Desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense dieron un ultimátum ayer hasta el próximo ocho de agosto para que el gobierno empiece a resolver los problemas de propiedad y cumplir con los acuerdos de paz firmados desde 1990 con el gobierno de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro y luego el 15 de septiembre de 2006 durante la campaña presidencial con el presidente Daniel Ortega.	Junto a Estrada, un grupo de representantes de Juigalpa, El Rama, Matagalpa y El Timal pidió a las autoridades del PRN mayor beligerancia en la Comisión, y que daría como plazo fijo los 60 días que la Contra le dio al gobierno para que empiece a beneficiar a los miembros de la ex Resistencia.	Pese a los señalamientos en contra de la Comisión de Reconciliación y Paz, tanto Estrada como representantes de los demás departamentos aseguraron que confiaban en la buena voluntad del cardenal Miguel Obando y Bravo, pero señalaron a Nelson Artola como el que estaba impidiendo el funcionamiento de la Comisión en su calidad de secretario ejecutivo.