“La cantidad de casos que me han llegado y la cantidad de datos que he podido recopilar en distintas fuentes son individuos. Normalmente, cuando son municipios tienen asesor legal, tienen área de Finanzas, que ya están más familiarizados con esos procesos. Pero el cliente, el consumidor, no tiene conocimiento y piensa que es un abono a la deuda, y cuando varios meses más tarde hace una reclamación, resulta que aquel pago que recibió por una cantidad bastante menor por las acciones que tomó y no estar apercibido de las consecuencias…, representó la extinción de la deuda”, detalló.	Además, el legislador dijo que el pasado martes envió una carta al comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, a fin de discutir la medida. Precisamente, datos de la Oficina del Comisionado de Seguros apuntan a que hasta la fecha se han pagado $6,000 millones, lo que representa el 97.7 % de todas las reclamaciones por los huracanes Irma y María.	“Ya los tribunales han decidido aquí que la industria de seguros está revestida de interés público, porque de lo que se trata es de proteger la propiedad y la vida de las personas que compran esos seguros de buena fe. No podemos tener un sistema en el que los consumidores están seriamente afectados por la desinformación y por una relación que deja”, puntualizó Ortiz.comparte