“Conocemos que esta baja tiene que ver con las amenazas que reciben los familiares de detenidos por parte de la policía en El Chipote o en el SPN, que si recurren a denunciar a las organizaciones de derechos humanos, al detenido le irá peor”, dijo Sequeira. Los familiares que denunciaron  indicaron que no lo hicieron de inmediato por la intimidación.	“La mayoría (un 70% de las denuncias) están vinculadas a personas que participaron en las protestas o que han criticado al Gobierno. Una cantidad menor es contra el sistema penitenciario y el resto están fuera de este ámbito”, comentó la doctora Sequeira, considerando que estos últimos son problemas que se pueden denominar “comunes”.