El impasse que afecta las conversaciones, que iniciaron el pasado 27 de febrero como un segundo intento por resolver la crisis, ocurre principalmente por el incumplimiento del régimen en la liberación de los presos políticos, la restitución de derechos y garantías ciudadanas, reformas electorales, y sumado a esto la represión y el asedio que mantiene la Policía Orteguista contra los ciudadanos opositores.	A pesar de ello, los miembros de la Alianza aseguran que se mantendrán trabajando para lograr el cumplimiento de los acuerdos, principalmente de la liberación completa y anulación de cargos penales y procesos judiciales a todos los presos políticos, para lo cual se estableció el 18 de junio como fecha límite.	, el régimen orteguista se comprometió a liberar y anular los procesos y cargos imputados por los juzgados orteguistas a todos los presos políticos en un plazo de noventa días, que finaliza este próximo 18 de junio, y en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja con el fin de que acompañe este proceso.	El acuerdo, según detallaron en su momento ambas partes y Luis Rosadilla, delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), refiere que “las personas detenidas y presas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril” obtendrán libertad plena, es decir, que sus procesos judiciales serán anulados.	Sin embargo, hasta la fecha, a los presos políticos solo se les ha cambiado el régimen carcelario de convivencia familiar y solo en algunos casos puntuales, se les ha otorgado la liberación definitiva, como es el caso del maratonista azul y blanco, Alex Vanegas. Un total de 387 presos y presas políticas han salido de las cárceles, mientras	El acuerdo ha sido incumplido en reiteradas ocasiones, a pesar de que los movimientos y organizaciones han solicitado permiso para realizar manifestaciones cívicas, como estipula la Policía Orteguista. El orteguismo asegura que las personas que firman la solicitudes de las marchas participaron en el fallido intento de golpe de estado y niegan los permisos.	Ante la negativa, los autoconvocados han implementado otras formas de protesta como piquetes exprés, cacerolazos, banderazo nacional, pitazos y hasta un paro nacional, para demandar la salida de los presos políticos y justicia para las víctimas de la masacre orteguista. La PO también ha empleado el asedio y secuestro contra los manifestantes.	Según un comunicado emitido este lunes, “en forma reciente, estamos observando nuevos actos de represión contra empresarios que han hecho uso de su legítimo derecho a la protesta cívica y se han sumado al reciente paro empresarial convocado por la Alianza Cívica, acciones represivas que ahora pretenden extender a mayor número de empresas y a todas nuestras cámaras y asociaciones gremiales, a las cuales oficialmente el gobierno ha amenazado y sigue amenazando con represión fiscal”.	Después de que los miembros de la Alianza Cívica se levantaron de la mesa de negociación tras la muerte del preso político Eddy Montes Praslin  el pasado 16 de mayo a manos de un guardia del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, el régimen impulsó un modelo de unilateralidad en el que sus representantes emiten comunicados todos los días sobre los avances que aseguran haber alcanzado para resolver la crisis sociopolítica.	Inicialmente la Ley de Atención a las Víctimas fue creada como un plan “basado en el principio de perdón, no olvido y no repetición”. La ley ha sido rechazada por varios sectores, principalmente por las madres y familiares de las más de 300 víctimas mortales que dejó la represión durante las protestas contra el dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo	El Plan de Retorno Seguro y Reinserción Social y Familiar es otra de las medidas unilaterales impulsadas por el régimen para que supuestamente los nicaragüenses que salieron del país huyendo de la represión, el asedio y persecución, regresen al país bajo la protección de  este programa. En un comunicado, el régimen aseguró que el programa “cuenta con el apoyo y asistencia técnica de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quien solicitará la cooperación de la comunidad internacional”. Sin embargo, la ONG dijo que no existía un acuerdo concreto para el mismo.	“Denunciamos nuevamente la persistente negativa de la contraparte en la mesa, de compartir el llamado a la suspensión de las medidas económicas unilaterales e ilegales contra el pueblo nicaragüense. Recordemos que son los mismos personajes que el año pasado se negaron, una y otra vez, a levantar los ‘tranques de la muerte’, siendo por lo tanto, identificados por nuestro pueblo como responsables y culpables de los crímenes y acciones destructivas cometidos en ese período, en nombre de la democracia”, se leía en ese documento.	Ese es el panorama de las negociaciones entre la dictadura y la Alianza Cívica. Carlos Tünnermann, miembro propietario del equipo negociador de la Alianza Cívica, asegura que el régimen Ortega-Murillo está obligado a volver a la mesa de negociaciones debido a que no es capaz de resolver la crisis sociopolítica por su cuenta.  Según Tunnerman, el régimen no puede matar las negociaciones.	A como yo las veo, si el gobierno quiere, sí existe posibilidades de retomarlas. Esto por un sencilla razón: No puede resolver los problemas relacionados a esta crisis socio-política de manera unilateral, como pretenden hacer ver. Y le voy a poner un ejemplo concreto: El tema de las reformas electorales. No hay que olvidar que fue el régimen el que llamó a esta nueva mesa de negociación, y que ellos fueron los que decidieron aceptar a la Alianza Cívica como su contraparte negociadora. Y cuando nos visitó el especialista de la OEA (Organización de Estados Americanos) Cristóbal Fernández para discutir sobre el inicio de los contactos para la búsqueda de financiamiento para las reformas, éste dejó claro que quería la aceptación de las dos partes para iniciar el proceso. Y nosotros dimos nuestra anuencia, y el gobierno también.	Claro que lo aceptó y en el mismo sentido en que fueron planteadas por el señor Cristóbal Fernández: elecciones libres, justas y transparentes, con todos los elementos técnicos de credibilidad necesarios. La Alianza Cívica le agregó el componente de que fuesen adelantadas. El mismo señor Fernández expresó que el proceso para establecer las reformas necesarias y su financiamiento puede desarrollarse en seis meses, un tiempo que a nosotros nos pareció óptimo. Estamos hablando de poder hacerlas ya sea finales del 2019 o principios del 2020. El gobierno insistió en que las elecciones tienen que ser en 2021, como todos conocemos. Pero eso no impidió que iniciará el proceso de búsqueda de financiamiento para las reformas. Incluso, tengo entendido que ya se ha recogido buena parte de lo que se necesita.	Lo que veo ahora es que el gobierno busca con esos comunicados dejar claro que van por la unilateralidad para solucionar la crisis. Pero eso es un error. Si el mismo secretario general Luis Almagro ya dijo a una delegación de la Alianza Cívica que tuvo un encuentro con él, que no iba a reconocer ningún otro proceso de reforma electoral que no sea el acordado en la mesa de negociaciones. Entonces, no veo cómo el gobierno no sé dé cuenta. El gobierno está obligado a volver a la mesa de negociaciones.