La Unión argumentó que la Ley Promesa contraviene las enmiendas 13 y 15 de la Constitución de Estados Unidos. Agregaron que la incapacidad de los puertorriqueños de votar en las elecciones estadounidenses violenta su derecho a la autodeterminación y que Promesa le da autoridad al ente fiscal a tomar decisiones por encima del Gobierno electo de la isla. La Unión también planteó que la JCF ha implementado medidas que van en contra del convenio colectivo que acordó la colectividad con la Corporación del Fondo del Seguro de Estado. Swain consideró que los demandantes no cuentan con legitimación activa debido a que se tratan de “reclamos generalizados sobre el Gobierno, que son comunes a todos los residentes de Puerto Rico”.