“Una vez más sometemos legislación para salvaguardar los derechos de nuestra clase trabajadora. Confiamos en que la gobernadora de paso a esta medida que elimina una práctica que en muchos casos ha provocado que candidatos sumamente competentes no sean considerados para el empleo por tener una puntuación baja en su crédito. Con esta Ley garantizaremos que ningún trabajador sea discriminado, logrando que se mida su capacidad de forma justa y no basada en el crédito”, destacó Ríos.	La medida especifica que habrá ciertas excepciones en las que se justificará que los empleadores puedan solicitar dicho informe. Entre estos están los trabajadores que por Ley les sea requerida esta información, ocupen puestos gerenciales, laboren para el Departamento de Justicia o sean agentes del orden público. Asimismo, aplicará a quienes trabajen en la Rama Judicial y puestos que impliquen emitir pagos, cobrar deudas, transferir dinero o realizar alguna contratación a nombre del patrono. Cabe señalar que antes de proceder, deberán notificarle por escrito al empleado o candidato para que tenga conocimiento de la gestión.	El Proyecto del Senado 1134 detalla que tampoco se podrá despedir, negar beneficios, compensación o ascenso a empleados que confronten problemas con su crédito. De hecho, quienes violenten este estatuto se exponen a multas que fluctúan entre los $1,000 para la primera infracción y hasta $2,500 por cada infracción subsiguiente.