La oposición se encuentra en una nueva encrucijada. Por un lado, insiste en que dejará caducar la Ley Marco para que el próximo 20 de enero entren en vigor las reformas constitucionales aprobadas en 2005 y refrendadas en 2006, y con ello restar facultades ejecutivas al presidente de la República, Daniel Ortega.	Por otro lado, aún no logra el consenso necesario en torno a las leyes ordinarias que crean la Superintendencia de Servicios Públicos, Sisep, y el Instituto de la Propiedad. Ambas instancias son parte de la reforma constitucional, sin embargo, requerían de sus respectivas leyes creadoras, pues en las enmiendas a la Carta Magna aparecen únicamente como enunciados.	El temor de la oposición, a juzgar por los hechos, es caer “en la trampa” de la repartición de cargos, en particular porque no tienen los votos requeridos para nombrar a los funcionarios correspondientes, pues necesitan de 56 votos. Sumados los diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador, ALN-PC, Movimiento Renovador Sandinista, MRS, y la Bancada por la Unidad, cuentan únicamente con 52.	Para el diputado del PLC y presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, José Pallais, la Sisep y el Ministerio de Energía y Minas no podrían coexistir. “Al crearse el Ministerio de Energía y Minas se trastocó la Ley de la Sisep; hay un choque de disposiciones en el espacio y en el tiempo”, explicó.	De cualquier manera, un reparto de cargos en la Sisep sería imposible sin la participación del Frente Sandinista. Pallais considera necesario resolver primero el problema jurídico que se les presenta con la Sisep y el Ministerio de Energía y Minas, y luego buscar una solución al nombramiento de los cargos si se decide dejar vigente la Sisep.	“Lo que establece (la reforma) es que el superintendente y los intendentes de servicios públicos son nombrados con 56 votos, pero la institución como tal no existe en la Constitución; entonces, como no se tienen los 56 votos para reformar la Constitución, se aprueban leyes ordinarias para derogar otras leyes ordinarias, que sólo requieren de 47 votos”, explicó.	“En las condiciones actuales no se puede esperar que el Frente Sandinista tenga una negociación adecuada con la oposición”, señaló. Núñez insistió en el acuerdo del bloque opositor de no negociar nada con el Frente Sandinista mientras no se solucione la crisis institucional y se devuelva a la Asamblea Nacional la facultad de legislar sin un control previo.	A juicio de Castillo, la derogación de la Ley creadora de la Sisep es una propuesta política y carece de asidero jurídico, pues una ley ordinaria no puede anular una disposición constitucional. “La Sisep fue creada por disposición constitucional; lo que se puede es reformar su ley creadora, modificarla, pero no se puede eliminar porque tiene rango constitucional”, insistió.	Además, señala Castillo, al entrar en vigor las reformas, el PLC reclamará los cargos nombrados en la Sisep, cuyo titular es precisamente el ex diputado Víctor Guerrero; mientras que los cargos en las intendencias de Agua Potable, Telecomunicaciones y Defensa del Consumidor deberán asumirlos quienes fueron nombrados en esos cargos antes de aprobada la Ley Marco.