"Muchas cosas se discutieron en ese chat", dijo Rosselló, quien recalcó en no hay ilegalidad, que son actos impropios. Metro preguntó los nombres de los encargados de quiénes realizaron el análisis legal. Sin embargo, el primer ejecutivo se negó a detallarlos y expuso en la conferencia de prensa que pagó el análisis con sus fondos.	De igual forma, Rosselló admitió que los pedidos de su renuncia tras el escándalo del chat de Telegram en el que él y otros funcionarios se burlan de personalidades afectan la imagen del país y por lo tanto el turismo, sector económico que ya estaba en recuperación tras el huracán María.