El Consejo Permanente de la OEA formó ese Grupo de Trabajo para Nicaragua en agosto de 2018 para contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas ante la crisis sociopolítica del país. Está integrado por 12 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú. Sin embargo, el Gobierno ha impedido que sus representantes ingresen al país.	“Ellos deben tomar decisiones de cómo tratar el caso de Nicaragua, de cómo apoyar una salida (a la crisis). Hubo preguntas sobre si se estaba avanzando en el proceso alrededor de la democratización y del programa que se viene conduciendo con la OEA (sobre reforma electoral y fortalecimiento institucional)”, sostuvo Arana.	La entrada de esa misión debe autorizarse en la mesa del diálogo, pero Arana recordó que no se ha avanzado en el tema de la democratización del país, porque el Gobierno sigue sin cumplir los acuerdos sobre liberación de manifestantes presos y restitución de garantías y derechos ciudadanos, por lo que aún no se puede proceder con el asunto de reformas electorales con asistencia de la OEA.	Recalcó que en este aspecto, el Gobierno tiene “la responsabilidad de responder con flexibilidad para contribuir a resolver el problema, porque el objetivo no es mover al país hacia las sanciones, sino a que se haga lo necesario para evitarlas, pero hemos visto mucha maniobra política y poco compromiso para resolver el problema”.	“Solicitamos que se organizara una visita a las cárceles para atender esas denuncias, no solo en Tipitapa (La Modelo), sino que también les trasladamos las quejas de lo que está sucediendo en las cárceles de mujeres, donde tenemos denuncias de prisioneras que han sido golpeadas y otras que están siendo reprimidas constantemente. Están reclamando por un mejor trato para ellas mismas y para las demás presas que están en ese centro”, señaló Pallais.