A juicio del doctor en economía, José Luis Medal, si Albanisa otorgó un crédito a Gecsa, éste debió registrarse como deuda pública, y advirtió que la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo de financiamiento entre Venezuela y Nicaragua, el cual “se trata de un acuerdo de Estado a Estado y, por lo tanto, de deuda pública”.	De acuerdo con la Ley General de Deuda Pública, el Sector Público incluye a las entidades empresariales del Estado --véase el artículo 3 del Reglamento de la Ley 477. Conforme esa Ley, la deuda de las empresas del Estado tiene un carácter público. Cualquier financiamiento que en carácter de préstamo canalice Albanisa a una empresa del Estado es deuda pública. Cabe recordar que la Asamblea Nacional aprobó el acuerdo de financiamiento entre Nicaragua y Venezuela. Se trata de un acuerdo de Estado a Estado y por lo tanto de deuda pública. La manera de implementar este acuerdo ha adoptado un caracter sui generis. como si se tratase de una relación privada, lo cuál es incorrecto. Si Albanisa le otorgó un crédito a Gecsa, la ley obliga a Gecsa a informar de ello al comité técnico de deuda y al Ministerio de Hacienda y debería de registrarse como deuda pública. Si se trató de una donación o de otro mecanismo de financiamiento que no implique deuda, debería de clarificarse.	Cabe agregar que aunque se sostiene que conforme la Ley de Deuda Pública, cualquier deuda del Estado debe de ser aprobada específicamente por la Asamblea Nacional--lo que no ha sido el caso de los financiamientos concretos canalizados a través de Albanisa-- cabe la posibilidad de que el Estado de Venezuela argumentase en un futuro que los recursos canalizados a través de Albanisa son deuda del Estado de Nicaragua, ya que todo se origina en un convenio entre ambos Estados. En mi opinión la Asamblea Nacional debería de clarificar este tema.	Aunque jurídicamente la cooperación venezolana no se está canalizando a través del Presupuesto General de la República --lo que sería lo correcto, también desde un punto de vista legal cabe señalar que los artículos 73 y siguientes de la Ley de Administración financiera y del régimen presupuestario, señalan que las empresas del Estado, antes de aprobar sus presupuestos deberán de remitir los mismos al Ministerio de Hacienda, para fines de la Consolidación Presupuestaria de todas las entidades del Estado.	La consolidación presupuestaria de todas las entidades del Estado es fundamental para conocer la situación integral de las finanzas de todo el sector público y la Ley obliga expresamente a que tenga lugar esa consolidación presupuestaria. Además, cabe agregar que dado que el monto de la Cooperación Venezolana será, al parecer sustancial --es obvio que su funcionamiento como presupuesto paralelo, supuestamente privado, es incoherente con un sano manejo de las finanzas públicas.	Si la ayuda venezolana llegase a alcanzar un monto de US$400 millones anuales, ello representaría cerca de la cuarta parte del Presupuesto General de la República, con los obvios efectos macroeconómicos. Aunque se disfrace de ayuda privada, de hecho implicaría un aumento significativo en el déficit fiscal--antes de donaciones.	La ayuda venezolana, por otra parte, vendría a acentuar la ya tradicional dependencia de la economía nicaragüense de la Cooperación Externa y además podría acentuar el problema de la sobre valuación cambiaria. En el aspecto positivo, la cooperación venezolana podría aumentar la inversión y los recursos para combatir la pobreza, aunque cabe señalar que el problema en Nicaragua, más que la escasez de recursos externos, es un problema de capacidad de ejecución de los proyectos de inversión.	La ayuda venezolana no se traduce en combustible más barato --salvo para unas cooperativas privilegiadas del sector de transporte público--, en parte porque el mecanismo establecido es que los combustibles se venden al público a precio de mercado y dado que sólo se paga a Venezuela en efectivo un 50% de la factura petrolera, ello genera un fuerte flujo de recursos para Albanisa, empresa que luego usa discrecionalmente en decisión conjunta con funcionarios públicos.	Debo, no obstante, señalar que no creo oportuno una política generalizada de subsidios en los combustibles, ya que disminuiría el incentivo para el ahorro en el consumo de los mismos. Ello no implica que no deba hacerse transparente el uso de los fondos venezolanos e incluirse en el Presupuesto de la República.