En dicha sesión, Moncada atacó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a quien tildó de “agente político” de los Estados Unidos, y al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), Paulo Abrao, a quien acusó de “invertir los hechos y mentir sobre la realidad” de Nicaragua.	“El día 14 de junio, la delegación policial de Nagarote continuó siendo atacada por grupos golpistas dado que habían muchos policías heridos. Las autoridades policiales se comunicaron con el sacerdote Juan José López, a fin de que el policía inspector Víctor Quiroz fuese trasladado a un hospital. El sacerdote en vez de interceder, acudió a la delegación de policía acompañados de los señores Marcos Carmona y Pablo Cuevas y lo primero que hizo fue solicitarle a las autoridades policiales que se rindiera y que entregaran las armas de reglamento policial porque si no lo hacían, sus vidas correrían peligro”.	, quien no podía ser enterrado el mismo 14 de junio ya que francotiradores no permitían el ingreso de personas al cementerio. El párroco Juan López salió a recorrer las calles de la ciudad con el Santísimo para calmar la situación y posteriormente llegó a la delegación policial de Nagarote para mediar y evitar más heridos. Los defensores de derechos humanos Marcos Carmona y Pablo Cuevas de la CPDH también llegaron a la delegación policial a petición del párroco.	La población exigía la salida de los agentes, que habían provocado dos muertos en las últimas 24 horas. “Si usted decide retirarse, se retira, deja las armas en las iglesias y así se le garantiza la vida a usted y a todos los que están aquí (en la delegación). Es una manera de proteger la vida, que es lo que nos interesa a nosotros”, le dijo en ese momento Marcos Carmona al oficial de la Policía.	“Esta reunión es realizada en contubernio con las acciones injerencistas, parcializadas y de doble rasero de los organismos de derechos humanos, la CIDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes quienes se han dado a la tarea de distorsionar la realidad nicaragüense, invertir los hechos y mentir sobre la realidad del país utilizando como fuentes de información, noticias falsas”.	El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, reveló a través de un informe que el régimen de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses producto de la represión que desató la PO y los grupos paramilitares. Este informe fue presentado el viernes 21 de diciembre en Washington y es el producto de seis meses de investigación sobre los hechos de violencia acaecidos del 18 de abril al 30 de mayo. Los expertos realizaron su informe, de más de 400 páginas, en base a investigaciones con familiares de las víctimas, testimonios de testigos, entrevistas con funcionarios estatales y denuncias de cientos de nicaragüenses.	A partir del 18 de abril de 2018 (los manifestantes) la emprendieron con una escalada de violencia usando armas de fuego, sembrando terror y caos disfrazados de manifestantes pacíficos y cívicos financiados por agencias norteamericanas y sectores de la ultraderecha de los Estados Unidos intentando dar un golpe de Estado que ha fracasado”.	que reducían drásticamente la pensión a los jubilados y aumentaban el aporte de los trabajadores y los empleadores. El 21 de abril, las reformas fueron derogadas por Daniel Ortega, pero ya habían decenas de muertos y heridos producto de la represión policial. Después de la derogación, el descontento social se transformó en una exigencia que buscaban todos los sectores del país: adelantar elecciones para que Daniel Ortega deje el poder.	El 8 de marzo de 2012 fue aprobada en la Asamblea Nacional la Ley 50-50, cuyo fin es garantizar igualdad entre hombres y mujeres en cargos públicos. Sin embargo, las mujeres que son parte del régimen actual no tienen ni voz ni voto y su presencia en los cargos públicos no garantiza una mejoría para este amplio sector de la población.