El paquete de reformas tributarias que impulsa la dictadura en la Asamblea Nacional y que asesta un duro golpe fiscal a los supermercados es visto por economistas como una “revancha política” de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra ese sector, por haber participado en los tres paros nacionales de 24 horas convocados el año pasado por la empresa privada, en rechazo de la represión contra los nicaragüenses y la urgencia de cambios institucionales.	En la propuesta de reforma de la Ley de Concertación Tributaria la dictadura busca obligar a los supermercados a pagar el anticipo mensual del Impuesto sobre la Renta (IR) sobre sus ventas totales y no sobre sus márgenes de comercialización, pese a que este esquema de negocio es similar a los que se busca proteger en la reforma, como son las distribuidoras de combustibles.	Pero además busca ahogar financieramente a los supermercados porque ahora a estos les tocaría pagar no el uno por ciento mensual del anticipo del IR sino el dos y hasta el tres por ciento, luego que hiciera ajuste en la alícuota del pago de este anticipo para todas las medianas y grandes empresas.	El cambio en la tributación de las cadenas de supermercados pone en riesgo la permanencia en el país de los grupos de inversionistas, pero también causará que las familias que compran en esos negocios reduzcan la demanda de bienes dado al aumento de precios, lo que impactará la rentabilidad de este negocio, advirtió un economista que pidió no ser identificado.	Para Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de Funides, el anticipo del IR sobre las ventas totales, en lugar de hacerlo sobre los márgenes de comercialización, es una medida que persigue dos objetivos: el principal es recaudar dinero por razones de déficit presupuestario, pero también existe revanchismo político contra las empresas que se sumaron a los paros nacionales.	En la reforma a la Ley Tributaria ahora se especifican los tipos de negocios que pueden acogerse al artículo 63, para pagar el anticipo mensual del IR sobre los márgenes de comercialización, y no sobre sus ventas totales. Estos son las actividades de corretaje de seguros, corretaje de bienes y raíces, agencias de viajes, casas y mesas de cambio de monedas extranjeras y las distribuidoras minoristas de combustibles.	El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la Fundación Nicaragüense por el Desarrollo Económico y Social (Funides) rechazan el paquetazo fiscal calificándolo de confiscatorio porque dejará sin liquidez a las empresas, les conducirá a la quiebra y por ende a su cierre, despidos de trabajadores y hará que el setenta por ciento de los productos de la canasta básica aumenten un cincuenta por ciento.