El juez federal Claudio Bonadío, quien ha llevado adelante la mayoría de las causas que involucran a la exmandataria de 66 años, dio por concluida la investigación por el presunto pago de sobornos a funcionarios a cambio de la adjudicación de obras públicas y resolvió que 52 acusados, entre ellos Fernández de Kirchner, respondan por los cargos en un juicio oral, informó el lunes la agencia estatal Télam.	No es el primer juicio contra la exmandataria (2007-2015). Desde junio enfrenta a un tribunal por haber supuestamente encabezado una asociación ilícita que otorgó de forma discrecional obras públicas a un empresario amigo en la provincia sureña de Santa Cruz, de la que su esposo y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007) fue gobernador.	El propio Bonadío, además, elevó a juicio oral en septiembre una causa que tiene a la dirigente de centroizquierda como presunta jefa de una asociación ilícita que durante su mandato se habría dedicado a cobrar sobornos a empresarios a cambio de ser beneficiados con contratos. Este juicio aún no ha empezado.	El caso se inició a partir de la aparición de fotocopias de anotaciones que llevaba en un cuaderno el chofer de un exalto funcionario kirchnerista sobre supuestas maniobras de recaudación de dinero de empresarios. A partir de ese material y el testimonio de empresarios, antiguos funcionarios y financistas arrepentidos, Bonadío detectó supuestas irregularidades en contratos de importación de gas natural licuado, adjudicación de corredores viales, subsidios al transporte ferroviario y transporte automotor de corta distancia y amaño en las licitaciones de contratos.	La resolución de este lunes corresponde a una causa derivada de esta última investigación y vincula a importantes empresarios de la construcción con el entramado de corrupción. Entre el medio centenar de acusados también figuran el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el expresidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner y el empresario Ángelo Calcaterra, primo del exmandatario Mauricio Macri.