Otras de las obligaciones adquiridas por el Estado de Nicaragua al adherirse al «Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe», es mantener informar sobre daños que las reservas de bosques, fauna así como sus acciones para enfrentar el cambio climático, tanto a los nicaragüenses así como a las Naciones Unidas.	Alonso es de la bancada orteguista que despojó de la personería jurídica a Fundación del Río, una organización que alertó sobre las dimensiones reales del incendio en la Reserva Indio Maíz en abril del 2018, el cual calcinó unas 5,945 hectáreas de bosque virgen, hecho que antecedió la crisis sociopolítica que estalló ese mismo abril.	A pesar de la criminalización al trabajo de las ONG Fundación del Río sigue monitoreando la situación ambiental del país, denunciando en el pasado noviembre que distintas áreas de bosque en regeneración ubicadas en el departamento de Río San Juan han sido tomadas y destruidas por la alcaldía de esa localidad.	Ahora el régimen se adhiere al pacto ambiental que cuenta con el respaldo de 21 países de América Latina, en donde se comprometen a «mejorar las normas» en cuatro aspectos fundamentales como son acceso a la información pública ambiental, acceso a la participación ciudadana, acceso a la justicia ambiental y la defensa de las personas que «en su diario vivir defienden el medioambiente».	No hubo objeción en la Asamblea Nacional en aprobar la decreto legislativo que ratifica dicho acuerdo, que fue anteriormente firmado por el régimen orteguista el 27 de septiembre del 2019 durante el 74 períodos de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos.	La unanimidad en apoyar el Acuerdo Regional en materia ambiental no evitó que durante el debate hubiesen reclamos contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por mantener la amenaza del fallido proyecto del Gran Canal Interoceánico, no brindar reportes actualizados sobre la situación de las reservas naturales, como la Indio Maíz que fue afectada por un gran incendio entre marzo y abril del 2018.	«Este acuerdo obliga a informar que sucedió con el desastre de la reserva Indio Maíz (…), obliga a rendir informes pero también tomar medidas administrativas y penales contra quienes causan daño ambiental, le obliga al Gobierno de Nicaragua ha actuar contra los colonos que invaden las tierras indígenas en la Costa Caribe», afirmó la diputada del PLC, María Fernanda Flores, esposa del expresidente Arnoldo Alemán.	Brooklyn Rivera, el único diputado del partido indígena Yatama, reclamó al régimen que siendo este acuerdo sobre medio ambiente «vinculante y de obligatorio cumplimiento» para el Estado, no debe seguir sesgado ante el involucramiento de los sectores indígenas en el reclamo de sus propiedades en litigio contra colonosa afines a la dictadura.