"La carga que el gobierno impone a los padres y estudiantes de Educación Especial en PR es injusta. La crisis colonial del país, ya era de por sí compleja. Ahora se juntan en la ecuación nuevas exigencias de la Junta Fiscal, que responde a los intereses buitres de Wall Street, siendo acentuadas las penurias por las actuaciones de gobiernos corruptos e insensibles”, expresó Milagros Cancel, portavoz del Comité Timón, Capítulo de NY.	“El proyecto de ley 1945 perjudica los derechos de estudiantes registrados en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación (DE), y afecta estipulaciones en el caso Rosa Lydia Vélez vs el  Departamento de Educación que representan conquistas de la población con diversidad funcional alcanzadas a través del sistema judicial puertorriqueño”, añadió.	“Desde la diáspora nos oponemos a la aprobación del mismo pues promueve la segregación institucional, en lugar de la integración, invisibiliza a los infantes, y promueve la pérdida de derechos conquistados a través de muchos años de lucha de madres, padres y encargados, entre otros graves problemas que presenta. El proyecto excluye a los infantes quedando desprovistos de los servicios de intervención temprana. También perjudica el acceso a la justicia al prohibir la solicitud de reconsideración de las decisiones que toman los jueces administrativos. El proyecto politiza la designación de jueces administrativos al eliminar los jueces designados por el Departamento de Educación. El remedio provisional se elevará a ley, esto lo pondría en riesgo ante la crisis fiscal que vive el país. El Tribunal no tendría que monitorear ni aplicar las estipulaciones del pleito de clase. Además, el proyecto es costoso y perjudicará la prestación de servicios educativos y relacionados a nuestros estudiantes.  Dicho proyecto no penaliza el incumplimiento craso que día a día enfrenta la comunidad de educación especial” expresó la profesora Lorraine Liriano.	“En el corriente año el Departamento de Educación de Puerto Rico no cuenta con el presupuesto necesario, estimado en 550 millones de dólares, para suplir las necesidades de los estudiantes con diversidad funcional. La crisis en los servicios en el país es real. Los recortes en curso a la educación pública en la isla son tan severos que están causando una enorme emigración de familias con necesidades, acentuando la incertidumbre en las vidas de miles de seres humanos. A su llegada a Nueva York o a múltiples ciudades de Estados Unidos, cuando esas familias solicitan los servicios de educación especial descubren que el sistema no necesariamente satisface sus necesidades. Es también una competencia por fondos y servicios limitados y que están siendo recortados también aquí”, sostuvo por su parte Sara Catalinotto, de la organización PIST NY.comparte