El presidente de Cadin, Mario Amador, calificó de “ilegal e inconstitucional” el decreto en cuestión, argumentando que el presidente de la República, Daniel Ortega, no tiene potestad para tal acción. Los afiliados a Cadin se reunieron ayer con los presidentes de las comisiones de Justicia y de Economía de la Asamblea Nacional, José Pallais y Francisco Aguirre, respectivamente.	Pallais aconsejó a los empresarios presentar un recurso por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, CSJ. El presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, recordó que la Ley General de Aguas Nacionales, aprobada el año pasado, otorga la facultad de establecer ese canon a la Asamblea Nacional y no al Presidente de la República.	El impuesto más altoPallais se mostró a favor del canon conforme con la Ley General de Aguas, pero señaló que el monto establecido en el decreto presidencial es de 12 córdobas por metro cúbico, equivalente a unos 63 centavos de dólar, “lo que lo hace el impuesto más alto de Centroamérica, incluyendo a Panamá”.	Buscan el monto idóneoEl artículo 87 de la Ley General de Aguas Nacionales señala que “se establece el pago de un canon por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales y los bienes nacionales que administre la Autoridad Nacional del Agua. Este canon se establecerá y aprobará mediante ley especial dictada por la Asamblea Nacional...”.	El artículo 88 de la ley establece que para definir el canon, se tomará en cuenta la disponibilidad relativa del agua en la localidad o región donde se realice la extracción; la productividad y el beneficio económico que le confiere el uso del agua al usuario; si es uso consuntivo (agotador del recurso) o no; si es insumo o componente principal del producto final y los volúmenes utilizados.