Jul. 25, 2009, 3:56 p.m. El tema que en esta ocasión abordamos ha sido una de las principales noticias en estos últimos días, gracias al encomiable esfuerzo del periodismo investigativo de El Nuevo Diario que inició una oportuna investigación sobre un caso de aparente tráfico de órganos con propósitos lucrativos, en el que lamentablemente el joven donante de riñón falleció luego de que le fuera extraído dicho órgano. Se comenta, entonces, que antes del procedimiento quirúrgico el joven había manifestado que accedió a ser donante porque recibiría una contraprestación dineraria que le ayudaría a mitigar sus problemas económicos. La fiscalía ha iniciado una minuciosa investigación para determinar si en este caso existe un delito de tráfico de órganos, además de un eventual homicidio imprudente en el que habrían incurrido los médicos involucrados en la operación, siempre que se demuestre que han infringido las normas básicas de cuidado que son exigibles en este tipo de procedimientos terapéuticos.	Se trata, pues, de dos escenarios distintos aunque conectados, así, por un lado habrá que analizar la relevancia jurídico-penal de las conductas de quienes realizaron los contactos para el trasplante y, por otro lado, habrá que determinar si existe o no responsabilidad penal por la muerte del paciente. En este artículo sólo analizaremos la primera hipótesis. Pues bien, el art. 346 del CP castiga a quienes importen, exporten, trafiquen o extraigan órganos o tejidos sin la autorización competente, sin brindar relevancia alguna al consentimiento expreso del donante que accede a someterse al procedimiento. La norma tampoco prevé el tratamiento jurídico-penal que debe aplicarse al paciente receptor que, en el caso que nos ocupa, es el ciudadano extranjero beneficiario del riñón.	La estructura típica de este delito es muy singular y está impregnada de un cierto paternalismo estatal desde el momento en que el consentimiento del donante no tiene ningún efecto eximente, pues igualmente se castiga a quienes estén involucrados en el tráfico de órganos aunque medie la voluntad no viciada del paciente, quien dicho sea de paso no está incluido en el círculo de posibles autores del delito. En Alemania, por el contrario, el § 18 de la ley de transplantes (Transplantationsgesetz – TPG) castiga tanto a quienes practican el tráfico de órganos o tejidos, como a los donantes o a quienes se dejan transplantar órganos o tejidos, con penas de hasta 5 años de prisión o pena de multa; sin embargo, la referida ley faculta a los tribunales a atenuar la pena a los donantes y beneficiarios de órganos según su criterio.	Ciertamente, la norma alemana es más rígida que la nicaragüense, pero ambas tienen en común que pueden ser acreedoras de severas críticas por cuanto parecen estar influenciadas por una injerencia paternalista del Estado en la autonomía del sujeto, pues en el caso alemán se le niega el derecho a ceder sus órganos a cambio de una remuneración, mientras que la legislación nacional castiga a quienes toman ventaja de la voluntad del paciente, aunque no se penaliza expresamente a éste ni al beneficiario. Con relación a este último, su conducta sólo podría ser castigada como tráfico de órganos si se entiende que el ofrecimiento de una contraprestación económica constituye un acto de inducción a este delito, lo cual sería punible de conformidad con las cláusulas que regulan las formas de participación delictiva (art. 41 CP), a no ser que se interprete que quien ofrece dinero a cambio de un órgano es ya autor del tráfico. En cualquier caso, ambas vías podrían conducir al castigo del receptor del órgano. Hecha esta propuesta interpretativa convendría analizar si en términos generales existe justificación material para castigar a todos los involucrados en el transplante, a excepción del propio donante que, en caso de vivir, “disfrutaría” del beneficio económico recibido a cambio de la donación. Desde luego, los casos en los que la extracción de órganos se produce con violencia o intimidación deben ser castigados más severamente.	Pese a las críticas que pueden surgir del análisis sistemático del delito de tráfico de órganos y tejidos, considero que el legislador nicaragüense ha dado un paso importantísimo en la penalización de tales conductas, pues así se evita que nuestro país se convierta en un foco de transplantes concertados por razones económicas, desnaturalizando así el verdadero sentido filantrópico que debe prevalecer en la donación de órganos.