Ocho lotes que suman unos 176 mil pies de madera aserrada de la especie pino, retenida en el puesto de control de Siuna, por una disputa de la misma, pero que a la vista técnica parece ser de reciente corte, actividad que fue mandada a suspender mediante el decreto presidencial 86-2007, aprobado y publicado el 21 de septiembre, demuestra que la tala ilegal del recurso forestal en la zona aún sigue tan campante como antes.	Ambos alegan haber comprado derechos para adquirir ese volumen de madera de un colectivo forestal de mujeres, que trabajan con un plan de aprovechamiento denominado “El Barracón”, de Alamikamba, cabecera municipal de Prinzapolka, de donde salió la madera con destino a Managua, contando para su transportación con un aval del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Norte (Craan), el cual extiende el presidente de la directiva, Carlos Sanders Rigby.	El Consejo Regional Forestal acordó el mes pasado liberar la madera, que con permisos y requisitos exigidos por el Instituto Nacional Forestal (Inafor) se aprovechó antes del paso del huracán Félix por la región, estimándose en menos de 12 mil metros cúbicos, o sea, casi 1 millón 500 mil pies de madera “blanca”, la que luego fue inventariada para confirmar su existencia.	Esa deshonestidad la confirma la procuraduría ambiental en Las Minas, al asegurar que la madera retenida en el puesto de control de Siuna es de reciente corte en el municipio de Prinzapolka, por lo que su extracción y transportación la consideran ilegal, conforme el aún no derogado decreto presidencial 86–2007.	Los procuradores ambientales Felipe Téllez y Alí Enrique López, en virtud del interés supremo del Estado de Nicaragua, pidieron en depósito la madera retenida y solicitaron a la juez civil del distrito en Las Minas, Ana Cecilia Oviedo, intervención en un juicio por disputa de la madera, que promueven los madereros Antenor Urbina y Julio Rodezno.	Puntualmente dijo que si se llegara a confirmar que la madera retenida en Siuna es de reciente corte y no corresponde al inventario realizado por el Inafor, “entonces hay mala fe, es ilegal, no es correcto, y hay que proceder conforme ley para detener esa actividad ilícita que atenta contra los intereses multiétnicos de la región, y se pondría en peligro la flexibilidad mostrada por el Consejo Regional, apuntó el titular del Craan.