"Las manifestaciones públicas de los residentes de Puerto Rico durante las últimas dos semanas reflejan una falta de confianza justificada en las instituciones gubernamentales. Hemos observado las protestas con admiración a la fortaleza del pueblo de Puerto Rico, y con tristeza por la crisis que ha hecho necesarias estas manifestaciones. El pueblo de Puerto Rico merece un gobierno funcional, responsivo y sustentable que actúe con integridad y transparencia. Pero durante demasiado tiempo el gobierno de Puerto Rico ha fallado en tratar a sus constituyentes con el respeto que merecen", expuso el ente creado por la Ley Promesa en una comunicación escrita.	De igual forma, indicaron que "los problemas con el gobierno en Puerto Rico no son exclusivos de ningún político, administración o partido político. La responsabilidad de restablecer la integridad y la eficiencia del gobierno recae sobre los funcionarios electos, quienes deben implementar las reformas en la administración pública y en las contrataciones; centralizar la gestión financiera; maximizar la transparencia en el sistema de incentivos y créditos contributivos; y mejorar el cumplimiento de las leyes que promueven transparencia y responsabilidad. Más aún, sin embargo, los funcionarios electos, así como todo empleado gubernamental, deben entender y aceptar que su función es servir a la gente de Puerto Rico, no a los individuos en posiciones privilegiadas, intereses particulares o sus propias carreras políticas".	Finalmente, la Junta aseguró que continuará con sus trabajos para reestructurar la deuda de Puerto Rico.  "Mientras tanto, esperamos que el proceso político resuelva con premura la actual crisis de gobernabilidad para que Puerto Rico pueda confiar nuevamente en sus instituciones y para que el gobierno pueda concentrarse en servir a sus constituyentes", indicaron.