La ruta de acceso a la justicia para estos casos en Nicaragua no es tan fácil como podría percibirse. Involucra una serie de factores que determinan el castigo o la impunidad. Depende de la sensibilidad de los y las administradores de justicia, el posible cumplimiento o no de las leyes, la conciencia del/la ciudadanos que componen el jurado, que tiene en sus manos la decisión de la culpabilidad o inocencia de los agresores.	La actuación delictiva y aberrada del agresor se invisibiliza y entra en juego el enfrentamiento entre la “dudosa” honestidad de la niña, frente a la “intachable” conducta del agresor, por la cual “… nadie esperaba que cometiera ese delito…” Y esto sobre todo cuando se trata de algún familiar, amigo o bien el líder de la comunidad, no importa de qué índole, religioso, político, etcétera.	En ese sentido, se hace evidente la necesidad de la implementación de estrategias de empoderamiento de las sobrevivientes, encaminadas al inicio, seguimiento y conclusión del proceso. Asimismo, todas aquellas acciones terapéuticas que fortalezcan tanto a la niña o adolescente y a sus familiares, principalmente en cuanto a su preparación para enfrentar un juicio cuyas características ya se han mencionado.	Pero no sólo se trata de preparar a las niñas y a las adolescentes, sino también de que se produzcan cambios de actitudes, comportamientos, de quienes administran la justicia, así como de la sociedad misma, de tal manera que el flagelo del abuso sexual se vea como un problema social que nos compete a todos y todas. El Estado tendría que ser el principal garante de que haya una verdadera justicia, que los acuerdos internacionales que ratifica no sean solamente papel mojado, como un requisito para optar a beneficios de apoyo internacional.	La creación de unidades especiales donde existan peritos, investigadores policiales, fiscales y jueces adiestrados y con la adecuada sensibilidad resultaría de vital importancia para disminuir los casos de impunidad y a su vez tendría su influencia en la prevención de este tipo de delitos. Así como la existencia de estructuras adecuadas para que las niñas y adolescentes en compañía de especialistas rindan su declaración.	El prolongado tiempo que se requiere para la culminación del proceso legal, así como los recursos que se deben invertir, son las principales limitantes que sienten las familias de las sobrevivientes para llevar hasta el final su demanda, sumado a los resultados que históricamente se tiene en este tipo de delitos.	Aunque muchas sobrevivientes que denuncian siguen la ruta para acceder a la justicia, la mayor parte se quedan en el camino, abandonando el proceso. La recolección de elementos de prueba en la instancia inicial, como es la Policía Nacional, constituye uno de los principales momentos en que se invierte mucho tiempo.	Si bien es cierto que hay un reconocimiento en términos generales hacia la Comisaría como instancia especializada, en el mejoramiento del abordaje de la problemática, también se señala que falta camino por recorrer en cuanto a personal sensibilizado y especializado para la atención de las sobrevivientes. Y esto se agudiza en las estaciones policiales donde no hay comisaría,	Dentro de los procedimientos cuestionados a jueces está el uso del beneficio para los agresores del arresto domiciliar y la libertad condicional. Por tanto surge la demanda de las niñas, adolescentes y sus familias, así como de las personas que trabajan en la defensa de sus derechos, de que este tipo de beneficios no deben aplicarse para estos casos, sino, por el contrario, deben tratarse con el rigor de la ley desde un inicio.	Las sobrevivientes de abuso sexual enfrentan no sólo la agresión sufrida, también la agresión por parte de un ser querido en la familia, a esto le agregamos un sistema probatorio, agresivo por sí mismo, donde la niña o la adolescente tiene que ser revisada, analizada, fotografiada si fuera necesario, a fin de probar el delito. Pero también está expuesta a ser analizada su vida sexual, su historia emocional y psicológica y hasta juzgada frente a su agresor en un juicio oral y público. Expuesta a que cualquier persona piense que está mintiendo.