El adolescente Bryan José Putoy, capturado por la Policía el pasado 2 de agosto en Monimbó, Masaya, fue liberado este martes, informó la abogada Yonarki Martínez, quien llevaba su caso.La jurista dijo que el menor de 15 años de edad estuvo ilegalmente en la cárcel de El Chipote y posteriormente en la delegación policial de Masaya. Las autoridades no atendieron dos recursos de exhibición personal presentados por la defensa.Cándida Putoy, masdre del jovencito, denunció que la Policía no le permitió ver a su hijo durante los cinco días que permaneció encarcelado y solamente accedieron a pasarle la comida, pero no sus artículos de aseo personal. Un día después de su captura, efectivos policiales allanaron la vivienda de la madre sin orden judicial. Martínez dijo que la juez penal de adolescentes de los juzgados de Masaya instó a la Policía a liberar al jovencito por no haber acusación en su contra y porque su detención fue ilegal, toda vez que el Código de la Niñez sólo permite retener a los menores de edad por 24 horas.	El adolescente trabaja en un taller de calzado, de donde fue sacado a la fuerza por policías antimotines. La Policía lo había acusado de fabricar bombas artesanales.La madre del niño relató que encontró a Bryan muy delgado y con señas de haber sido golpeado durante los interrogatorios a los que fue sometido.“Mi hijo lloró contándome que el primer día lo golpearon, le ponen socadas las esposas y anda las manos rojas. Todos los días le preguntan qué quién le da las bombas, qué cuánto le pagan, quien da financiamiento y mi hijo les dice que no sabe nada, porque él no ha tirado ninguna bomba. La comida se la juegan, el pollo lo muerden y revuelven el arroz, para que él ya no pueda comer”, relató Cándida Putoy al diario La Prensa.Según la Alianza Cívica, al menos 120 presos políticos permanecen en celdas del sistema penitenciario, entre ellos los excarcelados Jaime Navarrete Blandón y Wilfredo  Orozco Urbina, que volvieron a ser detenidos y enfrentan nuevos procesos, ahora por delitos comunes.“Continúa la represión estatal, que consiste en detenciones arbitrarias y asedio a excarcelados y sus familias, nuevas capturas de ciudadanas y ciudadanos, así como torturas y malos tratos a las personas que siguen dentro de las cárceles del régimen”, aseguró la Alianza Cívica en un comunicado reciente.