Mil personas recluidas en los distintos establecimientos penitenciarios de Nicaragua pasarán al régimen de convivencia familiar, lo que para el experto en seguridad, Roberto Cajina, tiene una doble lectura: que el Gobierno que dirige el presidente Daniel Ortega quiere mostrar a nivel internacional una cara de generosidad o soltar de manera clandestina a los más de 80 reos políticos que no quiere reconocer para demostrar a sus bases de simpatizantes que "no dio su brazo a torcer" ante esta demanda internacional.	"Con la salida del resto de presos políticos de manera escamoteadas, dentro de estos mil, cree (el presidente Daniel) Ortega que se podría liberar de las sanciones individuales que se le avecinan, pero a la vez no mostraría debilidad ante la poca población que le apoya y no desea perderla porque sería una falta para sus intereses de perder el poder", afirmó Cajina.	El experto en seguridad recuerda que en 2016 a las puertas de las elecciones presidenciales, el actual presidente Ortega excarceló bajo este régimen a unos 900 reos, en busca de nuevos votos a su favor de parte de los familiares de estos beneficiados o ellos mismos, por lo que no descarta una nueva estrategia política preparándose ante cualquier comicio electoral adelantado como lo exige la comunidad internacional.