“Las sanciones impuestas hoy, junto con Canadá, a aliados clave del régimen Ortega en Nicaragua, reafirman nuestro compromiso de apoyar la búsqueda de democracia y justicia del pueblo nicaragüense, y promueven rendición de cuentas por corrupción y violaciones a Derechos Humanos”, así reaccionó la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Kimberly Breier, en su cuenta de Twitter, al referirse a las sanciones que Estados Unidos aplicó este viernes a los funcionarios orteguistas Gustavo Porras, actual presidente de la Asamblea Nacional, Sonia Castro, ministra de Salud, Óscar Mojica, ministro de Transporte y Orlando Castillo, director de Telcor.	Las sanciones norteamericanas a los funcionarios leales de la dictadura de Daniel Ortega, se dan tres días después que el régimen incumpliera los acuerdos con la Alianza Cívica, los cuales consistían en la liberación de todos los presos políticos y la restitución de los derechos y garantías ciudadanas que el régimen mantiene también secuestrados, con el apoyo de la policía orteguista y sus paramilitares.	“Es evidente que la comunidad internacional considera los acuerdos como incumplidos. Esperaron que se venciera el plazo de los 90 días para analizar la voluntad o el compromiso del gobierno en cumplir y la falta de cumplimiento en el acuerdo de liberación de presos políticos y el incumplimiento total en el acuerdo de los derechos y garantía ciudadanas. También el deterioro creciente en materia de respeto de los derechos humanos y la inseguridad de los excarcelados. Todo eso está desencadenando una repuesta del gobierno de los Estados Unidos y de otros gobiernos que ven frustrados sus iniciativas políticas y diplomáticas para encontrar una salida negociada de la crisis en Nicaragua”, sostuvo Pallais.