En una aparente trama se ha convertido la serie de decisiones tomadas por el Consejo Supremo Electoral, CSE, en particular la última, relacionada a la cancelación de la personalidad jurídica de dos partidos regionales y dos nacionales, avalada por el ex magistrado electoral y secretario de asuntos electorales del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, Silvio Américo Calderón.	Pese a que según el calendario electoral, el período de impugnaciones ya caducó, Calderón considera legítimamente legal que el CSE revise la situación jurídica de los partidos, sobre todo, considerando que la Ley Electoral establece la participación en las elecciones con carácter obligatorio, so pena de que el partido que no participe, pierde automáticamente su personalidad jurídica.	Las decisiones del CSE iniciaron el año pasado con la cancelación de la diputación de Alejandro Bolaños Davis, sin estar facultado para ello; continuaron con la aprobación de un calendario ajustado para los partidos políticos que, además, no incluyó la observación electoral internacional, a menos que haya una invitación expresa de las autoridades electorales.	Sobre el intento de despojo de la personalidad jurídica a cuatro partidos políticos, el director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Ipade, Mauricio Zúñiga, dijo que hay preocupación porque en un calendario electoral donde existen fechas y plazos perentorios, se esté regresando a un período que se supone superado en la campaña y las acciones de un proceso electoral, por tanto, el Consejo Supremo Electoral debería emitir resoluciones que garanticen la estabilidad en la oferta partidaria.	Por otro lado, manifestó que en este asunto hay dos elementos bastante preocupantes, uno, el hecho de que esta acción es fuera del tiempo establecido por el calendario electoral, es decir, el CSE abrió un período en el cual solicitó información a los partidos, les avaló la inscripción de candidatos y la documentación legal, hizo la publicación definitiva de las candidaturas y distribuyó las casillas, en el lapso establecido para marzo-abril.	En este caso –-prosiguió--, más que amenazar con cancelar la personería jurídica, lo que debería hacer el CSE es llamar a subsanar algún tipo de omisión en la documentación, algo que sería raro porque la misma ya fue avalada y publicada, por lo tanto, no pueden estar demandando de forma retroactiva documentación que se supone ya está en manos de esa autoridad, porque se prestaría a una contradicción bastante sospechosa.