Jarquín Ortel, de 68 años, sufría desde años de una enfermedad incurable y finalmente se rindió a la muerte. Dedicó los últimos años de su función pública, desde su antiguo cargo de Subprocurador de Derechos Humanos, a la defensa acérrima de los abusos y desmanes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.	Jarquín Ortel además era miembro de la comisión designada por el sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien nombró en su comisión a personajes afines a la dictadura, para crear investigaciones oficiales sobre las masacres y abusos de derechos humanos por la represión desatada desde abril de 2018 por el régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.	Sin embargo, en realidad el funcionario público dedicó sus esfuerzos a defender ardorosamente los abusos del régimen ante la comunidad internacional, lo que provocó una investigación del Consejo de Derechos Humanos para tratar de degradar internacionalmente la figura de la Procuraduría de los Derechos Humanos como institución independiente defensora de los derechos humanos de los nicaragüenses.	Desde sus redes sociales, y ante cualquier foro al que asistiera, Jarquín exaltó la figura de Ortega y Murillo, justificó sus masivas violaciones de derechos humanos y calló ante los incontables abusos contra el pueblo nicaragüense por parte del régimen a través de la Policía Orteguista, fuerzas parapoliciales y fanáticos armados de la dictadura.	Al salir Alemán del poder en 2001 y destaparse toda la corrupción de su administración que lo llevaron a la cárcel, el PLC organizó una estructura para tratar de rescatar al convicto de la cárcel y ahí nació el Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia para Arnoldo Alemán, presidido por Jarquín Ortel y dirigido por María Fernanda Flores, esposa del expresidente.	Cuando el 5 de noviembre de 2010 se le venció su período para el que fue nombrado por la Asamblea Nacional como subprocurador de Derechos Humanos, Jarquín Ortel no se fue a su casa sino que se atrincheró en su oficina en la  Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDDH), para retomar el cargo, amparado en un decreto de Daniel Ortega que prorrogó inconstitucionalmente a los funcionarios en sus cargos.	Dos meses antes Jarquín Ortel, cuando aún hablaba con los medios independientes, dijo a LA PRENSA que sometía a la decisión del PLC, en el cual militaba, el futuro de su cargo; su partido le dijo que decidiera a conciencia pero le aconsejó dejar el cargo, consejo que él desechó y abandonó la bandera roja del liberalismo.