El caso más sonado durante este año fue el crimen de José Inés López Martínez y su hijo, Inés Darío López Zeledón, a manos del productor y empresario juigalpino Luis José Centeno Gutiérrez, quien reclama la finca que López Martínez recibió de manos de la Intendencia de la Propiedad como parte de los acuerdos gubernamentales.	Estadísticas en manos de la Unión de Cooperativas Agrícolas del municipio de El Rama, señalan que en ese territorio han muerto 17 socios demandantes de tierras a manos de los productores o matones mandados por éstos. En los municipios de Matagalpa, Río Blanco, Muy Muy y Siuna, esa cantidad es similar.	La propiedades en conflictos fueron en su mayoría ejecutadas judicialmente por los Bancos y pasaron a la administración del Banco Central de Nicaragua; los propietarios de las fincas las disputan con la base de la ex Resistencia Nicaragüense, quienes en algunos casos se encuentran en posesión de la tierra y muchas de estas propiedades regresaron a sus antiguos dueños mediante la falsificación de documentos.	Una denuncia que desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense presentaron en julio del año 2004 al entonces Procurador General de la República Víctor Manuel Talavera, señala que de 520 propiedades que el gobierno de entonces, compró en más de 200 millones de córdobas para resolver el problema de los desmovilizados, “sólo el 5 por ciento de ellas fueron tituladas a legítimos desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense, el resto fueron titulados a los ex dueños que las perdieron con los distintos Bancos por hipotecas y a personas ajenas a los desmovilizados”.	En un reportaje que EL NUEVO DIARIO publicó sobre el tema de la propiedad en el municipio de El Rama, Denis Báez, delegado de la Procuraduría General de la República en ese municipio, asegura que el problema de la propiedad “es realmente conflictivo” y detalló que en la zona existen propiedades que tienen hasta tres títulos, grupos de desmovilizados con dos asignaciones y productores que perdieron sus propiedades con el banco, pero tienen títulos de las mismas tierras”.	Además de la denuncia de julio de 2004, en la Procuraduría General de la República existen dos denuncias más, una en mayo de 2006, y otra en agosto del mismo año, en la que los desmovilizados de la ex Resistencia insisten en los señalamientos de actos de corrupción de funcionarios del Estados que se coludieron con los ex propietarios de las tierras para regresárselas.	“Hay propiedades que fueron compradas y que siguen en manos de sus antiguos dueños”, dice González, pero que la Intendencia de la Propiedad se niega a titular a nombre de los desmovilizados a pesar de haber sido adquiridas dentro del proyecto especial para desmovilizados “con nombre y apellido, Resistencia Nicaragüense, no dice ex propietarios ni demandantes tradicionales”, asegura.	“Hay fincas que se compraron con una extensión, pero cuando fueron tituladas tenían menos cantidad de manzanas con los mismos linderos y los mismos asientos registrales. ¿Qué hicieron el resto de manzanas, en manos de quiénes quedaron?”, se pregunta González, para quién la Intendencia de la Propiedad debe aclarar esas irregularidades.	Un ejemplo de esas irregularidades es la finca La Potranca, ubicada en la comarca Pawitas, municipio de Matiguás, departamento de Matagalpa. A pesar de que la finca tiene 825 manzanas, la misma fue titulada a personas ajenas a la ex Resistencia Nicaragüense, pero con sólo 225 manzanas. ¿Qué se hicieron las 600 manzanas restantes?, se preguntó Justino González.	Eso es sólo un ejemplo. La finca El Abandono, ubicada en la comarca Banderita, Río Blanco, Matagalpa, con un área de 600 manzanas, fue titulada a nombre de miembros de la ex Resistencia Nicaragüense, pero sólo con 300 manzanas. Actualmente está en manos de su antiguo dueño, Mercedes Reyes Oporta, quien la perdió con el banco. ¿Y las 300 manzanas restantes, en manos de quién están?