Refirió que la PGR decidió ejecutar un secuestro en Montelimar, donde se nombró depositario al Gerente General con la administración, para no alarmar a nadie, porque después de todo un año de acciones administrativas a través de la Cornap, se negaron a reconocer la deuda con el Estado que debe verse en un contexto contractual.	Asimismo, Barceló firmó en el contrato una cláusula por la que si en los diez años siguientes la ocupación del hotel se situaba en torno al 60 por ciento se pagaría una cantidad adicional, pero “esta ocupación nunca se ha dado”, y tras una auditoría realizada por una empresa externa “se ha comprobado que, efectivamente, no se ha llegado a esa ocupación”.