Falta de transparencia, incumplimiento de requisitos para acceso a fondos federales, sobrefacturación y favoritismo son algunas de las conclusiones a las que llegó la Oficina de Auditoría Interna (OAI) del Departamento de Educación (DEPR) respecto a la contratación del Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics para la implementación del programa ¡Desarrollando Carácter! (segunda versión de programa Tus Valores Cuentan), de la mano del subcontratista local Camera Mundi.	“La Unidad de Adjudicaciones en colaboración con un asesor legal de la SAAF (Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales), realizaron una búsqueda en Internet sobre los criterios establecidos en el plan (de trabajo del DE) y determinaron que Josephson era la única entidad que reunía todas las características solicitadas. A tales efectos, le fue solicitada una propuesta de servicios”, lee el documento. Sin embargo, Josephson ya había sido seleccionado antes de esa búsqueda.	La OAI llega más lejos al sostener que existe la posibilidad de que primero haya sido escogido el proveedor de servicios, en vez de que el DE llevara a cabo un estudio de necesidades que identificara los problemas que afectan el alcance de objetivos establecidos y que, posteriormente, se determinara el método para atender la situación.	“Estas situaciones aumentan el riesgo de aprobar planes que no cumplen con los estándares mínimos, cuestionan la transparencia de los procesos e imparcialidad y pueden resultar en un mal uso de fondos federales”, sostiene la auditoría, aspectos que, según los auditores, validan otras evaluaciones a las que hace referencia la OAI, que no identificaron una necesidad real en el plan de trabajo creado por el propio DE. La auditoría interna del DE culminó el 31 de octubre de 2018 y produjo un reporte al que la agencia gubernamental había negado el acceso.	Según el DE, los hallazgos del informe fueron enviados a la Oficina del Inspector General y al Servicio de Gestión de Riesgos del Departamento de Educación de los Estados Unidos (USDE) “para cualquier acción apropiada”, lee una carta firmada por la secretaria Julia Keleher, enviada a Michael Josephson, fundador y presidente del Instituto en cuestión, el pasado 12 de febrero de 2019.	Ante la petición de acceso al documento, en declaraciones escritas Aniel Bigio, director de la Oficina de Prensa y Comunicaciones del DE, sostuvo que, “históricamente”, el Departamento ha arrastrado deficiencias en los procesos de otorgamiento de contratos que han dado paso a múltiples problemas de cumplimiento y casos judiciales a lo largo de los años. “Es un problema heredado”, indicó.	OAI recibió un referido en abril de 2018 y, como parte de la bandera levantada, el documento explica que también se presentó el cuestionamiento sobre la relación contractual entre Josephson Institute y la Compañía Camera Mundi, como resultado de la participación de esta última en la implementación del proyecto en las escuelas. Camera Mundi fungía como coordinador local con una función técnica de ejecutar los programas originados por el Instituto; es decir, eran el brazo operacional de Josephson en Puerto Rico. Cuando	reveló en marzo del pasado año el otorgamiento del Contrato a Josephson, también sacó a la luz pública —como parte de la misma investigación periodística— que fue la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, quien solicitó una reunión a principios de 2017 para presentar a Jorge Díaz, presidente de Camera Mundi, y la secretaria Keleher, para retornar el programa de Tus Valores Cuentan, que ya había sido implementado en 2010. La OEG dijo entonces a	La auditoría señala que, “cuando el DE aceptó la propuesta (del Instituto), autorizó implícitamente a Josephson a implementar el programa con la asistencia de Camera Mundi. Sin embargo, cabe señalar que durante el proceso de evaluación de propuesta, ni en la posterior revisión para la contratación final, se documentó quién sería la organización local, su experiencia, el rol que desempeñaría y cuál sería la participación de estos”.	Al 3 de julio de 2018, Josephson había sometido 221 facturas para un total ascendente a $6,448,600, que están pendientes de pago. La auditoría encontró facturas por recursos no identificados a participar de los adiestramientos, facturación por actividades que no estaban alineadas entre el plan de trabajo y el contrato otorgado, sobrefacturación de acuerdo con las descripciones de las tareas incluidas y conflictos respecto a los servicios ofrecidos.