En noviembre de 2017, la UE impuso su primer paquete de sanciones consistente en prohibir a empresas europeas la exportación de armas y equipos que pudieran utilizarse para la represión interna en Venezuela. Durante la vista celebrada en febrero, la agente del Consejo de la UE, Petra Mahnic, defendió que el reglamento adoptado respondía «al deterioro de la democracia, del Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela».	El gobierno de Maduro recurrió en febrero de 2018 la creación de ese régimen de sanciones, al asegurar que se vulneró su derecho a ser oído, no se justificó debidamente la decisión y existen errores de apreciación sobre los hechos. Para Caracas, esas sanciones, adoptadas tras la muerte de 125 personas en cuatro meses de protestas opositoras, son además «contramedidas ilícitas conforme al Derecho internacional consuetudinario», según el recurso.	Sin entrar en el fondo del recurso, el tribunal desestima la demanda tras estudiar los motivos de inadmisibilidad defendidos por el Consejo de la UE, especialmente que las «disposiciones impugnadas no afectan directamente» a Caracas. «A lo sumo, pueden tener efectos indirectos» ya que las prohibiciones impuestas a las entidades de los países de la UE pueden limitar «las fuentes en las que Venezuela puede procurarse productos y servicios», según el fallo.	Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE. Además del embargo de armas, los europeos impusieron en 2018 una congelación de activos y prohibición de visados para 18 funcionarios. El Tribunal General debe pronunciarse todavía sobre los recursos presentados por 10 de los 18 funcionarios contra estas medidas individuales, entre ellos la vicepresidenta del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez.	De visita en Bruselas, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, urgió la semana pasada a la UE a sancionar a más responsables venezolanos y criticó su estrategia. «La UE ha sancionado a 18 figuras del régimen venezolano», lamentó el funcionario de Estados Unidos, para quien «un número mucho mayor de personas del régimen están utilizando Europa como una especie de complejo turístico».