En declaraciones a medios oficialistas el pasado miércoles, Porras informó que se contempla reformas al reglamento de la ley que regula a las organizaciones sin fines de lucro sobre el financiamiento externo que reciben esas, medida que juristas interpretan como una nueva forma de querer ahogar a los organismos de la sociedad civil críticos al régimen.	A finales del año pasado, a nueve organizaciones sin fines de lucro, entre ellas el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), la Asamblea Orteguista les canceló la personería jurídica a finales de 2018, debido a que el régimen las acusó, sin pruebas, de haber servido para financiar las protestas en las calles, que la dictadura califica como un intento de golpe de Estado.	Para el jurista Eliseo Núñez, el objetivo del régimen orteguista es ejercer mayor control y asedio a las ONG “en un intento desesperado por callar a todas las que denuncian la serie de delitos contra la población”, así como “acabar” con el trabajo que los organismos sin fines de lucro hacen en pro de la democratización del país.	“Es un gobierno que intenta ejercer el control total de la sociedad en todos sus niveles. La obsesión con las ONG es por ignorancia, porque los funcionarios del régimen quieren ignorar que el modelo democrático implica que los ciudadanos tienen la libertad de cuestionar al gobierno”, dijo Núñez, quien es exdiputado opositor.	Núñez afirmó que en el régimen orteguista el Ministerio de Gobernación actúa como un “verdugo” de las ONG que impulsan entre la población programas de educación y formación sobre democracia, estado de derecho y exigencia de rendición de cuestas a las autoridades, así como las que promueven la defensa de los derechos humanos.