En agosto del 2018 el presidente de EE. UU., Donald Trump, impuso sanciones a Irán que incluyen bloqueos a las transacciones financieras y a las importaciones de materias primas, así como medidas para impedir las compras en el sector automotor y en la aviación comercial. También las medidas afectan al sector petrolero, gasístico y al Banco Central de Teherán.	A pesar del riesgo que supone, el canciller Javad Zarif acompañó al dictador Daniel Ortega en el acto del cuarenta aniversario de la revolución el pasado 19 de julio en Managua, donde se concretó el acuerdo de protección de inversiones entre ambos regímenes. Posteriormente el ministro de Hacienda orteguista, Iván Acosta, firmó el acuerdo de relaciones comerciales, asistencia e intercambio de bienes en Teherán.	Arana, presidente de Amcham, dijo a LA PRENSA que en el sector privado no se le da credibilidad a la versión de la dictadura de que el acuerdo hará llegar mayor inversión iraní, sino que todo es un mensaje de alianzas políticas entre dos regímenes señalados por la comunidad internacional como violadores de los derechos humanos de sus ciudadanos.	“Los bancos nacionales no se arriesgarán a ser sancionados. Son las incongruencias de las que hablamos. Ese acuerdo busca como vender la imagen de que hay países aliados con Nicaragua que están dispuestos a invertir, pero con esos señores tenemos desde hace diez años un acuerdo similar y no han invertido nada”, señaló Arana.	Este 12 de septiembre en las comisiones de Asuntos y Exteriores y la de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea fue dictaminado favorablemente, por la mayoría de los diputados orteguistas, el “Decreto de Aprobación del Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones entre el Gobierno de la República de Nicaragua y el Gobierno de la República Islámica de Irán”.