Jaime Aparicio, exjefe de la misión de observación electoral del Centro Carter en 2006, dijo a El Nuevo Diario que las reformas electorales propuestas por la opositora Alianza Cívica “están bien orientadas”, pero podrían mejorarse, y una de las principales exigencias debe ser que el Gobierno regrese la observación electoral, “porque desde el 2006 desistió y estipuló el acompañamiento, lo cual es muy limitado”.	Los trece cambios en la Ley Electoral que propone la Alianza Cívica se basan en la elección de nuevas autoridades electorales que generen confianza a los nicaragüenses; despartidizar las estructuras electorales; alianzas que puedan elegir su nombre y representante legal libremente; acreditación de fiscales de las Juntas Receptoras de Votos, sin discrecionalidad del Consejo Supremo Electoral (CSE).	El exdiputado Eliseo Núñez comentó que las reformas del 2000 se hicieron con el fin de diseñar un “sistema para dos jugadores del mismo tamaño, es decir, el fondo era forzar el bipartidismo, pero nadie esperó que uno de ellos se redujera a la mínima expresión y el otro lograra controlar todo el sistema”.	Núñez también explicó que estas mismas reformas del 2000 fueron en las que el CSE puso “más trabas para la obtención de personerías jurídicas y en el tema de financiamiento a los partidos pequeños, que quedaron con las reformas sin la posibilidad de ir con dinero estatal, por lo que la ley es muy nociva, ya que prácticamente establece el bipartidismo”.	El exjefe de misión del Centro Carter agregó que lo más grave de todo es que Nicaragua “en lugar de mejorar, como ha pasado en muchos otros países, donde se han tomado en cuenta esas recomendaciones, se ha ido deteriorando gradualmente el sistema electoral, los problemas que ya existían en el 2006 en la actualidad se han convertido en un completo deterioro”.	Aparicio considera que el fin era “poder discriminar respecto a quienes están apoyando al oficialismo y quienes no, todo lo contrario a lo que se le recomendó en el 2006 que consistía en realizar un diagnóstico del padrón electoral, pero no se tuvo en cuenta y lo que hicieron no fue una depuración, sino otorgar más poder al CSE”.	Courtney asume que esto se trató de una “situación degenerativa que irrespetaba el derecho popular a la elección y que demostraba el interés del Gobierno de turno, que envió las reformas, de barrer con el porcentaje de la oposición que decidió no votar porque no cree en el sistema electoral, aunque (también) pusieran trámites para renovar tu derecho a votar, los cuales nunca quedaron realmente claros”.	Con las reformas del 2012 los candidatos que quedaran en segundo lugar en las elecciones municipales, pasarían, si ellos lo deseaban, a ser concejales. También se estableció que se triplicaba el número de concejales en los 153 municipios del país, lo cual fue ampliamente criticado por los gastos administrativos en los que incurrirían las alcaldías.	La reforma de estos 6 artículos para establecer el proceso de cedulación permanente, la eliminación del plazo de 90 días antes de las elecciones para cedularse, el padrón publicado en los centros de votos y no el de la juntas receptoras y el cierre del padrón electoral 30 días antes de las elecciones, entre otros puntos.	“Publicaban los padrones electorales junta por junta, de manera que cualquier nicaragüense sabía cuántos electores había en una junta receptora de voto, entonces, cualquiera se daba cuenta que si el CSE envió 150 boletas y el partido político a fin a este órgano gana en esa junta con 400 se había cometido un fraude, entonces, para evitar semejante fiasco empiezan a esconder los datos, cambian y dicen que solo van a publicar los padrones del centro de votación, lo cual dificulta la fiscalización, porque a la hora de tener un reclamo, el CSE te pide en qué junta tenés el reclamo, no te pide el centro de votación”, explicó Courtney.