Para la senadora, la privatización del edificio es una mala decisión. "El mero hecho que la firmar un contrato y por otro lado la entrega del mismo, sabiendo que se puede revertir la transacción, pone de manifiesto que debemos defender nuestra cultura aún más”, añadió la también presidenta del comité municipal del Partido Popular Democrático (PPD) en San Juan y candidata a alcaldesa.	“Fue una determinación de un gobernador de mi partido y una justificación del PNP para borrar nuestra cultura y lo que significa, es cierto, pero yo estoy en el servicio público para avalar lo que no está bien", expresó López, a la vez que informó sobre su esfuerzo por radicar esta semana una Resolución Concurrente del Senado, para expresar su oposición y "lograr que se cancele esa venta”.	La senadora se mostró en desacuerdo con las expresiones del exgobernador Alejandro García Padilla, quien en una entrevista de prensa trató de justificar la venta alegando que eso también se hacía en otros países. Así como con la justificación que expresara la secretaria de la gobernación, Zoe Laboy de esta administración PNP.	Cabe recordar que la venta fue establecida en una transacción firmada el 27 diciembre de 2016 a tres días de que culminara la administración del entonces gobernador Alejandro García Padilla, según establece el contrato de arrendamiento que se extiende por 40 años y permite hasta dos extensiones consecutivas de diez años.	“Unos argumentos tan simplistas es una razón adicional para oponerse. Lo mismo pasa con relación a los argumentos del deterioro y falta de recursos como fundamento para vender la sede del ICP. Ese deterioro ha sido provocado por la falta de voluntad para solicitar los fondos que permitieran su rehabilitación que es un oficio que le toca a la dirección ejecutiva del ICP. Son pocas las ciudades en América que cuentan con un conjunto monumental conservado y restaurado como tenemos en el Viejo San Juan”, añadió la senadora.	Otro quién también se pronunció en contra esta semana fue el presidente de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña (JCICP), Lcdo. Eduardo Arosemena Muñoz, quien dijo no sentirse cómodo ni con el contrato ni  en la manera en que se utilizarán los $10 millones en fondos de recuperación solicitados a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para la recuperación de la sede tras el huracán María y si estos terminarán en manos del comercial privado.