Son 403,669 clientes de menos de 300 kilovatios hora al mes que adeudan los 3,500 millones de córdobas , según revela un informe de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional. Este universo incluye a los consumidores de los asentamientos, que el Gobierno dejó de subsidiar a través del gasto público	Los diputados del régimen no han sido sinceros sobre la magnitud de la crisis financiera de la distribuidora de energía, Disnorte-Dissur. Ocultaron que los que consumen menos de 300 kilovatios al mes adeudan aproximadamente 3,500 millones de córdobas, cuyo universo de usuarios incluye a los hogares de los asentamientos que reciben subsidio y que es pagado por el Gobierno a través del Presupuesto General de la República.	Son 403,669 clientes de menos de 300 kilovatios hora al mes que adeudan los 3,500 millones de córdobas. Esa cantidad de clientes son el 96 por ciento del total de los 420,136 morosos con la distribuidora de energía, según revela un informe de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional.	Para la especialista en temas energéticos, Patricia Rodríguez,  los nuevos  números sobre la  mora entre los que consumen menos de 300 kilovatios mensuales,  esconderían que el Gobierno es quien debería parte de esa gran deuda comercial  en concepto de subsidio a la tarifa de los consumidores de menos de 300 kilovatios hora, «por lo que es el Gobierno un gran mayor deudor, que no podría hacerle frente a esa obligación».	También parte de los que no dijeron las autoridades fue que la mora por facturación comercial no cobrada asciende a más de 7,000 millones de córdobas (unos 212 millones de dólares) la que se acumuló en el último año, debido a que miles de usuarios dejaron de pagar porque sus ingresos económicos se les han reducido porque perdieron sus empleos o son insuficientes para cubrir los gastos en sus hogares, debido a la crisis económica que sufre Nicaragua como consecuencia de la inestabilidad socio política por la represión gubernamental a los sectores opositores al régimen.	La dictadura de Daniel Ortega no asignó en el Presupuesto General de la República del 2020 recursos para subsidiar la tarifa de energía eléctrica en los asentamientos, donde viven familias extremadamente empobrecidas. Así se dejan desprotegidos a más de 30,000 hogares quienes a partir del próximo año empezarán a pagar la tarifa de energía comercial sin subsidio, a menos que su consumo sea menor a los 150 kilovatios hora al mes pues ese segmento aún recibiría el beneficio.	La especialista Rodríguez señaló que debido a que el 50 por ciento de las pérdidas por facturación no cobrada de la Disnorte-Dissur la representan el 94 por ciento de los clientes cuyo consumo es menor a los 300 kilovatios hora al mes, significa que el Gobierno «adeuda parte de la mora de esos usuarios porque si ellos no pagaron no se pudo hacer la transferencia del subsidio a la empresa».	El rechazo por parte de la población a lo propuesto por el dictador Ortega hizo que en la Comisión de Servicios Públicos de la Asamblea modificaran la reforma excluyendo de los embargos judiciales a los consumidores de menos de 300 kilovatios hora al mes, que fue lo aprobado en la Ley 554.	«No es posible que 16,527 clientes pongan en riesgo la estabilidad del sector eléctrico, pero sí es verdad que son grandes consumidores, donde hablamos del empresas de producción e industrias, entonces con los embargos judiciales lo que haces es implementar la política de intimidación para la recuperación por ejecución de deudas», refirió la especialista Rodríguez,	Que el régimen autorizara a la distribuidora a amenazar judicialmente al 6 por ciento de los clientes morosos y excluyera a los más de 420 mil deudores para Rodríguez respondería a que «el Gobierno se está protegiendo al no estar presionado para pagar el subsidio que debe tener pendiente por la energía consumida por los miles de usuarios de bajo consumo».	«Les es más fácil intimidar a los 16,527 morosos que son medianas y pequeñas empresas no solo grandes, con embargarles las cuentas bancarias que es donde están apuntando con la reforma, porque a la distribuidora no le conviene tener embargados motores, aires acondicionados, muebles y demás bienes o propiedades de las empresas porque entonces se mete en otro problema que sería tener que dedicarse a vender esos bienes. La distribuidora busca dinero de inmediato no a largo plazo», dijo Rodríguez.