“A un año de la publicación de su informe final ‘Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua’, la comisión reitera al Estado de Nicaragua el deber de dar cumplimiento a las recomendaciones 1 y 2, con el fin de cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas”, señala el documento.	“Asimismo, en los meses de mayo y junio, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) documentó un incremento de actos de hostigamiento y represión para contrarrestar e inhibir las formas de protestas sociales improvisadas por la población, entre otras, por medio de la toma de represalias contra los negocios que participaron en el paro nacional del 23 de mayo, el asedio permanente a plantones exprés, así como a cualquier acto en el que participan personas excarceladas o personas identificadas como opositoras al Gobierno, incluyendo celebraciones religiosas y misas”, agrega.	“Ya llevamos más de un año desde los sucesos de abril, todo debidamente documentado por instituciones creadas de manera profesas, como el Grupo Internacional de Expertos Independientes, el Mecanismo Especial de Seguimiento a la Situación de Nicaragua. Ya no hay nada más que decir; información exhaustiva, detallada, abundante y el Gobierno simplemente parece que no escucha, que no tiene interés en reaccionar al clamor interno e internacional”, argumentó Díaz.