En el año 2018, el crecimiento económico cayó alrededor de ocho puntos porcentuales, porque estimábamos crecer 4.5 y el decrecimiento previsto es de -4 puntos porcentuales. Las perspectivas para el año 2019, sin un acuerdo político y sin estas reformas, estiman al menos una caída adicional de entre 7 y 11 puntos.	De ser estas reformas implementadas, solo aumentará el nivel de esa caída. Hemos señalado que el origen de esta crisis no es económico, aunque el impacto en la economía también es devastador. El desempleo, la informalidad, la caída del ingreso, el encarecimiento de la vida, la caída de la inversión, la desconfianza, la incertidumbre y la desesperanza son resultados de la crisis sociopolítica en adición a la violación de los derechos humanos y la represión. Las reformas como tal no solo funcionarían como un parche insuficiente e inefectivo, sino que profundizarían y acelerarían los efectos negativos en toda la población. Es por ello que, como sector gremial, hemos trabajado en presentar ante la opinión pública los principales impactos que conllevaría esta reforma o más bien este mayor cobro de impuestos.	Uno, el deterioro socioeconómico experimentado en 2018 y el que se espera en 2019 estará afectado por este tipo de medidas que pretenden incrementar la tasa efectiva de recaudación en un contexto de crisis, lo que de aprobarse, deteriorará aún más la actividad económica. Su fin es eminentemente recaudatorio, es decir, generar recursos financieros para cerrar la brecha financiera del gobierno central para 2019.	Dos, la iniciativa de Reforma de la Ley de Concertación Tributaria, tal como ha sido presentada, es una reforma confiscatoria que promovería la descapitalización de las empresas, la fuga de capitales, la falta de inversiones, así como la iliquidez, insolvencia e inevitable quiebra de muchas empresas. Tres, incrementará la tasa de desempleo y provocará el desplazamiento de actividades económicas al mercado informal.	Cuatro, la iniciativa, de aprobarse tal y como fue presentada afectará a todos los sectores y a la población en general. Cinco, tendrá un efecto negativo en todos los consumidores al eliminarse las exenciones de productos de la canasta básica. Seis, se gravarían las materias primas, insumos, bienes intermedios y de capital para la producción y transformación en el sector agropecuario y agroindustrial. Siete, se desestimulará la inversión privada, tanto por el lado de la producción como por el gasto de consumo de los hogares.	El sector económico más afectado será el ciudadano, el trabajador, la familia, el barrio, la comunidad, el país, nuestro futuro. Es falso que la reforma no afectará al que menos tiene. Es falso que la reforma no afectará al pequeño empresario, al pequeño productor. Es falso que la reforma resolverá los problemas de falta de ingresos del Gobierno. Todos, sin excepción, seremos afectados y no será sostenible para el Estado la recaudación que pretenden lograr.	Es obvio que en lo particular hay un sector que estas medidas buscan cómo afectar lo menos posible, que es el propio Estado. Mientras las empresas nos estamos ajustando, el Estado se niega a hacerlo para no pagar los costos políticos y mantener su base partidaria al menos con empleo. Por el otro lado, hay sectores que serían mayormente afectados como es el caso de la actividad agropecuaria, al quedar gravados todos los bienes agrícolas, con algunas excepciones.	El único animal que queda exento es la gallina. En fin, hay una lista extensa de productos e insumos que serán afectados. Además, se eliminaron las exoneraciones del Impuesto Selectivo al Consumo y de los Derechos Arancelarios a la Exportación en las compras locales y las importaciones de materias primas, bienes intermedios y bienes de capital, repuestos, partes y accesorios para la maquinaria y equipos de los productores agropecuarios y únicamente quedan exonerados del IVA, mediante listas taxativas, las compras locales y las importaciones de insumos, materia prima y bienes intermedios para la producción primaria de los bienes finales exentos que se indican en el numeral cuatro del artículo 127, es decir, maíz, trigo, frijol negro y rojo, tomate, cebolla blanca y amarilla, chiltoma, repollo, papas, banano y plátano.	La iniciativa de reforma de la LCT también afecta al sector agroexportador, al establecer un mecanismo ineficaz para poder usar el crédito tributario del 1.5% sobre el valor FOB de las exportaciones, ya que no se permite el acreditamiento mensual al anticipo del IR ni su deducción del impuesto de pago mínimo definitivo, con lo cual los exportadores no lo podrán transferir a los productores o fabricantes de dichos bienes, quienes verán sustancialmente reducido su capital de trabajo, afectando con ello la productividad y competitividad exportadora del país.	Los impactos de la reforma en la población los veremos de distintas formas. Lo veremos en el campesino que tendrá que pagar más por los insumos que utilice, en el trabajador que pagará más por los alimentos, necesarios para sustentar a su familia; en el pequeño empresario que se quedará sin flujo para sostener a su empresa y tendrá que cerrar; en el mediano y gran empresario que tendrá que hacer recortes administrativos que implicarán mayores niveles de desempleo para soportar la crisis.	También lo veremos de las siguientes maneras: en el recrudecimiento de la recesión, que no distingue condición social ni económica; en la aceleración de la caída en la producción de bienes y servicios; en la reducción de la liquidez, del capital de trabajo, el incremento de los costos y la disminución o anulación de la rentabilidad de las empresas por las reformas del Impuesto sobre la Renta, así como la disminución de los plazos para el pago de los impuestos que presionará a más despidos y por ende mayor desempleo y subempleo. Consideramos que el desempleo se generaría mayormente entre personas de ingresos bajos e ingresos medios; la reforma podría presionar hacia un incremento de los precios al consumidor por el aumento de los costos de las empresas, lo que reduciría el poder adquisitivo de los hogares y por ende causaría pérdida de bienestar social; se reduciría la demanda de productos por precios más altos en vista de la  eliminación de las exoneraciones y exenciones del IVA.	La Cámara de Industrias ha estimado que la canasta básica aumentaría de 13,000 a 17,000 córdobas; los salarios promedio de la economía tenderían a bajar por mayor competencia por puestos de trabajo; se presionará la expansión del mercado informal con los consecuentes efectos que esto traería; se incrementará el contrabando de bienes de la industria fiscal en particular los cigarrillos; entre otros efectos de estas reformas.	Los efectos no son solo para los trabajadores, sino también para el país. Por años, desde el Cosep trabajamos en reducir la informalidad, en generar empleo formal. Al incrementarse nuevamente la informalidad, los trabajadores serán afectados por bajos salarios, subempleo, poca estabilidad laboral, nula cobertura de la seguridad social, escasa cobertura del sistema público de salud, falta de protección de sus derechos laborales, incremento de la pobreza y eventualmente la reducción de oportunidades que puede derivar en problemas sociales. Para el país, ninguno de los trabajadores que realizan actividades en el sector informal paga impuestos y la productividad del país se verá afectada sustancialmente, ya que la mayoría de trabajos informales son de baja productividad.	Hay que destacar también que si no hay oportunidades de emplearse, muchos optarán por migrar hacia otros países y buena parte de esa mano de obra que migra, es mano de obra capacitada que superada la crisis, no necesariamente regresará al país. Previo a la crisis teníamos un porcentaje elevado de informalidad por el alto costo para cumplir el marco legal y normativo, los problemas estructurales, sociales y culturales; el déficit de infraestructura y de buenos servicios públicos, entre otros temas. Todo esto es lo que ha potenciado al sector informal y ahora, en el contexto de crisis, se junta con un mayor costo para cumplir con el marco legal y normativo, situación que agravará la informalidad en el país. Recordemos que ya de por sí la crisis sociopolítica que vivimos desde abril del año pasado ha reducido la inversión nacional y extranjera. La reforma, de ser aprobada, seguirá agravando esta situación y con menor inversión se reduce el número de oportunidades en la economía formal, a lo que se suma la reducción en la concesión de microcréditos y de los depósitos, que también presionarán a mayor informalidad.	Es importante mencionar que el sector formal, previo a la crisis, no tenía la capacidad de brindar oportunidades a todas las personas que busca ban empleo. Y ahora, la situación es más grave, ya que las cifras oficiales del INSS muestran que en el período comprendido entre enero y octubre del año 2018 se perdieron alrededor de 143 mil trabajadores asegurados. Y aquí hay que entender que los que se quedan sin empleo tienen necesidad de procurarse un ingreso, por lo tanto, la informalidad no es un tema de elección, sino de satisfacción de necesidades, muchas de ellas, básicas. En la presentación que hicimos Cosep y Funides, del IV Monitoreo de Actividades Económicas, destacábamos que la informalidad había subido más de tres puntos porcentuales en el año 2018, en comparación con el 2017, con lo cual nuestra economía llegó a niveles de 75% de informalidad de la población económicamente activa ocupada.	No aprobar estas reformas y buscar una salida política a la crisis. Esta iniciativa persigue un objetivo recaudatorio que es financiar el creciente déficit fiscal, producto de la reducción de los tributos recaudados por el gobierno central, dada la disminución de la producción de bienes y servicios por la crisis sociopolítica que enfrentamos desde abril del año pasado. Nicaragua, desde el tercer trimestre del 2018 técnicamente entró en recesión económica y el Gobierno lo que estaría haciendo con esta reforma es establecer una medida procíclica (aumento de impuestos y reducción de gastos).	La iniciativa de reforma, de aprobarse, agravará la contracción económica esperada para este año. El objetivo que debería perseguir el Gobierno es estimular la economía durante la crisis, sin embargo, como el esquema del tipo de cambio actual no permite establecer una política monetaria activa, la única medida posible sería estimular la economía mediante una política fiscal anticíclica.