“Con esto buscan que no haya una voz que pueda señalar las anomalías e irregularidades que se cometen en el país, en el abuso contra los Derechos Humanos, contra la integridad, la vida y la libertad de los nicaragüenses, entonces este país verdaderamente no va a poder recuperar los senderos de la democracia, estado de derecho y crecimiento económico”, señaló Miguel Rosales, diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).	Rosales agregó que esta crisis es una oportunidad para llevar nombramientos de todos los cargos vacantes de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), Corte Suprema Judicial (CSJ) y Contraloría, al seno de un gran diálogo nacional entre la oposición y el Gobierno de Nicaragua, el cual está cancelado desde el 16 de mayo.	La ley que rige el actuar de la Procuraduría, le confiere el exigir la destitución de funcionarios gubernamentales que vulneren los derechos humanos, pero defensores de derechos humanos lamentan que a la fecha no haya sido dirigida adecuadamente y consideran que un cambio en este contexto político y social no lo hará.	“Las personas que han dirigido esta institución se han sometido y se han plegado a las conveniencias del partido de gobierno, según lo hemos podido observar, el actuar de este diputado Carlos Emilio ha sido la misma, ya que si llega este señor (a ocupar el cargo) no habrán cambios sustanciales”, expresó Pablo Cuevas, Asesor Legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).