La tarifa social propuesta por los transportistas interurbanos es poco viable, según el criterio del ministro de Transporte e Infraestructura, Pablo Fernando Martínez, para quien el reajuste de las tarifas es una de las posibilidades valoradas hasta el momento, pero el diputado Agustín Jarquín, miembro de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, recomendó la aplicación de un plan contingente donde sean valoradas “otras alternativas que signifiquen menos impacto para la población que usa el transporte a los departamentos”.	Transportistas de Masaya, Carazo, Granada, Rivas, y de otros departamentos del país, se pronunciaron a favor de una tarifa social que evite aumentar el pasaje. También propusieron la reducción del Impuesto Selectivo de Consumo aplicado al combustible, y subsidiar el combustible similar al trato que reciben los transportistas urbanos de Managua.	“Es difícil”, dijo el ministro de Transporte, quien aseguró que el MTI no es dueño del petróleo para poder decidir sobre el tema. Martínez recordó que los transportistas interurbanos reciben exoneraciones en los repuestos, en las llantas y en la introducción de unidades, y ahora “quieren un subsidio más en el combustible”. Martínez se pronunció a favor de reducir costos de operaciones de las unidades por la vía de mejorar la estructura vial, la renovación de la flota vehicular y el uso racional de los medios.	En noviembre, el Ministerio de Transporte e Infraestructura hizo público el ajuste en la nueva tarifa del transporte interurbano, la que se aplicó en algunos departamentos. El ajuste alcanzó un 10 por ciento, y gradualmente se revisaría para que en diciembre se aplicara el otro 10 por ciento, pero eso no se cumplió.	El Ministro de Transporte e Infraestructura acompañó a los diputados miembros de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional a un recorrido por los proyectos carreteros de Las Flores-Catarina-El Guanacaste y Diriamba-Casares, los cuales ya comenzaron, y se estima que en ocho meses estén finalizados. En ambos casos la inversión asciende a cerca de 200 millones de córdobas.