Dicha Orden Ejecutiva establece que todos los bienes y propiedad de los funcionarios y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% de estas personas, que se encuentren en los EE. UU., o en posesión o control de estadounidenses, serán bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC.	Agrega que el 8 de junio pasado, este poder del Estado promulgó una Ley de Amnistía (Ley 996) que condicionalmente perdona a las personas que participaron en las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, pero requiere que los manifestantes se abstengan de expresarse en una futura protesta o se arriesguen a que se revoque la amnistía, y perdona a los policías y exmiembros de esa institución que participaron en la violenta represión contra los manifestantes.	“El Ministerio de Salud rechazó el tratamiento a las víctimas de la represión violenta del régimen, lo que exacerbó las lesiones e incluso condujo a la muerte debido a la falta de atención médica. El personal del hospital recibió órdenes de denunciar a los manifestantes admitidos, permitiendo que parapolicías los sacaran de los hospitales, lo que provocó desapariciones forzadas. El Ministerio de Salud amenazó a los trabajadores de la salud y despidió a cientos del personal médico que trató a los manifestantes”, señala el Departamento del Tesoro.	“La señora Castro, aunque lo nieguen, dio la orden perversa de que no se atendiera a los manifestantes azul y blanco en los hospitales y al personal hospitalario que los atendieron lo fueron corriendo sistemáticamente. Por otro lado, el señor Porras ha estado vinculado a la represión, por ejemplo, la cancelación de las personerías a las ONG”, señaló Parrales.	El diputado conservador Alfredo César considera que la aplicación de las sanciones era algo que se vislumbraba, porque había vencido el periodo de seis meses, una suerte de waiver, que la administración Trump había dado desde la aprobación de la Nica Act en diciembre pasado y que el ejecutivo nicaragüense no supo aprovechar para hacer cambios en su política de Estado.	Asimismo, considera que la sanción contra el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, es un hecho “gravísimo, no solo a nivel nacional porque le imposibilita firmar cuentas de bancos y todo ese tipo de situaciones, sino también a nivel internacional, el efecto de ilegitimidad que le transfiere al parlamento de Nicaragua”.	César considera como un punto muy importante el que también se haya incluido en este paquete al ministro del MTI, el general en retiro Óscar Mojica, lo cual tiene dos lecturas. La primera se fundamenta en el hecho de que el MTI ejecuta los proyectos de construcción vial en el país, “es decir que también queda inhibido de poder firmar, eso ocasiona serios problemas en los desembolsos de los organismos de países y agencias que contribuyen a los proyectos”.	La fundamentación del Departamento del Tesoro para sancionar a Mojica indica que este promovió en la televisión estatal de Nicaragua la estrategia de “exilio, cárcel o muerte” para silenciar a la oposición, una política que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de personas encarceladas, llevadas al exilio o desplazadas internas.	Respecto a la sanción contra Orlando Castillo, titular de Telecomunicaciones, se explica que fue sancionado por dirigir una entidad cuyos miembros amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de Nicaragua. “El presidente Ortega y Castillo han utilizado Telcor para silenciar a los medios independientes, incluido el canal de noticias 100% Noticias”, expresa la comunicación.	Posteriormente, el 5 de julio de 2018, durante la fase más cruenta de las protestas antigubernamentales, el comisionado general Francisco Javier Díaz Madriz, jefe de la Policía Nacional; José Francisco López Centeno, tesorero del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y Fidel Antonio Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua, ingresaron a la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).	El 27 de noviembre del año pasado con la Orden Ejecutiva del presidente de EE. UU., Donald Trump, que declaró emergencia nacional por la represión en Nicaragua, el Departamento del Tesoro anunció sanciones financieras a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo y al asesor en seguridad de la presidencia, Néstor Moncada Lau.