Jaime Aparicio, quien dirigió la misión electoral del Centro Carter en Nicaragua en 2006, explicó este jueves ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, (OEA), que la intención de la OEA de aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua es pertinente porque “se ha producido una clara alteración del orden democrático y constitucional”.	“Yo creo firmemente que los estados miembros de la OEA tienen la obligación jurídica y moral de restablecer el orden democrático y constitucional en todos los Estados en que este está menoscabado y en este caso en Nicaragua, aplicarle la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua no es intervención o injerencia, sino un deber emanado de acuerdos y compromisos regionales”, puntualizó.	El exjefe de la misión del Centro Carter explicó que Ortega únicamente tenía dos “salidas legales” para cumplir sus aspiraciones de reelección, la primera ir a la “Asamblea Legislativa y modificar la Constitución” y la segunda, acudir a la Corte Interamericana de Justicia aduciendo que se estaban violentando sus “derechos humanos”, y el único órgano facultado para interpretar la Convención Americana en esta materia.	“Acá está el primer punto de fractura de la democracia nicaragüense (…) Pudo haber ido a la Corte y decir, yo considero que es una violación a mis derechos humanos el no reelegirme a perpetuidad y esperar que la Corte le dé la razón o le niegue, y de acuerdo a eso inscribir o no inscribir su candidatura (…) Él sabía que esos dos caminos no eran posibles”, dijo Aparicio.	El 19 de octubre del 2009, la Sala Constitucional de este poder del Estado consumó los planes y declaró inaplicable el artículo 147 sobre prohibiciones de reelección del Presidente de la República y ordenó al CSE inscribir a Daniel Ortega como candidato presidencial en las elecciones previstas para noviembre de 2011.	Añadió que esas acciones violan los principios esenciales del Estado de Derecho, entre ellos el de proporcionalidad. Este proviene del constitucionalismo alemán y establece que en materia de derechos humanos y de derechos políticos, se tienen que usar categorías racionales para entender una situación que afecta los derechos políticos y los derechos humanos.