Las protestas históricas de las pasadas dos semanas son una lección para quienes en Puerto Rico ocupan cargos públicos. El país se había acostumbrado a, y se promovía la idea de, las manifestaciones como mecanismos de desahogo y expresión. El resultado, al final de cada jornada, era el regreso a la cotidianidad. Nada cambiaba.	Al provocar la renuncia de Ricardo Rosselló, el pueblo demostró el poder de la unidad y la constancia, y del ejercicio de derechos que no son inofensivos, sino que son armas potentes que los pueblos han reivindicado para protegerse ante los abusos que se dan cuando se ejerce el poder de manera arbitraria, excesiva y tiránica. Con el desenlace de la noche del 24 de julio de 2019, se reestablece el correcto balance entre pueblo y gobernantes.	Nada podrá ser igual después de estos eventos. La institución o persona que no comprenda estas lecciones no tendrá espacio en este nuevo Puerto Rico. Comencemos por nuestra torcida concepción de la democracia. Se acabó el país en que el único ejercicio legítimo para expresarse ante el Estado era el voto. Los derechos a la libertad de expresión y asociación y el respeto a la diversidad son tan esenciales para el ejercicio de nuestra libertad como lo es el sufragio. Quienes entiendan esta importante lección deberán proponerle al país más avenidas para la participación amplia de la ciudadanía, con los mismos implementos tecnológicos que convocaron a miles a las marchas, y con enmiendas a nuestro ordenamiento constitucional.	Y aunque hay muchas otras lecciones, queda claro que la más importante es que el pueblo presta su confianza, pero también la retira. Que ser electo no es una licencia para el despotismo cuatrienal ni es un guiso asegurado. Que los puestos no le pertenecen a ningún partido. Que servir es un privilegio sagrado que se gana, o se pierde, cada día.