En la edición del END del 22 de abril leí un reportaje de la periodista Eloísa Ibarra, en el que destaca que profesionales de diferente ramas interpusieron un Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley 588, “Ley General de Colegiación y de Ejercicio Profesional”, que fue aprobada por el Poder Legislativo, el veintisiete de junio del dos mil seis, vetada por el Presidente de la República, veto rechazado por la Asamblea Nacional en la Tercera Sesión Ordinaria de la Legislatura XXIII, el once de septiembre del dos mil siete, y publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 9, del catorce de enero del dos mil ocho.	Aunque el reportaje no da detalles quiénes son los profesionales “de diferentes ramas”, que recurren por Inconstitucionalidad, la verdad es que algunos Abogados son los más opuestos a la Ley de Colegiación, dichos profesionales en toda su historia han estado sueltos, gozando de libre albedrío, que raya en el libertinaje, sin que existan mecanismos efectivos de control. Los abogados nunca han tenido un Código de Ética al cual tengan que ajustarse para ejercer la profesión. Si bien es cierto la Constitución establece que a la Corte Suprema de Justicia corresponde extender la autorización para el ejercicio de la abogacía y el notariado, así como suspenderlos y rehabilitarlos, lo cierto es que la CSJ, desde hace mucho tiempo, perdió el control de profesionales del Derecho, posiblemente por el aumento de profesionales en los últimos años, en la actualidad hay más de quince mil abogados y notarios en todo el país. Quizá por esa causa es que la Abogacía y el Notariado sean las profesiones más desacreditadas todo en el país.	Los abogados desde hace años abrogaron de su diccionario el término “Ética Profesional”. La conducta de los abogados con respecto a otros colegas, no es de respeto, consideración y cortesía, por el contrario lo que se practica es la descalificación profesional y personal. La lealtad del Abogado para con su cliente ha ido quedando en un triste recuerdo histórico, muchos Abogados han caído en el prevaricato, ya que asesoran a su cliente y a la parte contraria. Algunos abogados anticipadamente reciben honorarios de un cliente, para que lo defiendan civil o penalmente, sin embargo, el profesional no ejerce debidamente el cargo sea por dolo o negligencia, y el cliente pierde el caso y el dinero, sin que el profesional sea sancionado.	En el Notariado ocurre igual. Cuántos notarios desde hace tiempo hicieron a un lado la ética. Algunos prestan sus protocolos, en el que hacen actos ilícitos e ilegales; otros con su protocolo han levantado de la tumba a un difunto, y lo hacen firmar una escritura de compraventa o un testamento; Otros notarios hacen escritura áreas, es decir, libran un testimonio sin que dicha escritura esté reportada en su protocolo; hay notarios públicos que autorizan escrituras con otorgantes ausentes, ya sea porque se encuentra fuera del país o por cualquier otra circunstancia; Algunos notarios públicos autorizan documentos de sociedades anónimas, violando las leyes mercantiles de comercio y del Registro Público de la Propiedad. De todas estas anomalías son muy pocos los notarios que han sido sancionados por la CSJ, por falsedad civil, la gran mayoría quedan en la impunidad.	En la gran mayoría de países del mundo, el Estado, por medio de leyes, ha venido regulando el ejercicio de las profesiones, entre éstas no escapan los Abogados, creando Colegio de Abogados, disponiendo como obligación estar organizados en un Colegio, para poder ejercer la profesión. Así vemos que en Costa Rica existe un Colegio de Abogados desde 1878; en Honduras hay Colegios de Abogados desde 1911, en República Dominicana, desde 1982 se organizó el Colegio de Abogados. En Nicaragua desde hace años existe el Colegio de Contadores Públicos; el Colegio de Arquitectos e Ingenieros; el Colegio de Periodistas; el Colegio de Médicos, etc., etc.	El colegio de profesionales no sólo tiene que ver con el control ético en el ejercicio de la profesión, con el acta constitutiva, con estatutos, con el código de Ética, con las sanciones, sino que el tema tiene mucho que ver también con el mutualismo, la solidaridad entre los colegiados, con las previsiones a las que tienen derecho los agremiados en casos de enfermedad, accidente, incapacidad laboral, jubilación, pero sobre todo el asunto tiene que ver con dignidad del profesional, con el respeto que deben las instituciones públicas y privadas al profesional del Derecho.	En el caso de los Abogados es arto conocido cómo la profesión ha caído a los niveles más bajos de reputación y de irrespeto por parte no sólo de Jueces y personal del Poder Judicial, pues en esa institución al Abogado no se le aplican las prerrogativas y preeminencias, muchos funcionarios de este poder judicial ven al abogado como cualquier cosa. Igual sucede en la Policía Nacional, en el Ministerio Público, etc. etc. Los profesionales del Derecho socialmente están en una indefensión absoluta, una vez que el abogado cae en desgracia por enfermedad, incapacidad profesional, no hay quien lo socorra o ayude. Algunos profesionales que no pueden trabajar prestan sus protocolos por unas cuantas monedas para poder comer.	Los profesionales que informaron a END su oposición a la Ley de Colegiación con toda seguridad son Abogados que deberían reflexionar sobre la triste realidad que vive nuestro gremio en este país, ya que los profesionales del Derecho se encuentran en estado de postración nunca visto. Ese temor a la Colegiación debe ser superado, ya que la situación actual, de supuesta libertad en el ejercicio profesional, el legado que ha dejado al gremio es de atraso, de marginación y olvido social, por tanto es preciso cambiar el modelo por otro que levante la dignidad de los profesionales del Derecho.	El argüido de que la ley 588 viola el arto. 86, de la Constitución, es tan falso, pues en este país no existe la libertad absoluta de ejercicio profesional, como pretenden vender los supuestos recurrentes. Es falso que un egresado de Derecho, con sólo el título académico universitario, pueda ejercer la profesión de abogado y notario. Los opositores saben que el egresado debe ir a la CSJ, presentar el título y llenar trámites para que se le autorice el título de abogado, para después solicitar el de Notario. Una vez autorizado como Abogado y Notario, ¿acaso el profesional no debe cada año informar a la Corte sobre el índice del Protocolo? ¿Acaso el Notario cada cinco años no debe estar solicitando el quinquenio para ejercer el Notariado? Entonces dónde queda que con sólo el título académico puede ejercer la profesión.	Lo que pasa es que con la ley 588 todas esas funciones de control que tiene la CSJ son transferidas por Ministerio de la Ley al Colegio de Profesionales. Las sanciones para los que violen el Código de Ética las aplicarán los mismos colegiados. En el caso de los Abogados dichas sanciones serán efectivas una vez que la CSJ dicte sentencia definitiva. De manera que la pregunta obligatoria es: ¿Cuál es el temor a la colegiación, será porque la ley dispone que los colegios inicialmente serán por departamentos del país, y ahí todos conocemos quién es quién? ¿Por qué los profesionales del Derecho verdaderamente éticos y honestos no se dan una oportunidad para tener su propia organización gremial con todos los derechos y obligaciones? Ya es tiempo de que nuestro país se inserte en la modernidad y salgamos del atraso y subdesarrollo en que hemos estado por tanto años. Digamos sí a la Colegiación, que es la unidad, y no al egoísta individualismo.