En un documentado informe de 95 páginas, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD), junto al Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), concluyeron que las violaciones cometidas “Son acciones dolosas que tuvieron la intención de afectar el transcurso del proceso electoral según lo planificado de manera oficial”.	En una docena de puntos agravantes, el equipo para el análisis integral electoral concluyó que la paralización del conteo rápido de los votos, la introducción de servidores “no previstos en la infraestructura tecnológica”, así como la evasión de controles de la empresa auditora electoral, atentaron contra la credibilidad del proceso electoral que finalizó en octubre con la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.	En su resumen ejecutivo, el equipo de investigación indica que en “la noche de la elección, el tribunal electoral interrumpió de manera deliberada la transmisión de resultados”, y que la paralización del Sistema de Transmisión Rápida (TREP) no fue casual sino “una decisión arbitraria, cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática”.	Analizados los datos colectados, el informe de la OEA señala que de un total de 1.074 actas “se encontraron 59 (5,5%) con graves irregularidades desde el punto de vista pericial”, y en algunos casos se verificó que todas las actas de un mismo centro habían sido completadas por la misma persona”.	Se comprobó además que funcionarios técnicos del órgano electoral enviaron una carta a la auditoría de la organización, en la que reconocen haber configurado un servidor en una red ajena al TREP “por indicación de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en coordinación con un asesor informático que no es parte de la planta efectiva del Servicio de Registro Cívico (SERECI) ni de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información (DNTIC) del OEP ni tampoco de la empresa auditora”.	En un video enviado por el equipo de prensa del excandidato presidencial y presidente de la comisión constitucional del Senado en Bolivia, Óscar Ortiz, el mismo informó que estuvo en la sede de la OEA para recibir el informe y que éste «deber ser la base para que aseguremos la transparencia en las próximas elecciones y se procese y se sancione a los responsables».