‘Se busca persona para compartir piso, abstenerse extranjeros’. Frases como ésta se pueden leer en los anuncios clasificados de la prensa española. Un botón de muestra del creciente racismo de la sociedad española: agresiones a extranjeros en la calle, protestas contra la apertura de centros religiosos musulmanes, dificultades para acceder a los colegios concertados, y sueldos más bajos que los que cobran los españoles --una empleada doméstica suele ganar unos 10 euros la hora mientras que las marroquíes o polacas rara vez consiguen que les paguen más de 7 u 8--.	El Código Penal recoge una circunstancia agravante de discriminación racial, pero, según el informe, los jueces la ‘aplican poco’. ‘Y los delitos relacionados con el racismo no son castigados como tales sino, en la mayoría de los casos, como faltas’, señaló el coautor del informe y miembro de “SOS Racismo”, Diego Lorente.	Las ONG coinciden en que elaborar una estadística oficial es el primer paso, necesario, para verificar la dimensión del problema y estudiar la mejor forma de atajarlo. Diego Lorente denunció también que España sigue sin crear un organismo para trabajar por la igualdad de trato de todos los ciudadanos, a pesar de que la normativa europea lo recomendaba hace ya años.