Las enfermeras del Hospital San Juan de Dios de Estelí se negaron a atender a César Noé Castillo Castillo cuando llegó con un balazo en el pulmón derecho. Eran casi las 10 de la noche del 20 de abril de 2018, cuando un médico lo miró quejándose en la camilla. Reconoció que era su amigo y por eso abrió las puertas de la sala de Urgencia para tratar de contenerle la hemorragia en la espalda.	“La orden era que cerraran las puertas (de los hospitales) a todos los heridos”, dice Miriam Castillo, hermana de César Noé, desde Miami, en donde está exiliada después de denunciar que su hermano murió por negligencia de los hospitales públicos de Nicaragua. “Los especialistas (médicos) se tomaron las salas del hospital (de Estelí) y dijeron que iban a atender a todos los pacientes por igual, por eso fue que a mi hermano lo metieron finalmente”, agrega.	César Castillo estuvo hospitalizado nueve días. Lo diagnosticaron parapléjico, pues había perdido sensibilidad desde el ombligo hasta las piernas. Nunca le dijeron que todavía tenía una bala alojada en la espalda y le dieron de alta con una receta de Ibuprofeno como único tratamiento. Ese mismo día, a las dos horas sufrió un paro respiratorio por el que regresó al hospital. Sin embargo, 24 horas después le dieron alta médica nuevamente. “Ya no lo querían tener en el hospital”, dice la hermana.	Castillo es uno de nueve casos de ciudadanos que murieron por falta de atención o negligencia en los hospitales que registró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), conformado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para investigar las muertes ocurridas entre el 19 de abril y el 30 de mayo de 2018 en el contexto de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.	El caso más emblemático fue el del adolescente de 15 años de edad, Álvaro Conrado, que tras recibir un balazo en el cuello le negaron la entrada en el Hospital Cruz Azul, de Managua. Murió desangrado minutos después. “A mi hijo le negaron la atención médica. Tiene que pagar también el que no dio atención médica y cerró el hospital”, dice Lizeth Dávila, madre del adolescente.	La desatención en los hospitales fue criticada como violatorio a la Constitución, ya que la Ley General de Salud establece que es un derecho “recibir en cualquier establecimiento de salud, público o privado, atención médica-quirúrgica de emergencia cuando la necesite mientras subsista el estado de grave riesgo para su vida o su salud”.	La principal señalada por estas muertes fue la extitular del Ministerio de Salud, Sonia Castro, que el 21 de junio de 2019 fue sancionada por el Departamento del Tesoro por “dirigir el Ministerio de Salud que violó los derechos humanos de los manifestantes heridos”. El documento cita: “El Minsa rechazó el tratamiento a las víctimas de la represión, lo que empeoró las lesiones e incluso condujo a la muerte de algunos manifestantes por la falta de atención médica”.	Miriam Castillo, hermana de César, todavía guarda las fotografías de aquellos días, que le sirven como memoria de la agonía de su hermano. Tiene fotos de cuando estuvo en casa, con un esparadrapo manchado de sangre. De las placas que le hicieron donde se ve alojada la bala en la espalda. La autopsia, la epicrisis. Todo le recuerda las fiebres que el hombre sufría, las horas de dolor, hasta el día de su muerte.	No se ha conocido un documento oficial o audio de que hubo una orden explícita de no atender a los opositores heridos. Sin embargo, LA PRENSA recopiló tres testimonios de médicos que formaban parte de unidades de salud públicas en los días de las protestas y de dos médicos independientes que atendieron a las víctimas, en los cuales coinciden en que hubo en todos los hospitales públicos del país un patrón de no atender a manifestantes.	“Nosotros estábamos claros de lo que ocurría en todas las unidades de salud, había una orden perversa: en la calle dispararle a la gente y en los hospitales no atenderla”, dice el doctor Ricardo Pineda, de la privada Asociación Médica Nicaragüense (AMN). “Es la misma política de exterminio con diferentes ejecutores”, agregó.	Pineda ahora se encuentra exiliado en España, después de recibir amenazas de muerte por funcionarios orteguistas. Él fue uno de los médicos que atendió a las víctimas de la represión. Su rostro se volvió más visible cuando emitió un video denunciando que estaba atrapado en la iglesia Divina Misericordia el 14 de julio de 2018, la noche que los paraestatales atacaron durante más de 15 horas a los jóvenes atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma (UNAN) de Managua que se refugiaron en este sitio.	Según varios de los médicos consultados, hubo diferentes formas de ejecutar esta orden. En algunas unidades de salud fueron los guardas de seguridad, que pertenecen a la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud), los que impedían la entrada. En otros hospitales, como en el San Juan de Dios de Estelí, donde llegó César Noé, fueron las enfermeras, también que pertenecen al sindicato pro gobierno, las que se negaron. No obstante, en varios hospitales, fueron los propios médicos que desatendieron o cometieron negligencias contra los pacientes heridos.	En el informe del GIEI se reportan casos en Chinandega, León, Estelí y Managua, particularmente en el Hospital Lenín Fonseca y el Alemán Nicaragüense. Un médico que todavía trabaja en el Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales (Heodra) de León, asegura que la orden de no atender fue bajada por la administración del centro. “No solo se orientó negar la atención, sino que se ordenó tomar los datos de todos los chavalos que llegaran heridos”, dice el galeno, quien omite su nombre por razones de su seguridad.	La Unidad Médica Nicaragüense (UMN) recibió denuncias de que en algunos hospitales los pacientes con balazos fueron subvalorados, enviados a sus casas, y murieron a causa de una sepsis (infección generalizada) 72 horas después. En el Hospital Manolo Morales de Managua, por ejemplo, se registró que paramilitares llegaron a las salas de Emergencias a sacar heridos. “Eso se llama tortura y lesión. Son daños de lesa humanidad que se niegue la atención en salud. En ninguno de los escenarios de guerra, inclusive, se debe negar la atención”, dice el médico José Vásquez, de UMN.	El médico privado Alejandro Lagos fue uno de los que se puso a la disposición de las víctimas de forma gratuita cuando se enteró que en los hospitales públicos se tomaban represalias contra los manifestantes. “Yo atendí un muchacho de 18 de edad en Masaya que vive detrás del hospital y no fue atendido. Se le estaba pudriendo el pie”, señaló.	La bala nueve milímetros que atravesó a César Noé Castillo fue disparada desde el segundo piso de la Alcaldía de Estelí. La AMN tiene registrado, por medio de denuncias, que la sede de los paraestatales fue el propio Hospital San Juan de Dios de esta ciudad. Incluso, en los días de mayores enfrentamientos, desde este lugar se registraron disparos hacia las barricadas de rebeldes.	En redes sociales circularon varios videos en los que se podía observar a ambulancias trasladando piedras para abastecer a los fanáticos del gobierno. Estos vehículos de las unidades de salud también movilizaban a paramilitares, como quedó registrado en fotografías el 19 de junio de 2018, durante el ataque al tranque en la rotonda de Ticuantepe.	LA PRENSA tuvo acceso a un documento en el que José Humberto Murillo Aguilar, director de Recursos Humanos del Minsa, firmó un acuerdo el 21 de junio de 2019 con el sindicato del hospital público Manuel de Jesús Rivera La Mascota, en el que deja constancia que “la brigada motorizada es coordinada por Fetsalud, como está organizada en otras unidades para su trabajo”. Estos grupos de motorizados desde el 18 de abril apalearon a los manifestantes en Camino de Oriente.	Al momento de su muerte, César Noé tenía 42 años de edad. Trabajaba en una fábrica de puros, le gustaba jugar futbol y pasar tiempo con sus sobrinos. Poco se sabe de los detalles de cómo fue baleado porque al día siguiente lavaron toda su sangre que había quedado derramada en el pavimento del parque. Miriam supo que su hermano estaba herido después de llamar varias veces a su celular. “Una enfermera me dijo que estaba herido”, dice. Desde ese momento empezaron los rastros negros en este caso, así como la bala que no le dijeron que tenía en la espalda y lo mató.	, también se corroboró que existió negación de atención médica. El 23 de mayo recibió un disparo de arma de fuego en el tórax y numerosos golpes en su cabeza durante las protestas realizadas en la Plaza de los Encuentros de la ciudad de Chinandega. Personas entrevistadas por el GIEI indicaron que fue trasladado de urgencia al Hospital España, donde rehusaron darle atención médica y lo dejaron agonizar hasta morir en la madrugada del día siguiente.	el 7 de mayo de 2018 concurrió al hospital Heodra de León debido a un problema de salud que le aquejaba. De la información disponible del GIEI, surge que a la víctima se le habría negado el acceso a la atención por considerarlo un estudiante que participaba en las protestas contra el gobierno. Falleció allí mismo. Este fue uno de los hechos que repudiaron algunos médicos de este centro, quienes luego fueron despedidos.	, fue herido por un disparo de arma de fuego en Ciudad Sandino. Se le negó atención médica cuando fue trasladado hasta el “hospitalito” de esa misma ciudadela. “No se está atendiendo a nadie de estos vagos”, le señalaron desde ese establecimiento a una persona entrevistada por GIEI que lo trasladó. Tras esta negativa fue conducido hasta el Hospital Monte España, donde falleció ese mismo día.	recibió un impacto de arma de fuego en el cuello el 25 de mayo en Ciudad Belén, en Managua. “Tuvimos que casi botar las puertas del hospitalito para que lo vieran, yo pedí que me lo trasladaran y no hacían caso. Se me murió mi hijo por eso, por ellos”, expresó un familiar ante la prensa, luego de que en el centro de salud de ese barrio se rehusaran a atender al muchacho.	fue baleado en el pulmón y su columna el 22 de abril de 2018 en Ciudad Sandino. Fue trasladado al Hospital Lenín Fonseca. “No sentía sus pies”, dijo una persona entrevistada por GIEI. Sin embargo, en el centro solo le tomaron dos placas que nunca le fueron entregadas. Al día siguiente fue dado de alta, con una tratamiento de ibuprofeno y antibióticos. En su casa agonizó dos días y regresó al hospital. Murió de una hemorragia interna el 29 de abril de 2018 por tener la bala dentro del cuerpo.	, falleció tras recibir un disparo en la cabeza. Fue trasladado al Hospital Alemán, luego al Bautista y finalmente al Lenín Fonseca, donde lo sometieron a dos cirugías. La familia de la víctima sufrió obstáculos para ingresar al hospital y luego le negaron información. “Al llegar al Hospital Antonio Lenin Fonseca preguntamos si estaba mi hijo, pero en la recepción me dijeron que no”, dijo la madre de la víctima al GIEI. Médicos y enfermeras le dijeron que “quién lo mandaba a andar en protestas”.