Así lo anunció este viernes en Quito la presidenta de la CIDH, la panameña Esmeralda Arosemena, quien preside el 174 periodo de sesiones de la Comisión que se inauguró este viernes en la capital ecuatoriana. «Hemos hecho una invitación a Chile» para «poder tener una visita de trabajo» con el objetivo de «evaluar en terreno la situación» de los derechos humanos en ese país, aseguró Arosemena en declaraciones a la prensa.	Asimismo, comentó que el próximo lunes, en el marco del 174 Periodo de Sesiones de la CIDH, se realizará una audiencia en la capital ecuatoriana sobre «la situación de los derechos humanos en el contexto de la protesta social» en ese país. Esa audiencia ha sido convocada «de oficio, para tratar el tema de Chile», remarcó Arosemena y explicó que en las audiencias intervendrán representantes de varios actores de la situación en ese país.	Según la CIDH, se espera que en la audiencia se presenten ponencias por parte de entidades como Amnistía Internacional, la Federación de Estudiantes Universitarios de Chile, el Colegio de Abogados y varias organizaciones defensoras de los derechos humanos. El pronunciamiento de la CIDH se produce en un momento en que expertos de Naciones Unidas en derechos humanos condenaran el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Chile, en respuesta a las protestas de las últimas semanas en las que, por diversas causas, se han registrado veinte muertos y unos 1,600 heridos.	«La violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas. El elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no letales parecen indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y violó los requisitos de necesidad y proporcionalidad», señalaron los especialistas en una declaración escrita difundida en Ginebra.	Ellos, de igual manera, rechazaron los actos de violencia cometidos por particulares, pero recordaron que el Gobierno debe permitir que las protestas se lleven a cabo «aislando a los que recurren a la violencia». Indicaron asimismo que han mantenido comunicación con las autoridades chilenas, con las que han discutido «su voluntad expresa de perseguir y determinar las responsabilidades en casos de violaciones de los derechos humanos, en particular las cometidas por agentes del Estado».