“Definitivamente que alguna de las situaciones que aquí nos han referido, violan el derecho humano de acceso a la justicia de las víctimas de delito y de los propios abogados que, en el ejercicio de su profesión, requieren que se les den las respuestas oportunas y no es el caso”, confirmó el director jurídico del Cenidh, Bayardo Izabá.	El Cenidh detectó que el modelo de gestión de despacho judicial contradice lo establecido en el Código de Procedimiento Civil en lo relativo a que los escritos se deben presentar ante un secretario, además, hay retardación de justicia e incumplimiento en cuanto a los plazos y términos en materia penal, sobre todo en lo referido al tiempo que una persona debe estar detenida sin sentencia.	La abogada Mariana Gómez denunció que en los juzgados civiles se viola el principio de igualdad ante la ley, porque mientras ellos tienen que esperar para conseguir “mover” una demanda de alimentos, por ejemplo, “a los bancos les dan prioridad”, y para demostrarlo le enseñó a Izabá todas las sentencias que a favor de esas instituciones financieras están pegadas en las tablas de avisos.	“Lo que pasa es que esto está atrasado desde cuando empezaron a inventariar todos los expedientes, lo que quiere decir que hay juicios que tiene ocho meses sin proveerse, y esa auto-consulta (computarizada) no sirve porque nunca está actualizada: uno busca los expedientes y tienen cuatro o cinco meses de retraso”, apuntó el abogado Ulises Carballo, quien fue respaldado por su colega Luis Tenorio.	Doña Lilliam Martínez Blass denunció que pese a que ella desistió de seguir acusando a su marido por lesiones sicológicas, no ha podido hacer nada por librarlo de la cárcel, donde ha estado dos meses, porque el expediente supuestamente “se perdió” y por consiguiente no pueden tramitar los escritos de desistimiento que ha presentado.	Francisco José Siézar Espinoza mencionó que “el relajo es tal” en los juzgados que intercambian a los actores de los procesos, porque un día le mandaron a notificar a él un auto avisándole que iba a ser capturado por rebeldía, mientras que al verdadero acusado de robo con intimidación, “le otorgaron un título de abogado honoris causa” al hacerlo aparecer como su defensor.	Ramón Real, coordinador a apoyo judicial, reconoció que hay problemas, pero dijo que en el camino se van a ir subsanando. La abogada Mariana Gómez indicó que el gremio abogadil ha denunciado todo lo que está ocurriendo en el Cenidh, Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, y hoy lo harán ante la Corte en Pleno, instancia hacia la cual marcharan para exigir que el modelo de gestión de despacho judicial sea eliminado o al menos reformado porque viola sus derechos constitucionales.