Tanto la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Educación, como el Departamento de Justicia formarían parte de las agencias que han indagado sobre esta inusual movida en el programa, que se subvenciona con fondos federales y ofrece la primera oportunidad de empleo a estudiantes vocacionales, así como a los adscritos al Programa de Educación Especial. El programa fue posible luego de una transferencia de $5 millones a través de un acuerdo con la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV).	aseguró ayer que personal de agencias de investigación han indagado en el DE, luego de que este medio publicó, en exclusiva, en junio pasado, sobre la entrega de solicitudes de empleo a legisladores del Partido Nuevo Progresista con el propósito de que ellos, a su vez, las repartieran en las distintas regiones educativas.	El Departamento de Educación indicó ayer que el secretario, Eligio Hernández, tan pronto advino en conocimiento sobre “posibles irregularidades” en la repartición de solicitudes del Programa de Aprendizaje Basado en Trabajo (WBL, siglas en inglés) “ordenó que se hiciera la investigación correspondiente, así como cualquier referido a agencias investigativas de ser necesario. La mencionada investigación y los referidos fueron tramitados durante los pasados meses de verano”.	que Hernández hizo, la OIG indicó que por política de la entidad no confirma ni niega sus investigaciones para mantener la “integridad de cualquier posible esfuerzo”. Asimismo, el Departamento de Justicia informó que cuando recibe querellas o referidos, “se procede a abrir una investigación”. No obstante, indicaron que no los comentan para no comprometer la confidencialidad de los procesos.