El documento eliminó la mención a “interferencias extranjeras” que incluía un borrador difundido la víspera por la misión ecuatoriana, pero el canciller ecuatoriano José Valencia denunció explícitamente al gobierno del venezolano Nicolás Maduro y a un jefe de la facción disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por apoyar públicamente a las protestas.	«Aprovecharon el reclamo por la terminación del subsidio a los combustibles para desestabilizar el país, minar su institucionalidad democrática y crear un caos que evidentemente tendría una proyección regional en algún punto», señaló Valencia ante el Consejo Permanente de la OEA, que este martes aprobó una declaración de «Defensa de la Democracia y la Paz Social en Ecuador».	«Esta tarde asistimos a esta sesión extraordinaria del consejo permanente, convocada a solicitud del Gobierno de la República de Ecuador, y no por imposición de la voluntad de un pequeño grupo de países miembros de esta organización, que pretenden imponer sus agendas y decisiones sobre otros Estados soberanos y que tienen como práctica intervenir en sus asuntos internos, en flagrante violación de la naturaleza y propósitos de la Carta de la OEA», dijo la empleada de la dictadura.	«Estamos hablando de la existencia palpable de un doble rasero que se utiliza en la OEA en el abordaje de los temas de la agenda interamericana», insistió la enviada del régimen, quien señaló los hechos ocurridos en Ecuador: «Nicaragua no está aquí para juzgar por qué el Ejército Ecuatoriano salió a las calles a reprimir las manifestaciones pacíficas de la población indígena y campesina, o por qué hay numerosos muertos y heridos según reportes de medios de prensa nacionales e internacionales».	En ese mismo foro, se ha condenado la represión y abusos masivos de derechos humanos cometidos por la dictadura que encabeza Ortega y su pareja Rosario Murillo, desde abril del 2018 y que han provocado a la fecha 328 muertes, más de dos mil heridos, miles de detenciones arbitrarias, más de 80 exiliados por persecución políticas y la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados por la Policía Orteguista y grupos de parapoliciales y fanáticos organizados y armados por el régimen para aplastar las protestas sociales.