A pesar de la promesa de China de ser más transparente, las cuentas no están nada claras. El Fondo Ruta de la Seda, creado para financiar el proyecto, contó con un capital inicial de 40.000 millones de dólares, al que se sumaron otros 70.000 millones tras el primer Foro de la iniciativa (2017).	A nivel regional, ni Japón, ni Corea del Sur -potencias asiáticas- se han unido y, pese a ser un proyecto eminentemente eurasiático, la mayoría de los países europeos occidentales no forman parte, a diferencia de Italia, que el mes pasado se convirtió en la primera economía del G-7 en sumarse.	La construcción de infraestructuras en todo el mundo ha acarreado denuncias y protestas contra Pekín y el excesivo control que ejerce sobre ellas o el impacto medioambiental, como es el caso del puerto de Hambantota (Sri Lanka), del que China controla el 85% y que ha generado continuas manifestaciones por sus amenazas al ecosistema local.	La organización también apunta que en Myanmar, el Gobierno chino "incrementó la presión" para retomar el proyecto -con un presupuesto mucho menor- de la represa de Myitsone, cancelada tras las protestas que recorrieron todo el país por el daño ambiental a gran escala y la destrucción de patrimonio cultural de la etnia Kachin.