La abogada constitucionalista Azahálea Solís, quien forma parte de las negociaciones con el Gobierno de Nicaragua representando a la Alianza Cívica por la Justicia la Democracia, resaltó en una entrevista con El Nuevo Diario que la firma de los acuerdos de libertad de presos político y de restablecimiento de los derechos y garantías de los nicaragüenses sólo demuestra que el presidente Daniel Ortega ha aceptado que es “una dictadura”.	Las afirmaciones de Solís son basadas en que el Gobierno de Nicaragua que, durante la crisis sociopolítica iniciada en abril 2018, ha insistido en un “fallido golpe de estado”, ahora, con la firma de los acuerdos, acepta que ha violentado los derechos y libertades constitucionales de todos los nicaragüenses, además, acepta que tomó como reos políticos a ciudadanos que protestaron en su contra.	La experta en temas constitucionales resaltó que aunque faltan dos temas; justicia y democracia, el Gobierno de Nicaragua no podrá dar vuelta atrás para cumplir con estos dos acuerdos de libertad y restitución de derechos, pues cuentan con garantes de los procesos. Además , reiteró que insistirán en el adelanto de elecciones y que están dispuestos a llamar a una marchar, como parte del ejercicio de los derechos constitucionales.	El tema de tener una fecha límite para la liberación total de presos políticos creo que es uno de los puntos más importantes y que estamos hablando de prisioneros políticos. El Gobierno ha reconocido con esa firma que es una dictadura, ha reconocido que violenta los derechos constitucionales porque los allanamientos los realiza el Gobierno, quien ha perseguido a las personas por el uso de la bandera es el Gobierno no la ciudadanía, la ciudadanía no tiene ningún poder relativo al cumplimento de los derechos constitucionales, entonces quien ha violentado es él y lo acepta hablando de lo relativo al cumplimiento.	Yo no sé en qué está oxigenado, o sea, la resistencia esta fuerte, hay mayor organización, mayor fortaleza, la comunidad internacional no ha parado con sus planteamientos, no hay ninguna sanción que se haya parado, todo ha estado dentro del plazo de las sanciones ñ, entonces ¿En qué se han oxigenado? En este mes ocurrió la resolución  del Consejo de Derechos Humanos y no existe antecedente similar y la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, está obligada por esa resolución a emitir un informe sobre Nicaragua.	Nicaragua durante años en las audiencias de la CIDH se pidió que a Nicaragua se le incluyera en el capítulo cuarto del informe de la CIDH y ahora ocurrió. La resolución que estaba en el Parlamento Europeo se dio, entonces yo quisiera saber en qué se ha oxigenado. Nada a parado, la resistencia sigue y el aislamiento internacional también.	El Gobierno nunca ha cumplido, todo lo que se ha logrado ha sido por presiones internacionales, por la movilización, por la resistencia cívica y pacífica. Si fuera por Ortega él no da nada, él considera que Nicaragua es de su propiedad y creer que la simple firma del acuerdo que hizo Ortega es cumplimiento es estar hablando con desconocimiento de la realidad. Daniel Ortega no tiene talante democrático en absoluto, no tiene voluntad de resolver esta situación y las únicas personas que impulsan que esto se resuelva es la ciudadanía nicaragüense, pues es la ciudadanía la que obliga a Ortega a cumplir, pero no es él el que va a decidir cumplir. El mismo hecho de sentarse fue por obligación, ya que no pudo aguantar la presión internacional y la resistencia cívica , la cual fue víctima de una brutal represión.	Es claro que después de estos dos acuerdos faltan dos temas importantes como es la justicia y la democracia, pero si el Gobierno no acepta el adelanto de elecciones que ustedes exigen y ustedes se ven obligados a levantarse de la mesa ¿Qué pasará con esos acuerdos de libertad de presos políticos y el restablecimiento de garantías, derechos y libertades?	La liberación de los presos es algo que tiene que darse, no es algo que esté condicionado a los siguientes puntos, eso ya está firmado y ya hay garantes internacionales. La OEA ya lo ha dicho, el Gobierno no va a poder retroceder cuando ese acuerdo está firmado y con el tema de derechos y garantías es igual, será la fuerza pacífica ciudadana que hará que estos acuerdos se cumplan. Esos puntos aprobados no tienen retroceso.	En el acuerdo de liberación se especifica el rol del Comité Internacional de la Cruz Roja, pero se dice que la información que ellos recojan de este proceso será confidencial, entonces esto quiere decir que ¿La población no va a poder conocer todas esas inhumanas condiciones , malos tratos y violaciones a los derechos que se cometieron en los diferentes centros carcelarios? ¿Habrá una parte de la información que el CICR recoja que será de conocimiento de la población?	La labor de la Cruz Roja Internacional se centrará en el tema humanitario, ese es un asunto de los principios del Comité el tema de la confidencialidad, pero cada preso político es un actor en si mismo, tiene abogado, tiene familia, tienen organizaciones, además la Alianza cívica tiene acceso a esa información y no está sometida a ninguna confidencialidad en relación a los presos políticos, además hay garantes y hay testigos, entonces eso no es una limitante. Hay una limitación en el orden humanitario respecto a la Cruz Roja Internacional, pero también está en mano de los garantes.	Hay una cuestión que está relacionada con lo que aparece en la Constitución de acuerdo a la Ley, pero eso no quiere decir de ninguna manera que la Policía tiene la facultad de prohibir, eso no implica de ninguna manera que la Policía puede prohibir, esa no es una facultad que esta en ninguna parte de la legislación.