La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), demandó este miércoles al Gobierno de Nicaragua que restituya las personerías jurídicas a nueve Organizaciones No Gubernamentales, así como la devolución de bienes a medios de comunicación clausurados a finales de 2018 y el retorno seguro de los más de 60,000 nicaragüenses exiliados.	Entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre del año pasado, la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, canceló las personerías jurídicas de las organizaciones: Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco); el Instituto para el Desarrollo de la Democracia (Ipade), el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILLS); la Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sur Este de Nicaragua (Fundación del Río); la Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal (Popol Na).	Según la CIDH el contenido de la Ley de Amnistía es “ambiguo y amplio” y puede dejar en la impunidad  las violaciones a los derechos humanos “que han sido ampliamente documentadas, evitar el establecimiento de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como restringir los derechos y garantías de la sociedad nicaragüenses contenidos en la Convención Americana”, cita el cometido publicado en la página oficial de la Comisión.	“Preocupa a la Comisión la ambigüedad del contenido de la misma y su ámbito de aplicación que podría dejar en la impunidad las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país y que han sido ampliamente documentadas por la CIDH y otros organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Corte y la Comisión Interamericana, las obligaciones de investigar, determinar y sancionar a los responsables por graves violaciones de derechos humanos tienen carácter irrenunciable”, detalla la CIDH en un comunicado.	Además establecen que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, “que pretendan impedir la persecución penal, así como cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de derechos humanos, por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, explica la comisión.	Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos preocupa  “la imprecisión y ambigüedad en la definición de los “delitos políticos y […] delitos comunes conexos” en los que aplica la Ley, puesto que deja sujeta su interpretación a la discrecionalidad de las autoridades, en contravención del principio de legalidad establecido en artículo 9 de la Convención Americana” agrega el pronunciamiento.	A juicio de la CIDH, esta medida permitiría que personas beneficiarias puedan ser objeto de nuevas detenciones por ejercer sus derechos políticos, de reunión pacífica, así como los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión. Con lo cual se restringirían las garantías de la sociedad nicaragüense contenidas en la Convención Americana persistiendo un contexto de suspensión de libertades en el país.	Por su parte la comisionada de la CIDH,  Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua reitero “la importancia y la obligación que tiene el Estado de Nicaragua para establecer investigaciones diligentes, imparciales y exhaustivas con miras a alcanzar justicia, reparación y memoria sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de la crisis, garantizando su no repetición”.