Cientos de taxistas capitalinos, y decenas de dueños de buses interurbanos, microbuses interlocales y de transporte de carga, plantaron sus unidades ayer en los alrededores del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) para demandar al gobierno que congele el precio del galón de combustible en 40 córdobas con 50 centavos, ante el aumento constante del barril del petróleo que este jueves tenía un precio de 116 dólares.	“La lucha se intensificará la próxima semana hasta llegar a un paro nacional único, y estamos esperando que no se llegue porque no es beneficioso para nadie, ni para el gobierno, ni para el pueblo, ni para el comercio, ni para nosotros mismos”, advirtió Reynaldo Bermúdez, tesorero de la Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxis, R.L.	En horas de la mañana, cientos de taxis de diferentes cooperativas se aglutinaron en la rotonda Jean Paul Genie, carretera a Masaya, para luego partir en caravana hacia las instalaciones del MTI, en donde se encontraron con decenas de buses interurbanos, principalmente los que viajan de la capital hacia al sur, además de microbuses interlocales y transportes de carga, con el fin de demandar el congelamiento en los precios del combustible.	Roberto Delgadillo, Presidente de la Asociación de Transportistas de Nicaragua, cuya organización aglutina a unos siete mil afiliados de transporte de carga a nivel nacional, indicó que el gobierno no tiene voluntad política de negociar con los transportistas, pues ayer lo dejó en evidencia al no atender una comisión que pretendía entablar un diálogo con los funcionarios del MTI en donde se expusiera las necesidades de ese sector.	“La Constitución Política de Nicaragua dice en su primer párrafo de entrada que todos los nicaragüenses somos iguales ante la ley, y entonces por qué a nosotros nos tratan de manera desigual”, expresó Antonio Betanco, presidente de la Federación de Transportistas Colectivos de Nicaragua (Fretracolni), al referirse al subsidio que recibe el transporte urbano colectivo de Managua.	Andrés Lara, Presidente de la Cámara Nicaragüense de Transporte, adscrita a la Coordinadora Nacional de Transporte, exigió al gobierno a que “transparente” los fondos que obtiene de los acuerdos con el gobierno venezolano, con el propósito de definir una política energética, que incluye el uso de hidrocarburos, en beneficio de la población, porque de lo contrario “si el gobierno quiere que el país colapse, pues va a colapsar”.	Luis Jiménez, presidente de la Cooperativa de Transporte del Atlántico recomendó al gobierno y a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) promover leyes que regulen las ganancias de las empresas petroleras que operan en el país, lo que permitiría, según Jiménez, que esa empresas aporten a la crisis que perjudica a los transportistas y a los usuarios por los altos costos del combustible.	Sin embargo, la noche del miércoles, Martínez y el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Alberto Guevara, declararon a un medio televisivo local que en la próxima semana se instalarán unas mesas negociadoras para analizar la situación del sector, principalmente lo referido a la tarifa social, pero no brindaron mayores detalles.	Según el último monitoreo realizado por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) el 21 de abril pasado, el precio promedio del galón de gasolina súper alcanzó los 86 córdobas con 55 centavos, el de gasolina regular los 85 córdobas con nueve centavos, y el galón de diesel 85 córdobas con 20 centavos, es decir, 11 centavos más caro que la gasolina regular, cuando tradicionalmente ha sido más barato.	Gonzalo Salgado, Coordinador de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), y quien también acompañó a los transportistas en su demanda de congelar el precio del combustible, se mostró de acuerdo en reducir el Impuesto Selectivo del Consumidor (ISC), pero, indicó que para que el Estado no pierda, debe aumentarle el Impuesto sobre la Renta a las empresas petroleras.	Es por eso que consideró necesario que se regule las ganancias de las petroleras sin afectar el libre mercado, pero antes, Salgado cree que hay que establecer mesas de discusión, las cuales no sólo incluyan a los transportistas y funcionarios del gobierno, sino también a representantes de los consumidores, porque al final quienes sufren las consecuencias son los consumidores finales, dijo.	En cuanto a declarar un “Estado de Emergencia Energética”, calificó esa posibilidad como “estúpida”, al argumentar que desde 2005 el precio del barril de petróleo superó los 50 dólares, pero además el parque de generación de energía eléctrica a base de derivados del petróleo sobrepasó el 80 por ciento, lo que quiere decir que estas dos condiciones establecidas en la Ley de Estabilidad Energética para declarar Estado de Emergencia Energética “ya se cumplieron de hace rato y no se ha hecho nada”.