O derogan las reformas a la seguridad social y de la Ley de Concertación Tributaria o Nicaragua se irá a la quiebra económica. Esta fue la campanada de alerta que envió ayer al Gobierno el sector agropecuario, al calificar ambos ajustes como un tiro de gracia al último eslabón económico que aún seguía a flote, luego que la convulsión política arrasara con el crecimiento de casi todas las actividades productivas.	Ambas reformas, puestas en marcha en febrero pasado, mantienen paralizado al sector agropecuario. A las puertas del inicio del ciclo agrícola, en mayo próximo con las primeras lluvias, los productores ni siquiera han hecho movimiento de tierra, no solo por la falta de financiamiento, que se ha agravado por los bajos precios a nivel internacional, sino también porque los insumos se han ido por las nubes como consecuencia de la reforma fiscal.	Son un poco más de sesenta millones de dólares adicionales los que los productores deberán desembolsar en todo el 2019 para poder cubrir los impuestos que ahora pagan sus insumos y maquinarias, según estimaciones de Mario Hanon, vicepresidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda).En la reforma fiscal el régimen ordenó quitar las exoneraciones y exenciones a insumos agropecuarios, incluido todo tipo de maquinaria que se utiliza en el campo.	De manera estratégica y para frenar el alcance de la misma, el régimen decidió que los productores que quieran gozar de un alivio fiscal deberán someterse a un engorroso proceso ante Hacienda, para obtener avales que exoneren de impuesto las compras de agroquímicos. Esto representa un grave obstáculo si se considera que una gran mayoría de productores están en la categoría de pequeños, con bajos niveles de formación académica.	“Estamos siendo víctima de múltiples fuerzas en contra nuestras, no solamente el tema del Seguro Social y el tema de la reforma fiscal, sino que además de eso hay disminución sensible del financiamiento, hay un aumento de las tasas de interés, nuestras empresas están vendiendo menos. El vender menos es como un impuesto a la recesión económica”, afirmó Hanon.	“Jamás en la historia de Nicaragua los fertilizantes han pagado impuesto, ni un solo peso”, enfatizó Hanon, quien señaló que la medida fiscal está poniendo en riesgo los esfuerzos que se han venido haciendo desde hace sesenta años con el inicio de la revolución verde, “que implica fertilizar de manera adecuada tus cultivos para buscar el más alto rendimiento posible y poder competir en un mundo globalizado”.	El sector productivo lamenta que se haya aplicado una reforma sin haber hecho un análisis sectorial sobre los efectos en cada eslabón productivo, lo que los deja al borde la quiebra. Y peor aún gravaron la riqueza que aún no se ha producido, al decidir incrementar la alícuota del aporte mensual del Anticipo del Pago Mínimo Definitivo a cuenta del Impuesto sobre la Renta.	“El último pilar que ha quedado tambaleando, pero está ahí, y que está sosteniendo al país, es el sector agropecuario y con todas estas acciones que ha venido promoviendo el Gobierno, vienen a poner en riesgo ese último pilar que tiene la economía nacional para poder mantener los niveles de trabajo en el sector rural y las exportaciones”, afirmó Álvaro Vargas, presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic).	“El poco financiamiento que hay ha sufrido un incremento en las tasas para el sector agropecuario”, enfatizó Vargas, quien cree que habrá una merma en las áreas de siembra y la productividad.El sector se ha visto agobiado por los incrementos en la tarifa eléctrica y el encarecimiento continuo de los combustibles, que la semana pasada acumularon siete semanas seguidas de aumento de precios.	René Blandón, presidente de la Comisión de Ganaderos de Nicaragua (Conagan), expresó su profunda preocupación por las reformas, a las que califica “como una devaluación disfrazada, es una estocada después de estar en crisis desde abril del 2018. Es difícil que podamos decir que vamos a seguir adelante, esto no afecta a un sector, afecta a toda la cadena, desde el sector primario, que es el más sacrificado normalmente, hasta los exportadores”.	“Son alrededor de 2,190 millones de litros de leche lo que se ha venido acopiando en los últimos tres años y son 36 plantas certificadas, que hace cinco años solo estaban certificadas y hoy en día, al menos 12 de ellas están certificadas para exportar a siete mercados”, indicó la Cámara.	Las cámaras productivas en un comunicado exigieron “de manera expedita la derogación de manera inmediata de ambas reformas, así como la restauración de las exoneraciones de impuestos al sector agropecuario y la aplicación simplificada que existía antes de las reformas arriba mencionadas”. Eso permitiría al sector “ iniciar de inmediato las labores agropecuarias, garantizando tanto la alimentación general de la población como la atención a los compromisos de los mercados internacionales”.