Según cifras de la Bolsa de Valores de Nicaragua, en febrero se transaron 637 millones de córdobas en títulos valores, inferior a los 24,872 millones de córdobas en igual mes del año pasado, pero debido a que 2018 febrero fue un mes atípico porque hubo transacciones de un día, se comparó con los años anteriores y se observa igual una fuerte caída.	Explica que el volumen de la bolsa se va a mantener “a un ritmo muy parecido de los últimos tres meses del año pasado, lo que va a implicar una caída en el volumen con respecto al 2017 y 2018 y ya lo estamos viendo, pero la incertidumbre es tan grande que todo puede cambiar”.	“Ya se han hecho transacciones con bonos de indemnización (con rendimientos) superiores al 15 por ciento y eso está atrayendo otro tipo de inversionistas. Un día de estos hablaba con un inversionista que me decía que ningún negocio me va a dar un 15 por ciento, y la verdad es que a largo plazo todo se va a componer y prefiero invertir aunque el riesgo sea grande, y siempre hay gente que ve estas oportunidades y toma los riesgos”, sostuvo.	La profundización en la reducción de las operaciones de la Bolsa de Valores de Nicaragua representa para el Gobierno —que es el principal emisor de la Bolsa— un fuerte desafío, ya que al igual como ocurre en las emisiones del sector privado, también el sector público ha resentido la decisión de los inversionistas de no readquirir los bonos.	Datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) indican que en lo que va del año en la subasta de bonos en la denominación de euros, no se han presentado ofertas, pese a que la tasa de rendimiento pasó de 8.486 por ciento en agosto del 2018 a 9.100 por ciento en febrero del 2019.	Precisamente en agosto del año pasado el Ejecutivo incrementó en 286.4 por ciento la meta en cuanto a emisión de bonos de la República y Letras de Tesorería, con el objetivo de cubrir el déficit presupuestario y del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Pero hasta ahora ha tenido problemas para colocar títulos.	Eso lo ha obligado a impulsar una “confiscatoria” reforma fiscal, según ha tildado así el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), con lo que se busca extraer 317 millones de dólares de las actividades económicas. Esta situación, según el sector privado, en lugar de solucionar el problema financiero del régimen vendrá a agudizar la recesión económica y por ende la recaudación tributaria.