Si en algo estamos de acuerdo los nicaragüenses es nuestra insatisfacción por la forma en que se imparte justicia. Los únicos que se pueden sentir satisfechos con este estado de entropía y corrupción, son los abogados del sector público que devengan injustificados salarios y abusan del ejercicio de su profesión desde sus cargos de Magistrados, Jueces, secretarios, asesores de ministerios, y otros, que sin ser abogados o entendidos en derecho, se benefician de las prebendas y salarios del erario público.	El asunto que ha traído a la palestra pública el tema, ha sido el forcejeo y ruptura de una lámina de plywood de pino de diez dólares en el complejo judicial de Nejapa, donde en secreto se seleccionan los expedientes del inconstitucional Modelo de Gestión de Despacho Judicial financiado por el BID, cuando magistrados y uniformados, por órdenes de los primeros, desconociendo los acuerdos entre magistrados, Diputados y abogados litigantes, impidieron el ingreso de la Comisión “Ad hoc” para recorrer las instalaciones remodeladas e infuncionales de las oficinas financiadas con un préstamo de 12 millones de dólares del BID, y 3 millones del dinero de la nación para el desarrollo de un Programa de Fortalecimiento Judicial y Acceso a la Justicia con tres Proyectos de tres componentes, los dos primeros y dos componentes el ultimo.	Según el diputado peruano Antero Flores Aráoz, al describir este mismo fenómeno en su país: “Nadie se siente satisfecho con la justicia (….) y se reclama cambio, ahora y sin más postergaciones. No es posible seguir con un sistema que mantiene como inculpados y sin sentencia a miles de internados en las cárceles del país. Tampoco se puede admitir juicios interminables, colas crecientes para informarse del estado de los procesos, madres que reclaman alimentos hasta las calendas griegas, propietarios que no pueden recuperar la posesión de sus predios que arrendaron a plazos ya vencidos, o acreedores a quienes no se les paga obligaciones”.	La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua se ha atribuido funciones propias del Poder Legislativo, incurriendo con esto en el delito de PREVARICATO, al implementar con órdenes administrativas el “Programa del BID”, institución que sabía, por su experiencia en Perú, Bolivia y otros países iberoamericanos, que este Programa demandaba de previo serias y sistemáticas consultas y estudios que conllevaron a reformar las constituciones de aquellos y otros países, antes de intervenir con su Programa, Proyectos y Componentes a implementarlo para mayor desgracia de Nicaragua.	Al empezar a ser implementado bajo el gobierno actual, ha venido a causar mayor retardación y NEGACIÓN DE LA JUSTICIA. Al inicio, el Ejecutivo presentó el Proyecto de ley al Congreso, y los parlamentarios fueron sorprendidos por los magistrados de entonces, y también lo han sido los actuales con pocas pero honrosas excepciones, pues dejaron en manos de la Corte Suprema la dirección y ejecución del Programa, sus Proyectos y componentes, cuyo fracaso ahora es reconocido hasta por los mismos magistrados encargados de implementarlo, con excepción de una magistrada con aspiraciones presidenciales y otros dos magistrados que aún secundan a la primera en sus acciones y pretensiones.	El Programa del BID, no puede ser asunto exclusivo de la Corte Suprema, pues ésta no se encuentra aislada. Su actuación tiene vinculación estrecha con el Ministerio Público (Fiscalía), Procuraduría, Colegios o Asociaciones de abogados, Escuelas de Derecho, Sociedad Civil, entre otros sectores que conforman el SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA o sistema jurisdiccional. Y hay que agregar la necesaria y previa participación de la Policía, pues es vital su trabajo en las investigaciones respecto a delitos y faltas. Consecuentemente la reforma debía ser consultada de manera integral.	Por expuesto en esta reforma deben también ser actores los representantes de la Sociedad Civil, pero no cualquier representante, sino quienes tienen conocimiento del tema, sufren las demoras y anomalías, y se perjudican por sus defectos. Por ello pensamos que la Sociedad Civil debe estar representada por el Colegio de Abogados y las Facultades de Derecho de nuestras universidades.	Si la Corte Suprema de Justicia hubiera actuado con transparencia en la implementación de este Programa, hubieran empezado por hacer las consultas previas e indispensables en todos los sectores del Sistema Nacional de Justicia, y esto hubiera llevado, como en otros países, a los cambios o reformas constitucionales necesarias para la implementación del enlatado del BID, el cual demanda para ser implementado como proyecto piloto, hacerse en ocho (8) diferentes jurisdicciones geográficas como el mismo Contrato del Préstamo 1074/SF-NI lo establece por su cláusula 2.14: “(a) Fase de preparación, para la organización de equipos de trabajo del Poder Judicial (b) Fase de desarrollo, para desarrollo de EXPERIENCIAS PILOTO en una muestra representativa de despachos judiciales, seleccionados en base en criterios de diversidad de carga de trabajo, DISPERSIÓN GEOGRÁFICA Y DIFERENTES JURISDICCIONES”.	Sólo en esta Nicaragua del Señor, los Pretores o intérpretes de la ley, llamados ahora magistrados, ponen los bueyes detrás de la carreta y empiezan una fase preparatoria desde el final, lo que en la práctica médica equivale a empezar el aprendizaje haciendo un trasplante de corazón, antes de aprender a poner una inyección o hacer una canalización para hacer una transfusión o colocar un suero.	El BID debe en consecuencia aplicar la Cláusula de “Suspensión de Desembolsos y Vencimiento Anticipado” establecida por el Artículo 5.01 literal (d), que establece: “El Banco mediante aviso escrito al Prestario… (léase Gobierno de Nicaragua y Corte Suprema de Justicia como organismo ejecutor),… podrá suspender los desembolsos si surge y mientras subsista alguna de las circunstancias siguientes: Inciso (d) Cuando el Proyecto o los propósitos del Financiamiento pudieran ser afectados por: (i) cualquier restricción, modificación o alteración de las facultades legales, de las funciones o del patrimonio del Prestatario o del Organismo Ejecutor. (Léase CSJ), o cualquier modificación o enmienda que se hubiere efectuado sin la conformidad escrita del Banco.