La Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía, que preside el representante Víctor Parés Otero, sometió el martes al pleno cameral los resultados del Informe Parcial número decimotercero en torno Resolución de la Cámara 64, concerniente a los casos de hurto de energía eléctrica en la Isla y el proceso de ley donde se le imputa a un abonado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) irregularidades en el consumo de energía.	En el documento, Parés Otero concluye que “las campañas publicitarias para desalentar el hurto de energía no han dado resultado. Según hemos expuesto, las pérdidas asociadas al robo de luz se estiman en $60 millones anuales. El efecto directo de esta realidad es el aumento en las facturas de los ciudadanos honrados que no recurren a esta práctica ilegal, pues las pérdidas de la AEE relacionadas al hurto de energía se pasan a los abonados”.	El informe añade que los datos provistos por la Corporación reflejan que surgen mensualmente entre 700 a 3,300 casos nuevos de hurto de energía. Adjudica además, que a pesar de la gran cantidad de casos y la enorme pérdida económica, la AEE no mantiene ningún caso activo en los tribunales por esta práctica.	Según datos presentados por la AEE, para el Año Fiscal 2015 se calcularon en un 6.35 por ciento las pérdidas no-técnicas, relacionadas al hurto de energía. De otra parte, los datos de la AEE reflejan que para el Año Fiscal 2015 y 2016 se recobró aproximadamente $18.1 millones y $19.2 millones, respectivamente, asociados al mismo asunto.	“En nuestro ordenamiento jurídico, la responsabilidad de investigar el hurto de energía recae en primera instancia sobre la División de Irregularidades en Consumo de Energía Eléctrica (ICEE) de la AEE. Esta oficina tiene como objetivo principal la mitigación de las pérdidas no-técnicas que se dejan de facturar por irregularidades y recobrar los casos ya procesados. Una vez, se identifica una irregularidad relacionada al hurto de energía, la misma puede ser procesada en dos esferas: administrativa y criminal”, especifica el escrito.	Parés Otero, amplió que, en el ámbito criminal, los procesos comienzan con la presentación de una querella por parte de la AEE ante el Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ). Cuando se hace el referido, Justicia, en su discreción, determina si procede la radicación de cargos criminales en representación del Pueblo de Puerto Rico. Estos cargos se presentan por violación al Artículo 185 del Código Penal. En este caso, una persona podría ser sancionada con una pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. Si la persona convicta es una persona jurídica será sancionada con pena de multa de hasta $10,000.comparte