Ante la inminencia de la llegada de la tormenta Dorián por el este de Puerto Rico —con la que se anticipan entre 4 a 6 pulgadas de lluvia y la probabilidad de que los ríos arrastren sedimentos debido a la erosión del terreno— el desconocimiento sobre el estado de los embalses representa un factor crítico, según el geomorfólogo José Molinelli.	Esta situación obliga a la AAA a abrir las compuertas en medio de la tormenta. La AAA comenzó el proceso de descarga de agua el martes en los embalses La Plata y Carraízo, a pesar de que ambas represas estaban por debajo de sus niveles óptimos, reconoció el director ejecutivo de la AAA, Elí Díaz.	“Igual que hicimos en el proceso de Irma y María [en 2017], nosotros básicamente habilitamos la represa para que funcione como una continuidad del río. Estas represas no son de control de inundaciones, sino de abastecimiento de agua. Así que el agua entrará como escorrentía y fluirá por el río a medida que el agua esté llegando”, detalló.	No fue hasta el 14 de agosto de 2019 que la AAA otorgó un contrato a la empresa GLM Engineering Group, para estudiar solo los embalses de Carraízo y La Plata. Puerto Rico tiene 38 embalses. El contrato totaliza $118,600, y el 22 de agosto, la corporación pública tuvo la primera reunión con GLM Engineering Group, pero todavía no hay una fecha clara para iniciar los trabajos en las represas.	“El proceso fue más riguroso de lo que exige nuestra ley, que dice que para el servicio profesional se puede contratar directo. Hacer un RFP [request for proposal] es mucho más estricto, por eso tomó más tiempo”, dijo Díaz a preguntas del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) sobre el porqué el proceso tomó 10 meses.	Originalmente la solicitud de propuesta (RFP, en inglés) para estos estudios —que se hizo pública el 27 de marzo de este año— incluía batimetrías en los tres embalses más críticos de la AAA: La Plata, Carraízo y Cidra. La AAA no respondió por qué se eliminó a Cidra de los estudios que realizará GLM Engineering Group.	Desde la entrada de Ricardo Rosselló a la gobernación de Puerto Rico en 2017, GLM Engineering Group ha obtenido 17 contratos con el Gobierno que equivalen a $1,548,218, según el registro de la Oficina del Contralor. Se trata de una empresa multinacional de asesoría en ingeniería ambiental, que ofrece servicios de análisis hidrológicos e hidráulicos, recursos hídricos, estudios ambientales y trabajo de permisos, diseño civil y servicios durante construcción de infraestructura relacionada con sistemas de agua.	Según el estudioso de ecosistemas acuáticos José Ortiz Zayas, hace 15 años el Gobierno no hace batimetrías a todos los embalses, por lo que se desconoce la capacidad real de estas reservas. La AAA maneja el impacto del huracán María en los embalses a partir de una proyección matemática realizada por el hidrólogo Ferdinand Quiñones en la que estimó la cantidad de sedimentos que pudieron haber arrastrado los ríos a partir de la lluvia que trajo el huracán y los deslizamientos que estas provocaron.	Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) de las 70 pulgadas de lluvia anual que llegan a Puerto Rico, solo una pulgada se queda almacenada en los embalses, 3.1 van a las tomas de la AAA y 0.4 recarga los acuíferos. El resto se evapora o se queda en las escorrentías de los ríos que van al mar. Con el cambio climático se prevé que anualmente haya periodos de más lluvia que puedan llegar como tormentas estacionarias o huracanes — como ocurrió con María en 2017 — lo que redundaría en más sedimentación, explicó Molinelli en una entrevista previa con el CPI.	Otro de los embalses que también se vio afectado por el paso del huracán María en 2017 fue Guajataca, donde el lunes la AEE inició una reducción preventiva de los niveles del embalse como medida de protección de los trabajos de reparación que se llevan a cabo en la represa desde hace dos años y que pudieran verse afectados por las lluvias que traerá la tormenta Dorián.	Durante el paso del huracán María, el embalse de Guajataca se desbordó por el aliviadero, sobrepasando la carretera PR-111 que discurre sobre la represa. Según el hidrólogo Ferdinand Quiñones, ese desbordamiento descontrolado provocó la erosión del sistema de escape. Ante la falla, el Cuerpo de Ingenieros asumió el control de la represa y ordenó el desalojo de unas 50 casas colindantes y de los residentes de los centros urbanos de Isabela y Quebradillas.	El 20 de noviembre de 2017, el Cuerpo de Ingenieros culminó la primera fase de los trabajos de reparación de la avería para evitar “cualquier amenaza de inundación”. A partir de esa fecha, la agencia federal solicitó a la AEE bajar el nivel del embalse por debajo de los 194 metros cúbicos.	En abril de este año, el CPI reportó que la AEE había botado el agua del embalse pese a una alerta para lo contrario hecha por Quiñones desde noviembre de 2018. Esa situación provocó que se extendiera un racionamiento durante más tiempo en el noroeste del país afectando a más de 200,000 personas que se suplen del embalse de Guajataca en la zona.	El CPI reveló que la corporación pública ignoró una alerta en noviembre de 2018 en la que el especialista de la AAA recomendó disminuir la cantidad de agua que descarga al río debido a la baja en lluvia que se empezó a notar a finales del 2018. El Cuerpo de Ingenieros, que realizaba reparaciones en el embalse tras el huracán María, estaba al tanto de la recomendación. Pero la AEE ignoró la advertencia y siguió botando casi el doble de agua de lo recomendado. La descarga de agua duró hasta el 7 de febrero, cuando la AEE cerró la pluma, pero ya era muy tarde. El 22 de febrero, apenas dos días antes de que comenzara el racionamiento, el flujo del descargue finalmente llegó a los 33 pies cúbicos recomendados originalmente.	Explicó que ya se cumplieron las primeras dos fases de los trabajos de reconstrucción. La tercera fase conllevará un proceso de investigación, diseño e implementación de nuevas tecnologías en el embalse. El funcionario estimó que el proyecto concluirá en 2028. Según Bermúdez, durante todo ese tiempo Guajataca operaría con un nivel de agua restringido. La AAA se vería forzada a mantener ajustes operacionales hasta por nueve años, exponiéndose a nuevos racionamientos de agua en tiempos de sequía.