Al menos así lo planteó ayer durante una vista pública en la Comisión de Desarrollo Económico Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara de Representantes de Puerto Rico que investiga el efecto que tendrá el cierre de estos rellenos sanitarios. De acuerdo con la exposición de motivos de la resolución 1339 de la autoría de Parés y el también representante novoprogresista José Aponte, de los 29 sistemas de relleno sanitario o vertederos que existen en Puerto Rico alrededor de 12 de estos podrían cesar sus operaciones debido a directrices de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y la Junta de Calidad Ambiental.	, avalaron que se implemente algún tipo de tarifa por el recogido de basura. Meléndez, por su parte, argumentó establecer una “tarifa uniforme razonable para el recogido y disposición de los desperdicios sólidos”. Mientras que Marrero sugirió que se debe considerar una tarifa que tome en cuenta la cantidad de desperdicios sólidos que la persona genere. "El problema es que el ciudadano si no lo fiscalizan tira todo mezclado y si no le cuesta nada, va a botar todo lo que tiene en el clóset", sostuvo Marrero.	Aponte, por su parte, fue más cuidadoso y señaló que los municipios deben decidir si desean imponer una tarifa al recogido de basura. "La imposición de un costo de recogido de desperdicios sólidos no tiene que ser necesariamente legislado a nivel estatal", comentó el legislador durante la audiencia. Confesó además que muchos alcaldes evitan imponer estas tarifas debido al impacto político que pudiera generar.	El representante Pedro Santiago también descartó imponer una tarifa por el recogido de basura y opinó que la ciudadanía está dispuesta a reciclar. “Imponer sanciones o multas a los municipios para que los obliguemos a cobrar, la Asamblea no debe entrar en detalles”. A juicio del legislador, los municipios deben fortalecer sus programas de reciclaje y segregación de desperdicios sólidos para así aumentar la vida útil de los vertederos.	“Cuando la gente tiene que pagar lo hace correctamente y reduce la cantidad de cosas que bota”, sostuvo Marrero. Según la agrónoma, esto podría impulsar el reciclaje entre la ciudadanía. Pero advirtió que debe imponerse de acuerdo al volumen de desperdicios sólidos que las personas generen y no una tarifa uniforme.