Esta semana, NotiUno reveló un audio de una reunión en la que el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, amenazaba a funcionarios de esta administración si no se recaudaba dinero para la campaña del gobernador Ricardo Rosselló. Dijo que “la paciencia también está agotada” y distribuyó boletos para dos actividades políticas celebradas en el mes de marzo. En un intento apresurado e impensado por contener la controversia, Llerandi y Rosselló admitieron que se había celebrado la reunión y adujeron que no había nada ilegal en que, en su tiempo libre, el secretario hubiera hecho tal solicitud a empleados gubernamentales.	Al siguiente día, presenté una querella ante la Oficina del Fiscal Especial de Estados Unidos por violaciones a la ley federal Hatch. Esta ley prohíbe que empleados estatales o locales que trabajen con fondos federales, como evidentemente es el caso con Llerandi, quien además de secretario de la Gobernación es director de la Compañía de Comercio y Explotación y administrador de la Oficina del Gobernador, les soliciten a empleados subordinados cualquier cosa de valor para una causa política. La sanción por tal violación es la destitución del empleado o, en caso que el Gobierno se rehusara, la pérdida de fondos federales equivalente a dos años de su salario.	A mí me tiene sin cuidado. El tiempo dirá si la querella prospera. Estoy convencido de que los fundamentos existen y que Llerandi admitió haber violado la ley. Más importante es que al país también se le ha agotado la paciencia con la corrupción en el servicio público. Extirpar este cáncer no es solo bueno para nuestra democracia, es bueno para los empleados que se ven obligados por sus supervisores a rendirle servicio a un partido para poder servirle a Puerto Rico. comparte