Se trata de que en esa isla de las Antillas que tiene el estatus político y administrativo de Estado Libre Asociado de los Estados Unidos (EE. UU.), los ciudadanos han forzado la renuncia del gobernador por medio de masivas manifestaciones pacíficas. En Nicaragua se ha intentado lo mismo con movilizaciones populares inclusive más fuertes y sostenidas que las de Puerto Rico, pero hasta ahora esos esfuerzos han sido infructuosos.	En Puerto Rico el estallido social que obligó al gobernador Ricardo Rosselló a renunciar después de 12 días de manifestaciones callejeras, fue provocado por la revelación de una conversación electrónica que tuvo con amigos y colaboradores cercanos, en la cual se expresó groseramente sobre diversos personajes y sectores sociales puertorriqueños. Pero la causa real y honda fue la inconformidad ciudadana acumulada durante años de clientelismo político partidista y corrupción gubernamental.	Del mismo modo, en Nicaragua la explosión popular de abril de 2018 no fue por casualidad ni sorpresa. Fue el resultado inevitable de años de frustraciones políticas, de rabia acumulada por la corrupción, la represión gubernamental, la destrucción de la institucionalidad democrática y del Estado de derecho por parte de Daniel Ortega y su camarilla.	Sin embargo, los resultados de las rebeliones ciudadanas en ambos países han sido diferentes. En Puerto Rico las manifestaciones obligaron al cabo de dos semanas a la renuncia del gobernador. En Nicaragua, tres meses de movilizaciones más grandes que las de Puerto Rico y un año de sostenida y heroica resistencia pacífica, y de presiones internacionales, no pudieron lograr la renuncia de Daniel Ortega ni han podido obligarlo a aceptar un acuerdo de transición democrática pacífica y gradual.	Es que no todas las rebeliones populares triunfan, por muy justas y masivas que sean. Muchas veces se necesita más de un intento para sacar del poder a un gobernante que no merece ejercerlo y entre una y otra rebelión puede pasar poco o mucho tiempo. Los cambios de régimen son una ley de la historia pero no todos se producen de la misma manera.	Además, entre Puerto Rico y Nicaragua existe la diferencia fundamental de que el gobernador Roselló, aunque sea corrupto e inmoral como se le acusa, es un demócrata que reconoce los derechos de los ciudadanos. En cambio en Nicaragua el poder es detentado por un dictador o tirano que pasa encima de la ley, desconoce y viola masivamente los derechos humanos y prefiere masacrar a la gente en vez de oír y atender su justo y legítimo reclamo.