La organización Defensores del Pueblo denunció este martes que el proceso judicial contra los presos políticos Marvin Samir López Ñamendi, Wilfredo Alejandro Brenes y Yordan Irene Lanzas Herrera, detenidos por llevar agua a madres en huelga de hambre en la Iglesia San Miguel Arcángel, en Masaya, presenta «arbitrariedades» e «inconsistencias» en los datos que el Ministerio Público orteguista señala al momento de la detención.	El abogado Julio Montenegro, representante de Defensores del Pueblo y quien lleva la defensa de los tres ciudadanos, señaló que durante la audiencia preliminar, celebrada este lunes desde las 11 de la mañana hasta a las 4:30 de la tarde, estos tres ciudadanos fueron acusados de tráfico de armas, al igual que 13 activistas y miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).	Los tres ciudadanos representados por los Defensores del Pueblo, según la acusación de la Policía, venían en los vehículos en los que también se trasladaban 13 miembros de la UNAB, sin embargo, Montenegro indicó que en su momento demostrarán que las detenciones fueron en circunstancias distintas y que sus defendidos «no habían estado en esos vehículos, pero tenían en común haber llevado agua».	Explicó que a Wilfredo «no lo detienen con esas dos personas, primero mandaron a los 13 muchachos a Auxilio Judicial y luego Wilfredo pidió permiso para pasar un bidón de agua, ellos le dijeron que podía pasar, los engañaron y cuando estaba en el centro, entre la Iglesia San Miguel y el Parque, los ‘paramilitares’ lo golpearon y se los llevaron a la Policía, después fue que los unieron», pormenorizó Montalván.	«Consideramos que las situaciones que se les imputan son arbitrarias y no corresponden a la realidad, estos ciudadanos -por lógica- no van a llevar objetos del tipo que les señalan de llevar, cuando se sabe que ahí están policías y parapolicías y que en algún momento pueden ser requisados», apuntó Montenegro.	La hipótesis presentada por los Defensores del Pueblo, durante la audiencia preliminar, consistió en que «nuestros representados están siendo criminalizados por protestar, que el tipo penal utilizado por el Ministerio Público no cumple los requisito y únicamente se les adjudica tráfico de armas, para darle la connotación de un caso que tiene que ser conocido por un juez de Managua».	El abogado Montenegro reveló, aunque no es el representante legal de los 13 activistas y miembros de la UNAB, que varias de las jóvenes detenidas expresaron que «fueron lastimadas» y «una de ellas estaba vomitando sangre», es por ello que la mayoría de los abogados, incluyendo los miembros de Defensores del Pueblo, solicitaron que los acusados fueras llevados a valoración del Instituto de Medicina Legal.