En el siglo pasado nuestros abuelos habrían pensando que los crímenes nazis no se repetirían, que con la sentencia final de Nüremberg, los dictadores y genocidas pensarían dos veces antes de cometer atrocidades semejantes. Décadas después, Ruanda, Yugoslavia y América Latina les dirían a nuestros padres que la historia se repite; nuevamente Tribunales Especiales y Comisiones de Reparación hablarían en nombre de la Comunidad Internacional.	Ahora, en los inicios de este nuevo siglo, la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) como institución de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, constituye una esperanza para proteger a las víctimas de crímenes internacionales y acabar con la impunidad que ha protegido durante gran parte de la historia a sus perpetuadores.	El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional fue aprobado el 17 de julio de 1998 en Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas. El mismo otorga a la CPI, facultades jurisdiccionales obligatorias y complementarias --cuando las jurisdicciones penales nacionales no puedan o no tengan la voluntad-- para investigar y juzgar los delitos: genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad y agresión.	Nicaragua aún no es firmante de la CPI, debido a que disposiciones relacionadas con la extradición de nacionales rozan con el artículo 43 de nuestra Constitución Política, y que es uno de los tantos Estados que suscribió con los Estados Unidos un acuerdo sobre la no entrega o traslado de personas nacionales a la CPI, o a otro Estado parte de la Corte para su posterior entrega, sin contar antes con el consentimiento del Estado del nacional requerido.	Internacionalmente, Nicaragua perfila como un Estado que no prioriza el tema en su agenda gubernamental. Aún no existe una posición oficial ante la creación de la CPI, dejándose su manejo a la Comisión Nacional para la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario (Conadih), adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República.