“Diferimos enérgicamente de la decisión del tribunal. Nuestro reclamo es al acceso de información que se originó en una agencia pública y de por sí esa información debe ser pública. Las leyes y la jurisprudencia de Puerto Rico son claras al respecto. Estas protegen y garantizan ese derecho de acceso a la ciudadanía. No vamos a claudicar en hacer valer un derecho que nos asiste," dijo Blondet.	"Espacios Abiertos ha sido muy específico en su solicitud de información. El gobierno no puede seguir diciendo como antes que no tiene la información sobre las exenciones y otras concesiones contributivas. Ahora se sabe que esa información fue recopilada de forma exhaustiva en un informe y compartida con la Junta de Supervisión Fiscal. La información contenida en ese informe no está disponible en ningún otro lugar. El interés no es obtener información confidencial de nadie. Hemos reiterado una y otra vez que cualquier información confidencial de contribuyentes se tache o elimine del informe. Las exenciones contributivas son una parte de lo que se conoce como presupuesto de gastos fiscales, y en Puerto Rico esa parte del presupuesto está fuera del escrutinio público, es un presupuesto oculto. Ese es dinero del Pueblo y el pueblo tiene derecho a conocer qué se hace con su dinero”, añadió  Blondet, quien no descartó llevar el reclamo al Tribunal Supremo.	Blondet explicó que en opinión dividida, dos de los tres jueces del panel del Tribunal de Apelaciones al que se le asignó el caso de acceso a la información sobre concesiones contributivas fallaron a favor de mantener la información confidencial. De igual modo, revocaron la determinación del Tribunal de Primera Instancia que obligaba al Departamento de Hacienda a hacer pública información que se divulgó a la Junta de Control Fiscal.	El pasado 6 de noviembre de 2018, Espacios Abiertos presentó una petición de Mandamus ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para tener acceso al informe sobre los Acuerdos de Reducción de Impuestos y otros gastos fiscales que fue preparado por el Gobierno de Puerto Rico y entregado a la Junta de Supervisión Fiscal durante el año 2017, por considerarse éste un documento público a la luz de la Ley de Documentos Públicos y la extensa jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico.