Estaba sentada en las escaleras de lo que fue su residencia por casi cuatro décadas con un álbum de fotos de la impresionante casona histórica construida en 1910 en los predios de la Central Aguirre de Salinas. Ahora quedan escombros y algunas paredes. Ya no hay techo ni rastro de lo que fue la cocina o la sala. Algunas ventanas protegen el corredor principal. Tampoco hay muebles. El huracán María se los llevó.	Doña Rosita es ejemplo de los cientos de adultos mayores que residen en estructuras históricas afectadas por el huracán María y que por la falta de fondos de recuperación disponibles, no han podido reparar sus viviendas, ya que los trabajos de rehabilitación en las zonas históricas están altamente reglamentados y prohíben intervenciones en las estructuras que impliquen un cambio a lo existente.	Ángel Manuel Batista de 82 años, y Judith Sánchez, de 72, pasaron el huracán solos en su residencia de la calle Montaner en el casco histórico de Ponce, una estructura de madera construida hace 100 años y donde pasó gran parte de su vida Mercedes Pérez de Serrallés, matriarca de la familia Serrallés.	Ubicada al costado del Parque de los Próceres de Ponce, todavía son evidentes los estragos causados por el huracán. A duras penas, la pareja —que apenas vive con lo que reciben del Seguro Social— pagaron con su dinero para remendar el techo. El arreglo no evita que el agua percole cada vez que llueve, aunque un toldo azul al menos permite que ambos continúen viviendo allí, con la esperanza de recibir ayuda para repararla.	“Los de FEMA ni han venido por aquí… Yo fui al Municipio, allá a [la Oficina de] Zona Histórica, ¿y qué me dijeron allá? Me dijeron: ‘Yo no tengo dinero, no hay dinero para arreglar tu casa porque tu casa está en mal estado’. Muchos problemas me pusieron. ¿Y cómo yo voy a arreglar la casa?”, cuestionó.	María Rodríguez, de la organización sin fines de lucro PathStone, denunció que no hay recursos disponibles para ayudar a familias como la de doña Rosita y don Ángel, de adultos mayores de escasos recursos que no cuentan con la asistencia técnica ni cualifican para el programa de reconstrucción de FEMA, porque el costo de la reparación excede los fondos disponibles.	Rodríguez aseguró que, como don Ángel y su esposa doña Judith, hay otros residentes que viven en zonas históricas, y ante los daños provocados por el huracán a sus residencias, no tienen otra opción que permanecer en ellas enfrentando riesgos porque la asistencia que recibieron —si alguna— fue mínima y no pueden demoler ni relocalizarse.	“Tenemos clientes que recibieron una asistencia mínima para unos trabajos que requieren mucho dinero y que requieren un especialista que sea un perito en la preservación de estructuras históricas. Nada de eso FEMA lo contempla y tenemos familias que, probablemente, necesitan más de $100 mil para preservar la estructura histórica, porque no tienen otra alternativa”, sostuvo Rodríguez.	Los hallazgos de El Mapa de la Historia arrojaron que el área que sufrió más daños fue la que quedó al sur del ojo del huracán, siendo Ponce, la Zona Histórica de Aguirre en Salinas, Guayama, Coamo y Arroyo las más afectadas. Solamente en Guayama, 122 estructuras recibieron daños mayores y 14 colapsaron.	El estudio no solo reveló la falta de protocolos para atender las estructuras históricas inmediatamente después del huracán, sino que, a 17 meses del desastre, ni el Gobierno federal ni el local tienen como prioridad la preservación de las estructuras históricas, ya que no se proyecta en el plan de acción para el manejo de los fondos del Programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación ante Desastres (CDBG-DR).	“La asistencia financiera de FEMA es insuficiente para la restauración. Los formularios no proveen apartado para identificar estructuras patrimoniales. No hay protocolos para atenderlas. Hay un prejuicio contra las estructuras en madera y los orientadores de FEMA no tienen conocimiento de cómo atender las estructuras históricas”, denunció también Ivonne Sanabria, coordinadora de Asuntos Histórico-Culturales de Para la Naturaleza, una de las directoras del inventario de daños Mapa para la Historia.	Desde finales de abril, la Oficina Central de Recuperación (COR3) anunció el inicio del proceso de evaluación para la demolición de cerca de 16,000 estructuras afectadas por el huracán bajo el Programa de Recogido de Escombros y Demolición de Estructuras Privadas de FEMA. Para el proceso se podrían asignar hasta $400 millones, según el COR3. Para la primera etapa de evaluación de elegibilidad de las estructuras se han asignado $20 millones, dijo la agencia.	“En principio, cercano a febrero, ellos decían que desconocían que esto iba a suceder. Que a ellos no les había llegado la orden ejecutiva”, dijo la arquitecta.Las que demolerían son las estructuras que quedaron deshabitadas. La preocupación de la arquitecta es que en esa lista se hayan incluido edificios en zonas históricas, como los cascos urbanos, que son de alto valor y que, pese a que se pueden rehabilitar, el Gobierno opte por demolerlas. La orden ejecutiva autoriza a los municipios a demoler estructuras sin contar con los dueños si considera que están abandonadas. “El peor delito de esa orden ejecutiva es ese, que les otorga toda la potestad a los municipios a demoler estructuras sin contar ni informar a los propietarios. En el caso de usufructos, los dueños o herederos no tendrían derecho ni a protestar. Aunque te habla que se van a hacer unas revisiones, la experiencia nos dice que no hay fondos para la restauración”, insistió Luna Serbiá.	Se suma, además, que en Puerto Rico hay tres listas distintas de edificaciones históricas: una federal, otra de la oficina adscrita al Instituto de Cultura y el registro de propiedades designadas históricas, aprobadas por la Junta de Planificación, lo que para la arquitecta tampoco ayuda a conocer qué criterios se utilizarán al momento de emitir los endosos y qué estructuras serán consideradas históricas.