Tanto el reclamo de residenciamiento, como los múltiples llamados a que renuncie y las protestas continuas desde el sábado frente a La Fortaleza, se dan tras el arresto por fraude y lavado de dinero de dos exfuncionarias del gabinete de Gobierno y cuatro contratistas, y la divulgación del chat de Telegram.	La resolución se presenta para “ordenar a la Comisión de Gobierno y a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes que realicen una extensa y exhaustiva investigación respecto a los posibles delitos, acciones ilegales, conducta impropia, entre otras cosas, que se desprenden de las conversaciones” en el chat de Telegram entre el gobernador, altos funcionarios públicos y contratistas privados, así como analizar y auscultar si existe justificación para iniciar un juicio político al primer ejecutivo.