"La situación humanitaria requiere atención urgente, la ayuda que ha ingresado hasta el momento es insuficiente frente a las necesidades de la población, por lo que las autoridades deben avanzar hacia una respuesta coordinada con órganos técnicos especializados, para resarcir la afectación a los derechos sociales y que los venezolanos puedan ver garantizado un nivel de vida adecuado y digno", dice el informe.	Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en los primeros seis meses de este año se incrementó la política de represión en Venezuela. Alude al uso de grupos de exterminio para reprimir, conformados por comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Colectivos Paramilitares.	Al cierre del reporte, OVCS emite una lista con sus exigencias, que incluyen la atención a las demandas de la población, la realización de investigaciones independientes para establecer responsabilidades en los hechos mencionados que implican la muerte de personas, las denuncias de torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones.	En un tercer punto recomienda "consolidar la instalación en Venezuela de una oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos" y crear una Comisión de Investigación Internacional por parte de Naciones Unidas, para investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela, que permitan avanzar en procesos de verdad, justicia y reparación.