Esta pretensión de Evo Morales fue rechazada por el pueblo en un referendo realizado el 21 de febrero de 2016, pero el autoritario gobernante boliviano desconoció la votación popular y acto seguido el poder judicial —controlado por el mismo presidente Morales—, resolvió que la reelección presidencial es un derecho humano que no se le puede negar al Presidente. Ese fue el mismo recurso usado por Oscar Arias, en Costa Rica; Daniel Ortega, en Nicaragua, y Juan Orlando Hernández, en Honduras, para reelegirse a pesar de la prohibición constitucional.	Almagro declaró el 22 de septiembre de 2017, en un mensaje de Twitter, que Evo Morales debía respetar el resultado del referendo y que ningún juez puede anular el dictamen del pueblo. El secretario general de la OEA inclusive consultó a la Comisión de Venecia —órgano consultivo de la Unión Europea para temas de derecho constitucional y derechos humanos— la cual dictaminó que “la reelección no es un derecho humano”. Ante lo cual Almagro aseguró que ese dictamen no era una opinión política, sino “un documento con plena validez jurídica”.	Sin embargo, ahora Almagro cambia radicalmente de opinión y dice que impedir al presidente boliviano Evo Morales participar en la elección presidencial del 20 de octubre próximo, sería discriminatorio, porque “otros presidentes han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial reconociendo la garantía de sus derechos humanos”.	Con esta complacencia ante la pretensión de Evo Morales de atornillarse en el poder mediante la reelección presidencial, Almagro contradice su enérgica posición ante las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tal vez esto se deba a que no quiere avivar otra crisis política en la región y confía en que la observación de la OEA garantizará la transparencia de las elecciones en Bolivia. Y que de esa manera, si los bolivianos quieren sacar del poder a Evo Morales podrán hacerlo con su voto depositado libremente en las urnas electorales.