Jarot Rodríguez cursaba el segundo año de la carrera de Optometría en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua). En abril de 2018, ante el estallido de las protestas ciudadanas, Rodríguez decidió atrincherarse en demanda de autonomía y la salida de Ortega. Cinco meses después estaba en San José, Costa Rica junto a su madre. “Digamos que me ficharon los de UNEN (Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, organización leal al régimen de Ortega) y de ahí me sacaron de la universidad. Me borraron todo. Entonces ya no podía hacer nada. Me expulsaron”, relata. Rodríguez es uno de los cientos estudiantes expulsados de universidades públicas como represalia por involucrarse en las protestas, según el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).“Tuvimos que irnos con una maleta… mi mamá, mi hermanito y yo”, recuerda Adonis Alemán, quien estudiaba en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), otro de los recintos bastiones de la protesta masiva contra el régimen.A Alejandra Pérez, de Rivas, fue su tío, simpatizante sandinista, quien la denunció ante la Policía, por apoyar los tranques de la zona, uno de cientos que la población levantó como resistencia pacífica para obligar a Ortega a negociar. A Saraí García, de 18 años, estudiante de la Universidad Nacional Agraria (UNA), fueron sus vecinos afines al Gobierno quienes la asediaron hasta que finalmente tomó la decisión de irse.Hoy todos son parte de la Alianza de Jóvenes Exiliados Nicaragüenses (AJEN) un grupo que realiza actividades humanitarias y activismo político.Estos jóvenes son parte del principal grupo identificado por la CIDH en su informe sobre la migración forzada de nicaragüenses a Costa Rica: estudiantes que participaron en las protestas durante la rebelión cívica que estalló en abril de 2018. En ese grupo también están defensores de derechos humanos y líderes de movimientos sociales y campesinos, ciudadanos que apoyaron las protestas con comida, medicinas y casas de seguridad, médicos, periodistas, exmilitares y expolicías que se negaron a participar en actos represivos ordenados por el Gobierno.El éxodo involuntario inició en abril de 2018 y tuvo su mayor pico en julio, cuando la Policía y paramilitares ejecutaron la sangrienta Operación Limpieza para eliminar las barricadas o tranques. Los recién llegados se suman a los más de 300 000 nicaragüenses que viven en Costa Rica, según el Censo Nacional de Costa Rica de 2011. Son nicas que han llegado en distintas oleadas, desde la década de 1950.La presencia de grupos de personas entre los 17 y los 24 años es significativa, son universitarios con alto grado de escolaridad, a diferencia de la migración económica que viene a Costa Rica con un menor grado de escolaridad, comenta Adilia Solís, presidenta de la Fundación Centro Derechos Sociales de las Personas Migrantes (Cenderos), también nicaragüense.A más de un año de su ingreso a Costa Rica, la falta de un estatus migratorio definido, que les provea de documentos de identidad válidos, sigue siendo el principal problema para los exiliados. Incluso, hay quienes no saben cómo hacer la petición formal ante las autoridades. “Hay mucha gente que no lo ha hecho, que tiene miedo y que no sabe cómo, sobre todo proveniente del sector campesino, que está también metido en zonas rurales, montañosas de acá, que no han presentado solicitudes. El permiso laboral que tampoco lo tienen”, explica Solís. En el extranjero la vida se complica sin esos documentos, pues es más difícil aplicar a trabajos para lograr ingresos económicos.Los trámites migratorios son engorrosos y lentos. “Me tocó ir a dormir a (las oficinas de) Migración para poder obtener la cita rápido. Un año completo nos tardamos para que nos pudieran atender con la cita de elegibilidad”, relata Alemán. En la Dirección de Migración y Extranjería se intenta resolver con prontitud, pero las solicitudes son muchas y se siguen acumulando. “El flujo se mantiene igual 2000, 2100, 2200 personas por mes que nos hacen la solicitud”, detalla Daguer Hernández, subdirector general de Migración y Extranjería de Costa Rica.Hasta ahora son menos de 400 las peticiones aprobadas y la autoridad migratoria estima que resolvería todas las solicitudes en el plazo de un año. “Son 383 aprobaciones y 1104 denegatorias, aproximadamente. Hemos tratado de aumentar la cantidad de aprobaciones, usando una estrategia, acomodando a las personas por perfil, las solicitudes por perfiles, para poder agilizar la resolución de aprobación”, detalla.Mientras tanto, la situación socioeconómica en que se encuentra la mayoría de los exiliados es crítica. “Hay extrema pobreza, hay precariedad, hay un deterioro importante en la salud. Hay personas, hay mujeres que han desarrollado cáncer. Hay personas que están muy mal desde el punto de vista de la salud mental, en salud emocional”, lamenta Solís.Muchos se las ingenian, venden comida o accesorios, otros reciben apoyo de su familia en Nicaragua. “Nosotros vendemos nacatamales los fines de semana y eso nos ha ayudado mucho”, cuenta Pérez. “Mi mamá, cuida dos niños, entonces son ingresos que nosotros utilizamos para poder pagar el alquiler o la alimentación”, comparte Alemán. García, por su parte, cuenta con el apoyo de su familia en Nicaragua y aprovecha la asistencia que ofrecen algunos organismos.Unas doce organizaciones no gubernamentales tienen programas de asistencia para los refugiados nicaragüenses, los cuales son financiados por entidades internacionales como ACNUR. Los nicas migrantes que salieron hace varios años y están mejor establecidos en el extranjero también han proveído una importante contribución. Sin embargo, el tiempo pasa y la ayuda se agota.“Desde las organizaciones ya no logramos conseguir recursos. ¿Cómo justificás, año y medio después, que todavía las personas requieren asistencia humanitaria? A medida que pasa el tiempo, la situación se pone cada vez más difícil. Mucha gente está regresando y ya vemos cuántos han sido vueltos a encarcelar por el régimen.El apoyo, además, no puede ser solo paliativo, explica Solís. “¿Qué hago yo con darle tres meses de alimentación a una persona si el cuarto mes tampoco lo va a tener? Y para la dignidad de las personas vos requerís invertir en estrategias que le den empleabilidad a la gente, que le den ingresos económicos a través de distintas formas. Es una situación muy difícil, muy compleja, dramática, que requiere el concurso de la comunidad internacional que actúe con mayor firmeza y que también le proporcione a Costa Rica los recursos que requiere para la asistencia humanitaria, sino también para generar mecanismos que le den sostenibilidad”, expone.Costa Rica lanza SOSEl presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, lo sabe. Por eso, el 17 de diciembre pasado lanzó un SOS a la comunidad internacional. “Necesitamos cooperación internacional para garantizar sostenibilidad financiera para mantener y expandir la cobertura de nuestros programas sociales a refugiados y migrantes que llegan a mi país”, expresó en su discurso durante el Foro Mundial de Refugiados en Ginebra, Suiza.Alvarado anunció que los solicitantes de refugio contarán con un seguro médico por un año, pero entiende que esto no es suficiente y, además, proyecta que el número de exiliados nicaragüenses crecerá en 2020. “Desde que la crisis política en Nicaragua no ha sido resuelta aún y, a menos que, y hasta que se haga de manera satisfactoria para todos los involucrados, existe un riesgo significativo de un desplazamiento continuo de nicaragüenses a nuestro país”, advirtió.A pesar de que el tiempo pasa, regresar a Nicaragua sigue siendo el anhelo de los exiliados. “El deseo está, de regresar, pero la seguridad para nosotros, en este momento, creo que no hay. Creo que mientras no tengamos la garantía o la seguridad de regresar, al menos yo no me arriesgaría, por mi familia”, manifiesta Alemán. Rodríguez exclama tajante que regresará “hasta que Ortega se vaya”.A pesar de la distancia, los nicas exiliados siguen conectados con la realidad de Nicaragua. “Su nivel de compromiso se sostiene invariable y, de esta realidad, desde esta condición de precariedad, desde ahí agarran fuerza para enfrentarlo y, como ellos dicen, es una resistencia	No están pasivos, hundidos, pidiendo que se les apoye. Están luchando por su dignidad y fortaleciéndose a través de grupos de apoyo, círculos de palabra, distintas formas para sostenerse y también mantener los vínculos con su familia y con sus organizaciones”, describe Solís.El exilio, lejos de paralizarles, les mantiene en constante actividad política y humanitaria. “Somos un grupo diverso, de diferentes sectores, diferentes organizaciones, de diferentes edades y estamos capacitándonos, también ayudando en lo poco que se pueda. Repartimos comida en el parque. Ahorita tenemos una actividad con niños, el 23 de diciembre, aproximadamente (para) 250 niños. Vamos a estar celebrando, aunque sea una fiestecita navideña”, cuenta emocionado Alemán. “Si tenemos un poco más de posibilidades, por qué no compartirlas con ellos”, agrega Pérez.Desde el sur, esperan con ansias que llegue el momento del retorno a su país, pero para que eso ocurra, esperan un cambio. “Para mí lo primordial —dice García— es salir de la dictadura y sobre todo ir cambiando mentalidades, tenemos que cambiar de una mentalidad bélica a una mentalidad y una cultura de paz”.