La reforma al Presupuesto de 2008 enviada con carácter de urgencia por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional, aumenta el déficit fiscal en 639.6 millones de córdobas que cubren los países de apoyo presupuestario, reasigna fondos no ejecutados debido a problemas de eficacia de gestión pública y aumenta el gasto social con un evidente objetivo electoral, ahora bajo la conducción de la primera dama Rosario Murillo, a cinco meses de las elecciones municipales de noviembre.	El anteproyecto de ley reasigna C$ 698.8 millones en función de los pagos liberados por los Certificados Negociables de Inversión, Cenis, al Banco de la Producción, Banpro, tras la renegociación de los plazos y las tasas de interés, y reduce otras partidas presupuestarias. De igual modo, las reasignaciones se financian con donaciones de países como Noruega, Finlandia, Estados Unidos y préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones multilaterales.	Un importante rubro de reasignaciones proviene de los fondos no ejecutados debido a la sub ejecución presupuestaria en 2008, y de fondos externos de cooperación obtenidos por el gobierno, a pesar de la diatriba periódica y permanente en contra de la comunidad cooperante, a la cual han calificado incluso de “moscas”, en alusión a la embajadora de la Unión Europea, Francesca Mosca.	En su exposición de motivos, el presidente Ortega explica que en el anteproyecto de ley se asignan recursos del Tesoro “para asumir atrasos de ENEL que faciliten apoyar los desvíos tarifarios en el sector eléctrico acumulados al 30 de marzo de 2008, y que no fueron incorporados o trasladados a la tarifa de energía eléctrica de los consumidores, monto que se está registrando en el servicio de la amortización de la deuda interna”.	Sin embargo, con cierta sutileza la reforma presupuestaria deja al desnudo el alto grado de sub ejecución presupuestaria de carteras del gobierno central como MiFamilia y el Ministerio de Salud, a los cuales se les reduce el presupuesto en cincuenta y 111 millones de córdobas, respectivamente, aunque en el caso de la cartera de Salud al final su presupuesto será mayor, porque se les reasigna 183 millones de córdobas. MiFamilia es la institución con más alta sub ejecución presupuestaria, razón de la caída de su titular Rosa Adilia Vizcaya.	Al gobierno regional de la Región del Atlántico Norte, donde se han pospuesto los comicios municipales hasta enero de 2009, se le ha asignado 35 millones de córdobas, frente a solamente dos millones que se reasignan al Atlántico Sur, donde sí habrá elecciones municipales, en un aparente intento del Ejecutivo de obtener mejores réditos políticos a favor de sus aliados de Yatama del Atlántico Norte. Al Gobierno Regional del Atlántico Sur, además, le quitaron 29 millones de córdobas, en un verdadero traslado de fondos desde esa región hacia el Atlántico Norte.	El grado de sub ejecución presupuestaria es notable en el FISE, institución a la que le quitan 67 millones de córdobas; asimismo, en los Fondos de Reconstrucción post huracán Félix, que son reducidos en 20 millones de córdobas, y el Sinapred --institución que echó a perder una donación de mas de diez millones de córdobas en perlines para la construcción de casas, traídos por el hermano pueblo de Venezuela-- con presupuesto reducido en 37 millones de córdobas.	La reforma presupuestaria se da en un contexto de poca transparencia pública, de falta de acceso de información, y no registra el presupuesto paralelo administrado. La reforma presupuestaria es planteada, además, justo cuando se ha conocido que Nicaragua pasó del puesto 111 del Índice de Percepción de Corrupción del organismo Transparencia Internacional en 2007, al 123 en 2008.