“Sabía que era un trabajo diferente, que tenia que tener valor, pero estaba enterada que trabajaría con las víctimas de la represión orteguista. Y en mi perfil laboral como ex fiscal tenia conocimiento y preparación para atender a este segmento de ciudadanos. El asedio y amenazas para ellos y sus familiares nos alcanzó a nosotros los defensores de derechos humanos”, relata Prado.	La decisión de exiliarse la tomó el 8 de septiembre, durante una noche larga de asedio de parte de civiles armados que llegaron al frente de su casa en Praderas del Doral. Llegaron en al menos 10 motos y le gritaron «plomo a terroristas, golpistas, abogada de los tranqueros», además de otros insultos obscenos, mientras aceleraban los motores de la motos, relató Prado.	“Mi esposo me dijo que llamáramos a la Policía. Marqué al 118, le dije a la oficial que me atendió que tenía una emergencia, les dije que había un grupo de hombres violentos y amenazantes frente a mi casa y luego que le di mis datos me dijo que iban a mandar a una patrulla, que jamás llegó”, relató la perjudicada.	“Mi familia y esposo pensaron que era tiempo de salir. Ya me lo habían pedido antes, pero pensé que de habladurías no iban a pasar. Mi decisión cambió drásticamente ese 8 de septiembre. Ahí sentí el peligro real de la muerte”, dijo Prado, quien también lamentó que sus hijos de 12 y 13 años perdieron el año escolar.	“Es duro. Estoy sin trabajo. Nadie apoya a los exiliados ni en orientación, ni servicio médico. Y aquí la salud es carísima. Tengo incertidumbre. Pues aquí la cuestión migratoria no es muy benévola. Cada día recrudecen más las medidas en contra de los migrantes”, dijo la abogada que defendió a más de 60 presos políticos.	La abogada Prado goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta abogada representó a su colega María Oviedo, quien fue procesada, condenada y suspendida su licencia de abogada por la CSJ. Durante esta defensa, Prado fue enviada a Medicina Legal por la juez, para verificar si estaba enferma de los riñones, ya que ella había presentado una justificación de incomparecencia por enfermedad.	De los 60 presos políticos que representó, la abogada Leyla Prado recuerda dos casos como si fuera hoy. Uno de Jinotepe donde eran 12 los procesados y uno de ellos relató en el juicio, durante la última palabra, como los paramilitares lo violaron con una AK cuando lo capturaron. “Le metieron la punta del fusil AK y le rasgaron sus intestinos, dijo que pasó tres días sangrando y sin atención médica. El juez Melvin Vargas no se inmutó para nada”, recuerda Prado.	El otro caso que le impactó fue el asesinato de Eddy Montes, porque ya era mayor, estaba apoyando una causa social muy consciente que ya no le iba a servir a él, pero sí para los que venían creciendo y terminó asesinado dentro del penal. “Esa muerte trágica a pocos días de su juicio y a menos de un mes que excarcelaran a todos los presos políticos. Ese 11 de junio lo hubieran sacado vivo, pero fueron ingratos», dijo la abogada.