“Creemos que si miramos para arriba, aquí hay alguien ‘grande’ que por eso no miramos el sol claro”, fue una de las expresiones de los productores José Tránsito Ríos y Felipe Hurtado, dos de los propietarios de la finca “El Encanto”, que ayer fueron desarmados por las autoridades policiales de Boaco por órdenes de los altos mandos de Managua.	Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, dijo que los productores, a pesar de ser afectados por la incursión de un grupo combinado Policía-Ejército que mataron a tres de sus trabajadores en su propiedad, con estas nuevas acciones policiales más bien parece que son presionados.	“Las autoridades de Boaco hasta se mostraron sorprendidas por el requerimiento proveniente de Managua, en el cual les ordenaron que nos decomisara las dos armas que manteníamos en nuestra propiedad para protección. Supuestamente la falta se dio porque los registros están en la comunidad de Tumarín, y en los medios de comunicación se ha dicho que estamos en la comunidad El Pavón. Pero vamos a apelar”, dijo vía telefónica José Tránsito Ríos, productor y copropietario de la finca “El Encanto”.	Según el productor, las armas --dos fusiles calibre 22 y dos escopetas 12-- fueron confiscadas luego del incidente mortal del pasado 21 de mayo. Posteriormente, ante las amenazas de muerte que han recibido de García y la delincuencia en la zona, llevaron dos armas más, las que ayer fueron decomisadas, por lo que los dejaron desarmados. Esto, a pesar de que en la reunión con el comisionado general Juan Báez no les prometieron nada sobre su seguridad personal.	“De acuerdo con la Ley 510 o Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, ellos cumplen con los artículos 22 de Emisión de Licencia, y en el capítulo V, los artículos 30, de Control y uso de licencia, y el 37 de Posesión y Validez de Armas. Esto les permitía usar las armas en todo el territorio nacional. Por lo que evidentemente las autoridades no tienen excusa para requerirles las armas, ni las licencias”.	Carrión considera que hay peligro de impunidad en el caso de las muertes de los civiles, porque las autoridades dejan muchas señales de encubrir el problema “enturbiando”, la situación. Por un lado, las primeras versiones oficiales distaron mucho de lo descubierto y no dejaron que un perito revisara a los muertos; por otra parte, hubo intentos de evitar que los afectados divulgaran el suceso, a lo que se agrega la desprotección en que los dejan, entre otras cosas.