Los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional aprobaron la reforma a la Ley de Estabilidad Energética (554) para autorizar a la distribuidora Disnorte-Dissur que pueda embargar judicialmente a los usuarios morosos cuyo consumo sea mayor a los 300 kilovatios hora al mes, una medida que el régimen impuso para ayudar a la empresa a estabilizarse debido a que enfrentaría un hueco financiero de 3,500 millones de córdobas (unos 106 millones de dólares) por la factura comercial.	La semana pasada la presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, la orteguista Jenny Martínez, aseguró que son grandes consumidores los principales deudores representando 16,500 clientes de la distribuidora cuya mora acumulada era de 350 millones de córdobas, sin embargo este martes 29 de octubre la legisladora informó que los datos actualizados por la empresa es que el nivel de deuda es mucho mayor y asciende a los 106 millones de dólares.	«La mora está concentrada en el 4 por ciento de los morosos (totales) que son 16,500 clientes de los cuales hay una deuda de 3,500 millones de córdobas, (es la información) luego que la distribuidora nos ha pasado los datos más específicos», afirmó Martínez al ser cuestionada por LA PRENSA.	Fue el dictador Daniel Ortega quien propuso reformar la Ley de Estabilidad Energética para permitir que Disnorte-Dissur use las facturas en mora para embargar a los consumidores. En la Comisión de Servicios Públicos hicieron modificaciones a lo propuesto por Ortega estableciendo que los expuestos a los embargos judiciales son los consumidores de más de 300 kilovatios hora al mes de energía, además se precisó que el proceso será posible sólo con la certificación de la deuda por parte del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).	La reforma a Ley 554 la aprobaron setenta diputados orteguistas y dos de sus aliados del Partido Liberal Independiente (PLI), Mario Asencio Flórez y Pedro Joaquín Treminio. Votaron en contra 16 legisladores, 13 del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el  conservador Alfredo César y los dos de la Alianza Liberal Independiente (ALN) Alejandro Mejía Ferreti y Mauricio Urúe. Se abstuvo Brooklyn Rivera, del partido indígena Yatama.	Los orteguistas reiteraron su versión  que son los grandes consumidores, sobretodo empresas, que ya habrían pasado por procesos de reclamo administrativos en Disnorte-Dissur, y el INE habría certificado que acumulan grandes deudas por no pagar la factura de consumo de energía, las que enfrentarían acciones judiciales por parte de la distribuidora eléctrica, usando la Ley 554.	Según Castro, del total de los consumidores, el 6 por ciento son los morosos.  «De los cuales el 96 por ciento son menores de 400 kilowats hora al mes, es decir que solo el 4 por ciento (del total en mora) son mayores consumidores de 300 kilowats hora y lo interesante es, que ese 4 por ciento de clientes debe el 50 por ciento de la mora y eso pone en riesgo al sistema, no a la distribuidora.  Ese 4 por ciento son 16,500 clientes, que son ricos, por tanto que paguen», afirmó.	El Gobierno ya no podría hacer frente a ese subsidio debido a la recesión económica, causada por la  represión a las protestas ciudadanas desde abril del 2018, y que se extenderá el próximo año. La presión para financiar el Presupuesto General de la República del 2020 es lo que habría causado que el régimen debe de subsidiar la energía a esos más de 30,000 hogares de los asentamientos, por lo que no incorporó ese gasto el próximo año.	LA PRENSA consultó a Martínez, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, sobre la deuda del Gobierno con la distribuidora de energía por los subsidios eléctricos, a lo que la orteguista respondió: «Los subsidios siempre se mantienen a los consumidores de 0 a 150 kilovatios hora y a las personas jubiladas. El Estado ha mantenido sus compromisos hacia estos sectores y mantiene siempre el esfuerzo de garantizar la energía eléctrica».	A pesar de que el Consejo Nicaragüense de la Micro y Pequeña Empresa (Conimipyme) es aliado del régimen de Ortega, no prosperó la propuesta de ese sector de que el límite para los embargos fuese el consumo de 400 kilovatios hora al mes. La diputada orteguista Martínez dijo que se rechazó porque ya en la Ley existe el rango para los subsidios que establece que son a los usuarios de menos de 300 kilovatios hora al mes.