El comisionado Jardiel Arteaga, segundo jefe de la delegación policial de Río San Juan, informó que remitieron al Ministerio Público los expedientes de cuatro menores que se suman a la cadena de vejámenes cometidos contra la niñez, supuestamente por Pedro Ignacio Siles y Miguel Ángel Arróliga, ministro y pastor, respectivamente, de la secta Misión Cristiana Independiente.	El jefe policial refirió que después de las acusaciones en perjuicio de la niña de iniciales M.S.P. y del adolescente M.P.A.V., se suman la de cuatro menores también víctimas de los líderes de la secta. Los expedientes corresponden a B.J.G. de 10 años; J.L.P.J., también de 10; N.J.P., de seis, y E.J.M. de nueve, los que a juicio del jefe de orden público contribuirán a la ampliación de hechos en la causa que se ventila en los tribunales contra el ministro y pastor de la secta religiosa.	Según el jefe policial, la historia sobre el maltrato infantil y los abusos deshonestos se repite en cada uno de los niños: hubo tocamiento lúbrico, se les castigaba hincándoles sobre granos de maíz y frijoles pegándoles con los rosarios, tajonas del cordón de San Francisco, y a los pequeños que lloraban para callarlos les metían flores de avispa en la boca.	Por su parte, doña Teodora Amador López espera que caiga la justicia contra el ministro Pedro Ignacio, por lo que le hizo también a ella. Dice que los obligó a vender su finca y unas bestias en 160 mil córdobas, de eso el supuesto apóstol se quedó con 16 mil córdobas que era el diezmo. También se alzó con el resto de dinero, pues se comprometió a comprarles una finca en Buena Vista y unos animalitos en la vecina Costa Rica.	La doctora Ligia Soza Tijerino, directora del Centro Contra la Violencia de la Mujer, la Niñez y Adolescencia, “Arete”, precisó que lograron elaborar seis dictámenes legales y 12 exámenes sicológicos, con los que están acompañando a la Policía y al Ministerio Público para aportar las pruebas periciales en el proceso judicial que se ha entablado contra los líderes de la secta.	Explicó que en la intervención que hicieron junto a especialistas en psicología forense, trabajadoras sociales y el médico forense de la Corte Suprema de Justicia, la Policía, así como funcionarias de MiFamilia y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), “no sólo vemos (agresiones) físicas, sino también psicológicas”. Aseguró, además, que los niños en riesgo están en manos de la delegación departamental de Mifamila.