Sorpresivamente el Ministerio Público solicitó ayer al juez Edgar Altamirano que se separara de conocer la causa contra nueve autoconvocados de Juigalpa y que el expediente fuera remitido a su lugar de origen, es decir, al Juzgado de Distrito de Juicio de Juigalpa, de donde nunca debió moverse, según la ley. La Fiscalía alegó que no era caso relevante ni de trascendencia social, por lo que el juez le dio cabida.	Las defensas no se opusieron, puesto que se está cumpliendo por fin con lo que manda la ley respecto a la jurisdicción y competencia territorial. “Fue una sorpresa, porque siempre hemos alegado que los procesados no deben ser sustraídos de su juez competente, según la territorialidad, es decir de donde se dieron los supuestos hechos acusados por la Fiscalía y nunca habían dado lugar”, dijo el abogado Maynor Curtis.	Según un familiar de los presos políticos de Juigalpa, toda la población del barrio El Chilamate, en Juigalpa, está sufriendo represalias de las instituciones públicas, después de las protestas sociales.“La Policía no nos tramita récord de policía porque dice que todos somos tranqueros, porque estamos enfrente donde estuvo el tranque más grande de Juigalpa, así que tampoco podemos optar a un empleo formal”, dijo el afectado.