No derramó ni una gota de sangre, tampoco le quedó una cicatriz visible del golpe que le propinaron en la cabeza. Sin embargo, sus recuerdos de la cobertura periodística que realizaba la tarde del 18 de abril de 2018 fueron borrados por la agresión de un fanático sandinista que le dio con un bate.	“Ese día fue borrado de mi memoria”, lamenta López cuando se ve imposibilitado de recordar más sobre lo que le sucedió el día en que estallaron las protestas ciudadanas en Nicaragua, las cuales se extendieron en menos de una semana a varias ciudades; y que un año después registraban un saldo de al menos 325 muertes.	Una reforma a la seguridad social, impuesta por el gobierno de Daniel Ortega Saavedra, causó la protesta del grupo de jóvenes a las 4:00 p.m. en la capital, exigiendo respeto a los jubilados, quienes perdían por decreto el 5% de sus pensiones. Los manifestantes, con banderas y pancartas, expresaban su desacuerdo cuando llegó a agredirlos una turba de hombres violentos, que bajaron de motocicletas y camionetas vestidos con camisetas con la marca Juventud Sandinista (JS) y armados de tubos, palos y cadenas.	López, quien grababa como periodista lo que sucedía, recibió el primer garrotazo en la cabeza y, después, otro de los agresores que lo rodeaban le dio un golpe fuerte en el pómulo izquierdo y él cayó inconsciente, tal como se ve en un video captado por otros periodistas, también atacados allí.	“Yo estaba haciendo la transmisión de la agresión, comencé a describir que continuaban llegando motorizados y que la Juventud Sandinista iniciaba a comportarse violentamente contra las personas que estaban protestando”, relata López, basándose en el video que transmitió y otros que sus colegas le mostraron una vez recuperado del trauma. “Doy la vuelta para ir a buscar refugio en uno de los locales y se observa a una persona que sale a mi paso, desde ese momento mi transmisión se corta; y en otro video que lograron captar otras personas, se ve el momento preciso en que me dan con el garrote y me dan un puñetazo que me derriba”.	Los dos reporteros cubrían una manifestación de adultos mayores y jóvenes universitarios frente a la delegación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en protesta por la reforma. Estos protestantes fueron los primeros agredidos ese día por los grupos de choque del Gobierno, y muchos ciudadanos vieron las escenas transmitidas por la televisión y las redes sociales, de ancianos siendo golpeados por la turba.	“Nosotros no nos esperábamos que nos atacaran así, creímos que su actuar sería el de otras ocasiones en las que solo evitaban que la manifestación avanzara; nunca pensamos que nos iban a golpear. A uno de los primeros que agredieron ese día fue a mí. Estaba frente a las instalaciones del INSS y en eso se acercó el diputado sandinista José Ramón Sarria y Gilberto Narváez, de la Juventud Sandinista, con otro grupo de chavalos que no logré identificar. Me golpearon e intentaron quitarme el celular, pero yo se lo tiré a un grupo de mujeres que andaban en la manifestación”, relata el reportero Altamirano, quien ahora se encuentra exiliado en Costa Rica porque, según reveló, sufrió asedio y amenazas.	Antes de abril de 2018, las violaciones frecuentes a la libertad de prensa en Nicaragua, denunciadas por periodistas, estaban relacionadas a la falta de acceso a la información pública, restricciones para ingresar a eventos y conferencias de las instituciones del Estado, castigos vía publicidad contra medios críticos y el acaparamiento de medios de comunicación al servicio del Gobierno.	Otros periodistas golpeados esa tarde fueron Néstor Arce, Maynor Salazar, Carlos Herrera y Richard Salgado. En sus testimonios afirman que la Policía Nacional apoyó al grupo de choque de la JS, primero dejándoles actuar sin intervenir y, después, ayudándoles a reprimir a protestantes y periodistas. El camarógrafo Róger Sánchez y la periodista Melissa Aguilera, del canal 23, también fueron agredidos y despojados de sus equipos.	La noche del 18 de abril las protestas crecieron en Managua, León y Matagalpa, como efecto de la represión en León y Managua observada en las pantallas. El día 19, cinco televisoras amanecieron sin señal: 100% Noticias, canal 12, canal Telenorte de Estelí, canal 23 y canal 51, este último propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).	El director de 100% Noticias, Miguel Mora, denunció de inmediato que la censura a los canales se debía a que el Gobierno quería impedir la divulgación de las protestas sociales y que el director de Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo, lo había llamado para advertirle que “si no le bajaba al gas a las coberturas, que me atuviera a las consecuencias”.	El periodista Jackson Orozco, quien recibió amenazas de muerte constantes por haber reportado en mayo el incendio a la Radio Ya, emisora sandinista, se fue del país en octubre de 2018. “Salgo porque me dicen que venían en serio contra nosotros (canal 100% Noticias), y al mirar esa situación, decidí salir; ha sido muy duro, muy difícil.  No estoy ejerciendo periodismo, porque la ley aquí (EE. UU.) no me lo permite, hasta que tenga el permiso de trabajo, y me estoy manteniendo con el apoyo de mi familia mientras mi situación migratoria se resuelve”, cuenta.	“Las llamadas anónimas y mensajes por WhatsApp eran constantes, estaba sometido a un estrés sicológico y ya no me permitía ejercer mi labor. En la casa me pasaban espiando, nos vigilaban, llegaban las camionetas (con civiles armados enmascarados) y tomaban fotos a la casa, fue un asedio permanente”, dice el periodista refugiado en Estados Unidos.	En el mes de julio, Orozco fue uno de los reporteros golpeados por civiles armados y turbas progubernamentales en la ciudad de Diriamba, dentro de una iglesia. “En esa cobertura me identificaron como periodista del canal 100% Noticias y me decían que yo era el responsable de la quema de Radio Ya, me empezaron a gritar improperios; entonces, primeramente, agredieron a monseñor Báez y luego me dieron a mí, me quebraron la nariz e insistían que yo era el responsable de la quema de Radio Ya”, recuerda.	Las protestas en Managua se concentraron el segundo día, jueves 19 de abril, en las universidades Nacional Agraria (UNA) y Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde una bala de goma disparada por la policía alcanzó al camarógrafo Álvaro Silva, del sitio informativo digital Artículo 66, quien resulto con una lesión en el costado izquierdo del pecho.	Algo parecido le sucedió al camarógrafo de 100% Noticias, Geovany Hernández, mientras filmaba las acciones de la policía contra estudiantes de la UNA. “Me pegaron con una bala de goma en el brazo, desde ahí noté que las coberturas se tornarían difíciles porque nosotros estábamos viendo que la policía no solo estaba atacando a los estudiantes, sino a todo aquel que estaba evidenciando el ataque a los estudiantes”, recuerda.	A las 7:30 p.m. de ese viernes, le prendieron fuego a Radio Darío en la ciudad de León. Las 12 personas que estaban trabajando adentro fueron sorprendidas por una explosión, el humo se esparció y las llamas avanzaron destruyendo el edificio. Se salvaron rompiendo una puerta del fondo que les dio paso a una casa vecina.	Era el segundo incendio intencional que ocurría en León esa noche; el primero, en el Centro Universitario de la Universidad Nacional (CUUN). El director de Radio Darío, Aníbal Toruño, relató a enviados de la Organización de Estados Americanos (OEA) que “en esos momentos hay fuertes protestas y choques, han pasado motos disparando morteros por la emisora… —Escuché un golpe… y pensé que era un mortero… Pero, pasaron 4 o 5 minutos y una explosión inmensa, todo caía, quedamos a oscuras, todo ardía—”.	Toruño, quien se exilió en Estados Unidos, ha señalado al diputado sandinista Filiberto Rodríguez de haber dirigido la quema de Radio Darío. Un día antes, Rodríguez había sido filmado por periodistas mientras amenazaba a manifestantes antigubernamentales. Radio Darío, fundada en 1949, era una emisora privada que informaba con amplitud sobre la violencia desatada.	En el cuarto día de protestas ciudadanas, al anochecer del 21 de abril mataron al periodista Ángel Gahona mientras cubría una manifestación frente a la Alcaldía de Bluefields. Un disparo de escopeta acabó con su vida, mientras policías accionaban sus armas para dispersar a los manifestantes. Dos jóvenes civiles fueron condenados por supuestamente haberle disparado al reportero, pero los abogados defensores aseguran que a esa acusación le faltaron pruebas elementales.	Los reporteros de la Agencia EFE, Jorge Torres y René Lucía Ramos, fueron retenidos y golpeados por la policía el 28 de mayo mientras recrudecía la represión policial contra los manifestantes en la UNI. “Somos periodistas, somos periodistas”, gritaba Ramos cuando era agredida por los agentes, y aun así la retuvieron un tiempo.	Leticia Gaitán, periodista de 100% Noticias, y un equipo de canal 12 fueron detenidos por los parapolicías en la rotonda Ticuantepe el 20 de junio, cuando se dirigían a la ciudad de Masaya. Les apuntaron con armas de alto calibre y les obligaron a ponerse bocabajo en el suelo. Uno de los encapuchados se comunicó por teléfono con algún mando, para informarle a quienes habían detenido y al poco tiempo les dejaron libres, pero les quitaron teléfonos y equipos de filmación.	El 9 de julio, en Diriamba, Carazo, periodistas y obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) también fueron agredidos por parapolicías y turbas pro-Gobierno que ingresaron por la fuerza a la Basílica San Sebastián. Dañaron partes del templo y destruyeron y robaron equipos de los periodistas. El reportero Jackson Orozco salió de allí sangrando como consecuencia de los golpes en el rostro.	En la redes sociales, personas pro-Gobierno señalaban de “golpistas”, “vandálicos” y “promotores del terrorismo” a medios de comunicación, como El Nuevo Diario, y frente a este periódico se paró una noche una camioneta con parapolicías que proyectaron sobre su pared frontal un video acusándole de “cómplice de los golpistas y vandálicos”, como el Gobierno ha calificado a los protestantes.	El 6 de septiembre empezó el bloqueo a las materias primas importadas de los periódicos. La Dirección General de Aduanas se ha negado desde entonces a entregar la tinta, el papel y otros productos traídos del exterior para imprimir los diarios de circulación nacional, a pesar de que estos medios han cumplido todos los trámites conforme la ley.	El 31 de octubre en León, el director de Radio Mi Voz, Álvaro Montalván, fue apresado y puesto en libertad luego de 48 horas. Montalván también se fue del país, tras denunciar que lo seguían acosando. Con él ya son más de 60 los periodistas nicaragüenses que han optado por el exilio, desde abril de 2018.	En noviembre empezó el plan contra 100% Noticias, recuerda el camarógrafo Geovany Hernández. El asedio de policías y parapolicías en vehículos civiles ocurría cada día. Los periodistas eran requisados con frecuencia al salir de las instalaciones del canal y el director, Miguel Mora, fue retenido varias veces mientras iba o venía de su casa en la carretera Masaya.	“Trabajar ahí era tenso, porque estaba ahí todos los días la policía; yo entraba a las 6:00 a.m. y tenía que pasar caminando junto a ellos. Cada vez que pasaba por ahí iba con el alma en un hilo, pero nunca me detuvieron. La tensión era en la entrada y salida, buscar con quién irse, no llevar información en los teléfonos; eso era diario en la entrada y salida, si te montabas en un taxi ahí no más lo detenían”, recuerda Hernández.	La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (Oacnudh), Michelle Bachelet, lanzó una alerta: “Frente a las reiteradas denuncias de amenazas y actos intimidatorios contra periodistas y trabajadores de 100% Noticias, Radio Darío, Radio Mi Voz y otras voces disidentes, Oacnudh urge al Estado a cesar estas persecuciones y respetar la libertad de expresión”.	Sin embargo, el asedio policial contra 100% Noticias se convirtió en allanamiento, detenciones, cierre y confiscación el 21 de diciembre de 2018. La última transmisión del canal la hizo Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa, poco antes de ser detenida: “Hay presencia de policías, están ingresando, están ingresando”. La señal se cortó pasadas las 9:00 p.m. y el silencio continúa después de más de 4 meses.	“Nosotros nos enteramos del asalto a la redacción a eso de las 6:00 a.m., quizás un poco antes; yo no fui de las primeras personas en llegar físicamente a las oficinas, ya había visto fotos y videos de los colegas, sabía que se habían llevado las computadoras, que habían destruido cosas, que todas las oficinas estaban volteadas de arriba para abajo, que incluso habían entrado a las oficinas de Cabal, que no tiene nada que ver con Confidencial, pero no es lo mismo estar ahí y ver que realmente es más grave, que todo estaba patas arriba y que no teníamos manera de continuar el trabajo”, relata Arlen Cerda, editora de Confidencial.	“Nosotros íbamos a seguir haciendo nuestro trabajo, teníamos una oficina donde llegar, independiente de que la computadora que tenés asignada no esté ahí, independiente de que el escritorio de tus compañeros esté volteado, aunque se hayan llevado objetos personales que ni siquiera eran de la empresa, uno siente que hay un espacio para llegar; pero cuando se toman la oficina uno se queda pensando y ahora qué, ahora dónde vamos a trabajar. Era, en menos de 24 horas, otro golpe que te dice que definitivamente no quieren que vos hagás tu trabajo”, comenta.	El sábado 15 de diciembre por la mañana, Arlen Cerda y los demás periodistas del equipo fueron con Chamorro a la sede central de la Policía Nacional, conocida como Plaza El Sol, para pedir a la jefatura una explicación de lo que estaba pasando, si había una orden judicial de ocupación del edificio y cuáles eran los motivos.	“Nos mandaron a un destacamento de antimotines que de la forma más vulgar nos decían ‘va a la verga, va a la verga’. Recuerdo que a Néstor (Arce) lo golpearon, a la Claudia (Tijerino), a Wilfredo (Miranda), a mí me prensaron contra una pared, me empujaban y yo los empujaba cuando lo hacían, porque si me caía, corría el peligro de que me aplastaran”, recuerda todavía indignada la editora de Confidencial.	Una de las primeras agresiones a periodistas en el 2019 la sufrió el reportero de AFP, Luis Sequeira, a quien la policía le destrozó la cámara, le quitó el celular e intentó llevárselo preso, cuando cubría una concentración de ciudadanos en la rotonda Centroamérica que pretendía marchar en un tramo de la carretera Masaya, el 16 de marzo.	También instó a la Policía a no destruir ni confiscar los materiales y herramientas de trabajo de los periodistas, recordándole que la protección del derecho a la libertad de expresión exige que las autoridades aseguren las condiciones necesarias para que los periodistas puedan “cubrir hechos de notorio interés público como los referidos a las protestas sociales”.	“Me metieron en una zaranda (patrulla policial cerrada) y, en eso, entra el oficial que me detuvo, se saca un bastón policial y me da en el pecho, me empieza a insultar, me cuestiona por qué andamos protestando, y le reitero que yo soy periodista, pero siguió golpeándome, me sacó el dinero que andaba y me siguió golpeando en las piernas, me hizo una llave y empieza a esposarme con unas ligas y no con esposas; yo andaba una gafas de sol que me las tiró de un manotazo y me quita una gorra, me dice que no lo quede viendo, que agache la cabeza, parece que no quería que lo identificara”, relata Mogollón, quien aún tiene dificultad para mover el dedo índice de la mano izquierda, el que le doblaron para quitarle el celular.	De abril de 2018 hasta abril de 2019 han ocurrido 1,080 casos que violentan la libertad de prensa, desde agresiones, ataques, amenazas, difamaciones, censura, intimidación, hostigamiento verbal, hostigamiento judicial, misoginia, restricciones legales y restricciones administrativas hasta llegar al extremo de los casos, la muerte de un periodista, reveló la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que ha calificado al ejercicio periodístico en Nicaragua como “una profesión de alto riesgo”.