La Constitución de 1987 le permitía a Ortega gobernar por decretos, tal como dijo que está dispuesto a gobernar de nuevo. Podía aprobar impuestos, la Ley del Presupuesto, entre otras funciones. Sin embargo, las reformas constitucionales de 1995 otorgaron estas funciones a la Asamblea Nacional, en un afán de crear contrapesos al sistema político nicaragüense.	Pero una mayoría legislativa de 52 diputados asestó a Ortega una derrota en el Parlamento al rechazar el veto presidencial que intentaba proteger la vigencia de los CPC. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, interrumpió el proceso de formación de la Ley, al dictar una sentencia que ordenaba al presidente del Parlamento, René Núñez, no publicar dicho rechazo al veto presidencial. Esto abrió una crisis de poderes, ya que la Ley de Amparo indica que el proceso de formación de la ley no es recurrible de amparo.