“Ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe”. Bajo esta premisa contenida en el artículo 32 de la Constitución Política de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral, CSE, auxiliado de los vacíos jurídicos de la Ley Electoral, ha ejecutado resoluciones controversiales, como la de abrir un proceso de cancelación de personalidad jurídica a cuatro partidos políticos a las puertas de una elección municipal, desde ya muy cuestionada.	Antes, y basados en el artículo 179 de la Ley Electoral, los magistrados del CSE decidieron suspender por la vía administrativa, las elecciones en tres municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, creando una crisis de poderes, pues los diputados opositores en la Asamblea Nacional alegaron que sólo el Poder Legislativo puede modificar las fechas de los comicios a través de una reforma electoral.	Sin embargo, varios legisladores del Frente Sandinista y del Partido Liberal Constitucionalista han expresado públicamente no interesarse por modificar la Ley Electoral en este momento, excepto lo concerniente al cambio de fecha de los comicios en la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, “pactados” para el 18 de enero del próximo año.	La percepción ante esta negativa por parte de los diputados, es que el FSLN y el PLC no están dispuestos a “revivir”, por ejemplo, las asociaciones por suscripción popular, como una forma de participación en las elecciones generales, municipales y regionales al margen de los partidos políticos tradicionales y legalmente constituidos.	No importa si en esa actitud se transgreden principios constitucionales como el establecido en el artículo 48 de la Carta Magna, referido a que “es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan de hecho, la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país”.	Entre las novedades de la propuesta de reformas electorales del Grupo Promotor, figuran establecer “listas cerradas” y “no bloqueadas”, de los candidatos a diputados nacionales, departamentales y regionales, así como al Parlamento Centroamericano, Parlacén, de manera que el elector pueda cambiar el orden de los aspirantes de acuerdo con sus preferencias al momento de emitir su voto.	Por otra parte, se propone restablecer las asociaciones por circunscripción popular, de manera que se garantice el derecho de los ciudadanos que no militan en ningún partido político legalmente constituido, a participar en cualquier elección, y todos los derechos conexos que ello conlleva, como el nombramiento de fiscales ante las diferentes instancias electorales, hasta llegar a las Juntas Receptoras de Votos, JRV.	Además, se pretende estipular en la Ley Electoral como requisito indispensable para mantener la personalidad jurídica obtener el 4 por ciento de los votos en una elección para las alianzas de partidos, tal como se establece en la Constitución Política para el caso del partido político que participa de forma independiente.	La Ley Electoral establece que la iniciativa del Decreto Legislativo para el plebiscito y el referendo, además del presidente y de los diputados le corresponde directamente al pueblo cuando lo solicite con un número no menor de cincuenta mil firmas, sin embargo, ni la Ley Electoral ni otro reglamento establece los procedimientos para tal fin.	La mayoría de los partidos políticos hablan de la igualdad de oportunidades y de la participación de la mujer, pero esto no ha sido real (solamente 17.9 por ciento, de los noventa diputados(as) electos(as) son mujeres. De igual manera, la participación es baja en las estructuras superiores de la administración electoral.	El número de escaños asignados para cada uno de los departamentos y regiones autónomas no se corresponde con la realidad poblacional del país, pues fue hecho con base a datos poblacionales de hace 12 años (1995) y no se establece en la Ley ningún mecanismo para su actualización, esto hace que los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia y las Regiones Autónomas tengan menos diputados que los que le corresponde.	La actual forma de elección de representantes por listas cerradas de partidos fomenta el caudillismo y erosiona el vínculo de representación entre elector y elegido. La utilización de listas cerradas presupone que la democracia interna de los partidos para elegir a sus candidatos es lo suficientemente desarrollada o que estén institucionalizadas elecciones internas en los partidos bajo la regulación y administración del CSE.	La media mayor está hecha para beneficiar a los partidos que tengan mayor número de votos a costa del resto de partidos. Su efecto es tal, que en las elecciones para diputados departamentales de 2006, el partido que quedó con el 30.64% de los residuos se lleva el 41.38% de los escaños, y el que tiene el 9.61% de residuos le correspondió el 3.45% de los escaños.	El argumento de evitar la proliferación excesiva de partidos políticos, sobre todo de aquellos que existen exclusivamente para acceder a fondos públicos, no tiene validez, puesto que la Ley Electoral establece la entrega del financiamiento estatal posterior a las elecciones, y distribuido en proporción a los votos logrados por cada partido.	Como producto de estas reformas, la Constitución Política establece que a un partido político el CSE le puede cancelar la personalidad jurídica si no obtiene al menos el 4% de votos válidos en las elecciones generales. Esto se traslada a la Ley Electoral, pero en el caso de las alianzas esto se aplica multiplicando ese 4% por el número de partidos que participan en la alianza.	La Ley Electoral no especifica la fecha en que los partidos y alianzas deben presentar su lista de candidatos. Tampoco establece la fecha en que se deben inscribir las alianzas, sin embargo, hasta antes de las elecciones municipales de 2008, el CSE --interpretando el Arto. 77-- había asumido que si un partido para presentar candidatos tiene hasta seis meses antes para obtener su personalidad jurídica, no puede presentar candidatos ni hacer alianzas antes de esta fecha.	Establecer como requisito para presentar candidatos a los partidos políticos y alianzas de partidos, haber obtenido su personalidad jurídica al menos seis meses antes de la fecha de las elecciones de autoridades nacionales, regionales o municipales. Actualmente se establecen doce meses para las nacionales y seis meses para el resto de elecciones.