El secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense (DHS), Kevin McAleenan, asistió el miércoles en El Salvador a la firma de un acuerdo con el gobierno de ese país para fortalecer la cooperación bilateral en cuatro áreas, a fin de abordar "la migración irregular de Centroamérica y combatir las organizaciones criminales transnacionales".	Las cuatro áreas de trabajo acordadas entre los dos países incluyen "aumentar la colaboración a través de la seguridad fronteriza y las operaciones de aplicación de la ley, expandir la cooperación en el intercambio de información, garantizar una cooperación estrecha en la creación de capacidad de asilo y protección, y continuar el diálogo para promover oportunidades e inversiones en El Salvador".	Esta es la tercera visita de funcionarios estadounidenses de alto nivel que recibe El Salvador en los últimos meses. El secretario de Estado, Mike Pompeo, visitó el país en julio el país y conversó con Bukele sobre la migración irregular. Este mes estuvo la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, quien observó los esfuerzos para detener la migración ilegal a través de programas de prevención de la violencia, fomento del desarrollo económico y atracción de inversiones.	"Puedo confirmar las cifras de los ciudadanos salvadoreños que llegan a la frontera sur (de EE.UU.). En mayo más de 16,000 y ahora estamos en agosto con 6,000, así que estamos esperando un 60% de reducción en los tres meses que el presidente Bukele tomó posesión. Es un progreso significativo en términos de la migración forzada desde El Salvador", manifestó.	Lo que se observa en el entorno parece ser muy coincidente con estas visitas. Tenemos Guatemala con un documento ya firmado, México con una frontera militarizada, Panamá con una propuesta por firmar como tercer país seguro, pero en El Salvador y Honduras no tenemos certeza de cuál es la propuesta", dijo a The Associated Press César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI).	Ríos criticó que el tema de la migración irregular sea abordado como un problema de seguridad nacional y que El Salvador se haya comprometido a controlar las fronteras, ya que consideró que ello puede perjudicar, impedir el paso de aquellas familias y personas que están huyendo de la violencia y que el país no tiene la capacidad de proteger.