Este mes de julio se cumplen 40 años de la derrota y huida del dictador Anastasio Somoza. Ese hecho abrió las puertas a un período histórico insoslayable que todavía hoy despierta opiniones encontradas entre los nicaragüenses demócratas. Hace 40 años los nicaragüenses tuvimos la oportunidad de encauzar el país por la ruta de la democracia. No lo logramos, pero hay lecciones a tener en cuenta ahora que enfrentamos cívicamente a un régimen que desmanteló las instituciones estatales para ponerlas a su servicio e imponer una dictadura que se sostiene exclusivamente sobre la base de la represión.	La primera gran enseñanza de aquella experiencia es que la derrota del somocismo solo fue posible por la unidad nacional que se forjó durante largo tiempo, particularmente entre 1975 y 1978, y que llevó exitosamente a la huelga general y al levantamiento armado de mayo y junio de 1979. Fue un arco de alianzas, amplio y diverso, que se construyó y actuó en todos los escenarios de lucha. Hoy la dictadura de Ortega es el gran obstáculo para la democracia y la estabilidad social y económica. Y lo es no solo por su naturaleza dictatorial y excluyente, lo es porque con el orteguismo en el poder ninguna de las demandas fundamentales de los diferentes sectores sociales, tienen oportunidad de cumplirse: los empresarios seguirán enfrentando la competencia desleal desde el círculo familiar de los Ortega Murillo y sus adláteres, los campesinos seguirán amenazados por la ley del canal, el estado cómplice continuará haciendo caso omiso de la violencia contra las mujeres, no habrá autonomía universitaria ni un sistema judicial probo e imparcial, los recursos naturales seguirán siendo destruidos en beneficios de los allegados al régimen.	Los diferentes sectores sociales y políticos representados en la Alianza Cívica y en la Unidad Azul y Blanco, al mismo tiempo de lograr consolidar el aislamiento nacional e internacional del orteguismo, hasta lograr la realización de elecciones anticipadas y libres, tienen el desafío de consolidar una amplia unidad nacional que sin hegemonismos y sin exclusiones, con un programa mínimo, perfile el escenario pos-Ortega.	Ese programa mínimo para la transición a la democracia debe tener como ejes transversales: la construcción de las bases de una democracia sin cortapisas, el no a la impunidad, el respeto absoluto a los derechos humanos, la restitución de la justicia y la lucha contra la corrupción. Se trata de desmantelar la privatización y la desnaturalización que el orteguismo ha hecho de las instituciones del estado.	Ciertamente será una tarea gigantesca, por eso hay que asumirla ya, con el compromiso unitario de todas las fuerzas democráticas de cara a la nación y al mundo. Solo así podremos lograr lo que no fue posible en 1979 por las imposiciones vanguardistas, y que en la década de los noventa saboteó la mancuerna corrupta del orteguismo y el arnoldismo.