Desde hace varios días se han registrado enfrentamientos verbales, agresiones físicas, daños materiales y hasta amenazas de muerte entre taxistas legales, organizados en cooperativas, y un grupo de hombres a los que la alcaldía del municipio de Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia, les entregó más de 34 concesiones para operar en el poblado y comunidades de esta localidad.	Los 98 propietarios de las unidades de taxis legales en Jalapa han realizado plantones con sus vehículos, han utilizado altoparlantes y contratado perifoneos para denunciar ante la comunidad a los hombres que pertenecen a una organización autodenominada “Frente Norte Ramón Prudencio Serrano” y que integran uno de los grupos de paramilitares que operan desde mediados de abril del 2018 en el municipio de Jalapa y otras zonas de Nueva Segovia; y para que no utilicen los taxis.	“Desde noviembre del año pasado vienen circulando estos carros viejos en todo Jalapa y como la gente no los están abordando entonces los dueños de estos autos la han arremetido contra nosotros con amenazas de muerte, atacando nuestros taxis, haciendo pintas y lanzando piedras contra nuestras casas y hay varios hechos, donde hasta se nos van encima con sus automóviles no importándoles que llevamos pasajeros y que pueden matar a alguien”, dijo uno de los propietarios de las unidades de taxis legales.	Supuestamente los líderes de estos paramilitares del “Frente Norte Ramón Prudencio Serrano”, y que son parte de la nueva organización de “Defensores de La patria” legalizada por los diputados del gobierno, son los exalcaldes orteguistas del municipio de Jalapa: Orlando Zeledón y Omar Vílchez, este último fue dirigente regional de los “No Pago”.	“El problema es que el gobierno, los de la alcaldía y los del partido (FSLN) armaron a los paramilitares para que atacaran a los que protestaban en contra del comandante Daniel Ortega y les hicieron promesas de pagarles 7,500 córdobas al mes por andar armados y operar en las zonas, y como ya no hay reales entonces quieren quedar bien con ellos dándoles concesiones de taxis, solares, casas, tierras, carros viejos y hasta trabajo”, manifestó Otoniel Martínez Lazo, habitante de Jalapa.	Martínez aseguró que él es uno de los muchos ciudadanos que no abordan esos taxis en rechazo a los paramilitares y en apoyo a los dueños de las unidades de taxis legales. “Aquí todos conocemos a esta gente porque son viejos, digo viejos porque andan entre los 55 a 65 años, que anduvieron en la guerra de los años 80 o son combatientes históricos ya enfermos que apenas huelen pólvora con sus narices salen a matar”, apuntó.