La presidenta de la Comisión de lo Jurídico en la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonier, le recordó a la senadora Zoé Laboy que el sistema legislativo de Puerto Rico es bicameral, por lo que si ya el Senado hizo su trabajo sobre la medida de terapias de conversión, ahora les debe dar espacio a los representantes para evaluar el proyecto.	Tanto la medida de las terapias de conversión, como la relacionada con el aborto en Puerto Rico ya están siendo analizadas por técnicos de la comisión que preside Charbonier, quien aseguró que tendrán el trámite correspondiente. La representante detalló que, en ocasiones, cuando están conformes con las medidas aprobadas por el Senado, bajan directamente a votación con su informe, pero que si tienen dudas, van a vistas públicas. La senadora Laboy ha pedido vistas públicas para la pieza sobre las terapias de conversión.	“No tengo ningún problema en que (la senadora Laboy) vaya a mi oficina y todos nos reunamos, y ella explique el problema. Lo que sí yo le pido a la senadora es que nos permita hacer la evaluación. Escuché que ella está haciendo una solicitud de que se celebre vista pública, ella está haciendo una solicitud de comparecer… Esto es un sistema bicameral, ya el Senado hizo su trabajo… Nos permite el espacio para nosotros hacer el nuestro, y nosotros lo vamos a hacer, como el trabajo que ya hemos hecho a nivel de nuestra comisión. Le damos el debido proceso y hacemos lo que tenemos que hacer”, reaccionó.	Precisamente, sobre la medida de las terapias de conversión, Charbonier sostuvo que, aunque no ha leído la versión final del Senado, de entrada estaría en contra de cualquier asunto que impacte el derecho de un padre a ejercer patria potestad sobre su hijo. También llamó la atención a la protección de la autonomía de la voluntad del paciente y a la libertad religiosa como asuntos que deberán analizarse en el proceso. En el proyecto sobre el aborto, dijo que habrá que ver que no se violente la jurisprudencia de los casos Rhode versus Wade, y Parenthood versus Casey.	Precisamente, la legisladora reaccionó a la controversia generada por el tema de la subrogación dentro del Código Civil que acaban de aprobar en la Cámara de Representantes. Charbonier sostuvo que no se prohíbe la subrogación y que hay espacio para una ley especial que establezca el marco regulatorio en este tipo de proceso reproductivo.	“El Código es un ordenamiento general de reglas y hay un artículo que trata sobre la inviolabilidad del cuerpo humano. Nosotros no creemos en el mercado de los órganos, de los fluidos del cuerpo, no creemos tampoco en que el vientre de una mujer se convierta en un elemento de consumo comercial, y eso es un punto de partida que nosotros establecimos en el Código Civil como principio. Hoy día no hay un marco regulatorio para esto, yo creo en la subrogación, yo creo en la fertilización	. Creo en ambas cosas. Lo que no creo es en la comercialización ni en la mercantilización. Los 32 compañeros que votaron tampoco creen en la mercantilización ni en la comercialización, pero sí creemos en que se puede permitir y abrir espacio para esto. Claro, no podemos tener esas reglas específicas en el Código Civil. Lo que hacemos es que en el artículo que establezco la inviolabilidad del cuerpo humano, dejamos un espacio para que se haga una ley especial con relación a este aspecto”, detalló la representante novoprogresista.	De hecho, dijo que comprende la preocupación del gobernador Ricardo Rosselló sobre el asunto porque sí debe mediar un contrato en el proceso. “La persona, aunque te done el vientre, tienes que gastar el elemento de salud, un plan médico, un cuidado de salud, alimentación, y eso hay que ponerlo en un papel. Ya hablamos con el presidente del Senado y vamos a coger ese artículo y afinarlo más”, aseguró Charbonier. La representante anticipa que habrá múltiples enmiendas al Código Civil en el Senado, pero que espera que el proceso legislativo culmine de forma positiva y que este mismo cuatrienio el gobernador estampe su firma en él.	Lo que no parece tener futuro, al menos en su comisión, es la medida bipartita para proteger en sus centros de trabajo a los pacientes de cannabis medicinal, pues la legisladora está en espera de una consulta al Departamento del Trabajo Federal desde el año pasado sobre el asunto. A nivel federal, la marihuana sigue siendo una sustancia ilegal, pero varios estados han establecido políticas públicas para su legalización en uso medicinal y/o recreativo. En Puerto Rico, unas 60 mil personas han sido certificadas como pacientes de cannabis medicinal, pero no cuentan con una protección en sus centros de trabajo. “Muchos de nuestros trabajos a nivel de Gobierno son federales, y si esa prohibición afecta los dineros que vamos a recibir, yo le estoy haciendo un mal servicio al pueblo de Puerto Rico”, dijo Charbonier, quien apuntó a que fue una representante del Departamento del Trabajo en Puerto Rico quien levantó bandera sobre el asunto