Más de 3.500 millones de personas –esto es, la mitad de la población mundial– viven en países ricos en recursos extractivos, como el petróleo, el gas y los minerales. Sin embargo, con demasiada frecuencia los beneficios de esta riqueza no respaldan el desarrollo del país y, por tanto, no favorecen al ciudadano común. Debido a la naturaleza de los recursos extractivos, los gobiernos tienen el desafío de gestionarlos con eficacia, transparencia e inclusión.	Ahora es el momento de alcanzar un acuerdo más amplio sobre normas más estrictas. Esta semana, representantes de gobiernos, del sector privado y de la sociedad civil de todo el mundo se reúnen en Sidney (Australia) para asistir a la sexta edición de la Conferencia Mundial de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).	El concepto que subyace a la EITI es sencillo. Los gobiernos que pertenecen a la iniciativa colaboran con organizaciones del sector privado y la sociedad civil para publicar un informe anual que compara dos cifras: los ingresos que según sus informes perciben los gobiernos y los pagos que las empresas extractivas han informado de haber realizado por sus actividades petroleras, gasíferas y mineras. Este sistema incentiva la honestidad y proporciona la información necesaria para la rendición de cuentas.	Estados Unidos ha respaldado la EITI desde que se conformó hace diez años. Los principios de la EITI relativos a la transparencia de los ingresos son valiosos para países en todas las regiones y de cualquier nivel de desarrollo. Por ese motivo, Estados Unidos trabaja con ahínco para convertirse en miembro pleno y sumarse a una comunidad cada vez mayor de más de 35 países de África, Asia, América Latina y Europa que también han asumido este compromiso con sus pueblos.	Las leyes de Estados Unidos exigen a determinadas empresas que presenten informes anuales a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, en los que dan a conocer los pagos que realizan a gobiernos de todo el mundo por concepto de actividades petroleras, gasíferas y mineras. Estos informes servirán de complemento a la EITI, puesto que esclarecen los pagos que perciben los gobiernos por sus recursos extractivos, incluso para países que no son miembros de la EITI.	Sin embargo, la transparencia de los ingresos por sí sola no es suficiente para que el ciudadano entienda a grandes rasgos la manera en que su gobierno gestiona los recursos nacionales de petróleo, gas y minería. Debemos ir más lejos. Por consiguiente, esta semana en Sidney, los miembros alcanzarán un acuerdo oficial sobre una serie de cambios estratégicos en la EITI.	El objetivo es que los informes de la EITI sean más exhaustivos, confiables y fáciles de analizar. Las reformas también exigirán a los gobiernos que suministren a sus ciudadanos información básica sobre el sector extractivo de su país, como por ejemplo qué licencias se han concedido y a quién, así como la cantidad de la producción y la función de las empresas petroleras estatales del sector. Asimismo, la EITI animará a los gobiernos a publicar los contratos vigentes que tienen con empresas. La transparencia beneficia a las empresas estadounidenses porque les ayuda a entender mejor el entorno operativo de un país a la hora de sopesar sus decisiones de inversión.	Estados Unidos apoya firmemente estos cambios que permitirán a la EITI contribuir de manera más eficaz a que los ciudadanos de los países ricos en recursos se beneficien de sus recursos naturales. Con esta información, los ciudadanos podrán responsabilizar a sus gobiernos para que la sociedad general se beneficie de los ingresos obtenidos de los recursos.