Aguerri afirmó que mantener vínculos empresariales con los sancionados es un riesgo. “Sería una afectación, no solo para el funcionario sancionado, sino que corre riesgo el mismo empresario si no toma en cuenta esa recomendación”, explicó el presidente del Cosep, aunque reconoció que es “una prerrogativa del Gobierno” decidir qué hacer con la persona sancionada.	“La sanción no es para que los despidan o no los despidan, esa es una decisión que le corresponde al Gobierno. La sanción es para la persona, para que no pueda entrar al país que lo sanciona, para que ninguna empresa pueda tener relaciones con ellos y desde ese punto de vista, los bancos han tomado la decisión, por su propia certidumbre, de cerrar las cuentas de estas personas y esto significa las cuentas personales e institucionales”, señaló Aguerri.	Explicó que aunque las sanciones son personales, no institucionales, tienen un efecto sobre la entidad estatal “porque cuando el sancionado es el representante legal y la cabeza de la institución y quien administra los recursos de la misma, se ve afectada la entidad en la administración de los recursos, principalmente en todas las transacciones bancarias”.	“No pueden firmar contratos con los bancos, no pueden firmar cheques ni hacer ninguna operación bancaria, lo cual estaría obligando a estas instituciones a sustituir la firma registrada en sus operaciones con la banca nacional e incluso en sus operaciones internacionales. Si tuvieran créditos con bancos del extranjero, igualmente estarían afectadas”, subrayó Pallais.	Según Tünnermann, lo que correspondía en el caso de Gustavo Porras era la renuncia, “que se escogiera a un nuevo presidente (del Parlamento) que asumiera las funciones administrativas, pero como quieren mantener a Porras en la presidencia (legislativa), se salieron por la tangente creando un órgano administrativo que no estaba previsto en la Ley Orgánica”.