La propuesta de la reforma electoral y la ruta de cómo puede estar lista para ser aprobada en marzo del 2020, para devolverle la credibilidad del sistema de votación en Nicaragua, la conocerá la Organización de Estados Americano (OEA), este lunes donde se abordará el informe que denuncia el rompimiento del orden constitucional por parte del régimen de Daniel Ortega.	La Comisión de Alto Nivel presenta este 25 de noviembre su informe conclusivo al Consejo Permanente de la OEA. En la sesión intervendrá el director de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, quien presentará «la estrategia de los pasos a seguir de la reforma electoral» en base al acuerdo ya existente entre el régimen orteguista y la organización.	En concreto se propondrá  retomar el Memorándum  de Entendimiento firmado entre la OEA y Ortega para que se convoque a la negociación de la reforma electoral con los sectores de la oposición, estableciendo que en el plazo de tres meses se acuerden los cambios urgentes de magistrados, la despartidarización en la integración de los consejos electorales, Juntas Receptoras de Votos, un nuevo Padrón Electoral y la apertura de la observación nacional e internacional de credibilidad.	“La clave es reestructurar el arbitraje. Que haya un Consejo Supremo Electoral con garantías de independencia y arbitraje justo. El segundo punto es que se despartidarice la estructura electoral, sobretodo en las Juntas Receptoras de Votos, hay que asegurarnos que haya un padrón electoral que en realidad le entregue el derecho a votar a todos los nicaragüenses y que haya observación electoral de calidad internacional y nacional”, precisó Courtney.	Para Ética y Transparencia esos cuatro puntos son esenciales para que los comicios en Nicaragua tengan las mínimas garantías de credibilidad. Serían la base de la negociación en la que la oposición buscaría una nueva Ley Electoral pero también reformas en la Constitución para establecer la prohibición de la reelección presidencial, la mayoría calificada para ser electo en la Presidencia; prohibición de la sucesión del cónyuge del presidente e independencia de las diputaciones con respecto a los partidos políticos.	La oposición  considera que el  régimen es insostenible por los crímenes contra el pueblo desde abril del 2018 que, de acuerdo a organismos defensores de derechos humanos han dejado al menos 328 asesinatos, miles de heridos, cientos de presos políticos, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y un éxodo de más de 80 mil nicaragüenses.	«El secretario general la OEA, Luis Almagro, tiene en su mesa desde hace meses la carta de aceptación por parte del Gobierno» para retomar la negociación de las reformas electorales, «y si se inician las consultas necesarias con la oposición general y se procede a reformar la Ley Electoral, como te digo en los plazos que el mismo Memorándum de Entendimiento daba, en marzo (2020)  habría un nuevo escenario», refirió Courtney antes de viajar a Washington, DC, Estados Unidos, a la reunión de la OEA,	En febrero del 2017 se firmó el Memorándum de Entendimiento entre Luis Almagro, como secretario general de la OEA y el canciller orteguista Denis Moncada, pero que no ha tenido avances por el desinterés de la dictadura y posteriormente por la crisis sociopolítica de abril del 2018 por la represión contra las protestas ciudadanas.	La Comisión de Alto nivel diplomático en su informe sobre la situación de Nicaragua recomienda al Consejo Permanente declarar que en Nicaragua existe una ruptura del orden constitucional y por tanto democrático por parte de la dictadura de Ortega y Rosario Murillo. Proponen convocar de forma inmediata a un período  extraordinario de sesiones de la Asamblea General de cancilleres para que tomen decisiones para elevar la presión al régimen a acepte la vía del diálogo y cese la represión a los nicaragüenses.	El adelanto de las elecciones, antes del 2021, sería uno de los puntos más difíciles de lograr porque Ortega se aferra al poder usando a la Policía Orteguista (PO), parapolicías y turbas para mantener la represión a pesar de la exigencia de la mayoría de los ciudadanos de que la celebración de elecciones en el corto tiempo es sea la salida a la crisis sociopolítica y económica que cumple 19 meses.	De abrirse en el diálogo de la reforma electoral uno de los riesgos es que Ortega busque fragmentar a la oposición cediendo a que se apruebe la personería jurídica a todos los partidos que la pidan. La división de la oposición fue la  estrategia de Ortega que le permitió retomar el poder en 2007, junto al control del CSE y sus estructuras.	“En el diálogo se verá hacia qué lado se inclina Ortega. Hay un sector que opina que restableciendo la confianza en el Consejo Supremo Electoral hará su trabajo de forma adecuada, como aprobar las personerías jurídicas apegada a las leyes. Otro sector de la oposición más bien ve un riesgo en el sentido de que puede ser la oportunidad de Ortega de mantener dividido el voto de sus adversarios”, advirtió Courtney.