“Es clave una pronta actitud de buena voluntad de parte del Gobierno y los sectores de la sociedad para lograr una solución negociada y pacífica a la crisis que permita comenzar la transición a la democracia. La situación actual es insostenible”, advierte Funides en su Informe de Coyuntura de julio de 2019.	Además se sostiene que si bien las sanciones impuestas por Estados Unidos (EE.UU.) a once funcionarios, y Canadá a nueve altos personeros del círculo de poder del régimen ejercen presión política, parecen no causar el efecto con la rapidez que el país necesita debido a que Ortega no reacciona ante la amenaza,  el siguiente paso sería que la  EE.UU. y Unión Europea (UE), apliquen de lleno las medidas que bloquearían el financiamiento externo y la posible suspensión de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA).	Funides señala con preocupación de que el dictador Ortega mantenga suspendidas las negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a propósito, porque mientras no las de por muertas, le permite enviar el mensaje a la comunidad internacional de que hay conversaciones, lo cual evita la aplicación plena de las sanciones al régimen.	EE.UU.  ha impuesto sanciones a once funcionarios orteguistas señalados de corrupción y violación a los derechos humanos, en el contexto de represión contra las protestas civiles entre ellos la vicepresidenta designada y esposa de Ortega, Rosario Murillo y su hijo Laureano Ortega Murillo; su consuegro y jefe de la Policía, Francisco Díaz y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Las sanciones de Canadá también han sido a nueve funcionarios del régimen que incluyen a Murillo, por violación a los derechos humanos.	Aunque el centro de pensamiento indicó, en base al monitoreo con las empresas e inversionistas de que la “expectativa de los agentes económicos” con respecto al panorama socioeconómico “son menos desfavorables que a inicios del año”, se reiteró que mientras se retrase la solución al problema político, el hundimiento de la economía del país no se detiene.	Hay dos escenarios a los que dan seguimiento el organismo empresaria, porque el cambio en cualquiera de ellos, podría acelerar el deterioro de la economía de Nicaragua. Uno de los escenarios es que “la nueva realidad” se mantenga, lo que significa que la economía se mantiene con tasas de contracción del cinco por ciento, pero con menor salida de depósitos bancarios, la continuidad de las negociaciones entre el régimen y la Alianza Cívica y la aplicación gradual de las sanciones internacionales a la dictadura orteguista.	La OEA  a final del pasado junio aprobó una resolución sobre Nicaragua que dicta la creación de una comisión de alto nivel por parte del Consejo Permanente con el objetivo de realizar gestiones que puedan facilitar una salida negociada a la crisis. Se estableció que si la comisión del Consejo Permanente no muestra avances concluido un periodo de 75 días, existe el riesgo de afectaciones económicas derivadas de una eventual aprobación de la Carta Democrática Interamericana que implica la suspensión del Nicaragua que la dejaría sin acceso a la cooperación financiera de los organismos multilaterales.	El 12 de julio pasado los senadores  Ted Cruz, del Partido Republicano, y Robert Menéndez, de los Demócratas, solicitaron al solicitaron al secretario de Estado, Mike Pompeo, incluir en la lista de sancionados con la Nica Act, al dictador Daniel Ortega, a cinco altos mandos policiales y tres directores del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) por abusos a los derechos humanos y  corrupción.	La lista incluye a la exdirectora de la PO, Aminta Granera, al subdirector de la Policía Ramón Avellán; Jaime Vanegas, inspector general de la Policía; el comisionado general Luis Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ); y el comisionado general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP).