Aunque la Ley de Carrera Judicial no hace referencia al sigilo, en la normativa los magistrados lo incorporaron. El 22 establece el sigilo de las deliberaciones y actas. Las deliberaciones habidas en las sesiones tienen carácter reservado, a las actas se dará la publicidad que se acuerde. Quienes las conocieren, por razón de sus funciones en el Consejo, deberán guardar sigilo sobre las mismas.	Pese a que los magistrados de la CSJ están fuera de la Ley de Carrera Judicial, más allá del contenido de ésta establecieron el artículo 82, que les garantiza que al vencerse su período como magistrados y no ser reelectos, ocuparán la primera vacante de una magistratura de apelación u otro cargo dentro del Poder Judicial.	En la normativa se refieren a lo referido al Desbalance Patrimonial. Se entenderá por desbalance patrimonial excesivo de los funcionarios jurisdiccionales y administrativos, el acrecimiento desproporcionado a la remuneración de su cargo, sin origen, ni fundamento legal, del patrimonial real del funcionario, sus parientes en primer grado de consanguinidad y su cónyuge o compañero en unión de hecho estable.	Cuando no hicieren el nombramiento de depositarios en la forma señalada por la ley. Por abstenerse de decidir so pretexto de silencio, contradicción o deficiencia de la Ley, de oscuridad en sus términos, o cuando retardaren ilegalmente dictar alguna medida, providencia, decreto, decisión o sentencia, aunque no se hubiere interpuesto por estos motivos la queja para hacer efectiva la responsabilidad civil ni la acción penal correspondiente a la denegación de justicia.	Cuando soliciten o reciban dádivas, préstamos, regalos o cualquiera otra clase de lucro de alguna de las partes, apoderados o terceros; por incurrir en grave error judicial inexcusable reconocido en sentencia por la Corte de Apelaciones o el juzgado superior o la respectiva Sala de la Corte Suprema de Justicia, según el caso, y se haya solicitado la destitución.	Cuando infrinjan las prohibiciones o deberes que les establecen las leyes; propicien, auspicien u organicen huelgas, paros, suspensión total o parcial de actividades o disminución del ritmo de trabajo o participen en tales actos o los toleren; por hacer constar en cualquier actuación judicial hechos que no sucedieron o dejen de relacionar los que ocurrieron.