Se refería a la decisión del Gobierno ecuatoriano de crear brigadas de control de la emigración a raíz del asesinato el sábado de una mujer embarazada por un emigrante venezolano que la mantuvo como rehén.Las imágenes del feminicidio han conmocionado al país y llevado a su Gobierno a anunciar la creación de brigadas y la exigencia de que los emigrantes requieran de un certificado apostillado de antecedentes penales.	Por ello, además de recurrir a la CIDH, también ha exhortado a los mecanismos de procedimientos especiales de las Naciones Unidas a que condenen la creación de las brigadas de control, solicitando que “se realicen las gestiones necesarias para que se garanticen el respeto al derecho internacional a los inmigrantes venezolanos”.