JALAPAEl alcalde Humberto Pérez Largaespada está a las puertas de un juicio civil por incumplir el pago de la primera cuota de 10 mil dólares, vencida el 15 de abril, de un total de 41 mil 850, en concepto de compra de un terreno de cuatro manzanas y ¾ al señor Joaquín Gurdián Florián, el que utilizaría para un cementerio y dividir en lotes una parte para entregarlos a familias de escasos recursos económicos.	Gurdián Florián contó que conociendo “lo ‘sinvergüencita’ que es el alcalde”, le solicitó el escrito de aprobación de parte del Concejo, para ver si estaba autorizado a realizar la compra. El edil le entregó una certificación del acta 39 de tal instancia local, donde los concejales lo autorizan para tal fin, haciendo uso de los fondos de transferencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MHCP.	Decisión de ineludible cumplimientoAgregó que después, sin siquiera llamarlo para escucharle su opinión, los concejales se reunieron extraordinariamente el 29 de abril para discutir un único punto de agenda, la anulación de los contratos de compraventa y la escritura de reconocimiento de deuda, aduciendo que el alcalde no estaba autorizado y que el presupuesto con que cuenta la municipalidad es insuficiente para pagar el valor convenido.	Lo curioso del caso, según el afectado, es que inmediatamente el alcalde le notifica otra resolución emitida en la misma fecha, en que se declara de utilidad pública el mismo terreno, ubicado al sur de la populosa comarca Champigny. Según el artículo 34 de la Ley de Municipios, relacionado a las sesiones extraordinarias, “son nulos los acuerdos adoptados sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria”.	Ahora a Gurdián Florián sólo le acreditan una suma de 45 mil 467 córdobas con siete centavos, es decir, 18 veces menos que el valor convenido inicialmente. Anunció que interpondrá un recurso de amparo en el Tribunal de Apelaciones de Estelí por lo que considera una aberración jurídica y un atentado a sus derechos humanos de parte el alcalde jalapeño.	Los concejales del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, son los más solícitos para defender la decisión del alcalde, a pesar de que ellos mismos lo declararon destituido el ocho de enero pasado, luego que la Contraloría General de la República, CGR, emitiera resoluciones de presunción administrativa contra los ediles de este período y el anterior. Pérez Largaespada ha evadido a periodistas de medios independientes que lo han requerido para abordarle sobre tópicos diferentes de su administración.