A inicios de la década del noventa, el país vivía asediado por una fuerte ola de violencia y criminalidad. Entonces, la estrategia gubernamental consistió en implantar la política Mano Dura Contra el Crimen, enfocada en operativos policiacos que se lanzaban contra residenciales públicos con la intención de desarticular los puntos de venta y consumo de drogas ilegales y, a su vez, atrapar a sus mercaderes.	En pleno auge de esa estrategia anticrimen, en 1994, el país vivió uno de los años más sangrientos en su historia reciente. Hubo 995 asesinatos. Mientras, en 1997 los resultados de una encuesta de opinión pública informaron que el 68 % de la población creía que el crimen había empeorado en los últimos cinco años.	De esa manera, de la Mano Dura de Rosselló González pasamos a la Mano Firme de Sila María Calderón y, luego, al Castigo Seguro de Aníbal Acevedo Vilá. Todos estos gobernantes se ensañaron en focalizar el crimen desde la misma perspectiva y en el mismo lugar, atacando a las comunidades pobres, señaladas como ejes de actividad criminal y violencia, lo que, al mismo tiempo, los responsabilizaba de ser causantes de la inseguridad social que sufría el país.	En 2009, con Luis Fortuño al mando del gobierno de la isla, las autoridades políticas comenzaron a buscar solución al problema criminal trazando su mirada hacia el Norte para copiar el modelo de Ventanas Rotas y Tolerancia Cero, políticas públicas anticrimen, sostenidas en una fuerte intervención policiaca, que se habían implantado en la ciudad de Nueva York. Lo mismo procuró su sucesor, Alejandro García Padilla al llegar al poder en 2013.	Poco se habla de que al tiempo en que se incrementaron todas esas políticas de atacar con fuerza policiaca el problema criminal, de 1993 al presente, Puerto Rico comenzó a experimentar un alza en los casos de violación de derechos civiles, resultado del abuso de poder de efectivos de la Policía contra la ciudadanía. También trascendió un aumento en casos de corrupción policiaca.	Queda claro que las fórmulas que han experimentado las últimas cinco administraciones gubernamentales para lidiar con el crimen y la violencia no han dado resultado. La guerra policiaca contra las drogas se perdió porque el problema nunca ha sido atendido desde la raíz, con políticas públicas sociales dirigidas a atacar la pobreza y las desigualdades sociales. Por ahí tenemos que empezar.