La teorización acerca de la pobreza como un problema estructural de la realidad económica nicaragüense ha sido, quizás, uno de los temas más estudiados y manipulados por académicos y políticos, respectivamente; ello no deja fuera a los autollamados líderes de la sociedad civil y, por supuesto, a los organismos financieros internacionales y de la cooperación externa, ya sea a través de sus agencias o de organismos no gubernamentales basados en los países matrices.	A partir de 1990, sin excepción alguna, los gobiernos de turno han enfilado sus estrategias a través de proyectos y programas, a la reducción de la pobreza, la que afecta al 65.5% de la población nicaragüense (2005, BCN). Sin embargo, este flagelo como problema social sigue en la agenda de temas sin resolver. Tampoco se vislumbran cambios sustantivos en la implementación de políticas públicas y en el reacomodamiento de los actores económicos que puedan derivar en un modelo diferente de distribución de los recursos y por ende en una reducción de las brechas del ingreso.	De 1990 a la fecha se han destinado importantes recursos del erario a reformar la administración pública con el objetivo de maximizar el impacto generado por las inversiones, ello ha implicado la adopción de nuevos procedimientos evaluativos bajo criterios de eficiencia y eficacia, así como modelos de administración por resultados para combatir la corrupción en la administración pública, una de las principales causas de la desigual brecha en la distribución de los recursos.	¿Cómo puede salir de la pobreza una nación que destina apenas alrededor de un 4% del PIB a la educación básica y obscenos salarios para magistrados, diputados, ministros y otros funcionarios de elite? ¿Qué modelo económico puede resultar exitoso con un país de analfabetas, una clase política corrupta y un sistema judicial subyugado a los designios de la mafia caudillesca partidaria? El sandinismo de Daniel Ortega, ¿cómo va a revertir esta realidad, si es y ha sido juez y parte de esta situación?	Sin embargo, con la ascensión al poder de la administración Ortega-Murillo se generaron toda clase de especulaciones acerca de los cambios que podrían suscitarse en el espectro de acciones que cubre la administración pública y el rol del Estado; dichas especulaciones se han basado principalmente en la altisonante verborrea anticapitalista hacia lo externo que ha estructurado el ciudadano-presidente y la secretividad manipuladora y confrontativa de la política interna que ha delineado la ciudadana-presidente; en ambos casos el denominador común es un enfermizo y pernicioso anacronismo anclado en lo más álgido de la Guerra Fría y la más burda y artera hipocresía de erigirse en defensores de los pobres cuando en la realidad representan una nueva clase social “contaminada” por los placeres del capitalismo globalizante contemporáneo.	No debe sorprendernos que la minoría de nicaragüenses que depositaron su voto confiando en el otrora discurso reconciliador e incluyente que hipócritamente tejió la actual ciudadana-presidente vayan tomando distancia de sus supuestos benefactores, y esto no es casual, ya que los globos emblemáticos-mediáticos se han ido desinflando uno a uno: Hambre Cero, Desempleo Cero, Usura Cero, Apagones Cero.	Un somero análisis de lo actuado por el dúo presidencial hasta hoy, muestra de manera contundente que no existen acciones ni la mínima voluntad política de reducir la tasa de incidencia de la pobreza: el crecimiento económico proyectado no logrará aumentar significativamente la generación de empleo, ni tampoco mayores fuentes de ingreso para la población; el gasto social destinado a lograr una distribución más igualitaria del ingreso y la reducción de inequidades en la dotación del capital humano, social y físico seguirá siendo insuficiente; en general, los programas de reducción de la pobreza crecerán en apenas un 2.1% en el período 2007-2010 (2007, BCN), lo cual implica que se mantendrá dentro de la lógica de atacar las consecuencias del problema y no en la búsqueda de soluciones sostenibles a las causas de la pobreza (léase salud, educación, etc.).	La lógica económica muestra, independientemente del recetario ideológico, que uno de los instrumentos más efectivos para hacer más igualitaria la distribución del ingreso es el gasto social. Para que éste sea efectivo debe concebirse en toda su complejidad: debe ser un componente prioritario del gasto público (que en nuestro caso no lo es), y además debe fundamentarse en criterios explícitos de búsqueda de una mayor equidad, esto último exige la identificación de áreas prioritarias de inversión social que apuntalen un modelo capaz de interrumpir los principales circuitos de reproducción de las desigualdades (lo que tampoco se está haciendo).	Las acciones efectivas para reducción de la pobreza dependen, además de recursos financieros, de voluntad política de los principales actores lo que redundaría en un gran esfuerzo y compromiso nacional de enfrentar decididamente los vergonzantes indicadores que nos ubican entre los países más pobres del mundo. Como hemos indicado, a nivel del dúo presidencial muy poco se está haciendo, pero ello no impide que se señale a otros actores fundamentales: los desprestigiados señores diputados y sus no menos descalificadas instituciones partidarias y el sector privado que parece seguir careciendo de una visión de nación al mantener una actitud displicente frente a la compleja problemática nacional.