“Estoy solicitando a la legislatura municipal la destitución de Kelvin Ortiz Vergara. Asimismo, impartí instrucciones para que se separe de su cargo al empleado municipal, Juan J. Rosario Nuñez. Aunque los actos que se le imputan a estos funcionarios en nada están relacionados a sus funciones en el Municipio de Aguas Buenas, no permitiré que situaciones ajenas al gobierno municipal, laceren la confianza que nuestro pueblo ha depositado en nuestra administración y por eso, actuaremos con todo el rigor que establece la ley. Reconozco que a ambos, les asiste la presunción de inocencia, sin embargo como alcalde tengo el deber hacer valer nuestra política pública de cero tolerancia a la corrupción y erradicar cualquier vínculo de apariencia de acto ilegal”, dijo el alcalde en declaraciones escritas.	“El propósito de la conspiración fue que el acusado Abel Nazario, con la asistencia de los acusados ​​Edwin Torres Gutiérrez y Claribel Rodríguez Canchani, pagara a los acusados ​​Humberto Pagán Sánchez, Kelvin Ortiz Vegara, Ramón Martes Negrón, Juan Rosario Núñez y Eric Rondón Rodríguez de fondos municipales para trabajar en la campaña senatorial del acusado. Un propósito adicional era que los empleados irregulares brindaran asistencia a las campañas de otros políticos del partido cuyo apoyo Nazario necesitaría para ganar las elecciones al Senado y para un intento posterior de convertirse en presidente del Senado”, dijo el fiscal federal, Stephen Muldrow en declaraciones escritas.	Asimismo, la investigación arrojó que entre 2014 y 2016, los acusados ​​conspiraron y acordaron entre ellos malversar, robar, obtener por fraude o, de otra manera, sin autorización convertir al uso de cualquier persona que no sea el propietario legítimo, o mal aplicar intencionalmente, propiedad valorada en más de 5,000 dólares que era propiedad o estaba bajo el cuidado y la custodia del municipio. Todo en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 371 y 666 (a) (1) (A).	Además, se indicó que la oficina que figura en cada contrato era “Oficina del Alcalde”. El supervisor inmediato que figuraba en cada contrato era el acusado Torres Gutiérrez, quien instruyó a estos empleados irregulares para que se reportaran al Municipio una vez por semana o una vez al mes. Después de enterarse de que el municipio estaba bajo investigación, Torres Gutiérrez ordenó a los empleados que se reportaran al Municipio dos veces a la semana o dos o tres veces al mes, y luego los enviaron a diferentes oficinas dentro del Municipio.	De otra parte, detalló que el exalcalde yaucano ordenó a los acusados ​​Torres Gutiérrez y Rodríguez Canchani que dirigieran a los empleados del Departamento de Recursos Humanos, ya sea verbalmente o por escrito, a procesar la nómina de los cinco empleados irregulares con base en documentación falsa o nula para respaldar el pago de los salarios. Rodríguez Canchani ordenó al menos a un empleado del Departamento de Recursos Humanos que la ayudara a crear registros de tiempo y asistencia falsos y luego manipuló las hojas de tiempo y asistencia creadas falsamente de tal manera que parecieran viejas.	El FBI está a cargo de la investigación en la colaboración de la Oficina de la Contralora y la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Los acusados ​​enfrentan una pena máxima de prisión de 10 años y una multa que no excederá los 250,000 dólares.