En una votación unánime, el cuerpo hizo eco al planteamiento del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz: “La orden administrativa que ella prepara, justo a su salida, designando lo que sería el orden de sucesión de la agencia —desde nuestro punto de vista— carece de toda base legal. Está interpretando de una forma extremadamente amplia lo que la ley habilitadora del Departamento de Educación establece”. Así lo informarán al gobernador Ricardo Rosselló Nevares.	El letrado advirtió que habría que mirar la Ley de Educación. El Código Político establece que, “en caso de muerte, renuncia o separación del jefe de algún departamento, oficina o negociado del Gobierno estatal, (…) el auxiliar o delegado del respectivo departamento (…) siempre que la ley no dispusiere en contrario, ejercerá el cargo de dicho jefe, mientras se nombre e instale el respectivo sucesor”.	“Tanto en lo procesal-constitucional, como en lo sustantivo con el nombramiento, yo tengo enormes reservas”, dijo el senador Dalmau, haciendo referencia a la carrera política de Álamo con el Partido Nuevo Progresista. “Puede que no sea ilegal, pero eso no lo hace ni prudente ni responsable, ni una muestra de buena administración pública”, argumentó.