El asesor legal de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), Jorge Sagardía, emitió unas declaraciones escritas que apuntan a serios señalamientos, incluso sobre posibles violaciones de ley bajo la administración del pasado presidente del organismo, Rafael Batista, quien ya enfrenta una querella de la Oficina de Ética Gubernamental.	Sagardía denuncia en el comunicado de prensa un intento de Batista para enmendar un contrato entre WIPR y TeleAmerica de manera ilegal. “Antes que el Sr. Rafael Batista dejara la presidencia de WIPR, firmó una enmienda retroactiva al Contrato de Colaboración con TeleAmerica, lo cual no está permitido por ley, en donde se pretendía extender la vigencia del contrato hasta el 31 de diciembre del 2023”, se precisa en el escrito.	Además, el asesor legal de WIPR, detalla que se quería añadir “una cláusula donde no se podía cancelar dicho contrato de manera unilateral". Según el análisis del abogado, una enmienda para prohibir la cancelación de cualquier contrato por parte de una entidad pública de manera unilateral, es “totalmente” ilegal. Batista fue informado sobre esto por la oficina de Contratos de WIPR, razón por la que el contrato nunca llegó a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.	El contrato con TeleAmerica fue cancelado el pasado 27 de junio de 2019, mediante una carta oficial, amparándose en la cláusula sexta que establece que “este contrato podrá ser cancelado por cualquiera de las partes sin que medie justa causa mediante notificación por escrito al menos diez días anteriores a la fecha efectiva de cancelación.	Por esta razón, se indica, que se le cursó una carta de cese y desista al Doctor Norman Quintero, presidente de TeleAmerica, para que detenga el uso de la programación e imágenes de WIPR en la señal de TeleAmerica, carta que fue recibida según confirmó el abogado de Quintero, el licenciado Alfredo Ocasio. Quintero ha estado difundiendo información sobre supuestas irregularidades en las estaciones del Estado que a su vez ha sido negada por la gerencia de WIPR. El representante de TeleAmerica interesa operar la corporación pública que la Junta de Supervisión Fiscal quiere pasar a manos privadas.	La razón por la que Justicia se encuentra investigando este acuerdo contractual bajo la presidencia de Batista y Efraín Oliver, al igual que la Oficina del Contralor y Ética Gubernamental, es por Oliver no haber cumplido con el plazo de dos año fuera del Gobierno, tal como lo requiere la ley, para obtener algún contrato.