Fue a partir del momento en que el egoísmo comenzó a demarcar fronteras en los territorios y, en igual forma, en el corazón de hombre que el concepto de “límite” comenzó a definir particularidades y a marcar diferencias entre los pueblos. Fue así como, en la filosofía de nación, el concepto de “soberanía” hizo su aparición en el escenario de la política internacional. Luego, con el tiempo, esta idea fue siendo alimentada y reforzada por la influencia de arribistas políticos tradicionales cuyos intereses egoístas crecían al ritmo de una egolatría galopante que comenzaba a manifestar objetivos de naturaleza dictatorial y totalitaria. Y es que estas nuevas tendencias totalizantes defendían, tras bastidores, que en el poder político, en manos de los gobernantes necesitaban del absolutismo, amparado éste por la indulgencia permisiva de las legislaciones internacionales.	Nos referimos aquí al clásico caudillo, sub-producto de democracias enclenques y desarticuladas por un populismo trasnochado, fruto éste de una ignorancia colectivizada la cual, a fuerza de ir controlando subterráneamente los organismos jurídicos de países corruptos, torcieron el rumbo de la democracia al compás de retóricas demagógicas precursoras del desfase total del Estado. Es, pues, en ese terreno, tan propicio para cultivar la mala hierba, en donde al concepto de “soberanía” se le ha pretendido conculcar el trasfondo justicialista y democrático de su mensaje. Esto se transluce al argumentar, desde perspectivas equivocadas o partidistas, que el derecho inalienable de la autonomía de que un país goza, se debe al completo usufructo de su independencia soberana. En este tenor se afirma la inalienabilidad que tiene un país y la cual le faculta, en todos los órdenes, a condenar como “intromisión” cualquier interferencia extranjera con respecto a cualquier asunto que competa al libre uso y decisión sobre su territorio de conformidad con la norma jurídica que fundamenta su personalidad como nación independiente y soberana.	Y es que, por otro lado, resulta ser el caso de que, modernamente, la mentalidad popular ha venido interpretando el anterior principio de Derecho Internacional de manera un tanto festinada, ya que no toma en cuenta las serias implicaciones que, en el sensible campo de los Derechos Humanos Universales, se derivan de una interpretación literal, lo cual altera el espíritu de una doctrina de tan ilustre prosapia ética y moral en la historia, como veremos más adelante.	Hagamos, por un momento, respetuosa referencia a la filosofía humanística tal como fuera originalmente concebida: una doctrina capaz de garantizar un mundo mejor, libre del flagelo de la guerra y del hambre. Todo esto ahora bajo los auspicios de una comunidad de naciones inspirada ésta por un espíritu de profunda raigambre republicana como legado precioso que el mundo occidental recibiera de la Jurisprudencia Romana representada por el gran tribuno y filósofo Cicerón. Y de más allá, si se quiere hurgar lo suficiente en la historia del pensamiento político del hombre. Si pretendemos, entonces, que nuestra autenticidad en el ideal sea sustentada por nuestra filosofía moral, no deberíamos nunca permitir que hubiera países en los que los derechos humanos de sus ciudadanos sean pisoteados y conculcados, a veces hasta los extremos más humillantes. La historia reciente nos muestra cómo en Alemania, bajo Hitler; en la antigua Unión Soviética bajo Stalin; en Yugoslavia, bajo la conducción étnica de un líder psiquiatra (cuyo nombre no merece siquiera pronunciarse); en África, bajo el caníbal tribal Idi Amin, etc.… En todos estos países continuó ratificándose la sospecha, ya tan certificada por la historia, de que el hombre continúa siendo un lobo predador de su hermano el hombre. Pareciera que nuestra antigua animalidad que creíamos ya superada por la cultura, tiene una naturaleza congénita irreversible y que la civilización y la cultura han fracasado en su legendaria promesa mesiánica de conducirnos a aquel estado “angélico” prometido por las religiones.	Ahora Bien. Todos somos culpables ante el genocidio y la injusticia; tanto los que lo ejecutan como los que callamos y lo permitimos con nuestra actitud cobarde. Porque ya quisieran los dictadores masacrar libremente a sus pueblos, amparados sus crímenes bajo los principios de autonomía que supuestamente garantiza la doctrina de soberanía nacional. Por ejemplo, entre las aberraciones más degradantes de que ha sido objeto la mujer en África y en ciertas partes atrasadas del Islam, está la extirpación de su clítoris, sometiéndola así a la condición de animal en detrimento de su propia dignidad y en abierta contravención a la Carta de Principios de las Naciones Unidas, organización a la que, sin ningún recato moral, pertenecen dichos países, infractores del Derecho Internacional.	La consigna que hasta ahora ha prevalecido en las Naciones Unidas ha sido: cerrar los ojos ante las mayores ignominias en pro de la convivencia internacional. ¡Hasta qué punto de descalabro moral han llegado nuestras más prominentes instituciones internacionales! A lo sumo se emite un modesto y tímido “llamado de atención” ante hechos monstruosos contra la humanidad. Por el contrario, si los principios del derecho universal prevalecieran, la expulsión inmediata de esa nación infractora debería ser el recurso único e inapelable dictado por ese alto tribunal. Pero, por lo regular, los infractores suelen ser los países multimillonarios que controlan el petróleo mundial. De ahí que los casos sean archivados y el mundo siga igual, lamiendo sus heridas humillantes.	En cuanto a lo que a nosotros respecta deberíamos de hacer verdadero en el diario quehacer de nuestra vida, el ideal de que cualquier sufrimiento que aflija a cualquier ser humano en cualquier parte del mundo, ese sufrimiento y esa afrenta deberíamos también considerarlos y sentirlos como nuestros, si es que en realidad queremos ser consecuentes con principios de inspiración humanista, si en verdad creemos en Cristo, Ala, Buda o en cualquier principio moral trascendente. Y es entonces, que habremos comenzado a ser fieles a la convicción de que la humanidad es una sola (recuerden la relación que se hace en la misa al “cuerpo de Cristo”) y que toda protesta que emitamos a favor o defensa de cualquier ser humano, (no importa cuan lejos esté de nosotros) es un paso inmenso que estamos dando en nuestra misión --asumida tácitamente desde el momento mismo de nuestro nacimiento-- por mejorar, dentro de nuestras posibilidades, la condición humana. Lo cual significara también un legado que estaremos haciendo a favor de nuestros hijos.	Mientras no hayamos transformado nuestra conciencia en el sentido de introducir en ella la convicción de la verdadera igualdad y derechos de todos los seres humanos, de nada nos servirá toda nuestra hipócrita fe de carbonarios, ni toda nuestra retórica militante de palabras vacías. Solamente así encontraremos esa paz que andamos buscando y que luego habremos, por gravedad moral, de proyectarla a los otros en una inmensa labor de supremo apostolado. Porque, como bien decían los grandes maestros espirituales: “En la paz individual reside el principio de la paz del mundo”. Hagamos entonces de nuestras vidas aunque sea un cerillo prendido en las tinieblas.	De todo lo anterior surge la urgente necesidad de que, cada vez que como ciudadanos del mundo que somos, nos vemos en el predicado de tener que emitir una opinión acerca del concepto de “soberanía”, tengamos cuidado de no hacerlo desde un criterio egoísta, ignorante o malintencionado. Antes habrás de preguntarte si con tu opinión no serás injusto con alguien en algún lugar del mundo. Y recuerda, por sobre todo, que nadie podría nunca atentar contra la soberanía de algún país, si su opinión es en defensa de los derechos de los ciudadanos de ese país. Porque el concepto de “colectividad” es más grande y acarrea más fuerza de derecho que el gobierno que supuestamente los preside. Porque no existe concepto de país, ni de nación, sin un pueblo que lo individualice y represente. Porque el ser humano es el alma misma de la colectividad. De donde resulta que el pueblo es el único capaz de otorgar representatividad jurídica y moral a sus instituciones. Y es, entonces, de su única voluntad soberana, de que depende el concepto y el ideal de República.