Según el grupo independiente Urban Institute, por este y otros obstáculos, en su previsión de "alto riesgo", unos 2,2 millones de latinos (el 3,57 % del total) podría quedar fuera del conteo, mientras que las estimaciones de riesgo medio apuntan a un 2,84 % y las de bajo indican un 2,01 %, o 1,2 millones de residentes.	Junto a los hispanos, más de 1,7 millones de afroamericanos (3,68 % del total) podrían no ser contados, misma situación que enfrentan más de 100.000 nativos (2,12 %) y 305.000 asiáticos (1,36 %), mientras que el riesgo se reduce notablemente en el caso de los blancos, que es de 67.000 personas o el 0,03 % de esta población.	En particular por las consecuencias que tendría en la falta de cálculos adecuados de los fondos necesarios para los programas infantiles, o inclusive de infraestructura, agrega. El Gobierno ha negado las acusaciones de que la pregunta sea un plan encubierto para aumentar el poder electoral del Partido Republicano, pues los hispanos y afroamericanos tienen mayor tendencia a votar demócrata.	La supuesta conspiración, alega la Administración en una carta recientemente enviada al juez de distrito Jesse Furman, que bloqueó en enero la inclusión de la pregunta en el censo, sería una campaña de última hora para influir en el Tribunal Supremo, que debe decidir a fines de este mes sobre su apelación.	El instituto también señala como obstáculos la falta de fondos en los últimos años que ha obligado a la Oficina del Censo a cancelar las pruebas de campo para el censo de 2020, incluyendo las diseñadas para las áreas rurales y donde se habla español. Según el análisis, los estados con más posibilidades de que sus habitantes no sean censados correctamente son California, Texas y Nevada.	Un censo donde el conteo sea mayor o menor de la población real tiene repercusiones en la representación política y la asignación de recursos federales, advierte el centro. Los nuevos números sobre la población del país determinarán cuántos votos obtiene cada estado en el Colegio Electoral que elige al presidente, o cómo se distribuyen anualmente 880.000 millones de dólares en recursos federales para escuelas, carreteras y otros servicios públicos.