Treinta abogados recurrieron de amparo ayer contra la implementación del nuevo modelo de gestión de despacho judicial porque atenta contra el derecho constitucional al trabajo, las garantías procesales que tienen las partes en un juicio y contra los derechos de los niños y las mujeres, quienes los más afectados con la retardación de justicia derivada del mismo.	Para citar ejemplos, Bojorge indicó que hay extravíos de expedientes y documentos, lo que los obligan a presentar hasta seis veces el mismo escrito, pero de todos modos nunca les proveen o resuelven, lo que lesiona el derecho al ejercicio de la profesión y perjudica a los usuarios de la justicia.	“No hay ni un solo expediente que se esté moviendo en los juzgados, están momificados, el sistema (computarizado) a cada rato se cae”, dijo la abogada Glenda Orozco, quien señaló que para implementar el modelo primero debieron experimentar en un departamento pequeño para ver si funcionaba o no, en vez de implementarlo para justificar el dinero que recibieron. La inversión en el modelo fue de siete millones de córdobas.	Lo que más está afectando a los abogados es la retardación de justicia, porque para que los llamen a una simple audiencia por faltas o por injurias o calumnias, hay que esperar meses, y antes eso tomaba sólo ocho días. “Yo he perdido clientes por eso. Eso me ha reducido mis ganancias”, explicó Walter Bonilla.	Los recurrentes solicitaron a los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua que mande a suspender el acto, es decir, que no se siga implementando el modelo de gestión de despacho judicial porque violenta el Código de Procedimiento Civil, porque éste no ha sufrido reformas, ni hay circular ni normativa que sustente la aplicación del mismo, explicó Bojorge.