El vicepresidente y consejero delegado de Unión Fenosa Internacional, Honorato López Isla, visitará a nuestro país para reunirse con altos funcionarios gubernamentales, como un último esfuerzo para lograr acuerdos con el gobierno de Nicaragua, y así evitar que esa transnacional proceda a una demanda millonaria en contra del Estado nicaragüense por más de 150 millones de dólares.	Al menos así lo revelaron fuentes del sector eléctrico, quienes aseguraron que la llegada de López Isla ya está programada y podría estar aquí en estos días, lo que demuestra, según la fuente, que “Unión Fenosa está poniendo todo a su disposición para llegar a un acuerdo satisfactorio con el gobierno”.	Agregaron que en las negociaciones se tratará de llegar a un consenso sobre la conciliación de deudas que tienen las instituciones del Estado con Fenosa, y las de Fenosa con las generadoras de energía estatales; las inversiones de la compañía para los próximos años; las propuestas para resolver la fuga de energía en los asentamientos; pero principalmente la pre-compra del 16 por ciento de las acciones de Disnorte y Dissur por parte del Estado de Nicaragua.	El lunes pasado, el titular del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), David Castillo, reveló que el reciente 30 de abril se “rompieron” las conversaciones entre el gobierno y Fenosa, por lo que esa compañía podría abrir una demanda contra Nicaragua. Sin embargo, aseguró que están preparados ante una inminente querella internacional.	Avendaño explicó que la suma por la que Fenosa podría demandar a Nicaragua ante una instancia del Banco Mundial, sería a partir de la base de los 110 millones de dólares que fue lo que le costó a la transnacional las empresas Disnorte y Dissur en 2000, más las inversiones que la empresa ha calculado que ha realizado en el país desde esa fecha.	El tres de enero de 2007, a sólo siete días de que el comandante Daniel Ortega asumiera la Presidencia de la República, ejecutivos de la Agencia de Garantía de Inversión Multilateral (MIGA, por sus siglas en inglés), dependencia del Banco Mundial, le notifican al entonces ministro de Hacienda, Mario Flores, un cobro de 55 millones de dólares al Estado de Nicaragua, por “riesgos políticos”.	El 28 de junio del año pasado, reunidos en el Palacio de La Moncloa, en España, el asesor económico del presidente Daniel Ortega, Bayardo Arce, junto al Embajador de Nicaragua en ese país, Augusto Zamora, firmaron “un Memorando de Intención” con Honorato López, Vicepresidente de Unión Fenosa Internacional, para iniciar mesas de negociaciones, y luego firmar un “Protocolo de Entendimiento” a más tardar el 31 de julio.	En ese entonces, López Isla dejó claro que mantendrían el seguro ante el MIGA, al menos hasta que se lograra la firma de “Protocolo de Entendimiento”: “Nosotros esperamos con este (avance de) entendimiento que no haya incendio, pero es lógico que sigamos manteniendo el seguro (ante el MIGA), aunque creo que afortunadamente no habrá fuego”, relató López Isla confiado en que habría un acuerdo.	El cuatro de abril pasado, Arce rubricó un nuevo documento con funcionarios de Fenosa en España, en el que se contempla la compra del 16 por ciento de las acciones de esa empresa en Nicaragua, además de nombrar un miembro del gobierno en la junta directiva de Fenosa, pero al parecer ambas partes hicieron “ajustes” posteriores a ese documento, por lo que hasta el momento no ha habido consenso, por lo que oficialmente se rompieron las negociaciones el pasado 30 de abril.