Según el informe la población campesina ha sido víctima de la represión gubernamental desde sus denuncias y manifestaciones por la Ley 840 o Ley del Gran Canal Interoceánico en el 2013, porque estaban sometidos a un proceso arbitrario e inconsulto de expropiación de sus fincas y se intensificó por su participación en las protestas iniciadas en abril de 2018.	En la lucha contra la derogación de la Ley 840, el Movimiento Campesino organizó 97 marchas, 8 de ellas fueron nacionales. Sufrieron agresiones, amenazas y detenciones ilegales. El ataque más cruel fue el del 24 de diciembre de 2014, cuando la policía los atacó fuertemente dejando 50 heridos y varios detenidos, según el informe.	La represión del régimen de Daniel Ortega endureció cuando los campesinos deciden solidarizarse  con las demandas sociales por la aprobación inconsulta de reformas a la Ley de Seguridad Social. El 20 de abril de 2018 hacen plantones simultáneos en diferentes departamentos del país, pero el 28 de abril deciden bajar a Managua, porque la represión contra los estudiantes se intensificaba, ya habían 43 jóvenes asesinados.	El movimiento campesino levantó 163 tranques o bloqueo de carreteras en diferentes lugares estratégicos del país. “La idea era debilitar la fuerza represora para que no se ensañara en un solo lugar y obligarlo a negociar”, manifestó el Movimiento Campesino. Los tranques se mantuvieron hasta junio de 2018, cuando el régimen orientó el “Plan Limpieza” con fuerzas combinadas, policías, antimotines y parapoliciales.	“Todas las detenciones fueron ilegales. Permanecieron entre 4 y 12 días en detención ilegal sin llevarlos ante un juez, a algunos no les dieron de comer por cuatro días, los golpearon hasta hacerlos sangrar, los interrogaban a golpes sobre el famoso golpe de estado. Permanecieron incomunicados con sus familiares y abogados”, explicó el jurista ante la CIDH.	Por ejemplo, dijo Fornos, en el caso de Ronald Enríquez Delgado, líder campesino de Rivas, quien fue detenido ilegalmente el 27 de octubre de 2018 y liberado el 11 de junio de 2019, pasó siete meses y 15 días en prisión, cuando el delito por el que fue acusado, portación ilegal de arma de fuego está sancionado con pena mínima de seis meses y un año de prisión, pagó condena sin sentencia.	Las transgresión a este principio está también en las penas impuestas a los campesinos, que van entre 24 y 116 años de cárcel, superando el límite de 30 años permitidos por la constitución, con el fin de amedrentar a la comunidad campesina en sus deseos de organización y movilización para la defensa de sus derechos.	“Jueces y magistrados incumplieron con su función de garante constitucionales no ejercieron control de legalidad y proporcionalidad de las actuaciones de la Policía Nacional y el Ministerio Público más bien permitieron y facilitaron el irrespeto de los derechos y garantías constitucionales y procesales convirtiéndose en jueces inquisidores de hecho”, dijo Fornos.	Finalmente Fornos expresó que condenaron a campesinos por el simple hecho de ejercer sus derechos individuales y a que a pesar que existe una Ley de Amnistía esta se aplica de forma discrecional y los jueces no dan sentencias de sobreseimiento lo que deja a los excarcelados políticos en una situación jurídica incierta.