Aparato financiero del Ejército y confusión de intereses entre sus altos militares detrás de arrebato impune de una propiedad familiar. Un título agrario de los que circularon como papeletas después de la derrota electoral del FSLN; una cooperativa inventada y prostitución del Registro Público, bastaron para quedarse con propiedad privada adquirida desde los años 40. La “Operación Esquipulas” buscó respaldo en Secretaría del FSLN y lo demás fue tierra arrasada.	En la propiedad en la que antes recogían las siembras los hermanos Urbina Rivas, ahora solo se observan las huellas de calles y rótulos dejados por la maquinaria de la empresa Obras de Ingeniería S.A. (Obrinsa), contratada por la sociedad Desarrollo Monteverde S.A. (Demovesa) para que ahí se levantara un millonario proyecto residencial de 814 viviendas denominado “Vista Verde”.	El IPSM es considerado el instrumento financiero del Ejército de Nicaragua y administra una cartera que supera 50 millones de dólares, en un amplio abanico de operaciones mercantiles, entre ellas la construcción; todas destinadas a garantizar el bienestar de los militares, de acuerdo con datos brindados por el mismo general Chamorro Téfel al semanario Confidencial en diciembre de 2004.	El general Chamorro Téfel, denunciado por la familia Urbina Rivas como el poder al frente del desalojo, fue retirado de la dirección del IPSM en agosto pasado. Versiones oficiales dicen que se debió al proceso normal de rotación de oficiales de la institución castrense, pero otras fuentes anónimas indicaban que se debió a los señalamientos públicos de anomalías relacionadas con un precioso cayo ubicado en el Caribe Sur de Nicaragua, que era ofrecido en venta por el griego Peter Tsokos a través de internet.	Chamorro Téfel fue hasta el 13 de enero de 1994 presidente de la empresa de vigilancia Ultra de Nicaragua S.A. (Ultranic). Luego extendió un Poder Generalísimo a Rodrigo Cardenal Martínez, con quien el presidente de la Junta Directiva de Inversiones Guardabarranco, Norman Baldizón Morales, firmó un contrato de seguridad el 31 de marzo de 2006, para que los guardas de esa empresa resguardaran la propiedad reclamada por los hermanos Urbina Rivas.	“Esto (el desalojo) se hizo con mandato de un juez, y quienes participaron ahí fueron las fuerzas policiales. Es importante destacar que la institución nuestra no ha actuado de forma unilateral. Únicamente, pues, viendo por sus intereses, pero que es la sociedad Guardabarranco la que es parte de este conflicto”, dijo Palacios Bragg.	Inversiones Guardabarranco, de acuerdo con escritura pública número 150, fue autorizada como sociedad anónima el 22 de octubre del año 2005 ante los oficios notariales de la abogada Julieta Jarquín González. Sus primeros socios fueron Ronald Antonio Lara Ruiz, poseedor de 34 acciones; Aníbal Guevara Mena, con 33 acciones, y Julia Esperanza Rodríguez García, con 33 acciones.	Reynaldo Fernández Téfel, según el Libro de Acta y Acuerdos de la cooperativa, expresó “que por convenir a sus intereses ha cedido en su totalidad el derecho de compra y demás acciones derivadas de la escritura pública número 60, a la entidad jurídica denominada ‘Inversiones Guardabarranco S.A.’, representada en este acto por el señor Ronald Antonio Lara Ruiz”.	En esa sociedad es accionista con cerca del 20 por ciento el IPSM, según confirmó Fernández Téfel a EL NUEVO DIARIO durante una entrevista. Ahí expresó que es un inversionista que lo único que ha buscado es el desarrollo propio, de su familia y del país, a través de la creación de fuentes de empleo.	“Yo me di cuenta que esa cooperativa estaba vendiendo esa propiedad, investigué el título de reforma agraria que me presentaron para ver si era auténtico, investigué si la cooperativa existía realmente, porque no iba a meter dinero mío y de mi familia en riesgo, y cuando comprobé que todo era legal, hicimos el negocio, porque no había nada irregular”, dijo Fernández Téfel.	Duarte Suárez fue miembro del EPS en los años 80, y sus oficinas se encuentran dentro del complejo de la Secretaría del gobernante Frente Sandinista en el reparto El Carmen. Fuentes policiales de alto nivel, confirmaron a END que la autorización para el desalojo vino directamente desde la Secretaría del FSLN. “Apoyen al Ejército”, fue la orden, según la fuente.	Para la creación de ese consorcio, por Innicsa compareció el ingeniero Roberto Gutiérrez Huelva, como gerente general de la empresa, y se estableció un capital accionario del 70 por ciento, mientras que por la firma Desarrollo-123, lo hizo Reynaldo Fernández Téfel, a quien otorgaron un Poder Generalísimo el 15 de diciembre de 2004, para actuar en nombre y representación de dicha compañía que solo cuenta con el 30 por ciento de las acciones.	De acuerdo con la Escritura de Constitución número 113, del tres de agosto de 2005, elaborada por la abogada Julieta Jarquín González, sus socios son Yasser Salty Jerez, Alejandro Belli Castellón y Gloria Ramona Téfel de la Rocha, que es prima del general en retiro Adolfo Chamorro Téfel y madre de Reynaldo Fernández Téfel. Posteriormente el IPSM fue incorporado como socio de Demovesa.	Agregó que como el proyecto es de gran envergadura, buscó a compañías de experiencia que le ayudaran a administrarlo, y que la más indicada en el ramo inmobiliario era Innicsa. Sobre Obrinsa asegura que ganó una licitación y que contrató a Ultranic por el prestigio que tiene en su ramo y no porque fuera de su tío.