Las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) en Nueva Segovia se negaron a recibir los recursos de apelaciones de los propietarios de las farmacias San Martín e Inmaculada, las cuales fueron clausuradas el pasado 31 de mayo como represalia a sus dueños porque decidieron sumarse al paro nacional del 23 de mayo pasado, aseguró su representante legal.	El abogado ocotaliano Erick Rivera aseguró que las autoridades del Minsa se negaron sin explicación alguna, el pasado jueves 06 de junio a recibir los recursos de apelaciones, a pesar de que en la notificación escrita de esa institución del estado se establecía el uso del recurso de ley al que tienen derecho los afectados, por el cierre de sus establecimientos, y que no fue admitido.	Para la clausura de las farmacia, las autoridades del Minsa aplicaron la ley número 292: “Ley de Medicamentos y Farmacias” y sus reglamentos vigentes, “sin que en ninguna de sus partes diga que solo por el hecho de no abrir un día sus puertas al público serían cerradas y sin tampoco haber agotado las vías o procedimientos administrativos de llamadas de atención o multas”, señaló el abogado Rivera.	El argumento esgrimido en el escrito por el doctor Ergin Paul Rodríguez Silva, Director General de Salud de Nueva Segovia, fue que se clausuró de forma definitiva a ambas farmacias por haber infringido lo establecido en la ley número 292, y explica en su considerando V (quinto) “que en las inspección realizada el 23 de mayo del 2019, en las farmacias Inmaculada y San Martín se verificó que ambas no se encontraban funcionando ese día, incumpliendo el objetivo por el cual fue dada la licencia sanitaria de funcionamiento otorgada por el Minsa. No garantizando la dispensación y suministro directo de medicamentos al público, según articulo 59 literal c, de la ley 292”, finalizó.	“Fue tanto el odio político que destilaron las autoridades orteguistas del MINSA de Nueva Segovia que mandaron de un solo tajo a clausurar las dos farmacias, sin antes haber agotado por escrito los procedimientos de llamadas de atención a los propietarios, quienes por no haber abierto el día de la protesta nacional del pasado 23 de mayo, ya que decidieron sumarse, los castigaron cerrando sus negocios”, abogado ocotaliano Erick Rivera.	Marcos Herrera Beltrán, propietario de la farmacia Inmaculada dijo que el cierre fue un castigo a su familia por estar en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. “El cierre me significa graves problemas económicos, porque la inversión que tengo fue con créditos de la banca nacional y tengo que honrar esos compromisos”, señaló.	A la vez dijo, que no se arrepentía de haber apoyado la huelga nacional del 23 de mayo, ya que “yo he apoyado todos los paros que ha habido desde el 18 de abril del año pasado y seguiré en esta lucha hasta que se logre un cambio de gobierno, porque este es un deber patriótico”, expuso.	Herrera dijo que no es la primera vez que sufre represalias del gobierno, “se han ensañado conmigo y mi familia, al ser despedido en mayo del 2018 del colegio Inmaculada Concepción “Fe y Alegría”, donde impartía clases de Lengua y Literatura, por apoyar las protestas en contra de este régimen”, señaló.