Las detenciones son ilegales, pues mandan a los antimotines a allanar viviendas de opositores sin orden judicial, casi siempre antes que salga el sol o bien los van a secuestrar a sus centros de trabajo. Los familiares de los afectados denuncian que los antimotines llegan con violencia, rodean las casas como si se tratara de peligrosos delincuentes, buscando armas y bombas, pero no encuentran nada.	Entre los procesados está Reynaldo Antonio Martínez, quien fue secuestrado el 9 de agosto cuando salió de su casa hacia su centro de trabajo como ebanista, a eso de las 5:30 de la mañana. Los policías siguieron el mismo patrón: no dieron información ni lo dejaron ver, denunció su esposa Juana del Carmen López. Días después, para sorpresa de todos, Martínez fue acusado de amenazas a una mujer.	Reynaldo Martínez participó en marchas que realizó el pueblo de Masaya en el 2018 contra el régimen de Daniel Ortega, pero ahora no ha participado en nada, dijo su esposa, porque no los dejan marchar libremente. “El día de la captura un policía dijo a través de su celular, ya lo tenemos, por eso considero que lo andaban siguiendo”, dijo la esposa del afectado.	Otros procesados en distintos expedientes, pero por el mismo delito, son Mauricio Valencia Mendoza y Eduardo Espinoza Sánchez. Estos casos empezaron el proceso en los juzgados de Masaya, sin embargo esta semana la juez Ruth Chamorro, titular del Juzgado Distrito Penal de Audiencia de ese municipio, se declaró incompetente porque repentinamente los vio de trascendencia social y remitió los tres expedientes a los Juzgados de Managua.	El zapatero Gerardo Mejía Montoya, habitante del barrio El Bajadero-Monimbó, también está siendo procesado por fabricación y tenencia de bombas de contacto. Lo capturaron cuando andaba comprando material para fabricación de zapatos. Las dos primeras audiencias las hicieron en Masaya, pero esta semana la juez Ruth Chamorro las trasladó a Managua.	Otros procesados son Sergio Putoy Téllez, Samuel Enrique González, 55 años, de la comunidad Quebrada Honda y Ezequiel González Alvarado, de 20 años, de la comarca La Poma Número 2, quienes fueron secuestrados el 3 de agosto por tenencia de bombas de contacto. También está Iván Martín Mayorquín, acusado de robo agravado; Franklin Javier Caldera Navarrete y Gabriel Ramírez Somarriba, cuyo caso también fue remitido a Managua, informó su abogada Yonarqui Martínez.