Este martes 18 de junio termina el plazo de 90 días para que la dictadura ponga en libertad a todos los presos políticos, de los cuales más de 80 están todavía encerrados en las cárceles. El plazo fue fijado en los acuerdos de los representantes de Daniel Ortega con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, suscritos en el mes de marzo pasado ante los testigos y mediadores, el nuncio Waldemar Sommertag y el representante de la OEA, Luis Ángel Rosadilla.	El régimen orteguista también se comprometió en esos acuerdos a respetar los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, a devolver los medios de comunicación confiscados y la materia prima de los periódicos impresos que está secuestrada en las bodegas de Aduana; así como facilitar el retorno seguro de los exiliados.	Pero Ortega solo ha cumplido parcialmente uno de los compromisos, el de liberar a los presos políticos, que sin embargo son acosados en sus domicilios y en las calles por la Policía y las bandas orteguistas, sobre todo a Irlanda Jerez, a quien con más odio y saña agrede la dictadura.	En primer lugar, el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos (EE. UU.) presentará en los próximos días un informe sobre la situación de los derechos humanos y las libertades democráticas en Nicaragua, así como la disposición o falta de voluntad de Ortega para hacer un acuerdo con la oposición que permita retornar a la democracia. Si Ortega no está cumpliendo esos requerimientos, le serán aplicadas las sanciones previstas en la Ley Nica Act.	También en los días que vienen la Unión Europea decidirá sobre las sanciones a la dictadura orteguista que ha pedido el Parlamento Europeo. Y del 26 al 28 de junio, la Asamblea General de la OEA se reunirá en Colombia, donde examinará la situación de Nicaragua y podría acelerar el proceso para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al régimen dictatorial nicaragüense.	Ortega ha mostrado una actitud ambivalente ante la amenaza de las sanciones internacionales. Por una parte ha aparentado preocupación por ellas y hasta hizo aprobar una cuestionada ley de amnistía para poner en libertad (aunque sin dejar de acosarlos) a la mayoría de los presos políticos. Y ha presionado a la Alianza Cívica para que apele ante la comunidad internacional a fin de que no le sean aplicadas las sanciones.	Pero al mismo tiempo Ortega demuestra o aparenta que no le importan las sanciones. Solo así se puede interpretar el empecinamiento en no liberar a todos los presos políticos, el acoso a los que han sido liberados de las cárceles, las agresiones policiales y de turbas a las catedrales de León y Managua, y la manifiesta falta de voluntad para alcanzar un acuerdo con la oposición con el objetivo de iniciar el proceso de transición a la democracia. La comunidad internacional valorará esos hechos en estos días y resolverá lo que estime más conveniente para ayudar a la democratización de Nicaragua.