Los personajes varían de cuatrienio en cuatrienio, pero la naturaleza del drama político no cambia. Se trata de funcionarios electos a la Asamblea Legislativa que se arriman a sus puestos para lucrarse y, más aún, utilizan sus oficinas como cuarteles proselitistas y centros de recaudaciones, ya sea para costear asuntos relacionados con sus campañas o, simplemente, para alimentar sus bolsillos.	Saben, ante todo, que muchas de las acciones que llevan a cabo, y a las que obligan a sus empleados, son ilegales, pero poco le importan. Han tomado cursos de ética, que son requerimientos obligatorios antes de asumir un cargo en el Gobierno, mas ignoran cada una de las enseñanzas que reciben en torno a lo que no deben hacer para honrar el servicio público.	Miranda se vio obligado a renunciar a su escaño el pasado viernes tras filtrarse el audio de una conversación telefónica que sostuvo con una de sus empleadas y en la que evidenció que desde su oficina cameral se organizaban colectas y ventas ilegales para allegar fondos destinados a pagar los gastos de su contienda a la reelección.	La difusión del contenido de la llamada, que alborotó la opinión pública por su tono irracional y absurdo, provocó que tanto el presidente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, como su homólogo en el Senado, Thomas Rivera Schatz, le advirtieran a Miranda que tenía que renunciar de inmediato. Y así ocurrió.	Si repasamos la historia política del país en los pasados 50 años encontramos decenas de casos similares. Uno de los más recordados es Jorge de Castro Font, que ahora pulula por un canal de televisión con ínfulas de analista político y que hasta hace unos años estuvo tras las rejas por corrupto.