La cámara de seguridad número 12 de la finca El Dorado, de la familia Díaz Mayorga, grabó a decenas de encapuchados armados entrando para tomarse la propiedad; y también al alcalde sandinista de Villanueva, Juan Gómez Obando, quien daba instrucciones a los invasores. Eran las 3:00 p.m. del 13 de junio de 2018.	La finca “fue saqueada en su totalidad”, afirma Luis Alberto Díaz, de 46 años, quien la adquirió mediante la escritura pública número 90. Él muestra el video a El Nuevo Diario y señala el rostro del alcalde de Villanueva, Chinandega, y el del secretario político municipal del gobernante Frente Sandinista (FSLN), Horacio Lanzas, quienes dirigen la invasión a la propiedad privada y después se retiran.	La esposa de Díaz, Luisa Margarita Mayorga, enfatiza que tienen más pruebas de la participación de esos dos operadores políticos en las tomas de tierras, porque la noche anterior a la invasión, el 12 de junio, “llegó Juan Gómez Obando con otra gente” a la entrada de El Dorado y “tiraban morteros y balazos”, amenazando a la familia propietaria.	El Nuevo Diario se comunicó vía telefónica con el alcalde Gómez y él negó haber participado en la toma de la finca: “No hombre, eso es falso, no es cierto. Son videos falsos, ustedes saben cómo están las cosas, no es cierto, no es nada de eso… Aparezco sacándolos a ellos, por hacer un bien”.	Luego cerró la conversación, diciendo que el caso de la invasión a esa propiedad no le compete a él o su alcaldía, sino a la Procuraduría General de la República. “Eso no lo vemos nosotros, es con la Procuraduría… Son los que pueden orientar y decidir quiénes son los dueños de la propiedad”.	Sin embargo, cuando Luis Alberto Díaz ha reclamado la devolución de su propiedad a instituciones públicas, le han dicho que la gestione ante un político del FSLN. “He ido a todas las instancias, a la Policía y a la Intendencia de  la Propiedad y lo que hacen es mandarme donde el secretario político departamental (del FSLN), José María Espinoza. La máxima autoridad debería ser la Policía Nacional, pero veo que aquí las cosas son al revés, el secretario político es el que decide”, relata Díaz, quien ha expuesto el caso a Espinoza, sin recibir respuesta.	Junto a la propiedad de los Díaz Mayorga, está la finca Las Palomas, de la familia Coen; son 120 manzanas de tierras también invadidas por gente afín al gobierno de Daniel Ortega Saavedra, lo que organizaciones empresariales han interpretado como una represalia contra quienes apoyaron a la opositora Alianza Cívica en el diálogo de mayo de 2018, exigiendo la democratización de Nicaragua y, con ese fin, el adelanto de las elecciones generales programadas para el 2021.	La primera describe cómo la familia fue expulsada de su propiedad: “El miércoles 13 de junio de 2018, sujetos ubicaron un tranque cerca de mi plantel y pedían que mi familia saliera de la casa o nos quemaban dentro, sin importarles que dentro de la misma se encontraban menores de edad… Nos advirtieron que llegáramos al día siguiente únicamente a sacar algunas cosas personales, nada de herramientas ni vehículos, mucho menos el material de broza (oro) almacenado y residuos de broza”.	En otra denuncia, dirigida también a la Procuraduría General de la República, Díaz pide que “tras múltiples amenazas por parte de tomatierras del municipio de Villanueva y comarcas aledañas” le dejen “continuar con el trabajo que venía realizando desde hace ya 4 años en la zona, mediante el cual empleaba a más de 100 familias”.	“Tenemos escrituras de la compra- venta de la propiedad, a la que le pusimos por nombre El Dorado, tenemos planos y documentos legales de la propiedad y no puede ser que personas pretendan quedarse con lo que no les pertenece; es nuestra propiedad que compramos hace 5 años y que nosotros íbamos haciendo crecer, también crecía la comunidad con los diferentes proyectos, colaboraciones y donaciones que le dábamos a los habitantes de la zona”, explica Margarita Mayorga.	En otra finca, ubicada en el municipio El Viejo, un área de más de 6 manzanas ha sido plagada por un centenar de chozas levantadas con plásticos, trozos de zinc, maderas y alambres. Sus habitantes son invasores que usurparon esa propiedad privada, al amanecer del 18 de junio de 2018, con el apoyo de funcionarios municipales sandinistas, según testimonios recabados por	Los tomatierras la invadieron en medio de la crisis sociopolítica del país, desatada el 18 abril con protestas ciudadanas y una represión violenta del Gobierno. Al tomarse Santa Ana, dijeron que esa tierra se las daba la municipalidad de El Viejo, Chinandega, recuerda Santos Vega Palma, presidente de la Cooperativa Santa Ana RL.	Los socios de Santa Ana han recurrido a las leyes. “No quisimos ir a meternos porque somos varios, como 200 personas en la cooperativa, no quisimos ir para evitar muertos en posibles enfrentamientos… Después de que se tomaron todo, nosotros comenzamos a hacer los trámites con las autoridades correspondientes, porque Santa Ana tiene su escritura legal desde hace años”, explica Vega.	La primera denuncia fue dirigida al comisionado de la Policía del departamento, el 21 de junio, tres días después de la invasión a la propiedad. Le exponen que en el terreno había varias edificaciones: oficinas, básculas para carga de alto tonelaje y bodegas, que hoy son ocupadas como viviendas por algunos de los tomatierras.	“Todo esto está en completo deterioro, deterioro causado por varias personas dirigidas por los señores Boanerges Espinoza, quien está fungiendo como vicealcalde de la municipalidad de El Viejo y otras personas conocidas como Los Chocoyos, quienes penetraron a la propiedad violentamente sin autorización a eso de las 5:00 a.m del lunes 18 del mes de junio”, expresa la denuncia de los dueños.	entraba a la finca tomada, unos diez hombres intentaron rodear el vehículo, luego se detuvieron, aunque sin deponer la actitud amenazante. Optamos por regresar a la carretera y vecinos de la finca nos dijeron que los tomatierras tienen armas y que en las bodegas y las oficinas de Santa Ana viven los cabecillas.	“Todos ellos son sandinistas, porque ellos mismos lo dicen y dicen que la Procuraduría les va a dar garantías sobre las tierras”, afirma Santos Vega. “Quien hizo la toma de esa propiedad es la señora alcaldesa de El Viejo y el vicealcalde; es preocupante que una autoridad municipal se preste a esas cosas… Hay personas con armas dentro de las propiedades tomadas, incluso, la señora alcaldesa les daba plásticos, les proveía comida”.	En una de las últimas denuncias, entregada el 1 de abril de 2019 a la oficina departamental de la Procuraduría General de la República, la Cooperativa Santa Ana RL reitera que quienes han estado al mando de la toma de la propiedad son los funcionarios de la Alcaldía Municipal de El Viejo, “la señora alcaldesa María del Tránsito Guevara y el vicealcalde Boanerges Espinoza, quienes actuaron de forma indebida, atropellando el derecho de los asociados”.	“La calma la hemos tenido, hemos seguido gestionando, pero no hay nada, parece que el Gobierno nos politizó, esta es una cooperativa, nosotros dentro de ella no tenemos partido… Hemos visto imposible esto (recuperar las tierras), nos sorprende que una propiedad, que es de un poco de campesinos sea tomada”, comenta Vega.	El Nuevo Diario llamó a la alcaldesa Guevara, de El Viejo, y al preguntarle sobre la denuncia de que su administración apoya a los invasores en Santa Ana, un territorio de su municipio, su única respuesta fue: “No tengo información de ese tema, francamente que no conozco de eso. No tenemos nada que ver con esas cosas, nosotros no estamos ocupados en esos temas”.	Vega estima que las pérdidas por la destrucción de la infraestructura de la finca superan los 300 mil dólares, más 2 mil dólares por mes que recibían por la renta de la propiedad. “Nos duele, porque esa propiedad nos cuesta a nosotros”, enfatiza. “Al consultar a la Policía sobre el caso, lo único que le dicen a uno es que aún no ha llegado la orden desde arriba (Gobierno), que no saben el día ni la hora de la entrega”.	En tierras de otras zonas del departamento de Chinandega también se ven ondear banderas del FSLN junto a chozas improvisadas, una señal de que han sido invadidas. Así está la finca La Pañoleta, junto a la carretera al puerto de Corinto, donde los tomatierras también hacen zanjas para tubería de agua potable y meten líneas de electricidad, otro indicio de que reciben apoyo de instituciones del Estado.	En una colina de la comarca El Charcón, del municipio norteño de Santa María de Pantasma, la vivienda de José Reynaldo Chavarría Castro está rodeada por tomatierras indígenas que el 12 de abril de 2014 invadieron la finca Santa Mónica, de 59 manzanas, amparados por funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, quien gobierna por segunda vez, desde enero de 2007.	“Compré estas tierras en 1985 y comencé a trabajar, pero se metió a la propiedad la comunidad indígena de Jinotega, aduciendo que ellos eran dueños de las tierras, decían que pertenecían a los indígenas, pero yo también pertenezco a la casta indígena, tengo mi carnet y no solo eso, también las escrituras”, explica el afectado y resalta que el problema de la usurpación de propiedades privadas ocurre desde hace años.	Un jefe de la Policía, que él identifica como Marvin Castro, le habría dicho que no se preocupara. “Me dijo que cuando esa gente se metiera, él iba a mandar a desalojar; cuando se metieron, le avisamos, y entonces nos dijo que eso no se podía hacer verbal, quería que fuéramos a poner la denuncia y, pues, eso era mentira, eso ya estaba amarrado con ellos. El mismo comisionado, el alcalde de Jinotega (Leónidas Centeno) y el secretario político de Pantasma están implicados en la toma de mis tierras”, afirma Chavarría, al hablar con	Recuerda que el primer intento de quitarle las tierras ocurrió en el año 2004 y él acusó a los invasores en el juzgado, de “usurpación a la propiedad, daños y penetración a propiedad ajena” y en la primera instancia “ellos me propusieron que les diera unas 24 manzanas de tierra” como parte de un acuerdo de mediación.	En consecuencia, la escritura pública 161, entregada a Chavarría el 16 de noviembre de 2004, expresa: “El señor Andrés Granados Picado, en su calidad de presidente de la comunidad indígena de Jinotega y representando a la junta directiva de dicha comunidad” otorga a favor del señor Reynado Chavarría Castro “Escritura de Uso y Goce de la propiedad ubicada en El Charcón de cincuenta y nueve manzanas y tres cuartos de extensión, denominada Santa Mónica, ubicada dentro de los siguientes linderos…”	José Reynaldo Chavarría Castro afirma que en más de una ocasión, su familia ha sido agredida por los tomatierras, con intenciones de expulsarles. La última vez, en el año 2017. “Vinieron y metieron como 200 personas armadas, algunas con piedras y machetes, como a las 8:00 p.m., hasta me quitaron el servicio de energía eléctrica; se me estaban metiendo a la casa y tuve que responder con fuego también. Entonces, el comisionado llegó y más bien me quitó mis dos pistolas, de las cuales yo tenía portación legal… Yo estaba dispuesto a morir dentro de la casa”, relata.	Alrededor se ven hombres que levantan cercos próximos a la casa de Chavarría. Más lejos se observan troncos grandes, vestigios de lo que fueron árboles gruesos y seguramente muy altos y antiguos. Las tablas que se arpillan en algunos lugares de la finca o que ya forran algunas casas, proceden de esos árboles. Mujeres y niños entran y salen de las chozas. El Nuevo Diario intenta hablar con alguno de los hombres, pero estos se muestran ariscos.	Por las noches, hay hombres con armas de fuego cuidando estas tierras ocupadas ilegalmente. Chavarría dice que la Procuraduría General de la República ha elaborado otras escrituras sobre la finca Santa Mónica para quitársela. “La comunidad indígena se puso de acuerdo con la Procuraduría, hicieron una escritura anulando la escritura que me habían dado… Es un atropello”, asegura el productor, recordando que él les había cedido 24 manzanas de tierra en 2004, para que cesaran las amenazas.	Horas antes de que se conociera la renuncia del procurador general Hernán Estrada, el 8 de mayo de 2019, El Nuevo Diario llamó al teléfono móvil de este funcionario para preguntarle por los diferentes casos de propiedades invadidas. Él atendió la llamada y cuando nos identificamos como periodistas, dijo: “Ya le comunico con su asistente…” Hubo un silencio por segundos y cortó la comunicación. Le hicimos dos llamadas más y ya no respondió.	“Solo cortamos 61 cabezas de plátano de 40 manzanas de producción y la caña de azúcar, estábamos listos para comenzar en noviembre. Desgraciadamente, al tomarse la finca, ni el plátano pudimos sacar y también con el tema de la caña, ellos (los invasores) se acercaron al ingenio para que se las compraran”, detalla Michael Healy, hijo de Esperanza.	“Lo que ellos han hecho es traer gente armada de otra zona para que no fueran reconocidos, pero mucha gente los ha reconocido; ellos están en la finca, ya hay como 25 hombres armados con AK-47 desde hace 11 meses”, comenta el también presidente de Upanic y dirigente de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.	Los reclamos de los productores afectados en Rivas, ante la Procuraduría General de la República y autoridades locales tampoco han recibido respuestas. “Las denuncias se han interpuesto en la Policía de Buenos Aires, la Alcaldía y la Policía departamental, donde se puso amparo policial para desalojar a esta gente, desde junio del año pasado”, explica.	Las invasiones de tierras privadas datan desde la década de 1980, cuando también gobernó el FSLN; volvieron tras resultar electo Ortega en 2006 y se hicieron más evidentes después de abril de 2018, comenta Healy, quien ve dos modos de operar de los tomatierras; el primero, dirigido por el Gobierno, porque “busca sacar beneficio de eso”, afectando a determinados propietarios; y el segundo, por “la orden que se le da a ciertos afiliados del Frente Sandinista, que como ven que está en el poder creen que se pueden meter a cualquier propiedad”.	Castro, con 18 años de experiencia en el tema de las ocupaciones ilegales de propiedades privadas, explica que los bienes inmuebles mencionados en el artículo 44 solo pueden ser objeto de expropiación por el Estado cuando se trata de latifundios sin cultivar y con fines de reforma agraria, “previo pago en efectivo de justa indemnización”.	“El Estado de Nicaragua, los particulares, municipales y ninguna institución puede afectar una propiedad que es privada, salvo que sea para utilidad pública o interés social y en estos casos no es nada por el estilo, sino que son personas que por interés propio ingresan a propiedades, destruyen y lotifican”, argumenta Lindsay Castro.	“En ese caso se interpuso la denuncia por dos razones; la primera, porque se supone que estamos esperando que nos proteja el derecho de la propiedad, el derecho a la vida e integridad; y segundo, porque dentro de la propiedad estaba un patrimonio ajeno”, dice Castro, señalando que en términos legales los tomatierras pueden ser objeto de un desalojo por las autoridades, aunque estas no dan ninguna respuesta.	En la finca Santa Mónica, en Pantasma, ante la falta de respuesta a la denuncia entregada al comisionado policial Marvin Castro, “por cuestión de estrategia intentamos autenticar los documentos en Plaza el Sol (sede de la Policía Nacional), pero lo que obtuvimos fue un rodeo de antimotines y la expulsión del lugar cuando se dieron cuenta de cuál era el caso, en los primeros días de marzo de 2019”, relata.	Las pérdidas económicas totales por esta usurpación han sido estimadas en US$17.1 millones, más el lucro cesante que equivaldría a US$7.4 millones. Otra consecuencia de esas acciones ilegales ha sido mandar al desempleo a 9,010 personas, entre las que se incluyen 100 trabajadores del plantel El Dorado, en Chinandega.