El contexto actual de las relaciones político-económicas a nivel mundial requiere, cada vez más, de los esfuerzos conjuntos de los sectores público y privado en los distintos países para poder aprovechar mejor las oportunidades que se van presentando gracias a los cambios en los sistemas, comerciales y políticos, a nivel internacional. Ante esta realidad resulta indispensable la reforma de los modelos de gestión pública latinoamericanos.	La inserción en la economía global con un aceptable nivel de competitividad supone una reingeniería profunda de las estructuras de comando en todas las instancias del aparato público; éstas lo convertirían en una serie de subsistemas integrados sobre la base de una enorme flexibilidad y eficacia para la gestión gubernamental a todos los niveles: nacional, regional y municipal.	Los procesos decisionales ágiles son fundamentales para aportar rapidez y eficiencia en el apoyo a las iniciativas de proyectos públicos. La descentralización es más un tema de orden político que del resorte técnico. La acumulación e integración de funciones reduce los campos decisionales a una pequeña elite privilegiada que construye a su alrededor una red burocrática que retrasa la toma de decisiones y dificulta la aplicación de iniciativas surgidas de los niveles jerárquicos inferiores del gobierno: las municipalidades.	Por muchas décadas éste ha sido el razonamiento político de muchos líderes latinoamericanos; se han enfocado más en mantener un control personal directo sobre los aspectos más relevantes de la gestión del gobierno, pero no han querido apostar por el desarrollo y capitalización de capacidades en los niveles subnacionales puesto que este último enfoque supondría un reemplazo natural y, lógicamente, la caída del mito de la imprescindibilidad de caudillo; líder supremo y detentor de la piedra filosofal que hace funcionar los engranajes del gobierno.	El centralismo de Estado, ejercido desde el Poder Ejecutivo, manosea a los demás poderes; es un modelo frío y calculador de los réditos electorales obtenidos en función de ciertos supuestos estratégicos que tienen más relación con la prioridades del partido en el gobierno que con las necesidades de inversión, innovación y aplicación de recursos que necesita el país.	El mejor diagnóstico de las necesidades locales se podría hacer desde las instancias municipales y regionales; así no habría que esperar a que los iluminados del gobierno central bajen a los municipios a decirles lo que éstos necesitan. Nótese como ejemplo la política operativa del programa Hambre Cero. Por todo Nicaragua andan los operadores (políticos) de este programa gubernamental repartiendo animales y granos sin saber si ése era el mejor camino para solventar las necesidades de esos municipios. Lo que cuenta es el rédito político, la foto del líder que, como Moisés, les lleva el maná a la población extremadamente pobre de esos municipios.	Existe un enorme potencial en las alcaldías para dar respuestas más oportunas a los agobiantes problemas de sus poblaciones. El municipalismo es muy bueno como tendencia de administración e instancia de participación dentro de las estructuras formales de gobierno --al contrario de los CPC, que son una mampara política-- ya que pueden dinamizar y enriquecer las políticas sociales y económicas que emprende el gobierno central.	Las alcaldías son actores privilegiados para interactuar con las muchas Pymes que operan en cada municipio del país y podrían desarrollar sinergias valiosísimas que impulsen el desarrollo económico local. El modelo de gobierno central absolutista no hace más que entorpecer estos mecanismos naturales de respuesta entre las autoridades locales y las necesidades de las poblaciones. Ello conlleva a frenar el desarrollo económico local, lo que más tarde repercutirá en el desempeño económico a nivel nacional.	El Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) Y el Inifom están más prostituidos que nunca. Estas instituciones que deberían tener un papel central en la reasignación de recursos hacia los municipios no son más que simples administradores de los premios y castigos que reparte el gobierno central a aquellas alcaldías que se portan bien, es decir, que hacen lo que quiere la cúpula del ejecutivo.	Aquellas alcaldías que osan intentar llevar a cabo un modelo de gestión local autónoma son castigadas. Véase el ejemplo del severo castigo que ha sufrido la alcaldía de Managua por alejarse de la política del todopoderoso gobierno central. Si la coyuntura nicaragüense ante las próximas elecciones municipales fuera distinta, yo me aventuraría a decir que hay aún esperanza de revertir este sistema. Lamentablemente no es así. Los actuales candidatos a alcaldes han sido designados en función de su lealtad ciega a los caudillos políticos; disciplina partidaria le llaman, como si con eso pudieran atenuar su borreguismo inefable.	Mientras no haya voluntad política de cambio, estamos condenados a seguir en lo mismo. El resultado de nuestro modelo de gestión gubernamental ya lo conocemos: rezago económico, discretísimo desempeño en términos de competitividad a nivel centroamericano, y lo más triste, enormes masas de votantes con hambre esperando a que salgan a repartir el maná los Mesías políticos criollos.