Dos meses y medio después de que la Oficina de Auditoría Interna (OAI) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) confirmara la violación de reglamentos y procesos en el campus de Humacao luego del paso del huracán María en 2017, el rector interino objeto de la pesquisa, Héctor Ríos Maury, aún continúa en la silla de la rectoría.	“Los abogados de la OEG no suelen expresarse sobre investigaciones activas o que pudieran estar ante consideración del área de Investigaciones y Procedimiento Administrativo de la Oficina. Esto para evitar que intervengan con potencial testigos o que desaparezca la evidencia. No obstante, por tratarse de lo que trascendió públicamente, le confirmó que existe una investigación sobre el asunto que plantea”, dijo Rodríguez Ayala, refiriéndose a las hallazgos de la investigación de Diálogo.	El presidente de la Junta de Gobierno, Walter Alomar, no reaccionó al informe a pesar de la petición del CPI. Por su parte, Haddock Acevedo dijo en declaraciones escritas al CPI, que evaluará los hallazgos de la OAI “para tomar una determinación responsable” y que en los próximos días realizará el anuncio correspondiente sobre la determinación que tome.	“Reafirmo contundente y categóricamente que todos los diligenciamientos concernientes a la reapertura, mitigación, rehabilitación y desarrollo de nuestro querido recinto durante el período de emergencia, que tuvimos que afrontar ante los embates de los huracanes Irma y María, se realizaron de acuerdo a la ley aplicable y a la ética. Confío en que las conclusiones del trabajo realizado por la Oficina de Auditoría Interna sobre los procesos administrativos durante la emergencia corroborarán mi afirmación”, argumentó Ríos Maury de manera escrita a pesar de que el CPI informó a su oficial de prensa, Mei-Ling Villafañe, que el informe señala faltas en procesos reglamentarios de la UPR que contrastan con las expresiones del rector interino.	Según dijo al CPI el entonces representante estudiantil ante la Junta de Gobierno de la UPR Efraín Rodríguez Ocasio, las denuncias y la investigación de la OAI provocaron que en mayo pasado el presidente de la UPR retirara la nominación de Ríos Maury como rector en propiedad. Rodríguez Ocasio pertenecía al comité de evaluación para el nombramiento de los rectores que evaluaron los candidatos nominados por Haddock Acevedo. El día de la votación, el 8 de mayo de 2019, el estudiante objetó la nominación de Ríos Maury debido a la investigación en curso.	La actual representante estudiantil  ante la Junta de Gobierno, Naomy Rivera, dijo que no fue hasta el 29 de agosto que se hizo disponible el informe de la OAI a los miembros del ente rector, y que “casi no se tocó el tema” en la primera reunión de este año académico.	“A cualquier persona que lee ese informe le parece extremadamente indignante la cantidad de dinero que se fugó y cómo no se puso el bienestar de la universidad por encima de intereses propios. Me parece bien particular que en la reunión el informe se tocara al final, justo antes de clausurar la reunión; no se discutió, solo se pasó para el récord el recibo del documento”, dijo la estudiante de la UPR en Mayagüez.	Los auditores evaluaron cuatro contratos otorgados por la UPR en Humacao (UPRH) para la impermeabilización de seis edificios, reparación y mantenimientos de generadores de electricidad, suplido de diésel y servicios de seguridad. Los contratos y enmiendas fueron otorgados entre el 15 de noviembre de 2017 y el 28 de junio de 2018 y totalizaron $1,504,361.35. Las empresas contratadas fueron Reyes Contractor Group, HOD Investment y West Security Services.	Debido al paso del huracán María, La Fortaleza permitió a las agencias y municipios activar procedimientos especiales de “compra de emergencia para adquirir los materiales y servicios esenciales para responder al evento”. Ricardo Rosselló Nevares eximió a las agencias y contratistas de cumplir con los requisitos ordinarios del proceso de contratación gubernamental. No obstante, Rosselló Nevares dispuso que todas las gestiones que se hicieran para la compra o adquisición de servicios debían constatar por escrito y ser firmadas por el personal autorizado.	“Las cotizaciones se mantenían de manera desorganizada, dentro de cajas en el piso de la Oficina del Ayudante Especial del rector interino [Juan Castro Pabón]. No formaban parte de un expediente de la adquisición o contrato. La UPRH no suministró el original del 42% de las cotizaciones evaluadas. Entre estas, no identificamos el original de la oferta que se utilizó para otorgarle el contrato a HOD”, señaló la OAI. HOD Investment es una de las empresas contratadas para la impermeabilización.	El contrato a HOD, ascendió a $729,901 y tuvo dos enmiendas para extenderlo. Esta empresa hizo los trabajos en los edificios de Administración de Empresas, la biblioteca y el Complejo Deportivo. De los seis contratos que ha tenido con el Gobierno, cinco fueron otorgados en el 2017 y totalizan $804,249, según el registro de contratos de la Oficina del Contralor. De estos, el de mayor cuantía fue el de la UPRH. La investigación de Diálogo apuntó que en 2016 el presidente y la vicepresidenta de HOD Investments – Héctor Colón Avilés y Derling Acevedo Rivera, respectivamente – donaron conjuntamente $6,450 a varios candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP), entre ellos Rosselló Nevares, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y la senadora Evelyn Vázquez, según datos de la Oficina del Contralor Electoral.	“Al examinar el dorso del documento observamos que la información borrada corresponde a la fecha de recibido. El ayudante especial del rector interino no pudo precisar quién las solicitó, quién y por cuál medio las recibió, ni cuándo fueron recibidas en la UPRH. Solo indicó que se recibían en Rectoría. Tampoco encontramos que se incluyeran en el registro de documentos recibidos en Rectoría”, sumó la investigación.	Por su parte, la contratación de RCG totalizó $437,839 y la UPRH enmendó el contrato para reducir la cuantía a $292,691 y cambiar la descripción de los trabajos. Esta empresa estuvo a cargo de la impermeabilización de tres edificios. También fue contratada para la reparación de generadores y la distribución de diésel a razón de $200,000. Entre 2017 y 2018, RCG ha obtenido tres contratos con el gobierno que suman $644,826. Dos de los contratos fueron con la UPRH y uno con el Departamento de la Familia, evidencia la Oficina del Contralor.	Diálogo señaló en su investigación que en 2016 el presidente de RCG, Dennys Reyes Vega, donó $2,000 a Rosselló Nevares. Tanto Reyes Vega como el vicepresidente de la compañía, Alexis Berríos Torres, también donaron conjuntamente $2,750 al entonces candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, reseñó el medio universitario. Reyes Vega no contestó varias peticiones de entrevista del CPI.	La indagación de la OAI también halló que estas empresas prestaron servicios sin que se hubieran formalizado los contratos ni que se hubieran establecido los términos, condiciones y los modos en que se documentaron las tareas que se realizarían. Esta acción es contraria a los lineamientos de la Orden Ejecutiva (OE-2017-053) emitida por Rosselló Nevares que prohibía “autorizar el comienzo de la prestación de servicios sin la formalización de un contrato escrito”.	Según la investigación, la UPRH no pudo precisar los criterios que utilizó para establecer la razonabilidad de la cuantía pactada. En 21 días, el campus de Humacao desembolsó $199,999, lo que es desproporcional a lo que este recinto pagó por el mismo servicio durante 10 años. Un análisis financiero de la OIA reveló que desde el 2008 hasta el 2017, la UPRH desembolsó aproximadamente $101,799 para la reparación y mantenimiento de los generadores del recinto por medio de otra empresa.	En la auditoría, la OAI reafirma la investigación de Diálogo en la que se denunció que Ríos Maury otorgó contratos en exceso de $100,000 sin la aprobación del entonces presidente interino de la UPR Hillman Barrera, según exigía una certificación de la Junta de Gobierno. Hillman Barrera no respondió una petición de entrevista del CPI.	Este reglamento fue enmendado por el ente rector de la UPR en mayo de 2018, cuando se elevó a $600,000 la cantidad permitida a los rectores para tramitar contratos sin que tuvieran la firma de presidencia. Pero esta enmienda fue posterior a los contratos de la UPRH que fueron investigados por la OAI.	Estas contrataciones también incumplieron al incluir cláusulas de pago por adelantado que son contrarias a las Normas Uniformes de Contratación de la UPR que establecen que los rectores “no deberán acordar con la parte a ser contratada ninguna suma de dinero como condición para comenzar a prestar los servicios o que los pagos les serán efectuados por adelantado”.	Esto fue confirmado por el exdirector de la Oficina de Recursos Físicos, Daniel Rosario y por el actual director de esta oficina, Pedro Cotto, en entrevista con la OAI. Coincidieron en que esta oficina no participó en el proceso de evaluación de los materiales y la metodología que utilizarían las compañías para llevar a cabo los trabajos de impermeabilización. Ambos funcionarios mencionaron que las cotizaciones se solicitaban, se evaluaban y se adjudicaban desde Rectoría, al igual que el seguimiento a los trabajos de las compañías.	Los funcionarios “no prepararon informes sobre la supervisión realizada a los trabajos de impermeabilización llevados a cabo por HOD y RCG”. Incluso, funcionarios esa oficina indicaron que los trabajos de HOD requerían el uso de material para el que ellos no tenían el conocimiento técnico del proceso de instalación, reveló el informe. Esto, sostiene la auditoría, les impedía supervisar y certificar los trabajos realizados por este contratista.	Además de los contratos por rehabilitación de los edificios, la auditoría también encontró fallas en los pagos y disposiciones para la contratación de los servicios de seguridad de West Security Services en el campus de Humacao. Esta contratación tampoco siguió el proceso de solicitud de al menos tres cotizaciones, aceptó Castro Pabón, quien también realizaba las funciones de director de la Oficina de Seguridad. El funcionario indicó “que solo evaluó la propuesta de WSS contra el contrato de la compañía anterior. Al observar que esta era de menor costo, recomendó al rector interino su contratación sin que la Oficina de Compras solicitara cotizaciones adicionales”, detalla la auditoría.	La contratación inicial de esta empresa fue por $93,923. La UPRH hizo ocho enmiendas al contrato y terminó pagando $532,231 a WSS. No hubo subasta, aunque de acuerdo al informe de la OAI, la cláusula cuatro del contrato original y sus enmiendas sí contemplaban la realización de una subasta.	La UPRH contrató a WSS para proveer el servicio de cinco guardias de seguridad. No obstante, la auditoría halló que al momento de prestar el servicio — entre mayo y julio de 2018 — estos guardias “no contaban con las respectivas licencias y certificaciones exigidas por Ley”. Según la OAI, la UPRH estaba impedida de  desembolsar pago alguno por guardias que al momento de prestar servicios no contaran con las licencias y certificaciones exigidas por ley o por la UPRH, según lo establece el punto 16 de la Cláusula Primera del contrato entre la institución y WSS.	La OAI se limitó a ofrecer varias recomendaciones al presidente de la UPR para que se refuercen las vías y protocolos que los rectores deben seguir al otorgar contratos luego de emergencias. A pesar de que el documento menciona la necesidad de tres cotizaciones como una de las principales irregularidades bajo el liderato de Ríos Maury, no es es claro en recomendar que se cumpla esta diligencia. El informe sí recomendó que los rectores deben referir para la firma del presidente aquellos contratos cuyas cuantías sobrepasen los $600,000. El tope era de $100,000 hasta 2018, pero fue aumentado por medio de la de la Junta de Gobierno de la UPR.	Recomienda además múltiples prácticas que son la norma en la contratación gubernamental, como que se pongan por escrito los términos y condiciones de todas las obligaciones antes del inicio de los servicios, especificar la fecha de otorgación, el objeto de la obligación, el monto total con el desglose de los costos por servicios,