Para el jurista José Pallais, el régimen de Daniel Ortega no tenía intenciones de prorrogar en sus cargos a los 45 funcionarios a quienes se les vence este 10 de abril su período constitucional como magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Consejo Supremo Electoral (CSE), Fiscal general y Contralores, porque simplemente no abrió convocatorias para nuevos nombramientos en estos cargos.	“Si tenía intenciones de hacerlo hubiera empezado el proceso con antelación al vencimiento (10 de abril) como no lo hicieron la reforma amañada de la Constitución opera automáticamente y prórroga en sus cargos a los funcionarios hasta que nombren a los nuevos”, explicó Pallais, también es miembro de la Alianza Cívica.	La Constitución Política de Nicaragua establece el período de cinco años para cargos de magistrados. Sin embargo, después de la crisis política del 2010, cuando las fuerzas políticas no lograban acuerdos para nombrar a funcionarios, el presidente Daniel Ortega emitió el decreto ilegal número 3-2010 para prorrogar en sus cargos a 29 funcionarios que estaban de facto en sus funciones.	Este decreto logró fuerza constitucional en enero de 2014, cuando la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo,  aprobó la reforma parcial a la Constitución, entre estos al artículo 130, al cual agregaron un párrafo segundo que dice: “Los funcionarios electos por la Asamblea Nacional continuarán en el ejercicio de su cargo, después del vencimiento de su mandato para el que fueron electos, hasta que sean elegidos y tomen posesión quienes deban sustituirlos de conformidad a la Constitución Política”.	De los funcionarios afectados, solo se conoció extraoficialmente que el magistrado de la CSJ, Carlos Guerra supuestamente entregó los expedientes asignados a su despacho a la magistrada presidenta Alba Luz Ramos y que presuntamente entregaría su cargo hoy 10 de abril, respetando el período para el que fue nombrado. La Prensa intentó comunicarse en varias ocasiones con él vía celular, pero no obtuvo respuesta a los mensajes de texto enviados.	Según el artículo 140 de la ley orgánica del Poder Legislativo, para el nombramiento de funcionarios, la Junta Directiva solicitará al plenario de la Asamblea Nacional apruebe la resolución de convocatoria para elección. El presidente de la república y los diputados deben presentar ternas o listas separadas de candidatos al puesto consultando a asociaciones civiles pertinentes.