Está prácticamente garantizado que el cierre de la Administración federal más largo de la historia se extienda hasta su 35.º día hoy viernes, negando a unos 800,000 trabajadores federales a tiempo completo su segundo cheque quincenal consecutivo. Es solo un cierre parcial: nueve de cada 15 departamentos gubernamentales y docenas de agencias están afectadas, lo que representa aproximadamente el 44 % de la fuerza laboral federal, pero estos empleados habrán sufrido casi un mes sin su principal fuente de ingresos. Eso sin contar con más de medio millón de contratistas federales cuyo trabajo también ha sido paralizado por el cierre.	Es vergonzoso que cientos de trabajadores federales se vean obligados a hacer fila para recibir comidas gratis y otros folletos, buscar alivio temporal en sus hipotecas y pedir más tiempo para pagar sus cuentas. Pero peor aún es el caso de los alrededor de 420,000 empleados que han sido obligados a continuar trabajando durante el cierre, a pesar de que no se les paga, porque sus trabajos se consideran “esenciales”. Esto incluye a los empleados de la Patrulla Fronteriza, la Guardia Costera y la Administración de Seguridad del Transporte, quienes protegen a los Estados Unidos de las “amenazas” utilizadas por al presidente Trump para cerrar la Administración en primer lugar. Forzar a los trabajadores “esenciales” a permanecer en el trabajo hace que el cierre sea mucho menos doloroso y peligroso para el público en general, eliminando gran parte de la urgencia de llegar a un acuerdo.	Sí, el Congreso les ha asegurado a todos estos trabajadores que, finalmente, se les pagarán los salarios que no cobraron durante el cierre. Pero mientras tanto, obligar a las personas a trabajar sin paga semana tras semana se hace difícil de distinguir de aquello que conocemos como ESCLAVITUD. Y el dinero que no están recibiendo estos trabajadores es dinero que tampoco están gastando, lo que afecta a la economía en general.	Podría pensar que la creciente desesperación de los trabajadores federales y el daño cada vez mayor a la economía incitaría al Congreso y al presidente a participar en el tipo de negociaciones intensas que pusieron fin a distintas huelgas en momentos críticos de la nación. Pero no hemos visto nada semejante en Washington, donde Trump y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-San Francisco) han intercambiado lo que considero cartitas con insultos infantiles por el “State of the Union” en lugar de intercambiar propuestas reales para poner fin al cierre. La postura llegó a un ápice el miércoles, cuando Trump le informó a Pelosi que daría su discurso en la Cámara de Representantes, según lo programado, y Pelosi, efectivamente, revocó su invitación a hacerlo hasta que finalice el cierre.	Seamos francos en cuanto a estos asuntos. El presidente provocó el cierre exigiendo $5.7 mil millones para un muro inútil y derrochador a lo largo de la frontera sur de la nación. Está extendiendo el cierre apegándose a esa exigencia como condición previa para reabrir la Administración. Por su parte, los demócratas se niegan a negociar sobre temas de seguridad fronteriza mientras la Administración está cerrada, y con razón. Si ceden ante el presidente porque tomó gran parte del Gobierno como rehén, sentarán un precedente horrible.	Los demócratas de la Cámara de Representantes han propuesto varios proyectos de ley para reabrir el Gobierno, incluido uno el pasado miércoles a favor del cual votaron seis republicanos. Según informes, también se están preparando para ofrecerle a Trump una lista de mejoras de seguridad fronteriza que no sean un muro, que apoyarían una vez que él aceptara terminar el cierre. Mientras tanto, el Senado, controlado por el Partido Republicano, finalmente entrará en cancha el jueves para considerar dos proyectos de ley que buscan poner fin al cierre; desgraciadamente, hay alta probabilidad de que fracasen en un ejercicio en gran medida simbólico, pero al menos es un comienzo.