Dos diputadas y una abogada miembro de la ONG Coalición por los Derechos Humanos denunciaron este lunes la detención de más de 80 niños en las protestas que se han registrado desde el pasado 21 de enero en Venezuela contra el Gobierno de Nicolás Maduro y 60 de ellos tienen privativa de libertad.	Acosta aseguró también que ha recibido denuncias sobre la detención de niños con cáncer y con síndrome de down en el estado venezolano de Cojedes, ubicado en el centro del país y exigió la liberación de los menores, un llamado que también hizo la diputada Solórzano al señalar que tienen edades de entre 12 y 15 años.	En ese sentido, la parlamentaria y abogada dijo que según la legislación venezolana un menor de 12 años no puede estar imputado. "Lo que dicen los jueces es que estarán 45 días detenidos para tratar de disimular que es una orden de privativa de libertad y esos 45 días de los que hablan no es más que el lapso para presentar y establecer la realización de la audiencia preliminar y presentar consecuentemente la acusación", agregó.	Por su parte, la diputada Adriana Pichardo cifró en 956 el total de "detenciones arbitrarias" desde el pasado 21 de enero y en 43 los muertos registrados en las manifestaciones, números que contrastan con los de las ONG Foro Penal y Observatorio de Conflictividad Social que señalaron hoy que hasta el momento contabilizan 850 detenidos y 35 muertos.	"Estas acciones de violencia han estado en manos del FAES (Fuerzas Acciones Especiales)", aseguró Pichardo. Las parlamentarias alertaron también sobre las torturas que aseguran viven los detenidos y urgieron a la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, a acelerar su visita a Venezuela para que constante la "violación de los derechos humanos".	Maduro se impuso con holgura en los comicios anticipados de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por tener a sus principales partidos y políticos inhabilitados y por considerarlos fraudulentos. Por ello, el antichavismo afirma que "usurpa" la Presidencia, al estimar que su segundo mandato de seis años es "ilegítimo" y que por ello el Poder Ejecutivo recae en el jefe del Parlamento hasta que sean convocadas nuevas elecciones, según la interpretación que hacen de los artículos 233, 333 y 350 de la Carta Magna.