Ante el asombro y evidente rechazo de la opinión pública, en días pasados, el Ministro de Turismo, don Mario Salinas, anunció la infausta noticia que el presidente de la República obsequiaría a la empresa conocida como Gran Pacífica (concesionaria de la cadena de hoteles Marriott) un fondo del Estado de Nicaragua para capital de trabajo, consistente en ¡10 millones de dólares!, a través del mecanismo de los Certificados de Crédito Fiscal (CCF). Pero antes de explicar la gravedad del caso, aclaremos en qué consisten los famosos CCF, esgrimidos hoy como la vía de escape de una generosa “donación” de fondos públicos que, según el ministro de Turismo, haría el presidente Ortega con carácter de exclusividad a dicho negocio privado.	1. ¿Qué son los Certificados de Crédito Fiscal? Los CCF fueron creados por la Ley de Incentivos para la Industria Turística (No. 306, 1999) y permitían que el 70% del Impuesto sobre la Renta (IR) de ciertos contribuyentes, en vez de pagarse a la DGI, fuese invertido en algún proyecto turístico autorizado por Intur, de manera tal que la DGI recaudaba únicamente el restante 30%. Fue así que determinadas empresas --en su mayoría grandes contribuyentes muy conocidos en el país, contados apenas con los dedos de las manos-- no pagaron el 70% de su IR, para convertirlo en dinero efectivo que los hacía condueños de grandes inversiones turísticas en marcha, según la proporción de lo invertido, y en ocasiones hasta se edificaron proyectos nuevos.	2. Límites al sacrificio fiscal del Estado. Considerando la sensible afectación presupuestaria ocasionada por los CCF, así como la debilidad jurídica de autorizaciones y procedimientos --¡aún no existe el reglamento presidencial que taxativamente norme y controle los CCF!--, cuatro años después de su creación, la Ley de Equidad Fiscal (No. 453, 2003) los abolió por completo para inversiones turísticas futuras, dejando a salvo los aprobados antes de la precitada Ley, con la explícita advertencia que el monto de CCF para todos esos proyectos en su conjunto, no puede exceder los 50 millones de córdobas por año con cargo al Presupuesto de la República (artículo 133, Ley de Equidad Fiscal).	3. El milagro efímero de los BIT. Como para burlar la ley resultan propicias sorpresivas veredas, en 2004 se engendró el sustituto redentor de los CCF bajo la forma de un proyecto de Ley de Bonos de Inversión Turística (BIT), consistente en utilizar fondos públicos para construir inversiones privadas, bajo el disfraz de emisión de bonos a ser redimidos con los impuestos de los nicaragüenses. Así, la reducción a 50 millones de córdobas de los CCF sería reemplazada por el festín de montos ilimitados de los BIT. Esta propuesta fue públicamente auspiciada por la misma empresa Gran Pacífica, y apadrinada por altos funcionarios de la administración de don Enrique Bolaños, hoy opositores al Gobierno y hasta candidatos a elecciones municipales.	Afortunadamente, luego de tres años de debates nacionales y abundantes críticas académicas, sólidamente documentadas, en contra del proyecto de la Ley BIT (2004 a 2006) --que por cierto nunca pudieron refutarse con un mínimo de responsabilidad técnica--, el entuerto fue resuelto de manera rotunda e inapelable mediante el dictamen del ministro de Hacienda Alberto Guevara, presentado a la Asamblea Nacional el 15 de marzo de 2007, que en resumen sentencia: Los BIT desangrarían la Hacienda	4. La resurrección inesperada. Con la muerte de los BIT, a través de la vocería oficiosa del ministro de Turismo, hoy se pretende maquillar los CCF para arrancar del Presupuesto esos 10 millones de dólares. He aquí algunas razones legales que imposibilitan semejante intención:a) Gran Pacífica ha recibido desde sus inicios, absolutamente todas las exoneraciones tributarias que las leyes vigentes en Nicaragua pueden otorgar a una inversión turística de esa envergadura. Pero los inversionistas aún no están satisfechos, y exigen a través de los cuestionados CCF nada menos que otro privilegio ADICIONAL: obtener gratuitamente capital líquido del Estado para construir su empresa. Por tanto, si el Gobierno lo autoriza, violentaría los principios de generalidad y de igualdad ante la ley (artículos 27 y 24 de la Constitución), y estaría imposibilitado de responder a los miles de empresarios --grandes, medianos y pequeños-- que exigirían iguales derechos sin ninguna discriminación.	b) El otorgamiento de los CCF constituye un derecho de los contribuyentes del IR para destinarlos a proyectos turísticos, pero en ningún momento implica obligación del Estado con el proyecto mismo, en el sentido de garantizarle CCF hasta por el monto de la inversión autorizada en el respectivo contrato, como de manera absurda se alega por ahí; y en el caso hipotético que algún contrato con el Estado así lo expresare, esa cláusula sería nula por violar los artículos 130 y 183 de la Constitución, y 58 y 62 del Código Tributario, que imponen controles a las facultades de los servidores públicos cuando actúan a contrapelo de ley.	5. Propuestas. Primera: que el Gabinete Económico someta al presidente Ortega su posición definitiva sobre el caso, orientado por supuesto en la palabra escrita de este mismo Gobierno según el dictamen del ministro de Hacienda, marzo 2007, que declara improcedentes los BIT (recuérdese que los CCF anunciados por el ministro Salinas no son más que los abortados BIT de antaño sin la máscara formal). Segunda: que a través de La Gaceta, Diario Oficial, el Gobierno informe a la nación el listado completo de las empresas que a la fecha han obtenido CCF, y además todos los proyectos turísticos donde estos fueron invertidos. Tercera: si aún persisten las dudas, que el Ejecutivo convoque a un debate académico abierto donde se tomen posiciones públicas en aras del interés nacional.	6. Conclusión. Señor Presidente de la República, antes de ordenar la debida rectificación a su ministro de Turismo, y rechazar de plano los interesados consejos de regalar a un inversionista el dinero del pueblo, respetuosamente le recuerdo que usted está obligado a honrar las enseñanzas lasallistas aprendidas en el Instituto Pedagógico de Managua, y que alguna vez evocara en un emotivo discurso de campaña electoral: “Frente a las grandes disyuntivas o tribulaciones que te abrumen, pregúntate siempre: ¿Qué haría Cristo en mi lugar?”. Es por ello que frente a las presiones de algún John Maisto o su equivalente --la porfiada Gran Pacífica--, el titular del Ejecutivo deberá consultar ante todo la Carta Magna y la ética estatal. Con tantas bases jurídicas, fiscales y morales, el presidente Daniel Ortega jamás podría aducir que no fue oportunamente informado de este oscuro asunto, como tampoco le sería lícito parafrasear la memorable cita del General Sandino antes de ser asesinado: “¡Jodido, mis líderes políticos me embrocaron!”.