La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación ante lo que califica como “graves hechos de violencia que han tenido lugar en el marco del proceso electoral en Bolivia.”La Comisión llama al Estado boliviano a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad personal y la libertad de expresión de sus habitantes en el contexto de este proceso, específicamente, durante la realización de las manifestaciones pacíficas que se lleven adelante en defensa de la democracia y las garantías a la prensa para dar cobertura al proceso de verificación de la votación.Además, la CIDH insta a Bolivia a conducir las investigaciones relativas a los actos de violencia que se produzcan de una manera eficaz y en estricto cumplimiento de las garantías del debido proceso.Según la información recibida por la CIDH, a partir del 21 de octubre de 2019 se han realizado manifestaciones ciudadanas en distintas ciudades del país, incluyendo La Paz, Sucre, Oruro, Tarija, Cochabamba, Potosí, Trinidad y Cobija, exigiendo a los Tribunales Electorales Departamentales y al Tribunal Supremo Electoral garantizar la transparencia en la fase de conteo de votos del proceso electoral.Según la información disponible, indica la CIDH, la Policía habría utilizado la fuerza para dispersar manifestaciones ciudadanas como la que se desarrollaba frente a la sede del conteo de las actas electorales, pese a que en esa instancia reclamaban de manera pacífica.La CIDH condenó la agresión que sufrió Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés, en el marco de estas protestas, como consecuencia de un impacto de un contenedor de gas lacrimógeno en su rostro que fue propinado por una persona aún no identificada.La CIDH tomó nota del llamado a un paro nacional, así como de la decisión de ejercer el derecho a la protesta por parte de distintos sectores de la población, incluyendo estudiantes, y profesionales de la medicina. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.