Existe consenso entre las organizaciones comprometidas con la educación, sobre lo ocurrido en el sector educativo durante las últimas décadas y, particularmente en los últimos años y meses. Hay consenso que las principales causas de la baja calidad educativa se reflejan en las pobres competencias de nuestros egresados en todos los niveles educativos, así como en sus rendimientos laborales y emprendimientos. Unas heredadas de los gobiernos anteriores, a las cuales este gobierno ha agregado otras, principalmente de un tratamiento poco democrático a la educación.	Entre las causas heredadas: la insuficiente inversión pública en educación; una eficiencia basada en elevar coberturas y una promoción académica sin calidad de aprendizajes; así como la falta de rendición de cuentas sobre los resultados educativos. Y entre las causas más significativas, agregadas por este gobierno están:a) la recentralización del sistema educativo; b) el aislamiento financiero de las organizaciones sociales que trabajan por la educación; c) el ocultamiento de las estadísticas educativas y las bases de datos de las encuestas nacionales; d) el uso de la propaganda político-ideológica en textos de estudio; e) la falta de libertad de cátedra y de autonomía universitaria; f) el abuso para la acción política de la docencia; y g) la ausencia de una auténtica formación para la ciudadanía.	Si a lo anterior agregamos los desastrosos efectos de la crisis sociopolítica actual, con un desgrane alarmante de la matrícula del 50 por ciento en las universidades privadas, e incrementos de abandono en las universidades públicas; instalaciones educativas asediadas por agentes de seguridad o con acciones dizque educativas de la policía; migración de estudiantes de todos los niveles educativos de centros privados hacia los públicos, por razones económicas; y ausentismo por razones de seguridad personal en colegios de secundaria y universidades. Entonces podemos afirmar que la educación se ha convertido en un rehén de las políticas gubernamentales.	Es decir, a la educación en este momento le duele respirar, pues no tiene las necesarias libertades académicas y profesionales que permiten la creatividad, la convivencia entre pensamientos e ideologías diferentes, y el pensamiento crítico que estimula el desarrollo personal y colectivo. Por ello, la delegación de la Alianza Cívica no debe olvidar que entre las urgentes libertades a reivindicar en la mesa de negociaciones está la libertad para la educación.	Es decir, los acuerdos y su implementación alrededor de la restauración de los derechos humanos que han sido violentados, y que llevan a garantizar las libertades ciudadanas deben incluir tanto a los estudiantes y docentes que están en los centros educativos, como de aquellos en el exilio, bajo persecución y otras condiciones de inseguridad.	1. El retiro de agentes de seguridad y policiales de las instituciones educativas.2. El retiro de propaganda política-partidaria de las instituciones educativas y en los materiales educativos.3. Garantizar libertad de cátedra para la docencia universitaria y la total autonomía de las universidades.4. Respeto a la labor docente-metodológica, evitando utilizarlos para movilizaciones y otras actividades políticas partidarias.	Estas mínimas condiciones permitirán a los actores que contribuyen al mejoramiento del sistema educativo, posteriormente, instalar una mesa de diálogo educativo permanente con la participación de las organizaciones, redes de organizaciones y personalidades notables ligadas con la educación, a fin de consensuar y desarrollar un plan nacional de desarrollo educativo, enfocado en los grandes temas pendientes y los nuevos para el desarrollo del país, en donde se asegure que nunca más la educación vuelva a ser un instrumento de la ideología dominante.	Para ello, es fundamental priorizar y garantizar la implementación de una política de educación para la libertad, la democracia y el desarrollo humano integral, la cual aportará a nuestro país ciudadanos con criterio propio, y con valores y capacidades eficientes y eficaces para atender los problemas sociales, económicos, culturales, ecológicos y políticos, en un marco de inclusión de las diversidades de pensamiento, cultura u opciones preferenciales de vida.