Durante semanas, el país ha estado reclamando cambio, justicia social, democracia y trasparencia en las actividades gubernamentales, como consecuencia de la actividad ilegal del exgobernador Ricardo Rosselló y sus secuaces, y su conducta durante los días posteriores a su anunciada renuncia y la efectividad de esta. La pasada semana, respondiendo a ese reclamo del país, de mayor democracia, presentamos varias propuestas de enmiendas a la Constitución. Estas incluyen establecer un referéndum revocatorio al gobernador, una elección especial abierta para llenar la vacante de gobernador y la creación de un sistema de segunda vuelta cuando un  Gobernador electo no obtenga más del 50 % del voto. Además, propusimos la creación  de la Asamblea para un Nuevo Puerto Rico (ANPuR) que redactaría una nueva constitución y enfrentaría la situación colonial de Puerto Rico.	Esta semana, dando seguimiento al reclamo del país, presentamos medidas dirigidas a investigar las últimas acciones y decisiones del gobernador saliente, las actuaciones de la Policía durante las manifestaciones y la creación de un Fiscal con Jurisdicción Específica para investigar y procesar criminalmente a las personas que pudiesen haber cometido delito en el chat de Telegram.	La renuncia del gobernador no puede ser la excusa para pasar la página y obviar la comisión de delitos por los componentes del asqueante chat. No podemos olvidar, las conspiraciones, los actos discriminatorios, el uso indebido y malversación de fondos públicos. Tampoco podemos ignorar las actuaciones de la policía —criminalizando la protesta y la libre expresión para mantener al gobernador en su cargo— durante las manifestaciones por las que ya distintas organizaciones han levantado objeciones. De igual forma, hay que revisar minuciosamente todas las acciones y decisiones tomadas por Rosselló desde el momento en que anunció su renuncia hasta el 2 de agosto cuando abandonó el cargo.