El 2 de agosto de 2018 Joswell Martínez dejó atrás todo lo que conocía y cruzó la frontera de Nicaragua con Costa Rica. Durante sus primeros meses en el exilio, el muchacho de 17 años se las arregló para conseguir algunos empleos temporales, desde recepcionista hasta mesero. Pero no podía dejar de sentir impotencia ante los problemas de los nicaragüenses que cada día son más en las calles de San José.	«Comencé a juntar dinero para darles de comer. Comprarles zapatos, colchas y buscar ayuda de otras organizaciones», cuenta. Pero el punto en el que más ha trabajado este joven es en las campañas de información para los exiliados para que conozcan cuál es el proceso para solicitar refugio en Costa Rica.	«Hay mucha desinformación y estafas. A familias completas les han cobrado grandes sumas de dinero por tramitarles el carnet de refugio y ese es un proceso largo. Al final perdieron su dinero”, lamenta Joswell. Le ha tocado ayudar a campesinos que no saben leer a llenar sus solicitudes e ir de casa en casa solicitando ayuda para comprar medicina y entregarla a niños o mujeres embarazadas.	Álvaro Leiva, director de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos (Anpdh), suda bajo el sol de mediodía. Lo acompañan dos de sus colaboradores más cercanos y un joven que desde hace poco se ha convertido en su mano derecha. Avanzan entre la maleza mientras son dirigidos por unos guías que los sacan por puntos ciegos para evitar a la Policía.	Solo llevan dos maletas. En la primera la ropa de los cuatro y en la segunda, más de 700 expedientes con graves denuncias de violaciones a los derechos humanos. Denuncias de asesinato, denuncias de heridos, denuncias de familiares de presos políticos, denuncias de amenazas de muerte y hostigamiento. En el interior de esta maleta, también viajan cientos de cartuchos de bala y municiones que todavía tienen sangre de las víctimas. Son parte de las pruebas que han presentados los familiares de las personas asesinadas.	Recuerda que vio la represión en contra de los estudiantes y se fue a una estación de Bomberos a pedirles que le regalaran material para dar primeros auxilios. Joswell entró a la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) a las 10:00 de la mañana del 19 de abril. Los siguientes días le cambiarían la vida.	Estando en esta universidad, que se convirtió en uno de los bastiones de resistencia en contra del régimen de Daniel Ortega, conoció a Álvaro Leiva. Al verlo con ganas de trabajar, el defensor de derechos humanos le ofreció la oportunidad de ser parte de la Anpdh. Luego de instruirse en lo básico y de leer varios folletos, el 12 de mayo de 2018 Joswell comenzó a trabajar con Leiva.	Entraron a Honduras a eso de las 3:13 de la tarde. Una camioneta los recogió y los llevó a un hotel barato, que resultó ser un motel de mala muerte. Los cuatro defensores de derechos humanos pidieron asilo político en el país vecino, pero a Joswell se lo negaron porque en esas fechas todavía era menor de edad.	Sin embargo, Joswell estaba agotado. En Managua muchas veces le había tocado ir junto a Álvaro Leiva a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal para retirar cadáveres y dar acompañamiento a los familiares. «Miré personas mutiladas, con varios balazos, rostros desfigurados», cuenta. Un día de octubre de 2018 sintió que ya no podía más y decidió separarse del organismo de derechos humanos; pero continuó buscando por su cuenta ayuda para sus compatriotas exiliados.	Junto a otros nicaragüenses está trabajando en varios proyectos para brindar asistencia legal a los exiliados. Asegura que algún día le gustaría tener su propia organización defensora de derechos humanos, pero va un paso a la vez. Ya es reconocido entre los exiliados, que lo describen «como una buena persona y dispuesta al servicio». Los niños se alegran cuando lo miran porque saben que les trae alguna golosina o comida.