En ese momento, Acosta como coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), representaba legalmente a las comunidades indígenas y afrodescendientes de Laguna de Perlas y del territorio Rama y Kriol, que fueron afectadas por la venta en internet de los Cayos Perla y de otras propiedades, supuestamente hechas por Peter Tsokos y Peter Martínez Fox, a quien Acosta ha señalado como autores intelectuales del asesinato.	El punto resolutivo número 9 de la sentencia indica que “El Estado debe adoptar las medidas necesarias para que el hecho o asesinato del señor Francisco José García Valle, no quede en impunidad y se restituyan adecuadamente los derechos de acceso a la justicia y a la verdad de las víctimas”.