La exministra de Comercio, Azucena Castillo, y el exdirector de Ingresos, Róger Arteaga, advirtieron que la compra del Banco Corporativo SA (Bancorp) por parte del Estado podría dejar a Nicaragua imposibilitada de acceder al financiamiento de organismos internacionales debido a que, según los especialistas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo trasladó las sanciones de Estados Unidos contra Bancorp hacia el Estado.	“Los organismos internacionales desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo verán que el Estado nicaragüense ha asumido una burda compra de un banco contaminado con dinero de PDVSA, y eso supondría que se le cierren todos los préstamos y desembolsos debido a las sanciones”, afirmó Castillo.	Insistió la diputada Castillo que al pasar Bancorp a ser el Banco Nacional “se pone circulado al país ante el FMI, el BID y el Banco Mundial, y eso implica detenerle todo financiamiento, entiéndase no aprobarle recursos frescos y que no den más desembolsos de los préstamos aprobados porque mientras haya una sanción de Estados Unidos a PDVSA, a Albanisa y Bancorp, porque al hablar del dinero de esas empresas estás hablando de corrupción”, afirmó.	“La relación del Estado con los organismos internacionales quedó dañada a partir de esta operación. Recuerde que estos organismos internacionales no son autónomos, son instituciones organizadas y fondeadas por diferentes países y uno de los principales fondeadores es Estados Unidos. Si ya Estados Unidos había aprobado la Nica Act para vetar al régimen de Ortega los fondos de BID y del Banco Mundial, con esta compra de Bancorp, estoy seguro que Estados Unidos no autorizará ninguna para operaciones a un Estado contaminado con dinero de PDVSA”, aseveró Arteaga.	Eso sucedería, explicó Arteaga, porque el Departamento de Estado de Estados Unidos fue claro en que las sanciones eran para toda operación que tenga orígenes en los fondos de PDVSA. “El Estado de Nicaragua al adquirir un activo contaminado como es Bancorp está contaminando al Estado, eso significa que de acuerdo con el Departamento de Estado todos los fondos del Bancorp donde vayan son perseguibles, embargables. Lo que hizo Ortega fue compartir todo ese mal con el país”, dijo.	La exministra Castillo explica que comprar Bancorp es en la práctica “la estatización del banco de Albanisa”, donde el interés del régimen no es entrar de lleno al negocio bancario para canalizar recursos al sector productivo (como alegó la dictadura), sino que es una “acción desesperada por proteger todo el dinero” proveniente de la cooperación venezolana, el que debido a las sanciones de Estados Unidos que pesan sobre Albanisa y Bancorp se dificulta seguir moviendo.	Castillo y Arteaga coincidieron en que otro punto de preocupación es que en la Ley de Constitución del Banco Nacional, a través de la que se dio la transacción, se deja entrever que Bancorp es una entidad con riesgo a la quiebra, que de suceder terminará asumiéndose con fondos públicos al haberse convertido en un banco propiedad del Estado.	El artículo 8 de la Ley de Constitución del Banco Nacional dice que “en el caso de que el banco registre pérdidas en un ejercicio estas serán cubiertas, primero por las reservas de capital constituidas”; sin embargo, si esas reservas “no fueren suficientes para cubrir la pérdida, se utilizará el capital donado y si aún no fuere suficiente se utilizará el capital autorizado”.	En el mismo artículo 8, en su párrafo segundo, se dice que “en caso de que, producto de sus operaciones, el banco resultare con el patrimonio neto inferior a dos tercios del capital autorizado”, su consejo directivo deberá “está obligado a informar” al presidente, al superintendente de Bancos y al presidente del Banco Central de Nicaragua.	“Lo que nos dicen es que si esta operación no da las ganancias que se requieren hay que fondear al banco, ¿y de dónde van a sacar recursos? Solo se me ocurre que de las reservas internacionales” del BCN, “porque siendo ahora Bancorp un banco del Estado, es el Estado quien asumiría sus pérdidas. Es inconcebible”, refirió Arteaga.	“En el sistema financiero se introduce un banco de mala reputación porque este Banco Nacional es sucesor del Bancorp y por tanto arrastra una mala reputación, y si este banco introduce medidas que vienen a distorsionar el negocio bancario con el fin de dañar a otros competidores, no sé qué pueda pasar con un sistema que ya está en problemas por la fuga de depósitos”, planteó Castillo.	El exdiputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios calificó de “estafa nacional de grandes proporciones” la ley aprobada para comprar el Bancorp y advirtió el riesgo de que las sanciones de Estados Unidos pasen a los compradores, que son los nicaragüenses pagando con los impuestos. “Las sanciones pueden pasar a todos los nicaragüenses, que con nuestros impuestos somos los compradores, porque supuestamente, al cabo de cinco años y con la tasa de interés de 6 por ciento anual, terminaremos pagando los 22 millones de dólares con nuestros impuestos y seremos los propietarios de un banco que ha nacido muerto, pero los actuales propietarios del Bancorp sí tendrán fondos limpios, provenientes de nuestros impuestos que casualmente acaban de elevarse de una manera sustancial”, manifestó Chamorro.