​“Al momento, muchas de las investigaciones ponen de manifiesto la falta de acciones contundentes, que condenen los hechos ocurridos y que hagan valer la ley a cabalidad por parte del gobierno central. A esto se suma la secretividad y la falta de acceso a la información con la cual manejan éstas investigaciones y el resultado sorprendente de otras”, dijo Torres en declaraciones escritas.	El también legislador alegó que desde el inicio de la actual administración se suscitaron varios escándalos que fueron referidos a las diferentes agencias de gobierno que son responsables de realizar investigaciones para conocer así en efecto se cometió algún delito o infracción de las leyes. Entre estas, se encuentra el uso de las guaguas del Comité de Campaña del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.	“En el caso particular de las guaguas quedan varias interrogantes por contestar. ¿Quién recibió las facturas en La Fortaleza de Allied Car por espacio de dos años, pre intervino las mismas, aprobó los desembolsos, autorizó que se pagaran esas facturas a sabiendas que no había contrato con el gobierno? ¿Cuántos conocían que mientras esto ocurría se mantenía una deuda de sobre un cuarto de millón de dólares del comité de campaña sin pagar, qué fin público existía para el alquiler de esos equipos? Sin duda el país debe conocer las respuestas a estas interrogantes y debe conocer si se cometió algún acto ilegal por parte de algún funcionario de gobierno”, acotó.	​El senador citó varios ejemplos de ley en las que se expone cómo se deben atender estos asuntos. Entre éstos, el Artículo 1 de la Ley Número 18 de 30 de octubre de 1975, conocida como la “Ley de la Oficina del Contralor de Puerto Rico” que impone a los departamentos, agencias, instrumentalidades, oficinas, todo otro organismo gubernamental y a los municipios, la obligación “sin excepción alguna” de mantener un registro de todos los contratos que se otorguen, y deben remitir copia de éstos a la Oficina del Contralor dentro de los 15 días siguientes a la fecha del otorgamiento del contrato o la enmienda.	También destacó el Artículo 6, Sección 9 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que requiere que todo uso de fondos gubernamentales tenga un fin público y el Artículo 13.000 de la Ley 222, prescribe como delito el uso de fondos públicos para fines partidistas. Todas enmarcadas en ofrecer remedios de cómo atender el posible conflicto suscitado.	​De igual forma, Torres mencionó otras investigaciones que se encuentran en lo que describió como “el limbo”, entre ellas las supuestas irregularidades en las contrataciones en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la alegada participación del hermano del exgobernador Rosselló Nevares en reuniones relacionadas con el Departamento de Educación con las escuelas chárters y el referido al Departamento de Justicia por parte de la gobernadora al secretario de Agricultura.	“Al igual que la administración de Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez mantiene no solo el mismo gabinete sino que también mantiene los mismos estilos de gobernanza. El pueblo necesita retomar la confianza en las agencias, más aún, en aquellas que tienen como fin hacer valer la justicia y condenar aquel que cometa actos ilegales que atenten contra los mejores intereses del país”, finalizó al exigir a la mandataria y a las agencias pertinentes que rindan cuentas sobre estos casos.comparte