El autodenominado gobierno obrero, que dice gobernar para los más necesitados, demostró de manera más fehaciente el desprecio que tiene contra los pobres. Cuando los sectores populares salieron a las calles a exigir libertad y rechazar al gobierno por sus políticas que profundizan la miseria, lanzó contra ellos todo el poder letal del Estado asesinando a varios manifestantes.	El uso de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional contra las protestas que se desarrollaron los días 22 y 23 de enero en muchos sectores populares, sabía el gobierno produciría manifestantes muertos. No fue casualidad darle esa responsabilidad. Dar labores de control del orden público a un componente de la policía que en sus actuaciones utiliza armas de guerra y que ha sido preparado para operaciones de asalto de alto riesgo, no podía generar otra consecuencia que bañar de sangre las calles y callejones de nuestros barrios.	En la represión desatada por el gobierno en esos días de intensa protesta popular se repitieron, pero con mayor crudeza y violencia los patrones represivos usados contra la población civil en 2017: uso de armas de guerra, lanzamiento de bombas lacrimógenas contra las residencias, detenciones masivas y arbitrarias, incursión en las viviendas sin orden judicial y robando todo lo que esté a su alcance, maltrato a los detenidos y la utilización de grupos colectivos paramilitares para atacar manifestantes. Una represión masiva y sistemática con alta letalidad contra la población civil. Sin embargo, en esta oportunidad se agregó un elemento más represivo con el propósito de producir más terror: realizar ejecuciones horas después de las protestas, de personas que participaron en las acciones de calle. Solamente en el estado Lara se produjeron el día 24 de enero cinco ejecuciones de presuntos participantes en las movilizaciones, asesinatos que según los familiares fueron perpetrados por el Faes. La justicia tarda, pero llega, y tanto los funcionarios que realzaron las ejecuciones como toda la cadena de mando tendrán que pagar por sus crímenes y graves violaciones a los derechos humanos.	Al 29 de enero se habían contabilizado 35 personas asesinadas en el contexto de las protestas y ocho ejecuciones de presuntos manifestantes. De la mima manera 850 detenciones la mayoría de ellos privados de libertad por orden judicial elevando la cantidad de presos políticos a 976. De la cantidad de detenidos por alzar su voz 77 son niños, niñas y adolescentes.	Algunos se preguntan cuál es la razón por la que el gobierno actuó con tanta crueldad contra las protestas de los sectores populares. Sin duda con el único objetivo de causar terror. Sabe el gobierno que la incorporación masiva de los sectores excluidos contra quienes ha ejercido un férreo control, en la lucha por el cambio de gobierno, significa la caída de la dictadura. El dictador y su cúpula andan asustados con el levantamiento en distintas partes del país de aquellos que durante años fueron su bastión electoral. De nada le servirá la represión y el uso de colectivos paramilitares para intimidar, las mayorías ya tomaron una ruta y es la de exigir el retorno de la democracia y luchar de manera pacífica y masiva por mejores condiciones de vida. Basta ya de opresión y hambre.