Estrada afirmó que la Procuraduría General de la República, PGR, decidió tomar la iniciativa de recurrir a la instancia internacional porque están seguros que tienen todo el fundamento jurídico para demostrar que el Estado de Nicaragua tiene la razón en su exigencia del pago que adeudan los empresarios de Barceló Montelimar.	La PGR presentó documentos de los sostenidos cobros al Grupo Barceló, con base en lo que establecía el contrato suscrito en 1993. El pago se estableció en cuotas diferenciadas y condicionadas al porcentaje ocupacional del hotel, que iban de un 65 a un 85% en el 4º. y en el 5º. Año, y a partir del 6º. año, un porcentaje del 60 y del 75% a más del nivel ocupacional, y que según la auditoría contratada por la compradora no se logró.