La "responsabilidad de proteger", o R2P por su sigla en inglés, es un compromiso político asumido en 2005 por Naciones Unidas para prevenir graves violaciones a los derechos humanos. Después de la mediación y las sanciones económicas, incluye un recurso final: el uso de la fuerza, que en principio sólo puede ser autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia y China tienen poder de veto.	Consultado por AFP, Moisés Rendón, director asociado del programa de las Américas del CSIS, dijo que expertos contemplan que "si una coalición internacional envía un contingente a Venezuela para respaldar al gobierno interino de Guaidó a recuperar el territorio venezolano de grupos rebeldes extranjeros, esto haría injustificable para los militares venezolanos el apoyo tácito de Maduro a su accionar".