En 335 días de crisis han ocurrido más de 15 demandas de diálogo; hubo resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), visitas de emisarios de la OEA, Estados Unidos y el Parlamento Europeo, que la semana pasada emitió una resolución instando al Gobierno de Nicaragua a buscar una solución pacífica, con voluntad política y buena fe.	Por toda la presión nacional e internacional, el Gobierno decidió volver a sentarse en el diálogo el 15 de junio para negociar, pero tres días después se volvieron a suspender las conversaciones porque la representación gubernamental no cumplió con el acuerdo de enviar cartas de invitación a organismos internacionales, como la CIDH y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).	No obstante, la CIDH ya estaba monitoreando la situación en Nicaragua y presentó su informe final de la visita de trabajo realizada entre el 17 y 21 de mayo, en el cual concluyen que la represión gubernamental provocó muertes y violaciones de derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad de expresión y manifestación.	A pesar de la formación de varias comisiones negociadoras, el diálogo entre el Gobierno y la oposición fue suspendido definitivamente el 9 de julio, porque varios obispos fueron agredidos en la basílica San Sebastián, en Diriamba, Carazo, cuando llegaron en una visita pastoral debido al asedio a la ciudad por policías y civiles armados pro-Gobierno.	En esa misma fecha, el Consejo de la OEA realizó una sesión extraordinaria en la que evaluó la situación de Nicaragua en materia de derechos humanos y debatieron sobre la instalación del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). La sesión culminó con la mayoría de países demandando el fin de la represión y una salida pacífica a la crisis.	El 13 de julio se efectuó otra sesión de carácter “extraordinaria”, convocada a petición de las delegaciones de Argentina, Canadá, Chile, EE. UU. y Perú, en la que resultó una resolución de condena a los abusos a los derechos humanos en Nicaragua y la demanda de reanudación de una solución pacífica.	El 18 de julio, el Consejo Permanente de la OEA también aprobó una resolución en la que condenó enérgicamente la represión y violencia, demandó el desmantelamiento de grupos armados no identificados y solicitó al Gobierno de Nicaragua que retome su participación en el diálogo de buena fe y acoja un calendario electoral.	El 2 de agosto, la OEA continuó con sus presiones estableciendo la creación de un “Grupo de trabajo para Nicaragua”, durante una sesión extraordinaria que fue solicitada por las misiones permanentes de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, México y Perú, que también tendría el mandato de dar seguimiento a la situación de la crisis sociopolítica en Nicaragua.	El Gobierno de Nicaragua se atrevió a expulsar el 31 de agosto a una misión de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh), que dos días antes expuso un informe contundente en el que exponen las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses y descartaban el supuesto intento de ‘golpe de Estado’ denunciado por el Gobierno de Nicaragua.	Después de ocho sesiones entre el Gobierno y la Alianza, cuando se aprobó una ‘hoja de ruta’ para determinar la metodología de las negociaciones, las conversaciones entraron en “impasse”, ya que la Iglesia católica rechazó la solicitud de ser solo acompañante y testigo del diálogo y la oposición decidió reflexionar su continuidad en la mesa de negociación.	La última muestra de presión internacional se dio el 14 de marzo, cuando el Parlamento Europeo con más de la mayoría de sus diputados aprobó una resolución que insta a sus Estados miembros a sancionar individualmente a funcionarios del Gobierno de Nicaragua, elecciones adelantas y libertad de todos los presos políticos para el restablecimiento del diálogo.