Con una camiseta “rosado chicha” con la imagen de Daniel Ortega en el pecho fue remitido a juicio oral y público el reo Rolando Enrique Guardián, de 18 años, quien el próximo cuatro de agosto deberá enfrentar a los miembros de un tribunal de jurados, quienes decidirán si es o no culpable del homicidio de María Catalina Wheelock, de 28 años.	Las pruebas que la fiscal Jeaneth Canelo presentó revelan que el crimen ocurrió el 20 de junio, a las diez de la noche, en una casa abandonada que está de la CST, media cuadra al oeste, sitio donde el varón empezó a discutir porque María Catalina le debía dinero a su compañera, Astenia Ramírez Izaguirre.	Luego, el acusado tomó del pelo a la víctima y la llevó a un cuarto, la tiró al suelo y le propinó una estocada en el pecho con una hoja de tijera de 15 centímetros de largo. El dictamen del forense Néstor Membreño indica que la mujer falleció por hemorragia en el tórax más taponamiento cardiaco por perforación del pulmón izquierdo y corazón. Ayer, Mariluz Zeledón pidió justicia por la muerte de su hija, en tanto que el acusado adelantó lo que parece será su estrategia de defensa: reveló que hasta los 13 años fue atendido en el Centro “Los Pipitos”, porque presuntamente tenía problemas de aprendizaje por retardo mental, condición que aparentemente no afectaba las condiciones sexuales del reo que al momento de su arresto portaba un condón sellado marca “Fiesta”, el cual estaba manchado de sangre, al igual que un par de chinelas.	Porque están “quebrados”, Juan Octavio Robleto Téllez, de 31 años, conocido como “Juan Frijol”, y Wilfredo Enrique Ramírez, de 30 años, alias “Hamburguesa”, no pudieron pagar a la Corte Suprema de Justicia la fianza de 10 mil córdobas que les impuso la juez Tercero Penal de Audiencias, Henryette Casco Batres, ni los mil dólares que estaba cobrando el abogado Flavio Rostrán, por lo que tuvieron que pedir la ayuda de la Defensoría Pública, que ayer se hizo cargo de su defensa dentro del juicio que se les sigue a los dos por homicidio y robo con intimidación frustrado en perjuicio de Ricky Hedyn Downs, de 47 años, y Charles Edgard Dimons.	Rostrán comentó que el día de la audiencia preliminar, el 22 de junio, los familiares de Robleto le pidieron que lo defendiera, y que después le iban a pagar, pero hasta hoy no ha visto ni un centavo. Según la acusación, el 13 de junio, Downs estaba con Dimons en un cafetín del Mercadito Periférico, cuando falló la luz, Charles se levantó de su silla, “Hamburguesa” aparentemente le quiso robar, e igual acción presuntamente perpetró el otro señalado en contra de Ricky, quien recibió una estocada en el abdomen. El forense Oscar Bravo determinó que la víctima pereció en el Hospital “Roberto Calderón”, el 15 de julio, por shock séptico, edema y trombo embolismo pulmonar. Los acusados fueron remitidos a juicio ayer.	Entre las nuevas pruebas que presentó el fiscal Alemán están el peritaje que se le practicó a la bala que mató al soldado y a la camiseta que éste portaba, el pasado diez de enero; las testimoniales de tres personas más, y una constancia del Ejército de Nicaragua que indica que la víctima estuvo en sus tropas del 20 de abril de 1999 y al nueve de enero de 2008.	El documento demuestra que la víctima no era un vago y que si estaba libre el día de los hechos, es porque se había ganado un pase. La acusación que el Ministerio Público promovió contra el policía indica que Morales Durán bajó de un taxi blanco en compañía del también policía Felipe Ramón Plata Briceño, para controlar una alteración al orden público en el barrio “Adolfo Reyes”, cuando observó que un grupo de personas, entre ellos el soldado del Ejército, corrió.	Supuestamente el policía Morales Durán sacó su arma de reglamento y realizó varios disparos, alcanzando uno de los proyectiles a Castillo Flores. El juez Octavo Penal de Juicio, Tomás Eduardo Cortés, admitió la ampliación de pruebas y reprogramó el juicio para el 15 de julio a las dos de la tarde y mientras esa fecha llega, el acusado seguirá esperando su juicio en libertad.	El abogado acusador particular, Agenor Dormus, recurrió de queja ante Asuntos Internos de la Policía por las irregularidades en que ha incurrido la Policía en el proceso, y además le solicitó a la Fiscalía la resolución donde declinó acusar al policía Plata Briceño y al taxista Freddy Oporta Álvarez, para acusarlos por su propia cuenta.