Según análisis de economistas y defensores de los derechos de los consumidores, aunque los comerciantes no aplican los impuestos en sus productos de manera directa, es decir a través de facturas a los compradores, ellos pagarán a la industria un precio que ya incluya los nuevos impuestos y por tanto estos implícitamente pasarán al consumidor.	En el proyecto de reforma fiscal el Ejecutivo busca aumentar de uno por ciento a entre dos y tres por ciento la alícuota del anticipo mensual del IR para las medianas y grandes empresas, lo que presionará la liquidez de estas, que son las que proveen productos a los comerciantes de los mercados.	De hecho, el vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Sergio Maltez, estima que si el paquete de reformas fiscales se echa a andar la cesta familiar se elevará de 13 mil a 17 mil córdobas, “más de cuatro mil córdobas, esto es casi un aumento del 29 por ciento del costo para los consumidores”.	Alejandro Aráuz considera que los precios podrían bajar debido a que ante el aumento de precios el consumo disminuye, y por lo tanto el precio vuelve a bajar. “Esto genera un punto de equilibrio, pero el productor pierde y puede llegar a cerrar si la demanda cae tan bajo que puede tener pérdidas”, agrega.	Los proveedores de los comerciantes también se verán presionados financieramente porque deben asumir la carga que significa ahora pagar más en materia de Seguridad Social. El régimen de Daniel Ortega puso en marcha desde el 1 de febrero un paquete de reforma paramétrica a la Seguridad Social que implicó un aumento de 19 a 21.5 y 22.5 por ciento en la patronal. Esto si bien no afecta directamente a los comerciantes de los mercados —que suelen ser informales— los productos que estos compren a sus proveedores vendrán con esa carga.