Aunque el régimen de Daniel Ortega ha casi jurado que la reforma fiscal que este viernes aprobará en la Asamblea Nacional protegerá a los más pobres, el sector privado alertó este martes de que el 70 por ciento de los productos de la canasta básica van a subir de precio más del 50 por ciento una vez que entre de lleno la aplicación del ajuste fiscal.	“Es una reforma confiscatoria y consideramos promovería la descapitalización de las empresas, la fuga de capitales, la falta de inversiones y por último la iliquidez, insolvencia e inevitable quiebra de muchas empresas; aumentará la tasa de desempleo y provocará desplazamiento de las actividades económicas al mercado informal”, alertó el Cosep en un análisis que tituló como “Golpe de Estado a la economía”.	El problema es que la propuesta de reforma a la Ley de Concertación Tributaria (LCT), la cual el régimen pretende aprobar de forma relámpago, ajusta o deroga varios numerales del artículo 127 de dicha ley que evitaban que varios productos que integran la canasta básica se les aplicara el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y, por ende, eran más accesibles a la ciudadanía.	Para muestra un botón. En el proyecto de reforma fiscal se deroga el numeral 11 del artículo 127 de la LCT, que hasta hoy señalaba claramente que estaban exentos del IVA “la producción nacional de papel higiénico, jabones de lavar y baño, detergente, pasta y cepillo dental, desodorante, escoba, cerillos o fósforo y toalla sanitaria”.	De ese mismo artículo se deroga el numeral 13, que hasta ahora protegía a la producción nacional de “pantalones, faldas, camisas, calzoncillos, calcetines, zapatos, chinelas, botas de hule y de tipo militar con aparado de cuero y suela de hule para el campo, blusas, vestidos, calzones, sostenes, camisolas, camisolines, camisetas, corpiños, pañales de tela, y ropa de niños y niñas. La enajenación local de estos productos, realizados por empresas acogidas bajo el régimen de zona franca, estará sujeta al pago del IVA”.	La realidad de la reforma deja al descubierto que el discurso del régimen es falso. El presidente de la Comisión de Economía, Presupuesto y Producción de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, dijo el 28 de enero en un programa televisivo que “una segunda medida que también es importante destacar, es el tema de gravar con Impuesto al Valor Agregado algunos productos que están sometidos a transformación industrial. ¿Qué significa eso, para que la gente lo entienda en cristiano? Los elementos o productos fundamentales de consumo popular de la canasta básica de los nicaragüenses continuarán exentos. Esto es lo primero que debemos de dejarle claro al pueblo de Nicaragua”.	Paralelo a estas alzas, tanto la reforma fiscal como la de la seguridad social, que ayer fue publicada en La Gaceta, impactarán al empleo en un mercado laboral que ya ha perdido a más de cuatrocientas mil personas, que producto de la crisis política fueron suspendidas o despedidas, según un análisis de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).	El régimen también busca estrangular financieramente a las empresas al no solo obligarlas a aumentar de 1 a 2 y 3 por ciento el pago mensual por adelantado del Impuesto sobre la Renta, sino que también ordena adelantar la fecha de declaración de los distintos impuestos, lo que implica que las empresas deben desembolsar más temprano recursos para cumplir con sus obligaciones fiscales.	En la reforma fiscal la dictadura ordena que a partir de ahora el plazo de declaración del IR ya no será a finales de marzo, sino al término de febrero. Los anticipos del IR, IVA e ISC ya no se hará cada 15 del mes, sino el 5 de cada mes, señala el Cosep.	“El incremento del anticipo ‘Pago mínimo definitivo’ del IR representa una reducción de hasta un 300 por ciento del flujo efectivo mensual que las empresas requieren para su operación rutinaria (pago de planilla, compra de materia prima, entre otros), lo que derivará en el cierre de empresas y aumento del desempleo”, lamentó Cadin.	“Reiteramos nuestro rechazo a ambas medidas en forma categórica, ya que las mismas solamente generarán más incertidumbre y desconfianzas en los sectores económicos y un mayor deterioro en la situación económica de la población en general al provocar más desempleo y encarecer el costo de vida de los nicaragüenses”, señaló el Cosep.