La abrazó y le dio un beso. Así, después de 46 años de casados, tres hijos y una infinidad de recuerdos, Francisco Gilberto Pérez Santos, de 66, se despidió de su esposa Martha Isolina Bucardo el día que un infarto la mató cuando la trasladaban a su casa en una ambulancia.	A las 6:50 de la tarde del viernes 14 de diciembre de 2018, el vehículo avanza, a la altura del barrio Larreynaga en Managua, proveniente del Hospital Lenín Fonseca, y se dirige a Villa Cuba, adonde está la casa de la pareja; al morir ella también desapareció una parte de él y el vacío se apoderó de todo. “Es cuando estoy solo que me siento mal”, explica apoyado en un bastón.	Fue internada el 10 de diciembre y el cardiólogo, desde entonces, le dijo al esposo que el diagnóstico no era bueno. Ella se complicó, y, puesto él en la encrucijada de desconectarla de un respirador —ella estaba en cuidados intensivos—, el marido insistió en dar tiempo a un milagro y a algo más terrenal: la llegada de un hijo y un nieto para despedirla.	No dependía de ellos, sino de una resolución del sistema de justicia que nunca se dio, y que permitiría el encuentro tanto a Francisco Homero Pérez Bucardo y Bryan Pérez Ampié, hijo y nieto de ella, respectivamente, y presos políticos del régimen de Daniel Ortega desde julio pasado, meses después que iniciaron las protestas en Nicaragua.	Desde los días de rebelión contra la dictadura, tras la aprobación de aquella reforma inconsulta a la seguridad social, miles de personas se lanzaron a las calles para protestar. Levantaron barricadas, quemaron llantas, sonaron cacerolas. Las manifestaciones fueron reprimidas y los muertos iban en aumento, primero como consecuencia del ataque directo a la población y luego por las “operaciones de limpieza”, como el ejecutivo llamó al despeje de las barricadas levantadas por la población para defenderse de la Policía Orteguista y grupos paramilitares. La represión judicial sería una fase posterior.	Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que vino al país a investigar lo que ocurrió entre el 18 de abril y el 30 de mayo, el Estado cometió delitos de lesa humanidad contra los manifestantes, hubo 109 muertos y 1,400 heridos durante ese período, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó el número de víctimas mortales a 325.	En el informe del GIEI también resulta llamativo que se reportaron más de 690 detenidos hasta entonces, sometidos a tratos denigrantes. La cifra puede ser mayor (ver gráfico: La represión sin límites del régimen). Sufren las madres por sus hijos muertos, sufren las madres por sus hijos presos. Desde finales del año pasado, al menos cuatro madres han muerto sin ver a sus hijos libres.	“Ella agarró cama desde que a mi hijo y mi nieto los detuvieron el 11 de julio de 2018, como a las dos de la tarde. Hubo juicio, pero como todos son turbios. Ellos fueron apresados en su casa sin orden judicial en Jinotepe (Carazo), el juez de ahí se declaró incompetente y lo remitió a Managua siete días después”, narra este hombre.	El preso político Alfonso Morazán fue hace años teniente primero del Ejército de Nicaragua y ahora es señalado por el orteguismo de poner tranques en Matagalpa, al norte del país. Desde su presidio, pudo escribirles un mensaje en papel higiénico a sus hijos el pasado 20 de octubre. Estaba entonces en la celda 36 del Chipote.	Yader: ¿Cómo estás hijo? Espero que bien, yo estoy bien, solo que bien encerradito y tirado en el piso en calzoncillo. Me quitan la comida con frecuencia y hasta la visita; pero con la frente bien en alto, los guardias son bien perros y me conocen como el malcriado contestón. No se estresen por mi situación, que es una experiencia más en mi vida de tormenta.	El 10 de enero de 2019, según su hijo Yader, de 34 años, Alfonso les mandó otro mensaje: Era la segunda vez —la primera fue en la época de Somoza— que luchaba por la libertad del país; una nación donde miles se han ido al exilio, incluido los hijos del exmilitar. “Mi papa en el momento que murió mi abuelita ni siquiera había sido puesto a la orden del juez. Fue apresado el 22 de octubre en la ciudad de Matagalpa y mi abuelita fue ingresada a la Clínica Santa Fe por un problema respiratorio. Fue dada de alta el 30 de noviembre y después falleció (el 1 de diciembre). Mi papa se dio cuenta cinco días después según me contó un pariente mío, porque todos los hijos estamos escondidos o exiliados”, relata Yader.	El reo no pudo asistir al sepelio, debido a que no había sido presentado ante el juez y era ante la Policía que debían dirigir la solicitud para que se le permitiera despedirla. Las gestiones realizadas por familiares fueron infructuosas y, tanto a las puertas del Chipote como en las oficinas principales en Plaza El Sol, no les dieron respuesta. Era fin de semana.	Carmela Arteta tenía al momento de su muerte 94 años y sus nietos y resto de familiares habían cuidado que no supiera del encarcelamiento de su hijo, hasta que fue inevitable por su agravamiento tras una neumonía.“Nosotros hemos crecido dentro de un hogar donde se nos habló siempre de la conciencia social, de los principios revolucionarios, del respeto a la dignidad de las personas”, explica Yader Morazán, quien fue funcionario judicial entre 2010 y 2018.	El abogado fue un crítico que no se pudo quedar callado cuando vio lo que pasó desde abril. “Me encontré en los pasillos, adonde se marca la entrada (en el poder judicial), rezando a la gente (trabajadores del Estado)… Se me salió la expresión de que rezaban en la mañana y mataban en la noche”, cuenta el jurista.	Barbado, lleno de ojeras, a Membreño alguien se le acercó en los tribunales de Managua y le preguntó sobre su pérdida, dado que no le habían avisado. Un video compartido en las redes sociales recoge su testimonio.“Quiero que me den más detalles sobre si mi madre dijo algunas palabras —Solloza—. Cómo pasó todo, que cuiden a mi papa, a mi esposa, mi hermano, dos sobrinos, los que quedamos de mi madre”, sostuvo mientras en un breve instante de la grabación dijo, dirigiéndose a la señora fallecida: “descansa mi madrecita”.	“Que me digan a mí que todo esto está normal. Lo que necesitamos es que este hombre (Ortega) se siente a dialogar, o que diga de una sola vez qué es lo que quiere: que se abra de una sola vez. Si quiere guerra. Nosotros, el pueblo que se levantó, no estamos para otra guerra”. Así lo dice Francisco Gilberto Pérez Santos.	—Porque ya perdí lo más preciado que tenía… —Los ojos se le ponen tristes—. ¡Que es mi esposa! Eso me duele en silencio. Por eso no callo. Si me van a matar que me maten, ¡me vale la vida!, pero que no me lleven al Chipote (la cárcel), que me peguen un balazo mejor. No aguantaría estar viendo a mis propios torturadores (…) ¡el país está de luto! —afirma.