En los últimos cuatro meses, diócesis católicas en Estados Unidos han publicado los nombres de más de mil sacerdotes y otras personas acusados de abuso sexual a menores, en una revelación pública sin precedentes provocada, al menos en parte, por una enorme investigación en Pensilvania, concluye una revisión de The Associated Press.	Casi 50 diócesis y órdenes religiosas han identificado públicamente a sacerdotes que abusaron de menores tras el reporte de Pensilvania de mediados de agosto y otras 55 han anunciado planes de hacer lo mismo en los próximos meses, concluye la revisión. En total, representan más de la mitad de las 187 diócesis en el país.	La revisión también determinó que casi 20 investigaciones locales, estatales o federales, penales o civiles, han sido lanzadas desde la publicación de las conclusiones del jurado investigador en Pensilvania. Dichas investigaciones podrían hacer públicos más nombres y acusaciones, además de generar multas contra las diócesis y que se tomen medidas de seguridad ordenadas por las cortes.	En algunos casos, las acusaciones recién reveladas datan de hace seis o siete décadas, la más antigua de todas es de 1910 en Luisiana. La mayoría de los sacerdotes fueron apartados desde hace tiempo del sacerdocio y, según un análisis de la AP, más de 60% han muerto. En la mayoría de los casos, el plazo legal para cargos penales o demandas ha expirado.	No obstante, activistas dicen que exponer a los abusadores casi dos décadas después del estallido del primer escándalo en Boston en el 2002 es un paso alentador, en parte porque las da a algunas víctimas un sentido de vindicación tras décadas de silencio oficial o negativas. Además, podrían aumentar las presiones contra las diócesis para establecer fondos de compensación a las víctimas, como lo hizo la iglesia en Pensilvania, y pudiera resultar en la expulsión de abusadores de posiciones fuera de la iglesia que dan acceso a niños.	“Es un hito. Nos acercamos cada vez más a lo que debería ser, un reconocimiento verdadero a nivel nacional”, dijo Joe McLean, que presentó una demanda junto con otras víctimas para obligar a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos a publicar los documentos sobre abusadores en todo el país.	La investigación en Pensilvania, encabezada por el fiscal general Joel Shapiro, identificó a casi 300 “sacerdotes predadores” en casos que datan de hasta siete décadas y acusó a los líderes de encubrir los abusos, en algunos casos regresando a sacerdotes a sus labores tras breves temporadas en centros de tratamiento o simplemente mudándolos a otros sitios. Los activistas dijeron que el reporte tuvo un gran impacto porque ha sido el más extenso hasta el momento, abarcando todo un estado.