María Félix Urbina, madre de la víctima, con la voz quebrada y los ojos enrojecidos narró que son originarios de la comarca Mónico, donde el 25 de mayo su hijo se dirigía a su casa cuando fue interceptado por soldados del ejército, pero este se corrió iniciándose prácticamente una cacería que terminó con la muerte de su hijo.	La madre narró que lo peor del caso fue que el cuerpo de Nelson fue subido a una bestia y amarrado como si de un venado muerto se tratara, además aseguran que a varios jóvenes que venían de un partido de fútbol los detuvieron en el camino, los registraron y a algunos obligaron a fumar un cigarrillo cuyo filtro tenía sangre de la víctima.	Irela Alemán, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, comentó que a través de la delegación de San Carlos, comprobaron la forma en que fue perseguido y de la posterior muerte del muchacho por parte de miembros del cuerpo castrense que, según varios testigos, estaban en estado de ebriedad, uniformados, armados, usando vehículos para la búsqueda y ejerciendo una autoridad que no les compete.	Para el síndico y para Francisco Bravo Orozco, vicepresidente comunal de La Danta, este no es un caso aislado donde el ejército abusa de su autoridad y atropella los derechos ciudadanos de los habitantes de las comunidades cercanas, por lo que cinco comunidades, Monico, Kilómetro 20, Filas Verdes, Maravillas y La Danta exigen que la base militar sea removida. Además aseguran que el ejército y funcionarios del Ministerio de Recursos Naturales y del Ambiente, en las reservas dan protección a ciertos madereros que envían el producto a Costa Rica, pero no dejan que ningún campesino de la zona toque un árbol.	“Los autores están a la orden de las autoridades correspondientes en San Carlos. Hoy –ayer—se produjo una audiencia y el juez dictó prisión preventiva contra dos de ellos y esperemos que las investigaciones sigan su curso correspondiente. Si resultan culpables será la justicia la que determinará lo que sucederá con ellos”, expresó el oficial.	La muerte de tres civiles ocurrió el 21 de mayo y la muerte de este otro muchacho fue el 25 de ese mismo mes. En ambos casos vemos el patrón de que el ejército está realizando funciones policiales, por eso solicitaron al general Zepeda que la institución valore con más detenimiento el ejercicio de estas funciones porque se exponen a la violación de derechos humanos cuando lo militares no están conscientes de lo que implican las leyes y sus procedimientos”, consideró Izabá.