Guzmán añadió que otra medida adoptada por la administración de los centros, es limitar la prueba C4/C8, que mide la cantidad de proteínas en la sangre, una función importante en su sistema inmunitario, para, presuntamente, no tener que pagar los reactivos que se necesitan. “Esta medida se suma a las limitaciones que ya se han puesto en práctica en el pasado y que progresivamente van deteriorando los servicios y desviado los pacientes hacia entidades privadas, donde personalmente tienen que asumir los costos”, señala la UGT.	Por su parte, la secretaria auxiliar de Salud Familiar y Servicios Integrados del Departamento de Salud, Migdalia Lugo, reconoció algunas de las críticas de la unión, como por ejemplo, que han enfrentado retos como parte de los recortes presupuestarios de la Junta, pero afirmó: “Nuestra prioridad siempre han sido los pacientes, por lo que no permitiremos que ninguna de las poblaciones a las que servimos se quede desprovista de algún servicio de salud básico”.