El documento ponía en evidencia cómo la familia Somoza y los círculos más cercanos habían acumulado y concentrado tanta riqueza. El mencionado documento pretendía mostrar que el somocismo se enraizaba en el poder político por una razón superior: el poder económico. Tras ello, el desplazamiento de las otras fuerzas económicas era inevitablemente real durante los años setenta.	El terremoto de 1972 y sus efectos se convirtieron en la mejor de las oportunidades para que aquel régimen se hiciese de enormes fortunas, utilizando todo tipo de artimañas para lograrlo y protegerlo. Y lo hizo a través de los mecanismos que desde los espacios públicos institucionalizados el mismo régimen había diseñado.	Los poderes del Estado y las fuerzas armadas estaban bajo dominio y control de la familia Somoza y sus allegados. Además de ser un recurso para incrementar su capital, eran a la vez, los instrumentos para reprimir a todo aquel o aquella ciudadana que, organizada o no, hiciese muestras opositoras al régimen.	La represión en todos los niveles que ejercieron los Somoza durante más de cuarenta años provocó el crecimiento progresivo de una inmensa ola de rechazo público, que finalmente habría de producir la más fuerte de las reacciones que un ser humano o una sociedad pueden tener ante tales circunstancias de manera inevitable.	Los hechos parecen repetirse aunque las circunstancias tengan características muy propias del desarrollo de los fenómenos políticos, sociales, económicos y tecnológicos. Las tendencias del ejercicio de la administración pública en la Nicaragua de hoy nos conducen --para desgracia nacional-- a reencontrarnos con prácticas que muchos creíamos que no habrían de producirse más en Nicaragua.	Si prestamos atención a los hechos, al menos tres rasgos que son de conocimiento público nos hacen llegar a la conclusión de que estamos regresando al pasado, y que Ortega y Somoza cada vez más son la misma cosa: el uso del Estado para el enriquecimiento particular de la familia gobernante y sus allegados; el uso de mecanismos institucionales del Estado para facilitar y tapar la obtención de esas ganancias particulares; y el uso de los poderes del Estado para reprimir --con estilos ajustados a las actuales condiciones de desarrollo político y social nacional e internacional-- a quienes simplemente reclamamos honestidad, responsabilidad, equidad y respeto.	Por esta razón y en este contexto, emergió nuevamente la imagen pública de Dora María Téllez. Seguramente ella sabía que con su huelga de hambre jamás iba a conseguir conmover al jerarca ni a su círculo de hierro. Igual que Somoza protegió hasta el final sus intereses económicos y políticos, lo hace y seguramente lo pretenderá Ortega.	Sin embargo, igual que antes, con la huelga de hambre que esta vez llevó a cabo por trece días Dora María Téllez, llegó más allá de lo que tal vez pretendió: Tocó conciencias; hizo abrir los ojos y sensibilizó los oídos de quienes por efecto del desencanto, la frustración, la desconfianza y el miedo, habían optado por una aparente indiferencia.	Como ocurrió con Somoza en muchas ocasiones, Dora María con su huelga de hambre, ha puesto al desnudo la insensatez y la perversidad de Ortega y sus cercanos seguidores. Dora María ha colocado a Ortega frente al juicio público de miles de jóvenes y adultos, que mediante variadas expresiones han hecho lujo de su energía y creatividad; de su bravura y su compromiso con Nicaragua.	Dora María le ha puesto colores al coraje vibrante de miles de jóvenes; ha juntado en pensamiento y acción a varias generaciones de hombres y mujeres de distintos segmentos sociales y diferentes creencias religiosas, y a personalidades de la vida política, del arte y la cultura… Así se ha comenzado a sacudir el silencio y la modorra.	En el marco de esa patriótica jornada es que apareció un afiche que simboliza las identidades irrefutables entre el tirano derrocado y el actual presidente de Nicaragua, quien por sus persistentes actuaciones pareciera estar complacido con semejante comparación y persuadido a convertirse en un clon de aquél que por años engendró miedo y más tarde la ira organizada de la sociedad, hasta sucumbir.	Los tiempos políticos han cambiado. El empeño ahora no es derribar al gobierno por la fuerza de las armas. Las voces que reclaman derechos y respeto tienen cauces para hacerse oír y sentir. Mientras la validez de esos cauces sean también motivaciones de las nuevas luchas y predomine la sensatez en la actuación de la sociedad y de las personas al frente de instituciones vigentes, habrá posibilidades de imprimirle un giro extraordinario a la actual administración pública, por el bien del país y de este pueblo.	El parecido que hoy muestra Ortega con Somoza debe llamarnos a la reflexión y a la acción. Nadie ha de querer que reediten los trágicos años que ya vivimos. Nadie ha de querer que surjan nuevamente los grupos autodenominados “mano blanca”, o “mano negra”. Nadie ha de querer ver el cuerpo inerte de su hijo o hija tendida en la calle, en el camino, o la trocha por efecto de la represión y el castigo por alzar su voz en protesta contra los abusos y arbitrariedades oficiales. Nadie ha de querer estar preso por acusaciones infundadas y condenados por inescrupulosos responsables de la administración de la justicia.