La decisión de la CGR, a iniciativa del contralor Lino Hernández, busca cómo responder al clamor de sectores de la sociedad civil y de la oposición política al gobierno del presidente Daniel Ortega, que exigen aclarar a la ciudadanía lo relativo a los recursos generados por la venta de productos derivados del petróleo que comercializa Petronic.	END intentó comunicarse vía telefónica con las personas mencionadas por fuentes de la CGR, pero ninguno respondió sus celulares. De hecho, a López y a Montenegro se les llamó toda la semana a sus oficinas y celulares, pero no respondieron, o sus secretarias decían que estaban ocupados o fuera de sus instituciones.