La jefa del ejecutivo, Carrie Lam, que suspendió el controvertido proyecto de ley, ha hecho pocas comparecencias públicas. Los manifestantes exigen su dimisión y una investigación independiente sobre la estrategia policial, así como la amnistía de las personas encarceladas por las protestas, la retirada total del proyecto de ley y el derecho a poder elegir a sus dirigentes.