Ante el incesante aumento de los precios del barril del petróleo, y debido a que en nuestro país el 80 por ciento de la generación de energía eléctrica se produce con derivados del petróleo, el costo en la tarifa energética ha venido sufriendo incrementos, sin embargo, expertos independientes aseguran que existen elementos que podrían amortiguar dicho impacto en el precio, uno de ellos es renegociar los contratos de pagos por potencia instalada que cobran las generadoras de energía eléctrica.	Los contratos de compraventa Power Purchase Agreement --conocidos como PPA, por sus siglas en inglés-- establecen obligaciones de pago por potencia contratada, es decir, un compromiso de parte del comprador de pagar por la capacidad de generación que tienen las plantas haga o no uso de la energía eléctrica producida, con el fin de recuperar la inversión, adicional a la energía suministrada.	Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, los plazos de los contrato PPA son en su mayoría de 15 años, hay algunos de 18 y 20 años. Sin embargo, a diferencia de los otros países centroamericanos, en nuestro país se han acordado hasta por siete años, situación que según Narciso Mayorga, especialista en temas energéticos, ha provocado un impacto mayor en la tarifa de energía eléctrica.	Ante el anuncio que hizo el presidente Daniel Ortega el 11 de octubre, de que habría un alza debido a los incrementos en los precios del combustible, Mayorga envió una carta al mandatario, y copias del escrito al Ministerio de Energía y Minas, MEM, así como al Instituto Nicaragüense de Energía, INE.	En la misiva Mayorga propone a Ortega renegociar los contratos de pagos por potencia instalada que cobran las generadoras de energía eléctrica a Unión Fenosa, antes de aprobar el alza de tarifa, porque eso permitiría reducir el monto de las facturas de todos los clientes en un diez por ciento, o bien, amortiguar dicho ajuste.	Adolfo Acevedo, economista independiente, coincidió con Mayorga en que además de mencionar que dichos pagos fijos que realiza Fenosa a las empresas generadoras provocan un impacto en la tarifa energética, también indicó que otro problema es que del 27 por ciento de la energía perdida, entre técnica y por conexiones ilegales, el 14 por ciento es reconocido, es decir, que al final es el consumidor quien termina pagando un 86 por ciento de energía a las generadoras a través de Fenosa.	El 30 de octubre, David Castillo, titular del INE, junto Emilio Rappaccioli, titular del MEM, anunció una nueva alza en la tarifa energética, argumentando el incremento en los precios del barril del petróleo, por lo que el ajuste alcanzaría el 9.06 por ciento de aumento, cuyo monto se concretaría a partir de noviembre con un incremento de 3.56 por ciento, en diciembre 2.5 por ciento, y en enero, un tres por ciento.	Por ejemplo, dijo que la empresa Censa Anfels, que realizó una inversión de 45 millones 600 mil dólares entre 1999 y 2000, para instalar 57 megavatios, ahora está cobrando 16.38 dólares por cada kilovatio, lo que se traduce en 11 millones 203 mil 920 dólares al año, es decir, que en cuatro años los usuarios ya pagaron la recuperación de la inversión de Censa Anfels, sin embargo, este componente todavía se incluye en la tarifa.	Emilio Rappaccioli, titular del MEM, invitó a Mayorga para que les expusiera sobre su idea de renegociar los contratos PPA para amortiguar el aumento en el precio de la tarifa energética, por lo que según Mayorga, el pasado 22 de noviembre se reunieron en las instalaciones del MEM para abordar el tema, pero las autoridades de esta cartera del Estado no se comprometieron a revisar dichos contratos al alegar que los contratos ya están firmados.	EL NUEVO DIARIO consultó a Rappaccioli sobre la disposición del gobierno de revisar los contratos PPA para una posible negociación, tal como lo propuso Mayorga. Luego de confirmar la reunión con el especialista en temas energéticos, el funcionario indicó que están estudiando la posibilidad de hacer una auditoría al respecto, y si se tiene que hacer una revisión, se hará, dijo Rappaccioli, sin dejar claro si negociarán con las generadoras o no.	El presidente Ortega anunció públicamente el 23 de junio en la restablecida Plaza de la Revolución, la revisión de la privatización de las empresas generadoras, lo que incluye los contratos PPA; debido a que según el mandatario, sólo la empresa Geosa, que antes pertenecía la Estado, fue comprada en 10 millones de dólares y hasta esa fecha les había generado más de 27 millones de dólares.	Cinco meses después, Ernesto Martínez Tiffer, Presidente de la Empresa Nicaragüense de Electricidad, ENEL, indicó que la recomendación de Mayorga “ya el gobierno la había considerado desde hace rato, lo que pasa es que ya hay contrato firmado, y es prácticamente difícil romper un contrato para modificar precios, y si bien es cierto que dichas compañías tenían unos cargos fijos muy altos... pero es algo que ya está contemplado”, refirió.	Martínez Tiffer agregó que la posibilidad de revisar los contratos PPA es “muy difícil”, e incluso reveló que ya se les hizo un llamado a las empresas generadoras privadas, y “ellos están en contra de modificar generación y de sacrificar costo de energía eléctrica para el beneficio del pueblo de Nicaragua, sus intereses priman ante cualquier cosa”.	Pero Mayorga recordó que la Ley de Estabilidad Energética (Ley 554) en su primer artículo precisa que se debe declarar crisis energética cuando los precios internacionales del petróleo pasan los 50 dólares el barril, o el uso de hidrocarburo para la generación de energía eléctrica pasa el 50 por ciento. Ambos requisitos se vienen cumpliendo desde hace rato.	Además, el especialista argumenta que para entrar a una renegociación de los contratos PPA es necesario recurrir a los principios romanos “Pacta sunt servanda” (Lo pactado obliga) y “Rebus sic stantibus” (Estando así las cosas), los cuales permiten que se revisen los contratos y hacerles modificación, pues según Mayorga, ambos principios son reconocidos por el Código Civil nicaragüense en los artículos 2,479 y 2,480, respectivamente.	Gonzalo Salgado, coordinador de la Red Nacional de Defensa del Consumidor, expresó que el gobierno no ha mostrado voluntad de renegociar los contratos PPA, pues apoyó la tesis de Mayorga al decir que son instrumentos elaborados por abogados, “y las leyes dicen que lo que se hace también se puede deshacer... se trata de voluntad política de parte del gobierno”.	“Lo que pasa es que algunos funcionarios tienen intereses en algunas de las empresas generadoras... este señor Oscar Moncada, diputado en la Asamblea y tío de Anabel Moncada, de Geosa, presiona para que le paguen a esa empresa”, mencionó Salgado, quien añadió que esto es producto de los intereses mezclados en el tema de la industria eléctrica.	En cuanto a los argumentos de Rappaccioli y Martínez Tiffer, el coordinador de la Red detalló que no quieren meterse con los generadores, “porque hay intereses y es falso que no puedan revisarlos (los contratos), pero además la Ley de Estabilidad Energética lo menciona claramente en su artículo uno, que dice que la crisis debe ser compartida, y ¿qué están aportando los generadores?”	Mayorga precisó que la Empresa Energética Corinto, EEC, que instaló sus máquinas en Corinto en 1999 con una capacidad de generación de 50 megas por un monto total de inversión de unos 40 millones de dólares, de los cuales ha venido cobrando unos 19 dólares por kilovatio al mes para recuperar su inversión, ésta debió haber sido recuperada en tres años y medio, si se toma en cuenta que anualmente la EEC está recibiendo cerca de 11 millones 406 mil dólares.	Por esta razón, Mayorga considera que los montos comprometidos por precio fijo de potencia actualmente impactan fácilmente en un 20 por ciento, pero que de revisar dichos contratos para renegociarlos podría reducirse en un diez por ciento y así amortiguar el aumento en el precio del petróleo, además de reducir la tarifa.