“Se han girado 32 órdenes detención administrativa por los delitos de tráfico ilegal de personas y asociaciones ilícitas. Este es un procedimiento liderado por la Fiscalía General de la República en coordinación con la policía”, dijo a periodistas German Arriaza, director de la oficina de Anticorrupción y Contra la Impunidad del Ministerio Público. Entre los detenidos hay empresarios, abogados y un ex agente de la policía.	El amplio operativo del que participaron varias unidades especializadas de la policía salvadoreña se desarrolló en cuatro departamentos del oriente del país, en la capital y en Santa Ana, en el occidente. Durante la operación las autoridades allanaron varios inmuebles y tienen previsto incautarse de 14 de ellos según la ley de extinción de dominio.	Explicó que algunos de los inmuebles incautados están en propiedad de personas que no se han visto involucradas en el tráfico ilegal de personas “sino que han servido de testaferros para poner los bienes a su nombre”. Pero más tarde Rivas detalló que “hemos o vamos a incautar 63 bienes, entre ellos casas, ranchos de playa, empresas dedicadas a medios de comunicación, vehículos, armas de fuego y alrededor de 27.000 dólares en efectivo”.	“Queremos mandar un mensaje a las estructuras criminales, a las estructuras terroristas en el país, que aquí en El Salvador solo tienen dos vías: es la cárcel o la muerte. Como Policía Nacional Civil vamos a garantizar que este sea un país donde los salvadoreños puedan vivir en paz y tranquilidad”, agregó.	McAleenan confirmó las cifras de salvadoreños que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos. “En mayo más de 16,000 y ahora estamos en agosto con 6,000, así que estamos esperando un 60% de reducción en los tres meses que el presidente Bukele tomó posesión. Es un progreso significativo en términos de la migración forzada desde El Salvador”.