William Hurtado, el hombre que asesinó al periodista Carlos José Guadamuz, podría regresar a la cárcel si prospera un recurso que tanto la familia del asesinado como diputados de la Comisión de Gobernación de la Asamblea Nacional, introducirán ante las autoridades correspondientes exigiendo la revocación de la convivencia familiar extraordinaria otorgada por autoridades del Sistema Penitenciario Nacional.	Mientras tanto, la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, reiteró que la decisión del Sistema Penitenciario Nacional de otorgar la convivencia familiar extraordinaria a Hurtado, tiene sustento legal, y no se tomó de “forma arbitraria”, y confirmó el derecho que tienen los familiares de Guadamuz de pedir mediante un recurso la revocación de la medida.	“Nuestra batalla es legal, moral, y no es política”, aseguró Guadamuz, quien anunció que hoy se reunirán con funcionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y la Comisión Permanente de Derechos Humanos, a fin de preparar el recurso de revisión para pedir al Sistema Penitenciario Nacional revoque la decisión de otorgar la convivencia familiar extraordinaria.	Los diputados Enrique Quiñónez, presidente de la Comisión de Gobernación, y Maximino Rodríguez, aseguraron que la medida tomada por el Sistema Penitenciario no tiene fundamento legal, en tanto el artículo 60 de la Ley de Régimen Penitenciario establece que ese privilegio lo tienen sólo los privados de libertad que están a las puertas de su libertad.	Para Quiñónez, tanto la ministra de Gobernación como los funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional, lo que llegaron a hacer a la Asamblea Nacional fue a defender “a un psicópata asesino”, y hasta llegó a decir que se debería revelar el sitio donde actualmente está viviendo Hurtado por el grave peligro que representa para sus vecinos.	Explicó que Hurtado fue sujeto del régimen de convivencia familiar extraordinario, que establece la misma Ley de Régimen Penitenciario y su Reglamento. “Cuando es por enfermedades crónicas o cuando las mujeres están embarazadas, enfermos en su fase terminal, todo previo dictamen médico legal”, señaló. “Eso es totalmente diferente al régimen de convivencia familiar establecido en el artículo 60 de la misma ley”, explicó.