La consigna está gritada a los cuatro mares: urge una Ley de Costas que establezca las reglas claras para el manejo y desarrollo de las playas nicaragüenses. Al mismo tiempo, conforme se avanza hacia dicha ley, los clamores también se lanzan a los aires: ¿Quién garantiza que mi tierra no será tragada como un tsunami por la nueva Ley? Miedos, enredos, dudas y populismo giran como olas en torno al húmedo asunto.	De aprobarse esta Ley, como está actualmente planteada en los anaqueles de la Asamblea Nacional, La Dulcinea podría perder una franja de 50 metros desde la orilla del Oyate hasta casi donde se ubica la caseta de las bodegas, y otro tanto de tierra desde la costa del Lago hasta el centro de la finca. Perderían, de acuerdo con los cálculos de los socios, más del 50 por ciento de las tierras productivas.	¿Qué podrán hacer ellos? “Mientras no se apruebe la Ley de Costas, lo único que pueden hacer esos productores y otros tantos de miles de dueños de propiedades ubicadas cerca de costas y riberas, es pelear para que se modifique el espíritu de la Ley, y quede como una ley de reglas claras y no como una medida confiscatoria”, dice el jurista Sergio Argüello Pereyra, un analista del asunto.	El artículo número 4 del anteproyecto de Ley dice textualmente: “De conformidad con el principio legalmente poseído que concurrió como fundamento legal a la constitución del Estado nicaragüense, y del artículo 2 de la Ley Agraria del 2 de marzo de 1917, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, números 65 y 68 de 30 de marzo y 3 de abril de 1917, las costas o riberas y zonas costeras de todos los sitios enumerados en el artículo 1 de la presente ley, que se encuentran comprendidos dentro de los doscientos cincuenta metros de la línea de pleamar o álveo respectivamente, son bienes del dominio público del Estado y, por consiguiente, están destinadas para el uso y disfrute de toda la población, sin más restricciones que aquéllas que impongan las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas. Sin excepción alguna, estas áreas deben cumplir la función social”.	“Hasta ahí, están claras las cosas sobre el dominio público, aunque es cuestionable que se basen en una ley antigua de 1917 que estaba planteada en un contexto de los planes de un canal interoceánico, donde debían asegurarse las orillas del río San Juan para los planes de construcción de la infraestructura del Canal”, señala Argüello, quien en seguida señala, a su juicio, lo más grave de la citada ley en el inciso B del capítulo 4.	“Exceptuándose el dominio público del Estado señalado en el artículo anterior, las costas y zonas costeras inmediatas o colindantes con inmuebles que son de propiedad particular por tener título de dominio legalmente inscrito con anterioridad a la promulgación de esta Ley. No obstante, a lo antes dispuesto, los propietarios de estos fundos o inmuebles no podrán impedir el acceso a particulares a las costas o riberas de dominio público colindante, ni utilizar éstas en forma exclusiva, ni gravarlas o disponer de ellas en forma alguna”.	“En esta ley de costas dicen que respetan los derechos adquiridos por terceros, pero, al mismo tiempo, les impiden tener dominio sobre la propiedad. Es, en cierto modo, un artículo de especie confiscatoria, a pesar que la ley prohíbe la confiscación. En todo caso, si van a declarar como utilidad pública una propiedad, debe ser indemnizada, pero eso no lo habla la ley, entonces no hay reglas claras”, advierte el abogado.	Cabe citar que respecto de la aprobación de la ley, se han pronunciado diversos sectores desde que la misma fue planteada en la Asamblea Nacional en 2005. La primera propuesta de Ley fue planteada por los diputados José Castillo Osejo (liberal), y Gerardo Miranda (sandinista), ex alcalde del municipio costero de San Juan del Sur, Rivas.	Producto del escándalo, se llevó a la palestra pública la situación de irregularidad en que se encuentra la mayoría de las playas nicaragüenses, después de ser adquiridas por medios cuestionables; también se descubrieron conflictos sociales, donde los nuevos dueños de las costas impiden en muchos casos el acceso a las aguas de ciudadanos que, por décadas, habían usado las costas como medio de vida en la pesca y en otras actividades.	El Estado mismo se metió de cabeza al asunto, por medio de la Procuraduría General de la República (PGR), para tratar de ordenar la propiedad pública, ya que se descubrió la existencia de una compleja red de abogados, funcionarios y civiles en el oscuro negocio de vender y comprar tierras del Estado a terceros.	El diputado Francisco Valenzuela, Presidente de la Comisión de Población, Desarrollo y Municipios, a cargo del debate sobre la Ley en cuestión, anunció esta semana que el anteproyecto sobre las costas ya está bastante avanzado, y que en unas pocas semanas estará concluido y listo a debate en plenario de la Asamblea Nacional.	“Ya casi está listo, lo único que hacía falta eran las consideraciones de las regiones autónomas del Norte y del Sur, y de las comunidades indígenas con sus propiedades y el patrimonio”, adelantó Valenzuela, quien reconoció que ha habido modificaciones al anteproyecto inicial, y que se está buscando cómo la ley de zonas costeras no choque con otras leyes y no afecte las inversiones privadas.	“Prácticamente ya está concluida, y las próximas semanas vamos a hacer una presentación a la Comisión para su discusión en plenario; metimos un equipo jurídico para que no lesionara otras leyes que tienen cierta afinidad, como la Ley de Medio Ambiente y la Ley de Aguas, para que fuera despejada y no lesionara ninguna otra ley, como lo establece la Constitución”, aseguró Valenzuela.	Alguien que ha planteado públicamente la aprobación de una ley de este tipo, pero sin meter en líos a los inversionistas, es el alcalde San Juan del Sur, Eduardo Holmann, quien ha sostenido que la Ley Agraria de 1917, que establece el derecho del Estado sobre playas, costas y ríos, y sobre la base de la cual se sustenta la propuesta de la nueva ley de costas, es “obsoleta”.	“Hay contradicción entre la propiedad privada y la Constitución, que dice que las costas son de libre acceso, y eso lo tiene que definir la Asamblea Nacional, porque hay leyes obsoletas como la de 1917, que habla de dos kilómetros de la marea alta”, dijo Holmann, alcalde del municipio de más desarrollo en cuanto al uso de costas para inversión turística.	La Ley Agraria de 1917 establece que “el Estado es dueño de los terrenos comprendidos en una zona de dos kilómetros de latitud a lo largo de las costas de ambos océanos; y a orillas de los lagos y los ríos navegables en una latitud de 800 metros; y las islas de los mares territoriales y lagos”.	Un representante de asuntos turísticos en la zona del Pacífico del sur, que pidió anonimato para mantener a sus socios accionistas al margen de la polémica, dijo que al menos 300 proyectos pequeños, medianos y grandes, se han detenido a la espera de la citada ley. “Sin reglas claras, nadie quiere invertir un solo dólar”, dijo.	Para Sergio Argüello, uno de los principales errores de cómo están viendo las autoridades la citada ley, es que la están tratando de enfocar en una ley de solución de conflictos de propiedad, cuando (a su juicio) debería ser una ley de organización de las costas para desarrollo de las mismas.	“Es que esta ley no es de propiedad, es de zonas costeras. ¿Para qué más leyes de propiedad, si ya hay varias? Se puede afectar la propiedad en un momento, pero a partir de la vigencia, no para atrás. ¿Qué es la zona costera? La parte del mar que converge con la tierra firme colindante”, dice.	“Si alguien tiene su casita en una playa, porque la heredó hace 30 años o la compró en 1930, no puede una ley venir a decir: señor, esa casa es suya, pero está en una tierra que ya no es suya, así que usted no puede venderla ni modificarla, ni hacer nada si no es con el permiso del Estado. Pero la casa es suya”.