“Lo que se aprobó fue auditar el movimiento de ingresos y egresos de la cuenta de inversiones a Petronic, para saber cuánto ha entrado producto de la venta del petróleo, bajo qué condiciones y qué destino han tenido esos recursos, porque es un clamor nacional saber si ese dinero es del partido de gobierno o es una deuda pública de los nicaragüenses”, o una mezcla ilegal de los dos casos, dijo Hernández.	Antes de la resolución, no sólo el contralor Hernández se había pronunciado a favor de transparentar las finanzas públicas de Petronic, sino que diversos sectores de la sociedad civil y la oposición política, habían clamado porque el gobierno abriera las cuentas de los recursos obtenidos por la venta del petróleo venezolano en Nicaragua.	Políticos de oposición, analistas de la sociedad civil y economistas independientes calculan que la ayuda venezolana al gobierno de Ortega alcanza los 300 millones de dólares anuales, sólo como contrapartida que Venezuela nos regresa de la factura petrolera con préstamos a largo plazo, sin meter los negocios propios de Petronic, que suman otra millonada de plata.	El acuerdo establece que el 50 por ciento de la factura será pagada en un período de 90 días, con un interés del dos por ciento anual. El otro 50 por ciento se pagará en un plazo de 23 años con 2 de gracia y a una tasa de interés del dos por ciento anual, dividido en dos aplicaciones, Banco de Alba y ALBA-Caruna.	El temor de la sociedad civil, políticos de oposición y observadores económicos, es que los fondos sean ocupados para generar clientelismo político por medio de los programas sociales del gobierno, como Hambre Cero, Usura Cero, Yo sí Puedo, Calles para el Pueblo y otros más, lo que puede quedarse en esa cadena tan proclive a la corrupción por falta de controles institucionales.