“Es obvio que cualquier solución que no se plantee bajo la tutela de Estados Unidos y de gobiernos de derecha es vista como negativa; en este caso se revela que no hay intención de los sectores que rodean a Uribe y de los altos mandos del Ejército en buscar una solución pacífica al problema de la guerra y una salida negociada a la liberación de los rehenes, sobre todo cuando más cerca de ser liberados estuvieron con la gestión de (Hugo) Chávez”.	Casanova comentó que el presidente colombiano recibe presiones internas y externas. “Uribe no es un dictador, pero el mismo hecho de haberse presentado como candidato a presidente y con ganas de extender su mandato, lo exhibe como hijo de la violencia política que afecta a la sociedad desde hace 60 años. Su padre fue ejecutado por la guerrilla, por lo tanto guarda un resentimiento personal contra este movimiento (FARC)”.	El historiador indicó que las declaraciones de “hermano” del presidente Ortega referidas a Manuel Marulanda, en otra coyuntura quizás hubiera pasado inadvertida. “Hay que tomar en cuenta el diferendo territorial con Nicaragua por parte de Colombia, y, además, que él pone énfasis en el alineamiento del presidente Ortega con el presidente Chávez de Venezuela”.	En este caso, la sociedad colombiana para llegar a la paz enfrenta dificultades, pero no por las FARC y los mediadores internacionales, sino por parte de la posición más terca de la oligarquía conservadora colombiana y de las fuerzas más reaccionarias que controlan la política de Estados Unidos, encabezada por Bush, expresó.	Ese es uno de los ejes de ataque, pero jamás han pasado la aclaración pública que han hecho las FARC sobre su total diferencia con los empresarios narcotraficantes que operan en los territorios controlados tanto por el Ejército como por la guerrilla. Los medios se niegan a publicar las declaraciones del alto mando de las FARC sobre la distancia que guardan de la producción de cocaína, destinada al mercado estadounidense.	Casanova también señaló que la subida de tono de las palabras de Uribe y sus ministros se da cuando también escuchan las declaraciones del embajador de Nicaragua en Perú, Tomás Borge, a favor de la liberación de Ingrid Betancourt. El gobierno colombiano quiere desactivar cualquier propuesta que, según Uribe, vaya en la dirección de reconocer la beligerancia de las FARC como movimiento político en una buena parte del territorio del país sudamericano.	“Se pierde la perspectiva de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias y otros grupos son ejércitos beligerantes de un Estado en armas contra otro Estado, el que encabeza el presidente Uribe. Recordemos cuál es la perspectiva que tiene el Estado constituido contra el Estado en armas, en este caso son tratados de terroristas tal como fueron descalificadas las guerrillas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua en los años 70”, dijo.	El historiador Casanova subrayó que en distintas etapas, el Estado colombiano ha cerrado las puertas a la negociación por una salida violenta. Desde el inicio de la guerrilla, en 1948, fueron asesinados muchos jefes guerrilleros liberales que se presentaban en la capital y en las poblaciones al tratar de llegar a un acuerdo de paz.	Es algo que no ha sido resuelto desde hace casi 60 años y que bien se pudo lograrlo con la alternativa liberal populista de Jorge Eleazar Gaitán, ante la propuesta del liberalismo tradicional. Fue el virtual ganador de las elecciones en el 48 y fue asesinado. Esto provocó el famoso Bogotazo y la violencia armada ulterior que se precipitó en el campo.	Marulanda comenzó jovencito en la guerrilla, con una amplia trayectoria, y ahora su figura se trata de satanizar, pero es un hombre que ha dedicado toda su vida, hasta la ancianidad, a pelear por el campesinado y por los sectores urbanos excluidos de la solución del problema político de Colombia, sostuvo.