Con la reciente aprobación de un nuevo Código Penal y la anunciada resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua, conviene reflexionar acerca de las alternativas que se le presentan al Dr. Arnoldo Alemán a raíz de esos acontecimientos. Como sabemos, el Dr. Alemán fue condenado a 20 años de presidio por los delitos de lavado de dinero y/o activos provenientes de actividades ilícitas, fraude, malversación de caudales, peculado, asociación para delinquir y delito electoral. De acuerdo con la sentencia dictada el 7 de diciembre de 2003, el delito de lavado de dinero establecido en la Ley 285, Ley de Estupefacientes, psicotrópicos y sustancias controladas, lavado de dinero y activos prevenientes de actividades ilícitas, no distingue en la procedencia del dinero lavado, no importa si proviene del narcotráfico o de cualquier otra actividad ilícita. Algunos académicos, entre ellos yo mismo, hemos sostenido que conforme a una interpretación histórica y sistemática de la Ley 285, el delito de lavado de dinero allí castigado sólo puede ser aquel que proviene exclusivamente de actividades ilícitas relacionadas con la narcoactividad. No es ésta la tesis que en su momento sostuvo la judicial.	El tema de si la Ley 285 tipifica el lavado de dinero proveniente de cualquier actividad ilícita, y no sólo de delitos relacionados con la narcoactividad, no es una cuestión pacífica; por ello el nuevo Código Penal trata de cerrar la discusión, así el artículo 282 castiga con pena de cinco a siete años de prisión aquellos casos en los que el dinero que se pretende lavar proviene de cualquier actividad ilícita; en cambio, si proviene de actividades relacionadas con la narcoactividad o el crimen organizado la pena a imponer será de 7 a 15 años de prisión, pena que puede llegar hasta 20 años cuando el delito se realice por un funcionario público o por un directivo, socio o representante de una persona jurídica.	Primera, si el nuevo Código Penal resulta más favorable al imponer una pena de entre cinco y siete años para el delito de lavado de dinero proveniente de actividades distintas al narcotráfico, y el Tribunal de Apelaciones no ha resuelto todavía el recurso de apelación presentado por la defensa, debe solicitarse al mismo Tribunal que dicte un auto de sobreseimiento en el procedimiento, que se traduce como el acto por el cual la administración de justicia deja de enjuiciar a una persona porque la misma ha pasado detenida un tiempo tan prolongado que equivale al mínimo de pena que se le hubiese impuesto si la sentencia estuviera pasada ya en autoridad de cosa juzgada. Esta alternativa podría activarse incluso a través del recurso de habeas corpus y además traería la ventaja de no dejar antecedentes penales pues la presunción de inocencia nunca fue desvanecida por completo.	Segunda, teniendo en cuenta que el día 13 de diciembre se cumplen cinco años de que el Dr. Alemán se encuentra “bajo prisión preventiva”, con beneficios penitenciarios pero guardando prisión, una vez que entre en vigor el nuevo Código Penal, sesenta días después de la publicación del último artículo en La Gaceta, la defensa podrá solicitar al Tribunal de Apelaciones la liquidación de pena y puesta en inmediata libertad pues, al haber mostrado un buen comportamiento y cumplido con tres cuartas partes de la pena que se podría imponer, “el condenado ya cumplió con su condena”. Esta alternativa representa en esencia un reconocimiento del delito cometido y desvirtúa la presunción de inocencia, solo que para ser aplicada requiere, además de la vigencia del Código, de la aprobación de la Ley de Liquidación de penas -el famoso libro cuarto que los diputados decidieron se aprobara más tarde como una ley especial-.	Tercera, quizá la más radical, es sostener que cuando el nuevo Código Penal establece diferencias entre el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas en general y el lavado de dinero producto del narcotráfico y crimen organizado, es porque el legislador considera, por medio de la Ley, que el delito de lavado de dinero castigado por la Ley 285 es únicamente el que proveniente de la narcoactividad, por lo que la condena impuesta hace más de cuatro años, en lo que respecta al lavado de dinero, se basó en un acto que no estaba tipificado como delito que, al violentarse el artículo 34 numeral 11 Cn., obliga a poner al ilegalmente detenido en inmediata libertad en aplicación del habeas corpus.	La cuarta alternativa, de acuerdo con el Código Penal vigente, es que la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua decida, en aplicación del régimen inquisitivo impuesto por el Código de Instrucción Criminal de 1879, revocar, confirmar o reformar la sentencia dictada por la Dra. Méndez. La revocación beneficia al condenado; la confirmación de 20 años de presidio por lavado de dinero y otros delitos, si bien le perjudica inicialmente, una vez entre en vigor el nuevo Código Penal se le puede aplicar cualquiera de las tres alternativas anteriores.	La reforma de la sentencia, sin embargo, al optar por el camino correcto, reconociendo que hoy por hoy el delito de lavado de dinero no existe si no es ligado a la narcoactividad, podría acabar con toda esperanza de libertad para el Dr. Alemán, pues el Tribunal podría decir que no se cometió lavado de dinero, pero sí los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, peculado y asociación para delinquir, y todos esos delitos juntos representan entre 15 y 18 años de prisión.