Francamente no. A estas alturas del juego, nada me sorprende. Desde que Funes se refugió en Nicaragua, en septiembre de 2016, me imaginé que tarde o temprano el presidente (Daniel) Ortega le otorgaría la ciudadanía a Funes y a sus parientes. No pasó antes, me imagino, porque El Salvador tenía un gobierno FMLN que no pediría su extradición.  Pero con la reciente elección de Bukele y su promesa de gestionar la extradición de Funes para enfrentar la justicia salvadoreña, su nacionalización se hizo urgente para el Gobierno de Nicaragua.	Obviamente fue para proteger a Funes de la justicia salvadoreña. Esto porque el artículo 43 de nuestra Constitución Política estipula que ningún ciudadano nicaragüense podrá ser extraditado. Esta provisión fue incorporada a la Carta Magna de 1987 para escudar a ‘internacionalistas’ afines al Gobierno sandinista de extradición a sus países de origen por acciones políticas o hasta de delincuencia común y ha sobrevivido las múltiples enmiendas que se le han hecho a la Constitución. O sea, ¡sigue vigente!	Varias y ninguna es buena. En primer lugar, afectará negativamente nuestra imagen país, más de lo que ya está. Mirá, al expresidente Funes se le acusa de haber recibido sobornos millonarios de una empresa extranjera, de evasión fiscal, de lavado de dinero y de desvíos de más de US$350 millones en fondos públicos, entre otras cosas. Y al tomar una acción tan evidentemente destinada a frustrar su extradición por corrupción masiva, ahora se le podrá sumar a los pasivos de la imagen de nuestro país, el ser un paraíso para personas enfrentando acciones jurídicas por corrupción.	Esto será comentado en todos los foros que le dan seguimiento a nuestro país, como el Economist Intelligence Unit y las casas que establecen el valor crediticio de Nicaragua. Es, de nuevo, una pésima noticia. Y más malas noticias es lo último que ahora necesitábamos. Por otro lado, esto contribuirá a un empeoramiento en nuestras relaciones con la hermana República de El Salvador.	Esto tendrá implicaciones de toda índole, desde el comercial hasta el político. Por ejemplo, si la OEA llegase algún día a votar sobre la suspensión de Nicaragua del Sistema Interamericano basado en la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, el voto salvadoreño ahora estará a favor de su suspensión. Mientras existía un gobierno FMLN en El Salvador, el Gobierno de Nicaragua estaba blindado en cuanto al voto salvadoreño.	Y aunque El Salvador se sumó a las 20 democracias que votaron por la resolución de Medellín, el mes pasado, eso no aseguraba que el voto de ellos estaría “firme” para la eventual suspensión de nuestro país. Más bien, esto pudiera haber dependido de la extradición de Funes. Pero con la ‘nacionalización’ de Funes, Daniel y doña Rosario (Murillo) cruzaron el Rubicón. Ahora el voto salvadoreño por la suspensión de nuestro país está asegurado. Podés ponerle el sello.	Le dará más justificación a Estados Unidos, Canadá, los países del Grupo de Lima y las naciones europeas para aumentar la presión en contra de nuestro gobierno por la crisis socioeconómica y política que estamos atravesando, debido a la reacción desmedida del Gobierno a partir del 18 de abril.  No puedo exagerarte  lo mal visto que es la corrupción en el mundo de hoy. La corrupción en Nicaragua fue una de las justificaciones que se dieron para el Nica Act. Y al escudar al expresidente Funes de la justicia salvadoreña –después de que la Corte Suprema de ese país la había solicitada unánimemente─ en la percepción del mundo, Daniel se ha alineado con los que abiertamente apoyan la corrupción. Al menos, así será manejado el tema internacionalmente.	Esa es la pregunta del millón. Mirá, la política externa de un país serio debe fundamentarse en adelantar los intereses de la nación. Este caso obviamente no está alineado con ese elemento esencial estratégico. Por donde lo veas, el darle la ciudadanía a Funes solo acarrea pasivos para Nicaragua. No aporta nada positivo para nuestros intereses. Y ocurre en un momento especialmente delicado para Nicaragua y su gobierno. Se da a conocer semanas  después de que el Gobierno anunció que no volverá a la mesa de negociación en el Incae, en que continúa en su guerra pública con la Iglesia católica y también mantiene su represión en contra del pueblo.	Es cierto que la represión de ahora es “lite”, comparada a la que fue el año pasado, pero es parte de un cuadro nacional negro, lleno de pasivos y sin activos. Por eso mi conclusión es que es una acción insólita e inconsistente con todos nuestros intereses nacionales. Quizás ‘nacionalizar’ a Funes es una manera de pagarle por algún favor que en su momento hizo para el Gobierno de Nicaragua o se debe a otras consideraciones desconocidas. Pero, repito, visto desde la lógica de la conducción sana de relaciones internacionales de un país, es inexplicable, temeraria y desastrosa. Dicho de otra manera, es un error colosal para Nicaragua.