“Con esta negativa la Fiscalía está negando el acceso a la víctima a conocer que pasó en el caso, porque las autoridades nicaragüenses nunca le han notificado de nada del proceso. María José Da Costa buscó representación legal privada porque nunca se sintió representada por el Ministerio Público, quien le ha ocultado información del caso y vemos que continúa haciéndolo”, dijo Funez.	Entre las acciones que ha realizado la Fiscalía que afectan los derechos de la víctima está el haber acusado por homicidio y no por asesinato, por portación ilegal de arma de fuego y no por uso y portación de armas restringidas, ya que usó una arma militar para asesinar a la joven.	También aceptó una admisión de hechos sin garantizar el debido control legal de parte del juez, no pidió penas máximas por los delitos cometidos, se presentó a una audiencia de apelación para rebaja de pena del agresor haciendo alegatos contradictorios y no se opuso al archivo de la causa aplicando la Ley de Amnistía, cuando no le es aplicable y menos se opuso a la orden de libertad emitida en julio pasado por los magistrados de la Sala Penal Uno del TAM.	Del paradero de Pierson Gutiérrez Solís nunca se supo nada, puesto que el régimen orteguista lo protegió desde el mismo día en que cometió el asesinato. La PO nunca lo presentó ante los medios oficialistas. La única audiencia que hubo fue privada en un día feriado nacional en Nicaragua (1 de agosto de 2018). Pierson fue condenado a 15 años de prisión, luego apeló y le bajaron la pena a 10 años.	Gutiérrez Solís admitió los hechos en esa audiencia preliminar, pero el juez Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, Abelardo Alvir no hizo el control correcto de legalidad de dicha admisión , explicó Funez, porque no pidió a la Fiscalía los medios de prueba que demuestran la culpabilidad del procesado y le diera certeza de lo que estaba aceptando.