“La Ley 26- 2017, establece que la liquidación final de la licencia de vacaciones acumulada del maestro puede destinarse para que se cotice como tiempo trabajado a su Sistema de Retiro. Lo que significa que cualquier empleado público podrá autorizar para que se destine dicho balance como tiempo trabajado. El problema fue que se les permitió a unos y a otros no porque según el secretario del DE había una fecha límite para llevar a cabo este proceso”, dijo Toledo en declaraciones escritas.	“El personal del Sistema de Retiro para Maestros también autorizó el retiro a estos maestros a quienes el DE aprobó para que utilizaran su balance de licencia de vacaciones. Nos parece injusto que sea a un grupo, cuando la Ley 26 es clara y deben ser a todos los que estén interesados y cualifiquen. Esta acción es arbitraria, caprichosa e irrazonable”, resaltó Aponte.	“Si fuera el caso de que en efecto en esta Ley 26 existe una fecha límite para someter las autorizaciones de compra de tiempo, tampoco hubo una adecuada notificación y se privó a cientos de maestros de acogerse a lo que por derecho les corresponde. El DE está ejecutando una norma inexistente y esto claramente es un acto ilegal que violenta nuestro estado de derecho. Lo que significa que el mismo secretario del DE ha privado al magisterio de acogerse a su retiro y recibir la pensión a la que tienen derecho”, dijo Aponte.