Será el tribunal de quiebras -y no el Gobierno de Puerto RIco- el que finalmente decida en torno a la validez del acuerdo y si requiere legislación o no. Al menos eso opinó Natalie Jaresko, directora Ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), tras el más reciente anuncio de que lograron un pacto con un grupo de bonistas de Obligaciones Generales y de la Autoridad de Edificios Públicos.	Luego de que el ente fiscal anunció en la noche del domingo el acuerdo con un grupo bonistas de Obligaciones Generales —tenedores de cerca de $3,000 millones y que no incluyen a tenedores de otros $18,000 millones de deuda— Christian Sobrino, principal oficial ejecutivo de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), dijo que el Gobierno no lo aceptará y advirtió que para que sea viable la JCF necesitaría legislación o de lo contrario, “ningún plan es factible, ningún acuerdo se puede ejecutar y ningún valor será mercadeable”.	Jaresko aseguró, además, que tanto el acuerdo con un grupo de bonistas de obligaciones generales, como los que se alcanzaron la semana pasada con el Comité Oficial de Retirados y con Servidores Públicos Unidos acercan al país a salir del proceso de quiebra, lo que, según sus cálculos, ocurriría en algún momento de 2020.