El campesino recibió la condena más alta de todos los presos políticos: 216 años de cárcel por el asesinato de cuatro miembros de la Policía y de un docente en Morrito, Río San Juan. Salió bajo la ley del perdón, aunque él afirmó que la Amnistía solo lo perjudica porque amenaza sus derechos constitucionales.	“Fue el juez Edgard Altamirano el que se prestó al juego, junto al fiscal Lenín Castellón. (Ellos) fueron los que pusieron las penas más grandes. Ellos creían que con esas penas que estaban poniendo nos iban a amedrentar pero esa pena nunca nos amedrentó. Sabíamos que teníamos un Dios justo y verdadero y sabe que todo lo que estaba haciendo era injusto”, afirmó Mena.