La desigualdad de la riqueza en Puerto Rico es la causa principal de los problemas en la isla. Somos el tercer país en el mundo con mayor desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen. La raíz de la problemática en criminalidad, educación, desempleo y migración tiene como denominador común la desigualdad en la distribución de la riqueza.	Nuestro modelo económico y social ha fracasado, y requiere un esfuerzo en conjunto del sector privado, del tercer sector y de la academia para establecer un nuevo norte para reducir la brecha de la inequidad en la riqueza, y fomentar un desarrollo económico sostenible. Esta aspiración requiere medidas especificas de ejecución. Propongo lo siguiente:	Recomiendo que se asigne una partida mínima de $200 millones anuales que salga de los créditos contributivos que se están asignando a las grandes empresas y grupos de interés particulares. Por ejemplo, si el Gobierno asigna anualmente $600 millones en créditos o trasferencias directas, se les reduce proporcionalmente a los recipientes actuales, y se asignan $200 millones a las PYMES y comunidades especiales para créditos por trabajo. Por ejemplo, jóvenes residentes de estas comunidades, que estén desempleados y que sean contratados por una empresa, tendrían el beneficio de que el 50 % de su salario por tres años estaría financiado por este crédito. Invertimos nuestros recursos en nuestro capital humano	) económicos en las comunidades más vulnerables. La estrategia fallida de buscar solamente mega proyectos ha beneficiado solamente a cabilderos y compañías sin compromiso real con Puerto Rico. Los pocos recursos que tenemos deben ser redistribuidos para crear empleos y para el desarrollo económico sostenible con un nuevo paradigma, enfocándonos en nuestra población olvidada de las comunidades y residenciales, así como a comerciantes locales que continuamente reinvierten en Puerto Rico. La líder comunitaria Carmen Villanueva ha expresado, junto con el grupo de líderes comunitarias, cariñosamente conocidas como las Amazonas, que las comunidades tienen derecho a recursos y no están solicitando dádivas. Debemos permitir como país que tomen control de su destino mediante el control de los recursos asignados. Los comerciantes locales (PYMES) deben recibir proporcionalmente los beneficios que reciben las grandes empresas, pero enfocados en un modelo de crédito al trabajo, reduciendo su costo de nómina y fomentando la creación y la retención de empleos.	para cumplir con la Junta sería una reducción anual del presupuesto de $200 millones de las partidas de servicios profesionales. El pueblo trabajador se quedaría en un período de tres años con más de $600 millones en su bolsillo para reinversión en Puerto Rico. Las agencias contratarían más recursos locales buscando un ahorro en los costos comparando con lo que pagan a recursos extranjeros y, además, serían más eficientes manejando su presupuesto.	Nuestro problema económico se complica exponencialmente con los cambios en la posición del Congreso sobre las compañías conocidas como 154. En palabras sencillas, les quitan a las compañías la posibilidad de acreditar el impuesto del 4 % pagado a Puerto Rico, poniendo en peligro recaudos de hasta $2 billones directos y un billón de dólares indirecto. La industria de la manufactura es un pilar de nuestra economía, y la pérdida de recaudos afecta directamente a nuestra población más vulnerable. Hay alternativas viables para atender este problema, pero tenemos que aceptar una nueva realidad de proteger y fomentar la manufactura, y con el mismo ahínco, diversificar nuestra economía a la luz de los cambios tributarios en Estados Unidos e internacionales. Propongo lo siguiente:	; a otras, convertirse a un régimen de contribución sobre ingreso, y hay un sinnúmero de posibilidades, aun dentro de un marco contributivo complejo que no permite un menú opcional y requiere decisiones que aporten al bien común a largo plazo. La discusión tiene que ser sobre la mesa y con transparencia, tomando en consideración que ya se está hablando de un	* En el Congreso, debemos continuar solicitando fondos adicionales para turismo (actividad económica rentable a corto y largo plazo) bajo la autoridad de la Ley Promesa, que determinó la obligación de una medida de desarrollo económico para Puerto Rico. Se debe continuar el esfuerzo que estábamos trabajando de una petición de fondos para un crédito federal por inversión en proyectos de turismo en Puerto Rico. Esto aliviaría la pérdida de recaudos en el sector 154 diversificando la economía.	El desarrollo económico y social debe ser responsabilidad de los distintos sectores de nuestra sociedad, representados por los líderes comunitarios, el tercer sector, el sector privado y la academia. El Gobierno debe ser solamente un agente facilitador. La estrategia de depender del Gobierno y las ataduras políticas para el desarrollo económico y social ha fracasado. Debemos aprovechar la oportunidad única provista por los eventos del verano 2019 —los cuales crearon el ambiente y la unión de causas necesarias— para un nuevo modelo económico y social para Puerto Rico.