Aragunde, quien lideró la agencia entre 2005 y 2008, cuando Puerto Rico era considerado una jurisdicción de ‘alto riesgo’, recordó que Educación federal les impuso la obligación de cumplir con 17 medidas dirigidas a incrementar la transparencia. Aunque el proceso de desembolso era más estricto, nunca se congelaron los fondos asignados a algunos de los servicios más esenciales.	Para este año fiscal, el DE tiene asignados unos $132 millones para los servicios de Educación Especial, a los cuales, al momento, no tiene acceso. Es la segunda partida más grande de dinero federal, solo detrás de los $405 millones de fondos Título I para atender a estudiantes desventajados económicamente, según la agencia.