Con el fin de aliviar las largas horas de espera en los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) para renovar la licencia de conducir, la Cámara de Representantes aprobó el lunes, una medida que enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito, que extiende el periodo de expiración de 6 años a 8 años, al igual que la tarjeta de Identificación Real Id.	La extensión propuesta es conforme al Proyecto de la Cámara 2036, de la autoría del representante José “Memo” González Mercado, junto a los representantes Luis “Junior” Pérez Ortiz y Wilson Román López. González Mercado, que preside la Comisión de Transportación e Infraestructura, planteo que “extender el término de expiración de una licencia de conducir y el Real Id es razonable y cumple con la política pública de facilitar la vida de los ciudadanos al acudir a las agencias del Gobierno para solicitar servicios.	Además, explicó que en Puerto Rico el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) ha realizado la gestión necesaria para su implementación. “Incluso, la Asamblea Legislativa ha aprobado medidas dirigidas a concientizar a la ciudadanía sobre los beneficios de obtener y renovar sus licencias o tarjetas de identificación en formato Real Id, toda vez que constituyen un método de identificación válido para acceder agencias e instalaciones federales y vuelos domésticos en líneas aéreas comerciales reguladas por el gobierno federal”, dijo.	De igual modo, se favoreció el Proyecto de la Cámara 1888, cuyo fin es aumentar el término para apelar una sentencia de desahucio. Este fue presentado por los representantes José “Quiquito” Meléndez Ortiz, Denis Márquez Lebrón y Ramón L. Cruz Burgos y fue redactado por estudiantes de la Clínica del Instituto de Educación y Participación Ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.	En un turno a favor de la medida, Meléndez Ortiz expresó que “con esto estamos buscando justicia.  La medida valida y corrige un procedimiento de vertiente constitucional. Según está diseñado actualmente ese proceso, el demandado tiene solamente cinco días jurisdiccionales para presentar el recurso de apelación y prestar la fianza, lo que provoca la consecuencia de que, de facto, en muchos casos el derecho a apelar quede anulado por el término fatal de cinco días”.	Entretanto, de la autoría de la representante y presidenta de la Comisión de los Jurídico, María Milagros Charbonier Laureano, se respaldó la Resolución de la Cámara 835, que ordena investigar la implantación de la “Ley Habilitadora de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual” (“Ley de los CIMVAS”). Esto para constatar si cumple con su mandato expreso de proveer para la coordinación eficaz de la investigación interagencial de referidos sobre las alegaciones de abuso sexual contra menores.	Según destaca la medida, la pesquisa responde a las estadísticas reveladas por el Departamento de la Familia.  En el 2009 hubo 572 referidos de abuso sexual; en el 2010 unos 612; en el 2011 fueron 853 y en el 2012 hubo 878. A su vez, revela que desde 1 de enero hasta 6 de octubre de 2013 recibieron 400 referidos.	Por otra parte, se respaldó la Resolución de la Cámara 1216 del representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, que ordena un estudio de naturaleza continua sobre los retos que enfrenta la profesión de la abogacía en Puerto Rico para mantenerse activa, identificar cómo las organizaciones que agrupan esta clase profesional proponen ampliar el acceso a la justicia para las personas indigentes e identificar aquellos obstáculos procesales que generalmente se encuentran en la práctica de la carrera.	El Cuerpo favoreció la Resolución de la Cámara 1417, del representante Néstor Alonso Vega, para investigar la efectividad y eficiencia de los procesos llevados a cabo en el Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo, con el propósito de establecer la política pública necesaria que facilite la óptima atención de dicho Consejo a las necesidades de las personas con impedimentos en las áreas de empleo, educación, transportación, recreación y seguridad.	Igualmente, se concurrió con la Resolución Conjunta de la Cámara 245, del representante Urayoán Hernández Alvarado, que ordena al DTOP implementar las medidas de seguridad para mitigar los desprendimientos de terreno incluyendo, pero sin limitarse, a la instalación de mallas de seguridad en la Carretera Estatal PR-151, entre las jurisdicciones de los municipios de Orocovis y Villalba.	Del representante Reinaldo “Rey” Vargas Rodríguez, se consideró la Resolución Conjunta de la Cámara 483, con el fin de ampliar las facultades para la utilización de los fondos asignados para realizar diversas obras y mejoras permanentes de instalaciones recreativas, incluyendo construcción de aceras y rampas, construcción y/o mejoras de controles de acceso, mejoras pluviales y adquisición de equipos para las escuelas.	La pesquisa surgió luego que el 14 de marzo de 2019, en horas de la madrugada, ocurrió un deslizamiento de terreno en una carretera adyacente a la zona costera que se encuentra en la Urb. Radioville en Arecibo. El deslizamiento, además de afectar el camino municipal que colinda con el área, ocasionó el colapso de gran parte de la tubería sanitaria que discurre por el lugar y que le pertenece a la AAA.	Durante el proceso parlamentario, el Cuerpo concurrió con las enmiendas introducidas por el Senado al Proyecto de la Cámara 1885, del representante Guillermo Miranda Rivera, para designar el conocido “Desvío” de la carretera 155 en Morovis, con el nombre de Miguel Ángel Ríos Vélez “El Singer”. Sin embargo, no concurrió a las enmiendas del Senado al Proyecto de la Cámara 1816, de la autoría de la vicepresidenta cameral Lourdes Ramos Rivera, para atemperar la “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI” con la “Ley del Procurador del Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” y crear un Consejo Asesor del Procurador del Veterano. A esos efectos, la Cámara nombró un Comité de Conferencia para discutir las diferencias.	Por último, fueron ratificados los Proyectos del Senado 948 y 1236, para designar la Calle 26-A de la Urbanización Las Vegas de Cataño, con el nombre del Padre Antonio Robles Vega y designar con el nombre de Marcelo Trujillo Panisse al Coliseo del Municipio Autónomo de Humacao, en reconocimiento a su trayectoria como alcalde de ese ayuntamiento y en el deporte del baloncesto.