Después de tres años de Donald Trump en la presidencia, el gobierno de Estados Unidos está intensificando sus esfuerzos para confiscar terrenos privados en el sur de Texas para construir un muro en la frontera con México. El Departamento de Justicia ha presentado tres demandas en lo que va del mes contra propietarios de tierras en el Valle Rio Grande, una franja de pueblos y granjas fronterizas en el punto más al sur de Texas. Se esperan muchas demandas más en las próximas semanas.	La emblemática promesa de campaña de Trump ha enfrentado sistemáticamente obstáculos políticos, legales y ambientales en Texas, que tiene la sección más grande de la frontera entre Estados Unidos y México, la mayor parte de ella sin vallas. Y gran parte de la tierra a lo largo del río Bravo, que forma la frontera entre Texas y México, es de propiedad privada y es ecológicamente delicada.	Las autoridades estadounidenses apenas han construido unos 145 kilómetros (90 millas) de muro desde que Trump asumió el cargo, y casi todos ellos han sido para reemplazar cercas viejas. Alcanzar la meta tantas veces establecida de Trump de 800 kilómetros (500 millas) para fines de 2020 requerirá casi con certeza un mayor avance en Texas.	Los opositores a los planes de Trump han presionado al Congreso para que limite los fondos e impida la construcción en áreas como el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Santa Ana, un importante santuario para varias especies en peligro de extinción, como jaguares, aves y otros animales, así como el Centro Nacional de las Mariposas, una organización sin fines de lucro, y una capilla católica histórica.