El 16 de agosto la Alianza Cívica anunció que se ha reestructurado para adaptarse “al nuevo contexto nacional y enfrentar los desafíos de la lucha por la justicia y la democracia”, y “de manera especial”, para “contribuir al necesario proceso de unión de todas las fuerzas políticas de la oposición a la dictadura”.	Entendemos que al hablar de “nuevo contexto nacional”, los directivos de la Alianza se refieren a la situación creada a partir de que el dictador Daniel Ortega canceló las negociaciones políticas con la oposición en el Incae. Ortega dijo el 19 de julio que ahora el diálogo será con “los sectores económico-sociales”; y acerca de la cuestión política aseguró que la reforma electoral la hará en el marco legal de la Asamblea Nacional, según el acuerdo que tiene con la OEA desde el 28 de febrero de 2017.	Como es bien sabido, la Alianza Cívica surgió como una iniciativa de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, para dialogar con el Gobierno en representación no oficial de los diversos sectores de la sociedad, con el interés de buscar una solución negociada de la crisis sociopolítica creada a partir del estallido social del 18 de abril del año pasado.	La Alianza Cívica, en el comunicado del 16 de agosto en el cual informa sobre su reorganización interna y la proyección de sus actividades políticas externas, no menciona la posibilidad de que se restablezca la negociación con el régimen, a pesar de la resolución de la OEA que insta a Ortega a reanudarla precisamente con la Alianza Cívica. La Alianza tampoco ha descartado el restablecimiento de la negociación política con la dictadura. Pero al hablar de un “nuevo contexto nacional” es obvio que sus dirigentes están claros de que deben adaptarse a la situación y promover un nuevo emprendimiento político, a fin de lograr los objetivos de democracia y justicia por medios cívicos, pacíficos y legales que, por lo consiguiente, tienen que ser electorales.	Los directivos de la Alianza Cívica que han hablado públicamente de este tema han dicho que no tienen el propósito de convertirse en un partido político. Pero al crear una comisión “de gestión política, encargada de alianzas y gestiones electorales para alcanzar elecciones observadas, libres, transparentes y observadas”, y al declarar su objetivo de contribuir a “la unión de toda la oposición a la dictadura”, se ve claro que cuando lo consideren necesario se convertirían en un partido político que represente a toda la oposición en eventuales elecciones libres; o que participarían en la gran alianza que se pudiera formar para agrupar con ese propósito a todos los ciudadanos y sectores que adversan a la dictadura y quieren un cambio democrático.