"Con esta administración de Trump, yo no sé qué fantasía tienen algunos colegas que piensan que de un día al otro van a convencer a Trump que es una decisión propia (o apropiada)", afirmó el congresista durante una conferencia de prensa en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, luego que culminara una audiencia pública del Comité en la isla.	La vista pública que tenía como fin principal escuchar a los ciudadanos en torno a las medidas de austeridad que se han implantado por la crisis económica y la recuperación del país tras el impacto del huracán María, cerró trabajos cerca de las 9:00 de la noche. Hasta ese momento se habían otorgado unos 33 turnos de ponencia de un total de 60. Se informó entonces que el resto de las ponencias serían entregadas por escrito a los miembros del Comité.	Durante esos 33 turnos, el estatus político y relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos fue una de las principales denuncias, como uno de los principales problemas y causas de la crisis fiscal que vive el país. Asimismo, ciudadanos y portavoces de diversos grupos reclamaron la auditoría de la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico; enmiendas a la Ley federal PROMESA; la inclusión de la Universidad de Puerto Rico (UPR) como servicio esencial y que se frene el recorte presupuestario a la UPR; que se atienda la problemática de transportación marítima que afecta a los residentes de las islas municipios de Vieques y Culebra, así como problemas de infraestructura; una reestructuración justa del sistema de retiro de Puerto Rico; entre otros asuntos.	El presidente del Comité afirmó que la Ley PROMESA debía sufrir enmiendas que le den "humanidad" al mandato legal y que limiten el efecto o las consecuencias negativas. El congresista demócrata reconoció "urgencia" en este asunto, aunque no dejó claro cuándo podrían esperarse en Washington las propuestas para estos cambios ni en qué detalles específicos.	"El ejemplo de la Universidad, el sistema escolar público de Puerto Rico, se me hace que esas áreas deben ser para el bienestar económico y bienestar general, tienen que invertir en eso en vez de comenzar procesos de deshacernos del sistema escolar”, explicó, al tiempo que argumentó que tanto la Universidad de Puerto Rico como el sistema de enseñanza pública del país deben ser prioridad en términos del desarrollo económico y social.