Oct. 10, 2010, 3:58 p.m. Por enésima vez, la vulgar historia del hombre que, al ser sorprendido robando, y con lo robado en sus manos, salió corriendo y gritando: “El ladrón, sigan al ladrón, ayúdenme a captar al ladrón”, Daniel Ortega la está convirtiendo en respetable política de Estado. La oportunidad de repetir el cuento se la ofreció a Ortega la asonada policial contra el presidente Rafael Correa, de Ecuador, para despistar al público nacional e internacional, gritando que persigan a sus opositores, porque que le quieren dar un “golpe de Estado”, mientras él tiene nuestra Constitución violada en sus bolsillos.	La absurda forma de transponer las situaciones particulares de otro país, como es el caso de Ecuador, hacia la realidad nicaragüense, no sólo es absurdo, sino también perverso. Ortega apuesta a que su antojadiza historieta sea creída por el pueblo nicaragüense, al que supone en un estado de manipulación tal que no se percatará de las enorme diferencias entre la situación política de Ecuador y la de Nicaragua.	Apoya también su pretendida aspiración, en la pertenencia del país sudamericano y el nuestro a la Iniciativa Bolivariana para Las Américas (Alba), como si esa coincidencia pudiera borrar –por un lado— la desigualdad de desarrollo económico, político y social entre ambos países, y –por el otro— homologar la actitud de un presidente ante la Constitución de su país y la suya, la del presidente Ortega, en nuestro país. En su actitud respecto a la Constitución es, precisamente, donde radica la diferencia fundamental con cualquiera otra nación, no sólo con Ecuador.	Como comentaristas y como ciudadanos, somos muchos los nicaragüenses que hemos señalado, hasta donde ha sido necesario, los puntos claves atacados por Ortega en la Constitución para saltarse por sobre su proscripción de la reelección continua y por segunda vez. Por eso, pareciera cansado estarlo repitiendo por todos los medios posibles, pero, por la terquedad y la irresponsabilidad de Daniel Ortega de violar ese mandato constitucional, estamos obligados a repetirlo cada vez y cuando sea oportuno, como en esta ocasión.	Sin entrar en detalles, y hasta omitiendo las violaciones constitucionales desde el primer momento en que Daniel Ortega tomó posesión de su actual período presidencial, como fue haber sentado en la presidencia de la Asamblea Nacional a dos jerarcas de la iglesia católica en un acto oficial –uno de los máximos actos oficiales— de un Estado sin religión, es decir, laico, según lo manda la Constitución. Tampoco es el momento ni hay espacio para detallar las veces que Ortega ha pasado por sobre nuestra Carta Magna. Sólo cabe y basta referir las violaciones directamente relacionadas con su pretensión continuista en el poder, para confirmar su falsa acusación contra sus opositores de quererle desestabilizar su gobierno.	Primero hizo la plena absorción de la autonomía de los Poderes del Estado –Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia— y a la Asamblea Nacional la ha corrompido más allá de lo que, por desgracia, ha sido su propia norma de corrupción, comprando voluntades, adhesiones y votos. La Contraloría General de la República, fue convertida en una entidad inocua y cómplice, y las alcaldías que no logró robarse con el fraude electoral de 2008, está despojándolas de su autonomía, sobornando, chantajeando y expulsando alcaldes y concejales.	Luego vinieron las violaciones puntuales a la Constitución, como fue proclamar su deseo de reelegirse desde los primeros días de su gobierno, estando obligado a respetar –como ciudadano y presidente de la república— la prohibición constitucional establecida en el artículo 147. Pero de este olímpico desconocimiento y burla a la vez, Ortega pasó a la carga: mandó fallar a sus magistrados incondicionales en la Corte Suprema sobre la supuesta inaplicabilidad de este artículo constitucional, sin tener la mínima autoridad para ello, y usurpando una facultad propia de la Asamblea Nacional de reformar la Constitución y queriendo establecer el antijurídico precedente de que cualquiera, por su sola voluntad de hacerlo, puede declarar “inconstitucional” la Constitución.	Más adelante, Ortega recetó otra violación complementaria, al decretar, usurpando de nuevo las funciones de la Asamblea Nacional, la continuidad en sus cargos a un cuarto centenar de funcionarios estatales, a los cuales se les había vencido su mandato constitucional. Por si fuera poco, para justificar su ilegalidad recurrió a otra peor: sacó de su “sarcófago” jurídico el cadáver del artículo transitorio 201de la Constitución de 1987, aprobado por la Asamblea Nacional en 1990, por la necesidad de propiciar la toma de posesión a las nuevas autoridades electas el 25 de febrero del mismo año.	Aún hay una arbitrariedad más: los magistrados “reelectos” de forma ilegal en sus cargos, actúan ahora como factores primarios y determinantes en el Consejo Supremo Electoral, pues su ex presidente –el señor Roberto Rivas, corrupto impune e inmune— hasta se atrevió a tomar decisiones propias de la Cancillería al amenazar y marginar a los observadores extranjeros y nacionales. Así también, acepta sin ninguna ley que lo autorice, a Daniel Ortega como candidato presidencial. Por su parte, los ex magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra, funcionan en la espuria Corte Plena usurpando el cargo y actuando como los principales agentes políticos de la reelección de Ortega, llegando al colmo de “confirmar” el fallo de que el artículo 147 es inaplicable y, desde luego, “confirmándose” a sí mismos como magistrados. Es decir, actúan como jueces y parte en una Corte Suprema descalabrada por las acciones de Ortega.	En la práctica, esta cadena de absurdos indica su creencia de Ortega en que un solo individuo puede dejar sin normas constitucionales al país, si así le conviene a sus espurios intereses. Después de este tremendo golpe a la base fundamental del orden jurídico para la convivencia nacional, en paz y con seguridades individuales y colectivas, no queda otra cosa que de denunciar que –para la desgracia de las actuales y futuras generaciones de nicaragüenses, sino lo impedimos— en nuestro país se está llevando a cabo un golpe de Estado de hecho, sin la fatal recurrencia de las armas de fuego, pero con igual poder desestabilizador.