Es una declaración que otorga temporalmente al presidente de EE.UU. un poder especial para hacer frente a una crisis. La ley de Emergencias Nacionales de 1976 autoriza a los mandatarios a declararla, pero establece pocos parámetros. Solo hay dos condiciones: el presidente solo puede usar prerrogativas que ya le haya otorgado el Congreso, y tiene que precisar cuáles son.	Los expertos difieren en cuanto a este punto. Algunos creen que la autoridad ejecutiva del presidente no tiene límites, pero otros, como Dallek, opinan que esa medida "no tiene precedentes" y genera serias dudas legales, porque "esquiva al Congreso y usurpa el poder (prerrogativa)" exclusivo de la rama legislativa para determinar los presupuestos del Gobierno federal.	Desde que se firmó la ley de 1976, se han declarado 58 emergencias nacionales, de las que 31 continúan activas hoy. La gran mayoría respondía a problemas internacionales -como la crisis de los rehenes en Irán en 1979 o el lavado de dinero estadounidense por parte de carteles de Colombia en 1995- y estaban destinadas a justificar la imposición de sanciones.	Trump no es el primer presidente que recurre a esa medida para un asunto nacional: Obama lo hizo durante la epidemia de gripe A en 2009, igual que George W. Bush tras el huracán Katrina en 2005. "Pero ninguno ha usado una declaración de emergencia de forma tan osada, como respuesta a su fracaso a la hora de obtener fondos del Congreso para una de sus prioridades domésticas", indicó Dallek.	Bajo la emergencia nacional, Trump podría desviar los fondos de otras partidas presupuestarias ya autorizadas por el Congreso y dedicarlos a su proyecto fronterizo. Las leyes existentes permitirían, por ejemplo, que se usaran fondos del Pentágono para construir el muro, si se justifica como necesario para la defensa nacional. Según informes de prensa, la Casa Blanca también evalúa recurrir a fondos de ayuda para desastres aprobados para California y Puerto Rico, algo controvertido dado que esta isla aún se recupera del impacto del huracán María en 2017.	Todo apunta a que los tribunales tendrán la última palabra. Los líderes demócratas en el Congreso han definido los planes de Trump como "un abuso flagrante de los poderes presidenciales", y varios grupos progresistas preparan demandas judiciales para invalidar la declaración de emergencia. El gran interrogante es qué ocurrirá si el tema llega al Tribunal Supremo, donde hay una mayoría de jueces conservadores, dos de ellos nominados por Trump.