Uno de los casos recientes con este problema es el del excarcelado político Fernando José Ortega Alonso, conocido como caso P del H, en cuyo expediente electrónico no estaban registradas diligencias realizadas por la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua durante el 2017 y 2018, entre ellas una orden de allanamiento y captura, lo que impidió a la abogada Eyling Cruz Rojas dar seguimiento oportuno a la causa y el joven fue vuelto a apresar en su casa el 16 de agosto.	Una vez en audiencia inicial realizada el 21 de agosto de 2019, la abogada Cruz se dio cuenta que la Fiscalía apeló de la resolución judicial emitida el 27 de septiembre de 2017, donde resuelven rechazar la acusación en contra del autoconvocado por no existir méritos, sin embargo el 26 de junio de 2018, cuando el joven ya estaba preso como reo político desde el 23 de abril de 2018, la Sala ordenó que admitieran la acusación y mandó el expediente a “sorteo”.	“Cabe señalar que estas resoluciones no aparecían registradas en el sistema Nicarao y para las fechas en que se admitió el recurso de apelación y se giró la orden de allanamiento y detención, el joven Ortega se encontraba detenido como preso político, acusado de ser coautor del asesinato de Roberto Carlos García Paladino”, explicó Cruz.	Para el abogado Fornos, si las actuaciones no se registran en el expediente es como si actuarán a espaldas de la defensa, dejándolo en indefensión. “Acción Penal ha observado que en los últimos meses se vienen registrando este tipo de irregularidades en el sistema Nicarao, no permitiendo a los abogados informarse oportunamente y dar seguimiento a las causas. Si no notificas a la defensa, cómo quieren que se enteren y que se defiendan”, recalcó Fornos.