“Mucha gente pensará que me voy dolida, sentida, que no quiero irme y es todo lo contrario. A pesar de los dos o tres que no deberían llamarse maestros, me doy cuenta que hemos hecho tanto, pues me voy con una satisfacción bien grande. Siento dolor, porque confié demasiado en quien no debí confiar, me traicionaron. No pensé nunca que hubiese tanta maldad en la gente. Pero siento satisfacción y alegría también”, dijo.	“Me pregunto si ellas han pensado en eso. Porque si son casadas, tienen que tener un esposo que sea sumamente tolerante y cooperador. Mi consejo es, va a venir mucha gente que se les va a acercar y como me dijeron a mí, los que hoy están contigo no van a estar hasta el final. Viene mucha gente por interés. Tienen que ser objetivas, a veces hay que despedir a compañeros y amigos. Hay que decirle a la gente que no y tiene que entender que va a vivir para esto”.	“Yo le pedí a la Junta (de Directores) que me permitieran irme antes, completar mi término y que adelantaran la Asamblea. La Junta lo aprobó, se llevó a una Asamblea General y se acordó adelantar la misma. Después de ocurrido lo de la difamación y lo demás, uno pierde el deseo de seguir adelante. Ahora se va a enmendar el Reglamento para que las Asambleas puedan ser entre octubre y diciembre y no estén atadas a un mes en particular”.	“Hay una enmienda que dice que el maestro que venga a trabajar aquí, hay que darle las mismas licencias que le dan en el Departamento de Educación, lo que implicaría que habría que darle los dos meses de vacaciones mientras esté trabajando aquí. Otra enmienda sobre cómo se van a elegir a los presidentes, hay otra enmienda para asignarle el salario al presidente y al vicepresidente”, sostuvo Díaz como ejemplos de las 17 enmiendas a evaluar en la Asamblea de Delegados.	Entre los asuntos pendientes, expuso que el de mayor preocupación es la negociación con la Junta de Control Fiscal para el Sistema de Retiro. Luego de que no prevaleciera en votación el acuerdo que negociaron para el magisterio con el ente fiscal creado bajo la ley federal PROMESA, la AMPR comenzó un proceso de recogido de firmas para endosar que se retomen las negociaciones.