La petición fue hecha por la facción minoritaria del Movimiento de Renovación Sandinista, MRS, a través de una moción, en un último intento por levantar las penas que pesan desde hace un año sobre los médicos y mujeres que interrumpen un embarazo aunque la vida de la madre esté en peligro.	Las sanciones establecen penas de uno a tres años de cárcel a los que interrumpen y consienten el aborto. El Congreso, dominado por sandinistas y liberales, ratificó este año la prohibición en las discusiones del nuevo Código Penal, para no contrariar a la iglesia católica, a pesar de los llamados hechos por grupos médicos, feministas y la comunidad internacional para que reconsideraran su posición.