, al expresar que la emisión se hizo con el rigor que establece el sistema fiscal estadounidense. Esta mañana, Bhatia comentó en la red social Twitter que está de acuerdo con García Padilla en el sentido de que a la emisión se le dio paso legalmente basados en la orientación que consultores le brindaron en el 2014, pero que ahora estamos ante una nueva interpretación constitucional en el 2019.	que concluyó en abril de 2018 no proceder contra ninguna de las partes involucradas en la transacción; hay sectores en el PPD que resienten el peso político de haber dado paso a una emisión para que en el plazo de un año se declarara impagable. La investigación de la SEC incluyó entrevistas hasta al exgobernador García Padilla. Ahora la	. Los intereses de esa emisión de bonos eran de 8 % y 8.7 %. En aquel momento, se informó que Puerto Rico recibiría aproximadamente $3,200 millones del producto neto de la emisión, de los cuales unos $900 millones fueron a refinanciar deudas de corto plazo y finiquitar acuerdos de intercambios de intereses (swaps que es similar a un préstamo	. Pero horas antes, la Legislatura había aprobado un presupuesto que él firmó y que incluía partidas para el pago del servicio de la deuda. Esto provocó una fractura al interior del PPD, pues perdió el apoyo de legisladores que le habían aprobado varios mecanismos fiscales que respaldaban su política pública hasta ese momento de que la deuda se pagaría.	obtuvo copia de una carta de seis páginas circulada al Consejo General del PPD constituido por unas 600 personas, tan reciente como en agosto de 2018 en la que el representante popular, Rafael “Tatito” Hernández discute lo que califica como “errores, desaciertos y malentendidos” entre los años 2013 al 2016 en aras de discutir diferencias y prepararse para el nuevo ciclo electoral. La carta va sobre 28 momentos controversiales de la administración de García Padilla. Entre los puntos se incluye el discurso del pago de la deuda, las medidas controversiales de la administración y la expresión de que la deuda era impagable.	¿Fueron inducidos a error los legisladores? ¿Fue una transacción en ley? ¿Podía o no podía pagarse esa deuda? ¿Cuánta responsabilidad tienen los funcionarios electos de ese período en la crisis que vivimos hoy?, todos esos cuestionamiento ya resuenan en la carrera del Partido Popular Democrático de cara a las elecciones del 2020.