El próximo 20 de marzo se cumple el plazo de noventa días para que el secretario del Departamento de Estado presente ante el Congreso de Estados Unidos el informe sobre la situación de Nicaragua, como parte del mandato de la ley de sanciones dirigidas a la dictadura de Daniel Ortega, mejor conocida como Nica Act.	Este informe también debe integrar la estrategia a seguir con la participación de la sociedad civil, para contribuir a una salida a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde el 18 de abril pasado, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que demandan la salida del poder de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.	La Nica Act ordena al presidente de Estados Unidos que instruya a su director ejecutivo en cada institución financiera internacional, para que use la influencia de Estados Unidos, con el objetivo de oponerse a cualquier préstamo que beneficie al Gobierno de Nicaragua, excepto proyectos de necesidades humanas básicas o para promover la democracia en la nación centroamericana.	La ley también incluye sanciones individuales contra funcionarios de la dictadura involucrados en graves violaciones a los derechos humanos y en actos de corrupción. La sección ocho de la Ley Nica establece que a más tardar en un término de noventa días, después de promulgada la ley, firmada por el presidente Donald Trump el 20 de diciembre de 2018, el secretario de Estado informará a los comités del Congreso correspondientes sobre una estrategia que involucre a líderes de la sociedad civil en Nicaragua, incluidos los medios de comunicación independientes, a representantes de organismos de derechos humanos, y organizaciones anticorrupción. El objetivo es fortalecer el estado de derecho y determinar la responsabilidad de los implicados en los abusos de los derechos humanos y la corrupción en Nicaragua.