Aparicio fue uno de los expertos internacionales que hablaron en la sesión especial del Consejo Permanente de la OEA sobre Nicaragua, el viernes 26 de abril. Aparicio fue presidente del Comité Jurídico Interamericano y embajador de Bolivia en los Estados Unidos (EE. UU.), entre otros cargos diplomáticos relevantes que ha ejercido.	Pareciera un contrasentido hablar de Estado delincuencial, porque la función del Estado es precisamente combatir la delincuencia, proteger a los ciudadanos mediante el funcionamiento de órganos de vigilancia y control, como la Policía, el Ministerio Público y los tribunales de justicia. De manera que hablar de Estado delincuencial significa que este en vez de combatir la delincuencia se ha convertido en delincuente. Se trata entonces de un Estado en el cual lo que importa a los que detentan el poder no es el interés de la ciudadanía, sino el poder, el dinero y la impunidad.	El año pasado, la prestigiosa fundación que estudia las amenazas a la seguridad nacional y ciudadana en los países de América Latina y el Caribe, InSight Crime, calificó a Venezuela como Estado mafioso o delincuencial. Admitió que no hay actualmente ninguna definición universalmente aceptada de lo que constituye un Estado mafioso, pero mencionó siete razones para calificar de esa manera a Venezuela, bajo la dictadura chavista de Nicolás Maduro.	Según InSight Crime, Venezuela es un Estado mafioso o delincuencial en primer lugar por la cleptocracia, o sea, el “sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos”, según definición de la RAE. También menciona InSight Crime como rasgo del Estado mafioso la delegación de poderes estatales a actores irregulares e ilegales; los altos índices de violencia por parte de sujetos estatales y no estatales, y las acusaciones internacionales generalizadas de conducta criminal.	Esta es una de las razones fundamentales que esgrimen los países democráticos de la región para pedir que se aplique la Carta Democrática Interamericana a la dictadura de Ortega. Lo cual podría ocurrir en la Conferencia de Cancilleres de la OEA programada para el 26 de junio próximo, en Medellín, o en una Reunión Extraordinaria como la que sancionó en junio de 1979 a la dictadura somocista.