En el mismo sentido, el gobierno se comprometió a gestionar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una moratoria en las ejecuciones por embargo y desalojos, en tanto se concrete una reestructuración de las deudas de pequeños y medianos productores, que éstos proponen sea a un plazo de 20 años y con una tasa de interés justa. El Poder Ejecutivo intermediará la negociación con las financieras.