La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) inició este jueves una acción “de rendición de cuentas” para la ciudadanía sobre lo que se logró en el diálogo, en qué se avanzó, qué está pendiente y las expectativas sobre los posibles próximos escenarios, dijo José Pallais, del equipo negociador de la Alianza Cívica.	Álvaro Vargas y Azahalea Solís, miembros de la Alianza Cívica que trabajan en ese proyecto, explicaron que el documento detalla la obligación del Estado de garantizar la seguridad de los presos que sean liberados, de cumplir con la reparación por los daños ocasionados y de velar por la no repetición de las acciones arbitrarias que llegaron al extremo de encarcelar a ciudadanos por manifestarse en las calles.	“El protocolo implica que ciudadanos que estuvieron detenidos por un año y que tenían obligaciones, por ejemplo, de pago de impuestos, fiscales, que no pudieron pagar porque estuvieron detenidos, que no pagaron por el servicio de suministro eléctrico o al banco, entre otras cosas, esos aspectos tienen que ser parte de este protocolo de seguridad, tiene que haber un mecanismo para ver de qué forma se pueden trabajar estos aspectos”, sostuvo Vargas.