La inconformidad social se deja sentir ante el aumento acelerado en los índices de asesinatos; el incremento en los casos de violencia de género; el menoscabo al servicio público; el enriquecimiento ilícito de algunos políticos; el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico; el deterioro del sistema de educación; el empobrecimiento de nuestra población; y el ensanchamiento de una economía informal sostenida, principalmente, por el tráfico, el consumo y la distribución ilegal de drogas.	Es un hecho que sin soberanía política y económica poco podremos avanzar. Sin embargo, hay una agenda de asuntos de política pública que, en el futuro inmediato, deberían tratarse para ir aliviando el peso de la crisis.En ese contexto, las fuerzas políticas que se enfilan en la carrera de ocupar el espacio gubernamental, de cara a las elecciones de noviembre de 2020, tienen un gran reto: presentar un proyecto que atienda la naturaleza de nuestros problemas sociales y presente soluciones reales.	El país necesita, por ejemplo, una aproximación novel para atender el tema de la criminalidad y la violencia callejera. Las estrategias experimentadas hasta el presente, por ambos partidos, no han funcionado porque se han centrado en el recrudecimiento del Estado policial y la puesta en marcha de más medidas punitivas. Por eso, vale la pena preguntar cuándo nos atreveremos a enfrentar el problema del narcotráfico con políticas públicas dirigidas a la despenalización y la legalización de las drogas.	En el tema de la economía, hay que perfilar un cambio radical en la forma como entendemos el desarrollo económico: cómo se articula una visión para la expansión de la manufactura; qué otro modelo de desarrollo podemos emprender; cómo aumentamos el índice de participación laboral; de qué manera incentivamos el fortalecimiento de nuestros pequeños y medianos empresarios; qué medidas hay que implantar para mejorar las condiciones salariales y laborales de nuestra clase trabajadora y profesional.	En el área de la salud: cómo logramos un mejor sistema para administrar los servicios de salud en beneficio de la población y ponemos alto al desenfreno de las aseguradoras, que operan tras el afán desmedido del lucro en menoscabo de los intereses de la ciudadanía y a cuesta de estrangular los bolsillos de la clase médica.	El tema de educación requiere de una gran revolución en la formulación de políticas públicas que, ante todo, proteja el modelo de educación pública gratuita y accesible en todos los grados de enseñanza, incluida la universitaria. Los fondos que hoy recibe el Departamento de Educación tienen que ser utilizados para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes, no para propiciar la privatización a través de escuelas chárteres y vales educativos.	Lo mismo sucede con la educación universitaria. Un proyecto de futuro tiene que defender y preservar el más valioso recurso de nuestra sociedad, que es la Universidad de Puerto Rico. A la universidad del Estado hay que restituirle su presupuesto para que pueda continuar aportando al desarrollo social y económico del país. Lo que han hecho los últimos Gobiernos con la UPR es deplorable y tiene que cambiar.