A pesar de que en los últimos años han surgido leyes que promueven el acceso preferencial y gratuito de la población indígena, así como el reconocimiento de sus prácticas tradicionales y la atención de acuerdo a sus costumbres, en la práctica aún no se les brinda una atención adecuada de salud, por falta de información adaptada a su cultura e idioma.	Primero, las condiciones de los indígenas son peores que las del resto de la población por enfermedades asociadas a la exclusión, la pobreza y el subdesarrollo (desnutrición, tuberculosis, diarrea y neumonía, entre otras). Segundo, persiste inequidad en el acceso a los servicios, lo que provoca sobre-mortalidad en niños menores de cinco años y en mujeres embarazadas. Y tercero, existe poca oferta de servicios para estos pueblos, pues se continúan realizando programas concebidos para un estado monocultural.	Los programas de salud específicos de Honduras y Nicaragua también se enfrentan a la falta de recursos técnicos y financieros, mientras en Costa Rica y Panamá, éstos cuentan con financiamiento pero requieren de una mayor adaptación cultural. En El Salvador no existe ningún programa de salud destinado a grupos indígenas, y es la única nación de Centroamérica que carece de legislación especial sobre esta materia, a pesar que el 8% de su población se auto-identifica como tal.	Todo lo anterior pone en evidencia la necesidad de continuar readecuando la política de salud pública, para que responda a los derechos de los pueblos indígenas. De esta manera, no solo la hará más efectiva e incluyente, sino que la convertirá en un instrumento de justicia social para el fortalecimiento de la democracia y la estabilidad política y social de Centroamérica.