Entre la muchedumbre y la música de chicheros y marimba con que Monimbó celebraba el 11 de junio pasado la liberación de los que se pensaba eran los últimos presos políticos del régimen de Daniel Ortega, estaba doña Estelita Rodríguez Zelaya, de 67 años. Esperaba  ansiosa la llegada de su hijo Edward Lacayo Rodríguez, a quien en las barricadas de Masaya llamaban “La loba feroz”.	El régimen de Ortega aseguró que ese 11 de junio fueron excarcelados la totalidad de los presos políticos, pero según el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, tras las rejas quedaron 84 reos, cifra que se elevó a 91 hasta el 25 de junio, fecha en que fue actualizada la lista por la Alianza Cívica.	Su familia es fundadora de un negocio que tenía más de 70 años, el “Molino de mi barrio”,  tan popular en Masaya que le da nombre a la calle trasera del Colegio Salesiano. La llaman “la calle del molino”. Los abuelos le heredaron el negocio a Edward,que hasta julio de 2018 logró mantenerlo a flote. El año pasado, cuando los paramilitares entraron a la ciudad, se tomaron el molino y Edward lo perdió todo, pero logró escapar rumbo a Honduras.	Famoso en las redes sociales por lanzar fuertes discursos en contra de Daniel Ortega y por vestir chaquetas militares, se rumoró que era un exsoldado estadounidense, pero doña Estelita Rodríguez asegura que su hijo siempre se ha vestido así “quizás influenciado por su papá y sus tíos Israel y Elías Rodríguez Zelaya, que también cayeron en combate en el 79”.	Sobre la verificación de que estas personas son presos políticos y no reos comunes, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, asegura que tienen un protocolo para ingresar los casos en la lista de presos. “Hablamos con la familia, entramos al sistema del Poder Judicial para ver de qué se les acusa, y no son puestos de manera inmediata en la lista”, explica Ivania Álvarez, que trabaja en el Comité.	La Alianza Cívica igualmente afirma que está realizando un proceso de investigación con ayuda de diferentes organizaciones, y que cada preso tiene un expediente donde se recoge toda la información del caso. “La idea es tener los indicios, los argumentos, que permitan identificar que hay una simulación de parte del Gobierno, de imputar delitos falsos, para encubrir una persecución política”, dice José Pallais, miembro de la Alianza.	Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que en algunos casos los presos sean realmente reos comunes, Pallais señala que “cabe la posibilidad”; pero que ellos investigan para “dilucidar” si en verdad están frente a un preso político. “No vamos a proteger a delincuentes, esa no es la idea. Hemos tenido casos en los que son sacados de la lista, pero son la minoría”, asegura.	Respecto a los presos de los que hay poca información, Pallais explica que no los pueden sacar de la lista hasta que se determine entre el grupo técnico conformado por el Gobierno y la Alianza si se trata de un preso político o un reo común. “Hasta que estemos claros, con las pruebas de una y otra parte es que los damos de baja, pero hasta el momento la mayoría se ha confirmado que son presos políticos”, sostiene.	El caso de “La Loba Feroz” sería el botón que muestra cómo el régimen de Ortega convierte a un “preso político” en un “preso común”. Pero son más. Muchos más. Y puede que no sean todos los que están, ni estén todos los que son. “Siempre hay un margen de error”, reconoce un miembro del Comité Pro Liberación de Presos Políticos; pero esta es la lista que manejan tanto el Comité como la Alianza Cívica. Una lista de personas que permanecen detenidas en diferentes cárceles de Nicaragua y son consideradas “presos políticos” por unos y “reos comunes” por otros. Estos son sus nombres y sus rostros.	El representante de la Alianza Cívica, José Pallais asegura que “Daniel Ortega está volviendo a llenar las cárceles”, para desviar la atención y no tocar los temas de democratización en la mesa de negociación. “Tenemos reportes de hasta 10 personas desaparecidas o secuestradas por día en diferentes puntos de Nicaragua”, sostiene.