El jefe de la Dirección de Seguridad Pública, Olivio Hernández, dijo entonces que la Policía decidió “no autorizar ninguna actividad que exponga a personas, familias o bienes, al peligro; que alteren el orden y los derechos sociales, y el derecho a la paz de las familias nicaragüenses”. El jefe policial basó la decisión en que “los solicitantes fueron partícipes en el golpe de Estado fallido de abril del año pasado”.