sobre la situación de derechos humanos en esos países. El apoyo y participación de la sociedad civil en la preparación de dichas visitas también resultó esencial. Se mantuvieron además reuniones con organizaciones de la sociedad civil durante la Asamblea General de la OEA y la Cumbre de las Américas. Adicionalmente, se realizaron reuniones virtuales con la sociedad civil de Colombia, Nicaragua y Venezuela.	Adicionalmente, se realizaron reuniones con sociedad civil en el marco de la participación de la CIDH en el 37º y 38º Períodos de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, se reunió con organizaciones de la sociedad civil que estaban participando en eventos paralelos organizados por la CIDH o de otras actividades en el marco de la sesión del Consejo, ampliando el rol de actores con los cuales la CIDH mantiene contactos.	Además, en julio, la Jefa de Gabinete y la Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales se reunieron en Bruselas con organizaciones de la EU-LAT, una red de incidencia de organizaciones y movimientos sociales de Europa que promueven la solidaridad entre los pueblos de esa región y de América Latina. En esa ocasión, discutieron retos y desafíos en materia de derechos humanos en la región, así como oportunidades de colaborar con la CIDH.	En relación con el sistema de peticiones y casos, y en el marco del plan de reducción del atraso procesal, la CIDH realizó un amplio proceso de consulta virtual abierta en el cual la participación de la sociedad civil enriqueció el plan adoptado. El proceso también incluyó consultas con los Estados.	“Las medidas fueron ampliamente debatidas y analizadas con todos los actores relevantes del sistema, y recibimos excelente retroalimentación de la sociedad civil sobre nuestras propuestas, la cual agradecemos”, indicó el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva. “La implementación de estas medidas resultó en un incremento significativo en la producción de informes de peticiones y casos, alcanzando nuevamente números récord a los ya registrados en 2017, preservando la profundidad técnica y la calidad de sus contenidos”, puntualizó.	Igualmente, en el marco del trabajo ante la Corte Interamericana, la Comisión ha continuado profundizando su acompañamiento a quienes desde la sociedad civil participan como representantes de víctimas, apoyándoles a los representantes y a las víctimas directamente a lo largo de todo el proceso. Asimismo, la Comisión mantiene contacto con organizaciones, academia y expertos en diversos temas, de manera que desde sus respectivas funciones puedan apoyar los casos que se presentan ante la Corte Interamericana, particularmente cuando se trata de temas que implican nuevos desarrollos jurisprudenciales. Esto, a través de amicus curiae y mediante la presentación de peritajes sobre temas de orden público interamericano.	En lo referente a las medidas cautelares, la Comisión mantiene un constante contacto con diversos actores de sociedad civil a efectos de contar con información relevante para identificar los contextos particulares o situaciones de riesgo en que se encuentran personas beneficiarias o solicitantes de medidas cautelares con la finalidad de buscar la mayor efectividad del mecanismo. La Comisión ha continuado a su vez el diálogo con organizaciones de sociedad civil sobre las medidas adoptadas para agilizar la toma de decisiones y el trámite de las solicitudes de medidas cautelares.	“Las organizaciones de la sociedad civil de la región han participado muy activamente respondiendo a estas consultas para la elaboración de nuestros informes temáticos”, indicó la Segunda Vicepresidenta, Comisionada Antonia Urrejola. “Muchos de los insumos que recibimos ante cada cuestionario que publicamos son de alto nivel técnico y resultan útiles y en casos hasta fundamentales para la elaboración de informes con el alto nivel de calidad que caracterizan a los informes de la CIDH”, señaló.	Una de estas consultas se realizó para la elaboración del informe sobre Desplazamiento Interno en el Triángulo Norte: Lineamientos para la formulación de políticas públicas; dicha consulta obtuvo respuesta de 7 organizaciones y centros de estudios de El Salvador, Guatemala y Honduras. Para recoger insumos para este mismo informe se realizó también una consulta regional en Ciudad de Guatemala el 22 de febrero, que contó con la participación de sociedad civil, así como de organismos internacionales y funcionarios y funcionarias de los Estados de los tres países.	Adicionalmente, la CIDH preparó un cuestionario de consulta para la elaboración del Informe sobre sistemas nacionales de protección de los derechos de las personas mayores en América con el objetivo de recibir información de la sociedad civil y la academia sobre los desafíos y las buenas prácticas de los Estados miembros de la OEA en el reconocimiento y la garantía efectiva de los derechos de las personas mayores. Asimismo, la CIDH y las dos Relatorías Especiales realizaron un proceso de consulta con operadores de justicia, expertos y la sociedad civil para revisar los estándares regionales existentes en materia de lucha contra la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos, lo cual culminó en la adopción de la Resolución 1/18 sobre Corrupción y Derechos Humanos.	En adición a ello, para la elaboración del Informe “Mujeres Periodistas: Discriminación y violencia basada en el género contra las mujeres periodistas por el ejercicio de su profesión”, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH realizó una consulta en Bogotá, Colombia, en la que participaron 23 mujeres de toda la región, incluyendo representantes de grupos afrodescendientes, indígenas, LGTBI, periodistas víctimas de violencia, entre otras. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión también recibió respuestas de las organizaciones de la sociedad civil a una consulta sobre el estado de las recomendaciones incluidas en el Informe “Acceso a la información, violencia contra mujeres y la administración de justicia”, las cuales fueron incluidas en un informe sobre la situación del acceso a la información para combatir la violencia contra las mujeres en la región. Asimismo, esta Relatoría Especial lanzó en diciembre una consulta pública sobre el fenómeno de la desinformación deliberada y su impacto, principalmente en contextos electorales. Los insumos recogidos servirán para el proceso que adelanta la Relatoría Especial para abordar este tema.	Por su parte, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (REDESCA) mantuvo una fructífera agenda de reuniones y de contactos con actores de la sociedad civil durante 2018. La REDESCA recibió respuestas de la sociedad civil al cuestionario con el cual se buscaron insumos para la elaboración del informe sobre las obligaciones internacionales de los Estados relativas a garantizar y proteger derechos humanos en el ámbito empresarial. Además, el nexo entre la REDESCA y la sociedad civil se ha visto fortalecido durante 2018 en el marco de numerosas actividades promocionales y académicas en que la Relatora ha participado sobre los temas vinculados a su mandato en diversos países. Entre otras, destacan por la amplia participación de sociedad civil, el Taller sobre retos y buenas prácticas en Planes Nacionales de DDHH sobre empresas y derechos humanos, experiencias en Colombia, Chile y México realizado en Colombia. En Heidelberg, Alemania, la Relatora sostuvo una jornada de trabajo con el equipo de FIAN International. Seguidamente en Madrid, se reunió con el Consejo de la Coordinadora ONGD de España. También se avanzó hacia la generación de un convenio con OXFAM International.	Asimismo, la REDESCA participó en el Foro “Restoring the Faith in Freedom” organizado por el Centro Carter en Atlanta, Estados Unidos. Igualmente, se mantuvieron reuniones con sociedad civil en ocasión del Foro sobre derecho a la ciudad y DESCA en Ciudad de México, organizado por la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México; y el Foro Ciudadano sobre los DESCA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible organizado en Guadalajara por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. La REDESCA organizó junto con el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la UNAM un encuentro de Expertos(as) DESCA en el que participaron destacados y destacadas activistas en la materia de toda la región. Asimismo, también organizó una reunión de expertos y expertas para la elaboración de su informe temático sobre empresas y derechos humanos en la que participaron representantes de sociedad civil y academia de distintos países de la región.	Según Soledad García Muñoz, Relatora Especial DESCA de la CIDH, “El vínculo de la REDESCA con la sociedad civil resulta fundamental para el éxito de nuestras labores, tanto en el marco de las actividades cotidianas, como de los periodos de sesiones de la CIDH y otros eventos que promovemos o en los que participamos. Este mandato se creó en gran medida gracias al reclamo de la sociedad civil y en esta fase fundacional del mandato, está siento apoyo y motor constante del mismo”.	Otro ámbito donde se promovió y consiguió un muy alto nivel de participación de la sociedad civil fue en las consultas realizadas por la CIDH para la elaboración de la agenda de trabajo de todas sus unidades temáticas. En relación con la Unidad sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (UDPD), la CIDH, con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizó una consulta pública el 22 de junio de 2018 en la ciudad de Lima, Perú, en la cual participaron presencialmente 70 personas de 17 países, incluyendo personas con discapacidad, activistas, organizaciones no gubernamentales, expertos y expertas, academia y autoridades de los Estados. Asimismo, se recibieron aportes de la sociedad civil y de otros sectores de manera virtual.	“Todos los insumos están siendo considerados en la elaboración del primer plan de trabajo de la Unidad Temática”, dijo el encargado de la Unidad, Comisionado Francisco Eguiguren Praeli. “Ya antes las Unidades Temáticas sobre Memoria, Verdad y Justicia, y Derechos de las Personas Mayores, habían hecho las respectivas consultas. De esta manera, todas las Unidades Temáticas de la CIDH han recibido los valiosos aportes de la sociedad civil a fin de elaborar sus planes de trabajo. Queremos hacer un reconocimiento y agradecer a las organizaciones por sus esfuerzos para acompañarnos en estas tareas a fin de diseñar estos planes de trabajo en forma participativa y transparente”, subrayó.	Asimismo, la CIDH invitó a las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales interesados de los 35 Estados miembros de la OEA a enviar información sobre la situación de derechos humanos en la región para la elaboración del capítulo IV A del informe anual de la CIDH correspondiente al año 2018 que será presentado ante la Asamblea General de la OEA. De igual manera, la CIDH realizó consultas por cartas a organizaciones de la sociedad civil para la preparación de los capítulos IV.B y V de su Informe Anual.	La CIDH y sus Relatorías también realizaron eventos de diseminación de estándares interamericanos en los que se obtuvo una nutrida participación de la sociedad civil. Por ejemplo, alrededor de 450 personas han participado de los eventos de diseminación de estándares sobre libertad de expresión realizados por la Relatoría Especial, incluyendo miembros de la sociedad civil, académicos, estudiantes, legisladores y operadores de justicia. En estos eventos los temas se han enfocado en violencia contra mujeres periodistas, Internet y libertad de expresión, con énfasis en el fenómeno de la desinformación en contextos electorales, acceso a la Información en contexto de industrias extractivas, acceso a la Información y mujeres, regulación de la publicidad oficial, y desafíos a la libertad de expresión desde una visión regional, entre otros.	En materia de seguimiento de recomendaciones, la CIDH desarrolló 15 actividades promocionales y conversatorios con redes académicas, de la sociedad civil, así como capacitaciones dirigidas a funcionarios estatales, defensores del pueblo, líderes sociales y miembros de la sociedad civil de la región. En estas oportunidades la CIDH recibió comentarios y sugerencias para la mejora en sus mecanismos de seguimiento, y promovió innovaciones en el diseño de su Informe Anual. En el marco del establecimiento de alianzas con las redes académicas, se firmó una Declaración de Entendimiento con el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional (Heidelberg, Alemania). La Comisión también se encuentra colaborando con el proyecto de elaboración de fichas de jurisprudencia de la CIDH relativas a los informes de fondo y de soluciones amistosas con el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).	En relación a los mecanismos especiales de seguimiento, la CIDH ha promovido el diálogo e intercambio permanente con las organizaciones de la sociedad civil, víctimas y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos. La CIDH destaca su presencia permanente en México y las periódicas reuniones con los familiares del asunto Ayotzinapa en el marco del Mecanismo Especial de Seguimiento, MESA. Asimismo, destaca las videoconferencias y reuniones de preparación de la CIDH con la sociedad civil y la participación en las dos Mesas de Trabajo sobre la Implementación de Políticas Públicas de Derechos Humanos en República Dominicana. Esta herramienta complementaria en la estrategia de la CIDH fue implementada principalmente en respuesta a la demanda de la sociedad civil dominicana para encarar de manera diferente desafíos históricos en materia de derechos humanos y permitió rescatar canales de dialogo con el Estado. En relación al MESENI, la CIDH destaca la labor de colaboración e intercambio información permanente con las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo se destaca la formación de núcleos de derechos humanos, la asistencia técnica a las ONGs para el proceso de recolección de información y las diez jornadas capacitaciones realizadas en el marco del MESENI, donde se capacitaron a 273 personas de la sociedad civil y de movimientos sociales, así como estudiantes, en Nicaragua y Costa Rica.	Por otra parte, la CIDH continuó trabajando en 2018 en fortalecer las capacidades de la sociedad civil, así como de funcionarios públicos, a través de talleres y actividades promocionales realizadas en 26 países de la región, en el marco del programa de capacitación y promoción del pensamiento y la cultura en derechos humanos en la región del Plan Estratégico.	“Nuestros registros indican que 5.695 personas fueron capacitadas por la CIDH en temáticas de derechos humanos a lo largo de 2018”, señaló el Primer Vicepresidente, Comisionado Joel Hernández. “Esto incluye funcionarios y funcionarias de los Estados, pero un alto porcentaje de este número son personas de la sociedad civil. Estas actividades forman parte de uno de los objetivos estratégicos de la CIDH, que es promover la democracia, la dignidad humana, la igualdad, la justicia y las libertades fundamentales a partir de la construcción de capacidades de actuación de las organizaciones y redes de actores sociales y académicos en la defensa de los derechos humanos”, explicó.	Representantes de la sociedad civil también participaron en el Curso Internacional de Políticas Públicas en Derechos Humanos que la CIDH realizó en coordinación con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR. Asimismo, 14 personas de organizaciones de la sociedad civil de El Salvador, Guatemala, Honduras y México participaron en el Taller Regional de Capacitación de la CIDH sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos humanos, sus estándares y mecanismos de trabajo, realizado en el marco del proyecto sobre Democracia y Derechos Humanos. Un total de 29 representantes de la sociedad civil participó en el curso anual sobre los Sistemas Interamericano e Internacional de Derechos Humanos, realizado con el apoyo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos – IIDH, el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, el Washington College of Law de American University, y el Centro por los Derechos Humanos y la Justicia Audre Rapoport de la Universidad de Texas. Asimismo, 15 personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el ámbito digital participaron en un taller sobre derechos digitales y libertad de expresión. Estos son sólo algunos ejemplos de los múltiples talleres que se han realizado dirigidos a sociedad civil durante 2018.	“Durante el año 2018 se ha profundizado, ampliado y consolidado la participación de la sociedad civil en todas las acciones, actividades y procesos de toma de decisiones de la CIDH”, dijo la Comisionada Flávia Piovesan. “La CIDH amplió los espacios de participación y de incidencia para la sociedad civil, y logró tanto ampliar el número como diversificar el tipo de organizaciones que trabajan y colaboran con la Comisión en el objetivo común de proteger y promover los derechos humanos en la región”.