Las propuestas programáticas de 15 y 20 puntos para edificar una nueva Nicaragua, presentadas la semana pasada por los empresarios privados y la Unidad Azul y Blanco respectivamente, son excelentes en lo general. Y lo mismo se puede decir de las propuestas que han presentado otras formaciones políticas y organizaciones sociales que abogan por el cambio democrático.	La nueva Nicaragua libre y democrática se intentó construir a partir de 1990, con el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, que a pesar de los sabotajes del FSLN y su caudillo Daniel Ortega logró avanzar en la reconstrucción de la economía nacional, la institucionalización del Ejército y la Policía, la separación de los poderes del Estado, la descentralización gubernamental, el fortalecimiento de las autonomías, etc.	Lamentablemente, el proceso de democratización fue frustrado por el pacto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega para repartirse el poder del Estado e inmunizar la corrupción. Y lo peor fue que el pacto facilitó la instauración de la nueva dictadura que ahora agobia a los nicaragüenses y les impide vivir en libertad.	De nada sirve tener buenos proyectos y programas si no se cuenta con los medios para realizarlos. En la situación actual, cuando prácticamente todos los sectores sociales y políticos democráticos del país han descartado el uso de la violencia para sacar a la dictadura del poder, y optan por los medios pacíficos, esto significa que el medio apropiado es el de las elecciones libres, observadas y adelantadas si esto fuese posible.	Sin embargo, a pesar de que hay consenso en que el medio a utilizar sería el de unas elecciones de calidad, de acuerdo con los estándares de la Carta Democrática Interamericana, hasta ahora no se ha concretado la gran unidad nacional o alianza electoral que es necesaria para enfrentar exitosamente ese histórico reto.	Hay que hacerlo cuanto antes. De esa manera la oposición podría ayudar al esfuerzo que haga la OEA con su comisión especial para facilitar la solución de la crisis sociopolítica de Nicaragua y el mecanismo de colaboración para la reforma electoral convenido por la Secretaría General con el régimen orteguista, por lograr un acuerdo para la celebración de elecciones libres con las garantías previas indispensables.