La principal fuente de las deudas fue el cobro del programa “Calles para el pueblo”, aunque se supone que este programa es un beneficio del gobierno central a todas las alcaldías del país. También la demanda de liquidaciones hasta por 20 salarios en algunas alcaldías y el retraso del pago al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y el Sistema Nacional de Capacitación Municipal (Sinacam), sin contar con la destrucción y robo de materiales de oficina y de transporte, que se dio en las siete alcaldías ganadas por opositores y que el Observatorio investigó específicamente.	Las alcaldías saqueadas fueron de Camoapa (Boaco), El Almendro (Río San Juan), Santo Domingo (Chontales), La Trinidad (Estelí), San Sebastián de Yalí, Wiwilí y El Cuá, estas tres últimas del municipio de Jinotega.El director del Observatorio de Transparencia, Luis Robleto, manifestó que es ilegal que las deudas de una administración municipal pasen a la siguiente.	El artículo 21 de la Ley de Régimen Presupuestario Municipal (Ley 376) establece que los créditos que excedan al período del gobierno municipal serán sometidos a consulta pública. “Este requisito no fue cumplido, por lo que las autoridades salientes no estaban facultadas para asumir deudas que excedieran su mandato”, menciona el informe.	En los siete municipios se registró el traspaso de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) al Ministerio de Educación (Mined) o al Ministerio de la Familia (Mifamilia); los Parques de Fería pasados al Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca); Centros Turísticos pasados a nombre del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales.