Frente a las elecciones municipales del 2008, canceló las personerías jurídicas de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), de Eduardo Montealegre, y del Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Fue el inicio de un proceso de exclusión política, que incluyó fraudes electorales para excluir a los ciudadanos de su derecho al voto, hasta desembocar en la exclusión total de cualquier atisbo de oposición en las elecciones de 2016.	Ese patrón de exclusión política no se redujo a las elecciones. Estudiantes, pobladores del campo y la ciudad, productores y empresarios, cualquier ciudadano, sin acceso a los favores de un FSLN y de sus organizaciones, crecientemente orteguistas, eran tratados como ciudadanos de segunda categoría, es decir, excluidos. La otra cara de ese proceso de exclusión era la creciente personalización del poder político en la familia gobernante, con lo cual se empezó a construir una dinastía y la exclusión llegó al propio sandinismo.	¿Qué ganó Ortega con la salida del obispo Báez? Nada, absolutamente nada. ¿Reconstruirá Ortega sus alianzas nacionales e internacionales y, como nos preguntamos la semana pasada, volverá el crecimiento económico autoritario? No. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pronosticado que este año la economía decrecerá el 5%, y probablemente sea más, y las dificultades del año agrícola hacen que el próximo año se mantendrá ese decrecimiento. Por otro lado, ¿renunciarán la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco a sus demandas de justicia y democracia? No, tampoco no.	La salida, por tanto, del obispo Báez no puede verse como triunfo de la dictadura, sino como reafirmación del patrón de exclusión política que condujo a su crisis, y a la masiva violación de los derechos humanos, incluyendo delitos de lesa humanidad. La mala noticia llegó en Cuaresma, que es temporada de dolor. Luego viene Adviento, que es de esperanza.