“En ocasión del Día Nacional del Periodista, presentamos un análisis de dicha estrategia, en la que señalábamos que se avecinaba un control de la prensa independiente, porque en dicho documento oficial se dividía en dos a los medios de comunicación: los del gobierno y los contaminados que no decían la verdad”, recuerda.	Según Cortés, en dicha estrategia se establecieron las bases para lo que vendría muy pronto: a. Uso de la pauta publicitaria para premiar y castigar a los medios; b. Desacato y violación sistemática a la ley de libre acceso a la información pública; c. Prohibición a periodistas independientes a asistir a conferencias de prensa de los entes estatales; d. Concentración de la información en manos de Rosario Murillo; e. Negativa del presidente de la república, Daniel Ortega, de dar conferencias de prensa; y f. Inicio de la construcción de un imperio mediático televisivo con parte de la cooperación venezolana.	Antes, intentó un acercamiento a la prensa en general que no resultó: en febrero del 2007, Ortega publicó un documento denominado Política de Comunicación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en el que expresaba que habría “libre acceso a las fuentes, libre difusión de los mensajes y libre recepción de los mismos”.	“Creemos que la comunicación democrática es multi-lateral, competitiva, con una pluralidad de emisores, con diversidad de canales, con contenidos sujetos a contestación y crítica, y con variados públicos a los que es necesario informar. Se basa en el valor central de la libertad de expresión y opinión “, decía el documento.	“Esto es, libre acceso a las fuentes, libre difusión de los mensajes y libre recepción de los mismos por personas que tienen derecho a estar informadas. La libre expresión de ideas, opiniones y pensamientos incluye la crítica a la autoridad, el debate público, el libre intercambio de ideas y el derecho a la diferencia. Una sociedad libre no puede existir sin medios de comunicación libres”, decía el documento leído a viva voz por Rosario Murillo, vocera del régimen.	Pocos días después, el primero de marzo del 2007, Ortega firmó un Acta de Compromiso con el Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN), en el cual habló de “distribución justa de la publicidad estatal para pequeños y medianos empresarios de radios, prensa escrita, programas de televisión y medios electrónicos a nivel nacional”.	“Al iniciar enero del 2019 y recordar el 40 aniversario del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal por parte de la dictadura somocista, asistimos a la peor situación en la historia de nuestro país, de violaciones masivas a la libertad de expresión y de prensa y de agresiones al periodismo nacional, con un muerto, Ángel Gahona, de Bluefields, dos periodistas secuestrados y encarcelados, Miguel Mora y Lucía Pineda”, dijo.	“El periodismo nacional vive una crisis humanitaria de derechos humanos. Hoy mismo (ayer) los antimotines rodearon Hispamer porque ahí se realizaba una actividad de periodistas. Decenas de periodistas y comunicadores han sido golpeados, heridos, apuntados en sus cabezas con cañones de fusiles de guerra y pistolas, obligados a lanzarse al piso, robados sus equipos como cámaras de televisión y fotográficas, abollados varios vehículos, periodistas obligados a huir por las montañas o refugiados fuera de sus domicilios y ciudades, etc. El régimen aplica una política de terrorismo de Estado”, acusó.	“Hay un legado de periodistas y comunicadores independientes en el sentido de buscar cómo informar la verdad, lo que realmente está ocurriendo, es un compromiso con la libertad de expresión y de prensa”. “Un legado relevante es que con la información que servimos, los periodistas contribuimos al ejercicio de la ciudadanía y a la construcción y ejercicio de ciudadanía, porque con la información veraz, la población se informan, se orienta sobre lo que ocurre, se forma criterios y toma de decisiones que pueden relacionarse con la transformación de su entorno social. Los periodistas asumieron un compromiso con la veracidad pero no han sido neutrales porque abrazaron los derechos humanos y rechazaron toda práctica corrupta y criminal”.	“La rebelión civil que explotó por todo el país en abril de 2018 tomó a los medios y periodistas por sorpresa. La sorpresa aumentó cuando los medios tradicionales resultaron insuficientes para abordar la crisis social y política de Nicaragua. Las redes sociales se apoderaron de la opinión pública y medios y periodistas tuvieron que modificar sus rutinas. Casi un año más tarde, los medios sufren una profunda crisis. Su modelo de negocios fue hecho añicos, sus capacidades para enfrentar las diversas agresiones han supuesto un desgaste muy fuerte, y el ambiente es más hostil que nunca para sus periodistas”.	“La crisis social, política y económica ha dañado profundamente a los medios de comunicación. Así como el resto de la economía ha perdido cientos de miles de empleos, las empresas informáticas han perdido entre el 50% y el 95% de sus ingresos. Ante esto, debían reducir o eliminar puestos, entre ellos periodistas. A esto se suma el terrorismo de estado, que usa a sus agentes para asediar, criminalizar y perseguir a periodistas. Ante esto, más y más periodistas se van para no ser capturados o muertos”.	Un informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, denominado “2018 Año de Jornada Represiva contra la Libertad de Prensa en Nicaragua”, revela que entre abril y diciembre del año pasado se produjeron 712 violaciones a la libertad de prensa y el ejercicio periodístico en Nicaragua, entre abril y diciembre de 2018.