No obstante, el informe confirma los hechos ocurridos durante la crisis sociopolítica, la represión gubernamental, irregularidades en cuanto a los procesos judiciales, censura a medios de comunicación, incumplimientos a las leyes, etc. En el documento menciona que “las autoridades competentes no adoptaron medidas para prevenir, investigar, procesar ni sancionar dichos actos”.	, en el caso de “un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia que dimitió en enero de 2019, declaró que los cargos contra las personas involucradas en las protestas de 2018 obedecían a motivaciones políticas, y que los jueces, por miedo a ser despedidos, dictaron sentencias ajustadas a la versión del Gobierno del fallido golpe de Estado”.