Porque durante la década de los ochenta Nicaragua invadió el ámbito internacional como ejemplo de lucha por la dignidad nacional, objetivo de todas las naciones. Porque la Revolución Sandinista despertó la solidaridad internacional en todas las latitudes, constituyéndose en bandera de lucha por la liberación de otros pueblos. Y, finalmente, porque, como Ministro del Exterior del gobierno revolucionario, Miguel d’Escoto Brockmann fue adalid de la lucha por la aplicación plena del derecho internacional.	Su carisma sacerdotal y su vocación misionera le permitieron al Padre d’Escoto llevar el mensaje de la lucha justa de Nicaragua a casi todas las cancillerías del mundo, a todos los organismos internacionales, principalmente a la ONU, a la inmensa mayoría de personalidades mundiales luchadoras por la paz, la justicia, la libertad.	Pero además su apostolado por la paz la justicia y la libertad, no terminó con la pérdida electoral de febrero de 1990. A lo largo de los diecisiete años de oscurísima noche neoliberal que atravesó el país, el Padre d’Escoto continúo su labor a favor del derecho internacional. Se asoció a todas las causas justas, apoyó a todos los movimientos sociales, principalmente de América; participó en las organizaciones políticas regionales que luchan por un mundo mejor, convocó a Nicaragua a reconocidas personalidades mundiales, y llevó a cabo amplias discusiones sobre la situación del país y del mundo en busca de cursos alternativos.	Por eso la candidatura de Miguel d’Escoto Brockmann a la Presidencia de la Asamblea General de la ONU fue recibida con beneplácito por la inmensa mayoría de los Estados miembros, en particular los del Movimiento de Países No Alineados, del cual forman parte la mayoría de los Estados americanos, que propusieron su candidatura. Pero también fue igualmente recibida por organizaciones internacionales, movimientos sociales, y personalidades mundiales. Su elección, pues, no resultó una sorpresa para nadie.	Porque todos ellos luchan por el restablecimiento pleno de la multilateralidad en el mundo, por la reivindicación de las Naciones Unidas, por el imperio del derecho internacional, por un modelo internacional equitativo, por la participación efectiva de todos los pueblos de la tierra en los mecanismos de decisión universal; en fin, por un mundo mejor. Y todos ellos saben que esta es la posición histórica, militante, inclaudicable, de Miguel d’Escoto Brockmann.	Para otros, sin embargo, esta es una expectativa exagerada. Porque Los Estados Unidos y la Unión Europea han proyectado la imagen de que la Asamblea General es sólo un órgano deliberativo, no vinculante; y a la Presidencia de la Asamblea General como una posición protocolaria, con autoridad limitada a moderar las sesiones de la Asamblea: un requisito a llenar en los términos del artículo 21 de la Carta de la ONU: una posición en consecuencia que no reconoce ni las capacidades del presidente elegido, ni la del Estado miembro al cual pertenece. Pero no es así.	Es cierto que a través de su derecho de veto, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, principalmente los tres occidentales (Los Estados Unidos, Inglaterra, y Francia) ejercen un poder absoluto, dictatorial, sobre la ONU. También es cierto que estos tres miembros han logrado disminuir la autoridad de la Asamblea General, y fragmentado el de su Presidencia. Aún así, ésta última tiene una inmensa capacidad potencial para incidir en el rumbo de la ONU.	Porque el Presidente de la Asamblea General es al mismo tiempo el Presidente de la Mesa de la Asamblea General, su directiva. Y ésta está constituida —además del propio Presiente—, por veintiún vicepresidentes y por los seis presidentes de las Comisiones principales. Veintiocho personas de alto nivel, elegidas en representación de todas las regiones de la tierra, que actuando en forma coordinada y de consenso logran ejercer y hasta imponer su autoridad.	Una autoridad que deriva del artículo 40 del Reglamento de la Asamblea General, según el cual la Mesa “(…) Estudiará el programa provisional, así como la lista suplementaria de temas, y presentará a la Asamblea General, sobre cada uno de los temas propuestos, recomendaciones respecto a su inclusión en el programa, a la denegación de la solicitud de inclusión o a la inclusión del tema en el programa provisional de un período de sesiones ulterior. Examinará igualmente las solicitudes de inclusión de temas adicionales en el programa y presentará recomendaciones sobre ellas a la Asamblea General (…)”.	Para comprender mejor el poder potencial de la Mesa, esto es, el de la Presidencia de la Asamblea General, basta tomar en cuenta que la Mesa incluye a los presidentes de las seis comisiones principales, así reconocidas por el reglamento: 1) Desarme y cuestiones de seguridad, 2) Asuntos económicos y financieros, 3) Asuntos sociales, humanitarios y culturales, 4) Asuntos relativos a la desconolización, 5) Asuntos administrativos y de Presupuestos, y 6) Asuntos jurídicos. Todas ellas con peso específico propio, determinante.	Obviamente, la Asamblea General no tiene capacidad de modificar la Carta de la ONU. Los artículos 108 y 109 se lo impiden de hecho. En efecto, conforme a estos artículos, la reforma sólo es posible con la aprobación de dos tercios de los Estados miembros, incluyendo a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, todos ellos con derecho a veto. Esto último un candado, con la llave perdida, para la reforma.