La inseguridad ciudadana y la violencia criminal creciente, son en América Latina males endémicos, que junto con la desigualdad, su causa más profunda, se han manifestado persistentes, inamovibles e incrementales, a pesar del crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica, el aumento de las fuerzas de seguridad pública y, en algunos países, la vuelta a la militarización, junto a las políticas fracasadas de “mano dura”.	Según Naciones Unidas, tomando la tasa de homicidios como principal indicador del nivel de violencia criminal en un país, son muy pocas las naciones latinoamericanas que no han pasado aún el umbral crítico de 10 homicidios por cien mil habitantes: Cuba, Belice, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Chile y Bolivia. Todas ellas, excepto Bolivia, presentan un índice de desarrollo humano medio-alto, menores niveles de iniquidad y alta tasa de alfabetización. Nicaragua, que se encontraba en ese privilegiado grupo entre 2000-2002, ha cruzado el peligroso umbral, ubicándonos, al concluir el año 2006 y durante 2007 con la tasa superior a 14 homicidios por cien mil habitantes. Se rebasó definitivamente (?), esta referencial cifra de violencia es a partir del año 2003, cuando registró 12 homicidios por cien mil habitantes. Los riesgos de violencia en el territorio nacional no son homogéneos, mientras en Masaya y Granada se cuenta con las menores tasas delictivas (homicidios), en las regiones autónomas de la Costa Atlántica es 10 veces mayor, muy cercana (en términos relativos a la población) a las que aquejan a otros.	En nuestro continente, los países con los resultados más dramáticos, por encima de 40 homicidios por cien mil habitantes son (PNUD-2007): El Salvador, Honduras, Guatemala, Colombia y Venezuela. Los tres primeros, vecinos centroamericanos, en donde de los siete países que la integran, Nicaragua se encuentra en una situación mucho menos crítica, pero no tan favorable como la presentada en Belice, al norte, y Costa Rica y Panamá, en el sur.	La última encuesta de M y R (diciembre 2007), con respecto a la calificación de los encuestados sobre la seguridad ciudadana del país, el 29.6% la calificó de “muy buena” y “buena”, mientras el 36% de “mala” y “muy mala”. Un tercio afirmó que “regular”. La comparación entre los dos extremos arroja el resultado negativo de -6.4. La calificación sobre la Policía Nacional, entidad comúnmente identificada como la más visible en la seguridad pública, fue: “mucha confianza” 13%, “confianza parcial” 65% y “ninguna confianza” 20%. La relación entre los extremos de mucha y ninguna fue de -7 La percepción social sigue atribuyendo a la institución policial la responsabilidad principal sobre el nivel de seguridad, sin embargo, ésta es una inexacta apreciación, por cuanto las causas de la inseguridad y la violencia criminal son múltiples: sociales, culturales y económicas, requieren de políticas públicas integrales de prevención y persecución criminal de largo plazo, ausentes particularmente en la década 1996-2006, en donde los indicadores claves de violencia criminal se deterioraron, aunque, favorablemente, se redujo la cifra oscura (delitos no denunciados).	La actuación propia de la Policía Nacional muestra los siguientes resultados: las percepciones más negativas se centran en la atención a las denuncias (24%) y el abordaje del problema de las pandillas (27%). Las más positivas fueron: la lucha contra el narcotráfico (58%) y la regulación del tránsito (48%). Se demanda de parte de los pobladores atender el delito común, los conflictos de la convivencia. Es relevante señalar que a pesar de lo indicado en el párrafo anterior, el 42% de la población calificó como positiva la prevención de delitos desarrollada en 2007, contra el 19% de percepción negativa. Según la encuesta, las razones de la desconfianza hacia la Policía son: ineficacia (37%), corrupción (30%), falta de interés en la población (20%) y carencia de recursos (11%). Es importante mencionar que mientras el 21.6% califica a la PN como “muy profesional”, solamente el 15.6% la identifica como “nada profesional”, dando un resultado positivo de +6.	Si analizamos la evolución de los indicadores de violencia criminal y percepción de seguridad entre 1995 y 2007, observaremos una tendencia de deterioro. No fue la variación circunstancial de un año a otro, es que hay una marcada variación con ocasionales mejorías entre ambos años, parece ser un fenómeno persistente. Si hacemos una hipotética prolongación de esas tendencias para 2015, por ejemplo, nos sorprenderemos de que, lo que parecía lejano, podría ser un dato cercano a la dramática referencia a la cual nuestros vecinos del norte de Centroamérica han llegado. Es algo perfectamente previsible y evitable. Debe ser un acuerdo común de la agenda nacional. El país tiene fortalezas institucionales, culturales,