A continuación, los principales puntos de esta investigación, que empezó en enero de 2018 a raíz de la causa conocida como Traficantes de Influencias y que muestra una realidad habitual en las campañas políticas en Guatemala, según fuentes de cercanas consultadas por Acan-Efe: "movimientos por encima de mesa que ocultan movimientos por debajo".	1. En enero de 2018, a raíz del caso Traficantes de Influencias -una estructura delictiva que captaba empresas para agilizar trámites de devolución fiscal a cambio de sobornos-, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) detectó "puntas" de este "iceberg" que involucra a la formación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).	2. Había movimientos financieros desde las cuentas de la empresa Ingeniería Integral S. A., implicada en esa trama, hacia la entidad MAARIV S.A, una de las tres compañías que actuaron como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido por medio de una estructura y "administración paralela" de las "finanzas oficiales" para eludir "el control sobre los fondos" aportados.	7. Sandra Torres, quien intenta competir por segunda vez por la Presidencia de Guatemala, conocía esta situación y según un testigo de la investigación se reunió con un financista para la segunda vuelta de 2015 y le ordenó poner como benefactor en un cheque a una persona particular, que lo utilizó para hacer parte de la publicidad electoral contratada por el partido.	- Doce órdenes de captura: el excandidato a la Vicepresidencia y empresario Mario Leal Castillo y sus familiares Mario Roberto Leal y Rodrigo Leal Castillo, así como Luis Fernando Pérez Vargas, Carlos Enrique López Girón, Julio César López Villatoro, Guillermo Alejandro Sierra, Susana Patricia Castellanos, el exsecretario privado de la Presidencia Gustavo Adolfo Alejos, Víctor de Jesús Duarte, Maynor Feizal Zimeri y Juan Pablo García. - Siete citaciones a primera declaración.