“Los fondos originados en el convenio inicial suscrito en enero de 2007, posteriormente revisado, modificado en sus montos y ratificado en la cumbre del ALBA en Barquisimeto --versión esta última aún no ratificada por la Asamblea Nacional de Nicaragua--, están siendo administrados de manera privada a través de la empresa Albanisa sin ser sometidos a aprobación en el Presupuesto General de la República”, señala la misiva.	“Esta privatización de la cooperación venezolana alimenta el enriquecimiento de determinados grupos económicos vinculados con el gobierno, fomenta la corrupción entre los funcionarios nicaragüenses, contribuye a fortalecer un proyecto político de carácter personal y familiar del presidente Daniel Ortega a costa de la institucionalidad y del estado de derecho, y promueve un política clientelar”, dice la carta.	El documento recibido por un funcionario de menor rango en la Embajada de Venezuela señala que “se ha privatizado el uso de la cooperación oficial del gobierno de Venezuela y se ha manejado de manera discrecional sin que esto represente un vehículo de solución de los problemas sociales. Tampoco se está utilizando para establecer bases firmes que permitan el desarrollo futuro del país”.