Esa normalidad nos reveló que el plan integrado de manejo de emergencias no existe. A pesar de los reclamos oficiales de “estar preparados”, la versión final del plan de emergencia estatal se aprobó y se firmó a última hora por la gobernadora Wanda Vázquez, y se hizo público solo después de que la líder del Ejecutivo dio instrucciones a esos efectos.	Ese jueves, a la 1:30 de la tarde, 22 mil personas no tenían energía, lo que dejaba en evidencia una denuncia constante pero ignorada: el sistema de distribución de energía es simplemente ineficiente. A eso añada que el helicóptero Puma utilizado para transportar equipos pesados está, según mis fuentes, fuera de servicio. El presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica José Ortiz aseguraba que la mayor parte de los trabajos en la corporación se realiza con drones. Sin embargo, es evidente que la función de transportación de postes y equipo pesado no puede ser delegada en un aparato aéreo en miniatura. También descubrimos que tenemos cerca de la mitad de la cantidad de mano de obra que podría ayudar a restablecer el servicio eléctrico si surgiera una emergencia.	Un regreso a la normalidad reconfirma que las regulaciones a los seguros de propiedad en la isla deja mucho que desear. Si no, pregunte a las miles de personas, industrias o instalaciones gubernamentales que no han recibido compensación por parte de los seguros que, al ser contratados, hicieron una representación de total solvencia. Tome el caso de Loíza. Allí el techo del ayuntamiento continúa cubierto con un toldo azul porque, entre otras cosas, el seguro en manos de Real Legacy Insurance se fue a la quiebra sin pagar ni un solo centavo.	Si enfrentáramos un nuevo sistema, ¿se repetirá el episodio de impago que se dio tras Irma y María? ¿Quién en el Gobierno acredita a estos seguros? ¿Qué pasa —además de nada— si esas compañías no pagan lo que se comprometieron a pagar? Aún hoy, dos años después, nadie contesta esas preguntas.	Se trata de la misma normalidad que nos recuerda que FEMA se reveló como una agencia altamente burocrática. Tanto que al día de hoy, y en medio de los preparativos por el posible paso de Dorian, fue común escuchar las quejas de todos los alcaldes —todos— de que la agencia del Gobierno de Estados Unidos y su contraparte local, el llamado COR3, aún no han desembolsado ni un solo centavo para labores de infraestructura y apenas han reembolsado por concepto de gastos relacionados con recogido de escombros y material vegetativo. Dos años de espera es, a todas luces y sin lugar a dudas, el equivalente a un proceso ineficiente.