Los servicios del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y de Salud Correccional se continuarán ofreciendo, aseguró ayer la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, luego de que en una audiencia pública la agencia subrayó la falta de pago a suplidores de alimentos por una deuda de más de cuatro millones de dólares.	Rivera Juanatey indicó que el plan fiscal estima 10,239 confinados en el plan fiscal, pero actualmente el Departamento es responsable de 15,864 personas. Además, destacó que necesitan más oficiales para ser eficientes en el pago de horas extra. Otro aspecto que destacó fue el bajo salario que reciben los oficiales de Corrección.	De igual forma, el secretario de Corrección detalló que el plan fiscal recomienda el cierre de instituciones, lo cual a su juicio es imposible debido a que, al momento, tienen un 93 % de ocupación. “Nos encontramos en un nivel de ocupación complicada”, declaró Rivera Juanatey, quien agregó que los turnos de los oficiales son de 16 horas.	“Aquí realmente, y creo que lo pudimos constatar, tenemos una situación parecida cuando tuvimos al Departamento de Educación. Hay muchas necesidades; eso lo sabemos. Sabemos que cuando uno elabora un presupuesto, está tomando ciertas decisiones, adjudicando presupuesto a lo que es verdaderamente importante. Pero es el presupuesto, eso es lo que hay, y tienes que trabajar con eso. Hay muchas decisiones que se han tomado, no por falta de presupuesto, sino que son temas gerenciales, opciones, decisiones que ha tomado la gerencia, no este señor propiamente, porque realmente acaba de llegar, pero, a través de los años que se han tomado, y esas decisiones tienen implicaciones presupuestarias”, recalcó Carrión.	“La labor que realizan los oficiales correccionales son un servicio esencial para mantener las condiciones de seguridad en el país, pero que actualmente tienen una plantilla diezmada y sin motivación para continuar en el trabajo, lo que pone en riesgo el cumplimiento con la obligación del Gobierno y, a su vez, la seguridad pública”, declaró Benjamín Borges, portavoz de Servidores Públicos Unidos (SPU). La Alianza Correccional Unida, Local 3500 SPUPR-AFSCME, está afiliada a la SPU.