Kevin Pérez, de Estelí, manifiesta que es difícil encontrar un trabajo formal porque las empresas piden récord de policía y este les aparace manchado. También, en muchos de los casos no tienen cédula porque se las quitaron cuando los capturaron, y ahora no tienen dinero para reponerla porque están en desempleo.	Antes del 19 de abril de 2018, día de la insurrección del pueblo de Nicaragua, Kevin se dedicaba a vender ropa en las comunidades. Para esto tenía una moto en la que se trasladaba para entregar mercadería y cobrar, pero la policía se la quitó y aun no se la regresa.	De igual forma las hermanas Ana Patricia y Yolanda  Sánchez Moraga, condenadas en la causa conocida como Juntos somos un Volcán, dijo que ellas se mantienen con la pensión de su papá, porque no las dejan trabajar. La policía hasta se ha metido en su vivienda a revisar para mantenerlas presionadas.	“Es un infierno, hacen fotos y videos, tres veces al día. Aquí no puedo ni salir a la puerta. La situación está dura con tres hijos en edad escolar que mantener y los medios de subsistencia dañado (mototaxi) y enfermo del oído por los meses que pasé en esas mazmorras del Chipote y ni se diga de mi situación mental, padezco de insomnio de tantas torturas que me hicieron”, dijo Guevara.	Mientras en Masaya, las familias afectadas por la policía orteguista son muchas, entre ellas la de los excarcelados José Lázaro García  López y la familia de Dany García, a quienes les cerraron sus talleres de pólvora que tenían más de 45 años de funcionar y ahora no tienen medio de subsistencia.	“Nuestros negocios por décadas estaban al día con matrículas y pago de impuestos y permisos para funcionar hasta para el 2020, pero con el cuento que somos golpistas allanaron nuestras casas y se nos robaron todo el material y las herramientas de trabajo. Ahora subsistimos por la misericordia de Dios”, dijo García.