A un año del levantamiento social contra la dictadura de Daniel Ortega, a Nicaragua aún “le duele respirar”. Las heridas por las balas disparadas por la Policía Orteguista (PO) y los grupos de choque del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen abiertas en las madres, esposas e hijos de quienes perdieron a un familiar en los brutales ataques contra la población.	La rebelión que estalló el 18 de abril del 2018 no se ha silenciado, aunque la dictadura sigue reprimiendo y se expone vencedora de lo que califica un “intento de golpe de Estado”, como una manera de justificar sus crímenes de lesa humanidad, según de lo que la han responsabilizado organismos de derechos humanos internacionales.	Reflejo de un país hundido en una crisis que parece lejos de resolverse son las voces de las familias de los entre 325 y 535 asesinados exigiendo justicia; los piquetes y otras formas clandestinas en que jóvenes, junto a más ciudadanos, siguen protestando por la libertad de los presos políticos, así como el deterioro de la economía y la comunidad internacional aplicando sanciones.	La Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) fue uno de los bastiones de las protestas donde cientos de estudiantes se atrincheraron desde el 19 de abril hasta el 9 de junio pasados, como parte de las protestas surgidas contra unas reformas a la seguridad social que quitaban el 5 por ciento de las pensiones a los jubilados, aumentaban la cotización laboral y de las empresas.	Desde tempranas horas de ese 19 de abril del 2018 los estudiantes de las universidades Upoli, UCA, UNAN, UNI y UNA, en Managua, y en las sedes de otros departamentos dieron batalla a los antimotines y grupos de choque que recibieron orden de reprender las protestas. La criminal represión, las cual desde los primeros días dejó decenas de muertos, impulsó al pueblo en todo el país a lanzarse a las calles exigiendo la renuncia de Ortega y Murillo.	Noel Ramón Calderón Lagos, de 19 años de edad, era uno de los atrincherados en la Upoli. Él murió junto a su padrastro Humberto Antonio Parrales Reyes en una emboscada de paramilitares el 16 de mayo del 2018, cuando a eso de las 9:30 de la noche salieron de la Upoli en busca de una medicina para Noel.	Desde el exilio Magaly Lagos, madre de Noel y esposa de Humberto, contó vía telefónica a LA PRENSA que la versión del joven que sobrevivió al atentado, es que paramilitares en una camioneta y en un taxi los emboscaron en el sector de la Iglesia Pío X, en Bello Horizonte. Los paramilitares golpearon con sus vehículos y dispararon contra los de la moto, causando que uno de los tripulantes cayera en la calle, pero los otros dos se estrellaron contra un rótulo del restaurante Don Pez.	“Mi hijo traía en sus pies y manos unos hoyos negros. El médico forense del Hospital Vivian Pellas, donde les hicieron la autopsia, me explicó que a mi hijo lo torturaron con choques eléctricos tan fuertes que le causaron varios infartos. A mi esposo lo destrozaron”, relata Lagos mientras su voz se ahoga en llanto.crímenes en la impunidad	La historia de tortura y muerte de Humberto y Noel es descrita en el informe del GIEI, y es de los cientos de casos constatados —por los especialistas— del excesivo abuso de la fuerza por parte de la PO y paramilitares que incluyó tratos degradantes, violaciones sexuales, tratos crueles e inhumanos contra manifestantes autoconvocados.	Igual de herida está la economía, que como efecto de la crisis cayó 3.8 por ciento en 2018, dejando más de 417 mil personas sin empleos entre formales e informales. La falta de un acuerdo entre el régimen de Ortega y la Alianza Cívica en torno a libertad, justicia y democracia está hundiendo más la economía de Nicaragua.	A pesar que Ortega y sus delegados en las negociaciones juran tener voluntad de lograr un acuerdo que ponga fin a la crisis, ha incumplido los acuerdos ya firmados al negarse a liberar a todos los 779 presos políticos (encarcelados y excarcelados) entre los que están los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora. Más bien persiste el asedio y secuestro a quienes se atreven a protestar.	Carlos Tünnermann y José Pallais, de la Alianza en las negociaciones, tienen grandes expectativas sobre las propuestas de implementación de los acuerdos sobre la liberación de los presos políticos y derechos fundamentales que les presentarán a las partes los testigos y acompañantes de las conversaciones como son el nuncio Waldemar Sommertag y Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la OEA.	Los testigos citaron a las partes el próximo 23 de abril. Pallais dice que el nuncio y Rosadilla estarían asumiendo “un rol más activo, dado el estancamiento de la negociación, siendo mediador con el objetivo de superar el impasse, y ojalá sus propuestas hagan que el gobierno empiece a cumplir, por ejemplo, liberando a lo inmediato a los 262 presos políticos ya consensuados en las listas por la Cruz Roja Internacional”.	Y aunque en Nicaragua, la Organización de Estados Americanos y el Vaticano están intentando ayudar a Nicaragua a salir de la crisis, el régimen aún no muestra voluntad para alcanzar ese objetivo a través de reformas institucionales y electorales, que den paso a elecciones anticipadas y encauzar al país hacia la democracia.