El cinco de mayo de este año se publicó el Decreto Presidencial No. 19-2008, que ha causado revuelo a nivel nacional y sobre todo en el ámbito de las Regiones Autónomas. En este Decreto se declara un Régimen Especial de Desarrollo para tres territorios indígenas ubicados en la cuenca del Alto Wangki y Bocay, ellos son: Miskitu Indian Tasbaika Kum, Mayangna Sauni Bu y Kipla Sait Tasbaika.	Algunos políticos nacionales y organismos y personas notables del Caribe, han considerado esta medida como una pretensión de parte del Estado para instalar otra región autónoma con el objetivo de dividir aún más el territorio del Caribe nicaragüense. También han expresado que este régimen especial no sólo violenta la Ley de Régimen Municipal, sino también la de la Autonomía.	Obviamente, el principal instrumento jurídico para respaldar este decreto es la Ley de Demarcación (Ley 445), que cobija a los territorios mencionados y fortalece a los gobiernos y autoridades territoriales. Según dicho Decreto, el Régimen Especial de Desarrollo es para fines de atención del Ejecutivo, a los Territorios Indígenas… y sin detrimento de la Autonomía Municipal (Arto 1).	Una determinación que nos parece muy oportuna, considerando que estamos hablando de territorios conformados por las comunidades indígenas más pobres y abandonadas por todos los gobiernos nacionales, y que sólo han representado una carga para los municipios en que les ha tocado sobrevivir. Estas comunidades recién acaban de recibir sus títulos territoriales y les viene muy bien todo el apoyo que pueda darles el Ejecutivo a través de este Decreto, que ordena a los Ministerios de Estado y entes autónomos respectivos incluir en sus planes institucionales las acciones y el presupuesto que corresponda (Arto 3). Estas disposiciones son las que seguramente han inclinado a las autoridades indígenas de la Asociación para el Desarrollo de las Comunidades Indígenas Miskitas y Sumas de Jinotega (ADEPCIMISUJIN) ha asumir como propia esta iniciativa de Decreto, a través del cual ellos esperan “tener la posibilidad de buscar mayor solución a los problemas de los pueblos indígenas de esta zona” (“Indígenas saludan territorio especial”. El Nuevo Diario, 12-06-2008).	Yo entiendo la genuina preocupación costeña por la integridad del territorio caribeño. Pero hay que observar que el ochenta por ciento del espacio sujeto del Decreto pertenece actualmente a Jinotega, ya que fue desmembrado de la Costa en una anterior división política de Nicaragua. Es decir, que para la Costa lo que está actualmente en riesgo con este Decreto es únicamente la parte de uno de estos territorios (Kipla Sait Tasbaika) que pertenece a la RAAN. Y no quiero decir con esto que no me importa el ochenta por ciento del territorio caribeño que actualmente está ubicado a partir de los umbrales jinoteganos, ni que quiero minimizar el hecho que por ser solamente un veinte por ciento la parte del territorio costeño cobijado por este Decreto, debe importarme menos la cuestión de que la Costa pueda perderlo eventualmente.	Lo que más bien me parece es que lo que está verdaderamente en riesgo es que continúe la jurisdicción de Jinotega sobre este ochenta por ciento del territorio contemplado en este Decreto. Pensamos que con esta iniciativa se ha iniciado un proceso político que debe llevar obligadamente a la reinserción de estas comunidades a su territorio ancestral.	Grandes han sido los errores cometidos por el Frente Sandinista en su política hacia la Costa. Sin embargo, nos parece que ha tenido dos grandes aciertos: la creación de las dos Zonas Especiales en 1980 y la Ley de Autonomía en 1997. La primera permitió estrechar la enorme brecha que existía en el Caribe entre el Sur y el Norte, entre la histórica, civilizada y hegemónica cabecera departamental de la Costa: Bluefields, y la entonces considerada como bárbara y disminuida Puerto Cabezas que, a partir de entonces, comenzó un sólido proceso de crecimiento y auto estima, hasta convertirse en la orgullosa capital indígena de Nicaragua.	Y aunque la autonomía fue vilipendiada en sus inicios por la población costeña, por su origen estatal, sin embargo, la sociedad costeña se fue empoderando de ella hasta convertirla, junto con la Ley 445, en el instrumento jurídico que más ha servido a los costeños en la lucha por sus reivindicaciones.	Y aunque algunos costeños piensen que detrás de este Decreto de Régimen Especial de Desarrollo se encuentran dirigentes que no gozan de la suficiente credibilidad de una parte de la población del Caribe, al menos démosle la oportunidad y el seguimiento que este Decreto se merece. Rayemos en este momento la línea base y elaboremos los indicadores de salud, educación y desarrollo, que nos permitirán medir quizá con suerte para los 30 mil indígenas involucrados el éxito de este Decreto.