Este acuerdo aún no ha sido sometido a la Asamblea Nacional. La Constitución de la República no establece un plazo que obligue al Ejecutivo a que los acuerdos, tratados o convenios internacionales que suscribe, deban ser presentados para su ratificación ante la Asamblea Nacional. Entonces, el Ejecutivo se ha aprovechado de esta falta de definición y no ha tenido la voluntad política de someterlo para su ratificación.	Yo pienso que en caso de que se sometiera, aunque tengo mis dudas de que efectivamente se haga, la Asamblea Nacional debería ratificarlo. ¿Por qué? Porque la ratificación de los mismos obligaría al Estado y definiría y zanjaría definitivamente la discusión jurídica de si esa “cooperación” venezolana es deuda pública o no. La consecuencia inmediata de esta ratificación sería que el Ejecutivo estaría en la obligación de incorporar en el Presupuesto de la República los fondos o los créditos provenientes de esta cooperación y perdería la discrecionalidad que está usando hasta ahora, al privatizar la cooperación, si quiere para algún beneficio indirecto del Estado, para beneficio partidario o beneficio de entes privados.	Una obligación jurídica para que lo presente no existe. Establece la Constitución que todo acuerdo para que tenga validez debe ser ratificado. Mientras tanto, están los tratados suscritos independiente de su ratificación, están contenidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Pero decirles que tienen la obligación de mandarme este tratado no está actualmente regulado, no hay un procedimiento eficaz determinado que lo permita. Solamente existe el procedimiento de la opinión pública que los elige, la gestión política, la denuncia, el cuestionamiento o ligar el envío a otros temas.	Estamos ante un presupuesto paralelo, estamos ante un procedimiento que trata de guardar el equilibrio jurídico, que trata de jugar en el límite del abismo de la legalidad para mantener la discrecionalidad, para negar transparencia y para que estos fondos puedan ser usados arbitrariamente para el objetivo que se le ocurra al Presidente de la República. Eso es abierto y reconocido por el gobierno y evidenciado por su actuación cotidiana.	Uno se encuentra con una Ley del Presupuesto que tiene un cálculo de inflación que no es el real, con 12 por ciento proyectado, frente a un 19 por ciento, que no incluye este presupuesto paralelo. ¿Qué está pasando en la Asamblea? ¿Hay displicencia o un pacto de complicidad para que el Ejecutivo no haga transparente este dinero?	No hay ninguna complicidad ni ninguna disposición de contribuir a ocultar y mantener privatizados estos recursos. La Asamblea Nacional actúa dentro del marco de legalidad de sus posibilidades, determinadas por la ley y la Constitución, y en ese marco hemos actuado al límite de nuestras facultades. Por ejemplo, en el Acuerdo Marco con el Alba se puso una cláusula que obligaba al gobierno a someter a la Asamblea para su ratificación los acuerdos derivados de este Convenio Marco, y se consignó expresamente en esa reserva que ninguna deuda pública derivada de este Convenio Marco sería aceptada como deuda pública si no era expresamente sometida en el caso particular para su aprobación en la Asamblea Nacional.	Desde entonces previmos la posibilidad de que se encubriera dentro del Acuerdo Marco toda esta serie de contribuciones y se creara un principio de legalidad para tapar lo que se desea encubrir. Lógicamente el gobierno ha seguido jugando en ese abismo, en esa raya de legalidad e ilegalidad, en esa discusión de tratar de llevar el tema a una discusión jurídica, de si es competencia del Ejecutivo o de los sectores privados encubiertos bajo el Ejecutivo, para tratar de despegarse de la cobertura legal y de las obligaciones que las leyes imponen.	En esto hay una discusión sobre cuál es el momento oportuno o más conveniente para la interpelación. Hay algunos que argumentan que si lo interpelamos ahorita va a contarnos cuentos chinos y no tenemos la forma de contrarrestar sus cuentos chinos, de sacar las mentiras verdaderas. Queremos esperar primero los resultados de la investigación que hará la Contraloría General de la República. Entonces, como partido, hemos puesto el énfasis en que la Contraloría ejerza su función principal como órgano contralor y caiga a Petronic para hacer todas estas averiguaciones. De los resultados de esta auditoría especial depende que la Asamblea Nacional tenga los fundamentos y las bases para el juicio político, porque la interpelación es un juicio político. Ya con las pruebas, las verificaciones correspondientes y deducir las responsabilidades consecuentes.	Viene la elección de magistrados de la CSJ, y una justicia transparente es otra demanda ciudadana. Pero hay desacuerdo entre las bancadas liberales sobre si el acuerdo electoral que ustedes tienen incluye que actúen de forma concertada. ¿Actuarán de forma concertada o el PLC se entenderá por su cuenta con el Frente Sandinista?	No, no, no. No lo desconoce. En absoluto, no lo desconoce ni puede desconocerlo. Además, a quien le toca seleccionar en todo caso es a los diputados que lo firmamos, y fue suscrito por casi todos los diputados de las bancadas, y el acuerdo es clarísimo, no hay discrepancias porque ambas partes sabemos lo que firmamos, y nos obligamos y tenemos nuestro honor comprometido para que se cumpla. Nos obligamos a hacer consultas sobre esos temas, y el otro punto es que la selección debe ser en base a criterios de idoneidad que se tomaron en lo que aprobó la Gran Convención Liberal el 11 de julio de 2007, que teníamos que poner a los mejores hombres en esos cargos, para garantizar una sana administración de justicia.	¿Qué es lo que tenemos que hacer? Consultar cuáles son los que nosotros pensamos, son los más idóneos, Eduardo Montealegre también puede decirnos qué piensa, que es conveniente tal o cual persona, y de esa consulta ver si efectivamente los nombres que surjan se ajustan a los criterios de idoneidad que quedaron definidos y buscar coincidencias. Pero hay que estar clarísimos de que nosotros vamos a honrar nuestros compromisos, pero el único partido que hoy por hoy tiene los votos suficientes para completar los 56 que se necesitan es el PLC. El Movimiento Vamos con Eduardo, con sólo 17 diputados, a lo que ha sido reducida su bancada, no puede negociar directamente con el partido de gobierno.	Somos indispensables para elegir magistrados, no puede obviarse al PLC, no hay ninguna otra opción que sea matemáticamente viable en la designación de magistrados. Nuestra posición es que debe elegirse a los magistrados, que no debemos profundizar la crisis del país descabezando estos importantes poderes del Estado, o en el peor de los casos, dejándolo con una mayoría sandinista, como se va a dejar en determinado momento.	Tenemos que verlo con mucho realismo, cumpliendo nuestro compromiso de consultas y en la búsqueda de coincidencias, para llevar a los mejores elementos posibles ante la CSJ. Estamos clarísimos de que la crisis del Poder Judicial es una crisis profunda que no se va a solucionar con estos nombramientos, que es parte de un proceso de renovación de largo plazo, que es un proceso de revisión de muchas leyes, y la agenda de juridicidad de rescate del Poder Judicial nos obliga a dar pasos concretos para la corrección de ese problema estructural.	Mirá, hay sentimiento de muchísimas directivas departamentales que no están de acuerdo, ellos lo han dicho, porque no se sienten representados por los magistrados del CSE, hay muchísimas quejas en público y creen que ese cargo tan importante se asigna para que representen los intereses del partido. Este malestar persiste, y sólo puede corregirse cuando se les venza el término, lo único que nos queda es seguir trabajando con ellos de cerca para disuadirlos de que deben trabajar con el partido que los llevó a sus cargos.