, y Orlando Castillo, director de Telcor. Estos cuatro funcionarios son agregados a la lista del programa “Nicaragua related sanctions” (sanciones relacionadas a Nicaragua), dirigido especialmente para sancionar a corruptos y violadores de derechos humanos en Nicaragua y que es administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).	John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, aseguró que las sanciones de ambos países son parte de “nuestros esfuerzos conjuntos para defender la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental. Estamos comprometidos a trabajar juntos con nuestros socios regionales para asegurar que la democracia y el Estado de derecho se restablezcan en Nicaragua”, aseguró Bolton.	Las sanciones contra Gustavo Porras se dan por promulgar acciones políticas que han socavado las instituciones democráticas de Nicaragua y promover una Ley de Amnistía que otorga impunidad a los policias y paramilitares que reprimieron a los manifestantes; en el caso de Sonia Castro por dirigir el Ministerio de Salud, que violó lo derechos humanos de los manifestantes heridos. A Orlando Castillo lo sancionan por silenciar a los medios de prensa independientes; y a Oscar Mojica por manejarle las finanzas a Ortega y Murillo y promover la estrategia de “exilio, cárcel o muerte”.	El régimen, según el comunicado del Tesoro, continúa violando los derechos humanos de los nicaragüenses y mantiene a presos políticos. “Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega y su círculo íntimo: apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamamientos a la reforma y al retorno a la democracia”, dijo el subsecretario de Hacienda para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker. “No dudaremos en tomar medidas contra aquellos que perpetúan la opresión o apuntalan el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”.	Este jueves se venció el plazo que establece la Nica Act para que, tanto las agencias de seguridad y como de inteligencia de Estados Unidos, presenten un informe de los funcionarios orteguistas involucrados en actos de corrupción y represión durante las protestas ciudadanas contra Daniel Ortega que iniciaron el 18 de abril de 2018.	El presidente de la Asamblea fue quien formó la denominada “comisión de la verdad”, también conocida como Comisión Porras, para que se encargara de investigar la masacre perpetrada por el régimen desde abril del 2018. Pero la falta de credibilidad de la población de ese poder del Estado, dominado por el orteguismo, provocó el rechazo de dicha comisión.	, la ministra de Salud, ha sido acusada de ordenar a los médicos durante las protestas contra el régimen orteguistas que no atendieran a los manifestantes heridos en los hospitales públicos y por el despido del personal médico que decidió atender a los heridos y que han participado en las protestas. Aunque ella desmintió esa versión, los familiares de las víctimas sostienen lo contrario, como el caso de la madre de Álvaro Conrado, quien murió desangrado tras recibir un disparo en la garganta.