Para poder transformar el edificio histórico Asilo de Beneficencia —sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)— en un hotel boutique, la compañía desarrolladora Gran Hotel San Felipe del Morro debe contar con la aprobación de la Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico, pues el uso de la estructura está destinado a un fin público, desde su traspaso a la isla por parte del Gobierno de Estados Unidos.	Así lo consta en el contrato, que si bien establece que el director Regional del Servicio de Parques Nacionales de Atlanta expresó la viabilidad del proyecto en una carta enviada el 26 de agosto de 2016, también plantea que se debe enmendar el programa de utilización actual y la escritura de renuncia del Gobierno norteamericano “para permitir el desarrollo y las operaciones de un hotel boutique que mantendría la propiedad como un monumento histórico”. Según el documento, la Administración de Terrenos ha estado en contacto con Parques Nacionales en Puerto Rico para “promover e iniciar el proceso” de enmienda.	solicitó al director de la corporación, Arnold Benus, conocer detalles del proyecto, pero se indicó que “Benus expresa que sus parámetros de información están contenidos en el contrato firmado”. Tampoco quiso detallar específicamente si ya tenían los permisos requeridos. Este medio también se comunicó con Parques Nacionales, pero al cierre de esta edición, no se había obtenido la respuesta.	El contrato establece que la empresa debe obtener otros permisos que, de ordinario, se solicitan para cualquier desarrollo con la Oficina de Gerencia y Permisos, el municipio de San Juan y otras agencias. Sin embargo, el municipio de San Juan informó que “el jueves cotejamos en sistema y no aparece ningún permiso de construcción o de uso radicado para ese hotel”.	El viernes, el presidente de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña (JCICP), Eduardo Arosemena Muñoz, expresó que no se siente cómodo con el contrato y mostró preocupación por la manera en que se utilizarán los $10 millones en fondos de recuperación solicitados a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés) para la recuperación de la sede tras el huracán María, y si estos terminarán en manos del comercial privado.	“En el descargue de nuestras responsabilidades, nuestra Junta, con los componentes que representan a los centros culturales de Puerto Rico, como dispone la ley, en este momento no nos sentimos cómodos con el acuerdo suscrito entre la Administración de Terrenos y los desarrolladores, en tanto y en cuanto se dejó fuera al ICP”, dijo en declaraciones escritas.	Ante la expresión del presidente de la Junta, el exgobernador Alejandro García Padilla insistió en que el asunto se trabajó con tiempo y que personal del ICP, tanto de su administración como de la actual, conocían del alquiler. Usó como ejemplo que el contrato establece que solicitaron el permiso inicial al Departamento del Interior desde junio de ese año.	“Esta alternativa no se debe rechazar de plano en Puerto Rico, a costa de que se desplome nuestro patrimonio construido por falta de mantenimiento”, destacó en una declaración escrita. No obstante, mostró preocupación con que al ICP se le “despoje de una sede digna de la importantísima encomienda que tiene dicho organismo”.	Para la senadora Rossana López, la privatización del edificio es una mala decisión. “El mero hecho de la firma de un contrato, y por otro lado, la entrega del mismo, sabiendo que se puede revertir la transacción, pone de manifiesto que debemos defender nuestra cultura aún más”, añadió la también presidenta del comité municipal del Partido Popular Democrático (PPD) en San Juan y aspirante a alcaldesa.	Mientras, el otro aspirante a la alcaldía por el PPD, Armando Valdés, vio con buenos ojos el acuerdo por entender que “la inversión en restaurar el edifico, que continuará siendo propiedad pública, y la actividad económica adicional que generará para los comerciantes del Viejo San Juan, no están reñidas con la conservación de nuestro acervo cultural”.comparte