La falta de transparencia del gobierno respecto al uso y manejo de los fondos obtenidos de la cooperación venezolana, es algo inédito que no se vio ni en los peores tiempos del ex presidente convicto por actos de corrupción, Arnoldo Alemán, cuyo gobierno es considerado un paradigma de la corrupción latinoamericana contemporánea, expresó ayer el presidente ejecutivo del Organismo Cívico Ética y Transparencia, Roberto Courtney.	A juicio del observador nacional, la resistencia tenaz del gobierno de Ortega a que se conozcan los réditos de los negocios de la empresa Petronic con la colaboración venezolana, no hace más que afectar la imagen internacional del país, como una nación con los mayores índices de percepción de corrupción a nivel latinoamericano.	“De 2000 a 2007, cuando salió la última valoración de Transparencia Internacional (TI), que no abarca a este gobierno, Nicaragua en una clasificación del 1 al 10, dentro de todos los países del mundo, sale con average promedio de 2.7 y 2.5. TI establece que los países que tienen menos de 3, se les cataloga como países con corrupción sistémica, crónica”, explicó Courtney, para quien es difícil que en la próxima evaluación internacional el país mejore su estatus mundial en ese renglón.	E y T, junto a varias instituciones y organizaciones de la sociedad civil, se expresó porque el gobierno abriera a la sociedad nicaragüense las arcas de Petronic, y explicara hacia dónde se van los fondos obtenidos de la venta de los derivados del petróleo suministrado por la Administración de Hugo Chávez.	“El señalamiento que hacemos nosotros sobre la valoración venezolana está basado en parámetros que utiliza TI, pero que además son de sentido común: el grado de corrupción no es medible con toda la precisión del caso, lo que uno puede medir es el grado de transparencia que tienen las políticas públicas de un país. Y Nicaragua anda muy mal en ese sentido”, advirtió el experto en observación electoral y analista social.	“Esta situación es inédita en Nicaragua después de 1990, en que un partido esté a cargo de manejar, negociar y ocultar toda una gran cantidad de recursos sin rendirle cuentas a nadie”, señaló, citando cálculos de economistas independientes que estiman entre 100 y 300 millones de dólares anuales los fondos obtenidos con el convenio petrolero Nicaragua-Venezuela.	“Pero esto es peor: ni está presupuestado ni se rinden cuentas ni hay voluntad de hacerlo, y todo ello se desarrolla en un contexto donde el país va empeorando económicamente sin que se noten los beneficios de la cooperación venezolana”, dijo el director de E y T, institución que esta semana emitió un pronunciamiento sobre la carestía de la vida y la inoperancia del gobierno para resolver los problemas sociales que atañen al país.	Según Courtney, lo más grave del asunto es no saber hacia dónde se mueven los flujos obtenidos de la comercialización del petróleo: “Ya la historia nos ha dicho que cuando no se sabe adónde va el dinero, generalmente es porque termina en bolsas privadas, bajo usos discrecionales nocivos para la sanidad de una sociedad.	“Hasta el momento, lo único visible de esos gastos parece ser los fondos millonarios para gastos electorales en esta campaña electoral, y los rótulos gigantes y toda la parafernalia de propaganda del Ejecutivo”, dijo Courtney, observando que mientras la crisis alimentaria e inflacionaria golpea al país, cada día el gobierno invierte más dinero en promocionar la imagen del presidente Ortega.	Al igual que Ética y Transparencia, el economista independiente Adolfo Acevedo aplaudió la resolución de la CGR y pidió que esa institución fiscalizadora le aclarara a toda la ciudadanía “quién maneja esos fondos, bajo qué concepto se usan, a quién le rinden cuentas, cuánto han generado esos negocios y dónde están los recursos”.