Durante el 2018 la Policía Orteguista recibió 23 denuncias sobre femicidios, dos menos que las 25 del 2017, que fueron resueltas en un cien por ciento, según el Anuario Estadístico del 2018 de la Policía Orteguista (PO). Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de la mujer,  un experto en derechos humanos y una especialista en seguridad, aseguran que dichas cifras no son creíbles.	. Eveling Flores, de la Red de Mujeres contra la Violencia, explica que existe un subregistro de los femicidios, además de una clasificación determinada; es decir, que algunos casos los identifican como homicidios y no como femicidios. Para Flores es necesario que se conozcan las estadísticas no solo de la fuerza policial, sino de las otras instituciones del Estado, como Medicina Legal, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.	La experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, explica que la efectividad de un cien por ciento de las denuncias recibidas por la PO no es creíble; en primer lugar, porque la resolución definitiva del caso solamente se produce una vez que sea juzgado, y porque el “esclarecimiento” que puede hacer la Policía es parcial. “Durante el juicio podría suceder que nuevas diligencias o pruebas cambien el tipo de delito y la solución del caso”, aclaró.	Flores asegura que los datos expuestos en el Anuario policial no reflejan la realidad que están viviendo las mujeres en Nicaragua con relación a la violencia y femicidios. Como organización además de los femicidios también contabilizan los femicidios en grados de frustración, que significa que la mujer sobrevivió a la agresión, pero se cometió el delito. “Se intentó arrebatar la vida”, dijo.	La semana pasada, la vicepresidenta Rosario Murillo, aseguró que se conformó una comisión nacional que trabaja en un diagnóstico sobre femicidios, delitos contra la dignidad de las mujeres y suicidios. Esta comisión está integrada por varias instituciones del Estado, incluida la Policía Orteguista, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer; las dos primera fuertemente cuestionadas por violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde el 18 de abril.	Se espera que en las primeras semanas de septiembre se conozca el diagnóstico, y posterior, un plan de trabajo encaminado hacia una estrategia de prevención. No obstante, el especialista en derechos humanos, Pineda, explicó que la eficacia de la misma está limitada, ya que no hay apertura y tampoco se ha involucrado a los actores auténticos.	“Vas a tener al aparato estatal tratando de dar respuesta o maquillando la problemática, sin que realmente se escuche a los actores sociales que necesitan intervenir, organizaciones de mujeres, hablo de asociaciones de víctimas, porque son espacios que el gobierno de alguna manera no controla, y por tanto no les reconoce una participación efectiva y quedan excluidas”, explicó Pineda.	Para Cuadra, en el contexto que vive el país, en el que se ve a policías capturando a personas por portar la bandera de Nicaragua o por pegar afiches alusivos a la lucha cívica, el cuerpo policial dedica menos tiempo y recursos para atender a la delincuencia y criminalidad, entre estos, los delitos relacionados a la violencia contra la mujer, porque sus principales esfuerzos están enfocados en las acciones de represión y vigilancia política.	“La actuación de la policía durante todos estos meses, desde abril 2018 hasta la fecha, especialmente la permisividad con los grupos paramilitares, ha alentado los actos de violencia. Los femicidios son uno de esos actos de violencia”, apuntó Cuadra. Asimismo, Pineda explicó que la impunidad, la falta de investigación diligente y la ausencia de castigo a los responsables son factores que alientan la condición de nuevos delitos o incremento del índice delictivo.