El ex candidato presidencial, Edmundo Jarquín, afirmó que el mandatario Daniel Ortega mintió cuando dijo que si no fuera por la ayuda venezolana el país estuviera en una profunda crisis energética con apagones de hasta 12 horas, porque antes que asumiera el poder, su antecesor, Enrique Bolaños, pretendió adquirir una barcaza que generaría más energía y que hubiese salido más barata que las plantas de Caracas.	Ortega confesó esta semana que maneja un presupuesto paralelo de 520 millones de dólares, y que las plantas “Hugo Chávez” y las Albanisa, como se conoce a las Hyundai, que fueron recién instaladas, significan una deuda para el país de más de 207 millones de dólares, y fueron adquiridas sin ningún proceso de licitación como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 323).	Lo que dijo Ortega“(La ventaja que tenemos es) que los hermanos venezolanos no nos andan preguntando cómo las vamos a pagar, no nos ponen todas las trabas y condiciones que ponen los organismos o algunos cooperantes, porque de lo contrario estaríamos con apagones de 12 horas en Nicaragua o más, más, más”, dijo Ortega, al hablar de la deuda de las plantas.	“Las plantas Hugo Chávez generan a su máxima capacidad 48 megavatios que son carísimos, porque se producen a base de diesel y fueron las que se utilizaron para paliar los apagones del año pasado, pero si se hubiese tenido la barcaza que trabaja con búnker, ni apagones se habrían dado, porque estábamos hablando de 80 megavatios al sistema”, dijo Jarquín.	En ese sentido recordó que el presidente de la Contraloría, el sandinista Luis Ángel Montenegro, defendió en mayo del año pasado la manera en que operaban las plantas eléctricas venezolanas, pues su traída a Nicaragua no constituía una violación a las leyes nacionales, y más bien habían servido para paliar el déficit energético del país.	Más enredos con los númerosLos más de 207 millones de dólares que Ortega dijo que se están invirtiendo, a través de los fondos ALBA, en plantas para la producción de energía eléctrica, tampoco encajan con las cifras dadas por los funcionarios que están al frente en materia energética, que en este caso son Emilio Rappaccioli y Lorena Lanzas, titular y segunda titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), respectivamente.	“Sólo inversión en generación, esas plantas de 60 megavatios cada una, que hacen 120 megavatios, más otras plantas que vienen y que van a generar 120 megavatios más, eso cuesta 207 millones 680 mil dólares”, señaló el gobernante el pasado miércoles en cadena de televisión cuando se dirigió a la nación.	El 31 de enero pasado, Lanzas reveló en las instalaciones del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), que Albanisa ya contrató con la Hyundai otros 120 megavatios adicionales que funcionarán a base de búnker, y aseguró que 30 de esos 120, serán donados por Taiwan, mientras que los restantes 90 serán comprados con capital de Albanisa.	En esa ocasión, la viceministra de Energía y Minas también reveló que la inversión que ALBA Petróleos de Nicaragua S.A. (Albanisa) por cada megavatio instalado de las plantas Hyundai tiene un costo de un millón de dólares, es decir, que está invirtiendo unos 60 millones de dólares en la instalación de los nuevos 60 megavatios de energía a base de búnker que están instalando en los emplazamientos de Managua, Masaya y Tipitapa.	Explicó que la instalación de esos 60 megavatios son objeto de un contrato entre Albanisa y la empresa coreana Hyundai, y reveló que Albanisa pagará esa inversión, mientras la estatal Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) firmaría un contrato con Albanisa para arrendar con opción a compra de dichas plantas, y hasta que se recupere la inversión, las máquinas pasarán a manos del Estado.	Hasta el momento, y luego de la confesión del mandatario de que los fondos de Alba son también un presupuesto paralelo, lo que significa una deuda pública, nadie ha explicado si existe un contrato de compraventa de energía conocido como Power Purchase Agreement (PPA por sus siglas en inglés), los cuales establecen obligaciones de pago por potencia contratada.	Es decir, un compromiso de parte del comprador de pagar por la capacidad de generación que tienen las plantas haga o no uso de la energía eléctrica producida, con el fin de recuperar la inversión, adicional a la energía suministrada, cuyo pago es asumido por los clientes del servicio de energía.	END intentó conocer la versión de Rappaccioli en torno a las contradicciones entre los mismos funcionarios, sobre todo en los montos expuestos por Ortega el pasado miércoles y las cifras dadas por los funcionarios del MEM, pero luego de escucharnos sobre esa solicitud, cortó la llamada, y después ya no respondió al teléfono.	El ex contralor dijo que desde el punto de vista de transparencia “no ha sido el proceso más correcto” el que se ha seguido para la adquisición de las generadoras, pero insistió en que como no hay deuda estatal no se ha tenido que cumplir con la Ley de Contrataciones o Ley de Deuda Pública.