“Para el año 2016, la señora Cristina Torres, empleada del DE, denunció el proceso de nombramiento de dicho Comité de Impugnaciones y no es hasta pasados dos (2) años que el mismo expresa su decisión. Cabe señalar que la señora Torres fue nombrada en uno de los puestos al cual declinó posteriormente. Al presente la señora Torres es una funcionaria jubilada. Este proceso autorizado por Julia Keleher ha sido uno que apunta a discrimen político, porque todos y cada uno de los afectados fueron nombrados en la pasada administración siguiendo las reglamentaciones de rigor del DE”, añadió la también alcaldesa de Morovis.	Otro dato de interés que, según la alcaldesa, informan los afectados, es que la fecha en que el Comité  de Impugnaciones rinde el informe fue el 13 de diciembre de 2018 y la carta de Keleher comunicando su decisión a favor de la misma fue el pasado 19 de diciembre de 2017. La ejecutiva municipal afirma que tampoco se realizaron reuniones, entrevistas o vista alguna referente a este caso. De acuerdo a un parte de prensa de la líder popular, la mayoría de estos funcionarios ya tenían la permanencia como superintendentes auxiliares cuando recibieron la carta de despido.	“Esta grave situación evidencia nuevamente los planes de esta adminstración de destruir la escuela pública, imponer las escuelas charter y todo bajo la dirección de una mercenaria de la educación como Julia Keleher, a quien el gobernador Ricardo Rosselló le asignó un salario anual de $250,000. Siendo de $27,000 el salario anual promedio de un maestro en Puerto Rico, Keleher cobra más que nueve (9) maestros juntos. Para fin del cuatrienio saldrá para su casa millonaria y con la peor trayectoria que haya tenido secretario de Educación alguno en la historia de Puerto Rico”, finalizó Maldonado González.