Desde el próximo jueves, los ciudadanos estadounidenses (gran parte de origen cubano) que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba tras la Revolución de 1959 podrán demandar en tribunales del país norteamericano a cualquier empresa extranjera que se beneficie de ellas, en virtud del título III de la ley Helms-Burton de 1996.	En un movimiento sin precedentes, la Administración de Donald Trump anunció el pasado 17 de abril la inminente activación de los títulos III y IV (este último impide la entrada a EE.UU. de los demandados por el anterior), que permanecían suspendidos desde su promulgación por el rechazo de la Unión Europea y otros países cuyas compañías pudieran verse afectadas.	La Unión Europea (UE), que aglutina a la mayoría de las compañías amenazadas, advirtió que contraatacará con "todas las opciones a su alcance", en palabras de su alta representante para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, que emitieron un comunicado conjunto tras el anuncio de Washington.	Al previsto -aunque aún imposible de cuantificar- desincentivo de las inversiones extranjeras se suma además el anuncio de dos nuevas sanciones de EE.UU.: la restricción más severa de los viajes de sus ciudadanos a la isla y la limitación de las remesas de familiares a 1.000 dólares trimestrales por persona.	En todo caso, este problema surge en un momento de especial fragilidad en la economía de la isla, donde comienzan a escasear de forma intermitente alimentos básicos como la harina, el aceite o los huevos, se acumula la deuda a proveedores extranjeros y la balanza de pagos permanece en negativo sin solución a la vista.