Los nuevos sancionados son el jefe policial Ramón Avellán, acusado por el gobierno estadounidense de haber causado la muerte de 107 personas durante la represión contra la sublevación popular en Masaya; el presidente del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell, productor de los fraudes en las elecciones para mantener a Ortega en el poder; y el militar en retiro Roberto López, director ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), señalado por la potencia sancionadora como promotor de un gran esquema de corrupción con los fondos del INSS.	Los analistas políticos nicaragüenses especulan acerca de la significación no declarada que pudieran tener las nuevas sanciones. Pero en realidad lo que importa son las sanciones mismas, mediante las cuales el gobierno estadounidense se solidariza con el pueblo de Nicaragua y presiona a Ortega para que reanude el diálogo con la oposición, a fin de buscar un acuerdo que permita resolver de manera democrática la crisis sociopolítica nacional.	En este mismo orden se puede ver también la declaración del congresista Albio Sires, quien pidió al Ejecutivo de EE.UU. que sancione igualmente a otros funcionarios principales de la dictadura orteguista. La presidenta del poder judicial y la fiscal general del régimen orteguista, Alba Luz Ramos y Ana Julia Guido, encabezan la lista propuesta por el congresista republicano.	El jueves pasado fue día de fiesta en Masaya, particularmente en Monimbó, por la sanción que impuso EE.UU. al gran represor Ramón Avellán. También festejaron los afiliados y pensionados del INSS, cuyos derechos han sido devastados por la administración corrupta de Roberto López. Y para todo el pueblo de Nicaragua ha sido una fiesta la sanción a Lumberto Campbell, gran hacedor de fraudes electorales para perpetuar en el poder a Daniel Ortega.