Si el estetoscopio o la gabacha no coloca al médico por encima de la ley, y ni el uniforme o el fusil convierten al soldado en un privilegiado, ¿por qué entonces el que usa para su trabajo una sotana, una camisa clerical y ocupa un báculo no se somete al artículo 27 de la Constitución: “Todas las personas son iguales ante la ley (…). No habrá discriminación por motivo de nacimiento (….), credo político, RELIGIÓN…”	Sin embargo, Vivas no es el más idóneo para decirle al Presidente cómo debe actuar, porque él mismo se comporta como un dictador en León, al mandar a correr de una plaza pública a los evangélicos de la localidad. Entonces no se acordó del consejo que se atreve a decir al mandatario: “El diálogo nunca es un camino malo, ni un mal consejo”.	Cómo creerle al señor Vivas que “urge un diálogo entre todos los nicaragüenses” y que es necesaria “la búsqueda de una auténtica reconciliación, anteponiendo intereses muy particulares”, si él mismo le echa la Policía y el alcalde a los ciudadanos que profesan una religión distinta a la suya. ¿De qué reconciliación habla?	“Pero el obispo no estaba de acuerdo que se celebrara”, dijo el presidente de la organización. Ante la queja del ciudadano Vivas, como si nuestro país dependiera de las estructuras eclesiásticas de una religión en particular, la Policía y la Alcaldía suspendieron el permiso y mandaron a los evangélicos a realizar su actividad casi a escondidas.	El artículo 14 de la Constitución dice, con claridad, que el Estado no cuenta con ninguna religión oficial. Tampoco declara, por ningún lado, que Nicaragua sea un Estado Pontificio. Por lo tanto, ni las autoridades de León deben comportarse como monaguillos del señor Vivas, ni los legisladores ocupar el máximo foro del Estado para sus devociones personales, ni el Presidente orientar, en contra de la Ley, que los fondos públicos se ocupen para fiestas religiosas.	La prohibición de Vivas a una actividad de un sector del pueblo viola el mismo Estado de Derecho, porque la Carta Magna regula que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y no hay ninguna letra menuda donde se exceptúe de este principio constitucional a los que utilizan para su trabajo una sotana, una camisa clerical y un báculo, y que además dan recomendaciones al Presidente que ni ellos mismos son capaces de practicar.