Una de las violaciones consisten en que la cantidad de las aguas residuales que salen de estas empresas están por encima de las que establecen las normas ambientales. Además, se encontró que en 7 de las 27 empresas visitadas no tenían ningún permiso ambiental para operar de parte de las autoridades del ministerio nicaragüense de Recursos Naturales y del Ambiente (Marena).	Señaló que con las muestras obtenidas y el nuevo marco jurídico de la ley de delitos ambientales y el contenido del Código Penal, recién aprobado por el Parlamento "estaríamos en la disposición de actuar y acusar por la vía penal, si encontramos en el nuevo monitoreo que estamos haciendo que hay incumplimiento a la ley".