"Lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado. Mi máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades, y esto viene sucediendo desde marzo de 2017", afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Negret. Según los datos de la entidad, 35 de los 172 asesinatos ocurrieron en el departamento del Cauca, 24 en Antioquia, 18 en Norte de Santander, 14 en Valle del Cauca, 11 en Caquetá, 11 en Putumayo, 10 en el Meta y 7 en Nariño. A estos le siguieron Chocó (7), Arauca (6), Córdoba (6), Santander (3), Bogotá (2), Bolívar (2), Caldas (2), Cesar (2), Huila (2), Quindío (2), Risaralda (2), Tolima (2), Atlántico (1), Boyacá (1), Casanare (1), Cundinamarca (1), Guaviare (1), Magdalena (1) y Vichada (1).	Asimismo, la entidad manifestó que en lo corrido de este año han sido asesinados siete líderes, dos de ellos en el Cauca y el resto en Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena, Caquetá y Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. "Una alerta desatendida, es una muerte no evitada; una muerte no evitada, una violación directa al deber de proteger los derechos humanos.	Eso es lo que ha sucedido", añadió Negret. En ese sentido, detalló que la entidad convocará para el próximo 21 de febrero una "audiencia defensorial" con la que buscará actualizar las situaciones de riesgo a las que se enfrentan los activistas y se revisará además la respuesta de las autoridades competentes frente a esta situación. La idea, agregó, es impulsar la protección de las personas que representan a sus comunidades, así como a los líderes sociales y los defensores de derechos humanos.	El procurador colombiano, Fernando Carrillo, calificó esta semana como inadmisible lo que sucede con los líderes sociales y defensores de tierras. Por esto conminó al Gobierno y a los organismos de protección e investigación a adoptar medidas que prevengan nuevos hechos que enluten al país y que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales de los atentados contra la defensa de los derechos humanos y colectivos.