El senador independiente mencionó que, entre los años 2013-2017, el erario público sufragó sobre $ 53 millones en escoltas a funcionarios, exfuncionarios, y exgobernadores. Un promedio de sobre $13 millones anuales. Asimismo, en un año, entre 2017 y 2018, el gobierno pagó cerca de $ 3 millones en horas extras a escoltas.	“Es un deber moral de hacer ajustes amparados en la prudencia y equidad; pues, exigir onerosos sacrificios a unos más que a otros, es una acción que deja una impúdica huella histórica. Usualmente, los sectores frágiles de la sociedad son los más afectados, porque ese tipo de medida raya en el lujo, una manía ostentosa de engrandecer el poder con ideas irracionales, necedades y cuantiosos gastos. Sencillamente, es una insensibilidad social crasa. El honor de haber sido un servidor o una servidora del pueblo de Puerto Rico, es el premio a dicho servicio y el despegarse con dignidad, aceptándose como uno más en el camino común de cualquier ciudadano, lo hace más digno todavía. El renunciar a esta “comodidad” significaría para algunos legisladores renunciar al derecho adquirido, postergar los cambios en la dirección correcta y perder de perspectiva el sacrificio individual y beneficio de algunos pocos versus el rendimiento de una ciudadanía con necesidades reales”, sentenció Vargas Vidot.comparte