La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este martes 20 de agosto el informe “Desplazamiento Interno en el Triángulo Norte de Centroamérica”, donde revela que hay un aumento gradual de las personas que se han movilizado de su lugar debido a los altos niveles de violencia que experimentan esos países, «en gran parte, consecuencia del deterioro de las condiciones socioeconómicas y de seguridad».	Ante tal panorama, las personas se han visto obligadas a escapar de su hogar, o su lugar de residencia habitual, para resguardar sus vidas. Las mujeres y adolescentes son las víctimas más vulnerables. Las personas que se desplazan internamente se ven expuestas a situaciones de abusos físicos y sexuales, trata de personas o de explotación y viajes peligrosos, manifiesta el informe.	El Salvador publicó en marzo de 2018 el primer informe de caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia: el 1.1 por ciento de las familias residentes a finales de 2016, al menos uno de sus integrantes se vio obligado a cambiar su lugar de residencia habitual dentro del país entre 2006 y 2016, como resultado o para evitar los efectos de hechos de violencia.	En Honduras, el estudio de Caracterización del Desplazamiento Interno de 2015, refleja que en el 2014 fueron identificadas 174 mil personas desplazadas internas en 20 municipios urbanos, de las cuales el 67.9 por ciento se debió a la persecución y la inseguridad de la comunidad; el 20 por ciento a las amenazas; 17 por ciento a asesinatos; 12 por ciento a lesiones personales; 10 por ciento a extorsiones, y el 13 por ciento a situaciones de violencia sexual, usurpación de vivienda, secuestro y reclutamiento forzoso.	Por su parte en Guatemala, para finales de 2016 se estima que 257 mil personas fueron desplazadas internamente, según cifras publicadas por el IDMC. De acuerdo a organismos sociales de ese país, la mayoría de los casos fueron provocados por problemas de seguridad asociados con la presencia del crimen organizado y el narcotráfico, la presencia de maras y pandillas, ligado al control de los territorios, cobro extorsiones y/o negativa a pagarlas,violencia sexual, asesinatos, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, entre otros.	Al respecto, la CIDH señala que “los megaproyectos de infraestructura o desarrollo, tales como carreteras, canales, represas, puertos o afines, así como las concesiones para la exploración o explotación de recursos naturales en territorios ancestrales, pueden afectar a las poblaciones indígenas con consecuencias particularmente graves, ya que ponen en peligro sus territorios y los ecosistemas que allí se encuentran, por lo cual representan un peligro mortal para su supervivencia en tanto pueblos, especialmente en los casos en que la fragilidad ecológica de sus territorios coincide con su debilidad demográfica».	Pero el informe también manifiesta que los territorios indígenas sufren desalojos de manera violenta por parte de miembros de la Policía Nacional Civil, el Ejército y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, involucrando la quema y destrucción de viviendas, alimentos, animales, sin la previsión de medidas de retorno ni reubicación, sin posibilidades reales de un debido proceso ni de acceso a la justicia.	Estas situaciones también han traído consecuencias a los defensores de derechos humanos, defensores de la tierra, líderes comunitarios y periodistas quien sufren persecución y represalias a causa de su involucramiento en la protección de las víctimas. Ellos también «se ven obligados a desplazarse internamente o a través de las fronteras», señala la CIDH.	«La información recibida sobre los tres países de la región da cuenta de obstáculos por parte de los Estados para brindar respuestas frente a las denuncias realizadas y frente a las demandas de protección de las víctimas de las situaciones de violencia y desalojos que se ven forzadas a desplazarse», revela.