Al menos así lo indicó el senador Nelson Cruz, quien espera que la gobernadora se reúna esta semana con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para culminar la discusión de las enmiendas. De acuerdo con el legislador, tan solo resta acordar el lenguaje sobre la concurrencia de penas y la oportunidad de una persona convicta por poseer un arma ilegal, de acceder al Programa de Libertad Bajo Palabra o programas de desvío.	“Tenemos que armonizar el lenguaje para que se le dé facultad al juez, según la prueba, y que la persona tenga derecho de solicitarle a la Junta de Libertad Bajo Palabra. Hoy no puedes hacer eso. Darle esa oportunidad al ciudadano, porque si de verdad se está rehabilitando y creemos en la rehabilitación, creo que eso es algo necesario que debe estar incluido en la ley”, sostuvo el también autor de la medida en entrevista telefónica con	El lunes, el portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, confirmó en la sesión que recibieron el Proyecto 1050 por parte de La Fortaleza. “Tenemos un plan de trabajo para bajarlo el lunes”, aseguró Cruz, quien añadió que la reunión con la gobernadora se pospuso debido al paso de la tormenta tropical Karen.	Por su parte, el senador mencionó que, a pedido de la gobernadora, se incluyó la base de datos del Servicio de Información de Justicia Criminal (CJIS, por sus siglas en inglés) del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que proveerá información a las autoridades sobre los solicitantes a la licencia de un arma de fuego.	. Si tú cometiste un delito en cualquier estado de la nación, lo vamos a saber”, comentó el legislador novoprogresista, quien se mostró complacido con las enmiendas y sugerencias sometidas por la gobernadora. Agregó que la ley también incluye otras plataformas de datos de los solicitantes, como el Registro Criminal Integrado (RCI), que administra el Departamento de Justicia. La ley, empero, mantuvo los costos de la licencia en $200 y la renovación en $100.	Cruz, por su parte, rechazó que el proyecto de la nueva Ley de Armas liberalice el acceso a las armas en el país. “Nunca el proyecto fue flexible, al contrario… siempre procuramos que el proyecto fuera más riguroso, pero menos oneroso para el ciudadano que aspira a tener un arma de fuego para protegerse en su casa”, subrayó el senador por el distrito de Ponce. El entonces gobernador Ricardo Rosselló expuso que no firmaría un proyecto de Ley de Armas que facilitara el acceso a las armas.