Los últimos ascensos a magistrados de apelaciones, jueces de distritos y locales penales, ocurridos en el poder judicial este año, obedecen a pagos por “servilismo y obediencia partidaria” al régimen de Daniel Ortega, porque han condenado sin pruebas a presos políticos, afirman defensores de derechos humanos y madres de presos políticos.	Aleyda Gadea, tía de uno de los autoconvocados de Estelí condenado por exposición de personas al peligro en perjuicio de policías que andaban bien armados durante una marcha cívica en ese departamento, expresó que esos nombramientos es una muestra más de que el poder judicial está al servicio de la dictadura.	“Eso ratifica que el poder judicial está corrupto y que está al servicio de la dictadura. No hay voluntad de liberar a los presos políticos, más bien están perfeccionando su plan para confirmar sentencias en segunda instancia. Es obvio que es un circo. Sabemos que hay un rosario de arbitrariedades: son secuestrados, son juicios espurios. Un profesional que se aprecie debió declararlos nulos desde el inicio”, dijo la afectada.	Mientras Peralta, era titular del Juzgado Tercero Distrito Penal de Juicio de Managua, ahora está en el Tribunal de Apelaciones de Granada. Condenó a las hermanas Olesia y Tania Muñoz de Niquinohomo por terrorismo y otros delitos. También condenó a Jaime Navarrete, otro autoconvocado, por la muerte de un paramilitar que anduvo limpiando barricadas entre junio y julio de 2018.