El pasado 8 de octubre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer su sentencia sobre la controversia marítima e insular incoada por Nicaragua contra Honduras, en 1999. La sentencia fue, esencialmente, favorable a nuestro país, pues le otorgó casi todo lo que pedía. Este hecho motivó que una legión de individuos se apuntara al éxito, incluyendo a algunos ex cancilleres que poco o nada hicieron por el caso. También individuos que actuaron en contra, por favorecer la guerra contra Nicaragua en los años 80, con Honduras como pieza central. Algo similar pasó con otros que, desde EEUU, apoyaron a quienes buscaban la ruina de Nicaragua.	Ningún juicio ante la Corte Internacional de Justicia se gana de manera frívola e improvisada. Son casos que deben construirse ladrillo a ladrillo. Organizarse como si de una partida de ajedrez se tratara, preparando cada paso que después constituirá el muro sobre el que aposentar la defensa de unos derechos y unas tesis determinadas. La guía a seguir es el viejo principio del Derecho Romano “da mihi factum, dabo tibi ius”: dame a mí hechos, que yo te daré derechos. Es decir, los hechos determinan el derecho. No ocurrió distinto en el caso con Honduras, que la CIJ falló el 8 de octubre pasado.	Aunque el juicio fue incoado en 1999, su preparación comenzó veinte años atrás, en los meses finales de 1979, con la recién victoriosa revolución sandinista. En septiembre de ese año, el ministro del Exterior, padre Miguel D´Escoto, me situó en el entonces Departamento Legal, con la primera tarea de atender la III Conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (III CONFEMAR), cuyas negociaciones para concluir una convención estaban casi terminadas. Para atender la III CONFEMAR había que conocer las posiciones sostenidas, hasta ese momento, por Nicaragua y, sobre todo, conocer la situación real de sus áreas marinas, submarinas e insulares en el Caribe y el Pacífico. En suma, había que examinar la política territorial de la dictadura somocista.	La situación existente, en lo referente a Honduras, era delicada. Aunque en 1977 se había propuesto a Tegucigalpa iniciar conversaciones sobre delimitación marítima, en los hechos (que, en Derecho, tienen mayor relevancia) la negligencia de Nicaragua había sido tal que, entre 1964 y 1977, se habían otorgado concesiones petroleras hasta el paralelo 15, en tanto Honduras había hecho lo mismo hasta dicho paralelo. Estas concesiones permitían sostener que ambos países habían acordado tácitamente que el paralelo 15 constituía la frontera marítima entre ambos Estados. A ello se agregaba la práctica de barcos pesqueros y patrulleras navales, que actuaban como si ese paralelo fuera la línea divisoria entre Honduras y Nicaragua. En el juicio –como en 2007 dirá la CIJ en el parágrafo 87- “Honduras [insistirá] muy particularmente en esta cuestión”	Ante esa circunstancia, era imperioso adoptar una estrategia que permitiera derrumbar la situación creada por la negligencia de la dictadura. La estrategia se elabora en Cancillería, para desarrollarse en tres frentes: el marítimo, con la recién creada Marina de Guerra Sandinista (MGS); el cartográfico y técnico, con INETER, y el diplomático y jurídico, con el Ministerio del Exterior como pivote, dirigiendo la estrategia. No era Honduras, sin embargo, la principal preocupación, sino la política expansionista de Colombia; pero del litigio con Colombia ya habrá ocasión de hablar.	El trabajo más duro iba a corresponder a la MGS. En reuniones con su primer jefe, el comandante Richard Lugo, se le explicó el papel a desempeñar. Los barcos de la MGS debían patrullar al norte del paralelo 15, aunque eso implicara entrar en choque con la Fuerza Naval hondureña. El comandante Lugo y sus improvisados oficiales, casi todos ellos ex guerrilleros reconvertidos en marinos, no ocultaron las dificultades de la tarea que se les pedía. Las patrulleras heredadas de la dictadura no servían, sus marinos eran bisoños y –sobre todo- Honduras disponía de una potente fuerza aérea, mientras Nicaragua apenas podía recurrir a barcos pesqueros transformados en patrulleras, por el elemental procedimiento de instalar una ametralladora 50 en la proa del barco. Cursos sobre Derecho del Mar se impartieron en distintos momentos a los oficiales y así, con esas herramientas, los barcos de la MGS se metieron al norte del paralelo 15. El comandante Manuel Rivas Guatemala, sucesor del malogrado comandante Richard Lugo, continuará con firmeza la estrecha colaboración entre MGS y Cancillería. Con él se darán decenas de reuniones, para mantener un seguimiento puntual de la situación.	El 19 de diciembre de 1979, la Junta de Gobierno promulga la fundamental Ley sobre Plataforma Continental y Mar Adyacente, que era la medida de protección legal, por parte del gobierno revolucionario, de las áreas insulares, marinas y submarinas de Nicaragua. En enero de 1980, Nicaragua presenta su Libro Blanco sobre el caso de San Andrés y Providencia, en el que hace un replanteamiento de fondo del diferendo con Colombia y declara la nulidad e invalidez del tratado Bárcenas-Esguerra de 1928.	Ese mismo año, INETER publica el primer mapa oficial de la plataforma continental de Nicaragua (que será, además, uno de los primeros en su especie en el mundo), realizado siguiendo los objetivos trazados por la Cancillería. El mapa contiene una línea roja que parte del cabo Gracias a Dios y termina en el banco Rosalinda. No era una línea gratuita ni fortuita. Además de indicar en cifras la distancia entre ese banco y Nicaragua, señala la bisectriz que, en opinión de Nicaragua, debía dividir las áreas marinas y submarinas de Honduras y Nicaragua. La bisectriz la habían trazado los técnicos de INETER, tomando como referencia la configuración general de las costas de Nicaragua y Honduras. Del correcto análisis técnico realizado en Nicaragua da cuenta el hecho de que la bisectriz que trazó la CIJ, en su sentencia de 8 de octubre de 2007, es casi igual a la bisectriz trazada en el mapa de Nicaragua de 1980. Veintisiete años después, la Corte Mundial venía a certificar la validez de los cálculos de los técnicos nacionales, apoyados en sólidos argumentos jurídicos y geográficos elaborados por la Dirección de Asuntos Territoriales (DAT) de la Cancillería sandinista. En 1982, edita INETER otro mapa, a petición de la DAT. Se trata del primer mapa oficial de Nicaragua, enorme y presidido por una fotografía del general Sandino, que es el primer mapa que incluye todas las áreas insulares, marinas y submarinas de Nicaragua. Es tan grande, que las imprentas de INETER sólo pueden editarlo en dos partes. Dado que el resultado, al pegarlas, es poco estético, la edición del mapa entero se hace en México.