Aunque existe un principio ético de gran alcance social que podríamos considerar como alusivo al concepto de “propiedad compartida” o simplemente de “interés social”, nuestros códigos, sin embargo, hasta donde yo sé, no parecen haberle dedicado suficiente atención en vista a sentar legislación acerca de un derecho nacional que tiene que ver con la defensa de la ecología y del medio ambiente.	Para exponer mejor el caso me referiré, literalmente, a un anuncio aparecido en un diario local en los siguientes términos: “Busco inversionista sector madera con conexiones de mercadeo internacional indispensable. Tengo extensos bosques de madera preciosa totalmente legales, etc.” En resumidas cuentas tenemos aquí un fuerte terrateniente nacional que solicita un socio extranjero para que venga a talar la madera preciosa de “sus” bosques.  Fíjense que digo “sus” bosques aún cuando ellos no son de su propiedad exclusiva por cuanto el derecho de posesión, en este caso y dada la naturaleza tan sensible del bien es compartido con la comunidad representada por el Estado por el carácter de interés universal que los bosques tienen con relación a la salud del planeta.	Los bosques no pueden, entonces, ser talados a voluntad y sin contar con la supervisión y la venia de la sociedad.  Incluso, existe ya una legislación de vigencia internacional, decretada por las Naciones Unidas y ratificado por todos los países miembros de dicho Organismo. De esto debería tomar nota el susodicho terrateniente quien, por lo visto, solamente va a heredar a sus hijos la tierra arrasada de sus propiedades no importándole nada los inmensos daños que el huracán Félix causó principalmente a nuestra reserva de Bosawas, el bosque pulmón de Nicaragua.