“Desde que el gobernador hizo pública su renuncia, el día siguiente solicitó a los jefes de agencias que, para el miércoles, tenían que entregar un informe de actualización de cada una de las agencias”, aseguró Llerandi. Hasta ayer, había titulares que no los habían entregado, pero alegó que no tenía los nombres a la mano.	Su expectativa era reunirse ayer con los tres posibles sucesores para entregarles los informes que incluirían retos fiscales, iniciativas y asuntos pendientes de cada departamento, así como información presupuestaria, orientación sobre la estructura del Ejecutivo, y los proyectos programáticos que llegaron a La Fortaleza conRosselló y su Plan para Puerto Rico.	“Yo no he estado inmerso en esas discusiones”, insistió, “pero sí se consultó con los presidentes de los cuerpos distintas personas. No tengo el detalle de cuáles, pero sé que fueron varias y ellos presentaron su parecer, si estaban a favor o en contra de esas posibilidades. El gobernador se tomó un tiempo en determinar quién era la persona que iba a nominar y nos enteramos horas antes de que lo hiciera público, contó.	Alrededor de un centenar de medidas esperaban ayer por la firma del gobernador. Entre ellas está la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información, altamente criticada por organizaciones periodísticas, así como la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU), por entender que tiene un efecto adverso y obstaculiza, precisamente, el derecho de acceso a la información.	Otros proyectos que aguardan por la firma del gobernador son el proyecto cameral 1546 y el senatorial 841. El primero prohibiría a las aseguradoras denegar solicitudes a médicos que busquen ser parte de sus redes de proveedores, y la segunda prohibe que las compañías de seguro de planes Medicare Advantage acuerden con un proveedor de servicios el pago de una tarifa menor a la establecida por Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, en inglés). La firma a ambos sigue siendo el reclamo de la comunidad médica.	La nueva Ley de Datos Abiertos y Ley de Armas también estaban sobre el escritorio del aún primer mandatario, así como el proyecto de la Cámara 1154, que crearía el “Programa Adopta un Predio Escolar Elegible”, con el fin de autorizar a empresas privadas a promocionar sus productos en salones de clases o predios escolares a cambio de mantener los predios “en condiciones óptimas”.comparte