Esa ley ordena al presidente que imponga sanciones contra cualquier persona - incluidos funcionarios del gobierno - que haya perpetrado o sea responsable de dirigir actos de violencia o graves abusos de los derechos humanos de personas relacionadas con las protestas contra el gobierno en Venezuela que comenzaron el 4 de febrero de 2014.	El Tesoro sanciona a 13 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Maduro por socavar la democracia y los derechos humanos. Entre ellos están Tibisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral, el ministro de Educación Elías Jaua y el ombudsman Tarek William Saab Halabi. También hay directivos y exdirectivos de PDVSA y de CENCOEX, el ente que administra las divisas oficiales.	El Tesoro sanciona a diez funcionarios del gobierno venezolano por socavar procesos electorales, censurar medios de comunicación o participar en corrupción los programas de alimentos administrados por el gobierno en Venezuela. Esta decisión tiene lugar después de las elecciones estatales del 15 de octubre de 2017, marcadas por numerosas irregularidades que sugieren fraude a favor del partido gobernante.