que solicitará al Tribunal Supremo de Estados Unidos una revisión a la decisión del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston (el pasado 15 de febrero de 2019), que determinó que los miembros de la Junta tienen que ser nombrados en conformidad con la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de Estados Unidos.	“La Ley Promesa creó a la Junta de Supervisión como una entidad dentro del Gobierno de Puerto Rico y no del Gobierno federal. Por lo tanto, la cláusula de nombramiento no aplica a los miembros de la Junta. La mayoría de los miembros de la Junta votó a favor de la apelación”, alegaron en la comunicación escrita.	El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino, expuso que “las resoluciones conjuntas son actos legislativos del Gobierno, de igual naturaleza que una ley y aprobados mediante el mismo proceso legislativo. Por lo tanto, la Sección 204 de Promesa controla el proceso de revisión de las resoluciones conjuntas. Las disposiciones de cumplimiento del presupuesto bajo la Sección 203 de Promesa son completamente inaplicables al presente asunto y, en cualquier caso, la Junta de Supervisión carece de jurisdicción bajo la Sección 203 para invalidar cualquier acto legislativo”.