La corte internacional ha abierto hasta la fecha un "examen preliminar" sobre el caso, paso previo al comienzo de la investigación. CASLA también entregó su documentación sobre torturas a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA), que la empleó para determinar en un informe casos de crímenes de lesa humanidad.	Dicho informe de la OEA ha sido hasta la fecha suscrito por Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Colombia y Canadá, lo que acelera la fase preliminar de la CPI, según Sujú. La abogada venezolana, que está exiliada en la República Checa, considera que no existen garantías de imparcialidad en el actual sistema judicial venezolano.