La resolución define la explotación financiera como uso no autorizado o inapropiado de los activos económicos del adulto mayor a través de retiros irregulares o atípicos de transacciones de bancos, cambios súbitos en la posición de un testamento. Además, establece un protocolo de colaboración y coordinación interagencial, que sería desarrollado por la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA). Dicha entidad reveló que durante el 2016, cinco entidades bancarias realizaron más de 1,700 referidos sobre posibles casos de explotación financiera.