“La gestión pública está limitada en temas ambientales, se ha subestimado los problemas y causas de fondos… Pareciera que hay un afán intencional en seguir con una estrategia que procure la inversión y crecimiento económico sin tener un reparo de la forma del uso de la materia prima (bienes naturales)”, expresó García.	Esto representa una situación “preocupante” para Nicaragua, puesto que cada año se pierden de sesenta a setenta mil hectáreas de recursos forestales, y, si no se actúa en tiempo y forma, las consecuencias terminarían en conflicto sociales relacionados al agua, desaparición de flora y fauna, así como de las áreas protegidas.	“La gestión pública ambiental está debilitada por la crisis, el problema de haber retirado los fondos de cooperación, los flujos de financiación a proyectos ambientales, eso delimitó la gestión ambiental. Los propios programas del gobierno se vieron afectados porque dependían de la cooperación pública y porque desde la perspectiva financiera no se le ha dado el peso específico en los presupuestos, no se ha reforzado al Inafor, Marena y más bien son debilitados”.	Abdel García señaló que para saber el impacto que ha ocasionado el cambio climático en Nicaragua se necesitan estudios que ayuden a determinar la gravedad en las áreas naturales. “No tenemos la información ni los estudios para decir el nivel de gravedad del problema… hemos abandonado las investigaciones, debemos hacer un inventario nacional de los recursos naturales”, dijo el experto.