El caso fue destapado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que llegará a su fin el próximo martes, luego de que el presidente Jimmy Morales se negó a pedir la nueva ampliación del mandato, al acusar al ente de intromisión en asuntos internos e incurrir en actos ilegales en sus casos.	Entre las víctimas del presunto espionaje, la Cicig enumeró a miembros del partido político de centro izquierda Semilla, surgido tras las protestas en 2015 por un fraude revelado en las aduanas que obligó a la renuncia del presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado por la fiscalía y la Cicig como cabecilla de la estafa.