Cuatro préstamos que suman 85.5 millones de dólares que le fueron aprobados a Nicaragua por cuatro cooperantes en 2018 no fueron incorporados por el régimen de Daniel Ortega en el Presupuesto General de la República del 2019 y tampoco hay registros de la mayoría de esos fondos en los informes de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda.	Las autoridades no han explicado si aún cuentan con esos fondos comprometidos por los gobiernos de Austria, España, del Banco Europeo de Inversiones y el Fondo para el Desarrollo Internacional de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), los que tienen en particular haberse adquirido en el contexto de la crisis sociopolítica causada por las violaciones a los derechos humanos por la represión gubernamental a la jornada de protestas ciudadanas.	La paralización de esa partida millonaria se suma a los cien millones de dólares aprobados en concepto de crédito por el Gobierno de Taiwán, que tampoco han ingresado a las arcas estatales a pesar de a la dictadura le urgen para cubrir el déficit en el Programa de Inversión Pública (PIP) en el 2019.	De esta forma son 185.5 millones de dólares en total del fondo OPEP, Austria, España, el BEI y Taiwán en concepto de empréstitos de cooperantes bilaterales que no han sido desembolsados al régimen orteguista a pesar de que los adquirió para financiar proyectos en sectores sensibles del PIP como son educación, salud, infraestructura vial, agua, saneamiento y alcantarillado sanitario así como en el sistema de electrificación en comunidades rurales del país.	La explicación que encuentra Róger Arteaga, exgerente regional del Banco Centroamericano de Integración Económica, es que Hacienda no incorporó esos préstamos en el gasto de este año debido a que «seguramente fueron informados por esos cooperantes de que no los iban a desembolsar» conforme lo pactado, «en donde la represión a la población deben estar teniendo gran peso en esa decisión porque esos organismo sy gobiernos internacionales valoran mucho el respeto a los derechos humanos de los países donde prestan ayuda financiera».	«No le sueltan esos fondos al Gobierno porque la aprobación fue una decisión adoptada antes de la crisis del 2018, y aunque después había alguna oportunidad para darlos, el contexto se ha complicado  (para Ortega) por el anuncio e implementación de las sanciones por parte de Estados Unidos. Esos países que en un momento les aprobaron los préstamos al gobierno de Ortega ahora no quieren pecar sobre advertido en aparecer apoyando a violadores de derechos humanos», afirmó Arteaga.	El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), publicó las regulaciones legales para implementar la orden ejecutiva 13851, del 27 de noviembre de 2018, “Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Federal el pasado 4 de septiembre.	Estados Unidos ha sancionado hasta ahora a once funcionarios de la dictadura como son la vicepresidenta designada Rosario Murillo, el hijo de la pareja presidencial Laureano Ortega Murillo, el jefe de la Policía y consuegro de los gobernantes, Francisco Díaz, junto a Francisco López, quien es vicepresidente de Albanisa; el asesor presidencial Néstor Moncada Lau; el exmagistrado electoral Roberto Rivas; la exministra de Salud Sonia Castro, el ministro de Transporte Óscar Mojica; el director de Telcor Óscar Castillo y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.	También han sanciones contra Albanisa, empresa que controla el negocio petrolero entre el régimen de Ortega y el dictador venezolano Nicolás Maduro así como el Banco Corporativo S.A. (Bancorp), propiedad de Albanisa. Además Estados Unidos tiene vigente obstáculos financieros al régimen con la aprobación e implementación de la Nica Act, que impide el acceso a los organismos multilaterales.	Las medidas de EE.UU. buscan afectar el flujo de recursos de la dictadura en Nicaragua por las violaciones a los derechos humanos desde el 18 de abril del 2018 por fuerzas parapolicias,  y la Policía Orteguista (PO) contra las manifestaciones ciudadanas que han dejado al menos 326 asesinatos, miles de heridos, torturados y forzado al exilio a más de 80 mil nicaragüenses de acuerdo a organismos internacionales defensores de los derechos humanos.	Arteaga consideró que al entrar en vigencia los mecanismos para aplicar las sanciones de EE.UU. «y al haber la posibilidad de un bloqueo» de ese gobierno a Nicaragua, «es suficiente para que todos los cooperantes tengan claro que hacer transferencias de recursos al gobierno de Ortega es un alto riesgo porque se exponen a ser golpeados por las sanciones».	«Hay muchos préstamos para el Gobierno que están suspendidos y por eso los desembolsos son mínimos porque las sanciones de Estados Unidos son un golpe fuerte. Tal vez consigan destrabar los fondos para salud y educación alegando que son vitales, aunque dudo que lo consigan. El tema es por la gran desconfianza de los acreedores internacionales con este régimen en que si les dan plata se puede alimentar la burocracia y el destino al final sea la represión, por tanto hay temor en el maneo de ese dinero», dijo Arteaga.	Los 8.5 millones de dólares del préstamo suscrito con el Raiffeisen Bank International del Gobierno de la República de Austria estaban dirigidos al mejoramiento y equipamiento de las áreas de Emergencia y radiología del Hospital Manolo Morales de Managua. Ambas áreas del hospital serían construidas nuevas como el suministro de equipos electromecánicos.	Ese préstamo fue aprobado el 30 de enero del 2018 en la Asamblea Nacional. En el dictamen con el que la Comisión Económica avaló el empréstito con Austria se resaltó la necesidad de mejorar la atención en Hospital Manolo Morales para reducir los tiempos de espera y la calidad  los pacientes.	Cuando fue aprobado el crédito con España el diputado orteguista vicepresidente de la Comisión Económica, José Figueroa, señaló que el programa beneficiaría a los estudiante y docentes de 748 colegios de secundarias, porque se contemplaba dotarlos de «las herramientas tecnológicas educativas para los proceso de enseñanza aprendizaje y poder conectarse, tener libros digitalizados, programas de software, entre otros”.	El 7 de junio del 2018, durante los meses más álgidos de la represión a las protestas ciudadanas que exigían la salida del poder de Ortega y Murillo, los legisladores orteguistas aprobaron otro empréstito por 30 millones de dólares proveniente del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), destinado al mejoramiento de caminos rurales, específicamente en los departamento de Matagalpa, Estelí, León y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS).	El cuarto proyecto afectado es el de Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en 19 ciudades, que forma parte de la Fase I del Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano de Nicaragua (PISASH), que recibiría el financiamiento de 16.25 millones de dólares por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI).	De acuerdo al detalle de los documentos oficiales, con los 16.25 millones de dólares del BEI se ejecutaría por parte de la Empresa Nicaragüense de Agua y Alcantarillado (Enacal) la construcción, rehabilitación y ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua potable en 15 ciudades. Unos 40,000 nuevas conexiones de viviendas en las zonas rurales y urbanas, así como la instalación de nuevas fuentes de agua y equipos de tratamiento como la estructura para el bombeo y depósitos es parte de lo diseñado.