La reforma del Estado es el término que más repiten analistas consultados por Acan-Efe al señalar la principal tarea que le tocará emprender al gobierno que sea electo en Panamá el próximo 5 de mayo, y que pasa por cambios a la Carta Magna, la Seguridad Social, el sistema educativo y servicios como el agua.	En los comicios, a los que están llamados a las urnas más de 2,7 millones de personas, compiten por la Presidencia los opositores Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático (PRD); Rómulo Roux del Cambio Democrático (CD); y Saúl Méndez del Frente Amplio por la Democracia (FAD); además de José Blandón por el gobernante Partido Panameñista, y los independientes Ana Matilde Gómez, Ricardo Lombana y Marco Ameglio.	Estas son algunas de las claves definidas por las fuentes consultadas sobre los deberes del futuro gobierno, que heredará una deuda pública de más de 25.000 millones de dólares pero con un aval internacional que mantiene al país con grado de inversión estable aunque con el alerta de la necesidad de un férreo control fiscal.	Subir la cantidad de aportaciones, emparejar la edad de jubilación entre hombre (62) y mujeres (57), incrementar el porcentaje del aporte que hacen empresas y trabajadores son los puntos más polémicos de una reforma que tendrá un altísimo costo político, y que no podrá obviar cambios en los regímenes de trabajo de diferentes sectores que gozan de privilegios y derechos adquiridos.	Equiparar las habilidades que se imparten en las escuelas y universidades para las necesidades de la vida laboral o el emprendimiento, la exigencia de productividad a los educadores y su sometimiento a una evaluación constante, son algunos de los aspectos que debe enfrentar el próximo mandatario para que el país recupere competitividad, que ha perdido en los últimos tiempos en parte porque las empresas no consiguen personal con los conocimientos requeridos.	Desde fines de los años 1990 se estableció mediante un estudio internacional que Panamá no tiene problemas de acceso al agua por la gran cantidad de lluvias que caen sobre el país casi 9 meses del año, pero en aquel entonces no pesaba en las consideraciones el factor cambio climático, que ya este año ha obligado a reducir calado en el Canal.	El próximo gobierno tendrá que rendir más cuentas ante una ciudadanía más exigente, y los grupos organizados de la sociedad civil continuarán presionando para que el combate a la corrupción alcance a todas las instituciones, empezando por el cuestionado sistema de administración de justicia, la reforma a la ley de contrataciones públicas, y el mecanismo de nombramiento de los funcionarios que termina en una negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo para "conciliar" y que no siempre se decanta por el mas capaz.