El abogado constitucionalista Carlos Ramos y la ingeniera Ingrid Vila, quien fue miembro del comité de transición del exgobernador Alejandro García Padilla y su secretaria de la Gobernación, coincidieron en que la Ley 201 de 2004 no aplica, puesto que no se trata de un proceso de transición tras una elección.	“Por ejemplo, ¿quién garantiza que no se estén llevando a cabo transacciones, se estén dando permisos, contratos y decisiones de manera indiscriminada en un último intento de beneficiar allegados o repagar favores políticos? De igual forma, ¿cómo sabemos que no se están acomodando allegados en puestos de carrera o de confianza en agencias y corporaciones sin que medie un proceso competitivo de mérito?”, cuestionó la ingeniera.	Mientras tanto, Rosselló sigue firmando leyes y aprobando medidas. Sin embargo, no ha ofrecido ruedas de prensa y la información oficial sobre la transición se ha limitado a unas cuantas fotos publicadas en Twitter. Este medio solicitó entrevistar funcionarios del ejecutivo, como el saliente secretario de la gobernación Ricardo Llerandi y el subsecretario Erik Rolón, en ánimos de conocer el estatus del proceso de transición, pero al cierre de esta edición no estuvieron disponibles.	Sin embargo, es la Cámara de Representantes quien debe ofrecer su “consejo y consentimiento” ante el posible nombramiento de un secretario de Estado, parte esencial de este proceso de transición. Al cierre de esta edición, ni el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, ni el portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló, estuvieron disponibles para entrevista.