En medio de la peor crisis fiscal de su historia moderna, la isla es objeto de un saqueo de fondos públicos perpetrado por medio de venta de influencias, contrataciones y obtención de beneficios en el Gobierno, según encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). La investigación incluyó entrevistas a más de una veintena de personas con conocimiento directo de los hechos, la revisión de documentos y bases de datos de contratos y registros corporativos. El análisis y los testimonios de las fuentes apuntan a que la práctica se esparció por muchas de las agencias públicas.	Al tope del esquema se encuentra el ex presidente del Comité de Transición, cabildero, ex director de campaña y amigo íntimo de Rosselló, Elías Sánchez Sifonte, seguido muy de cerca por el publicista Edwin Miranda Reyes y el estratega de prensa y comunicaciones, Carlos Bermúdez Urbina. Los tres figuran entre los 12 participantes de las 889 páginas del chat del Gobernador	Sánchez conoció a Rosselló desde principios del milenio mientras ambos pertenecían a la Juventud del Partido Nuevo Progresista (PNP) y, según personas que han estado cercanas al dúo, a través de los años desarrollaron una relación muy cercana que incluyó vivir juntos durante un periodo en Torrimar junto con quien sería luego la esposa del Gobernador, Beatriz Areizaga. Rosselló fue el padrino de la boda de Sánchez, quien a su vez lo apoyó intensamente cuando comenzó el movimiento Boricua Ahora Es, previo a iniciar su campaña por la candidatura para gobernador.	El esquema principal lo componen estas tres figuras – Sánchez, Bermúdez y Miranda –, que en papel operan como “ciudadanos privados” y “contratistas”, pero que en realidad constituyen la cúpula del Gobierno, con más poder que cualquiera de los secretarios del gabinete constitucional del gobernador Rosselló, según múltiples fuentes. A su vez, conecta, a veces de manera directa y en otras de forma tangencial con esquemas particulares, como los destapados con los arrestos hechos por la Fiscalía federal en julio en el Departamento de Educación, la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la firma de contabilidad BDO.	Sánchez, Bermúdez y Miranda han generado millones a través de sus negocios y han decidido buena parte de lo que ha pasado en el Gobierno en términos de contrataciones, despidos y proyección pública desde que Rosselló Nevares asumió el cargo en enero de 2017, coinciden las fuentes. En el caso de Sánchez, también hay intervenciones indebidas e ilegales con secretarios de gabinete.	Aunque no tiene contratos directos con el Gobierno, Sánchez, quien tiene el vínculo más estrecho con el Gobernador, controla la mayoría de las contrataciones de mayor cuantía, colocando a sus clientes en buena parte de las agencias y cobrando comisiones de hasta 25% del monto de los contratos e igualas fijas que han llegado a los $50,000 mensuales, indicaron cuatro fuentes que han presenciado la dinámica. Según relataron en conversaciones por separado, el cabildero tenía acceso constante a La Fortaleza y a información privilegiada sobre las contrataciones grandes que se darían en las agencias, las “casaba” con sus clientes y se presentaba, frecuentemente sin invitación, a las puertas de dichas dependencias a presentar propuestas a la medida para los servicios que estarían buscando.	Uno de esos casos se dio en medio de la emergencia del huracán María, cuando se contrató para trabajos de recuperación del programa Tu Hogar Renace del Departamento de la Vivienda, a la empresa Adjusters International. El cliente de Sánchez, AECOM, perdió esa subasta, y en diciembre de 2017 Sánchez se presentó en la oficina del secretario, Fernando Gil Enseñat, para reclamarle al funcionario por su decisión, revelaron dos fuentes al CPI.	Gil Enseñat aceptó al CPI que esa reunión se dio con ese propósito y que consideró la intervención como una indebida. Dijo que le informó a Sánchez que mantendría la determinación que su agencia había tomado porque cumplía con los procesos de ley y además, les generaba un ahorro de $21 millones en comparación con la propuesta de su cliente. AECOM apeló la decisión ante la Junta Revisora de la agencia, lo cual detuvo el contrato, y litigó contra Vivienda hasta llegar el Tribunal Supremo, en donde desistió del caso.	Gil Enseñat dijo que acudió al Gobernador personalmente a relatar el suceso para anticiparle la posible pugna legal que iniciaría ya que no iba a ceder al pedido de Sánchez y a decirle que tenía todo documentado y que iría hasta las últimas consecuencias. Aseguró que Rosselló le dijo que siguiera adelante con su decisión.	A mediados de 2018, Sánchez llevó personalmente al Departamento de Hacienda a su cliente GILA Corporation para empujar un contrato de cobro de deudas morosas y logró reuniones al menos en cuatro ocasiones con dos de los principales funcionarios y con un contratista: el actual secretario de Hacienda y entonces asesor, Francisco Parés, el ex secretario de Hacienda y entonces asesor por contrato, Juan Carlos Puig y el entonces secretario de Hacienda y principal oficial financiero, Raúl Maldonado, según dos fuentes con conocimiento directo del evento.	Maldonado, quien por años participó también de la dinámica, según las fuentes, terminó acudiendo al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) a proveer información sobre las ilegalidades en el Gobierno de Puerto Rico, poco después de que su breve sucesora en Hacienda, Teresita Fuentes Marimón, acudiera en enero de 2019, primero al FBI, y luego donde Rosselló, con denuncias relacionadas a los esquemas de Hacienda. Rosselló no tomó acción al respecto. La funcionaria renunció fulminantemente.	La funcionaria también fue ante Rosselló a denunciar presuntos esquemas de lucro ilegal operados por Maldonado y su hijo, Raúl Maldonado Nieves, a través de al menos siete compañías: Virtus, Óptima, Centurion, 6th Element, On Point, Integrity y OPG, aseguraron tres fuentes. Las empresas tenían al menos 65 contratos por $12.6 millones y presuntamente cobraban por acceso a Maldonado (padre) para gestiones, acuerdos favorables y rebajas de deuda en Hacienda, entre otros servicios.	De otra parte, múltiples fuentes hablaron al CPI sobre intervenciones indebidas de Sánchez a favor de su cliente, Microsoft. La compañía de tecnología ha logrado más de $100 millones en contratos durante esta administración. Dos fuentes apuntaron, por ejemplo, al contrato de $11 millones firmado el pasado verano para obtener las licencias de AmpliFund, una aplicación de “grant management” propiedad de Microsoft. A pesar de que el Gobierno ya contaba con una herramienta similar y efectiva, y que costaría una fracción extender dicha licencia, la administración Rosselló Nevares decidió adquirir la licencia de AmpliFund.	Según dos fuentes, en el Departamento de Corrección también ocurrió una intervención indebida de Sánchez cuando la compañía Carolina Catering Services obtuvo un contrato de $300 millones para manejar las comisarías, lavanderías y comida en las cárceles. El contrato fue adjudicado a esta compañía a pesar de que pujó por un costo mayor al de otro competidor, Trinity. Dos fuentes dijeron al CPI que la persona responsable de intervenir en la subasta y lograr que Carolina Catering consiguiera el contrato fue Sánchez.	El CPI contactó al presidente de Carolina Catering, José Algarín, quien negó relación alguna con Sánchez y “sus asociados, familiares o empresas relacionadas a él”, y dijo que no usan cabilderos externos. “Rotunda y absolutamente, no”, contestó a través de su relacionista, María “Maypi” Casta. Carolina Catering forma parte del conglomerado MGI Caribe, la que a su vez está relacionada Empresas Santana.	En la Administración de Seguros de Salud (ASES), la joya de la corona por el enorme monto de las contrataciones del plan de salud del Gobierno para indigentes, Vital, una compañía aseguradora logró que se admitiera su participación en la subasta y resultó agraciada con el mayor contrato pese a que entregó su propuesta dos días tarde, por lo que no cualificaba. Esta información es parte de las acusaciones radicadas hace unos días por fraude, conspiración, robo de fondos públicos y lavado de dinero contra la jefa de esa agencia, Ángela Ávila, el presidente de BDO, Fernando Scherrer, y contra su empleado y cabildero en la agencia, Alberto Velázquez Piñol. Este último fue un alto funcionario de Gobierno y consultor desde la gobernación de Luis Fortuño y tiene vínculos con la familia de Sánchez, a través de una relación cercana con su exsuegra Katherine Erazo García, y su exesposa y pareja Valerie Rodríguez Erazo. Según dos fuentes del CPI, la aseguradora en cuestión es Triple-S, que es también clienta de Sánchez y su socia, la exsecretaria de Corrección y vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, Zoraida Buxó.	Una fuente indicó que luego del huracán María, Sánchez, a través de Christian Sobrino, trajo a la mesa a la empresa CSA, para que, a través de la Agencia para el Manejo de Emergencias y Desastre (AEMEAD), obtuviera el contrato de inspección de escuelas tras la emergencia. El contrato de $800,000 fue otorgado a finales de septiembre de 2017 y cancelado poco tiempo después en medio de críticas, incluyendo las de la entonces secretaria de Educación, Julia Keleher. La semana pasada Keleher también fue acusada por los federales en un esquema – hasta el momento no relacionado – en donde BDO, Scherrer y Velázquez también eran protagonistas.	“Sí, bueno, aquí hay personas que tienen distintas relaciones. Eso es relaciones [que] los individuos establecen, pero por mi parte, yo me he encargado y mi trabajo es encargarme de que exista un proceso, independiente de relaciones, de amiguismo, de lo que sea, [y] el proceso sea lo que determine las acciones hacia adelante”, contestó.	Tras la insistencia sobre la importancia de esta historia, en la que además se mencionan los negocios de su suegra, ex funcionaria de Gobierno y ex asesora de Pedro Rosselló y de Thomas Rivera Schatz, Katherine Erazo García, y su esposa, la empresaria, cabildera y comentarista radial, Valerie Ann Rodríguez-Erazo, Sánchez sostuvo por mensaje de texto: “En estos momentos me encuentro de vacaciones con mi familia y no estoy disponible para entrevista. Varias personas en mi familia no son figuras públicas, por lo que estaremos pendientes para la acción correspondiente”.	Erazo García, también exesposa del expresidente del Senado y miembro de Ricardo Rosselló, Charlie Rodríguez, ha obtenido contratos ascendentes a $357,500 con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y el Negociado de Telecomunicaciones a través de su empresa BCS Consulting Group con la cual también representa clientes privados en gestiones ante el Gobierno, y solo en el 2018 reportó $625,000 en ingresos al Departamento de Estado, más que duplicando a 2017 cuando reportó $276,000.	Tres fuentes indicaron que Bermúdez y Miranda presuntamente ejercían presiones a compañías y a otros individuos para que contrataran con ellos en el ámbito privado si querían hacer negocios con el Gobierno. Estos contratos, por ser privados, no figuran en la Oficina del Contralor. Miranda y Bermúdez también fueron parte de la Junta de Directores de Unidos por Puerto Rico. Actualmente no están incluídos en su página oficial.	Una de las empresas de Miranda, por ejemplo, fue contratada por Microsoft – uno de los mayores contratistas del Gobierno y cliente de Sánchez, según dos fuentes – y por Unidos por Puerto Rico, la organización sin fines de lucro creada por la Primera Dama, Beatriz Rosselló, para el manejo de donativos tras el huracán María. Unidos por Puerto Rico, cuya presidencia fue ocupada por el cuñado de Elías Sánchez, Jorge del Pino, llegó a recibir $41 millones en donativos y también está siendo investigada por las autoridades federales.	Aunque Miranda ha dicho que el trabajo político partidista suyo se hacía mediante otras compañías y no de KOI, el CPI supo que a principios de este año, el empresario presuntamente instruyó a un grupo de sus empleados en KOI que tendrían que hacer trabajo político entre sus labores con los clientes privados y de Gobierno.	El publicista, quien comenzó en el manejo político en la administración de Luis Fortuño, tiene un total de cuatro compañías inscritas y dos fuentes con acceso a los documentos aseguraron que existe facturación duplicada o falsa. El representante independiente Manuel Natal refirió algunas de las irregularidades en la facturación de las empresas de Miranda a las jefas de Fiscalía federal, del Departamento de Justicia de Puerto Rico, de la Oficina de Ética Gubernamental, y la Oficina del Contralor desde el 17 de noviembre de 2017.	Por su parte, además de la política, Bermúdez lleva una larga trayectoria haciendo relaciones públicas para figuras del mundo del entretenimiento y de la farándula, aunque la Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico aclaró que no está licenciado en esta profesión. La ley de los relacionistas públicos prohíbe actuar como tal sin tener licencia, aunque no conlleva penalidad. Entre modelos y reinas de belleza, funge según el Departamento de Estado como presidente de San Juan Moda y fue director ejecutivo de Miss Mundo de Puerto Rico. La cartera de artistas de Bermúdez ha incluído figuras como la presentadora y modelo Cynthia Olavarría, los raperos Tempo y Ozuna, Maripily, El Molusco y el merenguero Joseph Fonseca.	Aunque negó ser el representante de Ozuna, Bermúdez, quien dijo estar fuera de Puerto Rico, reconoció en declaraciones escritas que la compañía del artista lo contrata y que ha sido contratado “en momentos” por los otros artistas. Sin embargo, rechazó que sus clientes o él se hayan beneficiado de sus relaciones con el Gobernador y el gobierno. También negó haber ejercido presiones para contrataciones privadas por parte del sector público.	En el ámbito político, además de representar a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, al exalcalde de San Juan, Jorge Santini y la alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, Bermúdez se presentaba como contacto de prensa de los políticos Melinda Romero y Leo Díaz Urbina, su primo. González dijo tras la publicación del chat que había cancelado su contrato, aunque Bermúdez quiso hacer ver que era él quien había renunciado la mismo.	En la administración de Ricardo Rosselló, Bermúdez ha controlado las relaciones con la prensa y los medios de comunicación, al punto de ser la persona que seleccionó a casi todos los directores de comunicaciones internos de las agencias, así como a un consultor de medios externo adicional en la mayoría de los casos. Según dos fuentes con conocimiento de primera mano, las comunicaciones de casi todos los jefes gubernamentales eran canalizadas hacia Bermúdez por medio de la directora de comunicaciones de La Fortaleza, Rossy Santiago.	Entre los comunicadores clave que presuntamente colocó Bermúdez figuran ex periodistas y personas vinculadas al mundo de la farándula Denisse Pérez, actual secretaria de prensa de Rosselló, Rossy Santiago, la directora de comunicaciones de La Fortaleza, Yolanda Rosaly y Farasch López en Educación, Eric Perlloni en Salud, Alejandro Pabón en ASES, Maura Ríos, en el DDEC, Waldo Díaz, en Corrección, Iván Caraballo en Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y María Batista en la Secretaría de la Gobernación.	El CPI además corroboró con varias fuentes la existencia de un chat entre los oficiales de comunicaciones, en el que Bermúdez y Santiago daban instrucciones de cuándo y cómo atender las peticiones de la prensa. “Yo no daba órdenes sino que era parte del grupo de trabajo estratégico, éramos un equipo como los hay en todos los gobiernos. Siempre procurando la respuesta a medios y que se atendieran las peticiones de los medios”, reaccionó Bermúdez, aunque el CPI pudo ver instancias en las que Bermúdez ordenaba que se le dieran largas a las peticiones.	El tema de la corrupción en la administración de Rosselló Nevares, del que se han revelado casos que parecen aislados, comenzó a explotar con la salida abrupta de Raúl Maldonado, su visita al FBI y las declaraciones públicas de su hijo, Raúl Maldonado Nieves, quien tildó directamente al Gobernador de “corrupto” e hizo referencia directa a la presunta intervención de Rosselló para alterar la auditoría al manejo de suministros del huracán María a la organización Unidos por Puerto Rico para proteger a su esposa. A partir de esa fecha comenzaron a filtrarse a la prensa pedazos de un chat del Gobernador con once miembros de su círculo íntimo en el que propio Rosselló, sus funcionarios, asesores – incluyendo a Bermúdez y a Miranda – y Sánchez hacían comentarios misóginos, homofóbicos e insultantes a sectores de la población.	y un reportaje en el que establecía cómo además de insultos y burlas, incluyendo mofas sobre los cadáveres del huracán María, Rosselló, sus funcionarios, asesores y Sánchez, quien no tiene ninguna relación formal con el Gobierno de Puerto Rico, planificaban el uso de herramientas del Estado para perseguir otros funcionarios, para manipular medios de comunicación, e intercambiaban información privilegiada sobre las operaciones gubernamentales. Desde el mismo sábado, el pueblo se tiró a las redes sociales y a la calle en protestas que han continuado caldeándose en reclamo de la renuncia inmediata de Rosselló.	El sábado, después de que el CPI revelara el contenido íntegro del chat del gobernador con sus figuras más allegadas, Rosselló anunció que ya no usaría el consejo y servicios de la mayoría de los miembros del chat, algunos de los cuales no tenían relación oficial con el Gobierno, pero se aferró a su puesto. Desde entonces, ha sostenido que no va a renunciar.	Ese día, tanto Bermúdez como Miranda anunciaron que renunciaron a todos sus contratos con el Gobierno. En el caso de Sánchez, el Gobernador — de manera ambigua — manifestó que “prescindió” de sus contratos. Pero Sánchez no ha tenido ningún contrato registrado con el Gobierno. Rosselló tampoco ha sido claro en definir cuál exactamente ha sido el rol de Sánchez luego de dejar la posición de representante suyo ante la Junta de Control Fiscal.	Dos de los miembros del chat, el principal oficial financiero y representante del Gobierno ante la Junta, Christian Sobrino y el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, presentaron sus renuncias el sábado. La renuncia de Sobrino fue inmediata, mientras que la de Rivera Marín es efectiva a finales del mes de julio. Otros dos funcionarios públicos en el chat, el secretario de Gobernación, Ricardo Llerandi y el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, permanecerán en sus puestos.