Cuando recibí la resolución del Concejo Disciplinario de la Suprema de justicia mi primera impresión fue de molestia, indignación, frustración, porque siendo conocedora del Derecho sé que esto no tiene asidero legal, es totalmente arbitrario e injusto. Frustración porque estoy clara que no puedo hacer absolutamente nada. Ellos tienen el poder de decisión, pero sin apego a los procedimientos establecidos por ley. Los que están llamados a ser los primeros en acatar y respetar las leyes en este país no están cumpliendo.	Fue similar. Cuando el oficial me empujó, sentí repudio. Soy una mujer empoderada que se da a respetar, que conoce sus derechos como abogada, como ciudadana, como mujer, como madre y como hija. Cuando el oficial me empuja, al sentirme agredida mi reacción instintiva fue lanzarle un bofetada y es cuando dos policías me toman por el cuello. Estando enfurecidas, ellas no midieron la fuerza aplicada y me estaban ahogando, si yo no he puesto resistencia, esta gente me habría ahorcado. En ese momento también me sentí indefensa.	Es importante resaltar los efectos: La inhabilitación del ejercicio de mi profesión en el campo del Derecho incluye que no puedo ni ingresar al Complejo Judicial Central, ni ese derecho tengo. Además, fue establecido que se enviará comunicación sobre la sanción a la Dirección General de Registro de Control de Abogados y Notarios; a la Dirección General de Inspectoría; a los tribunales de apelación; a jueces y registradores de la propiedad inmueble y mercantil, es decir a todos les comunicaron que estoy suspendida en el ejercicio de mis funciones. No puedo ejercer mi carrera que es mi machete de trabajo.	Algo importante a resaltar es que si bien hay muchos abogados correctos, también hay descontento por parte de la población ante el actuar de algunos de ellos. Sin embargo, las denuncias hechas por la población ante el Poder Judicial no son atendidas, pero en mi caso todo fue expedito y en tiempo récord, la sanción me viene casi a dos semanas de haber sido condenada ya por la misma situación.	Sí. En los juzgados, el 2 de septiembre, me condenaron por la denuncia de obstrucción de funciones policiales en perjuicio del jefe de la Dirección de Armas y Explosivos (DAEM) de la Policía en Masaya, teniente Óscar López, ahora también me sanciona la Suprema de justicia. Esta sanción arbitraria no viene sola, es un mensaje para todo abo	No puede haber una doble persecución: o me condenaban por un delito o me sancionan, pero las dos cosas no pueden ser. Legalmente está prohibido. Sin embargo me condenaron por mi conducta de orden común y natural, por lo que me sometieron a un proceso penal. Ahora vienen a plantear que fue en el ejercicio de mis funciones y la Suprema de justicia me sanciona. Habría que definir qué es lo que hice. Cuando me notifican y abren el instructivo, solo se establece la apertura del mismo, pero no establece el basamento legal. Ahora que me notifican de la sanción, no me establecen cuál es la acción que yo llevé a cabo para estar sujeta a la sanción. Voy a tener que ir a la Suprema de justicia para que me den de la resolución.	El Concejo Disciplinario de la Suprema de justicia dicta sus resoluciones a través de sentencias que deben ser fundamentadas y motivadas, so pena de nulidad. Eso es una premisa del Derecho. Pero esto no se cumplió; tampoco con el procedimiento administrativo para sancionar a un abogado, no se abrió a prueba, no se citó a las partes, no hubo audiencia pública, aquí tampoco hubo conciliación, que es el primer procedimiento a agotarse. Todo se hizo en un escritorio. Ahí está la nulidad. Voy a apelar en el sentido de que no se cumplió con la ritualidad y por el hecho de que la sanción es improcedente, porque ya fui condenada por un delito menor.	Todo fue inusual. En cualquiera de sus instancias (de la CSJ), ya sea penal, civil o los procedimientos administrativos, siempre se retrasan mucho y nunca cumplen con los términos. En la práctica, no he conocido de que una persona haya puesto una queja, que se haya tramitado el caso el mismo día y en término récord estuviera la sanción. En mi caso, fui una prioridad, para negarme defender derechos humanos y cerrarme la puerta de seguir trabajando, porque es mi sustento y de mi familia. La acción fue evidentemente parcializada con la intención de afectarme. Es un precedente desastroso para la justicia de Nicaragua. Recordemos que las máximas autoridades donde cualquier persona va a recurrir para que se resuelva una situación legal es la Suprema de justicia y no puede, como órgano superior, mostrar estos procedimientos anómalos.	Hay que recordar que gozo de la protección de medidas cautelares provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que el Estado debe garantizar que los defensores de derechos humanos podamos ejercer nuestra labor. Con esta sanción me lo están impidiendo y el Gobierno está incumpliendo con el mandato (su compromiso como Estado nicaragüense) de la CIDH. Esta instancia tiene sus procedimientos y de ellos dependerá las repercusiones.