Sin embargo, el gobierno rechazó en un comunicado esas versiones y aseguró que, por la Ley de Protección de Funcionarios y Exfuncionarios, Lobo «cuenta con todo el aparato de seguridad del Estado para su protección personal». Destacó también que se pueden «hacer las modificaciones necesarias para la tranquilidad del expresidente» a nivel de seguridad.	Durante el juicio, la fiscalía estadounidense presentó como testigos a excapos del narcotráfico que involucraron también el presidente Hernández como parte de una conspiración para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El mandatario ha rechazado los cargos y aduce que se trata de una venganza de los narcotraficantes por su política contra las drogas.