“Esta medida demuestra el deterioro de las instituciones en Nicaragua y demuestra un patrón de violación sistemática de garantías individuales y derechos fundamentales en ese país, acciones que han sido denunciadas por el Gobierno de Brasil, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, escribieron en el comunicado.