Como argumento, el panel del Tribunal de Apelaciones expuso que “En mérito de lo anterior, nos persuade el argumento esbozado por el en cuanto a que, los delitos graves incurridos por un empleado o funcionario público en el desempeño de su función, preceptuados como imprescriptibles en el Artículo del Código Penal de son solo aquellos que por su naturaleza constituyen actos de corrupción gubernamental. De modo que, no siendo el delito de actos lascivos un acto de corrupción relacionado al desempeño de la función pública de un alcalde municipal, el término prescriptivo aplicable es el de cinco (5) años estatuido en el Art. 99(a) del Código Penal. A tales efectos y en vista de que la determinación de causa probable para arresto contra el señor O’Neill García se llevó a cabo a casi seis años de los hechos alegados, concluimos que, para ese entonces, el delito había prescrito y, por consiguiente, el Ministerio Público estaba impedido de iniciar dicha acción penal. Cabe señalar que con el presente caso, nuestro rol revisor se limita a determinar cuál es el término prescriptivo aplicable al delito de actos lascivos imputado al peticionario y a evaluar si el Ministerio Público inició la acción penal en el tiempo requerido”.