Orozco describió la ingobernabilidad de Nicaragua, la falta de independencia de los poderes del Estado, la concentración de poder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), entre otras violaciones a los principios democráticos ante un auditorio que conoció que hay pocos avances en el diálogo por falta de voluntad de Ortega.	También representantes de otras organizaciones internacionales —como la relatoría por los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF)—, reafirmaron las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Nicaragua, además de las expresiones de rechazo de la mayoría de los países que intervinieron durante la sesión del viernes.	El régimen de Daniel Ortega se encuentra en un proceso de diálogo nacional con un sector de la oposición agrupado en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, desde el cual se prometió encontrar una salida a la crisis que vive el país desde el 18 de abril, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que demandan la salida de Ortega del poder.	Luis Rosadilla, enviado del secretario general de la OEA en el proceso de diálogo, en calidad de testigo y acompañante, también participó el viernes en la reunión ante el Consejo Permanente para presentar un informe que expuso que las negociaciones no han avanzado “ni un milímetro” en los temas de justicia y democracia.	Lo único que ha logrado la oposición en las negociaciones es que los representantes de Ortega firmen un acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas y la promesa de liberación total de los más de setecientos presos políticos. Sin embargo, la Policía Orteguista (PO) ha seguido reprimiendo las protestas civiles y los grupos de presos políticos que han sido excarcelados (al menos 212) han salido bajo el régimen de convivencia familiar.	“La presión internacional ya no es solamente sobre el restablecimiento del orden político y constitucional del país, sino es del cumplimiento de los acuerdos negociados. Entonces, ya Daniel Ortega no tiene que responder exclusivamente a si está reprimiendo o no, sino a lo que se comprometió por escrito a realizar”, dijo.	El funcionario de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, opinó que EE. UU. no quiere aplicar sanciones económicas aprobadas contra el régimen sin antes darle oportunidad de que muestre acciones de buena fe. Sin embargo, él cree que ya se está llegando a un punto límite y en ese sentido dijo que las próximas semanas son claves tanto para Estados Unidos como para Ortega. EE. UU. aprobó una Ley de sanciones en diciembre del año pasado, conocida como Nica Act, que bloquea los préstamos a Nicaragua provenientes de la banca internacional.