Un Estudio Nacional sobre la Valoración de la Actividad Minera en Nicaragua, realizado del 2016 al 2019, señala que "las afectaciones ambientales, socioeconómicas y de derechos humanos que provoca la exploración y explotación minera, son cada vez más graves y están cada vez más asociados al debilitamiento de los estándares ambientales y legislativos: esto se debe principalmente a que esta actividad posee un marco regulatorio inadecuado e ineficiente".	Marjorie Martínez, asesora legal del Centro Humboltd, explicó que con la aprobación de la Ley Creadora de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) en 2017 y del Decreto 20-2017, referente al Sistema de Evaluación Ambiental, cambió el Decreto 76-2006, dónde que sustentaba al Sistema de Evaluación Ambiental con más rigurosidad.	"Se comprobó que el principal impacto ambiental de la minería metálica está dirigido a las fuentes de agua, en algunos casos de consumo humano, como sucede en la experiencia de El Túnel Azul en Santo Domingo Chontales. En este recurso hídrico se encontraron metales pesados que sobrepasan los estándares mínimos", señala el informe.