La idea surge de una lectura literal que hizo Valdés de la Ley 7 de 2005. Esa ley, presentada por la hoy comisionada residente Jenniffer González y firmada por el entonces gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, dispone que “para advenir al ejercicio permanente del cargo de Gobernador, un Secretario o Secretaria debe ocupar su puesto en propiedad, habiendo sido ratificado su nombramiento; excepto en el caso del Secretario de Estado”. Eso es lo que dice la ley textualmente,	Consulté con dos profesores de Derecho Constitucional: Carlos Ramos, de la Universidad Interamericana, y José Julián Álvarez, de la Universidad de Puerto Rico, y ambos coincidieron en que Rosselló no podrá nominar a alguien como titular de Estado sin pasar por el proceso de consejo y consentimiento de los cuerpos legislativos.	No es de extrañar, sin embargo, que con el comportamiento errático que ha exhibido durante los pasados días, Rosselló y sus asesores quieran explotar esta laguna legal. De así intentarlo, mostraría una vez más su desdén por el proceso legislativo y su desconocimiento de los fundamentos de cómo debe operar un gobierno republicano.	En cuatro días, y durante los próximo 17 meses, a todos los puertorriqueños nos va a gobernar alguien a quien no elegimos. Esa ausencia de mandato electoral no puede ser agravado burlando el único resquicio democrático que queda en todo este juego de ajedrez: el consejo y consentimiento de los legisladores que, para bien o mal, son quienes nos representan.comparte