Unos 30 años de conservación requerirá la zona de la Reserva Biológica Indio-Maíz afectada por el incendio de hace un año, para que el ecosistema se regenere y logre el tamaño y la calidad ecológica adecuada, afirmó Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, que trabaja en la protección de la reserva.	“Las autoridades nunca hicieron nada. El proceso de invasión de colonos, de deforestación, de ganadería, de venta ilegal de tierras, de la inactividad de los puestos de control del Marena (Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales) y la falta de aplicación del marco jurídico ambiental es por lo que se presentan situaciones como la del incendio en Indio-Maíz”, explicó Ruiz.	Recordó que ese 3 de abril de 2018, se enteraron del siniestro tras la comunicación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la zona de Siempre Viva, costado derecho de la ribera del río Indio, alertaron públicamente porque ya habían logrado ubicar vía satelital los focos de calor y temían que se extendiera en la magnitud que se propagó.	Los ambientalistas señalan al Estado de Nicaragua de no realizar acciones preventivas ante la invasión de la reserva; poco reconocimiento al inicio del incendio, de la envergadura de la situación que trataron de minimizarla; tardía declaración de la alerta amarilla y la poca coordinación con los actores locales, organizaciones ambientales y medios de comunicación independientes.	El científico y ambientalista Jaime Incer Barquero advirtió que los incendios forestales se ha venido repitiendo en mayor o menor escala, porque ahora “hay incendios donde nunca antes habían brotado, debido a la estación de verano y la época de vientos, pero también a la falta de prevención y manejo, y a quienes a propósito producen estos incendios”.	El Gobierno de Nicaragua impulsó este 2019 el “Plan de acción contra incendios forestales y agropecuarios en áreas protegidas”, para atender, mitigar y prevenir” siniestros en áreas protegidas y zonas de amortiguamiento, ya que, según el Marena, Nicaragua tiene como meta para este año “reducir al menos en un 50 por ciento los incendios”.	Es por ello que, para el ambientalista Jaime Incer Barquero es evidente la “falta de control y la falta de interés del Gobierno de Nicaragua”, pues consideró que las autoridades han dejado que las áreas protegidas “queden abiertas a cualquier tipo de explotación y que las leyes queden en papel mojado”.