El viernes, en medio de una escasez nacional de combustible en las gasolineras mientras el gobierno intenta combatir el robo generalizado, esta sección particular del oleoducto comenzó a operar de nuevo tras haber estado cerrada casi cuatro semanas, y entonces alguien decidió picarla de nuevo. Rápidamente se extendió la noticia por la comunidad de 20.000 habitantes de que la gasolina estaba fluyendo otra vez, y salieron en tropel hacia allá.	Tlahuelilpan es una comunidad principalmente agraria que se ubica a 90 minutos de Pachuca, la capital del estado de Hidalgo, y a sólo 13 kilómetros (8 millas) de la refinería de Tula, operada por la paraestatal Petróleos Mexicanos. Está rodeada de verdes campos de alfalfa y chimeneas de plantas de generación eléctrica, y es relativamente próspera para los estándares rurales mexicanos. Estadísticas del gobierno estatal muestran que aproximadamente la mitad de la comunidad vive en pobreza moderada, lo cual concuerda con el promedio nacional.	Durante casi dos horas, más de una docena de soldados se mantuvieron apostados a orillas del campo, advirtiéndole a los civiles que no se acercaran. Las autoridades dicen que los militares eran inferiores en número y tenían órdenes de no intervenir. Apenas una semana antes, algunas personas de otro pueblo habían golpeado a algunos soldados que intentaron impedirles surtirse de combustible propiedad del Estado.	El olor a gasolina creció y creció a medida que miles de barriles se fugaban. Aparentemente los que estaban más cerca del borbollón comenzaron a delirar, intoxicados por los vapores. Los pobladores trastabillaban por aquí y por allá. La noche se llenó de una neblina extraña, una mezcla del fresco aire de las montañas y las finas partículas de la gasolina.	Velasco dijo que se apresuró a auxiliar a un hombre al que vio tambaleándose en el camino, lejos del borbollón. Le quitó su ropa empapada de gasolina para ayudar a aliviar el abrumador hedor del combustible tóxico. Luego apoyó a otro joven, que le describió cómo de repente surgió el géiser.	Los soldados instalaron un perímetro alrededor de una zona del tamaño de un campo de fútbol en donde los pobladores quedaron incinerados por el estallido, reducidos a un montón de cenizas y huesos. El domingo, las autoridades insinuaron que el gobierno podría expropiar campos como éste, donde los habitantes eran claramente cómplices del robo de combustible.	El desastre ocurrió apenas tres semanas después de que López Obrador lanzara una ofensiva contra los grupos dedicados al robo de combustible, los cuales realizan peligrosas perforaciones ilegales en los oleoductos a un sorprendente ritmo de 12.581 ocasiones en los primeros 10 meses de 2018, un promedio de 42 tomas al día. Las medidas han derivado en desabasto de combustible en las gasolineras de todo el país debido a los cambios en la distribución, tanto legal como ilegal.	López Obrador enfrenta una complicada batalla por combatir una práctica que se ha convertido en un salvavidas económico para las zonas rurales más pobres por donde cruzan los oleoductos, que solo están cubiertos por medio metro de tierra. Los grupos delictivos reclutan a locales que posteriormente obtienen el respaldo de la comunidad mediante regalos o amenazas de violencia.	El presidente planea realizar un recorrido la próxima semana por varias localidades cercanas a la Ciudad de México en las que el robo de combustible se ha vuelto parte habitual de la economía local. El mandatario promete empleos y ayuda financiera como una alternativa para las comunidades ubicadas en la ruta de los oleoductos que de alguna manera dependen de los ingresos generados por el robo de gasolina.	López Obrador emprendió la guerra contra las perforaciones ilegales poco después de asumir el poder el 1 de diciembre, desplegando a 3.200 elementos de la Infantería de Marina para que vigilen las refinerías y los oleoductos. Su gobierno también cerró éstos para detectar e inhabilitar las tomas ilegales, optando por el uso de camiones cisterna para la distribución de combustibles.