El cotejo del listado de los presos políticos que el régimen de Daniel Ortega tiene en su poder con los de organismos independientes, incluido el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), puede destapar otro drama para los hogares nicaragüenses víctimas de la represión: los desaparecidos forzados, admitió este sábado el jurista José Pallais, al ser consultado por LA PRENSA sobre estas discrepancias numéricas.	El régimen no ha oficializado su lista de reos políticos en las negociaciones que sostiene con la Alianza Cívica para encontrar una salida a la crisis sociopolítica que existe en Nicaragua desde hace 11 meses, provocada por la represión de las fuerzas policiales y paramilitares a las manifestaciones ciudadanas que iniciaron en abril del 2018.	Pallais dijo que “es muy grande la diferencia” entre las cantidades de manifestantes encarcelados que ellos manejan y la lista oficial, por lo que es “sumamente importante el trabajo que hará el Comité Internacional de la Cruz Roja porque son ellos quienes conciliarán los tres listados, porque también verán el de la CIDH”.	Pallais explicó que el acuerdo es que si bien el Comité de la Cruz Roja Internacional es el que revisará los listados de los reos políticos, para determinar la existencia y la condición de detención de cada una de las personas, también será permitido que las delegaciones en la mesa de negociación asignen a representantes que acompañen la conciliación “para no tener dudas”.	La doctora en Derecho y catedrática universitaria, María Asunción Moreno Castillo, explicó que aunque los presos políticos han sido acusados de terrorismo, asesinato, daños a la propiedad y otros delitos graves el tratamiento jurídico es diferente al de delincuentes comunes, porque “en nuestro país estas figuras delictivas se ha desnaturalizado para acusar a las personas que realmente estaban involucradas en una protesta política”.