La decisión, adoptada por un ajustado resultado de 6 votos frente a 5, fue la conclusión de un complejo juicio en el que el Supremo Tribunal Federal (STF) alteró finalmente una jurisprudencia establecida en 2016, según la cual un condenado en segunda instancia ya podía ingresar a prisión, aún con apelaciones pendientes en otros dos tribunales superiores.	Sin embargo, según se decidió este jueves, una pena de prisión sólo podrá ejecutarse cuando acabe todo el proceso de apelaciones, que en el caso de Lula, en la cárcel desde abril de 2018 y condenado a ocho años, aún contempla un último recurso, ya presentado y aún no juzgado en la propia Corte Suprema.	Apenas se conoció el fallo, la defensa del expresidente brasileño dijo que pedirá su «liberación inmediata». «Una vez que conversemos con Lula este viernes, llevaremos al juez de ejecución de penas un pedido para su liberación inmediata, con base al resultado de ese juicio del Supremo Tribunal Federal», informaron sus abogados defensores.	En una situación similar a Lula da Silva, con apelaciones aún a la espera de una resolución, se calcula que están cerca de 5,000 presos por los más diversos delitos, entre los cuales figuran una veintena de políticos y empresarios condenados por la operación anticorrupción Lava Jato, que llevó al expresidente a la cárcel.