Distintos organismos de derechos humanos incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos de la ONU (OACNU) han llamado a las autoridades de Nicaragua a cesar la criminalización de las protestas y garantizar el derecho a la manifestación pacífica, el cual es considerado a nivel internacional un derecho fundamental.