La consultora que desde julio de 2018 ha estado trabajando en el Departamento de Educación (DE) en “carácter voluntario” con una promesa de contrato con la Puerto Rico Education Foundation (PREF), y quien laboró en McKinsey & Co., ha asistido a partir de entonces a reuniones con la Junta de Control Fiscal (JCF) junto con el personal ejecutivo de la agencia.	“Lo que es bueno es tener el peritaje y la experiencia de una persona que ha trabajado al nivel que Kari ha trabajado, que tiene un conocimiento, una manera de hacer análisis de datos, de planificar”, reiteró. Keleher descartó cualquier conflicto de interés y aseguró que la consultora no toma ninguna decisión de manera independiente ni ejecuta instrucciones que no sean las de ella.	“No hay nadie que pueda representar los intereses del Departamento de una manera que no sea cónsona o no coincida con lo que es mi misión, eso no puede pasar. En el momento en que ella o cualquier otra persona haga algo contrario a lo que yo quiero, puede irse”, subrayó.	Por su parte, Keleher, defendió el trabajo de Hernández. “Esas quejas sirven como evidencia de que se está cambiando cómo el Departamento trabaja y se está poniendo un enfoque en el seguimiento y de hacer cumplir las promesas que hace la agencia. Eso puede entender que incomoda”, expresó la titular del DE.	reveló ayer que el DE recibe servicios de Hernández “en carácter voluntario” desde julio de 2018, una de las personas que figura en la lista de mentores que serán contratados por la PREF, como parte del plan de la secretaria Keleher para la ejecución de los procesos de transformación y reorganización de la agencia pública.	. La directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro, Enid Reyes, sostuvo en entrevista con este medio que los acuerdos —tanto el de Hernández como el otros consultores— aún se están negociando. Dijo que los detalles se darían a conocer en cuanto culmine el proceso, aunque no así el dato específico de los salarios asignados. Tampoco se ha dado a conocer el nombre de la entidad que hizo un “donativo importante” a la PREF, que especifica para qué se utilizará el dinero —afirmó Manuel Cidre, vicepresidente de la Junta de Directores de la PREF— y que facilitó la contratación de consultores que dará servicios al DE.	A juicio del licenciado Edgardo Román, presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, no existe ningún impedimento para que el acuerdo firmado que existe entre el DE y la PREF haya una disposición que establezca que la calidad de anonimato no puede utilizarse en los contratos, donaciones o servicios que de manera directa o indirecta afectarán la agencia pública y su funcionamiento, y que se protejan las leyes existentes contra la corrupción. Román sostuvo que la intención de mantener en el anonimato, o como información confidencial, tanto al donante como los detalles de los salarios levanta suspicacia.	“Esa información debe ser pública y estar disponible para que el negocio que se vaya a hacer, el contrato que se vaya a hacer en relación con nuestro Gobierno, sea un contrato o negocio que se ajuste a las leyes de ética, a las leyes de contabilidad del Gobierno y a la necesidad que tiene el pueblo de saber quiénes son los que están interviniendo en los asuntos públicos”, explicó.	Keleher, por su parte, aceptó tener conocimiento del nombre de la fundación que hizo la donación, aunque no lo reveló en la entrevista, por la condición de anonimato peticionada por la entidad a la PREF. Aseguró que consultaría con la entidad la posibilidad de revelar el nombre y que “la agencia quiere ser transparente”.	“No me parece de ninguna manera que es así. Ellos de verdad quieren entender a Puerto Rico, quieren ayudar, quieren que los niños tengan una educación de alta calidad. Han venido a visitar las escuelas, a conocer a las personas. Sencillamente se enamoraron de Puerto Rico, con un amor hacia el otro que quiere subsanar heridas”, argumentó la secretaria.	Sobre el acuerdo de Hernández, la contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, se limitó a decir que no contaba con los detalles de los procesos de contratación y acuerdos entre el DE y la PREF, “pero, en términos generales, lo vemos positivo, que una fundación privada haga una donación a beneficio del sistema público”.