Las “medidas urgentes” que otorgó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para garantizar la salud, integridad y la vida a 17 manifestantes opositores que han sido encarcelados durante la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua, debe ser cumplida por el Gobierno nicaragüense, porque de lo contrario, puede derivar en un juicio penal internacional contra el país.	“La Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) es un órgano administrativo y la Corte es la que aplica la ley, cuál es su ley, lo que establecen los convenio internacionales en los que está suscrito Nicaragua. A la Corte por lo menos le permite en estos momentos enviar una orden para que se apliquen medidas preventivas, está diciendo ‘señores no hagan eso’, digamos que es un requerimiento preventivo para que no se sigan cometiendo violación de derechos humanos. Es la antesala ante un posible proceso de carácter penal internacional, promovido por la Comisión”, explica Novoa.	La abogada Leyla Prado, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), explica que la resoluciones de la Corte son vinculantes y por lo tanto son de ineludible cumplimiento, por lo que el Estado de Nicaragua tiene que resolver “lo más inmediato posible lo que establece esta resolución, así que estamos esperando que en estos días dejen en libertad a estos 17 presos para que le garanticen los derechos fundamentales”.	De acuerdo al artículo 46 de la Constitución, “en el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, derechos consignados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos”.	“Tras analizar la solicitud presentada, las observaciones del Estado, así como el demás acervo probatorio aportado en el marco del presente procedimiento, el Presidente de la Corte consideró que concurren suficientes elementos para determinar la existencia de una situación de extrema gravedad”, indica la resolución de la Corte IDH, cuya sede radica en Costa Rica.	Esta no es la primera vez que la Corte IDH emite medidas para el Estado de Nicaragua, en el año 2016, la Corte dictó medidas provisionales contra el Estado de Nicaragua ordenando “erradicar la violencia y proteger la vida, integridad personal y territorial e identidad cultural en favor de los miembros del pueblo indígena misquito que habita en las comunidades de Klisnak, Wisconsin, Wiwinak, San Jerónimo y Francia Sirpi”.