Se trata de la segunda extensión de garantía de pago por servicios prestados a los beneficiarios del plan Vital del Gobierno de Puerto Rico aprobada por ASES, con la que deben cumplir las cinco aseguradoras que administran Vital. La primera tenía vigencia hasta el 28 de febrero de 2019, luego de que se anunció a finales de enero. Pero al filo de la culminación de ese periodo, Ávila anunció una nueva extensión con vigencia hasta el 31 de marzo.	En medio de un panorama en el que varios sectores de la salud y proveedores de servicios médicos han denunciado que algunas de las aseguradoras que administran el plan han dificultado el proceso de transición al nuevo modelo y los procesos de contratación y pago, las instituciones y proveedores de servicios de salud mental también levantaron bandera recientemente en esa dirección.	“ASES está haciendo su parte en esforzar cuál es la política pública del Gobierno, pero te tengo que decir que algunas aseguradoras están renuentes a aceptar lo que es la política pública del Gobierno en términos de garantizarle libre acceso a la población de pacientes de salud mental a la facilidad de salud mental de su preferencia y a donde entiende que puede recibir el mejor servicio posible”, apuntó el licenciado Astro Muñoz Aponte, presidente del Comité de Salud Mental de la Asociación de Hospitales, en declaraciones a	“Hay algunas aseguradoras de las que tienen contratos con ASES para cubrir esta población que, simplemente, han decidido no contratar, esperando que se termine el periodo de transición, y hay otras tantas que han decidido impulsar un tipo de contratación que no está alineada con la política pública del Gobierno de que el paciente tenga libre acceso”, aseguró.	De acuerdo con datos provistos por ASES, en el renglón de pacientes únicos atendidos por profesionales de la salud mental, hubo una reducción de 58,272 al comparar las estadísticas de enero a octubre de 2017 y 2018. Dentro de ese mismo renglón, en total hubo 136,820 pacientes atendidos en 2017, pero en 2018 se redujo a 78,548. Esas cifras, subrayó Ávila, no reflejan la realidad del escenario de salud mental en Puerto Rico.