En 2007, Daniel Ortega volvió a la Presidencia de la Republica después de su derrota electoral de 1990, gracias a la división de las fuerzas antisandinistas y a las reformas constitucionales consensuadas con el ex presidente Arnoldo Alemán. Regresó con un gobierno de minoría. Este es un análisis de los principales hechos, procesos o tendencias observadas durante los primeros doce meses de su gestión.	Daniel Ortega cobran ahora gran relevancia. Por un lado, la juramentación de la jefe de la Policía, Aminta Granera y del Jefe del Ejército, Omar Halleslevens, momento en el que Ortega les recuerda el origen sandinista y revolucionario de ambas instituciones. Al principio fue visto como un arrebato de nostalgia, pero un año después, se observa un claro interés del mandatario en subordinar a ambos cuerpos a un nuevo proyecto político personal, que tiene como columna vertebral a los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.	El segundo hecho relevante de la toma de posesión, fue la celebración nocturna a plaza llena del presidente Ortega acompañado del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y del de Bolivia, Evo Morales, con la réplica de la espada de Bolívar alzada hacia el cielo, sellando así la integración del gobierno sandinista al proyecto geopolítico del Alba, en contrapeso a la erosionada hegemonía estadounidense en la región, con la infusión de petrodólares del caso.	La tercera pieza clave del nuevo escenario político abierto en el país es la Estrategia de Comunicación y Ciudadanía, formulada por la primera dama, Rosario Murillo, donde establece los lineamientos de un nuevo proyecto político que --en palabras de disidentes sandinistas-- suplanta al FSLN como organización política o se funde con dicho cuerpo para crear un nuevo partido político, cuyo vértice lo constituye la pareja presidencial.	Si en los años ochenta el triángulo de poder sandinista se cimentó sobre el Estado-Partido-Ejército, ahora el objetivo pareciera ser colocar en la misma órbita de poder a los CPC, los petrodólares y subordinar a este proyecto, en la medida de lo necesario y lo posible, a la Policía Nacional. ¿Subordinarán también al Ejército de Nicaragua?	Pero los CPC provocaron un terremoto político-institucional: abrió una crisis de Estado y un cisma a lo interno del FSLN, pues implica el desplazamiento de dirigentes de peso como Dionisio Marenco, quien en entrevista con END, reconoció que el presidente Ortega debe abrir el juego a la sucesión política en lo interno del FSLN y que los CPC se convertirán en una fuerza de polarización.	“El Frente Sandinista ya no existe”, advirtió en entrevista con END, Dora María Téllez, disidente sandinista, al explicar que el nuevo poder político de dicha organización se concentra en Daniel Ortega y su familia. “Este gobierno tiene un modelo de poder político que tiene en la cúspide a Daniel Ortega. En el círculo inmediato tiene a Rosario y sus hijos; claro, Rosario con mucho más poder que cualquiera de sus hijos, por razones obvias. Y en un tercer piso están otros. Es el modelo de poder de los caudillos. Los caudillos privilegian las lealtades familiares sobre las lealtades de partido. Si no mirá a Somoza García: los Somoza tenían el Partido Liberal Nacionalista, pero privilegiaban al círculo familiar, a tal punto que Papa Chepe, José Somoza, fue nombrado director general de la Guardia. ¿Qué son entonces los Consejos del Poder Ciudadano? El mecanismo para alinear la fuerza del partido, de las organizaciones de masas y a otros sandinistas”, dice la comandante guerrillera.	Uno de los invitados más felices a la toma de posesión del presidente Daniel Ortega fue el ex presidente Arnoldo Alemán, acompañado de su esposa María Fernanda Flores. Se les vio sonrientes y victoriosos. “Muerto el perro, se acabó la rabia”, dijo Alemán a los periodistas, en una alusión al fin del mandato del presidente Enrique Bolaños. “Ya mi cáncer encontró sanación”, dijo después en una entrevista con EL NUEVO DIARIO, “a otros apenas les sale el divieso”. Alemán parecía haber conseguido su objetivo: demostrar que en el PLC, después de él, el diluvio. Que sólo él al frente de dicho partido podía derrotar a Daniel Ortega.	Sin embargo, el optimismo de Alemán --gracias al régimen de convivencia familiar-- no duró hasta fin de año. Alemán no pudo garantizar los votos del PLC en la Asamblea Nacional a favor de los CPC ni a favor de las reformas constitucionales que favorecían la reelección presidencial a Ortega. Consecuencia: los magistrados sandinistas del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, dieron fin al régimen de convivencia personal y recluyeron a Alemán en El Chile, ratificando su condena de veinte años de prisión por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, delito electoral y lavado de dinero.	La consecuencia inmediata de la pérdida de control de Alemán sobre la bancada de 25 diputados del PLC es el resquebrajamiento del pacto político con el presidente Daniel Ortega. Si un socio ya no puede aportar su cuota de capital político pactada con su contraparte, cualquier sociedad se viene abajo. Y es lo que vimos este año: un terremoto en la sociedad entre Alemán y Ortega. La consecuencia: una crisis de Poderes del Estado, donde el presidente Ortega utilizó su cuota de poder institucional en el Poder Judicial, para bloquear la labor de un parlamento que le adversó. La crisis llegó a un callejón sin salida en la Corte Suprema de Justicia, donde hay ocho magistrados que apoyan a Alemán y ocho magistrados que apoyan a Ortega.	El presidente Ortega ganó la presidencia y obtuvo una bancada sandinista de 38 diputados, frente a 52 diputados no sandinistas divididos en tres bloques: 25 del PLC, 22 de la ALN (subdivididos entre conservadores y disidentes de ALN); tres del MRS y un grupo de diputados sin bancada, que votan según sus conveniencias en cada caso.	Ortega negoció a dos bandas según le conviniese. Con la ALN aprobó la prórroga a la Ley Marco, para que no entraran en vigor las reformas constitucionales que le obligan a consensuar con el parlamento los nombramientos de ministros y embajadores. Una vez entró en conflicto con el parlamento, Ortega jamás se volvió a pronunciar a favor del parlamentarismo. Los voceros de ALN han asegurado a END que la prórroga a la Ley Marco le dio un respiro táctico a su alianza política para poder negociar en mejor posición respecto al PLC a inicios de 2008, cargos relativos al Instituto de la Propiedad y la Superintendencia de Servicios Públicos, si tales instituciones comienzan a funcionar.	Un total de 52 diputados se unieron en contra de los CPC y varios discursos de Ortega en foros internacionales, pero muy pronto quedó en evidencia que la alianza es táctica y no estratégica y que entre ellos tienen más diferencias que puntos de encuentro, convirtiéndose en un verdadero en un arroz con mango.	Pareciera ser que las bancadas opositoras se unieron más por el impulso del propio Ortega que por haber construido una alianza de intereses propositivos con una estrategia de combate político. En ese caos en el que se ha convertido el parlamento, los únicos que parecieran tener estrategia son los renovadores sandinistas, verdaderos llaneros solitarios de la política criolla. Sin embargo, a lo largo del año, el Poder Legislativo se subordinó al Ejecutivo y le dejó la iniciativa política, como bien lo ha reconocido el analista Alejandro Serrano Caldera. “No vimos a la oposición poner la bola en juego”, dijo a END.	El acuerdo con el FMI se basa en el compromiso con la estabilidad macroeconómica, con determinadas metas inflacionarias y de reservas internacionales y con el compromiso de promover la inversión en la generación de energía y el castigo al fraude eléctrico en beneficio de Unión Fenosa, con penas de cárcel, como ya se contempla en el nuevo Código Penal y con la reciente iniciativa de Ley formulada por el Ejecutivo.	Una de las personas que mejor comprendió que la batalla de la opinión pública es clave, es Hugo Chávez, quien fracasó militarmente en su golpe de Estado de 1992 pero dio un golpe tremendo ante la opinión pública cuando dijo frente a las cámaras de televisión que se rendía, “por ahora”.	Chávez comparte la teoría de que los golpes de Estado modernos, como el que le dieron en 2002, tienen como escenario centrales el terreno de la comunicación de masas y ha sabido utilizar el despliegue mediático para polarizar su país, llamar la atención en el concierto internacional y promocionar sus ideas políticas. Ortega sigue el ejemplo de su ángel tutelar.	Finalmente, Ortega entró a disputar el espacio público de las organizaciones civiles vaciando a la Coordinadora Civil –la UNAG y el Movimiento Comunal dejaron la Coordinadora- amedrentando al movimiento comunal con arrebatarle sus propiedades y deslegitimando al Movimiento Por Nicaragua, por estar financiado –según Ortega- por Estados Unidos y ser “peleles del imperio”.	Montealegre ha confirmado una citatoria de la Procuraduría para enero de este año, lo que se vislumbra como un proceso anunciado con el ánimo de sentarlo contra la pared en la mesa de negociación legislativa para discutir varios asuntos claves: prórroga o no de la ley marco, aprobación del presupuesto 2008, selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otros temas. A Alemán ahora le han cerrado la gasa del proceso judicial en Panamá. ¿Con cuál de los dos se arreglará Ortega? ¿O tendrá que negociar directamente en el parlamento?	Mientras el sistema político era estremecido en un año convulso, la carestía de la vida se volvía más insoportable; un huracán azotó a miles de nicaragüenses del Caribe Norte, se disparó la inflación y aumentó la emigración de nicaragüenses al exterior, en una virtual válvula de escape para las tensiones sociales, que desemboca en una infusión de 800 millones de dólares al año a la economía nacional.	Igualmente, la economía nacional continuó a la merced del aumento de los precios del petróleo, de la recesión económica de Estados Unidos y de la crisis de los mercados hipotecarios que podrían afectar la capacidad de obtener empleos y pagar sus casas a los obreros nicaragüenses en ese país. Paralelo a ello se ha deteriorado en Nicaragua el clima de inversiones, la seguridad jurídica de la propiedad –cuyo caso más emblemático es el de Tola- y la confianza en el Poder Judicial, cuyo presidente, Manuel Martínez, confesó que se trata de un poder partidista y utilizado como ariete político.