En el último año, el Gobierno de Nicaragua recibió un paquete con al menos 64 recomendaciones que hicieron los organismos internacionales de derechos humanos, en el marco de sus visitas durante el contexto de la crisis sociopolítica que este 18 de abril cumplirá un año, pero muy pocas han sido acogidas.	“Dentro de esos acuerdos suscritos está el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otras convenciones internacionales, que mandan a que se respeten los derechos humanos de todo ciudadano de manifestarse libremente, de concentrarse libremente, de no ser violentado por el hecho de opinar distinto, eso es tan amplio y está establecido en la Constitución”, señaló el representante legal de la CPDH.	Por su parte, la CIDH a través del trabajo en el terreno del Meseni publicó una lista de 15 recomendaciones, y a la fecha el Gobierno sólo aprobó la referida a la creación de un mecanismo de investigación internacional “para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables” de las violaciones ocurridas.	Mediante un Acuerdo suscrito entre el Gobierno y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, el 30 de mayo de 2018, se constituyó el GIEI, equipo que contribuyó a la investigación y el esclarecimiento de los hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018.	El pasado 14 de diciembre de 2018, la representante regional para América Central de la OACNUDH, Marlene Alejos, se reunió con el Canciller Denis Moncada, en Managua, y aunque el Gobierno mantiene abiertos los canales de comunicación, todavía no permite a este organismo internacional “acceso directo e irrestricto a todo el país, incluyendo a los lugares de detención”, siendo otra de las medidas incumplidas.