“Un riesgo importante para nuestro pronóstico es que el gobierno tratará de ampliar el espacio fiscal mediante la realización de una reforma tributaria, como la eliminación de muchas exenciones fiscales. El Gobierno se ha abstenido de tal movimiento en el pasado, debido a la oposición de la comunidad empresarial. Sin embargo, dado que las perspectivas de una resolución negociada con la UNAB (Unidad Nacional Azul y Blanco) se han desvanecido, el Gobierno puede impulsar unilateralmente la reforma fiscal para sustentar las finanzas públicas”, afirmó el informe.	La iniciativa de reforma a la Ley de Concertación Tributaria fue presentada a la Asamblea Nacional (AN) el pasado 28 de enero. Esa propuesta fue sometida a consultas con diferentes gremios, pero a las mismas no asistieron las asociaciones y cámaras de la principal organización gremial del país, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Como resultado, la Comisión Económica de la AN  incluyó cambios en el dictamen favorable concedido a la iniciativa, pero pese a que ese dictamen fue presentado en el plenario el pasado martes la reforma aún no ha sido aprobada.	La firma califica al Presupuesto General de la República como contractivo, pues prevé una disminución del 1.4% en el gasto corriente y una disminución del 25% en el gasto de capital, en comparación con el presupuesto del 2018. Además precisa que estas medidas de recorte son insuficientes para para compensar la caída de los ingresos fiscales y la reducción de la asistencia internacional.	La diputada liberal y miembro de la Comisión de Producción Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, Azucena Castillo, presentó su “voto razonado en contra” de las reformas tributarias el pasado martes y recomendó al Gobierno que en vez de esa reforma mejor se modificara el presupuesto nacional, el que en su opinión fue sobrestimado.	La tensión de Nicaragua con Estados Unidos será alta, dada la aprobación de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción “que allana el camino para el bloqueo de nuevos préstamos de instituciones multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, de los que Nicaragua depende para la concesión de préstamo”, refirió el informe.