Contrario a lo vociferado por los directivos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el acuerdo que se pretende confirmar con los bonistas es malo para el país y, como se ha denunciado, condenará al pueblo a una deuda por los próximos 47 años, además de provocar aumento en la factura de luz y reducción en las pensiones de los jubilados de esa corporación.	Lo que se pretende pactar con los acreedores no solo es abusivo en la inmediatez, sino que, peor aún, lo será con las futuras generaciones, quienes vivirán condenadas a pagar por medio siglo unos bonos que, según expertos, tienen serias ilegalidades, razón suficiente para que el Gobierno requiera la cancelación de esa deuda.	Al momento de concertar el acuerdo, tanto Ricardo Rosselló Nevares, cuando era gobernador, como su representante en la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el director de la AEE, José Ortiz, y los miembros de la Junta celebraron. Mas lo que festejaban era una movida a favor del bolsillo de los buitres.	Al conocerse el arreglo con los bonistas, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) alertó que lo próximo sería un aumento en la luz. El jefe de la AEE no perdió tiempo en desmentir al gremio. Pero no faltó mucho para que el manto de la falsedad se develara, dejando al descubierto, entre otras cosas, las jugarretas que utiliza el ingeniero Ortiz para encauzar su agenda privatizadora.	Vayamos al récord noticioso. En octubre de 2018, Ortiz anunció al país, delante de su entonces patrono Rosselló Nevares, que los consumidores experimentarían un ahorro de hasta $30 mensuales en su factura de luz a partir de ese mes y en lo sucesivo. Tal ahorro, alegó, resultaba de ajustes en los gastos de la AEE.	Luego, el pasado 22 de julio, Ortiz admitió que los abonados de la AEE sentirían un “mínimo” aumento en su factura a partir de agosto de este año. Atribuyó el alza a la Junta porque “por el poco conocimiento técnico de (su) equipo administrativo en materia de energía”, el ente federal decidió extender el contrato de Puma Energy, que resultó más costoso que una propuesta que la misma empresa presentó un mes atrás. Ese hecho, aseguró Ortiz, provocaba un “mínimo” aumento en la tarifa residencial y comercial.	Un estudio del economista Ramón Cao García, encomendado por el representante de los consumidores en la Junta de Directores de la AEE, reveló que el impacto del acuerdo con los acreedores sobre el bolsillo de los abonados será de tal magnitud que no habrá familia, comercio ni industria que pueda asimilarlo. El economista estimó el aumento en 13 % para este año y hasta un 47 % al llegar el 2024, equivalente a 32 centavos más el kilovatio/hora. Los efectos del alza no solo se sentirán en el pago de la factura de luz, sino que impactará los precios de alimentos, gasolina y encarecerá las operaciones comerciales del país.	Ahí está, por ejemplo, la indecorosa y costosa contratación de José Pérez Canabal y el poder que se le atribuyó en la AEE. También la subcontratación del centro de llamadas de servicio al cliente a un costo de $5.8 millones cuando con la mitad de esa inversión se podría realizar internamente. Lo mismo ocurrió con los subcontratos para la poda de árboles y las reparaciones del alumbrado público. En ambas gestiones, se probó con datos que el gasto es mayor cuando se buscan proveedores fuera de la agencia.	Según el Centro de Periodismo Investigativo, hasta agosto la AEE había pagado más de $300 millones en ese renglón, mientras rehúye negociar mejores condiciones salariales para los celadores y se queja de que no tiene dinero para costear el plan médico y el retiro de sus empleados. Y todo ese desmadre es por determinaciones del nebuloso señor Ortiz. Tome nota, gobernadora, y reflexione si ese es el tipo de funcionario que su administración desea conservar.comparte