El informe es resultado de una visita de observadores de la CIDH por «invitación del Estado» boliviano entre los pasados 22 y 25 de noviembre a cuatro ciudades de Bolivia, entre ellas Sacaba y El Alto. La comisión constata que desde los comicios del pasado 20 de octubre, que fueron después anulados, murieron 36 personas por la violencia en el país, al menos 18 de ellas en esas dos ciudades.	«Estos hechos pueden caracterizarse como masacres dado el número de personas que perdieron la vida en un mismo modo, tiempo y lugar, y a que se cometieron en contra de un grupo específico de personas», detalle el informe. Además, «los patrones de las lesiones que se han registrado ofrecen serios indicios de prácticas de ejecución extrajudicial», añade.	La CIDH emite una serie de conclusiones, la primera la necesidad de una investigación internacional y otras como «suspender el despliegue masivo de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía», para «restablecerlos a sus posiciones normales en tiempos de paz». La comisión rechaza además cualquier «amnistía» a quienes se considere responsables de estos hechos violentos.