En la primera parte de la investigación exhaustiva, la OIG identificó que mientras se contemplaba la cancelación de los contratos de BDO, en el mes de mayo de 2019, se recibieron durante el mismo mes, en el Departamento, propuestas que incluían los mismos servicios profesionales, así como capital humano que a ese momento figuraban como recursos de BDO.	De un examen a los expedientes de los contratos otorgados con posterioridad a la cancelación de contratos de BDO, con el Departamento, logramos identificar que la mayoría de los exempleados, que realizaron labores y facturaron bajo los contratos cancelados por el Departamento, continuaron sus operaciones bajo los contratos formalizados con nuevas compañías.	En cumplimiento su facultad ministerial de prevenir la corrupción y el mal uso de fondos públicos, resulta meritorio realizar los correspondientes referidos a las entidades concernientes, para que evalúen posibles infracciones por parte de estos funcionarios públicos a los estatutos aplicables, incluyendo sin limitarse la Ley Número 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”; Ley Número 2-2018, según enmendada,  conocida como el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”; Ley Número 293 del 15 de mayo de 1945, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad Pública del Gobierno de Puerto Rico”; y Ley Número 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, entre otras.