Apenas asumió el gobierno, Bolsonaro transfirió por decreto la responsabilidad de delimitar las tierras del Ministerio de Justicia al de Agricultura, una medida que activistas interpretaron como una luz verde para el agronegocio y la explotación minera que afecta la protección de los pueblos originarios. Además, trasladó la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), una agencia específica que defiende los derechos de los indios, al Ministerio de la Familia, Mujer y Derechos Humanos, comandada por una pastora evangélica conservadora.	En julio, la Amazonia perdió 2.254 kilómetros de vegetación, entre unas tres y cinco veces la superficie perdida en ese mismo mes en los últimos cuatro años, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Especialistas atribuyen una buena parte del incremento a la tala desmedida y a la invasión de tierras, que muchas veces ocurren en zonas protegidas y reservas indígenas.