Miles de argentinos a los largo de todo el país salieron a la calle este domingo para pedir "memoria" en el 43 aniversario del golpe de estado que dio inicio a la última dictadura cívico militar del país (1976-1983) con actividades que tuvieron su epicentro en las marchas de Buenos Aires.	En la capital Argentina varias movilizaciones convocadas por asociaciones civiles y de derechos humanos coparon las calles de la ciudad en dirección a la emblemática Plaza de Mayo, testigo durante años de las rondas de las madres y abuelas de los desaparecidos en dictadura y hoy escenario del acto más masivo de la jornada.	Con eslóganes como "memoria, verdad y justicia", "nunca más" y "son 30.000" (los desaparecidos), los manifestantes llenaron las calles con su presencia y color, como el de las murgas de carnaval argentinas, que estuvieron realizando bailes, asociaciones LGTBI o de Candombe (ritmo de origen africano típico del Río de la Plata) que hicieron de sus tambores un instrumento de protesta más.	La jornada tuvo su punto álgido cuando las Abuelas y Madres de la Plaza de Mayo se subieron al escenario para leer un comunicado, del que también participaron asociaciones de derechos humanos, en el que reivindicaron el "castigo a todos los genocidas y partícipes civiles" en uno de los procesos más sanguinarios de la historia argentina.	"De los 30.000 debemos sus caras en las fotos, remeras (camisetas), prendedores (mecheros), sus nombres en calles y escuelas, los vemos en todas las luchas, aunque el Gobierno pretende negarlos están presentes y son 30.000", afirmó en el escenario rodeada de muchas de sus compañeras de lucha delante de un gran adorno floral rojo con el número 30.000.	Tejimos lazos y así comenzamos a saber sobre el destino de nuestros hijos e hijas, sobre el paradero de nuestros nietas y nietas, y fue el pueblo el que reclamó verdad" subrayó De Carlotto. Asimismo instó a que se avance en la búsqueda de los desaparecidos para que no haya que "despedir a más abuelas sin que hayan podido llegar a encontrar a sus nieto a quienes buscaron por décadas".	Argentina ha condenado por estos crímenes a más de 900 personas desde 2008, tres años después de que la Corte Suprema de Justicia declarara la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida sancionadas en 1986 y 1987 que interrumpieron los cientos de causas abiertas tras en fin de la dictadura.