Es imperativo evaluar en qué posición han estado con respecto a la Junta de Control Fiscal. De un lado, estarán los que celebraron e, incluso, promovieron la aprobación de la Ley Promesa, los que promueven el diálogo y la negociación con esta, los que han sido sus lacayos, abogados y cabilderos. Del otro, los que hemos denunciado a la Junta desde el principio, los que rechazamos y combatimos sus acciones en perjuicio de la Universidad de Puerto, de la clase trabajadora, de los pensionados, del país en general, como Juan Dalmau, que radicó e impulsó legislación para no pagarle fondos del Gobierno a la Junta.	En este proceso electoral estarán, de un lado, los que han mutilado el derecho a la educación pública y gratuita, promoviendo el cierre de escuelas y el “mercantilismo” de la educación en distintas formas. Del otro lado, los que nos opusimos a la mal llamada reforma educativa, los que valoramos el trabajo y la vocación de los maestros y maestras, que son la columna vertebral de nuestro sistema educativo.	De igual forma, se tendrá que evaluar a los que nunca han promovido un verdadero sistema de salud pública y apoyan el modelo del enriquecimiento de las aseguradoras, frente a los que siempre hemos promovido la salud como un derecho humano, mediante la implementación de un plan universal de salud, con pagador único.