Sin lugar a dudas, la reforma a la Ley de Amparo de 1988 que se llevó a cabo implica un avance fundamental en la construcción y fortalecimiento de un Estado Democrático en Nicaragua. Después de casi 13 años de regulación constitucional, de Jurisprudencia Constitucional y de carencia de regulación legal, la Asamblea Nacional ha logrado impulsar una regulación sobre los conflictos de competencia y constitucionalidad entre Poderes del Estado que señalan los artículos 163 y 164 inc. 12 Constitución.	La reforma a la Ley de Amparo cubre fundamentalmente dos puntos. La regulación sobre el conflicto de competencia y constitucionalidad entre Poderes del Estado y la exclusión expresa de utilizar el Recurso de Amparo contra el proceso de formación de la Ley. En relación con el primer punto, se puede decir que la reforma abarca la naturaleza jurídica, función y objeto, procedimiento (sujetos legitimados, órgano competente, sentencia y sus efectos) del conflicto de competencia y constitucionalidad entre Poderes del Estado, y sobre el segundo punto, se puede decir que ésta prohíbe el cauce jurídico (Recurso de Amparo) desde que se presenta la iniciativa de ley hasta la publicación del texto definitivo, inclusive. Sin embargo, si bien considero que la reforma es un avance fundamental, como ya se dijo, estimo oportuno destacar algunas inconsistencias técnicas en el tratamiento de la materia y que posiblemente pueden ser producto del consenso logrado entre los partidos políticos de representación parlamentaria, es decir, todos aportando ideas y textos para construir el contenido y la redacción de la reforma y descuidando su tratamiento integral y sistemático. Veamos en qué consiste lo que afirmo.	El artículo 1 que delimita el objeto de la Ley de Amparo denomina “Solución de los conflictos de competencia y constitucionalidad…”. La Ley no lo define como “Recurso”. El arto. 2 lo define como “cuestión de competencia o de inconstitucionalidad”, aquí la reforma comienza a introducir las inconsistencias. En el mismo artículo señala como objeto de “la cuestión” la ley, decreto, reglamento, acto, resolución o disposición…”. Aquí se puede apreciar que el artículo 1 está redactado pensando en la “competencia y constitucionalidad” y el artículo 2 cambia su redacción a “competencia o inconstitucionalidad”. El artículo 3 denominado Título V está redactado como conflictos de “competencia y constitucionalidad”. Ese mismo artículo que se incorporará, como el artículo 78 de la Ley de Amparo, está redactado como conflicto de “competencia o atribuciones constitucionales”. También el artículo 3 de la reforma, que será el artículo 80 de la Ley de Amparo tiene la redacción de “competencia o constitucionalidad”. Por último, el también artículo 3 de la reforma que será el artículo 80 de la Ley de Amparo está redactado como “competencia y constitucionalidad” en una primera parte y “competencia o constitucionalidad” en otra; y lo que será el artículo 81 de la Ley de Amparo está redactado como “constitucionalidad y competencia”.	Con todo ello, se puede concluir que la reforma debe respetar la redacción constitucional como un “conflicto de competencia y constitucionalidad”. Considero que esto es muy importante puesto que el mecanismo operará cuando se presente un conflicto, no cualquier conflicto, sino aquel conflicto sobre las competencias que expresamente ha determinado la Constitución para cada Poder del Estado, y que obviamente sea un conflicto entre Poderes del Estado. En la práctica, el conflicto se presenta cuando dos o más Poderes realizan acciones u omisiones (conflicto positivo o negativo) que consideran ajustadas a las competencias constitucionales que tienen asignadas. Todos se consideran con competencia para hacerlo.	Los aspectos destacados pueden parecer a simple vista como una mera cuestión de redacción que más allá de lo uniforme y de lo estético no tienen mayor trascendencia. Sin embargo, el manejo de una buena técnica legislativa puede aportar mayores elementos de claridad al intérprete jurídico. Las normas jurídicas deben redactarse de forma tal que demuestren un conocimiento teórico adecuado sobre la materia que regulan y que, además, se puedan leer fácilmente no sólo por los especialistas del Derecho sino por todos los ciudadanos.