Según la Cuarta Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos realizada por el Mag-for en 2004, los ciudadanos de este 78 por ciento poblacional no tienen recursos ni ingresos para ingerir las 2,290 kilocalorías diarias que, según la ciencia médica, son la mínima cantidad requerida para que un ser humano se desarrolle y mantenga su anatomía sin arriesgar su salud.	En el mismo orden, la reciente crisis del arroz y los frijoles puso de relieve la debilidad de los controles gubernamentales sobre la producción y comercialización nacional e internacional de estos granos y de otros, en tanto que Nicaragua, como país, es altamente dependiente de la tecnología agropecuaria extranjera, y no tiene el control total de los insumos requeridos para sus ciclos productivos.	Porque es urgente contar con un marco jurídico que de manera integral y permanente responda a la situación de inseguridad alimentaria y nutricional severa que padece la población del campo y de la ciudad en nuestro país; ello en cumplimiento del mandato de la Constitución, en su artículo 63, que establece la protección contra el hambre, y obliga al Estado a promover programas que aseguren la adecuada producción y disponibilidad de alimentos, así como la distribución equitativa de los mismos. Esta ley también se enmarca en los convenios internacionales que ha firmado Nicaragua sobre el tema, desde la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948.	Que todavía no existe un marco jurídico que desarrolle los preceptos constitucionales ni los compromisos internacionales, a pesar de que los estudios, incluso los de Naciones Unidas, del PMA y de la Cepal, y más recientemente del informe mundial presentado por la FAO-ONU en Chile, que ubica a Nicaragua en situación de inseguridad alimentaria severa en la lista de los 37 países del mundo que enfrentan crisis de alimentos. Nicaragua es el segundo país de América Latina y el Caribe, después de Haití, con los mayores índices de inseguridad alimentaria y nutricional.	Presentamos, además, un alto grado de fragilidad y vulnerabilidad frente a los desastres naturales que afectan la producción nacional, agravado por los planes neoliberales de ajuste estructural que han incrementado el desempleo, empobrecido a la población, desmantelado la reforma agraria y privatizado los servicios de almacenamiento de granos básicos. El déficit de la producción alimenticia --especialmente del arroz-- obliga a incrementar las importaciones empresariales en detrimento de la economía nacional y del empleo.	Esperamos un marco jurídico que garantice la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional para el futuro desarrollo sostenible del país. Para que hombres y mujeres pueden acceder, disponer y consumir en cantidad y calidad lo que satisfaga sus necesidades alimentarias y su bienestar nutricional, pero a grandes rasgos, la ley debe garantizar otros elementos…	Bueno, la participación articulada con enfoque de género de las instituciones de gobierno encargadas del desarrollo de las políticas agrícola, pecuaria, pesquera, forestal, de salud, de nutrición, educacionales; políticas agroindustriales, crediticias, técnicas y financieras, entre otras, con el objetivo de armonizar desde cada entidad ministerial las acciones y medidas de una política integral de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.	Yo creo que son elementos básicos la participación comunitaria y la promoción de concertaciones entre las instituciones oficiales, los gremios, la empresa privada, el sistema cartográfico de la vulnerabilidad e inseguridad alimentaria y nutricional (Siciav) y los organismos de cooperación que trabajan en la solución de las necesidades básicas de la población empobrecida. También se debe contribuir a aliviar la pobreza, a los cambios de hábitos y patrones de alimentación por otros más saludables.	Una Ley como la que promovemos debe, además, liberar de aranceles la importación de equipos y maquinarias agropecuarias, adelantar el proceso de legalización de tierras, con la mujer campesina como titular de las mismas, identificar y priorizar la demanda de créditos, y garantizar que se solicite y se reciba donaciones alimentarias en correspondencia con los patrones de consumo del país. En el mismo orden, crear y fortalecer instrumentos técnicos y de reserva con Enabás, mantener reservas para ayudar a la población que sufra desastres, y articular el programa de seguridad alimentaria dentro de toda la red de estrategias de combate a la pobreza, incluido el programa “Hambre Cero”. Asimismo, debe garantizarse por ley una instancia oficial que dirija la estrategia y política de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional que incluya la participación de todos los actores del gobierno, empresa privada y sociedad civil involucrados en el tema, garantizando que el gobierno asigne los recursos para poner en marcha toda esta política.	Si bien la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional ya fue aprobada en lo general por la Asamblea, el desafío actual, en cambio, es que los diputados, al continuar el debate en lo particular, terminen aprobando una legislación con visión de sistema integrado, y que además, ordene la creación del Sistema de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinassan).	Así lo expuso la ex diputada Dora Zeledón Zeledón ante el seminario sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sysan) y Propuesta de Enriquecimiento a la Ley, que realizó la Asamblea Nacional en coordinación con la FAO el 6 de noviembre de 2007, en la Asamblea Nacional, con asistencia de diputados y diputadas de las bancadas del FSLN, PLC, ALN, MRS, de autoridades de gobierno, de la empresa privada y de otros representantes de la sociedad civil.	Hasta esta propuesta final de enriquecimiento de la Ley, han transcurrido ya diez años desde que su autora, la entonces diputada Dora Zeledón, empezara a realizar acciones de incidencia en el Parlamento, demandando una respuesta integral al problema de la inseguridad alimentaria y nutricional que ya se había apoderado de todo el país en los primeros siete años de gobiernos neoliberales que privatizaron los servicios públicos, desmantelaron la reforma agraria de los años ochenta, abandonaron a los pequeños y a los medianos productores del campo, y --entre otros males-- generalizaron el desempleo.	La idea de impulsar esta Ley la compartió Dora Zeledón desde 1997, con el Grupo Propositivo de Cabildeo (GPC), estando la misma dentro de las principales prioridades de la bancada sandinista, hasta que el 21 de septiembre de 1998 lograron presentar ante la Asamblea la primera versión del proyecto de ley con el respaldo de diputados y diputados de las diversas bancadas.	Pero mientras el proyecto dormía atorado en “la tubería” parlamentaria, Zeledón y los grupos de la sociedad civil que demandaban su aprobación, aprovechaban el tiempo para mejorarlo con los resultados de un estudio que auspiciaron la Unicef y el PNUD, titulado: “La Seguridad Alimentaria y Nutricional: un reto para la legislación nicaragüense”, el cual recoge datos analíticos sobre el hambre en el país, e incorpora las opiniones y sugerencias del Minsa, MiFamilia y Mined, así como de sectores sociales como la UNAG y organismos internacionales como los propios auspiciadores del estudio conducido por la ex diputada Dora Zeledón.	Dentro de esta propuesta de fortalecimiento destacan, además de la creación del Sistema de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sinassan), todo un sistema orgánico administrativo formado por tres ramas principales: la Comisión Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasan), el Comité Técnico del Sysan (Cotesan) y la Secretaría del Sysan (Sessan).	“Todo este sistema --advirtió la ex diputada Dora Zeledón-- lleva un eje transversal de género. A su juicio, el compromiso y preocupación con la soberanía y seguridad alimentaria por parte del Poder Ejecutivo, presidido por el comandante Daniel Ortega mediante la priorización de la ley del Sysan, el Programa “Hambre Cero” y los recursos orientados para el Banco de Fomento, entre otros, se suman al compromiso de la Asamblea Nacional al aprobar en lo general el proyecto de ley. También aportan el esfuerzo y compromiso de las organizaciones empresariales, académicos y ONG con la promoción y aprobación de la ley.	A juicio de la ex diputada y principal gestora de esta legislación desde hace diez años, Dora Zeledón Zeledón, la implementación de la Ley, por medio de la política, debe estar orientada a garantizar el desarrollo sostenible ambiental, social, cultural y humano del país, con equidad de género, priorizando a los sectores sociales con mayores problemas de desnutrición, desempleo, marginación, exclusión y abandono, los cuales son: