No obstante, la Ley todavía es considerada necesaria, que como lo figuró un diputado de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, vino a ser como un “torniquete para detener el torrente que sufrían los bosques con la explotación irracional que practicaban las grandes empresas del sector”.	El alcalde de Jalapa, Humberto Pérez Largaespada, recientemente denunciado por el supuesto vínculo con el tráfico de madera ilegal, defendió los reclamos de los madereros, y en su carácter de alcalde dijo que tenía el derecho de dar respuesta a sus coterráneos, en cuanto a permisos domiciliares y con fines sociales. No obstante, Luvian Zelaya, delegada de Inafor en Las Segovias, señaló que se podían aprobar los permisos caseros, pero nunca sacar la madera de las propiedades sin guías oficiales, ni aserrarla en centros industriales sin autorización.	La titular de Inafor en la zona reconoció que hay 11 planes de manejo en operación, que una resolución administrativa del director de Inafor, William Swartz, los volvió a reactivar. Otro de los madereros dijo que en el cerro El Avión, jurisdicción de Mozonte, dentro del área protegida y en los 15 kilómetros, Marena autorizó la extracción de 3 mil metros cúbicos de madera, con el Plan de Manejo No. JA-006/9676-000-1505 para ser aprovechada por un empresario salvadoreño que tiene una industria maderera en Ocotal.	Después de escuchar los planteamientos de los propietarios de bosques, Carlos García, Presidente de la Cmarn-An, reconoció que fue un error no consultar la elaboración de dicha ley, “lógicamente que en el camino cuando se aprueban las leyes nos vamos dando cuenta de las deficiencias que éstas tienen, de las afectaciones sociales y económicas que van provocando”, señaló.	Añadió que hay dudas sobre la interpretación de la ley, entre ellas que no existe la activación de permisos de planes autorizados antes que entrara en vigencia la ley, tampoco los permisos de saneamiento forestal, ni normativa para el corte con fines domésticos y sociales. Entre las irregularidades, García señaló que aunque la Ley de Veda prohíbe la exportación de madera aserrada, en rollo o timber, se tenía información de que se continuaba exportando de esa forma.	“Yo creo que sí hay una necesidad de realizar una reforma a la Ley 585, que incluya una veda al almendro, que vienen los costarricenses a sacar cantidades de metros cúbicos de madera, que es una especie rica en hábitat para la reproducción de las lapas en la zona del Río San Juan”, indicó.	Concluyó que se debían madurar los planteamientos de los neosegovianos, y para ello convocará al más alto nivel a la Comisión Nacional Forestal, para que se haga una evaluación y se retomen las propuestas de reforma a la Ley de Veda, de la cual, los técnicos de Inafor y Marena de Nueva Segovia presentaron un borrador de recomendaciones, que incluye la reducción de la franja restrictiva de 15 a 5 kilómetros.