Si algo nos ha dejado claro la crisis en el Negociado de Ciencias Forenses es que, tristemente, sin el debido escrutinio público y el interés diario de los ciudadanos, muchos de nuestros problemas para los que existen soluciones a la vista no se atienden como corresponde. En ese caso, lo acepten o no las autoridades, los $5 millones de dólares que se identificaron la pasada semana, tal vez no habrían “aparecido” sin una buena dosis de fiscalización y escrutinio público.	Lo mismo parece que deberá ser el rumbo de nuestra crisis de seguridad. Está claro que las raíces de la situación no se atienden con la contratación de más agentes de la Policía. Pero esa misma claridad aflora para concluir que, sin números saludables de agentes activos, las calles podrían tornarse en una anarquía. Sin embargo, a pesar de que la crisis toca a la puerta, ninguno de los protagonistas del juego gubernamental parece haberse contagiado con la urgencia con la que los ciudadanos exigen atender el problema.	Si se le pregunta a la Policía, sus portavoces aseguran que deben contratarse agentes, pero no hay dinero, que el dinero lo tiene “la Junta”. Cuando se le pregunta a la Junta, sus portavoces aseguran que “el dinero está disponible” y que es el Gobierno el responsable de utilizarlo o no para graduar nuevos agentes y para contratarlos. Y así, con el “yo digo y tú contestas” entre la Junta y el Gobierno se nos ha escapado un año. Ni siquiera la intervención del juez federal Gustavo Gelpí para ordenar lo lógico (si no hay policías, gradúenlos) ha servido para acelerar lo suficiente el proceso. Ahora, el empantanamiento parece habernos dejado en que hay dinero para graduar agentes, pero no habrá dinero para pagarles sus salarios. Menudo avance, ¿no le parece?	Y así, el problema de la escasez de agentes parece ir de mal en peor. El 2018 nos dejó con cerca de 900 policías menos. En lo que va de año, según la Policía, ya se han ido 59. Y usted haga los números. Si la cosa sigue a ese ritmo, al final del año tendríamos 708 agentes menos, a los que habría que sumarle el estimado de más de mil policías que se irán este año a causa de la jubilación.	Pero ni siquiera esos datos han sido suficientes para sacudirnos del marasmo que nos hace arrastrar los pies para solucionar esto de una vez. La Junta dice, el Gobierno responde, la Junta dice, el Gobierno responde, la Junta dice, el Gobierno responde… y al final de la vuelta, cuando acaba el día y analizamos si hoy la discusión nos ha llevado a un lugar distinto del que nos encontrábamos el pasado año, es preciso concluir que las palabras nos arropan y las acciones escasean. Si tan solo alguien, quien sea, se tomara la iniciativa de ponerle fin a este	en el que se nos va la vida. ¿Podrán la Junta y el Gobierno sentarse ya, dejar el tira y tápate y designar los recursos necesarios para garantizar la seguridad necesaria a los ciudadanos del país? Al final del camino no es otra cosa que un asunto de prioridades. Y entre nuestra seguridad y la deuda con los bonistas, lo segundo no puede ser lo primero.