Una de las razones dadas por los diputados miembros de la Comisión Económica del Parlamento para aprobar la privatización es que esta empresa “no está en reclamo, le pertenece legítima y legalmente al Estado, y sus antiguos dueños cedieron y traspasaron a título gratuito en el año 1980 las acciones que individualmente poseían en la empresa mencionada a la Corporación Industrial del Pueblo, (COIP)”.