La Iglesia católica de Bolivia llamó este lunes al gobierno interino y todos los partidos políticos, así como a la sociedad civil, a un “diálogo” para poner fin a una crisis que se tornó más violenta con la muerte de unas 20 personas tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia hace una semana.	Sin embargo, el ministro de Gobierno (interior), Arturo Murillo, inyectó tensión al denunciar, sin aportar pruebas, que “un grupo criminal quiere atentar contra la presidenta” Áñez, quien, dijo, tuvo que abortar un viaje al interior del país: “está en peligro su vida. Hay gente, por supuesto, venezolana, cubana, colombiana metida en esto, está el narcotráfico por detrás”, señaló Murillo.	Su gobierno debe ponerse de acuerdo con el Movimiento Al Socialismo (MAS, de Morales), mayoritario en el Congreso, para elegir a seis de los siete titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los anteriores miembros de esa institución están en prisión preventiva por irregularidades en las presidenciales de octubre, que dieron la reelección a Morales.	Las manifestaciones más violentas se han concentrado los últimos días en Cochabamba (centro). Allí, campesinos cocaleros afines a Morales chocaron el viernes con el Ejército y la Policía, con un saldo de nueve muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elevó a 23 el saldo de víctimas desde que estalló la crisis hace casi un mes.	Para hacer frente a la situación, el gobierno decidió importar 100 cisternas de gasolina y diésel de Chile y Perú, y envió 60 toneladas de carne y pollo a la ciudad. Además, busca dialogar con quienes bloquean la vía que une La Paz con una importante refinería, donde instaló un cerco militar disuasivo.