Temprano esa tarde, el Tribunal Supremo había declarado inconstitucional la juramentación a la gobernación realizada cinco días antes por Pedro Pierluisi, el secretario de Estado designado por Ricardo Rosselló, quien, a su vez, se vio forzado a renunciar, víctima de sus propias palabras compartidas en un infame chat de Telegram. Teniendo como única otra alternativa la renuncia, la hasta entonces secretaria de Justicia optó por ocupar el cargo que días antes había dicho que no le interesaba.	Por ejemplo, pese a sostener reuniones semanales con la Junta de Control Fiscal (JCF) y haber nombrado a Elí Díaz como su representante en el cuerpo, la gobernadora no ha asumido públicamente una postura con respecto al plan de ajuste que reestructuraría unos $35,000 millones en deuda del Gobierno central.	Por otra parte, Vázquez también se ha reunido regularmente con alcaldes de ambos partidos, a quienes ha advertido que, con toda probabilidad, la Ley 29 que exime a los municipios de las aportaciones a los planes de retiro y de salud de los empleados públicos será vetada en corte debido a la oposición de la JCF. Sin embargo, Vázquez aún no ha presentado propuestas concretas que permitan aliviar las finanzas de los atribulados municipios.	Al llegar al Palacio de Santa Catalina —que no ha convertido hasta la fecha en su residencia permanente—, Vázquez se encontró con un Gobierno desnudo en áreas clave de la gestión ejecutiva. En sus primeras semanas, sorprendió con el nombramiento de la senadora Zoé Laboy para encabezar su gabinete como secretaria de la Gobernación.	Durante esta semana, Vázquez realizó su primera destitución de alto perfil, al solicitarle la renuncia a Beatriz Zayas, hasta entonces comisionada del criticado Negociado de Ciencias Forenses. Quienes sí han permanecido en sus puestos son dos miembros del chat de Telegram: Anthony Maceira, director de la Autoridad de Puertos; y Ricardo Llerandi, a la cabeza de la Compañía de Comercio y Exportación. Tampoco ha destituido a la asesora de Infraestructura, María Palou, quien está bajo investigación junto a su esposo por un referido en el que se alegaba posible venta de influencias.