Los delegados de la CIDH, entre ellos; Edison Lanzas, Antonia Urrejola y María Claudia Pulido, recibieron un informe realizado por miembros de la sociedad civil nicaragüense y excarcelados políticos en el que se analizan las faltas en las que incurre la aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada por el régimen de Daniel Ortega.	Asunción Moreno, catedrática de Derecho Penal y Constitucional, agregó que la polémica Ley de Amnistía desde sus inicios fue inconstitucional, pues ni siquiera cumplió con lo previsto sobre que todo proyecto de ley debe estar con 48 horas de antelación en las manos de los diputados, antes de ser discutido en plenario.	La experta en derecho constitucional y penal explicó que la mayoría de los excarcelados políticos continúan siendo asediados, perseguidos, violentado su derecho a la salud, al trabajo, educación y libertad plena de expresión y movilización. Además, denunció que las causas de la mayoría de los excarcelados políticos no se les ha aplicado un sobreseimiento.	Es por ello que los representantes de la sociedad civil nicaragüenses y los expresos políticos  solicitaron ante el organismo que el Estado de Nicaragua deje sin efecto la Ley de Amnistía, retome las siete rutas jurídicas que propusieron abogados de presos políticos, derogue Ley de Reparación Integral de Víctimas, para que se proceda a la aprobación de un la ley de reparación que cumpla con los estándares internacionales, reconocimiento de responsabilidad de parte de el Estado sobre las graves violaciones a derechos humanos que se han registrado en el país, desde abril 2018, y el retorno de los organismos internacionales defensores de derechos humanos.