La migración constituye un fenómeno social con efectos globales en salud, el cual  afecta a la población de manera diferenciada en las distintas regiones del mundo. No obstante, predomina la idea que considera a la migración como un fenómeno que puede contribuir a diseminar infecciones e incrementar  los riesgos globales en la salud, lo cual ha llevado a justificar la implementación de políticas de control de movilidad poblacional, sin que ello encuentre base alguna en la evidencia científica.	La carga de enfermedades agudas y crónicas con las que las poblaciones migran corresponde al mismo peso que tiene en su lugar de origen, en las distintas regiones del mundo. Sin embargo, diferentes trabajos muestran que los migrantes corresponden a grupos sanos, lo que representa a un grupo con selección positiva en salud. En México, el Instituto Nacional de Salud Pública ha realizado investigaciones en el tema que muestran que 17% de los migrantes en el ingreso por la frontera sur, auto-reportan algún problema de salud. Esta cifra es semejante a la reportada por la población mexicana, de forma que los migrantes son tan sanos como los mexicanos o los mexicanos tan enfermos como los migrantes.	La migración como fenómeno global se encuentra relacionada con la búsqueda de mejores condiciones de vida; su direccionalidad y dinámica expresan formas de desarrollo social y económico desigual entre los países y en el interior de los mismos.  Se estima que en la región, 30.2 millones de latinoamericanos (5.2% del total de la población) viven fuera de sus países de origen. En América Latina, México es el país con mayor número de migrantes (12 millones) que representa el 12% de su población total y le siguen Colombia, Brasil, El Salvador y  Cuba como los países con mayor número de migrantes.	En 2012, la aportación económica de la migración para América Latina se estimó en $66 billones de USD, lo que equivale al 1.5% del PIB de la región; México recibe 38.8% del total de estos recursos. Sin embargo, a pesar de esta importante contribución económica, no parece haber una política de reciprocidad social con los migrantes en sus países de origen, tránsito o destino. Por el contrario, las políticas migratorias en los principales países de destino de migrantes han buscado castigar y eliminar la migración indocumentada.	El estigma preexistente contra los migrantes los coloca como portadores y transmisores de enfermedades e infecciones, y otros problemas sociales. De esta forma, históricamente en el campo de la salud se han formulado respuestas de política pública hacia la migración caracterizadas por el establecimiento de cuarentenas, cercos sanitarios y muros fronterizos que, en nombre de la seguridad nacional, se establecen como respuesta al miedo de que los migrantes trasmitan enfermedades. En la actualidad se reconoce que este tipo de respuestas frente al fenómeno de la migración y la salud propician la violación de los derechos humanos de los migrantes.	Estas formas de respuesta social no contribuyen a la reducción de la desigualdad, ni a mejorar las condiciones de movilidad e inserción social de las poblaciones móviles y migrantes en las comunidades receptoras. Es así que un porcentaje importante de migrantes no tienen acceso a servicios de atención en salud en sus lugares de origen, ni en los contextos de tránsito y destino, lo que incrementa su situación de vulnerabilidad y reduce su capacidad para responder a sus necesidades de salud.