La historia nos muestra que el sistema presidencialista, como forma de Gobierno, es instituido en el continente americano, en la Constitución de los Estados Unidos de América, la que fue aprobada por unanimidad en la Convención de Representantes de trece estados, en el duodécimo aniversario de la Independencia de EU, realizada el 17 de septiembre de 1787. A partir de aquí emerge en el mundo un nuevo y novedoso sistema de gobierno con una marcada división de poderes: Poder Ejecutivo, encabezado por un Presidente de la República, que es jefe de gobierno y Estado; Congreso, como Poder Legislativo, dividido en cámaras, representantes y senadores; Poder Judicial, dirigido por una Corte Suprema. Los redactores de la Carta Magna estadounidenses tuvieron la virtud de consignar meridianamente una clara y perfecta división entre los tres poderes de Estado, al punto que han pasado doscientos veintiún años (221) desde que se promulgó la Constitución, y sus postulados se han mantenido invariablemente.	En nuestro país, de 1821 a 1853, tuvimos varias constituciones políticas (1826, 1838 y 1848), la verdad es que todas las Cartas Magnas tuvieron serios defectos e imprecisiones con respecto a las atribuciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de manera que el Poder Ejecutivo, representado por un “Director”, quien tenía muy pocas atribuciones de gobierno, pues el verdadero poder político descansaba fundamentalmente en el Poder Legislativo. El Poder Judicial era un apéndice del Legislativo, sin ninguna independencia, por tanto, ese modelo de gobierno no funcionó, probablemente esa fue la causa por la cual en ese período hubo mucha turbulencia política que desencadenó en insurrecciones, guerras y golpes de estado.	En 1854, en la Constitución Política se incluye como sistema de gobierno el presidencialista. El primer Presidente de la República fue el general Fruto Chamorro, éste intentó con la nueva Constitución organizar un Poder Ejecutivo fuerte, con amplias atribuciones, muy al estilo y modelo de la Constitución de Estados Unidos, sin embargo, esas pretensiones fueron tajantemente rechazadas por un sector de diputados liberales, por tal razón el Presidente de la República decide expulsar de la Asamblea Nacional a varios diputados, entre ellos Castellón y Máximo Jerez, quienes declaran la guerra al gobierno, contratan al filibustero William Walker, y de esta manera surge en el país la guerra nacional, en la que participan todos los países centroamericanos, hasta que se expulsa del territorio nacional al filibusterismo.	Por tanto, desde 1854 hasta la fecha han transcurrido 154 años que en nuestro país tenemos un aparente sistema de gobierno presidencialista. Sin embargo, en todo este tiempo la historia nos muestra que los gobernantes de turno a su antojo y capricho han cambiado recurrentemente la Carta Magna, no con el propósito de fortalecer el modelo, sino, por el contrario, para perpetuarse y mantenerse indefinidamente en el poder. Por esa razón las reglas del juego político fueron constantemente cambiadas, ya sea haciendo una nueva Constitución política o reformándola, así ocurrió en 1893, 1911, 1913, 1948, 1950, 1962, 1974, 1979, 1995, 2000 y 2005. Estos cambios constantes de constituciones políticas trajeron consecuencias catastróficas al país, ya que en el transcurso de un siglo, Nicaragua se vio sometida a conflictos, insurrecciones, guerras, golpes de estado, dictaduras, revoluciones, inestabilidad política, atraso social y económico bien conocidos por todos.	Ante esta triste historia, los buenos nicaragüenses deberíamos preguntarnos: ¿por qué otros países del mundo han logrado estabilidad política, desarrollo económico y social, mientras que los nicaragüenses seguimos atrapados en un callejón sin salida, patinando en los mismos problemas que tuvimos en siglo XIX y siglo XX? Algunos dicen que los problemas políticos que tuvo Nicaragua a mediados del siglo XX se originaban en la existencia de dos ideologías políticas opuestas, la capitalista y la socialista, en la lucha entre la izquierda y la derecha, en la existencia de una guerra fría entre este y oeste. Sin embargo, en el siglo XIX (1821-1893) no existían ese tipo de ideologías políticas, y aún así los liberales y los conservadores, que poseían las ideas políticas predominantes de la época, vivían en constantes pugnas y guerras por el poder, unas veces eran los liberales los que perseguían y reprimían a los conservadores, y otras, eran los conservadores los represores y perseguidores.	En estos momentos el Presidente de la República hace esfuerzos tratando de convencer al pueblo de Nicaragua para que se cambie por medio de reformas constitucionales el sistema presidencialista y establecer un sistema parlamentario, arguyendo que el presidencialismo en Nicaragua ha sido un total fracaso, que lo mejor es abolirlo, para que el poder político descanse en el parlamento nacional, con un gobierno dirigido por un Primer Ministro, el que sería nombrado o destituido por un sesenta por ciento de los votos de los diputados del parlamento nacional. El Presidente de República tendría funciones de clausurar la Asamblea Nacional y labores protocolarias en el exterior.	En honor a la verdad en Nicaragua, nunca hemos tenido un verdadero sistema de gobierno presidencialista, en primer lugar, porque siempre hemos tenido constituciones políticas mal redactadas, anacrónicas, casuística, con serios defectos e impresiones en la división de los poderes, cuando el presidencialismo precisamente descansa en una armoniosa y perfecta división de poderes.	En segundo lugar, el Poder Judicial, que forma parte del sistema, nunca ha gozado de independencia, este poder siempre ha estado subordinado o al Poder Ejecutivo o al Legislativo, en otros países (donde funciona el presidencialismo), en el que el Poder Judicial es independiente, sirve de balanza y equilibrio en momentos de crisis o conflicto político; en Nicaragua ha sido lo contrario, el Poder Judicial siempre ha tenido un rol de subordinación a la política y a los políticos.	Cuando en Nicaragua los nicaragüenses nos dispongamos a redactar una mejor Constitución Política, en la cual de manera clara y meridiana, sin equívocos de ninguna clase, se establezca una perfecta y armoniosa división de Poderes, dándole al Poder Judicial el lugar de independencia que debe tener en el sistema, sin que dicho poder pueda ser manoseado y manejado por los diferentes partidos políticos, será entonces cuando se diga que tenemos en el país un verdadero sistema presidencialista. En cuanto a la reforma constitucional propuesta por el actual gobierno, pienso que dicha reforma no es sincera, como no lo fueron las reformas constitucionales de 2005, pues la oposición de aquel entonces, hoy gobierno, trasladó funciones a la Asamblea Nacional, las cuales en estos momentos reniega con la Ley Marco. El Presidente de la República, en el fondo lo que busca es eludir la prohibición constitucional de no reelección presidencial, haciendo uso de la figura de Primer Ministro, éste sería un remedo de Presidente de la República, con la diferencia que el Ministro ya sería electo por el voto universal, directo, libre y secreto del pueblo, sino que por el sesenta por ciento de los parlamentarios, es decir, 56 diputados, eso sería no un avance en la democracia, sino un retroceso.