La Asamblea Nacional dejó establecido en un decreto, aprobado este jueves con trámite de urgencia, que el pago mínimo definitivo del impuesto sobre la renta del 3% para grandes contribuyentes y del 2% para principales contribuyentes, se aplicará “de forma obligatoria por mandato expreso de ley a partir de las operaciones del mes de marzo del año 2019”.	Confirmó que si las empresas no reportan ese impuesto a la DGI podrían perder su solvencia fiscal, lo que les ocasionaría todavía más problemas. “No podrían operar, no podrían desaduanar, no podrían hacer una serie de operaciones legales. Todo abogado, cuando va a hacer una escritura, le pide una solvencia a la empresa y que esté al día con todo, y si no tienen la solvencia, están pegados ahí”, explicó Arteaga.	Según Gutiérrez, el numeral ordinal tercero del artículo sexto de la ley de reformas tributarias establece textualmente: “Los grandes y principales contribuyentes que operen con un período fiscal especial debidamente autorizado por la Administración Tributaria, liquidarán, declararán y pagarán el Pago Mínimo Definitivo del IR del 1% sobre sus rentas brutas gravables obtenidas antes de la entrada en vigencia de la presente ley y del 3% y 2%, respectivamente, a partir de su entrada en vigencia”.	Con las reformas, los contribuyentes que facturan más de C$160 millones al año tendrán que reportar el 3% como anticipo del pago mínimo definitivo; los que facturan entre C$60 millones y C$160 millones anuales tendrán que pagar el 2%; y el resto de contribuyentes que facturan menos de C$60 millones seguirán pagando el 1%.	El diputado conservador Alfredo César comentó: “Nos opusimos a este decreto, así como a la reforma tributaria, porque este es parte de la misma. Desde el punto de vista técnico dice (el decreto de interpretación) que como fecha máxima de pago es el 15 de abril, debido a que mañana es 5 (fecha de pago del anticipo) y el decreto salió hoy (este jueves). Esto solo es válido para el primer mes (de pago, que es marzo)”.	“La Asamblea se dio cuenta que se daba a interpretaciones de ambas vías y por eso fue que decidieron hacer la clarificación. Que paguemos el impuesto no significa que estamos de acuerdo con la reforma; la semana antepasada interpusimos un recurso de amparo, seguimos en contra por todos los efectos que conlleva”, explicó Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN).