El pasado 21 de noviembre la corporación pública volvió a adjudicarle a Triple S la administración de la cubierta médica para empleados y retirados. El contrato de un año está valorado en $42 millones y actualmente se encuentra bajo la revisión de la Junta de Control Fiscal. En 2018, Triple S también prevaleció en la subasta de la AEE para administrar la cubierta de salud.	De acuerdo con la representación legal de MMM, la determinación de la AEE "atenta contra la sana administración pública de una corporación pública e implica y significa un despilfarro de fondos públicos". MMM alegó que la corporación pública tendría un ahorro de 12% con su contratación y que se trató de la propuesta con mayores beneficios médicos para empleados y retirados en comparación con la oferta de la aseguradora Triple S.	Aunque la empresa reconoció que la oferta más económica no es el único factor que se contempla durante una subasta gubernamental, "la consideración primordial debe ser proteger los fondos del pueblo de Puerto Rico". Señalaron, además, que las leyes de Puerto Rico indican que si una empresa presenta la oferta más económica y cumple con todos los requisitos, esta debe ser considerada para prevalecer en la subasta ya que disminuye los riesgos de favoritismo y corrupción gubernamental.	MMM también planteó que la AEE no les informó los fundamentos en los que se basaron para adjudicarle la subasta a Triple S, según se requiere en los procesos de subasta gubernamental. Esto a pesar que la propia corporación pública admitió que la opciones e iniciativas de MMM para las áreas de hospitales eran las más competitivas.	Esta semana, el representante del Partido Popular Democrático (PPD) Jesús Manuel Ortiz y el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José 'Pichy' Torres Zamora objetaron la contratación de la AEE con Triple S por tratarse de un contrato oneroso para el gobierno de Puerto Rico. Torres Zamora fue más allá y solicitó al director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, a que revocara el contrato.