El vicecanciller orteguista Valdrack Jaentschke rechazó este martes ante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el informe presentado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que señalan «ante el mundo que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo persisten en la violación de los derechos humanos de los nicaragüenses mediante un estado policíaco que suprime las libertades civiles y usa por arma la represión, tortura, asesinatos selectivos, amenazas y persecución».	Desde que el régimen de Daniel Ortega prohibió, a través de la Policía Orteguista (PO), esta institución señalada de reprimir las protestas ciudadanas ha negado el permiso de al menos doce marchas azul y blanco. Las últimas cincos manifestaciones fueron negadas la semana pasada. «La Policía Nacional reitera, que ante cualquier alteración y/o amenaza a la tranquilidad, el trabajo, la vida, y a los derechos de las personas, familias y comunidades, serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover, acciones delictivas, destructivas y criminales”. Este es parte del argumento de la Policía.	La Policía Nacional tiene por misión Constitucional y Legal proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas y sus bienes. La presencia policial en los lugares públicos obedece al cumplimiento de su misión a favor de todos los nicaragüenses, sin ningún tipo de exclusiones, lo que ha permitido que Nicaragua presente los mejores índices de seguridad ciudadana en la región.	Desde que el régimen orteguista prohibió cualquier manifestación ciudadana, la Policía Orteguista se aposta en cualquier establecimiento, ya sea público o privado. Incluso, la Universidad Centroamericana (UCA); uno de los bastiones de la lucha cívica, se mantiene rodeado y vigilado por la PO. Asimismo, los centros comerciales, sedes empresariales y medios de comunicación.	El 21 de diciembre del 2018, el régimen orteguista a través de la Policía Orteguista irrumpió, sin una orden de allanamiento, las instalaciones de 100% Noticias y apresó, sin orden de detención, a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, propietario y jefa de prensa del medio de comunicación, respectivamente. Ambos fueron acusados de incitar al odio.	Las ONG Cenidh, Hademos, Ieepp, Cisas, ILLS, Ipade, Cinco, Popol Na y Fundación del Río, todas dedicadas al empoderamiento democrático y cívico y al fomento del pensamiento crítico de los ciudadanos, fueron despojadas de su personalidad jurídica y sus instalaciones fueron confiscadas por el Ministerio de Gobernación bajo el argumento de que financiaron un «intento de golpe de estado», algo que la dictadura nunca demostró.	No existe ningún patrón de detención arbitraria. La Policía Nacional cumplió con los requisitos y procedimientos establecidos en la Constitución Política y leyes de la República. En Nicaragua no existen desapariciones forzadas. Toda persona detenida es conducida a la Delegación Policial de la Circunscripción Territorial que corresponda al lugar de la detención o la comisión del delito y se informa a sus familiares del lugar de detención».	Las detenciones realizadas por la Policía Orteguista (PO) en todo el territorio nacional han sido arbitrarias porque las víctimas han sido detenidas sin una orden orden de captura y muchas veces por sujetos civiles encapuchados. Además, los detenidos son enviados a cárceles de máxima seguridad y tortura como El Chipote, donde permanecen retenidos por más de las 72 horas de investigación que establece la ley.	El 11 de junio de 2019, se excarcelaron a todos los presos y presas detenidos por los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, conforme lista conciliada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), de acuerdo con la Ley de Amnistía, Ley No. 996″.	El pasado 28 de agosto, la  Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reportó que al menos 126 presos políticos continúan en las cárceles. 53 están condenados, 37 procesados y 36 están detenidos. Del total, 75 están presos en alguna instalación del sistema penitenciario, 38 en estaciones policiales y 13 en Auxilio Judicial.	En Nicaragua no existe tortura ni tratos crueles, inhumanos y degradantes en los centros de reclusión. Esto ha sido constatado por las visitas a dichos centros por la Nunciatura Apostólica en Nicaragua, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja, quienes en todo momento constataron el respeto de los derechos humanos de las y los presos».	A través de cartas escritas en papel higiénico, varios líderes opositores encarcelados han denunciado las condiciones inhumanas en las que el régimen los mantiene, especialmente los enviados a la galería 300, conocida como «el infiernillo», una celda de máxima seguridad que cuenta con un tragaluz de 2 centímetros de ancho por 10 de largo, cuenta con un pequeño orificio para hacer necesidades fisiológicas y donde los reos son picados por zancudos, alacranes y cucarachas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas no se encuentran en el país, luego que fueron expulsadas por la dictadura de Daniel Ortega y el Comité Internacional de la Cruz Roja no se ha pronunciado sobre las condiciones de los presos políticos, aduciendo «razones de confidencialidad».	alrededor de las 2:30 pm por unos 40 presos en el Centro Penitenciario La Modelo. El fallecido encabezó y agredió con arma corto punzante metálica a un funcionario penitenciario que trataba de persuadirlo a regresar a las galerías. Al abalanzarse contra el funcionario, éste realizó un disparo que impactó en la parte baja del abdomen del principal agresor, quien fue trasladado al hospital asistido por personal médico, falleciendo a las 4:00 de la tarde, siendo este el único caso de esta naturaleza registrado en la historia del país».	Un documento escrito por los presos políticos de la Galería 16-1 y 16-2 del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, en Tipitapa, y divulgado por sus familiares describe con claridad la brutal represión que ocurrió el jueves 16 de mayo, día en que el reo político fue asesinado por un custodia que le disparó con un AK-47. El documento emitido con fecha del 17 de mayo —un día después del ataque— explica que Montes recibió el disparo en la parte izquierda de la pelvis, no precisamente en forcejeo entre presos y custodios, como lo dijo el viceministro de Gobernación, Luis Cañas.	“El impacto de bala (que recibió Montes) se ubica en el costado izquierdo de la pelvis con orificio de entrada y salida lo que ocasionó una gran hemorragia. Al intentar trasladar a Montes a una zona segura, los desalmados funcionarios intensificaron el fuego y no permitían su traslado”, describe el documento que ha sido firmado por todos los reos que resultaron lesionados esa misma tarde.	Falso: La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) registró este 6 de septiembre que al menos cinco nicaragüenses que se encontraban exiliados en otros países fueron detenidos al regresar al país. La CPDH advierte que el número de casos podría ser mayor, pero en muchas ocasiones la víctima y sus familiares no realizan la denuncia porque temen sufrir represalias por parte del régimen de Daniel Ortega.	El último caso fue el del joven autoconvocado Ulises Josué Rivas Pérez, quien fue detenido por la Policía Orteguista (PO) la mañana del domingo 1 de septiembre en Comalapa, Chontales. Él había regresado al país hace aproximadamente tres meses para estar con su papá, quien tenía cáncer y estaba en etapa terminal.