Explicó que hay urbanismos que fueron construidos en terrenos privados y que estos “pasan un decreto a vivir en un proceso de apropiación por utilidad pública. En ese proceso se asignan un justiprecio, normalmente los terratenientes de las áreas urbanas no aceptan ese precio y tenemos que ir a un proceso judicial que dura entre 2 y 3 años, indicó en entrevista con una televisora privada.	En ese sentido refirió que si construyen las viviendas en un año y medio estas no pueden dejarse deshabitadas mientras se resuelva el tema jurídico. Es por ello que se les asigna un título de propiedad de bienhechuría. Estos casos representan el 28 % restante de titularidades oficiales faltantes. «8 millones de personas son propietarias de vivienda», puntualizó.