Participan en esta reunión los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo y las principales autoridades de la Iglesia católica, incluyendo al papa Francisco. En ella se está discutiendo el grave problema de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y obispos, sobre todo contra menores, y adoptar medidas para acabar con ellos.	Pero también es un gran esfuerzo en busca de recuperar la credibilidad de la Iglesia, para lo cual debe contribuir con efectividad a facilitar las investigaciones sobre todas las denuncias de abusos sexuales y establecer mecanismos de control y prevención, a fin de que no se sigan cometiendo esos crímenes contra cualquier persona y menos a los menores de edad.	El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes participa en esta histórica reunión del Vaticano, en su calidad de presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, donde la Iglesia católica ha fortalecido últimamente su prestigio por la firme y abnegada defensa que ha hecho del pueblo nicaragüense durante la criminal represión de la dictadura orteguista.	Pero también en Nicaragua han ocurrido abusos sexuales de clérigos católicos, aunque al parecer no tantos como en otros países. Según declararon algunas activistas del movimiento feminista en julio de 2017, ellas conocían que 13 de esos casos se habían denunciado, pero aseguraron que había muchos más que las víctimas no se atrevían a denunciar.	El caso más sonado en Nicaragua ha sido el del sacerdote italiano Marco Dessi, quien durante muchos años estuvo de servicio en Chinandega donde promovió numerosas obras de caridad y servicio social, por lo que era muy apreciado por la feligresía chinandegana. Dessi fue acusado de abusar sexualmente a niños de un coro infantil y un orfanato fundados por él mismo; el papa Benedicto XVI lo despojó de su condición sacerdotal después de una exhaustiva investigación y un tribunal italiano lo juzgó y condenó a 12 años de prisión. Posteriormente la pena le fue rebajada a la mitad y terminó cumpliéndola en su hogar familiar, en Italia, donde falleció en agosto de 2016.	Pero además la Iglesia debe tomar medidas drásticas y eficaces para castigar esos infames delitos sexuales, que nunca debieron ser encubiertos ni quedar sin castigo. Así lo exige el bien de la misma Iglesia católica, de su jerarquía y de los más de 1,200 millones de fieles que no merecen tener a delincuentes como pastores y líderes espirituales.