"Los abogados defensores rechazan la amnistía como salida política legislativa por considerar que esta abre las puertas a presumir una posible participación de las personas presas políticas en actividades delictivas y a la vez indica que la amnistía como estrategia política puede beneficiar a las personas que no se encuentran siendo procesadas, pero que posiblemente pudieron haber incurrido en delitos en el contexto de la crisis sociopolitica. Una amnistía cerraría las puertas a un verdadero proceso de justicia transicional en Nicaragua", señala la propuesta.	Declarar la nulidad de los procesos judiciales debe descartarse según los expertos en la materia pues "la nulidad invalida el proceso pero no la acción, lo que significa que posteriormente se puede ordenar la reapertura del proceso y con ellos se ubicaría a las personas excarceladas en una situación de inseguridad jurídica convirtiéndolos en rehenes permanentes de las negociaciones", señala el documento.	Asimismo, los defensores argumentan que la propuesta también se fundamenta en el "Acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad de conformidad al Ordenamiento Jurídico del país y las respectivas obligaciones internacionales de Nicaragua en este ámbito firmado el 27 de marzo de 2019 por el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica".