El presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN-PC), Eduardo Montealegre, denunció que el Juzgado de Distrito Penal de Audiencia de Managua ordenó a la Superintendencia de Bancos levantar el sigilo bancario a él y a otros dos ciudadanos, basado en una ley (314-Ley General de Bancos) que fue derogada el 30 de noviembre de 2005 por la Ley 561.	Montealegre envió una carta al superintendente de Bancos, Víctor Manuel Urcuyo, en donde lo pone al tanto de la situación y le explica en cuanto a que la providencia judicial promovida por la Fiscalía General de la República (FGR) de levantar el sigilo bancario por el caso de los Cenis, está basada en una ley inexistente y, por lo tanto, carece de toda validez legal.	La misiva que con carácter de urgencia remitiera el Presidente de ALN al Superintendente de Bancos señala que él (Montealegre) se enteró por los medios de comunicación que el 31 de diciembre el fiscal auxiliar Armando Juárez presentó un escrito de solicitud de información financiera al Juez Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, Julio César Arias, para que levantara el sigilo bancario en relación a su persona, lo que considera una violación a sus derechos de privacidad.	Montealegre sostiene que la Superintendencia de Bancos no puede dar cumplimiento o ejecutar dicha providencia judicial contenida en un oficio girado el dos de enero del presente año a esa institución por el Juez Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, Julio César Arias, puesto que carece de toda validez legal.	Al mismo tiempo el Presidente de ALN-PC le recordó al Superintendente que de acuerdo con el artículo 114 de la Ley 561 (Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros) se establece que “los funcionarios y empleados de los bancos serán de conformidad a esta ley los responsables por la violación al sigilo bancario, y en ese caso, los bancos y empleados o funcionarios responsables estarán obligados solidariamente a reparar los daños y perjuicios que causen”.	Al respecto, Montealegre comentó que existe una parcialización clara en su contra por parte del sistema judicial y del fiscal auxiliar, además que constituye otro atropello y violación al Estado de Derecho en Nicaragua, “la verdad es que no se trata sólo de Eduardo Montealegre, sino de defender el derecho a la privacidad de todos y cada uno de los nicaragüenses, puesto que no se puede estar ejecutando providencias judiciales basadas en leyes inexistentes”.	Por otro lado, apuntó que esta parcialización de parte del sistema judicial y del fiscal auxiliar, más el atropello y violación al Estado de Derecho en Nicaragua, no únicamente deja nulo el levantamiento del sigilo bancario, sino que por este tipo de proceder también deja nula las mismas indagaciones que se están haciendo sobre el caso de los Cenis, del que afirmó no tiene ningún problema con que se investigue, pero que se haga conforme a derecho.