Hasta 3 mil milicianos han regresado a la lucha armada. Millones de colombianos aún aguardan la llegada de carreteras, escuelas y electricidad. Al menos 500 activistas y líderes comunitarios han sido asesinados y más de 210 mil personas han sido desplazadas de sus hogares. E Iván Duque, el nuevo Presidente de Colombia, quiere cambiar un compromiso que fue fundamental para que los rebeldes acordaran poner fin a la violencia.	Emilio Archila, un asesor del Gobierno, dijo que muchas de las promesas del acuerdo —como el suministro de agua y electricidad— tardarían más de una década en cumplirse.“Cualquiera que piense que podíamos resolver estas problemáticas en dos años no comprende la magnitud del problema”, dijo. El costo de los cambios fue estimado en unos 45 mil millones de dólares.	El acuerdo de paz también ha hecho poco por frenar el violento comercio de drogas al que se volvieron muchos campesinos durante la guerra. Un programa de sustitución de cultivos establecido en el acuerdo de paz prometió pagos en efectivo a los productores que arrancaran sus plantas de coca y las remplazaran por cultivos legales.	Uno de los mayores fracasos se da en el área de seguridad. El Gobierno aún tiene que hacer acto de presencia en muchas áreas rurales, y la ilegalidad y el desorden resultantes han demostrado ser mortales. Las FARC dijeron en mayo que 130 de sus ex combatientes habían sido asesinados desde la firma del acuerdo. Los ex rebeldes también se quejan de que el desarme los deja indefensos contra las pandillas paramilitares en la campiña.