La contención principal de Pierluisi está centrada en que fue nombrado en receso por el entonces gobernador Ricardo Rosselló y que dicha designación le otorga todos los deberes y facultades de un nombramiento en propiedad. Argumentó, además, que la Constitución no prohíbe que un secretario de Estado nombrado en receso pueda suceder al gobernador en caso de renuncia.	Los abogados de Pierluisi aludieron a que la Constitución “no distingue entre el nombrado en propiedad versus el nombrado en receso”. “Es constitucionalmente permisible que un secretario de Estado que haya sido ‘nombrado en receso’ y prestado juramento asuma la gobernación, ya que de inmediato quedó investido con las mismas facultades, deberes y obligaciones del cargo”, reza el recurso legal de Pierluisi.	Se planteó, además, que, en caso de que el Tribunal Supremo decida a favor de Rivera Schatz, la decisión “tendría un impacto nefasto en la gobernabilidad de Puerto Rico y conllevaría otorgarle al Poder Legislativo una facultad constitucional irrazonable y excesiva que constituiría una usurpación impermisible del Poder Ejecutivo, concentrando excesivamente el poder en una sola rama de gobierno en contravención de los principios más básicos de la separación de poderes consagrados en la Constitución”.	Por su parte, Rivera Schatz, al igual que estableció en su demanda, expuso en sus argumentos que se violentó la facultad de consejo y consentimiento que tiene el Senado para confirmar a un designado a secretario de Estado. Agregó que Pierluisi vulneró este requisito constitucional cuando juramentó el pasado viernes 2 de agosto.	“La Constitución de Puerto Rico establece de forma clara, y para la situación aquí descrita, que para ocupar el cargo de gobernador ante la renuncia efectiva de Rosselló Nevares, el Lcdo. Pierluisi Urrutia tenía que ocupar el puesto de secretario de Estado en propiedad al momento en que la misma fue efectiva”, argumentó.