El exdiplomático Bosco Matamoros aseguró en entrevista con la Voz de América que no existen las condiciones para convocar a una reunión de cancilleres en lo que queda de 2019.“Con toda probabilidad si se hace esa convocatoria ocurrirá, desde mi perspectiva, hasta el año 2020, lo que si creo que es muy importante y está en consideración por varios países es la continuación de la política de aplicación de sanciones, focalizadas, personalizadas sobre los responsables de violaciones de derechos humanos y actos de corrupción”, explicó el analista.Matamoros considera que existe bastante terreno político que recorrer para una posible suspensión o expulsión de Nicaragua del organismo regional.La misma opinión comparte el experto en derecho internacional, Ricardo de León, quien teme que la convocatoria para una reunión extraordinaria de cancilleres se demore tanto como lo que les cueste conseguir los 24 votos necesarios para aplicar la Carta Democrática.“No se han conseguido los 24 votos que se necesitan, los dos tercios de los miembros de la OEA, para realizar alguna acción como lo manda	detalla que "las acciones que el gobierno de Nicaragua ha emprendido o permitido desde abril de 2018 muestran discrepancias con los derechos y garantías protegidos por la Constitución de 1987 y que ello da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se establece en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana".El gobierno de Nicaragua ha rechazado tajantemente este informe calificándolo de nulo, inexistente e injerente.PUEDE LEER:	Jesuitas de América Latina y el Caribe piden aplicación de Carta Democrática para NicaraguaNicaragua vive desde el pasado 18 de abril del 2018 una crisis sociopolítica que ha cobrado la vida de más de 300 nicaragüenses según reportan organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.La Organización de los Estados Americanos, así como sus países miembros han seguido de cerca las consecuencias de esta crisis y han demandado al gobierno de Nicaragua una salida pacífica y negociada a la misma.