Andre Michel llega una hora tarde a la entrevista en su despacho, en el centro de la capital haitiana. Evitar calles bloqueadas, posibles emboscadas, ha sido parte de la vida cotidiana del abogado amenazado en el último año. La razón está en el grueso expediente que tiene delante, sobre su escritorio, entre tapas de cartón amarillo: «Petrocaribe» es el nombre del que podría considerarse como el mayor caso de corrupción en la historia reciente, que ha llevado a Michel a entablar una demanda contra el presidente Jovenel Moise.	«Pays lok», país bloqueado, así describen los haitianos la situación. Delincuentes bloquean las carreteras interurbanas y exigen pagos o roban directamente a los pasantes. Hasta la ONU, que advierte de una emergencia humanitaria, ya solo distribuye suministros de socorro por vía aérea. Más de 40 personas murieron en las protestas. «El estado ha fallado, el presidente está preso en el Palacio Nacional», comienza Michel la entrevista con DW.	Más de 4 mil millones de dólares de ayuda entregó Venezuela a su aliado caribeño desde 2009. Docenas de proyectos –un nuevo edificio para el Parlamento, un nuevo mercado en Fontamara, un hospital y escuelas fueron financiados, pero no se construyeron, o quedaron a medias. El escándalo embarra al menos a cuatro presidentes y sus respectivos gobiernos.	El dinero –según ha descubierto entretanto el Tribunal de Cuentas, bajo presión de la población- ha desaparecido. En los bolsillos de políticos y empresarios nacionales y extranjeros, especialmente de empresas de construcción e importación de la vecina República Dominicana. Pero también las empresas Agritrans y Comphener, del actual presidente Moise, aparecen en el informe, entre otros, en relación con la instalación de excesivamente encarecidas lámparas solares.	Moise, popularmente conocido como el «Rey del plátano», es el delfín del expresidente Michel Martelly, quien gobernó el país entre 2011 y 2016, como protegido de EE. UU. , y supervisó la mayor parte de la ayuda a la reconstrucción tras el terremoto de 2010. Martelly es cantante de profesión, y en una de sus canciones más viejas y populares, “Bandi Legal”, describe a Haití como un clásico Estado cautivo, impunemente desangrado por una élite que cooptó a todas las instituciones.	«El sistema ya estaba en crisis debido al fuerte crecimiento de la población y la falta de modernización económica. El descontento respecto a la inflación, el desempleo y el aumento de la pobreza era grande», dice el exministro Paul Gustave Magloire a DW. Dos tercios de los haitianos viven por debajo del umbral de la pobreza, mientras que la clase alta vuela de compras a Miami en avión privado.	«La corrupción y la impunidad han profundizado cada vez más la brecha social. Esto tiene que terminar ahora», dice Velina Charlier. Esta mujer de 39 años estudió mercadotecnia en Canadá, dirige desde entonces un negocio de distribución de gas para cocinas, y dirige también la organización Nou pap domi (no dormimos), una fuerza impulsora tras las protestas civiles.	En enero expira el mandato de un tercio de los miembros del Congreso, por lo que dejaría de haber un Parlamento en funciones y, teóricamente, Moise podría gobernar por decreto. «La población no lo aceptará», advierte Charlier, quien predice un empeoramiento de la crisis y propone un Gobierno interino colectivo. Cada vez más parlamentarios del partido Tèt Kale, que sirvió como plataforma a Moise y a Martelly, se alejan de él y tratan de sacar la cabeza del lazo.	La comunidad internacional, que ha respondido rápidamente en las últimas décadas con supuestas soluciones patentadas e intervenciones humanitarias, guarda silencio. El fracaso de Haití es también un fracaso de la comunidad internacional. La justificación de la «Haitian Fatigue», el supuesto cansancio con el tema Haití, circula en círculos diplomáticos. Mucho mejor, asegura Charlier: «La ONU ha hecho mucho daño. La comunidad internacional ve el problema, pero no quiere admitir que ha fallado. Este es un problema haitiano que debemos resolver nosotros mismos».