El financiamiento que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó para el Fortalecimiento de Capacidades Operativas de la Policía Nacional de Nicaragua ha sido criticado por sectores opositores, porque ayuda a una institución acusada de violaciones a derechos humanos, dijo uno de los representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro.	“Es parte de uno de los programas que tiene el Banco para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, los fondos son y se distribuyen en los cinco países, buscando fortalecer a los que están más débiles en seguridad ciudadana. El préstamo que parte de ese programa fue aprobado en el 2014, cuando la situación de la Policía era diferente a la que es hoy en Nicaragua”, explicó Arteaga.	Arteaga indicó que el proceso del financiamiento del BCIE a la Policía se encuentra en su etapa de ejecución, ya que, antes de ser entregados los fondos se tiene que cumplir con “un procedimiento de aprobado, se pidieron condiciones previas de desembolsos, se hizo una escrituración de préstamos, se hizo una programación de desembolso y ejecución, entonces, lo que hoy estamos viendo es una de las últimas etapas de ese proceso que es la licitación, porque esos fondos tienen que ser licitados, para que el país obtenga los mejores beneficios del uso de sus fondos; desafortunadamente, la Policía de Nicaragua es diferente a las otras policías de Centroamérica en este momento, porque se ha desnaturalizado su función que en vez de ser para la seguridad ciudadana se ha convertido en una Policía que reprime los derechos”.	El exgerente regional del BCIE también explicó que una de las formas para suspender el proceso de desembolso consiste en que “el mismo banco, si ve que se está violando el término del contrato, porque en alguna parte de esos términos del contrato hay una cláusula de que siempre que no se viole los asuntos vitales de la población, y la policía en este caso si está incurriendo en eso, de alguna manera o a solicitud de otros países miembros se pueda pedir que el caso se vea nuevamente”.	Algunos de los países centroamericanos que integran el BCIE, como Costa Rica, que han votado contra la represión en Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), podrían, en caso que así lo llegaran a decidir, hacer la solicitud de revisión del financiamiento que se le está otorgando a la Policía de Nicaragua, indicó el experto.	Arteaga aseguró que una vez que el banco o algunos de los miembros soliciten la revisión, el equipo de abogados del BCIE “tendría que estudiar las cláusulas y los documentos que señalan a la institución nicaragüense por violación a los derechos humanos, para que de esta forma decidir si se suspende o no el desembolso”.	Explicó que el BCIE es una institución “diseñada para promover el desarrollo, la reducción de la pobreza y no es correcto que se preste para financiar el apertrechamiento, el financiamiento a una organización que está sindicada como criminal, como una organización que ha cometido crímenes contra la ciudadanía, una situación que ha quedado demostrada”.	La Alianza respaldó a Chamorro por medio de un comunicado, argumentando que “el régimen no tolera que existan derechos, voces, ni acciones fuera de su dominio y por eso ha forzado a empleados del Estado y a otros ciudadanos a demandar la destitución de Juan Sebastián como miembro de la mesa de negociación”.