Semanas después de la revelación del polémico chat de Telegram, la Unidad de Crímenes Cibernéticos del Departamento de Justicia (DJ) inició una pesquisa contra los participantes del grupo que incluyó al entonces gobernador Ricardo Rosselló y sus principales asesores. El publicista y dueño de la empresa KOI, Edwin Miranda, también se negó a entregar su dispositivo debido a que contraviene su derecho a no autoincriminarse, según lo establece la quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos.	El pasado 9 de agosto, el DJ citó a Sánchez y a Miranda —so pena de desacato— para que comparecieran y produjeran el contenido de sus respectivos celulares. En ambas mociones, los exasesores de Rosselló argumentaron que entregar el celular supondría un testimonio coaccionado que, a su vez, podría revelar información que pudiera ser utilizada en su contra.