El caso está lleno de elementos extrañísimos, por no decir irregulares. El primero de ellos es que la Juez Segundo de Distrito Civil y Laboral de Chinandega, Socorro Toruño, quien ejecutó el embargo preventivo, no exigió la fianza de ley a la Dirección General Aduanas, alegando que el Estado no la necesita. Tampoco notificó a la Esso. Y no sólo eso, colocó como depositario de las instalaciones al administrador de Aduanas de Corinto, Roberto Zepeda, en lugar de nombrar como depositario al dueño del bien, tal como lo demanda la ley.	El tercer elemento que despierta sospechas es que el propio administrador de Aduanas de Corinto, Roberto Zepeda, reconoció a nuestro corresponsal Róger Olivas, que los guardas de seguridad que ahora controlan los depósitos de combustible, son pagados por Petronic, la compañía estatal comercializadora de petróleo. “Todo esto lo controla Petronic”, confesó Zepeda a nuestro corresponsal.	¿Qué hay detrás de esta ‘toma’ de la Esso? Hay dos versiones: la primera indica que el gobierno intenta apoderarse de instalaciones que le servirían para que Petronic importe el petróleo venezolano. Y la segunda versión, divulgada en círculos empresariales, consiste en que la toma es una represalia del gobierno porque la Esso se habría negado a seguir vendiendo combustible al fiado a las generadoras estatales, lo que desembocaría en más apagones que impactarían la imagen pública del presidente Daniel Ortega.	La Esso controla el 47 por ciento del mercado interno de hidrocarburos en Nicaragua y es una de las petroleras más importantes del mundo. Es el proveedor del resto de petroleras que hay en el país. El gobierno de Daniel Ortega ha sido crítico acérrimo de las autoridades norteamericanas y del “capitalismo salvaje”, pero esta es la primera acción concreta de una autoridad del gobierno en contra de inversionistas estadounidenses de este calibre.	La historia oficial es que la Dirección de Aduanas solicitó a la juez segundo de Distrito Civil y Laboral de Chinandega, Socorro Toruño, el embargo preventivo de las instalaciones de la petrolera estadounidense en el puerto de Corinto por un adeudo de 54 millones de córdobas en impuestos. Aduanas tiene quince días para entablar una demanda formal. Los guardias de seguridad de la Esso fueron retirados y sustituidos por otros contratados por Petronic a eso de las cinco de la tarde del viernes pasado.	El gobierno de Estados Unidos advirtió ayer que las acciones tomadas por el gobierno sandinista en contra de las instalaciones de la compañía Esso, Exxon Mobile, en el puerto de Corinto, “tienen el potencial de dañar seriamente las relaciones económicas entre los Estados Unidos y Nicaragua” y “como consecuencia potencial”, afectar el clima de inversión extranjera en el país.	El embajador Paul Trivelli reafirmó esta posición advirtiendo que esa acción es injustificada, confiscatoria y preocupante; al tiempo que señaló que debe resolverse satisfactoriamente entre el gobierno y la compañía. “Hasta las nueve de la mañana de hoy ellos, ejecutivos de la Esso, no habían recibido ningún papel judicial”, advirtió Trivelli.	Santos espera que se encuentren salidas al problema. “Yo creo que se van a encontrar las soluciones y no creo que la Esso, una empresa de tanto tamaño y tanta riqueza no le quiera pagar a Nicaragua unos impuestos atrasados, yo creo que van a encontrar la fórmula de resolver este problema”.	Sea cual fuere la acción judicial o administrativa que proceda sobre los activos o pasivos de la compañía Esso Standard Oil, las autoridades del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) prometieron que no se afectará ni las operaciones en este plantel y mucho menos el suministro de combustible al país, y en esta vía movilizaron a su equipo legal.	Cabe destacar que esta situación ocasiona más tensiones en la industria petrolera del país, la que había convocado de urgencia a una reunión este miércoles para tomar decisiones respecto del precio del combustible, pues subirá este domingo próximo por el impacto que sufren los grandes mercados debido al paso del huracán Dean.