Sin embargo la agencia calificadora advirtió que podría bajar las calificaciones de “Nicaragua en los próximos 12 a 24 meses si su acceso al financiamiento local y externo se deteriora nuevamente, o si el empeoramiento del entorno político presiona más el tipo de cambio, minando la confianza interna, y dañando al sistema financiero local”.	El informe aclara que refleja la “opinión” de S&P Global Ratings, sobre la probabilidad de que los perfiles, fiscal y financiero de Nicaragua se estabilicen. Además señalan que “tras un deterioro notable luego del conflicto político y social de abril de 2018, el gobierno redujo su déficit fiscal, como resultado de los mayores impuestos que introdujo en marzo de 2019”.	“El gobierno introdujo una reforma a la seguridad social en febrero de 2019 que incluyó un aumento en las tasas de contribución. El impacto de esta medida se compensó en parte con el aumento en el desempleo. Estimamos que el déficit del INSS será de 0.8% del PIB en 2019”, asegura el estudio.	A este respecto esta agencia señala que el régimen orteguista se ha comprometido a pagar una deuda al INSS, derivada de los “atrasos acumulados por la falta de pago de la contribución requerida sobre la nómina total de salarios, mediante pagos anuales. En 2019-2020, dicho pago sumará unos US$110 millones”, detalla el estudio.