Puentes, viviendas y demolición de escombros e iniciativas de mitigación de inundaciones son algunos de los 13 proyectos que el Gobierno de Puerto Rico no ha completado tras una subvención federal de casi $30 millones otorgada hace 10 años luego de unas lluvias torrenciales. Esto podría ser un augurio del tiempo que tardarán en llegar a la gente los fondos de la recuperación del huracán María	Durante 11 días estuvo lloviendo casi sin parar sobre los pueblos del sur y suroeste de Puerto Rico. Un golpe de agua inundó cerca de 50 residencias en las Parcelas Pole Ojea del barrio Llanos Costa, en Cabo Rojo. Esto fue en 2008. Pero el proyecto de mitigación de inundaciones para el que el Departamento de Vivienda de Estados Unidos asignó $3,093,000 mediante los fondos CDBG-DR aún no se ha completado en 2019.	Elba Ledesma, una modista que tiene su casa al lado del parque de pelota, todavía conserva las fotos que evidencian que el agua le llegaba a la cintura y cubría su carro hasta las ventanas. La líder de la comunidad, Marisol Guardarrama, recuerda que hubo personas que tuvieron que ser rescatadas en lanchas. Se ahogaron vacas, cabras y caballos, y la pestilencia por la acumulación del agua arropó a la comunidad por más de una semana.	Cabo Rojo fue uno de los 25 municipios que fueron declarados Zona de desastre por el entonces presidente George W. Bush. Cerca de 630 personas en Puerto Rico tuvieron que refugiarse como consecuencia de las inundaciones que ocasionó el evento de mal tiempo, anticipo a lo que luego se convirtió en el huracán Kyle.	De acuerdo con los informes mensuales que publica el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés), Puerto Rico recibió una subvención de $29,982,887 para atender el desastre de 2008. Para mayo de 2019, aún mantenía un balance de $7,149,226 de estos fondos, o el 24%. Por esta razón, el Gobierno de Puerto Rico ha sido catalogado por las autoridades federales como gastador lento o “slow spender”.	Desde 2018, el Departamento de la Vivienda es la agencia recipiente de los fondos CDBG y CDBG-DR. Pero, cuando originalmente se asignaron los fondos por estas inundaciones a principios de 2009, los manejó la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), hasta 2017, y luego pasaron a manos de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (Odsec), de 2017 a 2018.	Un memorando que la Oficina del Inspector General de HUD emitió el 17 de noviembre de 2017 alertó de la falta de capacidad de Odsec para administrar fondos de recuperación de desastre CDBG. Un mes antes, el Gobierno de Puerto Rico había propuesto que Odsec administrara los nuevos fondos que se asignarían a la isla para la recuperación de los huracanes Irma y María.	Gil también aceptó que la transición de tareas a su agencia, mediante la Ley 162 de 2018, ha tomado tiempo y aún no se completa. Esto, a pesar de que la legislación se firmó en julio de 2018 y Vivienda debería estar listo para manejar una nueva subvención que, se estima, llegará a sumar $19,900 millones. La cifra de dinero que Puerto Rico espera de CDBG-DR por el huracán María es más de 600 veces la que recibió por el desastre que ocasionaron las lluvias de 2008.	La agencia indicó que las cuentas de la Odsec pasaron al Departamento de Vivienda en diciembre de 2018. Vivienda adujo que en enero de 2019, publicó una enmienda para reasignar fondos y añadir a otros proyectos, pero que aún no la ha sometido a HUD a la espera de que el Municipio de Lajas someta su documentación.	Según expuso la agencia al aprobar el Plan de Acción enmendado para el desembolso de $8,200 millones, “este control mayor incluirá un mejor monitoreo de los gastos y otras medidas diseñadas para garantizar el uso legal y prudente de los fondos por parte de Puerto Rico”. HUD no quiso precisar las medidas y condiciones que está evaluando para otorgar estas subvenciones.	El cambia y cambia de entidades en el manejo de fondos ha sido uno de los factores a los que los alcaldes atribuyen la dilación en el desembolso de dinero que ha retrasado los trabajos. Se suman también el tiempo que toman las distintas agencias federales y del Gobierno de Puerto Rico  – entre estas, el Cuerpo de Ingenieros, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Junta de Calidad Ambiental y la Autoridad de Carreteras – en otorgar los permisos ambientales y de construcción que les corresponden para avanzar el proceso.	“Al día de hoy, tenemos un gran problema y es que el Gobierno de Puerto Rico (el Departamento de Vivienda) no ha podido completar la fase final de los contratos de CDBG-DR y eso hace que nosotros no hayamos recibido los reembolsos de los proyectos y que no hayamos podido obligar lo que nos queda por gastar”, señaló el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz.	El ejecutivo municipal explicó que el recipiente de los fondos de HUD, en este caso Vivienda, establece contratos con los municipios para pasarles el dinero que necesitan para realizar las obras. “Antes se hacía con OCAM. Bajo esta administración, pasó a Odsec por un año, y luego, al Departamento de la Vivienda. Ahí fue el tranque. Como Vivienda no tenía la estructura, no se pudieron renovar muchos contratos que estaban vencidos y creó un disloque”.	El disloque del que habla Hernández ocurrió en el tiempo transcurrido entre el traspaso de responsabilidades de Odsec a Vivienda en julio de 2018 hasta finales de mayo de 2019, cuando personal de la agencia comenzó a reunirse con los alcaldes para retomar la firma de los contratos. Sin los contratos firmados, el municipio no puede hacer las subastas y pagar a los contratistas del proyecto.	El Municipio de Lajas, por su parte, tiene pendiente el reemplazo de cuatro puentes en el barrio Lajas Arriba como medida de mitigación de inundaciones. Según explicó el alcalde, Marcos Arturo Irizarry, los puentes son antiguos y tienen un cilindro en el medio que se tapa con las escorrentías, provoca que se desborde el agua y se inunde la comunidad. Fue lo que ocurrió en 2008.	“Ha habido varias situaciones para que se complete el proyecto. Se ha cambiado el diseño en varias ocasiones por cuestiones de impacto ambiental y también se atrasó con María, pero ya estamos a ley de ir a subastas. Creo que ya falta muy poco para poder completarlo, pero todo está retrasado en esa agencia (Vivienda)”, dijo Irizarry.	por el Departamento de Vivienda, la enmienda presentada a principios de año fue aprobada por HUD, cumpliendo con el periodo de participación ciudadana; los municipios, en su mayoría, presentaron los itinerarios de proyectos y sus propuestas atemperadas a la nueva enmienda y estamos próximos a otorgar todos los contratos”, indicó la agencia por escrito.	El alcalde de Patillas, Norberto Soto, mientras tanto, apuntó a un tranque en la firma de contratos entre Vivienda y el Municipio, consecuencia de los cambios de las agencias administradoras de los fondos CDBG-DR, y la tardanza en el desembolso de los fondos como las razones por las que aún no se han demolido ocho viviendas que se inundaron por las lluvias de 2008.	Por el tranque de los desembolsos en Cabo Rojo, en julio de 2018, el alcalde Roberto Ramírez Kurtz presentó una demanda por discrimen político contra el director ejecutivo de Odsec, Jesús Vélez Vargas. Alegaba que Vélez Vargas se negó, por discrimen político, a ordenar el desembolso de cerca de $2 millones de los fondos CDBG-DR para el proyecto de mitigación de inundaciones en Pole Ojea. El pleito se resolvió fuera de tribunales cuando Vivienda asumió la administración de los fondos.