Secuestro extorsivo, allanamiento ilegal, toma de rehenes y tortura son de los principales delitos, aunque no los únicos, que el comisionado general Fidel Domínguez y los otros policías que le acompañaron en el ataque a la familia opositora Reyes Alonso, por los que deberían ser investigados y procesados esos oficiales, de acuerdo al análisis del constitucionalista Gabriel Álvarez.	Ese precepto constitucional se regula en el Código Penal, existe evidencia clara de los abusos cometidos por la Policía Orteguista (PO) contra la familia Reyes Alonso, a quienes se amarró de las manos, los golpearon, les hicieron grabar videos repitiendo consigas y compromisos de la dictadura, además de  robaron computadoras y celulares.	El pasado 25 de noviembre por la tarde la PO irrumpió sin una orden de allanamiento y de forma violenta en la vivienda de la familia Reyes Alonso, en León. Dentro de la vivienda, la Policía mantenía secuestrados a Diego Reyes, María Eugenia Alonso, Diego Reyes Alonso Jr y una señora de 94 años sometiéndolos a torturas y amenazas. Todo fue grabado por los policías quienes posteriormente difundieron el video en las redes sociales.	Álvarez explicó que el Ministerio Público debió actuar de oficio contra los policías que cometieron el ataque a la familia Reyes Alonso. Sin embargo hasta ahora esa entidad guarda silencio como suele hacerlo en los casos en que cualquier alto funcionarios del régimen, directivos del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) o simpatizantes orteguistas comete crímenes contra manifestantes y dirigentes opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.	«como el que prive de su libertad a una o más personas y la retenga contra su voluntad con finalidad terrorista» cuya sanción será una pena de diez años de prisión. Y «si como consecuencia e los hechos descritos anteriormente, se produce la muerte o lesiones de una o más personas», quien lo comete «será sancionado además de la pena anteriormente descrita» (10 años de cárcel), con la pena del delito que corresponda», según ese artículo.	«Una simple lectura de la Ley sería fácil para constatar que probablemente, en esos y otros tipos penales, se demuestra la actuación ilegal del comisionado Domínguez. Además, se violaron la propia ley de la Policía y los protocolos de actuación policíales nacionales e internacionales sobre el respeto al legalidad, a los derechos humanos, de imparcialidad y objetividad. Todos esos los hizo trizas el comisionado Domínguez», afirmó Álvarez.	La reiterada y pública acción criminal del comisionado Domínguez denota la descomposición transversal y total de la Policía para asegurar la seguridad de la ciudadanía, debido a que en los más de 12 años de la dictadura de Ortega y Murillo su comportamiento es de un cuerpo armado partidario más del orteguismo.	Tras el estallido de las protestas ciudadanas en abril del 2018 a la PO se le atribuyen dirigir con parapolicías y grupos de choque del régimen que han cometido una serie de delitos como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones crímenes, detenciones ilegales calificados de delitos de lesa humanidad por organismos de derechos humanos.	«Se entenderá por tortura causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o psíquicos, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control, sin embargo se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuitas de ellas», reza el párrafo cuatro del artículo 486 del Código Penal.	También los superiores del funcionario»que no impida la comisión de alguno  de los hechos tipificados» como tortura «cuando tenga conocimiento y competencia para ello, será sancionado con pena de cinco a siete años de prisión e inhabilitación especial para ejercer el empleo o cargo público de cinco a nueve años».  La misma pena se le impondrá a la autoridad o empleado público que conociendo los hechos «omita denunciar» dentro de las 48 horas siguientes, a partir del momento que los conoció.	El constitucionalista Álvarez señaló que las leyes establecen el procedimiento de la PO en donde se prohíbe que entren sin orden judicial a una vivienda «y menos que, sin orden de detención, se ate de las manos a las personas y se les obligue a grabar un video para que repitan consignas y perdón a un partido, en este caso el Frente Sandinista».	«Eso es un portento a la estupidez y un monumento al atropello de la brutalidad policíal en la historia de la humanidad. Si piensan que realmente actúan bien demostraría el deterioro absoluto e irreversible de la institución policía, y si los mandos y los policías de línea piensan que esa actuación (del comisionado Domínguez) es correcta, la Policía no sirve y no debería seguir existiendo», afirmó Álvarez.	Pero la versión más creíble para el jurista es que el comisionado Domínguez con los demás policías que agredieron brutalmente a la familia Reyes Alonso, en León, responden en desobediencia de la Constitución y demás leyes, «en protección de los intereses políticos de Ortega y Murillo, amparados en a la impunidad».