A esta segunda acusación, la PGR se adhirió, por lo que hace a los delitos ambientales, “los que afectan de forma directa el Patrimonio del Estado, contenido en el Arto. No. 2 de la Constitución Política de Nicaragua, a través de actos que han deteriorado los recursos forestales, hídricos y fauna silvestre que se encuentran en el sitio”, indicó el Procurador General de la República, Hernán Estrada.	Basado en la acusación y respectiva adhesión de parte de la PGR, se celebró la audiencia inicial con características de preliminar en el Juzgado Segundo de Distrito de Audiencia para lo Penal de Managua, con el fin de valorar si las respectivas acusaciones contenían mérito suficiente para elevar la causa a Juicio Oral y Público.	Luego de los alegatos de las partes acusadoras y de los abogados defensores, la judicial a cargo de la audiencia, accedió a las peticiones de la PGR y de la Fiscalía en cuanto a decretar prisión preventiva contra todos los acusados, y remisión de la causa a juicio oral y público, que se celebrará el 15 de abril del año en curso.	“La PGR promoverá cuantas acciones legales sean necesarias para salvaguardar el derecho a un ambiente sano, la protección de los Recursos Naturales y la efectiva tutela jurídica que el Estado debe garantizar a los titulares de las distintas formas de propiedad, reconocidas en la Constitución Política”, afirmó el Procurador General de la República, Hernán Estrada.	La PGR ha emprendido una serie de investigaciones contra los toma tierras, como parte de la estrategia para resolver el problema de la propiedad y llevar seguridad jurídica a los beneficiarios de las leyes de la propiedad, a los dueños legítimos de propiedades usurpadas y sobre todo para proteger los bienes del Estado.