“La Comisión de Ética del Senado en votación unánime y en cumplimiento estricto con el Código de Ética del Senado tomará los siguientes pasos. Primero, en el día de hoy se le estará notificando al compañero Abel Nazario sobre se recibió la querella. Segundo, éste tendrá un máximo de 15 días para responder la querella, una vez él conteste, la Comisión tendrá 30 días para determinar si hay jurisdicción y si hay jurisdicción va a ser referido al panel”, dijo Martínez a la prensa.	Mencionó que dicho panel, que determinará si hay causa probable, estará compuesto por el exjuez y exsenador, Luis Felipe Navas; el licenciado Pablo Colón; y el contable Héctor Bernier, en representación del Partido Nuevo Progresista (PNP). Además, los abogados William Díaz Natal, en representación del Partido Popular Democrático (PPD), y Hugo Rodríguez, en representación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).	“El propósito de la conspiración fue que el acusado Abel Nazario, con la asistencia de los acusados ​​Edwin Torres Gutiérrez y Claribel Rodríguez Canchani, pagara a los acusados ​​Humberto Pagán Sánchez, Kelvin Ortiz Vegara, Ramón Martes Negrón, Juan Rosario Núñez y Eric Rondón Rodríguez de fondos municipales para trabajar en la campaña senatorial del acusado. Un propósito adicional era que los empleados irregulares brindaran asistencia a las campañas de otros políticos del partido cuyo apoyo Nazario necesitaría para ganar las elecciones al Senado y para un intento posterior de convertirse en presidente del Senado”, dijo el fiscal federal, Stephen Muldrow en declaraciones escritas.	Asimismo, la investigación arrojó que entre 2014 y 2016, los acusados ​​conspiraron y acordaron entre ellos malversar, robar, obtener por fraude o, de otra manera, sin autorización convertir al uso de cualquier persona que no sea el propietario legítimo, o mal aplicar intencionalmente, propiedad valorada en más de 5,000 dólares que era propiedad o estaba bajo el cuidado y la custodia del municipio. Todo en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 371 y 666 (a) (1) (A).	Además, se indicó que la oficina que figura en cada contrato era “Oficina del Alcalde”. El supervisor inmediato que figuraba en cada contrato era el acusado Torres Gutiérrez, quien instruyó a estos empleados irregulares para que se reportaran al Municipio una vez por semana o una vez al mes. Después de enterarse de que el municipio estaba bajo investigación, Torres Gutiérrez ordenó a los empleados que se reportaran al Municipio dos veces a la semana o dos o tres veces al mes, y luego los enviaron a diferentes oficinas dentro del Municipio.