Vale la pena citar ese extracto del libro titulado “The Jungle” de Upton Sinclair, de febrero de 1906, cuyo principal objetivo fue mostrar las pésimas condiciones en las que se procesaba la carne y que tuvo como consecuencia el hecho que el presidente Theodore Roosevelt brindara su apoyo para incidir en la ingesta de la comida natural, así como en la inspección de la elaboración de la carne, dando como resultado la autorización para que el Departamento Americano de Agricultura procediera a fiscalizar las condiciones en las que se envasaba la carne.	De eso se trata la protección al consumidor. Es un sistema que ha venido evolucionando como consecuencia de las prácticas de los empresarios, generando la necesidad de crear normas que permitan poner un alto a situaciones que representen riesgo para la salud y la vida. Sin embargo, si bien el derecho a la alimentación fue el primer foco de la protección al consumidor, no ha sido el único.	Se puede hacer mención de otras prácticas desarrolladas por los empresarios. Tenemos un buen ejemplo con la aparición de la producción en masa, cuando se empezaron a utilizar algunas técnicas motivacionales para manipular a los consumidores, como la publicidad engañosa, y el establecimiento de nuevas formas de contratación, conocidas básicamente como contratos por adhesión, en los que el consumidor carece de facultad negociadora y por ende es sujeto de abusos, ante cláusulas predispuestas para beneficiar al empresario, creando de esta manera un desequilibrio y subordinación en la relación. Es por eso que las leyes modernas contemplan un sistema de protección frente a cláusulas abusivas.	La vida que hoy tiene cualquier ley de protección al consumidor ha sido por un alto precio. El camino recorrido es largo, si enumeramos cada uno de los casos; como el envenenamiento y desfiguraciones ocasionadas por cosméticos entre 1920 y 1930, muertes por medicamentos peligrosos no comprobados o la ceguera causada a una mujer joven por la anilina colorante en el rimmel.	Luego de muchos años de batalla, tenemos mejores legislaciones que exigen: veracidad en las ofertas, información clara y precisa, advertencias en productos riesgosos y peligrosos, en especial los dirigidos a los niños, obligación de señalar los componentes, ingredientes y contraindicaciones en alimentos y medicinas, igualdad de trato, derecho a la reparación, y otras disposiciones que, en Nicaragua, la Ley 842, “Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias”, ha logrado absorber de legislaciones de otros países.	La Ley 842, que entrará en vigencia en los primeros días de octubre próximo, es una ley general, con un sistema que abarca la Constitución, leyes, reglamentos y normas. De todos estos elementos jurídicos, hablaremos los días miércoles, con la finalidad de dar a conocer las herramientas legales con que cuenta el consumidor, para defender sus derechos.	Finalmente, considero oportuno citar al Papa Juan Pablo II, quien en 1991 expresó: “Está claro, sin embargo, que hoy el problema no es solo ofrecer una cantidad de bienes suficientes, sino el de responder a una demanda de calidad; calidad de la mercancía que se produce y se consume; calidad de los servicios que se disfrutan; calidad del ambiente y de la vida en general”.