El jueves 20 de junio se cumplió el plazo de 180 días para que las agencias de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos presenten un informe detallado sobre los funcionarios del régimen de Daniel Ortega que son violadores de derechos humanos o están involucrados en actos de corrupción, lo que servirá para aplicar las sanciones individuales que establece la ley de sanciones Nicaraguan Investment Conditionality Act, mejor conocida como Nica Act.