En Bogotá, la cancillería rechazó las versiones de Ecuador, calificando de ''falaces'' las declaraciones Bustamente, quien consideró ''improbable'' que Colombia acceda a la solicitud de Ecuador de entregar información sobre la operación el 1 de marzo en la que fuerzas colombianas incursionaron en territorio ecuatoriano y dieron muerte a 25 personas, incluso Raúl Reyes, alto jefe rebelde, cuatro mexicanos y el ecuatoriano Franklin Aisalla.	En declaraciones al canal de televisión Gamavisión, Bustamante señaló que hay ''doble razón'' para investigar el caso ''hasta las últimas consecuencias porque una cosa es que violen nuestra soberanía pero encima que se cometan delitos o crímenes de lesa humanidad en nuestro territorio y encima contra un conciudadano (ecuatoriano) es algo inadmisible, es algo que no podemos dejar nunca de perseguir''.	''Carecen de todo fundamento las aseveraciones que se hayan efectuado ejecuciones de personas que estaban heridas o incluso ilesas'', agregó el ministro colombiano, destacando que por la autopsia realizada a Aisalla en Colombia, siguiendo protocolos internacionales cuando se sospecha de violaciones a los derechos humanos, el ciudadano ecuatoriano murió a consecuencia de traumas cerebrales por elementos explosivos.	El martes, el gobierno ecuatoriano anunció que según informes forenses, el ecuatoriano Aisalla, cuyo cuerpo al ser confundido con el de otro comandante rebelde fue llevado a Bogotá junto al de Reyes, murió por un golpe contundente en su cráneo presumiblemente mientras estaba arrodillado, y no por heridas de bala o de esquirlas de bomba.	La organización no gubernamental Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), con sede en Quito, señaló que las tres sobrevivientes del ataque: la mexicana Lucía Morett y las colombianas Martha Pérez y Doris Bohórquez, en sus testimonios han dicho que vieron que militares colombianos ejecutaron a las personas heridas y rendidas.