La extensa, permanente e invariable crisis de violación de derechos humanos en Nicaragua volverá a conocerse en el Consejo Permanente de Derechos Humanos este mes de junio, con una actualización oral del estado de la situación por parte de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).	Fuentes diplomáticas de Ginebra, sede del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, confirmaron a LA PRENSA que durante el 41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (del 24 de junio al 12 de julio de 2019), la alta comisionada Michelle Bachelet, o en su defecto una delegada suya, expondrá de forma oral ante los Estados miembros la situación actualizada de Nicaragua.	Para ello han trabajado en dos vías: una directa mediante la visita de Bachelet a Centroamérica entre los días 20 y 22 de mayo, para recibir los informes directos de la Oficina Regional para América Central, cuya sede se encuentra en Ciudad de Panamá pero desarrolla acciones de monitoreo y presencia en cinco países del istmo: Belice, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá.	Esta visita se realizó apenas días después que en el Palacio de Naciones, en Ginebra, se le realizará el Examen Periódico Universal al Estado de Nicaragua, que resultó en una derrota diplomática internacional para el régimen y una tribuna de repudio y rechazo global a las violaciones de derechos humanos de los nicaragüenses por la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo.	Durante esta visita a la región, aparte de algunos actos protocolarios y diplomáticos en Panamá, Bachelet sostuvo reuniones con defensores nicaragüenses de Derechos Humanos y activistas de la sociedad civil radicados en Costa Rica y otros países del istmo, incluyendo una entrevista con la doctora Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y Francisca Ramírez, líder campesina del Movimiento Anticanal, de cara a su informe oral de junio y al reporte final en septiembre próximo.	En el sitio web de Oacnudh, de igual modo se está llamando a la sociedad civil y defensores de derechos humanos a enviar sus aportes para el Informe Conjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre “la situación de los defensores de derechos humanos en las Américas”.	La fecha límite para recibir estos informes es el 10 de junio de 2019 y a partir de ahí, con información oficial de cada país más los reportes internos de las oficinas de Oacnudh, los documentos de cada Estado miembro, Oacnudh preparará el informe público sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en las Américas.	Según las fuentes diplomáticas en Ginebra, fuertes países americanos y delegaciones de “influyentes estados europeos” que forman parte del Consejo de Derechos Humanos, siguen muy de cerca la situación de los derechos humanos en Nicaragua y apoyan los esfuerzos de la alta comisionada para mantener el tema de la crisis de Nicaragua en la agenda internacional.	“Ese documento finaliza con una petición a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que prepare un informe actualizado, oral y escrito, sobre las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua y que lo presente en las próximas sesiones del Consejo”, explicó el director de RIDH.	Esos informes permitirán a los países miembros del Consejo evaluar si Nicaragua ha mejorado sus normas de respeto a los derechos humanos o, si por el contrario y es lo que se espera, confirmar que el país sigue ignorando los llamados internacionales de respeto a las normas universales de los derechos humanos.	“Hay una profunda preocupación en la comunidad internacional representada en las Naciones Unidas, de que el Gobierno de Nicaragua va a seguir su ruta de comportamiento abusivo, hay demasiados indicios de que esa administración no ha acatado las recomendaciones, y al contrario, las niega, rechaza y replica en su territorio. Todo eso me lleva a considerar que el caso de Nicaragua, junto al de Venezuela, va a seguir por mucho tiempo en las Naciones Unidas y causando un rechazo muy fuerte en la ONU”, dijo el defensor de derechos humanos.	Una de los temas que ha causado impacto entre los países miembros del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, según las fuentes diplomáticas, es la aprobación por parte del régimen y su asamblea legislativa, es la aprobación de la llamada “ley del perdón” o Ley de Atención Integral a las Víctimas.	Esta ley, según se ha interpretado a nivel internacional, trata de ocultar la verdadera búsqueda de justicia, reparación y no repetición de la violación de derechos humanos de las víctimas en general de la represión estatal orteguista y la sustituye por una norma para beneficiar a simpatizantes del régimen considerados “víctimas” por parte de la dictadura.	“Hay un desconcierto general a nivel de las delegaciones, sobre la actuación del gobierno de Nicaragua. Nadie puede explicarse a qué juega el régimen, si es torpeza este comportamiento a todas luces equivocado o es un desafío, igual de torpe, al llamado de la comunidad internacional a la búsqueda de una solución democrática a la crisis”.	“Hace menos de un mes más de cien países le dijeron al Gobierno de Nicaragua durante el EPU, que el país debía establecer un verdadero sistema de justicia para dar solución a la crisis y encontrar, juzgar y sancionar a los responsables de los abusos de derechos humanos y delitos considerados de lesa humanidad, pero no entendió el mensaje y sale con este tipo de leyes que, de ninguna manera, esquivan las responsabilidades por crímenes de lesa humanidad que puedan presentarse en un futuro contra personas acusadas de cometerlos en esta grave crisis”, dijo por su parte Muñoz.	De igual manera el experto en derecho internacional, Uriel Pineda, señala que los intentos del régimen de esquivar responsabilidades penales ante un potencial juicio por delitos de lesa humanidad, no funcionarán a nivel internacional aunque a nivel interno apruebe leyes de amnistía o de cualquier otro beneficio jurídico a sus funcionarios y seguidores.	“Así como las leyes de un país son sometidas a un control de constitucionalidad, las leyes de un país también son sometidas a un control de convencionalidad, es decir que estén acorde a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales de derechos humanos”, analizó.	Es decir, explicó Pineda, que ninguna ley nacional estará sobre los compromisos internacionales de derechos humanos de un país.“Eso es lo que ha interpretado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales superiores de justicia de muchos países de conformidad al principio de buena fe, contenido en la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados internacionales”, explicó el jurista.	“En el caso de la Corte Penal Internacional o cualquier otro tribunal de justicia que conozca sobre los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Nicaragua, no tendrán valor leyes que promuevan amnistía. Esos delitos no prescriben y más importante aún, son susceptibles de persecución por el principio de jurisdicción universal”, advierte el especialista en derechos humanos.	Esto significa, según Pineda, que mañana cualquier país puede, en virtud del principio de la jurisdicción universal, iniciar un proceso contra Daniel Ortega y otros funcionarios sobre la base del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que abrió el espacio a esas acusaciones en base a una investigación realizada en 2018.