De acuerdo a lo visto y leído nos parece que la negociación del CAFTA resultó un proceso difícil para los gobiernos, ya que dejó en el ambiente una sensación de polarización, no únicamente social sino política la que cada país de Centroamérica deberá ir borrando poco a poco de sus sociedades.	Lo que caracterizó la negociación norteamericana fue su agresividad y, al imponerse sobre ciertos temas sensibles, dejó algunos sectores productivos y sociales en posiciones vulnerables. A esto hay que sumar el desgaste de las administraciones centrales de los países de la Región al tener que convencer a sus congresos y asambleas legislativas de lo necesario que era aprobar y ratificar dicho acuerdo de libre comercio.	El primer punto  debe de girar en torno a la “legitimidad” de la estrategia que guiará las negociaciones. Se debe promover el mayor nivel de participación activa de la sociedad centroamericana para que el Acuerdo de Asociación responda efectivamente a la realidad, necesidades e intereses de la población de la Región.	Con todo, es cierto que las negociaciones bi-regionales (UE-CAN, UE-CA) simplifican los procesos de negociación para  imponer las mismas condiciones a todos los países socios, pero no es menos cierto que el  futuro Acuerdo de Asociación no puede ser para Europa menos ventajoso que el CAFTA para los Estados Unidos.	A la hora de firmar y concluir  con las negociaciones se debe de tener en cuenta que Europa necesita importar para exportar y que, para reforzar su competitividad y aprovechar las oportunidades derivadas de la apertura internacional, la Comisión emitió  una Comunicación dirigida al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, el  4 de octubre de 2006, denominada	en la que se establece como estrategia de política comercial común el acceso a  los recursos: “la industria europea debería poder tener acceso a los recursos cruciales, como la energía, las materias primas, los metales y la chatarra, y dicho acceso sólo debería restringirse por motivos medioambientales o de seguridad.- - La contratación pública de terceros países debería estar abierta a los proveedores europeos.- -La UE velará por que los instrumentos de sus socios estén justificados, y sean transparentes y conformes con las normas internacionales. En caso contrario, podría recurrir a los mecanismos de resolución de conflictos, como el de la OMC”.