El juez federal Gustavo Gelpí determinó hoy que las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal (JCF) no son la causa para que, entre los años fiscales de 2016 a 2019, el gobierno puertorriqueño haya desviado unos $20 millones del presupuesto asignado a la División de Servicios a las Personas con Discapacidad Intelectual (Dspdi) hacia el fondo general.	“Esta corte entiende que la JCF no es la causa, ni responsable de forma alguna, por el desvío de los fondos de la Dspdi. Al contrario, las acciones de la JCF de ahora en adelante serán cruciales para el cumplimiento del gobierno con sus obligaciones sacrosantas hacia todos los participantes bajo el Plan de Acción para el Cumplimiento Conjunto. Cualquier intento futuro de responsabilizar a la JCF sería irresponsable y sin fundamento”, plantea Gelpí en la orden judicial.	Citando una moción presentada en noviembre por la JCF, Justicia federal informa su apoyo a iniciativas tales como incrementar el presupuesto de la Dspdi, agregar en el presupuesto certificado del Departamento de Salud una partida segregada con la asignación a esta división y eximir a la Dpsdi del requisito de mantener una reserva presupuestaria, disposición que se extendería a todo el Departamento de Salud.