De acuerdo con el comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), del Tesoro de EE.UU, la DGCIM, incluidos los funcionarios, han sido acusados de abusos sistemáticos de los derechos humanos y represión de la disidencia y la institución fue sancionada el 11 de julio de 2019, de conformidad con la orden ejecutada (EO) 13850, luego del arresto, abuso físico y muerte del capitán de la Armada de Venezuela, Rafael Acosta Arévalo.	“Los Estados Unidos continuarán responsabilizando a las personas que están involucradas en el uso del régimen Nicolás Maduro, por la intimidación y la represión para atacar y silenciar a los opositores políticos, civiles inocentes y miembros de las fuerzas armadas”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en el comunciado publicado por el Departamento del Tesoro de EE. UU.	Según el Departamento del Tesoro, con el resultado de la acción de este viernes, todos los bienes e intereses en la propiedad de estos individuos y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% de los sancionados, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC.	“Las sanciones de los Estados Unidos no necesitan ser permanentes. Las sanciones están destinadas a provocar un cambio positivo de comportamiento. Los Estados Unidos han dejado en claro que consideraremos levantar las sanciones para las personas designadas bajo las órdenes ejecutivas EO 113692 y EO 13850, que tomen acciones concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se nieguen a participar en abusos de derechos humanos, denuncien los abusos cometidos por el Gobierno y combatir la corrupción en Venezuela”, indica el comunicado.