Mañana 20 de junio se cumple el plazo de 180 días para que las agencias de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos presenten un informe detallado sobre los funcionarios del régimen de Daniel Ortega que son violadores de derechos humanos o están involucrados en actos de corrupción, lo que servirá para aplicar las sanciones individuales que establece la ley de sanciones	El informe será presentado este jueves 21 de junio por el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, ante el Congreso de Estados Unidos, lo que para el analista político Eliseo Núñez Morales es prueba del grado de importancia que le da Estados Unidos a la situación de Nicaragua.	Núñez manifestó que las sanciones individuales y la aplicación de la Nica Act ya se han venido dando en la práctica y seguirán más sanciones individuales. Hasta ahora existen siete familiares y funcionarios de Ortega sancionados, entre ellos la primera dama y cogobernante, Rosario Murillo; su hijo Laureano Ortega; su consuegro y jefe de la Policía, Francisco Díaz, entre otros.	El analista político agregó que el efecto de las sanciones se ha visto en los movimientos que ha tenido que hacer el régimen, como cerrar Banco Corporativo SA (Bancorp), ligado a los negocios de la empresa Alba de Nicaragua SA (Albanisa) y manejado por allegados a la familia presidencial Ortega-Murillo.	La Nica Act detalla que a más tardar en 180 días, después de promulgada la misma, el secretario de Estado en coordinación con el subsecretario de Estado de Inteligencia e Investigación, el secretario del Departamento del Tesoro y el director de Inteligencia Nacional, deberá presentar a los comités del Congreso correspondientes un informe sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua, incluidos los miembros del Consejo Supremo Electoral (CSE), la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), involucrados en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción significativa y lavado de dinero.