Demócratas y republicanos de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos han alcanzado un acuerdo para convertir en ley el programa de escuchas ilegales puesto en marcha a golpe de decreto presidencial por la Administración de George Bush tras los atentados del 11-S. Se trata de la reforma del espionaje de las comunicaciones más importante de las últimas tres décadas.	Dentro de la arbitraria recomposición de la seguridad nacional que el Gobierno republicano hizo tras los ataques terroristas --Guantánamo, cárceles secretas, técnicas de interrogatorios a detenidos…, todas ellas cuestionadas por el Tribunal Supremo y el Congreso-- los poderes de que se dotó la Casa Blanca en cuanto al espionaje electrónico sobrevivirán a la era Bush.	Presionados en gran medida por el poder de las empresas de telecomunicaciones --que hacían posible pinchar los teléfonos y otros medios de comunicación como los correos electrónicos--, que se enfrentaban con hasta 40 demandas millonarias de ciudadanos en los tribunales por prestarse a este espionaje, ambos grupos políticos del Congreso alcanzaron a última hora del jueves, tras meses de parones y tiras y afloja, el acuerdo que el viernes debía votar la Cámara y la semana próxima el Senado. La votación saldrá con toda seguridad adelante y Bush tendrá pronto encima de su mesa la ley para firmarla.	Sin duda se trata de una gran victoria de la Casa Blanca y, no en menor medida, de las compañías telefónicas. En cuanto la ley entre en vigor, el Gobierno podrá espiar las comunicaciones de ciudadanos de EU y de aquellos extranjeros sospechosos de actividades terroristas, sin necesidad de una orden judicial.	Antes de los ataques del 11-S, el Gobierno necesitaba permiso de un juez si quería escuchar una conversación de un ciudadano norteamericano, según la Ley de Escuchas para el Espionaje Extranjero de 1978, creada tras los abusos de la época del Watergate. Pero la Administración Bush obvió esa ley tras el 11-S y llevó a cabo un programa de escuchas secreto durante casi cinco años, hasta que	Entre los puntos más polémicos de esta nueva ley, está el de que se garantizará inmunidad a las empresas telefónicas que han colaborado y colaborarán con el programa de escuchas del gobierno de EU, sin exigir una orden judicial previa. Si alguna agencia dependiente del Pentágono exige grabar las conversaciones de una persona citando razones de seguridad nacional, las empresas podrán permitir que se escuchen todas las conversaciones telefónicas que esta persona mantenga durante una semana (antes eran tres días).