Al respecto, la Alianza respondió que “los temas de justicia no se han abierto a discusión. A la fecha solo se habló de presos políticos y democracia. El tema de justicia tiene como base lo presentado por la Asociación de Madres de Abril: verdad, justicia, reparación y no repetición. El acuerdo garantiza que no habrá impunidad”.	Los familiares de los asesinados y de los presos políticos lo que demandan en que cuando se aborde en las negociaciones el punto de la justicia y reparación, se establezcan mecanismos para que haya una investigación creíble que lleve a los responsables de los crímenes, tanto los autores intelectuales como los que han ejecutado la represión, a enfrentar la justicia.	“Nuestra ruta es agotar las instancias en la vía legal en Nicaragua y a nivel internacional. Aunque no confiemos en la Fiscalía y en la Policía tenemos que agotar esa vía porque el Estado está obligado a garantizarnos el acceso a la justicia, que hasta hoy nos han negado. Una vez agotada esa vía acudiremos a las instancias internacionales”, afirmó Valdivia.	Estados Unidos ha señalado y sancionado a altos funcionarios del régimen de Ortega por la responsabilidad directa de la represión y crímenes de lesa humanidad. Entre estos señalados está el actual director de la Policía Nacional, Francisco Díaz, quien es consuegro de Ortega. También figura Fidel Moreno, secretario de la Alcaldía de Managua, señalado de dirigir los grupos paramilitares que atacaron a los civiles. Ambos forman parte del círculo de confianza más cercano a la familia Ortega Murillo.	La Alianza Cívica tiene un reporte de 838 presos políticos, de los cuales 647 están en las cárceles y 191 están en el exilio por tener órdenes de captura. Con ese número coincide la CIDH, en tanto el régimen no ha oficializado su lista pero en diciembre pasado registró 347 personas encarceladas por participar en las protestas.	Por su parte, Esquivel dijo que se discutirá el cambio del proceso de salida de los reos para que el Sistema Penitenciario los entregue a una delegación de la Cruz Roja Internacional y de la Iglesia católica, para que se constate el estado físico de cada uno que sea liberado. “Vamos a presionar para que hoy empiecen a liberarlos”, dijo.	La doctora en Derecho y catedrática, María Asunción Moreno Castillo, explicó que en el mecanismo que debe implementarse para que se dé la liberación “definitiva, segura y con garantías” de los presos políticos “es necesario conciliar una lista única lo más completa posible, de todas las personas que tienen un proceso administrativo o judicial abierto en ocasión de las protestas que se han dado a partir del 18 de abril del año pasado”.	“Ello requerirá la programación expedita de todas las audiencias en atención a los plazos y términos legales para que los jueces y magistrados, en los casos de apelación, se pronuncien sobre estos incidentes y recursos presentados, solo así se garantizará una salida legal que dé seguridad jurídica a las personas liberadas”, afirmó la jurista Moreno.	Carlos Tünnermann, de la delegación de la Alianza Cívica en las negociaciones con el régimen Ortega-Murillo, refirió que este lunes abordarían el tema de fortalecer los derechos y garantías ciudadanas conforme lo establecen la Constitución y los tratados internacionales como la Convención Universal de los Derechos Humanos. “Vamos a sostener nuestra propia agenda, porque para la Alianza esto implica respetar y hacer cumplir las libertades, derechos y garantías. Eso significa el derecho a la libre movilización, de asociación, a la libertad de expresión y de prensa que están garantizados en la Constitución y en los convenios internacionales de derechos humanos”, afirmó Tünnermann.