Por más de un mes, el periodista Miguel Mora, director y dueño del Canal 100% Noticias, junto a la jefa de prensa Lucía Pineda Ubau permanecieron aislados en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en condiciones infrahumanas, luego de ser detenidos de forma arbitraria cuando agentes antimotines de la Policía Nacional se tomaron por la fuerza dicho medio de comunicación el pasado 21 de diciembre.	“Entré a la celda de Miguel Mora (en la DAJ), llevaba 35 días en una celda sin poder ver el sol. Nos pidió luz y una biblia”, relató en enero de este año el eurodiputado Ramón Jáuregui durante una visita humanitaria que realizó una delegación de eurodiputados a las cárceles del país.	"No se lo deseo ni a mi peor enemigo", relató Mora al salir libre el pasado martes después de casi seis meses de prisión, la mayoría de esos días lo mantuvieron recluido en una celda de castigo de máxima seguridad en el Sistema Penitenciairo La Modelo en Tipitapa, sin acceso a luz y aire y en un reducido espacio.	Después de un año de detenciones, juicio y condenas arbitrarias de las que han sido víctimas los más de 700 presos políticos en Nicaragua, el asesinato de Eddy Montes terminó de sacar a flote la barbarie del actual Gobierno contra los presos políticos cuando custodios del penal sin razón alguna abrieron fuego contra los reclusos desarmados.	Los casos de torturas contra privados de libertad, los tratos inhumanos y las deplorables condiciones de los sistemas carcelarios de Nicaragua son de vieja data, pues desde antes del estallido social del 19 de abril ya abundaban las denuncias de organismo nacionales e internacionales contra el gobierno de Nicaragua por violar los tratados y convenios internacionales que protegen los derechos humanos de los privados de libertad.	La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas señala en su artículo 2 que “en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”, y en caso de darse este delito el Estado está obligado a investigar y castigar los responsables e indemnizar a las víctimas.