En estos momentos de carestía de los productos alimenticios de consumo popular, es importante que el gobierno lleve a la práctica el discurso respecto al campesinado y su potencial para enfrentar este agudo problema y, al mismo tiempo impulsar políticas y planes para revertir las tendencias negativas del modelo de desarrollo productivo, sobre todo porque ya entró de lleno el ciclo agrícola y se puede perder esta oportunidad histórica para resolver el problema de la comida básica y una mejoría en los ingresos de estos productores.	Hay que recordar que los términos de intercambio campo-ciudad, nunca le han sido favorables al campesinado, y más bien han subsidiado a los consumidores urbanos, de tal forma que en la actualidad no es casual que los mayores niveles de pobreza y pobreza extrema se encuentran en amplias zonas rurales. Además, el campesinado ha sido, históricamente, objeto de manipulación política a través de programas asistencialistas y paternalistas, con el fin de conseguir una amplia clientela partidaria en el sector rural.	Los pequeños y medianos productores agropecuarios son responsables de garantizar el 100 % de los granos básicos (maíz y frijol, principalmente), indispensables en la dieta del nicaragüense común y corriente, además de producir más del 80 % de rubros como el café, ganado, leche, hortalizas, etc. Sin embargo, importantes áreas de tierra cultivable se encuentran actualmente, ociosas o subutilizadas por falta de apoyo gubernamental y recursos complementarios.	El gobierno actual tiene una oportunidad histórica de reivindicar al sector campesino, a los pequeños y medianos productores y productoras, justamente incidiendo en los principales cuellos de botella ya mencionados: el financiamiento, la asistencia técnica y empresarial y la comercialización, en vistas de garantizar el consumo interno a la población (de productos originarios del campo) y de revertir aquellos elementos del modelo productivo que, estructuralmente, han sumido a su suerte a este sector.	La creación y puesta en marcha del Banco de la Producción (Produzcamos) es una buena medida, pero requiere de fondos mucho mayores a los acordados en el Presupuesto de la República. Algunos economistas calculan en unos U$ 300 millones para impulsar y reactivar con fuerza la producción agropecuaria. Por otro lado, el gobierno debe trabajar con mucha seriedad el tema de la comercialización, ya que este aspecto es altamente sensible en cuanto a la motivación o desmotivación al productor.	Una intervención directa del Estado en el mercado, podría generar acaparamiento, especulación, o en el peor de los casos, abandono de la producción. Pero por otro lado, dejar solamente en las manos invisibles del mercado la producción campesina, es condenar de por vida las posibilidades de sacar adelante a estos productores. En este sentido, Enabás debería jugar un rol de regulador de los precios, garantizando precios mínimos, de tal forma que el productor no caiga en manos de especuladores o venda a precios extremadamente bajos; además, Enabás debería de mantener las reservas de granos para incidir sobre los precios al consumidor, disponer de alimentos en épocas de escasez y atender las necesidades que se presentan a la hora de los desastres naturales.	Finalmente, y no menos importante, es el tema tecnológico de la producción y la formación agro empresarial de los productores. Hay que evitar caer en la tentación de la fracasada revolución verde (altos insumos importados, agroquímicos y contaminantes), sobre todo con el altísimo precio del petróleo; sino más bien, generalizar las tecnologías limpias y de bajo costo, tales como la producción orgánica, la conservación de suelos y aguas, la agroforestería y la silvicultura, los abonos orgánicos y manejo integrado de plagas, entre otras. Estas prácticas y medidas ya se han implementado en Nicaragua con mucho éxito, y las experiencias campesinas están suficientemente documentadas.	Este potencial se expresa en disponibilidad de tierras, experiencia productiva y técnica, mano de obra familiar, desarrollo organizacional y asociativo. Sin embargo, las políticas públicas para el sector deben ser ampliamente analizadas y consensuadas entre los actores, buscando una combinación entre el rol del Estado y los mecanismos del mercado, para no caer en la tentación del control estatal, pero tampoco dejando a merced de los vaivenes del mercado la comida de los nicaragüenses.