Con su determinación, la jueza reafirmó los poderes que tiene la JCF sobre las finanzas de la isla y la autoridad para compeler al Gobierno a cumplir con la Ley Promesa. Sostuvo que la sección 204 provee autoridad al ente fiscal para tomar acción en caso de que leyes puedan afectar el cumplimiento del plan fiscal.	El pasado 3 de julio, la Junta demandó al Gobierno tras la aprobación de la Ley 29 que tuvo el efecto de eximir a los municipios de hacer pagos al sistema de retiro y al sistema de salud. La jueza Swain determinó que ahora la demanda presentada por la JCF continuará ante la magistrada Judith Dein.comparte