"El país clama por la renuncia del gobernador de Puerto Rico, y este Colegio de Abogados y Abogadas tiene que unirse a ese clamor", sentenció Edgardo Manuel Hernández Estrada, presidente del Colegio. Según expuso en conferencia de prensa, la entidad estableció un comité especial de juristas que elaboró el documento en cuatro días.	Además, Reyes Gil precisó que el proceso de residenciamiento se trata de un juicio político y no uno criminal. "Por no tratarse de un proceso criminal, no corresponden entonces las garantías que provee el procedimiento criminal ordinario. No obstante, la cláusula sí establece unos límites a este proceso para evitar procesos políticos partidistas en la medida en que se requieren mayoría extraordinaria de dos terceras partes para acusar y de tres cuartas partes para emitir el fallo condenatorio. Por otro lado, se limitan las causas que pueden motivar el proceso de residenciamiento. Estas son cuatro: traición, soborno, otros delitos graves y delitos menos graves que impliquen depravación", reza el informe.	Por otro lado, se dijo que los posibles delitos identificados en el informe incluyen la participación de Elías Sánchez en el chat, las expresiones de violancia contra la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz, la discusión sobre cesantear a la esposa del senador Juan Dalmau, Griselle Morales, además del intercambio sobre el exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio.	"A la luz de lo antes expuesto, entendemos que las conductas y omisiones del señor Ricardo Rosselló, en unión a los demás participantes en el chat, pueden constituir delitos graves y delitos menos graves que implican depravación. Hay base más que suficiente para que la Cámara de Representantes inicie el proceso de residenciamiento contemplado en la Constitución, en ejercicio de sus facultades y en cumplimiento de su responsabilidad constitucional e histórica", concluye el informe del CAAPR.