La resolución de Naciones Unidas sobre Nicaragua, aprobada por 23 Estados miembros, recoge las preocupaciones de estos países por las crecientes restricciones al espacio cívico y las expresiones de disensión en Nicaragua, incluido el cierre de medios de comunicación independientes y la cancelación del registro de varias organizaciones de la sociedad civil.	El primero tuvo lugar el 5 de marzo en una sala adjunta a la del Consejo de Derechos Humanos, y fue organizado por Amnistía Internacional y el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes pidieron la colaboración de la CIDH para presentar un análisis basado en los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI).	Por otro lado, el 7 de marzo la CIDH participó en un debate interactivo del Consejo de Derechos Humanos, y el 19 de marzo también intervino en un evento paralelo donde presentaron el trabajo realizado en el terreno por el Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua (MESENI), detalla la Comisión en una nota de prensa y en la que saluda la resolución de Naciones Unidas.	“El aumento de la colaboración entre el sistema universal de derechos humanos y los mecanismos regionales de derechos humanos ha sido un objetivo de las Naciones Unidas desde la Conferencia de Viena de 1993, y ha sido reiterado por resoluciones de este Consejo de Derechos Humanos”, dijo en su presentación ante el Consejo el Comisionado Joel Hernández.