El viernes 29 de marzo, sendos comunicados de la Alianza Cívica y del Gobierno anunciaron una serie de acuerdos. Con optimismo reservado, me alegré sobre todo por lo que parecía acercar la liberación de los presos políticos. A mi juicio, es lo más urgente. Todo lo demás requiere tiempo, estiras y encoges, pero la libertad, el fin de las celdas y la oscuridad y los abusos para tantos nicaragüenses retenidos en las cárceles de la dictadura de Ortega y Murillo no tendría que esperar más. Ni un día más. Cada día que se pierde son 24 horas de sufrimiento multiplicadas por cada uno de los cientos de presos y presas políticas.	Como el acuerdo estipulaba que se permitirían de nuevo manifestaciones públicas, varios grupos salieron a protestar y fueron disueltos con la violencia usual por la Policía. Un paramilitar disparó irresponsablemente y fue castigado por la furia de quienes le impidieron seguir disparando. La Policía y el Gobierno acusaron a la gente de asaltar y maltratar a un inocente viejo de setenta años. Como siempre, la culpa recayó, según el estado, en los manifestantes. Lo cierto es que los manifestantes no se disparan ellos mismos. Lo cierto es que ese sábado, un día después de los acuerdos, ni policía, ni manifestantes, estaban listos a cumplir los acuerdos. Para los últimos, después de meses de inmovilidad y prohibiciones, recuperar la libertad de manifestarse en las calles era una tentación demasiado grande como para dejarla pasar. Pero la Policía y el régimen temen la repetición de abril y no están dispuestos a ceder el espacio que dominaron literalmente a sangre y fuego. Su miedo a las multitudes es superior a la racionalidad de los acuerdos firmados y eso los lleva a crear justificaciones para su comportamiento. “Guardar el orden”, piensan, es su prerrogativa.	El resultado mostró los límites en que estamos atrapados los nicaragüenses todos. A menos de 24 horas, los acuerdos se volvieron papel mojado. Hay dos intransigencias: la del régimen que insiste en regresar al 17 de abril, a esa normalidad y estatus quo que añoran sin asimilar la brecha que abrió la sangre derramada; y la de quienes no se conforman con no haber logrado en abril de 2018 que Ortega y Murillo se fueran o renunciaran y que ahora, con solo su valentía, esperan doblegarlos.	Viendo con frialdad la situación, todo parece indicar que ni un lado ni el otro, pueden lograr la satisfacción plena de sus aspiraciones. El gobierno de Ortega y Murillo parece dispuesto a seguir usando la fuerza para quedarse hasta 2021. Como estado, tienen las armas, el aparato represivo, el manejo de la injusta justicia que ejercen; tienen los medios para defender su voluntarismo.	El movimiento autoconvocado, por otro lado, tiene el respaldo nacional e internacional, tiene la energía popular, la clara noción del costo económico de la crisis, la fiera voluntad de no dejar que una vez más la historia se repita, pero no tiene los medios para contrarrestar el asedio estatal y su aparato represivo. No hay claridad de cómo cumplir con el deseo expresado de “que se vayan”. No conciben que siga en el poder quien cometió los desmanes y crímenes de abril.	Ortega tendría que tener claro, a este punto, que no puede seguir manejando el país desde el poder absoluto de su gusto y antojo sin pagar las consecuencias. Tendría que quedarle claro que su única opción para detener la deriva del país dividido sobre el que apenas gobierna es demostrar su propósito de enmienda y de paz, concediendo a las demandas más sentidas de la población: democracia, justicia y libertad. Estas demandas se pueden cumplir de varias maneras:	Democracia: Si tan seguro está Ortega de que son “puchitos” los que se le oponen, que se someta al escrutinio popular. No hacerlo es admitir que no está seguro, es admitir que solo a través de la fuerza y de las armas puede seguir gobernando. Su argumento de que “no es constitucional” el adelanto de elecciones en un país donde él ha manipulado la Constitución como mejor le ha convenido, es cínico e irrisorio.	La libertad que se demanda es, por otro lado, esencial para que el país recupere la soberanía popular establecida en la Constitución y en los mismos principios de este gobierno cuando afirma que “el pueblo es presidente”. Deben liberar a los presos políticos porque sus juicios carecieron de imparcialidad o porque, como en los casos de Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, se les encarceló y despojó por el solo hecho de usar su libertad de prensa y expresión. Por otro lado, deben restituir las libertades públicas conculcadas. Prohibir una marcha porque quien solicita el permiso no tiene “personería jurídica” es un absurdo, dado que por años aquí han marchado personas alrededor de efemérides como el 1 de mayo, el 1 de enero, el Día Internacional de la Mujer, el Día del Orgullo Gay etc.	El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por razones de su propia concepción monárquica del poder que han llegado a afirmar recibe su autoridad del Dios que invocan, debe poner sobre la mesa cuáles son sus condiciones para restituirle a la población sus derechos conculcados. Deben dejar a un lado su falacia de que el pueblo se alzó y sigue alzado para darles un golpe de estado; el pueblo se alzó para demandarles el cese de un poder fuera de todos los marcos institucionales del país, un poder del que ellos abusaron para imponer su propia concepción autoritaria de “progreso.” Si quieren obligar a los nicaragüenses a tolerarlos hasta 2021, como parece ser su obcecada voluntad, deben reconocer la necesidad de modificar su estilo de gobierno, cambiar las autoridades policiales, disolver las bandas paramilitares, liberar a los injustamente apresados, cesar las capturas, represión y militarización del país, cambiar las autoridades electorales, permitir la presencia de organismos internacionales que establezcan un sistema honesto para conocer los delitos cometidos en este año funesto, deben proceder a finiquitar la confusión estado-partido, devolver la independencia a las instituciones del Estado, devolver los bienes confiscados a medios y ONG, permitir la más amplia libertad de prensa, permitir la organización de partidos políticos con una Ley Electoral diseñada para abrir la competencia y no para evitarla, cesar la partidización de la educación, restituir la violada autonomía universitaria, limpiar la corrupción y hacer transparente la gestión financiera y las estadísticas del país, derogar la reforma fiscal que castiga a las empresas e impone cargas onerosas a la economía nacional, restituir el sistema de recambio del autoridades del ejército y la policía y su adscripción a autoridades civiles. Deben, en otras palabras, asumir la responsabilidad de enmendar lo que ha llevado al país a esta crisis de gobernabilidad, fruto de su arbitrario y totalitario manejo del poder. ¿Pueden hacerlo? ¿Pueden ofrecernos estas enmiendas a cambio de que los dejemos gobernar hasta el 2021? ¿Se atreven a admitir sus errores y enmendarlos? ¿Se atreven a ganarse la credibilidad de un pueblo que ya no está dispuesto a seguir existiendo bajo su mandato y que no cesará hasta lograr recuperar la libertad, democracia y justicia por las que ha luchado tenazmente por más de cuarenta años?