La Operación Libertad tiene tres componentes: 1, cese de la usurpación de Nicolás Maduro; 2, período de transición; y 3, convocatoria a elecciones libres. Así lo han declarado el presidente Guaidó, la Asamblea Nacional que es el único poder legítimo del Estado venezolano, y las fuerzas democráticas que luchan por el derrocamiento de la dictadura chavista que ha provocado el mayor desastre de Venezuela en toda su historia.	La Operación Libertad debía comenzar este primero de mayo, con una gran marcha pacífica que saldría desde todos los puntos cardinales de Venezuela hacia Caracas, hasta el palacio presidencial de Miraflores. Sin embargo, el operativo fue adelantado un día al parecer para neutralizar el ataque preventivo de la dictadura que pretendía encarcelar hoy al presidente encargado Guaidó y descabezar el movimiento.	Para algunos analistas políticos internacionales de prestigio, Guaidó se está jugando el todo por el todo. Antonio de la Cruz, director ejecutivo de la firma Inter American Trends, con sede en Washington, dice que Guaidó “está colocando sobre la mesa, como si fuese un juego de póker, todas las fichas en una sola jugada”. Por su parte, el analista para América Latina de la firma británica IHS-Markit, Diego Moya-Ocampos, asegura que la apuesta de Guaidó pone a prueba su capacidad de convocar millones de personas, pero también a las Fuerzas Armadas enfrentadas al dilema de apoyar al pueblo o reprimirlo a sangre y fuego.	Si las Fuerzas Armadas no se voltean por fin contra la dictadura de Maduro, y más bien masacran a la población, la Asamblea Nacional tendría que pedir auxilio militar externo. El Poder Legislativo está facultado para hacerlo de acuerdo con el artículo 187, numeral 11, de la Constitución, en el cual se establece que corresponde a este poder del Estado “autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”.	Además, la comunidad internacional debería atender una petición de ayuda militar de la Asamblea Nacional, o del presidente encargado de Venezuela, en cumplimiento de la obligación de proteger que es un principio del moderno derecho internacional para impedir que se cometan más atropellos graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.