– Se debe incentivar y respaldar la denuncia fundamentada de un indicio de corrupción. Se deben facilitar garantías, procedimientos claros y accesibles para que los ciudadanos puedan hacer la denuncia. Se debe auscultar la posibilidad de aprobar medidas que provean protección a todos aquellos denunciantes de posibles casos de corrupción. Paralelamente, se deben limitar los juicios mediáticos paralelos gratuitos y demagógicos, o penalizar denuncias con escaso o nulo fundamento. A fin de cuentas, en muchos casos, la corrupción está acabando en un circo mediático que daña la imagen de la isla.	– Despolitización y profesionalización, combinadas con difusión digital de los informes y auditorías. Total independencia para entes como la Oficina del Contralor y la Oficina del Inspector General, de modo que no estén sujetas a las influencias de los partidos políticos; además, se le debería conferir responsabilidad jurídica a la hora de no identificar hechos punibles que estuvieran presentes en la documentación auditada. Responsabilidades para auditorías privadas que no identifiquen fraude en las cuentas auditadas cuando en estas se identifiquen delitos.	Educación en nuestros hogares, en escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, en la sociedad… de los valores éticos que fortalecen la cohesión social. Rechazo radical a la corrupción en todas sus manifestaciones. Fortalecimiento de los códigos éticos profesionales. Y en general, en todo tipo de políticas de buen gobierno y responsabilidad corporativa en empresas e instituciones. Se trata de construir una sólida cultura ciudadana contra la corrupción, en la cual la denuncia se convierta en la costumbre y no la excepción. comparte