La semana pasada, el Gobierno presentó una lista de aproximadamente 1,000 personas, en la que había alrededor de 300 coincidencias con el registro de encarcelados que tiene la Alianza Cívica, elaborada con datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y las familias de los detenidos. Esta lista se aproxima a un total de 779 manifestantes encarcelados.	Unos 479 nombres del registro presentado por la oposición, no coincidieron con el documento del Gobierno y, posteriormente, el viernes pasado, se informó que después de una depuración quedaba aún indefinida la situación de 290 personas, siendo este el punto que tratan de conciliar desde hace varios días a nivel de los equipos técnicos de ambas partes en conjunto con la Cruz Roja.	Según las listas publicadas por el Ministerio de Gobernación, a la fecha, el Gobierno oficialmente ha excarcelado a 200 personas que estaban detenidas por protestar, aunque no han sido totalmente liberadas porque permanecen con alguna medida cautelar, inclusive algunos jueces han emitido sentencias en contra de algunos protestantes que han sido excarcelados.	Según Pallais el punto ocho de los acuerdos alcanzados en la mesa del diálogo, establece que el Gobierno debe respetar a las asociaciones de todo tipo, y eso se refiere tanto a las de hecho que son las que no tienen personería jurídica, como las de derecho, que tienen este reconocimiento.	“Esa excusa que no tienen personería jurídica los de la Unidad Nacional Azul y Blanco violenta el acuerdo y el espíritu mismo del punto ocho de los acuerdos de derechos y garantías, y violenta el punto del derecho ciudadano de manifestarse. Hay una doble violación a dos acuerdos, porque se niega el derecho a manifestarse y se niega bajo una excusa que es violatoria misma de los acuerdos”, dijo Pallais.