En este sentido, España acordó en agosto a Marruecos 32 millones de euros (35 millones de dólares) para el control de la inmigración clandestina, un mes después de la concesión de otros 26 millones de euros (29 millones de dólares) destinados al "suministro de vehículos para el Ministerio del Interior de Marruecos".	Si bien ambos países se felicitan por su colaboración, los defensores de los derechos humanos denuncian la política de "externalización de las fronteras" ejecutada por la UE, así como las recientes "devoluciones en caliente" de migrantes hacia Marruecos y los "desplazamientos forzosos" practicados por las autoridades marroquíes para alejar a los migrantes de las costas.