Según ambas querellas en poder de este diario, la compañía de Oliver, llamada EBTV, se registró en el Departamento de Estado el 24 de abril del 2015, después que este dejó de trabajar en WIPR. El contrato de asesoría con la estación se firmó el 23 de enero de 2017, solo a un año y diez meses de dejar sus funciones en la corporación pública.	El acuerdo de asesoría fue inicialmente por $16,000, pero luego fue enmendado, y para junio de 2017 —menos de cinco meses después— ya ascendía a $45,000 y fue avalado por Batista sin una dispensa de la OEG, de acuerdo con la querella expedida por la agencia el pasado 23 de octubre.	el pasado febrero. En aquel momento, este periódico reseñó cómo, a lo largo de dos años, WIPR otorgó múltiples contratos a EBTV, que sumaban más de $300,000 sin mediar los debidos procesos de subasta. Además, los contratos otorgados a Oliver tenían una doble función: asesorar al presidente de la corporación pública y, a la misma vez, rentarle equipos de transmisión.	En febrero de este año, al ser cuestionado sobre la investigación, Batista alegó que los contratos de Oliver contaban con el aval de la OEG. “Nosotros fuimos a Ética Gubernamental. Mi hermano, aquí no hay ningún entuerto. Ética Gubernamental hizo hasta una investigación de eso después”, contestó Batista en aquel momento.