Aráoz dejó el cargo un día después de rendir juramento como presidenta en una inusual sesión parlamentaria, que se produjo como respuesta a la orden de Vizcarra de disolver el Congreso. El mandatario cerró el parlamento después de que no se le concediera la posibilidad de instalar rigurosos filtros al proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional, un órgano clave en el manejo del poder local.	La decisión de Aráoz disminuye el clima de incertidumbre política que reina en Perú desde la disolución del Parlamento unicameral dominado por el partido opositor Fuerza Popular de Keiko Fujimori, quien se encuentra en prisión mientras la fiscalía conduce una investigación sobre el presunto recibo de sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.	En un comunicado la OEA valoró como un “paso constructivo” que Vizcarra haya convocado a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020 “y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano”. Los nuevos 130 legisladores culminarán su gestión el 28 de julio de 2021 cuando junto a Vizcarra entregarán el poder a la siguiente administración Ejecutiva y Legislativa.	Decenas de peruanos comenzaron a apostarse detrás de las rejas para apoyar por segundo día la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso. Otros miles salieron la víspera a celebrar el “cierre del nido de las ratas”, en referencia al desprestigiado Parlamento unicameral, mientras las fuerzas armadas y policiales junto a la Asamblea de Gobiernos Regionales le mostraron su respaldo.	Por el contrario, Aráoz no recibió apoyo de ninguna institución pública salvo del Parlamento luego de que fuera disuelto, por lo que sus decisiones no tienen ningún valor, dijo a The Associated Press César Landa, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Las decisiones parlamentarias son “como los frutos de un árbol que ya están podridos”, añadió.	Sin embargo, otros abogados consideraron que Vizcarra realizó un mal manejo político de la situación. “El presidente ha traspasado todos los límites, se ha ido más allá de lo debido”, dijo Raúl Ferrero, quien era senador cuando en 1992 el Congreso fue disuelto por el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000), el más reciente episodio de este tipo en la historia peruana.	El presidente del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, admitió en una conferencia con la prensa internacional que “por el momento” era presidente de la Comisión Permanente, el órgano de casi 30 parlamentarios que sobrevive tras la disolución y únicamente acumula los decretos de urgencia con los que Vizcarra legislará hasta que se instale el nuevo Congreso en 2020.	Precisamente el Tribunal Constitucional, conformado por siete magistrados y clave en el manejo del poder, fue el centro de la disputa que desencadenó la disolución del Parlamento. Vizcarra buscaba que el Congreso escogiera a seis integrantes pero añadiendo rigurosos filtros para su elección, pero el Parlamento hizo caso omiso al pedido y eligió a uno de ellos. Esa actitud provocó el cierre del Legislativo.	El máximo órgano judicial en asuntos constitucionales debe definir pronto la liberación o permanencia en prisión de Keiko Fujimori. También debe decidir si la fiscalía puede investigar a más de dos decenas de congresistas que habrían recibido dinero de Odebrecht para sus campañas. Su nueva composición se convirtió en el epicentro de la batalla entre el gobierno de Vizcarra, que lanzó una cruzada anticorrupción en 2018, y el Parlamento cuyos integrantes necesitaban tener magistrados afines a sus intereses.	Unos 300 policías mantenían rodeado el Parlamento y el general policial Jorge Lam dijo a la prensa que sólo estaban autorizados a ingresar al edificio los miembros de la Comisión Permanente. Dos legisladores opositores, Gilbert Violeta y Carlos Tubino, afirmaron a la prensa que habían recibido agresiones físicas por parte de simpatizantes del gobierno de Vizcarra.	Fujimori se mantuvo ocho años más en el poder y fue reelecto dos veces. Abandonó la presidencia en el año 2000 tras varios escándalos de corrupción y finalmente dimitió desde Japón, adonde había huido. Fujimori está sentenciado a 25 años de prisión por su responsabilidad en el asesinato de 25 peruanos durante su gestión. También está sentenciado por corrupción.	"Los peruanos no derramarán muchas lágrimas", dijo Steven Levitsky, un politólogo de la Universidad de Harvard que ha estudiado extensamente a la nación, en referencia al disuelto Congreso. “Por ahora la democracia es probablemente segura porque todo el mundo es débil”, añadió. "Eso garantiza cierto pluralismo, pero deja a Perú vulnerable a un político demagógico”.comparte