La comunicación señala que desde 1990 la partida presupuestaria que recibe la UCA, como miembro del CNU, es “en reconocimiento a su activa y positiva participación en la lucha del 6% del presupuesto nacional asignado anualmente por el Estado al desarrollo de la educación superior y con la finalidad de que integre y beneficie a la mayor cantidad posible de jóvenes de escasos recursos en su preparación profesional”.	El último informe de la rendición social de cuentas del CNU, correspondiente al año 2016, indica que ese año las universidades públicas recibieron C$4,402 millones, como asignación correspondiente al 6% constitucional. De ese total, a la UCA se le asignaron C$239.6 millones, cifra que representa aproximadamente el 5.4% del total asignado a las entidades de educación superior.	Gabriel Álvarez, experto en derecho constitucional, dijo que para quitarle a la UCA la partida que le corresponde al 6% del Presupuesto General de la República, se debe reformar la Ley 89. Sin embargo, la reducción en la asignación que la UCA recibe de este monto es posible, siempre que se respete el criterio legal de distribución de los fondos.	“Supongamos que se haya reducido drásticamente el monto total del 6%, entonces se le va a reducir el monto no solo a la UCA, sino que a todas las universidades. Es probable que a la UCA un poco más, pero lo correcto es que se haga dentro del criterio legal”, comentó el jurista.