La resolución también contempla “investigar, perseguir, capturar y extraditar” a las personas involucradas en corrupción y crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A pesar de que el documento dice que estos procesos se darán de acuerdo a los “ordenamientos jurídicos” de cada país, los cancilleres no explicaron cómo, ni bajo qué órganos judiciales sucedería.