La resolución pide el “fortalecimiento” de la cooperación entre la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para “monitorear la situación” en Venezuela. A su vez, exige que se realice una investigación “independiente, exhaustiva y creíble” que lleve a la judicialización de quienes llevan a cabo violaciones de derechos humanos en el país.	Sin embargo, la embajadora de México, quien a pesar de expresar la preocupación por el informe de la Alta Comisión de lo Derechos Humanos, dijo que la aprobación de esta resolución pondría en entredicho la razón de ser de la OEA, ya que es un tema politico, y que insisten en una solución diplomática a la crisis en Venezuela.	El embajador de Venezuela ante la OEA, que representa al gobierno en interino de Juan Guaidó, reclamó que los países que no apoyaron la solicitud se escuden en acuerdos jurídicos a los que llamó “difusos” y que esos sean impedimentos para enfocarse en lo más importante, la defensa de los derechos humanos de los venezolanos.