La apuesta de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para realizar una transición del petróleo al gas natural como principal fuente de generación de energía en el país está siendo retada ante el Negociado de Energía (NEPR) por una serie de organizaciones ambientalistas que consideran que, en los pasados dos años, la corporación pública ha rebasado sus facultades mediante acuerdos con entidades privadas que violentan las normativas vigentes.	Según una moción conjunta presentada el 16 de octubre ante la consideración del NEPR, por parte del Environmental Defense Fund (EDF) y una decena de entidades locales, la AEE lanzó un proceso de solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para convertir las unidades 5 y 6 de la Central San Juan en plantas generadoras mediante gas natural sin contar con la autorización previa del organismo fiscalizador.	Asimismo, la moción plantea que la corporación pública no ha podido presentar evidencia de que realizó un aviso público de RFP, según lo disponen la ley orgánica de la propia AEE y el reglamento 8815 del NEPR, y que las ofertas presentadas por las empresas licitadoras no fueron evaluadas de acuerdo con el proceso establecido.	“La práctica de emitir RFP secretos sin intervención alguna del Negociado u otras partes interesadas es sencillamente ilegal e irrazonable y, como tal, violenta la intención legislativa de la Ley 120-2018”, sostiene la moción, en referencia al estatuto que, entre otras cosas, viabilizó el proceso de privatización de las operaciones de la AEE.	La ingeniera ambiental Ingrid Vila, de CAMBIO Puerto Rico, una de las organizaciones que suscribió la moción, señaló que, pese a las violaciones, “el Negociado permite a la Autoridad continuar con el proyecto, aunque no estaba evaluado en su totalidad junto con otros proyectos, lo que causa un grave problema desde el punto de vista de evaluar coherentemente la planificación futura de la infraestructura eléctrica”.	Según resalta la moción, el NEPR, amparado en su reglamento 8815, cuenta con la “autoridad y el deber” de ordenar a la corporación pública anular los procesos de RFP llevados a cabo de forma irregular. Las organizaciones ambientalistas advierten que dichas irregularidades podrían abrir la puerta a la impugnación del proceso por parte de licitadores desfavorecidos.	Vila alertó que, al momento, la AEE ya encamina procesos de gasificación de centrales en Palo Seco, Mayagüez y Yabucoa. Aunque estas transformaciones sí están contempladas en el borrador del Plan Integrado de Recursos que aún analiza el NEPR, la ingeniera destacó que se trata de un documento que no ha sido aprobado.	“Parecería una burla al proceso, que es participativo, a través del Negociado de Energía. Sin embargo, la Autoridad ya entonces fija unos contratos y acuerdos para poner en marcha este tipo de proyectos, que (son) como una camisa de fuerza. Al momento en que la Autoridad firma un contrato, se complica la situación, porque salirse de ese tipo de contratos tiene un costo muy alto. Para evidencia tenemos el contrato de AES que, con todo el reconocimiento del daño que tiene, el Gobierno todavía no ha podido rescindir de él”, dijo Vila.comparte