Mayo fue un mes muy oscuro para el Ejército de Nicaragua. En menos de 30 días le estalló un escándalo tras otro. Les explotó el envío de un avión militar a Ecuador, para traer a dos sobrevivientes del bombardeo en el campamento de las FARC, les saltó a luz pública la matanza de tres campesinos en El Encanto, y no faltaron los litigios por propiedades con civiles que enfrenta comúnmente el brazo armado de las fuerzas militares IPSM. ¿Ha traspasado el IPSM la línea de legitimidad como institución del Ejército? ¿Ha instado a la arbitrariedad y a la impunidad el antecedente y el discurso de los nuevos gobernantes?	La nota de prensa 025/2008, de la Comandancia General, indicaba que el día miércoles 21 de mayo a las 05:00 de la mañana, después de una denuncia en la Policía Nacional de parte de un productor, sobre la presencia de seis elementos delincuenciales en la comunidad de El Pavón, se había dado un incidente de cruce de fuego.	“Se realizó un operativo conjunto entre el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, localizando a los delincuentes, quienes al momento de ser detectados uno de los delincuentes tomó como rehén a un miembro de la Policía Nacional, colocándole un arma de fuego en la cabeza, por lo que el soldado Rodolfo Eleuterio Sánchez Sandoval, abrió fuego contra el delincuente, aniquilándolo”.	Su testimonio fue un extracto de las pesadillas de los años 70: “Los militares llegaron, quitaron las armas (de cacería y vigilancia) y los interrogaron. A mi esposo le intentaron quitar una pistola que andaba al cinto, y como no se dejó, le dispararon. Cuando él se cayó herido, intentó sacar la pistola y lo acribillaron en el piso. A los otros dos, cuando oyeron la tiradera, salieron corriendo a los potreros, y les dispararon cuando iban corriendo”.	No se terminaba de apaciguar el agua por el tormentoso capítulo, cuando dos noticias más llegaron sin la repercusión de la primera: el 26 de mayo el campesino Nelson Antonio Urbina, de 24 años, murió de un balazo realizado por un soldado del Ejército del Destacamento Militar Sur en Río San Juan.	El teniente coronel Alcides Garmendia, segundo jefe del Destacamento Militar Sur, informó que los soldados llegaron el domingo, a eso de las tres de la tarde, a realizar unas compras a una pulpería, en la comunidad Las Maravillas, jurisdicción del municipio de El Castillo, donde se encontraba Urbina en estado de ebriedad y armado con un revólver 38.	Juan Francisco Pérez Masís, representante de diez familias que integran la Cooperativa en la finca Santa Elena, ubicada en la comarca Correntada Larga, al norte de este municipio, denunció que las viviendas campesinas fueron quemadas el mismo día que se presentaron a dicha propiedad los ciudadanos Denis Báez, delegado municipal de la Procuraduría General de la República, y Héctor Somarriba, Fiscal Auxiliar, acompañados de dos miembros de la Policía y cuatro del Ejército de Nicaragua.	Antes de los hechos violentos, el Ejército de Nicaragua había pasado por dos momentos de altas y bajas: el 12 de mayo se vio involucrado en un raro incidente internacional cuando Bogotá reclamó por el paso de un avión militar de las Fuerzas Armadas nicaragüenses por cielo colombiano, para ir a traer a Quito a dos jóvenes colombianas sobrevivientes del bombardeo que el presidente Álvaro Uribe ordenó a un campamento de las FARC en Angostura, Ecuador.	¿Qué ocurrió con los militares en mayo? Este mismo mes, el 26 de mayo, una encuesta de opinión pública de la firma M&R Consultores ubicó, por cuarto año consecutivo, al Ejército de Nicaragua como la institución más creíble, encima de los medios de comunicación, la Iglesia y las otras instituciones del Estado.	¿Se durmió en su gloria el Ejército en mayo? El analista de temas de seguridad, Javier Meléndez, Presidente del no gubernamental Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), no duda que el cuerpo castrense sea la institución más seria del país, pero tampoco ignora el manto de inmunidad que rodea a la institución, sobre todo en lo referente a sus acciones empresariales por medio del IPSM	El Ejército de Nicaragua es una institución que ha logrado muy altos niveles de opinión pública favorable en el país. Primero porque demostró con hechos que estaba dispuesto a participar de las reglas del juego democrático que se inicia a partir de los años 90. Y segundo, porque de todas las instituciones del Estado es la que menos está sometida a cualquier tipo de control civil e institucional.	No hay ninguna institución del Estado de Nicaragua que actúe con más autonomía y discrecionalidad que el Ejército de Nicaragua. Esta situación ha contribuido a que situaciones anómalas que se dan recurrentemente desde esa institución, pasen inadvertidas en la opinión pública y que nunca sean auditadas, a como se hace en otros países con ejércitos muchos menos profesionales.	Se supone que debía quedar claro cuando el presidente Ortega asumió la responsabilidad de haber enviado un medio del Ejército a esa operación. Ahí el Ejército se enredó. Una cosa es atender un requerimiento del Presidente y otra es mezclar ese requerimiento con situaciones que terminan haciendo pensar a los ciudadanos que, en vez de tener un ejército para defensa de la soberanía, lo que hay es una empresa de taxis aéreos, que al igual que te acarrea un empresario, te acarrea un terrorista.	El asunto de los términos en que ese avión fue facilitado nadie querrá aclararlo, porque no le conviene a muchos. ¿Por qué? Porque es recurrente que el Ejército rente y preste sus activos y medios --que son además propiedad del Estado de Nicaragua y no de los generales del Ejército-- para actividades y situaciones que no tienen nada que ver con el uso que se supone debe dárseles. Éste es un asunto muy delicado que toca a muchos actores dentro y fuera del Estado.	Nosotros somos de la opinión de que simplemente han salido a luz pública situaciones que desde gobiernos anteriores se arrastran y que comprometen al Ejército. Por ejemplo, su brazo empresarial, el IPSM, a cargo de altos mandos del Ejército, ha estado perennemente, desde muchos años atrás, en situaciones muy delicadas de propiedades donde siempre aparecen envueltos intereses de esos altos mandos del Ejército, en retiro y activos.	El IPSM es una entidad que favorece a unos cuantos cientos de oficiales en retiro, de manera más o menos decente, pero también es una instancia que ha servido para el enriquecimiento de una elite dentro y fuera del Ejército, muy, pero muy poderosa, política y económicamente. En esa elite hay gente de todo tipo, incluyendo a empresarios de todos los colores políticos, y desde luego, a como ha indicado en algún momento EL NUEVO DIARIO, a “militarotes” gruesos en retiro y activos.	El Ejército es una institución que respeta las reglas que los políticos y los empresarios negocian con el mismo Ejército para que se respeten. Pero cuando el Ejército está claro de que no hay una voz que se oponga públicamente a sus intereses políticos y económicos, no hay nada que lo detenga. Es una institución que básicamente se ha autorregulado en todos estos años. Saben que frente a ellos hay un montón de políticos y funcionarios -–y algunos medios de prensa-- que no tendrán el valor de al menos sugerirles un alto a aquellas operaciones que no sean para nada transparentes, o que contravengan con lo que se espera de un ejército profesional.	Es un ejemplo el proceso de reformas democráticas que tuvo que aceptar e implementar por mandato de los civiles. Es un ejemplo también el respeto que mantuvo al proceso de transición democrática en Nicaragua y el respeto que había guardado a los derechos humanos. Y son un ejemplo aquellos soldados que desde la Defensa Civil y desde las fronteras marítimas y terrestres nos ayudan en situaciones de desastres y resguardan nuestra soberanía. Esos son un ejemplo.