El doctor Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), dice que no menos de 850 personas están en las cárceles por protestar contra el Gobierno de Nicaragua; pero el Gobierno, la Alianza Cívica y otras organizaciones nacionales e internacionales tienen diferencias en cuanto al número de detenidos.	“La situación es compleja y la respuesta no es tan fácil, porque esto tiene que ver con voluntades. Y una voluntad que debería estar expresa es que se detenga este tipo de detenciones contra personas que de alguna manera han participado en las protestas cívicas, como es el caso de Einer López y Bryan Alemán, que después de haber sido liberados fueron detenidos nuevamente y (a pesar que volvieron a ser liberados) son procesados por delitos comunes”, explicó el coordinador del área de defensoría de la CPDH.	Recordó que el Gobierno, a través de una comisión nombrada por la Asamblea Nacional, tiene un listado mucho menor de detenidos: 261 en total; en comparación con la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que trabaja con un reporte de 647 detenidos; pero también está la lista que de la Alianza Cívica, con 794 casos y la misma CPDH registra 850.	“Hay intereses contrapuestos en el listado del Gobierno, pero lo que a nosotros nos corresponde es la defensa de los derechos humanos. Desconozco por qué la comisión de la Asamblea Nacional tiene una estadística mucho menor, pero al fin y al cabo, las personas que tenemos plasmadas aquí, no son fantasmas. Son personas concretas, detenidas y reportadas por los familiares”, sostuvo el doctor Montenegro.	Por su parte, el doctor Pablo Cuevas, del área de asesoría legal y denuncias de la CPDH, dijo que como organización de derechos humanos tienen prestigio por su seriedad, actúan a petición de parte y tienen ciertos parámetros y un diseño metodológico para constatar la autenticidad de las denuncias, así también hay requisitos que el denunciante debe cumplir para corroborar la denuncia, comenzando con la cédula de identidad.	“En el Código Penal no existe el término preso político, sin embargo esta es una definición que se da a la persona perseguida por los órganos policiales por haber mostrado inconformidad a las políticas gubernamentales y es víctima cuando las instituciones actúan al margen de lo establecido en la ley y las normas que rigen el proceder institucional”, comentó Cuevas.	En el caso de Nicaragua, el Estado acusa a los manifestantes con delitos recurrentes: terrorismo, obstrucción de servicios básicos, financiamiento del terrorismo y tenencia ilegal de armas. Sin embargo, como una forma de estrategia para invisibilizar el carácter político, también se acusa por robo, amenazas de muerte, asesinado y hasta narcotráfico, explicó Cuevas.	“A esto se agrega que hay un recuento de 42 causas suspendidas, solo entre los casos que lleva la CPDH, que sumados a los llevados por abogados independientes, pueden llegar a ser 60 causas suspendidas, con más de un centenar de personas en estas. Hay que tomar en cuenta que la suspensión no significa que a las personas procesadas se les cerró el caso. En realidad, la suspensión es un limbo jurídico y pueden ser despertadas en cualquier momento, por lo tanto, si hay voluntad de liberación, que comiencen con la nulidad absoluta de todos estos casos y para eso no se necesitan tres meses”, dijo Montenegro.	El jurista concluyó argumentando que si hay casos con elementos convincentes de un delito común, esto debe seguir los procedimientos establecidos, tomando en cuenta que el artículo 34 de la Constitución dicta que toda persona “tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad ante la ley”.