El EPU existe desde el año 2006 y Nicaragua ha sido evaluada en tres ocasiones, incluyendo la de este año. En los dos exámenes anteriores, le señalaron al Gobierno que había patrones de violaciones de derechos humanos por parte del Estado, los que prácticamente se intensificaron con las protestas de 2018.	Esas mismas dificultades fueron señaladas en el informe de 2014, pero en ese año también agregaron como aspectos preocupantes el incremento de la violencia contra las mujeres, la injerencia de la Presidencia en los demás poderes del Estado, las amenazas contra grupos vulnerables (afrodescendientes) y el deterioro de la institucionalidad de órganos como la Policía.	Con el propósito de superar esas violaciones, en los informes del EPU anterior hubo recomendaciones al Gobierno de Nicaragua, que inclusive mostró anuencia a implementar algunas, por ejemplo la hecha por EE. UU. en 2014 en que urgía al Estado a “velar porque se respeten las garantías constitucionales relativas a la libertad de expresión, entre ellas, la libertad de prensa y evitar que se utilicen medios administrativos, judiciales o financieros para restringir indebidamente el ejercicio de ese derecho”.	Sin embargo, hasta hoy ninguna de estas recomendaciones ha sido cumplida en su totalidad y, por el contrario, desde abril de 2018 las violaciones a los derechos de la ciudadanía nicaragüense se incrementaron exponencialmente, indican reportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la OEA, que cataloga algunas violaciones como crímenes de lesa humanidad.	Naciones Unidas evalúa este miércoles un informe oficial del Gobierno, más una compilación de informes de expertos y grupos de trabajo independientes, procedimientos especiales, órganos de seguimiento a los tratados internacionales de derechos humanos y otras entidades de las Naciones Unidas y un resumen de la información proporcionada por las organizaciones de derechos humanos, organizaciones regionales y entidades no gubernamentales.	Con respecto a la libertad de prensa y el derecho a la información, el informe gubernamental afirma que estos son garantizados en el país y “se protege la libertad de prensa, no se persigue a ningún medio de comunicación ni a periodistas por ejercer ese derecho en estricto apego a la Constitución Política y demás leyes. No existe proceso alguno, ni administrativo ni penal en contra de personas en su calidad de periodistas”.