El sistema del carpeteo en Puerto Rico fue un calco de las agencias represivas del gobierno de EE. UU., en particular del FBI, quienes, además, fueron los “maestros” de la Policía en el diseño y puesta en marcha de este siniestro esquema. Estos mecanismos de persecución fueron utilizados por la metrópolis —y sus colaboradores en la coloni— para, entre otras cosas,	reprimir a organizaciones políticas, e incluso afectar su participación electoral, como fue el caso del Partido Independentista Puertorriqueño perseguido desde 1948 hasta 1987. La Carpeta del PIP constó de más de 15,000 páginas que incluían una diversidad de documentos, programas y actividades que denotaban el monitoreo constante durante esos años.	Toda persecución fue, y sigue siendo, un mecanismo para poner en función la “criminalización del independentismo”, e incluso, de la disidencia. El Gobierno criminaliza el cuestionamiento, la protesta, la acción y la oposición; en el pasado, por los Gobiernos del PPD y PNP, mediante las carpetas, y ahora utilizando los medios electrónicos modernos.