En el caso de Hugo Arista, quien fundó su pequeño negocio familiar de ventas de químicos en el 2016, su abogado Elton Ortega presentó un escrito solicitando al juez que lleva la causa que ordene la entrega de los bienes retenidos a Aristas, los cuales son cerca de ochenta toneladas de diferentes químicos valoradas en cien mil dólares, aproximadamente.	El allanamiento a Arista se dio el 20 de octubre de 2018, cuando uno de sus distribuidores trasladaba mercadería por el lado de Catarina y como llevaba clorato de potasio, uno de los químicos que se utiliza para fabricar juegos artesanales de pólvora, lo retuvieron y lo trasladaron a la Policía Orteguista. No les bastó y se trasladaron hasta la casa de Arista y le incautaron todo su producto que estaba en una bodega.	“Mi detención durante seis meses y la retención de mi mercadería no tiene razón de ser, porque fue en octubre cuando ya había pasado toda la represión en Masaya y no solo se llevaron el químico que ellos andaban persiguiendo, sino todo mi inventario que no tiene nada que ver con elaboración de pólvora. Se me llevaron químicos para tratamiento de agua residual, para fertilizantes y no solo me afectan a mí, sino a una sociedad mercantil”, dijo Arista.	De igual manera Boanerge Fornos, abogado del profesor Ricardo Baltodano, interpuso escrito ante el juzgado y la policía solicitando la entrega de un vehículo, computadoras, cámaras fotográficas, retroproyector, entre otros bienes muebles, valorados en 23 mil dólares, y no les han dado respuesta. Baltodano ya recibió su auto donde ordenan archivar su expediente judicial por terrorismo y otros delitos.	Otro caso de bienes retenidos es el del preso político excarcelado Francisco Sequeira Sequeira, de Juigalpa, Chontales, a quien la Policía incautó diez mil córdobas en efectivo, más seiscientos dólares, dos celulares, una batería recargable y documentos personales, el 5 de septiembre de 2018, cuando lo capturaron en la comarca El Naranjal, en San Carlos Ríos, San Juan. A este ya le notificaron también el archivo de la causa.	Otro caso es el de Kicha Cristelia López, una mujer transgénero de 29 años, originaria de Diriamba, a quien durante la captura y el allanamiento, el 9 de julio de 2018, un día después del ataque a balazos a esa ciudad de parte de fuerzas paramilitares, la PO llegó a su casa, destrozó todo lo que había, incluyendo su salón de belleza y se le llevó 52,652 córdobas y 36,756 dólares, que era todo su capital de trabajo, como prestamista.Kicha fue excarcelada el 20 de mayo de 2019.