La fiscalía, con la colaboración de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) -adscrita a la OEA-, acusó a la exprimera dama de desviar el equivalente a 510.000 dólares de fondos públicos cinco días antes de que Lobo entregara el poder, el 27 de enero de 2014.