La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le recordó al Gobierno de Nicaragua, este miércoles, que hay más de 80 personas encarcelas y con procesos o condenas abiertas, y que sigue sin cumplirse el acuerdo de derechos y garantías firmado con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).	Entre tanto, la Alianza Cívica anunció que mantendrá la demanda a nivel nacional e internacional para que se libere a 89 hombres, la mayoría de Managua (44) que aún continúan encarcelados. El grupo opositor validó la lista que contiene los nombres de los manifestantes prisioneros, divulgada por el Comité Pro Liberación de Presos Políticos.	Entre los presos hay ciudadanos acusados de delitos, como robo agravado y asesinato, tal es el caso de Francisco José Quintero Armas y Víctor Manuel Díaz Pérez, quienes ya fueron condenados a cumplir una pena de 22 años de cárcel por la muerte del autoconvocado Denis José Madriz Obando el pasado 30 de septiembre, pero, según la Alianza, existe la debida información para comprobar que son “presos políticos” y que fueron inculpados en un proceso cuestionable.	José Pallais, jurista y miembro del equipo negociador de la Alianza, dijo que en determinado momento “el Gobierno cambió de estrategia y trató de imputar delitos, se trató de una conducta de persecución diferenciada para desvincularlos de las actividades políticas e inculparlos de otros delitos, aunque todas las características, las actuaciones, la participación de quienes están en esa lista, permiten calificarlos plenamente como prisioneros políticos”.	“Se presentará una autopsia de los procedimientos penales que se hicieron para criminalizar las protestas y perseguir a los presos políticos, analizando cómo se violentaron las normas del debido proceso, las garantías constitucionales y como se instrumentalizó el Poder Judicial para, conforme lo ha dicho el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales), utilizar la justicia para violar los derechos humanos”, declaró Pallais.