Pensemos, por ejemplo, en la fragilidad de nuestro sistema energético; en la paralización de los trabajos de reconstrucción de nuestra infraestructura, que con tanta urgencia el país necesita; en los miles de hogares que todavía lucen toldos azules exponiéndose a sufrir más percances en caso de enfrentar lluvias tormentosas; y en el estancamiento en que se encuentran los proyectos de canalización de 13 ríos que han sido aprobados por el Cuerpo de Ingenieros pero que no arrancan.	A estas alturas, sorprende escuchar de voz de los encargados de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) cómo desde esa dependencia se alteran continua y arbitrariamente los requisitos que se le imponen a la isla para el desembolso de fondos, lo que en gran parte ha sido responsable del atraso en la puesta en marcha de las obras de reconstrucción.	El texto del proyecto especifica que la implantación de la Ley de Resiliencia de Puerto Rico requiere elaborar planes de resiliencia a nivel comunitario, municipal, regional y estatal; estimular la participación de grupos comunitarios y diversos sectores (educación, salud, transporte, medioambiente, académico, empresarial y comercial), en el análisis y elaboración de los planes de resiliencia; establecer procesos de capacitación, educación y concienciación pública sobre la necesidad de establecer comunidades y pueblo resilientes.