Director general y director de Sistemas son los cargos que, respectivamente, ocupan Ori Zoller y Uzi Kissilevich en la empresa Internacional Proyectos y Representaciones, S.A., la cual presta el servicio de pruebas de estrés de voz a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Este procedimiento sirve como un filtro anticorrupción para quienes aspiran a un cargo o pertenecen al personal de la SAT.	Zoller y Kissilevich son dos israelíes nacionalizados guatemaltecos, y sus nombres han figurado en escándalos por tráfico de armas en Centroamérica, cuyo destino final habría sido grupos armados terroristas en Colombia. La OEA intervino en el caso, y aunque no tuvo pruebas suficientes para declararlos culpables, sí los señaló de negligencia. En Guatemala se llegó a ordenar sus capturas y estuvieron bajo arraigo, aunque ambas acciones quedaron sin efecto.	Hace 6 años fueron señalados como responsables del desvío ilegal de armamento desde Nicaragua hacia un grupo paramilitar de Colombia, para lo que habrían utilizado la empresa Grupo Internacional de Representaciones, S.A. (Girsa), inscrita en el país. Ante esto, Zoller se defiende y asegura que nunca hubo un caso en tribunales. “Si hubiera sido cierto, estaría en la cárcel. Una persona es inocente hasta que no es declarada culpable. No hay evidencias de que estuvimos involucrados”, advierte.	El grupo en mención era de extrema derecha, y según reporte de la OEA de 2003: “En octubre de 1999 comenzaron a darse una serie de eventos los cuales resultaron en el desvío ilegal de 3,000 AK47 y 2.5 millones de municiones de los arsenales del gobierno de Nicaragua a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización terrorista en Colombia. El desvío fue posible debido a actos negligentes por parte de varios funcionarios gubernamentales y compañías privadas, y por los actos deliberados y criminales de varios vendedores de armas privados”.	El gerente general de Recursos Humanos de la SAT, Alejandro Campos, y Vernon Ayala, asesor de la Gerencia Administrativa Financiera de esa entidad, dicen desconocer que estos nombres figuraban en el perfil de la empresa, así como las actividades con las que se les ha vinculado. “Se le adjudica a la empresa. Nosotros no entramos en detalle de quiénes están detrás de la empresa”, señala Campos.	Inicialmente el proceso sólo convocaba a pruebas de estrés de voz, pero se amplió el requerimiento a “estrés de voz o estratos de voz”. En 2006 había lanzado tres invitaciones a ofertar, en las que solicitó exclusivamente el servicio de análisis de estrés de voz, lo cual concluyó con la adjudicación por 980 pruebas a Expertos VSA.	El contrató se adjudicó el 18 de abril a IPR por un monto de Q780 mil por 4 mil pruebas. En el acta de calificación de ofertas y adjudicación consta que ambas firmas propusieron exactamente el mismo precio, y empataron en las calificaciones de especificaciones técnicas y experiencia. Ante el empate, la decisión quedó en manos de la Junta de Cotización: Juan Carlos Alegría Sáenz, Ericka Siomara Castillo Palencia y Kellyn Maritza Pérez Contreras. Se otorgó el negocio “tomando en consideración (...) que no interviene el criterio humano (...) este sistema es más conveniente para los intereses de la SAT”, razonó la Junta.