La prohibición de las protestas llegó en la tercera etapa de represión del régimen orteguista contra los autoconvocados a quienes señaló de “terroristas” y “golpistas”, sin realizarle un proceso judicial. Desde hacía cinco meses, en abril de 2018, el país estaba convulsionado por masivas protestas contra Ortega y Murillo en todo el país, las que fueron brutalmente reprimidas por agentes de la Policía y fuerzas paramilitares y en las que participaron decenas de miles de nicaragüenses.	“La Policía Nacional reitera, que ante cualquier alteración y/o amenaza a la tranquilidad, el trabajo, la vida, y a los derechos de las personas, familias y comunidades, serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales”, se leía en el comunicado de la Policía.	La excusa de la Policía Orteguista fue que la institución “no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a personas, asociaciones o movimientos que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento golpe de Estado que ha dejado secuelas de trauma, luto, dolor a las familias nicaragüenses”, según un comunicado de prensa en ese momento.	La marcha se realizaba por el aniversario del inicio de la lucha civica y fue respaldada por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD). La ruta sería de la rotonda Centroamérica al monumento Alexis Argüello, sin embargo, se realizó de forma simultánea en diferentes puntos debido al asedio policial. Al menos 67 personas fueron detenidas ese día.	La manifestación se pretendía realizar en honor al preso político que fue asesinado por los custodios de la cárcel La Modelo. La Policía prohibió la manifestación y desplegó a sus agentes para tomarse la ruta que estaba prevista la marcha, que se convirtió en piquetes exprés tras la solicitud de la UNAB.