Finalizando 2007, el Presidente Ortega hizo pública la decisión de nombrar 2008 como Año del Poder Ciudadano, llegando incluso a denominar su Administración como el Gobierno de la Jamahiriya, neologismo árabe acuñado por Gaddafi hace tres décadas para designar al sistema político libio comúnmente traducido como Estado de Masas. Al nombrar de esta manera al segundo año de su nuevo mandato presidencial, es claro que el Ejecutivo prioriza el tema del Poder Ciudadano y su método propuesto para instituirlo, los Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Haciendo una analogía histórica, 1980 fue establecido como Año de la Alfabetización, por tanto, Fernando Cardenal (Coordinador de la Cruzada Nacional de Alfabetización) ha reconocido que “como era el Año de la Alfabetización, ésa era la prioridad nacional”. Así se explica la fuerte campaña con que el Gobierno terminó diciembre y ha iniciado el nuevo año.	Toda política pública o acción gubernamental que fortalezca los derechos y garantías de los nicaragüenses es digna de aplaudirse (Lincoln inmortalizaría en Gettysburg, 1863, aquella máxima de la cultura pop: gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo); por eso es atrevido suponer que un nicaragüense cuestione o rechace un sistema democrático, máxime en Nicaragua, donde ha costado sudor y sangre después de interminables pugnas políticas, guerras, desastres naturales y una feroz dictadura de casi 50 años. Pero con todo, siempre se ha dicho que los gobernantes y políticos deben ser cuidadosos de no hacer un mal procurando un bien. Los conceptos de libertad, ciudadanía y justicia social han variado y leído tristemente con impresión a través de nuestra historia, limitándose o extralimitándose. Hasta finales del siglo antepasado se consideraba ciudadano sólo a quien tuviese una propiedad que “no baje de cien pesos” y, hasta 1955, las mujeres no tenían participación ciudadana plena, pues no podían votar. En ambos casos, la interpretación política era limitada, pues la Constitución estipulaba que “el pueblo es la fuente de todo poder político”. Por el contrario, durante la dictadura somocista la interpretación era extralimitada, y se encarcelaba y sometía a violencia física y sicológica a opositores, a pesar de que el Texto Supremo prohibía “todo acto de crueldad o tortura contra procesados y penados”.	Lo anterior merece recordarse cuando se pone en marcha una estrategia política que gravita alrededor del establecimiento definitivo de los CPC. Cabe la pregunta: ¿se está interpretando correctamente el valor crucial de democracia, soberanía y poder popular? Los CPC no es un tema que todavía goce de consenso nacional, a mi parecer no tanto por su función en sí (población organizada), pero por la forma en que se ha propuesto (el Cenidh señaló que toda participación ciudadana debe partir de las bases, de los gobernados, y no al contrario). Peor aún, paradójicamente los CPC fueron puestos en una escala jerárquica superior a la institucionalidad del país, a la representación política de la Asamblea y a las técnicas de la Ley de Participación Ciudadana (2003) que apenas comenzábamos a adueñarnos.	Con la polémica de los CPC aún no superada, en este 2008 confluyen tres factores desestabilizadores: 1) un sistema de balance de poder frágil entre los cuatro Poderes del Estado, empeorado por promesas y amenazas de amnistías, “atornillamientos” y declaratorias de incapacidad; 2) elecciones municipales en noviembre, determinantes al celebrarse a mitad del período presidencial y que lejos de apaciguar el ambiente, podría polarizarlo más; y, 3) una economía debilitada que para no colapsar en 2007 dependió en gran medida de la buena voluntad de pueblos hermanos, como el venezolano. Estos tres factores podrían avivar una confrontación que hasta ahora ha sido eminentemente política, pero que con facilidad se extendería a lo social y económico. Dado lo anterior, urge retomar la gobernabilidad y conservar la estabilidad política, social y económica, y que todos nuestros políticos (Gobierno y oposición) reflexionen y moderen la intensidad de sus discursos y acciones: en palabras de Gandhi, sólo la paz es el camino. Siempre ha sido curioso que el filósofo Voltaire señalara que “la democracia sólo parece adecuada para un país muy pequeño”, justo como el nuestro, pero a los nicaragüenses nos falta aprender que la democracia más que un derecho es una responsabilidad sagrada, antagónica al silencio, mentira o perfidia y hermana de la claridad de exponer los problemas y encontrarles los medios sinceros para resolverlos.	Mientras la Coordinadora Nacional de los CPC, Rosario Murillo, declara que Nicaragua vive una segunda etapa de la Revolución Sandinista, merece la pena rescatar a G.K. Chesterton, quien no en vano señaló proféticamente que “no se puede hacer una revolución para tener la democracia, se debe tener la democracia para hacer una revolución”. En la campaña electoral de 2006, Daniel Ortega pidió una oportunidad para gobernar en paz. Con un año de haber asumido esta Administración de Reconciliación y Unidad Nacional, los esfuerzos y resultados de una verdadera reconciliación no son visibles, menos sin la profunda revisión y autocrítica que ha faltado a la mayoría de los actores políticos (incluyendo amplios sectores de la población). Entonces, ¿por qué mejor no declarar este 2008 como Año de la Reconciliación y luchar no todos contra todos, sino unidos contra la pobreza? ¿No es la verdadera reconciliación el paso anterior obligatorio a cualquier intento de empoderamiento popular? A fin de cuentas, ¿qué tan cierto y productivo puede ser un Año de Poder Ciudadano si no hay estabilidad, ni reconciliación, ni unión, ni democracia?