La idea de aprobar dicha ley había sido descartada por Antenor Rosales, Presidente del Banco Central de Nicaragua, BCN, porque ha atrasado demasiado la revisión del programa económico en el Fondo, y en sustitución propuso que se tome en cuenta el nuevo Código Penal, que ya incluye el delito de robo de energía eléctrica.	Pero Arce consideró que es mejor aprobar la Ley contra el Fraude Energético, porque según él, el Código Penal establece que si te encuentran defraudando energía vas preso; en cambio la ley anti fraude señala que primero la persona pasa por un proceso administrativo, lo que significa que es más noble que el primero.	Pero lo cierto es que la falta de aprobación de la ley contra el fraude eléctrico no permite al gobierno el desembolso de 16 millones de dólares, que son parte de más de 110 millones de dólares que establece el programa con el FMI para tres años. Además, otros 20 millones de dólares de desembolso de otros organismos también están congelados.	Arce dijo que se comprometieron con los organismos internacionales a hacer una política antifraude basada en la ley, pero que el proyecto que envió el presidente Ortega tiene ahora una serie de cambios. Sobre la preocupación expresada por los países cooperantes acerca del manejo de la ayuda que viene al país, Arce afirmó que manejan transparentemente todo, y que se comprometieron con el FMI a que en septiembre van a emitir el primer informe de la cooperación en Nicaragua.