La versión final la mandó a Murillo el 9 de enero el orteguista y reelecto presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, y la codictadora este jueves circuló la iniciativa de Ley a las embajadas acreditadas en el país y las de Nicaragua en el extranjero, los medios de comunicación y agencias internacionales y las estructuras orteguistas.	La dictadura de Daniel Ortega y Murillo pretende legalizar el control político y el adoctrinamiento partidario en el ámbito de la familia, de las escuelas, los barrios e incluso de las iglesias con la imposición de su modelo de “cultura de paz y reconciliación”, pero sin reconocer su responsabilidad en la masacre estatal que ha dejado entre 325 y 535 muertos desde abril, según han documentado organismos de derechos humanos.	Violeta Granera, directiva del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD) y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), dijo que esa la Ley evidencia que los funcionarios del régimen “cada día se alejan más de la realidad” y pretenden “echar un manto a su pasado criminal, pero es inútil porque en Nicaragua hemos dicho que no hay perdón ni olvido”, afirmó.	“Esas son las locuras de doña Rosario. Lo digo con vergüenza y dolor, Nicaragua está secuestrada por personas que no se le pueden analizar con teorías políticas sino en base a patologías de violencia y negación que solo pueden venir por personas que no están equilibradas mentalmente y por eso es que no hay empatía con la realidad”, dijo Granera.