El asilo es un derecho contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos, está en el artículo 12 de ese documento. Eso es para las personas perseguidas o que han huido de sus países de origen porque su vida, seguridad o libertad están en riesgo. Este derecho universal es el que resguarda a las personas refugiadas; sin embargo, está el asilo político que es únicamente el que se concede a una persona desterrada o que ha huido de su país por motivos políticos; y en el caso de Costa Rica, el asilo político es una prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo, por ejemplo, cuando un oficial de Gobierno pide asilo en una Embajada. En América Latina se suele usar la palabra asilo como sinónimo de refugio en referencia al régimen internacional de condición de refugiados, y no se debería confundir como asilo político, que es una cosa que hace cada gobierno ejerciendo su soberanía. Y luego, en Costa Rica la determinación de condición de la persona refugiada la realiza la Dirección General de Migración y Extranjería, a través de un procedimiento bastante detallado en base a la normativa nacional e internacional que está vigente sobre ese tema.	Desde mayo de 2018 Costa Rica ha visto un aumento significativo en la cantidad de solicitudes de refugio, de personas provenientes de Nicaragua. El Gobierno de Costa Rica ha mantenido una política de fronteras abiertas, dando acceso al territorio a todas aquellas personas que han formalizado su solicitud, ya sea en la frontera o en las oficinas centrales de la Dirección General de Migración y Extranjería. Actualmente, el Gobierno de Costa Rica y Acnur están trabajando en la asistencia de las personas solicitantes de refugio. En el caso del Acnur, por ejemplo, nuestras agencias socias ofrecen asistencia legal, asistencia humanitaria básica como comida, artículos de higiene personal; asistencia a personas con vulnerabilidades como discapacidad; a adultos mayores, personas menores de edad o no acompañadas. Esta es una de las categorías. A través de una de nuestras agencias socias que se llama Fundación Mujer, tratamos de establecer mecanismos de intermediación laboral y de capacitación a las personas que están llegando de Nicaragua. No damos abasto con todas, pero la intención es alcanzar a un grupo grande de personas. Hay que aclarar que existe una idea falsa de que solo estudiantes universitarios o jóvenes profesionales vienen a solicitar refugio. Además de estos grupos, también se reciben muchas personas con otros perfiles: activistas de derechos humanos, mujeres solas, comerciantes, familias enteras y numerosas, campesinos, incluso personas misquitas.	Esa cifra que menciona era una cifra no determinada a esa época, porque todavía no se lograba llegar a una cifra más concreta. La Dirección General de Migración y Extranjería en Costa Rica es la única institución que emite esos datos oficiales, sobre las solicitudes de refugio en el país y comparte esta información con Acnur periódicamente. La cifra más actualizada y oficial, es de 23,000, que es la que se comunicó al final de 2018, pero la Dirección General de Migración y Extranjería ha contabilizado 27,000, de las cuales la mayoría son de personas nicaragüenses.	Es un poco más complejo. Se emiten tres documentos de identidad para las personas refugiadas y solicitantes de esa condición. El primero es el carné provisional de solicitante de refugio, y esto es una vez que la persona interpone una solicitud de refugio. Digamos que si acaba de llegar y hace la solicitud, recibe un carné provisional. Otro tipo de carné que recibe es el permiso laboral, ese lo recibe normalmente a los tres meses de interpuesta la solitud provisional. Y luego, el tercer carné es el de refugiado. Esto, si el proceso se resuelve de manera favorable para el solicitante; la persona pasa a ser reconocida como refugiada oficialmente y bajo la normativa nacional e internacional, y es reconocida como refugiada. Estas personas que llegan a tener este carné, tienen derecho a la no devolución (expulsión), a no ser requisados, a no ser sancionados por entrar al país sin autorización de manera irregular, recibir protección en el territorio costarricense, a no ser discriminado. Deberían de tener, por medio de sus carnés, y lo tienen, acceso a los servicios bancarios, a servicios básicos de salud, a un empleo digno y todos los derechos que la ley establece; acceso a la educación primaria y secundaria pública y gratuita, a la libre circulación por el territorio costarricense, acceso a la justicia y a vivir sin violencia. En términos más importantes, estos son los derechos que adquieren por medio de esos carnés que reciben.	Bueno, sí, pero como le digo este es el procedimiento. Tengo que aclararles aquí, a mediados del año pasado hubo un incremento significativo de llegadas, entonces, existe una mora para las entrevistas. Ellos tienen que obtener una entrevista para lograr primero el carné provisional, que es lo que empieza a contar el tiempo para que en un período de tres meses ya tengan ellos el acceso a esa solicitud de carné laboral. Ahora, aclaro que también eso depende mucho de las posibilidades laborales que se presentan en un momento dado, pero, por lo menos la ley en Costa Rica permite a estas personas tener ese carné laboral, tres meses después de que interponen su solicitud por primera vez.	Sí, en términos generales, porque en aquella época el número de solitudes de personas nicaragüenses, en el 2017, era muy por debajo de lo que existe ahora. En 2017, hablamos de más de 6,000 personas en un año; eso se ha unido a un número mucho más grande que causa una cierta mora, porque no ha sido fácil para tener que establecer una capacidad mayor, que es nuestro caso. Pero la ley permite esto a las personas que llegan y entran en el proceso de solicitar la condición de refugiado. Eso explica la incertidumbre que existe entre los nicaragüenses, por los tiempos que requiere cada trámite para la solicitud de refugio. Eso ha sido un crecimiento de 6,000 solicitudes en 2017, llegamos a 23,000 solo de nicaragüenses; ese incremento no ha sido fácil de manejar, por lo que fue tan rápido y tan importante.	Ese ese el trabajo que estamos haciendo aquí y el apoyo que damos a las autoridades. El Acnur ha tenido que ampliar su marco de cooperación con el Gobierno de Costa Rica y esta colaboración nos ha permitido la inauguración, por ejemplo, de un nuevo edificio para la Unidad de Refugio, que es parte del Gobierno aquí en San José, que les permite aumentar la capacidad y atención a las personas. También hemos apoyado, con la colaboración de 30 profesionales del derecho y personal administrativo, todo con el objetivo de agilizar la recepción y la resolución de estas solicitudes para que el proceso se termine de manera más rápida.	Durante el 2018 vimos que también se presentaron algunas solicitudes en otros países de la región, pero la mayor parte se ha presentado aquí en Costa Rica. Lo que hacemos como Acnur, y sus socios, es monitorear los movimientos fronterizos y coordinar con las autoridades para garantizar que las personas nicaragüenses que necesitan protección internacional o la condición de refugiado, reciban asesoramiento y apoyo, y tengan acceso a ese procedimiento de refugio cuando sea necesario. Esto lo hacemos en otros países de la región. Cuando hay movimientos, a veces se generan preocupaciones y miedo, porque las personas en los países que reciben no saben por qué estas personas vienen y las confunden. El trabajo que hacemos con las autoridades es asegurar que haya información, para que entiendan mejor por qué esos movimientos y que no se vuelvan una razón de discriminación o de xenofobia.