Sin embargo el régimen no da muestras de que vaya a cumplir con la plena liberación de todos los presos políticos debido a que a unos quinientos que han sido excarcelados no se les ha entregado la certificación de que se les anularon los procesos judiciales. Además la Policía Orteguista (PO) y los simpatizantes del régimen mantienen el asedio, hostigamiento y amenazas contra los excarcelados y sus familias.	Unos doscientos de los presos políticos fueron sacados de las cárceles la semana pasada bajo la Ley de Autoamnistía aprobada por la dictadura, con la que pretende dejar en la impunidad los crímenes cometidos por fuerzas de choque estatales. Organismos internacionales responsabilizan de la masacre a funcionarios del régimen, la PO y los parapolicías.	José Pallais, miembro de la delegación de la AC en las negociaciones con la dictadura, afirmó que “hay un incumplimiento total” de los acuerdos por parte del régimen de Ortega Murillo porque hay pendientes 88 de los reos políticos en las cárceles; el Ministerio Público no ha iniciado el cierre de los procesos de los protestantes ya excarcelados para que sean clausurados, y una tercera violación es que no se ha garantizado la seguridad para esas personas porque a diario la PO las asedia y hostiga.	Además la Alianza, el Comité y los organismos de derechos humanos nacionales han seguido denunciando el secuestro por parte de la PO de personas por portar la bandera nacional azul y blanco o por ser vinculadas de participar en las protestas, por lo que el listado de los presos políticos seguiría aumentando.	El pasado 27 de marzo la delegación del régimen en las negociaciones firmó con la AC que haría la “liberación definitiva, entendido esto como el cierre definitivo de la situación jurídica de las personas más allá de la excarcelación”. El plazo máximo para la liberación fue de noventa días, que empezó el 20 de marzo pasado y se cumple el próximo 18 de junio.	Mario Arana, también delegado de la AC en las negociaciones, explicó que debido a que los representantes del régimen rechazan reunirse en la mesa técnica, que incluye a la Cruz Roja Internacional, para revisar las listas de los reos políticos, eso impide conciliar los listados de los reos políticos y su estatus legal, como está en el acuerdo.	Con su autoamnistía la dictadura busca dejar en la impunidad sus crímenes, sin embargo la AC seguirá demandando en las negociaciones, si continúan, la conformación de una Comisión de la Verdad conformada por la CIDH y Naciones Unidas para que investiguen la masacre contra la población afín de que enfrenten la justicia los responsables.