Las reformas a la Ley contra el terrorismo y lavado de activos (Ley 977), que según los críticos tiene el objetivo de controlar, limitar y reprimir a los defensores legales de los opositores al régimen de Daniel Ortega, entró en vigencia este lunes 19 de agosto, con su publicación en La Gaceta, diario oficial del país.	Estas reformas amplían el control de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a los abogados, contadores y notarios públicos. Según la Ley, los contadores, abogados y notarios públicos están obligados a rendir informes sobre las actividades de sus clientes, sean empresas o personas naturales, cuando las considere operaciones sospechosas, lo cual supuestamente es para fortalecer al país contra la delincuencia organizada.	Organizaciones de derechos humanos así como la opositora Alianza Cívica, han denunciado que la reforma a la Ley 977 es usada por el régimen de Ortega para perseguir y condenar a los protestantes. Además, denunciaron que se excede en las obligaciones que el Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) pide a Nicaragua, ya que en el fondo el objetivo de la dictadura es crear un estado de espionaje contra los ciudadanos.	En la Comisión de Justicia del Legislativo solo participaron las entidades públicas que fueron los impulsores de la reforma a la Ley 977. En el dictamen a la reforma la misma presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, la orteguista María Auxiliadora Martínez, confirmó que no escucharon a los afectados por la legislación, sino únicamente al Ejército, la Policía, Superintendencia de Bancos, a la UAF), la Procuraduría, la Corte Suprema y el Ministerio Público.