En días recientes, se han hecho dramáticamente evidentes los serios y profundos problemas de la sociedad puertorriqueña en diversos ámbitos. En primera instancia, la denuncia sobre la participación del secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, en una reunión con secretarios del gabinete, amenazándolos y extorsionándolos para que participaran de la venta de boletos para actividades de recaudación pro fondos para la campaña política del actual gobernador. En otras palabras, el más escandaloso símbolo del clientelismo e inversionismo político en clara violación al Código Penal y a la Ley de Ética Gubernamental. Se consigna así, una vez más, la desgraciada conducta que cuatrienio tras cuatrienio utiliza al Gobierno, a los contratistas y el control gubernamental para el beneficio del partido político en el poder, afianzando la corrupción política.	El segundo evento fue nuestra denuncia ante la desaparición de treinta y siete murales, esculturas y pinturas de artistas puertorriqueños en edificios del Gobierno, principalmente en escuelas públicas. Luego de realizar una inspección por parte de personal de mi oficina y legisladores municipales del PIP en setenta edificios públicos, el resultado de este trabajo de campo muestra otro crimen a nuestro patrimonio nacional que, lamentablemente, forma parte invariable ya de la realidad puertorriqueña. Es un deber ineludible que el gobernador firme la Resolución Conjunta 311 de nuestra autoría, recientemente aprobada en la Legislatura, que ordena al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) realizar un inventario y proteger de todas las obras de arte, murales, pinturas y esculturas, que están situadas en las estructuras e inmuebles que sean propiedad del Gobierno.	Como tercer ejemplo, destaco la tragicomedia del presupuesto del país. El presentado por el gobernador era diferente al de la Junta de Control Fiscal, aprobado en Cámara y Senado con turnos describiendo lo “grandioso de este presupuesto”. En la mañana del 26 de junio, el país desayunó la noticia de que ese presupuesto no existía, que la Junta había impuesto el suyo, reafirmando la más burda condición colonial en que vivimos.