Los defensores de libertad de expresión recomendarán que debe “cesar de inmediato toda acción de agresión física, intimidación y amenazas generada por grupos violentos, parapoliciales y paramilitares identificados con el Gobierno, así como a través de otras fuerzas que actúan para difamar, insultar o revelar información privada de los periodistas independientes y activistas opositores en las redes sociales o bloqueando por medios técnicos el acceso a los medios de comunicación”.	Además, instarán a que se hagan “investigaciones exhaustivas” sobre los actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, resaltando el caso del periodista Ángel Gahona, quien fue asesinado mientras realizaba transmisión en vivo de las protestas sociales, el 21 de abril de 2018, “para evitar un estado de impunidad que lleva a más violencia”.	"Nuestras recomendaciones se basan en los testimonios de periodistas y activistas en Nicaragua y apuntan a fortalecer la libertad de expresión en ese país. Apoyar estas recomendaciones enviaría una señal clara al gobierno del presidente Daniel Ortega sobre su incapacidad para proteger los derechos esenciales", afirmó Mariela Balbi, presidenta del Comité Coordinador de IFEX-ALC, el cual es una red de organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión en 15 países de América Latina y el Caribe.	Los temas que expondrá el Cenidh, en conjunto con la Federación Internacional de Derechos Humanos estarán enfocados en la situación de los manifestantes presos, derechos económicos y sociales y la situación de refugiados y migrantes”, detalló la presidenta del Cenidh, organización a la que en diciembre de 2018 le cancelaron su personería jurídica.	La defensora de derechos humanos destacó que lo único que el Gobierno de Nicaragua cumplió, de las 300 recomendaciones de 2014, fue “ratificar las convenciones que tuvieran que ver con las personas que sufrieron desapariciones forzadas, tanto en el sistema de Naciones Unidas como en el sistema de la OEA, pero de ahí todo lo demás no lo ha cumplido y este es el récord que nosotros traemos”.	En la etapa de apreciación, según la explicación de Núñez, el Estado de Nicaragua también tiene la oportunidad de exponer sus valoraciones de cumplimiento, aunque considera que al igual que en los pasados encuentros, “el Gobierno se va a limitar a llevar sus discursos de falsos cumplimientos, los cuales no han estado reforzados con el informe que deberían de llevar, según los procedimientos”.