Para las madres, padres y hermanos de los niños, estudiantes, campesinos y los cientos de asesinados por los paramilitares y la Policía Orteguista (PO) durante las protestas, la Ley de Atención Integral a las Víctimas aprobada por el régimen es una burla al dolor de los familiares porque no contempla un programa que garantice justicia, sino que deja en la impunidad los crímenes cometidos desde abril del 2018.	La Ley de Atención a las Víctimas, también conocida como ley del “perdón”, aprobada por los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional con trámite urgente, no menciona la obligación del Estado a investigar cada una de las muertes en el contexto de la represión a las protestas desde abril del 2018, como un mecanismo para hacer justicia.	Aunque el canciller del régimen Denis Moncada desde la semana pasada ofreció esa ley como un mecanismo de “perdón, no olvido y reparación” a las víctimas de lo que en la versión de la dictadura fue un “intento de golpe de Estado”, en la versión aprobada no se incorporó esos conceptos y tampoco el de la amnistía.	Para Josefa Meza, este 30 de mayo, cuando se celebra el Día de la Madre en Nicaragua, es “un día de luto” porque su hijo Jonathan Eduardo Morazán Meza cumple un año de haber sido asesinado en el ataque armado de paramilitares y la PO a la gran marcha de las madres realizada el año pasado.	El 30 de mayo del 2018 cifras oficiales y de organismos de derechos humanos indican que 19 personas fueron asesinadas y más de doscientas heridas en el ataque que las huestes del orteguismo hicieron a la multitudinaria manifestación que se realizó en solidaridad con  las madres y demás familiares, que para entonces habían perdido a parientes en las protestas contra el régimen.	La dictadura se ha opuesto a que haya una investigación independiente de esos crímenes y ahora busca proteger a sus grupos de choque y a los funcionarios, como el mismo Ortega y el alto mando de la PO, que han sido señalados como los responsables de dirigir la política de represión contra el pueblo.	Por otra parte, Rodríguez es señalado de dirigir la represión a las protestas contra la dictadura en León. Pero ayer cuando la bancada del FSLN aprobó la Ley de Atención a las Víctimas, Rodríguez reclamó a los liberales que “con qué autoridad moral” hablaban de respeto a la Constitución, prefiriendo descalificarlos diciendo que “su papel de pelele lo juegan bien”.