La Cámara de Diputados de Argentina, en la que ningún bloque tiene mayoría, debate este jueve el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva enviado por el Gobierno del presidente Alberto Fernández para afrontar la crisis económica. Se espera que la sesión sea extensa por la larga lista de oradores prevista, y, en caso de que los legisladores aprueben el proyecto, deberá pasar al Senado para su debate y eventual aprobación definitiva, en un pleno que se daría este mismo viernes.	La sesión de hoy se da después de que el texto obtuviera el miércoles, no sin polémica por discrepancias de parte de la oposición, el visto bueno de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General, en una reunión conjunta que duró más de 10 horas. Entonces se modificó el texto para, entre otras cosas, suprimir un polémico punto que facultaba al Ejecutivo a «rediseñar la Administración Pública Nacional» con sus decenas de organismos descentralizados, rechazado por todo el arco opositor.	El proyecto incluye multitud de medidas -como alza de impuestos y aranceles de exportación de productos agrícolas, el congelamiento de tarifas de servicios públicos, cambios en el ajuste de las jubilaciones y medidas de ayuda social- con las que el Ejecutivo -que asumió el 10 de diciembre- quiere afrontar la «dramática situación económica y social» que, según se especifica en el documento, atraviesa el país, en recesión desde 2018.	Ante la votación, Santiago Cafiero, jefe de Gabinete del gobierno afirmó: «Tenemos que ser muy conscientes de la situación en la que estamos (…) La economía está en virtual default y el 40% de nuestros habitantes está por debajo de la línea de pobreza». Desde Juntos por el Cambio, ahora en la oposición, defienden que el país no está en tan mala situación y rechazan el proyecto de ley, además, por no querer darle poderes especiales al Ejecutivo.	Uno de los puntos que más ha llamado la atención en el proyecto es el impuesto «país» (para una Argentina inclusiva y solidaria) que gravará con una tasa del 30% y por cinco años la compra de divisas extranjeras para atesoramiento, las compras en el exterior con tarjetas, los pagos de compras en línea en sitios del exterior, y la compra de pasajes y paquetes turísticos para viajar al exterior.