La decisión de la Asamblea General de hace 30 días sigue sin realizarse. La representante de Grenada, nación que se abstuvo en la última votación sobre Nicaragua, es la encargada de crear la comisión. Embajadora de Argentina dice a El Nuevo Diario: “No nos damos por vencidos…queremos que eso funcione”.	Hace un mes la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) acordó crear una comisión de alto nivel que haga gestiones diplomáticas en busca de una solución a la situación política  de Nicaragua, pero hasta hoy se desconoce cuándo dará el primer paso en ese sentido la presidencia del Consejo Permanente, a en este momento cargo del Estado de Grenada.	“La situación en Nicaragua”, resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA el 28 de junio de 2019, establece seis puntos en los que insta al Gobierno nicaragüense a reanudar las negociaciones con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), el pleno cumplimiento de los acuerdos de liberación de manifestantes encarcelados y la restitución de los derechos, libertades y garantías  de los nicaragüenses, firmados en marzo durante la negociación suspendida el 16 de mayo pasado..	La comisión que deberá crear el Consejo Permanente, como parte de la aplicación a Nicaragua del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, tendrá un plazo máximo de 75 días para rendir un informe sobre las “gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social” en este país centroamericano.	El primer paso que debía dar la presidencia del CP, según Paula Bertol, era consultar a los cinco grupos regionales en la OEA: Estados Unidos, Canadá, Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad Caribeña (Caricom) o, en su defecto, a todos los países que integran el organismo	“En estos días, esto es lo que nos va a ocupar, saber de cada país qué altas autoridades podrían ocupar un lugar en esa comisión”, dice la representante argentina. “No hay un número máximo o mínimo que debe tener la comisión, no lo dice la Resolución en absoluto, creo que vamos a apelar a la racionabilidad de todos nosotros para que sea un grupo que pueda tener diversidad de regiones”.	La comisión para el caso de Nicaragua, pendiente de ser creada, es parte de la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática, el que establece que los miembros de la OEA deben intentar todos los buenos oficios a su alcance, antes de aplicar el artículo 21 que especifica las sanciones y la posibilidad de que la nación nicaragüense quede fuera del organismo continental.	Considera que “no sería bueno para nadie” aplicarle a Nicaragua el artículo 21, con sanciones y la posible expulsión de este país de la OEA, y aboga por los buenos oficios de las gestiones diplomáticas en busca de una solución a la crisis sociopolítica, en la cual “los actores son todos los nicaragüenses”.	El Grupo de Trabajo, creado para resolver la crisis nicaragüense, tiene otra preocupación. “Nos parece que es muy acuciante resolver que vuelvan los derechos humanos a Nicaragua y, por eso, para nosotros no es un tema menor, es un tema que estipula la resolución y que debería concretarse ya porque eso está claro desde el momento en que se aprobó la resolución en la Asamblea. Por lo tanto, deben volver”, advierte la embajadora de Argentina en la OEA.	El conflicto del país, originado por unas reformas a la seguridad social decretadas por el Gobierno a mediados de abril de 2018 y que desataron protestas ciudadanas, ha causado más de 300 muertos que en su momento comprobó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y expuso ante el pleno de la OEA.	En todo ese tiempo el gobierno de Daniel Ortega ha perdido el respaldo de la mayoría de los 35 miembros del organismo. Desde que la OEA desconoció al régimen de Nicolás Maduro, el 10 de enero de 2019, el nuevo embajador del presidente interino venezolano, Juan Guaidó, dio la espalda al Estado de Nicaragua. También perdió el voto de El Salvador, con la asunción del nuevo presidente Nayib Bukele, el 1 de junio de 2019.	La OEA propuso brindar apoyo y asistencia al proceso de diálogo que se realizaba en Managua desde hacía 20 días, en el que los obispos de la Conferencia Episcopal eran testigos. La idea del organismo incluía garantizar una misión de observación electoral antes y durante los comicios, considerando la demanda de la oposición de adelantar las elecciones presidenciales previstas para el 2021.	El 19 de julio de 2019, en la celebración del 40 aniversario de la revolución sandinista, el presidente Daniel Ortega Saavedra descartó la continuidad del diálogo con la Alianza Cívica y enfatizó que las próximas elecciones serán en el año 2021, dando por cerrada la posibilidad de adelantar los comicios, una exigencia de la oposición apoyada por la OEA.	“Muchas veces, las personas dicen cosas para lograr otras; entonces, lo que hay que evaluar muy bien es si esa falta de diálogo que él anuncia, y si las fechas que él anunció, son definitivas o si atrás de eso también está el deseo de seguir negociando”, comenta la representante de Argentina en la OEA.	Reitera que como comunidad internacional están pendientes de lo que sucede en Nicaragua y en cualquier momento actuarán mediante los mecanismos internacionales a su alcance, razón por la que insisten en que se permita el retorno a Managua de las misiones de la CIDH y de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.	“No es política del Estado de Nicaragua violar los derechos humanos”, dijo Moncada e insistió en que las protestas ciudadanas buscaban derrocar por la vía de hecho al gobierno de Ortega. La sesión, en la que no se votó por ninguna resolución, culminó con la solicitud de que la CIDH informara lo más pronto posible del desarrollo de la situación nicaragüense.	La presidenta del Consejo Permanente, embajadora costarricense Rita María Hernández Bolaños, convocó a una sesión extraordinaria el 11 de julio de 2018 para tratar la situación nicaragüense con el fin de conocer las últimas actividades de la CIDH, la instalación del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).	Las dos misiones se habían instalado en Managua el 24 de junio de 2018, por un acuerdo con el Gobierno firmado el 30 de mayo de 2018, como apoyo a las investigaciones de los actos de violencia y la identificación de los responsables, además de desarrollar un Plan de Atención a las Víctimas.	La representación de Washington responsabilizó al Estado de Nicaragua de las violaciones a los derechos humanos. “El gobierno de Ortega cada día renueva su directriz de matar personas para permanecer en el poder. Existe la necesidad de una reforma democrática urgente. Seguimos apoyando el diálogo”, dijo el embajador estadounidense Carlos Trujillo.	El 13 de julio de 2018 hubo otra sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, a solicitud de las delegaciones de Argentina, Canadá, Chile, Perú y Estados Unidos; y antes de que iniciara la sesión, un grupo de nicaragüenses se plantó frente a la sede de la OEA demandando libertad, justicia y democracia para su país.	El canciller Moncada llegó retrasado al encuentro y el embajador nicaragüense, Luis Alvarado, tomó la palabra para expresar su oposición a la celebración de esta sesión. “No se justifica la pretensión de querer reeditar la sesión anterior (del miércoles 11 de julio) y se quiera hacer caso omiso de los hechos cometidos por los grupos terroristas”, expresó, logrando el apoyo de Venezuela, pero el orden del día fue aprobado por la insistencia de representaciones de otros Estados.	La propuesta, leída por Paula Bertol, resaltaba el apoyo al diálogo nacional en Nicaragua, reiteraba la condena por actos de violencia, abusos contra derechos humanos y solicitaba identificar a los responsables de estos abusos, condenar los ataques contra la Iglesia católica y el hostigamiento a obispos. Al final instaba al Gobierno y todas las partes a participar de buena fe en el diálogo y colaborar con la secretaría de la OEA en los esfuerzos para mejorar el tema institucional.	El canciller Moncada, casi al finalizar la sesión, rechazó la propuesta de adelantar elecciones y denunció la muerte de cuatro policías en el municipio Morrito, en el departamento de Río San Juan, calificando de “terrorista” al líder campesino Medardo Mairena, quien después fue encarcelado y acusado de dirigir ese ataque a los policías, a pesar de que sus abogados demostraron que ese día Mairena estaba en Managua.	Fue un virtual campo de batalla diplomático. El canciller Moncada, apoyado por las delegaciones de Bolivia y Venezuela, retrasó por más de 15 minutos la aprobación del orden del día con una contrapropuesta de resolución, titulada “Restitución de la Paz en Nicaragua”, que pedía leer antes de la aprobación del orden del día.	Eran ocho puntos en los que la mayoría reiteraba su enérgica condena a los actos de violencia, represión, violaciones a los derechos humanos y abusos en Nicaragua, incluyendo los cometidos por policías, grupos parapoliciales y otros actores, en contra del pueblo nicaragüense. La resolución exigía identificar a los responsables y desmantelar los grupos parapoliciales.	Este grupo ha presentado tres informes sobre su gestión: el 12 de septiembre, 19 de octubre y 07 de diciembre de 2018, destacando sus reuniones con la Secretaría General de la OEA, CIDH, GIEI, SICA, ONU, Acnur, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Unión Europea, Cejil, Banco Mundial, representantes de la sociedad civil nicaragüense, Funides, Diálogo Interamericano, Centro Wilson y líderes de la Alianza Cívica.	A solicitud del Grupo de Trabajo, el 12 de septiembre se celebró una sesión extraordinaria para abordar los “eventos recientes en Nicaragua”. Allí expresó su preocupación por el retiro de la invitación a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) y se instó a Nicaragua a cumplir el compromiso de apoyar el trabajo de los mecanismos de la CIDH en este país.