“Ser consumidor, por definición, nos incluye a todos. Somos el mayor grupo económico que afecta y es afectado por casi toda decisión económica pública y privada. Somos, sin embargo, el único grupo importante cuyas opiniones a menudo no son oídas”. Así se expresó el 15 de marzo de 1962 el presidente de Estados Unidos John Kennedy, quien formuló cuatro derechos básicos de los consumidores: a) Derecho a la seguridad; b) Derecho a la información; c) Derecho a elegir; y d) Derecho a ser escuchado. Posteriormente, el 15 de marzo sería reconocido como el Día Mundial del Consumidor.	La Ley 842, de Nicaragua, recoge los derechos mencionados, sin embargo, haré especial referencia al de elegir, que según Julio Baltazar Durand Carrión, jurista peruano especializado en el tema, “es el derecho que permite resaltar la libertad de decisión y llama al conocimiento y ejercicio de los demás derechos”. No se puede hablar del derecho a elegir sin hacer referencia a la libertad. Tampoco es factible mencionar el derecho a elegir sin mencionar el derecho a la información, porque una correcta elección depende de la información con que se cuente.	Los empresarios han desarrollado técnicas agresivas de venta, en algunos casos con la intención de que el consumidor se equivoque y en otros quitándole tiempo para reflexionar sobre su decisión. Es el caso, por ejemplo, de las ventas fuera del establecimiento mercantil, donde el empresario toma la iniciativa de un contacto directo con el consumidor y le propone bienes en su domicilio, en su trabajo, o en cualquier lugar fuera de los lugares habitualmente reservados a la venta donde el consumidor se presenta por su propia voluntad.	Para estos casos, en que el consumidor recibe la visita de un representante del empresario para venderle, la Ley 842, en su artículo 81, le provee de un plazo de cinco días hábiles para retractarse de la adquisición. El elemento fundamental para ejercer este derecho es que la oferta y la aceptación se desarrollen fuera del establecimiento mercantil. La finalidad de esta disposición es evitar que el consumidor sea sorprendido en su entorno privado por un vendedor.	Según Gema Botana García, coordinadora del Curso sobre protección jurídica de los consumidores, “se trata de proteger al consumidor contra sí mismo, contra su propia confianza, o inferioridad, según los casos, que podría, ante ciertas solicitudes de vendedores persistentes y que hacen uso de técnicas agresivas, llevarle a multiplicar contrataciones inútiles”.	Es preciso señalar que no se trata de un derecho que le confiera al consumidor el poder usar un bien y devolverlo, se trata de que este tenga un tiempo para reflexionar sobre su compra y pueda comparar las condiciones que ofrecen otros empresarios, como también analizar si la adquisición satisface o no su necesidad.	En Costa Rica, Guatemala, Panamá y España también se le reconoce al consumidor el derecho a retractarse de las compras realizadas fuera del establecimiento mercantil; sin embargo, se disponen algunas excepciones, por ejemplo, el consumidor no puede retractarse de la compra si él mismo solicitó la visita del vendedor en su domicilio.	No se trata, entonces, de abusar de la disposición en detrimento del empresario. Recordemos que la Constitución de Nicaragua, en su artículo 24, dispone que “los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común”. En el mismo sentido se expresó el escritor cubano José Martí: “El que tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo”.