Argumentando las investigaciones de crímenes de lesa humanidad, la evidencia disponible sobre la crisis de derechos humanos y la consecuente alteración del orden constitucional nicaragüense, la CIDH llama a los Estados miembros de la OEA a que actúen de “un modo más enérgico para asegurar el restablecimiento de las condiciones y estructuras propicias para el goce y garantía de los derechos humanos en Nicaragua de conformidad con los principios y valores reconocidos en la Carta Democrática de esta Organización”.	Para superar la crisis en Nicaragua, la CIDH recomendó este jueves en un comunicado, que se debe iniciar con una reforma integral de las instituciones estatales que garantice la no repetición de las violaciones de derechos humanos y establecer las reformas y los mecanismos necesarios para garantizar que los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de abril sean juzgados por magistrados que garanticen imparcialidad.	La CIDH especifica que ha recibido información consistente en cuanto a la falta de independencia y neutralidad del Consejo Supremo Electoral nicaragüense, por decisiones adoptadas con la finalidad de debilitar y marginar de las contiendas electorales a las fuerzas de la oposición; y explica que eso habría facilitado el control de la Asamblea Nacional por el partido oficial y la perpetuación en el poder.	La Comisión agrega que “la injerencia y control del Poder Ejecutivo en los demás poderes públicos también es resultado de otros factores como la injerencia partidista en todas las instituciones públicas a través de los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS), el control de los medios de comunicación y el falso contrapeso que ejerce la Asamblea Nacional”.	Los países miembros de la OEA sesionan este viernes, atendiendo el llamado del secretario general de la organización, Luis Almagro, del pasado 29 de diciembre, cuando señaló que ante la alteración de la democracia representativa en Nicaragua se hace necesaria “una convocatoria inmediata de una sesión extraordinaria para considerar la situación” de este país.	Según Almagro, luego de que el Gobierno de Nicaragua rechazara la asistencia ofrecida por el Consejo Permanente de la OEA, se opusiera a una propuesta de diálogo del Grupo de Trabajo y retirara de su territorio a la CIDH, “solo queda la vía prevista en el artículo 20 de la Carta Democrática”.