Desde hace más de una década se conocen los tratamientos necesarios para que los enfermos de sida puedan llevar una vida casi normal. A pesar de que se ha convertido en una enfermedad crónica en los países del Norte, gracias al avance en la investigación de antirretrovirales, más de dos millones de personas mueren cada año a causa del sida, la mayoría en países pobres.	Uno de los efectos del poder que ejercen las multinacionales farmacéuticas, capaces de decidir qué enfermedades y qué enfermos merecen curas. Empresas que anteponen sus intereses comerciales al derecho a la vida que tiene todo hombre. Imponen la “ley del dinero”, porque sólo quien tiene dinero para pagar puede obtener los medicamentos que necesita para combatir sus enfermedades.	Esta forma de poder, conocida como farmacocracia, es consecuencia de la globalización de la pobreza y del imparable crecimiento de las desigualdades. En un mundo con 2,000 millones de personas que viven con menos de 1.5 euros al día, la lógica del mercado con la que actúan estas empresas deja sin medicamentos al 85% de la humanidad que no puede pagar sus fármacos.	La causa de esta diferencia entre el consumo de medicinas entre ricos y pobres la podemos encontrar también en el dinero que las farmacéuticas dedica a las enfermedades de unos y de otros. El 90% del presupuesto dedicado por las farmacéuticas para la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos destina a enfermedades que padecen sólo un 10% de la población mundial. De 163 moléculas aprobadas entre 1999 y 2004, sólo tres eran para las conocidas como enfermedades olvidadas.	Las multinacionales se escudan en el gran coste que supone para ellos el proceso de investigación y de distribución de las medicinas. Pero las organizaciones sociales critican el sobrecoste que la publicidad y la comercialización producen en el precio de los medicamentos. No se pide la gratuidad de los medicamentos para todo el mundo; sólo que los más pobres no tengan que pagar más que el precio de coste, que sean los ciudadanos de los países ricos quienes paguen los beneficios económicos que pretenden los accionistas de estas empresas a cambio de que los 2,000 millones de personas que no tienen acceso a medicinas puedan tratar sus enfermedades.	En el año 2003, en Doha, la Organización Mundial del Comercio (OMC) admitió el derecho de un país a saltarse la patente de un medicamento, que pertenece a la compañía que lo descubre durante 20 años, en caso de “emergencia humanitaria”. Desde entonces, países como Brasil e India no han respetado la patente de medicamentos cuyo precio era muy elevado y han ganado en los tribunales las demandas interpuestas contra ellos por Merck y Novartis. Los tratamientos contra el sida, que en el Norte cuestan 8,000 euros al año, se pueden encontrar en estos países a menos de 300 gracias a la victoria judicial y al uso de genéricos. Esto, a su vez, ha obligado a las empresas farmacéuticas a reducir los precios. Las leyes del mercado les han obligado a comercializarlos a precio de coste.	La salud de las personas gana terreno al beneficio económico de unos pocos. Los precios caen ante la presión ejercida por aquellos que reclamamos el derecho a la salud que tiene todo ser humano, por rico o pobre que sea. Este derecho, reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se desprende del derecho a la vida. Pequeñas victorias de la sociedad civil, como las que se están consiguiendo en el campo de la salud, nos animan a seguir en nuestra tarea de denunciar la injusticia.