Analistas políticos y partidos de oposición han señalado que los procesos de paz y reconciliación no se imponen por la fuerza, además cuestionan la Ley cuando todavía el Estado no ha garantizado el acceso a la justicia para los más de 325 a 500 civiles que han sido asesinados en el marco de las protestas antigubernamentales, sumado a más de 600 presos políticos, más de 26 mil exiliados y una política de gobierno en la que se continúan vulnerando los derechos ciudadanos que contempla la Carta Magna.