Otro punto ilegal en el caso, afirmó el abogado, es que los magistrados aplicaron la Ley de Amnistía a Pierson para liberarlo, cuando este no figura en ninguna lista de presos políticos, porque su caso no tiene nada que ver con las protestas sociales, sino que son delitos comunes como homicidio y portación ilegal de arma de fuego.	puesto que el régimen orteguista lo protegió desde el mismo día en que cometió el asesinato. La PO nunca lo presentó ante los medios oficialistas. La única audiencia que hubo fue privada en un día feriado nacional en Nicaragua (1 de agosto de 2018). Pierson fue condenado a 15 años de prisión, luego apeló y le bajaron la pena a 10 años.	Gutiérrez Solís admitió los hechos en esa audiencia preliminar, pero el juez Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, Abelardo Alvir no hizo el control correcto de legalidad de dicha admisión , explicó Funes, porque no pidió a la Fiscalía los medios de prueba que demuestran la culpabilidad del procesado y le diera certeza de lo que estaba aceptando.	El abogado Roberto Funes se presentó esta mañana en las oficinas del Ministerio Público para solicitar por escrito la copia del expediente de la brasileña Raynéia Gabrielle Da Costa Lima Rocha, por ser su representante, pero en recepción le dijeron que no podían aceptarle el escrito, porque lo tenía que recibir el fiscal que lleva la causa, Lenín Castellón Silva.	El archivo definitivo de la causa contra Pierson y su orden de libertad fue criticada por organismos internacionales de derechos humanos en julio pasado. Entre estos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) cuestionaron fuertemente la decisión de los magistrados orteguistas de la Sala Penal Uno del TAM ya que consideraron que esta acción genera “impunidad total” en casos de quienes mataron a ciudadanos civiles durante la represión gubernamental en el 2018.