De ordinario, el gobierno no otorga servicios de escoltas a los exgobernadores que se encuentren fuera de la isla. Según la demanda, esto está contenido en la Orden General de la Policía de Puerto Rico, documento que establece los parámetros para que la Oficina de Seguridad y Protección provea escolta a los funcionarios de alta jerarquía del que han sido autorizados por el Superintendente. De acuerdo al recurso legal, en esas normas se expresa categóricamente que: “No se proveerá escolta fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.	“La actuación unilateral y ultra vires del Lcdo. Pierluisi Urrutia al impartirle instrucciones al Comisionado de la Policía Henry Escalera Rivera para que provea escolta al gobernador renunciante Rosselló Nevares fuera de la jurisdicción de Puerto Rico, sin cumplir con los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios representan una clara violación a la sección 9 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, cita el documento presentado ante el Tribunal de San Juan.	El demandante argumentó que es “un ciudadano afectado por el reciente cierre de diferentes Cuarteles de la Policía, muy particularmente el Destacamento del Hayales en la línea divisoria de Coamo y Barranquitas, y como tal está interesado en la ejecución y protección del derecho e interés público. Es su intención, deseo y propósito que se hagan cumplir las Leyes de Puerto Rico, así como su Constitución”.