“No podemos olvidar, lo que nos hicieron no tiene perdón de Dios”, dice Ivania Dolmus, madre de Sandor Dolmus, adolescente de 15 años de edad asesinado el 14 junio de 2018 durante la “Operación Limpieza” que ejecutaron los paraestatales contra los protestantes que levantaron barricadas por toda la ciudad de León.	Lo dice Ivania Dolmus, pero también lo respalda Mirtha Pérez, madre de Leyting Chavarría, de Jinotega, asesinado a los 16 años de edad, o también Tania Romero, madre de Matt Romero, de 16 años, y Francys Valdivia, hermana de Franco Valdivia —ejecutado en Estelí— y presidenta de la Asociación Madres de Abril (AMA), que aglutina a los familiares de varios de los protestantes muertos durante la crisis política que vive Nicaragua desde hace un año.	Esta es una realidad que choca en las narices de todos: las víctimas y sus familiares buscan justicia en un país acostumbrado a otorgar amnistías para solucionar las crisis políticas. En total, desde la independencia de Nicaragua en 1821 se han otorgado 52 amnistías, según un recuento de Enrique Bolaños Geyer. La primera se otorgó en 1829 y la última en el año 2000. O lo que es igual: se ha otorgado una amnistía cada poco más de tres años.	La palabra amnistía en griego significa: “Sin memoria (o recuerdo) u olvido mutuo y general de las cosas pasadas”. Es decir, no es un simple “perdón” o “indulto”, sino que va mucho más allá: es el olvido del pasado. No solamente significa librarse de una condena; es sobreponerse a la memoria colectiva.	Con la mesa de negociación instalada, se ha hablado de la amnistía “como una solución jurídica a la crisis”. Pero también es un tema que flota en el ámbito de los análisis y debates políticos. Y es aquí en donde encuentra un mayor grado de polarización, ya que mientras los familiares de las víctimas rechazan el tema, existe otro sector que lo puede ver como una vía, que bien utilizada, pudiera permitir acceso a la justicia.	Para el experto constitucionalista, Gabriel Álvarez, las amnistías en Nicaragua han fallado porque la gran mayoría han buscado dar impunidad a los responsables máximos que toman las decisiones y emiten órdenes políticas para cometer delitos graves. “Pero aún en aquellos casos en donde se buscó la reconciliación faltó institucionalidad para administrar la justicia en el país”, dice Álvarez.	En Domingo hacemos un repaso de las últimas amnistías, que abarcan desde el tiempo de los Somoza hasta las otorgadas por Violeta Barrios de Chamorro para lograr el desarme y la transición democrática. Siempre con la intención de lograr la “pacificación” y “reconciliación nacional”, pero que en la práctica muchas de ellas sirvieron para otorgar impunidad máxima a grupos políticos.	Durante su período presidencial, entre 1957 y 1963, Luis Somoza, el mayor de los hijos de Anastasio Somoza García, se decretaron tres amnistías. La primera funcionó para decretar perdón amplio y general sobre hechos sucedidos entre 1950 y 1957, tiempo en el cual ocurrió el asesinato de su padre, Somoza García, en 1956.	“Luis Somoza estaba amnistiando también a los ejecutores y a todos los posibles implicados y a todos los presos y exiliados, tanto culpables como inocentes en la muerte de Somoza García, así también como a los implicados en torturas y muertes posteriores”, escribe el expresidente Enrique Bolaños Geyer, en su recuento sobre las amnistías en Nicaragua.	“La mayoría de estos prisioneros fueron conducidos a unos cafetales de Carazo y ejecutados cruelmente. Algunos pocos fueron dejados vivos, conducidos a cárceles militares de la Loma de Tiscapa, y más tarde estos últimos fueron juzgados en Consejo de Guerra, los ejecutados sumariamente fueron parcialmente enterrados en una fosa común”, escribe en su libro “Memorias de un soldado” el coronel Francisco Boza.	A pesar de esta amnistía que liberó a muchos de los rebeldes de entonces, el país no encontró la calma anhelada por Somoza y en los años siguientes las sublevaciones subieron de intensidad. Así se dieron en 1959 los sucesos de Olama y Mollejones, donde se pretendía hacer una insurrección, y la masacre de El Chaparral, que luego provocó la marcha estudiantil en León que terminó en la masacre del 23 de julio.	A como la historia lo indica, la paz no llegó a lograrse después. El 11 de noviembre de 1960, por ejemplo, se dieron los llamados Cuartelazos de Jinotepe y Diriamba, planificados por el Partido Conservador, donde capturaron a varios de los implicados. Para lograr sus libertades, Luis Somoza promulgó otra amnistía en 1962 e hizo reformas electorales para entregar la presidencia al doctor René Schick Gutiérrez al año siguiente.	El gobierno argumentó que el desplazamiento era una medida para “garantizar la supervivencia de los miskitos que estaban expuestos en una zona tan conflictiva”. Sin embargo, la oposición argumentaba que lo que de verdad intentaban era romper la base social que tenían los miskitos levantados en armas en territorio de Honduras y también otorgar amnistía a los propios sandinistas involucrados en los delitos contra los miskitos.	Años después se filtró que los servicios de Inteligencia sandinistas se habían enterado de que los antisandinistas pretendían tomarse la franja nicaragüense de la ribera del río Coco para establecer un gobierno provisional, que de inmediato sería reconocido por la comunidad internacional, incluyendo Estados Unidos. Es por eso que no dudaron en trasladar a 42 comunidades indígenas miskitas desde el río Coco hasta unos nuevos campamentos que se les dio irónicamente el nombre de Tasba Pri (Tierra Libre).	El traslado se realizó sin previo aviso para no alertar a la Contra, mientras el EPS quemaba casas y cultivos para no dejar rastros. Meses después este traslado fue fuertemente criticado por grupos opositores y obispos católicos, entre ellos, José Wolf, sacerdote norteamericano que en carne propia vivió el desplazamiento ya que trabajaba con los miskitos.	“Ese 23 de diciembre de 1981 fui testigo ocular del desaparecimiento de 23 personas, y para no dejar huellas las fusilaron en el río Coco, el cual es fronterizo con Honduras: quisieron ocultar al pueblo esa verdad que está allí y nadie ha pagado por esa masacre”, dijo Wolf en Boston meses después, y añadió: “Después de 24 horas los cuerpos empezaron a flotar en el río y los familiares a recuperar los cadáveres para darles cristiana sepultura”.	Wolf fue acusado de apoyar a la Contra y expulsado del país por el ministro del Interior, Tomás Borge. Es por esa razón, que en diciembre de 1983, dos años después, el Gobierno de Reconstrucción Nacional consideró oportuno dar una amnistía a los implicados en actos delictivos en el caso de los miskitos de la Costa Caribe Norte. Esta amnistía se dio para los miskitos en prisión y a los que estaban en libertad tanto fuera como dentro del país. Sin embargo, un artículo de esta ley amplió su alcance a los implicados en los sucesos de la ribera del río Coco, o mejor dicho a los sandinistas que cometieron delitos contra los miskitos.	A como se sabe, el Frente Sandinista no pensaba perder el poder en 1990. La derrota cayó como balde de agua fría en sus estructuras. Es por esa razón que un mes antes de entregar el poder, el 25 de marzo de 1990, aprobaron una de las leyes más oprobiosas de los últimos 30 años.	“Los funcionarios y empleados públicos que presuntamente hubieran cometido delitos contemplados en el Libro Segundo, Título VIII del Código Penal y sus Reformas, en particular la Ley No. 217 del 12 de noviembre de 1985, y que no hayan sido encausados. La gracia concedida comprende la responsabilidad civil y administrativa”, cita textual el artículo.	Esta ley fue derogada meses después por el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, pero incluida en la amnistía 50 aprobada el 23 de mayo de 1990. En esta ley, Barrios de Chamorro asumió la paternidad de la ley y otorgó perdón y olvido a todos los delitos penales del sandinismo.	. Esta nueva ley otorgó una amnistía amplia a todos los nicaragüenses alzados “con objetivos políticos o por reivindicaciones socioeconómicas”. No abarcaba todo el territorio nacional, sino solamente algunos departamentos, pero ponía como fecha límite para el desarme de los recompas y recontras el 28 de agosto de 1993, exceptuando los crímenes de guerra y lesa humanidad, de acuerdo con el Derecho Internacional.	De modo que con esta ley se cubrió a aquellos alzados en armas que voluntariamente se desmovilizaron y entregaron sus armas y pertrechos militares. Esta ley benefició a cabecillas sandinistas como Frank Ibarra, Víctor Manuel Gallegos, mejor conocido como Pedrito el Hondureño, y recontras como Ángel Talavera Alaniz, el Chacal, y Donald Mendoza, Cara de Piña, todos ellos responsables de varios secuestros y alzamientos que provocaron baños de sangre en el territorio nicaragüense.	Para Álvarez el debate sobre la amnistía se centra en dos premisas incorrectas. La del gobierno parte en que todos los presos políticos son culpables de todos los daños y muertes ocurridas en 2018. Y la de la oposición parte en que todos los del bando Azul y Blanco no cometieron actos delictivos.	Por lo tanto, bajo la premisa de que hubo gente del bando Azul y Blanco que pudo haber cometido delitos en el contexto de las protestas, entonces sería válida una amnistía para estas personas porque claramente no son delincuentes ni criminales. “A estas personas se les podría dar una amnistía cuando existan las condiciones y un consenso nacional”, aclara Álvarez.	Sin embargo, el experto está en contra de una amnistía amplia y general. “Lo que sí pudiera haber es que policías o funcionarios del gobierno que se vieron involucrados en actos delictivos, que no sean de lesa humanidad, y que contribuyan al descubrimiento de la verdad para encontrar a los responsables de las órdenes, yo también creo que pueden ser favorecidos con la amnistía”, valora Álvarez.