Un Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) que pretende reducir la deserción escolar, mejorar el servicio de salud y de agua potable, y que promete la construcción de más de 40 mil viviendas antes que finalice 2012, es lo que anunciaron funcionarios del gobierno, quienes no precisaron de dónde sacarían el financiamiento, y menos los montos de cada rubro; pero lo que sí enfatizaron es que los Gabinetes del Poder Ciudadano (GPC) serán los encargados de implementar dicho plan.	Valdrack Jaentschke, Viceministro y Secretario de Cooperación Externa; Paul Oquist, Ministro Privado del Poder Ciudadano para las Políticas Nacionales; y Ervin Vargas, funcionario del Banco Central de Nicaragua (BCN), todos miembros del equipo de elaboración del PNDH, presentaron a varias organizaciones de la sociedad civil ese proyecto, en donde dejaron claro que el gobierno pretende “superar la pobreza” al implementar un modelo de “democracia: el Poder Ciudadano”.	Vargas expuso que las líneas estratégicas del plan son: participación ciudadana, gobernabilidad democrática, transparencia y probidad, seguridad ciudadana, acceso y calidad en la impartición de justicia, fortalecimiento del Estado y capacitación de la administración pública responsable, armonización de los poderes del Estado, descentralización y fortalecimiento municipal, y seguridad al derecho de propiedad.	En el tema de salud, precisó que para 2012 reducirán la tasa de mortalidad materna, infantil y de desnutrición crónica, además, pretenden incrementar el seguro social de la Población Económicamente Activa (PEA) del 21.7 al 35 por ciento; y también esperan construir 42 mil 265 casas, mejorar 85 mil y legalizar 100 mil.	Georgina Muñoz, enlace de la Coordinadora Civil, expresó su preocupación de que a los Gabinetes del Poder Ciudadano (GPC), antes denominados Consejos del Poder Ciudadano (CPC), se le otorgue un espacio de consulta privilegiado, pues recordó que estos mismos grupos han excluido a otros que han estado históricamente incluidos dentro de políticas sociales, principalmente en diferente alcaldías del país.	Michèle Najlis, del Centro Antonio Valdivieso (CAV), dijo que está claro que la democracia directa en lo que se refiere el documento son los GPC, y también es claro que obedecen al partido político que precisamente está gobernando, lo que demuestra que excluye a otros sectores sociales independientes, e incluso a los espacios de la democracia, como por ejemplo a los medios de comunicación, a los que el gobierno los ha llamado “enemigos públicos”.	Najlis externó su preocupación por la falta de políticas a favor de las mujeres, pues con la penalización del aborto terapéutico no hay intención del Estado de asegurarle la vida a las mujeres en una situación de riesgo. Asimismo criticó que los funcionarios del gobierno hablen de transparencia y probidad cuando se manejan discrecionalmente los fondos del ALBA.	Adolfo Acevedo, economista de la Coordinadora Civil, se quejó de que el gobierno haya invitado a las organizaciones de la sociedad civil un día antes y a una gran cantidad de ONG al mismo tiempo, pues eso no permitió que los invitados hayan leído el borrador del PNDH y tampoco hayan profundizado en el tema.	Señaló que los expositores tampoco presentaron de dónde saldrá el financiamiento, pese a que en las líneas estratégicas hablan de transparencia y probidad. “Hay una enorme cantidad de enunciados de intenciones, pero no hay claridad de los programas, sus costos, presupuesto y los formas de financiamientos… uno espera un plan del gobierno que exprese prioridades, metras, objetivos, políticas y costos”, enfatizó Acevedo.