“Costa Rica está obligada a cumplir los convenios ambientales en la Cuenca de Río San Juan”, fue la reacción del director ejecutivo de Fundación del Río, ante la solicitud hecha por Nicaragua de suspender la concesión minera otorgada a la empresa minera Industrias Infinito S. A., en el sector de Crucitas, en Cutris, San Carlos, a escasos tres kilómetros del río San Juan.	Para el titular de la organización ambientalista, que ha mantenido su firme protesta contra la explotación minera, “los argumentos que Costa Rica está aduciendo como acto soberano para que Industrias Infinito S.A. extraiga oro en Las Crucitas, en la cuenca del río San Juan, pretenden desconocer los documentos y Convenciones Internacionales suscritos por el vecino país”	Señaló que tanto en la Convención de Biodiversidad como en la de cambios climáticos, está establecido el principio precautorio, donde se indica que las actividades económicas de un país no deben afectar al otro. También cumplir con las acciones de conservación de los ecosistemas del corredor biológico El Castillo-San Juan- La Selva”.	Ruiz advirtió que “los daños que podría producir Las Crucitas serían a nivel internacional: se trata de una lixiviación en tanques que utilizan mayor cantidad de cianuro, y que implica la construcción de una gran represa de colas, cuyo colapso no sólo impactará al río San Juan, sino que pondrá en riesgo ecosistemas vinculados a importantes áreas silvestres protegidas de la región centroamericana”.	A juicio del ambientalista, las autoridades costarricenses tratan de desconocer el valor de las preocupaciones del Gobierno de Nicaragua, e indican que en Nicaragua tenemos una minería irresponsable. “Eso se convierte en una cortina de humo al calificar improcedente la solicitud nicaragüense. Estos argumentos, lejos de contribuir a encontrar una solución ambientalmente responsable en la Cuenca del Río San Juan, tratan de animar contradicciones innecesarias”, apuntó Ruiz.	El director de Fundación del Río dijo que las autoridades de Costa Rica deberían explicar a su población sobre la última catástrofe de las actividades mineras en ese país, como ocurrió con el caso de Bellavista, en Miramar de Puntarenas, cerrada por un desastre ambiental que ha quedado en silencio y sin explicación para la población local, con altos costos para su sociedad.	Agregó que el Gobierno de Costa Rica dice tener “rigurosas normas jurídicas y de políticas públicas de protección ambiental”, no obstante, no han demostrado ser competentes en este y otros casos de desastre ambiental. En el Decreto donde se otorga permiso a Industrias Infinito S. A., es tal esa capacidad que se establece que la transnacional minera capacitará en aspectos técnicos y tecnológicos a los funcionarios públicos de las dependencias que tendrán que ejercer el control de la empresa.	Según esto, con ese entrenamiento, los equipos y herramientas que asignará la transnacional al gobierno de Costa Rica, será lo idóneo para realizar los controles y supervisiones. El Estado de Costa Rica ha demostrado ser incapaz de controlar y fiscalizar proyectos mineros a cielo abierto. En esas circunstancias, la seguridad para los ecosistemas de Nicaragua, que argumentan las autoridades de Costa Rica, es aún más incierta, más aún cuando la empresa tendrá su propio funcionario para autocontrolarse, y los estados de Nicaragua y Costa Rica estarán indefensos.	Para el ambientalista, es tal la seguridad jurídica de Costa Rica, que en este caso ha tenido que resucitar resoluciones anuladas años atrás por la Sala Constitucional de ese país. Nicaragua debe recurrir a las instancias intencionales para evitar que la Cuenca del río San Juan sea destruida por esta transnacional minera, que ha cambiado su razón social con la que tramitó su permisología.