El mayor impacto a las organizaciones sociales en el primer año de gobierno de Ortega --más que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el caso de los Cenis o el problema con Unión Fenosa—fue, sin duda alguna, la creación e imposición por parte del Gobierno de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), a los que califican de instrumentos partidarios que tendrán recursos del Ejecutivo, a fin de excluir a todas aquellas organizaciones civiles organizadas que no estén de acuerdo con las propuestas de la actual administración del FSLN.