Los edificios de los nueve organismos no gubernamentales (ONG) confiscados por la dictadura orteguista desde hace más de seis meses dan la apariencia de estar abandonados. Ya no hay patrullas con policías afuera de los edificios, pero sí permanecen oficiales dentro confirmando el control de los bienes de esas organizaciones por parte del régimen de Daniel Ortega.	Durante estos meses los representantes de las nueve ONG confiscadas han emprendido una lucha jurídica por recuperar la personería que les fue arrebatada, pero en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han encontrado otro muro ya que los magistrados de la Sala Constitucional no resuelven los recursos de inconstitucionalidad y amparos presentados.	Al Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), Ipade, Fundación Popol Na, Fundación del Río, el Instituto de Liderazgo en Las Segovias, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Hagamos Democracia y el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), les fue arrebatada su personería entre noviembre y diciembre pasados.	Mónica Baltodano, presidenta del Popol Na, así como Luciano García de Hagamos Democracia y Vilma Núñez del Cenidh, explicaron a LA PRENSA que a los recursos por inconstitucionalidad y amparos interpuestos contra las acciones del Ministerio de Gobernación, la Asamblea Nacional y la Policía Orteguista (PO) se les dio trámite en la CSJ, sin embargo el órgano judicial no ha emitido sus fallos a pesar de que el plazo de 45 días para hacerlo ya se cumplió.	Baltodano, exguerrillera y opositora al régimen, explicó que en el caso de Popol Na, Gobernación argumentó que estaban ilegales porque no habían actualizado la documentación financiera ni registrado a sus nuevas directivas, lo que “es falso, es otra de sus mentiras porque ellos se negaron a aceptar la documentación para no darnos la certificación”.	En el asalto de los bienes, la PO y la Procuraduría alegaron ante la Corte, según los directivos de las ONG, que fue cumpliendo el decreto de la Asamblea, lo que para los representantes de las organizaciones confirma la represión porque lo que se estableció es que los bienes fuesen liquidados y su destino sería lo establecido en sus estatutos. Sin embargo, la dictadura los arrebató para supuestamente crear un fondo para indemnizar a las supuestas víctimas de las protestas.	La presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, explicó que a uno de los amparos presentados contra el asalto que hizo la PO para tomarse la ONG, el jefe de Auxilio Judicial, Luis Alberto Pérez Olivas, respondió “diciendo que actuaron por orden de Gobernación, aceptaron que fue en la noche y que el allanamiento fue validado posteriormente por el juez orteguista Henry Morales”.	“Con esa confesión de los hechos y abusos deben bastar para que la Sala Constitucional de la Corte nos dé la razón, pero ya se les venció el tiempo para fallar que es de 45 días”, dijo Núñez. El próximo lunes presentarán un “escrito de impulso procesal para obligarlos a emitir un fallo”, dijo.	Luciano García, presidente de Hagamos Democracia, explicó que si bien les despojaron la personería y les notificaron de la confiscación de los bienes, esto último “no se ha hecho efectivo”. García dijo que el 4 de febrero del 2019 recurrieron por inconstitucionalidad en contra del Decreto Legislativo 8510 que les quitó la personería. El 2 de abril pasado la CSJ admitió el recurso, pero no ha fallado. García dijo que junto a regresar la personería el régimen debe dejar de criminalizar el trabajo de las ONG.	“Es muy probable que nos regresen la personería jurídica en el marco de los acuerdos del gobierno con la Alianza Cívica, sin embargo, eso no es todo, no se trata de que nos regresen la personalidad jurídica, sino que se respete el derecho de asociación contemplado en el artículo 49 de la Constitución y que ha sido violentado”, afirmó García.