El pasado 15 de abril se conmemoró el sesquicentenario de la firma del tratado Jerez-Cañas, precedido de otro tratado bilateral entre ambos países: el Juárez-Cañas, del 6 de julio de 1857. Ya expulsado el filibustero William Walker, Costa Rica quedó en posición ventajosa, pues en el Juárez-Cañas Nicaragua entregaría “para siempre” el Distrito de Nicoya en aras de mantener su soberanía en el San Juan. Pero Costa Rica no ratificó dicho tratado, ya que su objeto era convertir nuestro río San Juan en condominio y posesionarse de las riberas del Gran Lago de Nicaragua.	El 14 de octubre de 1857, Costa Rica dio un ultimátum al gobierno de Nicaragua para entregar el puerto lacustre de San Carlos, actitud considerada por el presidente Tomás Martínez una declaración de guerra. El diálogo suplió las armas y en Rivas, el 8 de diciembre de 1857, José María Cañas y el propio presidente Martínez firmaron el tratado Martínez-Cañas, reconociendo Costa Rica los límites del Juárez-Cañas y devolviendo el Castillo Viejo (con ese nombre se conocía el Castillo de la Inmaculada, erigido en 1675), tomado antes de concluir la Guerra Nacional Antifilibustera con apoyo privado del empresario estadounidense Cornelius Vanderbilt. Una vez más, Costa Rica no reconoció el nuevo tratado.	Nicaragua no se dio por vencida y el 18 de enero de 1858 nombró comisionados para arreglar definitivamente su cuestión limítrofe. Entonces Máximo Jerez, plenipotenciario de Nicaragua, firmó en San José, con el general José María Cañas, el 15 de abril de 1858, quedando resuelto dicho litigio. Costa Rica, al fin de cuentas –aprovechándose de la coyuntura desfavorable a Nicaragua inmediatamente posterior a la Guerra Nacional Antifilibustera-, obtuvo una respetable ganancia territorial (Nicoya y Guanacaste). Sin embargo, Nicaragua ponía coto a las pretensiones costarricenses en el río San Juan.	Tales fueron los antecedentes históricos del tratado Jerez-Cañas que resolvió la controversia fronteriza con el vecino país del sur y, de manera definitiva, el 22 de marzo de 1888, con el arbitraje del Presidente de los Estados Unidos Grover Cleveland (1837-1908) sobre sus puntos dudosos. Luego, como corolario del mismo, se dio la demarcación y el amojonamiento --aceptada por ambos países-- de los cinco laudos emitidos por el general e ingeniero Edgard Porter Alexander entre 1897 y 1900.	Sin embargo, en su interpretación de los dos primeros instrumentos, Costa Rica ha insistido en reclamar supuestos derechos de navegación irrestricta en nuestro río San Juan. Durante el siglo XX intentó dos veces participar en una eventual canalización; y al inicio del XXI pretende una reinterpretación –extensiva y progresiva- de su derecho limitado de navegación en el río, tendiendo en su actual demanda de la Haya a una desnacionalización del mismo.	Pero es necesario aclarar el tema, ya que se maneja --a nivel de cultura oral-- demasiada información errónea e imprecisa. En primer lugar, se cree que nuestro río San Juan es fronterizo con Costa Rica. Es decir, limítrofe y, por tanto, binacional. Pero, de acuerdo con el status jurídico establecido por el Jerez-Cañas y el Laudo Cleveland, la línea divisoria corre en su margen seca y derecha. O sea: que ninguna gota del San Juan es tica. Tanto es así que los costarricenses no tienen derecho a bañarse en las aguas del río sin el permiso de Nicaragua, mucho menos lanzar sus redes para pescar. Un empresario podría construir un hotel turístico en esa margen seca y derecha, pero sus huéspedes solo podrían consolarse con ver las aguas, sin poder bañarse, a menos que el promotor obtuviese autorización especial de las autoridades nicaragüenses.	En segundo lugar, se cree que el límite corre a lo largo de todo el río. He ahí otra suposición errónea. La margen derecha y seca por donde va la línea divisoria se extiende desde la desembocadura en el Atlántico hasta tres millas inglesas (4 km., 827 m.) aguas abajo del Castillo de la Inmaculada Concepción (el “Castillo Viejo” en el Jerez-Cañas y en el Laudo Cleveland). Es decir, comprende sólo la margen derecha y seca del curso inferior del río.	Lo que tiene derecho Costa Rica, a lo largo de ese curso inferior, es navegar libremente, pero sólo con objetos de comercio, o sea, con mercancías. Algunos costarricenses han expresado, obedeciendo sin duda a intereses de distintas clases, que “libre navegación” significa poder navegar en el río a su entera discreción, al margen de las leyes de autoridades nicaragüenses que regulan la navegación en sus ríos y lagos.	Ellos confunden el derecho de libre navegación de un río con el derecho de libre uso del mismo. Además de la navegación con mercancías como uno de los usos del río --señalaba el doctor Alfonso Ortega Urbina--, existen otros como el derecho de pesca, el de establecer puertos, marinas para resguardo de naves y como repartos habitacionales con casas flotantes; derechos para usos deportivos como regatas, concursos de pesca, derechos para usos turísticos como balnearios, para organizar excursiones y disfrutar de la visión de la floresta tropical, para alquiler de motocicletas acuáticas, botes con fondo de cristal para observar el fondo del lecho del río. Existe, en fin, una gran variedad de uso a que pueden dedicarse las aguas de un río, además del de la navegación. Por eso es indispensable aclarar que el derecho de libre navegación con objetos de comercio concedido por Nicaragua a Costa Rica como servidumbre de paso, no implica el derecho de uso indiscriminado de las aguas del río.	En el tratado Jerez-Cañas lo único que Nicaragua hizo fue establecer esa servidumbre de paso por un trecho limitado del río nicaragüense. En términos jurídicos --sostuvo el doctor Luis Pasos Argüello-- “la servidumbre conocida por Jus Passaggi innoxxi (paso inocuo) a los buques mercantes extranjeros…” El Jerez-Cañas, además de referirse a lo que era el comercio en 1858, señala igualmente la implementación de ese derecho, que refiere únicamente para que los barcos de Costa Rica puedan navegar restrictivamente con mercancías.	Porque todo el curso del San Juan –un río nacional- corre en territorio nicaragüense y Nicaragua tiene “exclusivamente el dominio y el sumo imperium sobre el río desde su salida del lago hasta su desembocadura en el Atlántico”, según los instrumentos jurídicos vigentes de 1858 y 1888. En síntesis: la soberanía le corresponde a Nicaragua como Estado soberano, lo cual Costa Rica acepta plenamente. Y esta soberanía implica el ejercicio del derecho de defensa, seguridad, mantenimiento del orden público, policía, control de aduanas, del contrabando y del tráfico de drogas, control del abigeato y conservación del medio ambiente. Todas