“El Gobierno no procesó ni condenó a ningún traficante y continuó una tendencia de varios años al identificar menos víctimas. Tampoco reportó ninguna investigación, procesamiento o condena de empleados del Gobierno cómplices en delitos de trata de personas, a pesar de la corrupción oficial endémica y la complicidad generalizada”, señala el informe.	Los esfuerzos del Estado nicaragüense en esta materia se centran, según el reporte, en la promoción de Ley Contra la Trata de Personas (Ley 896), el desarrollo y la publicación de un plan de acción nacional, el lanzamiento de una estrategia para la identificación y asistencia de las víctimas y la prestación de servicios para las víctimas.	“El Gobierno no procesó a ninguna persona en 2018, en comparación con dos sospechosos en 2017 y 13 en 2016. En 2018, el Gobierno no condenó a ningún sospechoso, en comparación con tres traficantes (dos por tráfico sexual y uno por mendicidad forzada) en 2017 y nueve traficantes de sexo condenados en 2016”, precisa el informe TIP.	Además, el reporte afirma –aunque sin hacer señalamientos específicos- que debido a que funcionarios de al menos cuatro de los ministerios que integran la Coalición Nacional contra la Trata de Personas “cometieron, lideraron o autorizaron violaciones a los derechos humanos, creando un ambiente de impunidad y disminuyendo la probabilidad de que las víctimas denuncien la trata de personas”.	El Ministerio Público investigó y ejerció la persecución penal por un caso de explotación sexual en el departamento de Chontales (centro) y otro en el municipio de Moyogalpa, en la isla de Ometepe, indicó el Ejecutivo en un informe sobre las acciones del Estado contra el trabajo infantil en 2018, y divulgado en enero de 2019.