La propuesta de reforma a la ley fue enviada el 17 de octubre a la Asamblea Nacional por el presidente Daniel Ortega y es vista por el economista como una medida que deja en la indefensión a los consumidores sobre todo en el actual contexto político que atraviesa el país ya que ha disminuido el poder adquisitivo y los niveles de consumo producto del alto desempleo.	Actualmente, la Ley establece que para que la empresa distribuidora tome acciones legales contra un usuario por impago, antes el INE debe certificar que ese cliente tiene mora en su factura energética, con la reforma esa certificación ya no será necesaria para que la distribuidora entable una demanda contra el usuario.	"Uno es que la empresa se iba a comprometer a hacer inversión anual, dos de que la tarifa de energía eléctrica se iba a revisar cada dos años y prácticamente se ha venido moviendo en seis meses o menos de un año, y tres de que como había un ente regulador se tenía que establecer un mecanismo para determinar la vía administrativa con el prestador de servicio y luego pasar al ente regulador para que diera respuesta al consumidor", señaló.