El tema es relativamente nuevo: desde 2016 para acá el nombre de Nicaragua viene sonando cada vez más alto en los foros políticos de Estados Unidos. Y a la par, desde abril de 2018 hasta hoy, se vincula al país con sanciones de varios tipos incluyendo la más famosa, temida y global: Global Magnitsky Act (GMA).	LA PRENSA entrevistó a dos abogados norteamericanos de la firma Miller & Chevalier, Alejandra Montenegro Almonte y Brian J. Fleming, expertos en leyes anticorrupción de Estados Unidos. Ellos están de visita en Nicaragua para una exposición ante empresarios e inversionistas nicaragüenses y centroamericanos, sobre los alcances de la GMA y Foreign Corrupt Practices Act (Ley anticorrupción de Estados Unidos).	“La GMA y la Orden Ejecutiva de la administración del presidente Donald Trump le dan al gobierno de Estados Unidos la autoridad de bloquear o prohibir inversiones americanas o actividad económica en Nicaragua o cualquier países de la región. No solo afectan los fondos de las personas sancionadas, sino que prohíbe a los inversionistas estadounidenses y sus socios, hacer negocios con esas personas o instituciones”.	“Además de la orden ejecutiva que está específicamente centrada en Nicaragua, la MGA se ha aplicado a Panamá, República Dominicana, Venezuela, Guatemala… Ha tenido un impacto bien amplio a través de la región. Por la naturaleza del poder que tiene Estados Unidos en esta área puede que nazcan otras sanciones bajo GMA en la región. No se conoce aún, pero hay muchas perspectivas de eso de acuerdo a las políticas de sanciones económicas de la administración Trump.	: Si, existen otros instrumentos jurídicos. Yo voy a exponer sobre Foreign Corrupt Practices Act. Es un poco diferente, es la ley anticorrupción de EE.UU. vigente desde 1977 con doble propósito: prohibir la corrupción interna de empresas estadounidenses y las prácticas que pagan sobornos a funcionarios públicos del extranjero y a la vez, proteger la capacidad de empresas americanas para competir en mercados extranjeros, sobre todo en países donde se acostumbra a cobrar coimas, para evitar que paguen sobornos para competir. La ley ha estado vigente desde entonces, pero ha entrado con fuerzas en los últimos 15 y 10 años en América Latina. Se ha visto un crecimiento importante de las acciones de EE.UU. tanto contra empresas americanas que operan en el extranjero, como empresas mixtas con capital latino  que tienen vínculos con EE.UU., sea que cotizan en la bolsa de EE.UU., por presencia física o relación con los bancos, por tratados comerciales de libre comercio. Todo ella le da facultad a la administración de EU.UU. para tomar acciones contra esas empresas, ciudadanos residentes o socios.	Una de ellas es por corrupción y transparencia, prohibir y desincentivar el soborno de empresas e individuos hacia funcionarios públicos. El enfoque son las compañías y las personas que hacen esos sobornos y las penalidades pueden ser civiles, como cierres, o económicas, como multas millonarias y también penales o criminales, ser detenidos según el tipo de ley infringida. La otra tiene iguales sanciones, pero es más amplia y liga la corrupción a la violación de derechos humanos, por el origen propio de la ley, que nace de un acto de corrupción en Rusia y deriva hacia la violación de los derechos humanos de las personas que denuncian la corrupción.	Montenegro: De momento no, la última vez fue una empresa llamada Bellsouth, que fue sancionada por malas prácticas empresariales. La idea de la ley no es sancionar o cerrar empresas, es más bien, incentivar las prácticas de transparencia y eficiencia para competir sin recurrir al soborno.  Eso no solo beneficia a las empresas en sí, sino a la imagen del país donde operan, porque cuando se sanciona a una empresa por malas prácticas en un país, se sanciona además la imagen del país, porque se le dice al mundo que en esta nación se permite, tolera o se practica la corrupción y ya sabemos que una mala imagen de país afecta a todo el conjunto de actores: empresas, empresarios, inversionistas, clientes, al clima de negocios en general. En la etapa de globalización que vivimos, los mercados y sus inversionistas cada día están más y más informados, investigando empresas, socios, países, gobiernos, clima de negocios, por tanto es importante la imagen y la transparencia de los mercados, aporta valor y confianza al clima.	LA PRENSA: Tengo entendido que hay en curso en el Congreso la puesta en vigencia de una ley específica para Nicaragua que fusiona aspectos de la GMA con la ley denominada “Nica Act”, además de una Orden Ejecutiva activa que permite al presidente Trump sancionar directamente desde las instituciones de EE.UU.  ¿Se vislumbran nuevas sanciones bajo esas leyes?	Fleming: No lo sé. De alguna manera muchos sectores aquí y allá tienen las mismas expectativas por las denuncias de corrupción y violación de derechos humanos. Las sanciones económicas de Estados Unidos contra personas de Nicaragua pueden venir de tres diferentes vías y por varias razones: por corrupción, por violación de derechos humanos y crimen organizado o terrorismo. Pueden sancionar desde el Congreso, desde el Departamento del Tesoro y luego el presidente a través de órdenes ejecutivas. La orden ejecutiva que firmó en noviembre pasado de 2018 el presidente Trump contra personas del gobierno a través de OFAC, que es una sección del Departamento del Tesoro, le da facultades a esta instancia para enfocarse en ciertos individuos y organizaciones que incurran en actividad que viole los derechos humanos y de corrupción. La ley Magnitsky, que nace del Congreso, le da la misma autoridad y facultad a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) de enfocar sanciones en individuos y organizaciones que violen derechos humanos y cometan corrupción a nivel global.	: Las leyes las aprueba el congreso, de la misma manera que las aprueba las puede suspender. De igual modo las sanciones emitidas mediante órdenes ejecutivas emitidas por un presidente pueden ser suspendidas por ese presidente u otro presidente en el futuro. Si hay un individuo o una organización que ha sido sancionado y quiere apelar esa sanción, hay un procedimiento, un proceso de petición de remoción, es un proceso complicado, complejo. Tarda mucho tiempo y es poco posible de revertir porque las leyes en el Congreso no se hacen en un día, a veces se acumulan años antes de aprobarse, pero el proceso técnicamente si puede revertirse.	Desconozco esa información, usualmente las medidas son de carácter secreto y solo se conocen cuando se hacen públicas por medio de fuentes oficiales. El tema de Nicaragua y las sanciones se mencionan en Estados Unidos, igual que Venezuela y por las mismas razones de derechos humanos. Ya hemos visto que contra el gobierno de Maduro las sanciones han sido fuertes y es un buen ejemplo para medir lo que puede venir contra el gobierno de Nicaragua.	Serguéi Leonídovich Magnitski nació en la República Socialista Soviética Ucraniana, Unión Soviética, el 8 de abril de 1972. Lo asesinaron el 16 de noviembre de 2009. Llevaba un año preso y lo mataron a golpes en una celda de aislamiento a la que lo habían destinado, apenas siete días antes de recuperar su libertad. Frustrado porque la muerte de su amigo nunca recibió justicia, Browder buscó ayuda en los senadores estadounidenses John McCain y Ben Cardin, quienes impulsaron la Ley para ser aplicada específicamente a Rusia.	: El antiguo jefe del poder electoral y operador político de la dictadura, Roberto Rivas Reyes, el jefe policial Francisco Díaz; el tesorero del Frente Sandinista, Francisco López; y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno. Todos ellos fueron señalados como parte del aparato represivo del régimen sandinista pero también por sus negocios sucios que les permitieron malversar miles de millones de dólares de fondos públicos.