A tres meses de que el actual Gobierno tomara el poder en 2017, el consultor de la firma BDO, Alberto Velázquez Piñol, ya facturaba miles de dólares provenientes de fondos federales gracias a comisiones que ganaba por conseguirle contratos a la empresa, según las autoridades federales, con la bendición de la exsecretaria del Departamento de Educación (DE) Julia Keleher y la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila.	Aún ante este panorama, con acceso a información privilegiada, con la asesoría de Keleher & Associates para enmendar su propuesta de manera que integrara la experiencia de Glenda Ponce en el documento, pero sin divulgar quién era, y con el mismo DE subrayando que fue “la única firma que no cumplió con los requisitos y el peor solicitante”, se le otorgó el contrato en junio de 2017, gracias a la presión de Keleher.	Velázquez Piñol recibía, según las acusaciones, un 10 % de los contratos que lograba obtener para BDO gracias a sus influencias en Educación. Esta compensación iba en contra de los mismos acuerdos que específicamente prohibían la subcontratación de empresas o servicios y el pago a cabilderos. Sin embargo, fue de esta manera que recibió indebidamente $219,000.	usaban cuentas de correo electrónico personales para llevar a cabo trabajos del Gobierno y le ordenaron a sus empleados (hacer lo propio). Empleados de Gobierno utilizaron aplicaciones de mensajería, como Telegram para llevar a cabo trabajos oficiales. Como sabemos, Telegram es una aplicación de mensajería con capacidad para cifrar y autodestruir los mensajes”, expresó la fiscal federal.