En diferentes momentos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  condenó la reacción estatal que causó la muerte de al menos 325 personas y más de 2,000 heridos; más de 600 personas detenidas y enjuiciadas por “terroristas”; el despido de más de 300 profesionales de la salud; la expulsión de un centenar de universitarios y el exilio de más de 50,000 nicaragüenses.	Desde el 18 de abril, la CIDH identificó diversos patrones de “violaciones a derechos humanos”, como el uso arbitrario de la fuerza, evidente en el ataque de miembros de la Juventud Sandinista contra estudiantes, miembros de la sociedad civil y otros ciudadanos que se fueron sumando a las protestas contra el Gobierno.	La segunda etapa inicia oficialmente con la denominada operación limpieza, que despliega operativos en diferentes ciudades como Diriá y Diriomo, en Granada; Niquinohomo, Catarina, La Concepción y Monimbó, en Masaya; y San Pedro de Lóvago, en Chontales. Para entonces, este organismo internacional que monitorea la crisis desatada el 18 de abril, contabilizaba un total de 277 muertos.	El Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua(Meseni), de la CIDH, recibió información de que la Fiscalía utilizó formatos de “acusación preestablecidos” para imputar graves delitos como terrorismo, crimen organizado y otros similares a quienes participaron en las protestas o les dieron apoyo, incluso, a quienes proveyeron asistencia humanitaria, como donaciones de alimentos y medicamentos.