La semana pasada, nuestra legislatura aprobó la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública y la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico, P. de la C. 1095 y P. del S. 236, respectivamente. Si fuese por sus títulos, saltaríamos a favorecer ambos proyectos, pues ante un Gobierno plagado de corrupción, la aprobación de legislación para la transparencia, el acceso a la información púbica y la apertura de datos gubernamentales, no solo resulta fundamental, sino que es aclamada por la ciudadanía.	Lamentablemente, el contenido de ambos proyectos los convierte en algo totalmente contrario a lo que sus títulos pretenden que pensemos que son. Dichos proyectos, en conjunto, aumentan los días de espera para que ciudadanos y periodistas tengan acceso a la información pública, limitan los mecanismos para solicitar dicha información, no incluyen excepciones claras al acceso y dejan amplio espacio para que cada rama del Gobierno desarrolle sus propias reglas en cuanto a qué información dar y cuándo darla.	Una legislación de transparencia de avanzada requiere que las personas naturales y las corporaciones puedan obtener información que esté en posesión de cualquier organismo público o de cualquier entidad privada que lleve a cabo funciones públicas. La información del Gobierno debe ser difundida en forma explícita, detallada y actualizada. Los trámites para solicitar información deben ser sencillos, fáciles y rápidos. Las denegatorias de acceso deben ser limitadas, justificadas y deben poder impugnarse mediante recursos administrativos y judiciales.