Los embajadores de los 28 países europeos deben dar el visto bueno el miércoles a elevar hasta 25 el número de funcionarios venezolanos sancionados, una decisión que el Consejo de la UE deberá confirmar formalmente más adelante. «La mayoría son miembros de los servicios de seguridad y de inteligencia de Venezuela involucrados en casos de torturas y de otras violaciones de derechos humanos», indicó una de las fuentes, sin revelar su identidad.	Nicaragua vive una grave crisis desde abril de 2018 cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del Seguro Social, que derivó en una demanda de salida del poder de Daniel Ortega y en la represión de los manifestantes. Por otro lado, Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE. Además del embargo de armas, los europeos impusieron en 2018 una congelación de activos y prohibición de visados para 18 funcionarios.	En julio, el canciller español Josep Borrell pidió a la UE «sanciones» contra responsables de torturas en Venezuela, tras la muerte de Rafael Acosta, un militar venezolano, en un hospital por presuntas torturas durante su detención. Borrell también destacó entonces el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que detalla, en su opinión, «la gravedad de las violaciones de los derechos humanos» en el país.