Días atrás, ante los funcionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos se presentó la progenitora del niño, para pedir asistencia y gestionar ante la juez de Distrito Especial de Menores, doctora María Elsa Laguna, a fin de que le cambiara la medida aplicada al adolescente, porque anteriormente lo recluyeron en un centro de rehabilitación ubicado a menos de cien metros de la casa donde vive el afectado.	Al parecer, por un error involuntario, la juez envió al adolescente al centro de reeducación situado a menos de cien metros de la casa del afectado. Ante la medida, el fiscal especial de menores, Edgard Armado Aráuz, quien representó a la víctima en el proceso y en el juicio que se le siguió al violador, apeló, ya que el Ministerio Público, no está de acuerdo con la pena impuesta.	El representante del Ministerio Público, con fundamento en las leyes especiales de protección a la niñez, solicitó a la juez Laguna la aplicación de seis años de sanción para el abusador. En estos casos, cuando la víctima es menor de diez años se aplica la pena máxima, que es de seis años.	El aberrado, quien ya cumplió catorce años, por poco logra la libertad, ya que un juez suplente así lo había decidido. No obstante, la progenitora tuvo que realizar una serie de gestiones y logró que se hiciera justicia, pese a que los padres del imputado ya estaban preparados para recibir a su hijo violador.