Los campesinos María Magdalena Reyes Martínez, Pedro Robles Poveda, Lorenzo Mendoza Hernández (marido de Reyes), Marcos Suárez Robles, Modesto Suárez Robles y Lorenzo Robles Vargas, que guardan prisión en Bluefields y son procesados por los delitos de usurpación y daños a la propiedad en perjuicio del diputado liberal Francisco Sacasa Urcuyo y su esposa salvadoreña Margarita Merino Menjívar, se declararon ayer prisioneros políticos del PLC.	La esposa de Marcos Suárez, Rosa García, informó que los seis imputados tomaron esa decisión porque todo el proceso está viciado y es clara la parcialidad del juez Local de lo Penal de Bluefields, Ronald Wilford Vargas, a favor de las supuestas víctimas, por la afinidad partidaria que mantiene con ellos en el seno del Partido Liberal Constitucionalista.	Uno de los campesinos de la comunidad caribeña de Caño Negro, que omitió su nombre por temor a represalias, afirmó que él tuvo que pasar a la clandestinidad porque algunos individuos afines al diputado Sacasa andan diciendo que el juez Wilford declarará culpables a los seis procesados, y les aplicará una condena de cuatro años.	“Esas personas mandadas por Sacasa asustan a los campesinos diciéndoles que después les tocará el turno de ir a prisión a otros, para que huyan y dejen sus fincas en poder del diputado y su mujer, que --según él-- quieren adueñarse no sólo de Caño Negro, sino de varias comarcas vecinas”, indicó el campesino, quien asegura que los emisarios del parlamentario ya le dijeron que él será una de las próximas víctimas.	La doctora Marielys Rodríguez, coordinadora del Colectivo de Mujeres Ixchén en Bluefields y una de las dirigentes de la Red de Mujeres Contra la Violencia en la RAAS, condenó lo que califica como un atropello y violación de los derechos humanos de los seis campesinos procesados por Sacasa, especialmente María Magdalena Reyes, quien guarda prisión al igual que su marido Lorenzo Mendoza, dejando en la intemperie a sus seis pequeños hijos.	Un oficial de la policía que solicitó anonimato por temor a represalias, reveló a EL NUEVO DIARIO que Pedro Robles --un anciano de 77 años, procesado por Sacasa--, también ha sido llevado al hospital de emergencia por problemas de salud. “No sé por qué el juez Wilford lo mantiene en prisión”, opinó.	La jurista costeña también se preguntó por qué el juez no tomó en cuenta la edad de Pedro Robles y su estado de salud, igual que el de María Magdalena Reyes, quien además de comparecer ante esa autoridad ya estaba en la cárcel su cónyuge, y por lo tanto no había quién cuidara a sus pequeños hijos. “En este caso, hay un trasfondo político y violación a los derechos humanos” reiteró Hodgson.	En el mismo programa radial, la campesina Rosa García desmintió al fiscal Ariel Miranda, quien había explicado a una comitiva de mujeres que él había apoyado la investigación in situ de la Policía. “Él (Miranda) no hizo ninguna investigación, más bien fue a amenazar a los campesinos y le quitó el documento de su propiedad a don Pedro Robles”, indicó.	“Lamentamos la injusticia que están cometiendo contra mujeres y hombres que luchan por una vivienda y su derecho al trabajo”, expresó en “Voces de mujer” la concejala Cerda, quien emplazó al juez Wilford y los fiscales Fúnez, Miranda y Suárez, para que actúen con conciencia, y confió que el veredicto será de no culpables.