“Rechazo enérgicamente el que la implementación de la eficiencia energética que disponen las Leyes 57 de 2014 y 17 de 2019, represente aumento de tarifa para los abonados de la AEE. Esa no puede ser la primera opción. Se deben buscar fuentes de ingreso independientes, como acuerdos colaborativos o posibilidad de acceso a fondos federales, de manera que la responsabilidad de la eficiencia energética no sea a costa del pueblo de Puerto Rico”, sostuvo Vázquez a través de un comunicado de prensa.	“Ella entiende la independencia que tiene el negociado y el valor de dicha independencia. No obstante, ella expresó sus preocupaciones y básicamente no está de acuerdo con la resolución. Tenemos que estar conscientes de que el pueblo ha hecho unas expresiones y aunque somos un ente independiente tenemos que escuchar al pueblo”, dijo Avilés.	A través de otra resolución, del 30 de septiembre, el negociado había ordenado a la AEE implementar el nuevo cargo a partir del 1 de noviembre. Asimismo, la orden señalaba que, a más tardar en esa fecha, la corporación pública debía iniciar una campaña de orientación a la ciudadanía sobre la naturaleza del nuevo cargo.	“El Negociado de Energía está cumpliendo con la Ley 17 (de Política Pública Energética), que les pide que desarrollen un programa de orientación de eficiencia energética. Ellos utilizan la Autoridad y nos dan un a orden para nosotros incluir en la tarifa .001 centavos, lo cual equivale a menos de $2 por residente por mes, hasta junio de 2020. Y ese cargo recauda unos $13 millones para orientar a la ciudadanía sobre cómo puedes bajar tu consumo eléctrico. El Negociado está básicamente cumpliendo con la ley”, dijo Ortiz durante una conferencia de prensa en La Fortaleza en la que anunció el acuerdo para el traspaso de la planta hidroeléctrica Toro Negro al Consorcio Energético de la Montaña.