Mediante Decreto Presidencial No.49-2007 se creó la “Comisión de Verificación, Conciliación, Paz y Justicia Cardenal Miguel Obando y Bravo”, con el objetivo de retomar los acuerdos que se vinieron concretando con el Gobierno de Nicaragua a partir de la Desmovilización de los Combatientes de la Resistencia Nicaragüense en 1990, pasando luego las licencias aplicadas a los militantes de los desaparecidos EPS y Ministerio del Interior. Acuerdos que, en su gran mayoría, no han sido cumplidos por el GONIC, especialmente en relación con los desmovilizados de la Resistencia.	Al firmarse el 15 de septiembre de 2006 el Acuerdo de Paz entre el partido Resistencia Nicaragüense y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, se logró, a propuesta del PRN, el compromiso de impulsar la creación de una comisión que asumiese la labor de llevar a efecto los compromisos adquiridos y no cumplidos.	Dentro del espíritu de los Acuerdos de Esquipulas II era fundamental la reinserción de las fuerzas irregulares armadas a la vida civil que se desarrollarían en la medida que las sociedades afectadas por la lucha armada se democratizaban, superando algunas causas que originaban el conflicto y sustentando la instauración de un proceso de paz firme y duradera.	Esa reinserción que permitiría el ejercicio pleno de los Derechos Humanos y de los Derechos Políticos, así como la incorporación a procesos productivos legítimos, especialmente en el sector agropecuario, constituyen una deuda social de Nicaragua para con sectores de su población que ofrendaron sus vidas en defensa de su propia concepción de lo que debía ser nuestra patria.	La Comisión Cardenal Obando y Bravo (Comisión COB) ha sido creada para asumir esa deuda social --cruenta, onerosa, lacerante-- y tratar de ir dando respuesta a las urgentes carencias, necesidades y aspiraciones de unas 60 mil familias que han venido confiando en que los gobiernos de Nicaragua iban a preocuparse por brindarle un mínimo de condiciones que les permitiesen lograr su reinserción a la vida civil y productiva.	Pero ello no ocurrió. Claro que hubo un sector reducido de contras que se insertaron plenamente en los círculos de poder, ya sea como agentes facilitadores de negociados en nombre y ocasión de los acuerdos, o convirtiéndose en dirigentes partidarios identificados con su nueva causa. En ambos casos se generó una elite contra, enriquecida al amparo de los gobiernos y al desamparo de los miles de combatientes que confiaban en algunos de sus líderes de la época de la lucha armada.	La actual dirigencia del Partido Resistencia Nicaragüense (PRN) forma parte de la Asamblea de Firmantes, órgano de la Comisión COB, que presenta y conoce, analiza y sugiere alternativas de solución a situaciones que ameritan respuestas oficiales dentro del marco institucional de la Comisión. Además, se generan propuestas de proyectos y programas a favor de los desmovilizados de los grupos confrontados en la guerra de los 80. La Asamblea de Firmantes la conforman ocho organizaciones, tanto de la Resistencia como de los ex-EPS y Ministerio del Interior.	Por Decreto Presidencial Nº 57-2007, se creó el Grupo Interinstitucional de Apoyo, conformado por ocho ministros de Estado, siete presidentes de entes autónomos; los jefes de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua, el Procurador General de Justicia y la Intendencia de la Propiedad, cuyo objetivo es coordinar acciones referentes a la implementación del cumplimiento de los acuerdos aquí referidos.	A escasos seis meses de haber iniciado sus funciones, la Comisión COB ha venido avanzando lenta pero de forma segura. Muchos desmovilizados han recibido algún beneficio canalizado por esta instancia (servicios de salud, incrementos pensiones, proyectos viviendas, adjudicación de propiedades y otros) y, a corto plazo, se verán mayores resultados de este trabajo.	Uno de los resultados inmediatos ha sido el ir superando el accionar de algunos personajes que han venido cobrando cuotas periódicas con la oferta de resolverle el conflicto pendiente, obtenerle un lote o propiedad al que no la tiene, u ofrecerle sus documentos legitimadores. Algunas de estas acciones colindan con el fraude o la estafa. A otro nivel también se revisan casos de personas que recuperaron sus propiedades que legalmente habían perdido por acciones de los bancos estatales; y otros que obtuvieron doble indemnización o fueron indemnizados sin tener derecho a ello. Estos casos parecieran revestidos de acciones cercanas al tráfico de influencia con altos funcionarios de gobiernos anteriores.	El cardenal Miguel Obando Bravo como coordinador de la Comisión COB y apoyado por la Secretaria Ejecutiva de la misma, ha asumido un reto existencial que le compromete a generar resultados positivos a corto plazo, al mismo tiempo que con su presencia es suficiente carta de garantía de dicho cumplimiento para los desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense.	En relación con el ordenamiento de la propiedad rural, comprometida para con los ex combatientes, la Comisión COB está abriendo caminos mediante soluciones alternativas que generarán impacto sobre la estructura agraria del país. Esta labor pionera que dará solución a problemas, acumulados durante los últimos diez años, podrá servir de derrotero para que el Estado plantee políticas agrarias que faciliten el acceso a la propiedad de la tierra para otros sectores de nicaragüenses que sobreviven en índices de pobreza extrema, sobre todo en las áreas rurales.	Los ex combatientes todos (sin apellido) deben asumir como suya la Comisión del Cardenal Obando; deben disponerse a apoyarla participando en sus acciones, proyectos y programas. Deben depositarle su confianza y convencerse de que hay esperanzas de no continuar heredando pobreza, de que es posible superar la pobreza y de que no todo está perdido en Nicaragua.