Mientras gran parte de la sociedad acusa a la gran empresa de contribuir a la consolidación del régimen Ortega-Murillo mediante el modelo de diálogo-consenso que por casi 11 años rigió la relación entre ambos, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri sostiene que dicha relación fue “relevante” para garantizar el crecimiento económico de los últimos años.	A raíz de la ruptura con el Gobierno, según Aguerri el sector privado quedó en manos de “la burocracia estatal” que no actúa de acuerdo a criterios técnicos sino por orientaciones políticas que pretenden ocultar la realidad y someten al sector a la corrupción que al ser denunciada los expone a represalias.	Aguerri también explica por qué no se ha convocado a un paro nacional indefinido e insiste en la necesidad de un acuerdo político que permita reconstruir el país cuya economía empieza el 2019 con graves afectaciones que podrían agudizarse si el régimen Ortega-Murillo toma decisiones equivocadas en torno al ajuste al salario mínimo y las reformas a la seguridad social y fiscal que ha anunciado, pero también ante una eventual suspensión de los beneficios fiscales que le otorgan algunos tratados comerciales.	¿Qué opina de que pese a la ruptura del modelo de diálogo-consenso que por casi 11 años mantuvo con el Gobierno, gran parte de la sociedad aún culpe a la gran empresa de haber oxigenado al régimen durante años y de alguna forma ser culpable de lo que está ocurriendo?	Este es un tema que creemos no ha tenido un enfoque objetivo, y que ahora que estamos en la peor crisis sociopolítica de los últimos años con impactos económicos graves, se comienza a entender. Me refiero a que ha quedado en evidencia que el papel que jugamos en estos últimos diez años para alcanzar crecimiento económico fue relevante, y para ello fue y es indispensable que exista un esquema de trabajo público-privado que permita trabajar por esos resultados.	Debe entenderse que sea cual fuere la ideología del gobierno de turno, el sector privado debe trabajar para garantizar un Estado facilitador de la inversión, que promueva la productividad y la competitividad, que facilite el trabajo de importar, exportar, producir, ofrecer servicios, desarrollar la infraestructura productiva, etc. Ese papel no puede delegarse ni dejar de hacerse, nosotros en Cosep lo asumimos con visión de país, comprometidos con las empresas, los empresarios y los trabajadores, lo realizamos con rigor profesional…	Lo que también nos ha quedado claro es que no fuimos efectivos en implementar una agenda y una estrategia en conjunto con los otros sectores de la sociedad para fortalecer la institucionalidad democrática que nos llevara a garantizar la sostenibilidad política y social del país. Y lo anterior no significa que no hicimos nada al respecto.	Desde el año 2007 venimos planteando la necesidad de respetar la Constitución Política y fortalecer el Estado de derecho, lo necesario de la independencia y división de los poderes del Estado, la no confusión Estado-partido, el manejo transparente de la cosa pública. En el momento oportuno, insistimos en la importancia de elecciones transparentes con procesos electorales supervisados y autoridades creíbles. En su momento y en forma reiterada, planteamos la importancia del “modelo de las libertades” que tutele la libre movilización y concentración y de libertad de prensa.	Sin embargo, los aciertos y fallas cometidas hicieron que en diciembre pasado, en el último encuentro de nuestro sector, nos comprometiéramos públicamente con un nuevo esquema de trabajo con todos los sectores de la sociedad en donde impulsemos la justicia, la democracia, la seguridad y el progreso para todos los nicaragüenses.	Se ha convocado a tres paros nacionales durante la crisis. Nosotros hemos establecido y planteado públicamente nuestra propia visión del paro —lo cual también ha sido explicado por otros—, en el sentido que es una herramienta cívica y pacífica más de protesta. En esa misma línea de pensamiento, por consiguiente, no hemos descartado que se deba proceder a convocar a otros paros nacionales conforme la dinámica y situación de la crisis lo exijan y sea necesario como complemento de otras acciones cívicas y pacíficas de protesta.	Lo que sí es cierto, y no podemos soslayarlo, es que el paro no es la solución por sí misma a la crisis sociopolítica; que el paro afecta primeramente a los sectores que no son gobierno antes que al gobierno mismo; que una vez que se supere la crisis sociopolítica las empresas serán fundamentales en la reactivación del país, y que el sector privado mantendrá su compromiso como lo ha venido haciendo con las demandas de justicia, democracia, seguridad y progreso.	Nuestra comprensión de siempre, y no de ahora ante la situación actual, es que nuestro país tiene una gran dependencia económica y hasta social, del exterior. Y en su momento en relación con Estados Unidos expusimos la importancia que tiene para nosotros, al ser el principal socio comercial de nuestro país, y ya no se diga, lo importante que es en el tema de las remesas, de inversiones y de turismo. Y si a eso le agregamos su incidencia y capacidad para influir en los organismos multilaterales, su peso para la estabilidad de nuestro país es determinante.	Y en ese orden, también es relevante una vez encontremos esas respuestas, recomponer nuestras relaciones internacionales con Estados Unidos, debemos como país de entender de una vez y para siempre, que el discurso y la retórica que utiliza el Gobierno en contra de Estados Unidos, no tiene ningún sentido. Y que alinearse a discursos y banderas ideológicas no nos trae ningún provecho como país. Debemos de aceptar la realidad que Estados Unidos es un socio vital para nuestro futuro.	Yo preferiría contestar esta pregunta de la siguiente forma. Después del 18 de abril Nicaragua cambió. Y cambió, porque una generación de jóvenes nos despertó y regresó la esperanza de que podemos construir un país mejor. Y en ese cambio toda la sociedad y sus actores hemos tenido que aportar para que eso sea posible, y esto incluye sacrificios individuales y colectivos.	Es evidente que después de la lamentable e injustificable pérdida de vidas, de lesionados, presos políticos y exiliados como consecuencia de la grave violación de nuestros derechos humanos, otro gran afectado ha sido la economía y especialmente el empleo de miles de familias sobre lo cual comentamos al inicio de esta entrevista. Y en ese sentido tenemos afectaciones severas en las empresas y los empresarios, quienes a pesar de ello siguen firmes con sus posiciones y en respaldo de las demandas principales que la sociedad estamos haciendo para solucionar la crisis sociopolítica.	Desde abril la gremialidad empresarial que nosotros representamos ha suspendido todo esquema de trabajo con el Gobierno, es decir, ha dejado de funcionar el esquema por el cual se coordinaban sesiones de trabajo permanentes para ejecutar y dar seguimiento a las propuestas transversales y sectoriales para la mejora del clima de negocios contenidas en las Agendas Cosep.	Lo anterior, implicaba una interacción directa con las instituciones y los funcionarios públicos que estaban vinculados con la agenda económica, con el objetivo de que la actividad empresarial se desarrollara en forma productiva y competitiva. Esto ahora ya no funciona así, por lo que estamos en manos de una burocracia estatal que actúa no en función de esas premisas técnicas, sino bajo criterios e instrucciones políticas para vender una realidad económica y social alterna, que pretende soslayar la grave crisis sociopolítica que enfrentamos con efectos negativos muy relevantes en el ámbito socioeconómico.	Ante esa situación el único recurso con que contamos gremialmente es la denuncia y exposición pública de los problemas y arbitrariedades que enfrentan las empresas, y la capacidad individual que cada una de estas tiene para plantear y resolver su propio problema, para lo cual tienen que lidiar con temas de corrupción o encarar la posibilidad de ser sujetos de represalias por parte de las autoridades.	Los incrementos de salario mínimo se han basado en la suma de la tasa de inflación más el crecimiento real de la economía. Estimamos que la inflación del 2018 rondará 4 por ciento y la economía decrecerá 4 por ciento, de manera que si se aplicara esta fórmula no debería existir incremento o el incremento debería ser muy pequeño.	Los datos e información que hemos obtenido y analizado y que estamos dando a conocer a través del Monitoreo de las Actividades Económicas que realizamos con Funides (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social) y que es complementado con los estudios de los especialistas, nos reflejan un golpe severo a nuestra economía en 2018, que recalcamos nos lleva a tener un decrecimiento del PIB real de -4 por ciento, que ha provocado 137 mil desempleados entre marzo y diciembre 2018.	Esos datos por sí solos pueden explicarnos que cualquier medida económica populista en el orden salarial, reforma a la seguridad social o fiscal que no considere la actual crisis sociopolítica, tendrá efectos directos en el empleo y la sostenibilidad de las empresas, es decir, más desempleados y mayor cierre de empresas. La prioridad hoy en este ámbito está en conservar el empleo existente y buscar la sostenibilidad de las empresas.	a) Reducir el margen, siempre y cuando este sea suficiente para soportar el incremento en costos que podría suponer una reforma legal. b) Reducir costos manteniendo los precios y el margen.c) Aumentar precios y mantener costos. Esto permitiría enfrentar el mayor costo derivado de una reforma legal, dependiendo de la cuantía del mismo.d) Y no hacer nada también sería una estrategia, puesto que los mercados para ciertos productos son muy sensibles.	El sector privado en 2018 realizó diferentes esfuerzos por mantener el empleo, adoptando medidas de flexibilización laboral, tales como flexibilidad en la asistencia al centro de trabajo e incluso enviando a colaboradores de vacaciones. No obstante, de extenderse la crisis actual sumado a reformas legales como las planteadas en la pregunta, será más difícil continuar con las medidas de flexibilización laboral y eventualmente otras acciones como suspensión o renegociación de contratos comenzarán a tener mayor preponderancia.	En el caso de Cosep como ya explicamos, no tenemos ninguna comunicación con el Gobierno y por lo tanto no estamos siendo consultados de ninguna decisión de orden económico; y ya hemos visto que es lo que pasa cuando el Gobierno toma decisiones como en el caso del decreto del Instituto Nicaragüense del Seguro Social, en donde se quiso trasladar el impacto social y el costo político de la crisis únicamente al sector privado. Insisto, no se puede ignorar la realidad y pretender crear un mundo paralelo al margen de los agentes económicos y de la propia sociedad. Lo anterior no evitará llegar al mismo resultado que se pretendería evitar y sí agravará la situación que una mayor cantidad de familias estarían enfrentando por esa decisión de las autoridades.	Dependerá del giro del negocio de las empresas. Algunos tendrán la posibilidad de cerrar temporalmente, pero otros no. El sector agropecuario, por ejemplo, no tiene opción, puesto que está en función de ciclos productivos. Si no se siembra no se cosecha o si las plantaciones ya están en producción —como el caso del café— no se pueden dejar tiradas.	A casi nueve meses de iniciada la crisis política y social provocada por las graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales iniciadas el 18 de abril del año pasado, la crisis seguirá teniendo efectos negativos en la economía y desarrollo del país. En 2019 los sectores más afectados serán la construcción, el comercio, el turismo y el sistema financiero, aunque también serán afectadas el resto de actividades.	En los monitoreos de las actividades económicas que realizamos el año pasado nos encontramos que los sectores vinculados a la exportación mostraban desempeños relativamente mejores a los de los productos de consumo interno. Sin embargo, en el último monitoreo realizado con datos a octubre 2018 nos encontramos que un mayor número de sectores tenían expectativas de reducción de sus ventas para el 2019, incluyendo algunos sectores vinculados a la exportación.	El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, asegura que como la mayoría de los nicaragüenses el sector privado tiene la expectativa de que “surja algo que resuelva esta crisis” para “que todos podamos pensar nuevamente en nuestras vidas, en nuestro futuro y el de nuestros hijos en un ambiente de seguridad” y en el que los empresarios cuenten con la predictibilidad que se requiere para trabajar y hacer negocios.	Además, dice entender la frustración de muchos y que no se pondere objetivamente lo que se ha logrado con los informes y resoluciones de los principales organismos regionales y mundiales de derechos humanos, y pide que se comprenda que de no ser por el trabajo de estos organismos Nicaragua no habría logrado el amplio y contundente respaldo de la comunidad internacional.	Y añade, “en definitiva, los mismos han evitado más muertes de nicaragüenses, lo cual es extraordinariamente positivo. Pero además, es importante que se entienda que han sentado las bases y condiciones que se requieren para que el país alcance justicia y democracia”.También considera que el Gobierno no puede hacer caso omiso e ignorar estas resoluciones o informes, ya que de ellas depende la posición y acción de la comunidad internacional hacia Nicaragua. “El hecho que se descalifiquen no debe llamarnos al engaño de que no sirvieron para nada. El hecho mismo de referirse a ellos públicamente es que está afectando, está impactando y no está fuera de sus análisis y decisiones futuras. Esperemos que no se siga sacrificando a la nación y a todos lo que vivimos en ella”.