En el párrafo 120 de sus considerandos, la Corte Internacional de Justicia afirma que ni el Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra ni la ratificación del mismo por parte del Congreso de Nicaragua establecieron una delimitación marítima entre Nicaragua y Colombia. Y en la literal (c) de la parte resolutiva concluye, por unanimidad, que rechaza la objeción de Colombia a la jurisdicción de la Corte en todo lo relativo a la fijación de estos límites entre ambos países.	A pesar de esta deslumbrante claridad, la decisión del gobierno de asumir la soberanía plena de Nicaragua sobre sus territorios del Mar Caribe, al oriente del meridiano 82, conforme al derecho del mar, está siendo manejada por algunos políticos de derecha en forma retorcida, para encubrir posiciones políticas contrarias al Frente Sandinista, a Daniel Ortega Saavedra.	Posiciones que ponen en entredicho, peor aún, que niegan, la doble facultad constitucional --como deber y como derecho-- del gobierno nicaragüense de ejercer soberanía plena sobre esos territorios, con base en la mencionada sentencia de la Corte del pasado 13 de diciembre. Tan retorcidas que minimizan el hecho de que durante ochenta años Colombia ha usurpado por la fuerza la soberanía de Nicaragua sobre su territorio del Mar Caribe, alegando la complacencia de los gobiernos habidos durante los primeros cincuenta años. A sabiendas de que esos gobiernos actuaban en connivencia con Washington, para complacerlo graciosamente.	La consecuencia obligada de esta actitud es el monstruoso juicio antihistórico de imputarle intenciones guerreristas al gobierno revolucionario del Frente Sandinista por cumplir con la Constitución, por reivindicar la original tesis nicaragüense, más antigua que el Tratado, sobre los “legítimos derechos de Nicaragua a la luz de la justicia y de la historia” sobre esos territorios, por hacerlo con presencia militar, que es la única forma de ejercer soberanía plena.	El alegato es realmente retorcido. En primer lugar porque ocultan el hecho evidente de que el gobierno colombiano se ha declarado en rebeldía frente a la Corte, y sobre este ocultamiento sugieren un arreglo diplomático con Colombia en cuanto al ejercicio de la soberanía nicaragüense sobre esos territorios, como si la sentencia de la Corte requiriera de otros recursos para implementarse.	En segundo lugar porque, además de ocultar la rebeldía colombiana frente a la Corte, también ocultan la tradicional vocación guerrerista de Colombia, ésta sí verdadera, incuestionable. No sólo en lo relativo a las amenazas de uso de la fuerza contra Nicaragua, para preservar la usurpación de este inmenso territorio marítimo nicaragüense, cuya bitácora está registrada en la prensa escrita de ambos países; sino frente otros estados de la región, incluyendo el Caribe.	Pero, más grave aún, el ocultamiento de la actitud guerrerista de Colombia también oculta el inmenso poderío militar colombiano en la zona. Y que este poderío es producto directo del Plan Colombia, que es el eufemismo que usa Washington para ocultar su involucramiento militar en la lucha contra las fuerzas insurgentes en ese país, su potencial vietnamización. Pero principalmente con la ilusa intención de ocultar la amenaza militar contra terceros estados, para preservar su hegemonía en la región.	El corolario de todo esto es la insólita demanda al gobierno de Nicaragua de dejar las cosas a como estaban antes de la sentencia de la Corte, de no actuar mientras la Corte no fije definitivamente los nuevos límites marítimos entre Nicaragua y Colombia. Otra vez: como que si la sentencia del pasado 13 de diciembre no hubiese sido definitiva en cuanto a la inexistencia del límite reclamado por Colombia hasta el meridiano 82. Una demanda que, conscientemente o no, se corresponde plenamente con la tesis del gobierno colombiano de que cualquier acción soberana de Nicaragua hacia el Oriente de ese meridiano equivale a “provocar el caos” en el Mar Caribe.	Desde luego, para justificar tamaña monstruosidad antinacional están estableciendo una unidad indisoluble entre la propuesta de los gobiernos de la Alternativa Bolivariana de las Américas, ALBA, de conformar su propio Consejo de Defensa --núcleo de la inminente conformación de una institución semejante de los países de la Unión de Naciones del Sur--, con la decisión del gobierno de Nicaragua de asumir plenamente su soberanía en los mencionados territorios marítimos del Caribe.	Así se cierra el círculo perverso elaborado por estos políticos de derecha. Alegando retorcidamente que Nicaragua pretende ejercer su soberanía mediante una alianza militar con Venezuela, actualmente amenazada por las fuerzas militares norteamericano-colombianas, le niegan al gobierno de Nicaragua la facultad constitucional de defender la soberanía territorial con la presencia del Ejército de Nicaragua en el Mar Caribe.