«A la Academia de Policía le corresponde la formación profesional, capacitación y desarrollo de aspirantes y de policías en servicio activo», dicta el artículo 28 de la Ley 228; mientras que «la Ley 872 apenas menciona una única vez la Academia de la Policía, indicando simplemente que es uno de los órganos de apoyo de la institución», indicó Cajina.	«El Reglamento de la Ley de la Policía (Decreto 26-96, La Gaceta 32, 14 febrero 1997) le dedicaba 12 artículos a capacitación. En esos artículos indicaba que la función de la Academia consiste en organizar, planear, dirigir, coordinar y supervisar la formación profesional, capacitación y desarrollo de los aspirantes y policías en servicio activo y fuerzas auxiliares mediante planes y programas integrales, especializados, científicos y humanísticos”, agregó Cajina.	La Academia Walter Mendoza, donde este año también se graduaron 776 nuevos policías del Curso Básico de Policía, es reconocida por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) como una institución de educación superior, pero, hasta la fecha se desconoce el plan de estudio que ofrece la Academia. «Eso evidencia no solo la falta de transparencia de esta institución de educación superior sino, más grave aún, la voluntad de ocultar información que debe ser de acceso público», manifestó Cajina.	«Hacen (la PO) un reclutamiento en un país que tiene una posición económica no boyante,  jóvenes que se bachilleran cuyas familias son paupérrimas, que no tienen para pagar una universidad privada y no son los mejores estudiantes para ganarse una beca. Entonces la policía es como el último recurso que les queda para poder tener una profesión con un título académico, ese tipo de chicos y chicas que entran a la academia no son los mejores estudiantes», señaló Cajina.	La combinación de estos factores da como resultado, explicó Cajina, un «producto de pésima calidad», donde los interesados buscan como satisfacer sus propias necesidades. «El producto que vas a sacar no es un policía. En la convocatoria dicen ‘vocación de servicio’, pero van a buscar cómo servirse ellos, no cómo servir a la sociedad. La institución tiene interés de tener ese tipo de gente», subrayó.	«Los valores y principios definidos para la Policía, tanto en la ley como en los discursos, en la actualidad son mera retórica porque con sus actuaciones, sobre todo desde abril de 2018 hasta hoy, la policía los ha hecho a un lado y ha perdido su carácter de institución pública. En ese sentido, ha roto su propio marco jurídico e institucional de actuación», destacó.	Tanto Cuadra como Cajina coinciden que en otra «época» la policía pudo haber trabajado bajo eso valores, cuando contaban con cierto «prestigio», pero eso acabó en el 2007. «Esos principios tuvieron valor para la policía en otra época, cuando desarrollaba un proceso de profesionalización y modernización que fue reconocido tanto dentro como fuera del país, pero desde el 2007 han perdido todo sentido por la subordinación que ha tenido al proyecto familiar de los Ortega-Murillo», dijo Cuadra.	Cajina declaró que aunque no se sabe el plan de estudios que ofrece la Academia, es evidente que se le ha venido «entrenado» para lo que ahora practica: reprimir, asesinar, secuestrar y torturar: «Esta policía se le vino entrenando para todo lo que hizo a partir del 18 de abril a la fecha. Se le vino entrenando para asesinar, secuestrar, torturar… una institución no cambia de la noche a la mañana».	Ante este panorama, Cajina planteó que la única salida es «desmantelar» en su totalidad a la PO para devolverle la confianza a los nicaragüenses. «No puede haber una reforma policial, una reforma se hace para el que tiene un régimen democrático.  Entonces lo que se hace es una reforma para resolver esas fallas, y va hacer de esa policía una policía mejor, pero aquí ya no se puede. Aquí lo que hay que hacer es desmantelar a la policía, que ni siquiera se llame policía nacional porque en el consciente de la gente está la imagen de estos policías asesinos y torturadores», concluyó Cajina.