El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha prohibido salir del país a Guaidó, quien se trasladó a Colombia el 22 de febrero y tiene previsto regresar esta semana. En opinión de Eguiguren, la detención de Guaidó supondría "un paso siguiente en la represión política" y pondría en evidencia que el Estado está usando su poder punitivo para perseguir judicialmente a disidentes políticos, una preocupación que ha expresado anteriormente el organismo.	No obstante, el diplomático consideró que todo dependerá de si las amenazas se concretan o se quedan en una "declaración política". Eguiguren afirmó que el arresto de Guaidó sería una "opción políticamente más grave" para Maduro, pero advirtió de que el Estado venezolano también estaría violando los derechos del líder opositor si no le deja regresar a su nación.	La CIDH, órgano dedicado a velar por los derechos humanos en el continente americano, pidió el 25 de enero al Estado venezolano que proteja la vida de Guaidó y su familia y le concedió medidas cautelares, un instrumento que sirve para proteger a sus solicitantes ante el riesgo de que sufran un daño irreparable.