La semana pasada, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito en San Francisco falló en contra del gobierno federal. El panel ratificó el fallo de una corte menor que impide que el gobierno canalice fondos del Departamento de Defensa etiquetados para el combate a las drogas hacia la construcción de secciones prioritarias del muro en Arizona, California y Nuevo México.	El mandatario puso fin a un cierre gubernamental de 35 días en febrero después de que el Congreso le dio aproximadamente 1.400 millones de dólares en fondos para el muro fronterizo, mucho menos de los 5.700 millones que pretendía. Entonces Trump declaró una emergencia nacional para tomar fondos de otras cuentas gubernamentales con el fin de construir secciones del muro.	El dinero incluye 3.600 millones de dólares de fondos de construcción militar, 2.500 millones para actividades del Departamento de Defensa de combate a las drogas, y 600 millones del fondo de bienes confiscados del Departamento del Tesoro. Hasta ahora los fondos del Tesoro han sobrevivido a las impugnaciones legales, y la transferencia de los fondos de construcción militar aún no ha sido aprobada.	En el caso ante la Corte Suprema sólo están en disputa los 2.500 millones de dólares en fondos del Departamento de Defensa, que según el gobierno serán utilizados para construir más de 160 kilómetros (100 millas) de vallas. La demanda que impugna el uso de dichos fondos fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles en nombre del grupo ambientalista Sierra Club y del grupo activista Southern Border Communities Coalition. El viernes por la noche, la magistrada Elena Kagan de la Corte Suprema le dio a los grupos hasta el 19 de julio en la tarde para responder por escrito al texto judicial del gobierno de Trump.	El gobierno desea que la Corte Suprema autorice el uso del dinero del Departamento de Defensa mientras se dirime el caso ante el tribunal de apelaciones y, de ser necesario, la apelación ante la Corte Suprema. El gobierno dice que el juez que escuchó el caso en un principio y congeló los fondos estaba equivocado, y que los grupos que entablaron la demanda no tienen derecho a hacerlo.