Seguido, el Pleno avaló el Proyecto de la Cámara 1155, de la autoría de los representantes Joel Franqui Atiles, José “Ché” Pérez Cordero, Guillermo Miranda Rivera y de la representante Yashira Lebrón Rodríguez, que enmienda la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico de 2000”, a los fines de establecer penalidad al uso ilegal de la licencia de conducir.	La pieza legislativa menciona que, “toda persona que viole esta disposición incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de multa de 200 dólares o pago total de la cantidad que deba el individuo al momento de la comisión del delito por concepto de infracción a esta ley…”.	Igualmente, se endosó el P. de la C. 33, del representante Jorge Navarro Suárez, para enmendar varios articulados de la “Ley del Proceso de la Transición del Gobierno”, a los fines de disponer que los comités de transición saliente de las agencias o corporaciones públicas, así como sus representantes o funcionarios designados, le entreguen a los comités de transición entrantes, la información necesaria, entiéndase “username” y “password”, para acceder a las cuentas de redes sociales, así como los protocolos de entrada a los servidores de las páginas de Internet y las cuentas de acceso relacionadas a los dominios y alojamiento de las mismas.	Del representante José “Memo” González Mercado, se ratificaron las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 405 y 413, que ordenan al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a rotular apropiadamente las zonas escolares de Distrito 14 y de todo Puerto Rico; e instalar semáforos en el sector Industrial, urbanización Los Pinos en Arecibo y en la intersección entre la PR-2 y la PR-650, en el barro Santana del mencionado municipio.	De igual forma, se confirmó la R. C. de la C. 196, de la autoría de Luis “Junior” Pérez Ortiz, que ordena al Subcomité Evaluador de Traspaso de Planteles Escolares en Desuso la transferencia libre de costo por parte del Departamento de Educación (DE) al  Municipio de Bayamón, la titularidad de las instalaciones que alberga la Escuela Elemental Van Scoy; y la R. C. de la C. 436, de Soto Torres, para autorizar la extensión de un año adicional a la vigencia de Fondos Legislativos bajo la Resolución Conjunta 19-2018.	Por otro lado, el Parlamento dio paso a la Resolución de la Cámara 961, para investigar el impacto financiero que tienen los intereses de diez por ciento anual sobre los contribuyentes que se someten a un plan de pago de contribuciones con el Departamento de Hacienda (DH); y la R. de la C. 777, para estudiar los mecanismos de fiscalización utilizados por la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), a fin de garantizar que tanto los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), como los comercios autorizados para debitar tales fondos, cumplen con los reglamentos federales y estatales que regula dicho programa.	Se avalaron además, la R. de la C. 1141, para evaluar las operaciones y casos atendidos por el Programa para el Sustento de Personas de Edad Avanzada, bajo la “Ley para el Fortalecimiento de Personas de Edad Avanzadas”; y la R. de la C. 1047, para indagar la viabilidad de crear planes estratégicos a largo y a corto plazo junto al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Compañía de Turismo y alguna otra agencia relacionada, sobre el crear anuncios o campañas educativas sobre las condiciones de peligrosidad, navegabilidad, pescas, escorrentías entre otros, de los ríos de la Región Este.	También, se confirmó la R. de la C. 515, para identificar si el DE cumple con las disposiciones de la “Carta de Derechos de la Estudiantes Embrazadas; la R. de la C. 705, para investigar el cumplimiento de la “Ley de la Pirotecnia de Puerto Rico”, a los fines de evaluar los mecanismos utilizados por la Autoridad de los Puertos, el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Hacienda, así como cualquier otra entidad gubernamental, para prevenir la entrada de material de pirotecnia ilegal a la Isla; la R. de la C. 1022, para estudiar la aparente proliferación de parcelas o solares abandonados en los municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Guayama, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba; la R. de la C. 949, que estudiará el estado actual de la Biblioteca del Recinto Universitario de Mayagüez; y la R. de la C. 1149 para examinar las condiciones en las que se encuentran las carreteras municipales de la Cuarta Sección de la urbanización Levittown en el municipio de Toa Baja.	Además, se reconsideró la R. C. de la C. 331, que ordena al DRNA y a los recintos de Mayagüez y Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y sus programas especializados elaborar un plan de mitigación de erosión en toda la costa oeste de la Isla; y la R. C. de la C. 425, para reasignar fondos a la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias.