Con los acontecimientos que están pasando, con las violaciones constitucionales que sistemáticamente se están dando, no sabemos cómo responder la pregunta. Lo que sabemos es que hay una lucha de poder que hace que se pase por encima del Estado de Derecho, que no se respeten las leyes y, pero aún, los encargados de hacer respetar la Constitución y las Leyes son irrespetuosos de ellas.	En un artículo escrito hace un año, y publicado en EL NUEVO DIARIO, me hacía la pregunta de que si Nicaragua era un Estado de Derecho. En esa ocasión escribíamos que: “Decir Estado de Derecho es encuadrar una categoría en la que el principal rostro es el principio de legalidad, también conocido como Imperio de la ley. Es decir, gobiernan los individuos, pero lo hacen de acuerdo con lo establecido en las normas. El Estado de Derecho se sujeta a la propia normativa que emite; en tanto, las autoridades lo hacen supeditados a esas mismas normas. El Estado se sujeta a la ley.” Agregaba, en esa ocasión: “La principal y fundamental norma es la Constitución Política”. Así lo establece el artículo 182 al decir: “La Constitución Política es la carta fundamental de la República; las demás leyes están subordinadas a ella. No tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes y disposiciones que se le opongan o alteren sus disposiciones”. El artículo 183 de esa Ley Fundamental dice que: “Ningún Poder del Estado, organismo de gobierno, funcionario, tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Políticas y las leyes de la República”.	También decía que hechos tales como la Ley Marco, la violación de la Ley de Símbolos Patrios, las resoluciones de los Tribunales contrariando la Ley de Amparo, etc., nos llevaba a la conclusión obvia de no tener un Estado de Derecho materialmente hablando, y finalizaba haciendo las siguientes preguntas: ¿Seguiremos irrespetando las leyes? ¿Seguirán las autoridades estando sobre la ley? ¿Seguirán realizando reformas constitucionales con efectos retroactivo, violando la voluntad del “pueblo presidente” que eligió a los alcaldes por un período que finaliza el próximo año? El tiempo y la historia lo responderán.	Hoy tales preguntas están respondidas; las leyes siguen siendo irrespetadas, las autoridades, no sólo del Ejecutivo sino de todos los Poderes, siguen estando por encima de las leyes; se sigue irrespetando y violando la ConstituciónEl Consejo Supremo Electoral se ha convertido en un Poder con atribuciones de otros poderes, inclusive tomando atribuciones de un poder constituyente al ordenar suspender elecciones que están establecidas en la Constitución y en la Ley Electoral, que tiene rango constitucional; y peor aún, arrogándose el poder del pueblo de escoger a sus autoridades, al decir cómo se van a constituir las autoridades de los municipios en que se suspenden las elecciones.	El Poder Judicial, que como ya dijimos, tiene que velar por el Estado de Derecho y el principio de legalidad; se ha convertido en un órgano político bipartidista (Acuerdo 72 de la propia Corte Suprema de Justicia) que hasta negocia y pacta nombramientos de magistrados (Acuerdo 73 en el que una de las bancadas se compromete a elegir como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia, al candidato que presente la otra bancada); se admiten amparos en abierta violación a la misma Ley de Amparo, y se suspenden o no los actos según sea el recurso de personas afines o no de los magistrados.	El Poder Ejecutivo en sus diferentes actuaciones pasa por encima de la Constitución y las leyes, según sea el interés que persiga; con decretos ejecutivos asumen funciones de Poder Legislativo. El Presidente de la República pretende gobernar por decretos; el procurador general del Estado brinda declaraciones en el sentido de que si la Corte Suprema de Justicia no falla como él quiere, en el caso de los Cayos, el Estado se encargará de hacer lo que ellos quieren.	El Poder Legislativo también pasa sobre la Constitución y las leyes, según su interés y conveniencia. Por medio de una dizque interpretación auténtica de la ley, pretenden hacer una reforma de la misma, sin cumplir con los requisitos establecidos para la reforma de una ley constitucional. Según el proyecto de interpretación de la Ley Electoral, están haciendo adiciones al artículo que dicen interpretar, lo que no es más que una reforma, sin el concurso de la mayoría clasificada señalada en tales casos.	Qué podemos esperar para nuestra sufrida Nicaragua si no hay leyes, si no hay Justicia ni Estado de Derecho, si no hay seguridad jurídica, que es el elemento fundamental para que tengamos inversiones. Nunca saldremos de la pobreza con slogan o vallas publicitarias; la única manera de salir de la pobreza es por medio de inversiones de largo plazo que creen puestos de trabajo, y que aporten a la economía nacional Sólo abriendo fuentes de trabajo permanente podremos salir de la pobreza, y lo podemos hacer si se incentiva a la agro industria, o por los medios que los entendidos en la materia consideren más viables.	La tarea de hacer de Nicaragua un Estado de Derecho, democrático y de desarrollo, no es de unos cuantos, es tarea de todos, de acuerdo a las capacidades de cada uno. No podemos seguir callando, no podemos seguir indiferentes antes las constantes violaciones constitucionales y legales, vengan de donde vengan, las que al final repercuten más en el sufrimiento de los pobres y marginados. No podemos seguir siendo partícipes, por nuestra ausencia, en que no se sepa a dónde va Nicaragua. No sigamos pretendiendo que sean otros los que, sin querer hacerlo, busquen soluciones. Busquémoslas los que sí queremos encontrarlas, y hagamos que Nicaragua se encamine a ser un Estado de Derecho próspero y respetuoso de los derechos de las mayorías, sin menoscabar los derechos de las minorías.