El gobernante que más tiempo, en forma continua, ha ejercido la presidencia de la República en Nicaragua es el general José Santos Zelaya (16 de septiembre, 1893-21 de diciembre, 1909). Es decir, durante diecisiete años, tres meses y cinco días. Ni el fundador de la dictadura hereditaria de los Somoza ostenta ese récord, pues el primer período de éste duró diez años y tres meses (1 de enero, 1937–1 de mayo 1947). Ni el mismo general Anastasio Somoza García lo supera a la cabeza de ese cargo supremo, ya que --sumando su segundo período del 6 de mayo de 1950 al 21 de septiembre de 1956-- permaneció como Titular del Ejecutivo cuatro meses y diez días menos que Zelaya, más autócrata que él. Pero ese es otro tema.	Lo que quisiera apuntar es que ambos próceres del Partido Liberal recurrieron a idénticos mecanismos legales para perpetuarse en el poder. Sin embargo, al contrario de su heredero, Zelaya fue candidato único en los dos comicios que lo eligieron por votación directa: celebrados el 10 de diciembre de 1901 para un período de cuatro años y el 12 de noviembre de 1905 para otro de seis. Así fue reconocido internacionalmente, de acuerdo con la siguiente nota verbal que le dirigió Porfirio Díaz, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el 19 de marzo de 1906:	“Grande y Buen Amigo: he tenido la honra de recibir la carta autógrafa de Vuestra Excelencia, fechada el 1ro de Enero del año en curso, en la que se sirve participarme que ha sido electo por el voto de sus conciudadanos para ejercer la Primera Magistratura de esa República durante un nuevo período, que comenzó en la citada fecha y terminará en 31 de Diciembre de 1911, habiendo ya tomado posesión de tan alto cargo ante la Representación Nacional./ Al enterarme de tal acontecimiento, me apresuro a felicitar a Vuestra Excelencia para la honrosa distinción que ha recibido de sus conciudadanos, y espero encontrar oportunidad de cooperar sinceramente con Vuestra Excelencia para fomentar y estrechar las relaciones de franca y leal amistad que felizmente existen entre nuestros dos países hermanos”.	Rescatados entre los papeles del funcionario de Zelaya, Gregorio Abaunza Cuadra, el documento anterior concluye: “Me es grato aprovechar esta ocasión para hacer presente a Vuestra Excelencia mis sinceros votos por la prosperidad y engrandecimiento de Nicaragua y por la felicidad personal de Vuestra Excelencia, de quien, como siempre, soy/Leal y Buen Amigo”. Y en seguida estampa su firma don Porfirio, quien otorgó asilo a Zelaya, enviándole el buque de guerra “General Guerrero” para trasladarlo a México. Surto en Corinto el 19 de diciembre de 1909 con instrucciones de ser hundido por su Comandante en caso de qué “la escuadra yanqui lo ataje y le exija, con amenaza de vías de hecho, la entrega del ex-presidente de Nicaragua”, el “General Guerrero” zarpó siete días después, “saludado por las atronadoras salvas de los acorazados yanquis y por las de las baterías de Corinto, con todos los honores de estilo” (Federico Gamboa: “Diario”, RCPC, no. 66, p. 54.).	Tres veces había sido electo el caudillo liberal por la Asamblea Nacional Constituyente. La primera, con el carácter provisional, por la del 15 de septiembre de 1893, según lo dispuesto por decreto de la misma que terminó de elaborar la Constitución (“La Libérrima”), emitida el 10 de diciembre del citado año. La segunda el 1 de febrero de 1894 cuando tomó posesión como Presidente Constitucional para iniciar su primer período de cuatro años. La tercera el 11 de septiembre de 1896 que lo declaró electo para un segundo período que comenzaría el 1 de febrero de 1898 y concluiría el 31 de enero de 1902, no sin antes prohibir los artículos 95, 96 y 159 de la Constitución de 1893, relativos a la elección del Presidente por el pueblo y en forma directa, a la prohibición de la reelección y a la de “la reforma de los artículos constitucionales que prohíben la reelección del Presidente y o del que lo sustituya…”	En el tomo primero de su libro El Constitucionalismo Nicaragüense (2000), el doctor Iván Escobar Fornos anota: “En 1901 Zelaya lanza su candidatura para reelegirse y, a finales de ese año, convoca a elecciones. Sin otro candidato que compitiera, las gana para un nuevo período presidencial. El triunfo fue muy grande, pues obtuvo setenta mil votos. Posteriormente, Zelaya convoca a otra constituyente para reformar la Constitución, para lo cual, sin celebrar elecciones, convierte en Constituyente a la Asamblea Legislativa Ordinaria, como lo hizo en la reforma de 1896, desechando así la clásica distinción entre Poder Constitucional y Poder Constituido, que es la que da legitimidad a la Constitución”. En otras palabras, coincide con el historiador Aldo Díaz Lacayo que en su obra Gobernantes de Nicaragua (1996) califica de inconstitucional el segundo período de Zelaya (1898-1902).	Y también lo fue el tercero (1902-2005), ya que antes de concluir dicho período convocó a otra Constituyente, autora de la Constitución sancionada el 30 de marzo de 1905 (“La Autocrática”), que le otorgó mayores poderes al Ejecutivo. No se prohibía la elección y se aumentaba el período presidencial a seis años. El 12 de noviembre de 1905, como fue indicado, Zelaya triunfó arrolladoramente en las elecciones de esa fecha, siendo de nuevo candidato único. Entre los papeles del doctor Andrés Vega Bolaños, figuran dos hojas sueltas de propaganda zelayista: una del 9 de noviembre de 1905, firmada por J. Jesús Rosales, Francisco Cabezas, Luis F. Morales, José Sánchez, Manuel Villalobos e Ignacio Sotelo; la otra: el 11 de noviembre, día anterior a la elección, la cual transcribo:	“!Al Pueblo de Managua!/ El suscrito, vuestro amigo, os invita para que mañana domingo, después de haber depositado el voto por el General don/J. Santos Zelaya/ asistáis a las 4 al Parque, para ir congregados al Campo de Marte y significar nuestro regocijo por el triunfo espléndido de la causa popular./ De esta manera sabrá el ilustre caudillo que el pueblo que le aclama hoy es el que está siempre dispuesto a sostenerlo y a apoyarle./Gustavo Escobar”. Ambas volantes fueron datadas e impresas, naturalmente, en la ciudad capital.	La presidencia continua de Zelaya fue, asimismo, férrea. El doctor Manuel Coronel Matus, en su discurso del 1 de febrero de 1905 como Presidente de la Asamblea Constitucional de Nicaragua --contestando el mensaje del Presidente de la República-- lo dio a entender al afirmar que “en aquel instante (a menos de un mes de regir la Constitución del 93) no cabía sino la Dictadura”. En efecto, Zelaya no gobernó conforme a “La Libérrima” (reformada sustancialmente el 15 de octubre de 1896 en 26 artículos), sino a través de la Ley de Orden Público del 9 de agosto de 1894. José Luis Velásquez lo ha señalado: “En la realidad fue esta ley la verdadera Constitución, y en la práctica la que trazó el marco jurídico-político del Estado, estableciendo el marco para un régimen dictatorial que otorgaba al Ejecutivo poderes omnímodos y facultades pertenecientes a los poderes Legislativo y Judicial, y suprimía al mismo tiempo las garantías constitucionales”.	Otro funcionario e ideólogo del régimen de Zelaya José Dolores Gámez, en carta a su ex–Jefe del 19 de diciembre de 1909, le decía: “Usted, perdone mi rudeza, no correspondió ni al partido ni al amigo: al partido porque al llegar al poder se divorció de los principales liberales que tantas veces y tan formalmente prometió y bajo cuyo compromiso ascendió; al segundo, porque se dejó impresionar del trabajo de los enemigos interesados en dividirnos”. Y el doctrinario liberal Mariano Barreto, desde León, editoralizó en la revista La Patria el 25 de diciembre del misma año, fustigándole: “Empujado por su abrasante codicia y por su hidrópica sed de mando, el Cacique de las Sierras convirtió en suyo el común patrimonio, distribuyó entre los hambrientos logreros de su cuadrilla el sagrado pan del pueblo; desleal, rompió todos los pactos, violó todos los compromisos, oyó todas las promesas, e hizo del engaño y la traición sus principales armas de combate… Asesinó, derramó en infecundas luchas torrentes de sangre…Anuló todos los poderes de la República, con raras y honrosas excepciones; mató la riqueza del país con sus inconsultos y crecidos impuestos, con la creación de ruinosos monopolios, con la depreciación de nuestra moneda y con el desaforado robo oficial elevado a la categoría de negocio de alta y provechosa finanza”.