Defensores de los derechos humanos, juristas independientes y analistas políticos democráticos dijeron en LA PRENSA del 11 de enero pasado, que con la ley de supuesta reconciliación nacional el régimen orteguista se propone institucionalizar “el control político y el adoctrinamiento partidario en el ámbito de la familia, de las escuelas, los barrios e incluso de las iglesias con la imposición de su modelo de ‘cultura de paz y reconciliación’”.	Peor todavía, con esta ley perversa la dictadura legaliza y pone bajo la dirección de la Policía orteguista una red de espionaje político en los barrios y comarcas, centros escolares y lugares de trabajo, y hasta en el último rincón del país, similar a los mecanismos de control político que funcionan en Venezuela y Cuba.	Someter a las personas que tienen criterio propio, denunciar a los que disienten y critican al régimen, evitar las protestas y que se organicen grupos y movimientos de oposición, vigilar e intimidar a la gente que se manifestó contra la dictadura en las marchas autoconvocadas del año pasado, ese es el objetivo fundamental del orteguismo con su falaz “Ley para una Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz”. Además, creen que de esa manera pueden inculcar e imponer a todos los nicaragüenses la ideología del socialismo tal como lo conciben Ortega y Murillo.