“Los documentos han sido retenidos durante un período de tiempo que ha excedido los 150 días que la Junta estimó inicialmente que necesitaría para completar las producciones”. Así se establece en una moción radicada hoy por los abogados de la organización Judith Berkan y Steven Lausell de la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, donde además se pide al tribunal federal que dé un plazo máximo de diez días para producir los documentos pendientes.	“La información pública no solo tiene que estar disponible para los ciudadanos y la prensa, sino que debe estarlo en el momento oportuno. Las tácticas de retraso que ha usado la Junta en este caso, como es el negarse a entregar documentos de manera continua y retenerlos de forma arbitraria y el establecer fechas que luego no cumplen ya se ha convertido en un patrón en este caso”, denunció la directora del CPI, Carla Minet.	Desde junio de 2017, el CPI ha estado luchando judicialmente para obtener acceso a  informes que se supone sean sometidos con regularidad semanal, mensual o trimestral por el gobierno a la Junta, así como a documentos, informes, cartas, correos electrónicos y cualquier otra información o material intercambiado entre el Gobierno de Puerto Rico y sus agencias, y la Junta. La demanda por acceso a la información también incluyó estas mismas categorías de documentos intercambiados entre el gobierno federal y la Junta. El CPI requiere también los informes financieros de los integrantes de la Junta antes de ser nombrados a dicha entidad.	La decisión del Juez García Gregory en este caso que abrió paso a la entrega de documentos establece que la Junta es una entidad del Gobierno de Puerto Rico, no federal, y que las demandas en su contra se presentan en el Distrito Federal judicial de Puerto Rico. Por esto, no hay duda de que la Junta puede ser demandada, es decir, no goza de inmunidad. También indica que someterse al derecho puertorriqueño de acceso a la información no impide que la Junta descargue sus responsabilidades bajo PROMESA ni obstruye los propósitos de dicha ley y que las denegatorias de acceso a información tienen que tener justificación apropiada, por lo cual las no pueden ser arbitrarias ni caprichosas.