Prácticamente todos los días hay noticias de ese asedio. Las últimas, o mejor dicho las más recientes, hablan del encarcelamiento por doce horas del sacerdote de El Jícaro, Nueva Segovia, Ramón Alcides Peña; y de que el templo de San Miguel, en Masaya, está sin servicio eléctrico desde hace casi un mes, sin justificación de ninguna clase, solo para castigar al padre Edwin Román por ser protector de los perseguidos por la dictadura.	Algunas personas se preguntan cuándo podría terminar el conflicto entre la Iglesia católica y el Gobierno. Pero no se trata de un conflicto de la sagrada institución religiosa con el régimen profano, sino de una agresión de la dictadura contra la Iglesia católica que incluye autoridades episcopales, sacerdotes, diáconos, religiosas y pueblo creyente en general.	No es posible saber cuándo la Iglesia dejará de ser perseguida y reprimida por la dictadura de Ortega y Murillo, porque al parecer su odio y afán persecutorio es ilimitado. Sin embargo, y esto hay que decirlo con franqueza y orgullo, la persecución no cesa porque la Iglesia católica no se somete ni se vende a la dictadura.	Durante la revolución sandinista, en la década de los ochenta, cuando el mismo Ortega fue coordinador de la Junta de Gobierno sandinista y después presidente de Nicaragua, la Iglesia fue víctima de una feroz persecución y represión. Y en aquel tiempo igual que ahora, la intolerancia y el odio del poder revolucionario a la Iglesia no era tanto por ideología, o sea porque Ortega y los demás comandantes sandinistas eran marxistas-leninistas, sino porque la Iglesia no se sometió al poder absoluto de la dictadura revolucionaria.	La represión contra la Iglesia católica en la década de la revolución sandinista adquirió las formas más diversas, desde la grosería grotesca de desnudar y exhibir públicamente a un cura, hasta profanar los templos, vapulear a religiosos y laicos, expulsar del país a sacerdotes y montar por la fuerza a un obispo en un helicóptero de guerra, y amenazarlo con arrojarlo al vacío sobre una zona selvática.	La hostilidad contra la Iglesia católica continuó inclusive después de que el gobierno de Daniel Ortega, obligado por la guerra y la presión interna e internacional, se comprometió a celebrar un diálogo nacional, a restablecer los derechos y libertades y celebrar elecciones limpias y pluralistas bajo una amplia y estricta observación internacional.