Dos diputados del Partido Liberal Independiente (PLI) y uno de la Alianza por la República son incondicionales de la dictadura y así se lo demuestran apoyando las decisiones desde la Asamblea Nacional para intentar esquivar las sanciones estadounidenses contra Bancorp y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), que en el fondo buscan encubrir la corrupción y el lavado de dinero al ser parte del esquema que se le atribuye al régimen de Daniel Ortega.	Los que nunca discuten, reclaman y objetan son los del PLI y Apre pues son fieles a la dictadura de Daniel Ortega, quien se «ganó» esa lealtad al allanarles el camino mediante el fraude electoral de las elecciones del 2016,  para representar a sus respectivos partidos políticos en la Asamblea Nacional, a pesar de que son partidos con una nula base representativa de simpatizantes.	Las leyes de nacionalizar los inventarios de hidrocarburos y combustibles de la DNP y la que se aprobó para convertir al Bancorp en el Banco Nacional (en marzo del 2019) son quizás las dos leyes más controversiales de las aprobadas por los diputados orteguistas este año, porque fueron concebidas especialmente para favorecer el esquema con el que el régimen de Ortega y Murillo pretendieron recuperar el dinero de esas compañías.	En 2016 el régimen usó a la Corte Suprema de Justicia para despojar a Montealegre de la representación legal del PLI la que se le entregó a Pedro Reyes, un movimiento político de Ortega para deshacerse de los opositores que le hacían contrapeso real en la Asamblea como en la política en general lo que afectaba sus aspiraciones presidenciales.	Treminio reconoció a Reyes como presidente del PLI para no perder la diputación. En los comicios del 2016 el Consejo Supremo Electoral le asignó al PLI un 4.51 por ciento de los votos, designándose a Treminio y a Mario Asensio Flórez como los dos únicos representantes en la Asamblea Nacional.	Esa convención debió celebrarse en febrero del 2017. Mario Asensio Flórez como representante legal debió promover la convención, pero siempre que los periodistas de medios independientes le consultan del tema su excusa es que estaban reestructurando al partido que quedó sin dirigentes en varios departamentos y municipios tras la debacle de las elecciones del 2016.	Mario Asensio Flórez respondió: «Avalamos la parte administrativa para el bienestar en general de la población, para que no haya desabastecimiento de combustibles, porque al haber una disminución por parte de DNP y no se tiene el control del almacenamiento de esa empresa, entonces si no se libera para que pueda disponer el Estado de esos inventarios no se podrán vender para que siga llegando combustibles sin problemas a la gente».	«¿Ese combustible es parte del esquema del lavado de dinero del que EE.UU. acusa a la DNP, entonces usted con su voto expuso al Estado a tener vínculos con un negocio del lavado de dinero?», se le insistió. «A mí no me consta lo que ustedes los periodistas dicen», fue la respuesta de Asensio Flórez.	«Las repercusiones políticas no son del resorte de nosotros», dijo Flórez sobre las consecuencias que puedan recaer por efecto de las sanciones de EE.UU. al Ministerio de Energía y Minas (MEM) al haberse traspasado el manejo de los inventarios de los combustibles de la DNP para venderla a otras compañías.	En el caso de la Ley del Banco Nacional para salvar al Bancorp, los diputados Treminio y Flórez no fueron tan nacionalistas debido a que se abstuvieron, es decir evitaron quedar registrados en el sistema electrónico de la Asamblea apoyando abiertamente la compra de un banco sancionado por ser parte del esquema de lavado de dinero del régimen Ortega y Murillo. Lo que sí hicieron con la ley de nacionalización de los inventarios de la DNP.	Jerez insiste en que apoyó la Ley «porque lo que se nacionalizó solo es el combustible (propiedad de DNP) que se pondrá  a la venta a la UNO o Puma (las otras petroleras) , creo que la economía del país no se puede detener. Las sanciones nada tienen que ver con la economía del país», afirmó el diputado por Apre.	Orúe refirió que luego de conversar con Mejía no se pusieron de acuerdo con la posición de Treminio, Jerez y Asensio Flórez quienes se negaron a ir en contra de la Ley de nacionalización de los inventarios de la DNP. «Les pedí que nos abstuviéramos, pero no logré convencerlos», dijo Orúe.	«De acuerdo a personas que mejor conocen el tema de los combustible, me explicaron que la situación es difícil debido a las sanciones a DNP y que hay que buscarse salida, y que si no había una acción se deja al país inmerso peor a lo que ya tenemos. Consideré que aunque están acorraladas ante esta situación, no me sumé votando a favor de la ley pero tampoco en contra, por eso solo quedé presente», refirió Orúe.	Todo lo contrario con la «Ley de Aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense», que fue publicada en La Gaceta el mismo sábado 14 de diciembre, a pocas horas de que los diputados FSLN y los tres del PLI y Apre la aprobara.	El régimen envió con solicitud de trámite de urgencia una iniciativa de Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense, para nacionalizar la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP) que fue sancionada por Estados Unidos el jueves 12 de diciembre. La Ley se aprobó este sábado, a las 10:27 a.m., con 73 votos de la bancada oficialista.