Hace algunas semanas, embargado por una mezcla de asombro, compasión y asco, contemplé a cierta señora cuando con vehemencia involucraba, en el espantoso crimen perpetrado por sicarios de la dictadura en el barrio Carlos Marx, a personas que más bien asumen toda suerte de riesgos en defensa de nuestros derechos. Además, eximía de culpa a los asesinos. Era la misma señora a quien, el día que ocurrió el monstruoso hecho, había visto entre sollozos maldiciendo a lo que llamaba “gobierno”, y clamando por justicia al cielo; pariente muy cercana de los asesinados, se había salvado milagrosamente de perecer como ellos, carbonizada.	Los ecos de esta dolorosa farsa no se habían apagado, y ya los dictadores estaban ordenando a sus siervos de la Asamblea la aprobación de una “ley” que lleva el cínico nombre de “atención integral a las víctimas…” Nada difícil es comprender que el propósito de esa “ley” es el de, aprovechando las paupérrimas condiciones y la indefensión en que viven la gran mayoría de los familiares de las víctimas fatales de su desesperada furia, lograr que estos brinden declaraciones con las que achaquen los crímenes de la dictadura a quienes luchan contra ella.	El siguiente acto de esta repugnante comedia, montada para la comunidad internacional y sus cada vez más escasos seguidores, fue aquel que tuvo por involuntario protagonista a cierto ciudadano cuyo nombre era —¿es?— Bismarck Martínez. Si hemos de creer la versión oficial, los restos mortales del infortunado señor, que tenía algunos días de haber desaparecido y ser buscado, fueron de alguna forma encontrados y prontamente identificados. Mejor aún, también se descubrió que había perecido a manos de algunos de esos individuos vandálicos que se hacen llamar luchadores por la libertad. Un póstumo y bien publicitado homenaje al más alto nivel fue el colofón.	Con estos antecedentes —parecen haber creído los farsantes— había quedado preparado el escenario para obsequiarnos el siguiente acto. Pues, evidenciada así la nada despreciable presencia de brutales asesinos entre los golpistas, nadie en su sano juicio se atrevería a sostener que lo que había brotado —cuando lo hiciera— del antro en que tienen convertida a la Asamblea, era una autoamnistía. Imposible hacerlo, pues esta criatura esencialmente ampararía a comprobados y potenciales criminales de esos que se hacen pasar por patriotas. Y la “amnistía” nació…	Siempre me he preguntado si quienes fraguan ridiculeces de ese tipo lo hacen porque carecen totalmente de luces; porque la desesperación y la mansedumbre se las apagan, o porque juzgan estúpido al resto del mundo. Quién sabe. Cualquiera sea la respuesta, considero innecesario a estas alturas tomar el valioso tiempo de mis amables lectores o arriesgarme a aburrirlos exponiendo las razones por las que llamo ridiculez a aquello que sus parteros llaman amnistía. Ya gente bien calificada ha dibujado, con diáfanos trazos, el canallesco espectáculo que visto desde cualquier ángulo ofrece el engendro. Pero no quiero ser excesivamente optimista o ingenuamente despectivo cuando hablo de ridiculeces. Por ello, me asaltan algunas dudas: ¿y si estos diabólicos individuos guardan escondida, en la manga de la camisa, alguna carta que confían en poder jugar más tarde? Cierto, a nadie se le oculta que esta es una autoamnistía indefendible; pero, ¿tendrán ellos alguna manera de eventualmente tornarla en una real, incuestionable amnistía, que, encima, no necesite exhibir colmillos?	Para aventurar una respuesta a tan turbadoras interrogantes acudo a la historia. Y se me viene a la mente la “Ley” 81, que el 15 de marzo de 1990 apareció en La Gaceta No. 53, antes de que Ortega entregara la banda presidencial y se instalara una nueva Asamblea. Fue esta una clara autoamnistía que no hubo tiempo de cuestionar. Pues seguidamente lo imposibilitó, o al menos dificultó, la Ley No. 100, la primera que promulgara esa nueva Asamblea. Dicha ley, aprobada el 9 de mayo y publicada en La Gaceta No. 98 del día 23 de ese mismo mes y año, diligentemente derogó la frágil autoamnistía. Y en su lugar puso en vigencia una amnistía que, prácticamente idéntica en sus efectos relevantes, era mucho más difícil, nacional e internacionalmente, de rechazar. Muchos culpables respiraron —respiran— aliviados. ¿Será posible que esto ocurra de nuevo?