Ago. 25, 2010, 9:14 a.m. Con gran interés inicié a leer el llamado Proyecto de Salvación Nacional de la Alianza Patriótica, así como “El Manifiesto” de la Coalición Democrática, donde se plantean una serie de medidas que se deben tomar para recuperar la democracia, la institucionalidad y el desarrollo económico del país en los próximos quince años.	Ambos documentos están muy bien elaborados, sin embargo, les falta algo vital: cómo lograrlo. Se mira que están bien intencionados, pero parecen más una carta al Niño Dios que un programa político. Aparte de derrotar al orteguismo a través de los votos (cosa que yo miro extremadamente difícil, tanto por la división de la oposición política como por el control que ejerce el partido en el gobierno sobre el Consejo Supremo Electoral), no se plantea la cuestión más delicada y es que, para hacer todos los cambios expuestos en los documentos, tanto políticos como económicos, es imprescindible tomar en cuenta al Frente Sandinista y no únicamente a las fuerzas que están actualmente en la oposición.	Para lograr esto se necesita, en primer lugar, un próximo gobierno coherente, fuerte y cohesionado que pueda negociar con el orteguismo en el supuesto caso que perdiera las elecciones. Si como dice el dicho “por la víspera se saca el día” y hemos observado el comportamiento errático de la oposición como tal, estoy casi seguro de que estas contradicciones se multiplicarían exponencialmente si logran apropiarse del Poder Ejecutivo. Ya existe un antecedente de esto en nuestro país y se dio después de las elecciones de 1990, cuando ganó la UNO: al día siguiente de haber ganado, empezó a desintegrarse la coalición electoral.	Todos conocemos la historia. El FSLN perdió las elecciones de 1990 y con ellas todo el poder, no sólo la Presidencia de la República. Después de hacer un trabajo lento y perseverante fue poco a poco infiltrándose en todas las estructuras del poder, especialmente el Poder Judicial y el Consejo Supremo Electoral. En 1999, el orteguismo se sintió lo suficientemente fortalecido como para llegar a lo que todos conocemos como el Pacto, donde un partido como el FSLN, con una amplia experiencia negociadora y una habilidad política puesta a prueba en numerosas ocasiones, entró en negociaciones con un partido como el PLC, que quiso pasarse de vivo y con más interés en los puestos públicos que en la democracia, la división de poderes y la seguridad jurídica. Todo desembocó en la división partidaria del Estado entre estas dos organizaciones políticas.	Sin embargo, el orteguismo no se quedó de brazos cruzados y siguió adelante en copar la mayor cantidad de puestos posibles dentro del Estado, hasta llegar a la situación en la que nos encontramos en estos momentos, donde un decreto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Constitución e ilegalmente permitió la reelección continua de Ortega, la extensión en sus puestos de veinte y cinco de los más altos funcionarios del Estado y la conformación de la CSJ con los conjueces. Por otra parte, el FSLN es ahora un partido con más recursos económicos que los que tenía cuando fue derrotado en las urnas electorales en 1990; cuenta con una gran ascendencia sobre los movimientos sindicales cuyas actividades disminuyeron debido al control partidario de los mismos y quiérase o no, ha mantenido.	Entonces surge la pregunta, ¿cómo un gobierno, que en caso hipotético lograra llegar a la presidencia de la República, negociaría con un partido como el FSLN que lo único que tiene es perder parte de lo reconquistado en veinte años? La única respuesta que encuentro es la necesidad de crear un gobierno incluyente, por un lado la actual oposición y por la otra, al gobierno de turno, sin embargo, no veo en los actuales precandidatos a ninguno con las cualidades de un buen negociador, además por supuesto de ser transparente inclusivo, con espíritu nacionalista y sin observar cuotas de poder. Un tipo solvente, coherente, de liderazgo y respaldo popular. Me temo que con la obsesión de botar al orteguismo prevalecerá el intento de tratar de eliminarlo como fuerza política, lo cual no lo miro factible y más bien podría ser generar mayor desestabilización a nuestro país.	Finalmente, en términos económicos los programas plantean que el desarrollo de Nicaragua se debe basar en la producción agropecuaria y agroindustrial o sea el trillado asunto de volver a ser el “granero de Centroamérica”. Es un buen plan para desarrollar un país del siglo XIX al XX, pero estamos en el siglo XXI en la era del conocimiento, de los software, de la tecnología, de las computadoras. Tenemos que romper con esos paradigmas para poder avanzar hacia un verdadero desarrollo del país.