La agresión del sábado 16 de marzo dejó una vez más en evidencia que vivimos en un Estado policiaco de imposición, represión y total control de las actividades de la ciudadanía. Esa realidad es intolerable. ¿No estamos en un Diálogo? ¿Y esto no significa buena fe en querer solucionar el problema sociopolítico que vivimos desde el 18 de abril del año pasado? ¿Acaso este exrevolucionario no recuerda cuando protestaba contra Somoza? ¿Pensará que su manera de gobernar es mejor que la del dictador derrocado por el pueblo en 1979?	Dialogamos pero la represión no se detiene, solamente ponen en libertad a 50 personas, lo cual no está a la altura de lo esperado. Referente a la buena fe, la acción policial no tiene calificativo: embestir, vapulear y llevarse ilegalmente detenidos a 107 personas. Si este presidente sin mandato popular no recuerda sus tiempos de joven revolucionario, el pueblo tampoco está obligado a recordar comunicados inconstitucionales. Obligar al pueblo a pedir permiso para protestar y criminalizar la protesta, es restringir el ejercicio legítimo del derecho a esta protesta social pacífica, a los derechos conexos de libertad de expresión, reunión pacífica, los cuales son vitales para el buen funcionamiento de un sistema democrático.	A los señores de la mesa de negociación, por parte de la Alianza Cívica, les digo que los presos políticos —como bien lo mencionara el exmagistrado doctor Rafael Solís Cerda— deberían estar libres. Claramente señaló que “las conductas imputadas, conforme al principio de legalidad, no han cometido terrorismo ni golpe de Estado y los otros delitos conexos parecen más bien inventados; evidenciando la manipulación del poder punitivo del Estado, acusaciones infundadas y la aplicación de tipos penales que no cumplen con los estándares interamericanos atendiendo a la conducta que castigan…”. Además de las nulidades absolutas, por detenciones ilegales y arbitrarias, sustracción del juez natural, investigaciones parcializadas, declaraciones estigmatizantes de funcionarios antes de ser declarados judicialmente, procesos excesivamente prolongados y medidas cautelares con fines no procesales, emisión de resoluciones judiciales contrarias a la legislación. El gobierno debe dejar de esgrimir excusas y extender las respectivas órdenes de libertad tal como corresponde. Solo con la libertad de los detenidos, cese inmediato de cualquier forma de represión y reivindicación de los derechos constitucionales conculcados, la mesa de negociación se pondrá en simetría e igualdad de condiciones y el gobierno demostraría su buena fe para abordar el único tema de negociación: “El adelanto de elecciones”.