En la misiva, los senadores dicen a Pompeo que la crisis de Nicaragua sigue empeorando y que han identificado una serie de funcionarios que deberían ser sancionados por la administración de Donald Trump bajo la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), mejor conocida como Nica Act.	“Ha pasado más de un año desde que Ortega ordenó una brutal represión contra los manifestantes que mataron a más de 320 personas y seis meses desde que sus fuerzas de seguridad irrumpieron en los medios de comunicación y grupos de la sociedad civil, socavando su capacidad para pedirle cuentas”, dice parte de la carta enviada por los senadores.	En la lista de funcionarios propuestos por Bob Menéndez y Ted Cruz también aparecen la ex comisionada general de la Policía Nacional, Aminta Granera, el subcomisionado general, Ramón Avellán, el inspector general, Jaime Vanegas, el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) Luis Pérez Olivas y el jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), Justo Pastor Urbina.	En el documento, los senadores exponen que el Gobierno de Nicaragua incumplió los acuerdos del diálogo, al no liberar a todos los “presos políticos” e informan al departamento de Estado sobre la aprobación de la Ley de Amnistía, la que a su juicio deja en impunidad a los verdaderos responsables de los crímenes ocurridos durante la represión a las protestas antigubernamentales.	La solicitud de sanciones y la investigación por la muerte de Eddy Montes se dan el mismo día en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera sanciones a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, tras la muerte por presuntas torturas del militar Rafael Acosta, detenido en ese centro acusado de conspirar contra el presidente Nicolás Maduro.	“Es fundamental que los Estados Unidos intensifiquen los esfuerzos de la comunidad internacional para mantener la presión sobre el régimen de Ortega y garantizar que respete los derechos del pueblo nicaragüense, enjuicie a los responsables de violaciones de derechos humanos y restaure los procesos democráticos”, finaliza la carta enviada por los senadores.	El exembajador de Nicaragua en la OEA, Edgard Parrales, dijo a El Nuevo Diario que la solicitud que hicieron los senadores para que se le apliquen sanciones al presidente Daniel Ortega y otros funcionarios de la Policía Nacional tiene mucha fuerza y considera que es probable que les apliquen las sanciones porque han jugado con la buena fe de los negociadores y países que han solicitado que existan garantías ciudadanas en Nicaragua.