Y es que el pasado 27 de junio, el gobernador Ricardo Rosselló firmó la Orden Ejecutiva 2019-30 en la que extiende a seis meses el término de emergencia fiscal en la isla. El primer ejecutivo firmó el documento al amparo de la Ley 5 de 2017 en el que decretó un periodo de emergencia fiscal  “durante el cual el gobernador puede tomar medidas para garantizar la responsabilidad fiscal del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades y la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes de Puerto Rico”.	Precisamente, la polémica de corrupción ha estado muy presente debido a los arrestos federales de la exsecretaria de Educación Julia Keleher y la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, y otros cuatro acusados, debido a su supuesta participación en un esquema de fraude y robo de fondos federales, entre otras instancias.