Las patronales Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) se quejaban de las 13 leyes que desde 2006 el gobierno de Morales ha aprobado para obligar a los medios a ceder espacios con el fin de publicitar medidas aprobadas contra el racismo, el consumo de bebidas alcohólicas, la trata de personas, así como propaganda electoral.