El pasado 31 de agosto la oficina de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, envió a la delegación permanente de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el informe sobre la situación de derechos humanos que se estableció en la resolución 40/2 del 21 de marzo y que será debatido este 10 de septiembre en la sede de ese organismo en Ginebra, Suiza.	Ese documento oficial se hizo público este 6 de septiembre mediante las redes sociales de OACNUDH y en resumen establece que en Nicaragua, al igual que en 2018, se siguen violando masivamente los derechos de los nicaragüenses, persisten las formas de torturas, abusos contra los detenidos, desapariciones forzosas, persecución a los activistas de derechos humanos, periodistas, líderes comunales, estudiantes y cualquier forma de expresión contraria a las directrices de la dictadura.	Y por ello, la oficina de Bachelet hizo 14 recomendaciones para encontrar una solución pacífica a la crisis, entre las cuales figuran un llamado al diálogo, reformas electorales, justicia, desarme de los grupos parapoliciales, reparación para las víctimas, investigación para los crímenes y delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y otras medidas encaminadas a regresarle al pueblo los derechos confiscados mediante la represión.	La respuesta del régimen se hizo mediante una nota verbal emitida el pasado 2 de septiembre y revelada este 6 de septiembre, la cual se envió a la oficina de OACNUDH con una insólita petición: «tome debida nota del contenido de esta Nota Verbal y publique el informe del Gobierno de Nicaragua como documento oficial en la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos».	«El Estado de Nicaragua reitera su inconformidad y rechazo a la Resolución 40/2 del Consejo de Derechos Humanos, del 21 de marzo de 2019, en la que solicitó a la OACNUDH preparar un informe por escrito sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y lo presente en el 42avo Período de Sesiones», comienza la respuesta del régimen.	«El período del informe (del 19 de agosto del 2018 al 31 de julio de 2019) debe considerar la realidad actual y no retrotraerse a hechos de períodos anteriores al 19 de agosto de 2018. OACNUDH incumple este mandato del Consejo de Derechos Humanos, al insistir en incluir información sobre hechos ocurridos con anterioridad», reclama luego la dictadura, para enseguida descalificar la investigación de OACNUDH.	«La metodología citada para la recopilación de la información, OACNUDH no adjunta la evidencia de cómo actuó con la debida diligencia. De manera que la identificación de fuentes y la recopilación de la información se realizó a partir de criterios parcializados y arbitrarios, lo que no se corresponde con un informe metodológicamente serio», despotrica el régimen.	«El Estado de Nicaragua observa que el capítulo y el informe está descontextualizado, porque el contexto que OACNUDH pretende establecer para desarrollar su informe, está retrotraído a un período anterior del mandato y no refleja la realidad actual de Nicaragua de Restablecimiento de Derechos de la Población, de Paz, Estabilidad, Seguridad, Reactivación de la Economía, y el funcionamiento del Estado compatible con el Ordenamiento Jurídico Nacional y el Derecho Internacional», dice en defensa el documento oficialista.	Para la dictadura, «el enfoque de la OACNUDH es alejado de la realidad, con visión parcializada y sesgada porque minimiza las acciones criminales tendientes a romper el orden constitucional… Repiten sin verificar noticias falsas contra el Estado de Nicaragua haciendo señalamientos de manera irresponsable y con ligereza sin ninguna prueba, tales como el uso desproporcionado de fuerza, supuestas ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales en los centros de detención, entre otros».	El organismo civil Human Rights Watch señaló por medio de un comunicado que los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) deberían exhortar al presidente designado Daniel Ortega que permita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre al país a investigar la masacre que se dio durante la protestas de abril	Para la dictadura, en las críticas y cuestionamiento que hace OACNUDH a los abusos de jueces, fiscales, policías y operadores de justicia de la dictadura «se percibe una mala intención al pretender cuestionar la independencia, legitimidad y legalidad del Poder Legislativo, electo por sufragio universal, el que cumple con el proceso de formación de la Ley».	Al final de una larga negación de todos los extendidos señalamientos de constante y permanente violación de derechos humanos e incumplimiento de tratados internacionales de derechos humanos, así como de la defensa encarnizada del papel represivo de la policía y otras instituciones bajo la cobija dictatorial, el documento del régimen cierre rechazando	«El informe, las conclusiones y recomendaciones no son aceptables para el Gobierno de Nicaragua por cuanto pretenden realizar transformaciones profundas en la superestructura del Estado y su funcionamiento jurídico, que son propios de su independencia, soberanía y autodeterminación. El informe manifiesta una tendencia de injerencia directa en los asuntos internos del país al intentar subordinar la institucionalidad nacional a la tutela de organismos internacionales», cierra la respuesta de la dictadura.