“Los eventos que llevaron a la presentación de estos cargos criminales, donde se defraudó al estudiantado del País y perjudicó los servicios médicos dirigidos a la población más vulnerable, y el contenido de las conversaciones del chat denotan una incapacidad de estos funcionarios para dirigir los destinos del País”, señaló el presidente del CAAPR, Edgardo M. Román Espada.	Según la entidad, la determinación tomada ayer por la Junta responde al llamado de la institución de velar por los mejores intereses de Puerto Rico y la protección de los más altos valores de justicia, ante el debate que se ha suscitado sobre la permanencia del gobernador en su posición electa.	“La Constitución de Puerto Rico establece un mecanismo mediante el cual las estructuras democráticas permiten acusar y enjuiciar al gobernador con el fin de destituirle del cargo. Esto ocurre en instancias en que un gobernador cometa traición al País, delitos graves o menos graves que impliquen depravación moral”, explicó Román Espada.