En ese sentido, “Venezuela alega que determinadas leyes y reglamentos estadounidenses relativos a bienes de origen venezolano, la liquidez de la deuda pública venezolana, las transacciones en moneda digital venezolana y la lista de nacionales especialmente designados y de personas bloqueadas son incompatibles con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC”, destaca la OMC.	De acuerdo con un artículo de la OMC, las consultas dan a las partes la oportunidad de debatir la cuestión y encontrar una solución satisfactoria. Pasados 60 días, si las consultas no han permitido resolver la diferencia, Venezuela podrá pedir que el caso rea resuelto por un grupo especial de la organización.