Para los juristas José Pallais y Eliseo Núñez, es un grave precedente para el sistema jurídico en Nicaragua que los funcionarios de la Corte Suprema den argumentos políticos y levanten acusaciones sin pruebas contra Solís, por cuanto ante la opinión pública se han desnudado como un órgano partidario que responde a los intereses de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.	Montenegro “con instrucciones” de la Corte Suprema hace del conocimiento a la Asamblea que Rafael Solís Cerda “huyó del país en el mes de diciembre del 2018, formando parte del grupo de canallas y vendepatrias que trajeron muerte, lesiones, dolor a los nicaragüenses; así como destrucción a los medios de vida, edificaciones públicas y privadas, ocasionando grandes pérdidas al país y a las familias nicaragüenses, en su intentona golpista de abril/julio del 2018”, reza la carta.	Los graves señalamientos políticos contra Solís son los mismos con los que el régimen de Ortega y Murillo descalifica a los ciudadanos que se levantaron en protestas a partir de abril del 2018, primero contra una reforma a la seguridad social y posteriormente para exigir la salida del poder de los dictadores, mediante el adelanto de las elecciones.	Ahora Solís es considerado un enemigo del régimen. En la solicitud de destitución como magistrado, la Corte usa como argumento que Solís se sumó “a la política antipatriótica y proimperialista” al dar declaraciones en medios de comunicación internacionales donde denunció los crímenes contra las protestas y señaló a Ortega y a Murillo de instaurar una dictadura en Nicaragua.	Solís Cerda renunció a seguir como magistrado en la Corte Suprema y a todos los cargos en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en una carta enviada el 8 de enero del 2019 al presidente de la Asamblea, el orteguista Gustavo Porras, y otra al dictador Ortega, quien también es secretario general del partido gobernante.	Los orteguistas en la Asamblea se negaron a tramitar la renuncia de Solís para evitar leer en el plenario la misiva en donde desmonta la versión de que la rebelión de abril fuese un intento de golpe de Estado. Además, advirtió que sin acuerdos resultantes del diálogo el país se dirige a una posible guerra civil.	Eliseo Núñez, jurista y opositor, expresó que es preocupante que las autoridades de la Corte Suprema emitieran opiniones partidarias para pedir destituir a Rafael Solís como magistrado, por cuanto se han anulado como tribunal para seguir conociendo de los procesos de los opositores al régimen, pues desde ya queda claro que fallarán contra ellos por política y no por razón jurídica.	“Ya la pluma de doña Rosario (Murillo) llegó a la Corte, porque con esa carta donde se emitió una opinión política contra una persona, la Corte deja en nulidad toda sentencia que tenga alrededor de los casos de la crisis. La Corte misma ha anulado con esa confesión pública cualquier indicio de credibilidad, lo cual es grave porque asumió una posición política y no jurídica”, dijo Núñez.