Rappaccioli, Martínez Tiffer, Sandino y David Castillo le ahorraron más de US$ 52 millones a Disnorte y Dissur. Pequeño saldo restante es el 16% de acciones del gobierno, que también cedió garantías mientras se aprueba el Protocolo. Negociación es el mejor negocio de esta empresa en nuestro país, pues ahora sólo espera sus alzas mensuales por US$ 32 millones	Unión Fenosa siempre reconoció que debe más de 63 millones de dólares al gobierno de Nicaragua, pero en la negociación del Protocolo de Entendimiento, logró bajar esa suma hasta 11 millones. Es decir, se ahorró el pago de más de 52 millones, pero, a cambio, cedió este saldo en un 16 por ciento de sus acciones a favor del Estado, lo que bien pudo haber llegado hasta un 50 por ciento de haber existido una verdadera negociación.	Eso se desprende del Protocolo que firmó Fenosa con el gobierno el pasado 29 de mayo, bajo los efectos de la tormenta tropical Alma. La empresa de entrada reconoce y deja claro que su deuda total con el gobierno suma 63 millones 426 mil 402 dólares, pero de inmediato presenta una serie de reclamos.	Primero logra que a los 63 millones se les reste los desvíos tarifarios (aumentos que registró el precio de la energía por efectos de alzas en el precio internacional del petróleo) desde julio 2007 hasta marzo 2008, que suman 10 millones 73 mil 409 dólares, “por la no aplicación del nuevo pliego tarifario a partir del primero de julio 2007” de parte del INE.	Eso reduce la deuda inicial hasta menos de la mitad y deja un saldo de 30 millones 670 mil 291 dólares, los que Fenosa reconoce entonces a favor de las cuentas de las estatales Generadora Eléctrica Central S.A. (Gecsa) y la Generadora Hidroeléctrica S.A. (Hidrogesa), ambas bajo administración de ENEL.	A Fenosa le reconocen el pago de un millón 410 mil 738 dólares que le debe ENEL por compras de energía en el mercado de ocasión, pero, especialmente, la compra de parte del Estado del plantel “El Chapulín”, que Martínez Tiffer lo presentó el sábado pasado durante el mitin “El Pueblo Presidente”, como un gran logro negociado por el gobierno.	A la parte negociadora del gobierno no le bastó y siguió cediendo, pues Fenosa siguió reclamando otros 16 millones 50 mil 446 dólares al Estado por varias razones, entre ellas: no aplicar el nuevo pliego tarifario desde 2005, por pagar el Impuesto Municipal y no recuperarlo, por un déficit en la recuperación del costo del servicio de alumbrado público entre julio de 2002 y diciembre de 2007, y los desvíos cobrados por las generadoras Gecsa y Geosa entre octubre de 2002 y septiembre de 2003.	“Producto de la compensación, el gobierno restituirá a Gecsa e Hidrogesa la suma de US$ 30,670,291 para totalizar el monto de US$ 63,426,402 por facturaciones vencidas por las distribuidoras al 31 de marzo de 2008, considerando que US$ 32,756,111 serán trasladados a tarifas para que las empresas distribuidoras cancelen estos montos a dichas empresas”, agregan ambas partes en el Protocolo.	Es decir que, “con el monto de las reclamaciones reconocidas en el presente punto, arroja un saldo a favor del gobierno por US$ 11,056, 136, referido a marzo de 2008”, y sobre esta suma de dinero empiezan a negociar los delegados gubernamentales, en busca de acciones de la empresa distribuidora, que al final le suman sólo 16% después de tanto ceder.	Las acciones no las ha recibido el gobierno sino hasta que el Protocolo sea ratificado por la Asamblea Nacional, algo que sucederá a fines de este mes, según sus planes, y mientras tanto, previendo que dicho plazo puede extenderse, Fenosa se aseguró de no perder ni un centavo mientras llega el “visto bueno” de los diputados.	“A efectos de que no se agrave la situación económica del sector eléctrico... y hasta la entrada en vigor del Protocolo, las distribuidoras tendrán derecho a todas las compensaciones económicas reconocidas en este protocolo, que se susciten entre el período transitorio de su firma y ratificación”, agregan, al finalizar el quinto punto.	Todas estas compensaciones que puedan suscitarse durante todo el período transitorio, como el alza de tarifa de 1.42 por ciento que aprobó el INE el pasado ocho de mayo y ahora aplica Fenosa, “serán temporalmente acreditadas a las cuentas de ENEL”, reza el documento, donde dejan claro que el gobierno oxigenará a ENEL para evitar problemas de presupuesto, echando mano de las arcas del Estado.	También acuerdan que Fenosa colaborará en una “asesoría técnica en generación y contratación”, para revisar las plantas generadoras estatales y aumentar la producción de energía, pero a cambio, toda la energía generada por Hidrogesa, que es la más barata del país, será comprada por Fenosa, a excepción de la que ya está contratada con Enacal y la delegación de ENEL en Bluefields.	Estas dos últimas empresas del Estado quedan sin derecho de aumentar la cuota de energía eléctrica que pueden adquirir de otra empresa del Estado (Hidrogesa), pues Fenosa absorberá toda la producción excedente pagando siempre el mismo precio: 65 dólares por megavatio. Es decir, menos de la mitad del precio promedio de todas las generadoras y ahora el más barato del país.	“Las deudas recíprocas de las distribuidoras con empresas de generación privadas serán resueltas bilateralmente en acuerdos especiales y no son parte de este protocolo”, indican las partes. Es decir, que todas las firmas privadas, especialmente la Empresa Energética Corinto (EEC), deberían dirimir y someter sus problemas en un ámbito de privados, a partir de la entrada en vigor del Protocolo.	“El Grupo Unión Fenosa suspenderá la reclamación de siniestro del 27 de noviembre de 2006, ante la aseguradora de riesgo político del Banco Mundial, MIGA”, promete la transnacional, al referirse al cobro de 53 millones 999 mil 99 dólares que reclama al gobierno de Nicaragua, mediante su aseguradora Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), una agencia del Banco Mundial.	La empresa también se abstiene de interponer demanda por incumplimiento del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, suscrito entre España y Nicaragua, y colaborará con el INE y MEM para establecer “indicadores de calidad técnica y comercial que permitan alinearse con los existentes en los demás países de la región centroamericana”.	No obstante, “el Estado establecerá los niveles de calidad que serán exigibles a las distribuidoras (pero) a partir del primero de mayo de 2009”. Para cualquier controversia que pueda suscitarse, determinan un arbitraje a nivel nacional, o en su defecto, el Centro Internacional de Arreglo de Disputas relativas a Inversiones (Ciadi).