Para el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) la reforma aprobada ayer es una medida recaudatoria, que ignora la realidad económica del país, “pasando por alto la recesión económica que vive el país , la cual se evidencia en una contracción en la demanda, el aumento de los costos operativos de los negocios, la disminución de la capacidad contributiva de los contribuyentes, la incertidumbre de los consumidores y de los inversionistas, el deterioro de las finanzas públicas, el menor dinamismo de la actividad económica, la disminución de los depósitos del sistema bancario, la reducción del crédito y de las reservas internacionales, y el deterioro del nivel de vida de la población más vulnerable”, detalla.	El Cosep a través de un comunicado publicado en las redes sociales manifestó que la aprobación y puesta en marcha de esta  reforma fue muy distinta a la que se aprobó en el 2012, donde previamente se visualizó el impacto de la misma y además fue en consenso con todo el sector privado.	La puesta en marcha de esta reforma ocurre un mes después de que el régimen también puso en vigencia un severo ajuste de la Seguridad Social, que aumentó fuertemente la carga a las empresas, cuyo aporte pasó de 19 por ciento hasta 22.5 por ciento, entre otros cambios.  Esta tampoco fue consensuada.	El Cosep expresa que la reforma fiscal, “combinado con el incremento de las cotizaciones del INSS, generarían a las empresas un efecto confiscatorio, al gravar de forma exorbitante utilidades no producidas, sustrayéndoles una porción considerable de sus patrimonios, lo que las llevaría a descapitalizarlas gradualmente hasta llevarlas a la insolvencia y una eventual quiebra forzosa”.	“Estas medidas evidentes no consideran la realidad económica del país, ni la capacidad contributiva de las empresas, principios tributarios elementales que están consignado en la constitución política en los artículos 114 y 115 que prohíben los tributos con efectos confiscatorios, esto se contrapone con una economía contraída por una severa recesión, que aceleraría el cierre y la emigración de empresas con altos niveles de inversión, lo que haría inviable económicamente que el Estado obtenga mayor recaudación”, agrega el análisis de Cosep.