Puede decirse que en Nicaragua la primera ley de protección a los consumidores fue el Decreto Número 323, publicado en 1980. En ese caso se trataba de un cuerpo jurídico con muy pocos artículos cuyo objetivo fundamental estaba dirigido a regular los precios de algunos bienes; sin embargo, este instrumento resultó insuficiente si tomamos en cuenta la actividad comercial que empezó a desarrollarse en Nicaragua varios años más tarde. Urgía una ley que regulara las relaciones entre consumidores y proveedores no desde el exclusivo punto de vista del precio, sino en cuanto a la calidad e idoneidad de los productos y servicios, así como la información que se generaba en el mercado.	Fue hasta en 1994 que fue aprobada y publicada la Ley 182, Ley de Defensa de los Consumidores. En este sentido, es importante destacar que esta ley fue reglamentada hasta 1999, y es precisamente en ese reglamento en el que crea un régimen de sanciones —es decir, que durante aproximadamente cinco años no estaban establecidas las sanciones que se le aplicarían a aquellos empresarios que infringieran los preceptos de la Ley 182—. Sin embargo, tanto la ley como el reglamento quedaron a deber en el tema de infracciones y sanciones, específicamente en detallar la conducta infractora de forma puntual y la sanción correspondiente.	En la Ley 842, el legislador ha hecho un esfuerzo por tratar de reglar a qué infracción corresponde determinada sanción, tal y como se desarrolla en algunos países de la región centroamericana. Así, la Ley 842 clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, y de la misma manera atribuye determinadas sanciones para cada tipo de infracción. El tratar de enumerar cada una de las infracciones en un artículo específico tiene como propósito principal crear seguridad jurídica en las actuaciones de la Dirección de Protección al Consumidor (Diprodec) como institución de la administración pública, de tal manera que esta no puede graduar la infracción de manera antojadiza y aplicar cualquier sanción. No obstante, el intento de hacer una lista tan exacta representa el peligro de dejar alguna conducta por fuera de ese régimen, y por esa razón, si se llegare a presentar el caso de que alguna conducta infrinja los preceptos de la ley y no esté clasificada como infracción leve, grave o muy grave, la Diprodec primero tiene que amonestar a ese empresario, y solo en caso de reincidencia podrá aplicar una sanción correspondiente a una infracción leve.	Para ejemplificar lo explicado, se puede citar una de las prácticas más comunes de algunos empresarios, y es en cuanto al precio final del bien o servicio. Normalmente, el empresario, con el deseo de atraer al consumidor le hace llegar un precio por medio de información directa; sin embargo, cuando el consumidor se decide a tomar el bien o servicio, o en el peor de los casos cuando ya lo ha adquirido, se da cuenta de que el precio final no corresponde con aquel recibido antes. Según la Ley 842, el precio final del bien o servicio debe incluir todos los impuestos correspondientes, y debe ser puesto en conocimiento del consumidor antes de su elección; de no hacerlo así, el empresario incurriría en una infracción leve.	Las prácticas engañosas tienen distintas formas de efectuarse, por medio de publicidad o bien directamente en la transmisión de la información a un consumidor en específico; en todo caso, siempre es acertado indagar sobre todo los cargos que el consumidor deberá asumir, de no hacerlo así, es probable que termine pagando una cantidad para la que no elaboró un presupuesto.