A la ida, porque de la cooperación venezolana nunca se rindieron cuentas claras, salvo que fue privatizada por Ortega y su círculo. A la vuelta, porque ahora se descargan sobre el pueblo, a través de los impuestos, la adquisición por el Estado de ese banco privado. La operación de compraventa es un intento de evitar las sanciones impuestas a Petróleos de Venezuela (PDVSA), como ha sido destacado, señalándose la inutilidad de ese intento. En la inutilidad, se han puesto los focos en que el origen de los fondos del Bancorp es fácilmente rastreable, y menos en el hecho que el intento de engaño caería directamente bajo el ámbito de la “Nica-Magnitsky”, como se conoce popularmente a la ley estadounidense que sanciona actos de corrupción y de violación a los derechos humanos y democráticos en Nicaragua. De modo que el contagio potencialmente delictivo a la actividad estatal, que han señalado, sería por partida doble.	El contagio a la actividad estatal, pone de manifiesto la naturaleza sultanística de nuestro régimen político. Los regímenes sultanísticos, según el profesor Juan Linz, son una forma extrema de patrimonialismo basado en el ejercicio despótico del poder por el gobernante, y en la confusión total entre lo público y privado. La adquisición se podría llamar “Ortega-gobernante compra a través del Estado a Ortega-empresario un negocio fracasado”.	Con esa confusión de intereses, y el secretismo que caracteriza al gobierno, es natural que los nicaragüenses nos preguntemos si acaso la repentina disposición de Ortega al diálogo, en búsqueda de solución a la crisis nacional, ha sido simplemente para encubrir la adquisición, y otras que aparentemente vienen para intentar encubrir, inútilmente repetimos, recursos que han sido objeto de sanciones internacionales. Si este fuese el caso, mayor vulnerabilidad del gobierno en las negociaciones que se llevan a cabo con la Alianza Cívica por la Justicia y Democracia (ACJD).	Esas negociaciones, curiosamente, ponen el foco en la adquisición del Bancorp, porque fortalece la demanda de liberación de los presos políticos, que ha planteado la Alianza Cívica. Recuérdese que el gobierno modificó los tipos penales de lavado de activos, terrorismo y crimen organizado para juzgarlos. El origen dudoso de los fondos con los cuales se constituyó el Banco, por tanto reabre el debate sobre el “uso ilegítimo” de esos tipos penales, en base a los cuales se les mantiene encarcelados, según el Informe del Grupo Interinstitucional de Expertos Independientes (GIEI), el mismo que señaló que en la represión se cometieron delitos de lesa humanidad.