.Según los documentos referidos también a Fortaleza, bajo la incumbencia de la exsecretaria Julia Keleher, la Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales (SAAF) del DE alteró una certificación para obviar la firma del programa encargado de los fondos en cuestión.La Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica (SAEOT) fue el solicitante y recipiente de una asignación de $6,294,351 millones a través de la ley federal Carl Perkins, según se desprende de documentación oficial. Sin embargo, en al menos dos casos, se eliminó su firma. El mismo formulario, firmado nueve días antes para otro acuerdo, sí la procuraba.El documento llamado “Certificación para obligar fondos para contratar servicios profesionales y consultivos” fue autorizado por la encargada del SAAF, Yanin Dieppa Perea, y Sylvia Batiz Torres, coordinadora del componente fiscal.El presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez ya había adelantado que su preocupación partía del supuesto mal uso de fondos federales, pero no había detallado las denuncias.El DE negó haber “alterado o falsificado documentos para favorecer contrataciones de allegados”.“La agencia llevó a cabo una reorganización administrativa en el trámite de la administración de fondos federales para cumplir con sanas prácticas de administración recomendadas por la Oficina de Manejo de Riesgo del Departamento de Educación Federal desde 2017”, reaccionaron en declaraciones escritas luego de que el diario digital NotiCel publicara la supuesta adulteración de documentos el pasado fin de semana.Una comunicación de Keleher del 2 de febrero de 2017 constata que se estableció una “colaboración” entre programas y la SAAF, pero no menciona la SAEOT. En la reacción a la prensa precisaron que el personal fiscal del SAEOT se movió a la SAAF.	Al menos dos empresas fueron favorecidas sin que figure la firma del programa receptor de los fondos. Una de ellas es EDN Consulting Group, que recibió un contrato de $110 mil por asesoría financiera. La compañía fue registrada en 2012 por Ileana Fas Pachecho, exdirectora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) bajo la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá.Desde 2013, EDN Consulting Group obtuvo contratos con varias entidades gubernamentales, incluido el DE. El 29 de junio de 2015, recibieron uno por poco más de $1,637,550. Según los archivos de la Oficina del Contralor, el contrato se renovó anualmente por la misma cantidad hasta 2018, cuando le añadieron un millón.La segunda compañía es un bufete de abogados de Washington, Brustein & Manasevit, que ya han generado $8.4 millones en contratos con el DE.	La pesquisa federal contra Keleher incluyó el allanamiento de la casa de su socia, Vanessa Monroy, a quien la exsecretaria aseguró haber traspasado su firma, Keleher & Associates, al entrar en el Gobierno en 2017. Sin embargo, no fue hasta enero de 2018 que gestionaron el traspaso, según un documento oficial firmado por Monroy y el registro en el Departamento de Estado.Además, aunque han negado vínculos con el Gobierno, Monroy también trabaja para Global Consulting Group, firma que ha recibido $70,000 en contratos con la Cámara de Representantes y el Senado durante este cuatrienio.Su esposo, Ramón López de Azúa, dirigió la Oficina de Asuntos Federales del DE bajo Luis Fortuño y figura en la lista de cabilderos del Senado. Su cliente es RPP Consulting Group, compañía del precandidato del Partido Popular Democrático a la gobernación Roberto Prats. Ya ha donado a su campaña $1,000 y en las elecciones pasadas donó $500 a Eduardo Bhatia, férreo defensor de las escuelas chárteres. El cuatrienio pasado devengó más de $200,000 en contratos con la Asamblea Legislativa.López de Azúa dijo este fin de semana a medios escritos que no habla con Keleher desde 2016. Sin embargo, Metro obtuvo un documento con fecha de septiembre de 2017 en el que ambos trabajaron juntos.