"Este proyecto extiende las garantías a las personas afectadas y nos permite atender un problema estructural que requiere la mayor atención por parte del Estado. Al fortalecer la protección de las personas menores de edad, esta ley posibilita el acceso oportuno a la justicia y a la reparación del daño", explicó Alvarado en un acto oficial.	Esta ley consiste en la reforma de un artículo del Código Procesal Penal que eleva el plazo de prescripción de los delitos sexuales contra menores a 25 años posteriores al cumplimiento de la mayoría de edad de la víctima. Anteriormente, el plazo de prescripción era de 10 años posteriores al cumplimiento de la mayoría de edad.	Datos brindados por el Gobierno indican que en el año 2018 el total de denuncias por delitos sexuales contra los menores de edad fue de 8,229, de las cuales, 3,734 fueron por abusos sexuales; 4,034 por el delito de relaciones sexuales con menores de edad, y 398 por otros delitos como corrupción de menores, actos sexuales remunerados con menores de edad o difusión de pornografía.