Carlos González y Cruz Urbina Mendoza, representantes de los desmovilizados de la ex Resistencia, que son dueños de la finca Santa Rita, ubicada en la comarca Kuikuinita de Río Blanco, se presentaron a la Comisión Permanente de Derechos Humanos a denunciar que el doctor Luis Raudez, en representación de la Procuraduría General de la República, y el abogado Alejandro Gómez, de la Intendencia de la Propiedad, les comunicaron que el título de propiedad otorgado por el gobierno anterior sería anulado, y la finca de 495 manzanas pasaría a manos de los CPC.	El 25 de agosto de 2004, 16 desmovilizados de la contra recibieron de manos del intendente de la Propiedad, Alfonso Sandino, un título de reforma agraria de la finca Santa Rita, bajo el número 88922 asiento 2, folio 71-74 del tomo 743. El título fue ratificado por la doctora Mireya Molina, primera intendente de la Propiedad del gobierno de Daniel Ortega.	Semanas atrás, estos mismos campesinos denunciaron en EL NUEVO DIARIO el ataque a balazos de que fueron víctimas por parte de simpatizantes sandinistas encabezados por Melanio Antonio Zamora Miranda, el mismo que ha encabezado acciones armadas contra los desmovilizados, destruyendo viviendas, sacrificando ganado de los desmovilizados y amenazando de muerte a los campesinos.	Zamora Miranda es la misma persona que desde 2004 se tomó por la fuerza, junto a 24 sujetos más, la mayor parte de la finca Santa Rita, pero el 14 de febrero de 2006, un juez de Distrito Civil de Siuna dictó sentencia confirmando que la propiedad pertenecía a los desmovilizados de la ex Resistencia.	La sentencia fue apelada por los toma tierras, pero el Tribunal de Apelaciones de Puerto Cabezas ratificó la sentencia del juez de civil de Siuna mediante sentencia del cinco de marzo de 2007. En abril, el juez de Siuna ordenó el desalojo de los toma tierras, pero la Policía de Río Blanco no quiso ejecutar la orden.	En su denuncia, los desmovilizados de la ex Resistencia dieron a conocer que con la confiscación, las autoridades gubernamentales están desconociendo una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, donde ratifica la legalidad del título agrario y el dominio pleno que los beneficiarios tienen sobre la finca. “Es una confiscación de nuestra propiedad”, señalan los desmovilizados.