“La nacionalidad es el vínculo jurídico político que une a una persona con un Estado determinado. Una persona puede tener doble o múltiple nacionalidad, lo cual provoca en algunas ocasiones las naturalizaciones fraudulentas cuando la nacionalidad se invoca de mala fe o en abuso del derecho, con el objetivo de eludir una legislación que perjudica y colocarse bajo el imperio de otra que es favorable”, señala la organización de juristas, CEJ.	El CEJ menciona el "Caso Nottebohm", en el que la Corte Internacional de Justicia determinó que el Principado de Liechtenstein no podía invocar ante Guatemala la nacionalidad adquirida por Fredrich Nottebohm, ya que "la nacionalidad es el vínculo jurídico que tiene por sustento un hecho social de adherencia, un vínculo genuino de existencia (...), la persona a quien se le otorga (...) está en la práctica ligada más estrechamente con la población del Estado otorgante de la nacionalidad, que con cualquier otro Estado".	Asimismo se refiere al "Caso Cannevaro", en el que un tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje estableció que Italia no podía invocar ante Perú la nacionalidad italiana de Rafael Cannevaro, por haber este ejercido su nacionalidad peruana, al presentar su candidatura al Senado del Perú y haberse desempeñado como cónsul general del Perú en los Países Bajos.	El grupo de juristas salvadoreños considera que esas y otras resoluciones pueden aplicarse en el campo de la extradición “y en el caso concreto del expresidente Funes, la salvadoreña es claramente su nacionalidad efectiva y constituye el único vínculo genuino; no puede rechazarse su extradición sobre la base de un fraude a la ley, reconocido así por el Derecho Internacional, el cual ha sido, además, lesivo del interés público nicaragüense”.	Los juristas salvadoreños citan además la Convención Interamericana contra la Corrupción, que establece expresamente que “la corrupción es un delito sujeto a extradición, no calificable como un delito político, estando obligados los Estados a cooperar entre sí. Dicha Convención y también la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de las cuales El Salvador y Nicaragua forman parte, establecen la obligación del Estado que rechaza la extradición de enjuiciar al presunto delincuente”.	La abogada Eilyn Cruz dijo que si Funes y su familia ingresaron a Nicaragua y pidieron asilo político, la Cancillería debió haberles extendido una certificación que les acreditaba como tal y, posteriormente, presentar ese documento ante la Dirección de Migración y Extranjería para obtener una tarjeta de residente. Sin embargo, Funes siempre dijo que era un asilado político, no un residente.