En semanas recientes las organizaciones democráticas han abierto un nuevo espacio en la lucha por la democratización del país (valga la redundancia). Nos referimos a las propuestas que se han presentado y al llamado a desarrollar un debate sobre las mismas.Y decimos un nuevo espacio en la lucha por la democracia, porque la democratización no se limita a las batallas por derrotar al régimen de Ortega, asunto que, por supuesto, es lo fundamental.La democratización y la democracia son procesos de construcción social que incluyen normas e instituciones, pero también prácticas y cultura democrática. Y la cultura democrática, el comportamiento democrático, los hábitos de la democracia se edifican, andamio por andamio, mediante un proceso de aprendizaje y de prácticas cotidianas. Más en nuestro caso que llevamos 200 años sin conocer la democracia, a excepción de los balbuceos de inicios de los noventa.No ayudamos a la construcción democrática vilipendiando como inútiles las propuestas que se han presentado.Debates, respeto, sensatez, tolerancia. Son comportamientos y prácticas que no vamos a aprender, o a ejercer, hasta que saquemos a Ortega.En este sentido, es pertinente saludar las recientes propuestas del Consejo Superior de la Empresa Privada, de la Alianza Cívica y de la Unidad Nacional Azul y Blanco.Nos concentraremos, en esta ocasión, en la	Alianza Cívica.Lo primero que debemos evitar son los extremos. El primer extremo es el recurso a la descalificación. He leído, particularmente en las redes sociales, descalificaciones, utilizando el argumento de que hablar en este momento de elecciones es hacer el juego al orteguismo.Si no es ahora…¿Cuál sería el momento?Seamos claros. Si queremos democracia y una salida pacífica, más temprano o más tarde deberemos tener elecciones. Y es preciso generar un consenso sobre un sistema electoral en el que podamos confiar.Pero también debemos evitar el otro extremo. Pensar que las reformas electorales son la panacea de la solución. Igualmente he escuchado posiciones aferradas a las reformas electorales como si fueran la varita mágica para salir de Ortega.Ni lo uno. Ni lo otro. El sistema electoral es parte del problema, y su reforma parte de la solución, pero es solo una parte.En las condiciones de Nicaragua lo fundamental es forjar la correlación de fuerzas que haga respetar las normas y los resultados.Vamos a explicarnos con mayor detalle.En las elecciones de 1990, que perdieron Daniel Ortega y el Frente Sandinista, el proceso se realizó con una ley electoral impuesta por el sandinismo. Y también con el aparato electoral controlado de punta a punta por el Frente Sandinista.Y el Frente perdió. Y además se vio obligado a reconocer su derrota.¿Resultado de la ley electoral y de la conformación del poder electoral?En lo absoluto. Ortega y el Frente Sandinista se vieron obligados a reconocer su derrota porque estaban arrinconados por la correlación de fuerzas a nivel interno y a nivel internacional.Había 22 mil combatientes de la Resistencia debidamente armados. Lo rusos le habían cantado cero al Frente advirtiendo que el apoyo había llegado a su fin y que debían negociar. En el Congreso norteamericano se debatía si se asignaban fondos para ayuda humanitaria o para seguir la guerra. Los gobiernos centroamericanos eran un cerco espinoso. Y todos los actores políticos, principalmente la población, estaban agobiados y extenuados. Las elecciones aparecían como una luz al final del túnel.¿Qué lección podemos extraer? Que las leyes y el sistema electoral son importantes, pero lo esencial es generar las condiciones políticas para que las leyes se cumplan y para que se respete la voluntad popular expresada en las urnas.Naturalmente, no estamos hablando ni de armas ni de guerra. Las condiciones presentas son distintas. Hablamos de la capacidad para generar la suficiente presión interna y externa que posibilite arrinconar al régimen. Y hacia allá debemos ir. De lo contrario, sin acosar al régimen en todos los frentes, con estado de sitio y las libertades y derechos ciudadanos amputados, las propuestas serán una ilusión o, en el peor de los casos, un recurso diversionista, aunque sea ajeno a la voluntad de los promotores.Ya propiamente sobre el contenido de las reformas, y dado que la Alianza Cívica ha invitado a debatir, nos permitimos señalar una omisión colosal. Uno de los resultados del pacto entre Ortega y Arnoldo Alemán fue la llamada “diputación regalada”. El artículo 133 de la Constitución establece:“También forman parte de la Asamblea Nacional como Diputados, propietario y suplente respectivamente, el Expresidente de la República y Exvicepresidente electos por el voto popular directo en el período inmediato anterior…”La propuesta de la Alianza Cívica deja incólume este artículo. Es decir, de entrada se está admitiendo la presencia y la inmunidad, o impunidad, de Daniel Ortega, además de un espacio de poder, pase lo que pase en las elecciones.Alguien podría argumentar que Ortega jamás aceptaría esa reforma. Nosotros respondemos que, si nos ponemos a eso, jamás aceptará la propuesta de establecer el 50 por ciento más uno, de los votos, para ser electo presidente. La viabilidad es un punto de llegada, no un punto de partida.Por otra parte, el artículo 33 de la Constitución señala que: “Los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas, y por sentencia ejecutoriada de interdicción civil”. Hasta ahora, el aparato judicial ha actuado como verdugo en materia electoral despojando de personalidad jurídica a partidos, dejándolos en el limbo o despojando de sus escaños a diputados electos. Con el control de Ortega sobre la Fiscalía y el aparato judicial fácilmente podría adulterar el proceso electoral inventando juicios y sentencias para eliminar adversarios. También está el derecho de los exiliados a ser electos, en razón de su ausencia forzada del territorio nacional. En resumen: Muy sano y muy positivo abrir espacio a las propuestas. Pero con dos advertencias. Ni descalificarlas porque sí. Ni aferrarnos a ellas como fetiches con poderes mágicos.