Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, nombrarán de urgencia a por lo menos seis jueces ejecutores que se encargarán de efectuar los embargos y requerimientos judiciales que los jueces civiles tienen prohibido realizar a partir de la entrada en vigencia del Proyecto Piloto de Gestión de Despachos Judiciales.	Para las ejecuciones, requerimientos y embargos, precisó Navas, se establecerá una tarifa que pasará al Fondeo de Retiro de los funcionarios de la Carrera Judicial. En los casos de juicios de familia y laborales, no será exigida la tarifa, o cuando se trate de personas de escasos recursos que no pueden pagar.	Otro inconveniente es el retraso en la remisión de escritos de intercambio y pruebas a los despachos de los juzgados. El caso más delicado sucedió ayer cuando la juez Gertrudis Arias tuvo que esperar 40 minutos para que llevaran el escrito de intercambio en un caso de la Dirección General de Aduanas, y hasta se planteó la posibilidad de archivar el caso, lo que fue protestado por la Procuraduría.