La polémica en torno a las protestas de ciudadanos viequenses, que en la noche del lunes mantuvieron varada por varias horas a la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) en el terminal de lanchas de la isla municipio, tomó un nuevo giro ayer. Por un lado, el secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, no descarta que las autoridades federales intervengan por entender que la actitud de los manifestantes pudo constituir un secuestro, y por otro,  se cierne la sospecha de que Román tomó represalias contra un piloto removido de su puesto tras negarse a movilizar un helicóptero a Vieques para “rescatar” a los funcionarios atrapados.	Tanto Román como Henry Escalera, comisionado de la Policía, justificaron la decisión de reasignar al piloto José Estrada Almodóvar a un puesto regular en el distrito de Morovis, al catalogar su negativa a realizar el viaje en el helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), como un acto de insubordinación.	“Yo hablé con el jefe del FBI Douglas Leff y él está en su caso determinando si había necesidad… de hacer una investigación… Aquí se infringieron muchas leyes. Estamos hablando de la restricción. Restricción también al comercio interestatal. Y eso son violaciones tanto federales como estatales. Puerto Rico es un país de ley y orden, y por eso es bien importante que se investigue”, agregó	“Llevar unidades de operaciones tácticas antimotines a Vieques es legal. Traer a (Pérez) a la isla (grande) es ilegal completamente. Cuando das una orden así, la orden legal se convierte en ilegal”, sostuvo el líder gremial, al señalar que la FUPO se inclina a presentar recursos legales, tanto en el foro estatal como federal, en defensa del piloto.	“La situación era una grave, nos estaban restringiendo la libertad. No era una manifestación, una manifestación no es así. Se hizo el pedido de que nos ayudaran porque no había manera de salir de allí. Por todas las áreas estaban las personas gritando, insultando, agresivos, o sea, que fue una situación bien difícil”, dijo Pérez a