Cinco plazos fatales relacionados con la crisis sociopolítica del 2018 están a punto de vencerse en junio, ante los cuales el régimen no parece darse cuenta y actúa incluso en forma contraproducente, como fue la negativa del permiso a la marcha convocada el domingo pasado y la desmesurada movilización policial con que fue reprimido cualquier amago de concentración ciudadana.	Veamos los plazos fatales y cómo le está haciendo frente el régimen: el 13 de junio vence el plazo de 6 años para que Wang Jing presente las pruebas de financiamiento del mentado canal interoceánico, ayudaría a mejorar el clima que el régimen presentara una iniciativa de ley de urgencia para derogar dicha onerosa concesión vende patria, pero ni por asomo lo ha hecho. Este fue el principal frente sociopolítico que tuvo el régimen anterior a la crisis de abril.	El 18 vence el plazo para liberar a todos los presos políticos. En un comunicado leído el lunes por el canciller Denis Moncada, el régimen reiteró su compromiso de excarcelar a 124 que aún guardan prisión y de liberarlos a todos mediante una ley unilateral introducida a la Asamblea Nacional esta semana, que han llamado de “perdón, no olvido y no repetición”, la que dejaría impunes todos los delitos de lesa humanidad cometidos contra la población cuyos autores aún no han sido procesados. También el 18 de junio está programada la reunión de la Comisión Europea para aprobar las sanciones contra el régimen Ortega-Murillo; pero en lugar de levantar el estado de sitio de hecho que existe sobre la población y los medios de comunicación social, el régimen también anunció el lunes por medio de Moncada, que garantizará las movilizaciones, pero bajo los mismos condicionamientos policiales que no las han permitido y que realizará una auditoría sobre las ONG y los medios de comunicación que reciben insumos exonerados.	El 21 se vence el plazo de 180 días en el cual el secretario de Estado dará su informe al Congreso de los Estados Unidos sobre las violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción y lavado de dinero de funcionarios de Gobierno de Nicaragua. Este plazo el gobierno lo encara con el asesinato en custodia del prisionero político Eddy Montes Praslin, ciudadano estadounidense, y la brutal golpiza a 90 presos políticos. Y el 26 es la Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia, donde se abordará la crisis de derechos humanos y la ruptura del orden constitucional en Nicaragua, por lo que es probable que se aplique la carta democrática declarando ilegítimo al régimen de Ortega Murillo, pasando a ser usurpadores de cargos públicos.