Según la información publicada por Armando.info, diputados de diferentes partidos opositores, incluido Voluntad Popular (al que pertenece Guaidó), habían hecho gestiones ante instancias como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Fiscalía General de la Nación de Colombia para que se dejara de investigar a los empresarios implicados en la supuesta red corrupta en torno al sistema CLAP.	Y eso que la rápida reacción de Guaidó, apartando a los legisladores implicados y ordenando una investigación en la que invitó a participar a los medios de comunicación, dista mucho de la que es habitual cuando es el gobierno el señalado. Maduro suele responder a las acusaciones que pesan sobre altos cargos del Estado e incluso miembros de su familia denunciando ser víctima de una «guerra mediática».	Ya antes de que saliera a la luz la información periodística que implica a los miembros de la Comisión de Contraloría, su presidente, Freddy Superlano, envió una carta a Guaidó en la que anunciaba su decisión de «separarse» temporalmente del cargo «en aras de facilitar las investigaciones necesarias sobre los señalamientos públicos recientes» y exhortó a hacer lo mismo a sus compañeros en la comisión.	Solo 48 horas antes de la información sobre la compra de diputados opositores, su recién destituido «embajador» en Colombia, Humberto Calderón Berti, daba una rueda de prensa en Bogotá en la que acusaba al entorno de Guaidó de un manejo indebido de los fondos destinados a la operación que el pasado 23 de febrero intentó hacer entrar «ayuda humanitaria» a Venezuela y habló de pagos indebidos en «prostitutas y licor» que estarían siendo investigados por la Fiscalía colombiana.	La polémica llega poco después de que en las últimas movilizaciones de protesta convocadas por el líder opositor se diera una participación mucho más baja a la que era habitual en los primeros meses del año y en un momento en el que las fisuras que tradicionalmente han existido en el bloque opositor venezolano afloran de nuevo.