Francisco Rosales, Juez de Distrito de Trabajo y de la Seguridad Social de ese departamento y quien a su vez es hijo de Francisco Rosales, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró "no ha lugar" a la solicitud de reintegro laboral y de pago salarios dejados de percibir y solicitados por los ciudadanos despedidos.	“El señor juez no dio a lugar a la demanda alegando que (la defensa) no señaló lugar para oír notificaciones (de esa autoridad judicial). Este servidor compareció al despacho de la adjudicatura de este juez y le pidió al secretario que me prestara un expediente y le demostré que sí habíamos señalado lugar para escuchar notificaciones”, denunció José Espinoza, procurador laboral y de seguridad social de la Comisión Permante de Derechos Humanos (CPDH).	A Espinoza le llama la atención que a pesar de este argumento del juez para declarar "no ha lugar" a la demanda; sorpresivamente dicha autoridad judicial notificó a las partes en el mismo lugar anteriormente señalado por la defensa, este aviso fue en relación a su decisión de "no ha lugar" sobre un remedio de reposición que la defensa había introducido por el fallo inicial. Esta notificación fue a través de un auto emitido vía cédula judicial.	Javier Rojas, sindicalista, y quien trabajó por 18 años en el área de servicios generales, estadísticas y registros médicos, es uno de los siete despedidos del hospital de Masaya quien asegura que estos despidos violaron el fuero sindical que establece el artículo 87 de la Constitución Política de Nicaragua, denunció que no se les dio justificación de esa decisión.	“Simplemente me entregaron la carta el 1 de agosto y que estaban prescindiendo de mis servicios y que estaban cancelando mi contrato, donde la ley o el mismo Convenio Colectivo establecen que para prescindir de un trabajador del Estado, del Ministerio de Salud, tiene que establecerse un procedimiento como lo establece el Convenio Colectivo”.	El abogado de los extrabajadores asegura que apelará la decisión del juez ante el Tribunal Nacional Laboral y analiza la posibilidad de interponer una denuncia ante el Ministerio Público por violaciones a las garantías constitucionales a los trabajadores de la salud de acuerdo a lo establecido en la Ley 641 o Código Penal y en la Ley 260, Ley del poder judicial.