y congelar los activos de las personas u organizaciones que han desempeñado un papel clave en los numerosos abusos contra los derechos humanos cometidos por el régimen. Nuestras sanciones son individuales, reversibles y, sobre todo, diseñadas para no dañar a la población nicaragüense, como lo solicitó el Parlamento”, declaró Josep Borrell.	“La posición de la UE ha sido coherente desde el comienzo de la crisis. Nuestra política es apoyar una solución pacífica, negociada y, sobre todo, democrática. Como es el caso de los venezolanos, solo el pueblo nicaragüense puede elegir a sus líderes y representantes en una elección libre y justa de acuerdo con los estándares internacionales. Aquí podemos decir exactamente lo mismo que con Venezuela. Y el Gobierno debe respetar y proteger los derechos humanos y las libertades de las personas”, expresó Josep Borrell.