La Administración de Servicios Generales (ASG) persigue generarle un ahorro de entre $300 mil y $500 mil al Negociado de la Policía de Puerto Rico, permitiéndole recuperar piezas de vehículos decomisados de la propia flota de la Uniformada para la reparación y el mantenimiento de los que aún se encuentran en uso.	De acuerdo con Chávez, actualmente hay entre 800 y mil vehículos de la Policía decomisados, distribuidos en lotes de la ASG y de la propia Uniformada, en Caguas, Manatí y Mayagüez. Además, indicó que la ASG ha removido automóviles que estaban decomisados, pero que permanecían estacionados en cuarteles a través de la isla.	“En el pasado, se dañaba un vehículo —una patrulla—, tenías que hacer la orden de la pieza, esperar que llegara para que ese vehículo pudiera salir de nuevo a funcionar operacionalmente. Ahora tienen un inventario de piezas disponibles, o sea, que lo pueden reparar rápidamente o hacerlo preventivo como mantenimiento, y ese oficial va a tener la patrulla disponible en un tiempo récord”, aseguró.	“En un cuartel, por ejemplo, hay diez patrullas. De esa flota de diez patrullas están juntas las que funcionan y las que no funcionan. Ponle que, de esas diez, sirvan como unas cuatro, porque o le falta una pieza o no tienen aire (acondicionado), las gomas, los frenos, y no hay dinero para reparar esa patrulla cuando, en ocasiones, con una patrulla pueden arreglar otra, pero no lo permiten, no permiten que usen piezas de una para arreglar otra”, expresó. El oficial, con alrededor de 15 años en la Uniformada, afirmó que “siempre ha habido ese problema”.	Según Chávez, dicha resolución tiene vigencia hasta febrero, pero evalúan la posibilidad de extenderla. Respecto al ahorro proyectado, explicó que “es un estimado que hicimos como parte de este proyecto, basado en los vehículos de la Policía que tenemos en estos lotes, un estimado de las piezas que sabemos que los policías pueden usar”.	La iniciativa es parte de un “operativo contra la chatarra” que realiza la ASG, que busca generar fondos a través de la venta de los neumáticos de los vehículos gubernamentales decomisados en su poder, así como la venta de metal extraído de esos vehículos; y reducir el impacto ambiental al liberar el espacio en los lotes.