Según establece la misma Constitución, la reforma se debe aprobar en dos legislaturas. De manera que tendrá que ser aprobada en un primer debate en los días que restan del presente año, y se completará el proceso de aprobación en una segunda discusión de la Asamblea Nacional, que debe realizarse en el comienzo del año entrante.	Como se supone que la reforma constitucional es una decisión muy importante, que debe ser bien meditada y con tiempo para consultar a los ciudadanos —en los que también se supone que radica la soberanía nacional—, la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece un trámite de 60 días como máximo para que sea aprobada en primera legislatura. Y para su aprobación definitiva, en el siguiente año, da otro plazo de 60 días después de instalada la nueva legislatura.	Pero en Nicaragua no hay democracia ni existe el Estado de derecho. Lo que hay es un poder absolutista que no respeta leyes ni normas supremas. El dictador interpreta la Ley y la Constitución como quiere y hace lo que le da la gana. Considera que el poder es un botín que conquistó para siempre, que el Estado le pertenece y no debe rendir cuentas a nadie.	Por ese absolutismo del poder, en los ámbitos políticos democráticos del país se recibió con temor y desconfianza el anuncio de la nueva reforma constitucional. La verdad es que no hay necesidad y mucho menos urgencia para reformar a matacaballo la Constitución, solo por incluir algunos nombres —merecidos o no— en la galería constitucional de héroes de Nicaragua. Además, de quienes de manera absolutista y arbitraria detentan el poder, solo se puede esperar lo peor para los ciudadanos, para sus derechos y libertades, para la justicia y la democracia.	De manera que no les ha faltado razón a quienes temen que tras la aparentemente inocua reforma constitucional que está en trámite, se oculte una aviesa intención de hacer algún cambio de fondo en la Constitución a fin de reforzar la dictadura, para que Ortega se atornille en el poder para siempre.	Sin embargo, eso es irrelevante. Cualquiera que sea la reforma constitucional que imponga este régimen, no durará mucho tiempo. La dictadura está condenada a desaparecer y el nuevo régimen tendrá que dictar una nueva Constitución plenamente democrática, que el pueblo deberá aprobar en referendo. Será un nuevo pacto constitucional a fin de que Nicaragua vuelva a ser república y para el cual ya hay excelentes propuestas que han sido presentadas por los diversos partidos y movimientos sociales y políticos de oposición.