El sonado caso judicial divide opiniones en Estelí, pues es la primera vez que se ve que una abogada es condenada y permanece en la cárcel al ser vinculada a un litigio en que figuran como parte acusadora: Enitel S.A. y la Asociación de Ciegos de Nicaragua. El referido caso mantiene en la picota de los cuestionamientos públicos al juez local penal esteliano, Noel Velásquez.	Al judicial lo acusan de actuar contra viento y marea, pese a los vacíos legales que llenan de nulidad el proceso, y no tener escrúpulos para enviarla a la cárcel, a pesar de ser abogada y notaria, al igual que él, y ser madre soltera con tres hijos qué mantener y que ahora son carga de la familia de la afectada.	La acusación dice que la licenciada en Derecho y Ángel Enrique Hernández Barreda, llegaron al lugar y se posesionaron de unos terrenos que suman en total 32 manzanas. Cabe señalar que en fechas recientes hubo tomas masivas de los mismos, por parte de miembros de la Resistencia Nicaragüense, así como por retirados del Ejército de Nicaragua y por precaristas, pero Martínez y Hernández Barreda sostienen que a nadie han inducido a tales ilícitos.	La acusada afirma que en ningún momento ha cometido tal delito, porque hasta donde ella conoce, hubo un acuerdo entre los líderes de la toma, por lo que ella no pudo haber vendido ni usurpado terrenos. Agrega que existe un documento elaborado por un reconocido abogado y notario de esta ciudad, que ahora trabaja para una institución del gobierno en Managua, donde supuestamente se hace constar que los miembros de la Junta Directiva de unos comunitarios donaban un lote de terreno de dos manzanas.	Según Meyling Concepción, ella cooperaba, es decir, no recibía ninguna remuneración, como asesora de la Asociación de Niños, Niñas y Adolescentes por la Salud y Educación de Estelí, Anahupes, que aparentemente está tras el proyecto del centro, por lo tanto considera que no ha actuado con dolo, mucho menos para obtener beneficios personales.	A decir de ambos, fueron tantos los obstáculos que el doctor Velásquez puso, que “Meyling se vio obligada a aceptar los cargos”. Pero el judicial refutó que si alguien es inocente nunca va a aceptar un delito, “como ella aceptó el delito no hubo necesidad ni de celebrar un juicio”, acotó.	No obstante, el abogado Guardado dijo que el juez Velásquez se negó a que resolviera de conformidad a lo dispuesto en el artículo 55, inciso 4, y artículo 63 del Código de Procedimiento Penal, CPP, que da principio a la suspensión condicional de la persecución penal. Al respecto, de forma verbal, la fiscal auxiliar Mayerlin Cardoza había solicitado tal beneficio, tomando en cuenta que las penas menores de tres años de cárcel lo permiten.	De igual forma, existe una carta del alcalde esteliano, ingeniero Pedro Pablo Calderón, que ratifica la buena conducta de Meyling Concepción Martínez. No obstante, el judicial explicó que hubo fuerte oposición de quienes acusaban a Meyling, en este caso el abogado Wilbert Ramón Flores Lanuza, como representante legal y coordinador de la Asociación de No Videntes, el cual rechazó vehementemente que la reo cumpliera la condena en su casa.	Los abogados Erick Manuel Casco Muñoz y Gilbert Burgos Dávila, aunque en su momento estuvieron de acuerdo con el acta donde se llegó a una negociación en la que Meyling y Ángel Enrique aceptan los cargos, se mostraron contrariados a que éstos recibieran año y medio de cárcel, según ellos, por los daños económicos causados a la entidad y por el nivel académico, sobre todo de la abogada.	La acusación presentada por el Ministerio Público, acusan a Meyling y a Ángel Enrique, ya procesados, y a los comunitarios Noel Barrientos, Pedro Molina, José Danilo Zeledón, Juan José Andino, Félix Gámez, Ruddy y Carlos Casco, así como a Julián Morazán y a José Luis Pérez, de haberse introducido y orientado a otras 200 personas para que también lo hicieran, a fin de apropiarse de unos terrenos, ubicados en el sector de San Ramón, en la periferia norte de esta ciudad.	Agregan los representantes legales de la parte acusadora que los terrenos invadidos pertenecen a Enitel --2 mil 295 metros cuadrados--, y a los no videntes --4 mil 600 varas cuadradas--, quienes pensaban instalar un centro de capacitación para los beneficiarios de su proyecto, pero con las tomas de los terrenos, aseguran, todos sus sueños se les desvanecieron.	En el juicio quedó sentado que por la acción de Martínez y Hernández, varios precaristas se introdujeron a los terrenos, levantaron champas y destruyeron los cercos de alambres de púas, han mandado a perforar pozos para sacar agua, y dañaron postes de concreto, causando en aquel entonces pérdidas a Enitel hasta por 159 mil 722 córdobas.	Detallaron que el judicial deja marcado su interés al tratar de perjudicar e intentar mandar a presidio contra viento y marea a la abogada, según ellos, sólo porque la procesada le pidió que una de sus secretarias fuera separada del proceso, al notar que había un interés marcado de afectarla personalmente.	Jenny Martínez Martínez, hermana de la abogada, dijo que el proceso que se le sigue a Meyling es arbitrario, y que hubo una serie de anomalías y vacíos de ley. De igual forma se pronunció su hermano, Alexis José Martínez, quien se personó a los juzgados en un intento más por liberar a la notaria.