De acuerdo a la acusación que presentó la fiscalía, los jóvenes habrían participado en el levantamiento de barricadas en el barrio Tangará de Tipitapa y en la terminal de autobuses Salomón Ibarra Mayorga en esa misma localidad, durante los días más intensos de las protestas cívicas que se registraron en todo el país.	Julio Montenegro, defensor de los jóvenes condenados, señaló que apelarán en este caso ya que considera que la Juez Segundo Distrito Penal de Juicio Adela Cardoza no hizo una valoración correcta de los medios de prueba que ofreció la defensa, entre ellos el hecho que los jóvenes fueron detenidos por paramilitares y no por la	"Es una criminalización de la protesta, por el hecho de haber estado algunos ciudadanos en la barricadas se les está procesando. Pero en el presente caso incluso se dispara la situación cuando lo que tenemos son ciudadanos que fueron sustraídos ilegalmente de sus casas por fuerzas irregulares que no están facultadas por la ley para practicar estos actos; de tal manera que se constituye en ilegal tanto la detención, el allanamiento como los medios de prueba obtenidos en ese proceso que hicieron", explicó.	y que se llevaron evidencias de la hora de ingreso y salida de cada uno de los jóvenes a su centro laboral, con lo que se probó que ellos nunca pudieron haber estado en las barricadas, sin embargo la judicial no consideró esta prueba a la hora de emitir el fallo.