Los señalamientos del Departamento del Tesoro sobre el manejo oscuro de los recursos de  más de 800 mil contribuyentes al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) vienen a profundizar aún más la crisis en la que se encuentra la entidad desde hace siete años, advirtieron ayer analistas, que señalaron que esta situación pone en aprietos a la banca nacional, donde la institución estatal tiene depositado dinero.	«Las tres sanciones (de Estados Unidos a tres funcionarios de Daniel Ortega) mandan mensajes diferentes, pero la más sensible es la de López, es la más sensible porque al acusar a López de formar parte de una plataforma con dinero del INSS para lavado de dinero esto conlleva a que las cuentas del INSS que están en los bancos, sean cuentas que presentan el riesgo de contagio con operaciones de lavado de dinero», explicó Núñez.	Es por esa razón que Núñez advirtió que si Ortega no actúa rápidamente para minimizar el impacto que significa ese tipo de señalamiento contra el INSS pone en riesgo la capacidad operativa del instituto, «la capacidad de pagar, porque ahorita los bancos tienen las cuentas del INSS con una lupa enorme, debido a este tipo de acusación porque se arriesgarían hacer operaciones que pueden ser detectada y sancionadas por los Estados Unidos».	Gustavo Porras siempre ha sido señalado por la oposición de estar detrás del manejo del INSS, siendo López su «ficha» dentro de la institución, que se encamina a su séptimo año en crisis financiera, luego que las dos reformas paramétricas que se han aplicado desde 2013 no han sido suficientes para revertir sus crecientes déficit pese a los severas medidas contra los trabajadores, futuros pensionados y empresa privada.	Para Núñez con las sanciones a López han acarreado al INSS señalamientos muy graves, que requieren que se clarifiquen sobre cuáles son las operaciones de lavado de dinero en las que estaría involucrado el instituto, para evitar que todas las cuentas del mismo sean cerradas por los bancos nacionales, afectando la operatividad de la entidad.	López, de hoy en adelante ya, es «un cadáver fiscal, un cadáver monetario que no va poder hacer una transacción financiera por el resto de su vida, entonces eso va afectar porque muchos de los bancos por precaución van a cancelar la firma de él en todas las operaciones que se hacen en los bancos local con el INSS, porque no van a exponerse con una persona sancionada».	Arteaga admite que estas sanciones si bien están personalizadas, lo cierto es que es otro duro golpea a una entidad «que no es desde ahorita que vienen mal, viene mal desde el 2007 cuando (el Gobierno de Enrique) Bolaños entregó al INSS con un superávit en sus ingresos», que luego cayó en déficit.	«El INSS otorga préstamos significativamente por encima del costo, luego permite a los prestatarios incumplir el préstamo, pero borra la deuda al permitirles entregar activos con un valor mucho menor que el valor del préstamo», afirmó el Departamento del Tesoro al describir la forma escandalosa de cómo el instituto se maneja de manera corrupta.	El INSS cayó en déficit por primera vez en el 2013, cuando el instituto no pudo cubrir todos sus gastos y se le creó un «hueco» por 192.1 millones de córdobas, según cifras del Banco Central de Nicaragua. Desde entonces la necesidad financiera ha empeorado, tanto así que el déficit alcanzará este año 3,138.8 millones de córdobas, luego de ubicarse el año pasado en 4,333.19 millones de córdobas.	Y pese a que la crisis financiera ha desbordado al INSS, el régimen ha decidido aplicar medidas duras en detrimento de los trabajadores y los pensionados, pero no corregir los señalamientos de corrupción dentro de la entidad que desde hace varios años vienen siendo denunciado y destapados por medios de comunicación independientes, como LA PRENSA.	Para el especialista en temas de Seguridad Social, Róger Murillo, tras las sanciones ahora «don Roberto López no puede hacer nada de nada, las repercusiones la desconocemos, sabemos que es grave la situación, pero desconocemos qué puede pasar, pueden separarlo de cargo a él, no sabemos cómo va afectar a la institución, lo más seguro es que los dejen ahí, al final yo veo como una burla para el pueblo mantenerlo en el cargo».