Un trabajador de la compañía que no quiso ser identificado relató a BBC Mundo que, ese mismo día, a la vez que Maduro se refería a la polémica en un mitin multitudinario, se presentó en las instalaciones el gobernador del Estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, un militar que ha desempeñado diversos cargos durante el chavismo.	En una reciente reunión con trabajadores, Torres se felicitó porque los productos de la nueva Kellogg se distribuyen ya en los 23 estados del país, a pesar de los llamamientos de Kellogg’s, que ha insistido en que ya no garantiza la calidad ni la salubridad de los comestibles que salen de las instalaciones que explotó durante decenios.	Según uno de los operarios que aún trabaja allí, «ahora se están haciendo grandes beneficios, porque si la compañía tenía que pagarle a una contrata por el mantenimiento y la limpieza, ellos utilizan gente del plan Chamba Juvenil (un plan gubernamental para ocupar a los jóvenes), a la que le pagan con bolsas de comida».	Han tenido que acostumbrarse a la presencia en la fábrica de agentes armados de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo policial muy temido en Venezuela, al que un informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló por su papel en supuestas detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.	Mientras que para el gobierno la decisión de Kellogg’s es un nuevo ejemplo de la «guerra económica» a la que el «gran capital internacional», con Estados Unidos a la cabeza, somete a Venezuela, Víctor Maldonado, ex directivo de la Cámara de Comercio e Industria de Caracas, dijo al PanAm Post que «Venezuela es el país más agresivo con las empresas».