Sáenz recordó que el Estado emitirá títulos valores por 45 millones de dólares para financiar pagos de deuda interna y proyectos sociales, y si cualquier juez tiene potestad para evitar que el Estado cumpla estos compromisos, ningún empresario adquirirá tales títulos valores, afectando el financiamiento presupuestario y la credibilidad del país.	“Existe una comisión formada por el comandante Bayardo Arce y el que les habla, encargados de renegociar la deuda. Yo les puedo manifestar que hemos avanzado sustancialmente. Estamos a la espera, tengo una reunión con uno de los bancos de una decisión definitiva alrededor de los puntos bases de interés que estamos proponiendo para reducir esa tasa, nosotros tenemos una propuesta que conduce a un alivio de la deuda que eso es lo más importante”, dijo Rosales.	Montealegre no vaciló en defender la banca privada, con el argumento de que faltar a la honra de la deuda contraída por el Estado aumenta el riesgo-país, produce un daño visible a la inversión, pues menos personas confiarán en exponer su dinero en un lugar donde el gobierno “por sus pistolas”, decide no pagar.	Por su lado, el coordinador de programas del Instituto de Investigaciones y Gestión Social (Inges), Irving Dávila, calificó la resolución del Juez Quinto Penal de Audiencia, Julio Arias, de “cortina de humo” y “jugarreta política” por parte del pacto FSLN-PLC, para agenciarse réditos y debilitar a otros grupos en un año electoral, aprovechándose del escándalo financiero de los Cenis.	Cabe señalar que Dávila trabajó con otras personas en el diagnóstico del caso de los Cenis, y en esa labor coincidieron con la Contraloría General de la República (CGR) en que todo el procedimiento utilizado en la emisión de esos bonos es nulo, además que estaba acompañado de otras maniobras que acabaron en actos de corrupción, que incluye el proceso de liquidación, la venta a precio de “guate mojado” de los bienes en poder del Banco Central y la reclasificación de las carteras.	“Aunque yo celebro que se debe impedir el pago de los Cenis y éste se transfiera a programas sociales del Gobierno, sin embargo, se están utilizando mecanismos en los que no se llegará a ningún lado, porque el acto realizado por el juez y el fiscal no tiene ningún sentido, incluso ya hay de previo declaraciones de tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) --entre ellos los Presidente y Vicepresidente de ese Poder de Estado-- afirmando que esa resolución no va a progresar”, alertó.