Pánfilo Orozco y Óscar Ruiz, abogados del ex policía Diógenes Medina Martínez, Iris Antonio Barrera y José Ramón Hurtado, le pidieron ayer al juez Donaldo Alfaro, que a la hora de sentenciar a sus representados tome en cuenta la participación que tuvo cada cual en los delitos, que las penas se cumplan de manera simultanea y que analice que la muerte de don Fidel Antonio Díaz no ocurrió a la hora del asalto en Ferretería Alvarado, sino en un lugar distinto, media hora después del atraco. Por su parte, la fiscal Stephany Pérez solicitó 36 años de cárcel para cada reo, a razón de 30 años por robo con intimidación seguido de muerte, tres por asociación para delinquir y tres años más por exposición de personas al peligro. Como la pena máxima en Nicaragua es de 30 años, la Fiscalía demandó que les impongan la máxima, atendiendo a la existencia de al menos cuatro agravantes, posición respaldada por el acusador particular Roberto Mendieta López, quien señaló que en el caso del ex policía hay dos agravantes más, como son el mayor grado de ilustración, porque es estudiante universitario de matemáticas, y la reincidencia, porque ya cumplió una sentencia por robo con intimidación. Pese a la expectativa de familiares de víctimas y acusados, el juez no dio fecha de notificación de condena.	Tras tres años en fuga y ser capturado, el juez Quinto Penal de Audiencias, Julio César Arias, le reconfirmó la prisión a Juan Ramón Sánchez Neyra, quien el 16 de junio enfrentará juicio por la supuesta coautoría de los delitos de homicidio, lesiones y robo de un tanque de gas, en perjuicio de José Ramón Vásquez Zavala, delitos ocurridos el cuatro de abril de 2005, en el barrio San Judas. El defensor público del acusado, Leonardo Gálvez, indicó que su cliente no tuvo ninguna participación en los hechos, porque la misma acusación dice que quien le dio dos pedradas en la cara y cabeza a la víctima para hacerla caer al suelo es otra persona. Tampoco su cliente atacó a Humberto Giovanni Ruiz, cuando éste quiso auxiliar a la víctima en el momento que empezó a convulsionar por las pedradas que recibió, simplemente estuvo en el lugar. Sin embargo, el juez determinó que aunque el acusado no haya participado del homicidio y lesiones, actuó de manera concertada con los otros para cometer el delito e incluso machete en mano evitó que auxiliaran a la víctima, y como si eso fuera poco, estuvo prófugo de la justicia por tres años.	Pese a que fue citado para comparecer a juicio en el Juzgado Quinto Local Penal, el conductor de la ruta 210, Fernando José Pérez, no se apareció por el juzgado, por lo que el fiscal Walter Centeno pidió que sea citado por segunda vez para el 30 de abril, so pena de ser declarado en rebeldía y mandado a capturar si no comparece. Pérez está acusado porque el 17 de diciembre del año pasado, presuntamente, invadió de manera temeraria el carril por donde iba la camioneta de Lesbin Manuel Díaz, quien se estacionó delante del bus para apuntar el número de placas del busero abusivo, pero éste bajó de la unidad de transporte colectivo con un machete, con el cual le propinó varios machetazos en la puerta delantera derecha a la camioneta, provocando daños superiores a los 2,800 córdobas. Luego, el busero amenazó de muerte al conductor y a su acompañante, acción que fue repetida por el ayudante, Humberto Virgilio Rueda, quien supuestamente le dijo a Díaz: “Si yo fuera el conductor, ya te hubiera macheteado”.	Porque no puede tener a su bebé por la vía normal y será sometida a una cesárea, la Juez Tercero Penal de Juicio liberó a Karla Vanessa Pavón Baltodano, de 23 años, quien está acusada por la presunta autoría de lesiones físicas y sicológicas en perjuicio de su hijo de ocho años. La Fiscalía explicó que las autoridades del penal de mujeres “La Esperanza” mandaron una carta a la juez de juicio explicando la situación, lo que obligó a la autoridad judicial a revocar la prisión y reprogramar el juicio para la acusada, el que inicialmente estaba previsto para el seis de mayo, pero ahora no tiene fecha, porque la vista se celebrará hasta que la imputada esté bien. Durante la audiencia de revisión de medidas, la acusada pidió permiso para ver a sus hijos, pero la juez de la causa se lo negó en lo que hace a la víctima y testigo, pero en cuanto a los otros menores de siete, cuatro, tres y dos años, respectivamente, no se pronunció porque éstos están bajo la tutela del Ministerio de la Familia. Los hechos por los que la joven madre fue acusada, ocurrieron en enero de este año, en el barrio Los Martínez, cuando supuestamente la mujer amarró al niño de ocho años, lo amordazó con una toalla y lo golpeó con una faja de cuero porque había perdido un córdoba. Presuntamente después le puso un machete sobre los deditos para cortárselos, pero no lo hizo, sino que lo tomó de las manos y se las introdujo al fuego al tiempo que lo golpeó en todo el cuerpo, el menor huyó, pero fue perseguido con un cuchillo.