En la sentencia, la jueza Lauracelis Roques Arroyo expone que "por ello, se ordena a la parte demandada a proveer los siguientes documentos: todos los contratos vigentes y nuevos otorgados desde su creación mediante la Ley 17- 2017, hasta el presente y un inventario comprensivo y detallado de los fondos comprometidos o gastados por la Corporación, en o antes del viernes, 15 de noviembre de 2019.	Sin embargo el tribunal denegó "las solicitudes de propuestas de las subastas por la posibilidad de existir secretos de negocios de partes que no están en el presente pleito. DMO no puede negar acceso a los documentos públicos en su custodia, por lo que, de existir algún documento de subasta —tal como una resolución— que no esté protegido deberá proveerse también".