Los representantes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) ante la mesa de negociación presentaron este martes una carta al nuncio apostólico, Waldemar Sommertag Stanislaw, y al enviado especial de la Organización de Estados Americanos, Luis Ángel Rosadilla, exponiendoles los incumplimientos del régimen de Daniel Ortega sobre el acuerdo de liberación de los presos políticos, que se alcanzó el pasado 27 de marzo.	En la misiva, la Alianza Cívica insta a Sommertag y Rosadilla, como testigos, acompañantes y garantes para que “realicen las gestiones que correspondan y que puedan abordarse los temas pendientes de la agenda de negociación; rescatando la credibilidad de la mesa para que los acuerdos que se logren en la misma permitan abonar a la solución de la crisis”.	La Alianza Cívica asegura que los presos políticos no han sido liberados como se estableció en el acuerdo alcanzado, ya que las autoridades no les han cerrado sus “procesos administrativos iniciados”,  los “procesos penales” y “los registros de antecedentes penales”. La Alianza denuncia, además, que a varios expresos políticos “no les han sido devueltas sus pertenencias, ni documentos personales, incluyendo cédulas de identidad y pasaportes”.	En la carta, la organización cita el segundo párrafo del acuerdo, que dice: “El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) procederá a la liberación definitiva, entendido esto como el cierre definitivo de la situación jurídica de las personas más allá de la excarcelación de las referidas personas privadas de libertad, así como a la regulación de la situación jurídica de las mismas, de conformidad con la legislación vigente y las garantías constitucionales del caso”.	La organización asegura que el régimen de Daniel Ortega no dio respuesta al “Protocolo de garantías de seguridad de las personas liberadas definitivamente en contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018”, que le presentaron como propuesta para garantizar la seguridad de los 620 presos políticos que salieron de las cárceles entre febrero y junio de 2019, “pese a nuestras reiteradas demandas para que el Gobierno reaccione a nuestra propuesta de protocolo”.	“La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha recibido reiteradas denuncias de excarcelados y de sus familiares de actos de intimidación de parte de la Policía y de paramilitares, así como asedio, actos contra la integridad personal, la libertad de movilización y la libertad religiosa. Hemos visto, con mucha preocupación una constante campaña de odio de parte de los medios controlados por el régimen en contra de las personas excarceladas, lo que acrecienta el riesgo de que sean objeto de violaciones a sus Derechos Humanos”, se lee en a carta.	La Alianza aseguró, que desde la aprobación de la agenda de negociación y el plazo establecido para la liberación de los manifestantes, “con justificada razón ha afirmado que espera que el régimen cumpla con este compromiso el día de hoy 18 de junio, que es cuando se cumple el plazo señalado”, sin embargo, el régimen no liberó a más de 80 presos políticos, ya que los considera como reos comunes.	Los miembros de la organización piden que se active “el funcionamiento del Mecanismo de Coordinación y comunicación de la Mesa de Negociación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)” y se realice una reunión de urgencia “para revisar la lista adicional de personas presas como consecuencia de los actos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, que se actualizó en la carta enviada al CIRC con copia a ustedes el 28 de mayo pasado”