Tras defender  las medidas económicas que el régimen de Daniel Ortega aplicó en el primer semestre para hacer frente a la caída de sus ingresos, que incluyó quitar exoneraciones a productos de la canasta básica y aumentar el aporte de los trabajadores de la Seguridad Social, la Central Sandinista de Trabajadores (CST)  pedirá hoy un ajuste de entre tres y cinco por ciento en el salario mínimo, cuyas negociaciones comenzarán este jueves en el Ministerio del Trabajo.	Ataviados con camisas negras en las que promueven  la reelección de Daniel Ortega en 2021, representantes de la CST divulgaron ayer su propuesta de ajuste a la paga mínima, aduciendo que la cesta familiar en el primer semestre se incrementó un poco más de 700 córdobas, según un sondeo que realizaron y que coincidían con los números del Banco Central.	Obviando el impacto de las duras medidas económicas que aplicó Ortega en el primer semestre y sin presentar números que validen su tesis,  Roberto González, secretario general de la CST, dijo que la decisión que se tomó en el primer semestre de mantener congelado el salario mínimo significó para las empresas, sin importar su tamaño, “acumulación de ganancias”.	“Algunos dicen que se mantiene el precio (de la cesta) y hasta descabelladamente dicen más bien bajó el precio de la canasta básica. Con datos oficiales del Banco Central yo quiero contestarle a esos que le están mintiendo al país, a los trabajadores y al pueblo en general”, dijo González, al mencionar que hasta julio la canasta se ubicaba en 14,159.79 córdobas, rompiendo la barrera de los 13 mil córdobas.	Es el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) el que todos los lunes divulga sondeos en los mercados que reflejan supuestamente que los precios de la canasta básica están estables, contrario a lo que indican los datos del BCN y las mismas empresas que han señalado que han tenido que trasladar parte del impacto de las reformas económicas a los precios para poder sobrevivir en  medio de la caída del consumo nacional y endurecimiento del crédito.	Las estimaciones del sindicalista afín al régimen podrían estar aún subestimadas. Solo el costo de la energía eléctrica acumula un alza de 9.7 por ciento en la primera mitad del año, un ajuste que según han señalado representantes del sector empresarial es injustificado, porque a nivel de Centroamérica solo en Nicaragua se ha tocado esta variable económica.	Un incremento en la tarifa eléctrica suele generar impacto en cascada en los precios del mercado nacional, pero que el propio Roberto González se atreve a justificar aduciendo que por años los empresarios han gozado de subsidios eléctricos y ahora les toca pagar lo que les corresponde. En realidad, la subvención ha sido para los hogares que consumen menos de 150 kilovatios al mes, los que ahora deben pagar precios elevados injustificadamente.	De hecho Nicaragua tiene una de las tarifas eléctricas empresariales más altas de Centroamérica, una distorsión que en los últimos años se ha profundizado, lo que contradice el planteamiento de González, quien tampoco se atrevió a cuestionar las causas que provocaron que la cesta familiar se incrementara con fuerza principalmente a partir de marzo de este año, cuando se impusieron los ajustes tributarios con fines recaudatorios, sumado al impacto de la reforma a la Seguridad Social.	“Lo que existe ahora es la presencia de los organismos sindicales y de las agrupaciones gremiales que están vinculadas al gobierno, así que desde ese punto de vista lo que se va a aplicar es una decisión que en todo caso tome el Ejecutivo. Creo que es importante que nosotros como sector privado enviemos claramente el mensaje que se tiene que priorizar en este momento la protección del empleo”, dijo Aguerri, según un boletín divulgado por el área de prensa del gremio empresarial.	El representante empresarial recordó que como consecuencia de la crisis política al menos 450 mil personas han sido desplazadas de un empleo formal a uno en la informalidad o trabajan menos horas de las necesarias para subsistir, y hay “empresas que se han tenido que volver informales y que han tenido que reducir su empleo”.	Aguerri admite, no obstante, que el brusco ajuste fiscal impactó los precios de la canasta básica, pero que esa fue una advertencia que ya habían hecho desde que la misma se puso en marcha. “Nosotros dijimos oportunamente que la reforma tributaria simplemente provocaría eso, aumentar el precio de los productos, y que contrario a lo que el gobierno quiso en su momento señalar que no se afectaría a las familias nicaragüenses, el tiempo ha demostrado que sí se han afectado”, dijo.