A través de la Ley contra el terrorismo y lavado de dinero la dictadura orteguista convertirá a los abogados y notarios públicos en “espías” de los negocios que desarrollen empresas y personas naturales, pero también acabaría con el derecho constitucional a la defensa y el debido proceso. Así lo estiman abogados consultados por LA PRENSA.	Luis Perezalonso, presidente del Colegio de Abogados en Formación, considera que los convierte “en inquisidores al tener que investigar a un inversionista, por ejemplo, de dónde sacó el dinero”, que no les corresponde hacerlo, y además como abogados “quedamos expuestos a ser sancionados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) injustamente”, afirmó.	“Esa ley violenta el principio del derecho a la defensa porque cuando violentás la relación cliente y abogado llevás las cosas al punto de que no hay capacidad de una persona que aún cometiendo un delito tiene derecho a la defensa de conseguir una asesoría profesional, que le garantice el debido proceso”, dijo.	“Se violentan cosas muy básicas en nombre de la seguridad y el combate del crimen organizado porque esta reforma a la Ley contra el terrorismo es absurdo.En la parte política con la calidad de funcionarios que tenemos, en la UAF especialmente actúan con intereses políticos marcados en defensa a los intereses orteguistas”, dijo Núñez.