Ortega. Este ni siquiera permitió que los altos comisionados vinieran a Nicaragua para cumplir el mandato que les fue encomendado. Tal vez si los hubiese dejado entrar al país el informe no habría sido tan desfavorable para él, pero lo dominó la prepotencia dictatorial y con su actitud más bien contribuyó a que fuera más contundente y lo acuse de haber alterado el orden constitucional y democrático del país.	De manera que hoy la OEA pone a la dictadura de Ortega en la picota, como se le llamaba antiguamente en España a los postes que había en la entrada de los pueblos para exponer a los criminales al escarnio y la vergüenza pública. En la picota se ponían también las cabezas de los criminales ajusticiados, para que su deshonra y castigo trascendiera hasta después de la muerte.	Pero al Consejo Permanente de la OEA no le corresponde condenar y castigar a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este organismo solo puede convocar a un período de sesiones extraordinarias de la Asamblea General, la que sí puede aplicar las sanciones previstas en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.	Para aplicar esta sanción se necesita la aprobación de las dos terceras partes de los Estados miembros de la OEA, o sea 24 votos, que no se sabe si se podrían reunir. Y aunque se pudiera, algunos gobiernos dudan de que la suspensión sea la medida más indicada para ayudar a resolver la crisis de Nicaragua.	En realidad, el objetivo de la OEA y en general de la comunidad democrática internacional no es simplemente sancionar al régimen de Daniel Ortega, sino obligarlo a realizar elecciones libres, transparentes y observadas, con todas las garantías democráticas indispensables, lo cual debe ser acordado con la oposición y en particular con la Alianza Cívica que ha sido la contraparte de la dictadura en las negociaciones políticas.	Seguramente que es por eso que la Comisión de Alto Nivel menciona en su recomendación final, el Acuerdo de 2017 entre el régimen de Ortega y la OEA sobre reforma electoral, e indica que “deben hacerse esfuerzos para explorar medidas que garanticen la independencia de las autoridades electorales, que permitan la observación electoral internacional y que garanticen el registro libre y transparente de partidos políticos.”