Reclamo. Adultos mayores de León, que hace un año y cuatro meses salieron a la calle a exigir derechos de pensionados, afirman que el seguro social no les ha compensado el deslizamiento de la moneda; y uno confiesa que ha dejado de cobrar la pensión por miedo. Mientras, el déficit del INSS persiste, ahora también incitado por la recesión económica del país.	La noche anterior al cumpleaños número 9 de su hija menor, Rafael Ramírez se enteró de que un grupo de jubilados convocaba a una marcha para protestar contra una reforma al seguro social que reducía en 5% sus pensiones; se sumó a ellos a las 8:30 de la mañana de ese miércoles y, 16 meses después, aún llora cuando recuerda la golpiza que recibieron él y otros adultos mayores en una calle céntrica de la ciudad de León.	Esa fue una violación a la Ley 720, de protección al adulto mayor, precisa la abogada Karla Sánchez Gutiérrez, especialista en derecho de familia civil y mercantil, indicando que del artículo 1 al 6 están claros los derechos y deberes de estas personas, como la dignidad, la integridad, la participación y el trato justo, humano y respetuoso que deben darles el Estado, el sector privado y la sociedad.	Esa reforma impuesta por el Gobierno, que desencadenó las protestas ciudadanas, pretendía resolver el déficit financiero del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que inició en el año 2013 con un faltante de C$250 millones. En el 2018 llegó a C$4,738 millones, según datos oficiales, y durante 2019 ese déficit podría ser mayor de C$2,500 millones, ya considerando las nuevas disposiciones fiscales de principios de año, ha pronosticado la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).	Será difícil resolver este año la falta de recursos económicos del INSS, advierte Manuel Israel Ruiz, especialista en el tema, porque la extensión de la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018 y su consecuente recesión han provocado que unos 8,200 empleadores se desafiliaran del seguro social, de un total de 32 mil que había.	Los derechos de los jubilados “fueron totalmente violentados desde la primera protesta ocurrida en León, al no recibir un trato justo primeramente de parte del Estado que es el encargado y creador de la ley, y ellos mismos (el Gobierno) echaron a sus turbas para agredir a estas personas”, dice Sánchez.	El 16 de abril de 2018, el INSS emitió una resolución que cambiaba los aportes de asalariados y empresarios, y gravaba las pensiones de jubilación; y al amanecer del día 18, La Gaceta, el diario oficial, publicó el Decreto Presidencial 3-2018, de reforma al Reglamento de la Ley de Seguridad Social, sin haber sido consultado a los sectores afectados.	El recorte a las pensiones provocó que los primeros en salir a protestar, de forma cívica, hayan sido personas mayores de 60 años, jubilados de León; y lo que menos esperaban ellos era que grupos de choque sandinistas les atacaran con palos, puñetazos, patadas y pedradas, para arrebatarles los carteles con que mostraban su inconformidad con las reformas.	El doctor Arnoldo Toruño, exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), jubilado desde hace cinco años, relata que en la mañana de ese 18 de abril los partidarios del Gobierno, entre ellos estudiantes afiliados al Centro Universitario de la UNAN (CUUN), se plantaron en la entrada a las oficinas del INSS decididos a evitar la concentración de los adultos mayores.	La marcha de los ancianos, como la anunciaron en redes sociales desde la tarde del 17 de abril, estaba prevista para las 9:00 de la mañana y culminaría frente al edificio departamental del INSS. En el inicio, al menos 30 adultos mayores acompañados por algunos jóvenes caminaron por una de las calles principales de León y al acercarse a la oficina del Seguro vieron que los grupos de choque progubernamentales les estaban esperando y, por eso, prefirieron quedarse una cuadra antes.	Nicolás Palacios, de 66 años, fue lanzado al suelo por hombres a bordo de motos que después lo golpearon. Esas imágenes quedaron grabadas en teléfonos celulares de los otros manifestantes y circularon el resto del día en las redes sociales y medios de comunicación. Se convirtieron de hecho en el primer detonante de las manifestaciones que luego se propagarían en el país.	“Me agarraron entre cuatro, uno se me guindo de la parte de atrás, me botaron al suelo y sufrí un golpe en la columna y en la pierna. Todavía tengo cierto malestar cuando camino”, relata Palacios, quien esa mañana del 18 de abril de 2018 iba marchando pacíficamente cuando los agresores intentaron quitarle el cartel que blandía en protesta y él se resistió a entregarlo.	Sara Henríquez describe así esos momentos: “Seguimos marchando, y en cada cuadra que íbamos llegando, cuadra que nos iban saliendo las turbas, ofendiéndonos. Yo les decía (a los protestantes) que no cayéramos en sus provocaciones, pero, fue una cosa que nos salieron en todas las calles, hasta que llegamos a Ronsa y golpean a don Nicolás fuertemente”.	Asegura que la violencia contra los jubilados ocurrió delante de las autoridades policiales, quienes incumplieron el artículo 1 de la Ley de Funciones de la Policía Nacional y la Ley 144, la cual establece que este es el órgano encargado de proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, prevenir el delito, preservar el orden público y social y velar por el respeto de los bienes nacionales, sociales y particulares.	Toruño narra que “estaba la Policía de celeste por ahí cerca y no había agresión física, sí verbal, sí el hostigamiento; pero, más adelante sí hubo agresión, yo ya no estaba cuando se dio eso, pero logré ver los vídeos de lo que pasaba al momento y la Policía no hizo nada para evitarlo”.	Rafael Ramírez comenta que “nadie se esperaba que sucediera eso” y deduce que el Gobierno “no soporta que haya una libertad de expresión” y “lo que nunca se imaginaron es que la gente al instante subiría todo lo que ocurría; eso vino a botarles todas las mentiras con la que han construido este sistema”.	Aunque esas reformas a la seguridad social fueron revocadas en la misma semana que las anunció el Gobierno, los adultos mayores de León continuaron protestando hasta que la represión estatal se los impidió; y 16 meses después, sin manifestarse en público, siguen bajo asedio, algunos se han ido al exilio y otros dejaron de retirar sus pensiones de vejez por miedo, han dicho.	“Me tildan de golpista, de terrorista, que me financia la CIA, que los gringos me pagan. Las patrullas llenas de policías se estacionan frente a mi casa por horas; lo que hacemos es no salir y si me ven en la calle, me siguen y me gritan: perdedor, fracasado”, relata Ramírez, un ingeniero agrónomo sin empleo.	Sara Henríquez dice que en la noche del 18 de abril de 2018 un grupo de personas se apostaron frente a su casa, amenazándola y tildándola de “traidora” y “vende patria”. Salió del país a finales de julio del mismo año, por motivos de trabajo, pero familiares y amistades le recomendaron no regresar porque había una supuesta orden de detención para ella.	El jubilado leonés Ricardo Fuentes Huete, de 62 años, quien participó en la primera protesta el 18 de abril de 2018, ha preferido renunciar a la pensión, por miedo. “El año pasado iba a empezar a cobrar mi pensión, pero después de lo que pasó y por las amenazas que ha sufrido mi familia y yo, decidí no retirarla; no soy capaz de llegar al INSS porque ellos saben quiénes fuimos los que protestamos”, confiesa.	El artículo 112 de la Ley de Seguridad Social (No. 974) precisa que las acciones para cobrar los pagos mensuales atrasados, de pensiones ya concedidas, prescriben al año. Manuel Ruiz sugiere: “Cualquier pensionado que, por problemas de cualquier índole, dejó de retirar su pensión, puede ir al seguro social a cobrar lo que tiene acumulado, más el pago de aguinaldo proporcional, conforme al artículo 112 que establece reconocer solamente 12 meses”.	El seguro social muestra hoy “cinco graves problemas”, afirma Ruiz. Carece de autonomía administrativa, como establece el artículo 3 de la Ley de Seguridad Social; en el aspecto financiero, los ingresos son menores que los egresos; falta una ley que regule la atención médica de los jubilados; falta una ley que regule las inversiones y su nivel de cobertura es muy bajo, por lo que Nicaragua aparece con una de las tasas más baja de América Latina en ese campo, equivalente al 21% de la población económicamente activa.	Desde 1990 hasta hoy el Poder Ejecutivo nicaragüense ha realizado 18 reformas al sistema de seguridad social, precisa Ruiz, quien hace énfasis en que la mayoría han sido verticales, decisiones unilaterales del gobierno “sin la participación de las empresas, salvo dos o tres que se hicieron en el 2014 con el Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada)”.	Rafael Ramírez explica que se la hace difícil evitar las lágrimas, cuando recuerda la agresión de que fue víctima el 18 de abril de 2018, por reclamar su derecho a recibir completa la pensión de jubilado. “Fue una maldad, no es humano, herir a tu propio pueblo, a tu propia sangre. Eso solo lo piensan y lo hacen las personas malas”, expresa entre sollozos.