Se trata de un paso necesario en el caso de que la UE decida en el futuro aplicar sanciones individuales como la prohibición de entrada en la Unión o la congelación de bienes en territorio comunitario, pero no contempla por el momento la elaboración de listados de personas concretas susceptibles de ser objeto de ese tipo de medidas restrictivas, precisaron las fuentes.	En una resolución aprobada en marzo pasado con 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones, el Parlamento Europeo denunció la existencia de una «estrategia planificada» para destruir a la oposición política en el país, y pidió sanciones contra el régimen de Nicaragua y los responsables de violaciones de los derechos humanos hasta que «cesase la represión».