La Policía, apoyada por las bandas parapoliciales, es la que reprime a las personas que protestan y aterroriza a la población. La Policía está imputada en los reportes de los organismos internacionales de derechos humanos, por cometer crímenes atroces contra la población, inclusive delitos de lesa humanidad, para sostener a los Ortega y Murillo en el poder.	En esa clasificación de los regímenes dictatoriales no se menciona la dictadura policial. Pero existe, sin duda, como lo demuestra el caso de Nicaragua donde la Policía es el instrumento malévolo de la pareja dictatorial que impone por medio de la fuerza las reglas de comportamiento político de la sociedad y los ciudadanos.	Por supuesto que no se trata de una dictadura policial químicamente pura. Ninguna dictadura lo es. Tal vez se podría decir que la dictadura orteguista es híbrida, en el sentido de que es una mezcla de régimen personalista, de dictadura conyugal y familiar y de dictadura de un partido único de hecho. Inclusive es “una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes”, como la caracterizó el exmagistrado y antiguo miembro prominente pero ahora renegado de la cúpula orteguista, Rafael Solís, en su carta de renuncia a la Corte Suprema y al partido FSLN.	Sin embargo, el rasgo más visible de la dictadura orteguista es el policial. La Policía es la que reprime todos los días, es la que masacró a las personas en los tranques y las grandes manifestaciones pacíficas de oposición a la dictadura, es la que prohíbe sin razón ni derecho el ejercicio de los derechos ciudadanos.	Ellos declararon eso a LA PRENSA el 25 de noviembre del año pasado, cuando la Policía Orteguista prohibió una marcha pacífica planificada por la Unidad Nacional Azul y Blanco y organizaciones femeninas, para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer y en demanda de la libertad de los presos políticos, hombres y mujeres.	Pero cualquiera que sea el tipo de dictadura y el apellido que se le quiera poner al orteguismo, se trata de un régimen autoritario ejercido al margen de la ley, que atropella los derechos políticos y humanos, que está por encima de la Constitución e impide a los ciudadanos ejercer su derecho de elegir libremente y autogobernarse de manera democrática y civilizada.