El 31 de mayo pasado, las autoridades del Minsa, de Nueva Segovia, mandaron a clausurar definitivamente ambas farmacias, después que sus propietarios se sumaran al paro nacional del 23 de mayo pasado, convocado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y (ACJD) como una forma de presión contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, para que liberaran a los presos políticos.	El abogado Erick Rivera manifestó que se había recibido con mucha alegría la notificación de las autoridades de la delegación de farmacias del Ministerio de Salud (Minsa) del Conchita Palacios de Managua, en que resolvían admitir las apelaciones introducidas en contra de las resoluciones de funcionarios de esa institución en Nueva Segovia.	“El viernes 14 de junio fuimos notificados de la resolución del Ministerio de Salud central, donde admitía los recursos de apelación introducidos por mi persona, en calidad de representante legal de la doctora Ninoska Zamora Zeledón, propietaria de la farmacia San Martín de Jalapa, y del licenciado Marcos Herrera Beltrán, propietario de la farmacia Inmaculada de Ocotal, y dejando sin efecto alguno la clausura de ambos negocios”, expuso Rivera.	A pesar que la resolución del Minsa central —que deja sin efecto el cierre de las dos farmacias y permite la apertura inmediata de estos dos establecimientos—, los dueños de estos dijeron que los mismos abrirían hasta hoy lunes porque todos los medicamentos habían sido sacados de los estantes y mandados a guardar a sus bodegas, por orientación de las autoridades del Minsa de Nueva Segovia.	El argumento esgrimido por Ergin Paul Rodríguez Silva, director general de Salud de Nueva Segovia, fue que se mandaba a clausurar de forma definitiva a ambas farmacias por haber infringido lo establecido en la Ley 292, después de una supuesta inspección realizada en el Inmaculada y San Martín, donde habían verificado que estos negocios no se encontraban funcionando ese día, incumpliendo así el objetivo por el cual fue otorgada la licencia sanitaria.