La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), emitió este sábado un pronunciamiento en el que indica que la Ley de Amnistía discutida en la Asamblea Nacional, es en realidad una “ley de impunidad”, que pretende proteger a los responsables de los crímenes cometidos el año pasado durante las protestas contra el Gobierno.	“En Nicaragua, a partir del 18 de abril de 2018 el régimen implementó una política de violenta represión y sistemática violación contra la población que ejercía su derecho constitucional a la protesta cívica y pacífica. La ley de amnistía presentada por el régimen, es una ley de impunidad porque pretender proteger los crímenes que ha cometido  a través de sus instituciones, estructuras partidarias y de paramilitares”, señala el comunicado.	La ACJD, agrega que la iniciativa es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, que es reconocida por el estado nicaragüense, “ya que impide la investigación y sanción a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, tal como lo afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de amnistías, ni prescriben”.	Finalmente, una vez más la ACJD, hace un llamado para que el Gobierno cumpla con los compromisos suscritos durante el proceso de negociación y libere de manera definitiva e incondicional de los manifestantes que participaron en las protestas contra el Gobierno, así como el respeto a las garantías constitucionales de la ciudadanía.	“Dicha ley pretende mantener en la impunidad los graves crímenes cometidos en Nicaragua desde abril del 2018 y que han sido catalogados por los especialistas de derechos humanos y la comunidad internacional como crímenes de lesa humanidad cometidos por el estado, por tanto son imprescriptibles y no pueden ser objetos de amnistía, así lo señala los estándares internacionales de derechos humanos”, señaló Francis Valdivia, presidenta de AMA.	“Nuestros principios como asociación que aglomera a los familiares de las víctimas de la represión son incompatibles con la política de perdón y olvido que el Gobierno desea imponer por decreto. Luchamos y lucharemos de forma incansable para que los cientos de familias que fueron afectadas, puedan obtener verdad y justicia para sus seres queridos, y para que un país entero no se hunda en la violencia y la impunidad, a través sus políticas de terrorismo de estado”, manifestó Valdivia.	La ley de amnistía propuesta por el Gobierno de Nicaragua, ordena que las autoridades judiciales no inicien procesos de investigación sobre delitos cometidos en el marco de la crisis iniciada en abril del año 2018, pero además ordena que se cierren las causas administrativas y penales, y se abstengan de ejecutar sentencias.