La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le ordenó a la juez Décimo Penal de Juicio, Ana Justina Molina, que suspenda la tramitación del juicio que por malversación de caudales públicos le seguía al ex ministro Pedro Solórzano y a otros ex funcionarios del MTI, en tanto no haya una resolución sobre el fondo del asunto, para evitar sentencias contradictorias.	Una fuente de la Procuraduría de la República adelantó que el próximo lunes presentará un escrito ante la juez, solicitándole la interrupción del cómputo del tiempo del proceso, para evitar que más tarde los defensores vayan a pedir el sobreseimiento definitivo por vencimiento del plazo de seis meses que la autoridad tiene para dictar sentencia en aquellos juicios donde no hay personas detenidas.	El juicio para el ex ministro de Transporte e infraestructura, Pedro Solórzano, para los dos ex viceministros Fausto Carcabelos y Jorge Hayn, y para el ex secretario general José Alejandro Ríos, estaba programado para el once de febrero, pero ante la resolución del máximo tribunal, “de hecho no va a haber juicio”, confirmó el fiscal Guillermo Alemán.	El abogado Mario Borgen explicó que está esperando que la Corte Suprema de Justicia le notifique a la juez la suspensión del juicio, para solicitarle que revoque la retención migratoria que pesa sobre Solórzano y Hayn, y que les devuelvan la cauciones económicas de 70 y 40 mil córdobas que respectivamente rindieron.	Como se recordará, Solórzano, Hayn, Carcabelos y Ríos fueron acusados por la supuesta coautoría de malversación de caudales públicos, porque supuestamente durante su mandato usaron el dinero que estaba presupuestado para reparar carreteras y habilitar caminos, para patrocinar transmisiones radiales de béisbol y patrocinar mensajes a favor del Gobierno de don Enrique Bolaños, y pagar becas.	Como una de las pruebas era el informe de auditoría donde la Contraloría General de la República determinó presunción de responsabilidad penal hasta por de 911 mil 210 córdobas para Ríos y el resto de procesados, el primero se amparó, pero como todos los demás son iguales ante la ley, la suspensión del acto es extensiva para todos, aunque sólo uno sea el recurrente.	Ésta es la enésima vez que la Sala Constitucional manda a parar juicios para ex funcionarios acusados por malversar, defraudar o incurrir en peculado en perjuicio del Estado, como ocurrió en el juicio de Agrosa, Correos de Nicaragua, Programa de Modernización del Sector Salud, y en el proceso que se les seguía a los que supuestamente vendieron de manera anómala silos y propiedades de Enabás, entre otros.