"Me fue manifestado por algunas muchachas privadas de libertad de La Esperanza, que aparentemente como una manera de represalia se habían dañado lo que eran las cloacas y tenían tiempo de estar dañadas y no las habían reparado. De igual manera se me hizo saber de que el espacio donde ellas están es un espacio de 4 por 8 (metros), que hay muchas limitaciones, que hay gestos malos, que casi siempre cuando llega alguien están tomándoles fotografías y video por el mínimo detalle", manifestó Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).	Wendy Flores, Abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), manifestó que como organización están profundamente preocupados que ya “las medidas de represión dentro del centro penitenciario se han incrementado, según nos dijeron los familiares, llegaron a hacer mediciones en las celdas donde ellas se encontraban para cerrar ventanas y espacios de ventilación. Aunque no lo han hecho todavía, saben que pronto lo van a realizar, porque llegaron personas a realizar estas mediciones. También el hecho de que se encuentran perros dentro del penal que los ponen como para amedrentarlas o intimidarlas, inclusive al momento de las visitas les ponen perros a los lados para acosarlas, asediarlas”, aseguró.	Considerando esta situación que viven las mujeres en el penal, y luego de que sus familiares denunciaran la golpiza a la que fueron sometidas el pasado 26 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al CENIDH que le otorgó medidas cautelares a las detenidas: Amaya Coppens, las hermanas Olesia y Tania Muñoz, Irlanda Jerez, Solange Centeno, María Adilia Peralta y Nelly Marily Roque.	Flores señaló que esta medida cautelar obliga al Estado a garantizar la integridad física y psicológica de las detenidas, a brindarles atención en salud, permitirles la visita de sus familiares y abogados defensores, así como permitir el ingreso al penal de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para verificar las condiciones de las privadas de libertad.	Hasta la fecha, el gobierno a través del Ministerio de Gobernación ha negado que las 17 presas políticas hayan sufrido una golpiza por parte de hombres encapuchados dentro del penal el pasado 26 de octubre. Incluso en el informe que entregó a la denominada “Comisión de la Verdad” aseguró tener supuestamente pruebas del buen estado de salud y físico de las reclusas.