El Bancorp fue creado en 2014 por Albanisa, la empresa privada-mixta de la que Petróleos de Venezuela (PDVSA) es propietaria del 51 por ciento y Petróleos de Nicaragua (Petronic) del 49 por ciento restante. La función del Bancorp era administrar los millonarios fondos generados por el acuerdo petrolero con Venezuela, “los cuales —como lo recordó LA PRENSA el 8 de marzo pasado— el régimen de Ortega recibió sin fiscalización pública desde el 2009”.	En realidad, la verdadera intención del régimen al crear el Bancorp, era proteger esos cuantiosos fondos de las sanciones de Estados Unidos (EE. UU.) a PDVSA, columna vertebral del sistema económico de la dictadura de Nicolás Maduro. Sin embargo EE. UU. extendió al Bancorp las sanciones a PDVSA, como lo informó el 7 de febrero pasado la subsecretaria de Estado de los EE. UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier. “Con un Estado policial, arrestos y ataques diarios a la prensa libre, Daniel Ortega, aliado de Maduro, continúa su campaña de represión en Nicaragua. (Por eso) las sanciones a PDVSA también tienen como objetivo Albanisa, Bancorp y todas las subsidiarias de propiedad mayoritaria”, aseguró la alta funcionaria estadounidense.	Ahora bien, la sanción de los EE. UU. a Bancorp no desaparece porque este fue comprado por el Estado para convertirlo en Banco Nacional. Así lo ha explicado el director para América Latina de la Asociación de Especialistas en Certificados de Delitos Financieros, Gonzalo Vila, en declaraciones a LA PRENSA publicadas la semana pasada.	Sin duda que esto lo saben Ortega y sus asesores financieros y políticos, pero lo más importante para ellos es recibir los 23 millones de dólares que deberá pagarles el Estado. Además, otros analistas consideran que con la creación del Banco Nacional, a pesar de que ya existe el también estatal Banco Produzcamos, aparte de lucrarse con los 23 millones de dólares de la turbia operación de venta y compra Ortega estaría sentando las bases de un nuevo sistema financiero estatal, predominante en la economía nacional. Esto de acuerdo con el modelo socialista de Venezuela, donde la banca pública controla el 77 por ciento del mercado financiero y la privada tiene apenas el 21 por ciento. El 2 por ciento restante le corresponde a las microfinancieras y empresas municipales de crédito.