En los últimos días está muy en boga la controversial decisión del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM-DOS), que declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto contra el Presidente y la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a fin suspender la publicación de la Ley No. 630, ley que proscribe al Poder Ejecutivo, organizar en todo el país los no bien ponderados Consejo de Poder Ciudadano (CPC). En la resolución el TAM, suspende acto, es decir, se paraliza el rechazo al veto presidencial de 52 diputados, hasta tanto el fondo del recurso no sea resuelto por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.	El debate por la resolución judicial se entabla por cuanto se dice que la actual ley de amparo no permite recurrir contra el proceso de formación de ley. Se critica la decisión del Tribunal, pues se arguye que el Poder Judicial está invadiendo las atribuciones del Poder Legislativo, ya que constitucionalmente a éste le compete aprobar, reformar, derogar e interpretar las leyes (arto. 138.1 y 2 Cn.).	Pienso que los nicaragüenses debemos reflexionar profundamente acerca de las atribuciones que el Pueblo Soberano, ha delegado en las personas que integran la Asamblea Nacional, puesto que no se concibe que una ínfima y minoritaria cantidad de ciudadanos llamados diputados decidan el destino presente y futuro de más de cinco millones de nicaragüenses. Los señores diputados piensan que al ser electos para formar parte del órgano legislativo obtienen un cheque en blanco para hacer y deshacer, y que ningún otro poder de Estado tiene potestad para ponerle cortapisas a sus decisiones, las cuales mayoritariamente tienen la finalidad de velar por sus intereses personales, políticos, de facciones partidistas, aunque esto vaya en contra de los genuinos intereses de toda una nación.	Existe en nuestra carta magna un débil y precario control constitucional del Poder Legislativo, los diputados de la Asamblea Nacional cuando hablan lo hacen con tanta soberbia que reflejan que su Poder es Omnímodo, pues se asignan fondos públicos del presupuesto, del que no rinden cuentas; de su seno salen magistrados para los diferentes poderes del Estado; hacen la ley a su manera; la derogan (el aborto terapéutico) condenando a muerte a miles de mujeres; pasan por encima de la Constitución, violentando los derechos individuales de los nicaragüenses, como sucedió con la aprobación de su Ley Orgánica (Ley 606), en la cual se arrogaron la facultad de citar a ciudadanos no funcionarios públicos, y si éstos no asisten los pueden acusar por desacato ante los tribunales competentes.	Es muy débil el control constitucional del Poder Legislativo, no hay una balanza de peso y contrapeso en nuestro país, que permita corregir las arbitrariedades y caprichos de los diputados en la aprobación de leyes. Si bien es cierto existe un poder de veto, ese acto de impugnación es resuelto fácilmente por 47 de 92 diputados (arto 143 Cn.).	Para que una democracia funcione, es preciso tener un fuerte control Constitucional en todos los Poderes de Estado, del cual no se escapa Poder Legislativo. En países relativamente estables, las cosas funcionan en forma diferentes, el Congreso (Asamblea Nacional) está dividido en diputados y senadores (bicameral), una vez que los diputados aprueban una ley, el proyecto lo revisa el Senado, quien lo puede vetar, la ley regresa a los diputados, y sólo con dos tercios de votos pueden rechazar el veto. Si el Congreso aprueba la ley, el Presidente de la Republica, puede vetarla, la que regresa y se requieren dos tercios de votos para rechazar el veto presidencial.	En otros países hay un Congreso Unicameral (como el nuestro), el control del Poder Legislativo es por medio de un Tribunal Constitucional, integrado por tres o cinco magistrados, independiente de la Corte Suprema. De manera que antes de someter a discusión una ley, los ciudadanos pueden recurrir de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional revisa el proyecto, si tiene roces constitucionales dicta sentencia y la ley ya no puede ser aprobada como se pretendía.	Ha sido una pésima cultura en nuestro país, que nuestros Honorables Diputados de la Asamblea Nacional, jamás han querido someterse a un control constitucional por parte de los electores, de aquí que en el año 1995, en las Reformas a la Ley No. 49, ley de amparo, dejaron consignado la prohibición de recurrir de amparo contra el proceso de formación de ley, con esa disposición despejaron el camino, en su afán de constituirse en poder omnímodo, es decir tener un ilimitado poder en perjuicio de los intereses de la nación.	Es tiempo de que en nuestro país constitucionalmente se ponga un control eficaz a los diferentes poderes del Estado, para que podemos funcionar como una democracia y como un Estado de Derecho, hay que empezar con el Poder Legislativo, las alternativas podrían ser las siguientes: a) Dividir el Congreso en dos Cámaras, Diputados y Senadores, para que los senadores sean la bisagra de los diputados en la elaboración de la ley; b) Constituir un Tribunal Constitucional, con facultades de declarar a priori o a posteriori inconstitucional un proyecto de ley; c) Reformar la actual ley de Amparo, en la que se consigne clara y meridianamente, que se puede recurrir contra el proceso de formación de ley. Para llevar adelante estas ideas, el Pueblo Soberano tiene la última palabra.