Temprano, la Fiscalía General informó que había ordenado la captura del ex senador porque se reunió entre 1998 y 2002 con al menos dos jefes del paramilitarismo, actualmente desmovilizados. La Fiscalía no indicó exactamente qué ocurrió en esas reuniones y qué temas fueron discutidos, pero al menos uno de esos ex paramilitares dijo en abril del 2007 a la AP que el ex senador había solicitado apoyo de esas bandas para conseguir terrenos o fincas.	Hasta las puertas de la embajada, una pequeña casa de un piso custodiaba por tres agentes policiales, llegaron algunos representantes de grupos no gubernamentales que intentaban entrevistarse con funcionarios costarricenses para pedirles que rechacen el asilo alegando que el ex senador no es buscado por delitos políticos, como rebelión o asonada.	El presidente Uribe ha mantenido silencio sobre el caso de su primo, con quien trabajó siempre políticamente y juntos fundaron en 1985 un partido llamado Colombia Democrática, una organización con cinco legisladores, todos ellos ahora investigados o detenidos por el escándalo que estalló a fines del 2006 de los presuntos lazos del paramilitarismo con parlamentarios y funcionarios regionales.	El ex senador pasó al ostracismo político y no era visto en público ni se conocía de encuentros con el mandatario después que a fines del año pasado la Corte Suprema ordenara investigar sus supuestas conexiones con jefes paramilitares. Uribe entonces renunció a su escaño de senador para evitar el juicio en el máximo juzgado, lo cual impediría eventuales futuras apelaciones, sino ser investigado y posiblemente juzgado por la Fiscalía y la justicia ordinaria.	Opositores políticos siempre han levantado la sospecha, sin que hasta ahora surja una prueba o evidencia concreta, de que debido a la cercanía del mandatario con el ex senador era imposible que el presidente desconociera la totalidad de eventuales contactos con paramilitares, quienes se desmovilizaron y entregaron sus armas en un proceso iniciado en 2003, precisamente por el gobierno de Uribe.	Al anunciarse su captura, el ex senador, quien fue presidente del Senado del 2000 al 2001, engrosó la lista de parlamentarios con presuntos lazos con paramilitares: más de 30 congresistas --de una Cámara de Representantes de 164 miembros y un Senado de 102-- que han sido detenidos y enviados a la cárcel desde el 2007 hasta esta semana, mientras al menos otros 30 son investigados.	De ellos, al menos tres ya recibieron condenas y el resto espera sentencia en un proceso que ha estremecido al mundo político colombiano debido a que encarcelados jefes del paramilitarismo han confesado sus relaciones con ex gobernadores, ex alcaldes y legisladores. La Fiscalía investiga si esos paramilitares pagaron campañas electorales y si influyeron sobre el electorado para elegir a congresistas una forma de hacerse de influencia política.	El nuevo capítulo de la orden de detener al ex senador ''no es un hecho aislado, ni es un hecho nuevo, sino hace parte de la infiltración de la mafia en la política'' colombiana, dijo en entrevista telefónica la senadora Gina Parody, del Partido Social de Unidad Nacional (Partido de la U), aliado al presidente, y una de las más criticas dentro de las filas del llamado ''uribismo''.	El senador Gustavo Petro, del opositor partido Polo Democrático, dijo telefónicamente que tras la orden judicial contra Mario Uribe, ''creo que hoy podemos hablar de un partido completo de la 'parapolítica' el Partido Colombia Democrática, que fue fundado por el presidente de la república y por su primo. Toda la bancada está presa y varios de los sustitutos de esa bancada''.