PO), Kenner Javier Murillo López y Javier Feliciano Cortéz Castillo, heridos de gravedad en el mismo acto brutal, desmintieron con record policial en mano, la versión de dicha institución, de que sus familiares eran “prófugos por delitos de gravedad como robo con violenciay de tener antecedentes penales por robo con intimidación, amenazas y violación de domicilio, lo cual es falso, según archivo de la misma PO y de los juzgados leoneses.	Bryan Yeraldine Murillo López, es el único que tuvo una causa en agosto de 2016 por falta penal (posesión menor de estupefacientes) la cual no amerita cárcel, en el Juzgado Segundo Local Penal de León, pero la juez Gladys Berrios Mendoza clausuró el caso en agosto de 2017, por prescripción de la acción penal. Es decir que la Policía abandonó el caso y se venció.	El abogado y ex fiscal departamental Boanerge Fornos explicó que una persona posee antecedentes penales si antes fue juzgada por la comisión de un hecho delictivo con un resultado de culpabilidad y que esté con sentencia firme. En el caso de Murillo López, ni siquiera se le puede tomar como antecedente porque nunca fue juzgado.	Además, explicó Fornos, el supuesto nuevo delito cometido por la misma persona tiene que ser de la misma familia de delitos por el que fue condenado, es decir, por ejemplo: delitos contra la vida: Asesinato u Homicidio) si comete un nuevo hecho delictivo de la misma naturaleza, por ejemplo un parricidio y es encontrado culpable nuevamente, le será tomado como antecedente, siempre que sea dentro de un plazo de 5 años, y le agravará la pena, según artículo 36, numeral 9 del Código Penal.	Para la abogada Yonarqui Martínez, la Policía actuó de forma arbitraria y desproporcionada, en una evidente violación a derechos humanos. Desde el punto de vista de la abogada y activista, la Policía Orteguista es responsable de esa muerte desde el momento que allanó una vivienda en horas inhábiles con exceso de fuerzas (más de 10 efectivos fuertemente equipados con armas de alto calibre) contrario a la “legítima defensa” que alegan en su nota de prensa.	“El testimonio de los familiares es importante porque vemos que la forma en que operaron es irracional e ilegal. Si analizamos hay alevosía, la victima no pudo defenderse, estaban dormidos (eran las 4:30 a.m), desarmados, mientras los policías tienen ventaja y abuso de superioridad en número de efectivos y armas cuando realizan la acción ( AK versus supuestos machete, jamás están en iguales condiciones)”, expresó Martínez.	En el mismo sentido el abogado penalista Elton Ortega explicó que la Policía no aplicó las normas de prevención ni las normas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para agentes encargados de aplicación de la ley, que establecen que el uso de armas de fuego es en última instancia y no a priori, a como sucedió en este caso.	“Fue un actuar totalmente contrario a las normas de respeto elemental a los derechos humanos. En un país con respeto al estado de derecho tendría que haber una investigación formal, independiente y rigurosa, para deslindar responsabilidades y enjuiciar a quien corresponda por la muerte y las lesiones ocasionadas a estas personas”, dijo Ortega, miembro del grupo de abogados de Acción Penal.