La madre del preso político Edwin Carcache, Mercedes Dávila, aseguró a LA PRENSA que la “Ley de Amnistía es puro teatro y la hicieron propiamente para salvarse ellos”, refiriéndose a la pareja de dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, y a sus altos funcionarios involucrados en todo tipo de abusos y violaciones de derechos humanos.	Desde que inició junio, Dávila espera que en cualquier momento su hijo se pare frente a la puerta de su casa. Solo la idea le provoca una sonrisa que la libera del dolor que ha sufrido durante los casi diez meses que Carcache lleva encerrado en las celdas de alta seguridad de La Modelo.	Sin embargo, esa ilusión no se la ha dado la Ley de Amnistía. Ella estaba segura que su hijo “tenía que salir antes del 18 de junio por el acuerdo firmado en la mesa de negociación”, en el que ha confiado, dice Dávila, y reitera que “la Ley de Amnistía es puro teatro para salvarse ellos (la dictadura orteguista)”.	Es por eso que para ella “aceptar esa ley es aceptar que mi hijo es culpable y mi hijo no es culpable de nada. Lo único que él ha hecho es hacer uso de los derechos que le da la Constitución Política de nuestro país: manifestarse”, afirma, muy segura de sus palabras.	Por su parte, el excarcelado de Granada Róger Martínez, condenado a cuatro años y medio de prisión por supuestos delitos de fabricación y tráfico de armas, municiones y explosivos, recibió la noticia de la aprobación de la Ley de Amnistía con “tristeza”, porque se convierte en un “hecho más de injusticia e impunidad”.	Además considera que más que una amnistía, la ley se trata de una “libertad condicionada” y la compara con un “trueque” en el que no se tiene la oportunidad de elegir, “sino que eligen por nosotros y tenemos que dar nuestros derechos constitucionales, e incluso humanos, por una libertad que nunca se nos debió arrebatar”, enfatiza, haciendo referencia al artículo 3 de la ley, el cual amenaza con quitarles el beneficio y ser encarcelados de nuevo si vuelven a protestar.	El excarcelado Alejandro Guido considera que la ley es un “auto perdón para el propio régimen de Ortega” y no le beneficia en nada, porque lo que él quisiera es que se haga justicia. “No me beneficia que un delincuente, asesino, me deje libre y que me diga qué es lo que tengo que hacer”.	Guido, de 56 años, lo apresaron el 15 de enero en la delegación policial de Masaya y fue excarcelado el 20 de mayo. Nunca hubo una acusación en su contra, tampoco inició un proceso legal. Sin embargo, cuando lo detuvieron lo señalaron de jefe tirabombas, cuando en realidad lo que hizo fue participar de las protestas autoconvocadas en contra del régimen.	Mientras que para Jacqueline Valdivia, madre de Nahiroby Olivas, otro preso político de León, esta ley es “absurda completamente” y argumenta que a su hijo “no tienen nada que perdonarle, él no es ningún delincuente. Él no cometió ningún delito”.Según Jacqueline, la ley no tiene ningún valor y no piensa aceptarla, pero intenta mantenerse neutral ante la posible liberación de los reos políticos, considerando que el régimen de Ortega podría faltar a su palabra, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones.“A mí lo que me hubiese encantado es que él (Nahiroby) saliera sin necesidad de ninguna ley, pero como no tenemos otra opción, qué nos queda”, sostiene.