Los propietarios de la finca “El Encanto” y productores Felipe Hurtado, Marlon Flores y José Tránsito Ríos, ayer presentaron todas sus preocupaciones al Fiscal General de la República, doctor Julio Centeno Gómez, a quien le pidieron una investigación a fondo de la muerte de tres trabajadores en su propiedad, a manos de efectivos militares y policiales.	Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), luego de dejar a los mencionados, incluyendo al testigo José Inés Benítez, dando sus declaraciones a la Fiscalía, comentó que se solicitó la indagación no sólo de los autores materiales, sino, inclusive, de los posibles autores intelectuales que sean descubiertos durante la investigación oficial.	En primer lugar, las autoridades policiales, a través del comisionado mayor Luis Alberto Pérez, de la Región Autónoma del Atlántico Sur, admitieron que Gregorio García, sobre quien había orden de captura, hizo una denuncia por amenazas en contra de Tránsito Ríos, propietario de la finca “El Encanto”, quien primeramente había acusado a García por abigeato. Aunque García llegó a una estación policial, nadie lo capturó, sin embargo, la excusa de las autoridades de no buscar a García fue la distancia.	Luego aparece una convalidación de la acción siete días después del incidente. La mentada convalidación fue hecha por Adelino Gutiérrez, juez suplente del Distrito Penal de Audiencia de Bluefields. Sobre esto, el delegado del Cenidh, Denis Báez, dando lectura al Código Procesal Penal, CPP, textualmente señala que “en caso de urgencia se practicará el acto sin previa autorización, pero su validez quedará supeditada a la convalidación del juez que será autorizada con un plazo de 24 horas. Si el juez apreciara además que en la práctica del acto se ha incurrido en delito, pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Público”.	Agrega que eso se puede dar, sin tomar en cuenta la discusión de que esa indicación del CPP es considerada inconstitucional, porque una ley no puede estar por encima del precepto constitucional regido en el artículo 33 de la Carta Magna, que dicta que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria ni ser privado de su libertad salvo por causas fijadas por la ley como el flagrante delito”.