Al término de 49 entrevistas dominicales en la Sección Política de EL NUEVO DIARIO, el balance es que en su mayoría fueron visionarias de una situación que se avizoraba desde el propio 7 de enero de 2007, cuando en la primera conversación del año, el analista político y constitucionalista, doctor Cairo Manuel López, expresó que el recién electo presidente Daniel Ortega debía conformar un gabinete con personas profesionalmente capaces y no leales. A un año, ese anhelo no se cumplió.	Desde ese tiempo, se observaba que el Frente Sandinista estaba jugando una estrategia muy fina con la imposición de los CPC, poniendo como escudo la legalidad de éstos con base en el artículo 2 de la Constitución, y poniendo a sus adversarios en una situación incómoda, porque no podían derogar algo (los CPC) que estaba fuera de la ley, y que solamente existía de hecho, opinó el doctor Aráuz Ulloa.	El domingo 25 marzo, Tomás Borge habló de temas espinosos: Estado teocrático, matriarcado y aborto terapéutico, de un parlamentarismo “y algo más”. El parlamentarismo parece ser un tema guardado, por ahora, por el presidente Ortega, pero sospechamos que ese “algo más” es la crisis provocada por la imposición del proyecto político de Ortega-Murillo y la resistencia de una fragmentada oposición.	Pero en el ambiente se percibía un nuevo estilo de relaciones internacionales, marcado por una dependencia vehemente del gobierno de Venezuela. El 21 de enero, el embajador de Venezuela en Nicaragua, Manuel Gómez, desentrañaba cuán “chavista” se convertiría el gobierno de Ortega al firmar el tratado alternativo ALBA con ese país. Miguel Gómez descartó en esa ocasión que el presidente Daniel Ortega hubiera comprometido a Nicaragua a apoyar la política exterior de Venezuela respecto de Estados Unidos.	Cuando aún se percibía una ligera luna de miel entre el gobierno y los medios de comunicación, el 28 enero, el recién nombrado ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara Obregón, un rostro desconocido en la administración pública, habla de “reconciliación, desarrollo económico y justicia social”, promete un “rostro humano” en el nuevo gobierno y que honraría el compromiso de pagar la deuda interna y externa, tema que meses después se tornó polémico.	La alerta de la comunidad internacional fue expresa el 19 febrero, cuando los embajadores de Suecia, Finlandia y Noruega --Christensen, Luoto y Zetterberg-- explicaron a EL NUEVO DIARIO su interés en apoyar una reforma tributaria que diera mayor equidad impositiva. Piensan que es posible que el gobierno entable un diálogo al respecto con el FMI.	El 25 febrero, el presidente del MRS, Enrique Sáenz, advirtió que el gobierno estaba llevando al pueblo a una “democracia esquizofrénica”, al hacer notar el peligro de que el gobierno del presidente Daniel Ortega estaba falsificando las palabras, en donde el discurso oficial no encuentra relación con el mundo real; de modo que el autoritarismo político pase a llamarse “democracia directa”, y se hable de “comunicación” cuando se actúa en secreto. Esa sería la tónica futura del gobierno.	Un verdadero escándalo surgió desde el seno de la Asamblea Nacional, cuando el 11 de marzo, el diputado PLC Francisco Aguirre Sacasa --aunque dijo que el Presupuesto General de la República era responsable-- pidió que se investigara el origen de las asociaciones fantasmas y ONG vinculadas con diputados del PLC y del FSLN.	Los problemas internos en el FSLN no han estado ajenos en su primer año, y así, el 27 de mayo, Alejandro Martínez Cuenca declaró que “el sandinismo es más que Ortega”, y cifró sus esperanzas en que las cosas cambiarán en su partido y que Nicaragua puede permitirse la oportunidad histórica de vivir el proyecto de Sandino.	El 15 julio, René Herrera, magistrado electoral y principal asesor de Arnoldo Alemán, admite que “el PLC ha sabido sobrevivir”, y que existe optimismo porque considera que “la tormenta había amainado” y que la estrategia del gobierno de Estados Unidos de vetar a Arnoldo Alemán y apostar por Eduardo Montealegre es una de las causas fundamentales de la división de las fuerzas liberales, considera el magistrado electoral René Herrera.