Sería equivocado pretender que una dictadura que tiene 12 años en el poder y otro tanto de haberse larvado, pueda darse su disolución en semanas y en una mesa de negociación. Aunque es difícil aceptarlo, los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación reflejan, por ahora, la correlación de fuerzas entre las élites de poder y las calles.	Esta correlación puede cambiar si avanzamos en una movilización permanente, dirigida por una oposición incluyente, unida en su diversidad, que tenga un liderazgo, una estructura, una estrategia, objetivos claros y en común, cuyo punto de partida sean, indisociablemente, el desmontaje de la dictadura y, la toma del poder el medio para la construcción de la democracia y de una nueva cultura política que rompa el círculo vicioso de las dictaduras para entrar al círculo virtuoso de la democracia.	Con esta visión de conjunto, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco sabrán hacer prevalecer los intereses de “la Nicaragua de todos” y obligarán al régimen a implementar los acuerdos alcanzados, y otros posteriores que garanticen el tránsito hacia la democracia; por ahora, comencemos por la restauración de los derechos ciudadanos conculcados por los Ortega Murillo. A como dice la consigna: “Derecho que no se defiende, derecho que se pierde”.	Tenemos de nuestra parte a la comunidad internacional, que el régimen trata de neutralizar. Habrán países e instancias supranacionales que circunscribirán su apoyo los avances de los acuerdos nacionales, surgidos de la negociación y, probablemente, no vayan más lejos, al invocar los límites soberanos; a menos que la UNAB impregne una mayor dinámica en las calles y logre, nacional e internacionalmente, ser asumida como la alternativa real al régimen.	Igual hay otras instancias y países dispuestos a activar los instrumentos de presión si los Ortega Murillo continúan la represión y siguen transgrediendo los acuerdos internacionales firmados por el Estado nicaragüense, incumpliendo con la liberación de los presos políticos, impidiendo la presencia de los organismos internacionales de derechos humanos, la plena vigencia de los derechos constitucionales y el Estado de Derecho y obstaculizando el adelanto de las elecciones.	Independientemente de la situación cambiante a nivel de la región o de la posición de la comunidad internacional, la salida de los dictadores no debe estar supeditada a los factores externos. La solución definitiva corresponde al mayor entendimiento posible entre los nicaragüenses para la derrota de la dictadura y la construcción de la democracia.