El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, exhortó a la Alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, a que transmita un mensaje claro a las autoridades nicaragüenses por las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante las protestas del año pasado, las cuales “podrían ser investigadas por las autoridades judiciales de países europeos”.	En la misiva, Vivanco también demanda que se le exija al Gobierno de Nicaragua “investigaciones creíbles, imparciales y exhaustivas, por parte del Ministerio Público, sobre la presunta responsabilidad de altos mandos de la Policía Nacional implicados en graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la arremetida contra manifestantes y opositores en 2018”.	“Con el propósito de redoblar la presión sobre el Gobierno nicaragüense, instamos a la UE y a sus Estados miembro a imponer sanciones individuales, incluidas la prohibición de ingreso a estos países y el congelamiento de activos, contra altos funcionarios gubernamentales responsables de graves violaciones de derechos humanos”, añade la carta.	Los funcionarios propuestos por Vivanco para ser sancionados son: la exdirectora de la Policía Nacional, Aminta Granera, quien encabezó la institución hasta ser reemplazada por Francisco Díaz, también propone  a Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional, quien se desempeñó como máximo miembro de la Policía Nacional en Masaya; Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional, quien conforme a la legislación de Nicaragua tiene la obligación de investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por policías y de sancionar a los responsables.