«La estrategia del gobierno de Nicaragua de negar su responsabilidad y querer confundir con sus informes, no ha calado entre los representantes de los Estados miembros de Naciones Unidas y con cada foro que se realiza, aumentan las presiones y señalamientos de graves abusos contra los derechos humanos cometidos por el régimen de Nicaragua», explicó Muñoz a LA PRENSA.	La inscripción en la lista de oradores para los Estados, los organismos de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales y regionales se abrió el 3 de septiembre y permanecerá abierta para inscripciones hasta dos horas antes de la reunión, en la que está previsto que comience el diálogo interactivo en cuestión.	El informe ya está listo y se conoce públicamente su resultado: se siguen violando masivamente los derechos de los nicaragüenses, persisten las formas de torturas, abusos contra los detenidos, desapariciones forzosas, persecución a los activistas de derechos humanos, periodistas, líderes comunales, estudiantes y cualquier forma de expresión contraria a las directrices de la dictadura.	El pasado 31 de agosto la oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, envió a la delegación permanente de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el informe sobre la situación de derechos humanos que se estableció en la resolución 40/2 del 21 de marzo de 2019.	En resumen la postura del régimen ante Naciones Unidas no ha variado desde 2018: «El Estado de Nicaragua fue víctima de un intento de golpe de Estado» y no reconoce responsabilidad alguna por las denuncias de abusos y crímenes, al contrario, rechaza todos y cada uno de los informes de derechos humanos que los incriminan.	«El Estado de Nicaragua reitera su inconformidad y rechazo a la Resolución 40/2 del Consejo de Derechos Humanos, del 21 de marzo de 2019, en la que solicitó a la OACNUDH preparar un informe por escrito sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y lo presente en el 42avo Período de Sesiones», dice la respuesta del régimen.	La oficina de Bachelet hizo 14 recomendaciones para encontrar una solución pacífica a la crisis, entre las cuales figuran un llamado al diálogo, reformas electorales, justicia, desarme de los grupos parapoliciales, reparación para las víctimas, investigación para los crímenes y delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y otras medidas encaminadas a regresarle al pueblo los derechos confiscados mediante la represión.	El documento de Bachelet consta de 18 páginas y aborda la situación de los derechos humanos en Nicaragua del 19 de agosto de 2018 al 31 de julio de 2019 y toma como base la información recopilada por la Oacnudh en Nicaragua, Panamá y Costa Rica, con 187 entrevistas a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y otras fuentes, entre las cuales figuran abogados, periodistas y profesionales de la salud (96 hombres y 91 mujeres).