En abril de este año, según medios oficialistas, esta comisión organizó el primer foro de economía creativa. Dicha comisión, explicaron en ese momento, está integrada por el  Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), Ministerio de Economía Familiar (Mefcca), Ministerio de la Juventud (Minjuve), Instituto Nacional de la Cultura (INC), Cinemateca Nacional, Ministerio de Educación (Mined), Tecnológico Nacional Inatec y las plataformas de Nicaragua Diseña y Nicaragua Emprende.	De hecho, tras finalizar el encuentro con los funcionarios de Taiwán, Ortega dijo a los medios oficialista que dicho modelo de «Economía creativa y emprendedora» se viene desarrollando a partir de enero «por orientaciones de la compañera Rosario y el comandante Daniel y desde donde venimos haciendo un esfuerzo por incentivar, fomentar la economía creativa en la juventud, las familias nicaragüenses, quienes son el motor y los principales protagonistas de este modelo”.	Hasta ahora Camila Ortega había sido la directora de Nicaragua Diseña, un proyecto privado que recibió fondos del Instituto Nicaragüense de Turismo y que el año pasado fue un fracaso, luego que desde las redes sociales opositores presionaran a invitados para que no asistieran a dicho evento, ligado al régimen de Ortega señalado de crímenes de lesa humanidad por el asesinato de más de 328 nicaragüenses.	De esta manera la pareja dictatorial sitúa a su segundo hijo ejerciendo funciones públicas. El primero fue Laureano Ortega, al que ubicó en ProNicaragua como asesor presidencial para las inversiones. Laureano es el artífice del proyecto fallido del Canal Interoceánico y además es señalado por Estados Unidos de promover desde su posición actos de corrupción.	“En su rol de Asesor de Promoción de Inversiones de la agencia gubernamental nicaragüense, ProNicaragua, Laureano actúa como una extensión del Presidente Ortega y el Vicepresidente Murillo, supervisando las propuestas y proyectos de inversión. Sin embargo, a partir de 2018, Laureano se involucró en negocios corruptos en los cuales inversionistas extranjeros pagaron por un acceso preferencial a la economía nicaragüense”, señaló el Departamento del Tesoro en su comunicado de sanción.