“El gobierno tiene que respetar lo que firmaron los gobiernos anteriores. No puede ser que todo lo pasado sea malo, (así) no saldrán nunca adelante. Es muy delicado jugar con fuego, la empresa turística más grande está siendo cuestionada indebidamente. No es la forma de tratar a los inversionistas extranjeros, con un embargo preventivo sin haber dialogado”, dijo Escalante.	La Procuraduría, según ha explicado el Procurador General de la República, Hernán Estrada, ejecutó un secuestro en Barceló, debido a que se ha negado a reconocer una deuda con el Estado en concepto de ocupación de más del 65 por ciento del Hotel, de acuerdo al contrato de compra-venta suscrito en 1993.	El relación a que si estarían dispuestos a que otra firma diferente de la Price Waterhouse audite los niveles de ocupación del hotel para determinar si le deben al Estado, Delaney respondió que no tienen ningún inconveniente, pero sería de nunca acabar y en todo caso el gobierno pasado ya reconoció lo auditado por Price Waterhouse.	Dicha firma auditora dijo que no ha habido la ocupación de más del 60 por ciento para pagarle al Estado nicaragüense, pero el Procurador General de la República, Hernán Estrada, considera que eso debe ser valorado por peritos, porque Price Waterhouse fue la que también dijo en 1993 que ese era el valor de Montelimar, aunque se trata de más de 300 manzanas.	Delaney indicó que han pasado 20 días desde que la Procuraduría ejecutó el embargo contra Barceló y todavía no han podido ver el expediente, por los obstáculos que presenta el Modelo de Gestión de Despacho en los juzgados de Managua, donde ahora es muy difícil conocer la situación de los casos.	Refirió que, aunque ya pasaron los 15 días de ley para que la Procuraduría bonificara el embargo, cuando llegan a preguntar a los juzgados si hay demanda, les informan que no hay nada. Y no pueden saber más porque no se puede hablar con los jueces, desde que implantaron el nuevo modelo.