sumado a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las intervenciones de Estados miembros de América Latina, Estados Unidos y países de la Unión Europea, volvieron a dejar al desnudo y en una posición internacional enclenque a los enviados del régimen a Ginebra en la 42 sesión del Consejo de Derechos Humanos.	Según Ramón Múñoz, director de la Red Internacional de Derechos Humanos en Ginebra, si bien el informe de Bachelet ya era conocido antes de ser presentado, su actualización con datos de último momento sobre crímenes de campesinos en el norte de Nicaragua y los nuevos datos sobre la represión que incluyó la CIDH, terminaron causando profunda impresión ante los estados miembros de Naciones Unidas.	«Para facilitar la armonía social en el país y construir una base para un futuro estable de paz y prosperidad, la Santa Sede recomienda que los diferentes actores políticos y sociales, con un renovado espíritu de responsabilidad y reconciliación, encuentren juntos una solución que respete La verdad, restablece la justicia y promueve el bien común», agregó.	El informe de Bachelet, en resumen, revelo ante el mundo que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo persisten en la violación de los derechos humanos de los nicaragüenses mediante un estado policíaco que suprime las libertades civiles y usa por arma la represión, tortura, asesinatos selectivos, amenazas y persecución.	“La libertad de expresión ha sido restringida mediante acciones que van desde el cierre de medios de comunicación independientes y la retención de sus bienes y equipos, hasta el encarcelamiento de periodistas nacionales durante meses. Asimismo, se han registrado arrestos arbitrarios por el simple hecho de ondear una bandera nicaragüense o de cantar el himno nacional en espacios públicos”, dijo Bachelet en Ginebra, Suiza.	En cambio, tal y como ya estaba ordenado desde El Carmen, el enviado del régimen el vicecanciller orteguista Valdrack Jaentschke trató de descalificar el informe de Bachelet, quien respondió las acusaciones diciendo que la mejor solución para superar esas críticas era abriendo las puertas del país a los observadores de derechos humanos.