Desde alterar la estructura de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) hasta retrasar los horarios de apertura y cierre de los colegios electorales, la reforma, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, contiene una serie de cambios que han sido fuertemente defendidas por la mayoría novoprogresista e igualmente criticadas por prácticamente todos los sectores de la oposición, que han insistido que la medida abre la puerta al fraude electoral.	Por primera vez en su historia, los electores en Puerto Rico tendrían la oportunidad de ejercer su derecho al voto a través del Internet. De acuerdo con el proyecto de ley, todos los electores que sean elegibles a voto ausente o adelantado podrán, a su vez, presentar la solicitud para emitir su sufragio electrónicamente.	Para solicitar voto ausente, el elector deberá presentar una declaración jurada en la que afirme que, al momento de los comicios, se “encontrará físicamente fuera de Puerto Rico”. La pieza legislativa también dispone que a “ningún elector se le podrá cuestionar (o) interrogar” sobre su ausencia, a no ser que se presente evidencia documental que apunte a la falsedad de su declaración.	De no haber consenso entre los comisionados electorales, tocaría al gobernador realizar la nominación, que deberá contar con el consentimiento de dos terceras partes de ambas cámaras legislativas. Si alguno de los cuerpos colgara el nombramiento, sería entonces el Tribunal Supremo el ente que decidiría quién sería la figura a cargo del organismo electoral.	Para los partidos, el PS 1314 refuerza la importancia de que los electores opten por votar por la insignia en la papeleta estatal. La reinscripción de los partidos, de ahora en adelante, dependería de que la colectividad obtenga al menos un 2% de votos íntegros en la papeleta estatal, eliminando así la posibilidad de mantener la franquicia mediante el total de votos por el candidato a la gobernación.	Asimismo, los partidos que reciban un 25% de votos íntegros en la papeleta estatal serán considerados “partidos estatales principales” y tendrán derecho a un "comisionado electoral propietario" en la CEE, con voz y voto en los asuntos electorales a lo largo del cuatrienio. En tanto, los partidos que obtengan entre 2% y 25% se considerarían partidos estatales”, y mantendrían un “comisionado electoral adicional”, que intervendría en la CEE solo durante el periodo de ciclo electoral.