El jurista ilustra el tema en momentos en que los dictadores Ortega y Rosario Murillo aceleran la aprobación de su polémica ley del “perdón” para esta misma semana, un mecanismo que daría amnistía a los paramilitares y a la Policía Orteguista (PO), responsables de crímenes contra la población, durante la violencia estatal que se inició en abril del año pasado y que el régimen aplacó a balazos.	Fuentes legislativas explicaron que al proyecto de la “ley del perdón”, o de amnistía, se le daría un trámite rápido debido a que Ortega lo quiere aprobado a más tardar el 30 de mayo, Día de la Madre en Nicaragua, “porque esa ley la usarán para justificar la excarcelación de los presos políticos que les faltan, pero que dejaría protegidos a los grupos de choque y a la Policía ante cualquier investigación”.	El 30 de mayo del 2018 el régimen Ortega-Murillo lo tiñó de sangre al ser asesinados 19 ciudadanos, la mayoría durante el ataque de paramilitares y la PO, en Managua, a la gran marcha que fue convocada por las madres de quienes ya habían sido asesinados en las protestas desde abril de ese año, por huestes orteguistas.	“Una amnistía en el supuesto que la ley de Daniel y Rosario Murillo dijera eso, que quedan amnistiados los delitos de lesa humanidad, eso no tiene valor jurídico, por lo que el próximo gobierno democrático sencillamente lo va a impugnar, tanto por razones del principio de constitucionalidad como por el principio de convencionalidad internacional”, aclaró Álvarez.	“La percepción es que (con ley del perdón) queden muchos delitos en la impunidad; acordate que hay más de trescientos asesinatos que no se han investigado, que no se ha hecho justicia, tenemos delitos de lesa humanidad y tenemos delitos de torturas que les han hecho a nuestros presos políticos”, planteó Martínez.