Según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), combatientes históricos, partidarios del Gobierno, oficiales retirados del Ministerio del Interior y miembros de la Juventud Sandinista son quienes forman parte de las fuerzas de choque y parapoliciales del Gobierno de Nicaragua, quienes reprimieron desde abril del año pasado a manifestantes antigubernamentales.	“El escenario más predecible es que no sea voluntario el desarme de los parapolicías, deberá recurrirse a la fuerza conjunta de efectivos del ejército y de organismo internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Observadores de las Naciones Unidas para Centroamérica (ONUCA)”, especificó Roberto Cajina, experto en temas de seguridad.	Cajina recordó que en 1990 tras su derrota electoral con Violeta Barrios de Chamorro, el actual presidente Daniel Ortega armó y distribuyó más de cien mil fusiles AK para desestabilizar al nuevo Gobierno de ese entonce; lo que no descarta se podría repetir en estos nuevos tiempos luego de finalizar su período.	“Si el desarme no es voluntario, habría en el país un nuevo estallido de violencia insostenible, es un riesgo que está latente porque hay ya un antecedente y sabemos que Ortega no sabe perder, pero a la vez es experto en desestabilizar y como lo dijo en los noventa sabe mandar desde abajo”, expresó Cajina.