La Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación”. Tal disposición es adoptada por nuestra Constitución Política en su artículo 26. Asimismo, normas como la Ley 787, Ley de Protección de Datos Personales y la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Usuarias y Consumidoras, se refieren a la privacidad, honra y reputación.	En el sentido expresado, el artículo 25 de la Ley 842 reza: “Las personas proveedoras están obligadas a proteger la información que reciben de las personas consumidoras y usuarias, y no podrán compartirla con terceros, salvo cuando estos lo autoricen de manera voluntaria y en forma expresa a través de un adenda al contrato”. Se puede afirmar que los empresarios registran y transmiten información de los consumidores con la finalidad de conocer sus costumbres, apetencias, así como tener la posibilidad de establecer un contacto directo con el potencial consumidor y ofrecerle bienes o servicios a direcciones que deberían ser privadas, por ende, la Ley 842 dispone que es prohibido divulgar a terceros la información privada sobre las personas consumidoras o usuarias con fines mercadotécnicos o publicitarios sin su consentimiento, así como enviarles publicidad que expresamente les hubieren manifestado su voluntad de no recibirla.	Las agresivas técnicas publicitarias de los empresarios crean un ambiente propicio para que se pierda la individualidad. La mayoría de los consumidores desean los mismos bienes, por supuesto, esa es la intención del empresario, a quien no le ha sido suficiente utilizar técnicas de comunicación masiva para difundir su mensaje, sino que además contacta directamente con el potencial consumidor a fin de persuadirle. Bien decía el psicólogo alemán Erich Fromm: “Los consumidores modernos pueden etiquetarse a sí mismos con esta fórmula: Yo soy aquello que tengo y aquello que consumo”.	Pero los casos más llamativos se desarrollan en el mercado financiero, sector en el que los empresarios pueden acceder a todo el historial crediticio de las personas por medio de las centrales de riesgo, y qué decir de los mecanismos de cobro que se utilizan, los cuales trastocan los derechos fundamentales mencionados. En algunos casos, las instituciones financieras se valen de medios de comunicación masivos para dar a conocer el estado de los usuarios deudores que se encuentren en estado de mora. En este particular, la Ley 842 prohíbe los medios de cobros abusivos, es decir, aquellos que afecten la reputación e imagen del usuario, así como su privacidad y relaciones laborales. No obstante lo anterior, la misma ley excluye de esa regulación especial a los sectores regulados por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (visitar www.siboif.gob.ni) y la Comisión Nacional de Microfinanzas (visitar www.conami.gob.ni), aunque en el caso de esta última, por medio de su norma sobre protección al usuario, prohíbe hacer cobros después de las siete de la noche y antes de las ocho de la mañana, y posibilita contactar al deudor únicamente de lunes a sábados; sin embargo, se les permite a las instituciones financieras reguladas por esta Comisión, publicar en medios de comunicación masiva sobre el estado de los deudores con créditos en mora.	Los usuarios de servicios financieros son objeto de muchas prácticas que vulneran derechos como la privacidad, honra y reputación. En esta sociedad de la información, tal como dice Marcia Muñoz De Alba Medrano, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México: “El derecho a la confidencialidad y el respeto de la vida privada parece estar on line”.