La mayoría de los gobiernos miembros del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) elevó el tono al dictador Daniel Ortega al aprobar una resolución en la que exigen “la libertad incondicional de todos los presos” políticos “antes del 18 de junio próximo”, advirtiendo que la paciencia se les acabó, por lo que el siguiente paso podría ser la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.	En la sesión extraordinaria de este 21 de mayo, el organismo hemisférico abordó una vez más la crisis sociopolítica y de derechos humanos de Nicaragua, siendo aprobada una resolución por veinte de los 35 países miembros. En el documento exigieron, de nuevo, el respeto a los derechos humanos, dar curso a las medidas institucionales necesarias para las reformas electorales que permitan comicios “libres, justos, transparentes y legítimos, de conformidad con los estándares internacionales”.	La OEA demandó a Ortega permitir el reingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluido el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), garantizar la libertad de expresión y de prensa, permitir el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, cesar las detenciones arbitrarias, y “garantizar el regreso y permanencia seguros, sin represalias”, de los exiliados.	No obstante, en las listas del Comité Pro Liberación de Presos Políticos y la Alianza Cívica son unos 779 los protestantes, porque hay decenas a los que se les atribuye delitos comunes y otro gran número con órdenes de detención están exiliados o en casas de seguridad, que la oposición demanda se les anule las causas.	A pesar de ello, el régimen, a través de su vicecanciller Valdrack Jaentschke, mantuvo la versión del Ministerio de Gobernación de que Montes “murió porque se avalanzó sobre un custodio” del Sistema Penitenciario en un amotinamiento. El funcionario dijo que en el suceso resultaron heridos 21 funcionarios del penal, pero no mencionó que producto del ataque hay más de noventa presos políticos heridos, según han denunciado sus familiares, abogados y organismos de derechos humanos.	Alexis Ludwig, representante permanente adjunto de Estados Unidos (EE. UU.) en el organismo continental, expresó en la sesión que “la paciencia de la OEA no puede ser infinita”, al reclamar que a pesar de las oportunidades dadas al régimen de Ortega para que llegue a una salida pacífica a la crisis con la opositora Alianza Cívica, el dictador ha usado el diálogo para burlarse de la comunidad internacional y mantenerse en el poder.	En su intervención la embajadora de Canadá, Jennifer Loten, explicó que la resolución del Consejo Permanente era congruente con los compromisos de la mesa de negociación entre la Alianza Cívica y la dictadura orteguista, pero hizo énfasis en que la comunidad internacional reclama el cumplimiento de los mismos, así como un acuerdo final sobre la ruta institucional que ponga fin a la crisis en Nicaragua.	Loten refirió que “el objetivo es tener un acuerdo antes de la Asamblea General” de la OEA, prevista del 26 al 28 de junio próximo, cuando los cancilleres del hemisferio se reunirán. Dejó a entrever la embajadora que en esa oportunidad podría ser aplicada la Carta Democrática al gobierno de Ortega, lo que supondría su suspensión del organismo.	Hernán Salinas Burgo, embajador de Chile ante la OEA, expuso que tras un año de iniciada la represión por parte del régimen orteguista “las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no cesan”, y como “no son alentadores” los avances de las negociaciones, dijo que “el proceso de aplicación de la Carta Democrática se encuentra en desarrollo”.