El plenario de la Asamblea Nacional se convirtió en un lugar donde las diputadas orteguistas lanzaron una lluvia de insultos y descalificativos contra bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), especialmente hacia María Fernanda Flores de Alemán, (esposa del caudillo Arnoldo Alemán) en su intento por defender al presidente del Parlamento, Gustavo Porras a quien se le mantuvo en el cargo. a pesar de las sanciones por corrupción y violaciones a los derechos humanos impuestas por Estados Unidos (EE.UU.) y Canadá.	Lo que sucedió este martes 25 de junio en el Legislativo dejó sorprendidos a los presentes en el plenario así como a quienes veían  la sesión a través del Canal Parlamentario, debido al lenguaje soez usado por las diputadas orteguistas, -varias de ellas fue la primera vez que tomaron la palabra en un debate-  contra los arnoldistas, porque éstos exigieron a Porras renunciar  a su cargo como presidente de la Asamblea por considerar que las sanciones lo inhabilitan política y administrativamente.	La bancada orteguista aprobó hoy con trámite de urgencia una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo en la que quitaron a la figura del Presidente la autoridad administrativa y financiera y esas facultades se las transfirieron al secretario ejecutivo de esa instancia. De esa forma Porras sigue con el control político en el parlamento, pero ya no como firma libradora de las cuentas bancarias y del control presupuestario.	La primera en hablar fue del PLC, María Fernanda Flores de Alemán para pedir se explicara cómo jurídicamente se evitaría afectar la legitimidad de las leyes que sean aprobadas, si para su promulgación deben ser firmadas por el presidente del Parlamento. Dirigiéndose a Porras lo emplazó así: “Usted es el representante, es el presidente  y el sancionado hasta hoy es usted, y es quien tiene, por dignidad y respeto al pueblo, tomar la decisión y renunciar a su cargo como presidente de la Asamblea Nacional”.	Eso irritó a los diputados orteguistas. La primera vicepresidenta del parlamento, Maritza Espinales, tildó a los del PLC de “peleles” y “lacayos serviles del imperio”, en referencia a EE.UU, y repitiendo el discurso  del régimen de que en los gobiernos liberales se privatizó la educación y había escasez de medicinas.	El ataque de Espinales fue de frente contra Flores de Alemán diciendo que solicitaba la renuncia de Porras cuando ella “fue la primera sancionada hace 18 años por el imperio por corrupción y quien tiene una investigación en el Departamento de Estado por lavado de dinero por 2.8 millones de dólares”.	“Yo soy una mujer que estoy sentada aquí al lado de un hombre que es digno como es Gustavo Porras Cortés, que en los 16 años (de gobiernos liberales) luchamos por defender la educación pública cuando un gobierno cercenaba los presupuestos…ese es Gustavo Porras Cortés que tiene dignidad porque ha estado luchando siempre por los derechos humanos de este pueblo”, dijo una furibunda Espinales.	Porras forma parte del círculo de poder del régimen, se le conoce como el poder detrás en el Ministerio de Salud (Minsa)  y durante el estallido de las protestas ciudadanas, médicos de los hospitales públicos y del Seguro Social denunciaron que el diputado fue quien bajó la orden a la ministra Sonia Castro de que no se atendiera a los heridos. En el informe del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se deja entrever que Porras tiene responsabilidad en el ataque paramilitar a la Marcha de las Madres, el 30 de mayo del 2018.	Para los orteguistas las sanciones contra Porras y los otros diez funcionarios del régimen sancionados por EE.UU. responde a una estrategia de “crear una imagen de perversos”, a pesar de que se sustentan por las violaciones a los derechos humanos de los paramilitares y la Policía Orteguista (PO) contra los nicaragüenses que, desde abril del 2018, demandan la salida del poder de Ortega y Rosario Murillo.	La siguiente fue orteguista María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, quien retomó el ataque contra sus aliados diciendo que “no cuentan con autoridad moral” para solicitar el retiro de Porras, sacando a relucir que el expresidente Arnoldo Alemán fue incluido por Amnistía Internacional en una lista de los diez jefes de Estado más corruptos.	Los de la bancada del PLC optaron por mencionar las acciones represivas del régimen Ortega Murillo para cercenar la liberad a la manifestación, de expresión y de prensa contra los ciudadanos. La legisladora PLC, Rosa Navarro, leyó una lista de leyes “represivas” aprobadas solo en 2019 entre las que están la Ley de Amnistía, la de la compra de Bancorp, la de Reconciliación y Paz así como las reformas a la Ley de Concertación Tributaria.	Los ataques de los oficialistas fueron personalizados contra Flores de Alemán a quienes le achacaron  compras de anillos de 30 mil, 300 mil y 500 mil dólares, así como las fiestas de cuando se comprometió y casó con el entonces presidente Arnoldo Alemán, y que en su momento fueron denunciados por la Fiscalía de haberse usado en estas celebraciones dinero público.	Alemán fue acusado y sentenciado a 20 años de prisión por delitos de corrupción en su Gobierno, sin embargo por el pacto de las reformas electorales con el dictador Ortega le valió que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocara las condenas. El fallo de sobreseimiento fue en 2009, cuando Ortega ya estaba en el Gobierno.	“Viene a hablar aquí muy campantemente de nuestro presidente de la Asamblea Nacional (Porras), un obrero que se tiene bien merecido ese puesto porque se ha codeado con el pueblo (…)Está sancionado por trabajar, por ser obrero y a nosotras no nos importa que nos sancionen los Estados Unidos porque no somos peleles vendepatrias”, dijo Fletes.	Sin embargo Porras está lejos de ser un obrero, por el contrario se le conoce que su control del poder le ha beneficiado en lo personal así como a sus allegados. Una investigación de LA PRENSA reveló en 2017 que la distribuidora de medicinas Universal Marketing Associates, SA (Unimark), de la cual es socia Alicia Sáenz Marenco, una colaboradora histórica de Porras, se ha beneficiado con contratos millonarios de compra de medicinas de parte del Estado. Investigaciones periodísticas también han vinculado a Porras con la rehabilitación del Laboratorio Ramos, comprado por el INSS, de la que se benefició una compañía cuyos socios son amigos y vecinos del secretario general del FNT.	En el debate de la reforma de la Ley Orgánica del Legislativo lo que más enfureció a los orteguistas fue cuando el diputado del PLC, Paul González expresó que prefería que les dijeran corruptos que ser señalados de violación de los derechos humanos como los que pesan contra el dictador Ortega.	“Ningún gobierno democrático que ha dirigido este país se ha vuelto tan nefasto como el gobierno de ustedes. (…) El presidente Alemán a pesar de salir manchados con esos actos de corrupción fue sobreseído. Nos tachan de corruptos pero jamás, jamás nos van a tachar de ser violadores de sus hijas ni ser violadores de derechos humanos. Jamás nos van a tachar de que levantamos las armas contra el pueblo nicaragüense, como lo hicieron ustedes”, expresó González en el plenario.	Las orteguistas se callaron hasta cuando Porras sometió a votación la reforma a la Ley Orgánica, que aprobaron los 70 legisladores oficialistas, porque sus aliados de ALN-PLI y Apre se dejaron presentes en el sistema de votación. Votaron en contra Brooklyn Rivera de Yatama y Alfredo César del Partido Conservador.