De acuerdo con la investigación de la Guardia Civil Española, la red estaba integrada por siete nicaragüenses (cuatro mujeres y tres hombres), quienes se valían de familiares residentes en Nicaragua para buscar a mujeres jóvenes, con poca formación académica o madres solteras, a quienes ofrecían un empleo bien remunerado en España.	“Casa Alianza ha trabajado en algún momento con adolescentes que han sido vinculadas con características de este delito a nivel interno, jovencitas traídas del norte del país al centro, o bien, desde el Caribe Norte hacia el centro del Pacífico, para hacer actividades de explotación, ya sea de servidumbre, de explotación sexual o explotación laboral”, dice Álvarez.	El reporte afirma —sin hacer señalamientos específicos— que funcionarios de al menos cuatro de los ministerios que integran la Coalición Nacional contra la Trata de Personas “cometieron, lideraron o autorizaron violaciones a los derechos humanos, creando un ambiente de impunidad y disminuyendo la probabilidad de que las víctimas denuncien la trata de personas”.	“Después del 2015 hacia acá ha disminuido, ciertamente, la actividad de la lucha en contra de la trata de personas por parte del Gobierno, por eso es que lo clasifican en un nivel 2… que lo están haciendo (combatir la trata de personas), supongo que sí; pero nosotros, digamos, hemos bajado la participación porque no hemos tenido la invitación a los espacios que era en lo que antes participábamos”, señala Álvarez.	Un reporte sobre la situación de la trata de personas en Nicaragua, recopilado por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) y divulgado en sus redes sociales, indica que el Gobierno reportó entre 2014 y 2017 un total de 30 casos vinculados a la trata de personas, con 73 víctimas (60 mujeres y 13 hombres).	Para EE. UU. es clave aumentar y crear un fondo de financiación para proteger a las víctimas, proporcionar servicios especializados y cumplir con el requisito de la Ley 896 de incluir a la Federación de Coordinación de ONG de Nicaragua que trabaja con niños y adolescentes (Codeni) en la Coalición Nacional contra la Trata de Personas.