El dictador Daniel Ortega pretende usar nuevamente a los presos políticos como pieza de intercambio con la oposición a cambio de parar las nuevas sanciones anunciadas por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EE.UU.) contra su régimen. También buscaría ganar tiempo para afinar su estrategia de convocar a una tercera negociación, que según opositores, el régimen intentará centrarla en buscar un acuerdo para superar la crisis económica. El riesgo en este caso para los sectores de la oposición es en quedar divididos, si ceden en dejar en segundo plano la liberación de todos los manifestantes presos y las reformas para garantizar elecciones democráticas.	Violeta Granera, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y José Pallais, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, coincidieron en que conceder la convivencia familiar o casa por cárcel a 91 presos políticos en Fin de Año es resultado de la presión de los nicaragüenses, junto a la de la comunidad internacional en la demanda al régimen de Ortega y Rosario Murillo por el cese de la represión y la restitución de los derechos fundamentales. Aunque los políticos opositores están claros de que el objetivo del dictador es ablandar a los gobiernos extranjeros para que desistan, o al menos retrasen, las sanciones anunciadas a más funcionarios del régimen.	En julio del 2019 la dictadura igual excarceló a más de cien manifestantes que habían sido secuestrados y gran parte  sentenciados por su participación en las protestas iniciadas en abril del 2018. Entonces la comunidad internacional, sobretodo Estados Unidos, elevó la presión con sanciones individuales a funcionarios del régimen como a empresas controladas por la familia presidencial.	La lectura política de Granera y Pallais es que excarcelar a 91 presos políticos, es un mensaje de Ortega y Murillo para tratar de detener las sanciones de la UE, de EE.UU. y del proceso en la OEA. «Siempre hemos dicho, y lo sostenemos, que los presos políticos no son moneda de cambio en una eventual negociación. Y creo que Ortega lo está entendiendo. No debemos ceder en la exigencia de la liberación de todos los presos políticos», dijo Granera.	El régimen mantiene en las cárceles a 65 manifestantes. La UNAB y la Alianza reiteraron la disposición de aceptar  una eventual convocatoria del régimen para una tercera negociación sobre «las condiciones para ir a una contienda electoral, tanto sobre el clima electoral necesario como las reformas electorales», pero no se sentarán «mientras no los libere a todos» los reos políticos.	El jurista y opositor José Pallais analiza que Ortega pretenden demostrar a los europeos, la OEA y EE.UU que está abierto a negociar.  «Pero ya no engaña fácilmente a la comunidad internacional.  Para que sea eso posible el régimen debe mostrar un compromiso serio de restituir libertades y el ejercicio de derechos ciudadanos», empezando con cerrar los procesos judiciales a todos los presos políticos, incluidos los excarcelados.	Pallais dijo que la credibilidad de Ortega es «muy reducida» ante los nicaragüenses y la comunidad internacional por el incumplimiento de los acuerdos suscritos con la Alianza Cívica en mayo del 2019, de los que no honró ninguno. Aunque fueron excarcelados bajo la Ley de Amnistía o autoamnistía, para cientos de manifestantes se mantiene el estado policial de facto donde se coarta la libertad de protesta, expresión, persiste el asedio y amenazas a los excarcelados así como a todo sectores opositor, por parte de la Policía Orteguista (PO), parapolicías y turbas.	Pallais ve posible que entre enero y febrero del 2020, Ortega convoque a un tercer diálogo que buscará sea «a su medida», poniendo varias tres mesas para discutir por separado el tema de la crisis económica, el de los presos políticos y las reformas electorales. «Eso el Gobierno lo está promoviendo» de forma silenciosa, afirmó el opositor.	«Habría un intento de negociación entre enero y febrero, con tres mesas y con nuevos interlocutores tratando de engañar a la comunidad internacional. Una mesa económica, una mesa política y de liberación de presos políticos. Los interlocutores serían aquellos que acepten la división de los temas y para avanzar solo en lo que al Gobierno le interesa», afirmó Pallais a LA PRENSA.	Fracturar a la Alianza Cívica o dejarla fuera será uno de los objetivos centrales de Ortega para que esa negociación le resulte. Incluir a «interlocutores que le sean favorables» a sus intereses políticos para que actúen «torpedeando» a los sectores que no ha podido doblegar, será parte de la estrategia del régimen, según Pallais.	«La Alianza siempre se ha apuntado por el diálogo y por un acuerdo que resuelva la crisis nacional que permita retomar el camino de la democracia y de los derechos humanos. Ortega pretende excluir a la Alianza de futuros diálogos ya que en la historia de sus negociaciones es la única que ha mantenido entereza sin ceder a sus imposiciones, es por tanto para él un mal ejemplo por esos los constantes ataques para debilitarla», explicó Pallais.	La Alianza junto a la UNAB -que agrupa a otros sectores adversos al régimen-se han fortalecido como oposición logrando consensuar las propuestas de reformas constitucionales y electorales que parten de la no reelección presidencial, elecciones libres y observadas como la restitución de los derechos humanos. Ambas agrupaciones opositores mantienen la resistencia social exigiendo libertad, democracia y justicia por  los crímenes cometidos contra el pueblo por la dictadura orteguista.	La profundización de la recesión económica en Nicaragua en el 2020 debilitará más a la dictadura Ortega y Murillo. Por eso los analistas apuntan a que el régimen buscará dividir a la Alianza Cívica a través del sector empresarial, al ofrecer una negociación bilateral con ellos para acordar las reformas fiscales y a la Seguridad Social.	José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que es parte de la Alianza Cívica, dijo que la excarcelación de los 91 presos políticos es una «respuesta parcial» a las demandas de la mayoría de la población por un país en real democracia, que aseguró, el sector privado sigue respaldando.	«Aunque todavía hay personas que siguen presas, estas excarcelaciones significan esperanza para la lucha por la democracia. Son una respuesta a las presiones y los esfuerzos nacionales e internacionales que han planteado la liberación de los presos políticos, la restitución de nuestros derechos y garantías y la reforma electoral que nos lleve a unas elecciones creíbles, transparentes y observadas», afirmó Aguerri.