La frase célebre de que “no hay peor ciego que el que no quiere ver” es aplicable al tema de la inmigración a los Estados Unidos y el cierre de la Administración federal que ha forzado el presidente Trump con tal de lograr los fondos que necesita para construir su principal promesa de campaña: la muralla entre Estados Unidos y México.	Y es que, a medida que el cierre parcial de la Administración continúa y sale una nueva caravana de ciudadanos de Honduras a Guatemala que buscan asilo por la situación nefasta que se vive en sus países de origen, un nuevo informe le recuerda a la nación que el presidente Trump realmente no tiene idea de lo que está pasando con la inmigración ilegal en los Estados Unidos.	El Centro de Estudios de Inmigración informa que en 2017 las estadías en exceso del tiempo provisto en las visas otorgadas por el Gobierno estadounidense representaron un mayor número de personas que residen ilegalmente en los EE. UU. sin permiso que las personas que cruzaron la frontera.  De hecho, en la medida que los datos de 2017 reafirman el patrón de años previos, esto ya no es una nueva tendencia, sino una nueva normalidad.	El informe explica que, durante los últimos 10 años, el modo principal de ingreso a la población indocumentada ha sido el de visas temporales.  Las estadías en exceso del tiempo concedido mediante visas han excedido significativamente los cruces ilegales de la frontera durante cada uno de los últimos siete años.  De hecho, el año pasado, el informe anual sobre estadías en exceso del tiempo concedido mediante visas reveló que más de 607,000 personas de los 52.7 millones de personas que ingresaron legalmente al país no se fueron cuando se suponía que debían hacerlo, una tasa de 1.15 %.	El seguimiento en cuanto a las personas que salen del país en los cruces fronterizos terrestres es esporádico, en el mejor de los casos, en gran parte porque los puertos de entrada fueron diseñados para manejar el tráfico entrante, no saliente. El Gobierno obtiene algunos datos de Canadá sobre ciudadanos de otros países que cruzan hacia el norte desde los EE. UU., y desde México, sobre ciudadanos mexicanos que regresan a ese país, pero eso es todo.	Aún así, la gran mayoría de las entradas y salidas son a través de aeropuertos y puertos marítimos. Y la tasa de excedentes es bastante baja, pero el número total de excedentes es considerable cuando se comparan con los 11 millones de personas que se estima que viven en los EE. UU. sin permiso, dos tercios de los cuales han estado aquí durante más de una década. Y en caso de que no sea obvio, las personas que aún están aquí cuando sus visas caducan pasan al estado de indocumentado y están sujetas a deportación.	Mientras tanto, lo que escuchamos de la boca del presidente Trump es un discurso exagerado sobre una crisis inexistente en cuanto a las personas que ingresan ilegalmente a los EE. UU. desde México. Las detenciones en la frontera suroeste han tenido una tendencia constante a la baja durante años, desde un máximo de 1.6 millones en 2000 a casi 467,000 el año pasado, lo que, a su vez, fue un ligero aumento respecto al año anterior, impulsado por un aumento de familias que huyen de la violencia y la pobreza en Guatemala, Honduras y El Salvador.	Todo esto lo que revela es que el enfoque de Trump no está en el buscar una solución a los problemas que enfrenta el sistema de inmigración, ni en hacer lo que la mayoría de los estadounidenses quieren: alrededor del 58 % de los estadounidenses se oponen a expandir sustancialmente el muro fronterizo. La realidad es que Trump, como en muchos otros asuntos, ejecuta enfocando su estrategia exclusivamente en solidificar su popularidad entre la base de votantes que lo llevó a la presidencia; en este caso, aquella parte de esa base que es fuertemente nacionalista y resiste todo tipo de inmigración de extranjeros hacia EE. UU.