El Gobierno justifica su petición aduciendo que las 17 personas aún beneficiarias con las medidas provisionales “cuentan con la plena libertad” y “desaparecieron los elementos valorados por el Presidente de la Corte, para estimar dentro de la prisión, la existencia de una supuesta situación de extrema gravedad y de necesidad urgente de adoptar medidas para evitar daños irreparables a las 17 personas que hoy se encuentran en libertad”.	En ocho puntos del informe, el Gobierno de Nicaragua expresa que “ha garantizado los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política” a los 17 beneficiarios de las medidas provisionales; sostiene que garantizó la asistencia legal, otorgó el debido proceso judicial, brindó asistencia técnica pública, mandó a archivar las causas de las personas favorecidas por la amnistía, dio condiciones de encarcelamiento a los presos de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales, y se les garantizó el respeto a su dignidad humana y el derecho a la salud.	En una comparecencia con las dos cámaras empresariales del país (Cosep y Amcham), Mora explicó que nunca recibió el debido proceso y aseguró que en las cárceles sufrió golpizas, estuvo en condiciones inhumanas, no se le permitió ver en una sola ocasión a su abogado y, actualmente, la causa penal en que lo acusaban de “terrorismo” en modalidad de preposición e instigación, junto con Pineda, no ha sido archivada.	Urrejola agregó que los casos de estas 17 personas “no están cerrados jurídicamente, en una situación que podríamos llamar de ‘latencia’, a la espera de la aplicación de una norma muy ambigua que advierte que las personas beneficiarias podrían ser acusadas y podría quedar sin efecto la aplicación de la amnistía cuando las autoridades entiendan que han participado en ciertos hechos que, de acuerdo al criterio de las autoridades, permitirían reabrir sus procesos”.	Además, pidieron a la Corte IDH que solicite al Estado de Nicaragua que regrese los bienes de uso personal de ambos periodistas, que no continúe coartando el ejercicio periodístico de Mora y Pineda valiéndose de la ilegal ocupación de los bienes del canal 100% Noticias, que cumpla con el deber de garantizar condiciones de seguridad para ambos comunicadores y que les brinden información sobre las medidas que estaría tomando para prevenir e incluso evitar futuros actos de violencia que puedan amenazar la vida e integridad física de Mora y Pineda.	Los 15 manifestantes que también quedarían desprotegidos, en caso de que el fallo de la Corte IDH fuera a favor de la petición del Estado de Nicaragua, serían: Kevin Rodrigo Espinoza Gutiérrez, Cristhian Rodrigo Fajardo Caballero, Yubrank Miguel Suazo Herrera, Edwin José Carcache Dávila, Medardo Mairena Sequeira, Mario Léner Fonseca Díaz, Ricardo Baltodano, Amaya Eva Coppens Zamora, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Irlanda Ondina Jerez Barrera, liberados el pasado 11 de junio junto con Mora y Pineda.