También fue entregado a la comisión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), que visitó El Salvador del 1 al 3 de octubre de 2019, para reunirse con diversos sectores nicaragüenses, debido a que el régimen prohibió su ingreso al país. Esta comisión de alto nivel tiene como mandato buscar una salida negociada a la crisis nicaragüense.	De acuerdo con el informe del Colectivo, cerca de 14 asesinatos fueron reportados como “enfrentamientos” u operaciones contra supuestos grupos de delincuentes, acusados por abigeato o narcotráfico, para no reconocer que “fueron asesinatos selectivos que ponen en evidencia una letalidad desmedida de la represión gubernamental que es propia de tiempos de guerra”.	La institución castrense mediante su informe responde de manera escueta y citando notas periodísticas de diversos medios de comunicación. Señalan que algunas personas tenían un historial delictivo, en otros casos que el Ejército no tuvo presencia cuando se dieron los hechos, o bien, que los implicados se relacionaban con tráfico de drogas, robo, entre otros delitos.	A su vez, el Colectivo también denuncia la ejecución de seis personas en el 2017 en la comunidad San Pablo 22, de la Cruz del Río Grande, Caribe Sur, entre estos dos menores de edad. “El Ejército afirmó que se trató de un enfrentamiento entre delincuentes y militares” relata el informe de derechos humanos.	Elea Valle, madre de los menores asesinados junto a su padre, aseguró que este último había sido perseguido por el Ejército por ser hermano de Colocho —excontra de nombre Rafael Pérez—, pero la versión sostenida por el Ejército es que eran delincuentes y se les ocuparon armas. Por su parte, Valle demandó que le entregaran los cuerpos de sus familiares, ya que estos fueron enterrado en una fosa común.	Parte de las características comunes que se desprenden de los hechos expuestos por el grupo de defensores de derechos humanos es que las víctimas estaban vinculadas a grupos armados con fines políticos o a partidos políticos opositores, y ejercían una influencia relevante en los territorios donde se desplazaban. Además, que “los asesinatos fueron ejecutados por la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua, y en al menos, la mitad de los casos por fuerzas combinadas”.