“Se podrían señalar algunas diferencias, pero están más vinculadas a cuestiones de forma y no a temas de fondo. Todos perseguimos lo mismo, cambiar el sistema electoral y hacerlo transparente. La propuesta de la Alianza está en la misma línea de lo planteado por el PLC en su iniciativa de reformas a la Constitución Política y a la Ley Electoral”, aseguró Flores.	“Coincidimos en muchas cosas, pero en otras no. El nombramiento de fiscales siempre lo hacemos los partidos, pero los acredita el Consejo Supremo Electoral (CSE), porque es lo correcto. La Alianza quiere que los fiscales los acrediten solo los partidos y punto, pero creemos que, al hacerse solo así, podría generarse un desorden y no lo vemos correcto”, remarcó.	A criterio de Quintana, se debe hacer una diferencia conceptual entre el personal electoral, la autoridad electoral, que está formada en el nivel superior por los magistrados del CSE y más abajo por los concejos electorales, municipales y departamentales, y más abajo por el tribunal electoral de mesa, “que son los famosos tres miembros de mesa, que es donde nosotros (CXL) proponemos que se integre a la ciudadanía como tal, que las mesas electorales, presidentes, primer miembro y secretario, sean ciudadanos tomados del padrón”.	Explicó que la Alianza se enfoca más en los fiscales y dice que los fiscales sean nombrados por los partidos políticos, “y esto no me queda claro, porque los fiscales siempre han sido nombrados por los partidos políticos y no son funcionarios electorales, el fiscal es un testigo externo a la autoridad electoral”.	La ACJD propuso cinco reformas constitucionales que son: elecciones anticipadas a todos los niveles, generales, municipales y regionales. Mayoría calificada del 50 % +1 voto para ser electo a la presidencia y si no se alcanza, realizar una segunda vuelta. La no reelección presidencial, la prohibición de sucesión continua para el cónyuge del presidente y la independencia de las diputaciones con respecto al partido o Alianza.