La Alianza trabaja en la depuración y conciliación de un grupo de “al menos 254 casos de personas”, de las cuales se debe precisar su verdadero estatus, explicó por su parte Azahalea Solís, que como  miembro de la Alianza trabajó con un equipo técnico con el fin de lograr esclarecer “cada caso, persona por persona” y que todos los manifestantes presos sean liberados.	La Alianza mantuvo reuniones este miércoles con el Comité de Pro Liberación de Presos y con un equipo jurídico integrado por abogados que trabajan en la defensa de las personas acusadas por el Gobierno de haber actuado ilegalmente en el marco de las protestas antigubernamentales iniciadas en abril del año pasado.