El representante de la CIDH señaló que previo al anuncio que se hizo esta semana sobre la liberación de los manifestantes detenidos, este organismo recibió una solicitud de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) de prestar el listado, y de esa forma fue facilitado para ser analizado en el marco de las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.	Chamorro aseguró que entre los detenidos "hay 45 personas en las celdas de máxima seguridad y en El Infiernillo; por ellos estamos abogando a que se les aplique el régimen común, es decir, que sean llevados a celdas comunes, pero no para que pierdan su condición de preso político, sino, para que puedan tener mejores condiciones”.	Tunnermann señaló también que "estar bajo el régimen común" no significa que los reos políticos dejaran de tener esa calidad, sino que los tratos dejarán de ser diferenciados, que los manifestantes apresados tendrán que ser sacados de esas celdas de castigo en las que permanecen y se les permitirá estar, durante este proceso de liberación, en celdas comunes.	Dentro del cambio en el trato que se les da en los sistemas penitenciarios a los presos políticos, también se establece que se observen las reglas establecidas por las Naciones Unidas para el tratamiento de privados de libertad, y se acordó solicitar que se les permita visitas en situaciones especiales y de emergencia.	“No nos podemos pronunciar sobre el plazo, pero sí es cierto que para quienes están privados de libertad 90 días es mucho tiempo, son tres meses, nos parece importante tratar de establecer un cronograma, ojalá más acotado, pero sobretodo nos parece que tiene que ser un cronograma muy claro y transparente sobre cómo va a ser ese proceso de excarcelación y bajo qué condiciones los presos van ser liberados”, agregó Urrejola.	Otro acuerdo de la décima segunda sesión del diálogo consistió en incorporar oficialmente a Luis Ángel Rosadilla como testigo y acompañante internacional, en representación de la secretaria general de la OEA, mientras se aborda cómo esta organización podrá asumir la función de garante, la que se había planteado desde un inicio.	"Nosotros no podemos estar en contra de lo consignado en la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 54, pues la población está en su derecho, precisamente, eso va a estar en discusión el lunes, es un tema principal de agenda, hablaremos de esa garantía ciudadana. Entonces, con relación a los piquetes que fueron convocados por la Unidad Nacional, nosotros somos parte y respetamos la convocatoria", dijo Chamorro.