“La contestación de la Junta es que nosotros desde que entramos en la administración tenemos un plan, hemos reducido un 31 por ciento en las agencias del gobierno. Sí les puedo adelantar para ver qué es lo mejor entre ellos, dejar como está la estructura, una organización sin fines de lucro que pueda asumir la organización, entre otras”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.	En una carta al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, al presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, el ente federal puntualizó que una transferencia de titularidad a una entidad privada, sin fines de lucro puede brindar mayores oportunidades de crecimiento, mejorar la programación que se le ofrece al pueblo de Puerto Rico y ahorrarle dinero al gobierno.	"La Junta de Control Fiscal apoya la difusión pública, pero los recursos para financiar la WIPR como una organización privada, sin fines de lucro pueden y deben provenir de fuentes fuera del gobierno para que el gobierno pueda priorizar sus recursos y enfocarse en ofrecer aquellos servicios que está singularmente mejor capacitado para brindar", dijo Carrión en una comunicación escrita.	Explicó que actualmente, el presupuesto de la WIPR se financia con asignaciones del Fondo General, fondos federales y otros fondos. Sin embargo, la mayoría de los estados no proporcionan fondos a corporaciones de difusión pública o lo hacen limitadamente. Los estados que lo sí lo hacen, proporcionan un porcentaje significativamente menor del presupuesto operacional de las corporaciones de difusión pública.	Carrión detalló que esta recomendación se hizo de conformidad con la Sección 205 (a) de PROMESA, que le permite presentar recomendaciones al gobernador o a la Legislatura sobre acciones que el gobierno de Puerto Rico puede tomar para garantizar cumplimiento con el Plan Fiscal o para promover la estabilidad financiera, el crecimiento económico, la responsabilidad gerencial y la eficiencia en la prestación de servicios del gobierno. Bajo la Sección 205 (b), el Gobierno tiene 90 días para proveer una respuesta a la recomendación de la JCF.