El informe titulado “Brutal represión: Torturas, malos tratos y juicios contra manifestantes y opositores en Nicaragua”, es tan contundente como el que presentó en diciembre del año pasado el Grupo de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y como han sido los informes de Amnistía Internacional y otros organismos internacionales de derechos humanos, que han constituido la base para que la comunidad internacional ponga en el banquillo de los acusados a la dictadura y la sancione.	José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, al presentar al mundo el nuevo informe sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua expresó que “la presión internacional (contra la dictadura) no puede cesar, debe mantenerse y multiplicarse”. E indicó que un mecanismo apropiado “son las sanciones que prevé la Carta Democrática. Ya basta de resoluciones y de dilaciones —reclamó Vivanco—. Ese régimen no entiende un lenguaje que no sea el de incrementar la presión. Hay que tratar a Ortega y a Murillo como lo que son: unas parias internacionales que han construido en Nicaragua una tiranía que debe ser objeto de un escrutinio, fiscalización y sanción por parte de la OEA”.	En realidad, las investigaciones e informes de los organismos defensores de los derechos humanos han sido de ayuda vital para el pueblo nicaragüense, después que la rebelión popular cívica del año pasado fue aplastada mediante la más despiadada represión que ha ocurrido en toda la historia nacional. Gracias a esos informes la comunidad democrática internacional ha podido conocer en detalle la tragedia de derechos humanos en Nicaragua y se ha motivado a ejercer presión sobre el régimen de Ortega, inclusive con sanciones políticas y diplomáticas.	Ortega y Murillo pueden impedir con la represión policial y de turbas que los ciudadanos ejerzan sus derechos de protesta, manifestación pacífica y demanda de cambio democrático. Pero no pueden reprimir a la comunidad internacional ni impedir las sanciones. Más bien provocan mayor repudio y condenas del mundo democrático y le dan motivos a los organismos internacionales de derechos humanos para que los declaren “parias internacionales” y pidan que les apliquen sanciones más drásticas.