“Habíamos manifestado que lo que estaba haciendo el Gobierno de convertir a Bancorp en un banco estatal no tenía futuro, sabiendo que EE. UU. iba a ajustar esa sanción y no iba a permitir en ningún momento que pudiera nacer ese banco. El hecho de que haya sido así te garantiza que no tengás que ver contaminado al resto del sistema. Es un resultado concreto”, aseveró Aguerri.	“Con la disolución se elimina el problema de tener un banco contaminado. Al hacer la disolución, la sanción mató al banco. La disolución de un banco es un tema serio para cualquier economía; hay clientes, fideicomisos, entonces va a generar un trastorno en las finanzas del Gobierno y las empresas asociadas al Gobierno. Esto es una muestra del efecto de sanciones internacionales en la estructura financiera del poder”, explicó.	La decisión de los accionistas de Bancorp fue unánime y se fundamentó en que la institución financiera “se encuentra imposibilitada de seguir haciendo negocios debido a la sanción impuesta por la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros de EE. UU.) el día 17 de abril del presente año”, expone la carta de la junta directiva de Bancorp.	El 8 de marzo de este año la Asamblea Nacional aprobó la ley para convertir a Bancorp en el Banco Nacional (BN) y el monto de la transacción se fijó en C$743,054,127.11 millones, que se pagarían a través de emisión de bonos de la República a un plazo de 5 años, con una tasa de interés del 6% anual.