El reporte menciona el ataque de 15 horas contra la iglesia de la Divina Misericordia, donde se refugiaban 200 personas, explica que el Gobierno calificó al clero de “terrorista y mente peligrosa”, menciona el ataque contra el padre Edwin Román en Masaya, a manos del mismo comisionado Ramón Avelán, las agresiones contra religiosos en la parroquia de San Sebastián en Diriamba, incluido el nuncio apostólico, Waldemar Sommertag, así como las amenazas al obispo Silvio Báez, entre otros casos.	“El clero canceló las fiestas patronales tradicionales para respetar el luto de las familias que perdieron a sus seres queridos durante las protestas y anunció que en su lugar marcaría la ocasión con una misa. Los funcionarios del gobierno municipal del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), junto con la policía local, ignoraron la decisión del clero local y celebraron un desfile con una réplica de la estatua del santo patrón original. Tocaron a gran volumen una mezcla de música religiosa y partidista fuera de la iglesia durante la misa”, describe el documento.	El informe detalla que “los medios oficiales, sin embargo, informaron que los presos asistían a celebraciones católicas y evangélicas protestantes. Varios líderes católicos dijeron que, a partir de julio, los guardias de las prisiones también negaron que el clero católico fuera considerado crítico con el acceso del Gobierno a los presos políticos varones, lo que les impide ofrecer sacramentos religiosos como la comunión y la confesión a los detenidos”.	“Tanto los líderes católicos como los protestantes dijeron que había investigaciones de sus organizaciones por parte del organismo gubernamental contra el lavado de dinero, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), principalmente por transacciones financieras que el Gobierno dijo que estaban vinculadas a las protestas”, se lee en el reporte de 10 páginas dedicadas a las violaciones hacia las entidades religiosas nicaragüenses.	El informe manifiesta que los líderes de iglesias no católicas dijeron que el uso del de la UAF por parte del Gobierno y otros mecanismos de represalia como las que se hacen a las ONG, algunas que incluso perdieron sus personerías jurídicas, “los hace particularmente vulnerables a las acciones gubernamentales”, particularmente porque a diferencia de los católicos, estas iglesias son controladas por el Ministerio de Gobernación y deben presentar informes periódicos.	Por otra parte, aunque la iglesia Católica no está obligada a registrarse, las organizaciones dedicadas a la caridad u otro trabajo social afiliado a la iglesia Católica se deben registrar, también los religiosos o misioneros que desean evangelizar en el país deben, según el Gobierno de Nicaragua, “proporcionar información sobre la naturaleza de su trabajo misionero antes de que el Ministerio del Interior (Gobernación) autorice la entrada al país”.	En estas reuniones, los representantes de la embajada discutieron las preocupaciones sobre la politización de la religión, las represalias gubernamentales contra los grupos religiosos activos, las limitaciones a la libertad de religión y la posibilidad de mantener grupos de trabajo interreligiosos para promover el respeto por la libertad religiosa, la diversidad y la tolerancia.	Según el Departamento de Estado, han tomado en cuenta las consideraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que informó sobre "graves violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas sociales en Nicaragua", además de agregar detalles de las revelaciones de Amnistía Internacional, donde describe que en octubre el Gobierno de Ortega había implementado una estrategia de represión.