Se han escrito bastantes páginas acerca de la destacada participación de los miembros de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, han sido muchos los halagos que ha recibido en nombre de ellos la Primer Comisionada Aminta Granera, por otro lado, también los organismos defensores de los Derechos Humanos han publicado sendos informes sobre la violación de los derechos fundamentales que  sufren los ciudadanos por parte de Policías.	Pero hay un tema que casi nadie lo ha abordado, el de la violación de derechos humanos a los miembros de la Policía Nacional, tanto a lo externo como a lo interno de la propia Institución, a partir de este momento le ruego a la Primer Comisionada que tome cartas en el asunto, y estoy seguro que con la rectitud y humanismo de sus actuaciones tomará las decisiones para corregir estos abusos a sus oficiales.	1. A lo externo de la Institución: se cometen los siguientes abusos: cuando un miembro de la Policía Nacional sale involucrado en un supuesto hecho de violación de derechos a los ciudadanos es víctima de dos grandes adversarios, por un lado los organismos de derechos humanos que a mi juicio, actuando con una parcialidad increíble, cuestionan y desbaratan de forma instantánea la presunción de inocencia que también tienen derecho los miembros de la Policía Nacional, no sé si lo harán por desconocimiento de este derecho fundamental o por buscar protagonismos en los medios de comunicación, la verdad es que los atacan y condenan sin ni siquiera haber iniciado el proceso de investigación correspondiente.	Por otro lado, la Fiscalía y los jueces en conjunto, encañonan las baterías de las acusaciones contra los miembros de la Institución Policial, cuando a veces se ha hecho uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego, en este país solo existen dos instituciones que pueden hacer uso de esto y es el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, tomando eso si, como base fundamental el uso legítimo. El abuso se comete cuando se pretende juzgar a los agentes desde una perspectiva de un ciudadano común y corriente, esto es incorrecto; ya que si dentro de un marco legítimo del uso de la fuerza y armas de fuego y además en el cumplimiento del deber, la ley faculta a estos policías para restaurar el orden a pesar que de manera inevitable se produzcan lesiones, esto también se sustenta en la doctrina penalista de la agresión legítima que encabeza el jurista español Luzón Peña.	Por estos motivos, tanto los fiscales como los jueces deben tomar en cuenta la potestad discrecional que tienen los miembros de la Policía Nacional en el uso de la fuerza y armas de fuego, y luego de comprobar que su actuación fue legítima, hacer referencia de la potestad que les da la Ley 228, Ley Orgánica de la Policía Nacional así como su propio Reglamento, en otras palabras estos funcionarios judiciales están obligados a respetar la Ley y no buscar ilegalidades donde no las hay.	2. A lo interno de la Institución: Cuando un miembro de la Policía Nacional es acusado de cometer una falta o un delito existen mecanismos en la Institución que establecen procedimientos para iniciar un proceso investigativo, el órgano de apoyo encargado en estos casos es Asuntos Internos, esta dependencia se rige normativamente por la orden 032-99 Normas de organización y funcionamiento del órgano de apoyo, asuntos internos de la Policía Nacional, orden emanada el 28 de enero de 1999 por el entonces Director de la Policía Nacional Primer Comisionado Franco Montealegre y elaborado por la Comisionada Mayor Ana Julia Guido Ochoa quien fungía como jefa de la División de Asuntos Internos.	En esta normativa se establece de forma específica los procedimientos en caso de denuncias, el papel de los oficiales investigadores, el deber de los mismos y de los Policías sometidos a investigaciones, pero además se establece de forma clara los DERECHOS  que tienen los Policías investigados, en todo momento se  señala que los investigadores deberán presumir la inocencia del investigado así como respetar su sagrado derecho a la defensa, pero además se señala que entre otros, los jefes de delegaciones serán responsables de del cumplimiento de la presente orden , en forma clara es obligación la divulgación de este documento a todos y cada uno de los oficiales de la Institución policial, lo importante ahora es determinar si esta orden ha sido cumplida al pie de la letra y en función de la protección, no del encubrimiento por supuesto, de los oficiales que han sido denunciados por los ciudadanos en relación a un hecho que presumiblemente ha causado la violación de  derechos humanos.	De acuerdo a fuentes de información de primera mano, podemos asegurar que la mayoría de miembros de la Policía no conocen las disposiciones contenidas en esta orden, pero que además en muchos de los casos los oficiales de investigación de asuntos internos, lejos de proteger la presunción de inocencia y el sagrado derecho de la defensa, se convierten en inquisidores de los propios policías, contraviniendo con esa vergonzosa actitud, las instrucciones que en estos casos ha  emanado por la propia Institución, con este hecho se presume que en muchas ocasiones los oficiales quedan a le deriva y en total indefensión, a ello le sumamos que la División de Asesoría legal no está cumpliendo con su papel de garantizar un abogado defensor a los policías en muchos casos que pasan a ser procesados en los juzgados, todo esto de acuerdo a entrevistas de los propios policías, mayoritariamente esto se manifiesta en las delegaciones departamentales de la Policía.	Otro hecho lamentable es que al ser denunciados los oficiales, en varias ocasiones el jefe de la delegación ordena la restricción de la libertad del policía dentro de la unidad y en algunas ocasiones se han detenido dentro de una celda, esto es un procedimiento a todas luces arbitrario ya que el único funcionario que Constitucional y legalmente puede restringir la libertad es el Juez  penal, esto lo pueden comprobar incluso en el nuevo Código de Procedimiento Penal, en una ocasión incluso tuve un debate con un jefe departamental y el campantemente me decía que la restricción de la libertad era una discusión doctrinaria, craso error, pues el Comisionado Mayor debe saber que es un asunto jurídico sobre el cual ni él ni ningún otro jefe departamental tienen potestades discrecionales para emitir órdenes de restricción de la libertad por más del tiempo que se establece en el mismo código, incluso el ex Director de la Policía Primer Comisionado en retiro Edwin Cordero, lo cual me lo confirmó personalmente, emitió una disposición donde se anulaba la imposición de la sanción de retener en la unidad a los policías hasta por treinta días, pero lo peor es que esta medida se aplicó hasta hace muy poco en un departamento del norte del país.	En resumen, me pongo a la disposición de la Primer Comisionada en función de apoyar su trabajo en este sentido, creo que todos los ciudadanos debemos hacer lo mismo y no solo estigmatizar la labor de quienes garantizan nuestro sueño, claro que hay quienes cometen abusos y por ende deben ser castigados una vez concluido un proceso de investigación y que sean encontrados culpables, mientras tanto hay mucho que hacer en materia educativa para el cumplimiento de la ley, si no lo hacemos nosotros, entonces: ¿Quién defiende a los Policías?