Estudiosos han podido comprobar que las decisiones de las instituciones estatales influyen directamente en la situación de pobreza, desigualdad, o en el mejoramiento de la calidad de vida del pueblo. Pero cuando están marcadas con una percepción peyorativa, esa imagen sombría arrastra consigo al país. Este lastre permite que desde la institucionalidad se promueva la diferenciación de los ciudadanos: los domésticos, oportunistas e insensibles a todo sentido de alteridad con respecto a los que queremos, un país con las mismas oportunidades para todos y todas.	La dignidad económica, la equidad de género y el respeto a las libertades individuales, se ha convertido en un privilegio de unos pocos en detrimento de un 80 por ciento de la población que está quedando al margen institucional. Pareciera que los caudillos como buenos alumnos del sistema feudal, entienden la unidad, la participación ciudadana entre el pueblo y el gobierno a partir de la sumisión involuntaria, ilegítima y con gran disposición de atropellar todos los derechos inalienables de los ciudadanos. En su razonamiento están apuntando a las tecnologías de la subjetividad, “que regulan los actos humanos, que fomentan del deseo de sumisión, y que muy tempranamente la enraízan en el aparato psíquico”, y todo esto lo quieren lograr a través del ignominioso, prebendatario e ilegal arreglo político, que sólo favorece a cúpulas de poder, con un rosario de delitos sociales, políticos y económicos que en un país donde funcione el Estado de derechos, estarían tras la rejas por varias décadas. De ahí que implementar una política de participación ciudadana abierta, es algo desabrido e incómodo para ellos, acostumbrados a jugar con la conciencia del pueblo.	Ante la jerarquización de este nuevo modelo de derecho coludido se atomiza en la mentalidad colectiva del pueblo un oneroso tabú político. Ese tabú pasará a ser combatido todo el tiempo en las prácticas cotidianas y en los momentos históricos emblemáticos. Además es un precedente para mantener embanderada la lucha anti-poder, desobediencia civil e irrespeto a todo lo que huele a autoridad estatal. Pero el peor de los males es que este tipo de actitudes despotricas y de violencia institucionalizada hace pasar al pueblo por el horno de la desesperanza, de la pérdida de oportunidades; y lo más grave es que se hecha a perder el ingenio y las capacidades de toda la generación joven. Esta juventud, en vez de poner al servicio de su país estos conocimientos y fuerzas, las van a vender a otros países donde les permiten realizarse como personas, a pesar del desarraigo que sufren.