Alegar públicamente que no existe relación entre los recientes despidos de empleados justo antes de cumplir su periodo probatorio en una megatienda y la implementación de la reforma laboral de 2017 es un homenaje al cinismo mezclado con táctica de avestruz y una total insensibilidad con las trabajadoras y trabajadores que ahora pasarán a las “filas del desempleo“.	Así lo expresaron el gobernador y el secretario de Trabajo sin sonrojarse, pero no cabe la menor duda de que estos despidos son consecuencia de las políticas empresariales que menosprecian a los empleados y que ahora cuentan con la impunidad que les otorga la ley. Los dos principales promotores y auspiciadores de la reforma laboral fueron precisamente el gobernador y su nefasto secretario del Trabajo, quienes en un ejercicio fatídico y patético se convirtieron en los abogados patronales de estas empresas.	Como lo advertí en enero del 2017, la reforma laboral ha provocado consecuencias adversas en las relaciones patrono-empleado. Previo a la reforma laboral, siempre se había reconocido al empleado en una posición de desventaja frente al “poder” del patrono y, aunque continúa siendo así, la reforma dejó de reconocer esa realidad. Tampoco podemos olvidar que esta reforma fue punta de lanza de las políticas odiosas de la Junta de Control Fiscal que, sumisamente y sin reparo, fue aprobada por el Gobierno.	Previo a la reforma laboral, el periodo probatorio era —como regla general— de tres meses y mediante contrato escrito, solo en ocasiones extraordinarias, se podía aumentar a seis meses con la autorización del Departamento del Trabajo. Ello establecía un periodo razonable para que un patrono evaluara el desempeño del empleado para determinar su continuidad en el empleo; así como el trabajador, luego de culminado este, tenía una certeza de continuidad en el empleo.	Desde 2017, pese a un amplio rechazo, se aprobó la primera reforma laboral, que aumentó a 12 meses el periodo probatorio para los ejecutivos, administradores y profesionales, y 9 meses al resto de los empleados. Además, sin la obligación de que este fuera por escrito, provocando, de esta forma, estos periodos extensos de incertidumbre laboral y, por consiguiente, las acciones de despidos sin ningún tipo de explicación, justificación y, menos aún, empatía con un ser humano que recibe un durísimo golpe personal al convertirse en un mero “costodesechable” para la empresa.	Además, radiqué la Resolución de la Cámara 1287 con la que pretendo investigar los despidos de empleados antes de cumplir el periodo probatorio, la cantidad de despidos por esta razón, los patronos que han realizado estos despidos, los efectos económicos y emocionales en los empleados despedidos y los efectos en la situación económica del país, entre otros aspectos.