Roberto Flores Chow, quien fue acusado de organizar e instigar las invasiones a algunas áreas de la reserva Indio Maíz, fue encontrado culpable del delito de usurpación del dominio público y asociación ilícita para delinquir, por lo que fue condenado a tres años de prisión por la jueza única de El Castillo, María Elena Hernández.	Tras presentar el Marena una acusación unos dos años atrás, representado por su ex delegado José Luis Galeano, el Ministerio Público denunció y pidió orden de captura contra Flores Chow, señalado de ser el principal organizador de las 5,000 personas que desde Nueva Guinea, El Almendro y comunidades vecinas de Costa Rica, trataron de invadir en diferentes momentos la reserva Indio Maíz.	Galeano presentó abundantes pruebas que responsabilizan a Flores Chow de dirigir a un grupo comprendido entre 40 y 50 personas que invadieron el 19 de octubre de 2004 una parte de la reserva conocida como La Penca. Pero también se le acusó de dirigir la invasión a La Danta, que igualmente forma parte del núcleo de la reserva.	Según el ex delegado del Marena, Flores Chow creaba directivas a su conveniencia, y tras fracasar su modus operandis, conformaba otras para sus fines delictivos. Entre ellas, inicialmente creó la Fundación Luchadores por la Libertad, Democracia y Reconciliación de América, y después fundó la organización de la Comunidad Indígena Bartola-Indio Maíz.	Galeano sostuvo que Flores Chow cobraba a los campesinos entre 500 y 2 mil córdobas, y ofrecía 50 manzanas de tierra en la reserva. “Para nosotros, con el castigo a Flores Chow, se sienta un precedente contra quienes estafan a los indefensos y comercializan la tierra”, afirmó Galeano, al señalar que los desalojos efectuados en las dos áreas invadidas representaron para el Estado de Nicaragua un costo de más de 300 mil córdobas.	Como producto de las acciones de instigación de Flores Chow, 18 precaristas que invadieron el sector de La Penca fueron desalojados y acusados por infringir la Ley Especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales y la Ley de Veda Forestal, pero después de estar detenidos durantes tres meses, fueron puestos en libertad al firmar un acuerdo ante el Juez de Distrito del Crimen.	En el proceso judicial, la delegación departamental del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) aportó pruebas para fundamentar los delitos. En el dictamen se precisa que causaron daños calculados en 100 mil córdobas, y que afectaron dos hectáreas en el área del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, comprendido en la Reserva de Biosfera Indio Maíz.