La Ley de amnistía aprobada este sábado en la Asamblea Nacional por el oficialismo, fue calificada por diversos sectores como una "ley que busca la impunidad", al pretender proteger a los responsables de los crímenes ocurridos durante las manifestaciones antigubernamentales.Minutos antes de su aprobación, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (AJCD) emitió un pronunciamiento señalando que la Ley "presentada por el régimen es una ley de impunidad porque pretende proteger los crímenes que ha cometido a través de sus instituciones, estructuras partidarias y de paramilitares".	La declaración precisa que en Nicaragua, a partir del 18 de abril pasado, el Gobierno "implementó una política de violenta represión y sistemática violación contra la población que ejercía su derecho constitucional a la protesta cívica y pacífica".Azalea Solís, miembro del equipo negociador de la Alianza Cívica, dijo que el Gobierno prácticamente se otorgó una auto amnistía, que está prohibida por el derecho internacional  y por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH)."¿A quién beneficia? Nosotros la calificamos de auto amnistía, porque beneficia a las fuerzas paramilitares, fuerzas partidarias del sandinismo, a los que cometieron crímenes de lesa humanidad como lo ha señalado Amnistía Internacional y la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michell Bachelet, quien está obligada en septiembre a presentar un informe, pero desde el año pasado se ha denunciado que se han cometido crímenes ".	El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos también reaccionó. En su cuenta de Twitter  publicaron un comunicado dejando claro que no necesitan una Ley de Amnistía, sino que se investiguen todos los crímenes registrados tras las protestas surgidas en abril pasado."No necesitamos una Ley de Amnistía, no la hemos solicitado. Demandamos que se investiguen los crímenes cometidos contra manifestantes pacíficos como Álvaro Conrado, Richard Pavón y Franklin Valdivia, cuyos asesinatos aún siguen en la impunidad y no quieren ser investigados por el Gobierno de Nicaragua", indica un acápite del comunicado.	La Unión de Presos y Presas Políticos (UPPN)  también se sumó al rechazo de la aprobación de la ley. Este viernes por la noche, también en Twitter, divulgó un comunicado en el que condenan y repudian la Ley, así como la pretensión del Estado de "imponer la "Ley de reparación de las víctimas"."Esto es una ley parcializada y utilizada como medio de obstrucción en nuestra búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición", expresa la misiva.	"Dicha ley pretende mantener en la impunidad los graves crímenes cometidos en Nicaragua desde abril del 2018 y que han sido catalogados por los especialistas de derechos humanos y la comunidad internacional como crímenes de lesa humanidad cometidos por el estado, por tanto, son imprescriptibles y no pueden ser objetos de amnistía, así lo señalan los estándares internacionales de derechos humanos", señaló Francis Valdivia, presidenta de AMA.La fuente agregó que desde el surgimiento de la organización, se ha procurado la obtención de justicia para los familiares de las más de 300 víctimas acaecidas a raíz de la represión desproporcionada por parte del Gobierno a manifestantes que participaron en protestas durante el año pasado.	"Nuestros principios como asociación que aglomera a los familiares de las víctimas de la represión son incompatibles con la política de perdón y olvido que el gobierno de (Daniel) Ortega desea imponer por decreto. Luchamos y lucharemos de forma incansable para que los cientos de familias que fueron afectadas, puedan obtener verdad y justicia para sus seres queridos, y para que un país entero no se hunda en la violencia y la impunidad que pretenden imponer Ortega y sus secuaces, a través sus políticas de terrorismo de estado", manifestó Valdivia.	"En nuestro esfuerzo por obtener verdad y justicia, seguiremos apelando porque el Sistema Interamericano de Derechos Humanos condene al estado de Nicaragua, de igual manera estamos impulsando la aplicación del Principio de Justicia Universal con el objetivo de evitar la impunidad de los crímenes cometidos por el estado de Nicaragua. Vamos a recurrir en contra de esta Ley presentaremos el día lunes un Recurso por Inconstitucionalidad de esta ley en la Corte", expresó Valdivia.	El líder estudiantil Max Jerez también se refirió al tema y vía Twitter señaló: "Siempre hemos sido claros: Queremos Justicia, no impunidad. Los presos políticos no pueden ser perdonados por delitos que no cometieron, deben ser liberados todos, definitivamente y sin condiciones. Ortega y Murillo no se salvarán por crímenes de Lesa Humanidad.	El Consejo Superior de la Empresa Privada se pronunció al respecto y señaló que la "La Asamblea Nacional aprobó una ley que perdona a los involucrados en la crisis iniciada el pasado 18 de abril. Organismos de derechos humanos han mostrado su preocupación, ya que esta iniciativa podría impedir que se haga justicia a las víctimas".	Pero no todo fue rechazó a la recién aprobada amnistía, el ex eurodiputado Ramón Jáuregui la consideró  como muy buena noticia. Desde su cuenta en Twitter, expresó "La amnistía en #Nicaragua es muy buena noticia. Si salen todos los presos, la principal exigencia se cumple y sería bueno reanudar negociaciones. A la amnistía debe acompañar el cese de la represión a las libertades y la vuelta de las Organizaciones Internacionales. #ÁnimoNicaragua".	Tras la aprobación de la amnistía, ahora la expectativa se centra en si las negociaciones saldrán del impasse en que están. Consultado sobre el tema, el negociador José Adán Aguerrí  manifestó que  lo importante en este momento es constatar si realmente hay cumplimiento de lo que la Alianza había puesto como condición para hablar de negociación, que es la liberación de presos.	"Lo importante en este momento y es donde está el énfasis, qué es lo que viene, y es si realmente hay cumplimiento de lo que nosotros habíamos puesto como condición para hablar de una negociación, recordemos lo que dijimos y fue la liberación de los presos. Y eso todavía no ha sucedido, hay que esperar. Hay juristas que argumentan, que en base a lo que pusieron en este proyecto de ley (Ley Amnistía) y que está aprobándose en este momento, es que pudieran quedarse gente detenida a pesar de que hay un compromiso ante la OEA  de que tienen que salir todos. Tenemos que esperar a ver qué sucede, para nosotros esa es la condicionante que nos haría hablar de negociación", explicó  Aguerri.	"Nuestra principal demanda es que efectivamente tienen que ser liberadas todas las personas, tanto las que están en la lista conciliada, como las que no, pero que sí son parte de la lista que fue entregada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno.  Y se deben agregar a todas las personas apresadas entre abril a la fecha", afirmó el también representante del Cosep.	"Han sido falsamente acusadas (personas) por este tipo de delitos, por eso hemos  dicho desde un inicio, que hay un divorcio entre los hechos que les están imputando y lo que estos hicieron, cómo reclamar sus derechos desde ese punto de vista, tenemos que esperar a que salgan y ver si realmente se cumple con la lista completa que se entregó ".