El Protocolo contiene el proceso de revisión de los casos; acciones que deberá adoptar el Estado de Nicaragua para garantizar estos derechos a los periodistas y directores de programas (…) la obligación del Estado de garantizar las medidas de reparación; y la función de los miembros de la mesa de negociación y garantes para dar seguimiento y verificar la observancia de las disposiciones de este protocolo”, señala una nota de prensa de la ACJD.	“El Estado está obligado a indemnizar todas las violaciones a los derechos humanos, sino los respeta, está obligado al resarcimiento de los mismos; pedir perdón y disculpas por el dolor causado, sino a la población en general, porque estropear la actividad periodística es erradicar el derecho a informarse”, especificó Azahalea Solís, miembro de la Alianza Cívica.