Nicaragua estaba resignada a no saber de conversaciones entre la Alianza Cívica y la dictadura. Sin embargo, a pesar de lo que parecía estancado, un buen día salió a la luz el “puente” que el gran capital financiero había logrado con Ortega. El diálogo volvía. No obstante, hoy sufre un nuevo impase por diversos factores que nos hacen cuestionar el proceso.	En principio, y dicho de reiteradas maneras, no puede haber diálogo sin las exigencias mínimas ya planteadas: liberación de los presos y nulidad de sus juicios, el retorno de los organismos de derechos humanos al país, respeto a los derechos y libertades fundamentales, seguridad en el regreso para los exiliados, libertad irrestricta de prensa, reintegro laboral de los despedidos en el sector público, entre otras. Parecía —pero solo parecía— que Ortega iba a ceder con la venia de casa por cárcel para ciertos presos.	Sin haber intenciones de cumplir el resto de exigencias, el régimen se sentó en el Incae y elaboraron una “hoja de ruta”. Resultando muy curioso el hecho de que no hubiera consenso para los garantes. El pueblo cuestionó mucho esa semana. Los Ortega-Murillo creían que tenían ventajas y parecían imponer su capricho. En realidad, decían desde El Carmen: “Vamos ganando”.	Pero ¿qué pasó? La Conferencia Episcopal decide no ir a las negociaciones, lo que sepulta al régimen aún más, y el pueblo respalda la decisión de los obispos. Por otro lado, hace reconsiderar a la Alianza que emite un comunicado anunciando que suspende su participación en la negociación. Entonces la pregunta es: ¿Cuál es la ruta a seguir? Porque la situación obliga de manera imperativa a resolver la crisis, la que solo se dará a través de elecciones anticipadas.	El asunto también amerita cuestionamientos por el plazo que dio la Unión Europea para resolver el problema. Este Diálogo 2.0 traería como beneficio que las sanciones se pospusieran. Para colmo del cinismo del régimen, ofrece canje de presos y que no se den las sanciones. Pero quiera o no, sanciones habrán. Sus crímenes de lesa humanidad lo exigen.	Por tanto, lo que se puede esperar es el curso de la aprobación de la Carta Democrática como ultimátum para Ortega-Murillo. Y no tengo idea del tipo de sanciones de la Unión Europea y de EE. UU. El sector privado debe considerar la posibilidad de la suspensión del Cafta para Nicaragua, así como la activación de la cláusula democrática del acuerdo con la Unión Europea y el país.	Estamos frente a un desafío histórico. Vamos acercándonos al año del estallido de la crisis y aún no hay solución. Las presiones internas deben ejecutarse para que hagan efecto con las sanciones del exterior. Si no hay voluntad del régimen para salir de la crisis, terminemos de asfixiar su déficit presupuestario.