“El derecho a la información pública es un derivado del derecho a la libertad de expresión consagrado en la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, así lo expresó el Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando le otorgó el rango de derecho constitucional al acceso a la información pública en 1982.  La firma de Rosselló de las leyes de transparencia y datos abiertos, puede presentar otra controversia que deberá resolver nuestro más alto Tribunal, puesto que son leyes que en efecto limitan derechos de estirpe constitucional”, indicó Blondet.	elimina la posibilidad de solicitar información pública de forma verbal, uso y costumbre en la mayoría de los casos cuando se trata de miembros de la prensa, y en el proceso legislativo de enmiendas al proyecto original eliminó sanciones administrativas que incluían una multa de $250 a quien obstruyera el flujo de información pública. Eliminó, a su vez, la garantía de que si la información pública es de fácil acceso se omita el trámite burocrático creado por la mima ley y se entregue la misma de inmediato. En el caso de la Ley de Datos Abiertos, se enumeran 12 excepciones a la debida divulgación de datos, ampliando incluso las contenidas en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA). Por tanto, el efecto neto de estados dos leyes es el de dificultar el acceso a la información pública de manera rápida.	, quien tampoco se ha dirigido al pueblo para hablar en torno a esta ráfaga que ha tomado por sorpresa al país. Esto ante la salida de Luis Rivera Marín a fines de julio en medio del escandaloso chat entre Rosselló, funcionarios públicos, asesores y cabilderos que terminó forzando al propio gobernante a dimitir.	. “Mediante la impresión y distribución de todas las leyes, el Departamento de Estado cumple a cabalidad con la obligación impuesta. No obstante, hemos querido dar un paso más en nuestro desempeño y permitirle a la ciudadanía acceder a la legislación aprobada a través de la Internet de forma gratuita”, lee el sitio web del Departamento de Estado, donde, sin embargo, todavía no están disponibles las leyes nuevas.	“Los últimos días de su gobernación, después de anunciada su renuncia, hubo aun menos transparencia de parte de Rosselló, fue aun peor porque no sabemos con quién se reunió, qué decisiones tomó aun cuando el pueblo estaba en las calles exigiendo respeto. No sabemos siquiera qué indultos concedió ni qué contratos firmó”, recalcó Blondet.