En el recurso de amparo de 77 páginas (folios), la parte recurrente cita un tratado suscrito entre El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el cual establece que los funcionarios y exfuncionarios que son requeridos por la justicia de sus países por actos de malversación de caudales públicos (dinero del Estado) no pueden ser protegidos con asilos ni con el otorgamiento de nacionalidades de los países suscriptores de este tratado, explicó el abogado Montenegro.	"Mauricio Funes y sus familiares tampoco cumplen con lo establecido en la Ley de Nacionalización de Nicaragua; porque en la misma se establece que antes de recibir la nacionalidad debió haber cumplido un periodo de tres años como residente y hasta cuatro años después optar a la nacionalidad", subrayan los abogados en el recurso de amparo.