El subsecretario adjunto de la Oficina para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE. UU., Roger D. Carstens, enfatizó este jueves que la “rendición de cuentas por los delitos cometidos” contra los nicaragüenses en el último año se debe considerar como una medida efectiva para restaurar los derechos humanos en Nicaragua.	El representante de la Oficina de la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, subrayó la gravedad de la crisis de derechos humanos que está ocurriendo en Nicaragua desde abril de 2018, cuando se reprimieron violentamente las protestas pacíficas que comenzaron por descontento con las acciones gubernamentales relacionadas con la seguridad social.	El subsecretario adjunto de Estado  señaló que el mundo está esperando que el presidente Daniel Ortega cumpla con su promesa de liberar a todos los “prisioneros arrestados durante y después de las protestas dentro de los 90 días” anunciados en las negociaciones que sostienen la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Gobierno.	La presencia de los garantes internacionales garantizará que el proceso de liberación de los “presos políticos”, según Abrão, se lleve a cabo con el debido protocolo, que los exiliados puedan regresar al país sin ser perseguidos, que se restituya la personería jurídica a las organizaciones de la sociedad civil y que se regresarán los bienes confiscados a los medios de comunicación.