La organización enumera acciones que van desde un permanente discurso presidencial ofensivo y amenazante; condenas manipuladas de tribunales de justicia subordinados a instrucciones partidarias; amenazas de muerte a periodistas como Róger Olivas, en Chinandega; exclusión y marginación de coberturas de prensa en el caso del periodista Melvin Martínez en el Ministerio de Salud, y secretismo y ocultamiento de información de parte de las oficinas gubernamentales y estatales.	La Unión de Periodistas de Nicaragua denuncia que “miembros de otros grupos de poder también atentan contra la libertad de expresión, cuando utilizan su influencia para impedir que la población conozca noticias que comprometen su proceder, como el caso de empresas que contaminan el medio ambiente o de familias adineradas que pretenden abusar de derechos de los pobres”.	Ante esta situación, la UPN llama a enfrentar con más fuerza las graves amenazas que se ciernen contra las libertades públicas, y llama a las demás organizaciones gremiales de periodistas de Nicaragua, “a actuar con autonomía, sin subordinaciones partidarias ni de ningún tipo, y a crear una alianza o una red que les permita actuar conjuntamente a favor de la democracia para todos los nicaragüenses”.