La medida fue refrendada en vistas públicas por varias agencias gubernamentales. Entre ellas, la Procuradora de la Mujer, el Departamento del Trabajo, el Departamento de Justicia, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos. También ofrecieron su perspectiva la Cámara de Comercio y la Asociación de Comercio al detal.	“Nuevamente damos un paso de avance en la ruta positiva de ayudar y proteger a las víctimas de situaciones de violencia doméstica y otras modalidades. Este Gobierno responde con determinación ante el mal que nos golpea y que flagela principalmente a la integridad de la mujer y de la familia. Las víctimas no están solas”, indicó la legisladora.	Ramos explicó que el proyecto crea una Licencia Especial de 15 días sin sueldo para empleados con situaciones de violencia doméstica o de género, maltrato de menores, hostigamiento sexual en el empleo, agresión sexual, actos lascivos o de acecho en su modalidad grave, indistintamente que exista o no una querella policiaca para atender los problemas que enfrenten por estas causas.	“Es el interés del Gobernador y de nuestra Cámara de Representantes proteger a las víctimas de estos delitos. Con esta medida eliminamos cualquier discreción que pretendan ejercer los patronos de negar a la víctima o a su familiar, el beneficio de una licencia sin paga para atender situaciones de maltrato”, anunció.	Según el énfasis que promueve la medida de la mayoría novoprogresista, especificó Ramos, es que no se limite la interpretación de “buscar ayuda” a solamente incoar una acción en el tribunal. La licencia especial podrá ser usada para atender situaciones o trámites tales como obtener una orden de protección, acudir al tribunal, buscar asistencia legal, acudir a algún albergue o vivienda segura, acudir a citas médicas o visitar alguna clínica, hospital o especialista, orientarse y buscar cualquier tipo de ayuda o servicios.	“El que las víctimas de estos delitos puedan asistir al tribunal, terapias o algún albergue sin que se vea afectada su permanencia de empleo, es un aspecto vital que reforzamos con este proyecto tanto al sector público como privado. Provee una protección integral y un apoyo solidario en momentos de grave riesgo a la salud física, emocional o mental”, aseveró.	En ese sentido la representante Ramos destacó que, con la medida aprobada hoy por la Cámara, las víctimas de violencia o acoso, que tengan que ir a un albergue, no se ven forzadas a tener que continuar en el trabajo para salvaguardarlo, mientras su vida peligra ante la amenaza del agresor.