La propuesta Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, o marco regulatorio para la privatización y concesión de activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), podrá ver al fin su aprobación luego de que se armonizaran las enmiendas de la Cámara de Representantes con las que el Senado no estuvo de acuerdo, que consisten principalmente en la composición de la Junta de Gobierno de la corporación pública y fijar un tope de 20 centavos al costo del kilovatio/hora.	Sobre la composición de la Junta de Gobierno, acordaron que se quede tal como está ahora: tres escogidos por el gobernador de turno, que provienen de una lista producida por una firma de búsqueda de talentos que requerirán el aval del Senado; tres a sola discreción del gobernador, de los que uno será “independiente”; y el miembro del interés de los clientes, que se escoge mediante elección supervisada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).	A juicio de Parés Otero, esto se explica porque “lo que ellos (la Autoridad para las Alianzas Público Privadas) están trabajando es la APP para la transmisión y distribución. No lo de venta y generación, que ya hicieron un proceso de ir al mercado a tocar base, (pero) no están tan adelantados”.