Esta afirmación categórica no es antojadiza ni casual, mucho menos unipersonal; es una verdad absoluta que reconocen gobernantes y gobernados; ricos y pobres; nacionales y extranjeros; jóvenes, adultos y viejos; educandos y educadores; es un precepto en nuestra actual Constitución Política.   Consecuentemente debemos aceptar, como una verdad primaria, que ningún plan nacional de desarrollo podrá ser exitoso si no se prioriza el aspecto de la educación y si no la conceptualizamos como una inversión asignándole el presupuesto necesario y suficiente para que los maestros reciban un salario honorable, que les permita trabajar profesionalmente con responsabilidad y eficiencia.	Pensar en una educación para el desarrollo significa enfocar la política educativa hacia metas que prioricen la calidad de la educación sobre su cobertura; significa integrar el sujeto educativo con el objeto educativo; es decir que en todo proyecto educativo, a la par de mejorar las condiciones materiales, también deben mejorarse la condiciones socio-económicas de los maestros que son los sujetos que garantizan la calidad de la educación en las escuelas.	Años tras años la prioridad de la política educativa ha sido su cobertura; también se proyectan metas cuantitativas sobre matriculas y retención escolar con el objetivo de atender la mayor cantidad de estudiantes; hasta el trabajo de los maestros está en función de la cantidad de aprobados, relegando a segundo orden la calidad.	Esta visión miope de la política educativa ha tenido como consecuencia la falta de motivación por parte los actores del hecho educativo (los maestros), quienes están preocupados sólo por presentar buena retención escolar para garantizar la promoción y/o su estabilidad en el trabajo.  La calidad de la formación educativa, no es prioridad en las actuales condiciones socio-económicas en que trabajan.	Pero priorizar la educación, no es continuar haciendo lo que por cuatro décadas han hecho los gobiernos de turno: construir y reparar escuelas, mejorar el mobiliario y procurar la alimentación de los educandos para aumentar su cobertura, ignorando la problemática del docente, que es el actor principal del hecho educativo. Actualmente la empresa privada apoya algunas escuelas con: mobiliarios, computadoras, uniformes, libros, materiales didácticos, pero no se observa que hayan contribuido con ayuda material para mejorar el salario real de los maestros, expresados en: bonos salariales mensuales, descuentos permanentes, etc. ; que mejore la condición económica del maestro, para que éste pueda trabajar con menor tensión sicológica y se sienta motivado a realizar un trabajo de más calidad.	Ojalá que los rectores de la educación en Nicaragua, los “parlamentarios”, los que directa o indirectamente inciden en la conducción de la educación para los nicaragüenses y los que, en el actual foro de educación, dicen estar dispuestos a apoyar una educación para el desarrollo, tomen conciencia de que el maestro es el factor clave para impulsar un sistema de educación con la calidad deseada.