Cientos de puertorriqueños marcharon el jueves por decimotercer día consecutivo, esta vez bailando para celebrar la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló y exigir “gente nueva” en el gobierno por los casos de corrupción vinculados a los fondos para el huracán.“La misma gente que está en el gobierno y que forma parte del mismo circuito de Ricardo Rosselló también se tiene que ir”, dijo a la multitud el cantante de música urbana René Pérez (Residente), quien ha liderado las protestas.	El 13 de julio, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó en exclusiva más de 800 páginas del chat de Telegram que el gobernador Rosselló tenía con asesores y contratistas del Gobierno. La organización periodística detalló en un escrito compartido que obtuvo la información de una fuente anónima, pero la validó con las primeras filtraciones.	Un delito era la participación de Elías Sánchez en el chat, un exfuncionario de la actual administración y cabildero, esto podría constituir violaciones a los artículos 250 y 251 del Código Penal (enriquecimiento ilícito y enriquecimiento injusto, respectivamente), al artículo 252 sobre aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos y el artículo 254 sobre intervención indebida en las operaciones del Gobierno.	Otro delito serían las expresiones sobre posible violencia contra la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Según el informe, la expresión “salivando por caerle a tiros”, empleada en el chat podría constituir violaciones a los artículos 245 de emplear violencia o intimidación contra la autoridad pública y 242 A de incitación a la violencia.	La discusión sobre cesantear a la esposa del senador Juan Dalmau, Griselle Morales, viola “el artículo 167 del Código Penal (que) prohíbe la recopilación ilegal de información personal para discriminar contra una persona en su permanencia en el empleo. A estos fines, Rosselló Nevares intervino directamente en una conversación sobre la intención de sustituir a la esposa del senador independentista Juan Dalmau en el puesto que ha ocupado durante años en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras”, detalló el CAAPR.	También está el delito de conspiración por “la participación e involucramiento del gobernador en las conversaciones que están dirigidas a perjudicar, oprimir, amenazar o intimidar a una persona en el libre ejercicio de un derecho o privilegio garantizado puede ser constituir una violación al delito federal de conspiración. Además, de una violación al artículo 244 del Código Penal”, detalla el estudio del Colegio de Abogados.	Malversación de fondos públicos se vinculan al artículo 264 del Código Penal que dispone que un funcionario comete delito si se utilizan fondos públicos para un fin no autorizado, como lo es la exaltación de la figura propia del gobernador. “Es razonable concluir que un chat de largas durante 50 días constituyó un gasto público para adelantar intereses no relacionados con la función gubernamental propiamente, sino con otros intereses políticos y económicos indebidos”.