El presidente no fue capaz de presentar al pueblo de Nicaragua un informe de su gestión, en el acto transmitido, para ese efecto, por cadena nacional de televisión, este 10 de enero. Con su intervención, improvisada y errática, el gobernante confirma, una vez más, no sólo que no está capacitado para ocupar responsablemente el cargo, sino que se sustrae de su deber constitucional, como primer funcionario público, de rendirle cuentas claras a la sociedad, al concluir el primer año de gobierno.	El pueblo esperaba escuchar un análisis estratégico sobre los resultados obtenidos en 2007. Por lo menos, conocer qué metas se había trazado este gobierno, qué relación guardan esas metas con la situación de desempleo y de miseria que pasa la población, qué recursos se destinaron a la lucha estratégica para el desarrollo económico (qué objetivos se priorizaron, y cómo se interrelacionaron los distintos planes para producir un cambio cualitativo en el desarrollo de las fuerzas productivas y en reducir la brecha entre ricos y pobres). Al fin, esperaba escuchar cuáles son las conclusiones del dirigente del país, una vez que se conoce, por los medios informativos independientes (y por lo efectos padecidos en carne propia), que el desempleo creció, que la pobreza aumentó, que el precio de la canasta básica subió en 43 %, que nuestra economía fue la que menos creció en Centroamérica, y que el país tuvo el índice más alto de inflación (17 %), con la pérdida dramática del poder adquisitivo del salario real de los trabajadores, y con una disminución de su participación en el Producto Interno Bruto.	El grueso de las expectativas de la ciudadanía se centraba en escuchar cuál es la estrategia de desarrollo de 2008. ¿Cuál es el resultado central que se espera alcanzar este año para salir de la crisis actual, y para paliar en parte los efectos terribles que esta crisis produce, por el deterioro cotidiano de las condiciones de vida de uno de los pueblos más empobrecidos del planeta? ¿Qué políticas va a trazar el gobierno para atraer inversiones de capital de largo plazo, en 2008, ahora que la economía mundial sufre una depresión de la demanda a causa de la recesión en los Estados Unidos (que seguramente, afectará a nuestras exportaciones)?	Nadie espera, ni le exige al presidente que sea un orador talentoso. El problema que el pueblo percibe es que por un protagonismo infantil de la pareja presidencial se opaca y anula la capacidad técnica de los funcionarios estatales. El presidente pudo delegarle 45 minutos a su Ministro de Hacienda (el tiempo que mal utilizó pasando lista a los embajadores presentes), para que el funcionario, profesional en la materia, presentara didácticamente los ejes centrales del informe gubernamental sobre la economía del país.	El Nuevo Orden Económico, según lo concibe el presidente, admite todas las formas de propiedad, pero sin lucha ni contradicciones entre los agentes económicos. Más bien, los distintos agentes sociales se coordinarán entre sí por la solidaridad cristiana. Lo importante en este nuevo modelo --expresa el mandatario-- es la conciencia cristiana. De manera que las relaciones de producción, por orden del jefe de gobierno, se basarán en la justicia, en la solidaridad y en la mística. El trabajador será socio del capitalista; y el capitalista, con conciencia social, además de dar un salario justo a los trabajadores, invertirá sus utilidades en infraestructura, en carreteras, en escuelas, en centros de salud, a favor de la comunidad. Habrá, en fin --a juicio del gobernante--, una unidad en la acción de todos los actores económicos, basada en la “complementariedad” y en la solidaridad cristiana.	El nuevo orden del presidente no parte de un desarrollo histórico de las fuerzas productivas (bajo la influencia de una clase dominante), sino que se basa en una justicia idealista, que anula la lucha concreta de intereses sociales en el proceso productivo, y hace desaparecer la explotación del trabajo humano, por encanto, en condiciones de atraso económico y de propiedad privada sobre los medios de producción.	En filosofía, el idealismo concibe que la realidad material se deriva de la actividad mental. En este sentido, el motor de esta justicia y de esta nueva conciencia solidaria (impuesta desde el gobierno a los sectores productivos de la sociedad), es la voluntad del propio líder mesiánico, que debe mantenerse para siempre en el poder por lógica del sistema idealista por él concebido, imponiendo su justicia ideal a la voluntad de los simples ciudadanos.	El presidente, efectivamente, clama en su proyecto por un mercado interno justo, inmutable, en el que las transacciones económicas no se regirían más por el equilibrio entre la oferta y la demanda, sino por un factor ideal, abstracto: el precio justo. El gobernante hace a un lado las variables fundamentales de la economía, difumina las bases materiales de producción y de la lucha de clases, y simplemente toma prestados de la moral, ideales abstractos de comportamiento humano (como un predicador sin formación alguna).	El proyecto de Ortega es un salto inmenso hacia atrás, a un Estado semifeudal, que no sólo atenta (con argumentos morales) contra las bases económicas de un capitalismo incipiente, sino, que, con la intriga y con los métodos burocráticos de gobierno, atrae a las débiles instituciones democráticas del Estado burgués (como si fuese un inmenso agujero negro), deformándolas para adaptarlas al poder absolutista del líder	La realidad, sin embargo, es tozuda frente a la utopía. Si en lugar de incrementar la productividad de la agricultura con estímulos a la producción y con inversión tecnológica, el gobierno establece artificialmente los precios de la canasta básica por debajo de su nivel de equilibrio (con base, simplemente, a decretos morales), Ortega acarreará escasez, racionamiento y la aparición del mercado negro, con pérdidas de empleo, desvalorización del salario, etc. Como ya ocurrió en los años ochenta.	Para enfrentar este proyecto reaccionario, los trabajadores deben levantar la consigna general de firmar, a lo inmediato, nuevos convenios laborales colectivos con una cláusula de remuneración salarial móvil (a fin que se revalorice automáticamente el salario conforme al incremento de la canasta básica). Se debe exigir, también, al gobierno, para fortalecer a los trabajadores y a sus familias, la generación de 100 mil nuevos empleos productivos en 2008.	L suerte del país está en manos de los trabajadores, de su organización y de su coraje. Los trabajadores, a la cabeza de la sociedad, deben exigir al gobierno que presente las cifras de un plan detallado para alcanzar en 2008 un crecimiento económico superior al 10 %. ¡O que renuncie y se lleve la justicia ideal a su casa!