El denominado “Bloque contra la Dictadura” en el Parlamento podría llegar a su fin tan pronto como se conformó, debido a supuestas negociaciones secretas entre los dirigentes de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y el FSLN con el fin de conseguir la amnistía para Eduardo Montealegre y Arnoldo Alemán, respectivamente, según denuncia del presidente y diputado del Movimiento Renovador Sandinista, MRS, Enrique Sáenz Navarrete.	La amnistía general, la extensión de la Ley Marco para mantener suspensas las reformas constitucionales de 2005 y, por ende, conservar las facultades presidenciales de Daniel Ortega, así como la elección y repartición de ochos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y la no aprobación del proyecto de presupuesto del próximo año para que entre en vigencia la propuesta que el gobierno envió a la Asamblea Nacional, serían parte del “combo” denunciado por Sáenz.	Las acusaciones y contraacusaciones provocaron la ausencia de Núñez Hernández en el hemiciclo para hacer quórum en el Parlamento y lograr una sesión para aprobar las iniciativas de amnistía, la interpretación auténtica de la Ley de Amparo y la aprobación de un decreto legislativo para anular una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema.	Mientras el diputado y presidente del MRS, Enrique Sáenz, sugirió un rompimiento con el bloque contra la dictadura si los liberales insisten en aprobar una amnistía que legalice al corrupción, el jefe de la bancada, Víctor Hugo Tinoco, señaló que una amnistía para Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre, no tiene por qué afectar un proyecto que únicamente pretende poner freno a los desmanes del presidente Daniel Ortega.	Por su parte, el diputado independiente, Mario Valle, se negó a votar a favor de cualquier iniciativa que no conozca y mucho menos si se trata de una ilegalidad con el fin de anular otra ilegalidad, en clara referencia al decreto legislativo que pretenden aprobar sus colegas liberales para dejar sin efecto la resolución de la Sala Constitucional en contra de la Ley 630.