El régimen de Daniel Ortega está cada vez más aislado y sin suficientes aliados en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).  La decisión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de expulsar de la silla de dicho banco a Guillermo Funes, hermano del prófugo expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, dejó a Ortega en una posición más vulnerable las finanzas públicas.	La salida fulminante de Funes puede desembocar en una apretón de tuerca por parte de la comunidad internacional para presionar por un cambio democrático e institucional en Nicaragua  a través de esta vía, dado a que una gran mayoría de los socios del BCIE, tanto fundadores como extrarregionales, han condenado en foros mundiales la violenta represión de Ortega contra su pueblo que demanda su salida del poder desde al año pasado, advirten especialistas.	El BCIE es ahora el brazo financiero principal de Ortega, luego que entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), donde Estados Unidos ejerce una fuerte influencia, decidieran cerrar el grifo de nuevos préstamos a Nicaragua. El BID tiene pendiente con Nicaragua el diseño y aprobación de su estrategia país, y al igual que el BM, hasta ahora no se han avalado nuevos préstamos al régimen desde el 2018.	El 10 de junio de este año, el nuevo presidente de El Salvador, que reclama la extracción desde Nicaragua de Mauricio Funes, a través de su cuenta en Twitter ordenó la destitución de Guillermo Funes, quien llevaba 10 años representando a su país en el BCIE, con un salario de 20,000 dólares mensuales. Bukele es un férreo crítico de Ortega, por lo que su medida significó un golpe para el régimen.	¿Cómo dañó esa medida la capacidad de obtención de recursos de Ortega en el BCIE? ¿Qué probabilidad hay que se cierre esa fuente? ¿Cuántos aliados le quedan a Ortega en el BCIE? ¿Qué puede pasar con el polémico financiamiento de dicho banco a la Policía Orteguista tras la recomposición de los aliados del régimen en el banco?	De entrada, Róger Artegada, exgerente del BCIE por Nicaragua,  explicó que en la práctica Ortega perdió un voto de un socio fundador a su favor en el directorio que es la que aprueba los créditos, por lo que esto puede poner en la cuerda floja la obtención de mayores flujos de recursos o bien aumentar la presión para que el crédito que se aprobó a la Policía Orteguista sea revertido.	Aunque Arteaga que no cree que el grifo se cierre en su totalidad para el régimen, dado a que el BCIE toma como prioridad para entregar préstamos que los países socios estén al día con sus aportes, y ese es el caso de Nicaragua, sostiene que al menos el nuevo delegado de El Salvador junto con Costa Rica pueden reabrir el debate de sobre lo que está financiando el banco y que atenta contra los derechos humanos en Nicaragua.	En el sitio web del banco se indica, no obstante, que el BCIE tiene 14 socios, sin incluir a Corea del Sur el cual no aparece incorporado oficialmente en el sitio electrónico de la multilateral. Fue el 28 de diciembre del 2018 cuando se anunció que el país asiático se había asociado como miembro extrarregional al banco.	Arteaga explica que con base a la posición que han tomado cada uno de los socios en los foros internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y basado en el esquema de votación descrito por la fuente, se puede determinar que Nicaragua se quedó en teoría con votos de fundadores insuficientes para obtener la aprobación de proyectos en el directorio.	Guatemala avaló una resolución que la mayoría de los miembros de la OEA aprobó para la creación  de un grupo de trabajo en el Consejo Permanente de la OEA que vigilara la situación de Nicaragua, por lo que ese voto de un fundador en el directorio del BCIE también está en la cuerda floja, recuerda Arteaga.	No obstante, Arteaga no cree que Ortega pierda por completo el financiamiento del BCIE, pero sí podría obtener mayor presión sobre qué y a quién está financiando en Nicaragua, como es el caso del crédito que se dio a la Policía Orteguista (PO), señalada por Estados Unidos y organismos de derechos humanos internacionales de estar detrás de la masacre de más de 325 nicaragüenses.	Agustín Jarquín Anaya, excontralor general de la República de Nicaragua, señala que esta recomposición de los aliados de Ortega en el BCIE puede ayudar a aumentar la presión para que se revisen los recursos financieros que están fluyendo a favor de la PO, aunque admite que generalmente entre países socios no suelen inmiscuirse en asuntos internos, una práctica que puede cambiar dada la condena contra el orteguismo a nivel mundial.	Jarquín señala que si aún persiste el esquema de cuatro votos de países fundadores como mínimo para obtener la aprobación de un proyecto, si no tiene el voto de El Salvador ni el de Costa Rica  “no habría manera cómo aprobarlo (un nuevo préstamo), si en efecto eso es así, que se requiere cuatro votos fundadores”.	El excontralor insiste en que el BCIE está yendo contra sus propios valores al mantener el financiamiento a la Policía y confía en que con el cambio de delegado de El Salvador se exija una revisión de dicho convenio, que si bien data desde hace seis años, el mismo en el caso de Nicaragua no está cumplimiento con los objetivos, que es mejorar la calidad de los nicaragüenses.	El BCIE en un comunicado del 10 de mayo, en respuesta a la polémica que generó la decisión de retomar varias licitaciones en favor de la Policía de Nicaragua, este indicó se declaró apolítico y que mantendría el financiamiento. “Los resultados de auditoría al 2018 reflejan que Nicaragua ha cumplido con todas las normas y procedimientos establecidos por el Banco en la ejecución de sus proyectos y que se encuentra al día con sus compromisos de deuda”, indicó.	Sobre el cambio de autoridades en Guatemala,  Jarquín señala que pese a que ese país suele tener gobiernos débiles, debido a la presión migratoria que tiene con Estados Unidos, el nuevo mando guatemalteco puede alinearse a la posición de la gran mayoría de países que condenan a Ortega, para no entrar en contradicciones con EE.UU.	Además Jarquín indica que la situación se puede agravar con Ortega si finalmente se aplica la Carta Democrática en Medellín, Colombia, porque automáticamente perdería el financiamiento por completo del BCIE, porque este banco forma parte del sistema interamericano. “La relación con Ortega y todo lo que signifique su gobierno, se está volviendo una relación complicada para cualquiera, incluyendo el BCIE”, enfatizó.	Actualmente el BCIE tiene aprobado para Nicaragua la estrategia país 2018-2022, mediante el cual el régimen espera obtener 1,600 millones de dólares en desembolsos en cinco años, es decir 320 millones anuales. El banco obtiene recursos de terceros países, algunos de los cuales entregan fondos para que sean recolocados y tienen condicionantes en materia de derechos humanos, donde Nicaragua no podría aplicar.