La cuestión más prometedora, en términos de la historia de Nicaragua, es que la lucha emprendida contra la dictadura de Ortega ha sido y continúa siendo pacífica. Diferente ha sido la reacción de Ortega y su régimen que han reprimido sangrientamente las protestas. La recuperación del control territorial por el régimen de Ortega y la consecuente estabilidad aparente, esconde un riesgo semejante a la situación antes de abril de 2018.	Entonces, el crecimiento económico autoritario transmitía la sensación que esa estabilidad y crecimiento eran indefinidos. Hasta que los agravios en contra de todos los sectores sociales, incluyendo dentro del propio FSLN, estallaron. Algo semejante está ocurriendo ahora. Si a los agravios que estallaron en abril, se suman los asesinados, heridos, presos, exiliados, y costos de miseria y desempleo derivados de la creciente crisis económica, que inequívocamente es responsabilidad de Ortega, esa estabilidad en base a la represión es solamente aparente.	La dictadura de Ortega no tiene la menor posibilidad de recuperar las alianzas nacionales e internacionales que hicieron posible el crecimiento económico autoritario. Se cita al respecto, en sentido contrario, los casos de Venezuela y Cuba, en que sus regímenes han sobrevivido. Pero… ¿a qué costo en términos políticos, económicos y sociales? ¿Están los poderes fácticos —ciudadanos, iglesias, empresarios, ejército, el propio FSLN, países centroamericanos, comunidad internacional— dispuestos a pagar ese precio, en favor de una familia?	Mientras no se recupere la justicia y democracia, y precisamente esos objetivos están en el nombre de la Alianza Cívica que nos representa en las negociaciones, ahora suspendidas, la crisis no terminará, como lo entienden moros y cristianos. Pero así como las negociaciones forman parte de la vía pacífica de lucha contra la dictadura, las reacciones de la comunidad internacional, incluyendo las sanciones, forman parte de la vía pacífica, de igual forma que los paros nacionales y otras formas de resistencia y desobediencia civil.	El editorial de LA PRENSA hace dos días aclaró, en base a la propia Carta Democrática Interamericana, que no era esperable por ahora, por más que sea merecida, la expectativa que la dictadura de Ortega sea suspendida en la próxima Asamblea General de la OEA en Medellín. Esa es la sanción máxima contemplada en la Carta, y mientras existen otras modalidades de lucha cívica en contra de Ortega que se pueden adoptar nacional e internacionalmente, incluyendo sanciones personales como las contempladas por el Parlamento Europeo.