Algo similar a la estrategia que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) achaca a la vicedictadora Rosario Murillo en la ejecución de las masacres desde el 18 de abril, al llamar a los opositores “vandálicos”, “puchitos”, “vampiros”, “terroristas”, “chingastes” y otros calificativos antes de las llamadas “Operaciones Limpieza” que tuvieron como objetivo quitar lo tranques que los manifestantes habían colocado como forma de protesta.	Desde 1980 hasta 1990 Nicaragua vivió la peor guerra civil de su historia bajo el sandinismo. Debido a la represión contra los campesinos e indígenas, nació la Contra, una guerrilla que inicialmente contaba con miembros de la extinta Guardia Nacional que alimentaron sus tropas con los campesinos perseguidos por los sandinistas y con apoyo directo de Estados Unidos.	En 1987, entre milicias, miembros permanentes del ejército, reservistas, policía y fuerzas especiales del Ministerio del Interior, el FSLN movilizó cerca de 180,000 efectivos, incluyendo jóvenes desde 17 años obligados por ley a prestar el Servicio Militar Obligatorio. Los Contras, integrados en su mayoría por campesinos jóvenes y con redes de apoyo social en el campo, formaban un tejido activo de unos 55,000.	Esta guerra finalizó formalmente en junio de 1990, con el desarme de la Contra. Al momento de su desmovilización, el 72 por ciento de los 22,500 Contras eran campesinos, según la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la OEA de 1998. La misma fuente revela que el 60 por ciento tenía menos de 25 años de edad, el 97 por ciento no había cursado más allá de primaria y el 84 por ciento apenas alcanzaba los tres grados de primaria, incluyendo analfabetos.	Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) de 1980, la lucha de 45 años contra la dinastía de los Somoza había provocado la muerte de 45,000 personas, de las cuales 35,000 perdieron sus vidas durante los últimos 10 meses de conflicto entre 1978 y 1979, durante la ofensiva final.	La Organización Revolucionaria de Discapacitados de Guerra calculó unos 11,500 lisiados de guerra en las filas sandinistas y el Instituto Nicaragüense de Atención a las Víctimas de Guerra estimó en 30,000 la cifra, mientras que para el año 2018 el INSS incluía en sus gastos, pensiones para 31,757 víctimas de guerra.	Las tomas se realizaron mediante decretos confiscatorios, la ley “de los ausentes” que los sandinistas aplicaron a los nicaragüenses exiliados, la reforma agraria que autorizaba expropiar terrenos “abandonados” y “mal manejados” y otras ocupaciones de facto y por corrupción de propiedades costeras, fincas ganaderas o cafetaleras y mansiones y hoteles ocupadas manu militari que al final de 1990 hicieron millonarios a antiguos exguerrilleros pobres.	Desde el inicio de la revolución, la dictadura sandinista empezó a dinamitar la economía al confiscar empresas y centros de producción agraria privados. Solamente en el primer año de la revolución se confiscaron 180 empresas y más de 500 mil hectáreas de tierra y las cifras siguieron acumulándose a lo largo de los años ochenta.	El Estado llegó a controlar desde la banca, hasta el comercio exterior, incluyendo las importaciones de alimentos y petróleo, así como los precios de los productos internos. Los abusos y violaciones masivas de derechos humanos llevaron a los Estados Unidos a sancionar a Nicaragua y bloquear sus operaciones comerciales, lo cual sumado a que el Estado destinaba el 35 por ciento de sus recursos a la guerra, hundieron la economía al grado de que en 1988 la inflación superó 33,000%.	El Estado emitió dinero sin respaldo y pronto empezó a resellarlos, los alimentos escaseaban por la falta de producción y el control estatal obligaba a los nicaragüenses a hacer largas filas con una tarjeta de racionamiento para obtener comida; el córdoba se devaluó a tal grado que un dólar en el mercado negro llegó a cotizarse en 300,000 “córdobas chancheros” en 1989.	En uno de los episodios de mayor bajeza en 1982, las autoridades golpearon, desnudaron y apresaron ante los medios de comunicación oficialistas a monseñor Bismarck Carballo, mediante una operación de inteligencia en la que participó la agente de la Seguridad del Estado Maritza Castillo Mendieta (hoy exiliada en Estados Unidos y considerada “influencer” por los medios oficialistas).	La vejación contra el padre Carballo, en agosto de 1982, fue un eslabón más en una cadena de atropellos y conflictos: los sandinistas eliminaron la transmisión de la misa televisada, cerraron la Radio Católica, pusieron bombas en iglesias, expulsaron sacerdotes extranjeros, asediaron con turbas y pintas los templos y amenazaron de muerte a los obispos.	Sin embargo, el peor ataque ocurrió el 4 de marzo de 1983: el boicot e irrespeto a la misa ofrecida por el papa Juan Pablo II. Ese día miles de fanáticos del régimen llenaron la plaza para exigirle al líder mundial de la Iglesia católica que se pronunciara contra la guerra y a favor de la revolución, con pancartas, parlantes y a gritos, junto a discursos hostiles y persecución a los católicos no alineados con la dictadura.	Para ello la dictadura creó los Tribunales Populares Antisomocistas y habilitó cárceles y centros de torturas por todo el país, para encarcelar, procesar y condenar en masa a miles de nicaragüenses: campesinos, ex guardias, ex funcionarios públicos, opositores, empresarios y militares sospechosos de traición o que se negaron a acatar las órdenes de la dictadura.	La CPDH estimó en 1990 que al menos 35,000 personas habían sido detenidas, perseguidas, procesadas y condenadas por razones políticas entre 1979 y 1989. La persecución se basaba tanto en los operativos de la Seguridad del Estado como en las labores de espionaje comunitario de los Comité de Defensa Sandinista (Ahora CPC).	El monto de aquella apropiación colectiva de bienes del Estado generó al país una deuda interna de más de 1,300 millones de dólares en indemnizaciones a los confiscados por la dictadura sandinista y sometió al país al condicionamiento político de Estados Unidos del waiver para permitir al país acceder a recursos externos.