En la revista Envío, Roberto Cajina expone: “Dos semanas después de la reforma parcial de la Constitución en enero de 2014 se reformó la Ley 181, dándole al Ejército mayores niveles de autonomía funcional y una casi total autonomía institucional. Ya para entonces era más que evidente la identificación del general Avilés con el proyecto político continuista de Ortega, en el que los intereses corporativos del Ejército, administrados por el Instituto de Previsión Social Militar, y los intereses personales de la cúpula militar —generales y coroneles— se fundieron con los del consorcio Ortega-Murillo”.	BBC News Mundo publicó: “En la década de 1940, Costa Rica vivió varios episodios de violencia política que derivaron en la guerra civil de 1948. Tras el fin del conflicto, el gobierno del presidente José Figueres Ferrer suprimió las fuerzas armadas y la medida fue consagrada después en la Constitución de 1949”.	Asociado a lo anterior me permito exponer la creación de un Sistema Único de Seguridad Social, a través de la fusión del INSS con el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (de la Policía Nacional) y el Instituto de Previsión Social Militar (del Ejército), la cual resulta de imperativo cumplimiento para eliminar todo vínculo partidario de estas instituciones y convertirlas, con criterios de eficiencia y eficacia, en beneficio de la nación nicaragüense. Se trata de obtener, a mi juicio, los siguientes propósitos: