Venezuela padece una crisis económica recrudecida que destruye la calidad de vida: la insuficiencia del salario, la pérdida del poder adquisitivo, el deterioro del sistema de salud, la carencia de servicios públicos óptimos, ausencia y contaminación del agua, las fallas estructurales del sistema eléctrico nacional, la escasez de alimentos y medicinas. Esto trajo como consecuencia la salida forzada de millones de personas que generó la mayor crisis migratoria en América Latina.	El 10 de enero de 2019, Venezuela entró en un gobierno de hecho cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia bajo condiciones que carecen de legitimidad. El 20 de mayo de 2018 no se realizaron elecciones libres y auténticas lo que constituyó una grave violación del ordenamiento constitucional. El evento electoral vulneró las garantías universales de pluralidad, participación política, libertad de expresión y tiempos mínimos necesarios en los términos establecidos por la legislación nacional e internacional  para un proceso democrático.	El Foro reitera las obligaciones del Estado venezolano en materia de respeto y protección de los derechos humanos de los(as) venezolanos(as), entre ellas garantizar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, de acuerdo al artículo 68 de la Constitución Nacional; que prohíbe expresamente el uso de sustancias tóxicas y armas de fuego para el control de manifestaciones públicas.	Enfatizamos que las violaciones a los derechos humanos son delitos que no prescriben, el cumplimiento de órdenes como justificación de acciones delictivas no exime a los(as) funcionarios(as) de la responsabilidad directa e individual en la comisión de estos hechos, ni tampoco a los integrantes de la cadena de mando y superiores, sean efectivos civiles o militares.	La ciudadanía tiene pleno derecho a participar activamente y desarrollar estrategias de recuperación institucional en el marco de las garantías provistas por la Constitución Nacional, en sintonía con los principios democráticos que dan prioridad al respeto de los derechos humanos que tienen rango constitucional. Los(as) venezolanos(as) cuentan con la legitimidad para ejercer sus derechos consagrados como la libertad de conciencia, expresión, reunión, asociación, manifestación y participación política, en rechazo de la usurpación de poder y la exigencia inmediata de elecciones libres y auténticas.	Exigimos al Estado, principalmente a los funcionarios civiles y militares, respetar y garantizar los derechos humanos de acuerdo a las obligaciones constitucionales, los tratados y pactos internacionales suscritos por la República. Reiteramos que el compromiso de cumplimiento de estos mecanismos se mantiene, independientemente de las denuncias ilegales e ilegítimas del Gobierno contra instrumentos de protección internacional, a fin de evadir sus responsabilidades, y bajo la pretensión de dejar en mayor indefensión a la población venezolana.