Mayo 7, 2010, 5:46 p.m. Un diálogo puede ser una simple conversación entre amigos, conocidos o vecinos y hasta entre personas desconocidas que tengan algo que decirse o ideas que intercambiar. El diálogo deja serlo entre adversarios o enemigos cuando las circunstancias les enfrentan, pero entonces ya deja de ser un diálogo y pasa a convertirse en una negociación.	El enfrentamiento planteado en nuestro país, no es una justa deportiva ni un enfrentamiento militar, sino en torno a problemas políticos creados por violaciones del gobierno a la legalidad, y sobre eso no hay nada que dialogar. El motivo de las contradicciones actuales es que un sector político --el gobierno orteguista--, no respeta el orden establecido por la Constitución Política, y los otros sectores que vuelven por el orden constitucional, y exigen el respeto a la ley fundamental del país. Y eso no deja espacio para dialogar, porque el respeto a la Constitución no es negociable.	Tampoco un diálogo podría servir en nuestro caso, porque no se trata de entenderse en torno a cuestiones de interpretación política o filosófica del derecho constitucional, sino de respetar y cumplir el derecho establecido en la Constitución. El problema de nuestro país no es acerca de cómo interpretar la Constitución, sino de la obligación de respetarla tal cual está, mientras no sea la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional la que decida reformarla parcial o totalmente. Ponerse a dialogar sobre una cuestión tan meridianamente clara, sería sólo aceptar discutir sobre la aceptación o no aceptación de los mandatos constitucionales.	De otro lado, sólo aceptar ese tipo de diálogo significaría hacer una concesión lesiva del orden constitucional, porque nadie en nuestro país es tan ingenuo como para esperar que Daniel Ortega acepte un diálogo para escuchar lo que ya sabe de sobra: que su pretensión reeleccionista choca frontalmente con el orden constitucional. O, suponiendo lo contrario, que los sectores sociales y políticos opuestos a la violación del orden constitucional pidan dialogar con Ortega para escuchar sus argumentos a favor de no respetar el artículo 147, incisos del a) al f), aceptando de previo la posibilidad de darle la razón… y convertirse en cómplices de sus violaciones, a cambio de cargos o prebendas.	Es que nuestra Constitución no es un proyecto --bueno, malo, regular o imperfecto-- que está en proceso de discusión, o en proceso de formación, sino que ya tiene muchos años de estar vigente, con sus reformas. Entonces, ¿por qué hasta ahora se va a dialogar para ver si la Constitución se cumple o no se cumple? ¿Acaso no ha quedado evidente que solamente se trata de violentarla para dar satisfacción a las ambiciones de un individuo y su camarilla?	Si de perfeccionar la Constitución se tratara, deberá ser por medio de los mecanismos ya establecidos por la misma Constitución, como sería una reforma parcial o total. Mientras no ocurran esas circunstancias dentro de los cauces legales, no hay diálogo que valga, pues sólo queda respetar lo que dice la Constitución o hacerla respetar. Y basta.	A quien no le guste, tiene derecho de pretender cambiarla, pero en ese punto básico de la institucionalidad, nada queda al gusto de nadie. La condición ineludible, es que siempre debe ser respetado lo que la misma Constitución manda, y jamás como resultado de artimañas seudo jurídicas, interpretaciones amañadas y aún menos con violaciones como las que se están haciendo constantemente. Entonces, no hay nada que justifique el pretendido diálogo.	Quien delinque contra las normas constitucionales no tiene ninguna razón ni derecho de hacerlo, por lo tanto, no se le puede hacer la gracia de ponerse a dialogar con él sobre sus violaciones a esas normas, sino llamarlo al orden por medio de todas las formas cívicas que las leyes indican y les permite utilizar a quienes se oponen a las ilegalidades a favor del orden institucional.	Se debe respetar los buenos deseos y las buenas voluntades de las personas e instituciones que proclaman la necesidad del diálogo –pues están en su derecho de hacerlo—, pero, al parecer, no están observando el problema tal cual se manifiesta en la realidad. Y bastaría ver en retrospectiva todo lo que ha sucedido con los diálogos que en casos similares se han montado en el país, para darse cuenta de que no han servido para nada de lo noble que las buenas intenciones desearon, sino al contrario: no han servido del todo, o han servido para dejar a los gobernantes violadores en la impunidad a cambio de cuotas de poder secundarias o con el ofrecimientos de prebendas a quienes dicen amar el diálogo por civismo, pero que verdad sólo les interesó el diálogo como medio de obtener alguna ventaja.	Personas observadoras que puede testificar sobre esas farsas de diálogo, han señalado esas frustraciones nacidas de los inútiles diálogos escenificados en el país en diferentes momentos de nuestra historia política. No obstante, ¿quién es capaz de hacer una demostración u ofrecer pruebas de lo beneficioso que han sido los diálogos para los intereses populares y nacionales?	Si alguna razón contraria al diálogo con el candidato perpetuo del orteguismo hiciera falta, puede tomarse nota de lo recientemente ocurrido con pretexto a la supuesta conmemoración oficial del primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. En ese hecho se verá claro el juego político de Ortega: a los trabajadores bajo la disciplina de sus sindicatos partidarios los sometió, por segundo año consecutivo, a una prueba de desclasamiento al desconectarle su conmemoración de la fecha histórica del primero de mayo, símbolo de las batallas obreras internacionales, para que acepten el 30 de abril como día más importante, porque lo tiene a él como su protagonista central.	Y por otro lado, a los empresarios que tienen sus establecimientos comerciales en la Carretera a Masaya, y a los conductores que en utilizan esa transitada vía, los humilla al someterlos a sus caprichos y a su “autoridad”. De esta forma, les envía el mensaje arrogante de que él tiene tanto o más dinero que ellos, y que, además, tiene todo el poder necesario para trastocar sus vidas cuando y cómo a él se le antoje. No tiene otra explicación su absurdo capricho de no ocupar las plazas adecuadas, que exigen menos costos de tiempo y recursos a la ciudadanía. La otra razón que pretende justificar este absurdo es que la impopularidad creciente del mandatario no le garantiza lleno completo de ninguna de las plazas. Con el Bono ofrecido a los empleados del Estado, tampoco puede ocultar su intención politiquera de comprar adhesión a su campaña reeleccionista.