«La detención de más de trece nicaragüenses los días 14 y 15 de noviembre por su apoyo a las personas en huelga de hambre reunidas en la Iglesia de San Miguel, en la ciudad de Masaya, así como el asedio de la iglesia por parte de las fuerzas policiales, representan una vulneración de los derechos fundamentales de la ciudadanía nicaragüense. Estos hechos son un serio revés para el proceso político y transmiten una señal negativa sobre la voluntad del Gobierno de trabajar hacia una salida pacífica y democrática de la crisis», manifiesta la declaración.	En la declaración la UE también hizo un llamado «al Gobierno de Nicaragua y a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que liberen a las personas detenidas y retiren los cargos, levanten el asedio de la iglesia y garanticen el pleno respeto de los derechos constitucionales de toda la población nicaragüense, en particular las libertades de expresión, reunión, religión y protesta pacífica, tal como se había comprometido a hacer en los Acuerdos de marzo suscritos con la Alianza Cívica».	«Únicamente la plena aplicación de los Acuerdos de marzo, un diálogo fidedigno e inclusivo, así como reformas políticas y electorales acordes con las normas internacionales, pueden resolver la crisis actual en el país y encauzar una salida pacífica y democrática. La UE hace un llamamiento a todas las partes para que reanuden sus esfuerzos y tomen medidas auténticas y constructivas con ese fin, tal como se indica en las últimas	La UE también reafirmó su «determinación de continuar utilizando todos sus instrumentos para apoyar la justicia y la democracia en Nicaragua y responder ante el actual deterioro de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Quienes socaven la democracia y el estado de Derecho en Nicaragua deberán rendir cuentas de ello».