Según dicha Comisión, “las acciones que el Gobierno de Nicaragua ha emprendido o permitido desde abril de 2018, muestran discrepancia con los derechos y garantías protegidos por la Constitución de 1987 y que ello da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se establece en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana”.	“Numerosos órganos de derechos humanos han identificado un grave y constante patrón de acoso e intimidación a cualquier forma de oposición al Gobierno, en particular, los profesionales de la salud, periodistas, líderes estudiantiles, defensores de derechos humanos, presos políticos liberados y manifestantes. Este patrón de conducta ha sido documentado en el informe de país 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el informe 2018 sobre Nicaragua realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como en los informes e investigaciones llevadas a cabo por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Estos casos de acoso e intimidación son continuos, más insidiosos, con el afán de crear un clima de temor”, enfatiza la Comisión.	“Cualquier solución pacífica a la situación en Nicaragua debe incluir: el fin de la represión, la restauración de los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, la libertad de reunión y libertad de prensa; un sincero esfuerzo por todas las partes para volver a la mesa de diálogo”, resalta la Comisión.	“La Comisión opina que debe darse prioridad a la aplicación de este acuerdo y que deben hacerse esfuerzos para explorar medidas que garanticen la independencia de las autoridades electorales, que permitan la observación electoral internacional y que garanticen el registro libre y transparente de partidos políticos”, refiere el informe de la Comisión de la OEA.