El pedido fue claro en el Congreso de Estados Unidos: urgen más sanciones contra altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega por las violaciones de los derechos humanos que le ha costado la vida a más de 300 nicaragüenses. Esta fue la petición que hizo esta mañana Human Rights Watch (HRW) en una audiencia sobre la crisis en Nicaragua realizada en el Subcomité sobre Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.	La organización internacional de derechos humanos instó al Congreso de Estados Unidos ha pedirle a Nicaragua la creación de una unidad especial, en la que esté el  Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que “supervise la investigación penal de los delitos más atroces ocurridos en el contexto de las protestas”.	Actualmente Estados Unidos ha sancionado con la Ley Magnitsky  y otros instrumentos legales a altos cargos de la dictadura, incluido el hijo de Ortega, Laureano, y Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa del dictador. Junto a ellos, también están castigados el jefe de la policía y consuegro de la pareja presidencial, Francisco Díaz, señalado de ejecutar la presión.	El Congreso de Estados Unidos también activada para Nicaragua la Nica Act, que busca bloquear el financiamiento del Gobierno de Ortega en los organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dos de las principales fuentes de recursos de los proyectos de inversión que ejecuta el Ejecutivo.	Sobre la Ley de Amnistía que el régimen aprobó el 8 de junio bajo la excusa de que esta serviría para liberar  a los presos políticos, Human Rights Watch recordó que si bien dicha ley indica que de la misma se excluyen “los delitos regulados en tratados internacionales ratificados por Nicaragua… (debido a) la falta de independencia judicial en el país, existe un serio riesgo de que la ley sea usada para consolidar la impunidad de la que ya gozan los funcionarios responsables de serios abusos en el país”.