Cuando el viento bajó de intensidad aquel 20 de septiembre de 2017, los puertorriqueños salieron a sus patios, caminaron por sus vecindarios, se abrieron paso entre los escombros y comenzaron a sacar cuentas de sus pérdidas. Los estimados en dólares y centavos de lo que el huracán María destruyó tardarían. Un sentido generalizado de incertidumbre se asomaba en todas partes.	Un día después, mientras el entonces gobernante Ricardo Rosselló evaluaba el estado en que había quedado el país, Cándida González, una lingüista, fue a ver lo que quedó de la casa que hacía más de 30 años había construido el padre de su primer hijo, y la encontró destruida. Al este de la isla, Josué Ruiz, estudiante universitario y trabajador a tiempo parcial, iba desde la casa de sus suegros en Las Piedras hasta Punta Santiago, en Humacao, donde reside con su esposa, Natalie Torres, y sus tres hijos. El agua del mar, mezclada con la de los caños cercanos que se desbordaron, había inundado la residencia que justo estaban remodelando. Era de noche y en el mismo vecindario, Guillermo Arroyo esperaba en el techo de su casa junto con su perra Minnie a que las aguas bajaran. Había pasado allí el huracán. Fue el esposo de su nieta quien lo encontró y auxilió.	Un Puerto Rico, “fuerte y resiliente”, como lo detalló Rosselló ante el Congreso de Estados Unidos en 2018 al presentar su Plan de Desarrollo Económico y Recuperación de Puerto Rico, costaría $139,000 millones. De estos, las agencias federales habían aprobado $21,044,425,967 hasta el 31 de julio de 2019.	Por primera vez, FEMA ha aplicado a toda una jurisdicción una disposición de la Ley Robert T. Stafford de Ayuda en Desastres y Asistencia en Emergencias que se incluyó como enmienda luego del huracán Sandy en 2013. Desde entonces, solo se había aplicado para el desarrollo de 258 proyectos en 28 estados. La sección 428 permite la reconstrucción de manera más fuerte y resiliente, pues la Ley Stafford estaba concebida para que FEMA solo subvencionara reparaciones que devolvieran las instalaciones afectadas a las condiciones en que se encontraban antes del desastre, independientemente de si estas ya eran precarias.	La negociación de las guías para que la 428 aplicara a todo Puerto Rico estuvo principalmente a cargo de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción de Puerto Rico, también conocida por sus siglas en inglés como COR3, una entidad que Rosselló creó en octubre de 2017 para recibir y distribuir los fondos federales disponibles para la recuperación de la isla.	Rosselló designó a Omar Marrero como director ejecutivo de COR3, quien, entonces, también fungía como director ejecutivo de la Autoridad del Distrito de Convenciones y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas. Cada dependencia, con sus oficinas en una localidad diferente. También era entonces representante autorizado del gobernador (GAR, por sus siglas en inglés) ante FEMA.	En la práctica, COR3 se encarga de los fondos de FEMA, la fuente primaria de subvenciones de recuperación para la isla, que esa agencia federal ha estimado que ascenderá a $65,000 millones. De estos, el Gobierno de Puerto Rico solo ha incluido en el plan fiscal $49,047 millones. Parte de su gestión es desembolsar a las agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro el dinero para los proyectos de reconstrucción que vendrá del Programa de Asistencia Pública de FEMA.	La administración Rosselló trató de que fuera la Oficina de Desarrollo Socioeconómico Comunitario (Odsec) la que administrara los fondos CDBG-DR que se asignaran a Puerto Rico, según se recoge en un memorando de la Oficina del Inspector General de HUD. Bajo el marco propuesto, Odsec sería responsable de la planificación, administración y supervisión del programa, así como de preparar el plan de acción, desarrollar políticas y procedimientos, gestión, revisiones ambientales, esfuerzos de monitoreo e informes. Odsec delegaría a otras tres entidades: la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.	Entre las preocupaciones que identificó HUD en el memorando sobre la propuesta de administración de fondos CDBG-DR por parte de Odsec, se incluye que era una entidad nueva creada en febrero de 2017 de la que no existían datos sobre su desempeño en la administración de este tipo de fondos.	Se menciona, además, que Odsec tenía 103 empleados, de los que 32 trabajaban en la ya desaparecida Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), a la que la misma Oficina del Inspector General de HUD le hizo señalamientos por no reportar adecuadamente la utilización de fondos y hasta usarlos para fines inelegibles. También señala que no hicieron un seguimiento adecuado a los recipientes de los fondos.	Marrero indicó que el equipo de Rosselló había visto el informe (Eye of the Storm) que unas semanas antes había publicado Texas estimando en cerca de $61,000 millones los daños causados por el huracán Harvey, que entró por la costa del golfo de Texas el 25 de agosto de 2017.	“Reconstruyendo un mejor Puerto Rico”, según Marrero, reflejaba preliminarmente el daño que había sufrido la isla. Este trabajo se realizó con la ayuda de la Oficina de Recuperación de Tormentas del Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Las fundaciones Ford, Rockefeller y Open Society proveyeron fondos para que la compañía Deloitte —que luego fue contratada por COR3 por $31.6 millones— también brindara ayuda en la preparación del informe.	Marrero dijo que este primer informe de daños no cayó bien entre los congresistas y que esa fue la razón por la que se le requirió al Gobierno de Puerto Rico preparar un plan de recuperación en un plazo de 180 días, cuando se firmó, el 9 de febrero de 2018, la Ley federal de Presupuesto Bipartita. Fue en esta ley que el Congreso incluyó la disposición para que FEMA permitiera la aplicación de la sección 428 para proyectos en Puerto Rico, aunque ya había sido un requerimiento del presidente Trump en la quinta enmienda a la declaración de desastre para Puerto Rico.	“Ese es un documento bien serio y responsable que se hizo con el insumo de muchísimos grupos con interés y que refleja lo que es la política pública post lo que ha sido el desastre natural más grande en Puerto Rico. Ahora, obviamente, ese documento fue mucho más detallado y ya identifica, incluso, los cursos de acción que se tienen que tomar para lograr mover la balanza y la responsabilidad que impuso el Gobierno federal de identificar fondos congresionales”, expuso Marrero.	La Ley federal de Presupuesto Bipartita también establece que el gobernador deberá publicar cada 180 días un informe sobre el progreso alcanzado en cuanto a los objetivos incluidos en el plan, en coordinación con el administrador de FEMA. Los 180 días se cumplieron el 4 de febrero; y los siguientes, el 3 de agosto de 2019.	El 31 de enero de 2019, todavía no había ni un solo proyecto con el dinero obligado. En comparación, a un año y cuatro meses luego del huracán Katrina, Luisiana ya tenía el dinero para 2,424 proyectos con cerca de $1,400 millones obligados. Mientras, Texas, luego del huracán Harvey, tenía $159 millones para 2,124 proyectos.