Durante el año 2007, la Asamblea Nacional estuvo al servicio del Poder Ejecutivo, pues varias leyes de importancia para el presidente de la República, Daniel Ortega, fueron aprobadas por los diputados con trámite de urgencia, entre ellas la prórroga de un año de la Ley Marco, a fin de posponer la vigencia de las reformas constitucionales de 2005 que restringen las facultades al mandatario.	En sólo el inicio del período presidencial de Ortega, en enero de este año, los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, se sumaron a los votos de ALN-PC y de la bancada del Frente Sandinista, para respaldar una reforma a la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo (Ley 290), mediante la cual otorgaron al Presidente la facultad de crear los polémicos Consejos del Poder Ciudadano, CPC. Después se arrepintieron y las consecuencias están a la vista.	El organismo cívico Hagamos Democracia monitoreó el trabajo parlamentario. La única conclusión en su informe final indica que “si bien es cierto que (la Asamblea Nacional) tuvo un intenso trabajo, la labor legislativa estuvo determinada por la agenda del Poder Ejecutivo, lo que debe ser una alerta para que los ciudadanos demanden a los diputados no oficialistas una gestión más beligerante e independiente en beneficio de la población que votó por ellos”.	Otro de los aspectos negativos contenido en el informe de Hagamos Democracia, se refiere a la destitución del diputado de ALN-PC, Alejandro Bolaños Davis, quien fue acusado por sus colegas del Frente Sandinista de ostentar la nacionalidad estadounidense y mentir al Consejo Supremo Electoral, CSE, al inscribirse como candidato en las elecciones generales de 2006.