Además del poder judicial, Ortega tiene el control total de la Policía Nacional, de la cual es su jefe supremo, y cuenta con el beneplácito del ejército, ya que el jefe de este último ha expresado que en Nicaragua lo que ha habido es un intento de golpe de Estado apoyado con el financiamiento de organismos no gubernamentales.	Con el control total del poder en Nicaragua, Ortega se siente protegido a pesar de que organismos internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), han investigado sobre lo ocurrido en Nicaragua después de abril de 2018 y han concluido que Ortega y su gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad contra la población nicaragüense a raíz de las protestas sociales en contra de su régimen.	“Para el GIEI, conforme la información disponible, se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad, particularmente asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución”, dice la conclusión de las indagaciones que en Nicaragua realizaron los del GIEI desde julio de 2018 hasta diciembre de ese mismo año.	“Esto supone ciertas consecuencias, tales como la imprescriptibilidad, la imposibilidad de dictar normas de amnistía o similares que pretendan impedir los juicios o las condenas, la posibilidad de que intervengan tribunales de otros Estados en virtud del principio de competencia universal y hasta la eventual intervención de la Corte Penal Internacional, en caso de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita la situación a la CPI o de que el propio Estado de Nicaragua acepte la competencia en virtud del artículo 12.3 del Estatuto de Roma”.	El entonces presidente Bolaños, ante la amenaza de sanciones económicas de Estados Unidos contra Nicaragua si se adhería al Estatuto, suscribió un acuerdo bilateral entre Nicaragua y Estados Unidos, por medio del cual “Nicaragua y los Estados Unidos de América adquieren el compromiso de no entregar ni trasladar a un nacional de una de las partes, a la Corte Penal Internacional, sin contar con el consentimiento expreso del Estado del nacional requerido”, explica en su blog el director del Instituto Centroamericano para la Integración, Carlos Aráuz.	En ese sentido, el jurista nicaragüense Uriel Pineda reafirma lo dicho por el informe del GIEI, que, aunque Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma, se trata de un “obstáculo vencible” si se quiere acusar a Ortega de crímenes de lesa humanidad, si el Consejo de Seguridad de la ONU le pide a la Fiscalía Penal Internacional que investigue lo que ha ocurrido en Nicaragua.	Por otra parte, la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, aunque ambas están en La Haya, son diferentes. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) no tiene competencia penal para procesar individuos. Es un tribunal civil que se ocupa principalmente de conflictos jurídicos entre los Estados o las organizaciones intergubernamentales. La CIJ es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, mientras que la Corte Penal es independiente de la ONU y no forma parte de su estructura orgánica.	Principales obstáculos de la Corte: aún quedan 60 países (incluidos Estados Unidos, Rusia y China) fuera de su competencia, y varios países africanos (Burundi acaba de retirarse) desconfían de ella. Gambia amenazó también en 2016 con abandonar la Corte por considerar que estaba pensada «para hostigar y humillar a la gente de color, en particular los africanos».el presidente ruso Vladimir Putin aseguró en noviembre de 2016 que su país no tiene intención de ser parte del Estatuto de Roma, firmado en 2000 pero no ratificado aún.	actos que violan las leyes o costumbres de la guerra definidas en los Convenios de Ginebra y de La Haya, incluidos ataques contra civiles, tortura, malos tratos o asesinato de prisioneros de guerra. Alcanzan también a los actos cometidos en conflictos armados internos, si bien no se aplica a situaciones de tensiones y disturbios internos como motines, actos aislados de violencia o situaciones parecidas.	De acuerdo con la página Web de Amnistía Internacional, la estructura de la CPI la integran una Presidencia con tres representantes de la magistratura, una División Judicial con 18 jueces y tres Secciones (Casos Preliminares, Primera Instancia y Apelaciones), la Oficina de la Fiscalía y el Registro. En la Corte, que tiene seis oficinas sobre el terreno, trabajan 700 personas de 90 países.	La primera sentencia condenatoria llegó en 2012, cuando la Corte impuso una pena de 14 años de prisión a Thomas Lubanga, exdirigente de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, por el reclutamiento y utilización de niños y niñas soldados en la región de Ituri (República Democrática del Congo, RDC) entre septiembre de 2002 y agosto de 2003.	En 2016 la CPI impuso 18 años de cárcel a Jean-Pierre Bemba Gombo, exvicepresidente de la RDC y exjefe militar del Movimiento para la Liberación del Congo, por crímenes de guerra y de lesa humanidad –incluidos asesinatos, violaciones como arma de guerra y pillaje– cometidos en 2002-2003 en la República Centroafricana.	En 2016 se registró también la primera condena por destruir patrimonio cultural: el yihadista Ahmad Al Mahdi Al Faqi, alias «Abu Turab», recibió una pena de 9 años de prisión por la destrucción de nueve mausoleos y una mezquita en Tombuctú (Mali) que eran patrimonio de la humanidad; en tanto que «objetivos religiosos, no militares», se consideró crimen de guerra.