El experto expuso que un aumento salarial es visto con buenos ojos en primera instancia. Sin embargo, las necesidades de agencias como el Departamento de Educación o el Negociado de Ciencias Forenses son más abarcadoras. “El hecho de que les den más no significa que es lo óptimo”, agregó el también profesor universitario.	La pasada semana la JCF envió al Gobierno los parámetros por los que se deben regir para el próximo presupuesto. Entre los recortes están la reducción en las aportaciones a planes médicos, y reducciones en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Asimismo, el ente creado por la Ley Promesa recomendó eliminar partidas de mercadeo y de servicios profesionales.	“En la medida en que el Gobierno aplique estos ajustes adicionales y estos produzcan ahorros más allá de los niveles delineados en el plan fiscal certificado, la Junta de Supervisión buscará reinvertir estos fondos en áreas de alta prioridad, como seguridad pública y educación. Las prácticas presupuestarias acertadas y la responsabilidad fiscal permitirán que se inviertan los recursos en donde más se necesiten”, dijo en la mencionada carta