El proceso está establecido en la Carta Democrática Interamericana en el artículo 21, cuando se supone que se ha roto el ordenamiento constitucional o ha habido graves violaciones a los derechos humanos en un país, se inicia el proceso con un informe que hace el secretario general ante el Consejo Permanente de la OEA y el Consejo es el que va tomando decisiones, a medida que va recibiendo los informes del secretario general. Nicaragua ya ha pasado por todo eso el año pasado. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha convocado al Consejo Permanente, ha hecho la presentación de varios informes, incluso se ha llegado a la segunda parte del proceso que, cuando el Consejo estima conveniente, se crea un grupo de países que asume la función de hacer lo que llamamos “buenos oficios”, para tratar de acercar a las partes para resolver el conflicto. El Grupo de Trabajo para Nicaragua fue creado para esos buenos oficios. Lo que sucedió fue que el Gobierno no aceptó al Grupo de Trabajo, entonces ahí se ha estancad	o el proceso para aplicar la Carta Democrática, que ya está en camino desde hace mucho rato. Ahora, en el camino hay una dificultad muy grande. El artículo 22 determina en todo este proceso la exclusión del país o el Gobierno infractor, entonces ha habido una gran preocupación en la organización precisamente por dos cosas: los países del Caribe angloparlantes se han mantenido al margen de opinar o involucrarse en el problema de Nicaragua y esto ha hecho que no se cuente con los votos suficientes para llegar a una resolución. Además de la preocupación de que una vez que se excluye al Estado, aplicando el artículo 22, qué otro recurso le queda a la organización para seguir influyendo, no le queda ninguno, porque es como quemar el cartucho más fuerte que tenés.	Así es. En este momento ese parece ser el consenso que existe, que es mejor que esté dentro que afuera. El asunto es cuál será el efecto de la expulsión, buscamos la aplicación de una sanción que provoque que el Gobierno se siente a negociar y busque una salida política a la situación de conflicto que vivimos, la sanción no se aplica por la sanción misma, se hace precisamente por el efecto que debe producir. Entonces, si sabemos que se va a producir una exclusión y no vamos a tener el efecto, ¿de qué va a servir la sanción? De nada, solo para agravar la situación interna y a dejarnos sin mayores recursos para poder seguir influenciando la situación. Esas son las consideraciones que se están tomando en cuenta.	El asunto es que el grupo de apoyo quiere seguir teniendo incidencia en la problemática de Nicaragua y ve que la aplicación del artículo 22, con la exclusión del país del seno de la organización, no le permitiría seguirlo, sino que quedaría fuera y ya solamente quedarían otros tipos de sanciones que vienen en este arsenal que tiene la comunidad internacional, que son las sanciones bilaterales. Los miembros del grupo de apoyo también pueden empezar a responder con esas mismas sanciones y otro tipo de acciones, por ejemplo, establecer los principios de justicia universal, en donde los culpables de delitos de lesa humanidad puedan ser juzgados en otros países, tendrían un impacto bien fuerte a la par del resto de las sanciones, todo esto está encaminado en buscar una solución negociada y pacífica de la situación en el país, porque la otra alternativa es la guerra. Entonces, lo único que queda pendiente es buscar y presionar con todos los medios a disposición de la comunidad internacional y nacional al gobierno de (Daniel) Ortega, para lograr una salida negociada a esta situación.	Es un papel muy importante porque se enmarca dentro del cabildeo que los distintos grupos están haciendo, ahí también se están haciendo negociaciones y se está poniendo en foco el problema en Nicaragua, para que la OEA no sienta que puede despreocuparse y la Asamblea no sienta que puede desatenderse, porque habían muchos actores interesados en despreocuparse del problema de Nicaragua.	El cabildeo se lleva a cabo todos los días, constantemente, hay personas que llegan allá, hay organizaciones que hacen pronunciamientos y que los envían a la organización; hay otros que se reúnen con los diferentes actores del Consejo, se reúnen con el Grupo de Trabajo, con el secretario general de la OEA, con los distintos representantes de los países, incluso hay misiones que van a los distintos países de los miembros del Grupo de Trabajo y de los países del Caribe, que como decía no se quieren involucrar. Ahí también se está haciendo un importante cabildeo para que se involucren en la resolución del problema de Nicaragua.	En ese momento ya se debieron haber reunido con antelación, se habrán tenido que poner de acuerdo sobre cuáles van a ser las resoluciones que se van a impulsar, pero cada tema se ha tenido que venir trabajando con tiempo porque esa ha sido la preocupación fundamental del Grupo de Trabajo, cómo lograr una solución negociada y pacífica al problema de Nicaragua y qué sanciones se deben aplicar, si se debe aplicar el artículo 22 o no se debe aplicar, eso ha sido objeto de discusiones que también han provocado un acuerdo, que es lo que va a resultar de la Asamblea General. Los miembros de la organización están claros de que en Nicaragua ha habido violaciones al marco constitucional y a los derechos humanos, los cuales califican de delitos de lesa humanidad, de eso ya no los tenemos que convencer. Ahora, el convencimiento está en las medidas que se deben de tomar, en el nivel de las sanciones que se deben de adoptar y acciones de buenos oficios, de garantizar los acuerdos, creo que la acción de garantizar los acuerdos es muy importante en Nicaragua, más que la acción de mediación, porque de hecho se han logrado acuerdos que el Gobierno no ha querido implementar o ha salido con otras propuestas y ha implementado sus propias decisiones. Lo que yo creo aquí es que hay mucha preocupación dentro del Grupo de Trabajo para ver cómo se garantiza el cumplimiento de los acuerdos que se han logrado, para que no queden solamente en el papel.	Hasta que se logre una solución política. En la OEA se tienen tres niveles de discusión. Uno es el Consejo Permanente que lleva la implementación del artículo 21, otra es la Asamblea General de la Organización que es la que se va a realizar ahora y la otra es una reunión extraordinaria de cancilleres. En el pasado, la reunión número 17 de consulta de cancilleres de la OEA, en julio de 1979, le exigió la renuncia a Anastasio Somoza Debayle. Entonces, digamos que el último nivel al que se llega es a la reunión extraordinaria de cancilleres que la puede citar el Consejo Permanente y la puede decretar la Asamblea General.	Creo que quienes piensan en que debe de expulsarse al país, deben de pensar en las consecuencias de ese hecho. Además, de la utilidad. ¿Qué es lo que se va a lograr con eso? Simplemente darle un golpe a Ortega, pero no resuelve el problema. Nosotros, lo que realmente queremos es que se resuelva el problema, entonces, me parece que lo mejor es estar presentes, no ausentarse del proceso ni excluirse, sino que estar presentes y en la medida de que Nicaragua siga dentro de la organización tendrá que seguir soportando y respondiendo a las exigencias y a las sanciones que la misma organización le impone. Si se saca al Gobierno de Nicaragua, este va a quedar como un caballo que va desbocado y que ya no tiene freno. En este momento, la organización está ejerciendo esa función de freno, pero si se lo quitás el caballo va a ir desbocado y no tenés ninguna probabilidad de conducirlo.