En el acto de conmemoración del 40 aniversario del Ejército de Nicaragua, el discurso del general Avilés no es gratuito, tal vez era la alternativa ante la amenaza de pérdida o afectación de privilegios. Sin embargo, Ortega selló la suerte de la institución castrense, ya que dos cosas son seguras, el Ejército y sus miembros se convirtieron en blanco de sanciones internacionales y a lo interno del país, aviva las voces que demandan su abolición. Pero ¿conviene abolir al Ejército?	Un estudio realizado en Costa Rica el año pasado relacionado con la abolición del Ejército en ese país, reveló que el ingreso per cápita sería un 40 por ciento menor de no haber adoptado esa decisión; que el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto promedio no hubiera sido de 2.28 por ciento, sino de 1.42 por ciento; el ahorro fiscal por no tener Ejército permitió mayor inversión en educación, salud e infraestructura; y finalmente revela que entre 1950 y 2010 en la región se presentaron 21 episodios de violencia política internacional, 134 episodios de violencia política civil y 97 intentos de golpes de Estado, en ninguno de ellos se vio involucrado Costa Rica, según la BBC.	General Avilés, si le preocupan tanto los golpes de Estado, le informo que la experiencia internacional demuestra que si su Ejército no existiera, tampoco existieran intentos de golpes de Estado en Nicaragua. La abolición del Ejército es un compromiso permanente con la paz, plantea un reto a los gobernantes de estar obligados a resolver los conflictos internacionales y las crisis políticas por medio del diálogo y no con balas. Además, nos brindaría la extraordinaria oportunidad de construir en Centroamérica un territorio con vocación de paz, al sumarnos a Costa Rica y Panamá como países sin ejércitos.	El ahorro fiscal que nos representaría, reorientado en educación, salud e infraestructura sería un aditivo significativo en la estrategia de desarrollo nacional. Nicaragua no puede seguir condenado a sus hijos a la pobreza y falta de oportunidades, no podemos seguir exportando migrantes y abrir a debate sobre la pertinencia de nuestra inversión en el Ejército es legítima.	Lo que no resulta admisible, es que los nicaragüenses con nuestros impuestos paguemos un Ejército cuya única función es asegurar la permanencia en el ejercicio del gobierno al régimen Ortega-Murillo de forma ilegítima, a sangre y fuego. Nuestro Ejército durante la guerra de los ochenta cometió Crímenes de Guerra; desde los noventa hasta fechas recientes el Ejército ha cometido ejecuciones extrajudiciales contra dirigentes de la Contra, grupos autoproclamados “alzados en armas contra Ortega” y dirigentes opositores (Crímenes de Lesa Humanidad), urge llamarlo a cuentas por ello. Nicaragua no quiere, no merece, ni necesita este Ejército