La participación ciudadana está garantizada por nuestra Constitución Política. Incluso, Nicaragua se define como “una república democrática, participativa y representativa” (Artículo 7 Cn). Más adelante, en el Art. 50 Cn se establece que “los ciudadanos tienen derecho a participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal. Por medio de la ley se garantizará, nacional y localmente la participación”.	El artículo 150 inc. 13, incluye entre las atribuciones del Presidente de la República la de “crear un Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES), que le sirva de apoyo para dirigir la política económica y social del país. En el Consejo estarán representadas las organizaciones empresariales, laborales, cooperativas, comunitarias y otras que determine el Presidente de la República”.  Como puede verse, el CONPES fue creado como un organismo de apoyo al Ejecutivo y no como un organismo facultado para tomar decisiones que obliguen al Presidente, a los Ministros o cualquier otro funcionario de las instituciones del Estado.	Siempre el CONPES ha sido considerado como una instancia de asesoría y consulta para el Presidente de la República, pero este queda en libertad de acoger o no sus recomendaciones. La naturaleza del CONPES siempre vista ha sido como un espacio donde los representantes de las organizaciones de los diversos sectores de la sociedad pueden exponer al Ejecutivo su criterio sobre la política económica y social, incluyendo el proyecto de Presupuesto General de la República. Incorporar al CONPES, un número considerable de representantes de organizaciones sobre cuya filiación política la ciudadanía tiene fundadas sospechas, es desnaturalizar al CONPES, y, además, dejar a las otras organizaciones en situación de desventaja numérica. Con mayor razón se justifica la preocupación, si se pretende que el CONPES se transforme en una entidad cuyas decisiones deberán ser atendidas por las instancias estatales y los municipios cuyos alcaldes pertenezcan al F.S.L.N.	El propio Presidente de la República dijo claramente, en el acto de instalación de los CPC en la plaza, que las tareas de los CPC serán de poder y que no serán organismos simplemente decorativos. Y añadió, “que los Ministros no van a ir a los CPC a informarles de sus decisiones, sino que las tendrán que tomar conjuntamente con ellos”.  Estas afirmaciones, representan un abierto desafío a la Asamblea Nacional, que en la reforma al artículo 11 de la Ley de Organización y Competencias del Poder Ejecutivo (Ley 290), estableció que el Presidente puede crear los Consejos que juzgue necesarios, pero estos serán instancias intersectoriales de coordinación y no podrán estar por encima de los Ministerios ni de otras autoridades legítimamente electas. Además, estableció que los concejos no podrán manejar presupuesto del Estado. Esta reforma está vigente, ya que la que no pudo entrar en vigencia fue la Ley 630, que prohíbe al Presidente organizar los CPC.	Al colocar los CPC bajo el paraguas del CONPES, el Ejecutivo considera que la Asamblea Nacional difícilmente podrá ahora derogarlos por cuanto tendría que derogar o modificar el artículo constitucional que crea el CONPES, lo que requiere 56 votos. Lo cierto es que el propio Ejecutivo suscita serias dudas sobre la constitucionalidad de los CPC, ya que no solo se está desvirtuando la naturaleza del CONPES, sino también se está atribuyendo la representación del pueblo a unos consejos que no han sido electos en ninguna elección de las que contempla nuestra Ley Electoral, por lo que carecen de legitimidad para que sean tenidos como representantes del pueblo.	A este respecto, el artículo 2 de la Constitución Política es absolutamente claro: “El poder político lo ejerce el pueblo, por medio de representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación”. Decir que los CPC representan la “democracia directa” es otra afirmación contraria a la Constitución, ya que esta, en su mismo Art. 2 contempla únicamente dos modalidades de la democracia directa: el referéndum y el plebiscito.