“Mientras no se logre un acuerdo político, toda entidad vinculada o usada por ellos (el régimen Ortega Murillo), está expuesta a sanciones, porque  la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) decide de manera unilateral y francamente arbitraria, sin consulta, sin presunción de inocencia, a quién sancionar (…) entonces ahorita que el MEM va administrar el inventario de DNP está expuesto”, dijo Agustín Jarquín, excontralor de la República de Nicaragua.	Y es que las entidades públicas no están inmune a las sanciones de Estados Unidos. En abril de este año, como parte de la presión que  Estados Unidos ha emprendido en Nicaragua, Venezuela y Cuba, para forzar una transición a la democracia, el Departamento del Tesoro incluyó en su lista negra al Banco Central de Venezuela.	«Estamos sancionando al Banco Central de Venezuela para evitar que sea usado como herramienta por el ilegítimo régimen de (Nicolás) Maduro, que sigue saqueando los activos de Venezuela y explotando las instituciones gubernamentales para enriquecer a personas corruptas vinculadas a ellos», dijo en su momento en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.	El economista y exdirector de la Dirección General de Ingresos, Róger Arteaga dijo a otro medio que el MEM podría ser sancionado.  “No es remoto de que si el que va a manejar ahora la importación de petróleo va ser el MEM, entonces habrán sanciones para el MEM; porque le están dando una facultad de disponer, asignar, delegar a quien le va a dar el suministro que ellos importen de petróleo, de nuevo sería estar buscando nuevos testaferros”.	“Es importante una auditoría que determine cuál fue la evolución que han tenido esos activos y su régimen de administración; la auditoría te va decir además de eso, los flujos de recursos que manejaban, las utilidades que se han generado y es conveniente ahorita, porque es en este momento que se está terminado el contrato”, dijo Jarquín.	En cuánto a los activos de DNP, Jarquín señala que son propiedad del Estado, por eso con la reciente ley no hacen alusión, más que de los inventarios de combustible, que sí es propiedad de los que administraban las estaciones y centro de almacenaje, en este caso los allegados a la familia Ortega Murillo.	“Hasta el día de hoy no se tiene evidencia de que hubo una enajenación, renta o traslado de esos activos, sigue siendo de Petronic, yo no conozco que haya habido una actividad, ni administrativa, ni jurídica, ni de la Asamblea transfiriendo esos activos, y hay que recordar que cuando terminó el contrato con Glencore, hay una documento donde detalla el finiquito de los emprendimientos que Glencore desarrolló, ahí decide el Estado de Nicaragua adquirirlo y pasárselo a la familia presidencial”, explicó Jarquín.	“El que hayan delegado al MEM como regulador de las transacciones, indica que la concesión va a terminar a nombre del gobierno, porque los activos han sido siempre de Petronic, Petronic no está sancionada, además si Puma no quiere vender, ni UNO, por el hecho de no querer arriesgarse a las sanciones, el único que  puede hacerlo es Petronic y si no se quiere contaminar, va cambiar de razón social, pero es difícil saber qué están haciendo debajo de la mesa, pero el golpe fue definitivo”, dijo Arévalo.	El grupo Zanzíbar era dirigido por cuatro personas Sergio Solaris, que era el gerente financiero, según un perfil en LinkedIn;  Christhian Jarquín Mora, Jorge Isaac Casas y Mayling Alegría Doña, quien administraba 11 estaciones. Alegría junto a Yadira Leets Marín, exesposa de Rafael Ortega, son miembros de la junta directiva de la Fundación Somos TN8, según La Gaceta del 15 de mayo de 2012.