“Hay unos grandes indicadores de que Pierluisi cometió una violación crasa a la Ley de Ética Gubernamental”, sostuvo el abogado Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. “Es preocupante y deja mucho que desear, particularmente en las circunstancias en que ostentaba el puesto de gobernador, de dudosa legalidad, lo que significa que debió ser más prudente de lo usual”.	El día en que la representante Charbonier levantó el teléfono para responder una llamada de Pierluisi, lo hizo por la persona de la que se trataba: un ex comisionado residente en Washington y una de las figuras clave de su Partido Nuevo Progresista. Pero no conocía el motivo de esa comunicación. “Él no me dijo que era cabildero. Llamaba por un cliente de su bufete de abogados”, dijo Charbonier. Pierluisi estaba interviniendo en favor de AES y en contra del Proyecto del Senado 1221, que busca prohibir el depósito y disposición de cenizas de carbón en terrenos y vertederos de Puerto Rico, al igual que el Agremax, mezcla de agua y cenizas.	“El proyecto llegó a finales de mayo a la Cámara de Representantes. Estábamos en los trámites finales. Pierluisi entendía que ese proyecto lo iban a mandar a mi Comisión y ahí me hace la llamada. El punto es que él entendía que no debía proceder esta ley”, sostuvo Charbonier. “La barbaridad es que Pierluisi se pone a favor de una empresa que pone en riesgo la salud y la vida humana”.	El artículo 4.2, inciso (g), de la Ley de Ética Gubernamental indica que un servidor público no puede intervenir, directa o indirectamente, en cualquier asunto en el que él, un familiar o su socio tenga un conflicto de interés que resulte en la obtención de un beneficio para cualquiera de ellos. Tampoco podrá tomar acción sobre un tema en el que pueda haber conflicto de interés hasta dos años después de su nombramiento. El artículo 4.5 le ordena informar a la Oficina de Ética Gubernamental antes de llevar a cabo cualquier acción relacionada con ese posible conflicto de interés. La Ley impone sanciones administrativas de hasta $20,000 dólares por cada violación.	La asesora ejecutiva de la OEG, Jennifer Rodríguez, indicó que la agencia no podía hacer una valoración sobre estos señalamientos a Pierluisi porque si recibe un referido de investigación tiene que pasar juicio. Millie Hernández, portavoz de la firma de abogados O’Neill & Borges, no respondió si Pierluisi se reincorporará al bufete. Caridad Pierluisi, hermana del abogado y cabildero, tampoco respondió a una solicitud de información al respecto.	La empresa no solo tiene pendiente producir electricidad por medio de fuentes más limpias, sino que enfrenta una negociación para reducir el costo de la electricidad que venden a la AEE sus dos plantas, la de carbón y la de energía solar. Así lo exige el plan fiscal de la corporación pública, impuesto por la Junta de Control Fiscal, el ente creado por el Congreso de EE. UU. para que Puerto Rico reestructure su deuda. Pierluisi también fue abogado de la Junta.