El miércoles, presenté un proyecto de ordenanza que será radicado por el portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático en la legislatura municipal de San Juan, Jimmy Zorrilla. Este propone reducir el salario del próximo alcalde o alcaldesa de San Juan de $125,000 al mismo nivel que el del gobernador, es decir, $70,000 anuales. Este recorte le ahorraría a los ciudadanos de San Juan, en apenas un cuatrienio, $220,000. Ya la también legisladora municipal, Claribel Martínez, se expresó a favor de la medida. Al aprobarse esta en este cuatrienio, entraría en vigor tan pronto juramente el próximo primer ejecutivo municipal.	Muchos me han preguntado por qué decidí comenzar la presentación de ideas concretas como parte de mi campaña con esta iniciativa. Otros me han cuestionado la reducción salarial —los mismos que critican cuando los alcaldes se aumentan sus sueldos— aduciendo que será difícil reclutar gente capacitada al servicio público con salarios que no son competitivos o que, al pagarles poco, se fomenta la corrupción pública. Nada pudiera ser más lejos de la verdad.	La reducción salarial es un medida para liderar con el ejemplo. Puerto Rico, en general, y el municipio de San Juan, en particular, enfrentan serios retos fiscales. Desde 2006 hasta el presente, el pueblo ha enfrentado la implantación del IVU y su final aumento a un 11.5 %, la sobretasa del CRIM, aumentos en las patentes municipales, las contribuciones sobre ingresos y en los costos de matrícula en la UPR, y nuevos cargos en las facturas para cubrir la deuda de la Autoridad de Acueductos y la Autoridad de Energía Eléctrica, entre muchas otras cargas. Lo que no ha cambiado, salvo por la eliminación de las dietas en la legislatura, es que la clase política continúa disfrutando de los mismos privilegios.	Para enfrentar todos los demás problemas del municipio, comenzando por la inseguridad, el pobre estado de las carreteras y espacios públicos, la falta de alumbrado, y el mal manejo de los desperdicios sólidos, tenemos que atender la situación fiscal. Y aunque la reducción salarial no liberará de por sí suficientes recursos como para atender todas esas situaciones, demuestra la voluntad de los líderes, con el ejemplo y no con las palabras. En otras palabras, les da la fuerza moral para corregir la situación financiera.	Por otro lado, un salario de $70,000 tampoco es en extremo sacrificado. Criándome en Levittown, mis dos padres y mi abuela, quienes trabajaban —nunca en el gobierno—, jamás se ganaron entre todos esa cantidad de dinero. La mediana de ingreso para un hogar en San Juan en 2017 fue de $21,912, una reducción de 3.59 % comparado con la mediana de $22,727 para 2016. Por ello, hablar de la competitividad de los salarios es una excusa para justificar el inmovilismo. Seamos francos: muchos de los que aspiran a puestos políticos no han sacrificado sus ingresos.	Tampoco podemos aseverar que los salarios bajos engendren la corrupción. Nuestros políticos están bien pagados. En cambio, nuestros policías y maestros son de los servidores públicos con menor remuneración. Por la extraña lógica de este argumento, deberíamos tener muchos más maestros y policías corruptos que políticos pillos. Lejos de ello, tenemos maestros que sacan de sus pocos ingresos para comprar materiales y policías que esperan meses y a veces años para que se les paguen sus horas extras. La corrupción no tiene que ver con lo que tiene un ser humano en su bolsillo, sino con lo que tiene en el alma.