Detalló que la Ley PROMESA “concede a la Junta de Control Fiscal la autoridad exclusiva de certificar planes fiscales y presupuestos territoriales para Puerto Rico”, según la decisión del Primer Circuito. “Cuando la Junta de Control certificó el Plan Fiscal y el Presupuesto para el 2019, ejerció la autoridad que le concede PROMESA”, agrega.	“Estamos determinados a ejercer nuestra parte para ayudar a que Puerto Rico se recuperede su crisis fiscal y que pueda establecer las bases para un desarrollo económico sostenible que mejore la calidad de todos los puertorriqueños. Esperamos que la decisión del Tribunal ponga final a litigaciones innecesarias y motive a todas las ramas del gobierno a enfocarse en los objetivos de PROMESA, en cuanto a responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital”, agregó la funcionaria.