El escrito se da luego de que la parte demandante aludiera a un reporte de la Oficina del Inspector General, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que reveló que un gran número de familias fueron separadas desde junio de 2017, es decir antes de la puesta en marcha de la política de "tolerancia cero" contra la inmigración indocumentada.	Dana Sabraw, quien preside el caso en una corte federal de San Diego (California) y ordenó el año pasado que se reúna a familias indocumentadas separadas en la frontera, señaló que las familias del reporte en cuestión no fueron incluidas en el litigio dado que no habían indicios de que se hubieran separado a familias previo a la puesta en marcha de polémica política federal.