A diferencia de las estrategias de comunicación de procesos electorales anteriores, cuando estas buscaban “facilitar a los periodistas las condiciones optimas para que tengan acceso a una información institucional de alta calidad, oportuna, fluida y amable”, (Hilo Publicidad; 2000), la actual política de información del Consejo Supremo Electoral, CSE, se ha caracterizado por ser unilateral, a favor de los medios afines al gobierno que funcionan como medios oficiales y oficiosos durante el presente proceso electoral. La tesis anterior forma parte de los principales hallazgos del segundo informe Medios, periodismo y elecciones en Nicaragua.	El estudio parte de un monitoreo temático realizado durante los meses de julio y agosto por el Observatorio de Medios del Centro de Investigaciones de la Comunicación, CINCO. En diferentes momentos el árbitro electoral se ha arrogado el derecho de decidir a que medios brindar entrevistas y cuáles deben ser discriminados por el hecho de asumir una posición fiscalizadora en el proceso electoral. La investigación constató que este comportamiento discriminatorio fue notorio durante el proceso de verificación, padrón electoral y Reglamento de Ética Electoral.	Su política de comunicación se ha plegado a la estrategia del gobierno y de la campaña electoral del FSLN. Los rasgos más notorios han sido: centralizar la información en abierta violación a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP); cero campaña masivas para asfixiar económicamente a los medios; brindar entrevistas exclusivas a medios oficiales y oficiosos; buscar como deslegitimar constantemente la labor de medios y periodistas con políticas informativas sin concesiones ante el discurso oficial; y tratar de legitimar a los actuales magistrados que se les ha vencido su período.	Esta estrategia lejos de ganarse la simpatía y confianza de medios y periodistas, insiste en utilizar métodos coercitivos enviando mensajes intimidatorios. Una muestra de este comportamiento restrictivo fue el Reglamento de Ética Electoral. La parte toral de este documento advierte el peligro de ser acusados por difamación, injuria, calumnia, expresiones obscenas, ofensivas o denigrantes en caso de cuestionar a las autoridades electorales. El CSE a través de un eufemismo legal, intentó censurar medios y periodistas que han venido tomando distancia del discurso oficial.	Cantidad y recursos no son igual a credibilidad. Sin embargo, el poder electoral persiste en mostrar una política informativa de puertas abiertas a favor de la maquinaria mediática oficial. ¿Realmente quienes están al frente de la política de comunicación del CSE creerán que estos medios llenarán la falta de credibilidad, prestigio y reconocimiento social institucional? ¿Pasará por alto el CSE que con todo el dispositivo económico y humano que tienen los medios oficiales mas allá de sus audiencias cautiva pocos les creen?	La discrecionalidad con que el CSE ha manejado la información pública, ha impedido conocer a cuanto asciende el presupuesto en comunicación para esta campaña electoral. Cualquiera que sea la suma ha quedado claro que su estrategia de comunicación ha sido incapaz de crear corrientes de opinión positivas hacia el árbitro electoral. Lo que ha quedado en evidencia es el trato especial del CSE hacia los medios oficiales estableciendo una especie de círculo de acero para contrarrestar la fiscalización ejercida por medios y periodistas.	A pesar que el CSE ha utilizado diversos métodos para doblegar la posición crítica  de medios y periodistas fuera de la égida gubernamental, estos no han flaqueado un ápice frente al poder electoral. Una muestra que el interés de sus políticas informativas ha estado en función de formar ciudadanía crítica. Este ejercicio de fiscalización merece ser reconocido públicamente. Y precisamente por eso el estudio resalta la labor informativa desempeña con buen suceso por TV Noticias, Noticias 12, 100% Noticias, Radio Maranatha, Confidencial, Esta Noche, La Prensa y El Nuevo Diario.	Justamente cuando las elecciones presidenciales entran a su recta final medios y periodistas deben ejercer una política informativa balanceada, pluralista; ir más allá de la capital; incluir la voces ciudadanas, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, y grupos étnicos; insistir en la demanda de información al CSE y hacer uso efectivo de la Ley Electoral y Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP); salirse del agendismo; e incluir también otros actores políticos (vice presidentes, diputados nacionales y al parlacem). Si algo debe servir de estimulo a medios y periodistas es que la ciudadanía sabe recompensar la calidad de sus propuestas en la búsqueda por contribuir a la salud de la democracia.	Ahora cuando ha iniciado la campaña electoral ¿el CSE buscará desmarcarse de la estrategia del gobierno y la campaña del FSLN? ¿Abandonará ese comportamiento excluyendo y discriminatorio para medios y periodistas autónomos? Todos esperamos ese giro de 180 grados del poder electoral en relación a su actual política informativa. Si eso ocurriera el principal beneficiado sería la institucionalidad del CSE, y desde luego la ciudadanía que merece una información veraz, tal como establece la Constitución Política de Nicaragua.