Una dictadura no deja de ser un régimen opresivo porque luego de una negociación se diga en un acuerdo conjunto que el orteguismo es un Estado de derecho que respeta la Constitución. En el articulado de la Constitución, como es obvio, están contenidas todas las garantías y derechos de los ciudadanos, pero, ello no significa que tales garantías y derechos existan en la sociedad. Tampoco los acuerdos —como hemos visto— garantizan algún derecho. Esta diferencia entre realidad miserable y fantasía jurídica ha sido puesta en evidencia por el ataque con paramilitares y con policías a la protesta del sábado 30 de marzo que, tan solo un día después de la firma de los acuerdos, dejó tres opositores heridos de bala.	Una dictadura, es evidente, bien puede convivir con un Constitución a la cual no respeta. Y puede consolidarse, más bien, con unos acuerdos que apelan ingenuamente a la vigencia protocolaria de la Constitución. Es más, así como Ortega usa la Constitución, así usa los acuerdos para darle a su poder discrecional una apariencia de orden jurídico legítimo.	Los acuerdos suscritos pasan por alto la esencia opresiva del régimen dictatorial, que es la que se debe abrogar con medidas concretas. El objetivo de una negociación no es permitir que la dictadura siga intacta, sino, impedirle que pueda reprimir las manifestaciones en su contra, contribuyendo así a su derrota. El problema no radica en que la dictadura carezca de Constitución o de leyes, como parecen indicar los acuerdos entre la Alianza y Ortega. El problema estriba en que Ortega ha conformado un Estado policiaco que le obedece ciegamente, el cual está por encima de las leyes. Y, en ocasiones, como a partir de abril de 2018, incluso por encima del derecho a la vida de los ciudadanos, dispuesto a cometer delitos de lesa humanidad.	Que se firmen acuerdos en los que parece una novedad lo que ya dicen las leyes y los principios constitucionales respecto a los derechos de los ciudadanos, no constituye ninguna conquista, porque el Estado policiaco sigue intacto, y porque actúa en consonancia con su naturaleza abusiva. La característica de una dictadura consiste, no en que falten leyes, sino, precisamente, en su carácter opresivo pese a las leyes.	¿Qué dicen los acuerdos? Que las leyes conceden derechos a los ciudadanos. ¡Por supuesto! Y dicen que se va a instar a las autoridades a desarmar al que porte armas sin autorización. Es decir, no a los paramilitares, puesto que la Policía reconoció públicamente que les autorizó a portar armas de guerra, y a usarlas contra los ciudadanos indefensos.