El derecho a la tutela judicial efectiva aparece recogido en el artículo 160 de la Constitución nicaragüense, cuando señala que «La Administración de Justicia garantiza el principio de legalidad; protege y tutela los derechos humanos mediante la aplicación de la ley en los asuntos y procesos de su competencia». Este derecho de tutela es heredado de una corriente internacional que ha culminado con su incorporación en las cartas de derechos fundamentales elaboradas en foros internacionales. Textos que van a informar la interpretación del artículo 160 CN por imperativo del artículo 46 CN. Su ubicación en la Constitución política y en los documentos internaciones de gran repercusión permite entrever la especial significación que reviste en el ordenamiento jurídico.	El contenido de la tutela judicial efectiva se ha visto ampliado en el derecho de ejecución de las resoluciones judiciales, ejecución que, en el plano de la normativa constitucional, tiene su apoyo en el artículo 167 CN que proclama: «Los fallos y resoluciones de los tribunales y jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas», y también es de obligado cumplimiento ejecutar lo juzgado (art. 159 CN). La propia norma constitucional nos explica claramente su fundamento al advertir que, de no ser así, las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que contuvieran quedarían convertidos en meras declaraciones de intenciones.	Así, una vez más, hay que insistir en que los primeros obligados a cumplir las resoluciones judiciales son los propios órganos jurisdiccionales encargados de juzgar, a quienes expresamente se les ordena «hacer ejecutar lo juzgado». Ahora bien, no sólo de ellos depende el adecuado funcionamiento de la justicia, sino que es esencial la cooperación por parte de todos los implicados en un proceso concreto, y de toda la sociedad en definitiva, en orden a la satisfacción de pretensiones. El artículo 167 de la Constitución nicaragüense insiste en este deber que, en conclusión, es el sustento de la paz social.	El principio de la eficacia del proceso se consagra con todas sus consecuencias en el texto constitucional desde el momento en que se proclama a la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico que rige el Estado social de Derecho (artos. 5 y 130 CN). El proceso constituye el método por el que la jurisdicción se vale para tutelar los intereses de la sociedad. Así, el proceso, por definición, tiene un carácter instrumental dirigido a un objetivo: la justicia, que será alcazanda en tanto que el método sea eficaz. El problema fundamental de la eficacia en la ejecución se centra en el factor humano: el desbordamiento de los órganos jurisdiccionales que, ante la masificación, optan por una actitud de abandono y delegación. La postura de los deudores se aprovechan de los problemas estructurales del proceso, y procuran retrasar el cumplimiento, cuando no frustrar totalmente la satisfacción del acreedor, por la absoluta negación a un cumplimiento efectivo de la obligación de hacer, no hacer o dar que le ha sido impuesta por la sentencia. Existen pocos mecanismos para enfrentarse a la obstaculización del ejecutado sin herir sus derechos individuales pero, además, los medios existentes se hallan infrautilizados con la correspondiente insatisfacción y la generalización de la falta de confianza de la Administración de Justicia. El problema de la ausencia de medios se sitúa en el plano legislativo. El problema de la infrautilización de los existentes en el plano judicial.	Como primera precaución conviene matizar cuál es la función de los Poderes públicos. La ejecución es función de los jueces y magistrados ordinarios, según las normas de competencia y procedimiento que las leyes establezcan (art. 159 párrafo 2º CN). Es decir, el derecho al Juez natural u ordinario predeterminado por la ley es una garantía para el justiciable que le corresponde tanto en el proceso de declaración como en el de ejecución, con todas las consecuencias que ello comporta (art. 34 párrafo 2º y 160 CN), esto es, que se atribuya a un órgano jurisdiccional ordinario, preexistente al mismo, sin carácter excepcional.	Como regla general, el Juez natural de la ejecución es quien, asimismo, ha juzgado la pretensión en el asunto concreto. Su cualidad de Juez natural se apoya en la conexión y el grado de conocimiento de las circunstancias que determinaron el pronunciamiento de la sentencia. Además, si se tiene en cuenta que se tiende a posponer la solución de determinadas incidencias para la fase de ejecución, resulta más evidente la conexión entre el pronunciamiento del fallo y su ejecución: las cuestiones que allí se deciden son un necesario complemento del fallo. La racionalidad de esa atribución, configurada como una regla de competencia funcional, es discutida en la medida en que gran parte de las ejecutorias proceden de la segunda instancia, donde la sentencia dictada por el Juez de primera instancia ha podido ser revocada, así como el posible cambio del titular del juzgado competente durante el proceso.	La atribución de competencia significa que al órgano en cuestión compete la decisión de la forma de ejecutar y es inconstitucional alterar la modalidad de ejecución por la que opta en resolución judicial firme, siempre y cuando se haya atendido a las leyes procesales vigentes. No se puede producir tal modificación porque pertenece al derecho a la tutela judicial efectiva la ejecución de una resolución por el Juez competente, que es un derecho público inderogable importante para la seguridad jurídica y la independencia judicial. Sólo y únicamente el órgano jurisdiccional encargado de la ejecución cuenta con la facultad de decidir la forma de ejecución correspondiente al proceso concreto. Por supuesto, su decisión se ve condicionada por la sumisión a la ley, principio legitimador de la labor judicial (art. 158 CN).