“Sociedad civil que se precia de serlo, debe controlar el cumplimiento de las leyes que regulan las funciones administrativas y coercitivas del Estado, y no conformarse con ejercer el voto en las elecciones. Este enunciado forma parte de los conceptos modernos que actualmente se debaten entre la ciudadanía acerca de lo que debe ser la relación Estado-Sociedad, a fin de contribuir a la instauración de la institucionalidad en el país.	El control ciudadano sobre las funciones del Estado es incipiente en Nicaragua, tiene su origen y causa en la cultura política inclinada más bien a la subordinación de los ciudadanos frente al Estado. Sin embargo, la iniciativa ciudadana tomada por 350 nicaragüenses concientes de su deber está siendo impedida por dos instituciones estatales: la Contraloría General de la República y la Dirección General de Ingresos, a las cuales hemos recurrido desde hace más de cuatro años para demandar una resolución a favor del cobro de impuestos sobre la renta a los bancos privados del país.	El 12 de marzo de 2003 es la fecha de la primera comunicación en la que denunciamos la exoneración ilegal de Impuestos sobre la Renta (IR) en beneficio de los bancos privados del país. En esa comunicación demandamos de los señores contralores generales una resolución acerca de la ilegalidad cometida por la Dirección General de Ingresos al exonerar del IR a los bancos, violando de esa forma la Ley de Justicia Tributaria, que en el Art. 29 regula lo siguiente:	Posteriormente, al término de 60 días después de recibida la denuncia, el Consejo de Contralores Generales nos respondió por escrito acerca del acuerdo unánime tomado por ellos en sesión de Consejo, el cual determinaba solicitar a la Dirección General de Ingresos realizar una auditoría interna y enviarles el correspondiente dictamen sobre el caso. Un tiempo después, por efecto de nuestra insistencia, los funcionarios encargados de la recepción de denuncias ciudadanas de la Contraloría, nos informaron de manera verbal que ese ente ya había recibido el dictamen de la Dirección General de Ingresos, sin embargo, para contar con mayores elementos de juicio, la Contraloría había decidido enviar a sus auditores para realizar su propia auditoría sobre el caso. Hasta la fecha, no conocemos cuáles fueron los resultados de esas dos auditorías, y a pesar de que hemos demandado de diversas formas la resolución correspondiente de los señores contralores generales, aún no hemos logrado que se responda a nuestra denuncia ciudadana.	En todo este largo período de espera, los contralores generales aún no resuelven; los funcionarios de la DGI aún no cobran; los banqueros aún no pagan, y los ciudadanos nicaragüenses aún demandamos que se haga Justicia Tributaria para contar con los recursos que se necesitan para resolver los grandes y graves problemas de los niños, ancianos, mujeres y hombres damnificados por el huracán Félix, a quienes se les está violando su derecho a la vida por no tener una alimentación adecuada, y de la misma manera se les impide la reintegración social de acuerdo con sus necesidades multiculturales.	Esos recursos financieros, asimismo los demandamos para atender las necesidades de salud y sobrevivencia digna de los ciudadanos afectados por el Nemagón, así también para incrementar las pensiones a los jubilados e incluir a otras personas cotizantes actualmente fuera del sistema del seguro social. Esto solamente para mencionar lo más sensible de la conciencia humana de los nicaragüenses.	Finalmente, los 350 ciudadanos firmantes de esta denuncia demandamos al Estado nicaragüense que ejerza su rol administrativo y coercitivo para que los banqueros nos paguen a los ciudadanos nicaragüenses mil millones de córdobas que nos deben en concepto de IR y sus correspondientes multas por no pagar a tiempo. Les demandamos, asimismo, que detengan las exoneraciones de impuestos a los sectores poderosos de la economía nicaragüense. ¡Basta Ya!