José Adán Aguerri, presidente del Cosep, afirmó que la ruta jurídica para los dueños de negocios señala que deben acudir primero a la autoridad que castiga (en el caso de las farmacias sería el Ministerio de Salud), seguir el curso de la demanda y después ir hasta la Corte Suprema de Justicia, si es necesario.	Explicó que desde el año pasado “inició una situación de represión en contra del sector empresarial, que se vio con las confiscaciones de tierras, posteriormente continuaron con incrementos tarifarios, con la reforma tributaria impositiva, con la misma reforma del seguro social y ahora vemos este tipo de acciones, queriendo cerrar empresas específicamente en este ámbito farmacéutico”.	Propietarios de pequeñas farmacias de Nueva Segovia, Carazo, Boaco y Rivas se mostraron indignados por las medidas que ha tomado el Minsa, que les ha enviado notificaciones en las que les impone una multa o, en el peor de los casos, el cierre de sus negocios, por haber apoyado el paro nacional del pasado 23 de mayo, convocado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.	Marcos Herrera, propietario de Farmacia Inmaculada, ubicada en Ocotal, Nueva Segovia, denunció que el 31 de mayo recibió una resolución administrativa en la que le informan que por haber cerrado su local, en apoyo al paro nacional, expuso la salud de los nicaragüenses con la carencia de medicinas, violando la Ley 292, Ley de Medicamentos y Farmacias.	“La responsable del departamento de farmacias privadas aseguró que el Silais (Sistema local de atención integral en salud) había realizado una inspección el 23 de mayo, casualmente, y encontró cerrada la farmacia, por lo que decidieron clausurarla indefinidamente. Eso no fue casualidad, el Silais y la Policía anduvieron tomando fotos de los locales que cerramos, entonces, eso fue una medida aplicada por razones políticas”, aseguró Herrera, quien en mayo del año pasado fue despedido del Ministerio de Educación, según él, también por razones políticas.	Otras medidas denunciadas por los dueños de negocios, es la imposición de multas. Carlos Flores, propietario de las farmacias San Martín y San Martín #2, en Camoapa, Boaco, afirmó que la responsable del departamento de farmacias privadas del Silais, Jamileth del Carmen Alvarado, se presentó a su local el pasado 31 de mayo para entregarle una resolución administrativa, número 01-2019, en la que le impone una multa de C$5,000 por haber cerrado el día del paro nacional y, supuestamente, exponer a los ciudadanos a una carencia de medicinas.	Asimismo, los propietarios de la Farmacia Avellán, ubicada en Moyogalpa, Rivas, denunciaron que el 28 de mayo les llegó la resolución administrativa número 003-2019, firmada por Arlen Estrada Castro, directora del Silais del departamento de Rivas, en la que les informaban que se les imponía una multa de C$5,000, tras apoyar la convocatoria del paro.