La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió al gobierno de Nicaragua anular o modificar las leyes de Amnistía (996) y Ley de atención integral a víctimas (994), aprobadas tras el estallido de la crisis en Nicaragua, al tiempo que llamó a revisar la Ley de la Policía Nacional, para que cumpla con los estándares de derechos humanos.	La ONU destaca la necesidad de que, con el apoyo de la OACNUDH y su cooperación técnica, así como con la asistencia de las instituciones regionales de derechos humanos, se establezca un plan de acción de amplio alcance orientado a la rendición de cuentas, el cual deberá ser inclusivo y centrado en las víctimas.	Recomienda que, a través de consulta previa con asociaciones de víctimas de violaciones de los derechos humanos en el contexto de las protestas, se elabore y aplique un conjunto de medidas de amplio alcance que garanticen el acceso a la justicia y la reparación, es decir la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, a todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos ocurridas desde el 18 de abril de 2018.	Por otra parte, el documento de la ONU plantea la desarticulación y desarme de los elementos armados progubernamentales y una reforma general al sector de la seguridad, incluida la investigación de antecedentes en materia de violaciones de derechos humanos, la supervisión y el control civil, y la revisión de la Ley 872 (de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional), de conformidad con las normas y estándares de derechos humanos.	Entre otros acápites, está la garantía del ejercicio de las libertades de reunión pacífica, expresión y asociación; se condene y sancione públicamente todo ataque o intimidación a los defensores de derechos humanos, los líderes comunitarios, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y a toda persona crítica con el Gobierno.	Otra de las peticiones es que el gobierno de Nicaragua adopte medidas inmediatas para poner fin y prevenir eficazmente los actos de tortura y malos tratos en custodia, incluida la reclusión prolongada en régimen de aislamiento; lleve a cabo investigaciones prontas, imparciales y eficaces de toda denuncia de tortura y malos tratos.	En sus sugerencias, la ONU llama a modificar la legislación penal para garantizar su plena compatibilidad con las normas y estándares internacionales; en particular para garantizar que toda privación de libertad sea ordenada por una autoridad judicial, que la detención preventiva se imponga sólo si se considera necesaria y proporcionada, teniendo en cuenta las circunstancias personales del imputado, y que las órdenes de arresto, incautación y registro sean emitidas por una autoridad judicial antes de su ejecución.	La Alta Comisionada hizo un llamado a la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a cumplir plenamente su mandato, incluido el de Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, de conformidad con los Principios de París y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.	La ONU también llamó al gobierno de Nicaragua a cooperar con los mecanismos regionales de derechos humanos, permitiéndoles el ingreso a Nicaragua y a fortalecer el monitoreo, la documentación, el análisis y los informes públicos sobre la situación de los derechos humanos, fundamentalmente como contribución para garantizar la rendición de cuentas, y para apoyar el Estado de Derecho y las reformas del sector de la seguridad.	“La Alianza Cívica ha reiterado en diversas oportunidades, y así se lo ha comunicado al gobierno (carta a Denis Moncada el 18 de julio), su disposición a continuar la negociación para buscar solución a la profunda crisis que sufre el país. La Alianza Cívica mantendrá siempre la voluntad de diálogo y negociación como la única salida a la actual crisis, y afianzará el trabajo por la unificación de todas las fuerzas democráticas de Nicaragua”, dijo Arana.	Arana indicó que el informe es bastante amplio en cuanto a los puntos que dicha Comisión debería abordar, dedicándole cuatro acápites que van desde la investigación, enjuiciamiento y castigo a los violadores de derechos humanos, pero pasando también por la recomposición del sistema judicial, la justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.	Expresó que para el caso de las elecciones, a la postura de la ONU habría que añadir que las mismas además de justas y transparentes deben ser adelantadas y ampliamente supervisadas, además de que las reformas deben ser consensuadas y abordadas conforme la Hoja de Ruta y la Agenda consensuada con la Alianza Cívica, eliminando la posibilidad de que sean negociadas y acordadas de manera bilateral.	“El período del informe (del 19 de agosto del 2018 al 31 de julio de 2019) debe considerar la realidad actual y no retrotraerse a hechos de períodos anteriores al 19 de agosto de 2018. OACNUDH incumple este mandato del Consejo de Derechos Humanos, al insistir en incluir información sobre hechos ocurridos con anterioridad”, señala la comunicación que el gobierno de Nicaragua envió a la OACNUDH.