Al entrar en vigencia este 20 de enero las reformas parciales a la Constitución Política (Ley Nº 520, aprobada el 13 de enero de 2005 y publicada en La Gaceta Nº 35 del 18 de febrero del mismo año), la Asamblea Nacional asume un papel aún más importante en el escenario político del país, desde luego que las aludidas reformas le confieren facultades más amplias, antes exclusivas del Poder Ejecutivo, como es el caso de la ratificación, con el voto favorable del 60 por ciento del total de diputados, de los futuros nombramientos que el Presidente de la República haga de los ministros y viceministros de Estado, Procurador y Subprocurador General de la República, Jefes de Misiones Diplomáticas y Presidentes o Directores de Entes Autónomos y gubernamentales.	Además, la Asamblea Nacional tiene ahora, según el art. 138 Cn reformado, la potestad de “Solicitar informes a los Ministros y Viceministros de Estado, Procurador y subprocurador General de Justicia, Presidentes o Directores de entes autónomos y gubernamentales, quienes tendrán la obligación ineludible de rendirlos. También podrá requerir su comparecencia personal e interpelación. La comparecencia será obligatoria, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. La no comparecencia injustificada será causal de destitución. Si considera que ha lugar a formación de causa, esta decisión acarreará la pérdida de la inmunidad, en los casos en que el funcionario aludido gozare de ella. Si la Asamblea Nacional, considera al funcionario no apto para el ejercicio del cargo, con votación calificada del sesenta por ciento de los Diputados lo destituirá, y pondrá en conocimiento al Presidente de la República para que dentro del plazo de tres días haga efectiva esta decisión”.	Como puede verse, controlar el 60 por ciento de los votos de la Asamblea Nacional se vuelve crucial para un Poder Ejecutivo acostumbrado, hasta ahora, a nombrar y remover a su gusto y conveniencia a sus funcionarios más importantes. De ahí el interés del Presidente Ortega de reanimar su pacto con el Dr. Arnoldo Alemán, sobre la base de presiones carcelarias y valiéndose de su reconocida influencia en el Poder Judicial. La expectativa de Ortega es que Alemán logre recuperar el control de la bancada del PLC, que para Ortega se transforma en el segmento clave para asegurarse el 60 por ciento de los votos que necesita para que la Asamblea Nacional le ratifique los nombramientos que en el futuro quisiera hacer y conjurar el peligro de remoción de sus ministros, viceministros, si son interpelados por la Asamblea Nacional.	Esto explica lo que ocurrió con el retorno de Alemán a la excepcional condición de reo con el país por cárcel, bajo la figura de “convivencia familiar”. Por supuesto, la contrapartida a este privilegio, fueron las sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre los CPC y la declaratoria, de oficio, de la inconstitucionalidad de la Ley Marco y otras leyes relacionadas. En el momento en que el pacto no funcionó en la Asamblea Nacional, al salirse del control de Alemán un buen número de diputados del PLC, éste recuperó su vigencia en la Corte Suprema de Justicia, donde la influencia del caudillo liberal pareciera no haberse menguado.	Así las cosas, la expectativa del Presidente Ortega es que un Alemán con plena capacidad de movilización en todo el territorio nacional e interviniendo activamente en la política y en los medios de comunicación, recupere su control sobre la bancada del PLC, le sirva de ariete para desarticular el llamado “Bloque parlamentario contra la dictadura” y, al mismo tiempo, ponga toda clase de obstáculos a la unidad del liberalismo, como ya se vió con su intempestiva asistencia al acto de la firma del acuerdo preliminar de la alianza PLC-ALN, creyendo sorprender a Eduardo Montealegre y confiado en que éste se negaría a firmar la unidad ante la incómoda presencia de Alemán.	Pero toda esta “lógica del repacto”, puede desmoronarse si los señores diputados de la bancada del PLC persisten en sacudirse la tutela del caudillo liberal y se mantienen consistentemente en el Bloque contra la dictadura, por ahora refugio de las esperanzas del pueblo de Nicaragua que desea, a todo trance impedir que se entronice en Nicaragua una nueva dictadura, simplemente porque así conviene a los intereses de los dos caudillos pactistas, intereses que están muy lejos de coincidir con los verdaderos intereses del sufrido pueblo nicaragüense, que pagó una alta cuota de sangre y sacrificios para librarse de la oprobiosa dictadura somocista y que, seguramente, no está dispuesto a dejarse encajar otra, aunque esta vez sea de carácter institucional, mediante la manipulación de los Poderes del Estado.	Los diputados de todas las bancadas democráticas (MRS, ALN y PLC) deben estar conscientes de que el nuevo escenario político, que crea la entrada en vigencia de las reformas constitucionales, les impone una alta dosis de patriotismo para responder a la alta misión que el pueblo les ha confiado de representarlo para formular las leyes de la República y defender la institucionalidad democrática. La opinión pública, seguramente dará, más que nunca, un seguimiento constante y cuidadoso a las actitudes que adopten los señores diputados, ya que la actual coyuntura ha puesto en sus manos la posibilidad de definir el destino de los más de cinco millones de nicaragüenses, si actúan con dignidad.