En conferencia de prensa, el grupo denunció que el centro ofrece servicios a personas que sufrieron un accidente o tuvieron alguna situación que los dejó incapacitados de forma repentina. Entre las denuncias está el cese del servicio de hospedaje para los participantes. "Por lo tanto, las terapias físicas que se ofrecen han disminuido al igual que todos los servicios multidisciplinarios que deben ofrecer por Ley Federal, servicios esenciales sobre todo para personas con condiciones severas que puedan volver al mundo del trabajo", manifestó David Figueroa, presidente de la Coalición.	El portavoz del colectivo agregó que ninguno de los miembros del grupo recibe servicios, sin embargo, han decidido levantar su voz por las personas que necesitan rehabilitarse para volver a trabajar. Asimismo, Figueroa aseguró que el Centro recibe $80 millones en asignaciones federales, por lo que pidió a Fortaleza y a la Legislatura que realicen una investigación sobre el cese de servicios.	De igual forma, denunciaron que en 2005 hubo un intento de desmantelar el centro para venderlo, por lo que temen suceda de nuevo. "Al ir por encima del veto del Gobernador, por primera vez en la historia, gracias a un grupo de líderes que estuvimos militantes en las gradas del Hemiciclo, donde se aprobó por los tres partidos la Resolución Conjunta de la Cámara 139 se convirtió en la Resolución Conjunta 7 del 17 de mayo de 2005, creando un precedente", contó el grupo sobre los intentos que han realizado en el pasado por mantener la prestación de servicios que se dan a una población de escasos recursos económicos.