Durante la presidencia del Ing. Enrique Bolaños (2001-2006), se planteó una nueva oportunidad. El Canal 6 originó una crisis política. El presidente Bolaños acusó directamente al ex presidente Arnoldo Alemán de convertir al Canal 6 en un negocio a través del uso indebido de los caudales públicos. Más allá de estas acusaciones entre los miembros de la clase política, desde nuestra función académica, vislumbramos una nueva oportunidad para la creación de la televisión pública en Nicaragua.	Bolaños cerró Canal 6 (2002) y se comprometió a su reapertura seis meses después. Para quien estaba convencido de las bondades de la televisión pública, el compromiso tenía que traducirse en llamar la atención del presidente Bolaños sobre la conveniencia para el país de contar con la televisión pública. El mandatario conocía de la trascendencia de la televisión, al extremo que la petición que formuló al gobierno sandinista en 1988 en su calidad de presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), fue la concesión de una frecuencia de televisión.	Se pretendía aprovechar la nueva situación para introducir otra manera de operación del Canal 6. Con claridad se estableció que el nuevo concepto debería ser el “principio que define la televisión pública: convertirse en espacio estratégico para la recreación de lo público --que no debemos asimilar con lo estatal--, democrática no sólo en su gestión, sino democrática en la acogida que proporcione a los diferentes rostros que configuran la nacionalidad nicaragüense: las distintas etnias, mujeres, niños y demás sectores estructuralmente excluidos por las televisoras nacionales”.(Rothschuh, Guillermo. Llover sobre mojado; Managua, UCA, 2003). Pero una vez más, la propuesta no tuvo eco.	El Canal 6 continúa fuera del aire. Todavía el gobierno del presidente Ortega no ha reabierto el canal. Esta circunstancia da la oportunidad de plantear una vez más la apertura de la televisión pública en Nicaragua. La iniciativa desplegada por Unesco y su compromiso explícito de “promover la diversidad de los medios de comunicación, comprendiendo la promoción del servicio público de radiodifusión” se convierte en un importante estímulo. La publicación del libro Marcos Constitucionales y el Servicio Público de Radiotelevisión en América Latina (2006), de Alejandro Serrano Caldera, bajo el sello de la Unesco, ha venido a convertirse en un formidable acicate regional, al mantener viva la esperanza de que el modelo de televisión pública traerá enormes beneficios a la sociedad nicaragüense.	Nada pone más a prueba la identidad de los pueblos que la arremetida del proyecto globalizante. La televisión constituye su barco de proa. Con esa genuina tendencia de apostar en contra de los intereses del país, el gobierno de Enrique Bolaños votó en contra de la Convención para la protección de la diversidad de contenidos y expresiones artísticas, debatida en el seno de la Unesco, aprobada por 121 estados, el 21 de octubre de 2005. Los únicos países que se opusieron a la firma de una convención, necesaria para la existencia de una auténtica comunidad abierta al mundo, pero con asideros propios, fueron los Estados Unidos, Israel y Nicaragua. Volvíamos a convertirnos en el vagón de cola. En acólitos de una visión que en nada beneficia al país.	La Unesco en virtud de la Estrategia a Plazo Medio 2002-2007 adquirió entre diversos compromisos contribuir a la realización de programas adaptados a los diferentes contextos sociales, ratificando que los servicios públicos son los que mejor pueden contribuir a “reducir el peligro de la uniformidad cultural”. Una realidad que todos los países empobrecidos están enfrentando. Como lo expresa lúcidamente Martín Jesús Barbero, “el mundo atraviesa hoy una peculiar situación cultural: una creciente conciencia del valor de la diferencia, del pluralismo y de la diversidad en el plano de las civilizaciones y las culturas étnicas, de las culturas locales y de género, que enfrentan un poderoso movimiento de uniformación de los imaginarios cotidianos en los modos de vestir y gustos musicales... en las narrativas con mayor público en el cine, la televisión y el videojuego”. Para contrarrestar este viaje en picada, la televisión pública constituye un reno formidable.	El entramado jurídico del país vinculado con el tema de la comunicación será objeto de modificaciones durante los próximos meses. Incluso el Frente Sandinista ha planteado la sustitución del sistema presidencialista por uno parlamentarista. Existe consenso entre las fuerzas políticas en el seno de la Asamblea Nacional de que la Ley 200, de Telecomunicaciones y Servicios Postales, tiene que ser modificada sustancialmente, para  que el nuevo instrumento jurídico responda al desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías de comunicación, y como una manera de evitar que la renovación de frecuencias sea utilizada como premio o castigo político. Esta circunstancia se convierte en el momento propicio para contemplar en su articulado la creación de un sistema de radiodifusión pública.	El gobierno del presidente Ortega ha sido crítico severo del fundamentalismo del mercado, que tiene como otro de sus principales paradigmas a la comunicación. No se puede soslayar la realidad del mercado, se rechaza toda actitud encaminada a convertirlo en un absoluto. El mercado no genera lazos societales, puesto que opera anónimamente, y su funcionamiento sólo engendra satisfacciones o frustraciones, pero nunca sentido. Nadar a contracorriente de las leyes del mercado, se ha convertido en un imperativo de los tiempos, en especial en el ámbito de la comunicación. Se trata de una cuestión de vida o de muerte. No vayan a pensar que exagero. El análisis del contexto mundial expuesto en La era de la información de Manuel Castells, permite comprobar esta realidad empírica, expuesta por este noble catalán. El tercer mundo está haciendo implosión.	Una cosa clara es que la determinación para el surgimiento de la televisión pública en Nicaragua, es sobre todo y antes que nada una decisión política. Estará en la voluntad del gobernante y de los miembros de la Asamblea Nacional decidirse de una vez por todas por la creación de la televisión pública en el país. Su creación exige de una definición clara y precisa. Los legisladores y el presidente deben estar convencidos que se trata de un sistema de radiodifusión que beneficia a la sociedad nicaragüense en su conjunto. Ésta será tal vez la última oportunidad que se presente para concretar dicha iniciativa.	Las nuevas tecnologías y los denominados medios de comunicación no pueden asimilarse ni tratarse como simples mercancías. La naturaleza de sus efectos y la manera en que generan diversas visiones y una única concepción del mundo; su carácter irradiante y envolvente, la permeabilización de las culturas y las sumas millonarias que generan, obligan a darles un tratamiento diferente en las legislaciones. En Europa, después del deslumbramiento de la desregulación, acontecimiento que hizo posible la existencia de la televisión privada, los mismos cantautores de la desreglamentación han vuelto sobre sus pasos y son proclives a abrir de nuevo espacio a la televisión pública.	Nunca como hasta ahora los peligros de una visión única se ciernen sobre la humanidad. Cuando el ser humano cuenta a su favor con infinitas maneras de expresión, las posibilidades de traducirlas a la práctica se ven clausuradas ante la concentración de los medios de comunicación en unos pocos conglomerados que expanden por el mundo sus arterias con inusitado entusiasmo. Vivimos un momento de inflexión. No puede continuarse aceptando como dogma el principio del dejar hacer y dejar pasar, que únicamente favorece a los pocos países del norte y unos cuantos del sur.	La naturaleza de la instalación del servicio público, su carácter pluralista y su autonomía funcional, administrativa y financiera, sostenida con recursos públicos, constituye un verdadero desafío para un gobierno que mantiene como premisa de su gestión la participación ciudadana. Nada mejor que traducir a la práctica esta forma de funcionamiento que demanda la televisión pública. En Nicaragua persiste un déficit acumulado de tolerancia en todos los órdenes. Éste es un mal que aqueja a todos los sectores de la sociedad nicaragüense.	En materia de comunicación, como en otros aspectos de la vida nacional, Nicaragua no puede continuar siendo el país de las oportunidades perdidas. El reto de la importancia y necesidad de la televisión pública debe ser asumido con la mayor naturalidad del mundo. Las condiciones necesarias para la creación de la televisión pública en Nicaragua están dadas. A lo largo de estos años se ha acumulado experiencia, habilidades y destrezas en la producción televisiva de cierta calidad, la ciudadanía no quiere más de lo mismo, la precariedad del sistema de televisión comercial exige otras alternativas, la ciudadanía quiere ver el país que no vemos debido a la conexión con la sonda trasnacional.	¿Perderá Nicaragua, la que sería tal vez su última oportunidad histórica para crear un sistema de radiodifusión pública que favorezca a la mayoría empobrecida de este país? ¿Un sistema que permita recrear y ahondar en nuestros propios valores? ¿Un sistema que posibilite ver la Nicaragua profunda, la eterna desconocida y siempre postergada? La creación de la televisión pública vendría a equilibrar ese desbalance sensible originado por la preeminencia del sistema comercial de comunicación. Hay que sacar de los muros universitarios el debate. ¡Ahora es cuando!