La segunda razón se vinculaba a que el migrante estaba realizando una actividad lucrativa sin contar con el debido permiso; también figura el hecho de haber incurrido en conductas contra la moral y el orden público, faltas administrativas contra la Policía; haber sido deportado y volver a ingresar, y permanecer en Panamá con permisos vencidos, por mencionar algunas causas.	Desde 2017, las autoridades panameñas endurecieron su política migratoria, lo que incluye la promulgación del decreto presidencial 269, que entró en vigencia el 1 de junio de ese año y con el cual se redujo de 180 a 90 días el tiempo de estadía como turista dentro de territorio panameño, específicamente a extranjeros de nacionalidades nicaragüense, venezolana y colombiana.