La dirigencia y la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, asegura que los decretos ejecutivos sobre la creación de los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano son “nulos de toda nulidad”, porque el presidente de la República, Daniel Ortega, omitió un requisito de orden constitucional, como es la firma del secretario de la Presidencia.	El primer vicepresidente del PLC y directivo parlamentario, Wilfredo Navarro, informó en una rueda de prensa que el nombramiento de Rosario Murillo como secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social, Conpes, también es ilegal, porque está inhabilitada para el cargo de acuerdo con la Ley 438, “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”.	En el primer caso, Navarro informó que el artículo 151 constitucional en el segundo párrafo señala que “los decretos y providencias del presidente de la República deben ser refrendados por los ministros de Estado de las respectivas ramas, salvo aquellos acuerdos que se refieran a nombramientos o remoción de sus ministros o viceministros de Estado”.	El político liberal le recordó al mandatario Daniel Ortega que hay varios antecedentes jurídicos al respecto, entre ellos uno de julio de 2005, en donde la Corte Suprema de Justicia, CSJ, declaró inconstitucionales dos decretos ejecutivos, el 43-05 y el 44-05, por carecer de los refrendos y firmas de los secretarios y ministros respectivos, “incurriendo de esta manera en una inconstitucionalidad de forma al haberse omitido un requisito de orden constitucional”.	Sobre el nombramiento de Murillo, el diputado liberal leyó el inciso a del artículo 11 de la Ley 438, que dice que son inhábiles para el ejercicio de la función pública “el cónyuge o acompañante en unión de hecho estable, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y hasta el segundo de afinidad del servidor público que hace el nombramiento o contratación o de la persona de donde hubiere emanado esta autoridad”.