El viernes diez de agosto de 2018, el suboficial Julio César Espinoza, de 30 años, de la sección de antidisturbios de la Policía de Nicaragua, fue detenido en su casa con su madre, Josefa Gallegos. Los pusieron en celdas vecinas después que los llevaron a la estación policial en Jinotepe al sur del país.	Mildred Quintero, esposa del ex policía, se acuerda de la casa revuelta, la calle llena de vecinos y curiosos, mientras hombres de civil le impidieron entrar en su vivienda en el barrio Mauricio Duarte, en las Esquinas, Carazo, a diez kilómetros de la estación policial de Jinotepe. En medio de la tensión, a ella se le quedó en la memoria que uno de sus hijos, un niño de once, intentó darle agua a su padre, pero lo hizo con esfuerzo –manos temblorosas– al ver inmóvil al oficial.	Junto al exagente fueron capturados su cuñado Raymundo Gutiérrez López, su padrastro Alejandro Bermúdez (excarcelado el 15 de marzo pasado) y uno de sus vecinos más cercanos, a quien identifican como Wilmer Antonio Baltodano Salinas. Fue un día para no olvidar entre aquellos vecinos, repartidos entre comerciantes y tantos otros oficios. Del barrio, vieron salir a los detenidos, pero sus excompañeros de la Policía se encargaron de dar una vuelta con Espinoza por los alrededores. Querían que el resto lo viera.	Cinco días después, ella se iría a casa, pero no acabaría su intranquilidad ante el destino del hijo, otra forma de cárcel para las madres de presos políticos. El hombre iniciaría una ruta que lo llevaría al presidio, acusado de terrorismo, como los miles de manifestantes que se levantaron contra la dictadura para reclamar un cambio de gobierno tras la represión que dejó al menos 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de 802 reos acusados de terrorismo por su participación en las protestas.	El 12 de junio de 2018, la represión cayó como una plaga en el barrio Mauricio Duarte, el vecindario de Espinoza. Paramilitares y policías entraron a la comunidad para quitar los tranques levantados por la población a unas cuadras, junto a una pequeña delegación cercana, en la intersección desde donde se puede ir a Managua, buscar el sur o dirigirse hacia San Marcos.	“Hubo un muerto en esos días. Todo mundo fue en el día (a verlo). El entierro fue a las dos de la tarde, hicieron ráfagas de tiro para que la gente no fuera”, según el testimonio. El sepelio solitario, así como relatos de gritos lastimeros de torturados en el cuartel de las Esquinas, se conocen en el sitio. Lo peor estaba por venir para los habitantes de esta comunidad.	El ocho de julio los paramilitares y el gobierno entraron a sangre y fuego a Carazo para quitar los tranques. Se contaron al menos 24 muertos. El expolicía Julio César Espinoza dice que no podía salir de su casa, porque se encontraba recuperándose del golpe que le dieron con una piedra en la cabeza en abril, cuando, siguiendo órdenes, fue a reprimir los primeros brotes de manifestaciones en Masaya.	La jefa de esa organización era Cristhian Yanina Méndez Salamanca, una mujer a la que señalan incluso por organizar los relevos de la gente que se mantuvo en los tranques. De Espinoza, dicen, estuvo de manera activa en las barricadas y usaba emblemas de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) —a la que perteneció— y un pasamontaña propiedad de la institución.	. Entonces, él le dijo a su abogado Julio Montenegro, impactado por el resultado del fallo, “fui condenado por amor a mi patria”. El jurista lloró. En realidad, su suerte estaba echada desde cuatro días antes de su captura cuando fue hasta Plaza El Sol, la oficina central de la institución policial, para entregar su uniforme y su placa.	Después de sacarlo de la cárcel de Jinotepe, lo mandaron al Chipote, en Managua, la prisión en que las autoridades han llevado a los manifestantes para ser investigados y que en el pasado era usado para indagar sobre las actuaciones de sospechosos de gran peligrosidad como involucrados en casos de narcotráfico.	“Este caso es único, porque es un policía el que fue juzgado por un delito de terrorismo y en las circunstancias que se habla del caso de él, porque se dice que estaba atrincherado y con su traje de antimotín en una de las trincheras. A él le cultivan pruebas en su casa a la hora de realizar el allanamiento”,	El infierno del ex policía empezó en las celdas de la Modelo en el Sistema Penitenciario, al norte de Managua. Ahí fue testigo y víctima de agresiones; una experiencia tapizada de recuerdos como verse tirado en el suelo “como perro” u obligado a revisar la comida por la existencia de cucarachas. En medio de las malas condiciones, los reos llamaban con humor la “Chupeta” al plato que le daban los custodios, en el que les solían poner el maduro cocido con cáscara.	Espinoza dice que, en medio de aquel escenario adverso, se manifestaba la solidaridad entre reos en un mundo marcado por el autoritarismo de los custodias. El desayuno se los daban a las cuatro de la mañana, el almuerzo entre las ocho y nueve de la mañana, y la cena entre la una y dos de la tarde.	Horas más tarde el hambre llegaba inclemente. Se daban entonces las “batidas” como llaman al ejercicio de hacer un pinolillo o un vaso de avena, del mismo que le llevaron sus familiares. La solidaridad, la identificación con la lucha de los manifestantes, era como un seña de identidad colectiva entre los detenidos. Lo otro era el trato cruel del que eran víctimas.	“Cuando llego a la Modelo, yo pido que me dieran mi medicamento. Y ellos me dicen por qué no lo pediste en los tranques. Me dejaron sin comida, ¿qué pasó con mi comida?—pregunté–. Ellos me respondían: te lo daré cuando quiera. O en la noche, me acuerdo, que le decía tengo dolor de cabeza y ellos me decían que me echara agua en la cabeza. Y no había agua en el penal, porque habían cortado el agua”, relató.	“Por lo menos eran 400 funcionarios, 50 de la técnica canina. Estábamos sacando cosas y comenzamos a cantar el himno. Les molestó. Se perdió el control ahí y ellos golpearon bruscamente. Yo no salí golpeado, pero sí compañeros que salieron con rajados de cabeza, moretones”, afirma el ex antimotín sobre el que día en que los agredieron físicamente.	Durante una visita posterior, los familiares de Espinoza habrían llorado cuando vieron a Iván Irías, uno de los compañeros de celda del ex antimotín. Tenía la cabeza rajada. “Tiraron gases lacrimógenos y gas pimienta, lo resistí hasta donde más pude. Comencé a convulsionar, dos veces pasó. La verdad es que cuando estuve despierto, estaba en la galería de donde nos habían sacado”, sostiene.	Espinoza cuenta su historia, días después que fue excarcelado el pasado dos de marzo. 13 días después hicieron lo mismo con su padrastro como parte de la excarcelación que ha promovido el ejecutivo, justo cuando ha reanudado las conversaciones con la oposición, en las que recientemente Ortega prometió soltar a todos los presos políticos en un plazo máximo de 90 días.	Si el ex policía tuviese enfrente al Jefe de la Policía y al Presidente, para darle sus puntos de vista sobre lo ocurrido desde abril de 2018, dice que le daría un abrazo. “Les diría que se pongan la mano en la conciencia”, afirma. Espinoza cuenta que siente aún como si estuviese detenido. La razón es sencilla: aunque sea marzo de 2019, en su vida —quizás es un sentimiento compartido de miles— nunca ha dejado de ser abril del año pasado, cuando el régimen inició la represión contra los manifestantes.	consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El cuatro de febrero de 2019, en declaraciones a un medio de comunicación noruego, el director de la institución aseguró que los paramilitares eran en realidad oficiales encubiertos y justificó la represión ejercida contra la población que salió a protestar contra el gobierno, una posición que compartió con el comisionado general Jaime Vanegas, el inspector general que debería más bien investigar los abusos denunciados .