Es difícil distinguir las consecuencias de las causas de la corrupción que afecta de manera persistente a muchas naciones de América Latina y el Caribe. La corrupción limita el crecimiento, pero el mismo bajo crecimiento la estimula, haciendo difícil mejorar la eficacia del gobierno. En todo caso, la corrupción por sí sola no es el problema esencial. Más bien simboliza y resalta debilidades subyacentes del funcionamiento del Estado y su interacción con los ciudadanos y las empresas.	Los estudios realizados en El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Paraguay en la última década han mostrado que la gente expuesta a la corrupción tiene menos confianza en el sistema político y se fía menos de sus conciudadanos. Se preguntó a los nicaragüenses si el pago de sobornos “facilita que las cosas se hagan en la burocracia”. Quienes estaban de acuerdo con que la corrupción funcionaba sentían menor respeto hacia la legitimidad del sistema político.	Las causas del fracaso de la administración pública son, entre otras, la falta de profesionalismo en el cuerpo de funcionarios públicos, normativas vagas, complejas o que se prestan a confusión, manejo inadecuado de las finanzas del gobierno, mala distribución de las tareas entre los niveles de gobierno, falta de transparencia en los procesos gubernamentales y dificultad para que los funcionarios se hagan responsables de sus acciones. Si cualquiera de estas áreas, o todas ellas, presentan debilidades, se crean incentivos para la corrupción, la ociosidad y la incompetencia.	Un sistema judicial competente y eficaz es una condición necesaria para establecer el imperio de la ley. Los niveles del crimen organizado son menores en los países con un poder judicial independiente. En Ecuador, la incertidumbre judicial y las demoras en la aplicación de los contratos son un obstáculo para las inversiones. Otro estudio basado en entrevistas en profundidad a empresarios ecuatorianos sugirió que la inversión aumentaría en un 10% si el poder judicial estuviera a la par de los sistemas de tribunales más eficaces.	Una encuesta realizada recientemente en todo el continente mostró que entre un 10% y un 40% de los latinoamericanos expresaron que no sienten “nada de confianza” en el poder judicial. Los investigadores hallaron que en México ocho de cada diez casos que van a los tribunales eran abandonados. Esta cifra sugiere que ir a juicio puede ser un ejercicio infructuoso y que muchas disputas probablemente nunca lleguen a los tribunales. Una encuesta peruana reveló que el poder judicial era la institución más corrupta. La incidencia de sobornos era alta, con un notable 42% de personas que dijeron haberlos pagado a funcionarios judiciales.	Una manera de mejorar la administración de los programas públicos es ir a la raíz del problema y cambiar la manera en que los gobiernos proporcionan bienes y servicios y gestionan programas. Si se pone énfasis en sistemas automatizados y basados en la informática para las adquisiciones y la recaudación tributaria, se dará grandes pasos para limitar la corrupción.	Esta reforma debe ir de la mano con una cuidadosa evaluación del clima normativo para las empresas, diseñado para eliminar o simplificar las reglas. Por ejemplo, aunque en Perú la corrupción estaba presente en todos los demás ámbitos, las reformas del gobierno que redujeron los impuestos lograron aumentar la recaudación desde un 8,4% del PGB en 1991 a un 12,3% en 1998, y aumentar el número de contribuyentes de 895.000 en 1993 a 1.766.000 en 1999.	Los gobiernos también pueden reducir la corrupción limitando el alcance de sus actividades. Actualmente América Latina está experimentando una reacción contra las privatizaciones, en una tendencia que subraya la importancia de la reforma del sector público. A menudo, las iniciativas de privatización tienen gran notoriedad política y son impopulares. Se debería considerar tercerizar algunas actividades a organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro, además de mejorar la supervisión externa. Por ejemplo, Guatemala contrató servicios de nutrición y atención primaria para 3,4 millones de personas a US$ 6,25 por persona. Los estudios demuestran que los beneficios son mayores que los costes.	El desempeño de la burocracia también se beneficiaría si se mejoraran las entidades de auditoría y defensoría del pueblo, y mediante el control de la corrupción a nivel de base, gracias a la asignación centralizada de mecanismos de entrega de información y asistencia técnica por parte de los gobiernos u organizaciones no gubernamentales.	Con respecto al Poder Judicial, es evidente que el aumento de los salarios de los jueces y secretarios, además de la dotación de mejores sistemas informáticos y otros equipos técnicos, mejoraría la eficacia y el desempeño de los tribunales, lo que significaría una menor pérdida de tiempo y más claridad para los litigantes. No costaría nada eliminar las trabas burocráticas que obstaculizan los procesos legales, y hacerlo tendría grandes beneficios potenciales.	Crear un nuevo sistema alternativo e independiente de solución de disputas fuera de los tribunales costaría algo de recursos, pero aseguraría una solución más rápida y aceptable de las disputas más comunes. Colombia ha implementado con éxito un sistema judicial alternativo usando “Juntas comunitarias” que tratan las disputas sobre títulos de dominio de tierras.	Susan Ackerman es Profesora de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Yale y autora de Corruption and Government: Causes, Consequences and Reform (Corrupción y gobierno: causas, consecuencias y reforma). Bjørn Lomborg es el organizador del Consenso de Copenhague, profesor adjunto de la Escuela de Negocios de Copenhague y editor del nuevo libro How to spend $ 50 billion to make the world a better place (Cómo gastar US$ 50 mil millones para hacer del mundo un mejor lugar).