Las sanciones aplicadas al presidente Daniel Ortega, su esposa, Rosario Murillo, a su hijo, Laureano Ortega y el jefe de la Policía Nacional Francisco Díaz, obligaron al Gobierno a tomar medidas para controlar la situación de Nicaragua, lo que significa que las acciones internacionales han funcionado y las demás naciones deben incrementar la presión, señala el prestigioso diario estadounidense The Washington Post.	En un editorial, el periódico agrega que a principios de este año el Gobierno acordó reanudar las negociaciones con la Alianza Cívica que estaban estancadas, la liberación de los presos políticos, que a pesar que no se ha cumplido en su totalidad porque la mayoría tiene los procesos legales abiertos, hubo un avance.	“Ahora la presión debe mantenerse hasta que el señor Ortega libere genuinamente a todos los detenidos indebidamente y tome medidas para proteger los derechos humanos. El señor Ortega quiere el reconocimiento internacional de su autoridad y el fin de las sanciones contra sus altos funcionarios, ninguna de las cuales es una posibilidad viable”, dice el artículo.	Posteriormente, el 5 de julio de 2018, fue sancionado el comisionado general Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional; José Francisco López Centeno, tesorero del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de Alba Nicaragua, S.A (Albanisa) y Fidel Antonio Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua. Éstos ingresaron a la lista de Nacionales Especialmente Designados y Persona Bloqueadas (SDN Por sus siglas en inglés) de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).	El 27 de diciembre de 2018, con la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump que declaró emergencia nacional por la represión en Nicaragua, el Departamento de Tesoro anuncio sanciones financieras a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo y a Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad en la Presidencia.	Este 21 de junio, el Departamehto del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones contra el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la ministra de Salud, Sonia Castro González; Orlando José Castillo, presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüenses de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y contra Óscar Salvador Mojica, Ministro de Transporte e Infraestructura (MTI).