Hay una pregunta que flota en el ambiente y que tiene en vilo a gran parte de Nicaragua y de la comunidad internacional: ¿Tendrá Ortega la voluntad de permitir elecciones verdaderamente libres, sean estas en noviembre del 2021 o antes? La repuesta que dé a esta interrogante será decisiva. De ella dependerá la esperanza o el abismo, la guerra o la paz. No son estas palabras retóricas para dramatizar la situación, sino la pura y dura verdad.	Si los Ortega Murillo hicieran explícita su voluntad de aceptar dichas elecciones; si, por ejemplo, anunciaran mañana que están dispuestos a que fuesen supervisadas y acompañadas por reformas consensuadas con la OEA y los principales actores políticos del país —AC, UNAB, partidos políticos, Iglesia, etc.—, con eso, y solo con eso, comenzaría a recuperarse la confianza, a frenarse el descenso económico, y a relajarse el tema de las sanciones. Y si más tarde esta voluntad se concretiza en acuerdos sólidos, que inicien un verdadero proceso electoral abierto y transparente, la economía, el empleo, el ánimo de invertir, el turismo, etc., renacerían con ímpetu y se despejaría por completo el espectro de sanciones.	Si, por el contrario, el dúo dictatorial actúa opaca y ambiguamente, dejando pasar el tiempo sin despejar la gran interrogante, continuará el clima de incertidumbre con todas sus consecuencias. Y si más tarde, esa falta de voluntad se concretiza en reformas electorales cosméticas, unilaterales e insuficientes, o en una contienda electoral con fraude y exclusiones, el país será lanzado a un verdadero abismo: aumentarían las sanciones, se agravaría considerablemente la crisis económica con su terrible estela de miseria y desempleo, y se haría de Nicaragua una Venezuela o, más probablemente, un volcán.	No hay que subestimar las consecuencias de una prolongación de la dictadura por medios ilegítimos. Hoy muchos insisten que toda solución debe ser pacífica. Pero es una prédica que supone la posibilidad de abrir caminos cívicos. ¿Pero qué si los dictadores los cierran todos; si niegan toda posibilidad de elección libre y extreman la represión? ¿No sobrarán entonces nicaragüenses que contemplen otras alternativas? ¿Será tan imposible para ellos conseguir fusiles o gobernantes dispuestos a suministrárselos? Desconocer esta posibilidad es ignorar nuestra idiosincrasia —brava y valiente— y nuestra historia, repleta de insurrecciones.	Estamos ante dos escenarios: uno esperanzador, que beneficiaría a todos, y otro terrible, que perjudicaría a todos. Es responsabilidad de todos, incluyendo a sandinistas, Ejército, empresarios, iglesias, fuerzas políticas y civiles, comunidad internacional, agotar todos los esfuerzos para que la pareja gobernante acepte la única alternativa que puede salvar al país —y a ellos mismos— del caos total.