El resquebrajamiento de la institucionalidad, la falta de libertades, las violaciones a los derechos humanos y la ausencia de elecciones libres, son algunos de los aspectos que Nicaragua debe revertir para que retorne la democracia, dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, durante la sesión extraordinaria que el Consejo Permanente de este organismo realizó este viernes.	Dijo que cuando en un estado miembro alguno de los componentes que conforman un sistema democrático de Gobierno se ve seriamente alterado, se da la situación que obliga a recurrir a lo impuesto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y que necesita una precisión colectiva del Consejo Permanente.	“En Nicaragua es necesario, definitivamente, recomponer la libertad e independencia de poderes en el país, es necesario la reforma del Poder Judicial, es necesario la reforma del Poder Electoral, es necesaria la transparencia y justicia en el proceso electoral, es necesaria la más plena vigencia de todos los derechos civiles y políticos”, destacó Almagro.	La petición de Almagro fue respaldada por el Grupo de Trabajo para Nicaragua, el cual solicitó al gobierno nicaragüense el retorno al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cese a la represión y que se realice el lanzamiento de un proceso que permita fortalecer el sistema electoral de Nicaragua.	“A través del Meseni, la CIDH ha observado recientemente nuevas formas de represión que se caracterizan por detenciones breves de personas que no son llevadas a los centros de detención y que ocurren como consecuencia de una vigilancia policial masiva y permanente de todos los espacios públicos en donde las manifestaciones sociales pudieran ser realizadas”, dijo Pulido.	“El presidente (Daniel) Ortega ya ha acordado poner en libertad a todos los presos políticos y respetar la libertad de expresión y la libertad de reunión, así como otros derechos humanos; los actos y la inacción del gobierno de Nicaragua son muy claros, el gobierno de Ortega tiene que respetar su propia Constitución y cumplir los acuerdos que ha firmado hasta ahora en el diálogo, en cambio usa las perspectivas del diálogo como otra herramienta para demorar una rendición de cuentas e incluso profundizar su control”, dijo Ludwig.	“Las voces que reclaman por las libertades se ven sujetas a un diálogo sin cumplimiento de los compromisos o un cumplimiento precario de los compromisos y menos aún sin muestras de buena fe en llegar a una solución a la crisis que afecta directamente la institucionalidad nicaragüense. En esas circunstancias, el diálogo pierde credibilidad y si no se modifica sustancialmente, estamos ante un diálogo como instrumento para enfrentar las reacciones nacionales e internacionales, pero sin la intención de restablecer el orden constitucional”, argumentó Ordoñez Maldonado.	“Dialogar sin estar dispuesto a cumplir los acuerdos es inconducente. Los hechos confirman que el Gobierno de Nicaragua no muestra la voluntad de cumplir los compromisos asumidos; al contrario de lo que afirma mediante comunicados, está ignorando los acuerdos que ha suscrito con la ciudadanía nicaragüense para restablecer el orden constitucional y resolver la grave situación de derechos humanos que ese país está sufriendo desde hace un año.”, dijo Boza.	“Este tipo de sesiones, precisamente es la razón por la que nuestro país ha insistido reiteradamente que no reconoce la actuación de este grupo de trabajo, pero especialmente los informes de la CIDH, su metodología irresponsable de ser un activista portavoz de organizaciones politizadas dentro del país, sin el más mínimo esfuerzo de revisar, constatar las informaciones”, manifestó Jaentschke.	Varios de los expositores, entre ellos José Pallais, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la defensora de Derechos Humanos Haydee Castillo, enumeraron las violaciones cometidas por el Gobierno de Nicaragua que han roto el orden constitucional del país y, por tanto, consideran que le hace merecedor de la aplicación de la Carta Democrática.	“Para poner en perspectiva el análisis sobre la posible aplicación del artículo 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana, creo conveniente recordar la resolución del comité jurídico interamericano de la OEA del año 2009, resaltando que la alteración del orden constitucional afecta gravemente el orden democrático, y son situaciones que deben apreciarse a la luz de la vigencia de los elementos esenciales de la democracia representativa y de los componentes fundamentales del ejercicio de la misma, es decir, los artículos 3 y 4 de la Carta”, dijo Pallais.	“Damos un respaldo al pueblo de Nicaragua y apoyamos la aplicación de la Carta Democrática. Sabemos de primera mano lo difícil de los grupos opositores y de organismos internacionales. Es evidente que no hay voluntad política del Gobierno de Nicaragua. Los intentos de diálogos nos recuerdan los intentos de Chávez y Maduro“, dijo el representante de Venezuela.