El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, había afirmado poco antes haber solicitado "a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a ningún país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte". "El gobierno británico lo ha confirmado por escrito, en cumplimiento de sus propias normas", agregó.	La plataforma WikiLeaks, famosa desde que en 2010 difundió cientos de miles de documentos secretos del ejército y la diplomacia de Estados Unidos, afirmó que Estados Unidos trabajaba con Ecuador para obtener la extradición de Assange y juzgarlo. Y llevaba días advirtiendo de que su fundador iba a ser expulsado de la legación.	Desde hacía ya muchos meses la situación entre Quito y el australiano de 47 años era cada vez más tensa. Hartos de que Assange se injiriese en los asuntos internos de Ecuador y de otros países desde la embajada, en octubre las autoridades ecuatorianas le impusieron un protocolo de conducta que limitaba su acceso a internet e imponía un estricto control a sus visitas.	Sus defensores afirmaron que esto vulneraba sus "derechos fundamentales", que se censuraba "su libertad de opinión, expresión y asociación" condicionándola al asilo e incluso denunciaron que lo espiaban, tenían miles de fotografías y vídeos de sus encuentros en la legación y "muy probablemente" los compartieron con la administración del estadounidense Donald Trump.	Según dos cartas difundidas por WikiLeaks a la prensa, el embajador le había advertido de su comportamiento el 4 y el 20 de febrero por impedir que los sistemas de seguridad de la embajada registrasen sus visitas en una ocasión dirigiendo hacia una cámara un potente foco de luz y en otra con una radio a todo volumen.