El líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) y la izquierda local, de 74 años, purga desde abril de 2018 una pena de 8 años y 10 meses por corrupción y lavado de dinero. Fue declarado culpable de beneficiarse de un apartamento en un balneario del litoral de Sao Paulo (sudeste), ofrecido por una constructora a cambio de contratos en Petrobras.	El STF, de once magistrados, suspendió las deliberaciones el mes pasado con una ventaja de 4 a 3 para los partidarios del statu quo. Muchas cábalas prevén que se llegará a un resultado de 5 a 5, con lo cual la responsabilidad del desempate recaerá en el presidente del tribunal, Dias Toffoli.	Esas dudas empezaron con la designación del juez Sergio Moro, emblema de esa investigación que descubrió una red de corrupción en Petrobras, como ministro de Justicia de Bolsonaro. Y se acentuaron con las filtraciones del portal The Intercept Brasil sobre conversaciones que parecen mostrar connivencias entre Moro y los fiscales de la operación.	“Una parte de la población cambió de opinión respecto a la Lava Jato y al Ministerio Público. Yo mismo cambié de opinión. Antes pensaba que el MP había hecho generalmente un buen trabajo, pero ahora pienso que no. Hubo una ruptura de la imparcialidad”, afirma Ivar Hartmann, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas (FGV Direito Rio).	El Consejo Nacional de Justicia (CNJ), que vela por el buen funcionamiento de las cortes, indicó que hay actualmente 4.895 personas con penas de prisión dictadas tras ser condenadas en segunda instancia. No todas, sin embargo, se beneficiarían de un cambio de jurisprudencia, porque muchas seguirían presas por medida cautelar.