El debate sobre la inmigración ha estallado en la Unión Europea. Tras el éxito electoral de Nicolas Sarkozy en Francia, primero, y el de Silvio Berlusconi en Italia, después, la aprobación en Bruselas de una dura directiva sobre los ‘sin papeles’ pone en evidencia que el discurso de ambos mandatarios ha calado en Gobiernos más moderados	El nuevo Gobierno italiano que preside Silvio Berlusconi ha dado prioridad absoluta a la lucha contra la inmigración y la seguridad ciudadana. Mezclando ambos conceptos, en la línea de la campaña que acabó concediendo en marzo la mayoría absoluta a la coalición del Pueblo de la Libertad con la federalista y xenófoba Liga Norte, el ministro del Interior, Roberto Maroni, número dos de la Liga, ha ultimado en apenas diez días un decreto ley, conocido como el ‘Paquete de Seguridad’, que incluye en principio 30 propuestas.	Las medidas consisten en convertir la inmigración clandestina en delito, penado con entre seis meses y cuatro años de cárcel; en prolongar el internamiento de los inmigrantes hasta 18 meses, ampliar los motivos para su expulsión y agravar en un tercio las penas de los delitos cuyo autor sea un sin papeles.	Además, serán expulsados todos los clandestinos condenados a penas superiores a dos años (ahora el mínimo es de 10 años) y encarcelados hasta tres años quienes alquilen casas a los irregulares. También se abre la posibilidad de que los ciudadanos comunitarios sean encerrados en los centros para inmigrantes y se crea un banco de datos de ADN para identificar mejor a los extranjeros.	La cuestión de la inmigración está en el centro de la vida política francesa como mínimo desde 1984, cuando, a socaire de unas elecciones europeas, el Frente Nacional (FN) consiguió sus primeros diputados. Antes, acabada la Segunda Guerra Mundial, la extrema derecha había explotado otros problemas: el mantenimiento de las colonias, la rebelión fiscal de los pequeños empresarios, etc. A partir de 1984, los inmigrantes se convierten en la explicación de todos los males que aquejan a Francia.	En 2007, Nicolas Sarkozy se hizo elegir creando un Ministerio de la Inmigración y la Identidad Nacional y voceando la puesta en práctica de una política de ‘inmigración elegida y no impuesta’. De alguna manera adoptó tesis y maneras del FN para evitar que la extrema derecha siguiese dividiendo a la derecha democrática y llevándola a la derrota. En la práctica, eso ha supuesto fijar cuotas de inmigrantes a expulsar (25,000 en 2007, 26,000 en 2008) y negarse a toda regularización masiva. Pero la realidad es tozuda, y los sin papeles han puesto en evidencia la difícil aplicación de las consignas sarkozystas.	Desde 2007, por ejemplo, tienen que conocer el francés y respetar las costumbres de la República. Hay otras leyes, como la vigente desde 2003, que especifican que sólo pueden acceder a la nacionalidad francesa los menores extranjeros de 15 años que son abandonados por sus padres a los servicios de la ayuda social. Es decir, el Estado fomenta la ruptura de las familias. Los jueces han fallado en varias oportunidades contra decisiones administrativas que infringen leyes de rango superior.	Los inmigrantes irregulares se encuentran en Alemania con una de las normativas más estrictas dentro de la UE. La ley permite retener a un extranjero bajo arresto preventivo durante seis semanas en caso de que el juez lo considere necesario para facilitar el proceso de expulsión o evitar complicaciones. Si el extranjero ha escapado durante procedimientos de expulsión anteriores o el juez considera que existe un riesgo real de fuga, la ley permite un arresto cautelar de seis meses que puede prolongarse por otros 12 meses más. De modo que un inmigrante irregular puede pasarse hasta 18 meses encerrado en espera de su expulsión.	Tanto el arresto preventivo como el cautelar pueden aplicarse a menores de edad, para los que no hay regulación especial alguna. Las autoridades sostienen que estas detenciones sólo se dan en casos especiales. Una consulta del Ministerio Federal de Interior desveló que, sólo en Berlín, más de cien menores fueron retenidos cada año entre 2002 y 2005 para preparar su expulsión. En cuanto a la asistencia jurídica, el Estado sólo la costea si el recurso del extranjero tiene visos de prosperar.	La polémica se extendió a la inmigración económica legal con el ingreso de los países del Este en la UE el 1 de mayo de 2004. El Gobierno de Tony Blair no puso trabas a la llegada de trabajadores de los nuevos miembros, pero sus estimaciones sobre su impacto se vieron absolutamente desbordadas. Desde entonces, Londres ha adoptado una postura muy restrictiva. Los ciudadanos de Rumania y Bulgaria tienen derecho a entrar en el país desde que ingresaron en la UE en 2007, pero su acceso al trabajo está restringido.	El Gobierno no ha dejado desde entonces de legislar para reducir la entrada de inmigrantes, que ahora es muy difícil para los de fuera de la UE. La nueva política se basa en un sistema de puntos que regula los permisos de trabajo en función de su formación, ingresos, edad o sector económico.