Los presidentes del Senado y la Cámara demandaron con el propósito de que la corte estableciera que el ente federal sobrepasó los poderes otorgados por Promesa y usurpó ilegalmente el poder de la Asamblea Legislativa al implementar su presupuesto y hacer recortes en el gobierno central porque no se derogó la Ley 80 de despido injustificado.	En la demanda Rivera Schatz y Méndez indican que el propio Tribunal Federal estableció que el Congreso “no le otorgó a la JSF el poder de suplantar, eludir o reemplazar a los líderes electos de Puerto Rico al igual que a las personas designadas en el ejercicio de sus funciones gerenciales, siempre que la JCF considere que tal cambio es conveniente”.