Según analistas políticos, el caso de Mojica es el más importante porque la sanción es una advertencia indirecta que envía EE. UU. a los altos mandos del Ejército de Nicaragua, de que también podrían ser sancionados por su complicidad con la dictadura. Así opinan sobre todo antiguos ideólogos y estrategas sandinistas que ahora son disidentes del FSLN y abogan por la restauración de la democracia.	Pero el Departamento del Tesoro de los EE. UU., al informar en un comunicado las razones para sancionar a Mojica, lo acusa personalmente de “promover en la televisión la estrategia de ‘exilio, cárcel o muerte’ del régimen de Ortega para silenciar a la oposición, una política que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de personas encarceladas, llevadas al exilio o desplazadas internas. Además —agrega el comunicado— Mojica administra una parte significativa de las finanzas personales y oficiales del presidente Ortega y de la vicepresidenta Murillo, incluidas las inversiones en plantaciones de café y establecimientos hoteleros”.	La subsecretaria del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, explicó que con estas sanciones “Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega y su círculo íntimo: apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamamientos a la reforma y al retorno a la democracia”. Y agregó que EE. UU. no dudará “en tomar medidas contra aquellos que perpetúan la opresión o apuntalan el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”.	En Nicaragua se ha acusado al Ejército por no haber desarmado a los paramilitares que han masacrado a la gente indefensa, a pesar de que la Constitución dice en su artículo 95 que “no pueden existir más cuerpos armados en el territorio nacional que los establecidos por la ley”, o sea el Ejército y la Policía. Pero no está claro que esa norma constitucional sea una orden expresa al Ejército para que desarme a los civiles armados ilegalmente. Además, de acuerdo con la Ley de Organización y Funciones de la Policía y la Ley 510, Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, esto le corresponde a la misma Policía.	En ocasiones anteriores hemos dicho que lo que debió hacer el alto mando militar era persuadir a Ortega para que aceptara el adelanto de elecciones libres y limpias, como vía segura para superar la crisis sociopolítica, pacificar el país y empezar la nueva transición democrática. Todavía es tiempo de que lo haga.