Durante la discusión de la reforma presupuestaria, la que fue aprobada por los diputados sandinistas y rechazada por los opositores, el orteguismo celebró que se hayan logrado extraer a las empresas y trabajadores más de 230 millones de dólares como consecuencia de la reforma tributaria, que encareció la vida de los nicaragüenses.	Al finalizar el tercer trimestre de cada año, es decir en septiembre, por ley el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es el rector de las finanzas públicas, debe elaborar un informe sobre cómo se han comportado los ingresos fiscales hasta ese momento respecto a lo que presupuestó a inicios de año.	El documento, el cual debe ser enviado a la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, debe incorporar las proyecciones de los últimos tres meses del año. Si de la evaluación resulta que hay más dinero recaudado de lo que se esperaba, entonces esos recursos se deben incorporar a través de una reforma que es aprobada por los diputados de la Asamblea.	Hasta ahora el Gobierno no había cumplido con ese procedimiento porque estaba esperando con mayor precisión los resultados de la reforma tributaria que puso en marcha el 1  de marzo de este año, mediante la cual esperaba aumentar fuertemente su recaudación, luego que los ingresos se cayeran por la contracción económica que viene arrastrando el país desde el 2018, como consecuencia de la crisis política que estalló en abril.	La reforma tributaria, que se implementó en marzo de este año y que ocasionó el alza de varios productos de la canasta básica, garantizó que los ingresos fiscales crecieran 11.28 por ciento. Con ello la meta de recaudación pasó de 69,751 millones de córdobas inicialmente a 77,606.5 millones de córdobas.	Debido a que el Gobierno no puede cubrir con sus ingresos tributarios todos los gastos y necesidades que requiere el país, que es lo que se conoce como déficit presupuestario, contrata préstamos y vende títulos del Estado, es decir coloca papeles bursátiles, semejante a los certificados de depósitos bancarios, por los que paga intereses a mediano y largo plazo.	Resulta que si bien el Gobierno pudo obtener buenos resultados con la reforma tributaria, no le fue bien en el mercado bursátil. En un principio tenía planificado conseguir 11,264.2 millones de córdobas vendiendo sus papeles,  pero debido a la desconfianza que existe en el país por la crisis política sin resolver, el Gobierno debió reducir su objetivo de colocación a 5,082 millones de córdobas.	Eso provocó que el déficit presupuestario se le disparara 54.88 por ciento y varias partidas que debían ser cubiertas con esos recursos quedaran sin financiamiento. Es por eso que el dinero extra que consiguió  con la reforma lo usó para cubrir ese nuevo déficit, provocando que el gasto se mantuviera invariable.	En cuanto a los préstamos, pese a la fuerte presión internacional por las violaciones de derechos humanos contra el régimen de Daniel Ortega, en desembolso se esperan 598.4 millones de córdobas adicionales a lo presupuestado a inicios de este año. En lugar de 8,205.7 millones de córdobas en préstamos externos, proyectan ahora obtener 8,804.7 millones de córdobas.	Si bien el régimen de Ortega en la repartición de los recursos que incorporó al Presupuesto General de la República privilegió a los ministerios y poderes del Estado que son fiel a su política represiva y autoritaria, también incorporó significativas partidas que favorecerán de manera directa o indirecta a la población. Las asignaciones que más impacto positivo tendrán en la población son:	se le entregó adicionalmente 801.30 millones de córdobas para desarrollar obras de inversión en hospitales de Las Minas, Manolo Morales de Managua, en Estelí, en el Caribe Norte, entre otros. En total se destinarán 415.72 millones de córdobas en siete proyectos de rehabilitación y construcción de hospitales, el resto es para gasto corriente. Todos estos fondos también provienen de préstamos de organismos financieros multilaterales.	Para evitar un colapso de las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y pese al ajuste que se hizo a inicios de este año, el régimen se vio obligado a transferir con urgencia 3,657 millones de córdobas, en concepto de pago por adelantando de siete cuotas del pago de la deuda histórica y el aporte del Estado sobre la nómina de los afiliados activos del instituto.	Esta transferencia millonaria si bien parece positiva porque evita el colapso del instituto, a la vez revela que la reforma al Seguro Social ha resultado insuficiente, lo que deja latente que haya otro ajuste en el corto plazo, lo que golpearía a todos los trabajadores y empresas y arreciaría la crisis económica, que se extenderá el próximo año.