La Ley de Amnistía fue aprobada el 8 de junio en sesión extraordinaria por la Asamblea Nacional dominada por el régimen orteguista, con el fin de justificar la “liberación” de todos los presos políticos, criminalizados por el régimen por haber participado en la rebelión social del 18 de abril de 2018. Fue publicada en la Gaceta, diario oficial, el 10 de junio.	que significa olvido, y la consecuencia principal es la extinción de la responsabilidad penal de forma absoluta.  Lo que exige de forma directa es la existencia de un nivel de responsabilidad penal en la persona a quien se le otorga el beneficio mediante ley, por tanto, los presos políticos no caben en esta categoría porque ejercer un derecho ciudadano constitucional, no es delito.	“La ley es improcedente porque se aplica a personas que no tienen responsabilidad penal alguna, ni se les ha impuesto pena alguna que debiera ser amnistiada (olvidada). Se aplica a personas que ni siquiera han sido sometidas a un proceso investigativo, que bajo el principio constitucional de presunción de inocencia, son inocentes y no tienen ninguna responsabilidad penal que les deba ser extinguida”, explicó Cortez.	“Con solo ese punto se desnaturaliza lo que es una ley de amnistía, pues se le estaría otorgando a toda la población nicaragüense en general, a todos los que participaron,por haber hecho uso de sus derechos constitucionales y no porque tengan ningún tipo de responsabilidad penal, entonces ¿qué es lo que les estás perdonando?”, explicó Cortez.	Para el abogado, el verdadero alcance legal de este artículo es que “de forma directa y descarada promueve la impunidad de los criminales paramilitares, de las instituciones públicas como Policía, Ejército, Ministerio Público, Ministerio de Salud, y el propio poder judicial, pues libera de responsabilidad penal de forma previa, anticipada a aquellos simpatizantes y militantes sandinistas que cometieron crímenes de lesa humanidad y pretende que ni siquiera pueda existir un proceso investigativo para el esclarecimiento y determinación de la responsabilidad penal que les corresponde a cada uno de estos militantes, sean funcionarios públicos o no”.	En el artículo 2 de la Ley de Amnistía orteguista sobre los delitos a perdonar, habla de “delitos políticos y delitos comunes conexos”, pero no específica. Se les deja al libre albedrío del judicial. Además, los penalistas coinciden en que los delitos políticos no están tipificados en el Código penal de Nicaragua, solo en la doctrina, por lo que es otro error en la ley.	En este sentido, el exfiscal departamental Boanerge Fornos, explica que la No Repetición es una garantía o forma de reparación del Estado hacia las víctimas de violación de derechos humanos. Además, es una obligación internacional que tienen los Estados de prevenir estas violaciones en procesos de transición (cambios de regímenes políticos, guerras) donde el riesgo persiste y no basta con reparar los daños ya infligidos, sino prevenir los futuros.	“Hay una mala interpretación y uso de este término en la Ley de Amnistía, porque la No Repetición significa que los hechos no se deben repetir y que el Estado debe garantizar y crear las condiciones sociales, políticas, jurídicas e institucionales para que los hechos de represión no sucedan nuevamente. Se aplica al Estado y no a las víctimas como se hace erróneamente en la ley de amnistía en Nicaragua”, aclaró Fornos.	Cortez agregó que ese principio de No repetición no debe existir en una ley de amnistía porque sería reabrirles los juicios a los liberados, con lo cual se viola el principio de la no retroactividad de la ley, más en lo penal que solo puede ser retroactiva si beneficia al reo no si lo perjudica. Además que todos esos juicios deben cerrarse no quedar en suspenso.