Después de varias semanas de ver cómo ese proceso se convirtió en una trampa burocrática, Rosselló y sus oficiales comenzaron a buscar sin éxito enmendar su aplicación. Veintidós meses después de los anuncios celebratorios, el Gobierno cataloga la decisión como una imposición de FEMA que ha resultado en el mayor retraso del proceso de recuperación.	Cuando el gobierno de Ricardo Rosselló evaluaba en 2017 las posibilidades de tramitar la ayuda de recuperación de los huracanes Irma y María, FEMA sugirió a los funcionarios de la isla que eligieran implementar a gran escala los Procesos Alternativos de la Sección 428 de la Ley de Stafford de Recuperación de Desastres.La sección 428 permite que FEMA pueda subvencionar a través de su Programa de Asistencia Pública la reconstrucción de obra permanente —como escuelas, hospitales, carreteras y otra infraestructura— de forma más “resiliente”. En algunos casos, puede reemplazar por completo una estructura que no merezca la pena ser reparada. El Programa de Asistencia Pública tradicional solo permite devolver las estructuras al estado en el que se encontraban antes del desastre, aunque estas ya estuvieran deterioradas o fueran inservibles.	Las metas de la Sección 428 se supone que sean reducir los costos para el Gobierno federal de proporcionar asistencia pública, dar mayor flexibilidad en la administración de esos fondos, acelerar la provisión de asistencia a un Gobierno estatal, territorial, o al propietario o entidad privada sin fines de lucro, y brindar incentivos financieros para la finalización oportuna y rentable de proyectos.