Mostrando los dos gruesos volúmenes de los estudios de impacto ambiental realizados en la zona mencionada en 1996, cuando la empresa australiana Placer Dome obtuvo la concesión, Martínez asegura que aquí se demuestra el daño que recibiremos debido a la transformación ambiental, algo sobre lo que en su momento la Asociación Nacional de Geólogos se pronunció. En la actualidad la empresa que tiene la concesión es Vanessa Ventures Limited, que impulsa un proyecto que Placer Dome y Lyon Lake Mines Ltd. se vieron imposibilitados de realizar ante la fuerte oposición de organizaciones ambientalistas de Costa Rica.	“A mitad de 1998, en Panamá, en una mina considerada la de mayor seguridad, ocurrió un grave accidente que contaminó la zona en explotación. Eso demostró que lo impensable podía pasar, pero eso es lo más dramático y que no necesariamente puede ocurrir. Lo grave es la inminente contaminación del río San Juan, por el arrastre mediante las lluvias de materiales arcillosos y arenosos expuestos por la excavación”, nos dice el especialista.	Indica que esta forma de contaminación no está prevista por los inversionistas mineros, es imperceptible, ocurre paulatinamente, pero es lo más dañino. Por el movimiento del cuerpo de agua, la sedimentación se dispersará por todo el río kilómetro tras kilómetro, sin la posibilidad de remediación natural. Puede que la mina haya cerrado y hasta entonces se observen los daños.	Tal situación causará un desequilibrio ambiental, pues destruirá la flora y la fauna locales, dando paso a la invasión de otras especies que pueden ser negativas en este hábitat. Como ya se sabe, la zona es ecológicamente rica y el hábitat de importantes especies de flora y fauna amenazadas de extinción, como el manatí, la lapa verde y el almendro de montaña.	Según las proyecciones de extracción, de la mina Las Crucitas se espera tratar 10 mil toneladas diarias de material vario, y de cada tonelada consideran obtener tres gramos al día, o sea, aproximadamente 300 gramos al día, siendo que cada gramo tiene un valor superior a los un mil dólares los beneficios son de 300 mil dólares diarios.	“Haciendo un cálculo rápido, la extracción de cada onza les puede costar 250 dólares, por lo tanto su ganancia será de 750 dólares por cada onza. De esto Costa Rica seguramente tendrá un impuesto, pero a Nicaragua lo único que le quedará será su daño ambiental irreversible”, señala el geólogo, que tiene la esperanza de que el gobierno de Nicaragua tome cartas en este asunto en defensa de la seguridad de su territorio y sus ciudadanos, en un problema que desde 1994 los ambientalistas vienen peleando en Costa Rica.	Mientras tanto, entre los aliados fronterizos de Nicaragua y Costa Rica se gesta un frente de lucha binacional contra el proyecto de explotación minera a cielo abierto conocido como Las Crucitas, a sólo tres kilómetros del río San Juan, tras conocerse a través de El NUEVO DIARIO la aprobación otorgada por el ministro del Ambiente y Energía (Minae), Roberto Dobles Mora, y la derogación de la moratoria minera que había decretado el ex presidente costarricense Abel Pacheco.	La constante denuncia de organizaciones ambientalistas de Costa Rica y Nicaragua sobre los irreversibles daños que causaría la explotación minera cerca del San Juan, ha tenido eco entre autoridades y población transfronteriza, que según Gabriel Aguirre Marín, responsable de la Comisión Ambiental Municipal de la Alcaldía de San Carlos, no queda más que “hacer gestiones a todos los niveles, desde Cancillería nicaragüense, con su homólogo tico, con Marena, con el Minae, para la activación de la comisión transfronteriza para frenar el problema terrible que ocasionaría la minería a la cuenca hídrica y el ecosistema”.	Aguirre reveló que realizan contactos con los aliados del país vecino para “hacer un frente de lucha y ver si podemos revertir la situación. Creemos que aunque se diga que hubo un análisis técnico para aprobar la viabilidad ambiental del proyecto Las Crucitas, lo que hicieron fue un análisis económico porque tendrían que haber involucrado el medio ambiente, y no están viendo los efectos negativos que tendrá la potencialidad del río como valor acuífero y turístico que beneficia a ambas naciones.	Díaz señaló que con la alcaldesa de San Carlos, Marisol McRea, el alcalde de El Almendro, Ufredo Argüello, Presidente de a Asociación de Municipios de Río San Juan, coincidieron en convocar a los acaldes del departamento y como asociación visitar al canciller de la República, Samuel Santos, para plantearle la situación y que les escuchen sus posiciones.