El director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, también debe estar fuera del Gobierno, aunque es un asunto que le compete directamente a la Junta de Directores de esa corporación. Sin embargo, la gobernadora no puede tolerar la presencia de un funcionario que se sostiene a base de la mentira y el truco, como ha quedado evidenciado en informes periodísticos.	En diciembre pasado, una investigación del Centro de Periodismo Investigativo reveló que el médico, especialista en neurocirugía endovascular, no cumplió con su deber antes, durante ni después de la emergencia del huracán María, siendo responsable de que miles de personas murieran por el colapso del sistema de salud de Puerto Rico.	Su ausencia y dejadez en los asuntos que le conciernen como titular del Gobierno responde a que ha dedicado la mayor parte de su tiempo a su práctica médica privada desde que asumió el cargo público en enero de 2017. Trascendió que, por ese trabajo, Rodríguez Mercado ha cobrado facturas que exceden el millón de dólares anuales.	Otro funcionario que le hace daño a la gobernadora es el secretario de Agricultura, Carlos Flores. En el récord público está su empeño en imponer un plan de reestructuración de la agencia para agenciarse el control en todas las áreas de operación de la agroindustria puertorriqueña, como eliminar la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias y crear una Oficina de Cafés con suprapoderes para la figura del secretario. Afortunadamente, sus pretensiones de poder fueron detenidas en la Asamblea Legislativa.	Otro que está en el ojo público es el jefe de la Policía, Henry Escalera, quien tiene graves señalamientos por ordenar acciones represivas contra los manifestantes de las protestas del pasado mes de julio, así como por dirigir una campaña de carpeteo que promueve el discrimen y la persecución. Las denuncias contra Escalera provienen de gremios de la Policía, así como del Colegio de Abogados y Abogadas, y la Unión Americana de Libertades Civiles.