El pasado 20 de octubre se celebraron elecciones presidenciales en Bolivia. Evo Morales, con 13 años en el poder buscaba su cuarto mandato pese a que en 2016 su postulación a la presidencia había sido rechazada en un referéndum. Esa noche, un conteo electrónico rápido de votos confirmaba el paso a una segunda vuelta entre Morales y el opositor Carlos Mesa. Morales se proclamó ganador, mientras la oposición cuestionaba el escrutinio y comenzaron las denuncias de irregularidades en el proceso.	Desde el anuncio de Morales como ganador de los comicios electorales se desató una ola de protestas que dividió el país sudamericano en dos bandos: la oposición, liderada por Mesa, y el oficialismo que apoyó la reelección del mandatario. Desde entonces se reportaron cortes de vías en varias carreteras, barrios, incendios de casas, autobuses y edificios destruidos. Los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía dejaron al menos tres muertos, 346 heridos y 220 detenidos, según datos de la Defensoría del Pueblo boliviano.	La Policía de Bolivia también se unió a las protestas en contra de Morales. La noche del viernes 8 de noviembre estalló un motín policial en la ciudad de Cochabamba y luego se fueron sumando unidades policiales de Sucre, Santa Cruz y también Oruro, donde los agentes incluso se tomaron la gobernación. Los jefes policiales de las principales ciudades decidieron no reprimir las protestas.	Este domingo la OEA presentó un informe donde recomendaba la realización de elecciones en Bolivia. La OEA asegura que encontró graves irregularidades en el proceso electoral, aseguró que era “improbable estadísticamente” que Morales haya ganado las elecciones en la primera vuelta y recomendaron unas nuevas elecciones. El informe añade que «las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano para llegar al fondo y deslindar las responsabilidades de este caso grave.	Luego de conocerse el informe de la OEA, Morales anunció nuevas elecciones generales y la renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE). “He decidido convocar a nuevas elecciones nacionales para que mediante el voto se permita al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos”, dijo Morales en su comparecencia.	A pesar del anuncio de nuevas elecciones, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kalimán Romero, «le sugirió» a Morales que pusiera su renuncia al cargo. «Luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad, por el bien de nuestra Bolivia», dijo.	Horas después de la renuncia de Morales, al menos 22 funcionarios dimitieron a sus cargos. Desde el vicepresidente, Álvaro García Linera hasta los ministros de Minería, de Justicia y Transparencia Institucional, de Culturas y Turismo y de Deportes. «Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos del MAS no sean más hostigados, perseguidos ni amenazados; lamento mucho este golpe cívico, con algunos sectores de la Policía por plegarse para atentar contra la democracia, la paz social, con amedrentamiento de intimidad al pueblo boliviano», dijo en su mensaje.	Tras su renuncia, Morales ha dicho que se trata de un golpe de Estado. El opositor Carlos Mesa dijo en una conferencia este lunes que «es inaceptable que se interprete que en Bolivia ha habido un golpe de estado». El gobierno de México denunció que sí se trata de un golpe de Estado y le ofreció asilo político a Morales, quien este lunes aceptó la oferta y viajó al país norteamericano. Estados Unidos «aplaudió» la renuncia de Morales tras la presión del Ejército. Donald Trump aseguró que su dimisión enviaba un fuerte mensaje para los «regímenes ilegítimos» de Venezuela y Nicaragua. La OEA emitió un comunicado en el que afirma que rechaza cualquier salida inconstitucionales en Bolivia.