Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptaron el condicionamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de realizar una transformación al modelo judicial a fin de optar a un préstamo de doce millones de dólares para construir el Complejo Judicial de Managua, pero ese condicionamiento no los faculta a violar la Constitución y las leyes para imponer el modelo que además resultó un verdadero desastre.El préstamo No. 74/SF-NI “Programa de Fortalecimiento Judicial y Acceso a la Justicia”, altamente concesional, fue aprobado por la Asamblea Nacional el tres de julio de 2001 con un plazo de pago de 40 años, incluyendo diez de gracia.A partir de los diez años, una tasa de interés del 1 % hasta los diez años a partir de firma del contrato, y de 2% por año desde esa fecha en adelante. Una comisión de crédito de ½ % que empezará a devengarse a los doce meses, contados a partir del 28 de febrero de 2001, en que el directorio del BID aprobó el financiamiento.Un disparate comenzar en ManaguaEl vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, reconoció que la ejecución del Proyecto de Gestión de Despacho Judicial en Managua fue condicionado por el BID para la construcción del complejo judicial, aunque la implementación en la capital no fue lo mejor, porque es donde se concentra la mayor carga de trabajo y lo más idóneo era experimentar en otro departamento.Explicó que el BID ha gestado la modernización judicial en Iberoamérica, y considera que primero debe cambiarse lo sustantivo, para luego pasar a lo físico. En otros países se construyen edificios y no llenan las expectativas para el servicio, esas lecciones y aprendizajes llevaron primero a la reforma sustantiva.Como es un contrato de préstamo, se pautó que primero se hiciera el nuevo modelo, que se encargó a una firma española, para después perfilar cómo se puede construir el edificio inteligente, dijo Solís.Reformar leyes… ¿para qué?Aunque la implementación del modelo implica en la práctica reformas de hecho a la Constitución, al Código Civil, al Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, los magistrados no presentaron ninguna propuesta de reforma a la Asamblea Nacional, y decidieron en el acuerdo 20 de la Corte Plena del 15 de junio de 2006, “la creación de la Comisión Permanente de Validación y Coordinación del Nuevo Modelo de Gestión de Despachos Judiciales”.En una de las partes, el acuerdo dice en cuanto a las “innovaciones legislativas y organizativas”, propuesta, definición y validación de modificaciones en la infraestructura jurídica del sistema; propuesta, definición y validación de las modificaciones a los manuales que soportan el Modelo Organizacional.Celia Villanueva, Directora de Proyecto BID-CSJ, dijo que el haber aceptado el condicionamiento fue un gran reto, porque la capital es la única que no tiene complejo judicial y si aplicaban el modelo en Matagalpa, por ejemplo, significaba hacer un edificio nuevo o remodelaciones.Una firma española sin experienciaVillanueva reconoció que la firma Azertia-Seintex ahora Indra, a la que encargaron el diseño de modelo, es primera vez que hace una implementación en una capital, porque sólo lo han hecho en zonas del interior de los países.Los magistrados aceptaron el diseño que les presentó la firma española que implica, según los abogados litigantes, violaciones a la Constitución Política, al Código Civil y Penal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula el funcionamiento de los tribunales de justicia, sin poner objeciones.Sin embargo, Villanueva afirma que los magistrados y una comisión muy amplia, trabajaron en la revisión del diseño presentado por la firma española y no encontraron violaciones de ningún tipo.La compañía española explica en su página electrónica que ha diseñado un nuevo modelo organizacional y sistema de gestión para la CSJ, por 1.8 millones de dólares, que automatizará las operaciones en los tribunales y será un referente en Centroamérica.Villanueva explicó que en el componente Gestión de Despacho, consultoría, dotación de equipos e ínter conectividad, se han gastado tres millones de dólares de los fondos BID.La consultaría (firma española) costó un millón 700 mil dólares; la dotación de equipos, 800 mil dólares y la interconectividad, medio millón de dólares.Mala remodelaciónEn remodelación en los juzgados, la CSJ invirtió unos dos millones de córdobas de fondos propios de la CSJ, indicó Villanueva.No obstante, la remodelación, según consultas con los usuarios de los juzgados, representa un serio peligro a la hora de un incendio o de un temblor, porque tiene recovecos por muchas partes que impiden la movilización rápida en una emergencia.Según Indra, en colaboración con la CSJ diseñó un modelo y sistema de gestión de despachos judiciales que incluye un nuevo esquema de organización judicial, y un sistema automatizado de gestión de despachos, pensado para aumentar la eficacia y eficiencia de las instancias judiciales.Creó lo contrarioEl convenio persigue incrementar el acceso del ciudadano a la justicia y mejorar la calidad del servicio judicial, indica la firma española. Sin embargo, en la práctica creó siete oficinas con acceso restringido: la Oficina de Asuntos en Trámite, (una de las más importantes porque están los expedientes del día).La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), Oficina de Mensajería Interna, “pull” civil y penal, Juzgados de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, y Despachos de Audiencia y de Juicio del Área Penal.El modelo organizacional de la Administración de Justicia, diseñado por Indra, se soporta en un sistema de gestión desarrollado por la compañía, que es una solución tecnológica que, entre otras funciones, facilita la comunicación electrónica entre los abogados y los órganos judiciales, provee el acceso a la justicia del ciudadano a través de internet, y tiende a conseguir la implementación del expediente judicial electrónico a medio plazo.Entre los beneficios que aportará este nuevo modelo al Poder Judicial, según Indra, destacan el facilitar la gestión procesal, controlar el desempeño del órgano judicial, determinar y gestionar la agenda del juzgado, así como de los intervinientes en los procesos, y elaborar las estadísticas e indicadores judiciales.22 oficinas antes de llegar a juezSin embargo, según la abogada Glenda Orozco, lesiona el derecho a la defensa, violenta el derecho al trabajo de los abogados, crea desigualdades y va en contra de la transparencia, porque existen 22 oficinas antes de llegar al juez, con quien no se puede hablar.La firma consultora terminó su permanencia en el país el 31 de abril y tiene un plan de seguimiento para apoyar con visitas puntales de 15 días, cada dos meses, a efectos de ajustar el refinamiento al modelo en diciembre, cuando termina el contrato, explicó Villanueva.Según ella, independiente de las situaciones surgidas alrededor del modelo, la CSJ considera que la firma cumplió con las expectativas en torno al contrato firmado en diciembre de 2005, y aunque terminaría en diciembre de 2007, fue ampliado.