Al comenzar el 2019, nos enfrentamos a un nuevo reto en torno al tema de la seguridad. La violencia callejera, real y cruda, se ha convertido en espectáculo. Ciudadanos, y uno piensa que, en ocasiones, hasta los mismos maleantes, graban tiroteos y asesinatos cometidos con la osadía de quienes se creen, y se saben, impunes. A plena luz del día, y en lugares harto concurridos, se ultiman a los enemigos de uno y otro bando.	El Gobierno, por su parte, pregona una reducción en el número total de homicidios. La credibilidad de quien compila y comunica estas cifras está por el piso: Héctor Pesquera. El mismo funcionario quien fuera el artífice de la manipulación de los datos de la actividad delictiva en Puerto Rico, según revelara	La crisis no la verán ellos en sus informes oficiales, pero se siente en las calles y en los hogares. El temor a ser víctima inocente no es infundado. En la medida en que suceden estos incidentes en horarios diurnos, es mayor el público, ajeno a las rencillas de estos malhechores, expuesto al riesgo de perder sus vidas.	La reacción del gobernador, fuera de, consistentemente, negar a través de sus portavoces esta realidad, ha sido eminentemente incoherente. El mandatario que llegó a su puesto principalmente en virtud de sus famosos apellido y plan, evidentemente se quedó solo con el nombre de su familia. No tiene la más mínima idea de cómo enfrentar la criminalidad. No tiene una estrategia articulada para atender la seguridad ciudadana ni tampoco tiene una estrategia de comunicaciones que en algo disimule su falta de visión. Sus acciones en los pasados días dejan esta triste realidad al descubierto. Veamos.	El 8 de enero, según reportara Noticel, el gobernador “rehusó afirmar si la seguridad pública es un servicio esencial bajo la Ley Promesa”. Al así expresarse, el gobernador evita tomar las decisiones difíciles que se requieren para priorizar la seguridad al asignar los limitados recursos del Estado. Quiere decir que se siguen gastando millones en escoltas.	reportó el 29 de agosto de 2018 que, en 10 meses, entre julio 2017 y abril 2018, el Gobierno gastó $2.9 millones solo en las horas extras de los policías que se encargan de la seguridad de unos 20 funcionarios. Quiere decir que se siguen gastando millones en funciones y agencias públicas, como el Ombudsman, que no sirven un interés público importante ni mucho menos esencial.	Y finalmente, ¿cómo olvidar la escena del gobernador reuniéndose de madrugada con Bad Bunny y Residente para discutir estrategias para combatir el crimen? El viernes pasado, el gobernador los recibió de madrugada, luego de que uno de los policías de La Fortaleza les dijera a los artistas urbanos que Rosselló dormía, momento captado en un video en Instagram. (Tanto incomodó eso de que el gobernador estuviera haciendo algo tan humano como dormir que el nuevo secretario de asuntos públicos, Anthony Maceira, se estrenó en el cargo con un comunicado en el que aclaraba que “el encuentro inició a las 5:00 a. m. – cuando el gobernador ya llevaba trabajando tres horas”).	Que los dos exponentes musicales hayan querido ver al gobernador y que, genuinamente, tengan ideas que aportar es admirable. Que el gobernador los haya recibido sin chistar, cuando no había querido recibir a la Colectiva Feminista o a otros profesionales en seguridad pública, dice mucho de él. Dice que es un farandulero, que está desesperado por cualquier salvavidas que lo ayude a salir de las aguas profundas donde se encuentra, que cree que su pueblo es tonto, y que, a pesar de lo que canta Bad Bunny, no estamos bien.