La secretaria indicó que el Departamento no se quedará de brazos cruzados ante esta decisión al indicar que “en la sentencia emitida, el propio Tribunal Apelativo reconoce que carece de elementos de juicio para determinar si la cuantía de la fianza impuesta se ajusta a derecho. Entendemos por eso que restituir la fianza original de $100,000 por cargo es improcedente”.	Añadió que la jueza de Apelaciones, Monsita Rivera Marchand, concurre en esta determinación en su voto disidente donde concluye que reinstituir la fianza de $100,000 por cargo resulta en la imposición de una fianza irrazonablemente baja. “Si el Tribunal Apelativo entendió que hacía falta obtener mayor información para imponer una fianza que se ajuste razonablemente a la capacidad económica del acusado, el Tribunal Apelativo debió haber devuelto el caso al Tribunal que impuso la fianza de $1,150,000 para que reevaluará las condiciones del acusado y modificara la misma conforme al derecho aplicable y los señalamientos de la sentencia que se emite hoy”, concluyó la titular de Justicia.	“Ahora bien, de un análisis minucioso del expediente ante nuestra consideración concluyo que la determinación de la segunda fianza no tomó en consideración la realidad económica del imputado como dueño de un negocio y tres vehículos de motor, así como demás circunstancias sometidas ante la consideración del tribunal”, lee la resolución.