El defensor de derechos humanos, quien se encuentra en el exilio tras ser amenazado, perseguido y hostigado por simpatizantes del Frente Sandinista durante la rebelión cívica de abril, asegura que lo que desea el gobierno de Nicaragua es desintegrar dicha organización por no haber callado y denunciado ante la comunidad internacional los crímenes cometidos en el país en relación a la protestas antigubernamentales.	Leiva afirmó haber conocido por otras fuentes que ya existen miembros de su equipo que forman parte de la supuesta conspiración con su persona y asegura que el golpe más bajo de cerrar la organización sería para el pueblo de Nicaragua y el resto de exiliados que se encuentra fuera por las políticas represivas que implementó el Estado.