“Existen protecciones para las personas que cooperan con las autoridades y personas que hacen llegar a las autoridades información que tiene que ver con la comisión de delito, en tanto y en cuanto ellos (los Maldonado) han reportado violaciones de ley que, en la actualidad, se encuentran bajo investigación, como ha informado el propio Departamento de Justicia”, dijo a	Detalló que, por ello, en este caso la responsabilidad civil que pudiera reclamársele “es ninguna porque sus actuaciones provocaron la investigación y su cooperación ha promovido que el Gobierno pueda abrir investigaciones y provocaron la salida del gobernador y un grupo de personas”. Carlo aseguró que la información que suministró al dominio público el exsecretario y que incluyó dar a conocer la existencia de una “mafia institucional” en Hacienda ayudó no solo a las autoridades, sino al pueblo.	Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Edgardo Román Espada, coincidió que si bien cualquier persona que se sienta afectada por sus revelaciones podría radicar una demanda en contra de Maldonado, prevalecer es difícil. “El hecho de que sea una persona pública no es que uno está inmune a esa demanda, pero el que se pueda prevalecer en corte es otra cosa”, afirmó Román Espada.	Sobre el hecho de que aún no haya vuelto a ser citado por el Departamento de Justicia, Carlo explicó que no necesariamente un testigo que brindó la información tiene que ser citado frecuentemente por Justicia, más aún cuando se han encontrado escollos para adquirir los celulares de quienes estaban involucrados. Detalló que, tanto a nivel federal como estatal, “las investigaciones en casos de cuello blanco son investigaciones que tardan, porque requieren de un esfuerzo mayor para obtener documentos, esfuerzo mayor para testigos. No son casos fáciles de llevar; son casos complejos”.