Desde que comenzaron las audiencias sobre el potencial residenciamiento del presidente Trump hace tres semanas, los republicanos en la Cámara de Representantes de EE. UU. han argumentado una y otra vez que el comportamiento del presidente Trump al pedirle a Ucrania que investigue al exvicepresidente Joe Biden no justifica la sanción extrema de la acusación.	Aunque el testimonio de los profesores sobre el derecho constitucional y la historia fue menos dramático que las declaraciones fácticas proporcionadas por una serie de testigos ante el Comité de Inteligencia de la Cámara, este cobra importancia por la imparcialidad de la fuente que lo provee. A pesar del hecho de que tres presidentes (incluido Trump) han sido sometidos a investigaciones de juicio político en los últimos 45 años, es comprensible que el público siga confundido sobre el propósito del juicio político y los delitos por los cuales un presidente puede ser juzgado razonablemente por el Senado. Esa confusión hace que sea más fácil para los defensores de Trump argumentar que los demócratas que iniciaron esta investigación están motivados exclusivamente por la política.	El Artículo II de la Constitución establece que el presidente y otros funcionarios pueden ser acusados y destituidos de su cargo por “traición, soborno u otros delitos y delitos menores”. Tres de los testigos del martes construyeron un caso poderoso de que Trump cometió algunos de esos delitos que los padres de la Constitución consideran imperdonables. Mientras escribo esta columna, la presidenta de la Cámara de Representantes anuncia que procederán con la redacción de la acusación para dar paso de manera formal al proceso de residenciamiento que luego pasaría al juicio en el Senado.  Esperemos que esto sea el principio del final para el Sr. Trump.comparte