En Centroamérica los ciudadanos con menores ingresos soportan, proporcionalmente a sus recursos, una carga de impuestos superior a la que recae sobre los ciudadanos con ingresos más altos. Esto se explica por dos fenómenos. Primero, en todos los países, con excepción de Panamá, el setenta por ciento de la carga tributaria aproximadamente, proviene de la recaudación de impuestos indirectos relacionados con el consumo.	El restante treinta por ciento proviene de impuestos directos, es decir, de aquellos que gravan la propiedad de inmuebles y los ingresos provenientes de salarios, utilidades, e intereses, entre otros. Segundo, el diseño del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la principal fuente recaudatoria de la región, incluye excesivos privilegios fiscales que incrementan la desigualdad en su pago, haciendo que éste recaiga principalmente en los sectores más desposeídos.	Asimismo, han tenido la errónea idea de que los incentivos y privilegios fiscales, principalmente la exoneración del pago de ISR, por sí solos son un buen instrumento para atraer inversión extranjera. Esto ha sacrificado recursos públicos que podrían utilizarse para mejorar la competitividad de los países a través de más y mejor educación, salud, seguridad, justicia e infraestructura.	Finalmente, los gobiernos han utilizado el IVA para compensar rápidamente la caída en la recaudación de aranceles que ha resultado de la continua liberalización del comercio exterior. Sin embargo, han otorgado exoneraciones y tasas cero sobre bienes y servicios a los que tiene acceso un muy limitado grupo de la población.	En todos los países de Centroamérica, el 20% más pobre de la población tiene una carga tributaria relativa mayor a la de toda la población. Los casos extremos son El Salvador, Honduras y Nicaragua, en donde el 20% de los hogares más pobres tienen una carga tributaria relativa que es más del doble de la carga tributaria relativa promedio de los hogares más ricos.