“Hay un abuso de la contratación simplificada y se supone que se tiene que rendir cuentas pero si uno analiza ¿cuándo se han rendido en todas las contrataciones simplificadas anteriores? La Contraloría debería de pedir explicaciones sobre eso, pero no lo hace. Lamentablemente es un ente que no atiende los intereses ciudadanos y afecta la gobernabilidad”, criticó Jarquín Anaya.	Las leyes de contrataciones permiten el proceso simplificado cuando se trata de una emergencia, si es la Policía o el Ejército y con sus fines exclusivamente policiales y militares; cuando hay solo un proveedor, si son víveres, si son compras con fondos de caja chica, si lo exige la protección de los derechos de propiedad intelectual o industrial, contratos por servicios profesionales o interadministrativos o cuando se tenga por objetivo trabajos artísticos.