El proyecto 1050 regresó la semana pasada a la cámara alta luego de negociaciones con la gobernadora Wanda Vázquez. De acuerdo con el senador novoprogresista Nelson Cruz —en una entrevista previa con este medio— tan solo restaba acordar el lenguaje sobre la concurrencia de penas y la oportunidad de una persona que convicta por poseer un arma ilegal de acceder al programa de libertad bajo palabra o programas de desvío. Actualmente, bajo la Ley de Armas, el juez no tiene discreción para cambiar las penalidades a una persona que viola dicho estatuto.	Entre las enmiendas, según Cruz, está la inclusión de la base de datos del Servicio de Información de Justicia Criminal (CJIS, por sus siglas en inglés) del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) que proveerá información a las autoridades sobre los solicitantes a la licencia de un arma de fuego. Esta disposición fue incluida a petición de la gobernadora.