El asesor presidencial Bayardo Arce Castaño declaró a medios de comunicación oficialistas que los nueve funcionarios del gobierno de Nicaragua sancionados por EE. UU. y Canadá, por corrupción y violaciones a los derechos humanos, no tuvieron derecho a la defensa ante esas decisiones que, según él, no se ajustan al derecho internacional.	“Ustedes se han preguntado, toda esta gente que vive viajando a Estados Unidos, que a cada rato van a Washington, a Miami; ahí andan un montón en Colombia, ¿quién paga los pasajes? ¿quién paga el hospedaje? ¿quién paga todas esas cosas? A esa gente no le importa nada, viven de otros, otros los financian”.	Sobre las sanciones mediante la ley estadounidense Nica Act, Arce dijo que ha estado en vigencia desde el inicio. “No necesitaban seis meses para que se le diera un informe al Congreso de si nos portábamos bien o nos portábamos mal, inmediatamente comenzaron a hablar con los organismos multilaterales para presionarlos, chantajearlos, para que cortaran la cooperación ya comprometida, ya aprobada y no lo han hecho a totalidad, ahí van poco a poco, pero nos llevan con cuenta gotas, haciéndonos más difícil la tarea”, afirmó.	“La banca norteamericana ha cortado los financiamientos a la banca local y las grandes empresas que se financiaban desde afuera, las compañías de seguro le han cortado los seguros a las operaciones de comercio internacional, para ver si ahogaban al país, pero ahí estamos, no en las mejores condiciones”, comentó Arce al anunciar que harán nuevos ajustes a la Ley de Concertación Tributaria, una vez que evalúen los efectos de las reformas.