Relató que los ataques comenzaron desde que ella y Fajardo entraron a la recepción de la delegación policial de Masaya, donde su representado había sido citado por el vencimiento de la portación de un arma de fuego que a él se le perdió desde el allanamiento policial del año pasado, por lo cual estaba aclarada la situación, pero las acusaciones seguían y le recomendó a su representado que se salieran.	“Los papeles se quedaron en la oficina del oficial y me regresé, y el oficial dijo que no sacaría nada de esa oficina y me gritó que me saliera. Le respondí que lo haría hasta que lo pidiera con decencia y en ese momento es que me empujó, por lo que reaccioné automáticamente y le propiné una cachetada”, apuntó.	Leyla Prado, representante legal de Oviedo, dijo que la acusación fue presentada el sábado ante la jueza Nalia Úbeda Obando, y en la audiencia del domingo le otorgó medida alterna de presentación periódica al Complejo Judicial de Managua, por tanto fue liberada, pero deberá firmar un acta el martes de cada semana a partir del 30 de julio, hasta la audiencia inicial el 7 de agosto. Además, le aplicaron retención migratoria.	Prado dijo que la audiencia contra Oviedo se realizó a puertas cerradas en el Juzgado Tercero Local Penal de Managua, a cargo de la jueza Nalia Úbeda Obando, quien no tomó en cuenta las medidas provisionales que otorgó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en favor de todos los miembros de la CPDH.	"Estamos sorprendidos por la redacción o la imputación a nuestra compañera. Nuestro Código Penal dice que se sancionan los hechos, las acciones por amenazas, por intimidar. Según el argumento de la Fiscalía, ella al regresar por la portación, procede de forma violenta a darle una cachetada con la intención de obstruir las funciones policiales. Aquí vemos que el Ministerio Publico y la Policía se están excediendo, porque las intenciones no están castigadas por la ley", argumentó Prado.