Si bien el entonces gobernador Ricardo Rosselló firmó más de 60 medidas antes de salir de su cargo el pasado 2 de agosto, también vetó 24 proyectos legislativos. Entre ellas, descartó firmar una resolución que buscaba que el Instituto de Cultura Puertorriqueña protegiera las obras de arte y murales en escuelas cerradas y alquiladas a entidades privadas.	El rechazo expreso de Rosselló a estas medidas se dio a conocer hoy en la agenda del primer día de la sexta sesión ordinaria. Entre las medidas que vetó el entonces ejecutivo se encuentran el proyecto del Senado 713 que pretendía crear un protocolo para la determinación de la causa y manera de las muertes relacionadas a desastres naturales. El proyecto, a su vez, buscaba "disponer sobre los mecanismos para la disposición para la recopilación de información sobre las muertes relacionadas a desastres naturales o eventos catastróficos".	Rosselló justificó su rechazo debido a que el certificado de defunción estándar cuenta con la información pertinente para recopilar datos de las muertes y las condiciones que contribuyeron. "Esta práctica, de emplearse, podría afectar la data que se recopila para fines estadísticos que requieren la ley y las agencias federales, pues tendríamos dos prácticas simultánea, complicando el manejo de la data", lee la comunicación de Rosselló al Senado.	La justificación de Rosselló para rechazar la medida se basó en que no identifica fondos para que el ICP realice la gestión ya que la dependencia gubernamental no cuenta con los recursos. "La medida en sí no identifica fondo alguno que le permita al ICP cumplir con la encomienda planteada", sostuvo el entonces ejecutivo.	Otra medida que descartó Rosselló fue la resolución conjunta 360 de la autoría del senador Miguel Romero que buscaba facilitar los fondos la utilización de los fondos Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres de Puerto Rico (CDBG-DR, por sus siglas en inglés) para beneficio de la reconstrucción y recuperación de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña.	La medida pretendía que el Departamento de la Vivienda enmendara el Plan de Acción federal. "Si bien compartimos la preocupación reflejada en la Resolución Conjunta, esta lamentablemente no es ejecutable, ya que las enmiendas al Plan de Acción sugeridas no son cónsonas con la normativa federal que rige el desembolso y uso de estos fondos particulares destinados a la recuperación", reza la comunicación.	Una medida que propone establecer un procedimiento para la revisión de las facturas de energía eléctrica emitidas luego de los huracanes Irma y María también fue vetada por Rosselló. En esta ocasión, la medida de la autoría del representante Jorge Navarro, su argumento para rechazar la medida surge debido a que la Ley 57 de 2014 dispone mecanismos para que los abonados objeten las facturas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). "También es de conocimiento general que desde septiembre de 2017 hasta febrero de 2019 la AEE no emitió avisos de suspensión de servicio, por lo cual sus clientes tuvieron amplia oportunidad de objetar sus facturas, ponerse al día en el pago de estas y solicitar acuerdos de pago", lee la comunicación del gobernador al cuerpo legislativo.	Por su parte, Rosselló también descartó una medida que buscaba asignarle autoridad al secretario del Departamento de Justicia para presentar pleitos legales para defender las pensiones ante posibles recortes de la Junta de Control Fiscal (JCF). La medida 1716 de la Cámara de Representantes fue presentada por el presidente cameral, Carlos "Johnny" Méndez y el representante José "Quiquito" Meléndez.	Según Rosselló, la entonces secretaria de Justicia y ahora gobernadora Wanda Vázquez emitió una opinión en la que indicó que el funcionario a cargo de Justicia está encargado de promover el cumplimiento y la ejecución de la ley y ser el principal representante legal del Gobierno. Asimismo, consideró que la propuesta podría crear un conflicto de interés con las posturas del Departamento.	"Indican que tal propuesta crearía un conflicto de interés en la representación legal que pudiera asumir el Departamento a la misma vez que podrían estar sujetos a demandas y reclamaciones de los propios beneficiarios de los Sistemas de Retiro en el cobro de sus aportaciones y demás acciones reconocidas en la Ley 106 de 2017", sostuvo Rosselló.comparte