Nicaragua vive una grave crisis desde abril de 2018, cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social, luego derogada y que derivaron en un pedido de renuncia de Ortega por la represión ejercida contra los manifestantes. Desde entonces, la CIDH ha documentado 325 muertos, 2,000 heridos y 62,500 exiliados.	La Relatoría Especial sobre derechos económicos y de libertad de expresión de la CIDH denunciaron un «patrón de discriminación y amenazas de represalias por parte de las autoridades del Estado en perjuicio de trabajadores estatales críticos del régimen y de «represión sistemática contra los medios de comunicación y periodistas independientes en el país».	La CIDH tiene informes de unos 126 presos políticos que continúan  detenidos por su oposición al régimen  de Ortega. El comisionado Joel Hernández, relator sobre los derechos de las personas privadas de la libertad, de acuerdo a la CIDH, aseguró que “en el marco del Estado de Derecho, el sistema judicial debería funcionar como la primera línea de defensa de los derechos humanos. Para lo cual, resulta imperante el cumplimiento de las garantías de imparcialidad e independencia establecidas en el derecho internacional”.