La sanción de Estados Unidos al mayor general en retiro Óscar Mojica Obregón, empleado público de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es interpretado por exmilitares, expertos en seguridad y analistas sociales como una clara señal de advertencia contra la cúpula del Ejército de Nicaragua, por su papel de complicidad pasiva ante los sangrientos actos de represión desde abril de 2018.	Estados Unidos y Canadá impusieron sanciones el viernes 21 de junio a cuatro funcionarios del régimen orteguista, entre estos el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la ministra de Salud, Sonia Castro; Orlando Castillo, director de Telcor, y el director del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Óscar Salvador Mojica Obregón.	Para el experto en seguridad y defensa Roberto Cajina, la sanción al mayor general en retiro es un mensaje directo y claro que Estados Unidos envía al Ejercito de Nicaragua y por eso recomienda que la institución “no lea entre líneas, sino qué hay detrás de lo escrito. ¿Por qué a Mojica y qué significa eso?”.	“En la trastienda (de la sanción a Mojica Obregón) está un mensaje al Ejército y es: ‘Estamos dispuestos a avanzar hasta donde nosotros queramos avanzar, no es hasta donde se pueda’, porque en ese sentido Estados Unidos tiene la potestad soberana de llegar hasta donde quiere llegar”, interpretó Cajina, a quien no le extrañaría que aparezca en una próxima lista de sancionados algunos militares activos.	El mayor general en retiro y actual ministro de Transporte e Infraestructura, según el Departamento del Tesoro, en televisión nacional “promovió la estrategia de ‘exilio, cárcel o muerte’ del régimen de Ortega para silenciar a la oposición, una política que ha dejado cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles de personas encarceladas, exiliadas o desplazadas”. Además, asegura, Mojica “administra una parte significativa de las finanzas personales y oficiales del Presidente Ortega y de la Vicepresidente Murillo, incluidas las inversiones en plantaciones de café y establecimientos hoteleros”.	“¿Dónde está el honor y la gloria de un general que se vanagloria por haber dirigido asesinatos de civiles desarmados, que reclamaban libertad, justicia y democracia? Un general que deshonra el uniforme y a su ejército y viola la Constitución y la bandera de la patria, a las cuales juró defender, para proteger a su nación; es decir, a su pueblo. Lo que hay aquí es ignominia, crimen y deshonor; más adelante habrá verdadera justicia, con debido proceso y dignidad carcelaria”, expresó Torres.	Como presidente del IPSM, fue directivo en la cementera Holcim, en la Universidad Americana (UAM), en Sumisa (Suministros Industriales y de Oriente), en El Centro SA, en Pipsa (Parque Industrial Portezuelo, SA), en Zofrapo (Zona Franca Portezuelo, SA), en Innicsa (Inmuebles Nicaragüenses, SA), en Tecnasa, en Fetesa (Ferretería Técnica SA) e Inmobiliaria S.N. SA.