La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reiteró que no puede pedir que suspendan las sanciones mientras el Gobierno no cumpla con los cuerdos, luego de que el Ejecutivo nicaragüense condicionara este lunes continuar las negociaciones con las que se espera superar la crisis que estalló hace un año, a que su contraparte acepte hacer un llamado conjunto a la comunidad internacional a suspender las eventuales sanciones.	"Precisamente el periodo establecido para la aplicación de las primeras sanciones de la Nica Act, coinciden con los 90 días que ellos dieron(a partir del 20 de marzo), para liberar a los presos y efectivamente es algo que ellos (Gobierno) tienen en mente", dijo Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza.	Chamorro dejó claro que la Alianza "no tiene la potestad de cambiar la posición soberana de un Gobierno o de organismos como el Parlamento Europeo, que indignados ante la violación de los derechos humanos, de la tortura, del exilio, del secuestro, de la muerte, de la persecución y de la cárcel, no se pueden quedar callados".	Por su parte canciller nicaragüense, Denis Moncada, al salir de un encuentro con la oposición precisó que están insistiendo en la suspensión y el cese de “las medidas unilaterales, ilegales, injustas de la Nica Act, que afecta a todo el pueblo de Nicaragua y a diferentes sectores económicos, productivos y de exportación".	"Le hemos dicho a la delegación del Gobierno que debemos atenernos a lo que se aprobó en la agenda de negociación, precisamente pusimos al final este punto: en su momento, y de común acuerdo entre las partes, se hará un llamado a suspender las sanciones", dijo el exdiplomático y miembro de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Carlos Tünnermann.	Según los acuerdos firmados entre la oposición y el Gobierno, la Alianza Cívica solicitará la suspensión de las sanciones una vez que las partes lleguen a acuerdos en todos los temas discutidos en la mesa de negociaciones, que incluye la liberación definitiva de los manifestantes presos, anular los juicios en su contra, respetar las garantías constitucionales y existan condiciones para una salida inminente a la crisis sociopolítica local.	El 20 de diciembre pasado el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como Nica Act, que contempla restricciones a los préstamos otorgados a Managua por instituciones financieras internacionales donde Washington tiene voto, exceptuando el financiamiento a proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas de los nicaragüenses.	La "Nica Act" sería suspendida solo si el Ejecutivo de Ortega convoca unas elecciones "libres, justas y transparentes", de acuerdo con el texto de la legislación, pero el Gobierno de Nicaragua insiste en pedir que se suspendan las sanciones. “Vamos a seguir insistiendo en que la delegación de la Alianza acuerde y logre consensos sobre este punto", enfatizó Moncada.	Por su parte la Alianza Cívica mantiene su posición de no pedir la suspensión de las sanciones hasta que El Ejecutivo cumpla los acuerdos firmados. "Es el Gobierno el que ha merecido esas sanciones, entonces es el Gobierno el que tiene que tomar las medidas para que esas sanciones se levantan, pero ha hecho caso omiso", destacó Tünnermann.