La resolución que sobre Nicaragua aprobó este viernes la Organización de Estados Americanos (OEA) en Medellín, Colombia, coincide con la posición de la Alianza Cívica, que demanda el cumplimiento de los acuerdos firmados en el diálogo, pero hay que esperar la posición del Gobierno, afirmó José Pallais, negociador de la oposición.	“La Alianza Cívica está en la mejor disposición de cooperar para que esa resolución se cumpla. Estamos por ver cuál es la posición del Gobierno, a ver si está en la misma actitud nuestra o si el Gobierno va a  rechazar esa resolución o bien plantarse como un Gobierno relegado frente a la comunidad internacional”, expresó Pallais.	“De parte del Gobierno no hemos conocido ninguna declaración pública y ninguna comunicación privada en ningún sentido. Me imagino que el Gobierno está analizando cómo está la situación interna y externa y deberá tomar una decisión en breve. Ojalá tome la mejor decisión, que convenga a los intereses nacionales, porque la crisis continúa profundizándose día a día y solo un acuerdo político bilateral puede sacarnos de ella”, puntualizó Pallais.	“La mesa en el acuerdo de liberación tiene previsto que deben de evaluar los cumplimientos de dichos acuerdos. Nosotros desde antes de la disposición de la OEA hemos insistido a los testigos y acompañantes que se cumpla ese acuerdo de convocar ellos mismos a la evaluación donde verán lo que ya sabemos, que hay alrededor de 90 presos políticos pendientes de liberar y hay también incumplimiento en cuanto a la calidad de la liberación”, explicó.	La UNAB resalta en la nota de prensa que el plazo de los 75 días que tiene la Comisión de la OEA para trabajar da al gobierno de Nicaragua la oportunidad de restablecer el orden democrático, devolviendo las personerías jurídicas y los bienes a las organizaciones de sociedad civil, así como los medios de comunicación.	También mencionan que en este plazo se debe asegurar el retorno de personas exiliadas con garantías, el acceso a la justicia para las víctimas de la violencia junto al reingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se realicen reformas electorales que permitan elecciones adelantadas, libres y transparentes.