El señor Rafael Quezada Amador pidió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que actúen con mano dura en contra del peruano Carlos Edualdo Carruitero, quien aparece en la lista de traficantes de tierra que investigan la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de la República.	Un mes después de haber adquirido la propiedad, Carruitero la hipotecó a favor de Silvia del Socorro Muñoz Gutiérrez, en garantía de un préstamo de 7 millones 950 mil córdobas (500 mil dólares) que le había hecho Muñoz a Carruitero. Las autoridades de gobierno han iniciado las acciones legales para revertir la venta.	En mayo de 2004 la cancela a Finarca y ésta le libera la escritura. Pero resulta que Carruitero falsifica las escrituras y hace constar que Quezada le vende la propiedad en febrero de 2004, refiere el denunciante, tras explicar que eso era imposible porque en ese momento el dueño era Finarca.