Aunque el clima de negocios mejoró y se califica como apropiado, la falta de aprobación en lo particular de la ley de medianas, pequeñas y microempresas está afectando la posibilidad de desarrollo de este importante sector, que emplea más del 90 por ciento de los trabajadores urbanos del país, destacó el presidente de Consejo de la Mediana y Pequeña Empresa (Conimipyme), Gilberto Alcocer.	De hecho, a lo largo de los últimos tres períodos de gobierno, las más de 150 mil medianas y pequeñas empresas del país han sido excluidas de los espacios de influencia en la política pública, a pesar de representar el 99 por ciento de las empresas del país, destaca el líder pequeño empresarial.	Con todo eso hemos sobrevivido y estamos dispuestos a elevar la calidad del sector, a hacer crecer las empresas, y, por lo tanto, no debemos ser subestimados, advierte el dirigente empresarial, expresó Alcocer, quien llamó al gobierno de Nicaragua a concertar una agenda nacional Mipyme, tomando en cuenta la capacidad del sector de generar empleo y, por lo tanto, de reducir la pobreza.	De acuerdo con Alcocer, si se crea un clima favorable, las Mipymes podrán generar más de un millón de nuevos empleos al cabo del término del período del actual gobierno, propiciando de tal manera la redistribución del ingreso y el crecimiento de la productividad, así como impulsando dinamismo y flexibilidad a la economía nacional al participar de manera activa en el comercio internacional.	Según los planes de Conimipyme, un clima favorable que involucre parte importante de las demandas del sector volvería más competitivas a las más de 150 mil medianas y pequeñas empresas existentes, cada una de las cuales pueden generar 1.5 empleos director por año y crear 225 mil empleos directos anuales, llegando en cinco años al millón de puestos de trabajo.	Alcocer destacó que entre esas iniciativas legales se encuentran la discusión en lo particular de la ley Mipyme y las complementarias como las leyes de fideicomiso, de facturas cambiarias, la de leasing, la de sociedad de garantías recíprocas que propiciarían un marco jurídico robusto para el desarrollo empresarial del país, lo que ayudaría al sector a tener acceso a más financiamiento, a nuevas tecnologías y a mercados, entre otras cosas.