Más organismos de la sociedad civil se sumaron a la condena de las acciones violentas contra el periodismo nacional por parte de civiles que actúan como “aparatos de seguridad” y que además están justificados por la Policía Nacional, de acuerdo con las últimas declaraciones de la Directora de esa institución, Aminta Granera, quien fue cuestionada por no dejar bien claro si de ahora en adelante ésta será la tónica en la próximas actividades de la Presidencia de la República	William Rodríguez, dirigente del Movimiento de Izquierda de Resistencia Social, manifestó que esa actitud violenta y agresiva es un reflejo de las tensiones que vive a lo interno el actual Gobierno, quien se da a la tarea de crear fantasmas donde no los hay, por lo que se comporta en una posición eminentemente defensiva frente a los medios de comunicación, que los lleva a cometer violaciones a la libertad de prensa, del libre derecho a informar y que el pueblo se informe, y al derecho de trabajar.	“Esto es una imprudencia gubernamental, no es necesario llegar a esos niveles de violencia, mucho menos si viene de sectores que no representan ninguna autoridad. El país no vive una crisis o un caos que justifique estos atropellos, pero definitivamente lo que sí se observa es una anarquía, cualquier grupo que se diga defensor del caudillo Daniel Ortega se cree y siente con el derecho de avasallar a la sociedad nicaragüense, éste es el reflejo de una cultura partidista militar que dista mucho de la democracia que pretendemos instaurar en el país”, indicó.	Sobre las declaraciones de la directora de la Policía Nacional, Aminta Granera, apuntó que está cayendo en una trampa, porque permite que su cuerpo de seguridad , autorizado e institucional, sea manoseado por estos grupos de civiles, que al parecer sólo entienden de violencia, “aquí la Policía Nacional no puede militarizar los conflictos políticos ni los conflictos sociales, y lo que vimos hace unos días es que existe una fuerza de choque gubernamental que no está siendo controlada ni regulada por las autoridades correspondientes”.	Sostuvo que si ese grupo de individuos estuviera dentro del sistema de seguridad que maneja la Policía Nacional, este caso estuviera siendo revisado por la Dirección de Asuntos Internos de esa institución, pero como son personas externas, fuera del control institucional no existe forma de procesarlos, como ocurre con quienes sí son agentes del orden público.