El abogado del Estado, en una entrevista con EL NUEVO DIARIO, rechazó las afirmaciones que hizo el jefe del Departamento de Estado de EU para Centroamérica, John Feeley, a inicios de marzo, quien al visitar Nicaragua dijo que en el primer año de gobierno de Ortega no se habían resuelto muchos casos de estadounidenses que reclaman indemnizaciones por propiedades que les fueron confiscadas en la década de los 80.	Hoy tenemos 572 casos que corresponden a 376 ciudadanos estadounidenses, esto porque hay casos de gente que al irse en 1979 tenía un reparto con 29 lotes, y al volver a Nicaragua y reclamarlo, presentaron su reclamo no como un todo, sino por cada lote, es decir, sumando por todo una sola persona 29 casos.	También tenemos casos de sucesiones, de personas que se fueron, murieron y de repente, sus hijos reclaman como hijos de estadounidenses la sucesión. Eso nos trae distorsión, hemos querido poner un poco de orden, ya logramos crear el inventario de todas esas cifras que te dije, y por lo menos ellos (los estadounidenses) ya aceptan que esas cifras son correctas.	Hay una serie de distorsiones, porque ellos ven distinto los casos resueltos y los no resueltos. Los casos resueltos nosotros lo entendemos como los que se cerraron, se resolvió sea favorable o desfavorablemente, pero a ellos todavía les cuesta aceptar que nosotros resolvemos casos en contra, quieren que se los resolvamos todos a favor.	Lo que pasa es que nosotros no podemos resolver a favor lo que aquí antes era una práctica anormal, que era que Juan Pérez venía y decía que se fue a los Estados Unidos, y alega que dejó una finquita con cien vaquitas y no logró demostrar ni que tenía un fierro ante la Alcaldía de Tipitapa, entonces ahora nosotros le decimos que tiene que demostrarnos, con el pago de impuestos o con el matadero al que le vendía las reses, y si no lo hace, le damos improcedencia.	También están los casos de las sociedades anónimas en donde uno de los socios era estadounidense, y después venían a pedir en combo por toda la sociedad, nosotros lo rechazamos porque nada tiene que ver una sociedad nicaragüense con estadounidenses, porque somos personas naturales unos y jurídicas los otros, y les decimos que la ley hace la diferencia al igual que en Estados Unidos.	Otro aspecto que a ellos les duele, es que la gente que tenemos en la Procuraduría está centrada y orientada en la atención de los casos, y antes teníamos problemas con los “lobbistas” (encargados de lobbie), es decir, abogados comisionistas que te dicen que no te resuelven un caso porque como se trata de porcentajes de dinero para ellos, entonces los reclamantes no aceptan una indemnización.	Hay casos emblemáticos, como el de don Norman Senfel; se le confiscaron unas textileras en la Carretera Norte, y no hay dinero para pagarle, incluso doña Violeta le ofreció 300 mil dólares y no los aceptó, los gobiernos siguientes trataron de resolver, pero no se pudo, y cuando nosotros asumimos la indemnización andaba por el millón de dólares, se le ofreció más y no aceptó, y es por los abogados “lobbistas” que inducen a sus clientes a que no acepten.	Sin embargo, todo ha cambiado para los lobbistas, porque aquí ellos tenían oficinas y funcionarios que eran únicos y exclusivos para resolver reclamos de estadounidenses, y tenían acceso a los expedientes, hoy ya no tienen lugar de hacer lobbies u objetos de negociaciones, porque no es la naturaleza de un analista.	Lo que pasa es que la ecuación ha cambiado y ellos sienten que no responde, y es porque los intereses que nosotros defendemos son diferentes, y las posiciones son diferentes. Nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad de atender y darle trámite a los reclamos, pero con responsabilidad y con seguridad jurídica a nuestro presupuesto, seguridad jurídica a los demandantes de tierra, tanto a los de arriba como a los de abajo, para cumplir con ese arrastre diplomático que debemos honrar.	Aquí se pagaba con declaraciones juradas, venían y hasta les asesoraban, les recomendabas que fueran donde un abogado que diera fe de lo que el reclamante decía, y así venían y aseguraban que tenían 500 manzanas de tierra con diez tractores, y eso era suficiente documento para que se aceptara el reclamo y se le pagara la indemnización de esa; fueron millones de dólares de todos los nicaragüenses.	Muchísimo, yo diría que sustantivamente hemos neutralizado el tráfico de tierras, y los traficantes de tierra no tienen espacio porque les hemos cerrado todas las ventanas, todas las puertas, a través de los diferentes resortes que tienen que ver con el actuar del Poder Ejecutivo, la administración de rentas, los catastros físicos y fiscales, de manera que no es tan fácil ahora que un traficante vaya a registrar un bien del Estado con firmas o documentos falsos, eso se terminó.	También tiene que ver con que el Poder Judicial al que he tocado las puertas se ha sensibilizado para apoyarnos en esta lucha y darnos seguridad jurídica. No puedo decir que es un absoluto respaldo, pero se han disminuido (las anomalías) y hemos alcanzado consenso para que figuras jurídicas que han sido abusadas, como las mensuras judiciales, las prescripciones adquisitivas y los títulos supletorios, se detengan.	La voluntad política, porque los recursos incluso son menores ahora para la PGR que antes; el presupuesto nuestro es el más bajo del Estado, superado sólo por gastos varios, es entonces, deseo y voluntad de hacer bien las cosas, que tiene como objetivo avanzar sustantivamente en el tema de la propiedad, es disposición del gobierno.	Las tierras de comunidades indígenas en diferentes partes del país son generadoras de conflicto, y tenemos que resolver este asunto con el concurso del Poder Judicial, de manera que no se sigan haciendo transferencias de bienes de comunidades indígenas y del Poder Legislativo para que se dé una moratoria y una delimitación, porque los indígenas también han abusado, porque andan a veces con títulos reales que han engordado.