El 4 de mayo de 2018, en las páginas de este rotativo, publiqué una columna en la que dije que “Ricardo Rosselló dirige y es cómplice de un grupo de personas sin brújula ética. La cultura institucional de este gobierno, desde sus inicios, es la de la ley del silencio, u	En aquella instancia, era la secretaria de Justicia la que señalaba que una funcionaria de Fortaleza había intentado sobornarla. Esta semana, el ahora exsecretario de Hacienda dijo lo mismo en cuanto a un esquema para extorsionarlo y llegó al punto de describir a quienes lo rodeaban como una “mafia institucional”. A su vez, el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, y el subsecretario de la Gobernación, Erik Rolón, hablaron de “volar cabezas” y de la “lealtad” que le deben al gobernador —no al país— los empleados públicos.	A su vez, se destaparon múltiples investigaciones en curso, contra la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, por lavado de dinero, contra Elías Sánchez y Alberto Velázquez Piñol, por influencias indebidas, contra la exdirectora de ASES, por los contratos del plan de salud del gobierno, contra Raúl Maldonado por las contrataciones de su hijo, y hasta fue señalado directamente el gobernador y llamado un corrupto por este último.	Solo hay un marco teórico que nos permite entender todo lo que ha pasado y es precisamente la cosa nostra. Lo que tenemos en Puerto Rico en este momento no es un Gobierno, es una mafia. Si todos guisan, todos callan. Si no, se extorsionan unos a otros. Y una vez los descubren, aparece alguien que les canta a los federales para salvarse el pellejo. Al final del día, todos están detrás de su interés personal, no el interés público.