Julio Francisco Báez denuncia que presidente Ortega extendió ilegalmente el plazo para otorgarles Certificados de Crédito Fiscal. Se trata de un consorcio de empresarios estadounidenses de la cadena Marriott, entre los que figura John Maisto. “Además, ellos renunciaron expresamente a ese derecho”, dice Báez, quien agrega que esta sería “una reforma imperial”	Así lo reconoció recientemente a la revista Confidencial el ingeniero Mario Salinas, Presidente del Instituto de Turismo. Sin embargo, el presidente Ortega no tiene facultad para extender el plazo de derechos legales que ya no tienen vigencia, y Gran Pacífica ya había renunciado a este derecho en su contrato con el gobierno de Nicaragua, alertó anoche el experto en derecho fiscal, Julio Francisco Báez.	Gran Pacífica es un consorcio de 200 empresarios estadounidenses que construirán condominios, campos de golf y un hotel de la cadena Marriott, cuyos representantes --entre quienes figura el ex embajador estadounidense John Maisto-- se reunieron la semana pasada y obtuvieron tal beneficio fiscal por parte del presidente Ortega, según anunció el ingeniero Salinas.	El consorcio tiene un contrato de inversión extranjera desde antes de que se produjera la reforma tributaria, que suprimió los CFT como incentivo fiscal al turismo. El contrato entre Gran Pacífica y el gobierno de Nicaragua se produjo tres semanas antes de que se diera esta reforma tributaria, pero independientemente de esto, Gran Pacífica renunció al derecho a beneficiarse con los CFT.	Pero, “ahora resulta que el cadáver está insepulto”, afirmó Báez durante la presentación de un estudio comparado sobre incentivos fiscales en Guatemala y Nicaragua, formulado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, el cual concluye que las exoneraciones fiscales no son necesariamente el mejor incentivo a las Inversiones Extranjeras Directas, IED.	Si lo dicho por el ingeniero Salinas es cierto, advirtió Báez, “estamos ante un escándalo financiero incalculable, porque 200 millones de córdobas donados a una empresa turística por el gobierno de Nicaragua, abren las puertas para echarle un poco más de gasolina a la llama que se está prendiendo en la Asamblea Nacional.	La medida de Ortega, reiteró Báez, rompe el principio de legalidad, va en contravía de la Ley de Presupuesto 2008 y de la Constitución. Esos 200 millones, cuantificó, equivalen al 200 por ciento del Programa Usura Cero, al sesenta por ciento del Programa Hambre Cero, al 60 por ciento del Presupuesto de la Asamblea, y al cien por ciento del presupuesto del Marena, justo en ocasión del Día de la Tierra. “Decretemos que esto es un disparate y que no será una realidad”, demandó el experto.	Precisamente, Carrera reconoció que en Guatemala ya no existen incentivos fiscales para el sector turismo, a pesar de que ésta es una de las grandes industrias de ese país, al mismo tiempo que el economista Sergio Santamaría advertía que las exoneraciones fiscales totalizan seis mil millones de córdobas anuales en Nicaragua.