Según el ejecutivo, una medida que sometió en 2017 a la Legislatura, y que está pendiente, establece un mecanismo para el acceso a la información. También hay un nuevo protocolo para que sea el Gobierno el que determine si hace públicos documentos sobre los planes fiscales y la Ley federal Promesa. La semana pasada, el Gobierno se vio obligado a entregar los planes de implementación e informes de progreso tras una demanda del Centro de Periodismo Investigativo. comparte