Para el exembajador José Dávila, estos acercamientos de Ortega es para buscar el apoyo de las dictaduras que encabeza Rusia y de esta manera compensar el aislamiento que sufre por parte de la comunidad internacional democrática, como el bloque de países que impulsan la Carta Democrática en la Organización de Estados Americanos (OEA). “Estas relaciones no traen ningún beneficio porque son ideológicas estratégicas para ubicarse como peón dentro de la geopolítica de Rusia y China”, agregó.	En LA PRENSA realizamos un esbozo de cada uno de estos aliados del régimen de Ortega, que en algunos casos tienen una economía en crecimiento, pero su común denominador es que son regímenes autoritarios, con bajos índices de democracia, que restringen las libertades, reprimen a opositores o viven emergencias humanitarias a causa de permanentes conflictos armados.	Todo esto bajo un régimen alejado de la democracia. La revista The Economist lo calificó como “autoritario”, en términos similares a estados como los de China, Venezuela y Argelia. Amnistía Internacional entre 2017 y 2018 denunció que en el país los medios de comunicación estaban sometidos al Estado. La organización acusó que las autoridades utilizan los medios para “difamar a defensores y defensoras de los derechos humanos, opositores políticos y otras voces disidentes”.	Cuando usted busca información sobre este país abundan los titulares como: “Un país que muere”, “Espiral del violencia”, “Hambruna”, entre otros, y es que Sudán del Sur vive una cruenta guerra civil desde 2013 que ha provocado más de 380 mil muertos y más de cuatro millones de desplazados, según la ONU.	En 2011 Sudán del Sur se convirtió en el país más joven al proclamar su independencia de Sudán. Sin embargo, dos años después estalló un conflicto entre el todavía presidente Salva Kiir y su exvicepresidente Riek Machar, que todavía perdura. Machar quiso darle un golpe de Estado a Kiir lo que ha provocado que cinco millones sufran de inseguridad alimentaria y más de un millón de niños padezcan desnutrición severa.	Erdogan fue primer ministro desde 2003 hasta 2014, cuando ganó la presidencia. En las últimas elecciones impulsó una serie de reformas en la Constitución que lo mantendrían en el poder durante una década más al frente de la segunda mayor fuerza armada entre los miembros de la OTAN y una de las veinte economías más grandes del mundo.	Los detractores señalan que existe autoritarismo en el Estado, pues el noventa por ciento de los medios están en sus manos y sus enemigos en el exilio o en la cárcel. Según una plataforma de periodismo, más de 150 reporteros y trabajadores de los medios de comunicación están detenidos también desde el intento de golpe.	Todo el sistema funciona bajo las órdenes de un líder supremo, quien a pesar de ser designado por un cuerpo electo, no debe rendir cuentas. Elige a la cabeza del sistema judicial, a los comandantes de las fuerzas armadas, a los líderes clericales y a los directores de las radios y televisión. Los opositores son reprimidos. Los que se han movilizado en protestas pacíficas han sido encarcelados y reprimidos. Los líderes más subversivos a menudo sufren arrestos domiciliarios. El espacio para la disidencia en Irán es inexistente.	Sin embargo es un régimen con un dudoso historial en el respeto a los derechos humanos. Los homosexuales, por ejemplo, son perseguidos de forma activa y animados a someterse a operaciones de cambio de sexo. El colectivo LGBT está sometido a penas de cárcel y de muerte por el mero hecho de serlo. La comunidad LGBT internacional ha denunciado con frecuencia ejecuciones de homosexuales. Todo ello va de la mano con las restricciones en el acceso a internet y a las redes sociales, y por lo tanto, la libertad de expresión se encuentra cercenada.	Solo es reconocido por cuatro países miembros de Naciones Unidas, entre ellos Nicaragua. Este reconocimiento carece del apoyo de la ONU y lo rechazan la Unión Europea y los Estados Unidos, entre otros. Este reconocimiento fue uno de los motivos por los que Estados Unidos decidió aprobar la Ley Nica Act.	Cuenta con 80 mil habitantes, que hablan ruso u osetio, pero todos pagan con el rublo ruso. La mayoría de la población sobrevive de la agricultura de subsistencia. La economía de Osetia del Sur depende en gran medida del túnel de Roki que la enlaza con Osetia del Norte y Georgia a través de la carretera transcaucásica. El gobierno de Osetia del Sur informó que obtiene un tercio de su presupuesto por recaudación de los derechos de aduana sobre el tráfico de mercancías a través del mismo.