Es por eso precisamente que el hecho de que la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, en el caso de Fátima Hernández contra Farinton Reyes, usara este argumento para reducirle la pena al acusado de seis a cuatro años de cárcel, adquiere una especial gravedad. Significa en esencia que ha quedado establecido, nada menos que por el más alto tribunal encargado de impartir justicia en Nicaragua, que un hombre que viole a una mujer en estado de “arrebato” (así lo llamaron) causado por la ingestión de licor, es menos culpable que el que la viola sin tomarse un trago. En el país donde vivimos este tipo de razonamiento es monstruoso verdaderamente y una vergüenza para los y las magistrados de la Corte Suprema (a excepción de la Magistrada Yadira Centeno, quién se opuso). Uso este fuerte adjetivo de “monstruoso” porque fallos como éstos no son válidos nada más para este caso. El sistema de justicia funciona mediante “precedentes”, es decir que los abogados pueden aducir que la Corte falló tal o cual manera en tal o cual caso, para exigir un fallo similar en otro juicio o apelación semejante. O sea que, de ahora en adelante, en Nicaragua se podrá defender a un violador borracho, bajo el razonamiento de que violó a X o Y persona “en estado de arrebato”.	Encima de eso, se acusa a la víctima de “permisividad colaborativa” una absurda figura pues de haber existido ésta no se trataría de un delito de violación, si no de un acto sexual por mutuo consentimiento. Sería como acusar a una mujer de estar en posición horizontal cuando la violan, no importa si está así porque el hombre se le tiró encima.	Este caso ha sido emblemático gracias a la valiente actitud de la víctima y su familia. Ellos han exigido justicia por todos los medios, apelando incluso a repetidas huelgas de hambre de Fátima Hernández. Así se han opuesto y sacado a luz la protección y el favor del que goza el acusado por sus vínculos de parentesco con personas allegadas al poder. El poder ha hecho cuanto ha podido por eximir a Farinton Reyes del delito del que fue acusado. Al no poder lograr este desenlace por la amplia demostración de su culpabilidad y la actitud inclaudicable de Fátima, quién se negó a arreglos al margen,  no les ha quedado más camino que sacarse de la manga los atenuantes ya mencionados para lograr la reducción de la pena, una vez el reo fue hallado culpable.	Como ciudadanos, mujeres y hombres,  no debemos permitir manipulaciones como ésta cuyo objetivo es satisfacer los intereses individuales de personas influyentes o poderosas.  Estamos asistiendo a la malversación y desmantelamiento de la legitimidad de nuestro sistema de justicia y aceptando que se establezcan interpretaciones antojadizas de la ley que dañan nuestros derechos. Este es un claro ejemplo del daño PERMANENTE que se está haciendo a los derechos de las mujeres y a las leyes que defienden estos derechos.	Las leyes y disposiciones Constitucionales se supone que rijan la vida social y la justicia de un país independientemente de quién ejerza el poder. Son el instrumento de nosotros, los ciudadanos,  para protegernos de los abusos precisamente del poder. Si se convierten en papel mojado, en veletas que giran de acuerdo a las órdenes de quién más sopla, ninguno de nosotros está a salvo ni puede contar con que se haga justicia cuando nos toque a nosotros demandarla.