Y en este caso lo más importante no sería cómo se haga la reforma electoral, sino su calidad, es decir, si sirve para realizar elecciones limpias y competitivas que permitan a los ciudadanos nicaragüenses votar y elegir con libertad y seguridad, que además es la clave para resolver la crisis política de Nicaragua	En el informe sobre Nicaragua que presentó al Consejo Permanente de la OEA, el miércoles de esta semana, Luis Rosadilla reveló que el domingo 25 de agosto se llevó a cabo en la Secretaría General de dicho organismo una reunión con representantes del régimen de Daniel Ortega. La reunión fue para “intercambiar puntos de vista sobre cuáles serían los criterios en la eventualidad de que la OEA, tal como lo solicitara el Gobierno de Nicaragua, trabajara en un proceso de reformas político-electorales”.	Así lo dijo Rosadilla, quien agregó que la Secretaría General responderá en los próximos días a Ortega, “tomando especial consideración de los elementos pendientes de la agenda consensuada oportunamente en la mesa de negociación entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica; de forma que el fortalecimiento de las instituciones a través de las reformas político-electorales sea absolutamente compatible con la Carta Democrática Interamericana y demás instrumentos jurídicos de la OEA”.	Como es bien sabido, tanto el secretario general, Luis Almagro, como el Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA, han establecido que esta solo participaría en la elaboración de una reforma electoral para Nicaragua, en el caso de que sea consensuada en la mesa de negociación con la Alianza Cívica.	En su informe al Consejo Permanente de la OEA Rosadilla no reiteró esa posición, pero dijo que se tendrían que considerar los puntos pendientes de la agenda acordada por el régimen con la Alianza Cívica; y, lo principal, aseguró que la eventual reforma electoral tiene que ser “absolutamente compatible” con la Carta Democrática Interamericana.	A nuestro juicio esto fue lo más importante en el informe de Rosadilla y la oposición de Nicaragua debería respaldar claramente esa posición. Es decir, que la reforma electoral solo puede ser válida y aceptable si se ajusta a los estándares de la Carta Democrática Interamericana, que Ortega está obligado a respetar.	Ante la intransigencia de Ortega de no volver a negociar con la Alianza Cívica, y la escasa o nula credibilidad que tendría un acuerdo con la oposición colaboracionista en la Asamblea Nacional, es posible que la Secretaría General de la OEA acepte negociar bilateralmente con el régimen orteguista la reforma electoral.	En política, igual que en diplomacia, nada está escrito en piedra para siempre, ni es irreversible. En esa dimensión lo que importa al fin y al cabo es el resultado, lo que se pueda conseguir con el cabildeo y la negociación. Y en este caso lo más importante no sería cómo se haga la reforma electoral, sino su calidad, es decir, si sirve para realizar elecciones limpias y competitivas que permitan a los ciudadanos nicaragüenses votar y elegir con libertad y seguridad, que además es la clave para resolver la crisis política de Nicaragua	En todo caso, los diversos sectores de oposición que están trabajando por la formación de una gran alianza, precisamente para enfrentar a Ortega y el FSLN en unas eventuales elecciones competitivas y con garantías, no deberían descartar la posibilidad de que finalmente la reforma electoral resulte de un acuerdo bilateral del régimen de Ortega con la OEA.