"Este marco establece la posibilidad de imponer sanciones específicas e individuales a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia y el estado de Derecho en Nicaragua”, destacó en el comunicado.	A parte de las sanciones, el Consejo emitió una serie de recomendaciones sobre Nicaragua, recordándole al Gobierno las que emitió el 21 de enero de 2019, así como varias declaraciones, realizadas desde abril de 2018, mediante las que expresó su preocupación por el deterioro de la situación política y social en Nicaragua.	“La UE insta urgentemente al Gobierno de Nicaragua y a todas las partes a reanudar de forma constructiva un diálogo nacional eficaz, amplio y centrado en los resultados, en particular sobre la adopción de reformas electorales de conformidad con las normas internacionales, como paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones públicas. La UE se muestra dispuesta a ofrecer su apoyo si las partes lo solicitan”.	“Lo que acaba de hacer el Consejo de Europa es aprobar una normativa de tipificación de delitos de violación a los Derechos Humanos, como por ejemplo secuestro, violaciones a los derechos de encarcelados, persecución a quienes se manifiestan, acoso y entorpecimiento de la vida social de las personas, por lo que cada uno de esos delitos tendrá su específica sanción”, explicó Parrales.	Para Fanor Avendaño, analista políticos, está es la última oportunidad que la Unión Europea está dando, pues una cláusula del marco jurídico señala que si el Gobierno muestra buena voluntad, restituye los derechos constitucionales de protestar y devuelve toda propiedad incautada producto de alguna investigación a opositores, estas medidas serían erradicadas de ser conjuntas para alguna institución, aunque las prohibiciones individuales persistirán.