Directivos de organismos de derechos humanos de nuestro país rechazaron la actitud del presidente Daniel Ortega de no aceptar adherirse a la Corte Penal Internacional de las Naciones Unidas, al indicar que es una “obligación” que tienen todos los países del mundo para darle tranquilidad a sus pobladores, y que además permitiría que los funcionarios públicos “la pensaran dos veces” antes de promover una acto de genocidio, de guerra y de lesa humanidad (crimen contra la humanidad).	“Todos los países están en la obligación de ratificar ese tratado de la Corte Penal Internacional porque eso vendría a darle garantía a todos los ciudadanos del mundo, y además vendría a dejar como referencia que todos los gobernantes y todos los funcionarios tienen que tener cuidado cuando están o no en el poder, porque pueden ser acusados por atropellos de derechos humanos”, expresó Adolfo Jarquín Ortel, segundo titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH.	Jarquín Ortel recordó que el mandatario argumentó, ante parlamentarios europeos, que en este momento no hay condiciones para ratificar la Corte Penal Internacional, debido a que en los países centroamericanos todavía se han venido “cerrando heridas”, producto de los conflictos armados ocurridos en los años 80, sin embargo, indicó que Nicaragua no puede estar en desacuerdo con la Corte, porque el hecho de adherirse favorecería la lucha a favor de los derechos humanos.	Mencionó que la Corte Penal Internacional tendrá la facultad de juzgar los delitos cometidos a partir de su creación, y una vez que un país haya rubricado la ratificación de ese tribunal; sin embargo dijo que es posible que Ortega esté considerando la política internacional, ya que el hecho de ratificar a la Corte pondría en juego la relación tanto de Estados Unidos como de Irán, países que presentan síntomas de conflictos militares.	“En esto juega mucho la política internacional, y para muestra un botón, cuando Enrique Bolaños (ex presidente de Nicaragua) no se adhiere a la Corte Penal Internacional fue porque los Estados Unidos estaban interfiriendo en Afganistán e Irak, y en este momento se observa que la política internacional está influyendo”, expuso Jarquín Ortel.	La Corte Penal Internacional está ubicada en La Haya, Países Bajos. Tiene como objetivo juzgar a quienes cometen crímenes de genocidio, de guerra, y de lesa humanidad, y cuyas funciones iniciaron el 11 de marzo de 2003, luego que 60 países ratificaran el Estatuto de Roma, que es el instrumento consultivo de la Corte; además, en esa fecha al tribunal se le designó a 18 magistrados de diferentes países.	Bayardo Izaba, Director Ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, expresó que tenían la expectativa de que este gobierno ratificara a la Corte Penal Internacional al abolir el acuerdo bilateral entre Nicaragua y Estados Unidos, que firmó Bolaños en 2002, el cual niega la adhesión a ese tribunal al establecer que no habrá jurisdicción con los países que ratifican la Corte Penal Internacional.	Y es que Estados Unidos, a través de su Congreso, aprobó el dos de agosto de 2002 la Ley para la Protección del Personal de los Servicios Exteriores Norteamericanos con el propósito de debilitar a la Corte Penal Internacional al prohibir a los gobiernos y a los organismos federales, estatales y locales estadounidenses, la asistencia a la Corte Penal Internacional.	Izaba indicó que el mensaje de Ortega, al no adherirse a la Corte Penal Internacional, es inadmisible, porque implica “tolerar que tus fuerzas armadas incurran en ese tipo de hecho, es decir, en delitos de guerra, de lesa humanidad y genocidio... es un mensaje que ha venido construyendo la derecha, un mensaje contrarrevolucionario, que está sometido a las líneas y dictados del gobierno de los Estados Unidos, del imperialismo que ataca públicamente el presidente Ortega”, expresó.	“Aquí lo que se ve, una vez más, es el discurso del presidente Ortega cuando ataca y habla barbaridades del imperialismo yanqui, y en la práctica demuestra que se somete a los interés de Washington... sólo espero que no esté pensando en incurrir en crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio”, opinó Izaba.	Por su parte, el subprocurador de derechos humanos invitó al gobierno sandinista a consolidar una política de nación en materia derechos humanos, la cual, según Jarquín Ortel, es fundamental para un estado democrático y de derecho, y por consiguiente es vital para el desarrollo económico, social y político de la nación.