A través de un ajuste al artículo 87 de la Ley de Concertación Tributaria, relativo a la alícuota del IR a las rentas de capital mobiliario y las ganancias y pérdidas de capital, en el numeral 2 se elevó a 15 por ciento el gravamen a las rentas de capital generadas por residentes y no residentes.	En otras palabras, según especialistas tributarios, con ese ajuste a partir del 28 de febrero cuando entró en vigencia la actual reforma a la Ley de Concertación Tributaria, a los intereses que ganan los ahorrantes en el sistema bancario nacional se les debe aplicar un impuesto de 15 por ciento, en lugar de 10 por ciento, como ocurría hasta antes de la reforma.	Por ejemplo, si una persona tiene diez mil dólares ahorrados en un banco y cada mes recibe diez dólares en concepto de intereses, el banco le aplicará una retención sobre esos intereses de 1.5 dólares (15 por ciento) en concepto de IR, en lugar de un dólar (10 por ciento).	Fue en 2009 cuando el régimen por primera vez, en busca de dinero, decidió crear ese impuesto sobre los intereses generados por los ahorros, que puso en marcha en enero de 2010. Desde entonces se advirtió que esta medida desincentiva la cultura de ahorro y no en vano Nicaragua aún tiene los niveles de bancarización más bajos del istmo.	Pese a ello, este año, en la búsqueda de 317 millones de dólares en recaudación total, el régimen volvió a meter la mano al bolsillo de los ahorrantes y esta vez en un contexto económico menos favorable para la banca que acumuló en enero diez meses de salida de depósitos, la cual supera los 1,600 millones de dólares desde mayo.	La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) detalla que el comportamiento de los depósitos en enero fue mixto: por una parte, salieron de la banca 88 millones de dólares en depósitos en moneda extranjera y en córdobas hubo un crecimiento equivalente a 16 millones de dólares, lo que provocó que la reducción neta fuera de 66 millones de dólares.	Hasta finales del año pasado para hacer frente a la fuga, la banca había frenado la entrega de 772 millones de dólares en crédito, lo que golpeó severamente a todas las actividades económicas y, por ende, dañó el crecimiento económico. Este año las actividades productivas están agobiadas por la sequía de financiamiento de cara al inicio del ciclo agrícola en mayo.	“La reforma a la Ley de Concertación Tributaria tendrá efectos negativos sobre el crecimiento económico del país. La política fiscal de índole recaudatoria tendrá un impacto negativo sobre las finanzas del sector privado e incrementará los precios al consumidor, lo cual a su vez afectará el empleo y el poder adquisitivo de los hogares nicaragüenses. A esto se suma la incertidumbre que genera esta política fiscal en los agentes económicos”, precisa.