La crisis institucional entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial amenaza con recrudecerse luego que ayer los jefes de las cuatro bancadas opositoras en el Parlamento nicaragüense analizaron la posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la Organización de Estados Americanos, OEA para dirimir el conflicto institucional ocasionado por la derogación de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC.	Sin embargo, antes de invocar la Carta Democrática --de la cual Nicaragua es signatario-- la oposición decidió realizar algunas medidas de presión sobre el presidente de la República, Daniel Ortega, entre ellas no aprobar la Ley de Presupuesto para el próximo año o, en su defecto, modificarlo totalmente, e incluso eliminar algunas partidas o programas de interés para el gobierno, como el programa “Hambre Cero”.	Después de una extensa reunión en la sede del Poder Legislativo, los jefes de bancada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC; la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador, ALN-PC; Movimiento Renovador Sandinista, MRS, y de la recién creada Bancada por la Unidad, decidieron tomar algunas medidas para obligar al presidente de la República, Daniel Ortega, a acatar lo dispuesto en la Ley 630, mediante la cual se derogaron los CPC.	De momento, Bonilla y Navarro anunciaron una serie de visitas a los mandos de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua, a fin de conocer sus opiniones en torno a supuestas amenazas del presidente Daniel Ortega, de militarizar el país, ante un eventual golpe de Estado por parte del mandatario para disolver los demás poderes.	No obstante, aún no deciden concretamente el orden de los pasos a seguir. Para hoy está prevista otra reunión con los jefes de bancada, los cinco miembros de la junta directiva que pertenecen a las bancadas de oposición y los presidentes de las diferentes comisiones legislativas para tomar acordar los pasos a seguir.