“La UE hace una propuesta jurídico-política, que es perfectamente viable su aplicación en los procesos penales actuales. Una medida menos gravosa no lesiona el derecho del acusado a su libertad ni el de la víctima a su derecho de acceso a la justicia. La prisión no debe ser la regla de un proceso penal democrático”, refirió el abogado penalista Elton Ortega.	Ortega agregó que los jueces penales que están viendo los casos contra los autoconvocados tienen muchos elementos para fundamentar el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a una menos gravosa a como es la casa por cárcel. Entre estas el derecho a la salud, a la dignidad humana y los valetudinarios, que por su condición de vejez y padecimiento de enfermedades crónicas, tienen derecho de estar en su casa y la ley lo estable.	Actualmente existen más de setecientas personas en Nicaragua, acusadas de terrorismo, crimen organizado, incendio, secuestro simple, obstrucción al servicio público, tenencia ilegal de arma de fuego, entre otros delitos, por haber participado en las manifestaciones contra el régimen orteguista y todos están bajo prisión, incluso los que están por cometer supuestas faltas penales, como el caso del maratonista Alex Vanegas.	“… que permita la libertad de los presos y que asegure que quienes han tenido sentencias absolutorias sean puestos en libertad, durante el proceso transitorio a la sentencia. “Casa por cárcel es mejor que cárcel inadecuada, es más justo”, dijo Ramón Jáuregui, el eurodiputado que presidió la misión de la UE por tres días en Nicaragua, constatando la crisis sociopolítica que se vive.	Al respecto, el abogado y exdiputado José Pallais expresó que la propuesta que la UE le hace al Gobierno es indispensable para crear un ambiente propicio para una negociación, demostrarían que tienen voluntad para solucionar la crisis de forma pacífica, que hay cambio de actitud y un avance en la restauración de la democracia.“La propuesta de la liberación de los reos es viable, factible, a pesar de que para la comunidad internacional todos esos juicios son absolutamente nulos. Los diputados están proponiendo un mecanismo transitorio para que se instale el diálogo, aunque más adelante se puede ver la nulidad de estos casos por todas las irregularidades que hay, con autoridades judiciales imparciales”, dijo Pallais.	Según el abogado, legalmente esos casos debieron ser rechazados de entrada por los jueces, ya que no cumplen con ninguna rigurosidad legal. Al respecto, el abogado Ortega, quien también fue fiscal, expresó que todos estos procesos penales son nacidos de una investigación sumamente deficiente y además parcializada y con una línea de actuación dirigida a la criminalización de la protesta.	Al respecto, Julio Montenegro, quien ha ejercido la defensa de buena parte de los manifestantes acusados, dijo que debe primar la libertad y la anulación de los procesos judiciales, porque jurídicamente hay muchas violaciones.“Estamos ante detenciones ilegales que van más allá de las 48 horas, falta de sustento en las acusaciones, los hechos no están dentro del tipo penal, porque simplemente están ejerciendo su derecho a protestar”, dijo Montenegro.	El exfiscal recalcó que “el problema radica en la credibilidad de las investigaciones y las instituciones inmersas en el sistema de justicia penal, porque no hay certeza de la participación de los acusados en hechos delictivos, por ello debe haber un proceso de justicia transicional con instituciones creíbles y transparentes en su actuar y que sean totalmente independientes”, recalcó.	Al respecto, Pablo Cuevas, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dijo que es indispensable que los reos políticos salgan de la cárcel, aunque expresó que Nicaragua ha tenido un retroceso en materia penal con la aprobación de la Ley 745, que manda en su artículo 44 una lista de delitos que solo deben tramitarse bajo la prisión preventiva, violando la presunción de inocencia, tal es el caso del crimen organizado y el terrorismo, aunque refirió que ninguna ley inferior puede estar sobre la Constitución Política de Nicaragua, por tanto la liberación de reos políticos depende de la voluntad de Ortega.	Asimismo el penalista Ortega refirió que “en materia de garantías una ley inferior (Código Penal o Ley especial) no puede establecer limitaciones que la Constitución no prevé, de manera que a la luz de una correcta interpretación de la carta magna y del principio pro libertatis y de los postulados de las reglas de Brasilia sobre el caso de la justicia a personas en condición de vulnerabilidad, los jueces pueden perfectamente en el caso concreto (autoconvocados) cambiar la medida cautelar de prisión por una menos gravosa”, explicó Ortega.