En 2010 las muertes por la violencia delictiva en Centroamérica llegaron al nivel más alto (18 mil). Al año siguiente bajaron en Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y en 2012 volvieron a bajar en todos, excepto en Honduras. La reducción del 14% es insuficiente, pero alentadora, los resultados más visibles fueron en El Salvador y Guatemala. Costa Rica se ubica como el único país con tasa de 8 muertes por 100 mil habitantes, debajo de 10 que la OMS considera epidémica; Nicaragua un poco menor de 12.	Analicemos las causas de la reducción. Las muertes, en relación con las circunstancias que la provocan, pueden clasificarse en tres categorías: a) relacionadas a conflictos de convivencia (violencia comunitaria, intrafamiliar y de género) -la mayor proporción-, b)  relacionadas a pandillas delictivas -la segunda mayor magnitud-,  y c) consecuencia del crimen organizado, principalmente narcotráfico. Ellas tienen causalidades similares y distintas.	1. El crimen organizado es transnacional y regional, obedece -particularmente el narcotráfico-, al mercado: oferta, demanda, rutas,  riesgos y precios. A partir de la crisis económica que afectó a Estados Unidos, principal mercado de demanda, muchos consumidores, al reducirse su poder adquisitivo (elasticidad-precio de la demanda), sustituyeron cocaína por drogas adulteradas y sintéticas más baratas, muchas producidas en territorio norteamericano y fronterizo. Posiblemente el tránsito se disminuya y la violencia por controlar las rutas se modere. La primera causa general a considerar es que hay modificación de las características del mercado transnacional de drogas.	2. Las pandillas observan agotamiento, sus principales líderes son mayores de cincuenta años, algunos presos aunque capaces de dirigir operaciones criminales, enfermos por los estragos de la violencia y la vida desordenada. Consecuencia del conflicto armado, de la desigualdad socioeconómica, de la exclusión, desarraigo por inmigración, desintegración familiar y deterioro social, agravado por la manera coercitiva de abordar el problema que recrimina la pobreza y penaliza sin incidir sobre las causas. Las treguas en El Salvador (2012) y posiblemente en Honduras (2013) -sostenibilidad está por verse-, reflejan desgaste de grupos delictivos, de la sociedad e instituciones. Tiene efectos regionales; son fenómenos sociales y no físicos.	3. La desigualdad y la exclusión, causan violencia. La carencia de mecanismos para solucionar los conflictos y la insuficiente presencia institucional, los agrava. Los esfuerzos internacionales, de integración regional, de los gobiernos nacionales y locales de impulsar programas de apoyo a sectores vulnerables como en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, aunque no resuelven el grave problema acumulado, permiten paliarlo.  Nicaragua muestra indicadores de reducción de la pobreza.  La economía de Panamá, la más dinámica de la región, en condiciones de “empleo pleno”. La estabilidad macroeconómica y financiera, el crecimiento económico en Nicaragua y Costa Rica, a pesar de la crisis que afectó a la región, sumado al apoyo del ALBA, al acceso de varios países al petróleo venezolano en condiciones preferenciales y a la demanda de productos agropecuarios que reactiva el sector, evidencia resultados socioeconómicos que contribuyen a mejorar la convivencia.	4. Aunque la institucionalidad de la justicia y la seguridad en la región es insuficiente y se requiere ampliar el acceso a la justicia y la profesionalización, durante dos décadas hubo avances evidentes. Coordinaciones, capacitación, regulaciones, controles e información pública, contribuyen. Las entidades policiales han logrado mejor -aunque insuficiente- efectividad y profesionalización como en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En  Guatemala y Honduras hay intentos de reforma que se estancan por indefinición política, trabas institucionales, falta de liderazgo y corrupción interna.	Más allá que del actual escenario esperanzador, la región supera la crisis de décadas anteriores por los conflictos armados y retoma el funcionamiento de sus instituciones. Después de la paz se evidenció el incremento de la violencia, surgieron las pandillas y el crimen organizado agudizó sus efectos ante las vulnerabilidades socioeconómicas existentes.	Con la posible disminución de la violencia se abre una ventana de oportunidades. Sin embargo, si no se reduce la persistente desigualdad ni se mejoran las condiciones de los sectores vulnerables, si no se atiende y protege a la juventud y a la niñez con educación de calidad, si no se fortalece la institucionalidad y la transparencia, la raíz de los problemas seguirá latente; es probable que nuevos o viejos conflictos y fenómenos vuelvan a manifestarse o que, lo que parece una tendencia positiva, no logre cuajar.