El fondo existe desde 2008, cuenta hoy con unos 850 millones de dólares, está dirigido a garantizar la preservación de ese bioma y han surgido discordias frente a la intención del Gobierno brasileño de utilizar parte de ese dinero para indemnizar a propietarios de tierras en las que se prohíbe toda actividad productiva.	Según las normas del fondo, toda modificación del acuerdo debe ser aprobada por todas las partes. Alemania y Noruega han abierto un diálogo con el Gobierno brasileño sobre esos posibles cambios, a los que, en principio, según fuentes diplomáticas, se oponen. Aún así, ambos países consideraron "positivo" que se haya abierto una rueda de consultas, aunque aclararon que podrían retirarse del fondo si no hubiera un acuerdo.