En abril se levantará la suspensión de cobros de multa a extranjeros cuya documentación no esté en regla y los que están en situación irregular en Costa Rica, lo que para representantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) no afectará a los que haya interpuesto su solicitud de refugio.	Según La Prensa Libre de Costa Rica del 3 de febrero, el Gobierno de la Costa Rica convocó en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa la revisión del proyecto 20.429, que consiste en la modificación de los artículos 33, 78, 80, 91, 164 y 170 de la Ley General de Migración y Extranjería.	El diario cita a Víctor Barrantes, viceministro de Gobernación, quien señala que debido a una serie de decretos que se han dado desde la gestión de Laura Chinchilla, no se ha hecho el cobro de multas para los extranjeros que se encuentren ilegalmente en el país o en cuyo caso ingresen bajo el mismo estatus.	“La idea es iniciar con el cobro de las multas a partir de abril, que es cuando venza el decreto y se centra en varias partes; bajar el monto de la multa de $100 a $50 por cada mes vencido de estancia en Costa Rica, además introduce una sanción que no existía para las personas que ingresen de manera irregular, ya que tendrán que pagar una multa que alcanza la mitad de un salario base de un oficinista del Poder Judicial”, indica el viceministro.	El secretario adjunto de la CPDH, Denis Darce, instancia que tiene una delegación en el vecino país, señaló que dado el caso de los nicaragüenses que están en Costa Rica huyendo de la crisis, si estas personas ya se presentaron inmediatamente ante las autoridades migratorias y solicitaron refugio, no los afecta, ya que están en trámite de legalización y para eso les entregan un documento.	Explicó que dada la situación económica de Costa Rica ese gobierno está implementando una serie de políticas de recuperación. “El vecino país tiene una crisis fiscal que se visualizó desde el 2018 y tiene que aumentar la capacidad de recuperación, pero hay que aclarar que desde el momento que esta persona solicita refugio y entra en contacto con las autoridades, el objetivo es regularizar su situación y mientras esté abierto el proceso y no se le niegue el refugio, cuenta con una presencia autorizada dentro de ese país a través de un carnet”, explicó Darce.	Según la modificación que el gobierno costarricense a la Ley  8.764, en su artículo 33 dicta que las personas extranjeras que ingresen al país bajo la categoría migratoria de No Residentes y que permanezcan en el territorio nacional una vez vencido el plazo oficialmente autorizado por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería, podrán ser sancionadas, al realizar los trámites de egreso del territorio nacional, con el pago de una multa de US$50, o su equivalente en colones, por cada mes o fracción de mes de permanencia irregular.	Las personas extranjeras que hayan ingresado al país en forma irregular, sin haberse sometido al control migratorio de entrada, podrán ser sancionadas por la Dirección General, durante su permanencia en el país o al realizar los trámites de egreso, con el pago de una multa cuyo monto será de la mitad del denominado salario base mensual de un oficinista.