y que, por lo tanto, el Congreso de los Estados Unidos tiene total poder de determinar el futuro, el destino y las normas que aplican a los territorios sin tener ningún tipo de limitación. Eso es una conclusión terrible para los territorios, porque querría decir que los elementos básicos de la democracia no nos aplican”, señaló la también profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.	Mientras que Gerardo Carlo-Altieri, exjuez del Tribunal de Quiebras, pronosticó que la decisión del tribunal será una técnico-legal y se mantendrá al margen de las cuestiones políticas. Opinó, además, que es poco probable que el tribunal federal revoque los casos insulares de principios de siglo pasado. “Si decide no entrar a ese asunto [los Casos Insulares], podría decidir bajo consideraciones técnicas bajo la cláusula de nombramientos y no meterse en las cuestiones políticas”, comentó. Estos dictámenes judiciales concluyeron que la Constitución de Estados Unidos no aplica en su totalidad a territorios no incorporados, como lo es Puerto Rico.	el Supremo deberá resolver si las decisiones que ha tomado el ente fiscal hasta el día de hoy son válidas. Según la letrada, si el Supremo valida las decisiones que ha tomado el ente fiscal hasta el momento, se trataría de una junta inconstitucional tomando decisiones “supuestamente válidas” y les colocaría bajo una “sombra”.	Por su parte, ambos letrados minimizaron el planteamiento del Gobierno federal de que si el tribunal determina que los integrantes de la Junta deben ser confirmados por el Senado federal, los gobernadores y legisladores también deberán pasar por este cedazo legislativo. Reyes catalogó el argumento como una “teoría para asustar” y anticipó que “fácilmente el tribunal puede hacer una distinción entre los nombramientos que son por ley federal —como sería el caso de la Junta—y los puestos locales”, como gobernadores y legisladores.