La recuperación judicial tiene por objetivo viabilizar la superación de una situación de crisis económica-financiera del deudor, a fin de mantener el funcionamiento de la empresa y el empleo de sus trabajadores. De acuerdo con la ley brasileña, las empresas declaradas en recuperación judicial tienen seis meses para alcanzar un acuerdo con los acreedores.	"El grupo Odebrecht llegó a tener más de 180.000 empleados hace cinco años. Ahora tiene 48.000, a causa de la crisis económica (...), del impacto en su reputación de muchos de los errores cometidos y de la dificultad de muchas de las empresas que colaboran con la justicia para obtener nuevos créditos y contratos", explicó el comunicado, firmado por el director presidente del grupo, Luciano Guidolin.