El Gobierno de Funes, de acuerdo con la Fiscalía, acordó con ASTALDI el pago directo de 108,5 millones de dólares, que incluía la cancelación de "la obra ejecutada hasta el momento, más una suma adicional de 45.244.418 dólares, sin existir base legal ni técnica" para el monto extra.	Estas acusaciones se suman a otros dos procesos contra Funes en etapa de instrucción por la supuesta malversación de más de 351 millones de dólares y el pago de sobornos al ex fiscal general Luis Martínez para evitar investigaciones por una tregua entre las pandillas y la construcción de la referida represa.