Desgraciadamente, el inversionismo y el clientelismo político sigue siendo la orden del día en las instituciones gubernamentales.  Esta lacra no ha sido exterminada, recorre los pasillos de los edificios de Gobierno y se manifiesta en subastas amañadas, nombramientos político-partidistas, contratos abusivos, nepotismo, ventas de influencias, y uso de dinero público para campañas políticas.	Desde el PIP hemos combatido históricamente la corrupción, presentando legislación, proponiendo e insistiendo en un moderado y limitado financiamiento público de campañas políticas, pero, sobre todo, con el ejemplo de que se pueden manejar y administrar fondos públicos de forma honrada y limpia, lo que hemos hecho por décadas, sin una sola acusación o señalamiento de corrupción, ni en el partido ni en la Comisión Estatal de Elecciones, ni por ninguno de nuestros legisladores.	La responsabilidad del manejo de fondos públicos es del funcionario público, ya sea secretario, jefe de agencia o legislador. Los ciudadanos tienen la  responsabilidad social, de cuestionar y fiscalizar la corrupción pública, pero principalmente de rechazar a los que históricamente se han turnado en el Gobierno y han sido los responsables de esta epidemia que nos azota. Próximamente, tendrán esa oportunidad, en noviembre de 2020 el mensaje tiene que ser claro  y contundente.comparte