Comenzaré este artículo con la conclusión que, según la ortodoxia, debería ser al final: el conflicto institucional planteado --pero no causado-- por el rechazo parlamentario del veto a la reforma de la Ley 290, no es jurídico, sino politiquero. Y no dejará de serlo, por mucho magistrado de Corte Suprema o de Apelaciones que se involucre, dando sus sermones jurídicos, adoptando poses de muy doctos, porque aquí no existe ningún organismo de la estructura del Poder Judicial que no responda a la disciplina partidaria del Frente Sandinista (orteguista) y del Partido Liberal (arnoldista).	Visto de entrada el meollo de este asunto, sólo se le puede ver un perfil circense a tantos doctores que, fingiendo una autoridad que no se han ganado --o que perdieron en una genuflexión--, declarando su gran amor por las leyes, recitando sus artículos, exaltando la “majestad de la ley” y presentando como una herejía la posibilidad de no acatar un fallo de un tribunal, porque, según un muy sacro precepto, “el fallo de un tribunal de justicia es de obligatorio cumplimiento”. No hay duda de que tal precepto debería ser valedero, pero ahora no lo es porque se invoca para encubrir violaciones a las leyes, y están seguros de tener bajo su control la voluntad de quienes tienen la facultad de fallar sobre cualquier recurso que llega a su escritorio, y la obligación de hacerlo a favor de su patrón político.	En ocasión que el conflicto con la ley tiene sentido contrario a su interés, el presidente Ortega y sus magistrados argumentan exactamente lo opuesto a lo que antes dijeron. Es un viejo hábito. Por ejemplo, en el pasado el comandante Ortega alegaba que el conflicto de la iglesia católica oficial con el Estado no era religioso, sino político; hoy, cuando sus intereses son otros, buscó alianza con el máximo jerarca de esa iglesia, le quita su carácter político, y lo justifica como una afinidad religiosa. Esto prueba que su verdad sólo es válida mientras lo dicte su interés del momento. Con esta dualidad trasciende a sus relaciones con la sociedad; ahora vemos que al frente de un supuesto gobierno revolucionario está estructurando un Estado confesional, porque piensa que le ayudará a su continuismo.	No nos cansaremos de reiterar que desde hace algún tiempo, y en diversas ocasiones, los políticos del orteguismo, sus alcaldes –y por desgracia, la Policía y el Ejército— justifican la violación de nuestra máxima ley, la Constitución Política, concretamente de su artículo 14, que establece que el Estado “No tiene religión oficial”, y se justifican con el cuento de que su apoyo a las iglesias responde al interés de conservar tradiciones populares. Todo el mundo sabe que no es así, aunque guarda cómplice silencio.	Volviendo al conflicto actual, no hay unanimidad de criterio entre los magistrados de la Corte Suprema referente al fallo de un TAM sobre el rechazo del veto, tampoco lo hay entre los juristas. Destacados abogados en el tema del constitucionalismo han expresado opiniones opuestas a las de los magistrados del TAM. Sin embargo, no depende de ellos, por muy mayoría que sean, y mucho valor jurídico que tengan sus opiniones, la solución de la crisis a favor de la institucionalidad democrática, porque la pelota está en el campo de la politiquería, en primer término, por ahora, de los políticos que tienen una curul en la Asamblea Nacional.	Pero, por el momento, quienes ocupan los primero asientos de oposición en nuestro teatro político no ofrecen ninguna garantía de que la solución sea democrática, pese a poseer los argumentos más justos, tener de su parte la legalidad y contar con el favor de la mayoría de la opinión pública. Les faltaría actuar a puertas abiertas ante la visión pública, no caer en las componendas politiqueras, en encuentros clandestinos o en reuniones palaciegas --que ahora serían “secretariciegas”, en tanto la presidencia no se ejerza fuera de la secretaría del Frente o desde allí hacia El Chile-- ni lo dejen en manos de los recaderos de uno y otro caudillo.	Pero hay un inconveniente más; los diputados del PLC, respondiendo como siempre a los intereses que su jefe-delincuente tiene en el pacto con Ortega, ya votaron la primera vez a favor de los llamados “consejos del poder ciudadano”, origen de este conflicto. No hay garantía de que la opinión popular sea compensada con su futura buena actitud. Otra cosa negativa es su discurso antisandinista, que le atribuye los defectos del orteguismo a su condición revolucionaria y sandinista (hasta “comunista”), sabiendo que, en la práctica, desde hace mucho tiempo dejó de serlo. Ese discurso no le afecta ni le molesta a Daniel Ortega, porque él no actúa como sandinista, sino como un fiel danielista; pero, a quienes sí son sandinistas les provoca sospechas, y si no les aleja de la lucha contra el orteguismo, al menos los pudiera neutralizar.	Las premisas falsas del discurso de Ortega chocan con los hechos, y son más fáciles de captar por los sectores populares que las especulaciones derechistas acerca de su condición subalterna del presidente venezolano, Hugo Chávez, porque esa dependencia se encubre con la solidaridad, y ésta la necesita nuestro país. Para los antidanielistas, sandinistas o no, sería más productivo demostrar la falsedad del discurso de Ortega, como ese su cuento de que “el poder está en el pueblo”, y como los CPC son la representación del pueblo, a ellos les corresponde ejercer el poder. Pero está claro que Daniel y Rosario son los creadores, orientadores y manejadores de los CPC, y son ellos quienes ejercen el poder real; los CPC nunca ejercerán poder alguno y, por cuanto son criaturas suyas, sólo serán ejecutores de sus órdenes. Engañan a cierto sector del pueblo, actuando en su nombre.	No se rechaza ni se irrespeta la participación ciudadana, porque los CPC no tienen la representación del pueblo, sino sólo de un sector minoritario, incluso menor que el 38 por ciento de su caudal de votos, pues en los CPC no está presente todo el electorado orteguista, ni siquiera toda su militancia. Con esta falsificación de la representación popular, Daniel demanda que sus adversarios deberían ocuparse de problemas más interesantes y prioritarios, como la pobreza, en vez de ocuparse de los CPC. Tras la falsedad, el cinismo, porque esa receta es la que él debería estar poniendo en práctica, por ser el presidente de la república por mandato constitucional, y este mandato no es para ejercer como manipular de los poderes del Estado.