Los juristas Eliseo Núñez, José Pallais y la diputada liberal Azucena Castillo coincidieron —por separado— en que a lo inmediato lo que corresponde es que Porras renuncie o sea separado de la presidencia del Legislativo por los demás diputados, debido a que las sanciones contra el funcionario traen efectos colaterales que imposibilitan que siga con la representación administrativa de la Asamblea Nacional.	EE. UU. sancionó por violaciones a los derechos humanos y corrupción al diputado Porras y a los ministros de Salud, Sonia Castro; de Transporte, Óscar Mojica, y el director de Telcor, Orlando Castillo. Con ellos son once funcionarios del régimen de Daniel Ortega los sancionados por EE. UU., que incluye a la vicepresidenta designada Rosario Murillo.	La diputada Castillo espera que la bancada orteguista no prefiera la protección política a Porras por encima del interés legislativo “porque pone en peligro la operatividad administrativa”, “pues hay temas que se ven relacionados con la banca nacional e internacional, recuérdese que se aprueban acuerdos de préstamos con organismos internacionales, el presupuesto, es decir, todo lo que requiere su firma”.	“Las sanciones hacen incompatible técnica, ética y legítimamente que siga como presidente de la Asamblea, por lo tanto lo que le corresponde a él (Porras) moralmente es retirarse inmediatamente para no afectar al país en toda la dimensión que se cubre el quehacer de la Asamblea, ya de por sí bastante afectada por la manera que se ha conducido”, dijo Castillo.	Núñez y Pallais, exdiputados opositores, explicaron que si bien la sanción es a título personal contra Porras y no contra la institución como tal, el hecho es que los bancos en el país deben cerrarles sus cuentas bancarias y cortar toda relación financiera con el sancionado, porque de lo contrario el mismo banco se expone a sufrir represalias por parte de EE. UU. y Canadá.	Pallais y Núñez consideran una especie de “muerte civil” para el sancionado, pero en particular Porras no puede seguir como el representante administrativo, legal ni como la firma libradora de las cuentas de la Asamblea ante los bancos, empresas comerciales u otras entidades, porque habría problemas con el pago de los trabajadores y proveedores.	Pallais explicó que con el exmagistrado Roberto Rivas, Porras es el segundo jefe de un poder del Estado sancionado por EE. UU., por lo que se esperaría que el dictador Ortega haga que Porras se separe como presidente del Legislativo e incluso hasta “renuncie como diputado”, debido a que por toda ley que sea impulsada o aprobada por él, “habrá duda de legitimidad”.	El artículo 44 de la Ley Orgánica del Legislativo establece que su presidente es la “máxima autoridad administrativa, administra el presupuesto y nombra al personal”. Entre las funciones, según el artículo 45 de esa ley, están: representar a la Asamblea, impulsar los procesos de las leyes, así como promulgarlas, incluidas reformas constitucionales, juramentar a los funcionarios nombrados por el Parlamento. Asimismo, quien preside el Legislativo juramenta al presidente de la República, e incluso si se diese la vacante del mandatario y el vicemandatario, el presidente de la Asamblea es considerado en la línea de sucesión, según la Constitución Política.