El portavoz de la Comisión, Matías Ponce, reconoció a Efe que si bien "subsisten las situaciones de riesgo y desprotección derivadas de las decisiones gubernamentales", la Comisión ha venido retomando las labores propias de su mandato y este día hizo lo propio con las "actividades litigiosas", es decir, su participación en las audiencias judiciales.	En esta causa, que se remonta a un conflicto por la herencia de tierras entre los hermanos Melgar Padilla (Érick y el diputado oficialista Herberth Melgar Padilla), está implicado entre otros un exfiscal del crimen organizado y un general por la supuesta manipulación de testigos y pruebas para implicar a otras personas en el asesinato de José Armando Melgar Moreno (padre del general y el diputado) ocurrido el 9 de diciembre de 2012.	La participación del personal de la Cicig en la audiencia, continuó Ponce, es en atención "a las necesidades y exigencias de los procesos, así como los requerimientos de los órganos jurisdiccionales", pero se tomó después de adoptar las medidas de seguridad "apropiadas" y solicitar el acompañamiento de organismos de derechos humanos para "el mismo efecto".	A pesar de que la Corte de Constitucionalidad ha amparado a activistas, abogados y entidades como la Procuraduría de los Derechos Humanos para evitar que el Gobierno concrete la salida anticipada de la Cicig, anunciada el 7 de enero pasado, el Gobierno no ha desistido en su esfuerzo para terminar con la entidad.