(ADSEF) permanece a la espera de que le devuelvan una suma millonaria de dinero producto de una demanda por salarios no devengados que entablaron en 2005, pero que se remonta a hechos ocurridos desde 1986.Wilfredo Fontánez Meléndez, un retirado de ADSEF, explicó que en 1986 se instauró en la Isla la ley del salario mínimo federal.	“Se dio una situación en lo que era antes el Departamento de Servicios Sociales, ahora Departamento de la Familia. Para cumplir con el salario mínimo federal se le igualó el salario a los que estaban por debajo del salario mínimo federal, pero aquellos que estaban en el salario mínimo o sobre el salario mínimo federal no se les ajustó el salario”, explicó Fontánez.	Por eso en 2005 se presentó la demanda de Nilda A. Agosto Maldonado y otros versus el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Departamento de la Familia. El Tribunal falló a favor de los empleados de diversas divisiones de la agencia, como ASUME, ADFAN y ADSEF. La demanda incluía a, aproximadamente, 700 empleados.	El exfuncionario de ADSEF expuso que, al momento de ese pago inicial, no se hicieron las deducciones para Retiro de ese 25 % pagado. En 2015, la agencia determinó pagar $3,000 a cada uno de los 700 demandantes iniciales, monto del cual sí se hicieron las deducciones correspondientes. Después, la agencia pagó el 75 % restante a los integrantes de todas las divisiones que demandaron, excepto a los de ADSEF, que son 424 personas. Los que sí recibieron el pago también obtuvieron un ajuste en sus pensiones acorde con lo que se suponía ganaran en sus años de servicio.	Mientras los otros demandantes recibieron su pago, los exempleados de ADSEF permanecen en un limbo. “Para efectos de Retiro, hasta que no nos salden la deuda de la demanda, no nos ajustan la pensión. Pero el Departamento está arrastrando los pies con el proceso del cómputo”, manifestó por su parte Amarilis de Jesús Ortiz.	que urge que se resuelva el asunto en momentos en que algunos de los afectados murieron y otros ya están muy enfermos.“¿Cómo es posible que nosotros hemos llevado una lucha tan grande y no haya nadie que determine en un momento dado entre tantos funcionarios del Gobierno: ‘ Esto es prioritario, vamos a pagar’? ¿Cómo es posible que una sentencia de un tribunal no se respete?”, argumentó Luz Gutiérrez.