La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) confirmó que está auditando los fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación tras Desastres (CDBG-DR) otorgados a Puerto Rico luego de los huracanes Irma y	Leticia Jover, portavoz de prensa del Departamento de la Vivienda, sostuvo que, al momento, “se han comprometido alrededor de $1 billón (en fondos CDBG-DR), que se encuentran en procesos competitivos” o de subastas. Según Jover, aún no se ha realizado el desembolso de fondos CDBG-DR para los diferentes programas que se establecen en el Plan de Acción. Jover no ofreció detalles de quiénes están participando de las subastas porque la “información es confidencial”.	En la página del Departamento de la Vivienda, aparecen 17 avisos de subasta. La primera es una solicitud de propuesta para manejar las relaciones públicas. En el resumen de la subasta, se establece que Vivienda “está requiriendo que las firmas/los profesionales calificados en Relaciones Públicas ayuden en el diseño, desarrollo y la implementación de campañas de publicidad para promover la iniciativa y la misión de CDBG-DR”. Otras subastas son para servicios de desarrollo y mantenimiento de página web, adquisición de computadoras portátiles con accesorios y para la “operación de un centro de llamadas”, entre otras.	Según Jover, en el caso de otros contratos que aparecen en la página de Vivienda, como el de Foundation for Puerto Rico (FPR), para el manejo del Programa de Planificación para la Resiliencia Comunitaria, fueron “adjudicados”, pero aún no han recibido el dinero. En el caso de FPR, la organización recibirá este por medio de reembolso, dijo Jover.	El periodo a ser auditado comprende del 20 de septiembre de 2018 al 28 de febrero de 2019, según el funcionario. Justo el 20 de septiembre, el secretario de la Vivienda federal, Ben Carson, y el gobernador Ricardo Rosselló firmaron un acuerdo de asignación de fondos por $1,500 millones para la recuperación de Puerto Rico.	La Oficina del Contralor de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) publicó esta semana un informe en el que establece que el uso de los fondos CDBG-DR otorgados a Puerto Rico, Florida, Texas y las Islas Vírgenes estadounidenses ha sido lento y que aún se encuentran en la etapa de planificación. El informe hace hincapié en que a más de un año de que estos fondos fueran asignados, la mayoría del dinero sigue sin usarse, como en el caso de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.	Daniel García Díaz, director de mercados financieros e inversión comunitaria en la GAO, sostuvo que hay un problema de fondo en la forma en que el programa CDBG-DR funciona, porque siempre tiene retrasos en llegar a la gente que los necesita, “en parte, porque los Gobiernos locales tienen que crear programas nuevos para distribuir los fondos a la gente que los necesita”.	Sin embargo, indicó que la responsabilidad de establecer e implementar los programas para el uso de los fondos CDBG-DR y asegurar que el dinero se use para el propósito indicado es tanto responsabilidad de HUD como de los estados o territorios. Recalcó la importancia de que el dinero llegue a la gente que lo necesita, específicamente a las personas que no recibieron otras ayudas porque no cualificaron, por ejemplo, para préstamos federales, por no tener los ingresos suficientes.	El informe de la GAO recomienda al Congreso que se establezcan leyes permanentes para el programa de CDBG-DR porque “cada vez que hay un desastre, el programa empieza de nuevo”. Y es que, según explicó el funcionario, el programa de CDBG-DR no cuenta con regulaciones permanentes, lo que dificulta que el proceso sea rápido.	“HUD no puede establecer regulaciones permanentes como en otros programas. Ellos tienen que empezar de nuevo y mirar qué dijo el Congreso esta vez (cada vez que ocurre un desastre), cuales son los nuevos requisitos que hay. Entonces tienen que hacer una notificación para todos los Gobiernos… No es un programa regular”, expresó.	Al Departamento de Vivienda federal, el informe recomienda mejorar la forma en que evalúan los documentos que entregan los estados o territorios relacionados con el programa CDBG-DR. Además, durante el estudio descubrieron que esa agencia no tiene un plan para monitorear a los diferentes estados en cuanto al programa de CDBG-DR y que tampoco han determinado el número de empleados que necesitan para eso.	“Eso es una de las cosas que nos preocupó mirando a Puerto Rico. Ellos también (el Departamento de la Vivienda) necesitan empleados para administrar ese programa. Ellos ahora tienen como 20 % de los empleados que necesitan para administrar ese programa. Y además de eso, necesitan ayuda de contratistas que todavía no tienen. Tienen un trabajo fuerte para buscar esos empleados”, reveló.	Entre las recomendaciones que allí presentó para agilizar el proceso de desembolso de fondos CDBG-DR, están la estandarización de las guías de contratación y programas de vivienda preaprobados para la reparación inmediata mientras se crean, revisan y aprueban planes de acción. Además, el funcionario recomendó la coordinación de los datos en tiempo real mediante una base de datos compartida entre FEMA, SBA (Small Business Administration), HUD y los contratistas, que use direcciones uniformes, información demográfica uniforme y tipos de vivienda. También propuso uniformar los procesos de inspección de daños de FEMA y SBA mediante una evaluación integral consolidada del daño total utilizando los estándares de los programas CDBG-DR y SBA, que proporcionan una evaluación más completa del daño total a la vivienda.	Sin embargo, su opinión apunta a un problema local en el uso de los fondos. “Usted tiene que gastar lo que le dan (le asignan). Si no gasta, no puede pedir más”, sostuvo durante la conferencia Empresarismo Social y Reconstrucción II, que se llevó a cabo del 22 al 23 de marzo en la Isla.	El pasado primero de marzo, HUD anunció la aprobación del plan de acción con enmiendas del Departamento de la Vivienda para el uso de $8,221 millones en fondos CDBG-DR en Puerto Rico. HUD advirtió que esta aprobación conllevará estrictos controles fiscales ante la preocupación relacionada con irregularidades fiscales del pasado. Este escrutinio incluirá una intensa vigilancia sobre los gastos para asegurar que el Gobierno de la isla use los fondos de manera prudente y de acuerdo con la ley, según HUD.	“Esta es una inversión sin precedentes, y debido a que Puerto Rico tiene una historia de infracciones fiscales, estamos agregando controles financieros para asegurar que estos fondos de recuperación de desastre sean utilizados apropiadamente”, dijo Carson en un comunicado de prensa cuando anunció la aprobación del plan de acción con enmiendas que sometió Vivienda.