“Esta transacción se convierte en otro gran atentado a nuestro patrimonio nacional, cultural e histórico. Tal y como lo ha denunciado el sector cultural del país, este caso establece un precedente nefasto para la preservación del patrimonio edificado en Puerto Rico. La transacción no solo pone en riesgo la integridad de la estructura del primero de los edificios monumentales construidos en el	, el arrendamiento del edificio histórico se extendería hasta 40 años, permitiendo hasta dos extensiones consecutivas de 10 años. El contrato establece que se pagará una renta de 5,000 dólares mensuales durante el proceso de construcción, 85,000 dólares anuales los primeros tres años de operación, y 100,000 dólares anual el resto. Después del décimo año, se aumentará la renta 15 por ciento de la base o 3.5 por ciento de la ganancia de la operación del hotel cada cinco años, mientras que, después del cuarto año de renta, pagarán además 5 por ciento de las ganancias netas después de los impuestos.	“A todas luces estamos frente a la privatización de un bien público y parte esencial de nuestro patrimonio cultural y nacional. Lo combatiremos mano a mano junto a los grupos de interés y defensores de nuestra cultura y emplazo a la Legislatura a que dé paso a esta resolución”, manifestó Márquez Lebrón.comparte