Jueces y autoridades policiales de la ciudad de León están en contubernio para evitar que cuatro oficiales de la Policía, señalados como autores de la muerte del taxista José Benito Bolaños Montalbán, ocurrida en junio pasado, sean llevados ante los tribunales de justicia, denunció la señora Alejandra Jackeline Mendoza, viuda de Bolaños Montalbán.	La viuda de Bolaños Montalbán acusa a José Rigoberto Reyes García, Humberto José Fajardo, José Adán Canales Pino y Julio de los Santos Rivera Granera, todos oficiales de la Policía Nacional, por el delito de asesinato en contra de José Benito Bolaños Montalbán, y por el delito de exposición de personas al peligro con relación al señor Ronald Manuel Barreto Velásquez, la persona que acompañaba como pasajero a su esposo cuando éste conducía el vehículo taxi placas LE 02167 con dirección hacia el municipio de Mina El Limón.	Según la señora Mendoza, la judicial en su resolución desconoció una acusación que el 15 de octubre presentó el fiscal auxiliar Rafael Blanco Dolmus, en el Juzgado Único Penal del municipio de Malpaisillo, en la que sólo acusa al oficial José Rigoberto Reyes García, pero por el delito de homicidio culposo.	La viuda del taxista asegura que existe una intención de “evitar que la causa sea conocida por un Juez de Distrito por la gravedad del hecho. El juez de Malpaisillo envió el caso al municipio de Telica alegando incompetencia de jurisdicción, luego Telica envió el caso al juzgado de Distrito de León, y ahora lo envían de nuevo al Juzgado Local de Malpaisillo”, detalló Mendoza, quien asegura que “la intención es provocar un desgaste moral y económico a fin que el caso quede en la impunidad”.	Mendoza, en la acusación particular autónoma detalla que su esposo José Benito Bolaños Montalbán no observó una señal lumínica que un retén policial tenía sobre la vía principal León-San Isidro, y cuando había avanzado unos 15 metros del retén salieron del monte cuatro hombres vestidos con uniformes policiales que con una lámpara casera en mal estado, se lanzaron sobre el vehículo y ante el temor que se tratara de un asalto, su marido no se detuvo, y los armados abrieron fuego.	Según la acusación, hubo una acción deliberada de los oficiales, que se ensañaron criminalmente con la víctima para aumentar su estado agónico, “obligándolo a permanecer por espacio de una hora en el lugar de los hechos, negándole la atención médica necesaria, pero además, los agentes policiales obligaron al herido a caminar a sabiendas de que tenía la columna quebrada.