"Las extensiones se han logrado a través de una estrategia múltiple para diferir los costos operativos no críticos y utilizar las tarifas de presentación en la corte y otros saldos disponibles. La mayoría de las medidas son interrupciones temporales, y el Poder Judicial enfrentará muchas obligaciones de pago diferido una vez que finalice el cierre parcial del gobierno", indicó la AO en un comunicado.	En las últimas semanas, los tribunales y las oficinas de los defensores públicos federales han retrasado o diferido gastos como nuevas contrataciones, viajes no relacionados con los casos y ciertos contratos. "Los empleados del sistema judicial se reportan a trabajar y actualmente están en estado de pago completo", aseguró la AO.	En caso de que se agoten los fondos antes de que el Congreso y Trump lleguen a un acuerdo para reabrir el gobierno federal –en medio del cierre más largo en la historia de los Estados Unidos–, el Poder Judicial operará bajo los términos de la Ley de Anti-Deficiencia, que permite el trabajo de misión crítica.	"Esto incluye actividades para apoyar el ejercicio de los poderes constitucionales de los tribunales conforme al Artículo III, específicamente la resolución de casos y servicios relacionados. Cada corte determinará el personal necesario para apoyar el trabajo de misión crítica", explicó la Oficina en el comunicado. Los casos civiles serían los más afectados por el cierre, mientras que los juicios penales continuaría su curso en los tribunales.	El sábado se reportó que las cortes federales han seguido abiertas y resolviendo casos criminales, pero muchos casos civiles han quedado varados por falta de abogados en el Departamento de Justicia. Jueces han aprobado aplazamientos al gobierno luego que Justicia explicó que sin fondos, sus abogados no pueden trabajar salvo en circunstancias limitadas, como en "emergencias que involucran la seguridad de vidas humanas o protección de propiedades".