En medio de la crisis institucional que parece no tener solución, los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, intentarán aprobar con carácter de urgencia, una ley de amnistía para beneficiar a Arnoldo Alemán, a Eduardo Montealegre, y de paso, al ex presidente Enrique Bolaños Geyer.	Según el jefe de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez, la idea de la amnistía es evitar que el Frente Sandinista y, principalmente, el presidente Daniel Ortega, “continúe extorsionando a los líderes de la oposición a través de la cárcel”. Rodríguez negó que se trate de beneficiar a alguien en particular y que el objetivo es “soltar las manos” a los funcionarios liberales para que puedan tomar decisiones sin presiones de ningún tipo.	El jefe de la bancada del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Víctor Hugo Tinoco, rechazó la propuesta y dijo que esa no es la solución a la crisis. Los cuatro jefes de bancada sostuvieron ayer una reunión con los cinco miembros de la junta directiva de la Asamblea Nacional que pertenecen a la oposición, sin embargo, Tinoco aseguró que en ese encuentro no se abordó el tema de la amnistía.	Otra de las propuestas del denominado “Bloque contra la Dictadura” es realizar una interpretación auténtica de la Ley de Amparo, a fin de dilucidar si en realidad la Corte Suprema de Justicia, CSJ, tiene la facultad de suspender la vigencia de una ley o, en su defecto, anular el proceso de formación de la ley como consideran la oposición que ocurrió con la Ley 630, que derogó los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.	Los diputados pretenden desconocer esa facultad del Poder Judicial, realizando esa interpretación, pese a que existe una resolución de la Sala Constitucional del año 2005, en la que declaró inconstitucional la reforma que hizo la Asamblea Nacional a la Ley de Amparo. En esa reforma, los entonces diputados estipularon que no se podía recurrir de amparo en contra del proceso de formación de la ley.	Los diputados de la oposición propusieron también aprobar un decreto legislativo mediante el cual pretenden anular la sentencia de la Sala Constitucional, que declaró favorable el recurso de amparo en contra de la Ley 630 que derogó los CPC. Al aceptar el recurso de amparo, la instancia judicial dejó en vigencia los CPC y desconoció la ley aprobada por la Asamblea Nacional.	El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, reveló ayer que habló con el presidente Daniel Ortega para solicitarle un diálogo y acabar con la crisis institucional que mantiene trabado a ese poder del Estado, luego que una sala integrada por magistrados sandinistas dictara una sentencia a favor de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), organización prioritaria del gobierno sandinista.