ha impuesto a los nicaragüenses drásticas medidas económicas y sociales, que podrían generar protestas en cualquier parte, pero aquí son contenidas por la represión que ha ejercido la dictadura a lo largo de 18 meses de crisis sociopolítica, en la que al menos 328 personas fueron asesinadas. Sin embargo, ese descontento social se está acumulando y podría volver a estallar, analizan expertos.	Mientras Ortega se aferra al poder, su maquinaria institucional aprobó reformas tributarias que ahogan el bolsillo de los nicaragüenses, puso en marcha una reforma a la seguridad social que sigue sin solucionar el problema de liquidez del INSS y que condena a los asegurados a pensiones de hambre, además del aumento discrecional a la tarifa de energía eléctrica, y la tendencia a aumentar los precios de los combustibles, que son los más caros en Centroamérica.	Recordó que las protestas de abril no solo se debieron al incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz ni a las reformas a la seguridad social, antes de eso hubo protestas que afectaban a sectores específicos como el Movimiento Anticanal, contra la minería y otros donde también hubo represión, pero menos letales. “Había una incubación de hechos que movilizó a los universitarios con sus propias demandas”, dijo Vargas.	La actual situación del país está condicionada por la pérdida del empleo, el incremento de la tarifa eléctrica, la supresión de los subsidios a la tarifa de energía eléctrica para los barrios y asentamientos, el empobrecimiento de la clase media; son cuatro elementos que muestran que el problema social en Nicaragua se está incubando nuevamente, explicó Vargas.	Advierte que el error del gobierno es creer que el estallido social es “un golpe de Estado”, sino que “este es un problema que se está incubando y que, yo creo, en el 2020 viene una fuerte movilización social por reivindicaciones cuando la gente comience a sentir realmente el problema del agua, de la luz, del costo de la vida”, reveló.