Anpugra ha demandado a los magistrados de la CSJ que tramiten e investiguen las 17 quejas ante el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial. “Se juega con patrimonio de ciudadanos, a veces con el único bien que les ha costado toda la vida, todo por proteger a Róger Pérez Vega”, denuncian	“La peor dictadura es la del gobierno de los jueces, bajo su mandato se cometen los peores crímenes amparados con falsa aplicación de la ley; se condena a inocentes; se absuelve a culpables, se otorga derechos al que no los tiene, y se priva de derechos a sus verdaderos titulares, convirtiéndose más tarde en terrorismo judicial, es a lo que hemos entrado en Nicaragua y es necesario detener”.	Lo anterior es parte del libro “El proceso de Cristo”, escrito por el magistrado constitucionalista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Iván Escobar Fornos, y que directivos de la Asociación de Abogados y Notarios Públicos del departamento de Granada (Anpugra), retoman para describir la situación imperante en el Juzgado de Distrito Civil de Granada.	Zambrana Sanders, en representación de sus colegas, refirió que tienen copias de 17 quejas que comenzaron tres años atrás, poco tiempo después de que Pérez asumiera como juez, pero hasta hoy no han tenido respuesta, pese a sostener reuniones con el magistrado Edgard Navas, que atiende la región, y con el Presidente de la CSJ, Manuel Martínez.	El juicio y los recursos establecidos son una cosa, pero la tramitación de las quejas y la investigación de irregularidades son otra cosa, explica, tras afirmar que aunque se haga uso de la vía correspondiente, en algunos casos hay cosa juzgada y queda muy poco por hacer para recuperar lo perdido por irregularidades en los procesos.	Ejemplificaron que en un caso, un ex marido demandó a la mujer y a los hijos por una propiedad, y el guardador ad litem nombrado por el juez, estaba en el juzgado esperando que lo notificaran para el cargo, en un proceso simulado relámpago, lleno de arbitrariedades, donde hay en juego 109 mil dólares.	Entre las quejas presentadas ante la CSJ, figuran la de Filadelfo Pilarte, a quien Pérez mandó a prisión junto a su esposa de 66 años y a dos hijos, por defender una propiedad que compraron desde hace muchos años y que alguien pretende arrebatárselas. En la queja refiere que el día que le notificaron la sentencia, él y su esposa fueron hospitalizados porque están enfermos.	Otra queja es de Luis Felipe Jiménez, a quien el juez Pérez ordenó que lo desalojaran de donde habitaba, con base en las leyes de la propiedad, pese a que la Asamblea Nacional aprobó la Ley 512, que mandó a suspender los desalojos y juicios en casos de conflictos de propiedad referidos a la Ley 278.	Para Miranda, la solución no es crear otro juzgado, como han dicho algunos magistrados, porque eso es intentar acreditar la idea de que el juez es bueno, pero está abarrotado de trabajo, y no es así, porque todos los otros podrán ser buenos, pero éste no cambia, es un molde que no cambiará.	Según Navas, los litigantes quieren utilizar el área disciplinaria para litigar en vez de utilizar los procedimientos establecidos en la ley. Sin embargo, la magistrada Alba Luz Ramos, miembro del Consejo, explicó que hay casos donde es necesario que la CSJ investigue, y no se trata de litigar a través de las quejas.	De acuerdo con Navas, al defender la actuación del juez Pérez no trata de apañar ninguna sinvergüenzada. “Creo que conversando con él se formará un criterio diferente del juez”, dijo, tras opinar que la solución es la creación de un segundo juzgado, cosa que rechazan los litigantes y el magistrado Miranda.	Explicó que en el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, los magistrados Navas y Marvin Aguilar se encargan de revisar primero las quejas, y ver a cuáles se les debe abrir investigación o cuáles cerrar, y en algunos casos las han regresado por considerar que deben ser investigadas y no cerradas.	Al revisar esos autos de inadmisibilidad, los he regresado con una nota diciendo que se debe abrir el informativo, porque hay suficientes elementos. Muchas veces es cierto que está ligado a asuntos jurisdiccionales, pero también hay indicios de irregularidades que se deben investigar, para determinar si el juez ha actuado contra la ley o más allá de lo que la ley le establece.