Procurador Estrada explica en Asamblea razones y extremos de la demanda con la que bonificó secuestro preventivo. Afirma que favorecidos con la venta ampliaron número de habitaciones para desnaturalizar porcentaje ocupacional que los obligaba a pagar millón y medio de dólares. Incumplimiento es doloso, dice demanda, y razón para reclamar la resolución del contrato cuyo finiquto les fue negado hasta por el presidente Bolaños	El Procurador General de la República, Hernán Estrada, citado ayer por una comisión de la Asamblea Nacional para que explicara el secuestro preventivo del Estado sobre el Hotel Barceló-Montelimar, reveló que la Procuraduría inició un proceso civil en la vía ordinaria y con acciones acumuladas de RESOLUCIÓN DE CONTRATO de compra-venta, daños y perjuicios y cancelación de cuenta registral, a las sociedades mercantiles denominadas Hotel Montelimar Sociedad Anónima y Auxiliar Sociedad Anónima, así como la restitución del complejo turístico Montelimar a patrimonio del Estado.	Además, el Procurador explicó a los diputados que el pago se estableció en cuotas diferenciadas y condicionadas al porcentaje ocupacional del hotel, que iban de un 65 a un 85% en el 4º. y en el 5º. Año, y a partir del 6º. año, un porcentaje del 60 y del 75% a más del nivel ocupacional, y que según la auditoría contratada por la compradora no se logró. El Estado se dejó una garantía sobre el 10% de las acciones (Cláusula Séptima).	Según los alegatos del Estado, las sociedades Hotel Montelimar y Auxiliar S. A., con ánimo de no pagar y quedarse con el complejo turístico valorado en 30 millones de córdobas, construyó 90 habitaciones más de las 202 ya existentes, con lo que el cálculo de medición porcentual de ocupación del hotel tergiversa el informe de la firma auditora (contratada por ellos), ocultándole al Estado nicaragüense la realidad sobre la cual se pactó.	La PGR concluyó que Barceló debe cumplir con el pago del saldo de venta pactado, el que quedó sujeto a una forma condicionada, según tabla de porcentaje, desprendiéndose del instrumento jurídico la existencia real de un deuda (saldo), reconocida por la compradora, cuyo cumplimiento quedó sujeto a una forma de pago y al no alcanzar la compradora los porcentaje establecidos y pactados, eso no implica de forma alguna la exoneración, exención o condonación de la deuda.	“En cuanto a la posibilidad de que la acción emprendida por la entidad que represento pueda significar una afectación a la inversión turística, el Gobierno considera que esta acción esta destinada a brindar mayor seguridad jurídica en el futuro a las actuaciones de los servidores públicos y a ejercer con celo sus funciones en todas las transacciones relacionadas con el Patrimonio de la Nación”, expresó Estrada.	Las mejoras consistieron en: aeropuerto, cien edificaciones: centro de convenciones, discotecas, 202 habitaciones, recepción, casona, gimnasio, habitaciones de edificio central y una cantidad de bienes muebles (televisores, refrigeradoras, camas, sillas, equipos de oficina); todo por un precio en efectivo y a la suscripción del contrato por la suma de US$3,030.000.00.	Esa suma de dinero sería pagada en diez cuotas anuales después de tres años de gracia, y además de eso pagarían un monto adicional de US$1,450,000.00. Esta última suma se cancelaría de acuerdo con una tabla porcentual del nivel ocupacional de las 202 habitaciones y fiscalizada por una firma internacional que Hotel Montelimar escogería y financiaría.	Hotel Montelimar, representado legalmente por los doctores Tomás Delaney y Noel Vidaurre, ex funcionarios del Gobierno de Doña Violeta Barrios de Chamorro, de la que es titular la Sociedad Auxiliar Sociedad Anónima, y de la que es socio el señor, Simón Barceló, alega que Hotel Montelimar no le debe un centavo al Estado de Nicaragua.	Pese a numerosos requerimientos extrajudiciales y múltiples comunicaciones que se le hicieron en distintas ocasiones y durante el Gobierno de don Enrique Bolaños --al que le correspondía otorgar el finiquito, el 19 de mayo del 2006--, existe un saldo pendiente en libros a favor del Estado de US$1,450,000.00, calculado en ese momento, más intereses, sin perjuicio de los derechos contractuales de Nicaragua a dejarlo sin efecto.