"Pese a la aprobación de este acuerdo, la Jueza Swain no contestó los importantes cuestionamientos sobre la legalidad de toda esa deuda para irse por la salida fácil, de no más litigios, que solo beneficia a los bonistas y a costa del futuro doloroso de un pueblo en reconstrucción. Este acuerdo se basa en la ilegalidad, en una deuda que no fue auditada y para colmo sin evidencia alguna que se pueda cumplir. Esta decisión lo único que nos confirma es que ni la Ley PROMESA ni la Junta de Control Fiscal son las herramientas para garantizar una restructuración justa de la deuda para el pueblo de Puerto Rico. Pero esto no termina aquí, vienen ahora los planes de ajustes más importantes y tenemos que como pueblo estar listos para resistir este abuso desde el comienzo	la reestructuración del 24% de la deuda aprobada por la jueza Swain significa pagos garantizados a los bonistas sin ningún beneficio para la gente de Puerto Rico. "Por el contrario, los puertorriqueños tendrán que pagar la cuenta en forma de impuestos (IVU) más altos durante los próximos 40 años y más austeridad. Y esto es solo una señal de lo que está por venir. Este es un precedente peligroso que los bonistas a través de la Junta de Control Fiscal intentarán seguir usando al reestructurar el resto de la deuda en las próximas semanas. Nos negamos a quedarnos de brazos cruzados y ver cómo Wall Street destruye a Puerto Rico. Esperen más protestas y movilización pública para resistir este abuso".	La jueza Swain juzgó mal el impacto de aprobar el acuerdo de COFINA sin evaluar la legitimidad de los bonos en cuestión. Esta decisión es la perpetuación del estatus colonial de Puerto Rico y el mayor desprecio por las vidas de los puertorriqueños por parte del Congreso de los Estados Unidos y los Tribunales de los Estados Unidos”, María J. Torres-López, Organizadora de Diáspora en Resistencia.	“Aprobar el Plan de Ajuste de Deuda de COFINA no era jurídicamente necesario o inevitable. Si la Junta, el Gobierno y Swain hubiesen tenido la voluntad de hacerlo, argumentos para rechazar el plan de ajuste de COFINA y todos los que vendrán tenían y tienen de sobra. Pudieron haber dicho, por ejemplo, que las emisiones de bonos de COFINA fueron ilegales, que violaron la Constitución de Puerto Rico, que había que auditarlas previo a tomar una decisión, o que el Plan de Ajuste es insostenible, no garantiza los servicios esenciales del País y nos condenará a un impago futuro", opinó por su parte Luis José Torres Asencio, abogado y profesor de Derecho Constitucional e integrante de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda.	"De hecho, argumentar, como Swain hace, que rechazar el acuerdo nos condenaba a un litigio de 'todo o nada', cuando en una quiebra, que parte de la premisa que el deudor no puede pagar, aspirar a cobrar 'todo' es irreal, raya en lo demagógico. También lo es señalar que nadie ofreció prueba en contra del Plan, cuando fue la misma jueza la que decidió no permitir el testimonio -en contra- del único economista que compareció al tribunal. Si aprobaron el Plan, es porque quisieron y no porque era la única opción”, agregó.	“Dicen que la última la paga el diablo. Pero el acuerdo de COFINA, ni es el último acuerdo, ni lo pagará el diablo. Lo estamos pagando en Puerto Rico con la gente muerta, con la gente sin techo, con la gente enferma que no consigue servicios médicos. Porque la deuda de COFINA, como el resto de la deuda del gobierno que no ha sido auditada, la estamos pagando a costa de nuestros servicios esenciales y con nuestros derechos humanos. En esto estriba la importancia y gravedad de la aprobación del acuerdo de COFINA por la Jueza Swain y en esto estriba nuestras preocupaciones sobre qué nos quedará de país para nuestros hijos e hijas en el futuro.” Expresó por su parte la Lcda. Amarilis Pagan, del Proyecto Matria, que brinda apoyo a mujeres y víctimas de violencia doméstica.