Cuando el vocero del gobierno de Nicolas Sarkozy anunció que el desempeño de cada ministro se evaluaría según criterios establecidos por una empresa de auditoría privada, tal vez no esperaba provocar una respuesta airada; pero debió haberlo hecho. La oposición rápidamente atacó la medida calificándola de “treta peligrosa” y de “cortina de humo”. Un analista preguntó: “¿Llegará pronto el momento en que los ministros sean contratados por agencias de reclutamiento?” Y un joven diputado declaró que “Francia no se puede administrar como si fuera fábrica de pernos”.	Pero, ¿qué tiene de absurdo establecer normas con las cuales evaluar el cumplimiento de las promesas de campaña de Sarkozy? En cuanto fueron nombrados, los ministros de Sarkozy recibieron una carta de intención con un conjunto claro de objetivos. ¿Acaso no es normal crear algún medio para que los ministros rindan cuentas?	La cultura de los “resultados” ya forma parte central de la modernización económica de Francia, así que, ¿no debería suceder lo mismo con los gobiernos franceses, con su arraigada inclinación a la pasividad y el desapego? Y la cuestión del establecimiento de normas medibles para las funciones del gobierno no se limita a Francia. El Primer Ministro británico, Gordon Brown, ha hecho de esas metas medibles el sello de su administración desde que era Ministro de Finanzas.	Naturalmente las instituciones encargadas de supervisar el sector público francés como la Cour des comptes o la Inspection générale des finances, tienen las aptitudes y capacidades necesarias para cumplir sus tareas. Además, las políticas públicas francesas están sujetas a un procedimiento de examen general. Pero la cultura de una empresa de auditoría privada puede aportar algo nuevo, al pasar de un examen básico de la legalidad a una evaluación general del desempeño.	Para quienes se oponen al plan, las principales causas de indignación son los criterios de evaluación. ¿Se debe juzgar al ministro de inmigración según el número de inmigrantes expulsados? ¿Se debe evaluar al ministro de educación según las horas suplementarias que los maestros hayan trabajado? ¿Se debe calificar al ministro de cultura por el número de visitantes a los museos gratuitos o por la proporción de las películas francesas en el mercado interno?	En alguna medida la respuesta es sí. Después de todo, las burocracias son, a cierto nivel, simplemente una especie de organizaciones grandes y complejas que en el sector privado están sujetas a indicadores estándar del desempeño. En muchas democracias occidentales --Nueva Zelanda, Suecia, el Reino Unido e incluso Italia-- los esfuerzos de modernización administrativa se han centrado en formar un vínculo más estrecho entre la administración y el desempeño.	Sin embargo, a otro nivel las burocracias públicas son muy diferentes de las organizaciones del sector privado, porque tienen sus propias características y objetivos, que estarían en riesgo si se les reduce a normas cuantitativas de desempeño y eficiencia. En efecto, una de las principales razones por las que ciertas tareas se encomiendan a los gobiernos en lugar de quedar en el sector privado, es que los mecanismos normales del mercado no funcionan en el caso de los llamados “bienes públicos”, porque el mercado no puede determinar su nivel óptimo de oferta.	Así pues, los objetivos cuantitativos ocultan las decisiones de política cruciales sobre cuál es la “cartera” de servicios que un gobierno debe suministrar. Y si la evaluación de las acciones de un Estado se basara únicamente en un conjunto de metas preestablecidas, los ministros descuidarían comprensiblemente --pero erróneamente-- la calidad y otros objetivos importantes.	Entonces, ¿deben preocuparse los franceses? Según el Primer Ministro, Francois Fillon, “No estamos en la escuela”. Más allá de los criterios técnicos se evaluará a los ministros según la influencia que ejerza su partido o facción política, los resultados en las elecciones y su popularidad entre los medios y el público. De esta forma, no hay contradicción entre el objetivo de hacer de los ministros administradores eficientes y el poder del parlamento para hacer que los miembros del gobierno rindan cuentas. En última instancia serán los electores quienes tengan la última palabra.	Así, fijar metas cuantitativas puede ser una innovación útil, pero sólo si su objetivo es dar una nueva herramienta para administrar ciertos aspectos del desempeño público. Más allá de eso, las metas de la acción del Estado --la sustancia de las responsabilidades de los ministros-- seguirán evaluándose según valores, cuya riqueza y complejidad no se pueden reducir a la fría unidimensionalidad de la hoja de cálculo.