La Asociación de Madres de Abril (AMA), que agrupa a los familiares de los asesinados en la represión a las protestas ciudadanas, no descarta acciones legales en contra de la ley del “perdón” que prepara la dictadura de Daniel Ortega, por considerarla que de ser aprobada esa ley dejará en la impunidad los crímenes.	“El proyecto de la ley del programa de apoyo a las víctimas del golpe, prácticamente el proyecto de ley está terminándose y probablemente en la próxima semana (es decir esta) ya lo tengamos listo”, afirmó el viernes pasado Navarro, uno de los delegados del régimen en la mesa de negociación con la Alianza Cívica (AC).	Dicha ley es parte de la agenda unilateral de diez puntos que el régimen de Ortega y Rosario Murillo pretende imponer con el supuesto objetivo de “pacificar” el país, que está sumido en una profunda crisis social, política y económica desde el 18 de abril del 2018 debido a la represión ejecutada por la Policía Orteguista (PO) y paramilitares contra la población.	La presidenta de AMA, Francys Valdivia, dijo a LA PRENSA que no reconocerán la ley del régimen porque es la manera en que “los asesinos se otorgan a sí mismo el perdón”, pero no evitará las acciones legales que los familiares de las víctimas de la masacre contemplan impulsar ante organismos de derechos humanos internacionales contra el Estado nicaragüense.	Organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han documentado entre 325 y 536 asesinados, miles de heridos, unos 760 presos políticos, así como torturas y desaparecidos en el contexto del estado represivo impuesto por Ortega, quien respondió con balas y muerte a las manifestaciones que desde hace más de un año mantiene la población, exigiendo la salida del poder de la pareja presidencial.	“No vamos a reconocer ninguna ley que vulnere nuestros derechos. Un estándar de derechos humanos a nivel internacional exige que cualquier iniciativa, ley, etcétera, y sobre todo si se trata de crímenes de lesa humanidad, debe ser con la aprobación de las víctimas, no al margen de ellas, es decir nosotros los familiares de los asesinados”, afirmó la presidenta de AMA.	Uriel Pineda, jurista y catedrático en derechos humanos, dijo que aunque se desconoce hasta ahora el texto de la ley del “perdón”, advierte que puede ser el arma legal con la que la dictadura impida que haya en el país una investigación verdadera sobre los abusos a los derechos humanos por parte de un eventual nuevo gobierno.	“Lo que puede pasar es que esta ley del “perdón”, que sería una amnistía, según los alcances que le pongan, prohibiría investigar las graves violaciones de derechos humanos que desde abril del 2018 siguen ocurriendo en Nicaragua en el futuro (…) Lo que en el fondo político hay es alentar que sigan cometiendo los abusos, porque al final el régimen protege a los perpetradores”, aseguró.	Pineda explicó que, según lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las amnistías son incompatibles en materia de derechos humanos porque se les niega el derecho a la justicia a las víctimas.Sin embargo, Pineda advierte que con una amnistía Ortega se pretende proteger ante la posibilidad de que un gobierno democrático adopte los mecanismos de justicia transicional, para investigar y someter a la justicia a los responsables de la masacre.	De llegar a aprobarse la ley del “perdón” en la Asamblea, el régimen acabaría con las negociaciones con la Alianza Cívica debido a que la oposición rechaza una amnistía, y más bien, se exige la conformación de una Comisión de la Verdad independiente que investigue los crímenes y se someta ante la justicia a los responsables.