Referencias introductorias.- El asilo, por su carácter y naturaleza, es una figura del derecho internacional (derechos humanos y humanitario). Su uso es antiguo, y modernamente se reconoce en decenas de instrumentos regionales y universales. La Declaración Universal de Derechos Humanos (Art.14.1), la Convención Americana (Art. 22.7) y la Declaración Americana (Art. XXVII), consagran el derecho de toda persona de buscar y recibir asilo. Existen Convenciones específicas sobre el asilo, como la Convención de Asilo Diplomático y la de Asilo Territorial, ambas de 1954. También la Convención de Asilo Político, suscrita en 1933, entre otras. Por la relación del asilo con el refugio y la extradición, cabe destacar que hay una abundante referencia internacional sobre el derecho de refugiados y sobre la extradición.	Principio de Soberanía.- La Convención de Asilo Territorial señala que: Todo Estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho, ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno. Observamos a dos sujetos esenciales: la persona que solicita protección, sobre la base de estar en peligro; y el o los Estados (Estado de origen y Estado de destino de la persona protegida).	Principio de confidencialidad.- Significa el hecho de NO brindar información al Estado de origen de la persona buscada. Aquí encontramos otra importante diferencia con los casos de extranjeros que han abandonado su país, y que en su condición vulnerable como inmigrantes irregulares, requieren la protección consular de sus respectivos Estados; no aplicable, por lo general, a la situación de los refugiados y asilados.	Principio de no devolución.- Por regla general, los diversos instrumentos relativos a los enunciados derechos, establecen el principio de no devolución. Por lo que, ningún Estado está obligado a entregar a otro Estado que lo requiera, o a expulsar de su territorio a personas perseguidas por delitos políticos. En ese sentido, aquí identificamos la relación del asilo y el refugio con la figura de la extradición, última que no procede cuando la persona objeto de la solicitud de extradición, está o ha estado en peligro.	Sistemáticas violaciones a los derechos humanos.- En nuestro continente, por varias décadas, fue común el uso del refugio y el asilo --todavía sucede--, por cuanto nuestras sociedades fueron víctimas de sucesivos gobiernos caracterizados por reprimir y violentar sistemáticamente los derechos humanos. En esos contextos, se escenificaron desplazamientos masivos que ameritaron una compleja y especializada labor de Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados). Por eso es que con cierta frecuencia se habla de asilo y refugio, por su estrecha relación, aunque no es lo mismo. Se considera que el refugio es un primer paso en el proceso de búsqueda de asilo. Hay una diferencia de grado entre el refugio y el asilo. El asilo, otorga a la persona protegida una condición jurídica de estabilidad y permanencia en el territorio del Estado que lo acoge.	Espíritu humanitario.- La doctrina y los diversos instrumentos sobre ambas figuras, nos proporcionan referencias sobre la persona que invoca o solicita asilo o refugio, coincidiendo el elemento de que la persona ha estado o está en peligro, sea por persecución política, sea por conmoción social (guerra interna) con ataques a su integridad física, al extremo de riesgo para su vida. Esta circunstancia es la motivación esencial de derechos humanos y del derecho humanitario. En ambos casos opera un principio de protección, frente a personas que están en condiciones de vulnerabilidad.	Nicaragua: Ordenamiento jurídico, procedimiento y práctica.- El refugio, por principio, normativa y práctica, lo conoce Acnur, en estrecha relación y coordinación con el respectivo Estado. Mientras que el asilo, es más una potestad exclusiva y discrecional del Estado. En el asilo prevalece la voluntad unilateral del Estado de concederlo, como expresión del ejercicio de su soberanía. No obstante, mediante el régimen jurídico internacional-convencional, incorporado en el orden jurídico interno, los Estados comprometen su responsabilidad ante la comunidad internacional. En consecuencia, todas las decisiones suponen una actuación dentro del espíritu de los diversos instrumentos ratificados por el Estado. Al respecto, ¿qué dice la Constitución Política Nicaragüense sobre el asilo y el refugio? El Artículo 42 señala que: “En Nicaragua se reconoce y garantiza el derecho de refugio y de asilo. El refugio y el asilo amparan únicamente a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos. La ley determinará la condición de asilado o refugiado político, de acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Nicaragua. En caso se resolviera la expulsión de un asilado, nunca podrá enviársele al país donde fuese perseguido” (principio de no devolución). En Nicaragua no existe ley de la materia que determine el objeto, sentido y alcance del refugio y el asilo. En el caso del refugio, desde hace varios meses la Asamblea Nacional mantiene “en agenda” un proyecto de ley para el debate en Plenario; por lo que, se sigue otorgando refugio sobre la base de un procedimiento denominado Ad hoc, dentro del espíritu de los instrumentos internacionales, y en especial en el marco de las buenas prácticas y experticia de Acnur. La Ley de Inmigración, Ley 153, sólo enuncia ambas figuras cuando se refiere a la categoría de los residentes extranjeros.	El refugio y asilo concedido recientemente por el Estado de Nicaragua.- Actualmente, el asilo y refugio son objeto de polémica en nuestro país, luego que el Estado de Nicaragua concediera dicha condición a tres ciudadanas (a dos colombianas el asilo, y a una mexicana, refugio), tras haber sobrevivido a la operación militar de las fuerzas armadas de Colombia, realizada el uno de marzo de este año contra un campamento de las FARC, ubicado en territorio ecuatoriano. Por los resultados mortales de dicha operación, es evidente que la decisión del Estado colombiano era liquidar toda vida en el destruido campamento, razón que nos permite tener una idea para delimitar el ámbito estrictamente humanitario para brindar protección. No hay duda que las tres sobrevivientes escaparon de la muerte, por lo cual estaría sobradamente fundada la condición fáctica del peligro. Ahora bien, el autor del presente artículo no conoce con precisión (más allá de las declaraciones públicas del presidente Ortega y del vicecanciller Coronel Kautz) ¿quién y cómo se decidió el refugio y asilo?. Supongo que en el refugio conoció y actuó el Acnur, aunque pareciera por lo dicho públicamente, que fue el propio presidente el que decidió todo, puesto que el pasado 18 de mayo, en ocasión del 113 aniversario del natalicio del General Sandino, declaró que asumía toda la responsabilidad en dicha situación, denunciando al Estado colombiano por cualquier atentado a la integridad de las tres personas bajo protección nicaragüense.	Teniendo un aproximado de los elementos de hechos, nos queda preguntarnos si a los casos le es aplicable nuestro régimen jurídico constitucional. La respuesta pareciera simple, pero tiene sus complicaciones. El mencionado vicecanciller declaró que la decisión obedeció a razones humanitarias, puesto que a las asiladas las querían matar. Éste quizás sea el argumento más claro para entender la decisión de Estado, atendiendo razones estrictamente humanitarias. Pero, el funcionario diplomático se refirió a la motivación moral y política, porque quienes decidieron el asilo fueron guerrilleros (algo así como devolver la solidaridad recibida en los tiempos del somocismo). Lo de guerrilleros es cierto, pero aquí cabe una objeción: según cuenta la historia, entre las muchas acciones políticas y militares, que el Frente Sandinista de Liberación Nacional realizó para botar a la Dictadura Somocista, no se conocen acciones como los prolongados secuestros que acostumbran las FARC, no sólo contra las fuerzas beligerantes en la guerra colombiana, solo este ejemplo marca distancia con esta guerrilla, puesto que esos actos que anulan los derechos humanos, son propios de la barbarie cometida por las fuerzas gubernamentales y paramilitares colombianas. Ese aspecto ético y moral, creo, fue una de las más significativas razones por las cuales el pueblo nicaragüense se levantó en las insurrecciones populares para apoyar al FSLN y derrotar a la tiranía.	Sostengo que la razón humanitaria es factor y condición esencial que caracteriza el derecho y el procedimiento para el refugio y el asilo. Sin embargo, el Estado y el gobierno están en la obligación de esclarecernos, por qué se utilizó una nave de nuestras fuerzas armadas, misma que no es fuerza área comercial, para andar alquilando sus medios, máxime que el arrendatario era su autoridad suprema. Aunque el gesto humanitario pueda haber sido enturbiado por las señaladas implicaciones, el Estado deberá estar preparado para lo que sigue, puesto que ya se habla de extradición. Sobre esto, el Art. 43 de nuestra Constitución dice que: “En Nicaragua no existe extradición por delitos políticos o comunes conexos con ellos, según calificación nicaragüense. La extradición por delitos comunes está regulada por la ley y los tratados internacionales” (principio de no devolución).