También se dice que Ortega comete un grave error al impedir el ingreso de la comisión de la OEA. Pero la verdad es que el régimen orteguista es coherente con la posición que presentó en Medellín, Colombia, a fines de junio pasado, cuando rechazó la Resolución sobre Nicaragua aprobada en la Asamblea General de la OEA. Del mismo modo no reconoció la integración de la comisión en el Consejo Permanente — calificándola de injerencista en los asuntos internos de Nicaragua— y dejó claro que no le concedería ninguna autoridad ni legitimidad.	Ortega, por su ideología y formación política antiestadounidense siempre ha sido enemigo de la OEA. Aunque no ha sacado a Nicaragua de la Organización hemisférica ha sido por astucia: primero, para aprovecharse de los beneficios que pueda obtener de ella y segundo para impugnar desde dentro las políticas del “imperio”, o sea de los Estados Unidos (EE. UU.), que según el dictador nicaragüense es el que dicta las políticas de la OEA.	A nuestro juicio, si el Estado de Nicaragua fuese suspendido o expulsado de la OEA, como Cuba en 1962, a Ortega no le importaría mucho. Él formó parte de la iniciativa de los dictadores comunistas Hugo Chávez, de Venezuela y Fidel Castro de Cuba, para crear la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac), excluyendo a los EE. UU. Supuestamente la Celac debía sustituir a la OEA en el mediano plazo, sin embargo, ante la desaparición de varios gobiernos afines al “socialismo del siglo XXI” y el fortalecimiento la OEA con Luis Almagro al frente de la Secretaría General, la Celac perdió impulso y no se ha vuelto a reunir desde enero de 2017.	Como gobernante, a Ortega también le resulta incómoda la participación de Nicaragua en la OEA, porque los Estados miembros tienen el compromiso solemne de adecuar su derecho a la autodeterminación nacional, con los principios, valores y normas de la democracia representativa establecidos en la Carta Democrática Interamericana. Esto significa que todos los países miembros de la OEA, sin excepción, están obligados a formar sus gobiernos con la participación de los ciudadanos en elecciones libres, limpias, pluralistas y competitivas, así como practicar la alternabilidad en el poder.