Desde hace varios meses introduje en el Registro de la Propiedad del Departamento de Granada, una escritura para su debida inscripción. Por ello me hice presente en dicha oficina, para retirar el documento en atención al público. La encargada, después de hacer consultas con el personal encargado, expresó que la escritura aún no estaba inscrita, que regresara la próxima semana. Ha pasado el tiempo y la bendita escritura aún no ha sido inscrita. El mismo día que estuve en el Registro, pude observar a otro usuario, a quien le entregaban una buena cantidad de escrituras inscritas, creo que eran entre treinta o cuarenta escrituras. De esto me percaté, pues la empleada y el usuario chequeaban cada documento. De reojo pude constatar que todas las escrituras entregadas pertenecían a la micro financiera FAMA.	En Granada existe una Organización de Abogados, en la cual muchos colegas se quejan del enorme retrazo que tiene el Registro de la Propiedad para entregar inscritas, escrituras, certificaciones, libertades de gravamen y otros servicios solicitados. En el caso de las escrituras, la inscripción dura de dos a tres meses. Una libertad de gravamen que antes duraba veinticuatro horas, ahora la entregan en ocho días; las certificaciones registrales duran más tiempo. Todos los servicios registrales no son gratuitos; por cada servicio el usuario paga al Registro un arancel, dinero que se deposita en una cuenta corriente de la CSJ. De manera que la Corte Suprema de Justicia, sólo en Granada, recibe mensualmente más de Quinientos Mil córdobas, dinero que pagan todos los usuarios por el servicio.	En base a la queja de los abogados, la Junta Directiva se reunió con el titular del Registro exponiéndole los problemas, los retrasos; en particular se expuso la privilegiada atención que tienen los Bancos. La respuesta del Registrador es que hay un acuerdo entre la Corte Suprema de Justicia y los banqueros del país, que consiste en tener en el Registro a una persona que está encargada exclusivamente para atender las inscripciones de todos los Bancos; la persona contratada es pagada por los banqueros, que por esa circunstancias, es que los documentos de las instituciones financieras salen con más fluidez y rapidez que el resto de otros usuarios. El Registro necesita más personal para el resto de usuarios, mas la CSJ no da respuesta.	Esta problemática del Registro de la Propiedad tiene connotación nacional. El mal servicio se expresa en todos los departamentos del país. En Managua la situación es mucho peor; se conoce que ahí el proceso de inscripción dura de ocho, diez meses y hasta un año. Por esta situación algunos abogados y usuarios se ven obligados a buscar contactos internos en el Registro. Para agilizar el trámite solicitan servicio rápido, por lo cual tienen que pagar dinero extra. También se conoce que en el Registro de la Propiedad de Managua, los bancos tienen un personal pagados por ellos, que trabaja exclusivamente para ese sector. El pago para ese personal es remitido por los banqueros en cheque mensual a la cuenta ordinaria de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, no es ningún tabú, ya que el propio Presidente de la Corte, doctor Manuel Martínez, reconoció ante los medios de comunicación social que: “El que tiene plata, platica”. De manera que para los Magistrados de la Corte, el principio constitucional de igualdad es papel mojado, ya que en este país, el que tiene dinero está por encima de otros ciudadanos que no lo tienen.	Los banqueros de este país, además de tener una serie de privilegios que le confiere la Legislación Ordinaria --como la Ley No. 561, conocida como Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras--, litigan sin someterse a trámite de mediación; los documentos de demanda aún siendo privados, prestan mérito ejecutivo; litigan con todas las ventajas, aplicando aquel refrán “Tigre suelto y burro amarrado”. Sin embargo, los banqueros, no conforme con los privilegios, han penetrado al Registro de la Propiedad, colocando su propio personal para sus trámites de inscripción y otros, teniendo preferencia exclusiva, todo en perjuicio del resto de usuarios.	Pero los privilegios de los bancos no quedan sólo en su ley. Sus tentáculos los han extendido a los Juzgados del país. Por ejemplo, en Managua, con el nuevo Modelo de Despacho y Gestión Judicial, con la complacencia de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, abrieron una ventanilla especial en la cual los abogados de los bancos presentan demandas y escritos, de manera que sus acciones judiciales se tramitan rápido; con toda seguridad que el personal que labora en la ventanilla especial es también pagado por los banqueros. Igual ocurre en el resto de departamentos del país; todas las demandas judiciales que interponen los abogados de los bancos tienen una prioridad para los jueces; se provee rápido, se dictan Mandamientos de Requerimientos de pago, se ejecutan embargos ejecutivos, mientras que los juicios de otros ciudadanos languidecen en los archivos; el juez no provee ni tramita las peticiones de otros usuarios de la justicia.	Ante los principios constitucionales de Igualdad (Arto. 27 Cn.) y Justicia Gratuita (Arto. 165 Cn.), la Corte Suprema de Justicia está quedando en una retórica jurídica. Lo que observa el pueblo de Nicaragua es que día a día el servicio público en materia de Justicia, está teniendo un carácter mercantilista y de libre mercado. En otras palabras, si un ciudadano quiere un servicio eficiente, que depende del Poder Judicial --sea Registro de la Propiedad de Bienes Inmuebles--, debe tocarse la bolsa para ver si puede pagar por ese servicio. Asimismo, los jueces civiles abiertamente cobran al usuario por escrituras efectuadas en el protocolo del Juzgado; por ejecutar una sentencia de desalojo, por una inspección ocular, etc., etc., todo esto se hace a vista y paciencia de los magistrados de la Corte, quienes a sabiendas que constitucionalmente el cobros es ilegal, han permitido que se siga con esa nefasta práctica.	La Constitución Política, en el Arto. 159, dispone que el Poder Judicial recibirá del Presupuestos General de la Republica no menos del cuatro por ciento (4%). En este año la Corte Suprema de Justicia recibirá de los impuestos que pagan todos los nicaragüenses Mil Trescientos Millones de córdobas, sin incluir los millones de córdobas que ingresan por servicio registral; sin incluir la ayuda económica que recibe la CSJ de organismos internacionales. Pese a ese Presupuesto Multimillonario, los usuarios resienten un pésimo servicio del Poder Judicial. Se supone que todos los servicios deben ser gratuitos, brindados en igualdad de condiciones, sin discriminación por posición económica y social. No obstante, la percepción que hay en la población es que el Poder Judicial día a día se está Privatizando a favor de una clase pudiente y adinerada. En este problema, de camuflada privatización del Poder Judicial, debe intervenir la Contraloría General de la República, para determinar si la CSJ está haciendo un uso correcto de todos los fondos públicos. Creo jamás a la CSJ le han hecho una auditoria especial para ver cómo se gasta el dinero del pueblo. Creo que es tiempo que a ese poder del Estado le midan las costillas. La Asamblea Nacional debe también intervenir y llamar a los magistrados de la Corte, para que expliquen las razones por las que los jueces de lo civil cobran por ejecutar sentencia, por hacer escrituras, inspección ocular, etc., y por la presencia física que tienen los Bancos en los Registros de la Propiedad de todo el país