exigimos la liberación inmediata de los presos, llamamos al Gobierno a reconsiderar su decisión de condenar la presencia del GIEI y otros grupos, no podemos guardar silencio, debemos empezar a implicar la Carta Democrática, Nicaragua ya no es una sólida democracia, pedimos al Estado que responda a su pueblo y convoque a elecciones libres como parte de un diálogo nacional".	La delegación de Perú también condenó la salida del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MESENI, así como el retiro del GIEI. "Vemos con total preocupación la situacion en el país, que cada día se agrava aún más y aleja al gobierno de sus compromisos y obligaciones de garantizar los derechos humanos, los estados miembros de la OEA no podemos permanecer impasibles ante lo que sucede".	La delegación de Argentina refirió que "sabemos que el uso de la fuerza la tiene el Estado, está claro. Estamos hablando de terrorismo de estado lo que sucede en Nicaragua, reunirse en las calles no debería ser un delito, cantar el himno ni lanzar globos de colores, no debería ser un delito; los informes demuestran que en Nicaragua no hay democracia".	Suspención de la invitación a permanecer en el país Nicaragua al MESENI y la finalización ancticipada del mandato del GIEI sin la posibilidad de presentar su informe en el país que incumple las recomendaciones luego de la primera visita de la CIDH en Nicaragua, que incluyó la apertura del gobierno del monitoreo internacional.	El 21 de junio durante la presentacion del informe "Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua", la Comisión denunció los patrones comunes de violaciones a los derechos humanos, confirmados ahora por el GIEI, que son el uso arbitrario de la fuerza, fuerza letal por agentes de la policía y grupo parapoliciales para disuadir las protestas, negación de atencion médica a los heridos, sanciones a quienes brindaban servicios medicos, obstrucción del trabajo humanitario, detenciones arbitrarias, violencia y ataque a periodistas y medios de comunicación.	En una cuarta etapa de represión del gobierno, en los últimos dos meses el Estado de Nicaragua no ha permitido ninguna manifestacion, el 13 de octubre el Gobierno decretó la prohibición de marchas ciudadanas ademas implementó una estrategia estatal para impedir cualquier protesta social como es la ocupación de espacios públicos tales son las rotondas que anteriormente fueron usadas por los manifestantes".	En general, la CIDH contabiliza 117 atentados contra la libertad de expresión, 24 niños, niñas y adolescentes muertos durante el contexto de la represión y otros lesionados, baja presencia de estudiantes en escuelas y un adoctrinamiento político en ellas, alteraciones en calendarios escolares, presencia de policía en las comunidades y espacios públicos, desde el 18 de abril se tiene registro de 325 muertos; 550 detenidos, más de 2,000 heridos, 300 despidos a profesionales de la medicina y 80 alumnos expulsado de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua por haber participado en las manifestaciones políticas.