Mientras, la abogada de la Junta de Control Fiscal, Margaret Dale, se opuso a que se vean los mensajes de texto y dijo que los dispositivos eran privados, pues el ente creado por la Ley Promesa no otorga celulares de trabajo a sus miembros. “La Junta no está implicada en ningún tipo de escándalo”, defendió Dale.	Por otro lado, ciudadanos, empleados y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego exigieron se detenga el proceso de privatización de la AEE y toda concesión de contratos por entender que en el chat de Telegram se ventiló información privilegiada sobre la venta de la AEE con personas