Álvaro Vargas y Azahalea Solís, miembros de la Alianza Cívica que trabajan en ese proyecto, explicaron que el documento detalla la  obligación del Estado de dar garantías de seguridad a las personas que están como “presos políticos”, además de garantías de reparación por los daños recibidos y no repetición de las acciones arbitrarias que llegaron al extremo de encarcelar a ciudadanos por manifestarse en las calles.	“El protocolo implica que ciudadanos que estuvieron detenidos y detenidas por un año y que tenían obligaciones, por ejemplo, de pago de impuestos, obligaciones fiscales que no pudieron pagar porque estuvieron detenidas políticamente, que no pagaron por el servicio de suministro eléctrico, o al banco, entre otras cosas, esos aspectos tienen que ser parte de este protocolo de seguridad, tiene que haber un mecanismo para ver de qué forma se puede trabajar estos aspectos”, sostuvo Vargas.