El gobierno del presidente Donald Trump, que busca la reelección con el mismo discurso antiinmigrante con el que llegó al poder, buscaba procesar con esta nueva norma únicamente los casos de extranjeros que demostraran que solicitaron asilo en al menos un país antes de Estados Unidos y que su petición hubiera sido denegada en última instancia.	"La corte decidió correctamente que décadas de leyes de asilo en Estados Unidos impiden a esta administración negar protecciones al por mayor a través de una arbitraria y apresurada regulación", dijo Baher Azmy, director legal del Center for Constitutional Rights, que demandó junto a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Southern Poverty Law Center.