Aunque el doctor Arnoldo Alemán participó de un evento político ayer, el alcaide Oscar Molina, director de la Cárcel Modelo, confirmó que se mantiene bajo las mismas medidas de restricción que los magistrados de Sala Penal Uno le dictaron en diciembre del año pasado, cuando le revocaron el régimen de convivencia familiar, tras haberle confirmado 20 años de prisión por lavado de dinero y otros delitos.	La salida de Alemán ocurrió en el preciso momento en que su abogado, Mauricio Martínez, presentaba un escrito en el Juzgado Primero de Ejecución de Sentencia, solicitando el restablecimiento del régimen de convivencia familiar para el ex mandatario, hecho que además coincidió con la visita que el magistrado liberal de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Cuarezma, le hizo a su esposa, la juez, en su despacho.	Aunque una fuente judicial confirmó que Cuarezma estuvo largo tiempo en el despacho de Zapata, presuntamente elaborando el auto para restablecerle el régimen de convivencia familiar al doctor Arnoldo Alemán, el magistrado de la CSJ explicó en las afueras del despacho, que él simplemente llegó a buscar a su mujer porque no andaba vehículo, y que no se encontró con el abogado del ex presidente.	“Lo único que sé nada más es que mañana hay Corte Plena para tratar de resolver aquellos aspectos que ocupan la atención nacional, y no tengo más conocimiento”, dijo Cuarezma cuando se le preguntó si sabía que el doctor Alemán estuvo en un hotel capitalino, donde el Partido Liberal Constitucionalista y la Alianza Liberal Nicaragüense, firmaron un acuerdo de unidad.	El vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, indicó que ya está en la Corte el expediente del juicio que se le siguió al ex mandatario Arnoldo Alemán para la tramitación del recurso de casación, que su defensa presentó en contra de la sentencia donde la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones, le confirmó los 20 años de prisión por varios delitos.	El magistrado Solís dijo que en el fondo del proyecto de sentencia que consensuaron con los magistrados liberales, “se mantiene que la Ley 630 que prohíbe al presidente (Daniel Ortega) emitir decretos, es inconstitucional, de ahí hay una serie de situaciones que consideramos nosotros que era bueno que la Corte las dijera alrededor de cómo deben funcionar los CPC, y las limitaciones que éstos puedan tener”.	Aunque extraoficialmente se conoció que habrá una salida negociada entre liberales y sandinista en la CSJ, el magistrado Cuarezma dijo que “la justicia no se negocia”, y que él públicamente ha dicho que hay que respetar la división de poderes, que el Ejecutivo no tiene potestad para vincular a los CPC en las instituciones del Estado.