En septiembre se espera que el régimen de Daniel Ortega presente, por medio de una comisión nacional integrada por al menos catorce instancias de su dictadura, un diagnóstico sobre los casos de femicidio; sin embargo, la instauración de dicha comisión no es un elemento nuevo, sino que está contemplado en el artículo 51 de la Ley 779 o Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, lo que demuestra que, una vez más, la dictadura no cumple con la ley, señalaron organizaciones feministas.	Ante el repunte de femicidios en el 2019, la vicepresidente Rosario Murillo anunció, como si fuesen respuestas inmediatas por parte del Estado ante la violencia contra las mujeres, la creación de dicha comisión y aseguró que además del diagnóstico se trabajará en una hoja de ruta, como parte de una estrategia de prevención y atención a las familias.	La instancia tiene entre sus objetivos “gestionar la creación del fondo especial del Estado para reparar daños a las víctimas de violencia en los servicios de recuperación y restitución de derechos”. Eveling Flores, de la Red de Mujeres Contra la Violencia, explica que las instituciones públicas no cumplen con la Ley 779, si lo hicieran, no tendrían que crear una comisión, que ya está por ley. Agrega que hay policías que no investigan, que no reciben las denuncias, que revictimizan a las mujeres.	Otra de las deudas pendientes de la comisión es la promoción y la adopción de medidas para la asignación presupuestaria enfocada en los programas de prevención, atención y sanción de la violencia hacia la mujer en los presupuestos institucionales. Para la activista del Movimiento Feminista de Nicaragua, Mirna Blandón, la formación de dicha comisión es un acto irresponsable, populista y clientelista de Murillo, quien busca moralizar a su gremio, que también está afectado como ciudadanía no solo por la violencia machista, sino por la estatal.	Seylit Jackeline Parrales Sevilla estuvo a punto de morir, sobrevivió a las heridas en la yugular y seno izquierdo propinadas por su expareja Yerol Josué Álvarez. Es una de las últimas víctimas de femicidio en grado de frustración. Esta semana, personas afines al régimen visitaron a la víctima a quien le llevaron una cama, según publicaciones en la cuenta oficial de las redes sociales de un medio oficialista. Además, dijeron que darían seguimiento a su recuperación física y psicológica.	Pese a que las organizaciones feministas han abanderado la lucha por los derechos de las mujeres, el régimen de Daniel Ortega las ha excluido y ha dejado solo a organizaciones afines a su línea política-partidaria, señaló la feminista Mirna Blandón. Durante la crisis sociopolítica que inició el 18 de abril, las mujeres también han sufrido agresiones físicas y verbales por parte de operadores del régimen.