Ante el incremento de medios digitales y herramientas tecnológicas que permiten derrotar la censura, los más preocupados hoy en día son las dictaduras. Las demandas sociales en Venezuela y Nicaragua han sido la demostración más reciente y visible de la nueva dimensión de poder social que conceden al ciudadano las nuevas tecnologías de comunicación electrónica. En pocos minutos el mundo pudo ser testigo de lo que estaba ocurriendo desde la primera protesta que surgió; las grabaciones de audio, video y fotografías inundaron las redes sociales, blogs y medios digitales.	Las plataformas de Facebook, Twitter y WhatsApp fueron las principales vías para el intercambio de información, además de informar, permitieron organizar y concentrar acciones de movilización para exigir derechos y libertades, conociendo el carácter protagónico de movilización popular a través de la telefonía móvil y redes sociales. Según informe presentado en 2017 por la organización Sembramedia, en conjunto con la fundación Omydiar Network, se analizó 100 medios en 4 países (Argentina, Brasil, Colombia y México) y se concluyó que los medios digitales en Latinoamérica están creciendo y muchos de estos avanzan hacia la rentabilidad económica, transformando en todo sentido la manera de hacer y consumir periodismo pese a que el 45% de los medios consultados en el estudio dicen que han sufrido violencia o amenazas por sus coberturas y el 21% admite la autocensura como resultado de los hostigamientos.	En el informe de 500 páginas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se refleja que entre marzo y junio de 2018 se produjeron más de tres millones de tuits y se difundieron más de diez mil videos. Este análisis de la información fue clave para establecer los crímenes cometidos por el régimen desde abril. El impacto de las redes sociales, unido al internet, ha generado temor en los gobiernos dictatoriales a tal punto que obligan a sus trabajadores mediante perfiles falsos y “bots” a generar contenido a su favor con el objetivo de divulgar información y tratar de confundir a la comunidad nacional e internacional.	Los gobiernos de China, Venezuela y Cuba han invertido millones de dólares para controlar las redes y penalizar con cárcel a los que fomenten “odio”. La estrategia más común que utilizan es la restricción de segmentos de IP que no permite acceso a los canales de información. Sin embargo, las herramientas tecnológicas evaden esta censura utilizando la red privada virtual “VPN” e INTRA, que se encargan de una navegación cifrada e íntegra mediante servidores externos; ambas se puede adquirir en la tienda de aplicaciones.