Una encuesta comisionada conjuntamente por la Fundación Open Society Policy Center (OSPC) y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT) revela que el 85.7 % —seis de cada siete— de los puertorriqueños mayores de edad, como mínimo, considera ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones, que se celebrarán el 3 de noviembre del año entrante.	“A nosotros nos llamó la atención en esta etapa del juego. A mí me parece que lo que pasó en el verano puede haber movido eso. Les corresponde ahora a las estructuras (políticas) moverse hacia esos grupos que no están inscritos, a esos jóvenes que no están inscritos, para que se inscriban y haya mayor participación”, agregó, Carlos Soto Santoni, encuestador de Nexos Económicos, firma que tuvo a su cargo realizar el sondeo.	En la primera elección del milenio, en la que Sila Calderón se convirtió en la primera mujer gobernadora del país, votaron 2,015,987 de los 2,447,032 electores inscritos, para una tasa de participación de 82.2 %. Ese porcentaje se redujo ligeramente en las próximas tres elecciones a un 81.7 %, 79.1 % y 78.2 %, respectivamente.	En los comicios de 2016, sin embargo, se registró una tasa de participación históricamente baja, que oficialmente se situó en 55.5 % tras contabilizarse 1,589,991 papeletas. No obstante, el dato merece ponerse en duda, puesto que, tras una decisión judicial, la CEE se vio obligada a reactivar automáticamente a electores que no habían participado en las dos elecciones anteriores.	Dicha determinación produjo una cifra inflada de 2,867,557 votantes activos, más de 460,000 adicionales a los electores registrados para los comicios de 2012, a pesar de que, en ese periodo, Puerto Rico sufrió una marcada reducción poblacional que, lógicamente, habría reducido el total de ciudadanos capacitados para ejercer el voto.	El estudio del SPT y OSPC tomó una muestra base de 510 personas mayores de edad al momento de las próximas elecciones. Tomando en consideración los datos poblacionales, se realizaron entrevistas cara a cara mediante la selección aleatoria de hogares en los ocho distritos senatoriales en que se divide políticamente Puerto Rico.	Aunque por décadas, tanto del Partido Popular Democrático (PPD) como del Partido Nuevo Progresista (PNP), han dominado la predilección del voto mayoritario, eso cambió en el 2016 cuando se percibió una mella en el apoyo electoral que reciben estas dos colectividades, que se han turnado el poder político desde la fundación del Estado Libre Asociado (ELA) en 1952.	Por ejemplo, solamente un 28.2 % de los entrevistados señalaron que estarían dispuestos a votar por algún candidato bajo la insignia del PNP. La cifra es significativamente menor al 41.8 % con el que Ricardo Rosselló accedió a la gobernación en 2016, en lo que representó el porcentaje más bajo en la historia para un gobernador electo.	A pesar de ello —y de los eventos que propiciaron la renuncia de Rosselló a inicios de agosto—, el PNP continúa liderando la intención de voto, según refleja el estudio. El PPD, cuyo candidato a la gobernación, David Bernier, obtuvo 38.9 % en las pasadas elecciones, apenas hubiese contado con el favor del 16.3 % del electorado, aunque posteriormente anunció que no aspiraría.	El Movimiento Victoria Ciudadana, sin embargo, no parecía haber generado demasiado fervor entre los posibles electores, pues apenas 4.1 % de los entrevistados sostuvo que votaría por alguno de sus candidatos, que para el momento del sondeo no estaban tan definidos, al tiempo que solo el 2 % votaría por el Partido Independentista Puertorriqueño, proporción que pondría en peligro nuevamente su reinscripción como colectividad.	Esa combinación de indecisión e insatisfacción con el desempeño de las organizaciones partidistas “se pudo ver en los grupos focales bien marcadamente, y es algo que hace años hemos visto en nuestra membresía. Entre los miembros del sindicato, hay una gran decepción con los partidos tradicionales y se ha planteado la necesidad de otras alternativas”, sostuvo Pagán Ramírez, el líder del SPT.	Según la encuesta, un 46.5 % del electorado favorecía la estadidad como la mejor opción de estatus político para Puerto Rico. Ese porcentaje, de hecho, es prácticamente idéntico al que obtuvo esa alternativa en el plebiscito que se condujo paralelamente a las elecciones en 2012 (44.8 %), una vez se toman en cuenta las casi 500,000 papeletas que se dejaron en blanco en aquella ocasión. Tampoco se distancia de consultas celebradas en 1993 (46.3 %) y 1998 (46.5 %).	Distinto al plebiscito propuesto, la encuesta sí contempla distintas opciones de estatus. El Estado Libre Asociado ocupa el segundo puesto en preferencia, con 27.6 %, lo que representa una marcada reducción si se compara con el plebiscito de 2012, cuando poco más del 46 % del electorado favoreció mantener la actual relación política con Estados Unidos.