La Comisión Porras fue creada por los diputados orteguistas el año pasado para supuestamente investigar los crímenes cometidos durante las protestas ciudadanas, a partir de abril del 2018. Sin embargo, esa entidad es criticada por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición debido a que en sus informes repite la versión del régimen de Daniel Ortega de que las protestas fueron actos de “violencia y rompimiento del orden constitucional”.	El trámite entre la solicitud y la aprobación duró entre julio y octubre del 2019, siendo un proceso expedito, teniendo en cuenta que la Comisión de Gobernación suele tardar más de seis meses en dar el visto bueno para que a una organización sin fines de lucro se le apruebe la personería en la Asamblea.	La presidenta de junta directiva de la Cadpi es Ana Lucía Alemán Cunningham, el vicepresidente es Otis Plazaola Cunningham, la secretaria es Eileen Delia Mairena Cunningham y la tesorera es Nadezhda Esperanza Fenly Mejía. El fiscal es Óscar Horacio Aguilar Colindres, la primera vocal es Adilia Auxiliadora Alemán Cunningham y la segunda vocal es Delia Rose Cunningham Kain.	“No hay ese consentimiento con esta asociación, por lo que están haciéndolo a espaldas de los pueblos indígenas. Se trata de una familia que no tienen vínculos con las comunidades, ni siquiera ellos son indígenas, pero todo esto (la asociación) es para beneficio familiar. Por lo que es una aberración ética que se apruebe la personería jurídica a esta asociación familiar”, reclamó el diputado Rivera.	¿En qué áreas trabaja la asociación familiar de los Cunningham? De acuerdo al documento de solicitud de la personería jurídica la asociación se dedica a «contribuir a la gestión de conocimientos y al buen vivir de los pueblos indígenas y comunidades étnicas en el marco de los derechos establecidos en la autonomía regional multiétnica de la Costa Caribe Nicaragüense».	La orteguista Florence Levy, presidenta de la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes en el Legislativo, fue quien presentó la solicitud para que se le aprobara la personería jurídica a la asociación Cadpi. Levy calló sobre los señalamientos de que se viola la ética al favorecer a una organización dirigida por una familia solo por estar relacionada con un funcionario que responde a los intereses del régimen orteguista.	La Comisión Porras la integran Cairo Amador, Mirna Cunningham, Francisco Uriel Molina, Jaime Francisco López Lowery. También era parte Adolfo Jarquín Ortel, quien falleció el pasado agosto. El trabajo de ellos ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición debido a que la Comisión Porras ha repetido en sus informes sobre la crisis sociopolítica, iniciada en abril del 2018, el discurso del régimen de Daniel Ortega de que las protestas ciudadanas fueron hechos de “violencia y rompimiento del orden constitucional”. Han defendido el actuar represivo de la Policía Orteguista (PO) contra las manifestaciones.	La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) documenta  328 personas asesinadas en la jornada de represión a las protestas desde abril del 2018. Sin embargo, la Comisión Porras ha ido reduciendo el número de víctimas, primero cifró en 269 los fallecidos, pero en el tercer informe correspondiente a febrero del 2019 registró 253 los muertos.	Cairo Amador, presidente de la Comisión Porras también es favorecido por los diputados orteguistas ya que su esposa Azucena de los Ángeles Núñez Blandón, en el último año empezó a trabajar en la Asamblea donde ha tenido una rápida promoción ya que pasó de ser del equipo del área de Protocolo a ser responsable de Servicios Generales.	Azucena Núñez Blandón fue contratada en la Asamblea a los pocos meses de conformada la Comisión Porras y en plena represión a las protestas ciudadanas. A Núñez Blandón se le asignó un puesto en el área de Protocolo sin que para entonces hubiese disponible un cargo, según fuentes legislativas por lo que su ingreso fue visto como un «favor» hacia Amador de parte del orteguista, Gustavo Porras, presidente del Legislativo y sancionado por violación a los derechos humanos de los nicaragüenses por Estados Unidos y Canadá.	Mirna Cunningham es exdiputada sandinista, de profesión médica cirujana y aunque en el pasado fue considerada activista indígena su defensa del régimen de Ortega le ha valido campañas de las comunidades indígenas de la Costa Caribe, quienes ha emitido comunicados y realizado gestiones con organizaciones internacionales para desautorizar a Cunningham para representarles en eventos en el exterior.