Venezuela atraviesa un agravamiento de la crisis política desde enero pasado, cuando Nicolás Maduro juró un nuevo mandato como presidente cuya legitimidad no reconocen la oposición y buena parte de la comunidad internacional y, en respuesta, y el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, proclamó un Gobierno interino que apoyan más de 50 naciones con Estados Unidos a la cabeza.	Un informe sobre Venezuela presentado oficialmente el pasado 5 de julio por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política, y a quienes critican al Gobierno” con detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos.