Varios organismos de la sociedad civil consideraron que la disposición de cambiar la fecha de las elecciones debe ser potestad de las Asamblea Nacional, y si bien hay voluntad política para que así sea, se oponen a la posposición en los municipios de la RAAN por considerarlo como un acto de discriminación contra los costeños.	Los organismos Judenic, el Movimiento Por Nicaragua, Provoto, el Movimiento Autónomo de Mujeres, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) e Incide, fueron los que firmaron el pronunciamiento en el que respaldan la voluntad de los diputados de cambiar la fecha de las elecciones en todo el país del dos al nueve de noviembre mediante una reforma electoral.	Por su parte, Benjamín Lugo, de Provoto, aseguró que se debe llamar a todo tipo de observadores electorales internacionales para evitar que haya fraude en las elecciones de noviembre próximo. En tanto dijo que el CSE ha contratado a un grupo de observadores que son políticos de otros países y no tienen la imparcialidad necesaria.