El vicepresidente del Grupo de Trabajo para Nicaragua de la Organización de Estados Americanos (OEA), Hernán Salinas, manifestó que la situación del país es uno de los temas que integra la agenda de la 49 Asamblea General de dicho organismo, a efectuarse en Medellín, Colombia, del 26 al 28 de junio.	La relatora para Nicaragua de la CIDH, Antonia Urrejola, expuso que aunque el régimen de Daniel Ortega ha excarcelado a más de 400 presos políticos, la situación de Nicaragua en materia de derechos humanos sigue siendo preocupante para los reos políticos que aun permanecen encarcelados, ante la persistente falta de libertades públicas, libertad de prensa y expresión, y la falta de garantías para el retorno de los exiliados. De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas (ONU), superan los 62 mil desplazados a causa de la crisis que inició en abril de 2018.	Gonzalo Koncke, jefe de despacho del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, dijo durante su intervención que se “requiere la libertad de todos los presos políticos, el restablecimiento de libertades civiles y políticas, garantías para el retorno seguro de todos los exiliados, reformas y avances electorales de fondo que permitan una situación institucional nivelada con elecciones justas y transparentes con todos los elementos contenidos en la Carta Democrática Interamericana; (y) se necesitan reformas institucionales que permitan al país volver al estado de derecho”.	Por su parte Salinas dijo que la situación de crisis nicaragüense es una preocupación para los estados de la OEA, en particular para el Grupo de Trabajo para Nicaragua, a quien el régimen de Ortega impide el ingreso al país para constatar las múltiples violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía.	“El tema de Nicaragua está dentro de la agenda de la Asamblea General de la OEA. El proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana y la aplicación del artículo 20, de este instrumento, constituye un aspecto fundamental de la acción de los estados miembros en relación a la situación de Nicaragua”, subrayó el diplomático chileno.	“El objetivo es el respeto a los derechos ciudadanos y el restablecimiento del estado de derecho, no es la aplicación del artículo 21, eso es un instrumento, lo que nos interesa es afincar una metodología que vaya en función del objetivo, que es el restablecimiento de las garantías en Nicaragua”, recalcó.	Salinas dijo también que el Grupo de Trabajo aprecia la liberación de los presos políticos pero a su juicio, es una medida insuficiente. “No todos los presos políticos están libres, las garantías y derechos ciudadanos no han sido restablecidos y existen aspectos de la agenda de la mesa de negociación que lo vimos como un paso auspicioso en un proceso que ni siquiera se ha llegado a acuerdos, y también vemos con preocupación una Ley de Amnistía que busca la impunidad”, apuntó.	Urrejola dijo que la recién aprobada Ley de Amnistía, es una Ley ambigua que no está clara “a quién va a beneficiar, tiene errores desde el punto de vista técnico-jurídico. Nuestra posición es que la Ley de Amnistía respecto a graves violaciones a los derechos humanos son inadmisibles desde el punto de vista de los estándares interamericanos”.	“No veo porque necesito una Ley de Amnistía.  Me parece hay una contradicción. Si un acuerdo político lo pudo hacer, porque al final hizo una Ley de Amnistía, no se entiende, y de acuerdo a la información que la Comisión maneja, existiría 88 personas que están detenidas y que serían presos políticos. En ese sentido, la Comisión hace un llamado a que las personas sean liberadas”, dijo Urrejola.	Para la relatora no ha habido avances en el restablecimiento de las libertades públicas, prueba de ello es el ataque a feligreses en la Catedral de León y posteriormente en la catedral de Managua. “Nos parece muy preocupante, ahí no había ninguna manifestación en las calles, era en una iglesia”, reiteró la relatora.