La Asamblea Nacional entrará al 2008 con una carga de 146 leyes, de éstas, sólo 68 están dictaminadas, es decir, listas para discusión y aprobación por parte del plenario. Otras 78 iniciativas están en la Primera Secretaría, pero aún no pasan a las comisiones respectivas para las consultas y posterior dictamen. Entre las leyes aprobadas este año se cuentan la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley General de Aguas, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal Militar, Ley de Contrataciones Municipales y otras de carácter laboral, así como varios decretos de aprobación de préstamos por más de 100 millones de dólares	El Poder Legislativo nicaragüense tuvo uno de los años más agitados de los últimos tiempos políticamente hablando. La mayor parte de su tiempo, la oposición lo dedicó a criticar los desaciertos del Poder Ejecutivo; también los discursos presidenciales en foros internacionales que, incluso, merecieron la aprobación de una declaración legislativa de condena en contra del presidente de la República, Daniel Ortega, por los términos en que se dirigió a los mandatarios del mundo en la sede de la Organización de Naciones Unidas, ONU.	Navarro citó como ejemplos la aprobación del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal Militar, la Ley de Contrataciones Municipales, la Ley de Higiene y Seguridad Laboral, y las controversiales Ley General de Aguas, que regula el uso y manejo de este recurso; así como la Ley de Acceso a la Información Pública, cuyo reglamento aún está pendiente de aprobación por parte del Poder Ejecutivo.	La reforma, respaldada unánimemente por las bancadas de oposición, facultó al mandatario nicaragüense a crear los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, que con el tiempo se convirtieron en “indeseables”. Ello motivó una nueva reforma por parte de la oposición, para anular del artículo 11 de la Ley 290 y revertir la legalidad de los CPC.	Otra disposición apoyada por los diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador, ALN-PC, fue la renovación por un año más de la Ley Marco, que mantiene suspensas las reformas constitucionales de 2005 a través de la cual le restan poderes al presidente de la República. La extensión del período concluye el 20 de enero próximo.	El motivo de la interpelación de Herrera fue su negativa a acatar una resolución del Ministerio del Trabajo, para reintegrar en sus cargos a más de 130 trabajadores que despidió en sólo los dos primeros meses de su gestión. Al momento de la interpelación, Herrera ya sumaban más de 300 empleados cesanteados en todo el país.	En este caso, quedó pendiente en la Primera Secretaría una resolución legislativa, a fin de obligar al mandatario nicaragüense a hacer efectiva la recomendación para destituir de su cargo a Herrera. Algunos diputados, al cierre de 2007, amenazaron con no aprobar ningún préstamo o recursos financieros del presupuesto para Enacal en tanto no se cumpla con la recomendación legislativa.	Más de 100 millones de dólares en préstamos fueron ratificados por el Parlamento. Los nueve decretos en materia financiera incluyen dos de gran envergadura, la rehabilitación de la red vial en el marco del cumplimiento del Plan Puebla-Panamá, por 49.5 millones de dólares, y uno más por 30 millones de dólares para un programa de inversión en agua potable y saneamiento, ambos firmados con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID.	Un tercer préstamo es por 10 millones de dólares, dirigido a la Iniciativa Reforzada de la Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) y firmado por el gobierno de Nicaragua con el Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, para el Desarrollo Internacional.	En el plano político, el Parlamento cerró el 2007 con la desaforación de uno de sus diputados, el conservador Alejandro Bolaños Davis, quien perdió su condición de legislador al comprobarse que “mintió” al Consejo Supremo Electoral, CSE, en torno a su doble nacionalidad, lo que le inhibía de postular su candidatura al cargo de elección popular en los comicios generales de enero de 2006.	La comisión especial de desafuero, presidida por el diputado del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, y primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, dejó pendiente el dictamen para levantar la inmunidad a Bolaños Geyer. Hasta el cierre de año, Navarro ni siquiera había redactado la propuesta de dictamen, según señaló la diputada del FSLN Martha Marina González, miembro de la comisión especial.	Entre las principales preocupaciones de la representante de la Red Local, Rosario Cuadra, destacan el impasse a nivel nacional en ciertas actividades previstas para continuar el proceso de descentralización del Estado, la paralización de algunas instancias de concertación con la sociedad civil, y la apertura en las relaciones con la misma comisión legislativa.	“Es necesario acelerar la construcción de una propuesta de Sistema de Planificación Nacional que incluya el Sistema de Planificación Municipal y que sea respaldado jurídicamente, así como la discusión y aprobación de una ley de descentralización del Estado, ampliar el debate sobre las mancomunidades municipales y garantizar el marco jurídico para tal fin, y la aprobación de la Ley de Pueblos Indígenas”, explicó Cuadra.