“A 9 años, 5 meses y 20 días del asesinato de nuestra querida Dina Alexandra Carrión Gon­zález, volvemos a sentir como si fuese ayer el sufrimiento por su pérdida, luego que la Corte Suprema de Justicia no noti­ficó que declaraba con lugar el recurso de amparo a favor de Juan Carlos Siles Saravia, quien recurrió a dicha instan­cia para impedir ser procesado por el delito de parricidio por la muerte de quien fuera su espo­sa, Dina Carrión, el 3 de abril de 2010”, manifestó Aida Carrión, hermana de la víctima.	La fuente precisó que el 22 de mayo pasado, la Sala Consti­tucional de la CSJ emitió su resolución, pero fue hasta el viernes de la semana pasada que se enteraron y fue porque este poder del Estado envió una comunicación a la Comi­sión Interamericana de Dere­chos Humanos (CIDH), quien acogió la muerte de su herma­na como uno de sus casos.	“En todo el proceso lo benefi­ció con la retardación de jus­ticia hasta llegar a la impuni­dad, continuaremos con nues­tra demanda a niveles inter­nacionales en la Organización de Estados Americanos (OEA). No desistiremos en esta lucha, es nuestro compromiso moral”, expresó Carrión a tra­vés de una videoconferencia.	En los 18 folios del documen­to, la exfiscal Nieto expre­só que en la escena del cri­men fue ocupada una pisto­la Bren Ten calibre 10 milíme­tros, propiedad de Juan Car­los Siles, con la que supuesta­mente se suicidó la víctima, utilizando una bala de otra arma, una calibre 40 para una pistola Smith and Wesson.	La exfiscal apoyó sus con­clusiones en los peritajes de balística y química hechos en el Laboratorio Central de Criminalística, en los que se indicaba que solo se encon­tró residuos de pólvora en las manos de Dina Carrión y que una prueba de toxico­logía que le hicieron, reveló que al momento de su deceso tenía 0.45 grados de alcohol en la sangre, es decir, había tomado licor.	“En el 2018 nos informaron que como el Estado no res­pondió, la CIDH lo asume como caso. En este proceso de los 7 años, es hasta ahora que la Sala Constitucional se pronuncia y dice que admi­te la petición de él y manda a archivar el caso, dice tam­bién que no le ha violentado sus derechos”, agregó.