El régimen de Daniel Ortega finiquitó hoy la versión final del proyecto de reforma a la Ley de Concertación Tributaria,  que pese a ser rechazada por la gran mayoría del sector privado, dado a que profundizará la recesión económica y producirá más desempleo y cierre de empresas, la aplanadora orteguista se prepara para aprobarla la próxima semana en la Asamblea Nacional.	A como se temía, los diputados orteguistas que integran la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional solo hicieron ajustes menores al proyecto de reforma fiscal, pero se mantuvo en gran medida el objetivo de clavar impuestos a varios productos de la canasta básica, a las materias primas que se usan para producir alimentos, las maquinarias, entre otros.	Son cambios ligeros los que los diputados sandinistas introdujeron al proyecto enviado por Ortega, como por ejemplo se incorporó a los supermercados dentro de la lista de empresas que pagarán el anticipo mensual del IR sobre sus márgenes de comercialización y no sobre sus ventas; se aumentó el techo exento del pago del Impuesto sobre la Renta (de 40 millones de córdobas en renta anual a 60 millones de córdobas)  a las cooperativas legalmente constituidas, se mantuvo que el Crédito Tributario de 1.5 por ciento a los exportadores sea deducible, siempre y cuando las empresas demuestren que este beneficio se transfirió a los productores; se ajustó a la baja el aporte inicial contemplado  por los casinos, entre otros.	, tales como: pantalones, faldas, camisas, calzoncillos, calcetines, zapatos, chinelas, botas de hule y botas de tipo militar con aparado de cuero y suela de hule para el campo, blusas, vestidos, calzones, sostenes, camisolas, camisolines, camisetas, corpiños, pañales de tela, y ropa de niños y niñas. La enajenación local de estos productos, realizadas por empresas acogidas bajo el régimen de zona franca, estará sujeta al pago del IVA.	En el caso de la carne de res, ahora pagarán impuesto la lengua, la costilla, cortes especiales y la lengua, así como se mantiene gravado los filetes y lomos.  En la carne de cerdo pagarán impuesto ahora las chuletas, costilla y tocino, así como se mantiene gravado los filetes y lomos.	Todas estas medidas contenidas en el artículo 127 de la Ley de Concertación Tributaria contradicen el discurso oficial en la introducción del dictamen, donde los orteguistas plantean: “Con esta medida, el GRUN (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional)  continúa priorizando el derecho de las familias más pobres al acceso y disfrute de una alimentación saludable, a través del consumo de verduras, frutas, hortalizas, pescados frescos y carnes de res, cerdo y pollo en sus diferentes cortes populares; garantizando la seguridad y soberanía alimentaria de las familias nicaragüenses.	Pero además el régimen miente cuando en su introducción del dictamen asegura que la Comisión “ha revisado las medidas y garantiza que todos los productos del sector agropecuario que se necesitan para impulsar este sector, quedan exonerados del IVA a través de listas taxativas con el objetivo de garantizar que también el pequeño y mediano productor pueda beneficiarse de esta medida”.	Esa protección según el régimen incluye mantener la exoneración a “productos veterinarios, vitaminas y premezclas vitamínicas exclusivas para uso veterinario y los destinados a la sanidad vegetal, insecticidas, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, defoliantes, abonos, fertilizantes, semillas y productos de biotecnologías para uso agropecuario o forestal, melaza y alimento para ganado vacuno, porcino, aves de corral y acuicultura quedan exonerados del IVA”.	Pero en el artículo 127 de dicha ley desaparecen los numerales 14 y  15  de la LCT vigente relacionados con la exención de productos veterinarios para la sanidad vegetal, así como las exenciones a los insumos agrícolas, entre ellos fertilizantes, semillas, fungicidas, herbicidas, entre otros, por lo que todos estos empezarán a pagar impuestos.	Cuando se anunció el proyecto de reforma a la Ley de Concertación Tributaria, la Cámara de Industrias de Nicaragua había advertido que el 70 por ciento de los productos de la canasta básica subirían más del 50 por ciento de sus precios, lo que provocaría que esta pase de 13 mil córdobas actualmente a 17 mil córdobas.	También permitió que los supermercados se pudieran acoger al artículo 63 de la Ley de Concertación Tributaria para pagar el anticipo mensual sobre los márgenes de comercialización, y no sobre sus ventas totales. Esto había provocado preocupación en el sector, dado a que este segmento de negocio depende de altos volúmenes de ventas con bajos márgenes de ganancias.	“Los Diputados y Diputadas de esta Comisión luego de realizar un análisis técnico jurídico, han decidido no incorporar en la presente Ley lo relacionado al “Título de deuda del Pago Mínimo Definitivo” por no ser este un tema de carácter tributario. No obstante, consideramos que queda a criterio del Poder Ejecutivo retomar este planteamiento presentando la correspondiente iniciativa de Ley, conforme a los lineamientos del ordenamiento jurídico vigente”, según se lee en el dictamen.	El régimen no dio pie atrás en su decisión de aumentar a 2 y 3 por ciento la alícuota del anticipo del IR, por lo que ahora las empresas con ingresos anuales de entre 60 y 160 millones de córdobas entregarán al Fisco cada mes 2 por ciento en lugar de 1 y las que tiene más de 160 millones de córdobas en ingresos anuales el aporte mensual será de 3 por ciento.	“La Administración Tributaria actualmente tiene un universo de 135 mil contribuyentes, de los cuales 450 son Grandes Contribuyentes y aproximadamente 600 son principales contribuyentes, ambas categorías son las llamadas a incrementar su alícuota a 3 por ciento y 2 por ciento respectivamente, lo que equivale a mil cincuenta contribuyentes representando el 0.8% del total de contribuyentes, quienes durante los últimos diez años “han acumulado mayores riquezas”, señala la Comisión en el dictamen.	Lo que no ignoran los diputados en la reforma es que a estas empresas a partir de este mes se les elevó de 19 a 22.5 por ciento el aporte de la patronal del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). En el caso de las pequeñas y medianas, que suelen tener menos de 50 trabajadores, pasó de 19 a 21.5 por ciento.	En este aspecto, el régimen solo cedió de que las empresas pesqueras localizadas en la Costa Caribe y que estén clasificadas como grandes contribuyentes su aporte en concepto de pago mínimo definitivo será de 2 por ciento en lugar de 3 por ciento como el resto de empresas que están en la misma categoría.	En el caso del Crédito Tributario de 1.5 por ciento sobre el valor FOB a los exportares, el dictamen ahora señala que se permitirá que las empresas de este sector se acrediten el anticipo mensual de los impuestos o en el IR anual, “siempre y cuando el mismo se traslade en efectivo o en especie la porción que le corresponde en base a su valor agregado al productor o fabricante, en su caso”.	Otro de los aspectos en los que también cedió el régimen de Daniel Ortega es suavizar la carga impositiva a los casinos respecto a como había propuesto inicialmente. Por ejemplo, por cada mesa de juego ahora pretende obtener 450 dólares en lugar de 600 dólares que había señalado en la propuesta inicial. Este monto subirá a 500 dólares en 2020. Hasta ahora los casinos por cada mesa de juego aportaban al Fisco 400 dólares.	Además por cada máquina por sala de juego ahora el régimen va a cobrar 40 dólares y no 50 dólares como había buscado inicialmente. Hasta ahora este sector  paga 25 dólares  por las primeras 100 máquinas;  35 dólares por las siguientes 200 máquinas en exceso de 100 máquinas; y 50 dólares por las demás máquinas en exceso de 300 máquinas.	Pese al rechazo generalizado del ajuste fiscal, este proyecto de reforma es de los más consultados en los últimos años y aseguró que tomó en cuenta las observaciones llevadas por los empresarios y trabajadores. LA PRENSA conoció que las pocas cámaras del Cosep que asistieron a la consulta le dejaron claro al Gobierno que no habían condiciones para aplicar una reforma dado a que la economía estaba colapsada como consecuencia del impacto de la crisis sociopolítica.