Pese a que al proyecto del canal interoceánico de Nicaragua no se le ve futuro al haber cumplido seis años desde que se entregó la concesión al empresario chino Wang Jing y no desarrollar obras o conseguir financiamiento, los campesinos que están ubicados en la zona canalera aseguraron que continuarán con su lucha, porque el objetivo es conseguir la derogación de la Ley 840.	Según Medardo Mairena, líder campesino de la comarca La Unión, en Nueva Guinea, y a quien el régimen de Daniel Ortega mantuvo en la cárcel casi durante un año, que no se haya desarrollado ninguna obra en los seis años que suman desde que se entregó la concesión, es muestra de que el proyecto nació muerto y a su juicio todo era para expropiarlos a ellos, utilizando al empresario asiático como testaferro.	“Sabemos que la ley está vigente. Sabemos que el contrato con el chino se vence, pero la ley todavía continúa vigente. Sabemos que es una ley amañada, que pretende despojarnos de nuestras propiedades y hoy más que nunca estamos seguros de que sí se puede luchar, de que somos personas capaces para defender nuestras tierras, para proteger nuestras familias (…) para nosotros la lucha no ha terminado”, afirmó Mairena mientras regresaba a La Unión acuerpado por campesinos de la zona, quienes gritaban vivas en su nombre y no quieren saber nada del canal.	El rechazo a este proyecto que el orteguismo impuso, porque la mayoría de los nicaragüenses lo rechazó desde el principio, se evidencia desde que se transita por el camino que va a La Unión: a los lados de la trocha que está llena de pegaderos van apareciendo postes de energía eléctrica con la frase “no queremos Canal, fuera” y “no al Canal”. En el poblado esas frases no se leen, pero se escuchan entre el campesinado.	Hubo tiempos que la vida del campesino se basaba en trabajar la tierra, pero todo cambió cuando en Managua se empezó a hablar del canal, la Asamblea Nacional —dominada por el orteguismo— aprobó la Ley 840 y se determinó la ruta definitiva. A la par de sembrar y ordeñar la vaca, estaba la preocupación de su futuro.	“Nosotros no vamos a quedarnos con los brazos cruzados, continuaremos apoyando a los hermanos campesinos y ahora que hay mucho pueblo en la ciudad que dice ‘me siento representado por el movimiento campesino’, el reto es mucho más grande porque todos sabemos que las demandas han sido grandísimas y este gobierno no quiere escuchar. Eso no significa que aun teniendo las armas y que abusa del poder y actúa como un cobarde asesinando, secuestrando y torturando, no significa que nosotros vamos a doblegarnos, vamos a continuar hasta las últimas consecuencias por la libertad de Nicaragua y el futuro de nuestros hijos”, manifestó Mairena desde la montaña.	El Tule es un poblado que pertenece al municipio de San Miguelito, que en diciembre de 2014 decidió junto a otras comunidades vecinas levantar un tranque en la carretera Acoyapa-San Carlos y fue atacado con brutalidad por fuerzas especiales de la Policía Orteguista. La sangre corrió y más adelante continuó la represalia con el asedio a los pobladores y cárcel a su líder, Lener Fonseca, quien estuvo preso durante siete meses por supuestamente financiar al terrorismo en el contexto de la crisis sociopolítica.	“Antes del canal, hace siete años, había un poco de apoyo de la Alcaldía en el caso de San Miguelito, después de eso como toda la gente se puso en contra de que nos fuéramos a la calle (expropiaran) injustamente, entonces la Alcaldía nos ha abandonado, para sacar nuestros productos nosotros tenemos que componer nuestras carreteras. Hasta ahora oigo decir que están haciendo una carretera a San Miguelito, están empezando (…) nosotros componíamos la carretera y en el presupuesto de la Alcaldía salía como que la había hecho la Alcaldía. El respaldo de la Alcaldía ha sido nulo para nosotros”, reveló Fonseca.	Para reunir los fondos con que se repararían los caminos donde salen los camiones y que por ser una zona donde llueve constantemente se crean pegones, los campesinos destinaban una parte del dinero que recibían por cada libra de queso vendida y así garantizaban el transporte de los productos, desde la comunidad El Fajardo hasta El Tule.	Aunque este líder campesino estuvo siete meses en la cárcel y fue liberado el pasado 11 de junio, maneja que producto de la persecución orteguista decenas de campesinos de El Tule han migrado a Costa Rica, pasando calamidad después que en Nicaragua no les faltaba pan en la mesa. “Casi nadie trabaja la tierra allí y los productores tienen problemas porque los que tienen finquitas más grandes no tienen gente para trabajar. El grano y la leche se venden muy baratos y no hay para pagar bien a los trabajadores”, explica Fonseca.	Pedro Mena, también líder campesino y oriundo de La Fonseca, Nueva Guinea, aseguró que no le tienen miedo al régimen porque están organizados y tienen el respaldo del resto de campesinos y gente de la ciudad. Eso los motiva a continuar alzando la voz, anhelando el día que no habrá Ley del Canal y todo se concentrará en continuar trabajando la tierra.	El 13 de junio de 2013 el parlamento de Nicaragua aprobó con 61 votos a favor la Ley del Canal Interoceánico, cediendo la soberanía al empresario chino Wang Jing. El mes pasado se cumplieron seis años desde la aprobación y firma para el proyecto con la empresa HKND, pero ninguna obra se ha podido ejecutar. La construcción del canal demanda una inversión de cincuenta mil millones de dólares y, según los diseños presentados en su momento, el canal tendría una longitud de 278 kilómetros y se afectaría a 277 poblados.