En particular, aquellas prácticas “que se realizan para deliberadamente destruir, falsificar, alterar u ocultar pruebas materiales para una investigación o hacer declaraciones falsas en la investigación, a fin de impedir una investigación sobre denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, y/o amenazar, acosar o intimidar a cualquiera de las partes para evitar el conocimiento que tienen sobre temas relevantes para la investigación”.