Actualmente, los adolescentes y jóvenes constituyen la población de jóvenes más grande de la historia de la humanidad, con 1,800 millones de jóvenes entre los 10 y 24 años de edad. Sin embargo, el que sean una cifra histórica no los coloca en ventaja en cuanto a desarrollo, puesto que según el sitio web de las Naciones Unidas, a nivel mundial, más de la mitad de los niños y adolescentes de entre 6 y 14 años no saben leer o no tienen conocimientos básicos de las matemáticas, a pesar de que la mayoría asiste a la escuela.	En el marco del Día Internacional de la Juventud, designado en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para celebrarse cada 12 de agosto, compartimos 10 acciones que según el Fondo de Población de la Naciones Unidas, UNFPA, deben realizarse de manera urgente para cambiar la realidad de los jóvenes.	“Hoy en día, América Latina y el Caribe cuenta con la generación de jóvenes más educada de su historia. La matrícula en educación terciaria se disparó de un 20 por ciento en 1998 a un 50 por ciento en el año 2015. El 94 por ciento de los que se encuentran entre los 15 y 19 años de edad han concluido la educación primaria. Pero únicamente el 64 por ciento de las personas en el rango de los 20 a 24 años concluyen la educación secundaria, lo cual indica que un segmento significativo de la juventud está siendo dejada atrás incluso antes de iniciar su vida adulta”, señala el documento 165 millones de razones para invertir en nuestro futuro.	“Esa educación (secundaria) debería ayudar a todas las personas adolescentes a comprender y poder exigir sus derechos, incluidos aquellos relacionados con la salud sexual y reproductiva. También debería ayudarles a desarrollar habilidades para el pensamiento crítico, un uso responsable de los recursos ambientales, y el tipo de creatividad y amplitud de criterio que permiten apuntalar una ciudadanía activa y democracias estables que funcionen bien”, se lee en el documento.	Como dato de alarma encontramos que dos terceras partes de las personas jóvenes con empleo hacen parte de la economía informal, es decir, tienen condiciones laborales precarias. La tasa de participación laboral de las mujeres jóvenes es aún más baja por diversas razones, incluida la falta de acceso a servicios de salud reproductiva.	“La exclusión de las personas jóvenes del mercado laboral o el estancamiento en empleos de baja productividad son barreras para su acceso a derechos y al bienestar. Esta situación también disminuye el potencial para alcanzar los niveles de productividad que la región necesita para aprovechar al máximo el dividendo demográfico de cara a la transición a sociedades con una población en edad más avanzada. Lo mismo sucede con las disparidades de género en materia laboral, que se traducen en pérdidas adicionales”, señala el UNFPA.	“La participación igualitaria de la mujer en los mercados laborales podría aumentar el producto interno bruto de la región en un 34 por ciento, o $2.6 billones de dólares. De acuerdo con un estudio reciente realizado por el Instituto para el Retiro BlackRock y el UNFPA, aumentar la tasa de participación laboral de las mujeres puede ser un catalizador que permitiría a los países acelerar el crecimiento económico y aumentar su capital humano. Una mayor participación genera numerosos beneficios, que van desde un aumento en el número de mujeres que ahorran e invierten para su retiro hasta una mayor igualdad de género”, señalan.	A pesar de que en muchos países hay políticas de desarrollo en pro de la juventud, en la práctica aún no se ve que sus voces se escuchen plenamente, desaprovechando de esta forma el hecho de que los y las jóvenes son la incubadora perfecta de ideas innovadoras y de progreso.	“Todas las personas jóvenes tienen el derecho a participar en el desarrollo de sus sociedades. Es necesario eliminar las barreras que impiden su participación, con un énfasis particular en la marginación impuesta por las normas de género, su lugar de residencia, raza, discapacidad o cualquier otro factor asociado con la discriminación. También es necesario que las alianzas con plataformas y organizaciones juveniles respondan a sus intereses y capacidades, de modo que generen más oportunidades de incidir en las decisiones que afectan sus vidas y su futuro. Sus voces necesitan ser escuchadas, tanto a nivel nacional como local, en los procesos de diseño, gestión y evaluación de instituciones, servicios, políticas y programas”, resalta el UNFPA.	Durante más de una década, los países de América Latina y el Caribe han impulsado leyes y programas que garantizan servicios de salud integrales. Si bien es cierto que se han logrado avances importantes, aún existen obstáculos para el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, en particular para la población adolescente, relacionadas con una cobertura insuficiente y una calidad deficiente. Algunas instalaciones carecen de privacidad.	La educación sexual integral debe basarse en evidencia técnica, en los derechos humanos, y responder a las problemáticas de género, las diferencias culturales y el respeto de la diversidad. También debe promover una visión holística y positiva de la sexualidad que vaya más allá de la prevención de las infecciones de transmisión sexual, el VIH y el embarazo temprano.	A nivel mundial, se estima que una de cada tres mujeres experimentará abuso físico o sexual en algún momento de su vida, la mayoría de las veces por parte de una persona conocida. Una de cada cinco mujeres es abusada sexualmente de niña. La violencia por razón de género menoscaba la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de las mujeres. Sus consecuencias pueden alterar el curso de una vida, ya que pueden implicar embarazos forzados y no deseados, infecciones de transmisión sexual, el VIH o incluso la muerte.	Independientemente de la forma que asuma la violencia por razón de género, que puede ir desde el matrimonio a edad temprana hasta la violencia sexual en el hogar o en las calles, lo cierto es que esta se deriva de las desigualdades de género que aún persisten a pesar de las estrictas políticas y leyes contra la violencia implementadas en años recientes.	El matrimonio infantil es una amenaza grave para las adolescentes. Vulnera sus derechos, les niega su niñez, pone en peligro su salud y limita sus oportunidades. Una niña que vive en una unión temprana o forzada tiene mayores probabilidades de quedarse embarazada y abandonar la escuela, una situación que disminuirá sus posibilidades de desarrollar habilidades y tomar decisiones relacionadas con su vida y aumentará el riesgo de que padezca violencia de género.	Si bien es cierto que en la región no existen guerras formales actualmente, sigue teniendo grandes retos en materia de seguridad ciudadana. Cada quince minutos se cometen cuatro homicidios, con un total de hasta 400 por día. Asimismo, ocho de los diez países más violentos del mundo, y cuarenta y dos de las cincuenta ciudades más violentas del planeta, se encuentran en América Latina. Al mismo tiempo, la región enfrenta el reto de llevar a cabo una transición hacia sociedades más resilientes como resultado de su alto grado de vulnerabilidad a los desastres naturales, particularmente en América Central y el Caribe. Una vulnerabilidad que está aumentando como resultado del cambio climático.