Un total de 20 organizaciones reclamó ayer al Departamento de Vivienda local y federal, así como a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que se establezca un proceso participativo en el proceso de reconstrucción de las comunidades. A su vez, denunciaron que las agencias promuevan la relocalización y el desplazamiento de los residentes, en lugar de adoptar medidas de mitigación y reconstrucción.	“Los procesos de recuperación deberían incluir cada una de nuestras voces”, sostuvo Amárilis Pagán, directora ejecutiva del Proyecto Matria durante una conferencia de prensa en la comunidad Vietnam en Guaynabo. Según dijo, hasta ahora la recuperación se ha trabajado por las propias comunidades con fondos de entidades privadas y sin la ayuda gubernamental.	La abogada Ariadna Godreau, representante de Ayuda Legal, calificó dicho programa gubernamental como “muy oneroso” para los solicitantes que, además, discrimina contra las personas de escasos recursos al exigirles declaraciones juradas, que tienen un costo, y completar varios trámites electrónicos aunque no tengan internet, o en el caso de personas adultas, no entiendan cómo se hace.	Amaris Torres Rivera, abogada y representante de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, también mostró preocupación con el programa R3, pues ya ha recibido llamadas de ciudadanos a quienes les han denegado la ayuda y no se les notifica el proceso para apelar la decisión de la agencia. Incluso, la abogada resaltó que la mayoría de las personas que solicitan servicios a la fundación y que aún están bajo toldos azules son personas mayores de 60 años.comparte