Después de que funcionarios del gobierno los separaran por la fuerza en la frontera, de sufrir abuso sexual en el sistema de hogares de acogida de Estados Unidos y de ser deportada, la niña, antes risueña y radiante, llegó a Honduras retraída, ansiosa y enojada, convencida de que su padre la había abandonado.	Nuevos datos del gobierno mostraron este mes que la niña está entre la cifra récord de 69.550 menores migrantes retenidos en custodia del gobierno de Estados Unidos durante el año pasado, suficientes bebés, niños y adolescentes para atestar un estadio promedio de la NFL. Son más niños detenidos lejos de sus padres que en cualquier otro país, según investigadores de Naciones Unidas. Y está ocurriendo a pesar de que Washington reconoció que la detención puede ser traumática para los menores, lo que los pone en riesgo de padecer daños físicos y emocionales de largo plazo.	Algunos de los menores migrantes que estuvieron en custodia este año ya fueron deportados. Otros se han reunido con familiares en Estados Unidos, donde tratan de ir a la escuela y reconstruir sus vidas. Unos 4.000 siguen aún bajo custodia del gobierno, casi siempre en albergues grandes e impersonales. Y llegan más cada semana.	Los casi 70.000 niños migrantes que permanecieron en custodia del gobierno este año _un incremento del 42 % en el ejercicio fiscal 2019 en comparación con 2018_ pasaron más tiempo en albergues y lejos de sus familias que en años previos. La serie de estrictas políticas de inmigración del gobierno de Trump ha aumentado el tiempo que los niños pasan detenidos, a pesar de que el gobierno reconoce que les está causando daño. En 2013, Australia detuvo a 2.000 menores durante una oleada de llegadas por mar. En Canadá, los menores migrantes son separados de sus padres sólo como último recurso; 155 fueron detenidos en 2018. En Gran Bretaña, 42 menores migrantes fueron colocados en refugios en 2017, según autoridades en esos países.	“Las primeras experiencias quedan literalmente integradas en nuestro cerebro y cuerpo”, dice el doctor Jack Shonkoff, que dirige el Centro para el Desarrollo del Niño de la Universidad de Harvard. A principios de año, le dijo al Congreso que “investigaciones revisadas por colegas durante décadas” muestran que detener a niños separados de sus padres o cuidadores primarios es malo para su salud. Es un problema de conexiones cerebrales, señaló.	La niña hondureña de 3 años fue separada de su padre cuando agentes de inmigración los detuvieron cerca de la frontera en Texas, en marzo de 2019, fue enviada a un hogar de acogida financiado por el gobierno. El padre no tuvo idea de dónde estaba su hija durante tres semanas de pánico. Pasó otro mes antes de que quien la cuidaba la pusiera al teléfono, pero la niña, que cumplió cuatro años bajo custodia gubernamental, se negó a hablar, gritando de ira.	Lo que la niña no le contó o no pudo contarle a su padre fue que otro menor en el hogar de acogida la despertaba y abusaba de ella, según registros judiciales. Con el paso de los días, comenzó a orinarse y parecía incapaz de comer o beber, dijo uno de los padres de acogida en esos registros.	Desesperado por ver a su hija, suplicó que le hicieran una prueba de ADN cuando llevaba cuatro meses retenido para probar su relación. Sin embargo, el gobierno los mantuvo separados. En junio se rindió y le pidió a un juez que lo reuniera con su hija y los deportara. Las autoridades lo mandaron solo a Honduras. Su hija lo siguió un mes después, a mediados de agosto.	Una tarde de agosto en su pueblo natal, la niña estaba peinada con coletas. Su vestido era color lavanda y sus zapatillas rosas estaban decoradas con moños. Jugaba con su hermana menor y se acurrucó junto a su abuelo, pero ignoró las súplicas de su padre y se negó a tomarlo de la mano, convencida de que trataba de abandonarla para siempre.	El gobierno de Estados Unidos llama a los niños migrantes detenidos sin sus padres “niños extranjeros no acompañados”, UAC en la jerga burocrática. La ley federal requiere que la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos les proporcione comida y alojamiento, además de atención médica y de salud mental. Pero la Oficina del Inspector General del departamento halló que no hay suficientes médicos ni atención especializada en los albergues donde se retiene a niños migrantes.	Mark Weber, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo que, en una época en que Estados Unidos tiene retenidos a la mayor cantidad de niños migrantes en la historia de su iniciativa, “hay que darle crédito a la Oficina de Reubicación de Refugiados y al personal de la red de albergues por administrar un programa que fue capaz de expandirse rápidamente y unificar a la mayor cantidad de niños de la historia, todo en un ambiente increíblemente difícil”.	En la edición de septiembre de la revista “Pediatrics”, la Academia Estadounidense de Pediatría dijo que los menores migrantes que son detenidos “enfrentan historias traumáticas casi universales”. El grupo recomienda terapias específicas para ayudarles a recuperarse y reunirlos con sus familias, advirtiendo de consecuencias serias si no reciben tratamiento. Pero pocos de los miles de menores separados de sus padres están recibiendo terapia después de ser deportados a Centroamérica. La mayoría proviene de comunidades empobrecidas donde hay pocos o ningún recurso para la salud mental.	Estados Unidos está siendo demandado por cientos de millones de dólares por algunas familias que dicen que sus hijos sufrieron daños por su detención, y el 5 de noviembre un juez federal ordenó al gobierno que brinde exámenes y tratamientos de salud mental a familias migrantes traumatizadas por la separación. El juez dictaminó que los abogados de los afectados presentaron evidencias de que la política de Washington “provocó un trauma mental severo a los padres y a sus hijos”, y que los funcionarios del gobierno de Estados Unidos eran “conscientes de los riesgos asociados con la separación de las familias cuando la implementaron”.	“Entonces, ¿queremos ser un país que le provoca más traumas a individuos que están experimentando una adversidad extrema y buscan refugio y ayuda en un país vecino?”, preguntó Matlow, quien se reunió con menores inmigrantes detenidos en varios de los mayores centros de detención. “¿Nos parecen bien las implicaciones de provocarle daño a menores vulnerables, niños de 2 y 3 años, y también a adolescentes? ¿Podemos aceptar eso?”.	Este año, el presidente Donald Trump firmó una ley aprobando 2.800 millones de dólares para que el gobierno proporcione alojamiento, transporte y cuidados a los menores inmigrantes. Nueve de cada 10 provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, y menos del 3% son de México. A menudo, huyen de Centroamérica para salvar su propia vida, porque la violencia, los abusos e incluso los asesinatos se cometen con impunidad bajo gobiernos corruptos que Estados Unidos ha apoyado durante décadas.	Aunque hace más de una década que a la frontera sur de Estados Unidos llegan menores solos, el número de ellos bajo custodia gubernamental creció mucho en los dos últimos años, principalmente porque estuvieron detenidos por más tiempo. Unos meses después de que Trump asumió la presidencia, la agencia federal se hacía cargo de unos 2.700 menores, reuniéndolos con los parientes o patrocinadores que los esperaban en un plazo aproximado de un mes. Este junio, la cifra ya era de 13.000, y permanecían bajo custodia durante dos meses.	Negash también sabe lo que significa tener que cuidar de pronto a decenas de miles de menores migrantes capturados en la frontera. Dirigía la Oficina de Reasentamiento de Refugiados en 2014, durante el gobierno de Barack Obama, cuando más de 60.000 menores cruzaron la frontera, en su mayoría no acompañados. Negash y su equipo se apresuraron a alojarlos en distintos lugares, incluyendo bases militares. En ese momento, las consecuencias fueron duras: los activistas de derechos humanos que hoy denuncian el trato que da el gobierno a los menores, entonces estaban frustrados con el cuidado que recibían y pidieron que se les concediera asilo rápidamente.	En El Salvador, USCRI gestiona el proyecto Livelihoods, que enseña a jóvenes adultos que deportados desde Estados Unidos habilidades para ganarse la vida. En una visita reciente, los estudiantes estaban en grupos reducidos alrededor de mesas de trabajo para practicar la construcción de circuitos que harían funcionar motores pequeños. Aprenden de todo, desde como realizar una instalación eléctrica residencial y comercial hasta construir subestaciones y transformadores. Otras opciones son mecánico de autos, chef y barman. Desde 2016, unos 400 adultos jóvenes se han graduado del programa, que se lleva a cabo en asociación con el gobierno salvadoreño.	“Ya no pienso en migrar”, dijo José Fernando Guillén Rodríguez, de 21 años, que fue detenido en Estados Unidos a los 18 y pasó tiempo en un centro para adultos antes de ser deportado. Ya completó un año de clases diarias de electricidad y trabaja como aprendiz en una empresa de construcción eléctrica.	No hay guardias de seguridad uniformados en la entrada. Las residentes, niñas de 13 a 17 años, pueden llamar a su familia cuando lo necesiten, dice el personal, y hay más servicios terapéuticos durante toda la semana, incluyendo el tratamiento intensivo para víctimas de trata y abuso. En cada habitación duermen dos personas, que pueden pasear por una amplia zona al aire libre o “comprar” en una tienda llena de artículos donados. Los trabajadores sociales intentan reunirlas rápidamente con familiares en Estados Unidos, en un plazo medio de cuatro semanas. Y los costos para los contribuyentes son un tercio de los 750 dólares diarios que suponen los grandes albergues de emergencia donde hay cien menores por habitación.	“Aquí cambiamos vidas”, apuntó la directora del albergue, Elcy Valdez, quien trabajó para la Oficina de Reasentamiento de Refugiados visitando diversas instalaciones durante seis años. Fue testigo de varias prácticas y tomó nota de las mejores. Hoy esperan compartir su forma de operar con unos 170 programas de acogida en 23 estados.