Integrantes del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) reaccionaron ante la publicación de una querella administrativa fechada al 3 de octubre mediante la que se le imputa a un oficial de la Policía del Precinto de Mameyes en el Área Policiaca de Utuado, una falta grave por supuestamente “asociarse con prostitutas, homosexuales o personas de dudosa reputación”.	Indicó que a pesar de que el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Elmer Román González emitió un comunicado diciendo que existe una orden en la Policía para prohibir el discrimen contra las personas LGBTTIQ, CABE ve el suceso como un síntoma grave del clima de intolerancia y discrimen que permea esa y otras agencias de gobierno.	“Aunque la Policía ha tratado de explicar que ese reglamento no está vigente, es una falta grave el que su personal a cargo de investigaciones y querellas siga aplicando un reglamento viejo en el que relacionarse con una persona homosexual es motivo de falta. Esto revela un ambiente de trabajo en el cual no hay, ni ha habido, interés en erradicar la homofobia y el discrimen. Cuando se trata de la Policía de Puerto Rico el asunto cobra mayor relevancia”, señaló Burgos Pérez.	“Ese ambiente parece estar presente en esa agencia todavía a pesar de que es contrario a la política pública de la Ley 22-2013 que prohíbe el discrimen en el empleo por razón de orientación sexual e identidad de género y constituye una burla a la llamada Reforma de la Policía”, sostuvo el portavoz de la organización.	De otra parte, Mary Cele Rivera Martínez, otra de las portavoces de CABE, dijo que “la carta enviada al empleado de la Policía viola lo ordenado en el artículo 17 de la Ley 22-2013 que lee: ‘se ordena a todas las agencias, instrumentalidades, departamentos, corporaciones públicas, municipios, y a la Rama Legislativa a atemperar sus reglamentos de personal para exponer claramente la Política Pública establecida en esta Ley’”.	“No sólo le estamos pidiendo explicaciones al comisionado de Seguridad, al superintendente de la Policía y a la gobernadora, sino que exigimos que se implante en todas las agencias públicas una política pública acorde a la Ley 22 del 2013 y que se adiestre al personal de todas ellas para que actúen conforme a la misma. Exigimos a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, que ordene a sus jefes de agencia revisar sus respectivos reglamentos y atemperarlos al ordenamiento anti discrimen vigente”, finalizó Rivera Martínez.comparte