Más de 600 nicaragüenses han sido deportados de Estados Unidos en los últimos ocho meses. En su mayoría, los casos están relacionados con personas que huyeron de Nicaragua por la represión y persecución política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó Roger Castaño, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH, capítulo Miami).	Lo anterior se desprende porque solo en dos de las tres cárceles hay más de 500 detenidos, esto de acuerdo a los reportes que tiene la representación de la CPDH en Atlanta, Georgia, con Cinthya Guerrero y la asesora jurídica de la CPDH, Angélica Tovar, que visitan las cárceles en ese estado.	El estado de Georgia es el que reporta mayor incidencia de deportación, seguido por Arizona, Mississippi y Texas. En cambio, asegura Abaunza, los estados de la Florida, California y algunos del norte de Estados Unidos se han mostrado más flexibles para no deportar nicaragüenses. “La CPDH logró reunirse el pasado mes con 25 detenidos solo en la cárcel de Stewart, Georgia”, precisó Castaño.	Los miembros de la CPDH a diario reciben llamadas de nicaragüenses buscando ayuda para ingresar solicitudes de asilo. “Conocemos de muchos de los casos porque cuando llegan a la frontera se comunican a las oficinas de la CPDH buscando ayuda para recibir orientación sobre los pasos a seguir, pero solo se les puede ayudar cuando ya están dentro de territorio estadounidense para orientarles sobre cómo someter las solicitudes de asilo y sobre sus derechos humanos ante la Ley”, indicó Castaño.	Para Castaño, Migración ha venido flexibilizando su política hacia los nicaragüenses, permitiéndoles la salida de los centros de detención bajo fianza para que puedan defender el proceso judicial de asilo en libertad. Sin embargo, esas fianzas representan elevados montos de hasta 35,000 dólares. “La ventaja es que cuando terminan sus procesos, el dinero de la fianza es devuelto, pero no así los honorarios a la compañía financista de la fianza”, agregó.	“Cuando ya cruza la frontera ilegalmente va con un delito ante la Corte de inmigración por haber violado las leyes migratorias estadounidenses. Si solicitan el asilo político en la frontera tiene una alta probabilidad que se le conceda el asilo y desde el momento que se le concedió la entrada, aun cuando fuere detenido, ha entrado legalmente a este país y eso marca una diferencia importante”, sostiene el activista de derechos humanos.