El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, dictó el miércoles un auto demoledor en el que reprocha a la Corte Constitucional de Guatemala que haya amparado a los presuntos autores del genocidio del pueblo maya, ocurrido en aquel país entre 1961 y 1996, con especial gravedad entre 1978 y 1984, y que haya anulado el proceso judicial contra varios ex jefes de Estado o de Gobierno o ministros guatemaltecos supuestos autores del genocidio, por considerar que España no tiene competencia para perseguir esos delitos.	El juez Pedraz destaca que en Guatemala hubo más de 250,000 víctimas y que muchas de ellas, antes de morir, fueron previamente torturadas. De ellas, más de 45,000 siguen desaparecidas. También hubo cerca de un millón y medio de desplazados internos y unos 150,000 que buscaron refugio en México. La mayoría fue objeto de graves torturas. Unas 430 aldeas fueron borradas del mapa y se contabilizaron hasta 667 matanzas.	El juez destaca que la actividad de las autoridades guatemaltecas ha sido nula. Sin embargo, Guatemala firmó los convenios internacionales contra el genocidio y la tortura. En el proceso español están incluidos los ex jefes de Gobierno Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía, y el ex presidente de la República Fernando Romeo Lucas García, ya fallecido, aunque no fue comunicado oficialmente.