“No fui directamente por el mismo miedo, porque yo dije: ‘Diantre, esto va a ser un proceso, me van a estar preguntando por qué yo me llamo así, si me veo así’”, recuerda Elliot, quien perdió todas sus pertenencias luego de que la casa en la que vivía en Vega Baja fuera destrozada por el huracán María en 2017.La larga lista de retos y discrimen que enfrentan las personas de experiencia trans en Puerto Rico, como Karina, Angeline, Ivana y Elliot, empeoró al encontrar que ni el Gobierno local ni FEMA ofrecen ayudas apropiadas para este sector de la población, durante y después de un desastre natural.	Dos años después del ciclón, ni FEMA ni el Gobierno de Puerto Rico han corregido de forma efectiva los procesos para suplir las necesidades de este sector, como la distribución de hormonas para evitar interrumpir sus tratamientos, los protocolos de denuncia y penalidades de discrimen en los refugios durante emergencias o el acceso oportuno a alimentos y vivienda temporal, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).	El Plan Operacional Conjunto para Incidentes Catastróficos — que el Gobierno hizo público cuando el huracán Dorian amenazó a Puerto Rico— tampoco menciona nada sobre la población trans ni la comunidad LGBTQ. Además, el Consejo Asesor de Asuntos LGBTT de La Fortaleza —creado en julio de 2017 por Orden Ejecutiva— no llevó estas preocupaciones ante el entonces primer ejecutivo Ricardo Rosselló, confirmaron al CPI tres exintegrantes del Consejo.	“Para esa fecha [el Consejo], aún no tenía a todos sus miembros nombrados. En otras palabras, apenas existíamos y el huracán retrasó todo. Pudimos realmente ponernos en track luego de varios meses”, explicó. Aceptó que dos años después del evento atmosférico, el Consejo tampoco ha trabajado ningún protocolo para atender a la población trans luego de un desastre, pero refirió los detalles sobre este asunto a la presidenta del ente, Johanne Vélez, quien refirió las preguntas del CPI a La Fortaleza, que nunca contestó la solicitud .	Veintitrés personas entrevistadas por el CPI que dan servicios a esta población o que se identifican como personas trans coincidieron en que uno de los factores que limita la asistencia a este sector es que FEMA y el Gobierno local han puesto trabas a quienes no han hecho el cambio de nombre e identificación de género en todos sus documentos legales.	En la Clínica Transalud de San Juan — el único proveedor público que ofrece servicios a esta población — atendieron a seis personas trans a quienes les fue denegada la ayuda por incongruencia en sus identificaciones, según cartas de denegatoria enviadas por FEMA, explicó el director de programa, Pedro Julio Serrano. Añadió que el municipio intervino directamente con FEMA y, finalmente, la agencia tramitó la asistencia para estas personas.	No obstante, una encuesta realizada por la Coalición de Coaliciones y el SEXTeam del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, entre febrero y marzo de 2018, reveló que, al menos, 14 personas trans no recibieron ayuda de FEMA en Puerto Rico. El estudio buscó conocer el estado de las viviendas y las ayudas inmediatas que recibieron personas de la comunidad LGBTQ por parte de agencias federales y locales. La encuesta halló que la razón principal mencionada para que se les negaran servicios fue “no tener daños o evidencia suficiente de los daños ocasionados por el huracán”. En el estudio participaron 567 personas, de las que 35 se identificaron como transexuales, transgéneros o género no binario — es decir, que no se identifica como hombre o como mujer. De las personas trans queparticiparon en la encuesta, el 53.7 % reportó daños en su lugar de vivienda como resultado del impacto del huracán.	“Vivimos mucho rechazo, porque las ayudas estaban, pero nos ponían en listas. No se les daba seguimiento o, quizás, personas que vivían en la misma vecindad, se podía ver diferencia con los vecinos que sí les ponían el toldo, pero a ellas no”, comentó Kimberly Vázquez, mujer trans que trabaja como manejadora de casos en la Clínica Translucent del Centro Ararat, en San Juan.	En noviembre de 2017, la activista en pro de los derechos para las personas trans Ivana Fred Millán denunció que FEMA le había negado ayuda financiera a por lo menos siete mujeres trans debido a la incongruencia entre el nombre en sus identificaciones y su expresión de género, es decir, su físico.	“Yo serví a muchas [personas trans] diciéndoles que siguieran llamando, y a mí me daba hasta pena, porque, en muchos de los casos, eran personas mayores que ni siquiera tenían acceso a una computadora y mucho menos sabían cómo usarla para darle seguimiento a las denegaciones. Todo por el mero hecho de proyectar una cosa en su físico y otra en el nombre legal [en los documentos]”, explicó Fred Millán.	De acuerdo con el portavoz de FEMA, cuando la agencia federal recibe una solicitud vía internet, verifica la identidad del solicitante.“Si FEMA no puede verificar la identidad de un solicitante a través de la búsqueda automatizada de registros públicos o el solicitante responde incorrectamente a las preguntas — por ejemplo el número de seguro social presentado no es compatible con el nombre completo —, el solicitante deberá presentar documentación adicional para verificar la identidad”, explicó el funcionario.	Si se hizo el cambio de nombre y género, pero faltó hacer la modificación en algún documento público, esto puede resultar en que se le niegue la ayuda por la incongruencia. Ese fue el caso que experimentó Fred Millán, que debido a un solo documento que no había sido cambiado, le negaron la asistencia durante siete meses.	La activista explicó que hubo casos en los que personas trans que no habían hecho los cambios en las identificaciones colocaban el nombre que aparecían en sus documentos legales y la solicitud en internet progresaba. No obstante, relató que una vez los funcionarios de FEMA acudían a las visitas de inspección y se encontraban que la persona tenía un físico diferente del género en las identificaciones, no se daba la ayuda.