Tres civiles y dos policías murieron en enfrentamientos armados , el sábado y el domingo pasados. Según la Policía, los civiles muertos eran delincuentes que intentaron perpetrar un robo armado. Sin embargo, ciudadanos de Masaya que por razones obvias no revelaron su identidad, dijeron a LA PRENSA que los civiles caídos en combate con los policías habían participado en los tranques el año pasado, se encontraban clandestinos desde entonces y cuando la Policía los sorprendió por la denuncia de un “sapo” o soplón, prefirieron enfrentarse a balazos con los agentes policiales en vez de entregarse y ser encarcelados, torturados y condenados en farsas judiciales.	También los excarcelados políticos Cristian Fajardo y su esposa María Adilia Peralta, líderes de la insurrección de Masaya del año pasado quienes ahora están en el exilio, aseguran que los civiles muertos en el enfrentamiento con la Policía pertenecían a la resistencia contra la dictadura. Fajardo y Peralta divulgaron en las redes sociales un video en el cual exaltan a Chabelo y sus compañeros abatidos por la Policía, como héroes y mártires de la lucha contra la dictadura bicéfala de Ortega y Murillo.	Como sea, la versión policial carece de credibilidad porque la Policía dejó de ser profesional y se convirtió en un instrumento de la dictadura. Y de esa manera, como delincuentes comunes, la Policía acusa a todos los presos políticos en el contexto de las protestas de abril que no cesan desde entonces.	La Policía, por su propia definición y naturaleza es un cuerpo de hombres y mujeres armados por la sociedad y formados en una estricta disciplina y adiestramiento. Su función es respaldar el cumplimiento de la ley y las órdenes de la autoridad constituida y tiene el objetivo fundamental de proteger a las personas y la propiedad, y salvaguardar el orden público. Pero según sea el régimen político así es la Policía. En los regímenes dictatoriales, como los de Nicaragua, Cuba y Venezuela, la Policía es primordialmente represiva, mientras que en los países democráticos desempeña ante todo un rol tutelar de los derechos de las personas.