El Ministerio de Defensa ha dicho que Pablo Montoya, alias ''Rojas'', era el jefe de seguridad de Manuel Jesús Muñoz, alias ''Iván Ríos'', de 46 años, uno de los siete comandantes de la jefatura de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Según la versión oficial, Rojas se entregó al ejército el jueves y para probar que había matado a su jefe y que realmente se trataba del comandante insurgente cortó y entregó a los militares la mano derecha de Ríos.	Según el ministerio, el rebelde dijo que tomó la decisión de matar a su jefe porque buscaba aliviar la presión a la que estaban sometidos por las tropas, supuestamente detrás de la pista de Ríos y su bloque rebelde desde mediados de febrero en el departamento de Caldas, unos 180 kilómetros al noroeste de Bogotá, dejando entrever que con el comandante rebelde muerto, el ejército detendría su operativo en la región.	Abogados y juristas consultados telefónicamente por la AP indicaron que el estado enfrenta un dilema en cuanto al pago de la recompensa de 5.000 millones de pesos (unos 2,6 millones de dólares) --ofrecida por la policía y el Ministerio de Defensa por información, sin mencionar la palabra muerte, a cambio de jefes rebeldes-- a Rojas porque si la paga ''se salta el estado de derecho y sino la paga se cae el prestigio de la recompensa'', indicó León Valencia, analista político y ex rebelde del ya pacificado grupo Movimiento 19 de Abril (M-19).	El enjuiciar o no a Rojas, tanto como negociar una pena menor a cambio de entregar información, es una decisión exclusiva de la Fiscalía General, que a su vez no tiene ninguna injerencia en la decisión de pagar o no el botín, competencia de la policía o del ministerio de Defensa.	''Si la persona cumple debe entregársele el pago, el estado no puede decir que no, no es una cuestión de en algunos casos si pago y en otros no...pero el caso no es sencillo, tiene aristas políticas, jurídicas y éticas'', dijo Eduardo Carreño, director del grupo no gubernamental Colectivo de Abogados. ''El problema es que la recompensa es por información y aquí se fue más allá y se cometió un homicidio porque es una política (la de ofrecer recompensas) para la guerra, no para la paz''.	En un país donde no existe la pena de muerte, abolida en Colombia a comienzos del siglo XX, ''remunerar la muerte de una persona es una cosa muy compleja desde el punto de vista ético, pero además coloca al estado en el dilema que sino paga, queda como un estado que no cumple'', dijo el abogado Miguel Garzón, de la Universidad de los Andes. ''Pero si paga estamos en la época del salvajismo...porque quien comete un delito debe pagar por ello'', agregó.