En la primera mitad del año, el régimen de Daniel Ortega, quien es el que realmente decide sobre dichas negociaciones y cuyas orientaciones luego son bajadas a la mesa de negociación, decidió mantener congelado el salario mínimo para poder poner en marcha una brutal reforma tributaria, que ya ha extraído de la economía más de 4,442 millones de córdobas.	Pese al impacto de la reforma tributaria en los precios, el Mific mantiene un discurso oficial de estabilidad en los mismos y abastecimiento en el mercado nacional. Los números del Banco Central, no obstante, tímidamente han reflejado alzas, cuyo acumulado desde que se comenzó a aplicar la reforma en marzo supera los 745 córdobas a julio respecto a febrero.	Y si bien las alzas han deteriorado el poder adquisitivo de los trabajadores, lo cierto es que también las empresas han resentido incrementos de costos por el ajuste que en paralelo se aplicó a la Seguridad Social, reforma tributaria y las alzas en la tarifa eléctrica, situación que se agrava por la caída del consumo interno.	A mediados de este mes, el presidente de la Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin) y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Sergio Maltez, manifestó que el año pasado ya con la crisis sociopolítica, cuando se aplicó el segundo ajuste en septiembre —con la economía debilitada—, los empresarios sintieron el golpe.	“Ya a inicios del año vino la reforma al Seguro Social y la tributaria, y eso debilitó aún más a las empresas, ahora que se está viendo posibilidad de un aumento del salario se puede decir que el sector privado no está en capacidad, nosotros hemos tratado de mantener el empleo y un nuevo ajuste podría generar mayor desempleo y también informalidad”, sostuvo Maltez, al ser consultado sobre este tema la semana pasada.