Daniel Ortega ha llamado intento de golpe de Estado al estallido social de abril del año pasado y la masiva demanda popular de que debe renunciar al poder. Decenas de personas han sido sometidas a juicios de tipo estalinista y condenadas por el falso delito de golpismo. El líder campesino Medardo Mairena fue condenado a la desmesurada y absurda pena de 216 años y tres meses de prisión. Por eso mismo su compañero de clase social y lucha democrática, Pedro Mena, recibió a su vez la condena de 210 años y tres meses de cárcel.	La dictadura ha acusado de golpistas a los líderes de la Iglesia católica, porque en el diálogo nacional de mayo y junio del año pasado propusieron adelantar las elecciones para resolver de manera democrática la sangrienta crisis social y política de Nicaragua. Pero el mismo Daniel Ortega anticipó las elecciones de 1990, para cumplir los Acuerdos de Esquipulas y poner fin a la guerra civil mediante la democratización del país.	En el diálogo nacional del Seminario de Fátima que se frustró por la intransigencia de Ortega, la oposición demostró que era una falacia calificar como intento de golpe de Estado el estallido social de abril y la propuesta de anticipar las elecciones. La ciencia política y la experiencia histórica enseña y demuestra claramente, que el golpe de Estado es “un cambio violento de gobierno operado con violación de las normas constitucionales, cuyos actores son los propios gobernantes o sectores ligados a ellos”. Así lo explica la Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja, la cual señala además que “la característica esencial del golpe de Estado es que se origina en las altas esferas gubernativas, se produce sin participación popular y persigue imponer por la fuerza un gobierno de hecho sobre la sociedad”.	Calificar como golpes de Estado o intentonas golpistas a movimientos populares, democráticos y cívicos tan genuinos política y moralmente, como la sublevación pacífica de abril en Nicaragua y la Operación Libertad de Venezuela, no solo es falacia e ignorancia política. Es también y sobre todo una perversidad del poder dictatorial para justificar represiones sanguinarias y crímenes de lesa humanidad.