En las misivas, dirigidas a los embajadores taiwaneses, se demanda que estos gestionen con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán que el desembolso a Ortega de los cien millones de dólares “sea efectivo una vez liberados todos los presos políticos y se firmen los acuerdos que garanticen el ejercicio de los derechos constitucionales del pueblo nicaragüense”.	Taiwán es de los pocos gobiernos democráticos que mantiene la cooperación económica al régimen de Ortega y Rosario Murillo, a pesar de la represión desatada contra las manifestaciones ciudadanas que desde abril del 2018 han dejado entre 325 y 535 asesinatos, miles de heridos y exiliados, así como unos ochocientos presos políticos.	Como efecto de la crisis sociopolítica, la economía de Nicaragua cayó casi un cuatro por ciento el año pasado, según cifras oficiales.En 2019 el pronóstico es que la crisis se agudice y la economía caiga cinco por ciento, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides) es que la recesión sea entre el siete y 11 por ciento, si no hay un acuerdo político entre el régimen y la opositora Alianza Cívica que restablezca la democracia.	Organismos como la Comisión Interamericana de Desarrollo y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas han documentado ampliamente la represión de la Policía y paramilitares orteguistas contra las protestas, periodistas y medios de comunicación independientes, grupos opositores, la Iglesia católica y organizaciones de la sociedad civil adversas al régimen.