El último episodio que tuvo con la PO fue en agosto del 2018, cuando lo apresaron por apoyar los tranques. La juez local del municipio de San Lorenzo, Mayra Chaverry Rojas, dictó prisión preventiva de casa por cárcel y en diciembre fue condenado a dos años de prisión por los cargos de destrucción a la propiedad pública, adjudicándole la destrucción de un rótulo del gobierno.