La causa inmediata de la actual controversia política que vive el país, expresada en el enfrentamiento del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo (Gobierno), ha sido provocada por la decisión de las fuerzas opositoras representadas en el parlamento de pretender quitarle facultades al Presidente de la República de crear Consejos, en este caso los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), decisión que viola al mismo tiempo la Constitución Política, ya que limita o pretende anular los derechos de participación del pueblo en los asuntos públicos --de gobierno--, y es igualmente una decisión confrontativa e incoherente, ya que mientras las fuerzas de derecha tuvieron en el gobierno crearon decenas de Consejos sin que nadie se lo impidiera.	La causa de fondo se explica por la profunda concepción conservadora, revanchista y antidemocrática que caracteriza a las fuerzas de derecha (a la que le hace coro el MRS) que pretenden obstaculizar la gestión gubernamental y detener las posibilidades de transformación social y de profundización democrática que se ha abierto en el país con la llegada al gobierno del FSLN y de sus aliados.	Las fuerzas de derecha y el poder mediático que las acompaña han pretendido enfocar la causa del enfrentamiento actual en la supuesta decisión dictatorial del gobierno, porque el Ejecutivo se ha defendido (en defensa de su independencia) de la decisión de las fuerzas de derecha, ya que ha reivindicado el apego a la Constitución Política del país, la separación e independencia como Poder del Estado y el derecho de reivindicar legítimamente los derechos de participación del pueblo. Por eso, ante la pretensión de anular la creación de Consejos, se recurrió a las instancias judiciales, que correctamente ampararon a los demandantes en su legítimo derecho de defender los derechos conculcados a la organización y participación ciudadana.	Incluso, para aquellos que consideran correcta la decisión de la Asamblea Nacional de limitar las facultades al Presidente de la República de crear Consejos y los que consideran desde el Gobierno que no es correcta, hay una instancia, un Poder del Estado, que según la Constitución dirime y resuelve sobre dichos conflictos, éste es el Poder Judicial, y por tanto hay que esperar su decisión para que quede zanjada la polémica y el enfrentamiento abierto en los Poderes de Estado.	En la llamada Democracia Occidental, que tiene como una de sus máximas la Independencia y la Separación de los Poderes del Estado, es lo más democrático y es co-sustancial a dicha democracia, los pesos y contrapesos del poder, los rejuegos políticos y la defensa de los espacios (atribuciones) de cada Poder del Estado. Incluso para los que defienden a pies puntilla la llamada institucionalidad democrática, la decisión del gobierno de defender el ámbito de sus atribuciones y propiciar la participación ciudadana directa en los asuntos públicos es una expresión clara de la defensa de dicha institucionalidad. Por tanto, quienes tienen las reales concepciones y prácticas dictatoriales en el país son las fuerzas de derecha quienes han respondido como energúmenos políticos ante la decisión de darle más poder al pueblo.	No hay nada más dictatorial que pretender anular la participación ciudadana y el poder ciudadano, porque se rompe la piedra de toque de esta democracia vigente, que considera desde hace más de dos siglos atrás que la ciudadanía es el eje central de la democracia. Claro está que los creadores y supuestos defensores de dicha democracia han sido y siguen siendo inconsecuentemente con dicha concepción, ya que al final crearon una democracia elitista y de privilegios que siguen defendiendo, que temen perder en estas circunstancias que se reivindica construir una real ciudadanía que sea a base del poder ciudadano, la cual debe conducir a la creación de una democracia cada vez más directa.	El cuento de la dictadura propalado por las fuerzas políticas de derecha y a la que le hace eco el poder mediático en el país, además de un concepto inventado, es realmente aplicable en estas circunstancias y en las circunstancias históricas de Nicaragua a las fuerzas de derecha, quienes ejercieron una dictadura bipartidista en el país desde 1821 hasta 1979, y desde 1990 instalaron la dictadura neoliberal que profundizó la pobreza y la desigualdad en Nicaragua y la hizo menos democrática en términos económico-sociales.	Aquí los que realmente han actuado y siguen actuando como dictadores –y parecieran estar demente- son los que de un plumazo pretender anular o limitar la participación ciudadana, que es lo que realmente han hecho las fuerzas de derecha en el parlamento al pretender anular la formación de los CPC. Se crean en su mente el fantasma de la dictadura cuando lo que realmente se pretende es hacer democracia, más democracia, verdadera democracia en Nicaragua.	Precisamente ante la pretensión de profundizar la democracia política y avanzar en la democracia económica-social que reivindica el gobierno del FSLN, es decir, ante la posibilidad real de vencer la dictadura neoliberal creadora de privilegios y desigualdades, reaccionan de manera furibunda los llamados sectores democráticos, que de democráticos ya ni el ropaje les queda.	En medio del rejuego político existente que se sustenta en la democracia representativa y en la misma Constitución Política vigente, la solución de la controversia planteada entre dos poderes del Estado hay que esperar que se haga por los cauces institucionales existentes, que en este caso es el Poder Judicial; por lo demás en la relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo hay que guiarse por lo establecido en el arto. 129 Constitucional, que reivindica la independencia de cada poder del Estado, la necesidad de coordinarse armónicamente y poner en primer plano los intereses supremos de la nación; en la relación Oposición-Gobierno debe privar el mayor sentido democrático y patriótico, que hasta el momento no es la filosofía ni la práctica opositora, más interesada en mostrar su “músculo” opositor en este año de elecciones municipales y hacer la mayor bulla posible pretendiendo esconder el techo de vidrio y la gran cola de la corrupción generada en los gobiernos neoliberales, ante los pasos concretos que han comenzado a dar las instituciones del Estado encargadas de investigarlos, aclararlos y sancionarlos.