“Constitucionalmente es el Estado el que tiene la responsabilidad de garantizar la protección social de la familia, algo que se vino violentando durante 16 años y los gobiernos anteriores de manera irresponsable lo trasladaron a organizaciones privadas o entidades prestadoras de servicio que ejecutaron las dos primeras fases del PAININ con mentalidad mercantilista, comercial y empresarial”, expresó la ministra de la familia, adolescencia y niñez.	“Es un enorme esfuerzo dar reapertura a los servicios de atención pues estaba cerrado. Por dos años y medio se desarrollará a nivel nacional en 1 mil 146 comunidades de 66 municipios en situaciones de vulnerabilidad alimenticia de 14 departamentos, beneficiando directamente a 87 mil 27 niños y niñas menores de 6 años, 13 mil mujeres embarazadas y lactantes, con la participación de 5 mil 347 madres voluntarias y 3 mil 450 promotores”.