La propuesta fue aprobada en Corte Plena número 48, del 2 de Julio del año en curso. Según el sitio web oficial, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, explicó que hay un creciente enriquecimiento ilícito de criminalidad organizada, lo cual catalogó como uno de los grandes flagelos de la humanidad.	Este 3 de julio, la CSJ presentó ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, la iniciativa nombrada “Ley de Reformas y Adiciones a la Ley del Notariado de 1905”, que actualiza este cuerpo normativo, además lo adecúa a lo dispuesto en las reformas a las leyes 976, creadora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y 977, Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.	“Nicaragua ha avanzado  en aspectos sustanciales relacionados en las Recomendaciones GAFI; no obstante, también establece la necesidad de incorporar a los Abogados y Notarios como Sujetos Obligados, conforme a la recomendación 23 del GAFI (Grupo de acción financiera internacional), para el reporte de actividades inusuales de sus clientes; todo sin menoscabo de la observación del secreto profesional que debe mantenerse sobre la información relativa a la situación legal de sus clientes o en el desempeño de su tarea de defender o representar a sus clientes en procesos judiciales”, señala la exposición de motivos de la presidenta de la CSJ.	Por otro lado, el comunicado agrega que Ramos manifestó que “el Poder Judicial como miembro de la Comisión Nacional contra el Lavado de Activos y con el objeto de contribuir a que el Estado nicaragüense avance significativamente en la lucha contra la legitimación de capitales, al debilitamiento de la capacidad económica del crimen organizado, así como al fortalecimiento de una economía sana, considera necesaria la incorporación de los abogados y notarios públicos como sujetos obligados”, por lo que se debe reformar la Ley del Notariado de 1905.	Con la reforma de iniciativa de Ley de Notariado se obliga a los notarios a informar en los índices de protocolo anuales, el monto de la cuantía de cada escritura que autoricen y según lo establecido “un registro ordenado por cada escritura pública o acta notarial, que contenga copia de los documentos empleados para identificar a los comparecientes; así como de las escrituras de constitución de las sociedades que formen parte de una nueva entidad jurídica o un fideicomiso”.	La reforma también establece que del incumplimiento de estas obligaciones, así como las relacionadas con la designación de sujetos obligados establecidos en la Ley 977, serán objeto de sanciones administrativas y monetarias, de conformidad, entre otras, con la “ley que regula las responsabilidades de abogados y notarios incorporados a la Corte Suprema de Justicia”.