La captura de un comerciante presuntamente vinculado con el crimen organizado revela las oscuras tramas y tretas del Poder Judicial: un sospechoso de ser narco quedó libre, un abogado diligente que reclama la plata incautada, el dinero “lavado” que no aparece o que no quieren devolver, y, como siempre, saltan al tapete los ya famosos operadores políticos de la Secretaría del FSLN pidiendo algo para “El hombre”	Ésta fue la respuesta que supuestamente obtuvo el abogado Pánfilo Orozco del operador del Frente Sandinista y contralor suplente Vicente Chávez, cuando intentó conocer a quién debía pagar 30 mil dólares por la devolución de 105 mil 9 dólares que le fueron incautados a su cliente, Daniel Geovani Fajardo Martínez, y que han sido retenidos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desde 2003.	Orozco confiesa haber aprovechado el juicio que estaba enfrentando el ex presidente Arnoldo Alemán por lavado de dinero, y la política asumida por la Fiscalía de soslayar esa figura delictiva, para hacer ver que era atípico porque no existía ninguna figura jurídica que hablara de este delito si no estaba directamente vinculado con la actividad del narcotráfico, y si no se probaba el origen narco de los fondos.	“El fiscal, que no recuerdo su nombre, dijo en audiencia de apelaciones que pedía que absolvieran al reo y que se declara la nulidad de todo lo actuado por atipicidad del hecho”, explicó Orozco. La fiscal Mirna Siles dijo no recordar tampoco el nombre de su colega, que incluso no recurrió de casación ante la decisión del TAM de liberar al reo y regresar el dinero.	Sin embargo, en la administración de la CSJ le manifestaron que no le devolvían los 105 mil 9 dólares, porque sólo la juez de la causa podía ordenar tal acción. Pero Orozco asegura que Centeno, cuando dejó de ser presidenta del alto tribunal, hizo circular una carta entre los magistrados, indicando que no era correcto devolver el dinero.	Chávez es un influyente operador del Frente Sandinista que fue señalado por el polémico empresario Armel González en el escándalo de extorsión en Tola. González dijo en varias ocasiones que el controversial ex diputado sandinista Gerardo Miranda, lo contactó con Chávez para resolverle el litigio de propiedad que enfrentaba en Rivas a cambio de una jugosa “coima”.	Luego de ese encuentro con Chávez, a Orozco se le ha hecho imposible recuperar el dinero de su cliente, pese a que los jueces le han dado la razón y a que ha agotado todas las instancias del Poder Judicial. Orozco solicitó al presidente de la CSJ, Manuel Martínez, la devolución del dinero, pero no ha encontrado respuesta en tres años.	“Yo sé quiénes se robaron los 609 mil dólares, e incluso cómo se lo repartieron. El problema, como te digo, es que no tengo pruebas para decirlo. Si yo tuviera pruebas ya los habría denunciado. Hay gente muy poderosa metida ahí. Estaban dos magistrados de la Corte, porque el señor (Rógers) Camilo Argüello estaba hasta el cuello, y el señor Manuel Martínez estaba comprometido”, concluyó.	El antecedente más claro del pésimo manejo de los fondos incautados por el Poder Judicial al crimen organizado es el caso de los 609 mil dólares que se “perdieron” de una cuenta que la CSJ tiene en el Banco de la Producción (Banpro). El escándalo sacudió al país a finales de septiembre de 2005.	“No sé. Yo creo que no. Y yo no le he puesto atención a lo de Pánfilo, porque es peligroso. Te voy a contar una historia: los abogados que defienden a traficantes de drogas, llegan a ser tan íntimos en la defensa, que se pueden considerar como cómplices. Yo le hago un favor, cuando anda muy involucrado en un asunto de tráfico de drogas, con mantenerlo alejadito de la posibilidad de que incurra en un ilícito”.	Al final de la breve conversación con el magistrado --que tuvo lugar en una actividad del Ejército de Nicaragua el pasado jueves--, éste se mostró renuente a brindar mayores explicaciones sobre el reiterado reclamo de Orozco. Y finalizó: “Yo no sé ni cuál es el caso. Pero ya te digo, es mi posición”.	Por su parte, la también magistrada de la CSJ, Yadira Centeno, expresó que ella y sus colegas han sido “muy respetuosos del erario público”, y rechazó que los 105 mil 9 dólares, hayan sido objeto de malos manejos como ocurrió en el caso de González Largo. “Nada tiene que ver una cosa con otra. Son dos casos completamente diferentes”, aseveró.