Para Marling Sierras, directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) esta nueva normativa vino a legalizar lo que de hecho o en la práctica ya estaba pasando con las las organizaciones sin fines de lucro. Según Sierras el propósito del régimen orteguista con esta normativa es callar las voces críticas y evitar que haya auditoria de la sociedad civil sobre el actuar del gobierno.	y tratar de evitar la auditoria social que hacen las ONG, que es dar seguimiento a la gestión gubernamental y denunciar actos de corrupción si los hay. Nos quieren ver como asistencialistas nada más.  Suplir lo que falta”, dijo Sierras, cuya organización fue despojada de su personería jurídica en el 2018 junto a otras organizaciones similares.	El artículo 7 de dicha normativa dice que «el representante legal de las organizaciones sin fines de lucro debe firmar una acta compromiso ante el Departamento de Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, obligándose de forma clara y precisa no incluir en sus proyectos, programas o acciones de tipo político partidarios, sean estos de forma directa o indirecta, mencionando conocer las consecuencias legales que se derivan del incumplimiento de las mismas».	“Desde que fundamos Hagamos Democracia nunca hubo restricción de ese tipo. Nosotros fuimos formadores de líderes de diferentes partidos políticos, capacitábamos sobre liderazgo, sobre derechos humanos y políticos, fomentamos el debate público. Capacitamos sobre la defensa del voto, todo se hizo de forma transparente, lo que pasa es que ahora el régimen busca reprimir más a las sociedades civiles, porque persigue su control total”, expresó Luciano García de Hagamos Democracia, que también fue despojada de su personería jurídica.