En la Avenida Segunda, en el centro de San José, un grupo de nicaragüenses alza pancartas apelando a la misericordia de quienes circulan allí durante el día. “Dios bendiga Costa Rica, somos refugiados nicas, necesitamos de su gran ayuda, ya que no tenemos documentos para poder trabajar, en este país no tenemos familia”, se lee en el rótulo que sostiene José, quien relata que dejó Nicaragua el 26 de junio de 2018 y aún carece de un lugar estable para vivir en esta ciudad.	“Es una vergüenza hacer esto, pero prefiero pedirle a la gente su ayuda, en vez de robarle; ahorita llevo nueve días sin bañarme (...). Aquí nos ponemos desde la mañana y nos vamos hasta que miramos que ya sacamos, por lo menos, para la comida”, explica el hombre y pide que mantengamos en reserva sus apellidos porque huyó de Nicaragua temiendo que lo encarcelaran por haber ayudado a los estudiantes en protesta en la Universidad Politécnica (Upoli).	Nelson Lorío y Karina Navarrete Sánchez son los padres de Teyler Lorío Navarrete, el bebé de 14 meses alcanzado por una bala disparada por parapolicías (civiles armados enmascarados) la mañana del sábado 23 de junio de 2018 en el barrio Américas I, mientras la familia caminaba en la calle y el padre cargaba al niño. Policías y parapolicías patrullaban la zona ese día en busca de protestantes.	Lorío, de 33 años, se refugió en Costa Rica el 29 de agosto porque, según cuenta, gente afín al gobierno lo asediaba después que mataron a su niño. El primer día de noviembre, su esposa y su hija de 8 años también llegaron a San José huyendo del acoso persistente a la familia.	“Mi hija se traumó tanto que ella oía una triquitraque y se orinaba; ella no avisaba y no se quería levantar por miedo”, recuerda  Nelson. En Karina, las consecuencias sicológicas tras el asesinato de su bebé han sido variadas y constantes; por ejemplo, despertaba sobresaltada y suplicaba “traeme a mi hijo, quiero dormir con él, le voy a dar el pecho”.	Un pariente en Costa Rica había ofrecido empleo a Nelson Lorío y lo llamó para decirle que ya no sería posible, el mismo día en que este viajaba hacia San José. “En el camino recibí otra llamada, un tío de mi esposa, quien me dio lugar en el cuarto de lavado; me pusieron un catre y ahí dormí en medio de la humedad”, recuerda.	El 17 de julio de 2018, cuando el Gobierno ejecutó la “operación limpieza” en Masaya, centenares de policías y parapolicías entraron disparando y con cohetes RPG 7 destruyeron las barricadas. Tras siete horas de ataque, Erika dejó a sus hijos y a su madre y huyó a Costa Rica en un grupo de 15 protestantes monimboseños que cruzaron la frontera por veredas.	El “Profesor” es un hombre delgado y bajo, de Jinotega, norte de Nicaragua; entró a Costa Rica el 17 de agosto de 2018 y después de 46 días de pernoctar en el parque La Merced, durmiendo en las bancas de concreto, a veces bajo la lluvia cubriéndose con cartones, un costarricense pasó por allí y le regaló 20,000 colones (1,132 córdobas).	Cuenta que su oposición al gobierno de Daniel Ortega Saavedra comenzó en el año 2014. En la escuela donde impartía clases de Educación Primaria, defendía los derechos de docentes y estudiantes, y en abril de 2018 se sumó a las protestas ciudadanas. Cuando la represión policial aumentó, se fue del país dejando a su padre enfermo y a su hija de 13 años, con quien se comunica cada día por WhatsApp.	“Esas imágenes nunca van a ser borradas de nuestras mentes”, dice un joven que solo se identifica como “Tipitapa”, quien encontró albergue en el área de San Pedro, Montes de Oca. Estuvo atrincherado en la Universidad Nacional Autónoma (UNAN-Managua) y sobrevivió al ataque de policías y parapolicías contra la iglesia Divina Misericordia, la noche del 13 de julio de 2018, cuando se refugiaron allí los protestantes desalojados a balazos del recinto universitario.	“Son cosas que te marcan, porque te toca recoger los sesos de los muchachos, te toca verlos morir en tus manos (…). Esas son cosas que no se te van a olvidar jamás en la vida porque, a pesar de ser tan jóvenes, son muy valientes para enfrentar a un Gobierno”, reflexiona.	Un pistolero intentó matar a Óscar en su casa, en el departamento de Río San Juan, el 15 de julio de 2018. El hombre llegó a la puerta y disparó. Una niña, de 10 años, resultó herida. “Mi hija quedó frente a frente con el sicario que llevaba la orden de matarnos”, recuerda él, quien fue organizador de los tranques de protesta en esa zona del sur de Nicaragua.	El 17 de octubre, Óscar cruzó la frontera con Costa Rica, indocumentado, con poco dinero, agotado por los días que estuvo oculto en el bosque de la Reserva Indio-Maíz. Llegó a El Limón, primer cantón de la costa caribeña costarricense, y una familia desconocida le dio “posada” luego de oír su historia.	El 18 de julio sintió la debilidad causada por la falta de alimentos y aun así logró subir los bordes de la laguna y ocultarse en una casa de gente afín a la protesta en un poblado cercano. Llevaba su pasaporte con la visa costarricense gestionada semanas antes de que recrudeciera el conflicto. Supuso que la Policía tendría identificado su rostro, no su nombre; se cortó el pelo y lo tiñó, dispuesta a cruzar la frontera sin llamar tanto la atención, y lo consiguió.	Esta conversación en uno de los refugios en San José fue interrumpida por la voz enérgica de una niña que, en el patio, empezó a pasearse gritando: “El pueblo unido, jamás será vencido”. Es una de las consignas de los manifestantes que, de tanto escucharla durante meses, se fue con la pequeña al exilio.	Aquí en Costa Rica también se encuentra un hombre de 36 años, al que los refugiados llaman “El Chaparro de Ayapal”. Es uno de los testigos del incendio provocado en una casa de dos plantas en el barrio Carlos Marx, de Managua, donde murieron seis personas de la misma familia, una niña y un niño incluidos.	Contiguo queda el barrio Ayapal y decenas de sus habitantes, entre ellos “El Chaparro”, intentaron salvar a la familia cercada por las llamas en el segundo piso, después que civiles armados y encapuchados (parapolicías) pegaron fuego a la vivienda al amanecer del 16 de junio de 2018. Una sobreviviente denunció que los armados incendiaron la casa en represalia porque los habitantes se negaron a dejarles entrar y poner un francotirador en la parte alta.	En la intersección de la Villa Miguel Gutiérrez, en la misma zona, los protestantes atrincherados sufrieron el mismo día otra embestida de policías y parapolicías. “Los antimotines nos tiraban bombas lacrimógenas, balas de goma; nosotros nos defendíamos con tucos de barriles, las tapas de un camión las usábamos como escudo, con piedras, huleras y morteros”, relata “El Chaparro de Ayapal”.	A él lo persiguen las escenas dolorosas de las personas asfixiadas por el humo o quemadas en el incendio de aquella mañana; cuando sacaron los cuerpos de Daryelis, con 2 años y medio, y Matías, con apenas 5 meses. Confiesa que le martiriza saber que intentaron salvar a la familia y no pudieron, porque “los policías dispararon a matar a los pobladores que querían prestar auxilio, hasta a los bomberos”.	Sin embargo, “del hospital tuve que huir, porque llegaron a buscarme”, afirma “Blanquito”. Estuvo escondido en León, Managua y Río San Juan, de donde cruzó a Costa Rica pasando por el río Sábalos y la zona boscosa que se extiende hasta la raya fronteriza. Era el 21 de octubre. “De tanto miedo que sentía tuve que viajar un solo día, y recién operado, con dolor y con bastón, pasando senderos y montañas y con una mochila a tuto (encima)”.	Contra él existe una orden de captura. El 17 de septiembre, cuatro patrullas de la Policía Nacional llegaron a su casa, en Ticuantepe. Escapó a tiempo y 10 días después entró a Costa Rica por rutas ocultas que conoció por años laborando para la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) en el mantenimiento de redes y torres fronterizas de la interconexión eléctrica centroamericana.	Erika estuvo detenida en la cárcel El Chipote, de Managua, de la que salió pronto por gestiones del sacerdote Edwin Román. “Nunca me voy a olvidar, un 1 de junio, el comisionado Ramón Avellán apuntándome a la cabeza con un arma. Gritaba mi nombre y decía que yo era la jefa de un tranque (…). Me metieron a un cuarto donde hubo personas que abusaron de mí y me llevaron al Chipote, donde siguieron golpeándome”, confiesa.	Se pone de pie y hace énfasis en uno de los recuerdos más tristes que la atormentan: “Cuando atacaron Masaya el 17 de julio, miré que mataron a muchos compañeros, mataron a mi compañero que estaba en la barricada donde yo estaba, Jamesson Meza; mataron a Darwin Potosme, compañero y amigo de barrio”.	A Leo ya se le ve agobiada por las dificultades en el albergue; a veces les cortan el servicio de agua o de energía. De los más de 60 refugiados allí, solo tres han conseguido trabajos, dos o tres veces por semana. Entre todos aportan para el alquiler de la vivienda que cuesta casi 800,000 colones por mes (unos 45,000 córdobas) y la mayoría contribuye con el poco dinero que recogen pidiendo en la calle o reciben de familiares en Nicaragua.	La iniciativa gubernamental fue presentada en la mesa de negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia, un diálogo que comenzó el 27 de febrero y en el que los testigos y garantes son el embajador del Vaticano, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el enviado especial de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla.