El Estatuto de Autonomía de nuestra Costa Caribe fue aprobado con el claro objetivo y expreso reconocimiento de que los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas son los sujetos que deben decidir sobre el destino de nuestras dos regiones. Sin embargo, para algunas personas la Autonomía se circunscribe a decisiones relacionadas con la tenencia de la tierra y el manejo de los recursos naturales, omitiendo aspectos fundamentales de gobernabilidad.	Esta confusión se deriva del desconocimiento de los Derechos Autonómicos y la evidente debilidad de nuestros Gobiernos Regionales, que desafortunadamente todavía no logran asumir a cabalidad el reto histórico de dirigir este proceso autonómico de estratégica importancia para el desarrollo del pueblo costeño y de la nación nicaragüense multiétnica y pluricultural.	La crisis política actual surge de las deficiencias del proceso de formulación de políticas públicas autonómicas en las Regiones Autónomas: no se promueve la participación efectiva de las y los actores interesados, no se prevé la necesidad de establecer consensos políticos y sociales y tampoco se miden las consecuencias de acciones que pueden ser interpretadas como violatorias a derechos fundamentales, como lo es en este caso el Derecho al Voto.	Incide también la renuencia de la clase política nacional en reconocer tanto la legalidad como la legitimidad de los Derechos consagrados en el Estatuto de Autonomía, actitudes que redundan en un tratamiento folklórico y condescendiente hacia los costeños, menospreciando e incluso manipulando por intereses propios las justas aspiraciones de los pueblos caribeños.	A mi juicio, la solución a esta crisis surgida a raíz de la solicitud de YATAMA de suspender las elecciones en los municipios de Waspam, Puerto Cabezas y Prinzapolka, debe salir de la Costa Caribe mediante el diálogo y el consenso, por cuanto es evidente y notorio que la resolución emitida el viernes, 4 de abril de los corrientes, no aborda en su correcta dimensión los alcances de esta desafortunada situación que afecta derechos fundamentales de pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas de la Costa Caribe. Es preciso destacar que el problema no es sólo de diferencias entre facciones de YATAMA, a como se ha querido plantear, ya que atañe a todas y todos los costeños que residen en la RAAN y también potencialmente, a los habitantes de la RAAS.	La pretensión del Consejo Supremo Electoral de arrogarse atribuciones para seleccionar junto a otros actores del Pacífico y con una minoritaria presencia del Consejo Regional, autoridades municipales interinas en tres municipios de la RAAN, arbitrariamente elimina Derechos Civiles y Políticos de los ciudadanos de Puerto Cabezas, Prinzapolka y Waspam de elegir mediante el sufragio universal, libre y secreto a sus propias autoridades municipales.	La gobernabilidad y el desarrollo de la Costa Caribe requieren del respeto a la institucionalidad autonómica, las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas, así como del fortalecimiento de los principios democráticos y la plena vigencia de sus Derechos Civiles y Políticos, contenidas en el Estatuto de Autonomía (Ley 28), la Ley Electoral (Ley 331), así como en la Constitución Política de Nicaragua.	Es necesario hacer un llamado a la calma y la promoción del diálogo franco y sincero entre los costeños y las costeñas, teniendo en mente que no está en juego únicamente el ejercicio del Derecho al voto, sino también la legitimidad y el respeto al régimen de Autonomía. Las universidades, el Consejo Ecuménico, organismo de Derechos Humanos de la Costa Caribe y la sociedad civil costeña, quienes gozan de legitimidad en las comunidades y pueden facilitar procesos de consulta, garantizando se respeten las opiniones y perspectivas de todas las partes interesadas, pueden contribuir al logro de un consenso que propicie una digna solución a esta dolorosa crisis que estamos atravesando.