“En estos momentos precarios de la recuperación en la isla, la administración de Ricardo Rosselló Nevárez ha dejado al pueblo aún más vulnerable. Se supone que un líder proteja con integridad, sabiduría y valentía el interés público del país y los derechos humanos de todos los ciudadanos. Es inaceptable la falta de respeto y sensibilidad hacia individuos, comunidades marginadas y nuestras instituciones. El ultraje verbal a la dignidad de la mujer y la comunidad LGBTTQI más es evidencia de una cultura misógina, homofóbica, hipócrita, y corrupta que escondían en sus oficinas. Sin la confianza del pueblo, un líder deja de ser un líder, y es obvio que el gobernador ha perdido la confianza del pueblo,” dijo Frankie Miranda, el vicepresidente ejecutivo de la organización sin fines de lucro que por años ha defendido los derechos de la comunidad hispana en los Estados Unidos.	Miranda advierte que esta corrupción atenta contra los fondos federales y locales que han sido asignados para la recuperación de las comunidades y sectores más vulnerables de la isla luego del Huracán María. “Las repercusiones de estas acciones a nivel local e internacional no se pueden cargar al pueblo puertorriqueño en un momento histórico donde está sobreviviendo el mayor desastre natural y económico del país. ¡No es justo! El odio y la corrupción de algunos no puede manchar a nuestro pueblo”, afirmó Miranda.	Hispanic Federation ha comprometido sobre $30 millones para la recuperación de Puerto Rico a través de más de 110 organizaciones sin fines de lucro e iniciativas locales, lo que representa una de las mayores inversiones filantrópicas en la isla. Hispanic Federation ha sido testigo del trabajo incansable que llevan a cabo estas organizaciones en sus comunidades para que dicha recuperación sea justa y digna. Además, ha abogado por los derechos y equidad de los puertorriqueños en la esfera federal y ante su compromiso con la isla, responsablemente, ha establecido operaciones permanentes a nivel local.	De igual forma, Hispanic Federation reitera sus exigencias previas al gobierno de auditar la deuda impuesta a los ciudadanos bajo un contexto de corrupción y su legalidad, mecanismos de participación ciudadana que garanticen que el pueblo guíe las decisiones de su gobierno, y transparencia total sobre la administración de los fondos federales y locales que han sido asignados para lograr la recuperación justa y digna del país.