La viabilidad de que ciudadanos demanden al Gobierno a raíz de las expresiones reveladas a lo largo de la pasada semana en el chat de Telegram, que mantenía el gobernador Ricardo Rosselló Nevares con sus más cercanos colaboradores, es un escenario que, si bien es legalmente posible, enfrenta el obstáculo que representa la Ley Promesa, que dispone una paralización de los procesos incoados contra el Estado.	abogada Judith Berkan, muchas de las expresiones realizadas en el chat por el primer ejecutivo y su círculo cercano contra miembros de la oposición política, periodistas y figuras del mundo del espectáculo pudieran dar base a reclamaciones de daños por difamación o distintos tipos de discrimen, tanto en el tribunal federal como el estatal.	“Depende de los daños que hayan sufrido las diferentes personas. Por ejemplo, si hay referencias a la esposa de Dalmau, en las que se especula si podrían lograr el despido de ella por su visión política, eso de por sí sería discrimen político. Ahora, si no lo hicieron (despedirla) puede que no haya un caso de daños como tal, porque no tuvo pérdida de ingresos, no tuvo sufrimiento directo en términos psicológicos y es algo que puede debilitar el caso”, sostuvo la abogada en entrevista con	“En este momento la viabilidad de demandas contra el Estado está sumamente limitada, por Promesa y la Ley 66 (de Sostenibilidad Fiscal de 2014), de Alejandro García Padilla, que básicamente dice que no se van a pagar la mayoría de las sentencias. No es solamente la paralización, sino la distribución de los dineros una vez se obtenga la sentencia (favorable al demandante)”, expuso Berkan.