«Existe una base razonable para proceder con una investigación», declaró la fiscal principal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien precisó que antes de abrir las pesquisas pedirá a la Alta Corte que dirima sobre qué territorio tiene jurisdicción, ya que Israel no es miembro del organismo, con sede en La Haya, Holanda. Bensouda explicó que ha pedido a los jueces abrir las pesquisas en Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza.	Tras el anuncio, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que «la decisión de la fiscal de la Corte Penal Internacional ha transformado a la CPI en un arma política para deslegitimar al Estado de Israel», en un comunicado en el que descalificó la decisión y dijo que era un «día sombrío para la verdad y la justicia». Además, denunció que Bensouda «ignoró completamente los argumentos legales» presentados por su país y aseguró que su Gobierno no guardará silencio y continuará «denunciando esta parodia de Justicia».	Las autoridades palestinas han venido reclamando que la CPI investigue la reacción de Israel a las protestas conocidas como la Marcha del Retorno, que comenzaron en 2018 y han dejado un saldo de más de 273 palestinos muertos y más de 16.000 heridos. El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, calificó de «positiva» la decisión y señaló que representa un paso más hacia una investigación que podría «poner fin a la impunidad de los perpetradores» y que simboliza «un mensaje de esperanza» y de que la «justicia es posible».