Esta semana, diputados de las bancadas de oposición, solicitaron a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que se haga una interpretación auténtica de la Ley 205, Ley de Amparo, luego de que los magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmaran en una sentencia que dicho recurso cabe contra el proceso de formación de la Ley.	Es así como en 1988, durante el gobierno sandinista, la Asamblea Nacional aprueba la Ley de Amparo que ha sufrido reformas en 1995, en 2000 y en 2005. Cada una de ellas, ha quitado o agregado artículos para beneficiar a frenar a determinados sectores políticos que han pretendido abusar de la Constitución Política.	En junio de 1995, la Asamblea Nacional reforma la Constitución Política, y el seis de septiembre, por amplia mayoría legislativa, reforman los artículos 6 y 51 de la Ley de Amparo, para frenar los recursos de amparo que Lacayo, los ministros y viceministros de Chamorro pretendían promover contra las reformas constitucionales.	En la reforma a la Ley de Amparo argumentan que lo que está en proceso no está completo, y, por lo tanto, no se ha materializado la causa para justificar el Recurso, y establecen que no procede el Recurso de Amparo contra el proceso de formación de la ley, ni contra el nombramiento y destitución de los funcionarios que gozan de inmunidad.	Fue hasta el final de su Administración que Alemán promovió una reforma al quórum de la Corte Plena, para tener el control. Fue así como el 16 de octubre de 2001, días antes de las elecciones nacionales, que Alemán refrendó la reforma a la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que le da el control sobre la CSJ.	Antes de la reforma, el artículo 26 establecía que la Corte Plena formará quórum con la presencia de por lo menos las tres cuartas parte del total de sus miembros, y toda resolución o Acuerdo requerirá del voto coincidente de por lo menos los dos tercios del total de sus integrantes.	En el artículo 31 se estableció la división de la CSJ, en cuatro salas: Constitucional, Penal, Civil, Contencioso Administrativo. Cada sala estará conformada por un número de no menos de tres miembros electos anualmente de entre sus miembros, en Corte Plena, con el voto favorable de por lo menor dos tercios de sus integrantes.	Cada sala conformará quórum con la presencia de por lo menos la mitad más uno del total de sus miembros. Toda resolución o Acuerdo de sala, requerirá del voto coincidente de por lo menos la mitad más uno del total de sus integrantes. Deberá elegirse a sus respectivos suplentes, para los casos de ausencia, excusa por implicancia o recusaciones.	El 23 de septiembre de 2004, a través de la sentencia 69, la Corte Plena declaró inconstitucionales los artículos 6 y 51 numeral dos de la Ley de Amparo. El artículo 51 establecía: “No procede el Recurso de Amparo, contra el proceso de formación de la Ley, su promulgación o su publicación, o cualquier otro acto o resolución legislativa”.	En esa oportunidad, disintieron los magistrados, Manuel Martínez, Nubia Ortega, Edgard Navas, Guillermo Vargas y Ramón Chavarría, argumentando que la Constitución Política no establece el control previo. Consideraron que la declaración atentaba contra la independencia de poderes del Estado, ya que es potestad inherente a la Asamblea Nacional el proceso de formación de la ley.	Los magistrados declararon inconstitucional la Ley de Amparo, aunque en la sentencia del 17 agosto de 2001, a través de la sentencia 98 habían ratificado la constitucionalidad del numeral 51, y declaró inconstitucional sólo la parte final, convirtiéndose en cosa juzgada. La parte final dice: “…cualquier otro acto o resolución”. En la misma sentencia se declaró inconstitucional el artículo 6, que dice: “… y en general, cualquier acto o normativa de rango inferior”.	En 2004, el ex presidente Enrique Bolaños pidió a los magistrados de la CSJ que ratificaran para su caso, la inconstitucionalidad de los artículos 6 y 51 de la Ley de Amparo, para evadir el cumplimiento de una resolución de la Contraloría General de la República (CGR) que le ordenó a la Asamblea Nacional su destitución.