Bajo una carpa, han formado una cantina que se nutre de las donaciones de los lugareños y que almacena cajas de alimentos y un hornillo en el que dos mujeres asan salchichas. En la carpa también hay bolsas con ropa, juguetes, sofás y unos cuantos colchones en los que se ve a varios hombres durmiendo la siesta.	"Hay peruanos, bolivianos, dominicanos, cubanos, gente que tiene el asilo político, otros, sin papeles", señala Yamile Millán. Esta colombiana llegó a Francia hace año y medio, sin documentos, y "limpia casas", por la que le pagan "en negro" (no está declarada a la Seguridad Social), como tantos otros que trabajan en el sector de la construcción.	"Estamos luchando por algo que en nuestros países [...] no tendría ningún resultado, pero aquí sí", afirma Mauricio Gómez, un colombiano, "pastor" de la comunidad. "Sabemos que somos inmigrantes y por la historia, muchas culturas no se han portado muy bien. Tal vez el alcalde no nos conoce, no sabe qué clase de personas somos, pero queremos que nos conozca", asegura.	Para el gabinete municipal, la asociación francesa Droit Au Logement (DAL, "Derecho a la vivienda"), "instaló ilegalmente a personas en ese edificio municipal cuyo destino conocía todo el mundo". Allí está prevista la construcción de una escuela, para 2022. "Si bien se tienen que hallar soluciones para esas personas, le corresponde exclusivamente al Estado proporcionarlas", agrega la ciudad, situada en uno de los departamentos más pobres de Francia.	Por su parte, al ser contactadas por la AFP, las autoridades regionales explican que "se propuso alojamiento en hoteles a 29 familias con niños, a la espera de una solución más definitiva. Para el resto, competiría el sistema del 115 habitual", el número de emergencias sociales en Francia, casi siempre saturado.