“La Comisión, ha visto con optimismo la instalación del diálogo, creemos que este diálogo debe ser inclusivo, debe tener una alta representación para las organizaciones de la sociedad civil, debe atender temas prioritarios como es la liberación de las personas que fueron privadas de libertad, que fueron detenidas de manera ilegal o arbitraria, y devolver las personerías jurídicas a las organizaciones que les fueron arrebatadas”, mencionó Hernández.	Parenti, miembro del equipo investigador, enfatizó que de las 1,400 personas heridas, entre el 18 de abril y el 30 de mayo, 599 eran heridas por armas de fuego.“Cuando llegamos a Nicaragua, no había ni siquiera una lista clara de muertos, de víctimas (…) la metodología de represión estuvo definida, es la represión através de choques tradicionales, son grupos de personas civiles que actúan a la luz pública, incluso frente a la Policía, que asegura el lugar y no interviene directamente”, señaló Parenti.	Claudia Paz y Paz, actualmente directora de la oficina del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para el programa de Centroamérica y México, señaló que el sistema de justicia fue un engranaje más en la violación de derechos humanos en el país, garantizando “impunidad y criminalizando a los protestantes”.	Mientras tanto, el comisionado Hernández, explicó que la “etapa de represión”, en un momento estuvo dirigida a detener a todas las personas que participaran en las protestas.“Encontramos un patrón muy constante de personas que fueron detenidas ilegal o arbitrariamente, muchos de ellos sin ninguna orden escrita de alguna autoridad competente”, señaló Hernández.