El uno de julio de dos mil cuatro se introdujo a la Primer Secretaría de la Asamblea Nacional una iniciativa de ley denominada “Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero”, la que estuvo “durmiendo el sueño de los justos” hasta hace unos días atrás, cuando el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Paul Trivelli, pedía a los diputados su pronta aprobación.	Ya el art. 23 de la Ley no. 285 y art. 15 de su reglamento, ordenaba crear la Comisión de Análisis Financiero, la que lamentablemente no ha funcionado desde su aprobación en el año 1999; no obstante, la Superintendencia de Bancos ha emitido –desde entonces- una serie de normativas bancarias para cumplir con las recomendaciones que emitió el Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre esta materia en 1990, de la cual nuestro país es suscriptor. Todo en cumplimiento a la Convención de Viena (Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas).	Verbigracia, el art. 3.a de la iniciativa de ley faculta a la UAF a solicitar y requerir directamente a los sujetos obligados a informar sobre operaciones sospechosas de estar vinculadas a las conductas establecidas y cualquier otra información que ésta ley u otra determinen para el cumplimiento de sus funciones. Tal artículo rompe directamente con el principio de inocencia establecido en el art. 34.1Cns: “a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley”. Así también se contrapone con el art. 26.4Cns: “a conocer toda información que sobre ella hayan registrado las autoridades estatales”.	De otro lado el art. 13 párrafo segundo de la iniciativa de ley faculta a la UAF manejar una base de datos que contengan toda la información relevante concerniente a los informes de transacciones sospechosas o por montos específicos establecidos en la presente Ley. Es menesteroso para nuestros sistema normativo contar con una ley de habeas data que garantice al ciudadano nicaragüense que la información que sobre él se maneje, no se contraponga al derecho al honor y de intimidad que cada uno de nosotros tenemos.	Lo mismo ocurriría si se aprueba esa iniciativa de ley tal como fue presentada, viviríamos ante un estado policiaco. Un Estado que controla toda la actividad que tengamos, un estado perseguidor de sus propios ciudadanos, tal como se hiciera en la época de los años 80, donde el Ministerio del Interior por medio de la Dirección General de la Seguridad del Estado intervenía y fiscalizaba toda actividad ciudadana.	No estoy oponiéndome a la iniciativa de ley en mención, pues los instrumentos internacionales vigentes y las necesidades del intercambio internacional en una economía abierta hacen ineludible la aprobación de este cuerpo legal, creando una unidad especializada destinada a prevenir que el sistema financiero y la economía en general, sean utilizados para aprovechar el producto de actividades criminales como el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de armas, entre otras.	Sin embargo, lo que sí se debe respetar -y evitar lesionar a toda costa- es que existan normas inferiores que atenten contra nuestra carta magna. Recordemos que el art. 182Cns dispone que “la Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están sujetas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones.”