“Cuando radicamos este proyecto, nosotros estábamos buscando que la prohibición de utilizar las terapias de conversión les aplicara a dos grupos: uno, el de profesionales de salud, y el otro, el grupo de instituciones mayormente sin fines de lucro que reciben fondos del Gobierno de Puerto Rico”, explicó la senadora Zoé Laboy, una de las autoras de la medida, en declaraciones a	Ese segundo grupo incluiría entidades de base fe cristiana o religiosa bajo la clasificación de “organizaciones sin fines de lucro”, pero desde antes de que ayer fuera publicado el borrador de la medida que bajaría al Pleno era de conocimiento público que esa segunda parte se había eliminado. El cambio se realizó en la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas del Senado de Puerto Rico, que lidera el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz.	La legislación establece que ninguna entidad, persona o profesional, licenciado o certificado para proveer servicios de salud mental podrá practicar o someter a un menor de edad a terapias de conversión. También sostiene que la prohibición de la práctica aplica únicamente bajo los parámetros establecidos en la Ley de Salud Mental de Puerto Rico, según enmendada.	“Nada de lo dispuesto en esta ley se interpretará como que coarta o limita las facultades y deberes de los padres, así como tampoco prohíbe a consejeros, consejeros espirituales o religiosos e, inclusive, a profesionales de la salud, discutir o recomendar tratamientos y a expresar sus opiniones sobre cualquier tema”, subraya la medida.	Laboy sostuvo que se encontraba analizando en detalle las enmiendas realizadas al proyecto para determinar cuál sería su voto. “Yo estaría en contra de cualquier lenguaje que en ese proyecto hable de que un profesional de la salud pueda presentar como alternativa la terapia de conversión, porque sería, entonces, contrario al espíritu de esa pieza”, argumentó.