El número de fallecidos en estas revueltas sin precedentes desde el retorno a la democracia en 1990, aumentó sumando las ocho personas que murieron el domingo, en su mayoría en medio de los múltiples saqueos e incendios que estallaron en varios puntos de Santiago. «La cifra de fallecidos oficiales que tenemos que lamentar en estos últimos dos días es 11», dijo a periodistas Karla Rubilar, intendenta (gobernadora) de la Región Metropolitana.	La falta del metro -eje del transporte público, con unos tres millones de pasajeros por día-, era lo que más se extrañaba en esta ciudad de casi siete millones de habitantes, obligados ahora a hacer largas filas para tomar autobuses o acceder a las pocas estaciones del ferrocarril metropolitano abiertas. La estación La Moneda, a pocos metros de la casa de gobierno -en pleno centro de Santiago- abrió sus puertas pasadas las 07H00 locales, permitiendo el ingreso de decenas de personas que esperaban impacientes poder tomar un tren. Varios soldados resguardaban los ingresos, según constató un periodista de la AFP.	«La ciudad está en paz y en calma», afirmó a primera hora el jefe militar a cargo de la seguridad, Javier Iturriaga, tras hacer un sobrevuelo por la capital chilena, y en contraposición a la sonada frase que lanzó el presidente Sebastián Piñera la noche del domingo, cuando afirmó: «Estamos en guerra contra un enemigo poderoso».	La violencia de las protestas, que se iniciaron con fuerza el viernes tras el alza en el pasaje del metro pero que después derivaron en un furioso estallido social, tiene a muchos perplejos, con miedo. Pero también expectantes de los cambios que se pueden venir a un modelo económico, al extremo liberal, que ha remarcado las desigualdades.	«Se veía venir esto. El gobierno no ha hecho nada, no era solo el pasaje de metro lo que gatilló esto y terminó en vandalismo. Si el gobierno no hace cosas contundentes, medidas para mejorar los sueldos, la salud, las pensiones», dijo a la AFP Carlos Lucero, de 30 años, vendedor de sándwiches en el céntrico paseo Ahumada.	Armados con palos y con los chalecos amarillos que popularizaron manifestantes en Francia, defendieron sus casas pero también supermercados y tiendas de barrio que quedaron en pie y no fueron vandalizados. «La idea fue organizarnos e identificarnos entre vecinos por eso nos pusimos los chalecos amarillos. Hubo algunos intentos de robo en el sector», dijo Priscila, una vecina de la comuna de Macul (oriente de Santiago) al canal 24 horas.	Si el detonante del conflicto fue el aumento de la tarifa del metro, las protestas se hicieron eco de otras reivindicaciones en una sociedad que incuba desde hace años descontento con un modelo económico cuyo acceso a la salud y a la educación es prácticamente privado, con una alta desigualdad social, bajas pensiones y alza de los servicios básicos.