“Un caso que puede arreglarse con mediación fue llevado a los juzgados y lo condenaron a 5 años de prisión (por sentencia) emitida por un jurado que no deliberó ni cinco minutos. Lo trasladaron a La Modelo, con los presos comunes. Cuando en 2014 fue inaugurada el área de máxima seguridad, fue ingresado a la galería 300. Actualmente está en las celdas de El Infiernillo o celdas de aislamiento. Desde hace un año no tiene derecho a paquetería ni visita, tampoco recibe medicamentos, ni atención médica”, afirmó Cuevas.	“Sin notificar a su abogado defensor, ni a los familiares, se hizo audiencia y lo condenaron a 12 años de prisión. De eso se supo seis meses después de que el juez dictó sentencia, gracias a los expedientes en línea a los que se tienen acceso. Se presentó la apelación, pero se reafirmó la condena. Luego, en casación, igual, se confirmó a pesar de que el proceso que se hizo contra Vargas estaba viciado”, alegó Cuevas.	El asesor legal de la CPDH indicó que este caso tiene todas las características de un castigo perpetrado por todo el sistema, tal como se ejecuta actualmente contra los presos que participaron en las protestas del año pasado, por tanto los representantes de CPDH consideran meritorio que se le incluya en el listado de personas que deben ser liberados por el gobierno.