Siempre al hilo de la comparación, hasta 2015 en Venezuela hubo casi 20 ejercicios electorales creíbles en términos democráticos, que permitieron el desarrollo de organizaciones políticas, entre ellas Voluntad Popular, a la que pertenece Guaidó. Incluso, se reconoció el triunfo opositor en la Asamblea Nacional en diciembre de ese año. En Nicaragua, desde que llegó Ortega a la Presidencia en 2007, nunca tuvimos ejercicios electorales creíbles.	Recuérdese el fraude en las municipales de 2008, donde la oposición unificada arrasó a Ortega. Y las elecciones presidenciales de 2011, en que hubo tal nivel de violencia e irregularidades que el jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea, Luis Yañez-Barnuevo, dijo que “los resultados eran imposibles de verificar”.	En el contexto de Nicaragua, sin ejercicios electorales creíbles era esperable que ni los partidos políticos se desarrollaran ni se decantaran nuevos liderazgos. Pero un régimen autoritario como el nuestro, crecientemente dictatorial y con pretensiones dinásticas, y pese al crecimiento económico, acumuló agravios en contra de diversos sectores, aún en el propio FSLN, que estallaron en la crisis de abril y terminaron articulándose con la demanda democrática. A los agravios acumulados se han sumado los de la matanza, presos, exiliados y la crisis económica, de modo que Ortega recuperó control territorial con el terror, pero no ha resuelto las causas de la protesta.	La crisis de abril generó, espontáneamente, nuevas formas organizativas y una renovación de liderazgos, de naturaleza social, pero que sin duda se trasladará al plano político en caso que, como todo mundo desea, tengamos una solución pacífica y constitucional, antes que la crisis económica y social nos devore como en Venezuela. Y también sabemos qué hacer después de Ortega: democracia, justicia y Estado de Derecho, y economía de mercado con políticas económicas consistentes con un desarrollo sostenible en términos sociales y ambientales. Para ello, sin embargo, se necesitan elecciones adelantadas, que como ha sostenido Carlos Fernando Chamorro, apoyado en numerosos constitucionalistas, podría organizar un legal gobierno de transición que adopte medidas de confianza, entre ellas liberación de presos políticos, observación electoral y nuevas autoridades electorales. Entonces, liderazgos, organización y unidad, no faltarán para alcanzar la democracia.