El régimen de Daniel Ortega se resiste a devolver 29 propiedades (equivalentes a 4,673 manzanas) que mantiene invadidas desde el año pasado, pese a que el 29 de marzo de 2019 se comprometió a “garantizar el derecho irrestricto a todas las formas de propiedad”.Además en el acuerdo, que incluyó varios puntos relacionados con libertades públicas, la dictadura se comprometió a resarcir el daño económico causado en las propiedades invadidas.	Healy admite que existe el compromiso oficial aún en papel y que incluso se habló de “reparo (a los afectados), porque hay productores que tenían sembrada caña de azúcar, plátano, tenían infraestructura que fue destruida, y fue vendida toda esa producción, por lo tanto tiene que haber un sistema de reparación”.	Sin embargo el informe de Upanic detalla que de las propiedades que han sido recuperadas a los dueños no se les ha compensado, por lo que tienen cuantiosas pérdidas materiales en insumos, maquinarias agrícolas, infraestructura, explotación y comercialización ilegal de productos, lo que ha provocado que los propietarios tengan que asumir dichas pérdidas en detrimento de su patrimonio personal.	“Las tomas de tierras también han creado una gran incertidumbre en los mismos productores, porque tienen miedo que estas invasiones se vuelvan a repetir, como se dio en mayo y junio del año pasado y como no se ha solucionado el problema sociopolítico, piensan que en cualquier momento puede estallar otra protesta en la que vendría a afectar fuertemente a este sector”, dijo Healy.	“A mí me quitaron una propiedad y a mi mamá le quitaron dos propiedades, nos las quitaron, están invadidas, siguen tomadas y están destruidas, prácticamente las saquearon toditita. En el caso de mi mamá le saquearon su casa de habitación que era en la finca y saquearon las bodegas de fertilizantes y agroquímicos, saquearon maquinarias agrícolas, destruyeron una agroindustria que teníamos que era un trapiche para molienda de la caña de azúcar, y vendieron toda la producción de caña y de plátanos que teníamos. Yo calculo que las pérdidas andan en el millón de dólares”, sostuvo Healy.	“Mi mamá vino el año pasado y creeme que esta es la segunda (vez que nos confiscan). En 1980 también fuimos confiscados con el mismo gobierno y en el 2018 volvieron intervenir la misma finca, esto ha afectado a mi familia, sobre todo a mi mamá, una señora de 87 años que dos veces en su vida ha sufrido este tema y creíamos que esto no iba a volver a pasar”, dijo Healy.	El Grupo Coen es uno de los afectados por las invasiones de tierras en el occidente de Nicaragua por parte de enviados del régimen de Daniel Ortega. LA PRENSA intentó comunicarse con el representante legal del grupo, Carlos Zúniga, para conocer el estado actual de las propiedades tomadas, pero no respondió a las llamadas ni mensajes.