Uno de los valores que posee el sistema político democrático de Venezuela es la alternabilidad y lo refuerza con la posibilidad de accionarse la revocación del mandato, tal como lo dispone el Art.6 de la C.R.B.V. Con él se trata de garantizar que el poder no se retenga en un solo detentador, sino que se rote, cambie, en distintos mandatarios cada cierto tiempo.En un inicio la posibilidad de reelección estaba limitada a una sola oportunidad en el cargo de presidente de la República, de conformidad con el Art 230 de la Constitución, luego pasó a la posibilidad de hacerse indefinida de acuerdo con la enmienda N° 1 del 15.02.09 que también aplicaba en otros cargos ejecutivos y legislativos.La democracia es consustancial a la alternabilidad, según el tiempo estipulado de ejercicio en cada destino público. Con ello se busca la renovación, los nuevos proyectos, las revisiones periódicas de planes y de estilos de gobierno.Ese principio alternativo alcanza simultáneamente a destinos nacionales, estadales y municipales, lo cual revela la sistematización de todos ellos en la misma orientación, guía de la Constitución.Con ello se quiere significar, aunque no lo manifieste directamente, que el atornillamiento de una sola persona en el poder resulta perjudicial. Bolívar lo advirtió cuando afirmó que así el gobernante se acostumbra a mandar y el pueblo a obedecer, lo que conduce a la tiranía.Con la alternancia el ciudadano -portador de derechos y obligaciones- experimenta cambios de estilos de gestiones de gobierno, la posibilidad de mejoría, de otras ejecutorias. Incluso también los sistemas de gobierno introducen la figura del referéndum revocatorio a mitad de período, también consagrada por nuestra Constitución en el Art.72, si se cumplen las condiciones que el consagra. Con ello por supuesto que se anticipa la finalización de un mandato que ha resultado desacertado en sus logros, desaprobado por el ciudadano.La reelección de un funcionario implica la aceptación de las ventajas y aprovechamiento que conlleva el ejercicio del cargo, las que pueden resultar inconmensurables y abusivas. Por eso las cautelas y prohibiciones que establecen las normas jurídicas con miras a evitarlas o disminuirlas. Se trata de equilibrar las aspiraciones de quienes pretenden ascender a destinos públicos electivos en las formas más igualitarias posibles, más democráticas y justas.