“En un escenario donde no hay cultura de mercado, partir del supuesto que el mercado esté funcionando, es perjudicial para el consumidor”. Así lo expresó el especialista peruano Walter Gutiérrez Camacho, con la intención de hacer notar que en países de economías de mercado imperfectas, donde la competencia es escasa, la información a la que pueden acceder los consumidores es insuficiente. Esto es importante, si tomamos en cuenta que un consumidor toma mejores decisiones si cuenta con información veraz, clara, precisa y suficiente. Por el contrario, no satisface sus necesidades si su compra es el resultado de un error o de falsa apreciación.	Al buscar una explicación que fundamente la razón de ser de los sistemas de protección al consumidor, se puede hablar de tres situaciones elementales: Primero, la denominada asimetría informativa, que consiste en que el consumidor al momento de elegir los productos, no posee información técnica para identificar las características del producto que adquiere; en segundo lugar, normalmente, el consumidor no negocia las condiciones en las que compra, su voluntad es restringida para aceptar o rechazar las condiciones, y esto se agrava en mercados conformados por pocos oferentes, en los que existe cierta uniformidad en la oferta y la competencia es muy baja; y en tercer lugar, pero no menos importante, estamos en un tiempo en el que algunos proveedores desarrollan técnicas de venta agresivas (publicidad inexacta y subliminal, ventas a domicilio y a distancia), que lejos de procurar que el consumidor tome la decisión que más le conviene, es inducido a tomar una decisión que se traduce en mayores ventas en beneficio del proveedor.	En definitiva, es totalmente válida la frase del profesor René Orúe, en su libro de análisis al sistema de protección al consumidor: “La razón que justifica el derecho de consumo, es la situación de subordinación que tienen los consumidores en el mercado o la situación de inferioridad en que se encuentran los consumidores en el mercado”.	Identificadas las situaciones descritas, es trascendental mencionar cómo responde en Nicaragua la Ley 842, que en su artículo 1 alude a una Ley de orden público, cuyo objeto es procurar la certeza, seguridad y equidad en las relaciones de consumo; además de garantizar la adquisición de bienes y servicios de calidad, y promover la cultura de consumo responsable, confiriendo a los derechos contenidos en su cuerpo el carácter de derechos humanos e irrenunciables.	Si tomamos en cuenta una de las tres situaciones mencionadas que atribuyen el carácter de contratante débil al consumidor, la Ley 842 exige ciertas condiciones mínimas que deben respetar los empresarios al momento de contratar con los consumidores, entre ellas la prohibición a los empresarios de imponer condiciones que les permitan, por ejemplo, modificar unilateralmente los contratos, determinar la utilización obligatoria del arbitraje, establecer que el silencio del consumidor se tendrá por aceptación de cualquier modificación, y otras que establezcan que el consumidor renuncia al derecho de terminar anticipadamente el contrato o retractarse del mismo.	Aunque la Ley 842 dispone, en su objeto, que los derechos que confiere son irrenunciables, es necesario transformarse en un consumidor y persona razonable evitando las compras compulsivas. Ser un consumidor razonable debe ser una aspiración, porque la persona razonable “está siempre pensando en los demás, la prudencia es su guía, y la seguridad primero es la regla de su vida…”