Ese acuerdo político entre el entonces presidente Alemán (1997-2000) y Ortega en su rol de opositor fue uno de los principales factores del quiebre que sufrió el avance de la institucionalidad que en Nicaragua se venía logrando a partir del triunfo del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro en 1990, según se analiza en su Informe de Coyuntura 2018 la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).	El informe “Nicaragua en crisis política y socioeconómica” indica que si bien el pacto se fraguó a finales de los noventa, su efecto en la democracia e institucionalidad se comenzó a sentir en 2005 y se aceleró con la llegada al poder de Ortega, lo que derivó en menores libertades para los nicaragüenses y ruptura del equilibrio en el poder judicial, entre otros.	Dicho reporte refleja un deterioro de las instituciones democráticas en Nicaragua en el periodo 2007-2017, ya que pasó de ser clasificado como un país con “libertad política” en la década de los noventa, a uno con “censura significativa” hacia sus ciudadanos en 2017. “Esta clasificación es similar a la obtenida durante la década de los ochenta”, resalta.	Funides recoge en su reporte que durante la década de los noventa el gobierno de Barrios de Chamorro “trabajó en la pacificación del país, la reactivación económica y la democratización”. Esta última, se indica, conllevó a la reforma parcial a la Constitución en 1995, cuando se redujo el poder del presidente moderando la tendencia autocrática, se reafirmaron los principios del estado de derecho y se buscó un equilibrio entre los poderes estatales.	Todo ese avance de la democratización tuvo su estancamiento particularmente por la incidencia del llamado “pacto” entre Ortega y Alemán que se materializó con reformas a la Constitución y a la Ley Electoral en el 2000.“A partir de este arreglo político, se redujo el piso electoral para ganar la presidencia en primera vuelta” al 35 por ciento de los votos, “se distribuyeron los cargos en los poderes del Estado” entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), incluyendo las magistraturas en el poder judicial, entre otros aspectos.	No obstante, Funides recoge en su informe eventos claves que entre 1998 y 2016 fueron construyendo al poder judicial en un instrumento político. Entre esos eventos están la denuncia de Zoilamérica Ortega Murillo en 1998 por abuso sexual contra su padrastro Daniel Ortega, la cual no prosperó porque una juez sandinista cerró el caso debido a que supuestamente ya había prescrito legalmente.	Posteriormente la sentencia 504 de la Corte Suprema en donde se le habilita a Ortega a presentarse como candidato a la presidencia pese a la prohibición expresa de la Constitución y mantener por decreto ejecutivo a magistrados en sus cargos pese al vencimiento de sus períodos, fueron otras graves muestras de cómo el sistema judicial se usa como arma política.