El Centro Penitenciario de Mujeres “La Esperanza” en años anteriores tenía un máximo de 190 internas, sin embargo en 2008 rompió record con 244, mientras el Centro Penitenciario de Granada llegó a los 786, cuando el máximo se había mantenido en 450. Eso significa un aproximado del 70 por ciento, según datos constatados por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).	“La semana pasada visitamos el centro, y el hacinamiento es uno de sus principales problemas. En este lugar, originalmente construido para 120 internas, se han acomodado 244, por eso en las covachas ya no alcanzan las camas, y sólo hay un espacio equivalente a 12 pulgadas entre una y otra para quienes tienen la suerte de tenerla, pues muchas de las internas deben dormir en el suelo”, expresó Wendy Flores, abogada del Cenidh.	Entre las calamidades que deben padecer, además del hacinamiento, están la alimentación inadecuada y la falta de medicinas y de instrumentos médicos; asimismo, tienen problemas debido a que han proliferado las ratas. Esto, sin tomar en cuenta que no tienen ductos para aguas negras y el sumidero está en su máxima capacidad.	Lo ideal serían 4 internos por cada funcionario que ahí labora, sin embargo, con la actual población, la relación es de 12 a 1. En el caso de las mujeres, ellas deben ser inspeccionadas por cuatro funcionarias que tienen una labor por turnos, por lo que sólo queda una para la seguridad nocturna.	“La mañana del lunes amaneció muerto por asfixia Juan Carlos Muñoz Ordóñez, de 26 años, quien aparentemente se suicidó por ahorcamiento. Él purgaba una pena de 5 años por tráfico interno de estupefacientes. Era un reo que mostraba un cuadro depresivo, y sus visitas familiares eran muy raras. Era una persona apartada, callada, y en ocasiones tenía altercados con los otros internos”, dijo Solano.	El abogado del Cenidh indicó que de ser suicidio, las condiciones de convivencia tienen que ver, en cierta medida, con la situación. Señaló que a pesar del cuadro psicológico, aparentemente la atención no fue la más adecuada para evitar el fatal desenlace. Por eso esperan que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes, con el fin de que se puedan deslindar responsabilidades.	“Al tener mayor cantidad de prisioneros la capacidad operativa es menor, lo que pone en riesgo tanto a los internos como a los funcionarios del penal. Al Estado le corresponde dar respuesta no sólo para la manutención de los internos, sino también de las condiciones adecuadas para que éstos puedan reinsertarse en la sociedad, y tengan en el futuro la capacidad para ser útiles a la sociedad”, finalizó Solano.