Durante la última década, la libertad de prensa en Nicaragua y el acceso a la información pública experimentaron severos retrocesos que condujeron a graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, señala el “Informe Alternativo al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, preparado en conjunto por la Fundación Violeta Barrios, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Red IFEX – defensora de la libertad de prensa en 15 países de América Latina y el Caribe-; el cual ha sido enviado al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.	El documento recoge el estado de la libertad de expresión, el acceso a la información y las constantes violaciones a los Derechos Humanos de periodistas y medios independientes, cometidas por el Gobierno de Nicaragua, siendo el caso más grave el asesinato del periodista Ángel Eduardo Gahona, ocurrido en Bluefields el 20 de abril del 2018, tras el estallido de las protestas cívicas.	Por ejemplo, se señala que en el primer trimestre del año 2018, la Asamblea Nacional comenzó a realizar una serie de consultas, en su mayoría con instituciones estatales, para establecer mecanismos de control para las redes sociales en Nicaragua, bajo el supuesto argumento de evitar el ciberacoso y garantizar la seguridad ciudadana.	“El tercer intento fue la presentación de un artículo en el anteproyecto de Ley de Policía, que estaba redactado de manera que se orientaba a impedir que periodistas y organizaciones de la sociedad civil realizaran investigaciones sobre temas de su interés, ya que dicha prerrogativa se reservaría solo a la institución policial”, señala el reporte.	De igual manera se señala como ataques a la libertad de prensa, la distribución sesgada de la publicidad gubernamental, el cierre de medios por razones políticas, entre estos casos destaca el informe las clausuras de: radio Bosawás, (El Cuá, Jinotega) radio Voz de Mujer, (Jalapa) radio Palabra de Mujer (Paiwas), radio Emperador, (Rivas), Canal El Rey,(Chinandega) Canal Columbia,(Somoto) y el programa Onda Local, (de cobertura nacional) que se transmitía en una radio oficialista y tuvo que migrar a otra radio.	Pero la censura y represión no solo se ha dado contra periodistas nacionales sino también contra extranjeros. El informe da cuenta de expulsiones registradas en años recientes, como la del fotoperiodista chileno de la Agencia France-Press (AFP), Héctor Retamal, así como la de la periodista belga Michéle Sennesael y la del caricaturista francés Jules Berjeaut, quienes fueron echados del país por las autoridades de Migración y Extranjería.	De igual manera, se explica que a raíz de las protestas de abril, el gobierno respondió con una violencia nunca antes vista en la historia de Nicaragua, aún en la dictadura somocista. En ese período se registra el allanamiento de medios de comunicación como Canal 100% Noticias, sala de redacción de Confidencial, Esta Semana, Esta Noche; además de la destrucción total de Radio Darío en León, producto de un incendio provocado.	“En cambio, el Gobierno permitió la existencia de fuerzas de choque progubernamentales que actúan coordinadas con la Policía, institucionalizando actos de intimidación estatal y represión que atentan contra la libertad de expresión; la Ley antiterrorismo que criminaliza la protesta ciudadana y desincentiva la solidaridad, y también reformó la Ley de Unidad de Análisis Financiero, UAF, (No. 976) ampliando sus facultades para investigar confiriéndole excesivos poderes al director de dicha Unidad”, explica el documento.	También piden la devolución de las propiedades de los medios independientes, allanadas y confiscadas por el gobierno, como el Canal 100% Noticias y las instalaciones de Confidencial y Esta Semana; sugieren el cierre de los expedientes judiciales en contra de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, quienes fueron encarcelados durante 172 días, por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de informar a la población, la cancelación de sus antecedentes penales y la devolución de sus bienes ocupados.