La administración de Morales ha estado marcada por su férrea oposición a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a la que no renovó el mandato en septiembre pasado, por lo que perderá vigencia el próximo 3 de septiembre, tras más de 11 años de trabajo contra la corrupción y los aparatos clandestinos de seguridad.