, secuestro, utilizar un arma durante la comisión del delito que provocó la muerte de otra persona. Tres de estos cargos son punibles con la pena de muerte y eso es lo que la fiscalía federal está buscando, según Maceira. Han solicitado imponerle pena de muerte al acusado y el entonces secretario de Justicia federal, Jeff Sessions, certificó el caso como uno de pena capital.	El argumento principal del Gobierno de Puerto Rico es que “basado en los argumentos presentados por la defensa es si puede el Gobierno de Estados Unidos imponerle la pena de muerte a un ciudadano americano residente de Puerto Rico cuando este no ha podido votar por el presidente de Estados Unidos ni por representación congresional, careciendo de la acción política más básica de la democracia estadounidense: el consentimiento del gobernado”.	“Cerca de 20 estados de la Unión no utilizan la pena de muerte como acción penal y tres de ellos, aun cuando no la han abolido legislativamente, están en moratoria por los pasados años y hay unos 37 estados que no han ejecutado personas en los pasados cinco años”, planteó el secretario de Asuntos Públicos al afirmar que estos argumentos son parte del documento de amigos de la corte.	Explicó, además, que, en los argumentos de defensa, se alega que “existió un pacto entre Puerto Rico y Estados Unidos al momento de aprobar la Constitución, así que, por ende, la Constitución de Puerto Rico prohibiría que el Gobierno de Estados Unidos lleve a cabo este proceso”. Sin embargo, Maceira reconoció que, debido a los precedentes, consideran que este argumento no prevalecerá en los Tribunales, pero creen que sí prevalecerían en el argumento de falta de consentimiento del gobernado, que tiene su origen en 1776 y que en Puerto Rico no existe por ser un territorio.	“Definitivamente, el asunto del estatus tiene que ver y es un ejemplo más de lo que viven los puertorriqueños, donde se les pretende imponer leyes que pueden llegar como, en este caso, a privarles la vida, sin que hayamos tenido una oportunidad de favorecerla o rechazarla de una manera contundente y efectiva. Distinto de otras jurisdicciones que, tal vez, se oponen a la pena de muerte y tuvieron la oportunidad de presentar o proponer legislación que lo cambie”, manifestó Maceira.