El régimen orteguista asestará otra estocada a la población con la reforma a la Ley de Estabilidad Energética (Ley 554) al  otorgar el poder a la distribuidora de energía eléctrica, Disnorte-Dissur, de poder embargar a los clientes que estén en mora con el pago del servicio sin que previamente el ente regulador haya extendido una certificación del problema del impago.	“Significa que ahora la distribuidora de energía podrá usar las facturas no pagadas para llevar a un juicio de ejecución forzosa a los clientes, lo que conlleva un requerimiento de pago y por tanto pueden embargar al cliente, por ejemplo su salario o cualquier bien para cobrarse la deuda”, afirmó el también exdiputado Núñez.	El economista Mejía, del Centro Humboldt, refirió que el gran poder lo otorga el régimen a la distribuidora al incorporar en la ley el  concepto de “factura emitida que este legalmente en mora”. Eso  significa que “las facturas que no hayan sido canceladas en tiempo y forma, dándoles reconocimiento como títulos no judiciales de ejecución es decir,  no necesita ni la certificación del ente regulador ni pasar por un proceso judicial para ejecutar embargos a los usuarios”, afirmó.	Actualmente la Ley condiciona a que el INE debe certificar que un cliente está en mora en la factura de energía para que la empresa pueda judicializar al usuario. Pero la dictadura anula al INE para que dirima en los reclamos de los clientes y da luz verde a la empresa para embargar a quien considere en mora.	El economista Javier Mejía, especialista del Centro Humboldt, analizó que la reforma propuesta a la Ley de Estabilidad Energética deja en indefención a los usuarios frente a la distribuidora de energía. Esto pasa, explicó porque con la modificación el artículo 5 se eliminan la necesidad de aprobación del Consejo Directivo de la Superintendencia de Servicios Públicos, dentro del cual participa el ente regulador INE, para verificar la sustracción ilegal de energía y solo dejan como criterio las inspecciones de la empresa distribuidora.