Siete senadores estadounidenses expresaron su preocupación sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua, que lleva veinte meses sin resolverse, mientras Daniel Ortega mantiene un Estado de Facto. A través de una carta enviada al Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, solicitaron una sesión informativa para el Comité de Relaciones Exteriores del Senado por parte del Departamento del Tesoro sobre la estrategia y los planes de la administración para sancionar a otros miembros del círculo íntimo de Ortega por violaciones a los derechos humanos, así como una actualización sobre la Nica Act.	La carta, fechada el 20 de diciembre, también estaba dirigida al secretario del departamento del Tesoro, Steven Mnuchin; y al Administrador de la Agency for International Development, Mark Green, en la que de forma general, solicitan más información sobre la política administrativa para responsabilizar a los ciudadanos que han cometido violaciones de derechos humanos en el país, además de los esfuerzos para restaurar la democracia en Nicaragua.	“El gobierno también ha sido completamente reacio a respetar las libertades civiles. Las ciudades siguen militarizadas, con una importante presencia de fuerzas policiales y paramilitares que impiden marchas y otras manifestaciones de protesta cívica, y otras acciones represivas que incluyen vigilancia intrusiva, intimidación, persecución, amenazas, secuestros y arrestos”, se lee en la misiva.	El respuesta a las violaciones de derechos humanos,  el Departamento del Tesoro ha impuesto sanciones a funcionarios del régimen orteguista. Nueve de ellas se concretaron al inicio de 2019. Hasta la fecha 15 funcionarios de Ortega, incluidos dos de sus hijos, Laureano y Rafael,  y su esposa, Rosario Murillo, han sido sancionados por Estados Unidos.	Los senadores también solicitaron otra sesión por parte del Departamento de Estado y USAID para abordar varios puntos, entre estos: los esfuerzos de la administración para coordinar los próximos pasos con la Unión Europea, especialmente, en la implementación del marco de referencia que Estados Unidos adoptó en octubre para permitir sanciones específicas; la construcción de la Administración de cara a la presión internacional; y los esfuerzos para asistir a unos 80 mil nicaragüenses que huyeron hacia Costa Rica.