La Delegación de Colombia consciente de que este es el foro adecuado para analizar el cumplimiento por parte de los países de la región, de sus obligaciones internacionales, ha decidido denunciar hoy la conducta agresiva y abusiva del Gobierno de Nicaragua contra el Gobierno y el pueblo colombiano y denunciar públicamente la abierta violación por parte de ese gobierno de algunas de sus más elementales obligaciones jurídicas.	Quiero ratificar el profundo afecto y respeto del pueblo colombiano al pueblo nicaragüense, a sus instituciones políticas que luchan por no ser arrasadas por el pacto, y a su prensa libre al servicio de la verdad y la justicia. A ellos un abrazo de solidaridad latinoamericana y un mensaje corto: no están solos, las democracias del continente los estamos acompañando y no los abandonaremos.	Es necesario denunciar aquí que el Gobierno nicaragüense que protege, promueve y hace apología abiertamente a grupos terroristas, o usando el lenguaje del Secretario General de la OEA, de grupos que realizan actos terroristas, que para efectos prácticos es lo mismo, a fin de cuentas la mayoría de los integrantes de las Farc tienen sentencias por actos terroristas y son buscados en el mundo por ello.	Cuántas obligaciones internacionales viola el gobierno presidido por Daniel Ortega, que abiertamente llama hermanos y protege a criminales que tienen más de 700 secuestrados al día de hoy, que siembran minas antipersona en el territorio colombiano para defender sus cultivos de coca, matando e hiriendo a los ciudadanos colombianos sin contemplación alguna, que son el más grande cartel de la droga del mundo, que reclutan sistemáticamente menores de edad, y que en un acto de sevicia criminal imperdonable masacraron a 11 diputados hace solo un año, masacre que bien supo y condenó este Consejo Permanente y a través suyo el hemisferio y el planeta.	Solo un gobierno en el hemisferio, el presidido por Daniel Ortega, cree en el camino de la violencia y la muerte para tomar el poder político y ese mismo gobierno es el que viola abiertamente la Carta Democrática Interamericana en sus artículos 5 y 7, los cuales prescriben que el fortalecimiento de los partidos políticos es prioritario para la democracia y que ésta es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos. Quizás por eso mismo, el actual gobierno nicaragüense no quiere el acompañamiento de la OEA en sus elecciones de noviembre, persigue a la prensa libre y ratifica permanentemente su apoyo a la mayor organización narcotraficante del mundo, que con su negocio maldito mata y daña a los jóvenes del planeta entero y que con su terrorismo, asesina, secuestra y ataca sistemáticamente al pueblo colombiano.	Por si lo anterior fuera poco, Colombia ha tenido que soportar del Gobierno nicaragüense durante los últimos meses, una andanada de actos provocadores y comentarios soeces e irresponsables, que en algunos casos se encuentran en el límite de lo criminal, los cuales han sido contestados por la vía diplomática como corresponde, pero que no han tenido efecto alguno, razón por la cual es necesario hacer conocer a la comunidad internacional esta situación.	Para limitarnos a los hechos más recientes es importante en primer lugar anotar que cuando un fiscal ecuatoriano ordenó detener a las terroristas que se encontraban en el campamento del abatido jefe de las Farc, alias "Raúl Reyes", el Presidente Ortega y su Gobierno recurrieron a la mentira y al engaño para transportar a estas terroristas hasta su país.	El 11 de mayo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, solicitó a la Fuerza Aérea Colombiana y a la Dirección de Soberanía Territorial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, un permiso de sobrevuelo, para la Aeronave AN 26, Matricula FA No. 160 de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, informando que su misión era el "Traslado de personal en gira oficial a la República del Ecuador". La fecha del vuelo sería el mismo 11 de mayo, que además resultaba ser un domingo, un día no laboral, pero se alegó extrema urgencia. En consecuencia, Colombia autorizó dicho sobrevuelo.	El Gobierno de Nicaragua, en una actitud hostil y agraviante, mediante un comunicado de prensa leído por la primera dama de esa nación, hizo el anuncio de la llegada el 11 de mayo al país de las ciudadanas colombianas, Doris Torres Bohórquez y Martha Pérez Gutiérrez, en calidad de asiladas por razones humanitarias, dejando de lado la esencia misma de la figura del asilo la cual existe para perseguidos políticos y no para personas vinculadas a grupos terroristas y acusadas de la comisión de delitos comunes. Vale la pena saber si el Presidente Ortega les ha preguntado a estas mujeres, a qué edad fueron reclutadas por el grupo terrorista de las Farc.	Ante el evidente abuso de confianza y buena fe, con el engaño en la solicitud del sobrevuelo y el acto inamistoso que representaba otorgar asilo a dos integrantes de una agrupación catalogada internacionalmente de terrorista y narcotraficante, la Cancillería colombiana expidió la Nota de Protesta MRE (DSF / CAM No. 24 431 del 14 de mayo de 2008), que se entrega a este Honorable Consejo como anexo 1.	Resulta sorprendente que en respuesta a esa nota, el Gobierno de Colombia recibe la nota del 22 de mayo de 2008, en la cual el Ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua de forma cínica, aduce que el sobrevuelo se había efectuado "en tiempo y forma", tratando de legitimar su apoyo al terrorismo mediante la mención al respeto a los derechos humanos y a la institución del asilo. Abierta burla al pueblo colombiano.	En este caso, la comunidad internacional y los jueces solo requieren leer las declaraciones del Presidente Ortega para disponer de la plena prueba de su apoyo abierto y descarado al terrorismo y su clara admiración por aquellos que asesinan a los ciudadanos colombianos. El mejor ejemplo de este hecho es su reacción de pesar y dolor con ocasión de la muerte del más antiguo de los terroristas de Colombia, conocido como "Manuel Marulanda Vélez", cabecilla de las Farc, nefasto personaje que determinó la muerte, secuestro, tortura y toda clase de actos de barbarie contra miles de colombianos. La actitud del Presidente Ortega, hiere y ofende al pueblo colombiano.	Colombia protestó por ese acto ofensivo e inamistoso mediante Nota Diplomática DM / VR No. 54 924, de fecha 28 de mayo de 2008, suscrita por el Canciller Fernando Araújo, que se facilita como anexo 2, en la cual se expresó el más profundo rechazo por las declaraciones hechas por el Presidente Daniel Ortega, señalándolas como un hecho inaceptable.	Pero las agresiones continúan, el pasado jueves 19 de junio, durante un acto oficial, el Presiente de Nicaragua, Daniel Ortega, hizo nuevamente unas declaraciones que el pueblo colombiano no pueden aceptar y rechaza enérgicamente. Se atrevió el mencionado presidente comandante, a lanzar acusaciones deliberadas y temerarias contra el Presidente de Colombia Álvaro Uribe, tildándolo de terrorista y sindicándolo de estar planeando un acto criminal en el territorio nicaragüense.	Las absurdas declaraciones del Presidente Ortega chocan con la realidad del continente donde el Presidente Uribe es respetado exactamente por lo contrario, por su lucha frontal contra el terrorismo, contra cualquier clase de crimen y muy especialmente contra el narcotráfico, delito que es la actual razón de ser de los auto-reconocidos camaradas del Presidente Comandante Ortega, las Farc.	Nuevamente el gobierno colombiano recurre al camino diplomático para protestar por el abuso del presidente nicaragüense, y mediante Nota Diplomática DM / VRE No. 31 621, de fecha 20 de junio de 2008, el señor Canciller colombiano, Fernando Araujo Perdomo expresó el más enérgico rechazo a las declaraciones y a la continua agresión de hecho y verbal del presidente Ortega, documento que se entrega como anexo 3.	Señor Presidente, Señor Secretario General, Señores Representantes Permanentes, Colombia exige respeto y el cumplimiento de la ley internacional. A diario libramos una cruenta lucha contra el terrorismo, contra el narcotráfico y contra todos los delitos de los que los grupos terroristas se valen y son muchos los colombianos y colombianas que han padecido y se ven afectados por cuenta de este flagelo.	Colombia ni la OEA pueden dejar de lado el incumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre terrorismo, especialmente la resolución 1373 de 2001, que ordena denegar refugio a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo o prestan apoyo a estos actos y la resolución 1566 de 2004 que exige la total cooperación de los Estados en la lucha contra el terrorismo.	Adicionalmente, la conducta del Gobierno de Nicaragua viola la Convención Interamericana contra el Terrorismo que en su Artículo 12 señala que cada Estado Parte adoptará las medidas que corresponda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho interno e internacional, para asegurar que la condición de refugiado no se conceda a personas respecto de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido delitos de terrorismo.	No queremos terminar sin ratificar el profundo afecto del pueblo colombiano hacia el pueblo nicaragüense, la voluntad irreductible de trabajar conjuntamente por el bienestar de nuestros dos pueblos y nuestro histórico compromiso con la democracia en la cual se respeta la libertad de prensa con todas sus garantías y no se prohíben los partidos de oposición, hecho que está ocurriendo en Nicaragua, tal como lo ha denunciado la comunidad internacional a través de la Mesa de Cooperantes de la Unión Europea y que va en contravía de lo promulgado por la Carta Democrática Interamericana.