Este lunes el Consejo de la Unión Europea anunció que ha aprobado un marco jurídico especial para sancionar al régimen dictatorial de Ortega, el cual en realidad no merece ningún respeto internacional. Es un régimen que no tiene legitimidad jurídica de origen, al ser producto de fraudes electorales; y carece también de legitimidad política y moral, por haber cometido crímenes de lesa humanidad según lo han denunciado los organismos humanitarios internacionales.	El Consejo de la Unión Europea advierte oficialmente al régimen de Ortega que podría aplicarle sanciones específicas, que “consisten en la prohibición de viajar a la UE y la inmovilización de bienes, para las personas, y en la inmovilización de bienes, para las entidades. Además, las personas físicas y las entidades establecidas en la UE tienen prohibido poner fondos a disposición de aquellas que figuren en la lista”.	En efecto, el Consejo de la Unión Europea ha sido claro al reiterar las condiciones para que Nicaragua pueda salir de la crisis sociopolítica en la que se encuentra por la criminal represión de la dictadura. Primero, restablecer la vigencia efectiva y plena de los derechos y garantías de los nicaragüenses, según el acuerdo que el mismo régimen suscribió con la Alianza Cívica en marzo pasado. Segundo permitir el regreso al país de los organismos internacionales de derechos humanos. Y tercero, “un acuerdo sobre reformas electorales e institucionales entre el Gobierno y la oposición, incluida la Alianza Cívica, con el objetivo de garantizar elecciones limpias y transparentes”.	Ortega no puede seguir atrincherándose en su relato falaz de que la situación de Nicaragua es normal, que aquí nadie es molestado por sus opiniones y actos políticos, que hay plena libertad de expresión y de prensa y que las propuestas internacionales para que la crisis sociopolítica se pueda resolver de manera cívica y pacífica son injerencistas. Ese cuento no se lo creen ni siquiera sus aliados de Cuba, Venezuela, Rusia, Irán y Turquía.