La mera mención de su posibilidad causa estremecimientos. Nadie quiere guerra civil. Todos los líderes opositores, sin excepción, han insistido en que la solución debe ser pacífica. Influye la creencia y el lógico e intenso deseo, de que a través de presiones y negociaciones pueda alcanzarse la democracia y la paz. También el trauma causado por las últimas guerras civiles.	Pero ¿qué camino queda si Ortega con sus acciones —no con sus palabras— deja ver con claridad meridiana que no está dispuesto a una salida democrática por las buenas? Algunos, aferrados con fervor de náufragos al tablón de la esperanza, creen que ni siquiera debe plantearse esta posibilidad; que por negro que luzca el horizonte siempre habrá la posibilidad de encontrar la salida indolora. Pero, por duro que suene decirlo, no siempre es así.	Es una posibilidad real, realísima, que los Omur no tengan la más mínima intención de dejar el poder, aunque eso signifique hambre y miserias masivas para su población. Puede que estén dispuestos a seguir el camino de Maduro, o los Castro; hacer que el pueblo soporte heroicamente las sanciones —porque ellos, en sus palacios, no las sufrirán— y resistir no solo hasta el 2021 sino varios años más. Puede que el espectro de soltar el poder los asuste más que lanzarse a la aventura de mantenerlo a sangre y fuego. La historia está llena de dictadores aferrados por muchísimos años al poder al costo de arruinar sus economías, y que solo han caído cuando ya no son capaces de mantener suficientemente recompensado al círculo de sus colaboradores esenciales.	Ante un panorama como este, que ojalá no ocurra, pero que no se puede descartar, ¿qué alternativas quedan? La triste realidad es que solo dos: el sometimiento a la tiranía, acompañado obviamente de emigración masiva e incontables penurias —véase el caso de Venezuela— o la rebelión armada. El caso es que esta, independientemente de lo que uno no la quiera, irá ganando lentamente legitimidad en la medida en que se desvanezca la esperanza de arreglos pacíficos satisfactorios. No es una alternativa utópica, como piensan algunos. Jóvenes deseosos de empuñar las armas abundan. Adquirirlas a través de aportes privados, la diáspora, o países amigos no es fácil, pero puede llegar a ser factible.	Evitar estos desenlaces depende, fundamentalmente, de los gobernantes. En 1979 Estados Unidos, a través de su enviado Bowdler, la OEA y otros países, hicieron esfuerzos denodados por apresurar la renuncia de Somoza. Todo fracasó. En junio la Conferencia Episcopal finalmente concluyó: “No se puede negar la legitimidad moral de las insurrecciones en el caso de tiranías evidentes y prolongadas que amenazan gravemente los derechos fundamentales de la persona y el bien común del país”.