Una cantidad de países en América Latina, África, Europa del este y otras partes están derogando o renegociando contratos con las empresas multinacionales (EMNs) y probablemente otros les sigan los pasos. Los costos pueden ser elevados. Los gobiernos pueden recibir mejores términos, pero también pueden verse involucrados en disputas internacionales y desalentar a otros inversores. Para las empresas, las renegociaciones implican incertidumbre y posibles interrupciones de producción e ingresos.	Las alteraciones significativas en el poder (por lo general, como resultado de cambios en los precios de las materias primas) y la ideología, o cambios en la economía de los proyectos, pueden conducir a renegociaciones, especialmente cuando se trata de grandes inversiones en recursos naturales e infraestructura. Pero, muchas veces, la razón es que el país anfitrión considera que un contrato es injusto.	Si bien la “justicia” bien puede depender del cristal con que se la mire, en algunos casos, el país anfitrión tal vez no haya tenido la experticia necesaria para negociar el mejor trato posible -una situación frecuente cuando las EMNs negocian con los países menos desarrollados (los 50 países más pobres del mundo, la mayoría de ellos en el África subsahariana)-. El acuerdo de 2005 de Mittal con Liberia (renegociado el año pasado) y varios contratos con Congo probablemente entren, al menos en parte, en esta categoría, al igual que algunos acuerdos en los países ex soviéticos.	Supongamos que es necesario negociar un contrato de petróleo o cobre por 500 millones de dólares. Esto probablemente involucre a una EMN líder, que puede conformar un equipo de negociación que incluya a abogados, geólogos y analistas financieros de primer nivel que entiendan, por ejemplo, las ventajas relativas entre impuestos y regalías y puedan expresarlas en un lenguaje apropiado. El país anfitrión, en cambio, sencillamente no puede convocar a un equipo de estas características. Tal vez ni siquiera sepa qué pedir.	El contrato resultante es más problemático aún porque quizás afecte a uno de los pocos recursos importantes del país anfitrión, que puede generar ingresos más predecibles (y probablemente superiores) que la asistencia para el desarrollo oficial --y en un período prolongado--. Así, aún sin corrupción, no causa sorpresa que un gobierno futuro exija que se renegocie el contrato.	Obviamente, debe nivelarse el campo de juego con las EMNs. En teoría, el país anfitrión podría contratar sus propios expertos internacionales para asistir en las negociaciones. Pero los países pobres, por lo general, carecen de los fondos necesarios para pagar los honorarios de un equipo semejante. Tampoco el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regionales tienen la experticia interna --o, como regla, los fondos-- para ofrecer asistencia técnica.	Ahora bien, ¿que pasaría si las EMNs proveyeran los fondos? Obviamente, las EMNs quieren el mejor trato posible para ellas; pero también quieren contratos durables que no sean repudiados por el próximo gobierno. De manera que les interesa negociar un trato justo, que sea visto como un trato justo. Además, en los grandes acuerdos, los costos del equipo de negociación son relativamente bajos (o podrían ser reembolsados a través de los ingresos derivados del proyecto).	Sin embargo, incluso si una compañía se inclina por esta metodología, los problemas abundan. ¿Cómo se la puede implementar sin que parezca un soborno (en caso de que la empresa le dé fondos directamente al gobierno)? ¿Y cómo pueden las empresas impedir una mala utilización de parte de los fondos (digamos, si el gobierno contrata a un equipo de baja calidad)?	Ésta es la propuesta: una Entidad de Ayuda para Contratos de Inversión bajo el paraguas de una organización respetada. Esta entidad funcionaría como una cuenta recaudadora en la cual la compañía paga los fondos necesarios para que el país anfitrión contrate un equipo de negociación. El administrador de la cuenta recaudadora luego invita al país a elegir un equipo, sugiriendo qué capacidades se requieren y tal vez, incluso, ofreciendo una lista de expertos.	El país tendría libertad para elegir su propio equipo, pero el administrador de la cuenta recaudadora, ayudado por una junta de asesoramiento internacional conformada por expertos voluntarios, necesitaría acordar que sea de primer nivel. Inclusive se podría incluir un elemento que incrementase la capacidad si se sumaran al equipo uno o dos negociadores locales. El resultado debería ser un contrato lo más justo posible dadas las circunstancias --y que se lo percibiera como tal.	Bastaría con que un puñado de directores ejecutivos y primeros ministros dijeran que están dispuestos a considerar la utilización de un mecanismo de esta índole en base a cada caso individual. Si bien esto no pondría fin a la derogación o renegociación de los contratos, sí eliminaría un motivo importante, beneficiando a países y empresas por igual.