Las estadísticas que tiene la Unión de Cooperativas Agrícolas de El Rama, indican que 19 socios de cooperativas reclamantes de tierras, han muerto violentamente a manos de matones, más de 17 casas han sido destruidas y quemadas por desconocidos, y un centenar de desmovilizados han pasado por las cárceles de la Policía, acusados de cualquier delito por los productores llamados “quiebra bancos”, quienes reclaman las propiedades a pesar de haberlas perdido ante las entidades bancarias.	La Unión de Cooperativas Agrícolas de El Rama está integrada por socios de 57 cooperativas, a quienes todas las propiedades les fueron asignadas por la Intendencia de la Propiedad y varias de ellas ya cuentan con sus títulos de Reforma Agraria, aun así, los productores que perdieron sus fincas al hipotecarlas al banco están usando cualquier maniobra jurídica que les sirva para reclamar para sí las tierras que perdieron, y cuando no consiguen obtenerlas por la vía judicial, recurren hasta al asesinato.	La licenciada Fátima Taleno, fiscal departamental de El Rama, reconoció que el problema de la propiedad en la zona “es peligroso y podría generar un clima de violencia”. En iguales términos se manifestó Jacinto Rocha, promotor del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Rocha fue herido en el brazo derecho por un escopetazo disparado por matones que intentaron desalojar a los desmovilizados de la ex Resistencia que estaban en posesión de la finca Nahomi, en la comarca Las Sardinas.	Para el fiscal auxiliar Claudio Somarriba, los desmovilizados de la ex Resistencia tienen buen grado de responsabilidad, en tanto la mayoría de los documentos con los que reclaman el derecho sobre las propiedades que ocupan, son falsos. En cambio, para el fiscal, los productores no tienen ese problema, pues sus documentos son legales.	La finca no tenía dueño, por lo que su legalización a favor de la cooperativa no tuvo problemas, pero éstos surgieron años después, cuando personas que ni vivían en el municipio de El Rama, aparecieron con títulos firmados por el doctor Alfonso Sandino, último Intendente de la Propiedad durante el gobierno del ingeniero Enrique Bolaños. Ahora resulta que las autoridades judiciales no reconocen el título a favor de los desmovilizados de la ex Resistencia, y sobre ellos pende la amenaza del desalojo.	“Los campesinos no son escuchados”, afirmó la abogada Edelmira Acevedo, quien asumió la defensa de la familia López Zeledón. Dos miembros de la cual fueron muertos a balazos por el productor y fuerte empresario del municipio de El Rama, Luis José Centeno Gutiérrez, quien acompañado de su hijo Uriel José Centeno, y de sus empleados Marcos Hurtado y Fabio Zeledón Rocha, acribillaron a los campesinos José Inés López Martínez e Inés Darío López Zeledón, el pasado 16 de julio. Los homicidas argumentan que actuaron en defensa propia.	Los autores del crimen, ocurrido en la comarca San Francisco del Gamalote, en la finca Palos Verdes, municipio de La Libertad, gozan de la libertad que les concedió una judicial que sólo ordenó el pago de una caución económica. El productor Centeno Gutiérrez ahora circula tranquilamente por las calles y hasta cuenta con el respaldo de un presentador de la televisión local de Juigalpa, quien en sus programas informativos pregona la inocencia del autor del crimen.	Para el Cenidh, sobre el tema de la propiedad hay una verdadera red de mafiosos integrada por abogados, jueces, funcionarios gubernamentales y los productores que trafican con las tierras y con la tranquilidad de los reclamantes, quienes viven un verdadero clima de terror, persecución, cárcel y hasta la muerte en busca de la tierra prometida.