Las renuncias a los gabinetes de los gobernadores y gobernadoras no son cosa extraña. Todos, con mayor o menor intensidad, han experimentado renuncias. Sin  embargo, hay algo sobre las múltiples bajas del gabinete de Ricardo Rosselló —que hereda en parte la gobernadora Wanda Vázquez— que hace que no exista sorpresa cuando se materializan. Y no hablo de la debacle ocasionada por el famoso chat de Telegram. Me refiero al peso que ha supuesto la carga de la inexperiencia.	La baja más reciente ha sido la de Tania Vázquez como titular “al cuadrado”. La funcionaria dirigía dos agencias reguladoras. Y eso, en sí mismo, levantó múltiples banderas de alerta. Si el Departamento de Recursos Naturales podía multar a la Junta de Calidad Ambiental, ¿cómo la funcionaria podría multarse a sí misma? Figuras de la oposición política como el senador independiente José Vargas Vidot cuestionaron la designación. Pero, dejando a un lado la duplicidad en funciones, los cuestionamientos sobre la preparación de Vázquez y su falta de pericia en los temas inherentes a las agencias que se le encargó dirigir, muy bien pudieron haber servido para anticipar que enfrentaría problemas. Las comunidades y expertos lo denunciaron desde el saque. Problemas con el cumplimiento de las leyes ambientales, alegada inacción ante la montaña de cenizas producto de la quema de carbón para generar energía (que habrían quedado descubiertas durante el paso del huracán María sin consecuencias), falta de manejo efectivo de desperdicios sólidos, falta de protección de acuíferos y deterioro de los Parques Nacionales, entre otros señalamientos.	Basta con recordar el nombramiento de Andrés Volmar como secretario de Recreación y Deportes, sin que tuviera en su expediente preparación o experiencia alguna en esas ligas. O el de Mónica Menéndez Larrauri, como directora interina de Ciencias Forenses, a quien se le encargó la dirección de un negociado tan complejo con un bachillerato en Biología como carta de presentación. O tal vez, nombramientos como los de Julia Keleher (empresaria, más no educadora), Mara Pérez (abogada con amplia preparación, más inexperta confesa en temas de transportación marítima) o la procuradora de las mujeres, Lersy Boria (abogada y exdirectora de ACAA, pero sin la experiencia requerida por la ley orgánica de esa oficina).	Resulta importante preguntarse si el activismo o la afiliación política deben ser los requisitos supremos para las designaciones. De seguro que su contestación a esa pregunta es un claro y rotundo no. La lealtad y la pompa electorera siguen siendo, en muchos de los casos, el principal requisito de reclutamiento a puestos públicos. Ya lo admitía Elías Sánchez en una grabación hecha pública recientemente: “Porque hay veces que, cuando hablamos del tema de política, dicen como ‘Ah, no, política’, como si hubiesen descendido del cielo y cayeron allí en la agencia. Como si por obra y gracia de Dios, descendieron de entre las nubes y cayeron allí. Y no funciona así”, decía.