El artículo 54 de dicha ley establece que los naturales de Centroamérica y España, podrán adquirir la nacionalidad nicaragüense cuando tengan dos años de residencia permanente en el país, y aunque Funes cumple esta primera parte, de acuerdo con el abogado Boanerges Fornos, “Funes no es residente, es un asilado político, según ha dicho él y el Gobierno de Nicaragua”.	Para los abogados de Acción Penal, la violación más evidente es el hecho que uno de los requisitos fundamentales para adquirir la nacionalidad nicaragüense está referido a que la persona que sea beneficiada no posea antecedentes penales en su país de origen, y en el caso de Funes y su familia existen acusaciones por parte de la justicia salvadoreña por actos de corrupción y malversación de fondos.	Una de las promesas que había hecho el presidente Nayib Bukele durante sus primeros días de gobierno, fue lograr la extraditación de Funes hacia El Salvador antes de cumplir cien días en el poder, sin embargo con la nacionalización de Funes, eso no sería posible ya que la Constitución nicaragüense indica que no se pueden extraditar a sus nacionales, pese a ello el fiscal general salvadoreño Raúl Melara dijo el jueves que insistirán en la extraditación de Funes.