La misiva de la CIDH señala que, pese a la convocatoria de negociación y diálogo para conseguir la paz, del 21 de febrero, realizada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, han notado que el proceso se ha enmarcado en un contexto en el que aún se observan violaciones a los derechos humanos.	Por lo cual, los defensores de la CIDH insistieron que para que el diálogo entre la oposición y el Gobierno de Nicaragua funcione se debe de garantizar que las conversaciones cumplan con cuatro principios: representatividad, paridad, libertad y credibilidad, además, de permitir la realización de manifestaciones públicas, como derecho constitucional que tiene todo nicaragüense.	La CIDH reiteró su llamado a las autoridades nicaragüenses sobre el cese a la represión y garantías de condiciones para el goce de los derechos humanos de la población nicaragüense, permitiéndose en la práctica “las manifestaciones públicas, cesando la ocupación policial desproporcionada de los espacios públicos, a fin de desactivar el ambiente de intimidación y represión en todo el país”.	El llamado de la CIDH también se extendió al restablecimiento de la personería jurídica de las organizaciones de la sociedad civil, que fueron canceladas vía decreto a mediados de diciembre de 2018, con el fin de que en Nicaragua avance en la “construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional a la grave crisis de derechos humanos que vive el país”.