Pero la verdad es que hasta donde se conoce las sanciones han sido personalizadas contra determinados miembros de la cúpula gubernamental, acusados de corrupción y violaciones graves a los derechos humanos; así como a algunas entidades empresariales, como Albanisa y Bancorp, que forman el núcleo del cuantioso poder económico de la dictadura.	En cuanto a los recursos financieros proveídos por organismos financieros internacionales, la revista Estrategia y Negocios informó a principios del presente año que el Gobierno de Nicaragua obtuvo para 2019 casi mil millones de dólares, principalmente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. No se sabe hasta ahora si esos recursos están siendo desembolsados o se encuentran retenidos por efecto de las sanciones.	La misma revista Estrategia y Negocios informó el lunes de la presente semana que la inversión extranjera directa en Nicaragua cayó el año pasado en más de cincuenta por ciento: bajó de 772 millones de dólares el año pasado a 359 millones de dólares en 2017. Esta grave pérdida para el país que significa la disminución de la inversión extranjera directa, es una sanción de la dictadura de Ortega al pueblo nicaragüense, pues se trata de recursos que van directamente a la economía, generan empleo y prosperidad; y han sido el motor del crecimiento y del desarrollo nacional truncado desde el estallido social de abril y la subsiguiente represión.	La caída de la inversión extranjera directa que causa un enorme perjuicio a la economía del país y de la gente común, es culpa de la represión del régimen de Ortega y de su obcecación en no permitir una solución democrática de la crisis. Se trata de una terrible sanción que Ortega le impone a la población, peor que todas las sanciones de EE.UU. a la dictadura.