Tras cinco meses de haber entrado en vigencia la reforma a la Ley de Concertación Tributaria y haberse cumplido el período de 90 días para revisar los resultados de la misma, el sector privado del país sigue demandando al Gobierno que la derogue, por el impacto negativo que está generando a las empresas nicaragüenses.	“Lo que estamos viendo es que no se ha dado el seguimiento necesario a cumplir lo que se redactó (en la ley), que era hacer una revisión exhaustiva después de hacer una consulta. La consulta ya se hizo porque nosotros como sector privado ya le hemos informado de diferentes formas al Gobierno las afectaciones que ha tenido esta reforma”, señaló Maltez.	La ley establece textualmente que “las autoridades competentes del Poder Ejecutivo deberán mantener un constante monitoreo, supervisión y vigilancia de todas y cada una de las medidas tributarias adoptadas en la presente ley y su reglamento, los efectos producidos en la recaudación y en el desempeño de las actividades económicas y productivas de los diferentes sectores económicos, sociales, gremiales y empresariales del país”.	Maltez agregó que la crisis del país que se ha extendido por más de un año ha incidido en términos económicos en la merma del consumo y el comercio por parte de la población y ha debilitado a las empresas. “Estás viviendo un desempleo muy fuerte, la inversión se ha parado y no puede haber una recaudación más profunda”, dijo.