De acuerdo con Alfaro, si el gobierno costarricense insiste en la explotación minera en esa zona --la cual va en detrimento de la biodiversidad y equilibrio ecológico de las reservas de biosfera Indio Maíz en Nicaragua y reserva de biosfera de Agua y Paz (Siapaz) en Costa Rica--, recurrirán ante la Corte Centroamericana de Justicia.	El artículo 22, inciso “c” del Convenio de Estatuto que rige a la Corte Centroamericana de Justicia, citó Alfaro, la faculta para conocer, a solicitud de cualquier interesado, sobre disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un Estado cuando afecten los convenios, tratados o cualquier normativa del derecho de la integración centroamericana.	También organizaciones civiles de Costa Rica como el Frente Norte contra la Minería y Unión Norte por la Vida, han anunciado que demandarán al gobierno costarricense por haber irrespetado la sentencia judicial emitida por la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia al reactivar la concesión. Tanto el Frente Norte contra la Minería y Unión Norte por la Vida han señalado que no se darán por vencidos, sobre todo porque el estudio de impacto ambiental presentado por los empresarios mineros sólo se adecuó, no se hizo uno nuevo, y el que se adecuó data del año dos mil, es decir, es demasiado viejo, y no incluye la modificación a la concesión que se le hizo a la empresa.