En la última década, los gobiernos de la región han financiado iniciativas que asocian al sector público y privado con el fin de solucionar problemas en conjunto. Estas experiencias, conocidas como asociaciones público-privadas (APP), no son una opción estándar dentro de los sistemas de inversión pública en el área de salud en la región. Por ello, la pregunta clave es, ¿qué se requiere para que este modelo de inversión sea exitoso?	A diferencia de los contratos tradicionales que presentan una duración limitada, en las APP los contratos son de largo plazo, por lo que se requiere de empresas que tengan modelos de negocio compatible con ellos. Esto, no solo involucra exigencias en términos financieros y técnicos, sino también de tipo relacional, ya que la naturaleza del contrato requiere de una cultura de “trabajo en equipo”.	La construcción técnica, financiera y legal de los contratos de APP se basa en el apoyo de las autoridades del país, ya que por tratarse de nuevos mecanismos de contratación requiere de un alineamiento de las diversas entidades públicas involucradas. Asimismo debe dar garantías a los sectores sociales que este tipo de contrato no afectará el acceso a la atención, ni la estabilidad de los trabajadores de la salud.