. La orden pretendió obtener todos los datos de los suscriptores, dirección de facturación, todo registro de facturas y pagos, dirección de servicio, número de teléfono y cualquier otra información de los seguidores de estas cuentas. La orden también solicitó un registro de las conversaciones que los usuarios hubiesen tenido en el chat de Facebook con el medio, entre el 26 y el 28 de abril de 2017.	— surgió a raíz de que el pasado 27 de abril de 2017, un grupo de estudiantes irrumpieron en una reunión de la Junta de Gobierno para manifestarse en contra del plan fiscal que, en aquel momento, proyectaba un recorte presupuestario de $241 millones. En el intercambio, los estudiantes compelieron a la entonces presidenta de la institución, Nivia Fernández, y al presidente del ente rector, Carlos Pérez, a firmar un documento en oposición a los recortes. En mayo de 2017, el DJ acusó a nueve estudiantes. Dos años después, siete de estos estudiantes aún esperan por juicio pautado para  el próximo mes de noviembre.	Pese a que el juez Rafael Jiménez Rivera otorgó la orden judicial solicitada por el DJ el 5 de mayo de 2017, y Facebook entregó más de mil documentos, los directores de los medios periodísticos nunca recibieron notificación ni del DJ ni de Facebook de que dicha orden había sido solicitada u otorgada.	el que dio a conocer  la información el martes en la noche luego de que el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Dennis Márquez alertó a los actuales administradores del medio. Ambos medios estudiantiles mostraron preocupación ante la implicación y la peligrosidad de la orden de allanamiento sobre el derecho a la libertad de prensa y al derecho a la intimidad.	La gobernadora Wanda Vázquez, que para la fecha en cuestión era la secretaria de Justicia, negó que la orden de allanamiento se traduzca en una violación al derecho de libertad de prensa. “No, no puedo entrar en las interioridades de ese caso, porque no tengo a la mano los fundamentos que se hicieron. Lo que sí puedo decir es que si la fiscalía solicitó el desglose de esa información, y el tribunal pasó juicio sobre los fundamentos de la fiscalía y sobre los fundamentos de la defensa. El tribunal ordenó la orden de registro de allanamiento, en derecho procede la orden”, aseguró a preguntas de la prensa en una comparecencia pública.	Por su parte, Dennise Longo, actual secretaria del DJ, rechazó, mediante declaraciones escritas, ofrecer declaraciones bajo el argumento de que se trata de un caso que aún se encuentra ante un juez del Tribunal de Primera Instancia. “Tanto el DJ como el Negociado de la Policía ejercen las potestades de investigar delitos que le han sido conferidos constitucionalmente y por ley en cumplimiento con los requisitos de nuestro ordenamiento jurídico”, se limitó a decir.	Ante lo que catalogó como un “carpeteo”, Márquez aseguró que presentó la Resolución Conjunta 1545, que busca ordenarle a la Comisión cameral de Seguridad que investigue las políticas y prácticas del Negociado de la Policía y el DJ en torno a las solicitudes de órdenes de allanamiento y registros de información almacenadas electrónicamente.	Hiram Meléndez Juarbe, abogado y presidente de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), dijo que se trata de un carpeteo de una actividad que “hoy día, es mucho más casual, hay más información y eso lo hace mucho más peligroso”. Añadió que es necesario establecer controles rigurosos y protocolos para limitar una amplia vigilancia electrónica por parte del Estado.	La abogada Judith Berkan, quien ha llevado múltiples casos relacionados con la defensa de la libertad de prensa, coincidió en que la investigación legislativa es “más que necesaria porque hay que analizar cómo se va a garantizar la libertad de prensa. Eso es clave, sobre todo, ante el uso de las nuevas tecnologías y la proliferación de los medios electrónicos”.	En torno a las políticas de Facebook y demás redes sociales sobre entregar datos de sus usuarios al Gobierno, el experto en tecnología Obed Borrero, reconoció que “existen zonas grises porque, en algunos casos, Facebook ha accedido (a entregar cuentas) y en otros no”. Destacó que empresas como Facebook, Google y Apple evitan a toda costa dar información porque trata de proteger la información y mantener la privacidad. “Esta es una preocupación a nivel mundial, tanto de desinformación como el tema periodístico, donde muchos periodistas se pueden sentir cohibidos porque reciben información, y ese diálogo digital puede usarse como una acusación”, detalló el experto.	Los presidentes de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Overseas Press Club (OPC), Damaris Suárez y Luis Guardiola, respectivamente, cuestionaron las razones del Gobierno para solicitar acceso a las cuentas y fueron más allá al preguntarse si es un acto que han hecho con otros medios de comunicación.	Cuestionó si también se solicitó tras las coberturas como las manifestaciones del Primero de Mayo, así como las protestas del pasado verano para exigir la salida de Ricardo Rosselló de la gobernación. “Ahí lo conocemos porque salió a relucir, no porque Facebook lo haya informado, ni el Gobierno tampoco. Levanta mucha preocupación”, apuntó la periodista.	Por su parte, Guardiola sostuvo que “es un precedente muy peligroso, que el Departamento tiene que dar explicaciones sobre el alcance de esa petición y sobre las razones que tiene para no haber notificado a los medios y a los periodistas que fueron intervenidos o sus cuentas de redes sociales fueron intervenidas o se indagó información personal sobre ellos”.