En un trabajo presentado en 2017, un equipo de investigadores de EE.UU. que analizó más de 26 estudios realizados en todo el mundo desde 1990 observó que en la mayoría de los países «no existe un requisito legal para que las fuerzas del orden público recopilen datos sobre lesiones» causadas por proyectiles de impacto cinético, conocidas como KIP o balas de goma.	El Ministerio del Interior de Francia cuestionó los números y afirmó haber verificado solo cuatro casos de manifestantes que sufrieron lesiones oculares graves, a pesar de que las propias estadísticas del organismo muestran que las fuerzas de seguridad habían disparado más de 13.000 proyectiles entre noviembre de 2018 y marzo de 2019.