Tras una salida abrupta de La Fortaleza, resultado de las revueltas sociales del verano de 2019, Beatriz Rosselló, esposa del renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares, regresó de visita a Puerto Rico la semana pasada y a su arribo al aeropuerto Luis Muñoz Marín la esperaron tres guaguas oficiales de la Policía que la escoltaron desde un terminal distinto al de los demás pasajeros.	Sin embargo, nadie en el Gobierno ha llamado la atención de que el señor comisionado se ha equivocado al tomar esta decisión, de la misma manera que erró cuando, por su cuenta, decidió asignarles escoltas a Rosselló Nevares y a su familia cuando estos salieron huyendo del país y se radicaron en Estados Unidos.	A tenor con la Ley 2 del 26 de marzo de 1965, según enmendada, un exgobernador es “cualquier persona que haya ocupado el cargo de gobernador bajo las disposiciones de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la elección popular, que no haya sido destituido, y que haya ocupado dicho cargo durante un término no menor de cuatro años o cesare en el mismo por razón de incapacidad mental o física antes de cumplirse dicho término”.	ni disfrutar de carro y chofer, ni recibir la asignación anual de $40,000 en fondos públicos que se destinan para cubrir gastos de su oficina como exmandatario. Y ni hablar de colgar un óleo con su imagen en el salón donde posan los cuadros de los pasados inquilinos de La Fortaleza.	Ante esta situación, podríamos pensar que nada pasará y que el renunciante gobernador y su esposa continuarán disfrutando de privilegios que no le pertenecen porque le correspondería a la gobernadora “ponerle el cascabel al gato”, una situación incómoda para ella, quien, al hacerlo, estaría anticipando que, por las disposiciones de la Ley 2 de 1965, ella también está excluida de disfrutar de esas prebendas una vez concluya sus funciones en enero de 2021.comparte