González, ex socio del consorcio turístico Arenas Bay y de la Sociedad San Cristóbal, denunció el 27 de mayo en el programa Esta Semana, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, en Canal 8, que el ex diputado Gerardo Miranda le habría pedido una coima de cuatro millones de dólares a cambio de solucionarle problemas judiciales en el litigio sostenido contra la Cooperativa “Pedro Joaquín Chamorro”, por el dominio de unas tierras en las playas de Tola, Rivas.	La denuncia se hizo acompañar de una grabación digital de una conversación entre Miranda y González, donde supuestamente el primero le pide al segundo la coima de cuatro millones a cambio de solucionarle los problemas en el litigio con los cooperados. La grabación y los testimonios fueron parte de las pruebas tomadas en cuenta por el fiscal Vargas, quien ayer desestimó la mayoría de los delitos señalados por ambas partes del juicio.	En esta última, la empresa estadounidense Sensimetrics Corporation determinó que la voz de Miranda era reconocible cuando mencionaba la palabra “cuatro”, pero las otras dos instancias de peritajes, las de Colombia y España, determinaron que la grabación tenía mucho ruido externo y por lo tanto era imposible cotejar la identidad de los tonos de las voces de Miranda y González.	Según el fiscal Vargas, se solicitó al Instituto de Medicina Legal un análisis a la grabación y a la conversación sostenida entre Miranda y González, donde supuestamente ocurre la petición de extorsión y la de soborno, y una perita de sicología para comprobar si existían elementos emocionales de agresión o coerción en la charla grabada, que determinaran el delito de extorsión mediante la agresión, violencia, intimidación o cualquier otro acto de dominación.	“En ningún caso están presentes actos coercitivos que obliguen uno a otro sujeto a realizar actos contra la voluntad y que pongan en riesgo su integridad física, sus bienes y los de su familia (…) en ningún caso el actuar del señor Miranda afectó la libre autodeterminación del señor González”, precisa el informe.	Después de desestimar los delitos imputados a una y otra parte, el fiscal ordenó pasar el caso a investigación en lo que se refiere a los delitos de daños al medio ambiente y al conflicto de la propiedad con la Cooperativa “Pedro Joaquín Chamorro”. De la extorsión y las coimas, no se habló más.