Joel Hernández, relator para los derechos de personas privadas de libertad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), considera que la situación que atraviesan los presos políticos, a once meses del inicio de las protestas en Nicaragua, es “inusitada” y está dejando una “marca indeleble” en la lista de zonas de atención prioritaria para la Comisión.	“Tenemos en efecto conocimiento que suceden actos de violencia, en donde llegan agentes del Estado a La Modelo, llevan a cabo actos de represión, de golpes, y luego las personas son puestas en celdas de aislamiento o en celdas de máxima seguridad, restringiendo con ello el acceso al aire libre”, lamentó Hernández.	El caso de Nicaragua es destacable en América Latina. “Yo creo que nuestra región no había visto en mucho tiempo una situación similar; el hecho que en tan poco tiempo haya sucedido tal número de violaciones a los derechos humanos en contra de la población, está dejando una marca indeleble en nuestra lista de zonas de atención prioritaria”, expresó Hernández al Diario LA PRENSA, vía telefónica.	Hernández es también primer vicepresidente de la CIDH. Explicó que la comisión, con base a información de organizaciones de la sociedad civil, había contabilizado alrededor de 777 personas privadas de libertad, pero según el Estado de Nicaragua son 372 personas, entre presas y acusadas; de estas, 345 son hombres y 27 mujeres.	A estas cifras se debe restar las 150, que, según el Ministerio de Gobernación, han sido excarceladas bajo diferentes medidas cautelares desde el 27 de febrero, en el marco de la negociación entre el régimen orteguista y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que busca una supuesta salida a la crisis.	El funcionario indicó que se debe empezar a tener un registro certero de las personas que fueron detenidas en el contexto de la protesta cívica, y en ese sentido, la comisión ha pedido en diversas ocasiones al Estado que se sienten a la mesa a cotejar los datos, pero a la fecha eso no ha pasado.	Las razones por las que el comisionado Hernández cataloga la situación de los privados de libertad en Nicaragua como una situación “inusitada” se basa en las detenciones a personas que no estaban cometiendo ningún delito, es decir, fueron capturas sin una orden judicial; detenciones por parte de personas vestidas de civil.	Cuando una persona se encuentra privada de la libertad, el Estado es el garante de la seguridad y de la integridad física y psicológica de esa persona, explica el relator para los derechos de personas privadas de libertad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ese sentido, las personas se encuentran realmente desprovistas de cualquier mecanismo de defensa, “están auténticamente en las manos del Estado”, por lo tanto, el Estado tienen esa obligación de brindar un trato digno a las personas encarceladas.