El informe anual de HRW plantea en su capítulo sobre Nicaragua varios aspectos sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, como represión a la disidencia, acoso a los activistas de derechos humanos, acciones contra la libertad de expresión, discriminación política, así como el aumento de peticiones de asilo y refugio.	Las expulsiones de corresponsales extranjeros tampoco las pasó por alto. “En algunos casos, se ha detenido y deportado a corresponsales extranjeros. Por ejemplo, en agosto, la policía detuvo en Carazo a la productora de documentales brasileña Emilia Mello, confiscó sus equipos, la interrogó durante varias horas y la deportó al día siguiente”.	El organismo tomó nota de las denuncias que en su momento hizo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh), al exponer que los manifestantes acusados por las autoridades de terrorismo y otros delitos, están siendo objeto de violaciones al negárseles la posibilidad de elegir sus abogados y reunirse en privado con estos.	En el capítulo dedicado a Nicaragua, —el informe abarca varios países—, explica que los defensores de derechos humanos y otros actores críticos del Gobierno en materia de derechos humanos, también se han convertido en “blanco creciente de amenazas de muerte, intimidación, campañas de difamación en línea, hostigamiento, vigilancia, agresiones y persecución judicial”.	“… En julio, en declaraciones públicas, Ortega se refirió a prominentes obispos católicos que habían denunciado abusos del Gobierno como ‘asesinos’ y ‘golpistas’ (…). En noviembre y diciembre, el Congreso canceló la personería jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil a instancias del Ministerio de Gobernación. La policía allanó las oficinas de cinco de estas organizaciones y se llevó documentos y computadoras”, añade.