Mi niño, te extraño mucho. Pido a Dios fuerzas para llegar hasta al final, cuando castiguen a tus asesinos”. Francisca Machado le habla a su hijo, al que le mataron el 20 de abril de 2018. Lo visita seguido en el cementerio San Francisco de Asís de Estelí. Vuelve a hablarle: “Tenemos claro que no vamos a tener justicia hasta que cambie este gobierno”, le dice.	Su asesinato se hizo viral en redes sociales porque los agresores se ensañaron con su cadáver: lo arrastraron por más de una cuadra y un día después civiles lavaron la sangre de la escena del crimen en un intento por borrar las evidencias. “El 21 de abril de 2018, mediante un video se observó a gente de civil limpiando el lugar, lo que constituyó un accionar que alteró la escena del crimen y obstaculizó seriamente la posibilidad de identificar y recoger evidencias fundamentales para el esclarecimiento del caso”, dice el informe del GIEI.	La ansiedad por obtener justicia, dice, no la deja superar el duelo y ni siquiera entrar al cuarto que era de su hijo. “Me hace falta llegar a la verdad y la justicia, que los responsables sean castigados. Creo que eso me da más impotencia saber que los asesinos de mi hijo andan libres y las autoridades no les interesa investigar”, confiesa.	Lo mismo siente, Paula Hernández Pérez, mamá de Maycol González, de 34 años, asesinado el 30 de mayo de 2018, mientras participaba en la Marcha del Día de las Madres. “Sabemos que fue la Policía, todas las madres culpamos al gobierno, fue el asesino de nuestros hijos porque dio la orden. No podemos esperar nada de la Policía y la Fiscalía, porque son los mismos. Me duele que no hay justicia”, asegura Hernández.	El exfiscal departamental Boanerge Fornos asegura que el Ministerio Público ha omitido su función de investigar, perseguir delitos y ejercer la representación de las víctimas de la violencia estatal y paraestatal contrario a la severidad, abuso y exceso en el ejercicio de la acción penal contra las personas que fueron criminalizadas por ejercer su derecho constitucional a manifestarse.	Esta situación ha generado desconfianza y falta de credibilidad en la Policía, Fiscalía y Poder Judicial en Nicaragua, por lo que los abogados de Acción Penal, quienes han representado a presos políticos y a víctimas de represión estatal, proponen tres alternativas para buscar una solución legal a la falta de credibilidad en la justicia penal actual y es la asignación de fiscales especiales, crear una Fiscalía Especial o bien crear un órgano independiente internacional.	Este nuevo órgano a crear sería el encargado de investigar, formular acusaciones y sostener las acusaciones en cada una de las etapas del proceso (Primera Instancia, Apelación y Recurso Extraordinario de Casación) cuando exista prueba y esté identificado el autor de los hechos acusados, respetando los derechos y garantías del debido proceso de las personas que sean investigadas y acusadas por los hechos delictivos ocurridos durante este período de crisis sociopolítica.	El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe sobre Nicaragua también propone la creación de una Fiscalía Especial en su recomendación número 20 . “Con la finalidad de recuperar la confianza y la credibilidad del Ministerio Publico, y garantizar a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto una investigación pronta, independiente e imparcial de los hechos violentos ocurridos en el periodo comprendido entre el 18 de abril y 30 de mayo, así como los ocurridos con posterioridad, se recomienda con urgencia la creación de una Fiscalía Especial, integrada por miembros debidamente seleccionados por sus calidades personales y profesionales y por el reconocimiento de su autonomía e independencia…”, se lee en el informe.	Para la designación de Fiscales Especiales o Fiscalía Especial se debe tomar en cuenta las Directrices sobre la función de los fiscales establecidos en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, específicamente las relacionadas a su calificación, selección e ingreso, de tal forma que las personas designadas como fiscales especiales sean personas probas e idóneas, con formación y calificaciones adecuadas, sugiere Fornos.