Es importante no generar falsas expectativas sobre los resultados de la próxima Asamblea General de la OEA. La primera prueba será la aprobación de la agenda provisional, en la que aparece la situación en Nicaragua como tema solicitado por Canadá, en su calidad de presidente del Grupo de Trabajo, y que requiere mayoría de dos tercios. A este respecto, la delegación de los ORMU ya presentó una nota de rechazo a la inclusión del tema, por considerarlo una intrusión en los asuntos internos. Sin embargo, fuera de los tres consabidos votos, es improbable que haya países que se opongan a la discusión de una situación que ya mereció una resolución en la Asamblea pasada, que ha sido examinada por el Consejo Permanente repetidas veces, quien además recomendó su inclusión en el temario.	Se ha señalado, con razón, que para la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática es necesario que el Consejo Permanente convoque a una Asamblea extraordinaria y que, por tanto, no es a esta Asamblea a quien compete dicha decisión. Lo que sí podría hacer es solicitar al Consejo Permanente que proceda de conformidad, siempre y cuando este cuente con los dos tercios necesarios para convocarla.	El gran problema sigue siendo la mayoría calificada de dos tercios que las Cartas Democráticas y de la OEA exigen para suspender a uno de sus miembros, 24 votos que no terminan de alcanzarse. De ahí que, mientras tanto, sea necesario desarrollar, en el marco de diferentes enfoques, acciones que sin llegar a la suspensión signifiquen presiones efectivas a la dictadura para conducir la crisis hacia una salida pacífica y negociada.	Sabido es que las tiranías lo son por falta de legitimidad de origen, es decir, por la forma ilegal y violenta en que accedieron al poder, o por falta de legitimidad derivada, por la forma abusiva e ilegal de ejercerlo. La tiranía ORMU lo es por partida doble; pero, hasta hoy, la OEA se ha concentrado en el examen de la ilegitimidad derivada, sobre la base de los contundentes informes de la CIDH y el GIEI en materia de las masivas violaciones a los derechos humanos. Un nuevo giro se dio, sin embargo, en la última reunión del Consejo Permanente, con el inicio del examen de la ilegitimidad de origen. El desconocimiento de la legitimidad del gobierno ORMU, por la violación de la prohibición constitucional de reelección en 2011, el fraude descarado de 2016, la comisión de crímenes de lesa humanidad y la instauración de un régimen de facto policíaco, con la consecuente necesidad de convocar elecciones cuanto antes, es algo que entre otras cosas la Asamblea en Medellín podría declarar.