“Un mecánico orteguista dueño de un taller”, me decía un amigo de un pequeño municipio de la región central de Nicaragua, “se quejaba que antes de la crisis hacía (ingresaba) de tres a cuatro mil córdobas por día, y ahora con mucho costo llegaba a mil”. La conclusión de esta breve historia es que las consecuencias económicas de la crisis política afectan a toda la población, sin exclusión, sean o no orteguistas.	Hace dos días, en el diario LA PRENSA, Fabián Medina abordó el mismo tema en su columna semanal, señalando que para la remoción de la dictadura familiar de Ortega “se necesitará incluso el esfuerzo de muchos de quienes hoy la defienden o consienten”. La historia del mecánico que hemos referido, podría decirse de muchas otras personas y empresas de todo tamaño, que sienten las consecuencias de la crisis en la actividad comercial, agropecuaria, financiera, inmobiliaria y turística.	El decaimiento de la actividad económica del país, y sus consecuencias en el desempleo y deterioro del nivel de vida, atraviesa al conjunto de la sociedad, y no hace distinción de personas sean liberales, orteguistas, conservadores, sandinistas en general, y sin filiación política. Como también afecta a todos los empresarios y todas las empresas, independientemente de su tamaño, así sea un tramo en el mercado, un pequeño productor de granos, o un gran empresario, pertenezcan o no al gobierno y al ejército, y sea urbano o rural.	Los sectores afectados negativamente pueden tener dos certezas: primero, que la crisis económica no se evitará mientras no haya solución política, y que esa solución deberá pasar por elecciones creíblemente democráticas. Desde que llegó al gobierno, Ortega inició un proceso de exclusión política cuyas consecuencias económicas ahora vemos, y mal haríamos desde la oposición reeditando la misma exclusión. Segundo, que todos los sectores nicaragüenses, el propio sandinismo orteguista, salvo los directamente beneficiados del círculo inmediato de la familia gobernante y que no son muchos, están siendo afectados mientras no haya solución política a la crisis económica.