La legalidad de las funciones de los CPC sería definida por la Corte Suprema de Justicia en virtud de un recurso legal interpuesto contra la ley aprobada por los diputados. La oposición y diversos sectores sociales consideran estos CPC como una reedición de los Comités de Defensa Sandinista (CDS) que durante los años 80 fueron "oídos y ojos de la revolución" para vigilar y controlar a los ciudadanos.