“En este contexto rechazamos la imposición de resoluciones politizadas como el caso de la hermana República de Nicaragua, que en nada contribuyen al bienestar del país y por el contrario violan los principios universales del respeto a la soberanía y a la no injerencia en los asuntos internos de los estados consagrados en la carta de la ONU ”, dijo el representante de Venezuela.	“Tengo el honor de realizar esta intervención en nombre de Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Argentina, agradecemos la presentación de la actualización oral sobre la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua de acuerdo a lo solicitado por la resolución de los consejos de los Derechos Humanos 40-2 adoptado el 21 de marzo 2019 que nuestros países se han presentado y que contó con el apoyo de 49 países de distintas regiones”, dijo la representante de Argentina.	“Es importante que se tenga en cuenta los compromisos asumidos en la mesa de negociación sobre las garantías para el establecimiento de la libertad de reunión pacífica, la libertad de expresión, la libertad de prensa, asimismo, se debe garantizar el trabajo independiente de las organizaciones de la sociedad civil y de los defensores y defensoras de los Derechos Humanos”, señaló la representante de Argetina.	“Una vez restablecido el orden y la tranquilidad en el país, luego de las acciones de grupos violentos que el año pasado intentaron romper el orden constitucional, el Gobierno de  Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua se dispuso a consolidar la paz y retomar la senda de Progreso y bienestar que venía impulsando antes de abril de 2018”, dijo el representante de Nicaragua.	“Desde el 15 de abril pasado se está implementando el plan de retorno seguro y reinserción social y familiar con el propósito de contribuir a la reunificación de las familias nicaragüenses, permitiendo que personas que salieron del país en el contexto de los hechos del año pasado pueden regresar de manera segura al país. La Asamblea Nacional aprobó este 8 de junio de 2019, la Ley de Amnistía, que permitió la excarcelación de todas las personas detenidas en el contexto de los hechos de 2018, cerrando los expedientes de todos los procesos administrativos y penales relativos”, añadió el representante de Nicaragua.	“Si bien llevó a la liberación de 106 personas, la Ley de Amnistía, aprobada el 8 de junio de 2019, contiene ambigüedades que pueden beneficiar a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas. Como lo destacó el Alto Comisionado en un reciente comunicado de prensa, la Ley de Amnistía en su forma actual no garantiza el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, ni la Ley de Atención Integral a las Víctimas. Ambas leyes fueron adoptadas sin una consulta suficiente con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas”.