"El gobierno recibe la lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el gobierno la remitirá a la UAF para circularla a todas las instituciones bancarias del país, pero de acuerdo con la Ley, de encontrarse operaciones sospechosas, no habrá procesos legales contra los investigados", explicó el economista Néstor Avendaño.