La Comisión de Asistencia Electoral de la OEA para el Gobierno, al declarar que su ayuda será técnica y no política, se autoexcluye solo en apariencia de asistir sobre reformas que supongan decisiones políticas. En realidad, tal posición deja el espacio político en manos de la dictadura, apoyando de hecho el escenario de consensos sobre reformas cosméticas con sus partidos aliados. Esto pretende dejar al margen a la Alianza Cívica; pero no existe posibilidad alguna de abrir un escenario electoral creíble que genere confianza para solucionar la crisis sociopolítica, sin consenso con ella.	La necesidad de consenso con la Alianza Cívica está clarísima para la comunidad internacional que da seguimiento día a día y respalda una solución a la grave situación política y de derechos humanos en nuestro país (entre ellos 20 países de la OEA, el Acnudh, el Vaticano, la CIDH, Meseni, GIEI, Unión Europea y Estados Unidos). Tal es esta necesidad, que como algunos interpretan, la dictadura quisiera solventarla mediante una “triangulación fantasma”, en la cual se daría a la OEA un rol de recolector de las propuestas técnicas y políticas de la AC, mientras los dictadores deciden cuáles convienen y cómo adecuarlas a sus intereses. Esto sería bajo todo punto de vista indigno, inaceptable, y no daría ninguna confianza sociopolítica.	Por ello, celebro la posición y propuesta de la AC de reformas para restablecer confianza en el sistema electoral, la cual sirve como instrumento de unidad para construir la coalición política para las elecciones. Es una propuesta madura que ofrece escenarios de confianza al pueblo nicaragüense, para superar los ciclos históricos de totalitarismos, caudillismos y dinastías con sus nefastos efectos sobre el tejido social, económico, cultural y ambiental de nuestra patria.	La misma está sujeta a perfeccionamiento, para lo cual quisiera dar tres aportes. En primer lugar, es de todos sabido que sin garantías de los derechos ciudadanos y un clima de plenas libertades no es posible una elección creíble; por tanto, la primera reforma debería ser esta: “procesos electorales con clima y garantías de derechos ciudadanos y plenas libertades de prensa, expresión, movilización y organización. Estas garantías serán certificadas por la observación internacional y nacional”.	Sobre “escogencia de nuevas autoridades electorales que generen confianza y despartidizar las estructuras electorales”, es necesario explicitar que “esto se hará mediante un procedimiento no partidario”. Sugiero que este procedimiento se rija por propuestas y reconocimientos de ética y trayectoria profesional pertinentes al cargo. Una Comisión Ad-Hoc de Alto Nivel escogerá mediante ternas gremiales de profesionales notables del derecho o promotores de ciudadanía apartidistas. Las personas notables no deben ser miembros de ningún partido político.	Para que la propuesta de “prohibición de sucesión continua para el cónyuge del presidente” bloquee todo intento dinástico o de nepotismo electoral, propongo que “No serán candidatos ni tendrán sucesión continua quienes tengan calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, del candidato o actual presidente y vicepresidente de la República, diputado, alcalde o gobernador regional”.	La asistencia de la OEA para la reforma electoral debe enmarcarse y dar forma a los acuerdos de las 20 naciones en el marco de la OEA, las cuales instan a que el Gobierno de Nicaragua realice elecciones limpias y transparentes con base en el consenso con la Alianza Cívica. Tal cual se enmarca el mandato de la Misión de Alto Nivel cuya gestión diplomática se enfoca en precisamente en la reanudación del diálogo nacional, y el cumplimiento de sus acuerdos, lo cual representa la salida de la crisis sociopolítica.