“Aún despueś de que el municipio prevaleció en el Tribunal Apelativo en torno a la controversia sobre su capacidad administrativa para establecer una tarifa sobre el servicio de desperdicios sólidos, medidas administrativas como la reducción en el monto de los contratos por ese servicio, permitieron que no fuera necesario por ahora el establecimiento de dicha tarifa”, dijo Molina Rodríguez en declaraciones escritas.