Se trata de la resolución de la Cámara 1255, de la autoría de Hernández, Luis Narmito Ortiz Lugo y José Díaz Collazo, que persigue investigar la viabilidad de incorporar al ordenamiento jurídico de Puerto Rico la “justicia restaurativa” como un método alternativo de resolución de conflictos en la esfera penal. Esta, según los legisladores, busca analizar si en la isla se puede brindar una alternativa a los jueces para que, al momento de decidir sobre ciertos delitos, “tenga una alternativa de que a la persona no se le dé una pena carcelaria, sino que tenga una sanción administrativa y monetaria”.	“Lo que estamos es evaluando si se puede establecer un estatuto para que el juez pueda, en algunos casos, a pesar de que la norma sea una… el juez tiene discreción de dar una falta monetaria y cumplir con horas comunitarias, por ejemplo”, planteó Hernández. Con ello buscan brindar alternativas para evitar que ingrese la persona en la cárcel, que por dos años le costaría al Estado alrededor de $70 mil, además de la carga social que representa para un individuo afectar sus antecedentes penales.