Para pocos debe haber sido sorpresa que la atropellada designación de Eleuterio Álamo terminara como terminó. La controversia le rondó desde el día uno. Primero, por la orden administrativa de Julia Keleher quien, en un ejercicio de mollero extremo —con lo que parecería ser el aval de Fortaleza— quiso heredarle a Álamo sus poderes como titular, sin serlo. Más tarde, la larga fila de controversias, incluso dentro de su propio partido, y las demandas —una de ellas por discriminación política— negociada en el Tribunal Federal	Ahora, de manera interina, ha sido confirmado el ya subsecretario Eligio Hernández, quien también enfrenta su propio grado de controversia. Sin embargo, al hablar de Educación, resulta preciso poner en contexto el alcance de la salida de Keleher y el cambio de mando en la agencia. Sobre todo porque, para ciudadanos y líderes magisteriales, la salida parece abrir la puerta a la idea de revertir el cierre de escuelas, obviar la entrada de escuelas chárteres y la mayor parte de los cambios administrativos en esa dependencia.	El problema es que esa pretensión parte de una premisa equivocada: Keleher era la responsable de esas medidas. Si bien es cierto que Keleher ha sido el rostro público de las transformaciones en Educación, lo cierto es que ella —y quien quiera que sea su sucesor en la silla— no es otra cosa que un instrumento de la política pública del gobernador. Y el propio Ejecutivo lo ha dejado claro al abordar el tema. Por lo mismo, no debe esperarse que cualquiera que sea su sustituto “deshaga” la política pública, sino que la continúe.	Eso sí, el hecho de que reconozcamos que las acciones de Keleher hayan sido una extensión de la política pública no supone un ejercicio de pasividad. Como debe ser en todos los casos, los ciudadanos deben observar y analizar las acciones del Gobierno con detenimiento y, en definitiva, evaluar si han cumplido con el propósito articulado por el Estado. En el caso de Educación, se anticipó que el cierre de unas 300 escuelas lograría el ahorro de más de $300 millones. Entonces, en definitiva, ¿se procuró el ahorro? Si es así, ¿para qué se utilizó el dinero ahorrado? ¿Por qué hubo que pedir $1,200 millones adicionales después de los “ahorros? ¿Ha logrado la “reingeniería” administrativa de la dependencia que el país tenga hoy un departamento más ágil y mejor administrado? ¿Cuál ha sido el efecto de reducir $78 millones del presupuesto de Educación Especial? ¿Es el sistema más eficiente con los recortes? ¿Por qué las escuelas chárteres necesitan hoy más dinero público para operar si se supone que lo que se les asignó sería suficiente? Las respuestas a esas preguntas nos darán los elementos de juicio para determinar si, a fin de cuentas, las reformas de Educación han sido