Las acusaciones por falsedad, nulidad, cancelación de asientos registrales y daños y perjuicios interpuestas por la señora Yara María Miranda contra su ex esposo, Pedro Joaquín Mendoza Ramírez, y el abogado Ramón Ernesto Valdez Jiménez, de la ciudad de Rivas continúan sin respuesta, pese a las innumerables pruebas que, según ella, demuestran la culpabilidad de los acusados.	Dichas acusaciones se originaron a partir de la emisión de un testimonio sobre un falso poder generalísimo que realizara Valdez Jiménez para ejecutar la compraventa de 120 manzanas de tierras de una finca inscrita en el Registro Público de Rivas bajo el número 5,700, asiento 5, folio 191-244, tomo 62, de la sección de derechos reales, conocida como finca “Santa Rosa”, ubicada en el kilómetro 84 de la carretera a ese departamento.	“Con este poder generalísimo doblemente revocado y doblemente notificado, el abogado Jiménez que revocó el poder, se atrevió a librar un tercer testimonio para que el supuesto dueño vendiera su propiedad de 120 manzanas a la Alcaldía de Granada, por la cantidad de 95 mil dólares, y fungiendo como notario de la municipalidad Julio César Cuadra Portobanco”, expresó el abogado de la señora, Sergio Benítez Areas.	Los 95 mil dólares habían sido otorgados por el Principado de Asturias, de España, al alcalde Álvaro Chamorro Mora, para la ejecución de un proyecto de viviendas en beneficio de la gente menos favorecida que habita en la Isla Zapatera, al que luego se le llamó “Parque Nacional Archipiélago de Zapatera”.	Lo extraño del asunto es que aun sabiendo que la propiedad está en litigio y que, entre otros, existe la sospecha del delito de estelionato cometido por el vendedor, la Alcaldía nunca se declaró estafada, y, al contrario, durante una entrevista con END, la alcaldesa Rosalía Castrillo Lanuza aseguró que están completamente confiados en la legalidad del proceso.	En un documento en poder de este diario se lee textualmente: “La Alcaldía de Granada considera que compró de buena fe, ya que tuvo todo el cuidado para adquirir dicho inmueble, y compró a quien estaba en posesión, y si el poder a favor del señor Pedro Joaquín Mendoza ya había sido revocado por la señora Yara Miranda, ¿qué hacía en el lugar suponiendo y decidiendo?”	Una causa en Rivas y otra en GranadaAl abogado Benítez Areas explicó que el juicio en Rivas le compete al Juez Civil de Distrito de ese departamento, debido a que la propiedad objeto de la litis está ubicada allá, y en el caso penal de Granada, es porque “la acción típica antijurídica que debe ser reprimida por el Poder Judicial se cometió aquí, con la venta ilegal a la alcaldía, a través de Álvaro Chamorro”.	En lo que se refiere al departamento de Granada, la causa fue remitida en octubre de 2007 por la juez de Audiencias, Escarleth Gutiérrez al Juzgado Penal, que dirige la doctora María de los Ángeles Solano, y desde entonces ha permanecido estancado. La parte afectada ha señalado, en reiteradas ocasiones, la parcialidad a favor del demandado con la que la honorable juez lleva el caso.	“Le pedimos libertad de gravamen del inmueble, solvencia municipal, además, confirmamos que estaba en posesión de la propiedad. Si el poder hubiese sido revocado y dejado sin efecto, el señor no hubiera permanecido en la finca ni pagara planillas, ni tuviese empleados, ni tuviese bienes ni ganado en el lugar”, acotó Zambrana.	El asesor agregó que “la revocación debe anotarse al margen de la escritura matriz en el protocolo del notario que la hizo. Si no existe nota de revocación, por cualquier razón que sea, el testimonio extendido por el notario con fecha actual es legal y demuestra que no ha sido revocado”.	Cada familia será beneficiada con unas ocho manzanas de tierra, y tendrá la posibilidad de sembrar los alimentos que deseen. “En Zapatera no pueden sembrar, despalar y no pueden introducir ganado ni cerdos, por eso buscamos este lugar en Potosí, por la cercanía entre la isla y la tierra firme”, dijo Castrillo.	Aunque las partes involucradas difieren mucho en cuanto a sus versiones, lo cierto es que el caso deja en evidencia una posible y seria afectación a quienes menos se lo merecen, los habitantes de la isla, y al mismo tiempo, el caso vuelve a dilucidar la crisis y la corrupción por la que tristemente atraviesa nuestro sistema judicial.