En las veinticuatro horas que Kuczynski lleva bajo arresto en la prefectura policial de Lima, las únicas reacciones surgidas desde el Gobierno llegaron de parte de su primer ministro, Salvador Del Solar, y del ministro de Vivienda, Carlos Bruce, quienes también estuvieron en el Ejecutivo durante el mandato del exgobernante.Del Solar pidió en redes sociales que se respete "la autonomía de poderes y el debido proceso". "Es indispensable conocer los fundamentos de una medida de esta proporción contra Kuczynski, quien ha venido cumpliendo con todos los requerimientos de la Justicia", recordó.	Bruce recordó que Kuczynski cumplió hasta ahora con todos los requerimientos y restricciones que le habían impuesto durante la investigación desde que hace poco más de un año dimitió de la Presidencia para evitar ser destituido por el Congreso por este caso y una presunta compra de votos de parlamentarios de la oposición fujimorista.	A Kuczynski, de 80 años, le tocó dormir desde el miércoles en la prefectura policial de Lima, donde deberá permanecer en principio diez días, el plazo máximo que la legislación peruana permite para la detención de una persona, un período excepcional que solo se utiliza en las investigaciones complejas como la del caso Odebrecht.	A esas dependencias policiales también llegó en la noche del miércoles la secretaria de Kuczynski, Gloria Kisic, para quien el juez José Luis Chávez, del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, autorizó igualmente su detención y la del chófer José Luis Bernaola.El abogado de Kuczynski, César Nakazaki, apeló este jueves la orden de detención contra su defendido con la esperanza de que sea anulada y pueda recuperar la libertad.	A su salida de los juzgados, Nakazaki reiteró su opinión de que la detención a Kuczynski es ilegal porque por su avanzada edad no puede ingresar en prisión preventiva."Un ser humano procesado mayor de 65 años no puede tener prisión preventiva, sino arresto domiciliario o, alternativamente, vigilancia electrónica. Si una persona procesada no puede ir a la cárcel, menos un investigado que no está procesado", se cuestionó Nakazaki.	La investigación se centra en averiguar si los 782.000 dólares que Odebrecht pagó entre 2004 y 2007 a Westfield Capital, la consultora de Kuczynski en Estados Unidos, fueron a cambio de una contraprestación ilícita.Por el caso Odebrecht están imputados los últimos cuatro expresidentes peruanos: Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).