Los consumidores tienen derecho a una información veraz, oportuna y clara. La mayoría de los conflictos en los que se hace necesario la aplicación de normas de protección al consumidor, están relacionados con problemas de información o falta de conformidad, sin embargo, se puede afirmar que tanto una como la otra están ligadas, en vista de que lo que un consumidor espera, depende de la información que reciba.	Estos casos se producen por la denominada asimetría informativa, en tal sentido, María José Santos Morón, en el curso sobre protección jurídica de los consumidores expresa: “El carácter profesional de un contratante frente al carácter profano del otro genera una confianza legítima en este último en ser informado por el profesional, en su calidad de experto, acerca del objeto y condiciones del contrato”.	Resulta claro, que los propios precios de los productos informan a los consumidores sobre la calidad de los mismos, en este particular, aquel consumidor que compra algún producto en una tienda de un “Todo a 10”, debe estar consciente de la posibilidad de que el bien comprado sea de calidad inferior del que puede adquirir en un establecimiento especializado.	Sin embargo, con independencia de lo anterior, el legislador, por medio de la Ley 842, inserta mecanismos de protección a los consumidores, relacionados con la transmisión de información en la fase previa a la conclusión del contrato, y durante su celebración, los cuales tienen por finalidad garantizar la correcta formación del consentimiento del consumidor. Con el objetivo de ampliar lo expuesto, haré hincapié en los deberes relacionados a la fase previa al contrato.	Durante la fase previa a la formación del contrato, se le imponen al empresario ciertos deberes denominados “deberes precontractuales de información”, uno es el deber de información mínima y, el otro, el carácter vinculante de la información suministrada antes del contrato. El primer caso lo encontramos en el artículo 23 de la ley, que dispone que el empresario, al menos, debe informar sobre el contenido neto e ingredientes del producto, instrucciones para su correcto uso o consumo, términos de las condiciones de pago, seguros y condiciones de garantía. Además, el artículo 24 establece la prohibición de marcar los productos con más de un precio, y en caso de que el consumidor se encuentre en tal circunstancia podrá pagar el precio más bajo.	En referencia al carácter vinculante de la información proporcionada por el empresario (artículo 26 Ley 842), el precepto está enfocado en evitar que el consumidor sea desilusionado como consecuencia del incumplimiento o falta de congruencia entre lo ofrecido por medio de publicidad o cualquier otra forma de comunicación, y lo que realmente recibe. Ejemplo de esto, se puede presentar en la publicidad emitida por una inmobiliaria que indica que las casas que vende poseen dos cuartos de baño, no obstante, posteriormente el consumidor se percata que únicamente tiene uno, en este particular, el consumidor estaría en su derecho de exigir el cumplimiento de lo ofrecido por medio de la publicidad, de no ser así, la inmobiliaria incurriría en incumplimiento de contrato, pues las condiciones ofrecidas por medio de la propagación deben ser partes integrantes del contrato.	En relación a este precepto, el profesor Jesús Jusseth Herrera Espinoza expresa: “Así, en caso de celebrar el negocio, el empresario se encuentra vinculado por los términos de la oferta o promoción publicitaria, con todo y que el contrato que suscriba con el consumidor no haga alusión a ella. Con la intención de proteger a la parte más débil, el legislador amplía las exigencias de la buena fe, tomando en consideración una serie de actos que, pese a ser anteriores a la celebración del negocio, inciden de forma decisiva sobre este”.