La demanda de 30 millones de dólares, explicó Estrada, no incluye lucro cesante ni daños y perjuicios al Estado. Reiteró que el contrato establecía que la venta sería en once cuotas, de las cuales Barceló sólo pago la prima de tres millones de dólares y después no cumplió con ninguna de las cuotas establecidas.	En la demanda, la PGR expresa que Barceló no ha cumplido con su contraprestación como comprador, de pagar al Estado de Nicaragua el saldo del pago del principal, intereses ordinarios y moratorios, así como los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la escritura de compra-venta del 19 de mayo de 1993.	Agrega que el pago de las amortizaciones sería en cuotas anuales, con base a los niveles de ocupación habitacional, años de operación y porcentajes descritos en el contrato de compra-venta que implícitamente fueron diferidos al pago de la última cuota y con tres años de gracia a partir de 1993.	“La PGR demanda la nulidad de la escritura 67 de compra-venta de Montelimar, en cuanto a un exceso de titulación de aproximadamente un tercio del bien inmueble objeto de la licitación, no contemplado en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, de cual nos reservamos el derecho de precisar posteriormente el área en exceso”, señala.	Precisa la ejecución de garantías mobiliarias pactadas en el instrumento de compra-venta por la falta de depósitos de garantías pactadas por un 10 por ciento del valor de las acciones establecida en la cláusula séptima y la obligación de endosar a favor de Hotelinsa y/o Cotur. La ejecución de la condición resolutoria por el incumplimiento de la inversión en los términos y condiciones pactadas.	El Grupo Barceló, indica la demanda, debe cumplir con el pago de saldo de venta pactado en que quedó sujeto a una forma condicionada, dando como resultado evidente deuda. Es decir, lo que quedó condicionado fue la forma de pago y no la obligación real, por tanto, al no alcanzar los porcentajes establecidos y pactados, esto no implica cancelación del cumplimiento de obligación en el contrato.	Dichas auditorías realizadas por Price Waterhouse son limitadas, no otorgan certeza para tener un respaldo sólido, por lo que es necesario implementar las revisiones y medidas administrativas que incluyan una exhaustiva comprobación de las tasas de ocupación con base a la cantidad de habitaciones que originalmente tenía el complejo turístico al firmarse el contrato, así como el análisis de los estados financieros auditados, sin ser limitado a estas acciones.