El régimen orteguista hizo público el 22 de mayo un documento titulado “Programa de trabajo del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para consolidar la estabilidad y la paz en Nicaragua”. El plan oficialista fue presentado después que la Alianza Cívica anunció que se retira de las negociaciones con el régimen hasta que todos los presos políticos sean puestos en libertad; y de que convocó al paro nacional que se realizó exitosamente el jueves 23 de mayo.	Además, este programa de la dictadura fue presentado un día después de que el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución en la que exige la liberación de los presos políticos, el restablecimiento de las libertades fundamentales, el retorno de los organismos internacionales de derechos humanos y un acuerdo para la realización de elecciones según los estándares internacionales.	En su programa el régimen se compromete —otra vez— a liberar todos los presos políticos antes del 18 de junio. Dice que continuará el proceso de reformas electorales que ha acordado con la OEA. Promete respetar las garantías constitucionales de los ciudadanos. Ofrece un programa de atención a las víctimas de las protestas de abril y meses siguientes del año pasado, pero entendiendo como tales solo a las del bando oficialista. Habla de promover el retorno de los exiliados y apela para que le suspendan las sanciones externas.	Posteriormente el régimen agregó a su plan unilateral los puntos de promover la reconciliación nacional según como la entienden Ortega y Murillo, aprobar una ley de “paz y perdón”, obligar a quienes han apoyado o participado en las protestas contra el régimen a que desistan de su actitud; y orientar a sus embajadas en el exterior a facilitar la repatriación de los exiliados.	La Alianza Cívica ha entendido el anuncio de este programa como que el régimen está optando por la vía unilateral para buscar una solución de la crisis de conformidad con sus propias conveniencias y fines políticos. Pero “es iluso pensar que unilateralmente puedan recomponer un Estado cuya institucionalidad ha sido derruida por el propio régimen”, opina el jurista y político liberal José Pallais, uno de los miembros de la Alianza que han estado negociando con el régimen.	Sin embargo, si Ortega y Murillo quisieran realmente resolver la crisis como debe ser, o sea desmontando la dictadura y restableciendo el orden político democrático, también podrían hacerlo de manera unilateral. Bastaría con que dejaran en libertad a todos los presos políticos; que respetaran los derechos humanos y las libertades individuales y públicas garantizados por la Constitución; que independizaran el poder electoral y permitieran elecciones transparentes y supervisadas internacionalmente.