Por ejemplo, la DGI niega el número RUC a  las sociedades que tienen como representante a un extranjero. Lo anterior lo basan  en el Arto. 2º del Reglamento de Organización del RUC, que dice “Corresponde a la DGI todo lo concerniente con la aplicación de las normas legales y reglamentarias del RUC”, y la Normativa Técnica No. 13-2003 de la DGI ,que establece que  para solicitar el número RUC de una sociedad constituida en Nicaragua ,el Presidente de la sociedad tiene que acompañar su Cédula de Identidad o su Cédula de Residente.  Según  ellos, el extranjero residente en el exterior, aunque sea el Presidente y mandatario de la sociedad necesita su cédula de residencia para identificarse.	Se viola  la ley al negarle el RUC a una sociedad nicaragüense en la que un socio extranjero es su representante, pues los extranjeros  que pertenecen a uno de los estados que firmaron el Código de Bustamante gozan en el territorio de los otros estados de los mismos derechos civiles que se conceden en ellos a sus nacionales.	El arto. 27 de nuestra Constitución Política establece el derecho de igualdad y derecho de protección ante la ley sin discriminación por motivo de nacimiento o nacionalidad y el artículo 4 del ya mencionado Código de Bustamante establece que los preceptos constitucionales son de orden público internacional, gozando así los extranjeros de las mismas garantías constitucionales que gozan los Nicaragüenses en territorio nacional, salvo las limitaciones establecidas por la misma Constitución y las leyes y no conozco de ninguna en este caso.	El Reglamento de Organización del RUC, (Decreto del Ministerio de Hacienda) y la Disposición Normativa que alega la DGI no pueden estar nunca por encima de una ley supra-nacional, como el Código de Bustamante,  la Constitución de la República o las leyes de la Asamblea Nacional .No puede un Reglamento o una disposición Normativa de la DGI restringir los alcances y la aplicación de la Constitución y las leyes dictadas por la Asamblea Nacional.	Tampoco olvidemos que  ningún  cargo concede a quien lo ejerce más funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes ( Arto. 130 Cn) y ningún cargo o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República (Arto. 183 Cn). No conozco de ninguna facultad de la DGI o su Director para dictar leyes, sí sé que pueden dictar Normativas Administrativas y Disposiciones Técnicas.	De acuerdo con lo expuesto,  sinceramente opino que la DGI no tiene, en el sentido estricto de la palabra, facultad para legislar. Lo que sí puede hacer es dictar Disposiciones Administrativas y Circulares Técnicas, las cuales no tienen la capacidad de llenar los vacíos legales, pues esto sólo corresponde a la Corte Suprema de Justicia, al dictar sentencias  o al legislador mismo cuando interpreta una ley  en aras a su correcta aplicación.	Lamentablemente ésa es una realidad jurídica que vive Nicaragua desde los ochenta  hasta nuestros días y que nos aleja día a día del estado de derecho y nos acerca a un estado regido por  normativas y circulares técnicas donde lo único que nos hace falta es crear una Facultad de Normativas y Circulares Técnicas y suprimir las Facultades de  Derecho.