La vida social, la convivencia entre las personas, el manejo del poder en la sociedad y el Estado, están plagados de contradicciones y absurdos. Desde nuestro escenario inmediato, en donde vivimos, bajo el nicaragüense sol dariano, que quema y arde de distinta manera a los mismos habitantes que somos distintos, hay cosas que apreciamos todos los días, aquellas incluso que ya ni nos percatamos por la costumbre de que son así, y en las cuales, tengo que confesarlo, soy parte, culpable, cómplice, al menos con mi silencio por el beneficio obtenido o por la comodidad que implica estar relativamente, entre quienes gozan de esa comodidad de “pasar por la puerta ancha”, por “el pasillo amplio” (hay quienes, dada su encumbrada posición, pasan a través de puertas tan anchas que no es posible divisar sus bordes), cuando sabemos con certeza, aunque muchas veces se prefiere olvidar, que la gran mayoría, la inmensa mayoría, no tiene ni una rendija para colarse, y el pasillo por el que tiene que cruzar es angosto, largo, costoso, tedioso, oscuro y tormentoso, lleno de trabas.	Nos vamos a referir a un asunto común, de lo más ordinario y próximo, pero grave. Comienzo con una pregunta: ¿Por qué será que la simplificación u omisión del trámite, la exoneración, la reducción del precio, el descuento especial, la condición preferencial, se suele dar prioritariamente a quien puede, a quien tiene, a quien se ubica en la posición importante de gobierno y poder político, económico, social, militar, religioso, etcétera? Continúo con la otra pregunta: ¿Por qué esas excepciones, preferencias, facilidades, no se otorgan a quien las necesita porque ha sido desfavorecido por la naturaleza en su condición física, por la sociedad en su condición humana, por la económica y la política en su condición socioeconómica y de ciudadano? ¿Por qué la balanza está inexplicablemente inclinada para favorecer a quien puede y olvidarse del que no puede?	Díganme ustedes si no es cierto lo siguiente: Llega un gerente de una empresa importante, un accionista de una entidad bancaria, un funcionario de la dirección superior de un ministerio, un directivo de uno de los principales partidos políticos, un coronel del Estado Mayor, un alto comisionado de la Policía, una fulanita de un apellido rimbombante de rancios antecedentes, bonita y de cuidada figura; ¿creen ustedes, que en la mayor parte de las veces, haga fila y cumpla todos y cada uno de los requisitos para obtener un permiso, una licencia, una autorización especial u cualquier otra gestión? Es seguro que tendrá descuento, atención rápida, y dada su posición, el trámite será ejecutado con prontitud, no faltarán las recomendaciones u órdenes para evadir cualquier obstáculo. Se goza, desde esa posición, de privilegios que rebalsan y sobran.	Veamos la otra cara: Llega una persona, hombre o una mujer, madre o padre de familia, de tres hijos o prole numerosa, madre soltera, sencilla, posiblemente desempleada, anónima, de nombre común, rostro curtido, manos descuidadas, tal vez joven, tal vez mayorcito, tal vez guapa, tal vez feita; se sienta, espera y espera, pide rebaja, no se la dan, no ha cumplido un requisito, no hay forma de evitarlo, tiene que sujetarse a lo establecido. La dependiente, recepcionista o gestora insiste que es la norma, la ley, la obligación, no puede pasar a hablar con nadie más; su gestión se agota en ese nivel inmediato que es el que atiende a la gente común, a la gran mayoría. Ella dice que no puede pagar tanto, que el papel que le piden no lo ha podido conseguir, piden la excusen… regatea un poco, tal vez consigue algo… ¿Quién escucha? O simplemente se va. Se sufre, desde esa posición de carencias e impotencia que aturde y abunda.	Consideremos que en el primer supuesto no ha habido “acto delictivo”, simplemente un “abuso discrecional” en la aplicación de las facultades para facilitar y favorecer a quien tiene poder, manda, tiene influencias y recursos. En el caso que lo hubiera, el asunto será de corrupción pública y privada que no pretendo abordar en la brevedad de este escrito. No es raro que en la cúspide de sus manifestaciones (del poder y la riqueza), “los dados suelen estar cargados”, los beneficios pueden ser abundantes y las penas a pagar por ello insignificantes; en la llanura de la existencia “siempre se lleva las de perder”, poco el beneficio y alto el interés.	¿No se puede cambiar ese “orden irregular” de cosas? ¿No se pueden invertir esos roles que benefician incorrectamente a quien realmente no necesita? Quien tiene más que pague más, quien puede más que cumpla más. ¿Por qué el descuento, la preferencia, la exoneración, la omisión de requisitos es para quien puede, y no para el que no puede? ¿Podrá el gobierno actual --cuyo eslogan es “El Pueblo Presidente”-- modificar esa cultura, al menos en el comportamiento de las instituciones del Estado?; sin necesidad de cartas de afiliación a los CPC, ni recomendaciones de militancia de uno u otro, simplemente por estar en esa desafortunada condición de limitaciones que las circunstancias, la historia, el modelo socioeconómico de exclusión le ha impuesto, se ha dejado llevar, o se ha llevado en el ejercicio de su “limitada libertad”.	Es parte de la naturaleza humana, es cierto, el uso discrecional del poder. Hay en su esencia algo que facilita eso, pero también, persiste un orden institucional, económico y político, que lo permite y promueve. Es necesario romperlo. ¿Se puede? ¿Puede la tortilla darse vuelta? La excepción, la simplificación, el favoritismo, el beneficio, tiene que ser para quien no pueda, para el que no le alcance ni para la subsistencia. ¿Es esto una utopía? Como la de Tomás Moro o Francisco de Asis. Puedo escribir esto al menos, lo denuncio; quizás alguien, al menos uno o una lo lea y esté de acuerdo conmigo. Si varios estamos de acuerdo, si muchos estamos de acuerdo, quizás nos convencemos que hay que cambiar el actual orden injusto de las cosas; así comienza algo a ser diferente. Quizás es un simple e inútil ejercicio de conciencia.