Estando a mediado del año los trabajadores del Estado aún no han recibido el ajuste salarial, equivalente al 5 por ciento, que cada año se les aplica por ley en concepto de mantenimiento de valor. Hasta marzo de este año, el régimen de Daniel Ortega admitió en el informe de ejecución presupuestaria que hasta el primer trimestre no se había aplicado el ajuste salarial como medida de austeridad ante la reducción de los ingresos.	LA PRENSA constató, mediante consulta con trabajadores del Estado, que hasta mayo estos aún no reciben dicho ajuste, lo que reflejaría que la medida adoptada en el primer trimestre se mantiene invariable, pese a la puesta en marcha de urgencia de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, que entró en vigencia el 28 de febrero y que busca en recaudación 317 millones de dólares en este primer año.	“El gobierno está enfrentado serios problemas de presupuesto y prácticamente tendrá que hacer otra emisión de bonos para que los compre los bancos, lo que sí he observado es que la reforma (tributaria) no ha resuelto nada por el contrario va agravar más la cosa, el comercio se va incrementar porque la informalidad se va ir ampliando”, advirtió Aráuz.	Y aunque  el Gobierno en su informe de ejecución presupuestaria enero-marzo 2019 indica que se están aplicando medidas de austeridad, hasta febrero de este año habían 2,163 empleados nuevos en el Estado con respecto a igual mes del año pasado. La planilla pasó de  108,922 trabajadores a 111,085 en el periodo de referencia.	“Han emplanillado en los sectores de salud y educación mayor cantidad de gente; cuando en realidad estos servicios se han disminuido y están en lamentables situaciones de atención. Podría ser que emplean o emplanillan a personas en estas áreas, pero hacen otro tipo de funciones que pudieran ser partidarias o políticas, es una suposición racional, dada la situación del gobierno”, sostuvo Aráuz.	Las estadísticas del mercado laboral del Gobierno Central pública en el Banco Central solo recoge el 30 por ciento de las instituciones, no incluye el Ministerio de Defensa y Ministerio de Gobernación. Es decir que la masa de trabajadores del Estado es mucho mayor a los números que muestra el máximo emisor bancario.	Este año debido a la crisis económica, que se desató tras la represión estatal en abril de 2018, Hacienda había programado un ajuste del cinco por ciento parejo a todo el Estado, que le iba a costar al erario 1,403.9 millones de córdobas, de los cuales 58.2 por ciento correspondía a Educación y Salud, según se lee en la exposición de motivos del presupuesto 2019.	“El Presupuesto General no está en condiciones de generar un aumento porque el déficit público es grande, igual es una violación porque hay un convenio colectivo que tiene relación con el ajuste, yo considero que debería haber un aumento porque el poder adquisitivo se ha deteriorado, pero es muy difícil que se dé, porque el Estado ha disminuido su nivel de recaudación y bajo ese argumento pueden decir que no habrá aumento”, dijo Murillo.	“Debido a la caída (de la recaudación) el gobierno se ha visto obligado a implementar un recorte drástico del gasto público, (reducción de la inversión pública, el gasto en salarios, los subsidios al transporte público y las transferencias a los municipios), reduciendo su margen de acción para financiar el clientelismo político en el gobierno central y las alcaldías. Por lo tanto, podemos prever que el gobierno tendrá la presión de los asalariados del Estado debido a la inflación que es mayor que el año 2018, el incremento del desempleo, la eliminación del subsidio eléctrico y, posiblemente, del transporte público”, sostuvo.	Vargas dijo que las opciones del régimen son limitadas por tanto “el gobierno va a comenzar a recortar personal en las instituciones estatales y no podrá dar un incremento salarial de acorde a la inflación. La prueba de ello es que la mesa de la discusión del salario mínimo postergó su decisión hasta el mes de agosto 2019. Es decir, congeló los salarios, esa será la lógica que pienso que van aplicar para los empleados estatales”, agregó.	Según estimaciones de Funides, si este año no se logra una salida a la crisis política y por ende un retorno al crecimiento, la tasa de pobreza se ubicará entre 29.9 y 32 por ciento y otro 21 por ciento de la ciudadanía —que es considerada vulnerable— podría caer en situación similar.