Ante el anuncio del Gobierno de realizar auditorías a todas las empresas, asociaciones sin fines de lucro, fundaciones y demás sectores exonerados, incluyendo los medios de comunicación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estima que primero es necesario “restituir inmediatamente (las) personerías jurídicas canceladas a organizaciones de la sociedad civil”.	Después que el pasado 22 de mayo se conoció el programa de trabajo del Gobierno en el que propone varios ejes para “consolidar la estabilidad y paz en Nicaragua”, la CIDH emitió una serie de consideraciones y expresó su preocupación por temas que “no fueron abordados y son prioritarios” para el restablecimiento de derechos y garantías en el país.	Para consolidar esa estabilidad, sin embargo, según la CIDH es necesario que el Estado inicialmente se comprometa a desmantelar a todos los “grupos parapoliciales” y adoptar medidas destinadas a impedir que “grupos de terceros armados”, que se dedican a atacar y hostigar a la población civil, sigan operando en Nicaragua, señala el organismo.	Sobre el retorno voluntario de los nicaragüenses en el exterior, que salieron en el contexto de los hechos violentos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, el Gobierno propone su regreso con todas las “garantías constitucionales y de seguridad para su reinserción en la sociedad y a su vida cotidiana personal”.