A inicios de marzo, el Parlamento Europeo promulgó una resolución para establecer un proceso escalonado de sanciones contra el Gobierno nicaragüense y funcionarios involucrados en los actos represivos. En la resolución también se pide la aplicación a Nicaragua de la Cláusula Democrática, lo que podría dejar al país fuera del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, vigente desde el año 2013.