El Instituto para la Democracia, Ipade, y el diputado del partido Movimiento Renovador Sandinista, Enrique Sáenz, coincidieron con el constitucionalista Gabriel Álvarez, al rechazar lo dispuesto por el Consejo Supremo Electoral, CSE, en los artículos tres y cuatro del Reglamento de Ética Electoral, pues según ellos “allí se deja en peligro la personalidad jurídica de los partidos políticos”.	En un análisis elaborado por el equipo electoral del Ipade, este organismo asegura que “en el artículo 73 (de la Ley Electoral), referido a las causales de suspensión de la personalidad jurídica, una de ellas es el incumplimiento de las normas de ética de la campaña electoral, no así del proceso electoral, al que se refiere el Reglamento de Ética Electoral (del CSE), lo cual pone en riesgo la seguridad de las organizaciones políticas participantes en el proceso electoral”.	Asimismo, opinó Sáenz al expresar que “estamos de acuerdo con la existencia de una regulación sobre los aspectos éticos de la campaña, el problema es que en manos de este CSE lo virtuoso, como sería un reglamento electoral, se transforma en vicioso, porque allí lo que se deja en peligro es la personalidad jurídica de los partidos políticos”.	Por su parte, Álvarez señaló que “la violación de lo dispuesto en el artículo tres, implica la comisión de delitos, y ésta a la vez, según la remisión que ellos (CSE) hacen en el artículo cuatro a los artículos 73 y 74 de la Ley Electoral, implica la cancelación de la personería jurídica de los partidos, lo cual es un atentando contra el sistema de partidos y el sistema democrático”.	Sin embargo, en el artículo 73 de la Ley Electoral no sólo se establecen como causales de la cancelación y suspensión de la personalidad jurídica de los partidos políticos el incumplimiento de los numerales 1, 4 y 6 del artículo 63, sino que también se mencionan “las causales de las Normas Éticas de la presente Ley”.	Estas normas éticas de la campaña electoral --contenidas en el artículo 107 de la Ley Electoral, se refieren a la propaganda, al respeto entre candidatos y a la prohibición de bienes del Estado para fines de propaganda política, lo cual está en correspondencia con lo establecido por el CSE en el artículo tres que, además es copia fiel de lo publicado en el reglamento de las elecciones nacionales de 2006.	En un estudio jurídico de uno de los partidos contendientes y conocido extraoficialmente por EL NUEVO DIARIO, se critica el hecho que el CSE “tipifica como delito el incumplimiento de las disposiciones del artículo tres del mismo, dando pie a la suspensión o cancelación de la personalidad jurídica de partidos políticos, pues remiten a los artículos 73 y 74 de la Ley Electoral”.	No obstante, Sáenz denunció que el CSE no dio el tiempo necesario para que los partidos hicieran las respectivas observaciones al reglamento. “Nos dieron ocho horas para pronunciarnos, porque recibimos la notificación a las cinco de la tarde del miércoles con la indicación que nos pronunciáramos a más tardar a las cuatro de la tarde del jueves, es decir, prácticamente ocho horas de oficina”, señaló.	Según Sáenz, “desde el despojo de la diputación de Alejandro Bolaños Davis y la imposición del calendario electoral hasta la suspensión de las elecciones municipales en la Región Autónoma del Atlántico Norte y la consulta del reglamento de ética de un día para otro, lo que quiere el CSE es introducir factores de inestabilidad, de incertidumbre y de inseguridad al proceso electoral”.