“Esperamos que (la juez de ejecución de penas) pueda expedir de inmediato;  la orden de liberación, porque no hay ninguna razón para aguardar cualquier otro trámite”, dijo el letrado Cristiano Zanin tras visitar a Lula en la sede de la Policía Federal de Curitiba (sur), donde purga una pena por corrupción.	Lula, de 74 años, purga desde abril de 2018 una pena de 8 años y diez meses de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. Pero el líder de la izquierda se declara inocente y denuncia una conspiración con la que se consiguió apartarlo de la carrera electoral de 2018, en la que resulto victorioso el ultraderechista Jair Bolsonaro.	El Supremo Tribunal Federal (STF) determinó el jueves que las condenas no pueden empezar a ejecutarse antes de que se agoten todos los recursos legales, abriendo la puerta a un examen de la situación de cerca de 5.000 personas encarceladas después de haber sido sentenciadas por un tribunal de segunda instancia.	“Esperamos que Lula salga de la sala donde está secuestrado hace 580 días, camine en medio del pueblo y venga a la vigilia, le dé un abrazo al pueblo y que nosotros podamos abrazarlo para compartir este momento especial de conquista de su libertad”, dijo a la AFP Roberto Baggio, coordinador del campamento “Lula libre”.	La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó este jueves la violencia y acciones de trato inhumano contra la alcaldesa del municipio de Vinto, en Cochabamba, Bolivia, Patricia Arce Guzmán. A la alcaldesa la dejaron pelona y demás la insultaron. Arce corría descalza por las calles a empujones hasta que cayó al suelo. Los manifestantes le gritaban «asesina», le rociaron pintura roja, le decían chavista y le cortaron el pelo en plena calle.	Otros izquierdistas bolivianos huyeron despavoridos para evitar correr la misma suerte. En un despacho del Centro de Noticias de la ONU, el organismo rechazó, además, las agresiones contra mujeres, hombres, jóvenes y niños; quienes han sido víctima de racismo por parte de la derecha boliviana, a través de prácticas discriminatorias hacia los ciudadanos que tienen rasgos indígenas.	No obstante, los manifestantes negaron que la agredieron por ser mujer, sino por chavista e izquierdista. Ante esta situación, la ONU instó a las autoridades bolivianas a garantizar los derechos humanos de los ciudadanos y los exhortó a actuar de manera correcta para prevenir hechos violentos, por lo cual recomendó la reducción de tensiones políticas de manera inmediata.