La Policía española además explicó que los explotadores les pedían a las víctimas las escrituras de sus viviendas o la de sus padres a cambio del billete de avión y el dinero en efectivo que les prestaban para poder ingresar a España como turistas y llegando al país, les decían que su deuda era de 7,000 euros y que a partir de ese momento los intereses iban corriendo y que debían pagar o les quitarían la propiedad.	Las víctimas además tenían prohibido buscar trabajo por cuenta propia y, en el caso de que lo obtuvieran, la organización les descontaba 500 euros de su nómina cada mes. Además, aunque tuvieran un trabajo en el que podían quedarse a dormir, les seguían cobrando la cama que habían dejado libre en las Tres Mil Viviendas.