La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se equivocó este jueves al divulgar la identidad de un joven nicaragüense exiliado y confundirlo con el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto José López Gómez, a quien sancionaron por corrupción y lavado de dinero en el manejo del Seguro Social.	En su primer comunicado de este 7 de noviembre, la OFAC identificó a los cuatro sancionados por Estados Unidos: Lumberto Campbell, presidente del Consejo Supremo Electoral; comisionado general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Orteguista; Amadou Koufa, terrorista de Al Qaeda y al capitán en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto José López Gómez como presidente ejecutivo del INSS.	Sin embargo, en este primera comunicación, se cometió un error al acompañar el anuncio de las sanciones al capitán en retiro con la cédula de identidad y datos de un homónimo Roberto José López Gómez, quien se encuentra en el exilio debido, precisamente, a la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la población nicaragüense que protesta desde abril del 2018.	El «Roberto José» al que el Departamento del Tesoro identifica en su primer anuncio de sanciones, es un concejal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y presidente municipal de esa organización política en Granada, quien se encuentra en el exilio debido a la persecución y amenazas de la Policía Orteguista y grupos parapoliciales del régimen contra él y su familia, por haber participado en las protestas en esta ciudad en 2018.	«Roberto José me llamó ayer, bien preocupado, porque teme que lo vayan a deportar y eso sería entregarlo en las garras de la policía, porque él se fue del país precisamente porque lo andaban buscando y amenazando por haber participado junto a otros miembros del partido en las protestas de abril en Granada», explicó Flores.	Según el Departamento del Tesoro, el INSS es «una entidad que, en forma directa o a través de sus miembros, ha participado en una o varias transacciones en las que se recurrió a prácticas engañosas o corrupción del gobierno de Nicaragua, en representación de éste o con algún otro tipo de relación con dicho gobierno o de un funcionario actual o exfuncionario, como la apropiación indebida de bienes públicos o la expropiación de bienes privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción vinculada con contratos públicos o sobornos».	«El anuncio realizado el 16 de abril de 2018 por López sobre cambios en el INSS provocó las protestas que marcaron el inicio de la crisis política. El INSS es uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción y ha sido usado como caja negra por el gobierno», dice el documento oficial de las sanciones.	«El INSS se ha visto afectado por escándalos de corrupción y maniobras de lavado de dinero mientras López ha estado a cargo de la institución, que incluyen desde financiar la construcción de un rascacielos valuado en varios millones de dólares en terrenos de propiedad de López hasta favorecer contratos con empresas constructoras y proveedores farmacéuticos vinculados con el gobierno o efectuar pagos ilegítimos a funcionarios a través de sociedades pantalla», explica el documento de Estados Unidos.