El informe “Resistencia Miskitu: Una lucha por el territorio y la vida”, presentado por el Cejil en San José, Costa Rica, seña la “falta de acción gubernamental para prevenir y sancionar los ataques de colonos a las tierras indígenas, lo que ha creado un clima de impunidad que ha propiciado más invasiones y el desamparo de las comunidades indígenas”.	El documento, presentado en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica, se basó en la situación y experiencias de quienes integran las 12 comunidades miskitas, que el Cejil y el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Caribe de Nicaragua (Cejudhcan), acompañan ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).	Los testimonios recogidos por Cejil, durante las visitas de campo entre enero y mayo de 2018 en las comunidades: Francia Sirpi, Esperanza Río Coco, Esperanza, Río Wawa, Klisnak, Santa Clara, Santa Fe, San Jerónimo, Wisconsin y Wiwinak, revelan que en las 12 comunidades persiste una situación de violencia, impunidad, abandono y exclusión.	Cejil resalta que el abandono estatal para con las comunidades de los miskitos “no es reciente”, pero sentencia que es “producto de la ausencia de políticas públicas dirigidas a garantizar plenamente los derechos de los pueblos indígenas, así como la tolerancia de las autoridades ante las actuaciones delictivas de los colonos invasores”.	Es por ello que, en el informe, el Cejil adjunta 10 recomendaciones, en las cuales insta a las diferentes instancias y organismos internacionales defensores de los derechos de los pueblos indígenas, que exijan al Estado de Nicaragua que implemente las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte IDH, respectivamente; inicie un proceso de saneamiento de los territorios indígenas, adopte medidas necesarias para garantizar el retorno de las familias indígenas desplazadas a sus comunidades de origen y dé acceso adecuado a servicios de salud, educación, agua potable, vivienda, alimentación, entre otros.	Otras de las recomendaciones plasmadas en el informe, refieren la necesidad de que Estado de Nicaragua “recabe y publique” información desagregadas sobre las condiciones socioeconómicas de las comunidades indígenas y afrodescendientes, implemente medidas de protección ordenadas por el SIDH en favor de los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas; establezca un común acuerdo con las comunidades afectadas sobre la presencia de fuerzas de seguridad pública y otros servicios, con el fin de que puedan llevar a cabo sus actividades de subsistencia de forma segura y que elabore un mecanismo de protección y un protocolo de investigación para casos de situaciones de riesgo, amenazas y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos.	De la presentación del informe participaron, además de la comunidad de nicaragüenses exiliados: Eduardo Guerrero, del Cejil; Roberto Desogus, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); Wendy Flores, del Colectivo Nicaragua Nunca +; Lottie Cunninghan, de CEJUDHCAN y Madeline Caracas, miembro de la Coordinadora Universitaria.