«Estas situaciones constituyen elementos fundamentales del etnocidio cultural latente, de la flagrante violación de sus derechos humanos y la extinción sistemática de sus medios de vida. Además, ha provocado la deforestación de 1.5 millones ha de bosque en los últimos 10 años en territorios indígenas y las reservas de Bosawás e Indio Maíz», señala el comunicado divulgado este martes por la Alianza.	La Alianza también denunció que el régimen de Daniel Ortega «ha impuesto gobiernos comunales y territoriales paralelos; conformados en la mayoría por integrantes del partido de gobierno, contrarios a la voluntad de las asambleas comunitarias y territoriales. Esto socava el ejercicio del gobierno comunitario legítimo, operativiza la instrumentalización del proyecto de autonomía regional y polariza políticamente a las comunidades».	La organización opositora recordó que «la negación de justicia por el Estado de Nicaragua ante las situaciones de violencia provocadas por las invasiones ilegales, obligó a comunidades a recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas cautelares a siete de 12 comunidades indígenas, las cuáles el Estado incumplió».	«Después de más de tres décadas de aprobado el proyecto de autonomía, conquista de las comunidades y pueblos de la Costa Caribe, estas poblaciones viven en pobreza extrema, con inseguridad alimentaria, con sus riquezas naturales saqueadas, sus instituciones autonómicas secuestradas y sin un horizonte creíble de construcción de sus propios sueños colectivos e históricos. Ante esta deplorable situación, nos solidarizamos con los pueblos de la Costa Caribe y asumimos sus demandas históricas e instamos a mantener la lucha cívica en alto, porque juntos lograremos una Nicaragua para todos, inclusiva, interétnica y multicultural».