“El caso es particular para Puerto Rico por el monto de la ayuda federal, que es casi sin precedente, y más que nada, a un territorio. Es una cantidad de dinero que desafía los programas de asistencia por desastre que ha habido bajo los fondos de vivienda pública”, opinó el también analista político. Según Escoriaza, el Gobierno federal podría utilizar diversos mecanismos para el desembolso del dinero, como reembolsos y/o el nombramiento de un funcionario federal para coordinar la ayuda.	“En otras ocasiones, nombran jurisdicciones como jurisdicciones de alto riesgo y, si eso es así, les imponen una serie de condiciones para usar los fondos. A Puerto Rico no lo han, oficialmente, declarado como una jurisdicción de alto riesgo, pero lo están tratando prácticamente como tal”, expuso el también profesor universitario. Además, Escoriaza expuso: “Si ocurriera —que hasta ahora no han dicho que ese sea el caso— que a una jurisdicción la declaran de alto riesgo, usualmente viene con más controles, que pueden incluir, antes que nada, que tienen que utilizar sus fondos propios y, luego ,deciden si le reembolsan o no. La pueden sujetar a auditorías más frecuentes. Usualmente, cuando termina el tiempo de la asignación, sea un año, sean dos, sean cinco, al final viene una auditoría, porque la ley federal lo requiere. Pero si es de alto riesgo, pueden hacer la auditoría más frecuente, cada año, y quizás el director del programa a nivel federal tenga un rol más importante en las decisiones que se tomen localmente”.	“Aquí lo que siempre preguntamos es que el impacto sería mayor en la medida en que no pase como el estimado del Centro para la Nueva Economía, que solo un 10 % de eso llegó a manos de empresas locales. Si se queda mayormente en manos de empresas extranjeras, norteamericanas, el impacto sería mínimo en ese sentido. Así que lo que hay que buscar es que el impacto mayor sea en Puerto Rico, sobre las empresas locales”, manifestó el experto.