Aunque la Constitución ecuatoriana establece que el Estado es propietario de los recursos naturales del país y el encargado de su administración, este puede "de forma excepcional delegar a la iniciativa privada" estas actividades cuando "no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas", señala el decreto.	El ministerio de Energía y Recursos No Renovables no ha fijado una ubicación para la nueva planta de procesamiento, tras el fracaso en la construcción de la Refinería del Pacífico, un proyecto emprendido en 2008 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) en la provincia de Manabí (suroeste) y que debía contar con financiamiento de China y Venezuela.	Para la nueva planta de tratamiento de crudo "lo único que nosotros estamos dando son premisas en el sentido de que queremos una refinería hasta 300.000 barriles (diarios) de procesamiento, puede ser de 200.000 barriles, puede ser en cualquier lugar de la costa ecuatoriana", dijo Pérez más temprano en una entrevista en Radio Quito.