El ente creado  por la Ley Promesa indicó que el informe fue preparado por la firma de abogados Luskin, Stern & Eisler LLP (Luskin Stern). Asimismo, dijo que adoptará las recomendaciones con respecto a los requisitos de divulgación incluidos en el documento, incluyendo extender la lista de partes interesadas y requerir divulgación sobre los afiliados de sus suplidores y asesores. Además, indicaron que la Junta requerirá a sus suplidores que actualicen sus procesos de divulgación ahora, así como de forma periódica en el futuro.	La Junta aseguró que el informe de Luskin Stern establece que "McKinsey, en sus funciones con la Junta, cumplió con todos los requisitos contractuales y legales. El documento también concluye que MIO Partners, una subsidiaria de McKinsey que administra planes de pensiones e inversiones para socios de McKinsey, así como de sus exsocios y sus familiares, mantenía inversiones directas e indirectas en instrumentos de deuda de Puerto Rico".	Sin embargo, el informe confirma que los asesores de McKinsey desconocían de estas inversiones y bajo ninguna circunstancia influenciaron las decisiones con respecto a las inversions de MIO, agregó la Junta. Además, alegaron que los asesores de McKinsey no proveyeron ninguna asesoría en la reestructuración de los bonos de Puerto Rico.