La información contenida en el chat apunta a que Ricky —ya no le voy a decir más gobernador porque no merece esa deferencia— pretendía emplear a la Policía para intimidar al representante Manuel Natal porque, según otro participante, necesitaban darle un “escarmiento”. Los “boys” también conspiraron para sacar de su puesto a una empleada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras por el mero hecho de ser esposa del senador independentista Juan Dalmau. Uno de los principales asesores de Ricky, Ramón Rosario, dijo que había que “marcar” a Arnaldo Claudio, el exmonitor federal. Y Claudio señaló a la prensa que Alfonso Orona, el principal asesor legal de Ricky, utilizó el sistema de justicia criminal para intimidarlo. Claudio refirió el asunto al FBI.	Gracias a que era parte del “team”, Elías Sánchez, un cabildero con intereses privados, que al momento del chat no era contratista del Gobierno, tuvo acceso privilegiado a información que podía beneficiar sus negocios. No sabemos si, en efecto, Elías o sus clientes privados se beneficiaron o no, y ese punto tendría que ser escudriñado por las autoridades al averiguar todas las entidades para las cuales Elías trabajaba.	Gran parte del chat acontece en horas típicamente laborables. Que los funcionarios gubernamentales del más alto nivel compartan su mezquindad es asqueante, pero no necesariamente delictivo. Lo que pasa es que lo hicieron en el tiempo laborable durante el cual se suponía que estuvieran ayudando a las decenas de miles de puertorriqueños que aún viven bajo toldos de FEMA, mitigando la monumental deuda, o manejando las laceradas relaciones en Washington D.C.