Desde hace ratos se está abordando en los medios de comunicación el tema del hambre, como si fuese algo nuevo en los sistemas o modelos pasados y actuales de nuestras sociedades. Las discusiones alrededor de la aplicación de este concepto ha generado diversos enfoques para su comprensión: fisiológico (centro regulador hipotalámico), sicológicos (preferencias alimentarias) y socio-antropológico (herencia cultural que determina el estado de hambre). Sin duda alguna, cada una de las teorías formuladas (homeostática, reflejo trópico, drive, etc.) para soportar dichos enfoques, son piezas de un rompecabezas que aún no termina de armarse, y el debate continúa abierto.	Generalmente interrelacionamos mecánicamente el “hambre con comer”. Una persona puede comer sin sentir hambre y viceversa, o bien negárselo por motivaciones personales como políticas (huelguistas), religiosas (ayunos) o estéticas (las famosas dietas), de tal manera que la capacidad para ingerir o no alimentos no es condición sine qua non para determinar si alguien padece de hambre o no. Eso hay que dejarlo claro en primera instancia.	En Nicaragua no hay donde perderse. La falta de la disponibilidad (oferta nacional o suministro interno anual de alimentos básicos para consumo humano) y el acceso (físico, social y económico a los alimentos), constituyen los ejes centrales de la crítica situación y condición de inseguridad alimentaria; que adicionándoles como ingredientes el consumo (hábitos) y la utilización biológica de los alimentos (estado de absorción óptimo de los mismos por nuestro cuerpo), son causales determinantes del hambre y consecuentemente, de la desnutrición en sus diversas manifestaciones. Estas causas no son nada nuevo, pero sí eternamente ignoradas por grupos de poder político y económico.	Para lograr esta disponibilidad se requiere de un modelo de producción agropecuaria que responda en principio, a satisfacer las demandas alimenticias de consumo interno y crear las condiciones para que funcione una estructura social y económica (tierra, infraestructura, tecnología, precios, comercialización, etc.) que proteja la producción campesina, y garantice una seguridad alimentaria y nutricional a la población.	Contrario a estas premisas, en los últimos dieciocho años en nuestro país, son los conglomerados exportadores quienes han sido los beneficiarios de las políticas del sector agropecuario (financiamiento, subsidios, etc.), y no los productores de subsistencia o en pequeña escala, familias campesinas encabezadas por mujeres, campesinos sin tierra, trabajadores agrícolas o jornaleros o productores ganaderos en pequeña escala y agropastoralistas, quienes son los que realmente pueden garantizar la producción de autoconsumo o consumo interno, para superar la dependencia y así podamos atrevernos hablar de soberanía alimentaria: por ejemplo, romper la dependencia de las exportaciones de granos básicos y garantizar lo que necesitamos comer en cantidad y calidad. No podemos obviar en este escenario, los últimos tratados comerciales y las desventajas competitivas para nuestros productores, con relación a los productos agropecuarios subvencionados por los países metropolitanos, lo cual tenderá tarde o temprano a intensificar la dependencia alimentaria externa.	Para lograr el acceso a los alimentos debe existir simetría entre los ingresos y el precio de los alimentos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA); algo como imposible en Nicaragua, donde el 39 % de la población vive con menos de un dólar, y un 76 % sobrevive con menos de dos dólares al día. En una familia promedio de seis miembros se gasta sólo en alimentos C$ 2,392.0, y el valor de la CBA es de C$ 2,030.45; y sólo perciben un salario entre C$ 1,025.90 y C$ 2,381.7 (Magfor, BCN, Mitrab. 2007). Evidentemente, el acceso es precario. Un dato más: el 70.2 % de hogares en el país apenas logran cubrir sus necesidades por debajo de lo recomendado en la CBA.	Todas las estrategias dirigidas al sector no son y nunca han sido (a veces, en breves períodos “emocionales” políticos) preventivas, sino más bien paliativas (congelar precios, otorgar semillas, etc.). Se continúan ofreciendo recetas viejas y caducas de folletos abandonados en estantes de muchos Centros de Documentación. Resulta más fácil engañar el estómago de la población con ayudas alimentarias (que su razón de ser es ayudar a las personas víctimas de desastres naturales, guerras, migrantes, entre otras), inventar huertitos, regalar animalitos con la esperanza de crear un fondo revolvente, mientras suenan los tambores en el estómago y el campo agoniza de aridez.	Resulta inverosímil e irónico que sean los organismos internacionales (como el FMI) y agencias de cooperación quienes tengan que anunciarnos la alerta de: ¡Hambre¡ ¡Pobreza¡ para hacerlas creíbles, legítimas…y sólo así lograr mover a los funcionarios a revisar sus manualitos de desarrollo rural para volver a descubrir el agua caliente que, para producir en un país como éste, en principio se necesita seguridad en la propiedad de la tierra, financiamiento y asistencia técnica para los pequeños y medianos productores. Y por supuesto, no es la vaquita o el cerdito (la primera alcancía ambulante en el campo y muy seguro condenada al sacrificio, es decir, a su venta) quienes van a resolver el problema del hambre y la desnutrición latente.	Se necesita comenzar con una recontrarreforma o reforma agraria integral, que dé respuesta a la heterogeneidad social y territorial del país (para muchas personas plantear esto en pleno siglo XXI suena a herejía o a socialismo), ya que siempre se ha hecho mal o a medias. Es por ello que celebro la lucidez del recién electo presidente del Paraguay, Fernando Lugo, quien anunció una reforma agraria integral. No está perdido.	De lo contrario, seguiremos alzando barriletes: ¿Hacia dónde va la producción? ¿Qué vamos a comer? ¿Seguiremos cargando con la dependencia en las exportaciones del arroz? ¡¿Cuál es la estrategia para el sector agropecuario?¡ Y sólo encontramos discursos filosóficos de los años setenta: el campesino va y el campesino viene, pobre el campesino…Mientras un 27.2 % de niños y niñas en edades de seis a nueve años de edad presentan desnutrición crónica, su talla (moderada y severa) y el nivel de suficiencia energética en el 49% de los hogares se encuentran en un estado crítico-deficiente y, estas cifras van en ascenso.	Estoy clara que dar recomendaciones, y aún más, brindar soluciones, es cómodo; pero el hambre no es aquel que leímos y nos arrebató el corazón en El Lazarillo de Tormes: aquí está, siempre ha existido y persiste. No es una novedad. Se palpa en las costillas de los niños y niñas, cabellos ralos y decolorados, las recurrentes enfermedades diarreicas y respiratorias agudas, baja capacidad de aprendizaje, etc. Se habla discursivamente sobre soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y reducir los niveles de desnutrición crónica, sin saber qué significan, la responsabilidad que implican y las consecuencias que acarrean. De lo contrario, existiría otro escenario.	¿Y cómo la estarán o estamos pasando la gran masa del sector urbano como los jubilados, desempleados, trabajadores del sector informal, niños y niñas de la calle, discapacitados, migrantes del campo hacia la ciudad? Lo imagino y lo vivo hasta cierto punto. Por mucho rato tendremos en el campo los fogones limpios, y en la ciudad, las ollas brillantes.