El presidente Ejecutivo del Instituto de Turismo (Intur), Mario Salinas Pasos, fue denunciado por el ex directivo y socio accionista de la Empresa Industrial y Constructora Sociedad Anónima (Sinergia), Donaldo Guerrero Salinas, de valerse de su alto cargo para participar en la construcción del proyecto habitacional “El Pueblo Presidente”, junto a empresas vinculadas al presidente de Petronic y tesorero del FSLN, Francisco López.	Guerrero Salinas, quien enfrenta un proceso legal contra el director de Turismo por las acciones y dirección de Sinergia, afirmó ayer que Salinas Pasos, siendo funcionario público de alto nivel, se asoció con la empresa Tecnologías y Sistemas Sociedad Anónima (Tecnosa), para participar en la construcción del proyecto social promovido por el gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur).	Ortega defendió ayer en un acto público en Matagalpa la realización del proyecto habitacional, y señaló que los cuestionamientos públicos son parte de una “campaña” de los medios en contra de su gestión, pero no se refirió en ningún momento al conflicto de intereses de dos de sus funcionarios, cuyas empresas privadas levantan las casas de 45 metros cuadrados en el viejo casco urbano de Managua.	Ayer, según Guerrero, reporteros de un canal de televisión filmaron y estuvieron vigilando su vivienda, para luego transmitir un confuso informe donde le achacan la autoría de las casas de “El Pueblo Presidente” y lo presentan como accionista mayoritario de Sinergia, sin mencionar en el citado reporte a Salinas Pasos como participante en el proyecto.	“Me ponen a mí como el dueño del proyecto, como si fuera el accionista total, dejando de fuera al arquitecto Mario Salinas, cuando fue él, quien por medio de tráfico de influencias, se asoció al proyecto siendo funcionario público y dueño del 51 por ciento de las acciones de la empresa Sinergia S. A.”, denunció Guerrero Salinas, quien responsabilizó al ministro de Turismo por cualquier percance que pueda ocurrirle a él y su familia.	EL NUEVO DIARIO reveló que Tecnosa es una empresa vinculada familiarmente a Francisco López, tesorero del FSLN y presidente de Petronic. Junto a Tecnosa y Sinergia, de la cual Salinas Pasos es socio mayoritario con el 51 por ciento de las acciones, también participan funcionarios de Tecnologías y Sistemas Sociedad Anónima (TESA), empresa de la cual es socio principal López. A Tecnosa le han sido adjudicados otros proyectos del Ministerio de Educación (Mined) por los que ha recibido varios millones de córdobas.	En una carta fechada el 6 de mayo, Guerrero Salinas (quien asegura poseer el 40 por ciento de las acciones de Sinergia) le comunica al director de Turismo su inconformidad con la relación establecida con Tecnosa, y le advierte que por tratarse de un proyecto social del gobierno, la acción podría perjudicar a la empresa principal que ha levantado los proyectos habitacionales privados del Grupo Sooner.	“Ya que puede salir perjudicada la sociedad Sinergia S. A., de la cual soy presidente de la Junta Directiva, por existir conflicto de intereses y tráfico de influencia, en el sentido de que una empresa de la cual usted es socio, sea contratada por otra empresa en la cual usted tiene intereses creados para construir casas para el gobierno de Nicaragua, siendo usted alto funcionario del gobierno de Nicaragua”, señala.	Eso incluye al presidente y al vicepresidente de la República, a los ministros y a los viceministros, a los diputados ante la Asamblea Nacional, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los del Consejo Supremo Electoral, a los contralores, a los procuradores, y, en general, a cualquier funcionario público, y a las personas jurídicas, en cuyo capital social participe alguno de los funcionarios mencionados en los incisos anteriores.	La ley también excluye de la participación en negocios del Estado con fines sociales, a “los que por efecto del ejercicio de su cargo tengan en su responsabilidad la ejecución de los recursos del Estado en actos de contratación; las personas que hayan intervenido como asesores o participado en la elaboración de especificaciones, diseño de planos constructivos o presupuestos para la licitación objeto del contrato, y quienes se encuentren suspendidos del Registro de Proveedores del Estado o que ni siquiera tengan el certificado”.	El citado proyecto habitacional, promovido por el Invur, inicialmente era de 890 viviendas de 45 metros cuadrados en lotes de 12.5 por 12.5 metros cuadrados, pero en el transcurso del tiempo se redujo a 400 viviendas con mejoras al diseño original, lo que elevó el costó inicial de nueve mil dólares por unidad a unos 12 mil.	El proyecto sería destinado a inaugurarse el 19 de Julio en presencia de los candidatos municipales del FSLN por Managua, y a los aspirantes a beneficiarse se les pide una carta de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), instancia política creada por el Gobierno. El Invur lo adjudicó sin licitación pública a Tecnosa, y la Contraloría espera que en 10 días hábiles les remitan información relacionada con ese contrato.	“No voy a responder a ninguna de sus preguntas, ¿me entendió? No tengo por qué responder nada de lo que usted me pregunte”, dijo la funcionaria, para luego colgar. Minutos después, alguien que se identificó como su asistente, regresó llamada y nos recomendó: “Lean la ley, instrúyanse, no publiquen tantas mentiras”, y colgó.	El asesor económico de la Presidencia, Bayardo Arce, declaró: “No veo nada de malo”, cuando se le consultó en un programa televisivo si no es conflicto de intereses y tráfico de influencias, que la firma Tecnosa, de la que familiares de Chico López son socios, sea la que esté realizando la construcción de las casas.	“El fondo ALBA es un fondo venezolano que sale del crédito que Petróleos de Venezuela (PDVSA) le da a ALBA Petróleos de Nicaragua S. A. (Albanisa), ese fondo va a ser viviendas a los nicaragüenses, es una inversión privada venezolana y lo hace como cooperación y van a vender las casas a intereses bajos”, dijo Arce, para después agregar: “No tienen nada que licitar porque son sus reales” (de los venezolanos).	Aseguró que el contrato para construir las casas no lo hizo el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) “porque el proyecto no es del Invur”, contradiciendo lo que ha dicho públicamente la titular de esa cartera, Judith Silva, y lo que dice el sitio oficial del Gobierno “El Pueblo Presidente” sobre las casas.	Visiblemente molesto con las publicaciones, el presidente Daniel Ortega se refirió ayer al tema de la construcción de las casas, y confirmó que su costo final es de 12 mil dólares, que las cuotas serán de menos de 90 dólares; que las entregarán a un valor menor a los 10 mil dólares a sus beneficiarios, y que la prima de 1,000 dólares la asumirá “la revolución” con los fondos del ALBA.