Constitucionalmente, el estado nicaragüense no debe tener religión oficial pero en la práctica sí la tiene. Los gobiernos de turno siempre han tenido un trato e inclinación preferencial hacia la Iglesia Católica Romana, irrespetando a las otras confesiones religiosas existentes en el país, e incluso a quienes no se identifican con ninguna.	Vi en Canal 4, voz oficial del gobierno, la propaganda para la celebración de la Purísima en todas las instituciones gubernamentales, encabezadas por la Presidencia de la República. El titular dice: “Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional impulsa Celebración de la Purísima con participación del pueblo”… y agrega: “Es de María la Nación”.	Estoy consciente de que la familia presidencial y los funcionarios de los cuatro poderes del Estado tienen derecho, y debemos respetarlo, de profesar la Religión Católica Romana, y de creer y adorar a María de la forma que estimen conveniente, pero no tienen ningún derecho de utilizar las instituciones y, mucho menos, los fondos públicos para tal celebración, ya que éstos son los impuestos aportados por los y las nicaragüenses, y están destinados para otras causas.