Edgar Montero, en representación de la empresa Green Spirit RX, aseguró que hay un desfase entre el crecimiento de la industria y el andamiaje regulatorio por parte del Gobierno. Según el empresario, existe una falta de recursos e independencia administrativa en la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal. Además, mencionó que se debe permitir la participación de compañías públicas en la industria local.	“No estaban cobrando el costo de renovación de las licencias ocupacionales (empleado, $150 y gerencial, $500). Esto debido a que los empleados de la Oficina de Cannabis Medicinal tenían una instrucción, que a los tenedores de licencias ocupacionales que se le vencían, estando en vigor el Reglamento 9038, se les daría una prórroga automática de dos años. Esta directriz errónea, en contra de lo que dispone el Reglamento 9038, ocasionó que, en el año fiscal culminado el 30 de junio de 2019, se dejaran de recibir ingresos por concepto de renovaciones de licencias ocupacionales ascendentes a $154,000”, declaró Maldonado en una vista pública.	“Uno de los retos en el día a día de la Oficina Administrativa de la Junta es que, de los 12 empleados, solo 3 son empleados transitorios del Departamento de Salud, y el resto es personal contratado por una compañía de empleos temporeros, cuyo contrato se renueva mensual”, precisó. Asimismo, indicó que los empleados “estaban trabajando sin contar con los planes de trabajo. Mi percepción es que estaban apagando fuego”.