Sin embargo, el decreto generó varias críticas. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró que estimula la represión violenta, mientras los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del expresidente Evo Morales, preparan un recurso legal para buscar la inconstitucionalidad de la norma, como anunció la diputada Sonia Brito.