Y el lunes, luego de reiteradas amenazas de invadir Venezuela para forzar la salida del mandatario Nicolás Maduro, el Departamento de Estado anunció que en 30 días habilitará una cláusula que permitirá a los cubano-estadounidenses cuyos bienes fueron nacionalizados tras la revolución de 1959 entablar demandas contra las empresas que hoy se benefician de esas propiedades.	"Al comenzar el proceso de implementación del Título III de la Ley Helms-Burton, Estados Unidos responsabiliza al régimen cubano por sus delitos, incluyendo su apoyo a la familia criminal de Maduro", dijo el senador estadounidense Marco Rubio, descendiente de cubanos y artífice de la estrategia de Trump contra el sucesor de Hugo Chávez.	Venezuela, sumida en una debacle económica, está sacudida desde hace más de un mes por el pulso por el poder entre el líder opositor Juan Guaidó, el jefe parlamentario reconocido por Estados Unidos y más de 50 países como presidente interino, y Maduro, cuyo cuestionado segundo mandato cuenta con el firme apoyo de Cuba, además del de Rusia y China.	"Portavoces del Departamento de Estado han hecho hincapié en que Cuba es uno de los principales sostenes del régimen de Maduro y la aplicación parcial del Título III está diseñada para socavar ese sostén", dijo a la AFP Jorge Duany, director del Cuban Research Institute de la Florida International University (FIU).