En ese documento se plasmó la respuesta del Estado de Nicaragua a la CIDH ante la audiencia convocada en el 173 Periodo Ordinario de Sesiones en Washington, EE. UU., para tratar el otorgamiento de medidas cautelares al periodista Aníbal Toruño y personal de Radio Darío; Carlos Fernando Chamorro y personal de Confidencial y Esta Semana, así como a Sergio León, director de Radio La Costeñísima y familia.	Además, de acuerdo con el informe oficialista, el propietario de la radio rechazó denunciar y dejarse entrevistar por la Policía Orteguista, por lo cual se nombró a un investigador de oficio, Walter Gonzalo Fernández Vanegas, quien estaba “al frente” de “las investigaciones” hasta su cierre definitivo por la Ley de Amnistía en junio de 2019.	Según Toruño, el régimen también busca dejar en impunidad a los dirigentes de la violenta organización denominada Frente Sandinista, que ejecutaron el atentado en el que murieron dos de sus parapoliciales al estallarles la pólvora y el combustible con el cual querían hacer volar la emisora con las 12 personas adentro, incluyendo al mismo propietario, Aníbal Toruño.