El Senado chileno aprobó este jueves una reforma constitucional que permitirá convocar un plebiscito el próximo 26 de abril para que los chilenos decidan si quieren una nueva Carta Magna que sustituya la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). «Hoy día se abre una página muy importante en la historia de nuestro país», indicó el presidente del Senado, el opositor Jaime Quintana. Con 38 votos a favor y 3 en contra, los senadores dieron luz verde al proyecto de ley que reforma el capítulo XV de la actual Constitución, que fue aprobada en 1980 y no permite llamar a plebiscito para estos fines.	El proyecto permite realizar un plebiscito el próximo 26 de abril en el que los votantes elegirán si quieren o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debería redactarla: una Comisión Mixta Constitucional o una Convención Constitucional, similar a una asamblea constituyente, donde todos los integrantes son electos por la ciudadanía. La reforma es fruto del acuerdo alcanzado el pasado 15 de noviembre entre oficialismo y oposición (a excepción de los comunistas) para tratar de poner freno a la grave crisis que vive el país y que lo ha sumido en dos meses de protestas sociales.	La redacción de una nueva Carta Magna es uno de los principales clamores de los manifestantes, que culpan a la actual de ser el origen de la grandes desigualdades del país, pues le concedió al Estado un rol «subsidiario» (secundario) en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización.	El fin de semana pasado, más de dos millones de electores votaron en una consulta no vinculante en unos 225 municipios expresando un rotundo 92,4% a favor de una nueva Constitución. Un 73,1% votó por que sea redactada por una Asamblea Constituyente, en contra de la postura de gran parte de la dirigencia de derecha, que desea una Convención Mixta que incluya a los actuales miembros del Congreso.	Siguiendo la estela de la Cámara de Diputados, el Senado no aprobó una propuesta de la oposición, exigida por los manifestantes, para incorporar la paridad de género, establecer una cuota para pueblos originarios y asegurar la participación de independientes en la redacción del eventual nuevo texto constitucional. La oposición, sin embargo, presentó la noche del miércoles tres proyectos de ley para conseguir estos objetivos por otra vía y que serán sometidas a votación en los próximos días.