“Este plan fiscal no consistía en cambiar políticas, repensar grandes decisiones que se habían tomado previamente”, expuso la portavoz de la JCF en un aparte con la prensa. La portavoz del ente creado por la Ley Promesa indicó también que “el plan propuesto no incluye iniciativas detalladas de reforma estructural crítica o la información más reciente para las proyecciones de referencia, sino que incluye varias políticas nuevas que son incompatibles con el mandato de Promesa”.	Entre las revisiones que se solicitaron al Gobierno está el estimado de fondos por parte de FEMA, ya que el plan fiscal propuesto indica que son $60,000 millones. “Mientras tanto, el informe de 12 meses de FEMA publicado en octubre de 2018 indica que los fondos (excluidas las categorías de Asistencia Individual y Administrativa) serán de $ 65B durante la vida de la tormenta. Revise el plan propuesto para reflejar el monto total del fondo que FEMA informa”, indicó la JCF.	Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino rechazó los señalamientos de la Junta. “Nuestra propuesta de plan fiscal refleja los números más certeros y recientes del comportamiento fiscal de la isla”, indicó el funcionario en una declaración escrita.	Finalmente, la Junta también descartó el tema del estatus en el plan fiscal. “El plan propuesto incluye referencias a la condición de Estado de Puerto Rico y al trato desigual al recibir fondos federales. La Junta de Supervisión no puede certificar un plan fiscal con tales referencias, ya que no es una entidad política”, sentenció la JCF.