Entre los organismos que lo integran están: Cejil, Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, Fondo de Acción urgente para América Latina y el Caribe (FAU-AL), Front Line Defenders, Fundación para el Debido Proceso (DPLF) , Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMD), Plataforma Internacional contra la Impunidad y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos(WOLA), entre otras.	En su portal electrónico, Cejil explica que la iniciativa del Observatorio surge por las medidas implementadas por el Gobierno  de Nicaragua de cerrar instancias “de interlocución para organismos internacionales” así como el “bloqueo de espacios para que la organizaciones de sociedad civil puedan dar  seguimiento a las violaciones de derechos humanos, la criminalización de defensoras y defensores  de derechos humanos y sus organizaciones y el cierre de organizaciones de sociedad civil”.	El Cejil expone también,  que la administración de Ortega y Murillo “han cerrado instancias de monitoreo internacional” que en una primera etapa habían invitado a el Mecanismo de Seguimiento de la Situación en Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos  de las Naciones Unidas.	La CIDH  también ha dicho que el Gobierno ha cometido crímenes “de lesa humanidad”  desde el estallido social en abril del 2018. Actualmente, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) está en proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Nicaragua   por considerar que las acciones del Gobierno rompieron el orden constitucional.	Hasta antes del 12 diciembre 2018, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos  (Cenidh), la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos  y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) , recepcionaban y documentaban casos de civiles que denunciaban ser víctimas de asedio, persecución e intimidación por parte de las autoridades y partidarios del partido gobernante.