La valoración de la Coordinadora Civil (CC) sobre el primer año de gestión del presidente Daniel Ortega es que no satisfizo las expectativas y necesidades de la población, por el contrario, se agudizaron los problemas políticos, económicos y sociales, por lo que insistieron en un diálogo nacional cuya agenda contenga un Plan Nacional de Desarrollo y políticas públicas, que permita, además, promover la unidad y reconciliación proclamadas por el Gobierno.	Para ello --añadió-- es indispensable rediscutir a fondo los términos del programa económico financiero negociado entre el Ejecutivo y el FMI, el que establece, entre otras cosas, un total congelamiento de la nómina salarial del gobierno como porcentaje del Producto Interno Bruto y que crezca sólo en un 12 por ciento. Sin embargo, subrayó que en esas condiciones nunca se resolverá el enorme rezago salarial de maestros, trabajadores de la salud y policías.	Por su parte, Mario Quintana, también enlace nacional de la CC, externó que los diputados y diversas organizaciones de la sociedad civil vinculadas con los temas de propiedad, seguridad social, beneficios para los jubilados y servicios públicos, deben ponerse a elaborar leyes para resarcir los derechos mutilados por la resolución de la CSJ, mismas en donde se declara como inconstitucional las leyes 511, 512 y 539 relacionadas con los aspectos antes señalados.	Quintana destacó que el Presidente de la República debe dejar a un lado las amenazas públicas y demandar de la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía, en coordinación con la CSJ, ir a fondo con la investigación de las quiebras bancarias y la deuda interna generada por los Cenis, a fin de fijar su ilegalidad y la responsabilidad de todas las personas e instituciones involucradas, y enviar a la Asamblea Nacional propuesta de reformas al presupuesto para que los 900 millones de córdobas previstos para el pago de dicha deuda se distribuyan en la deuda social.