El avecinarse una Nicaragua nueva, post Ortega, hace necesario que vayamos pensando en reformas que eviten futuras dictaduras. El lunes pasado presentaba dos de ellas: prohibir en forma absoluta cualquier forma de reelección y asegurar una Corte Suprema de Justicia completamente independiente vía nuevos procedimientos de elección de magistrados, y haciéndolos vitalicios, como en Estados Unidos.	Ahora me referiré a tres más, comenzando por la elección de diputados. La forma actual de hacerlo es radicalmente opuesta al principio de la representatividad y una receta para el servilismo absoluto. Los diputados son electos a dedo por el caudillo de su partido. Un efecto neto de esta práctica nefasta es que no se deben a sus electores sino a él; su preocupación no es conseguir apoyo popular sino caerle bien. A él es quien deben convencer que le serán absolutamente fieles; a él quien deben endulzar el oído. El pueblo no cuenta. El colmo es que luego se hizo ley la llamada prohibición del “transfuguismo” que dispone privar de sus escaños a los diputados que no voten con su partido.	Que se terminen las elecciones en plancha y se pase al llamado escrutinio mayoritario uninominal, aquel donde los candidatos a diputados compiten contra otros en sus correspondientes jurisdicciones, zonas o departamentos, ganando el que obtenga más votos en elecciones auditadas por un sistema electoral independiente. También deben poder ser electos por suscripción popular, es decir, sin partido, e igual es de imperioso que no puedan ser penalizados de ninguna forma por cambiarse de partido o votar contra su bancada. Los diputados deben tener absoluta libertad de criterio y solo deberse a sus electores.	Otra reforma clave, complementaria de la anterior, es la democratización de los partidos. Todos deben tener elecciones primarias, auditadas públicamente, donde elijan a sus candidatos presidenciales a través de procesos competitivos, abiertos, y de voto secreto. Reformas como estas exigen a su vez una tercera: cambiar profundamente la forma de operar de las autoridades electorales. Habría que considerar formas de elección similares a la sugerida para la Corte Suprema de Justicia o convertirlas en un instituto civil, independiente de los partidos. Igual que para los magistrados, los funcionarios de esta dependencia no deberían ser militantes de ningún partido políticos.