El foro celebrado en Medellín, previo a la Asamblea General de la OEA, llevaba como título “Justicia internacional en las Américas y sus desafíos para prevención de crímenes de lesa humanidad”, en el que sobresalieron los nombres de Venezuela, Cuba y Nicaragua, cuyos Gobiernos son señalados de cometer delitos de este tipo.	“La triste realidad es que en el año, desde la publicación del informe de la Secretaría General y el Panel de Expertos Internacionales sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, los crímenes se siguen cometiendo en ese país, con nuevas modalidades e intensidad. Ahora existen también dos acusaciones de crímenes de lesa humanidad en contra del gobierno de Daniel Ortega y el régimen cubano”, denunció Hernández.	Hernández explicó que en el caso de Nicaragua “la violencia y represión” que ocurrió en el marco de las protestas sociales iniciadas en abril 2018, fueron de tal magnitud que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), concluyó que “el Estado nicaragüense había llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad”.	En el evento participaron también Amérigo Icalcaterra, exfuncionario de las Naciones Unidas y parte del GIEI; Tamara Suju Roa, directora ejecutiva de Casla; José Ignacio Salafranca, diputado del Parlamento Europeo por el Grupo Popular; Javier Larrondo, director de la organización “Defensores de los prisioneros cubanos” y Julio Montenegro, parte del equipo de “Abogados del Pueblo”, defensor de manifestantes nicas encarcelados.	El europarlamentario Ignacio Salafranca, que en enero pasado fue parte de una misión de la Eurocámara que visitó Nicaragua para obtener información de primera mano sobre la crisis, explicó, al ser consultado sobre la posibilidad de que la Unión Europea presente la denuncia ante la Corte Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, que como Unión Europea intentan emitir posiciones en conjunto, pero cuando estas posiciones no se pueden producir, cada Estado miembro puede posicionarse de la forma que estime conveniente.