El abogado defensor del reo político y miembro de Acción Penal, Roberto Fúnez, invocó el artículo 99 del Código Procesal Penal, que establece que, si el acusado no está presente en la continuación de juicio, el juez puede darle continuidad con la representación de su abogado defensor. Sin embargo, el juez Altamirano no dio lugar a la petición del defensor y resolvió ordenando su inmediata detención a través de una orden de captura y allanamiento.	El pasado jueves 4 de julio, el defensor técnico de Fuentes interpuso un escrito de excepción solicitando una sentencia de sobreseimiento por extinción de la acción penal por motivo del vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, acción fundamentada “en los artículos 69 numeral 3, 70, 71, 72; numeral 8, 155 numeral 4, 305 numeral 1, 134 último párrafo y 8, todos del Código Procesal Penal”. Sin embargo, la secretaria adujo que hasta este lunes le fue entregado el escrito interpuesto por la defensa, por lo que el juez no tenía conocimiento sobre el escrito.	Para Fúnez, el juez ha convertido la causa en una especie de “justicia rogada” y explicó que no era necesario que él como defensor presentara el escrito de excepción, porque bastaba que el juez verificara en el expediente que la causa ya sobrepasó el plazo máximo y, sin más dilaciones, dictarle una sentencia de sobreseimiento a como corresponde según la ley, dejando a un lado todos los artificios legales y por el contrario actuar como un verdadero garante del proceso y conforme a la tutela judicial efectiva.	El proceso en contra de Fuentes se ha excedido en casi tres meses de los seis que manda la ley cuando el acusado se encuentra en libertad. Fuentes es originario de Altagracia, Ometepe y, por su condición de preso político, no puede trabajar por lo que no cuenta con los recursos necesarios para costear los gastos que implica dicho proceso, aseguró su abogado defensor.