Tal es el caso de Víctor Manuel Díaz Pérez y Franklin José Quintero Armas quienes fueron condenados a 25 años de prisión por el asesinato del joven Denis Madriz. Estos fueron acusados porque participaban en las marchas y plantones cívicos contra el régimen desde abril de 2018, cuando inició la crisis sociopolítica en Nicaragua.	Estos fueron acusados el 27 de abril de 2018 por el asesinato de Roberto Carlos García Paladino, ocurrido frente al Palí de la P del H, en Managua, mientras este junto a los ahora acusados resguardaban el centro de compras para que no fuera saqueado por miembros de fuerzas paramilitares conocidos popularmente como Juventud Sandinista, durante la violenta jornada de represión policial contra la población que protestaba contra las reformas del INSS, en abril de 2018.	Para Pablo Cuevas de la CPDH, este comportamiento del orteguismo es porque le conviene reportar menos presos políticos y muchas familias cayeron en la trampa de hacer uso defensores públicos pagados por el gobierno y de contratar abogados privados que no querían pelear el caso como político y les pedían no hacerlos públicos.	El abogado también agregó que se están presentando situaciones muy particulares como los casos de autoconvocados que fueron abandonados por sus familiares por pensar diferente al orteguismo y nadie vio por ellos. “Otros reos políticos nos han informado que hay reos políticos abandonados por sus familiares y que saben que son reos políticos porque anduvieron con ellos en manifestaciones sociales, pero los tienen como reos comunes”, dijo Cuevas.	Otra situación que se está presentando es que muchos presos políticos que provienen de familias humildes en los departamentos, los defensores públicos y abogados privados los convencieron para admitir hechos prometiéndoles penas mínimas y de todas maneras no tuvieron lo prometido y ahora no los ven como reos políticos, cayeron en la trampa que solo beneficia al régimen”, agregó el abogado.	Cuevas agregó que los mismos presos políticos que han excarcelado están reportando estos casos y se van a investigar y contactar con el familiar, pero muchos tienen miedo de hablar por la represalias en los barrios y comunidades de parte de militantes del Frente Sandinistas a través de los comité de barrios.	También está el caso de Ryan Santamaria, Alexander Conde, Frederic vega y Wilmer Mendoza, originarios de Ciudad Darío, condenados por robo agravado y portación ilegal de arma de fuego, cuando en realidad lo que hacían era repartir alimentos a la gente que estaba en los distintos tranques. Estos fueron trasladados a la Galería 1 alta donde están reos comunes, denunciaron sus familiares.