La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (la “Junta de Supervisión”) creada por el Congreso bajo la ley bipartita Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (“PROMESA” o la “Ley”) recomendó hoy que el Gobierno de Puerto Rico tome las medidas necesarias para ajustar las operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE) para que fluctúen según el ciclo electoral y reestructurar su organización para que sea más eficiente.	En una carta al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos J. Méndez Núñez, la Junta de Supervisión declaró que si bien la CEE realiza un trabajo esencial para reforzar la democracia al registrar a los votantes y administrar el proceso electoral, las operaciones actuales de la CEE no coinciden con las necesidades que atiende o con la realidad fiscal de la Isla.	“Las elecciones se celebran cada cuatro años. La CEE debe ser más activa en el año previo a una elección, pero puede y debe reducir significativamente sus operaciones en los tres años restantes de un ciclo electoral. Esto es lo que hacen las comisiones electorales comparables en la mayoría de los estados", escribió en la carta el presidente de la Junta de Supervisión, José B. Carrión.	por partido (actualmente tres), comisionados alternos, una secretaria, subsecretaria, personal y más de 85 juntas locales de registro (“JIP”) en toda la isla, cada una de las cuales incurre en gastos de personal y administrativos. La Junta de Supervisión agregó que, de acuerdo con los últimos datos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la CEE tiene aproximadamente 700 empleados, pero no brinda a los residentes de Puerto Rico la capacidad de aprovechar la tecnología para registrarse para votar en línea o renovar sus tarjetas de votación como se hace en los estados y otros países.	La Junta de Supervisión emitió su recomendación sobre el CEE conforme con la Sección 205 (a) de PROMESA, que le permite presentar recomendaciones al Gobernador o a la Legislatura sobre las medidas que el Gobierno de Puerto Rico puede tomar para garantizar el cumplimiento con el Plan Fiscal o para de otro modo promover la estabilidad financiera, el crecimiento económico, la responsabilidad de la administración y la eficiencia de la prestación de servicios del Gobierno. Bajo la Sección 205 (b), el Gobierno tiene 90 días para proporcionar una respuesta a la recomendación de la Junta de Supervisión.