El régimen orteguista prepara una reforma a la Ley Electoral para quitarle la administración del Consejo Supremo Electoral (CSE), al magistrado vicepresidente Lumberto Campbell, quien al estar sancionado por Estados Unidos (EE.UU.) no podría seguir con esas funciones, según fuentes legislativas. También prepara cambios en la Ley de Seguridad Social y en la estructura del Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), para igual traspasar la administración de la entidad al estar su presidente, Roberto López, también sancionado por corrupción.	La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó el 7 de noviembre pasado que habían impuesto sanciones al comisionado general de la Policía Orteguista (PO), Ramón Antonio Avellán, Lumberto Ignacio Campbell Hooker, magistrado presidente interino del Consejo Supremo Electoral y Roberto José López Gómez, presidente ejecutivo el INSS.	Ortega no estaría dispuesto a ceder a las presiones de Estados Unidos. Sin embargo, las sanciones impuestas a López y a Campbell complica que ellos puedan seguir como las firmas del manejo del INSS y el CSE, respectivamente, debido a que los bancos, las empresas privadas y los cooperantes estarían obligadas a cortar toda relación de negocios con los funcionarios sancionados, para evitar ser afectados por la medida por parte del gobierno estadounidense.	EE.UU. sancionó a Roberto López por corrupción al señalar al presidente del INSS de realizar y participar en transacciones «en serie que involucran prácticas engañosas o corrupción por o en nombre de, o relacionado, con el Gobierno de Nicaragua, o un funcionario actual o anterior, como la apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno».	Para mantener a López de presidente del INSS sin afectar el funcionamiento del Instituto el régimen analiza las opciones de reformar la Ley Orgánica de la Seguridad Social (Decreto 974), para quitarle a la figura del presidente ejecutivo la responsabilidades legales y financieras, las que pasarían al vicepresidente ejecutivo puesto que ocupa Sagrario de Fátima Benavides Lanuza.	Otra opción es crear una segunda vicepresidencia ejecutiva del INSS en la que Ortega nombraría a alguien de su entera confianza, «pero que solo sea de figura» porque López seguiría dirigiendo la entidad, según explicaron las fuentes legislativas. Para eso Ortega ampliaría los cargos mediante acuerdo presidencial haciendo uso de la discrecionalidad que le otorga el reglamento de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos o del Poder Ejecutivo, en donde se le permite crear los puestos en el Gobierno que estime conveniente.	El especialista en temas de seguridad social, Róger Murillo, recordó que la ministra Torres ha ejercido esa representación en el Consejo Directivo del INSS desde hace años, por lo que «tal vez solo estaba puesta pero faltaba el nombramiento legal que posiblemente es lo que están haciendo ahora» con el Acuerdo Presidencial publicado en La Gaceta, refirió el experto.	El artículo 15 de la Ley orgánica de la Seguridad Social establece que «la Presidencia Ejecutiva del Instituto tendrá a su cargo la dirección general y administración del mismo». En tanto el artículo 17 de la misma norma se precisa que «el Presidente Ejecutivo es el representante oficial del Instituto, y tendrá por lo tanto, su representación legal en todo acto jurídico, judicial y extra- judicial, con todas las facultades de Mandatario General, debiendo sujetarse en el ejercicio de su mandato a la Ley, a los reglamentos y a las decisiones del Consejo Directivo. El Presidente Ejecutivo podrá otorgar poderes generales y especiales y delegar parte de sus facultades, en sus colaboradores inmediatos».	«La máxima autoridad del INSS es su presidente ejecutivo, luego es la vicepresidenta que tiene también rango de viceministra, por lo tanto la única forma en pueden intentar esquivar las sanciones contra López es reformando la Ley de la Seguridad Social y para eso deben ir a la Asamblea Nacional, porque es ahí en la Ley donde dice cuál es la estructura del consejo directivo y las responsabilidades de cada uno de sus miembros», afirmó el especialista Murillo.	Para Murillo es capricho de Ortega mantener a López como presidente del INSS a costa de que sabe que «él está afectando la imagen de la institución porque está señalado como corrupto de hacer mal uso de los recursos de los asegurados y pensionados, según las sanciones de los Estados Unidos».	La opción legal del régimen para mantener a Campbell como magistrado del CSE, donde figura como vicepresidente, pero que en la práctica opera como presidente desde febrero del 2018, sería traspasarle a otro de los magistrados la responsabilidad administrativa y legal, igual que cuando, también forzado por las sanciones adoptadas por EE.UU. contra el entonces magistrado Roberto Rivas Reyes se le quitó a éste las funciones del poder electoral.	En febrero del 2018 los diputados orteguistas modificaron el artículo 14 de la Ley Electoral transfiriendo  las facultades legales y administrativas del CSE al vicepresidente, cargo que ocupa el magistrado sandinista Lumberto Campbell. Además, el vicepresidente del CSE asumió las funciones de proponer el nombramiento del secretario de Actuaciones, el secretario general y los directores generales, así como el anteproyecto del Presupuesto anual y de todos los órganos electorales.	Aunque todos los magistrados responden a los intereses de los dictadores Ortega y Murillo, después de Campbell quien tendría mayor confianza de los dictadores sería Mayra Salina, quien fue ministra de Turismo antes de pasar al poder electoral. Salinas tuvo una activa participación en el control partidario a favor del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las elecciones nacionales del 2016, las municipales del 2017 y las regionales de la Costa Caribe en 2019.