Las pandillas instauraron en El Salvador, según analistas, un Estado paralelo a fuerza de plomo y sangre, y son una de la principales amenazas para el proyecto de país del presidente electo, Nayib Bukele, quien dio pocas luces sobre su estrategia para combatir directamente a esta lacra en su plan de Gobierno.	El Gobierno atribuye a estas bandas tasas de asesinatos de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2018, que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo. Ante este panorama, Bukele asumirá el próximo 1 de junio la Presidencia, sin que en la estrategia de seguridad que propuso a la población durante la campaña esté clara la manera en la que enfrentará a estas bandas.	La oferta de gobierno de Bukele, denominado Plan Cuscatlán y que fue lanzado a mediados de enero, apenas hace mención a las pandillas, pues el documento de 75 páginas dice dos veces "maras" y tres veces "pandillas", la mayoría en párrafos dedicados a describir el contexto de violencia en el país.	El futuro gobernante prometió a los ciudadanos que al cierre del 2019 reduciría los homicidios en un 29 % y que al finalizar el 2021 la baja sería del 62 %, respecto al 2018. Bukele propuso centrar sus esfuerzos en las áreas de "prevención, combate al crimen y reinserción a la vida productiva".	La posibilidad de dialogar con las pandillas, como en la Administración de Funes, la dejó abierta en septiembre pasado el ahora vicepresidente electo Félix Ulloa. Cuando aún era candidato a la vicepresidencia, Ulloa dijo a Acan-Efe que su partido, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), había consultado este punto a sus seguidores y que la decisión dependía del rechazo o aceptación que tuviera, sin que hasta la fecha se haya revelado el resultado de la consulta.