Aún se recuerda cuando un dirigente de la revolución popular sandinista proclamó triunfante --más bien triunfalista-- que la revolución era fuente de derecho; se le recuerda con la intención de señalarlo como una aberración jurídica. Pero el dirigente no mentía, sólo asustaba a ciertos juristas, quienes, a fuerza de la costumbre secular de usar el derecho burgués, habían olvidado que el derecho establecido en nuestro país, había surgido negando el derecho colonial asimilado por las fuerzas conservadoras desde la independencia formal hasta 1893. La revolución sandinista había negado ese derecho liberal, para dar paso al derecho revolucionario que todos creímos (¡ilusos!) en tránsito hacia una sociedad socialista.	En aquel momento, la idea de la revolución como fuente de derecho era teíricamente posible. Desde ese punto de vista, Bayardo Arce, el susodicho dirigente, no mintió ni pecó por radical, sino tal vez por entusiasmo. Muchos cambios fundamentales hicieron falta para que aquella aspiración hubiera podido tener vigencia, pero no tuvo una base material sobre la cual descansar, pues no hubo socialización de la propiedad y apenas fue cuestionada en el campo por la reforma agraria.	Por ello, las leyes y disposiciones legales nunca pudieron tener el objetivo de cambiar el carácter de las relaciones sociales. La máxima ley de la revolución, la Constitución de 1987, sólo trascendió los límites de las constituciones anteriores, proclamando derechos sociales, políticos --entre ellos, pluralismo político-- y laborales. En general, trató de poner al día el derecho que, bajo los regímenes elitistas y antipopulares de las fuerzas libero-conservadoras, nunca se propuso.	Total, más hoja que nacatamal al derecho en el campo de las estructuras materiales y las relaciones sociales. Fue más grande el miedo de las clases dominantes de antes, que siguen siendo también de ahora. ¿Qué significa eso en los hechos? Que la revolución, pese a sus ideales, costos en sangre y en vidas, cambió muchas cosas, pero nada de lo esencial en la base material y del derecho de la sociedad. Los derechos conquistados que sobreviven a la revolución, son, en su mayoría, los mismos derechos conquistados en otras partes por medio de las luchas cívicas democráticas.	Con esta sucinta relación de hechos, se puede advertir cuan pomposas y falsas resultan las consignas socialistas en los discursos “revolucionarios” de los líderes actuales del Frente Sandinista, de lo cual no se liberan sus intelectuales ni sus propagandistas, quienes más que defender una revolución con planteamientos ideológicos, están soplando consignas, sin construir ninguna idea sólida y profunda en defensa de su proyecto político, porque no es otro que consolidar la administración del Estado con el limitado objetivo de proteger económicamente un gobierno caudillesco, personalista, familiar y grupal.	Se puede concluir en que si la revolución --un impactante acontecer en América Latina-- no cuajó nada esencial en cuanto a los cambios estructurales de la vieja sociedad, mucho menos que lo pueda hacer la simple ascensión al gobierno, sin ningún fin transformador, sino simplemente administrativo, como es lo que está sucediendo en nuestro país.	Ojo con este hecho: la revolución no cambió totalmente el antiguo derecho, sino que lo democratizó; pero hoy, con la ascensión al gobierno de antiguos revolucionarios por mañosas vías electoreras, no sólo no se propone superar nada en materia del derecho, sino que más bien actúa al margen de todo derecho, e incluso, en contra de lo aportado en esa materia por la revolución.	De esta forma ha surgido: a) un partido de gobierno administrador del clientelismo político, lo cual no se acopla con su discurso para entusiasmar a las masas desprevenidas y asustar a señorones reaccionarios; b) junto al discurso de factura “revolucionaria” hay un abandono absoluto de la ética y la mística que caracterizaron al FSLN, dando paso a las aspiraciones prebendarias (ser “del partido”, equivale a tener jugoso ingreso o pata para conseguirlo); c) los ministros, más que conductores de proyectos específicos en sus áreas, tratan de sacarle el jugo al cargo, o se desplazan hacia iniciativas para lograr el enriquecimiento personal; d) están como jugando un partido de béisbol crucial, con tres en bases y ningún “out”: todo tiro a “home”, que en la realidad significa “hay que aprovechar al máximo la oportunidad”.	En este otro momento, acentúan la contradicción de hablar de la revolución, usando métodos reaccionarios y antidemocráticos. Lo poco que en el campo del derecho y de las reformas sociales que la revolución sandinista puso al día, a través de la Constitución del 87, les está resultando un estorbo, y la reforman o la violan. Veamos si no:	1) El derecho a la información veraz constitucional, lo coartan, pues establecieron el secretismo en torno a todo acto estatal; 2) Se corta la publicidad estatal a los medios de comunicación, dizque por ahorro, pero los rótulos que hacen en sus propias empresas publicitarias con las imágenes de Daniel (como en los peores días de las campañas electoreras), son exagerados en tamaño y costo; 3) La transparencia administrativa, la volvieron una mala palabra, o una práctica digna de ser esquivada; 4) Con las contrataciones directas del Estado con empresas de funcionarios públicos, saben que se burlan de la ley, y no les importa. Todo es conocido por la Contraloría y fingen enterarse hasta cuando lo leen en los diarios, pero no actúa, pues igual que la CSJ, es controlada por el pacto Ortega-Alemán.	Con esta síntesis, se puede calcular cuanta farsa existe cuando Daniel va por el mundo hablando en nombre de un gobierno revolucionario; cómo no sólo no se impulsa ningún cambio estructural, sino cómo se burla o se reforma el derecho y se violan las pocas leyes democráticas con vigencia secular, como la del aborto terapéutico; de qué forma se reedita la corrupción de los tiempos del somocismo y del reciente pasado arnoldista.