Las mujeres que se ganan la vida en la empresa textil Unlimites Nicaragua S.A. de Masaya, podrían quedarse sin un lugar donde trabajar, porque un Juez Civil de la Ciudad de las Flores canceló el asiento registral de la propiedad donde está asentada la textilera, debido a que había una demanda que Samuel Cárcamo Gutiérrez y su esposa Elena Sanabria de Cárcamo ganaron.“El problema es que como eso lo compraron antes del juicio, comenzaron a construir. Ahí hay millones (invertidos) y mi cliente no tiene para comprar (las mejoras)”, explicó el abogado de los Cárcamo, Enrique Alemán, quien comentó que el juicio tiene un impacto social porque si la textilera no compra el terreno al verdadero dueño, tendrían que demandar para obligarla a comprarles.La propiedad en conflicto tiene una extensión de cuatro manzanas y media de terreno, ubicadas a orillas de la carretera Managua-Masaya, propiamente en las faldas del Coyotepe.Las tierras que los Cárcamo reclaman fueron objeto de confiscación, pero en 1996 demandaron la restitución de la misma porque el Instituto de Seguridad Social y Bienestar, Inssbi, les devolvió las tierras por resolución de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones.La comisión consideró que el Estado debía devolver a sus verdaderos dueños las propiedades donde funcionaron dependencias del Seguro, en este caso, un asilo de ancianos.El gran problema fue que la cooperativa “Benjamín Zeledón”, cuyos miembros recibieron una parte de las tierras confiscadas a los Cárcamo, ya habían vendido por 4,000 córdobas, en 1993, la propiedad en disputa a Gilda Lisseth González de Silwany, esposa del diputado sandinista Nasser Silwany Báez.A su vez, González vendió en 2000 la propiedad en disputa a la textilera, pero cuatro años después, el Juez Civil de distrito de Masaya declaró nulo parcialmente el título de reforma agraria otorgado en 1990.La autoridad judicial también declaró nula la escritura de compra-venta donde la cooperativa le vendió a la señora Gilda Lisseth González la propiedad en disputa, y le ordenó que le restituyera a los verdaderos dueños el terreno.Igualmente, el juez mandó a cancelar los asientos registrales del título de reforma agraria en forma parcial del lote en disputa, y el contrato de compra venta de la propiedad en disputa.La otra versión Mediante un amplio escrito, Gilda Lisseth González explicó al juez de Masaya que el reclamo de los Cárcamo es nulo, porque sus demandantes fueron objeto de decreto confiscatorio, el cual a su juicio sigue vigente “porque no ha sido derogado”.