La solicitud de los eurodiputados de suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (AdA) con la Unión Europea, en sanción por las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega, generó ayer preocupación entre los exportadores nicaragüenses, que advirtieron del efecto destructor para la economía, el empleo, la inversión y las exportaciones.	En el numeral ocho de la resolución, cuya discusión comenzó ayer y se somete a votación hoy en el Parlamento Europeo, los legisladores instan al Servicio Europeo de Acción Exterior y los Estados miembros de la Unión Europea a no solo establecer sanciones directas a las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, sino también a activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (AdA).	Los parlamentarios plantean que las sanciones, una vez que sean impuestas, se mantengan hasta que el Gobierno de Nicaragua “respete y restablezca en el país el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales tal como se solicitó en el diálogo”, que actualmente mantienen la Alianza Cívica y el régimen de Ortega.	Aunque en la resolución los parlamentarios europeos señalan que se implementarían sanciones que no dañen a la población, Jacoby admite que este tipo de medidas afectaría a los pobres, pero señala que esta presión busca lograr en Nicaragua cambios democráticos e institucionales que está reclamando una gran mayoría de los nicaragüenses.	Jacoby admitió que recuperar los mercados que se pierden no es fácil y la actual amenaza aumenta la incertidumbre entre los inversionistas. Al respecto, indica que nadie se arriesgará a invertir en el país mientras no haya certeza de que las reglas comerciales se mantendrán invariables en el mediano y largo plazo en el país.“Un socio europeo (de APEN) ya me dijo: si esto (el AdA) se va, me voy. Son 1,500 empleados que se pierden”, afirmó.