La diputada Mónica Baltodano, del MRS, recientemente hizo pública la posibilidad de presentar una iniciativa de ley para declarar incapaz al Presidente y removerlo de su cargo, al tenor del Art. 149 Cn., pues “(Ortega) está cada vez más fuera de la realidad”. Dicho artículo establece como falta definitiva del Presidente o Vicepresidente “la incapacidad total permanente declarada por la Asamblea Nacional, aprobada por los dos tercios de los diputados”. Las otras dos faltas mencionadas por el Texto Supremo son evidentes: renuncia (aceptada por Legislativo) o muerte.	Hojeando nuestras constituciones desde 1821, el 149 Cn. actual representa el único caso que tan cristalinamente faculta al Parlamento para remover al Presidente. No existe jurisprudencia ni recursos sobre el mismo. Su redacción vigente no solicita prueba de la incapacidad (dictamen médico de la minusvalía psíquica o física privativa que imposibilita continuar las tareas de gobernante). Se exige, a secas, 56 votos del total de 92 diputados.	La incapacidad del gobernante jamás se consideró razón para que dejara el poder definitivamente. (Nota humorística: con las Cn. de 1948 y 1973, los Somoza sí podían “suspender los derechos” de los ciudadanos por incapacidad). Esta facultad parlamentaria no estaba siquiera en la redacción de la Constitución en 1987, en donde de hecho, fiel a todas las anteriores, no se nombran las faltas temporales o definitivas del Jefe de Gobierno, limitándose a ofrecer la cadena de sustitución (Presidente-Vicepresidente-Presidente del Parlamento o quien haga sus veces). Es con la Ley 192 o Reformas de 1995 que aparece la reescritura del 149 Cn., finalizando la amplia interpretación política anterior. Para Nicaragua, antes de 1995,la única mención constitucional que designa otra falta definitiva, además del deceso, nos remonta a la Constitución Política de los Estados Unidos de Centroamérica (1898) y su Art. 94: la “remoción” (sin detalles).	Persistentes los ecos de cambio de sistema, el 149 Cn. equivale en nuestro “presidencialismo” al voto (o moción) de censura del sistema parlamentario, figura de balance de poder que mantiene la dinámica política cuando el Jefe de Gobierno (Primer Ministro) pierde la “confianza” del pueblo, representado por el Legislativo y, de manera consecuente, se le sustituye. Este espíritu es aceptado tácita y expresamente por el PLC y por el FSLN, al establecerlo en el 149 Cn. y mantenerlo en los distintos “retoques” constitucionales (1995, 2000, 2005). Es más, en las Propuestas de Reforma que semanas atrás aspiraba a instaurar el chabacano “parlamentarismo a lo nica”, el artículo no sólo permanece vigente aplicable al Presidente, sino ampliado al Primer Ministro.	Políticamente, las bancadas de oposición (ALN, PLC y MRS) no suman ni los 52 votos que tenían a inicios del año, pues eso incluiría a los diputados “independientes” (Valle, Talavera, Jiménez, et al) y a los miembros de la paradójica Bancada por la Unidad. Aun en el hipotético caso de sumar todos los 52 votos de oposición publicitados, éstos son insuficientes si no se cuenta con cuatro votos sandinistas. ¿Qué tan posible es conseguirlos, siendo el FLSN la bancada más monolítica y disciplinada?	Un caso reciente que podría tener similitudes con Nicaragua es Ecuador en 1997, cuando el excéntrico presidente Abdalá Bucaram (quien se hacía llamar “El Loco que Ama”) fue destituido por presiones populares y removido por el Congreso bajo “incapacidad mental”, sin examen médico y con mayoría simple (aunque por ley se requería dos terceras partes). Los diputados lo sustituyeron con el Presidente del Congreso, Fabián Alarcón, y no con la sucesora constitucional, la vicepresidenta Rosalía Arteaga, quien también se proclamó, explotando la “crisis de los tres presidentes” con tal intensidad que precisó la intervención del Ejército. La página web (http://www.presidencia.gov.ec) del actual Gobierno de Rafael Correa (izq.) recuerda a Bucaram como alguien que “no se sentó a gobernar con seriedad (…). Gastó los fondos públicos en comprar el afecto del pueblo y la cooperación del Congreso, y no logró (…). Toleró y fomentó la corrupción (…). Abusó del nepotismo (…). Aunque buscó la paz, el comercio y la inversión extranjera con otros países, borró sus logros con la imagen que desde su persona se proyectaba sobre el país visto como anárquico, tropical, inestable, nada serio. Fomentó el culto a su persona, quiso estar en todo (…). No reparó en seguir insultando a quienes se le oponían. Maltrató a la prensa, a la que no escuchó, a la que trató unas veces con arrogancia y otras con servilismo, a la que amenazó (…). Con una conducta presidencial tan contradictoria, incoherente, irrespetuosa y agitada, su plan tenía una mínima probabilidad de ser puesto en ejecución…”. Apenas seis meses duró “El Loco” en el poder.	Nicaragua tiene sus propios ejemplos: a inicios de 1926, con el “El Lomazo”, Emiliano Chamorro realiza Golpe de Estado al Ejecutivo de Carlos Solórzano y de Juan Bautista Sacasa, y el Congreso chamorrista abre juicio y declara incapaz de gobernar a Solórzano, iniciando la Guerra Constitucional que llevaría a la intervención gringa de 1927. Décadas después, en 1947, el candidato de Somoza García, Leonardo Argüello, “gana” las elecciones, pero al tomar posesión se declara independiente, y para demostrarlo, destituye al joven Anastasio Somoza Debayle de la Academia Militar y lo reasigna a un fortín lejos de Managua. Somoza y su Congreso reaccionan declarándolo incapaz de gobernar. ¿La prueba de su demencia? “Le había tocado los huevos y pezuñas al tigre mandando a un cerro inhóspito a Tachito. ¿Qué más prueba que esa? (Adolfo Urrutia, diputado somocista)”. Duró 25 días como presidente. En ambos casos, y a diferencia del 149 Cn. actual, la Constitución no nombraba las faltas definitivas ni los procedimientos, y todo quedó a la “interpretación política” de entonces, es decir, a los caprichos de los caudillos.	Con el escenario actual, un juego de preguntas e incertidumbres domina el escenario. ¿Qué sucedería si se declarase incapaz a Ortega? ¿Cómo respondería la población? ¿Permitiría el FSLN que después de 16 años fuera del Ejecutivo, éste pase al vicepresidente Jaime Morales Carazo, excluido hasta ahora? ¿Cuál sería la respuesta rojinegra y de Ortega, quien en los últimos días ha sido enfático en que los nicaragüenses debemos conocer y respetar nuestra Constitución Política? ¿Respetaría el Presidente esta figura del “parlamentarismo” siendo él uno de los más interesados en implantar este sistema? ¿No estará abriendo tempranamente la diputada Baltodano una peligrosa caja de Pandora? ¿No es esto, ante todo, un llamado a la reflexión? O al contrario, ¿polarizaría aún más la situación nacional? 149 y 56 son los números que nos tienen a la expectativa. Jurídicamente, la puerta está abierta.