La atribución a Honduras de cuatro islotes al norte del paralelo 15, dentro de aguas que, siguiendo la bisectriz fijada por la propia CIJ, debería haber quedado dentro de los espacios marinos de Nicaragua, merece una atención particular. Destaca el hecho de que la Corte desestimara los alegatos de Honduras, que afirmaban que tales islotes pertenecían, desde la época colonial, a la provincia de Honduras y, en virtud del principio del uti possidetis iuris, le corresponderían por derecho. La Corte, por tanto, decide adjudicar la soberanía de los islotes al país que presente mejores y más claros títulos de ejercicio efectivo de soberanía. Para proceder a ello era preciso determinar la fecha crítica para esta cuestión, es decir, “la fecha a partir de la cual las actividades de las partes cesan de ser pertinentes en tanto que efectividades”, como indica la Corte en el parágrafo 117 de su sentencia. La CIJ fija esa fecha en el año 2001. Es decir, los actos que demostrarían cuál de los dos Estados había ejercido una soberanía más efectiva debían de haberse realizado antes del año 2001, más concretamente entre 1990 y 2001, habida cuenta que, antes de 1990, las isletas se hallaban en zona de guerra, lo que impedía un ejercicio normal de jurisdicción sobre ellas por cualquiera de las partes.	A continuación, la Corte pasa a examinar las diferentes categorías de efectividad presentadas por las partes, a saber, el control legislativo y administrativo; la aplicación del Derecho Penal y del Derecho Civil; la reglamentación de la inmigración; la reglamentación de las actividades pesqueras; patrullajes navales; concesiones petroleras y trabajos públicos. De todas esas categorías, las CIJ admite que Honduras ha probado ejercicios efectivos de jurisdicción entre 1992 y 1999, en tanto Nicaragua no había aportado pruebas más contundentes. Entre los hechos aportados por Honduras están un operativo antidroga, en 1993; una nota sobre controles migratorios en los islotes, de 1999; patrullajes navales y permisos de trabajo otorgados también en 1999 o el uso de instalaciones presentes en South Cay, desde 1992. En definitiva, actos que, aunque esporádicos en el tiempo, llevan a la Corte a concluir “que las efectividades invocadas por Honduras establecen una ‘intención y [una] voluntad de actuar en calidad de soberano’ y constituyen una manifestación modesta, pero real, de autoridad sobre las cuatro islas”. Debe recalcarse la expresión “manifestación modesta”, porque con ello quiere significar la CIJ que los títulos de Honduras eran débiles, pero los de Nicaragua más débiles aún. En otras palabras, que si Nicaragua hubiera actuado con diligencia entre 1990 y 2001, el resultado del juicio en lo referente a los cuatro islotes disputados hubiera podido ser diferente. Ante la falta de hechos que demostraran un ejercicio efectivo de soberanía sobre los cayos Bóbel, Media Luna, South Cay y Savannah, Nicaragua se limitó a rechazar los débiles títulos hondureños acusándolos de no pertinentes, pues, para Nicaragua, la fecha crítica de la controversia era el año 1977. Una línea de defensa en extremo frágil, tratándose del principio de efectividad.	Hubo, por tanto, una serie de errores de bulto por parte de Nicaragua, que a partir de 1990 se limitó a una política de negociaciones con Honduras, reducida a la creación de una comisión mixta de límites, para intentar alcanzar un arreglo bilateral. Sin embargo, la idea misma de la comisión mixta era, cuando menos, ingenua, pues la existencia del tratado de 1986, entre Honduras y Colombia, imposibilitaba desde todo punto de vista un acuerdo bilateral. Pese a un hecho tan evidente, los gobiernos de Nicaragua se limitaron a la defensa formal de los derechos avanzados por Nicaragua en la década de los 80. No planificaron una política que confirmara, sobre el terreno, los derechos que se reclamaban sobre los cuatro islotes. Olvidaron los directores de la política territorial el principio citado al inicio de este trabajo: da mihi factum, dabo tibi ius. Dame a mí hechos, que yo te daré derechos. Nicaragua se limitó a pedir derechos sin hechos, en tanto Honduras, aunque mínimos, pedía derechos con hechos. Era, pues, justo, que la Corte atribuyera a Honduras los islotes, decisión que –posiblemente- también pudo verse influida por el deseo, en algunos jueces, de dar a Honduras algo accesorio, habiendo perdido lo sustantivo, que eran los casi 30.000 kilómetros cuadrados de áreas marinas y submarinas en el Caribe atribuidas a Nicaragua. Por esa razón, el juez ad hoc de Honduras, Santiago Torres, votó en contra de la sentencia.	La sentencia de 8 de octubre de 2007 pone fin al mayor litigio que oponía a Honduras y Nicaragua. Resuelto el diferendo, debe ahora pasarse página, para dedicar los esfuerzos a un reto mayor y más difícil: alcanza la más plena y armónica integración centroamericana. Aunque Honduras perdió el litigio (como perdió Nicaragua el anterior, en 1960, ante la misma CIJ), ha ganado Centroamérica como conjunto, pues las áreas adjudicadas a Nicaragua siguen siendo patrimonio centroamericano, con Nicaragua fortalecida frente a las pretensiones de Colombia. Una victoria histórica que es justo recordar, fue posible por la labor desarrollada por el gobierno sandinista en los años 80. Toca ahora hacer efectivo el ejercicio de soberanía sobre nuestro extenso patrimonio insular, marino y submarino, procediendo al establecimiento de boyas, que señalen las respectivas jurisdicciones y eviten innecesarios incidentes. También será necesario vigilar y proteger los dominios marinos ganados. Hacerlo será tarea principal de la Fuerza Naval, que deberá verse reforzada en medios, recursos y marinos. De otra forma, lo ganado en La Haya quedará en victoria fantasma, por la falta de ejercicio efectivo de soberanía en los mares nacionales. Buena parte del futuro económico de Nicaragua está en ellos. Es preciso cuidarlos para transformarlos en motor de desarrollo y bienestar.