La denuncia fue planteada en el marco de una audiencia de la CIDH sobre Nicaragua, después de que el jueves este ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó su reporte anual en el que colocó al país centroamericano en la lista negra de violaciones a los derechos humanos por la represión de la ola de protestas de 2018.	La ola de manifestaciones en Nicaragua, que comenzó como un movimiento contra una reforma de la seguridad social y derivó en una etapa de protesta más amplia contra el gobierno, fue duramente reprimida con un saldo de 325 muertos, 2,000 heridos y decena de miles de exiliados, según organismos de derechos humanos.