Uno de los “premiados”, José Francisco López Centeno, está sancionado por EE. UU. y Canadá por violación a los derechos humanos, pero el dictador le dio rango de ministro asesor para la producción y el comercio mediante el decreto presidencial 110-2019 publicado en La Gaceta, diario oficial, del 29 de julio del 2019.	López Centeno es tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y vicepresidente de la también sancionada Alba de Nicaragua (Albanisa), el administrador local de la cooperación venezolana, que durante los años de auge se estima que proporcionó a Nicaragua más de 3,500 millones de dólares en total, los cuales fueron administrados por Ortega y sus allegados.	Tras las sanciones de EE. UU., en julio del 2018, López Centeno fue removido de sus cargos de presidente de las juntas directivas de Petróleos de Nicaragua (Petronic) y de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas). Aunque una investigación de LA PRENSA constató que López sigue ejerciendo el manejo de Petronic, aun cuando oficialmente el presidente de la directiva es Manuel Coronel Kautz.	“Es evidente que las sanciones están presionando al Ejecutivo a resolver los casos de sus oficiales sancionados, que contaminan el quehacer de las instituciones. Pero ampararlos con nombramientos de asesores o quitándoles funciones es querer tapar el sol con un dedo, exponiendo al país a caer en una situación más delicada internacionalmente”, señaló Castillo.	Ortega también designó a Arlette Cristina Marenco Meza en el rango de ministra asesora para relaciones internacionales. Marenco ahora tiene tres cargos ya que se le mantiene como viceministra y secretaria de cooperación de la Cancillería, aunque “sin goce de salario”, según el decreto presidencial 111-2019, publicado en La Gaceta ayer.	López y Marenco se sumaron a Sonia Castro al grupo de asesores presidenciales, esta última fue para no dejarla desprotegida luego de ser removida como titular del Ministerio de Salud (Minsa), pues al estar sancionada por EE. UU. por señalamientos a violación a los derechos humanos, quedó imposibilitada de seguir con la administración.	Mario Arana, exministro de Hacienda y miembro de la opositora Alianza Cívica (AC), dijo que el régimen pretende reorganizarse para ver cómo saca la economía de la recesión provocada por la represión a los ciudadanos. “No creo que el problema sea de organización burocrática porque el problema económico es un problema político y ese es el que se tiene que resolver”, afirmó Arana.	El exministro Arana dijo que mientras Ortega busque ganar tiempo para mantenerse en el poder, en la práctica cada día que pasa se deteriora su capital político. “Entonces él tiene que calcular cuándo es el mejor momento para inclusive llamar a elecciones anticipadas, porque le va a ser difícil llegar al 2021” ante la profundización de la crisis económica, afirmó Arana.	Para el analista político Eliseo Núñez, mantener con cargos en el Gobierno a los funcionarios sancionados es la forma en que el dictador Daniel Ortega “le está diciendo a su gente que no los va a abandonar”. Sin embargo, Núñez identifica que Ortega también reacciona así “porque está preocupado ante la deserción que sufrirá su base con el agudizamiento de la crisis económica, porque los días más duros de la recesión están por llegar”, dijo.