De ellos, 12 millones de euros eran para mejorar el acceso a alimentos y agua potable y apoyar a la población más vulnerable; 5 millones para medidas centradas en evitar conflictos y reducir las tensiones sociales y la violencia, así como para proteger a las personas desplazadas, y 18,1 millones para alimentos, agua, higiene y para la inclusión de inmigrantes en comunidades de acogida.