Mientras en Nicaragua un grupo de abogados recurría de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) en contra de la nacionalización que el Gobierno nicaragüense otorgó al expresidente salvadoreño Mauricio Funes y su familia, en El Salvador la Fiscalía reveló el dictamen de la acusación por corrupción contra Funes y 31 personas más.	En el recurso de amparo de 77 páginas, la parte recurrente cita un tratado suscrito entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el cual establece que los funcionarios y exfuncionarios que son requeridos por la justicia de sus países por actos de malversación de caudales públicos (dinero del Estado) no pueden ser protegidos con asilos ni con el otorgamiento de nacionalidades de los países suscriptores de este tratado, explicó el abogado Montenegro.	“Mauricio Funes y sus familiares tampoco cumplen con lo establecido en la Ley de Nacionalización de Nicaragua, porque en la misma se establece que antes de recibir la nacionalidad debió haber cumplido un período de 3 años como residente y hasta 4 años después optar a la nacionalidad”, subrayan los abogados en el recurso de amparo.	Entre tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador presentó el dictamen de acusación contra 32 personas, incluyendo el expresidente Mauricio Funes y su exesposa, Vanda Pignato, a quienes el jefe de la Unidad Anticorrupción, German Arriaza, señala de ser parte de una organización criminal que desfalcó más de US$351 millones.	Entre las 32 personas que están siendo acusadas con Funes, están sus dos exesposas, Vanda Pignato y Regina María Cañas; la examante Elvy Paz Gutiérrez y su actual compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán, además de dos de sus hijos, según la información de “El Diario de Hoy”, de El Salvador.