fue una de las nueve organizaciones no gubernamentales a las que le fue cancelada su personería jurídica en represalia por mantener una voz crítica contra el régimen orteguista y posteriormente fueron expropiados todos sus bienes, según disposición del Ministerio de Gobernación (Migob), el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) envió un cobro en materia de impuestos por 26,602.4 córdobas al	“Los bienes muebles e inmuebles y cualquier otro activo de las organizaciones antes referidas, pasan bajo la administración del Estado de Nicaragua, para la creación del Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas del Terrorismo”, se lee en el comunicado que emitió en su tiempo el Migob, lo que implica que las radios estarían bajo la administración del Estado, pese a que todo el proceso fue arbitrario, critica Ruiz.	“En el fondo se lee que nosotros estábamos basados, de alguna manera, en los procesos de cumplimiento de las garantías y solicitudes que establecía Telcor”, refirió Ruiz. No obstante, el cobro asimismo implica la poca coordinación entre las carteras del Estado, ya que es una institución que sabe que el Migob expropió a la fundación y, por ende, todo lo que tenían está bajo su jurisdicción.	Ruiz aclaró que ellos honraron su deuda con Telcor durante el primer trimestre de 2018, antes que iniciara la crisis sociopolítica en el país. “Nosotros ya habíamos adelantado pago de servicio de 2018 del permiso anual de operación, porque todavía estábamos en proceso de que nos dieran la licencia de operación definitiva”, aseveró.	Asimismo, el ambientalista señala que el cobro implica un nivel de “saña y de burla hacia la institucionalidad”, pues de alguna manera Telcor conoce la situación de la fundación y manda el cobro, como si este al cancelarse, implicara que las radios siguieran operando normal, cuando en realidad fueron expropiadas por el Migob, insiste.