Ese es el total de personas trasladadas a Estados Unidos como parte del programa de violencia doméstica de Travelers Aid, una entidad sin fines de lucro que ayuda a este y otros sectores vulnerables. Es decir, este número no incluye víctimas que han salido por cuenta propia u otras respaldadas por otras organizaciones.	“Hacemos un plan de trabajo con la víctima. Cuando la víctima llega aquí, tiene que cumplir una de tres cosas: que tenga una orden de protección vigente en el momento que llega, que haya radicado cargos contra la persona agresora, o que venga referida de algún programa que trabaje con esta población”, explicó la directora ejecutiva de la organización en Puerto Rico, Ayeisha Gandía.	“Cuando se le pide a alguien que se vaya, es porque en verdad es un caso grave, grave, grave. De ese tipo de casos que se sabe que un plan de seguridad no es suficiente para mantener al agresor lejos. Normalmente,  pasa cuando son personas que están involucradas con el mundo del narcotráfico o que están en otras actividades ilegales, o cuando son personas relacionadas con la Policía o cuando tienen mucho poder económico, que se sabe que, simplemente, esa persona puede comisionar un sicario”, dijo Pagán.	Hasta el momento, ninguno de los casos que han atendido han terminado en una fatalidad, pero pensando en ello es que priorizan conectar las víctimas con organizaciones que brindan ayuda psicológica, para que las víctimas también entiendan el proceso y sepan que tienen el valor y el apoyo para no depender de sus agresores.	A Tatiana Gómez le llegó una carta el 29 de septiembre de 2016, de la entonces procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez Garced. En el sobre había un referido a Travelers Aid. Allí la ayudarían a estar segura junto a su bebé, luego de recibir palizas y acoso por parte de su expareja.	Así lo recuerda Gómez, y tampoco olvida lo incómoda que eso la hizo sentir. Entonces, se cuestionó cómo era posible que el Estado reconciera que ella estaba en peligro y que por eso debía salir del país, pero ese mismo Estado no intervenía con su agresor, contra quien tenía una orden de protección, contó a	“Es el balance de cosas para proteger los derechos de todos y todas”, explicó Pagán. “Pero el asunto es que si él comete un delito de Ley 54 que incluya amenaza y agresión, y el riesgo es que cometa asesinato, pero cualificó para fianza y pagó la fianza, va a estar libre hasta que se vea el juicio, y si sale culpable en el juicio, entonces va preso”, explicó.	La procuradora de las mujers, Lersy Boria, aseguró: “A mí me gustaría decirle: ‘Quédate en tu casa en lo que trabajamos con este, que no se rehabilitó, y con los funcionarios que no están haciendo los trabajos’. Pero de manera inmediata, yo no puedo decirles ‘no salgan de su casa’. Yo tengo que, al mismo tiempo que estoy fiscalizando  y que se tiene que educar, al mismo tiempo tengo el deber de decirle a la víctima: ‘Protégete’”.