** Quedan reformas constitucionales amputadas de leyes ordinarias, y con mayoría FSLN-PLC para ratificación de ministros y embajadores ** Propiedad sigue bajo ley de la selva, jubilados no podrán acceder a todos los servicios médicos de los activos y Alemán queda suelto para torpedear unidad liberal ** Manuel Martínez: Todo resuelto a satisfacción de los dos bandos	En una evidente negociación política entre el gobernante Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia emitieron ayer dos resoluciones donde avalaron la creación de los Consejos del Poder Ciudadano --restándoles facultades-- y declararon inconstitucional la Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País, por lo cual ayer entraron en vigencia las reformas constitucionales que mediante un pacto entre estos partidos, fueron aprobadas en 2005 y ratificadas en 2006.	Las dos resoluciones de la Corte (CSJ) se producen un día después de que la jueza de Vigilancia Penitenciaria, Roxana Zapata, restableciera el régimen de convivencia familiar y otorgara el país por cárcel al ex presidente Arnoldo Alemán, sentenciado a 20 años de prisión por delitos de corrupción en la administración pública.	Las enmiendas a la Carta Magna que hicieron hace tres años los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y los del Frente Sandinista (FSLN) restringen facultades al Poder Ejecutivo, por lo que, a partir de hoy, cualquier nombramiento de cargo que haga el presidente Daniel Ortega, deberá ser ratificado por la mayoría simple (47 votos) de los diputados ante la Asamblea Nacional.	Ortega también fue notificado de la resolución mediante la cual la Corte Plena resuelve su facultad de crear los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), pero estas entidades partidarias no pueden ser parte orgánica del Poder Ejecutivo, y, por ende, no pueden recibir recursos financieros ni materiales de parte del Estado nicaragüense, ni colocarse por encima de funcionario alguno.	En dicha sentencia, los magistrados reconocen la potestad del mandatario de crear las estructuras necesarias para apoyar su gestión, pero dejan claro que estas estructuras no pueden ni deben recibir recursos financieros o de cualquier otro tipo de las instituciones estatales, sin embargo, dejaron viva la posibilidad de que con un amparo administrativo ante cualquier tribunal, se puede detener la formación legislativa y el proceso de formación de la ley.	La continuidad del pacto fue evidente luego de que los 16 magistrados se pusieran de acuerdo de un día a otro, y de que en ese contexto la juez Zapata, esposa del magistrado liberal Sergio Cuarezma, emitiera una sentencia que permite a Alemán recuperar su libertad provisional por todo el país, pese a que en diciembre pasado se le ratificó la condena a 20 años por delitos de corrupción.	Igual opinó Rosales: “Tarde o temprano había que pronunciarse sobre ello, la prioridad política nos obligaba a reunirnos y a resolver. El presidente Ortega tenía que dar su mensaje hoy y nosotros no podíamos iniciar 2008 en una situación de ingobernabilidad, y vamos más bien, sobre paso firme, a una gobernabilidad por los próximos cuatro años”.	Primero aseguró que estaban basadas en planteamientos jurídicos, pero luego, cuando se le preguntó el motivo para declarar inconstitucionales las leyes 511, 512 y 539, que crean la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), el Instituto de la Propiedad Urbana y Rural y las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), expresó que “eso fue por factores económicos”.	¿Qué cedieron liberales y sandinistas? “No hubo acuerdo alguno. La Constitución es clara: el Presidente tiene la facultad de crear comités y consejos, la Asamblea tiene la función de distribuir la soberanía de la administración pública”, dijo, pero dos minutos después afirmó que “la gobernabilidad se basa en acuerdos” y que la CSJ está para resolver esos problemas.