Un recorrido por los once recintos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) termina con un inventario de salones clausurados por hongo, planchas de zinc sueltas, bibliotecas con funciones a medias, ascensores fuera de servicio y techos con goteras, daños que 30 meses después del huracán María todavía enfrenta la comunidad universitaria.	Todo lo anterior fue constatado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en visitas hechas entre septiembre y noviembre de este año a los once campus del sistema universitario público y luego de más de 20 entrevistas a representantes de diversos sectores de la comunidad universitaria, incluida la administración de la institución. El presidente de la UPR, Jorge Haddock, no estuvo disponible durante meses para una entrevista con el CPI.	Las pérdidas de categorías temporales en los once recintos y la Administración Central totalizan $175,799,468 millones, según Carlos Marrero Miranda, director asociado de finanzas y director de seguros de la UPR. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) añadió que, en mejoras permanentes, la UPR reclamó aproximadamente $805,000,000 millones adicionales. Al sumar los proyectos de todas las categorías, la institución ha solicitado unos $980,799,468 millones, según datos suministrados por FEMA al CPI. De ese estimado, FEMA ha aprobado y obligado $87,450,149 millones a la UPR correspondientes a las categorías temporales (A, B y Z). No obstante, hasta el 16 de diciembre de este año, el COR3 solo ha desembolsado $3,993,236.	Esta escasez de fondos se suma a la amenaza de más recortes a la UPR impuestos por la Junta de Control Fiscal (JCF), que suponen la eliminación de $71 millones para el próximo año fiscal 2020-2021, según el plan fiscal de la institución que aprobó la JCF en junio pasado.	“La infraestructura cada vez está peor. Las bibliotecas están dañadas. Los laboratorios no funcionan y los salones tienen hongos. ¿A dónde llega el dinero de la matrícula y de FEMA? Porque es más dinero en esas partidas, pero los recintos cada vez se caen más”, cuestionó Marina Rodríguez, presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras. Rodríguez se refirió al aumento de matrícula que experimentaron los estudiantes en agosto de 2018, cuando se subió el costo del crédito subgraduado de $56 a $115.	En el primer piso, la sala de servicios bibliotecarios para personas con impedimentos está clausurada. Si se mira tras los cristales de sus puertas, no hay nada dentro. Parece atravesar un proceso de reparación, pero allí no había nadie el día del recorrido. Solo cables, lámparas y tuberías colgando desde el techo. A la izquierda de la entrada, una nota en papel lee: “Nos mudamos al Centro de Estudiantes al lado de OAPI (Oficina de Asuntos Para las Personas con Impedimentos)” y un número de cuadro telefónico con una extensión. Llamar en tres ocasiones no rindió fruto.	Al subir al segundo piso de la Lázaro, el panorama es peor. La Sala Zenobia y Juan R. Jiménez, uno de los centros de investigación más importantes para estudiantes de Estudios Hispánicos y Literatura, está cerrada. En su interior, los anaqueles de libros están amontonados. En el techo, faltan plafones y la vista alcanza a contar, al menos, nueve zafacones para recoger agua. Si se necesitan servicios de esta sala, un letrero en su puerta manda a los visitantes a acudir a la Colección Josefina del Toro Fulladosa (Sala de Libros Raros).	Unos pasos más adelante, en la Colección de las Artes, la situación empeora. Allí sí se ofrecen los servicios. En el espacio había cinco estudiantes en mesas y uno en la recepción. Uno de los alumnos llevaba una máscara cubriendo su nariz y boca. El olor a humedad se siente fuerte. Al caminar entre sus anaqueles se ven pequeñas bolsas blancas entre los libros con las que se trata de disminuir el hongo. Algunas de las estanterías están tapadas con plásticos. En una silla, hay una bolsa negra llena de libros con un papel encima que advierte: “Libros con hongo”. Y al fondo, toda una sección completa sin plafones por donde caen gotas que van a parar a un zafacón mucho más grande color azul. En días de lluvia, la filtración es mucho más fuerte, advierte la presidenta del Consejo riopedrense.	y estamos celebrando reuniones cada 10 días y están participando todos los bibliotecarios de la Lázaro. Levantamos unas especificaciones para publicar, en los próximos 15 días, la subasta para arreglar el techo. Continuaremos reuniéndonos hasta que se termine el trabajo”, explicó el planificador, quien especificó que la Junta de Subastas de Mejoras Permanentes publicó la convocatoria el miércoles 27 de noviembre.	Una situación similar enfrenta el campus de Humacao con su biblioteca. Allí, el tercer piso de la estructura que alberga tres salas de colecciones permanece clausurado desde el 2017. Si se le pregunta a la comunidad universitaria de la UPR cuál fue el recinto más afectado por María, todos apuntan hacia Humacao, ubicado en el este de la Isla, por donde entró el huracán. El ciclón dejó allí pérdidas ascendentes a $36,823,370 millones, una cantidad significativa si se toma en cuenta que es un campus mucho más pequeño que el de Río Piedras. Nueve edificios se vieron afectados por los vientos, entre estos la biblioteca, el teatro y la cancha. Estos dos últimos, ya se rehabilitaron.	Durante el recorrido por el campus de Humacao, el CPI tuvo acceso al tercer piso de la biblioteca Águedo Mojica Marrero. En el espacio hay que caminar despacio para no resbalar en alguno de los charcos de agua que todavía se acumula en días de lluvia. También hay que estar atento a no quedar enredado en algún cable que se desprende del techo. A ratos, hay que taparse la nariz para no asfixiarse por el olor a humedad y hongo.	Además de ser un espacio de estudios, esta parte de la biblioteca mantiene colecciones históricas únicas como las que se guardan en el Centro de Documentación Obrera Santiago Iglesias Pantín. Allí, plásticos cubren las mesas llenas de libros amontonados y una máquina deshumidificadora trata de recoger la humedad. En todas las salas del tercer piso los conductos de aire están sueltos, los plafones fueron removidos y los equipos, como computadoras y máquina para sacar copias, están tapadas con plásticos.	Poco se sabe de la continuidad de trabajos en la biblioteca en Humacao. Este campus se vio involucrado en una investigación por el mal manejo en los procesos administrativos para contratación de empresas que ofrecieron servicios tras el paso del huracán. Los señalamientos provocaron la renuncia del entonces rector interino, Héctor Ríos Maury, en septiembre de este año, luego de que el CPI revelara una auditoría de la Oficina de Auditoría Interna (OAI) de la UPR en la que se confirmó la violación de reglamentos y procesos en la contratación de las empresas Reyes Contractor Group, HOD Investment y West Security Services.	Al igual que en Río Piedras y en Humacao, en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) las filtraciones desde los techos también proliferan y afectan la vida universitaria. El RUM lidera la lista de pérdidas después de María con un estimado de $43,030,691. En este caso, las filtraciones más severas no están en la biblioteca, sino en el edificio de Química.	En los tres pisos de la estructura, faltan plafones en el techo. En los pasillos también aparecen cubos y zafacones que recogen las goteras que se intensifican siempre en las tardes, cuando se cumple el consabido presagio de que “en Mayagüez siempre llueve a las 3:00 p. m.”. Esa tarde no fue la excepción.	Maritza Reyna estudia su doctorado en Química en ese edificio. Contó que los plafones los quitaron “hace meses”. Para la estudiante, el problema se intensifica en los baños, donde las goteras aumentan y, así, la humedad. Frente a los baños del primer piso un cubo amarillo recogía una gotera insistente que caía desde el techo. Pero en el tercer piso no había cubos, sino bandejas de aluminio. Fueron puestas por los empleados entre las varetas de los plafones y el techo para recoger el agua. Las puertas de los salones tienen manchas de hongo debido a la lluvia, las filtraciones y la humedad.	“Los estudiantes están pidiendo que se revise el edificio de Química para saber si se pueden dar clases ahí porque las condiciones en las que se encuentra son pésimas y pueden atentar contra la seguridad y la salud de los estudiantes”, destacó Widalyn Hernández, representante estudiantil del RUM ante la Junta Universitaria.	El rector del RUM, Agustín Rullán, aclaró que los problemas en el edificio de Química existían antes del paso del huracán María, por lo que considera que el dinero que se requiere para la rehabilitación de los techos, ductos de aires y plafones, deberá salir del fondo para mejoras permanentes de la UPR y no de FEMA.	Desde la presidencia de la UPR, la responsabilidad por el atraso en el proceso de recuperación de los recintos se adjudica a FEMA y a COR3, que no han desembolsado todos los fondos de recuperación aprobados para 53 proyectos bajo las categorías A y B y Z de remoción de escombros, protección contra amenaza inmediata y gastos administrativos, respectivamente.	En los tres pisos de la estructura faltan plafones en el techo. En los pasillos también aparecen cubos y zafacones que recogen las goteras que se intensifican siempre en las tardes, cuando se cumple el consabido presagio de que “en Mayagüez siempre llueve a las 3:00 p. m.”. Esa tarde no fue la excepción.	La administración alega que FEMA falló al aplicar como pareo para las categorías A y B unos $38 millones que recibió la UPR del seguro que mantenía con Real Legacy y que pudieron cobrar antes de que esta firma se fuera a quiebra. El seguro era de $100 millones. Según Marrero Miranda, el dinero que recibió la institución de la compañía de seguros debe ser destinado a mejoras permanentes y no a mejoras inmediatas.	“No sé si por un error administrativo, pero FEMA aplicó lo que recibimos del seguro a las categorías A y B, que son categorías [para mejoras] temporeras. Llevamos desde marzo solicitando que mueva ese dinero a la categoría que le corresponde. Se ha hecho [la petición] a nivel de FEMA y COR3. Aplicado a la categoría permanente, se pueden liberar esos fondos de las [categorías] temporeras”, dijo.	Aclaró, sin embargo, que si el solicitante le presenta a FEMA prueba de la liquidación del seguro, acompañada de un plan de asignación de ese pago del seguro a las obras de emergencia ya realizadas, FEMA — tras una revisión de los proyectos — reasignará los fondos usados en los trabajos de emergencia y los aplicará a los proyectos de mejoras permanentes del solicitante.