"El Gobierno debe garantizar la restitución de los derechos, tal es el caso de la libertad de expresión, la restitución de las personalidades jurídicas a los organismos defensores de derechos humanos, la devolución de los bienes confiscados a los medios de comunicacón", así como brindar un plan factible para que los desplazados retornen al país con verdaderas garantías ciudadanas.