Otro aspecto que preocupa al Grupo Promotor, es que desconocen a la fecha si el gobierno solicitó en el Presupuesto General de la República de 2008, una partida extra para que las instituciones públicas puedan abrir las oficinas y estructuras de información que la Ley obliga en todas las instancias del gobierno.	“El Poder Ejecutivo, si está interesado en que la ciudadanía se dé cuenta de cómo están ejerciendo su competencia, debería ser el primer interesado en que esta Ley comience a funcionar”, dijo el miembro del grupo Promotor, quien de paso se quejó de que la reglamentación no está lista, pese a que esta organización entregó al presidente Daniel Ortega un texto elaborado por una consultora internacional, desde el pasado 15 de agosto.	Esta Ley permitirá que cualquier ciudadano pueda solicitar información oficial a las diferentes instancias del Estado, que estarán obligados a proporcionar lo solicitado, siempre y cuando no exponga la seguridad nacional, y en caso de una negativa de información no justificada, los nicaragüenses podrán recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.	La Ley no sólo se aplica para el gobierno y para las diferentes instituciones estatales, sino también para aquellas empresas privadas que han recibido concesiones del Estado en el campo de la telefonía, energía eléctrica, minería y exploración petrolera, entre otros, quienes serían obligados a informar sobre sus contratos de concesión y los servicios que prestan.