“Esta policía se ha deslegitimado ante la población; población que hace unos años, respetaba y admiraba a esta policía, pero a raíz de la actuación de ellos, la policía, los antimotines, los agentes de operaciones especiales, con la masacre, con los más de 500 muertos, los miles de heridos y todo el daño grave que le hicieron a Nicaragua; la población no solamente desconfía de la policía, sino que también la deslegitimó, la rechaza. Incluso, te podría decir que hay un sentimiento de odio, porque el ciudadano no se siente seguro ante un policía”, expone Cajina.	Cajina señala que mientras Daniel Ortega se mantenga en el poder no se podrá hacer nada para sanear la imagen de la institución policial. “En este momento es prácticamente imposible.  No se puede hacer nada. A quien le va tocar tomar medidas, no para corregir, sino para plantearse una nueva situación de una nueva policía, será para un próximo gobierno democrático. Usualmente en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, en países de América del Sur y que se denomina reforma policial, pero las reformas que sufren en esos países es para corregir errores, para que realmente sea un cuerpo al servicio de la población”, indica Cajina.	“Revisar los expedientes para constatar quienes estuvieron involucrados directa e indirectamente en la masacre, en los crímenes de lesa humanidad, en las violaciones de derechos humanos, son depurados, pero no para que se vayan a su casa sino para ser llevados ante la justicia y paguen por los crímenes que cometieron. Es posible y de hecho yo creo que hay policías honestos y honrados aún, pero no la mayoría, pero si vamos a necesitar contar con esos pocos policías honestos que quedan”, subraya Cajina.	“Desmantelando a la policía, no solo a los mandos sino a la policía en general, habría que solicitar apoyo a la comunidad internacional, en primer lugar a los cascos azules, porque los cascos azules de la ONU no van solamente a un país o una región luego de un conflicto armado, sino que también a aquellos lugares que sufren graves crisis políticas y sociales como las de Nicaragua”, sugiere el analista en seguridad y defensa.	Otra opción de acuerdo a Cajina, que para desmantelar a la policía orteguista, el próximo gobierno puede pedir ayuda a países independientes como España, Chile y Argentina. “Va ver un impasse, porque no nos podemos quedar sin policía. Entonces, que va pasar? Una de las pocas instituciones de la crisis que va sobrevivir va ser el ejército, al menos en teoría, por lo que el ejército tendría que asumir por orden o decisión de las nuevas autoridades funcionales temporales de seguridad pública y en combinación con organismos internacionales  y países individuale”, expresa Cajina.	En septiembre de 2006, el entonces presidente Enrique Bolaños nombró a Aminta Granera directora nacional de la Policía. Por la reputación con que llegaba se esperaba que consolidara la profesionalización de la institución, sin embargo, en enero de 2007 Daniel Ortega asumió la presidencia y al poco tiempo Granera se sometió a las arbitrariedades y el autoritarismo del dictador. Hoy la Policía Nacional es la institución con mayor desprestigio y desprecio en el país. Ese es el legado de Aminta Granera.	“La Aminta Granera que estuvo 12 años en el cargo tiene responsabilidad sobre los policías que formó, porque los policías no cambian de la noche a la mañana; no se convierten en asesinos de la noche a la mañana, no se convierten en torturadores de la noche a la mañana. Deben haber sido entrenados para matar, torturar y secuestrar y el amparo político que tienen del régimen les da impunidad. Es decir, ellos se han convertido en la ley, y no responden a nadie sino a ellos y Ortega”, asegura Cajina.	“La actual policía está padeciendo de una enfermedad terminal y va morir esa policía cuando llegue un nuevo gobierno. El nuevo gobierno tiene que santolearla, purificarla y listo, pero no es enterrar a la policía; es depurar a la policía y encontrar a todos los culpables (de crímenes y violaciones a derechos humanos) y los responsables desde la jefatura de la policía hasta los jefes de distrito, departamentos y jefes de secciones de cada departamento y distrito porque no pueden quedar en la impunidad crímenes de lesa humanidad, genocidios, violaciones masivas a  derechos humanos”, expuso Cajina.