La Conferencia Episcopal de Nicaragua demandó al titular del Mined, Miguel De Castilla, que cumpla con el aporte a los centros privados subvencionados y pague a los profesores el salario que les debe desde el año pasado. Sin embargo, el ministro respondió que no cuenta con ese dinero, y que lo solicitaran al Ministerio de Hacienda o bien a los diputados de la Asamblea Nacional.	“El Estado, en concordancia con la libertad de enseñanza y el derecho de aprender, reconoce el valor de los centros subvencionados, por tanto es obligación del gobierno incluir en el Presupuesto General de la República una partida presupuestaria para cubrir el costo del salario, vacaciones y treceavo mes de los educadores de dichos centro de enseñanza, incluyendo al personal administrativo”, cita la carta.	De Castilla afirmó que esto no es un problema de voluntad, sino de dinero. “El año pasado sostuve una reunión con monseñor Elim Castro, donde solicitó cuatro millones y medio de córdobas para las escuelas subvencionadas, pero si hago eso, no me queda plata para contratar plazas nuevas en el sistema público de educación”, dijo el funcionario.	El titular del Mined pidió “tolerancia y comprensión” a la Conferencia Episcopal, pues afirmó que actualmente apoyan a más de 500 centros del Vicariato de Bluefields y a las escuelas “Fe y Alegría”. El ministro afirmó que son más de tres mil escuelas subvencionadas en el país, y ello es una carga pesada para el Ministerio de Educación.	Por su parte, De Castilla respondió que estos centros resultan caros al Mined, pues cada alumno recibe una partida como si fuese un colegio privado. Además, instó a la Conferencia a “que soliciten una partida en el Ministerio de Hacienda, o bien a los diputados en la reforma del Presupuesto 2008”.	Al mismo tiempo, la jerarquía católica pidió “al Presidente de la República y al Ministro de Educación poner todo su empeño para que el retroactivo llegue a los maestros de las escuelas privadas subvencionadas. Al mismo tiempo, exhortamos a las autoridades a que respeten nuestras instituciones y no pretendan cancelar las subvenciones e incluso cerrar escuelas”, afirma el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal.