Insistir en mantener una estructura de diálogo que ha sido rechazada por Daniel Ortega, independientemente de las razones esgrimidas, es mantener un pretexto para que siga rechazando la negociación, prorrogar el sufrimiento de los presos políticos y sus familias y aumentar los efectos sociales adversos del grave deterioro económico. Solamente en el marco de un diálogo, con todos los actores internacionales que han mostrado un genuino interés por contribuir a la solución de la crisis, podemos negociar las reformas necesarias al sistema electoral y el desmontaje del Estado policíaco, que garanticen las libertades y los derechos ciudadanos, clima indispensable para unas elecciones prontas, libres y limpias.	Es importante reconocer que el tema prioritario es el electoral, pero al mismo tiempo es necesario admitir la necesidad de ajustes en el formato y los procedimientos. Hay una aceptación general de que a la par de un diálogo abierto, público y amplio, es necesario conformar equipos de negociación calificados y compactos, que trabajen en privacidad y con plazo determinado, manteniendo mecanismos fluidos de consulta.	Un mediador no decide, a diferencia del árbitro y del juez que sí lo hacen. Hace propuestas, en las que trata de ir acercando las posiciones de las partes, pero son estas quienes tienen la última palabra. El Grupo de Contadora, integrado por México, Panamá, Venezuela y Colombia, trabajó ardua e infructuosamente en varias propuestas de Actas de Paz; la solución centroamericana llegó finalmente de la mano de los protagonistas, signatarios de los acuerdos de Esquipulas I y II.	Tanto o más importancia tiene el rol de verificador y testigo, el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y la garantía de que se ajusten a una ética democrática irrenunciable. La UE, la OEA y la ONU cuentan con experiencia y calificación suficientes para asesorar y apoyar las negociaciones y la implementación de los acuerdos. Los países de la UE y del Grupo de Trabajo de la OEA, incluyendo México, cuentan con valiosa experiencia en el campo electoral, que debe estar a disposición de las partes a la hora negociar las reformas. La Iglesia católica puede seguir contribuyendo a coordinar y moderar el diálogo y, como testigo, dar fe del respeto a esos valores éticos y democráticos que una negociación de este alcance no debe soslayar.