A través de un Facebook Live el primer ejecutivo expuso que "del 2000 al 2017 se estableció un sistema de contribución definida donde los servidores públicos daban entre 8.27% de su salario al 10% que entraba al sistema de retiro y cuyo objetivo era que se segregaran en cuentas individuales a estos servidores públicos. Lamentablemente las malas prácticas del pasado no llevaron a cabo este proceso de manera adecuada y ese dinero que era de los servidores públicos se utilizó para otros roles".	Anette González, presidenta de SPUPR, explicó en conferencia de prensa que si se ratificase el acuerdo, impactará a 11,000 empleados públicos. “Tenemos derecho de negociar con quien tiene el control del presupuesto”, sentenció la líder sindical. Además, agregó que “el gobernador no ha tenido la voluntad de sentarse con nosotros”.	El acuerdo, según González, establece que los convenios colectivos se mantendrán vigentes por cinco años. También, fija una aportación al plan médico de $170, un fideicomiso de salud de $5 millones para compensar la diferencia de esos $170 y la actual aportación aplicable a los empleados cobijados por la Ley 158-2006.