Explicó que el nuevo Código propone un ordenamiento electoral sin el consenso y con la oposición expresa en ambas cámaras de las delegaciones de minoría y el senador independiente José Vargas Vidot y peor aún, redefine el término “Partido Estatal de Mayoría”, lo que representa que el Partido Nuevo Progresista tendrá control absoluto de la Comisión Estatal de Elecciones y el proceso eleccionario.	“Ha llamado la atención de diferentes sectores integrantes de nuestro gremio la abrupta aprobación de la nueva ley que regirá los asuntos referentes al proceso electoral en Puerto Rico. Se trata de una materia fundamental para la vida democrática de un pueblo. La elección de los funcionarios públicos a los diversos puestos en el poder ejecutivo y legislativo afecta la vida de toda la ciudadanía. La confianza pública en el sistema electoral es un atributo indispensable; el gobierno necesita gozar de credibilidad ante sus constituyentes”, reza la	“Un proceso de vistas públicas hubiera abonado a imprimir credibilidad y transparencia. Las interrogantes sobre la confianza con el método de votación, las dudas sobre la confiabilidad del escrutinio, así como con el  depósito electrónico del voto, son asuntos en abierto debate que no deben ser menospreciados, sino más bien atendidos en vistas públicas y entregarse a la búsqueda de consensos políticos”, establece la carta.	“El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, como entidad que agrupa a letrados y letradas en nuestro País, históricamente ha manifestado su apego al respeto y defensa de los valores democráticos y los derechos fundamentales del Pueblo, entre los que se encuentran los asuntos electorales. Creemos que el diálogo franco y la negociación con todos los actores políticos generarán un resultado legislativo justo y balanceado en una materia tan central para la confianza pública en nuestras instituciones de gobierno”, continuó.	“Hacemos un sincero llamado a usted como gobernadora a que, en consideración a la ausencia de vistas públicas en el proceso de aprobación de la ley electoral en el Senado de Puerto Rico, y a las reservas expresadas por los demás partidos políticos que no constituyen la mayoría legislativa, ejerza su facultad constitucional y vete el nuevo Código Electoral. El proyecto de ley debe de ser devuelto a las cámaras legislativas, abierto a la celebración de vistas públicas y a un proceso de alternativas consensuadas”, reclamó.