La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) insiste en la implementación de un protocolo de seguridad para las personas que han sido liberadas mediante la Ley de Amnistía, pues desde su salida el asedio policial se ha multiplicado en sus viviendas, sin embargo, en reiteradas ocasiones el Gobierno de Nicaragua se ha negado a hablar del tema.	“Esto hace meses se les entregó al Gobierno, desde que nosotros participábamos en el diálogo y se dieron las primeras excarcelaciones pedimos su implementación, pero más bien lo que se implementó fue la persecución y el asedio para aquellos cuyo delito fue amar a Nicaragua”, aseveró José Pallais, miembro del organismo opositor.	En cuanto al ente encargado de estudiar y castigar a quienes cometieron crímenes, la Alianza Cívica insiste en la creación de una nueva comisión de la verdad que sea guiada por una organización internacional y se acompañe de instituciones independientes defensoras de los derechos humanos nacionales y no dejar afuera organismos del Gobierno que fiscalicen y comprueben que no fueron los manifestantes los autores de delitos.