Una salvadoreña que trata de conseguir asilo en Estados Unidos pasa sus días encerrada en la atestada casa de una prima en México, demasiado asustada tras ser agredida salvajemente hace tres semanas por pandilleros cuando regresaba a la vivienda luego de ir a una tienda. La agresión se produjo después de que había pasado cuatro meses cautiva de una banda que la obligó a prostituirse durante su recorrido por México.	Los detractores del programa dicen que le niega a los solicitantes de asilo un trato justo y humano, obligándolos a esperar en un país con regiones abrumadas por la violencia del narcotráfico, como se hizo evidente esta semana con el asesinato cerca de la frontera con Estados Unidos de seis menores y tres mujeres adultas, todos ciudadanos estadounidenses que vivían en México.	El gobierno de Trump insiste en que el programa es una alternativa segura, coordinada con el gobierno mexicano, a pesar de que el mandatario promete librar una guerra con los carteles de las drogas tienen una importante presencia en las ciudades de la frontera donde los migrantes son obligados a esperar. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo en un informe la semana pasada que la iniciativa es “una herramienta indispensable para afrontar la crisis en la frontera sur y restaurar la integridad del sistema de inmigración”.	En la vista de la semana pasada se escuchó el llanto de un niño poco antes de que el juez, luciendo su bata negra, se sentase en su silla. “¡Silencio en la sala!”, ordenó el juez, quien dijo que el niño “gritaba con toda su fuerza”. Un guardia escoltó al niño y su madre, que salieron de la sala.