como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aduciendo que este no ha presentado su carta en la primera secretaría, como establece la ley. No obstante, según fuentes legislativas, esa sería una excusa política para evitar que se lea en el plenario la carta donde Solís desnuda las mentiras del régimen de	El pasado 10 de enero, Solís hizo pública su renuncia “irrevocable” como magistrado de la CSJ y como militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en una carta que está fechada el 8 de enero, dirigida a Ortega, a la vicepresidenta Rosario Murillo y al presidente de la Asamblea, el orteguista Gustavo Porras.	Los juristas Gabriel Álvarez y Eliseo Núñez explicaron —por separado— que si bien el artículo 142 de la Ley Orgánica del Legislativo establece que las renuncias de los funcionarios que sean electos por ese órgano deben remitirse en forma física o electrónica ante la primera secretaría, en el fondo lo que el orteguismo pretende es no exponer públicamente cómo Solís desnuda la represión de Ortega.	“Hay evidencia pública de que Solís ya renunció, si hubiese real interés los sandinistas al menos solicitarían información a la Presidenta de la Corte. Sin embargo, la repercusión de esto es política, no legal, porque se tendría que leer la carta de la renuncia de Solís en el plenario de la Asamblea en la cual desmonta la versión del Frente de que aquí hubo un intento de golpe de Estado”, dijo el exdiputado Núñez.	La lectura del constitucionalista Álvarez es que Solís mandó su renuncia a Ortega para “subrayar que en Nicaragua no hay independencia de poderes y es a él a quien ha debido obediencia”. Explicó que la renuncia no puede ser obviada en la Asamblea porque se trata de “un acto unilateral no sujeto a requisitos ni condiciones”, por lo que “Solís no está obligado a ser magistrado”.	“Supongo que no se la quieren aceptar por pura revancha política. Lo consideran un traidor”, opinó Álvarez. Refirió que de mantenerle el estatus legal de magistrado “Solís no debería tener perjuicios porque no va a firmar sentencias, autos, ni providencias legales”, pero significaría que goza de derechos como el salario, “lo cual es absurdo” por cuanto él ya no ejerce el cargo, dijo.