El presidente ecuatoriano Lenín Moreno decretó el martes un toque de queda en algunos sitios estratégicos para el gobierno horas después de que miles de manifestantes indígenas irrumpieran en el edificio de la Asamblea al recrudecerse las protestas en Quito y otras zonas de la nación andina en rechazo al alza de los precios de los combustibles	El toque de queda aplicará en los alrededores de instalaciones clave y de edificios de funciones del Estado entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana mientras dure el estado de excepción, que se utiliza para restringir derechos ciudadanos y facultar al Estado a efectuar requisiciones si lo considera necesario y en esta caso fue decretado por 30 días.	En medio de las protestas, Moreno trasladó la sede de gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil, donde ratificó que mantendrá el aumento del precio de los combustibles, rechazó los saqueos y ataques a propiedad privada, entidades estatales y fincas agrícolas protagonizadas por indígenas y manifestantes, aunque al mismo tiempo reiteró su invitación al diálogo a los dirigentes de las protestas.	La analista Grace Jaramillo, de la universidad British Columbia, en Vancouver, dijo a The Associated Press que el gobierno de Moreno “tenía la obligación, y no lo hizo, de generar consensos o al menos acuerdos mínimos con los sectores más vulnerables y las organizaciones que iban a ser afectadas por las medidas; el gobierno tiene toda la responsabilidad”.	De acuerdo con la experta, el traslado de la sede de gobierno es “una medida desesperada por salvar la presidencia de un posible golpe de Estado, ese es el miedo mayor, pero eso también explica la incapacidad del gobierno por resguardar el orden, para acercar posiciones y para detener el caos”.