“No ha surgido información adicional. Nosotros estamos interesados (en saber del caso de la excónsul), pero desconocemos si trascendió a algo más. Por tratarse de un caso que involucra a un diplomático, no sabemos cómo procederán, es decir, si van a repatriarla o no”, dijo a El Nuevo Diario el reportero Edgard Hernández, del periódico El Heraldo, de Chiapas.	Según la última reforma a la Ley de Migración de México del año 2018, la persona “que introduzca sin documentos correspondientes, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro o albergue o transporte por el territorio nacional a uno o varios extranjeros con la intención de evadir la revisión migratoria” se le impondrá una pena de 8 a 16 años de prisión.