LOS ÁNGELES— Un mes después de que dos hombres fueron arrestados en una granja ilícita de marihuana en tierras públicas en las profundidades del desierto del norte de California, las autoridades están evaluando el impacto ambiental y los costos de limpieza en el sitio donde se talaron árboles, se desviaron vías fluviales y el suelo estaba lleno de basura, con envases abiertos de fertilizantes y veneno para roedores.	Un grupo que incluye guardabosques del Servicio Forestal de Estados Unidos, fuerzas del orden locales, científicos y conservacionistas ingresó a la zona donde se cultivaron ilegalmente casi 9.000 plantas de cannabis en tierras forestales nacionales en la región conocida como el Triángulo Esmeralda, por la marihuana que se ha producido allí por décadas.	Cuando los agentes allanaron el claro remoto en el bosque el 9 de septiembre, encontraron cientos de kilos de marihuana cosechada, toneladas de basura y más de 4,8 kilómetros (3 millas) de tuberías de plástico para riego, de acuerdo con la policía del condado Trinity. Las autoridades también descubrieron botellas de carbofurano, un neurotóxico prohibido utilizado para matar roedores que también se ha relacionado con la muerte de búhos, peces y leones de montaña. Un cuarto de cucharadita puede matar a un oso de 136 kilos (300 libras).	El caso destaca algunos de los dolores de cabeza que California ha enfrentado desde que amplió la venta legal de marihuana en 2018. Este rubro ha crecido a más de 3.000 millones de dólares, pero sigue siendo eclipsado por un próspero mercado ilegal, que recauda casi 9.000 millones anuales. Los recursos limitados significan que los funcionarios no pueden mantenerse al día con todos los sitios ilegales que quedan de la era del mercado negro, cuando gran parte de la marihuana que se consumía en Estados Unidos provenía del Triángulo Esmeralda.	“Estos lugares son basureros tóxicos. Los contenedores de alimentos atraen la vida silvestre, y las sustancias químicas matan a los animales mucho después de que los sitios son abandonados”, dijo Rich McIntyre, director del Proyecto de Remoción de Cannabis en Tierras Públicas (CROP), que se dedica a restaurar sitios de cultivo criminal en propiedad estatal y federal en California. "Creemos que hay una bomba de tiempo de salud pública".	CROP es una coalición de organizaciones de conservación, tribus, funcionarios electos, agencias de aplicación de la ley y administradores federales de tierras. Este proyecto también presta su apoyo la industria legal del cannabis, que dice que está siendo socavada por el mercado criminal. Las autoridades estiman que hasta el 70% de la marihuana ilícita de California se cultiva principalmente en tierras públicas.