La liberación de los presos políticos derivada de la autoamnistía aprobada por el régimen Ortega-Murillo centrará el debate público en otras demandas como justicia a las graves violaciones a Derechos Humanos y el adelanto de elecciones. Con ello, el régimen tiene dos opciones, aferrarse al poder hasta donde pueda y al costo que sea, o ceder el poder conservando algunas salvaguardas (dinero y cuota de poder). ¿Cómo estas alternativas afectan la ruta de acceso a la justicia?	La más sensata y compleja es la segunda opción, el problema es que no es sostenible porque ceder paso a la institucionalidad democrática implica la reversión de la salvaguardia de impunidad, por lo cual el régimen puede decantar por la primera opción. Pero ¿qué experiencias internacionales nos pueden servir para delimitar la ruta de acceso a la justicia en Nicaragua?	Carlos Fernando Chamorro ha llamado la atención sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). En términos generales, estos organismos cuentan con la participación de instancias internacionales con el objeto y capacidad legal de investigar hechos de interés público.	Lo que tienen en común estos países son: problemas estructurales para garantizar el acceso a la justicia; la corrupción; y la existencia de grupos de poder y/o intereses que han aprendido a convivir con las reglas democráticas. Los problemas de estos países han demostrado ser más grandes que su capacidad institucional de afrontarlos, pero la situación en Nicaragua es más grave y simple a la vez, Daniel Ortega decidió enfrentar a fuego y sangre el descontento popular que clamaba su salida, cometiendo graves violaciones a los Derechos Humanos. Al ser un hecho puntual y un actor, a mi juicio tiene mayor pertinencia dar un vistazo al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que se creó en Colombia tras los acuerdos de paz.	El sistema comprende entre otras cosas una comisión de la verdad; una jurisdicción especial; y medidas de reparación integral. Resulta más simple, ágil y eficaz crear instancias especiales que investiguen y sancionen a los responsables, que sanear las instituciones que nos legará el régimen. Si el régimen cede el poder conservando salvaguardas, el escenario para una Comisión Internacional con facultades investigativas es favorable, aunque deberá coexistir con la institucionalidad vigente en el país. Si el régimen se aferra hasta las últimas consecuencias, arrastrará consigo toda institucionalidad, emergiendo como la opción más favorable para juzgar los crímenes y garantizar el derecho a la verdad y acceso a la justicia de las víctimas, la creación de un sistema de justicia transicional