"Los arrestos y detenciones arbitrarios continuaron siendo un medio de represión de la expresión de la disidencia, y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas", precisa el documento, que pone en entredicho la actuación de la policía y los elementos progubernamentales.	“En ocasiones, la Policía Nacional recurrió al uso excesivo de la fuerza contra quienes intentaban manifestarse, detuvo arbitrariamente a personas que protestaban pacíficamente (en algunos casos por llevar la bandera de Nicaragua por la calle o por cantar el himno nacional), y profirió amenazas para disuadir a los manifestantes”, señala la organización.	“La institución nacional de derechos humanos, que también es el mecanismo nacional para la prevención de la tortura, no mostró ninguna independencia durante este período (de crisis). En el 40º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la delegación del Estado estuvo representada por el Comisionado Adjunto de la PDDH, quien repitió la justificación del Gobierno sobre el fallido golpe de Estado e indicó que su institución no había encontrado prueba alguna de que se hubiera torturado a los manifestantes privados de libertad. En marzo de 2019, la categoría de la PDDH fue rebajada de “A” a “B” al no poder demostrar su independencia”, dice el informe.