En todas las regiones orientales de la República Democrática del Congo, soldados del gobierno, miembros desertores de unidades militares gubernamentales y miles de milicias están violando en masa a un sinnúmero de mujeres. Convierten a algunas mujeres en esclavas sexuales, marcan a algunas víctimas como ganado y amputan y mutilan a mujeres y niñas, algunas de hasta tres años, destruyéndoles la vagina y otros órganos internos.	A veces, los hombres armados obligan a los padres, hermanos y maridos de sus víctimas a violarlas, o a las mujeres a comer carne de sus parientes asesinados. Después, muchas de las mujeres experimentan una absoluta soledad mientras sufren los efectos físicos y psicológicos del trauma y hacen frente a la destitución, embarazos e hijos no deseados, VIH/Sida y ostracismo por parte de sus seres queridos, que las eluden por “enfermas” o “impuras”.	¿Quiénes son estos asesinos y violadores, estos hombres que han cometido crímenes aberrantes durante más de una década con total impunidad? Muchos son los llamados “genocidas” que huyeron de Ruanda al Congo después de participar en la masacre de 800,000 tutsis en 1994. Otros son rebeldes ruandeses y miembros del Ejército del Congo. Y otros son hombres y chicos reclutados y obligados por las pandillas a unirse a las milicias.	La violencia ha desplazado a más de 350,000 personas en el este del Congo desde comienzos de 2007. Recientemente, otras miles de personas huyeron de nuevos estallidos de violencia entre las milicias locales y los seguidores de Laurent Nkunda, un general desertor del Ejército del Congo, que rechazó un pedido para empezar a desarmar a sus tropas. Se suponía que una fuerza de paz de las Naciones Unidas desplegada en el este del Congo protegería a los civiles de la región; la imposibilidad por parte de esta fuerza de paz de salvaguardar a las mujeres pasó inadvertida, en parte, porque un velo de silencio rodea lo que está ocurriendo.	El gobierno del Congo no ha emprendido ningún esfuerzo significativo para llevar a los responsables de estas atrocidades de género ante la justicia; las nuevas leyes se han referido a la violencia sexual, pero no se produjo ningún procesamiento. La comunidad internacional también ha fracasado. La Corte Penal Internacional de La Haya, que está investigando los crímenes en el este del Congo, recién esta semana acusó al primer comandante de las milicias congolesas de crímenes vinculados con el género.	Es obligación del secretario general Ban Ki-Moon hablar sin temor, asumir un papel de liderazgo, llevar esta situación ante el Consejo de Seguridad, convocar a que éste se reúna en una sesión especial e instarlo a tomar una acción efectiva de inmediato. Deben desplegarse otras miles de fuerzas de paz --y que muchas de ellas sean mujeres-- en las provincias afectadas.	Debería instarse al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, a acelerar sus investigaciones y, una vez que la evidencia sea suficiente, presentar cargos contra quienes han cometido estos crímenes o no hicieron lo necesario para disciplinar o procesar a los perpetradores. Habría que asistir a las autoridades locales en su esfuerzo por perseguir, arrestar y procesar a los perpetradores acusados ante nuevos tribunales locales que gocen de poderes procesales y policiales significativos. Debería apoyarse a los valientes grupos de mujeres locales que están proporcionando atención a las víctimas. Se necesita asistencia médica y de otro tipo para tratar a la cantidad abrumadora de víctimas.	Si la gente con el poder de poner fin a la violencia en la República Democrática del Congo mantiene su silencio y sigue sin hacer nada, los perpetradores sólo se volverán más temerarios en su destrucción de la vida de las mujeres. Cuando la impunidad por estos actos abominables no encuentra freno, esos actos se vuelven aún más abominables.