La masacre ocurrió al fin de la tarde del 22 de mayo del 2006 en Jamundí, un municipio del Valle del Cauca, cuando los 10 agentes antinarcóticos y un informante civil llegaron en tres camionetas a un hospicio psiquiátrico donde tenían pistas sobre un almacenamiento de 100 a 200 kilos de drogas.	Las autoridades policiales y militares, advertidas de la balacera por la radio de los agentes, llegaron a Jamundí encontrando a los agentes muertos y a los 14 suboficiales. El teniente coronel Carvajal llegó después de ocurrida la matanza y alegó ante el tribunal que como él había estado ausente no era responsable. Los suboficiales y soldados no hablaron ante el juzgado apegándose a su derecho de mantener silencio.	El fallo es apelable ante el tribunal superior del Valle del Cauca y eventualmente la Corte Suprema, en un caso que es relevante porque expuso el vasto alcance del narcotráfico y la corrupción entre cuadros militares y de la propia Fiscalía General, uno de cuyos miembros fue sorprendido a fines del año pasado pidiendo a abogados de Carvajal 800 millones de pesos (unos 421.000 dólares) a cambio de ayudarles y alegar la nulidad del juicio, según han dicho investigadores judiciales.	La defensa nunca negó los disparos --al menos 400 balas de fusil Galil-- pero aseguró que todo se trató de un caso de ''fuego amigo'', una versión inicialmente respaldada por los mandos militares, pero de la que después se apartaron ante evidencias que la balacera fue a plena luz y que los agentes estaban identificados con gorras y chaquetas donde se podía leer ''policía''.	Desde antes del inicio del juicio el 18 de diciembre del 2006, la acción del grupo al mando de Carvajal se vio vinculada al narcotráfico, ya que circuló la hipótesis entre los jefes policiales, según la cual el oficial envió a sus soldados a Jamundí para proteger a un narco, y fueron sorprendidos por los agentes.