Para los tomadores de decisiones resulta difícil determinar adónde deben ir las mayores inversiones para el desarrollo; sin embargo, cualquiera que sea la estrategia de desarrollo que se adopte, queda claro que el desarrollo no es un asunto solamente de adultos. Si a la población adolescente y joven no se le trata e involucra con el valor estratégico que se merecen, el país no podrá sentar bases sólidas para un sostenido crecimiento con equidad, ni reconstruir y construir la riqueza de su tejido sociocultural.	La importancia de las y los adolescentes y jóvenes radica en varios hechos. El bono demográfico es uno de ellos. El censo de 2005 indicó que esta población de 10 a 29 años pasó de 1.8 a 2.2 millones con respecto al censo de 1995, con un crecimiento del 23 por ciento. La importancia de esto radica en que el país cuenta ahora con una mayor población que dejará de ser independiente, siempre que se les ofrezcan las opciones educativas y se creen los empleos adecuados para tener resultados en un tiempo relativamente corto. Ésta es una oportunidad que debe ser aprovechada en toda su extensión.	Una de las prioridades es la educación, la panacea que todas las propuestas de desarrollo mencionan y muy pocos hacen realidad. Sabemos que la demanda de educación secundaria es enorme, pues se atiende a cuatro de cada diez de la población en la edad correspondiente, mientras la educación técnica no llega ni siquiera al 10 por ciento de la inversión educativa. Evidentemente, además del presupuesto, los intereses y expectativas de esta población muchas veces no se ven reflejadas en la oferta educativa, lo cual implica la necesidad de crear nuevas modalidades que respondan a dichas expectativas, desde la inversión en tecnología educativa, educación de alternancia estudio-trabajo, estrategias de pasantías laborales y productivas en el sector empresarial público y privado, hasta una mayor inversión en carreras técnicas debidamente articuladas con las demandas sectoriales a futuro.	La transición hacia un estado de inversión estratégica en la población adolescente y juvenil pasa por una transición sociocultural. Las y los adolescentes y jóvenes en nuestro país, a pesar de representar al 37 por ciento de la población, es tratada como una minoría, es decir, es objeto de discriminaciones en el ámbito social, económico y cultural. Y el resultado de esta actitud social es, como resulta en todas las experiencias de otros grupos discriminados como las etnias o las mujeres, un incremento de déficit por falta de acceso a una educación relevante a sus perfiles, a un empleo de calidad por falta de la adecuada preparación, y hasta restricciones de su participación ciudadana por considerarse muchas veces insustancial.	Baste mencionar que el 31 por ciento de los embarazos atendidos en unidades de salud el año pasado fueron de mujeres entre 10 y 19 años, y que el 48 por ciento de los casos de VIH-SIDA correspondieron a la población de 10 a 29 años, de acuerdo con las estadísticas del Minsa. Asimismo, el 43 por ciento de los jóvenes que trabajan son trabajadores no calificados (Encuesta de Nivel de Vida de 2001, aunque de su actualización no se esperan grandes diferencias).	Nadie duda del enorme potencial que las y los adolescentes y jóvenes aportarían al desarrollo nacional. El reto está en las maneras de canalizar dicho potencial en forma constructiva y positiva en las diferentes áreas, en el corto, mediano y largo plazo. En primer lugar, esto supone crear la disponibilidad al aprendizaje, al trabajo, a la creatividad, a la participación ciudadana, al diálogo intergeneracional, al diálogo con los educadores, con los trabajadores de la salud, con las y los empresarios, y entre ellas y ellos mismos.	En resumen se trata de un doble desafío. El de la inversión estratégica en forma multisectorial, lo cual debe verse en forma positiva como el “rejuvenecimiento de los sectores”, es decir, el que los sectores dejen de ver como algo marginal la participación de adolescentes y jóvenes, o como simples proyectos, y se enriquezca con la visión juvenil.