En su parte medular, el fallo manda al Estado a reformar la Ley Electoral, pues “el Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, las medidas legislativas necesarias para establecer un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita controlar las decisiones del Consejo Supremo Electoral que afecten derechos humanos, tales como los derechos políticos, con observancia de las garantías legales y convencionales respectivas, y derogar las normas que impidan la interposición de ese recurso”, establece parte de la sentencia.	Tres años después ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo han emprendido una reforma a dicha ley, a pesar de que el año pasado el Consejo Supremo Electoral, CSE, emitió una resolución con la que despojó de su diputación a un legislador, sin que estuviesen específicos los méritos y atribuciones del CSE, como tampoco estuvieron claras las atribuciones de este Poder del Estado para postergar, vía resolución, las elecciones municipales en tres departamentos.	Al Movimiento Renovador Sandinista, MRS, y al Partido Conservador, PC, el CSE les canceló la personería jurídica aduciendo, en el primer caso, que no cumplió con los estatutos internos, entre ellos cambios de estructuras, y en el segundo, por no cumplir con el 80 por ciento de inscripciones de los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales.	La CIDH mandó también a reformar la Ley Electoral, “de manera que regule con claridad las consecuencias del incumplimiento de los requisitos de participación electoral, los procedimientos que debe observar el Consejo Supremo Electoral al determinar tal incumplimiento y las decisiones fundamentadas que al respecto debe tomar, así como la participación de la persona misma que se ve afectada por una decisión del Estado”.