Además de los señalamientos ya mencionados, la auditoría también encontró deficiencias en los planes de trabajo, poco rigor en los procesos de revisión y corrección de señalamientos o fallas que son indicadas a los proponentes, deficiencias en la designación del comité a cargo de evaluar los planes de trabajo, desgloses de materiales que pueden representar costos cuestionables y discrepancias entre el documento de contrato y el plan aprobado. El DE dijo que también se han hecho revisiones a otros contratos.	“Tanto la división legal como la Oficina de Asuntos Federales nos han reiterado que este documento es parte de un trámite investigativo que aún está en proceso, por lo que la agencia está impedida de compartirlo”, expresó en declaraciones escritas Aniel Bigio, director de la Oficina de Prensa y Comunicaciones del DE.	En las expresiones, la agencia sostuvo que, “históricamente”, el Departamento ha arrastrado deficiencias en los procesos de otorgamiento de contratos que han dado paso a múltiples problemas de cumplimiento y casos judiciales a lo largo de los años. “Es un problema heredado al que la agencia ha estado buscando soluciones que van desde mejorar los requisitos, en el proceso de desarrollo y evaluación de los planes de trabajo hasta las monitorías”, indicó.	el 13 de febrero que no descarta radicar una demanda en contra del DE. La entidad, que fue contratada por instrucciones de la secretaria Keleher para la implementación del programa, reclama la suma de $8.4 millones por servicios presuntamente prestados y facturados al DE durante el período de vigencia del acuerdo, que estuvo activo alrededor de cinco meses y se canceló en mayo de 2018.