Por lo tanto, Volodina volvió la mirada fuera del País y, este mes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo, falló a favor de ella. Al rechazar los argumentos de Rusia de que ella no había sufrido un daño real, y que no había presentado sus quejas apropiadamente, el tribunal le concedió una indemnización de unos 22 mil 500 dólares.	Las hermanas, actualmente de 18,19 y 20 años, atacaron a su padre, Mikhail Khachaturyan, con un cuchillo y un martillo el año pasado cuando dormitaba en su silla tras bañarlas con gas pimienta como castigo por no estar lo suficientemente arregladas. Simpatizantes de las hermanas dicen que fueron impulsadas a la violencia por años de abusos y no deberían ser procesadas por asesinato.	Pero las autoridades a menudo se niegan a actuar, o lo hacen demasiado tarde. El 11 de julio, la agencia rusa de noticias Tass reportó que se había abierto un caso de agresión sexual contra Khachaturyan, el padre muerto de las tres hermanas que enfrentan cargos de asesinato. Las leyes rusas permiten la acusación de personas que están muertas.	En Rusia, un debate sobre la violencia doméstica ha destacado una profunda división que se ha ampliado con el Gobierno del Presidente Vladimir V. Putin, quien ha formado una estrecha alianza con la Iglesia ortodoxa. Aunque no es particularmente conservador en sus propias opiniones personales, Putin —que es divorciado y dice tener amigos gay— ha dado rienda suelta a miembros más reaccionarios del clero.	En un lado de un abismo de opinión están rusos, muchos de ellos jóvenes, que comparten la opinión de que el Estado debe tomar acciones contra el abuso doméstico, la violencia sexual y el acoso y la discriminación por motivos de orientación sexual. En el otro lado están rusos más conservadores que se enfurecen con lo que ven como ideas importadas de Occidente y la erosión de las normas tradicionales.