Cada vez que un caudillo necesita la reelección presidencial, surge la imperiosa tarea de reformar la Constitución Política....y de pactar para ello con el socio político de turno. Ésa es la esencia de los pactos políticos en Nicaragua. La abierta declaración de Daniel Ortega, el 30 de octubre de 2007, ante el plenario de la Asamblea Nacional, sella esa intención: ¿Y cuál es el miedo a la reelección?	La historia de los pactos políticos en Nicaragua está estrechamente condicionada por las reelecciones presidenciales. Ocurrió con Anastasio Somoza García y Anastasio Somoza Debayle, y pareciera que está por ocurrir entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, como la culminación de un arreglo que arrancó desde el año 2000. El asunto es si podrán llegar a su objetivo.	El golpe de Estado de Somoza García en contra del presidente liberal, Leonardo Argüello, a fines de 1947, dio origen a convulsas protestas sociales, que antecedieron la firma del pacto político entre Carlos Cuadra Pasos, del Partido Conservador (PC) y Anastasio Somoza García, en representación del Partido Liberal Nacionalista (PLN), el 26 de febrero de 1948.	Argüello, electo presidente el primero de mayo de 1947, estuvo en la silla presidencial durante veinticinco días. La Asamblea Legislativa, manipulada por Somoza García, lo declaró incapaz de seguir gobernando pues se había atrevido a desafiar al dictador asegurando que “no era títere de nadie” y que lo removería de la jefatura de la Guardia Nacional.	Sin embargo, las protestas continuaron en un clima polarizado y en un contexto internacional adverso para los movimientos sociales. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la “amenaza comunista” surgió como elemento justificativo para excluir políticamente el surgimiento de cualquier fuerza política por fuera del opositor Partido Conservador (PC) y el Partido Liberal Nacionalista (PLN) de Somoza.	El 18 de septiembre de 1947, durante la presidencia de Román y Reyes, se promulgó la Ley de Suspensión de Garantías, la cual permitiría que mientras no se aprobara una nueva constitución “quedarían sujetos a las autoridades militares para su juzgamiento y castigo, los autores, cómplices y directores de actos revolucionarios de bandolerismo, terrorismo o comunismo que lleven a cabo la comisión de delitos o tiendan a la alteración del orden público”.