Los contralores colegiados no impondrán ningún tipo de responsabilidad a las autoridades de la extinta Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), que aprobaron el pago de jugosas indemnizaciones a 80 trabajadores de esa entidad y que sumaron 8.7 millones de córdobas, pues todo fue legal, según la conclusión a la que llegaron los auditores el ente fiscalizador.	Los auditores señalan en este caso que “lo pagado a los trabajadores de la Sisep no fue en concepto de indemnización, sino de liquidación, al cancelarse el contrato laboral que firmaron antes de tiempo”. Lo que no dicen es que estos contratos por tiempo indeterminado, fueron elaborados cuando sabían “que iban de viaje”.	Agregan que en ese contrato que fue negociado y firmado con autoridades del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Telecomunicaciones y Correos (Telcor) de la Administración de Enrique Bolaños, contiene cláusulas que establecen claramente el pago de las liquidaciones si el contrato se suspende o cancela por causa injusta. Esto no se estila para los empleados públicos, es propio de los asesores.	Un Acta de Acuerdos fechada el 30 de noviembre de 2005 en las instalaciones del Ministerio del Trabajo, revela que el pago fue aprobado en una reunión en la que participaron el entonces director General de Contabilidad Gubernamental del MHCP; la directora General de Relaciones Laborales del (Mitrab), Lydia Chamorro Zamora, por el inspector departamental del Trabajo de Telecomunicaciones, Eduardo Meniccucci, y por el director Administrativo Financiero de Telcor, Juan Ramón Navarro.	Esta institución existió sólo por cuatro meses, pero nunca operó formalmente. Cuando las aguas políticas se calmaron con la aparición de la denominada Ley Marco, esta institución fue “congelada”. Negociaciones realizadas entre autoridades de Gobierno y la Sisep, lograron que en lugar de pagar un año como establecía el contrato, se pagara a los trabajadores sólo seis meses.	Otro caso emblemático fue el del reverendo Miguel Ángel Casco, contratado por un período de seis meses como “asesor social” de la Sisep el 18 de octubre de 2005, con un salario de 34 mil córdobas mensuales, es decir, un día antes de que la Asamblea aprobara la Ley Marco y suspendiera la vida de la institución, y a pesar de haber laborado apenas 24 horas, fue indemnizado con 170 mil córdobas.