Con mayoría de voto sandinista, fue aprobada este sábado en la Asamblea Nacional la denominada Ley de Amnistía promovida por el ejecutivo bajo el argumento de "perdonar" o "amnistiar" de supuestos delitos a los ciudadanos que se mantienen como presos políticos por haber participado de las protestas cívicas a partir del 19 de abril y a quienes el gobierno continúa llamando "golpistas".	La ley fue aprobada a 10 días de que se cumpla el plazo en el que el gobierno se comprometió a liberar de manera plena y definitiva a todos los presos y presas políticas como parte de los acuerdos firmados en el marco del diálogo nacional y a unas semanas de que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) realice una reunión de cancilleres en Colombia para debatir la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua.	"Nos duele a nosotros (los diputados sandinistas) tener que amnistiar a asesinos confesos de policías, a torturadores del Colegio San José en Jinotepe que asesinaron a Bismarck (Martínez). Pero estamos concientes que el altar de la patria tenemos que ponerlo primero antes que cualquier mezquino sentimiento por muy doloroso que sea", sustuvo durante la discusión de la ley Edwin Castro, diputado del FSLN.	Los 14 diputados de la bancada opositora del PLC votaron en contra de esta ley porque a través de la misma "se pretende dejar libres e impunes a los verdaderos culpables de los delitos de lesa humanidad que tanto dolor y luto han dejado en los hogares nicaragüenses, bajo el pretexto de una amnistía amplia a fin de lograr paz y estabilidad social", señaló dicho partido en una carta que fue publicada ayer viernes y leída este sabado en el parlamento por la diputada María Haydeé Osuna.	Varios analistas políticos han coincidido en que la verdadera razón de esta Ley de Amnistía es dejar en la impunidad a las fuerzas policiales y grupos parapoliciales vinculados al gobierno que han sido señalados por diversos organismos nacionales e internacionales como los verdaderos responsables de la represión armada que dejó un saldo de 326 civiles asesinados y de ejecutar un sinnúmero de violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas antigubernamentales que iniciaron en Nicaragua el 19 de abril del año pasado.	Al respecto, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Michelle Bachelet, fue enfática este sábado al aclarar a través de un comunicado que "las amnistías por graves violaciones a derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional, éstas generan impunidad lo que puede llevar a más violaciones".	La alta comisionada le recordó al gobierno que el monitoreo de derechos humanos realizado por su oficina y los mecanismos regionales "han expuesto las graves violaciones y abusos cometidos desde abril de 2018 en Nicaragua, en particular el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que, en algunos casos, resultó en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, casos de tortura y violencia sexual y detenciones arbitrarias o ilegales generalizadas, cometidas por elementos armados progubernamentales con la aquiesciencia de las autoridades. Más de 300 personas resultaron muertas, 2000 heridas, cientos de personas que se opusieron al gobierno han sido encarceladas y más de 700 han sido procesadas".