Ortega "teme que la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de Lima o la misma Organización de Estados Americanos le apliquen sanciones, sobre todo económicas contra él y su familia, que se ha enriquecido al amparo del poder y no quiere perder su capital", afirmó la activista en rueda de prensa.	Núñez, que en Ginebra se ha reunido en los últimos días con varios relatores de derechos humanos de Naciones Unidas y participó en reuniones del Consejo de Derechos Humanos sobre la cuestión nicaragüense, destacó que sanciones y medidas concretas desde el exterior son "el último mecanismo de presión que queda para ver si Ortega entra en razón y no sigue reprimiendo".	Sobre las negociaciones finalizadas el miércoles -aunque las partes abrieron la posibilidad de que se celebren nuevas rondas- Núñez subrayó que uno de los pocos avances se ha conseguido en la cuestión de los presos políticos, que el Gobierno ha prometido liberar en 90 días, aunque hay divergencias en la cifra de reos.	El Comité Internacional de la Cruz Roja, encargado de elaborar una cifra que concilie las de Gobierno y oposición, presenta una lista alternativa de 647 presos (más otros 150 que ya salieron de las cárceles y están bajo arresto domiciliario), aunque aún no se conoce la reacción del régimen de Ortega a este número.	A finales de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reunido en Ginebra emitió una resolución contra el Gobierno nicaragüense por su violenta represión de meses de protestas iniciadas el 18 de abril de 2018 por una impopular reforma de seguro social, con más de 300 muertos según los informes de la CIDH.