El 28 de noviembre de 2007, bajo un engañoso título de “Ley especial para el uso responsable del servicio público básico de energía”, el señor Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley (que en estos días está a punto de ser aprobado), no para ampliar y asegurar el acceso al suministro de energía eléctrica (como podría pensarse por el título), sino, para sancionar, con urgencia, el hurto de energía eléctrica.	Siempre que Ortega retrocede ante un poder económico que resiste a sus amenazas, se vuelve represivamente en contra de los sectores populares. Estos cambios erráticos de una política que fluctúa entre las distintas clases sociales son propios de una burocracia que se encuentra en fase de conquista y de consolidación de un poder económico propio.	Las pérdidas comerciales de Unión Fenosa, que no puede pasar a tarifa, corresponden a 330 GWh de energía. Esta energía viene sustraída de las redes de distribución, por un valor de 34.5 millones de dólares. De ella, 133.65 GWh corresponde a la energía sustraída en los asentamientos pobres (por un valor de US $ 14 millones); y 196.35 GWh es la energía hurtada, principalmente, por el sector domiciliar (con un valor de US $ 19.8 millones).	Si en lugar de remediar la dependencia estructural de nuestro sistema eléctrico nos volvemos a castigar, con saña, el uso inapropiado de la energía eléctrica de parte de una población empobrecida, es más lógico castigar, entonces, con un mayor esmero, a los funcionarios públicos que han fracasado en su gestión estratégica en torno a la seguridad energética de la nación. Y en el país con el mayor índice de corrupción de Latinoamérica, para crear conciencia moral en contra del robo es más lógico castigar, prioritariamente, a quienes se enriquecen en el servicio público.	En los años setenta las pérdidas eléctricas totales (técnicas y comerciales), en Nicaragua, eran del 15 %. Para darle una respuesta adecuada al problema actual debemos preguntarnos ¿por qué han aumentado las pérdidas eléctricas al 26.5 %? Bajo un análisis responsable del problema hay dos aspectos a considerar. Como en un ensayo de laboratorio, tomaremos en este análisis como patrón de referencia a Costa Rica, cuyas pérdidas totales corresponden a un índice óptimo del 9.4 %.	En los años noventa, el porcentaje de energía generada con fuentes renovables en Nicaragua era del 58 %, actualmente, es inferior al 20 %. Nicaragua sólo explota el 3.5% de su potencial geotérmico, de manera que aunque tiene el 40 % del potencial geotérmico de la región centroamericana sólo le corresponde el 8 % de la capacidad instalada en la región. En lo que concierne a la generación hidroeléctrica, Nicaragua explota, solamente, el 6 % de su capacidad potencial.	En cambio, Costa Rica explota el 62 % de su potencial geotérmico, de manera que aunque tiene sólo el 9 % del potencial geotérmico de la región, le corresponde, sin embargo, el 35 % de la capacidad instalada en la región. Y en la generación hidroeléctrica, Costa Rica explota el 22 % de su capacidad potencial.	Ello evidencia una falta de estrategia coherente, que ha conducido a una mayor dependencia externa. Este mismo resultado negativo se puede observar, también, desde una óptica medioambiental. Aunque la generación eléctrica de Nicaragua representa sólo el 8 % de la región, emite, sin embargo, el 16.3 % del CO2 de la región (a causa del mayor porcentaje de generación térmica en la matriz de generación de Nicaragua).	La proporción de la factura petrolera en los costos de la factura eléctrica fue del 22.9 % en 1998; en 2002 había subido al 37.2 %. Es decir, el aumento del impacto económico de la dependencia petrolera fue de 162 % en sólo cuatro años (cuando el petróleo apenas había pasado de 14.39 $/BB en 1998, a 28 $/BB en 2002).	En Costa Rica, este mismo factor, que indica la “petrolización” de la factura eléctrica corresponde, en 2007, apenas al 1.3 %. Nuestra dependencia petrolera extrema tiene, en consecuencia, dos efectos negativos importantes para nosotros. Por un lado, explica por qué el precio promedio de la energía eléctrica en Nicaragua fue, en 2007, de 155.85 US $/MWh, mientras en Costa Rica es de 73.09 US $/MWh. En segundo término, explica la iliquidez financiera del sector eléctrico en nuestro país. En Nicaragua se destina el 83 % de las ventas de energía al pago de los generadores, mientras en Costa Rica (con un precio de venta que es el 47 % del precio de venta en Nicaragua), se destina sólo el 64.1% de los ingresos por venta de energía al pago de los generadores.	El precio de venta de la electricidad a un industrial costarricense es 0.63 del precio de venta en Nicaragua. Y el precio que paga en Costa Rica el sector domiciliar es 0.6 del precio que se paga en Nicaragua. No obstante, el salario mínimo en Nicaragua es de 98.6 US $/mes, mientras en Costa Rica es de 484.5 US $/mes: cinco veces mayor.	Esto hace que el consumo de 300 kWh, en Nicaragua, signifique gastar el 47.16 % del salario mínimo de un nicaragüense; mientras el consumo de los mismos 300 kWh, para un costarricense, significa sólo el 4.64 % de su salario mínimo. Esta relación entre los ingresos y el costo de la factura eléctrica para cada hogar, es decisiva para que el Estado enfrente con responsabilidad social el problema de las pérdidas comerciales de la distribuidora. A ello debe sumársele que en el sector urbano la tasa de desempleo en Nicaragua es de 42.5 % (esto es, de hogares que no tienen, siquiera, ese salario mínimo).	Si observamos el gasto público social por habitante, para medir el carácter del Estado en uno y otro país. Vemos que en Costa Rica es de US $ 622 por habitante, mientras en Nicaragua es de US $ 57. En estas condiciones, el señor Ortega introduce, a nombre de su “gobierno de los pobres”, una iniciativa de ley que simplemente penaliza el hurto de energía, en lugar de presentar una estrategia de desarrollo, y una política social responsable acorde con la situación de pobreza del país.	En esta ley de Ortega (art. 9) se penaliza el hurto de energía con 3 años de prisión y 300 días de multa, más los costos de las inspecciones y de la corrección del daño, más el 100 % del valor de la energía sustraída, que ingresará a sus arcas el INE (conforme al art. 25). Y si el usuario no paga la multa antes de 30 días de plazo le podrán ser ejecutados judicialmente sus bienes inmuebles (art. 20).	Además, si algún hijo de vecino, por travesura o por mala intención, pinta el medidor, la pena para el usuario (conforme al art. 11) es de 2 años de prisión y 300 días de multa. Todo ello implica un riesgo inmenso de represión política dirigida, encubierta bajo el combate a las pérdidas eléctricas.	Si se toma esta iniciativa de ley como modelo de solución a los problemas, una asamblea de consumidores con poder podría preguntarse ¿qué pena ponerles legalmente a los funcionarios de INE y a los de otras dependencias del Estado que han hundido estratégicamente al país? ¿Bastará con decenas de años de prisión, con miles de días de multa, y con la ejecución judicial de todos sus bienes?