Los eventos que se están desarrollando en nuestro continente y, para circunscribirlos aún más, en nuestro país, llevan dentro de sus propios procesos una Revolución, y por lo tanto un fuerte impulso hacia la modificación de paradigmas, sistemas y condiciones de modelos heredados. Más allá de las discrepancias y oposiciones de ciertos sectores (rescoldos oligárquicos, pigmentocracias, grupos y partidos de derecha) por el rumbo que la cosa pública está tomando en nuestro país, los cambios impulsados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional significan un modo de producción (en lo económico) redistributivo de forma específica, y por lo tanto, una deslocalización y a su vez decolonización geográfica y grupal de las variables y los papeles de los diversos sujetos económicos nacionales.	Es decir, que mientras los gobiernos anteriores estamentaban y asignaban roles y patrones, siguiendo un modelo cíclico dominado por el mercado, aunque le llamaran “libre”, como lo ha dicho el Nobel Amartya Sen (sabemos que la libertad era aplicada sólo a los grandes capitales: “libre circulación de capital”) y un pensamiento único como también lo ha dejado claro Ramonet, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está logrando que fluyan y refluyan los distintos centros, periferias y semiperiferias, antes marginados, lo que tiene como consecuencia la transformación del modelo.	Incluye esto un avance en las perspectivas y las coordenadas de los movimientos del sistema, lo que no resisten, entienden, y por lo tanto, no avalan los que siempre han detentado los privilegios del mismo. Esto sería parte del cambio cualitativo que el actual Gobierno está promoviendo como reestructuración de las políticas públicas y su vinculación con el mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría. En otras palabras, cómo el modelo, tanto político como económico, se desarrolla en función de la evolución de las estructuras sociales, de la cultura y de las aspiraciones de la ciudadanía, que antes estuvo vedada de esta evolución.	Esto implica que el viejo modelo, tanto económico, social y político que se amparaba en una normativa estructural/funcional es puesto en duda, en lo que respecta a la supuesta “efectividad” para la creación de proyectos de desarrollo y el combate a la pobreza. En este sentido el cambio y los desplazamientos que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional impulsa, procuran establecer acciones y expresiones límpidamente articuladas para la contribución de una nueva cultura (entiéndase ésta como normativas a seguir) de transformación de los métodos, medios y aplicaciones de los programas que se echan a andar desde el Estado.	De ahí que cuando hablamos de redistributiva nos referimos a una nueva forma de afrontar y resolver la problemática ciudadana, no con dejarle la cancha a las ONG al “remesismo” (remesas) o a la “racionalidad” del mercado, como lo hizo durante los 16 años la derecha, sino con promociones de un modelo, un nuevo orden de cosas marcado por una legislación, una propuesta gubernamental (programas, proyectos, acciones) que implícita y explícitamente benefician al pueblo.	Para este fin se vienen desarrollando nuevas formas de organización de la sociedad y de los procesos sistémicos (sistema). Es decir, se han vuelto necesarias nuevas formas de representación y nuevas maneras de gobernar (poder ciudadano), que coadyuven a proponer modelos alternativos. Es decir, de esto se desprende que no se debe y puede dejar a las leyes del mercado la organización de los procesos socioeconómicos de nuestro país, pues está claro su fracaso, máxime en lo que refiere a la resolución de lo social urgente; sino que se debe hacer un recuento de las posibilidades, de las alternativas, en función de suscitar renovaciones en la visión de las cosas, tal y como lo está haciendo el actual gobierno.