En Rusia hay varios centenares de fosas masivas de los años 37 y 38, de las que se conocen unas veinte, y de ellas, sólo siete están reconocidas. En otoño, Putin visitó una de esas fosas en Bútovo, en la periferia de Moscú. Su visita tendría un sentido real si se aprobara un programa estatal que contemplase la publicación de un libro con los nombres de los represaliados y la búsqueda de los enterramientos.	Con el desmoronamiento de la Unión Soviética en 1991 se desintegró también la memoria de sus pueblos. En los países surgidos del imperio las vivencias de la historia común se componen hoy de fragmentos, a veces en guerra entre sí, como evidenció el traslado del monumento al soldado soviético en Tallin (Estonia), en abril pasado. Coincidiendo con el aniversario del Gran Terror (1937-38), EL PAÍS ha explorado las diferencias de Ucrania y Rusia sobre la historia compartida.	En Ucrania, el presidente Víctor Yúshenko contempla la historia, concretamente la hambruna artificial provocada por el régimen estalinista (1932-1933), como eje de cristalización (en el sufrimiento colectivo y en el papel de víctima) del Estado actual. En la busca de sus héroes, Ucrania se arriesga a omitir turbias páginas biográficas de sus nacionalistas (colaboración con el nazismo, crímenes contra los judíos y responsabilidades en la sangrienta confrontación con los polacos). En Rusia, los procesos son otros. Bajo la presidencia de Vladímir Putin, las autoridades no quieren sumergirse en siniestras memorias y prefieren instalar a Josef Stalin en una cómoda construcción que, si bien condena sus crímenes en general, lo ensalza también como modernizador del Estado.	La lógica soviética atrapa a Moscú y le impide rehabilitar a ciertas categorías de víctimas, como el zar Nicolás II o la oficialidad blanca. De estos problemas hablamos en Kiev con Igor Yujnovski, jefe del Instituto de la Memoria Nacional, dependiente del Consejo de Ministros de Ucrania, así con el historiador Yuri Shapoval, de la Academia de Ciencias de aquel país. En Moscú, el interlocutor fue el historiador Arseni Roginski, Presidente de Memorial, la entidad que vela por el recuerdo de los represaliados políticos.	Por sus barreras psicológicas, su propia biografía y el miedo a desestabilizar la sociedad, los dirigentes rusos no están preparados para condenar con todas sus consecuencias al régimen de la URSS, ni han podido avanzar en el proceso de liberarse de los fantasmas del estalinismo. La rehabilitación de las víctimas de la represión política, comenzada por Nikita Jruschov, continuó con Mijaíl Gorbachov y se interrumpió de forma abrupta al desmoronarse la URSS. En 1992 entró en vigor una ley que “situó el punto cero de la historia legal de Rusia en octubre de 1917”, al haber sido aprobada por el Parlamento ruso, en octubre de 1991, pero cuando aún existía la legalidad soviética. A tenor de ese documento, 775,000 personas han sido rehabilitadas (datos de octubre de 2006). El alcance de la rehabilitación es limitado, ya que una cosa son los injustamente tratados por la URSS y otra, los que lucharon en contra.	Durante la Guerra Civil (1918-1921), Rusia estuvo fragmentada en espacios controlados por fuerzas diferentes donde imperaban diferentes leyes. La ley de 1991 tomó partido por los rojos, aunque el poder soviético no se fortaleció en un instante y coexistió con otros espacios legales, señala Arseni Roginski, Presidente de Memorial, entidad que vela por el recuerdo de los represaliados políticos.	Motivos políticos impiden, según Roginski, la rehabilitación de Nicolás II y de los oficiales polacos fusilados por el NKVD (precursor del KGB) en 1940 en Katín, en las cercanías de Smolensk. Las autoridades afirman que no se ha probado la existencia de una sentencia legal para fusilar a Nicolás II y a su familia. El argumento es falaz, porque los tribunales rehabilitan a otras víctimas de la represión, condenadas por órganos tan ilegales como el que decidió asesinar a la familia del zar en 1918 en Ekaterimburgo.	Roginski recuerda haber conocido “a ancianos que se jactaban de haber participado en el fusilamiento del zar para aspirar a una pensión extraordinaria”. Si se rehabilitara al zar y su familia, lo máximo a que tendrían derecho los Romanov sería a 10,000 rublos por cabeza (cerca de 300 euros), si hubieran perdido propiedades inmobiliarias, señala. Respecto a Katín, Memorial ha protestado contra la negativa de la Fiscalía a considerar a los muertos víctimas del estalinismo.	“La rehabilitación del zar conduce a una revisión radical del régimen en el que vivimos. Al declararnos herederos de la Unión Soviética en 1991, tomamos sobre nuestros hombros toda la historia de la URSS y comenzamos a contar nuestra historia a partir del golpe de Estado bolchevique, que sigue siendo legítimo para nosotros”, afirma Roginski.	“En la cabeza del ruso de a pie hay una antítesis. Por un lado está Lenin, símbolo de los bolcheviques, y por otro Nicolás II. Cuando lo fusilaron, Nicolás era un simple ciudadano que había renunciado a ser zar antes de que Lenin volviera de la emigración. Si se rehabilita a Nicolás II, habrá que derribar miles de monumentos dedicados a Lenin, cambiar el nombre de avenidas y calles. La rehabilitación del zar nos lleva a valorar nuestra historia como delictiva y a reconocer que nos basamos en una toma violenta del poder. Las autoridades no están preparadas y creen que la sociedad no lo está tampoco”, afirma.	La mayoría de los represaliados por el estalinismo fueron condenados por órganos no constitucionales. En los años del Gran Terror (1937-1938), las troikas (tribunales formados por el jefe del NKVD, el fiscal y el responsable comunista local) desempeñaron el papel principal y dictaron la mayoría de las condenas y, junto con las dvoikas (tribunales de dos miembros), condenaron a cerca de 1,200,000 personas en 14 meses, según Roginski. Roginski subraya las dificultades para rehabilitar a quienes no fueron condenados formalmente por motivos políticos. En la II Guerra Mundial “divisiones enteras” del Ejército Rojo fueron juzgadas por “traición a la patria”, aunque su único delito fue haber caído prisioneras de los alemanes. Aún hoy no pueden acogerse a la rehabilitación.	Las dificultades para acceder a los archivos y documentos sobre el terror responden al miedo de las autoridades a un debate amplio y serio que pudiera empañar la imagen del Estado. “La imagen del Estado es la realidad en la que vivimos y el retorno de los valores soviéticos”, dice Roginski. Memorial ha localizado algunas de las fosas comunes de las víctimas del terror, pero no hay una política oficial para encontrar los enterramientos.	En Rusia hay varios centenares de fosas masivas de los años 37 y 38, de las que se conocen unas veinte, y de ellas, sólo siete están reconocidas. En otoño, Putin visitó una de esas fosas en Bútovo, en la periferia de Moscú. Su visita tendría un sentido real si se aprobara un programa estatal que contemplase la publicación de un libro con los nombres de los represaliados y la búsqueda de los enterramientos.	Con Putin, Rusia exalta su pasado y “se defiende de forma inadecuada negando su culpa”. “El conflicto entre memorias no debe centrarse en la culpa, sino en la responsabilidad, y la peor interpretación del pasado es la nacionalista”, afirma Roginski. Lo difícil hoy no son los hechos, sino “la compatibilidad de nuestras interpretaciones”.	Y concluye: “En la guerra de la memoria, lo más importante es tener en cuenta el punto de vista del otro. En el caso de la hambruna, habría que escribir que fue un crimen cometido por Stalin contra los ucranios, los kazajos y los rusos. Stalin es visto como un gran modernizador, un ejecutivo duro pero eficaz. Es más fácil enterrar a Lenin en otra parte que sacar a Stalin de la Plaza Roja, porque el 53% de la población lo considera el personaje más insigne de la historia rusa, después de Pedro I”.	El Instituto de la Memoria Histórica de Ucrania quiere elaborar una historia que se basará en “los hechos reales”, pero éstos serán “dosificados en función de la tarea de construir un Estado nacional”, explica Ígor Yujnovski, el director. “La dosis de los hechos históricos en los que la nación venció o puede ser exaltada será grande y la dosis en los que la nación perdió será insignificante”, dice.	Con estas pautas, el instituto da hoy prioridad a la hambruna de 1932-1933, busca una calificación jurídica internacional para las acciones del régimen comunista que llevaron al golodomor y considera que el término adecuado es genocidio. El exterminio del campesinado más productivo, los kulak, llenó los pueblos ucranios de niños abandonados, hijos de los que morían de hambre, de los fusilados y deportados a Siberia. “A los menores de cuatro años les daban un nuevo apellido; a los mayores les instaban a olvidar a sus padres delincuentes”, añade.	Sobre el número de víctimas de la hambruna, las estimaciones varían. El historiador Yuri Shapoval calcula que fueron de 4.5 millones a 5 millones de personas. ¿Acaso quiere Ucrania organizar un nuevo proceso de Núremberg, esta vez contra el régimen comunista? Yujnovski subraya la dificultad para ello, porque “las decisiones eran tomadas por órganos muy específicos no reconocidos internacionalmente como órganos legítimos de poder”. “Las disposiciones del Comité Central del Partido Comunista o las intervenciones de Stalin como dictador de la URSS eran obligatorias para toda la Administración”, añade.	La compensación material, si se plantea, podría apuntar hacia Rusia, en tanto que es heredera de la URSS. Se trata de un tema “muy delicado” que el instituto no ha abordado aún, afirma Yujnovski. “La represión de 280,000 familias campesinas, exterminadas, expropiadas, enviadas a Siberia, todo esto exige una cierta compensación”, señala, y se refiere a las indemnizaciones que el Gobierno alemán tuvo que pagar a los trabajadores forzados en los territorios ocupados del Este de Europa. “Tenemos un precedente histórico que puede alegarse, aunque no sabemos aún si vale la pena hacerlo. Veremos los precedentes de otros países ocupados por la URSS, como las repúblicas bálticas”, afirma. “El principal fin del instituto no es el castigo, sino la consolidación de la sociedad”, puntualiza. El instituto quiere elaborar un libro con los nombres de las víctimas y también “encontrar los nombres de los delincuentes”. Los culpables ya no viven, pero “sus hijos no tienen derecho a no reconocer aquella maldad”.	Dice Yujnovski que decenas de miles de activistas soviéticos participaron en la colectivización en Ucrania y entre ellos hubo también ucranios. Sin embargo, distingue entre los que daban las órdenes en Moscú y los que se veían obligados a cumplirlas. “Torturaban y al mismo tiempo tenían un miedo horrible, porque pensaban que si no cumplían su misión los podrían fusilar o arrestar. El terror era universal”. El historiador Shapoval cree que la situación era “complicada”. “Es difícil llamar verdugos en sentido pleno a quienes servían al Comité Central y al Kremlin y estaban ante la disyuntiva de perecer o mantener la línea”. La colectivización produjo un hambre masiva en Rusia y en Kazajistán, pero en Ucrania tuvo un carácter específico, según Shapoval, porque sólo aquí “el hambre se transformó en un factor e instrumento de la política nacional”. De genocidio permite hablar una carta de 1932 en la que Stalin afirmaba no confiar en la directiva comunista de Ucrania. “Stalin temía la alianza de los nacionalistas ucranios con los polacos y los culpabilizó del hambre que él mismo había provocado”, explica.	La repoblación de las localidades desertizadas por la hambruna, con “miles de familias de Rusia y Bielorrusia”, cambió “la composición nacional de Ucrania”, sostiene el director del instituto, y aduce este hecho para oponerse a la oficialidad del idioma ruso. Ucrania occidental, que no pertenecía a la URSS en aquella época, no fue afectada por la hambruna, pero allí confluyen otras memorias, la de los hebreos exterminados y la de los polacos cruelmente enfrentados con los ucranios.