De allí que la renuncia de Evo Morales, después que el Ejército le sugirió que renunciara para evitar un derramamiento de sangre como el que causó en Nicaragua la represión de la dictadura orteguista contra el pueblo volcado en las calles, sea calificada como golpe de Estado por los camaradas y amigos del ahora expresidente boliviano.	Pero la renuncia al cargo presidencial es un mecanismo institucional y legal establecido en prácticamente todas las Constituciones Políticas del mundo, incluyendo la boliviana. De manera que la renuncia de Evo Morales no es un golpe de Estado, se trata de un acto excepcional, pero lícito y legítimo de acuerdo con la Constitución Política de Bolivia.	Lo que pasa es que ahora, con la confusión del lenguaje político se banaliza el golpe de Estado en su denominación y significación. La izquierda extremista latinoamericana califica como golpe de Estado, o intentona golpista, toda acción y cuestionamiento democrático a sus regímenes autoritarios y dictatoriales. Esto es lo que ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua, para justificar la sangrienta represión contra las manifestaciones y protestas cívicas del año pasado.	“La palabra golpe se usa mucho cuando la izquierda pierde. Cuando ellos ganan, es legítimo, pero cuando pierden es golpe. Yo no voy a entrar en esa narrativa”, dijo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a propósito de la ridícula declaración del canciller de México, Marcelo Ebrard, de que lo ocurrido en Bolivia fue golpe de Estado porque el Ejército le sugirió a Evo Morales que renunciara.	En un artículo de opinión publicado ayer en el diario La Nación, de Buenos Aires, Andrés Oppenheimer plantea el problema en forma de preguntas: “¿Fue la renuncia forzada de Morales un “golpe”? ¿O fue una restauración legítima del Estado de Derecho después de que un presidente inconstitucional se robó una elección? En otras palabras, ¿puede haber un “golpe” contra un golpista?”.	Otra opinión interesante es la de Medardo González, líder del FMLN de El Salvador —partido de extrema izquierda hermano del FSLN de Nicaragua—, quien declaró a El Diario de Hoy de ese país: “Ninguna Fuerza Armada del mundo debería tener la última palabra, es la sociedad civil la que debería tenerla. Ninguna institución estatal debería tener el poder para decir qué está bien y qué no”. El líder izquierdista salvadoreño dispara contra sí mismo. En realidad, la sentencia correcta es que nadie debería hacer fraude electoral para imponerse en el poder y mantenerse allí. Y si lo hace debe pagar las consecuencias, siempre y en todas partes, sea en Bolivia, El Salvador o Nicaragua.