Normalmente, un consumidor sólo piensa en sus derechos; sin embargo, la Ley 842 dispone ciertos deberes para este. Por lo general, cuando en una norma se establecen obligaciones para sus destinatarios, es esencial instituir también una consecuencia jurídica para el que no cumple. Aunque en Nicaragua, en este tema particular, no funciona exactamente así.	Una de las obligaciones impuestas al consumidor por medio de la Ley 842, está referida al hacer uso responsable de las disposiciones contenidas en ese cuerpo jurídico, sin realizar denuncias o peticiones infundadas en contra de los proveedores ante las autoridades competentes. En realidad, se trata de una prohibición, aunque carece de una consecuencia predispuesta en la Ley. Esto lo digo, no porque necesariamente esté a favor de la aplicación de una sanción a un consumidor, sino porque en algunos países sí se hace. Tal es el caso de Honduras, que en su Ley de protección al consumidor establece: "Quienes presentaren denuncias maliciosas o sin justa causa ante la autoridad de aplicación, serán sancionados con apercibimiento o una multa de uno (1) a cinco (5) salarios mínimos mensuales, atendiendo a su capacidad económica, reincidencia y cuantía de la reclamación”.	Tal y como lo expresé, en nuestro país no se aplica una sanción; no obstante, presentar una denuncia o petición bien fundada es un requisito indispensable, si se pretende obtener un fallo favorable. Si nos ubicamos en uno de los principales deberes del consumidor, que consiste en adoptar las medidas necesarias para evitar riesgos derivados del uso o consumo de bienes y servicios, es fácil advertir que la etapa previa al acto de consumo marca la diferencia, tanto en el cuido de nuestra salud, como para recopilar pruebas que después sirvan de elemento de valoración para la Dirección de Protección al Consumidor, siempre que esta sea la institución competente.	Resulta un buen ejemplo el caso específico de la existencia de cuerpos extraños en algunos productos. Comúnmente este problema se puede presentar en productos enlatados o en botellas, por lo que hace a esta situación –corresponde al consumidor cargar la prueba, para acreditar la existencia del defecto– prácticamente imposible, si ya se ha abierto el envase.	En Perú, ya se han resuelto casos como este. En una ocasión un consumidor señaló que en el interior de una gaseosa se encontraba un cuerpo extraño, la autoridad competente envió el producto a la Dirección Criminalística Forense de la Policía Nacional, con la finalidad de determinar si la tapa presentaba algún tipo de deformación o manipulación que pudiera demostrar que había sido abierta y posteriormente tapada. En ese caso, la autoridad determinó que el envase no presentaba cierre hermético de fábrica y que la tapa tenía evidencias de haber sido abierta, por ende, la denuncia fue declara infundada.	Así, se puede afirmar que, a pesar que la Ley no enumere consecuencias en específico ante la inobservancia de algunos deberes del consumidor, estas existen. Otro ejemplo es en relación al deber de pagar los bienes o servicios en el tiempo, modo y condiciones establecidas en el contrato; en este sentido, si el consumidor no procede de la forma descrita, será suficiente para que este se constituya en estado de mora. Durante mucho tiempo, los consumidores pensaron que al presentar su petición ante la Dirección de Protección al Consumidor, no debían cumplir con sus compromisos mientras el caso no se resolviera. Actualmente la Ley resulta muy clara en ese punto concreto.