Oct. 20, 2008, 10:35 a.m. El Washington Post esta semana publicó un artículo en el cual muestra la penosa experiencia de Norma Portales, quien es una inmigrante indocumentada, madre de tres niños con edades de dos meses, cuatro y ochos años respectivamente. Hace dos semanas conducía su auto en una calle del norte de Virginia dirigiéndose hacia su empleo, cuando hizo un viraje ilegal que produjo a un policía detenerla y hacerle una pregunta, que hasta hace unos meses era exclusiva de las autoridades migratorias: ¿Está legalmente residiendo en este país y puede mostrarme su green card?	Esta conducta policial es implementada acorde al programa conocido como 287(g), el cual esencialmente coerce a la policía local y oficiales carcelarios a asistir a la oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, siglas en ingles), a identificar inmigrantes indocumentados al momento de cometer una violación a las leyes o ser arrestado por algún delito.	Los representantes políticos de los ayuntamientos en los condados de Prince William y Loudon, y otras ciudades como Herndon, que cuentan con una notada presencia latinoamericana, han aprobado la aplicación discriminada de esta regulación anti inmigrante, la cual, convierte el sueño de personas honestas y trabajadoras como la hondureña Norma Portales en una pesadilla.	Norma fue arrestada por ser indocumentada, esposada y encarcelada por seis días, sin poder amamantar a su infante de dos meses de edad, quien debido a ello tuvo que ser internado de emergencia en un hospital. Actualmente, es controlada por medio de un brazalete electrónico que le fue colocado en su pie, mientras espera su deportación de este país.	¿De qué manera podemos ayudarlos? Manifestando unida y abiertamente nuestro descontento, pero mejor aún, tomando medidas conjuntas para atacar lo que más les duele y eso es la economía local. Al dejar de comprar y gastar nuestro dinero en el estado de Virginia, podríamos demostrar nuestro poderío y castigar a quienes nos desprecian como raza, pero que nos necesitan como pilares de sus economías.	Este es tiempo de acción cívica, es tiempo de organizarse y manifestar que no seremos más muñecos, a los cuales pueden tratar como les dé la gana, es tiempo de tener dignidad y exigir respeto. Nuestro compromiso con esta sociedad se manifiesta con el empeño y el trabajo honesto que realizamos diariamente, y no es justo que las familias hispanas sean separadas, encadenadas y deportadas. La emigración latinoamericana es la consecuencia de la política exterior de este país durante el siglo pasado y es su responsabilidad histórica, solucionarla con justicia para todos.	Que no quepa la menor duda, que mañana un policía en Virginia, sin importar que seas ciudadano nacionalizado o nacido, por cualquier motivo que considere oportuno, de manera discriminada debido a nuestra raza, nos forzará a que le mostremos una green card, y eso es humillante, así como denigrante, además, de inconstitucional.	Exhorto una vez más a las organizaciones pro inmigrantes, a los medios de comunicación y a la ciudadanía latinoamericana en general, a mantener la presión política, si es posible, también fomentar la austeridad económica en el estado de Virginia durante este fin de año promoviendo una campaña de NO DÓLARES LATINOS A VIRGINIA. Apoyemos solo los negocios latinos en Virginia y el resto de necesidades comprémoslas en DC o MD. Igualmente invito a que este esfuerzo se multiplique en otras zonas del país a donde la provisión 287(g) se aplica.	En El Salvador se realizará este mes la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, seria oportuno que en esta oportunidad nuestros representantes políticos  expresen nuestra disconformidad de manera unánime y ejecuten acciones diplomáticas que presionen a los candidatos presidenciales Obama y McCain, así como, al Presidente Bush, a mostrar humanidad hacia los ciudadanos latinoamericanos en este país, así, detengan las redadas y deportaciones hasta que se resuelva este problema en una reforma migratoria integral.