Con esta ley la aplanadora orteguista buscó rescatar el inventario de DNP y delegó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) para que autorice a la empresa que realizará la operación y administración de los mismos, luego que la compañía de Rafael Ortega, hijo del dictador Daniel Ortega, quedara muerta financieramente e impedida para realizar las importaciones por las sanciones.	Con la nueva ley que afecta a DNP, el inventario de reserva que tiene la empresa pasará a manos de una petrolera, la cual el MEM tendrá que facultar. Algunos analistas dicen que posiblemente sea Puma, porque es la única empresa con capacidad técnica y financiera. En el mercado hay operando otros competidores, pero no importan hidrocarburos.	A criterio de César Zamora, presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, las sanciones de Estados Unidos lo que “buscan es que la empresa DNP deje de operar, esa es una salida que funciona, y que la asuma el Estado también es una salida que funciona y no contamina al Estado”.	En cuanto a los activos y pasivos de DNP, analistas dicen que la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de Combustibles y Productos Derivados del Petróleo a la Población Nicaragüense no lo deja claro. Esta empresa tenía una red de 69 gasolineras o estaciones de distribución. Los analistas creen que esta red que fue adquirida con fondos de Albanisa quedaría en manos de testaferros de los Ortega-Murillo.	En la nueva ley no se dispone una indemnización para DNP como en el caso de Bancorp, porque en todo caso no se nacionalizaron los activos y pasivos, es decir que toda esa inversión que se hizo en la gasolinera habría quedado en manos de los testaferros del régimen y la otra parte de las estaciones son públicas, estaban en arrendamiento y son propiedad de la estatal Petronic.	Tras las sanciones de Estados Unidos a Albanisa, la empresa que se encargaba de las importaciones del fuel oil para la generación de energía eléctrica, el Estado delegó a Petronic que hiciera dichas compras y es esta quien trae el fuel oil que requiere Nicaragua. Y aunque Petronic no ha sido castigada por Estados Unidos, uno de los primeros sancionados fue Francisco López, el entonces presidente de la institución.	La empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) fue creada en 1999 por el consorcio de origen suizo-británico Glencore. Originalmente, este consorcio estuvo arrendando los bienes de la estatal Petronic, desde ese mismo año. Durante el gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2002) la transnacional ganó una concesión para la distribución de combustible por diez años (1999-2009), sin embargo, en 2009 el gobierno de Ortega decidió no renovar el acuerdo y toda la inversión de Glencore le quedó a DNP, como empresa privada.