"Hay una política de gestión de la deuda en el documento. Puerto Rico llega a este punto porque… los gobiernos en el pasado tomaron prestado con demasiada frecuencia, a veces no para los fines correctos probablemente. Esta política de gestión de la deuda establece  cómo podemos pedir prestado en el futuro para que nunca vuelva a suceder. Solo puede pedir prestado para gastos de capital, no para operar, solo puede pedir prestado para financiar si solo causa un flujo de efectivo. Aclaramos los parámetros sobre el porcentaje de deuda con sus ingresos fiscales, de modo que ningún gobierno en el futuro pueda volver a poner a Puerto Rico en esta posición", sentenció la portavoz del grupo creado por la Ley Promesa.	De igual forma, Jaresko expuso que con la radicación y publicación del documento esperan obtener el apoyo de más grupos de acreedores en el proceso para la confirmación del plan. "Lo que vamos a tratar de hacer para noviembre es obtener más apoyo, más sindicatos, más acreedores, más apoyo para que podamos acudir al juez y decir que esta es la mejor solución posible para Puerto Rico", agregó.	Asimismo, Jaresko resumió el contenido el plan de ajuste, que contiene los acuerdos que alcanzó la Junta con diversos grupos de acreedores y que han publicado durante todo el año."Estos acuerdos se basan básicamente en tres partes: los acreedores, los $35,000 millones de reclamos, los jubilados, los 50,000 millones de dólares en reclamos y los empleados activos, porque son los que, en el gobierno, tienen que implementar el plan fiscal", afirmó.	La directora de la JCF mencionó el acuerdo con el Comité Oficial de Retirados (COR), que entre otros aspectos estipula un recorte de un 8.5% a las pensiones mayores de $1,200. También aseguró que se crea un tipo de fideicomiso protege las pensiones, y si el gobierno llega a tener más dinero, que sean ingresos mayores a los estimados durante un año fiscal, el 10% de esos ingresos iría a restablecer el corte en ese año fiscal.	Por otro lado, Jaresko mencionó la demanda de la Junta y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés), contra los bonistas de Obligaciones Generales. La portavoz de la JCF dijo que el plan los incluye con el propósito de que no sigan litigando. Esta agregó que dijo que ellos pueden optar por seguir litigando, pero corren el riesgo de que si la jueza confirma el plan de ajuste lo pierdan todo.	“Esta es una pieza muy importante para sacar a Puerto Rico de la quiebra, darle algún tipo de estabilidad y dejar atrás este capítulo muy feo y difícil. El elemento básico de lo que hemos estado tratando de hacer es lograr un nivel de deuda sostenible, un nivel de deuda sostenible y asequible", puntualizó Jaresko.