“A través de los testigos y acompañantes, se recibió una invitación para ver si se hacía una reunión con dos representantes del Gobierno y dos de la Alianza. Valía la pena tener esa reunión con el objetivo que el Gobierno cumpla los acuerdos que ya se firmaron”, señaló Carlos Tünnermann, del equipo negociador de la Alianza.	“Reiteramos el compromiso de dar continuidad a las pláticas en todos los formatos, el compromiso de avanzar en las conversaciones y propuestas. Todos los días hay reuniones en distintos formatos y diferentes lugares con presencia de los testigos y acompañantes”, recalcó Moncada en la entrada al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), que ha funcionado como sede de las negociaciones.	Agregó que hasta este momento están hablando de nombres de personas que no logran conciliar y tienen que ir al siguiente paso, que puede llevar a definir si estas personas están en el exilio y se fueron por vereda o si realmente están en una situación distinta o realmente están  ahí y hay un error por parte de las autoridades.	“En total hemos hablado de un promedio global de 800 (manifestantes presos) e incluso, incorporamos un listado de 50 por los últimos casos, por lo que sumamos 850, sujeto a confirmación. Acá se incorporaron personas consideradas desaparecidas (pero que hay indicios de que fueron capturadas (por policías y parapolicías)”, dijo Montenegro.	Añadió que hay temor de que haya más personas detenidas de manera injusta y estas puedan quedar fuera del beneficio de los acuerdos de liberación, por lo que se necesita la creación de un equipo de investigadores, pero compuesto por personas investidas de imparcialidad y que puedan cumplir una investigación de manera objetiva.	En el caso de las acusaciones por delitos comunes se presentaron los familiares de Wilmer Alfredo Mendoza Espinosa, Frederick Vega y Ryan García Santamaría, originarios de Ciudad Darío, quienes participaron en las protestas, pero el Ministerio Público los acusó de robo con intimidación agravado y tenencia ilegal de armas, según Pablo Cuevas, abogado de la CPDH.	“Hoy tenemos una responsabilidad fundamental y primaria, cuando digo tenemos me refiero a todos los actores involucrados en la crisis que atraviesa Nicaragua y todos tenemos que ser muy responsables respecto al tema que tiene máxima prioridad en este momento, que es la liberación de los presos políticos”, afirmó Koncke durante una entrevista brindada a la cadena de noticias CNN en Español.	El funcionario recordó que mediante la mesa de negociaciones que estuvo desarrollando la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Gobierno de Nicaragua se concretó un acuerdo en el que se estableció la liberación de los manifestantes presos en un lapso no mayor a 90 días y es a lograr este cometido que la Secretaría de la OEA apunta.	“Hoy a lo que la Secretaria General apunta es a trabajar sobre esta oportunidad de lograr la libertad para esta gente, porque es la gente que más está sufriendo en este momento es la gente que peor está pasando, es necesario obtener la libertad de ellos y para eso tenemos que ser todos muy responsables”, afirmó Koncke en su intervención.	“Se está trabajando sobre esta lista que en conjunto la Alianza Cívica y el Gobierno, sobre la base del listado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con el Comité Internacional de la Cruz Roja como agencia implementadora están elaborando para trabajar sobre esta oportunidad, una oportunidad que como decía tenemos que ser particularmente responsables”, afirmó Koncke.