“Son palabras clásicas de un Poder Judicial que no respeta la institucionalidad”, así fueron tildadas por el Cenidh, las declaraciones del magistrado Manuel Martínez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien justificó las diferentes acciones policiales y del ejército en las zonas rurales, aunque estas terminen en allanamiento sin orden judicial y la muerte de civiles.	El doctor Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, dijo que las declaraciones del magistrado Martínez son palabras de un Poder Judicial que no respeta la institucionalidad, y pueden interpretarse como el anuncio de la impunidad en el caso de la hacienda “El Encanto”, donde tres civiles murieron a balazos por miembros de la Policía Nacional y del Ejército.	El caso dejó muchas dudas del por qué las autoridades de la zona no permitieron que los peritos hicieran la autopsia respectiva de los cuerpos y posteriormente estos solicitaron a los afectados no denunciar el suceso ocurrido en la zona llamada “El Pavón”, ubicada en la Región Autónoma del Atlántico Sur.	“Nos preguntamos ¿Qué decisión va a tomar el juez que tome el caso cuando el presidente del Poder Judicial ya se pronunció respaldando la acción donde se actuó son orden judicial y un juez suplente convalidó el acto cinco días después el hecho, cuando la ley dice que son 24 horas?	Consideró que esto pesa en un Poder Judicial que evidentemente no es independiente, aunque se supone que los magistrados no deben influir en los casos. “El magistrado dio en esa entrevista una cátedra de irrespeto al orden jurídico constitucional, olvidándose que el límite es el respeto de los derechos fundamentales”, subrayó Carrión.	Felipe Hurtado, socio propietario de “El Encanto”, comentó que no entiende qué sabrá del caso el magistrado o en qué condición estaría, pues aparentemente no está al tanto de los hechos pues la denuncia por abigeato la interpusieron los dueños de la propiedad en contra de Gregorio García, quien dijo haber sido amenazado por nosotros.	Copia del informé fue enviado al Comandante en Jefe del Ejército, General Omar Halleslevens; a la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera; al Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez; y al magistrado Manuel Martínez, presidente de la Corte Suprema de Justicia. También será enviado a la organización Amnistía Internacional.