"En muchos Estados, las autoridades tienden a esperar horas, dicen 24 horas, 36 horas o 72 horas para empezar a buscar a una persona que se reporta como desaparecida, y resulta que esas horas son cruciales para encontrar a la persona", asegura esta experta colombiana en una entrevista con Acan-Efe.	Consciente del drama de los migrantes desaparecidos, miles de personas en todo el mundo que pueden ser víctimas de trata, trabajos forzados o esclavitud, Galvis recuerda que recientemente el Comité publicó unos principios para hacer esta búsqueda y que están basados en el respeto a la dignidad humana, la cooperación entre Estados o la necesidad de una estrategia integral.	En ese documento se hace además especial mención a los migrantes, que enfrentan una mayor vulnerabilidad a la hora de cruzar fronteras legal o ilegalmente, especialmente los niños no acompañados, y pide a los países adecuar los mecanismos de búsqueda a las dificultades de las situaciones migratorias con el pleno respeto a las normas internacionales sobre no-devolución.	"En este contexto de la migración, la coordinación entre las autoridades y la reacción y la búsqueda inmediata son cruciales si es que se quieren aumentar las posibilidades de encontrar a las personas desaparecidas", proclama la docente e investigadora del Área de Derecho Internacional del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia.	Pero hay otro factor que influye de forma determinante en este proceso: la participación de los familiares y los allegados de las víctimas. Y en este sentido Galvis certifica que es imprescindible tener un "pleno contacto con las familias", que son quienes tienen información "de primera mano" de lo que ha pasado con sus seres queridos.	"En muchos casos, no necesariamente de mala fe si no por inercias de funcionamiento de las burocracias, empiezan a actuar sin tener en cuenta todas estas esferas, sin contar con la información crucial que tiene los familiares, sin la información precisa y sin los recursos adecuados", evoca al admitir que muchas veces no se les tiene en cuenta.	Y ello a pesar de que "sí" hay un vínculo entre la desaparición forzada y la migración en la medida en la que las personas están "en un estado de vulnerabilidad" mientras cruzan países, una travesía que comporta ese riesgo u otros, como ser captadas por organizaciones del crimen organizado que "muchas veces las desaparecen" o que las pueden someter a esclavitud o trabajos forzados.	Unas de las funciones del Comité, creado en el año 2011, es la supervisión de la situación general del cumplimiento de la convención internacional para la desaparición forzada de personas en los Estados que la han ratificado, y en ese sentido los últimos países analizados en la región fueron México y Honduras.	Y es que el Comité puede recibir lo que se conoce como "acciones urgentes", un mecanismo que está a disposición de los ciudadanos para poner en su conocimiento que una persona ha desaparecido y que este se dirija al Estado "para ordenarle que tome medidas orientas para buscar y localizar a esas personas".	La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, señala que estas se producen siempre que "se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento".	Y para lograr su pleno cumplimiento, Galvis fue una de las expertas que asistió a una reunión del Comité Internacional de la Cruz Roja en la ciudad colonial de Antigua, Guatemala, un evento en el que se han empezado a delinear los puntos de un plan mundial que busca prevenir la desaparición forzada, hallar a los desaparecidos y poner nombre a los sin nombre.