La inseguridad ciudadana ahora, a juzgar por este hecho, se vive hasta dentro de los recintos judiciales. El acto cobarde de este desadaptado social no hace más que poner de  manifiesto que la delincuencia en Nicaragua está llegando a límites cada vez más  temerarios. Ésta escalada de violencia delincuencial sólo viene a revelar a la luz pública  el grave problema que enfrentan las instituciones encargadas del orden y  el sistema  judicial de nuestro país para controlar el accionar delictivo.	El problema de fondo siguen siendo los recursos. Año con año la Policía  Nacional solicita más presupuesto con justas razones. El índice delictivo de Nicaragua es muy elevado, por mucho que se nos quiera endulzar la pastilla diciéndonos que somos el país  más seguro de Centroamérica. Aunado a este fenómeno de espiral delictiva, el crimen  organizado está permeando cada vez con mayor fuerza el territorio nacional. Los  operativos que la Policía ha ejecutado en contra de los cárteles mexicanos, y que incluso  han implicado amenazas de muerte en contra de la Jefa Nacional de la Policía, demuestran que el país está girando hacia una mexicanización delincuencial que es muy  alarmante.	En las grandes ciudades de la nación azteca, a saber, la Ciudad de México, Guadalajara  y Monterrey, es noticia de todos los días en los diarios televisados el asesinato a sangre  fría de agentes de la Procuraduría General, de agentes ministeriales (Ministerio Público)  y agentes de los distintos cuerpos policiales. El fenómeno también se está expandiendo  a otras ciudades otrora tranquilas.	Hoy es el ataque a una funcionaria ministerial en la persona de la fiscal Tuckler, pero  mañana será el ciudadano común y corriente que tendrá la mala fortuna de quedar atrapado en una balacera que ejecuten grupos organizados en contra de policías, procuradores, fiscales, jueces, magistrados…. Tal cual ocurre día a día en México.	Este incidente no debería pasar desapercibido, o tan solo ser objeto de altisonantes declaraciones de altos funcionarios policiales o de los entes públicos concernidos. Este  hecho debería darles elementos para hacer conciencia de las precarias condiciones  logísticas en que se administra la justicia en Nicaragua, algo que es vergonzoso porque  a la Corte Suprema de Justicia, por disposición constitucional, le corresponde como  presupuesto anual el equivalente al 4% de los ingresos ordinarios del presupuesto  general de la república.	La delincuencia nos está robando espacios en las ciudades. Barrios enteros hay ya en Managua que son conocidos como terrenos anárquicos, sin ley. Es necesario trabajar seriamente para frenar el accionar delictivo. La Policía Nacional y el sistema judicial  deben actuar más coordinadamente y evitar que muchos delincuentes, incluso algunos de  alta peligrosidad, salgan libres campantemente en toda impunidad. A la larga esto puede  tener un alto precio.