José Pallais, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y que participa como delegado propietario en la mesa, es enfático en afirmar: “En esta negociación no existen pactos ni acuerdos ocultos por parte de la Alianza Cívica. Nos interesa el futuro de Nicaragua y por eso estamos trabajando para restaurar su democracia”.	Ortega llega a esta negociación por la presión internacional que lo va aislando y cerrándole toda fuente de financiamiento y por la crisis nacional que él mismo ha alimentado provocándole serias limitaciones presupuestarias e incrementado el descontento de la población. Ortega no ha impuesto los temas, desde hace meses la Alianza publicó sus temas y todos y cada uno de ellos serán desarrollados en la mesa del diálogo, asimismo se exigió que la efectiva y total liberación de los presos políticos fuese lo primero que Ortega debería solucionar y así se ha procedido.	La suspensión de las sanciones es una decisión del Gobierno, o gobiernos que las impusieron. Las legislaciones o declaraciones que las contemplan detallan las razones que las provocaron y lógicamente hasta que cesen las causas cesarán los efectos; según las comunicaciones de diferentes voceros internacionales la voluntad política del Gobierno de Nicaragua se apreciará sobre la base de sus hechos y no sobre sus promesas.	La liberación de los presos políticos implica que los jueces, la Fiscalía, los tribunales de apelación, la Cruz Roja Internacional, la CSJ con los sandinistas que la administran van a examinar cada uno de los expedientes para determinar si son presos políticos o delincuentes comunes. ¿Cómo será el proceso de liberación? ¿Qué pasará si el Sistema Penitenciario no acata las órdenes?	Para cada caso a través del Comité Internacional de la Cruz Roja se determinará el procedimiento apropiado para su liberación definitiva, podrá desarrollarse varios procedimientos según corresponda, pero todos deben concluir con la liberación que implica liberar de culpa, cerrando o archivando los procesos. El Estado está obligado a cumplir dentro de los noventa días y si alguna institución no colaborase el Estado entraría en incumplimiento.	Los noventa días son para la implementación o puesta en práctica para el acuerdo de liberación definitiva, ese plazo no debe confundirse con el plazo establecido para terminar las negociaciones que es el 28 de marzo, si no se prorroga. El nuncio apostólico y el delegado de la OEA al final de los noventa días podrán pronunciarse sobre el cumplimiento o no de parte del Gobierno. La Alianza Cívica desde un principio propuso solucionar de previo el problema de los presos políticos para que este tema no se use como una extorsión en el debate de los otros temas.	El plazo máximo para la liberación de los presos políticos es de noventa días y es exclusivo para este tema de la agenda. Cada tema tendrá su propio plazo de implementación. El tema de la restitución de las libertades públicas o suspensión del estado de sitio de facto en que vivimos se discutirá bajo el tema de fortalecer los derechos y garantías ciudadanas, y una vez que se llegue a acuerdos sobre este tema se determinará el tiempo para la implementación de los mismos que a juicio de la Alianza debe ser de inmediato.	En esta negociación no existen pactos o acuerdos ocultos. Las discusiones son en presencia del nuncio apostólico y del delegado del secretario de la OEA que pueden dar testimonio de todo lo discutido o pendiente de discutir, los acuerdos que se van logrando se comunican de inmediato y buscan la solución de problemas que afectan a la nación lejos de intereses personales o partidarios.	Para celebrar elecciones deben realizarse reformas profundas en materia electoral con cambios de fondo en la estructura del poder electoral. Y permitiendo de previo la organización de nuevos partidos políticos y el regreso de su personalidad jurídica a aquellos que han sido excluidos. Los tiempos deberemos verlos con el equipo de la OEA que ya no trabajará únicamente con el Gobierno sino que lo hará con la mesa de negociación y sosteniendo amplias consultas con la población.	Los acuerdos que se alcancen sobre el tema de fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas que se estará abordando en los próximos días deben permitir que finalicen las expresiones del estado policial que se ha impuesto a fin de que todos los nicaragüenses puedan hacer uso de sus derechos y libertades en el marco de un efectivo estado de derecho debiendo terminar toda forma de persecución política.	La Cruz Roja Internacional brindará informes periódicos a la mesa y esta podrá acompañarla en la ejecución de sus acciones a fin de dar seguimiento en forma permanente a todo el proceso de liberación de las personas en el contexto de las protestas ocurridas a partir del 18 de abril del 2018, por lo que los protocolos propios de la Cruz Roja no serán un obstáculo para que la mesa de negociación pueda publicar directamente los avances del proceso de liberación.	Para responder esta pregunta debemos primero conocer las propuestas e intereses del Gobierno que hasta ahora no las ha presentado pero como Alianza tenemos definidas cuáles son las líneas rojas que no podemos traspasar para no traicionar las aspiraciones legítimas de todos los nicaragüenses referidos a nuestros mandatos sobre justicia y democracia.	El anticipo de las elecciones es un tema irrenunciable, lo vemos como un requisito indispensable para renovar la confianza de los ciudadanos en el futuro del país y para generar un ambiente de entendimiento que pueda propiciar la inversión nacional y extranjera con seguridad jurídica y en un clima de pleno respeto de los derechos ciudadanos deteniendo la debacle económica y social que la crisis ha provocado.	“No existen ni existirán acuerdos privados. Todos los acuerdos deberán publicarse, el calendario de liberaciones se hará público, pero se ha acordado que es necesario continuar con las liberaciones de previo a la publicación del calendario, la mesa dará un seguimiento cercano a las actividades encomendadas a la Cruz Roja Internacional”, aseguró José Pallais, analista y jurista.