No es la primera vez que se denuncia públicamente que los presos políticos sufren maltrato en las cárceles. A finales de octubre del año pasado se conoció que 14 presas políticas fueron golpeadas salvajemente en la cárcel de mujeres llamada “La Esperanza”, por alrededor de 40 hombres vestidos de negro y encapuchados. La cobarde agresión a las indefensas presas políticas se produjo también como castigo, porque ellas hacían dentro de la prisión algunas simbólicas muestras de dignidad y protesta política.	Sobre el caso de los presos políticos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala en su informe que el régimen no le permitió presentar en Nicaragua, que las privaciones de libertad “ejecutadas en condiciones inhumanas” y el maltrato carcelario a los presos políticos también son crímenes de lesa humanidad.	Es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 5, que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. A su vez la Convención Americana de Derechos Humanos dispone, también en su artículo 5, que “toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Y la Carta Democrática Interamericana compromete a todos los Estados Miembros de la OEA, a “fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio”.	Las torturas y maltratos carcelarios a los presos políticos constituyen actos delictivos cometidos por agentes del Estado de Nicaragua, que deben ser investigados y sancionados por la comunidad internacional. Y por tanto la OEA los debe tomar en cuenta en el momento de decidir sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.