El 23 de mayo de 2006 entró en vigencia el Código Tributario (Ley No. 562) y en los primeros ciento veinte días sufrió la primera reforma (Ley No. 598). La Asamblea Legislativa de esa época, integrada por los PLC, los mal llamados Azul y Blanco y los FSLN, atendiendo recomendaciones de su padrastro FMI, aumentaron las unidades de multa por violación de leyes y reglamentos tributarios de dieciocho a veinticinco córdobas cada una, haciendo, entre otros, que una simple presentación tardía de una declaración, aunque no hubiere impuestos que pagar, tuviere que pagar más o menos de setenta a noventa unidades de multa, o sea un promedio de dos mil cordobas .	La DGI de esa época (Gobierno del ingeniero Bolaños) dando muestras de una enorme insensibilidad social e irrespeto a las leyes, algo común durante dicho gobierno, comenzó a imponer multas a diestra y siniestra por violación a las infracciones administrativas tributarias establecidas en el artículo 117 del Código Tributario, igual que las contenidas en el arto. 126 , el párrafo segundo y tercero del artículo 134 de ese mismo Código y cualquier mala mirada. Había que recaudar, aunque se violara la ley.	Al ver la iniquidad con que aplicaban la ley y el típico caso de la explotación del hombre por el Estado, en un Estado que se suponía y su representante alegaba que era un Estado de derecho y nadie estaba por encima de la ley, inicié mi cruzada ante administradores de Rentas y el Director General de Ingresos de la época, haciéndoles ver la existencia del artículo 116 CTr que de manera clara establece que las violaciones de las leyes y reglamentos tributarios que constituyen infracciones Administrativas Tributarias y provocan ( causan) un perjuicio (daño) pecuniario ( de dinero) al fisco serán sancionadas (castigadas) en la medida y alcances establecidos en el Código Tributario, o sea, que si no hay daño pecuniario ocasionado al fisco, no hay sanción que aplicar.	Era de esperarse que lo anterior sería corregido con el nuevo gobierno del FSLN, un partido que desde los noventa ha proclamado transparencia, estado de derecho, sensibilidad social, y declarado al “pueblo presidente”, pero inexplicablemente para la actual DGI también “pudo más el interés por el dinero que el amor que le tenía” a ese pueblo, y se continuó mal aplicando la ley y esquilmándolo.	Dicho Tribunal, nombrados sus integrantes por el Presidente de la Republica, ratificados por la Asamblea Nacional y criticado por “moros y cristianos”, emitió sentencia a las ocho y treinta minutos de la mañana del doce de octubre del año en curso, ajustando la misma al estricto sentido de la ley, a la justicia y dando visos de una enorme independencia del criterio seguido en contra de los derechos del contribuyente por las autoridades del Ministerio de Hacienda y la Administración Tributaria .	Dice dicho Tribunal en su considerando V: “El artículo 116 CTr conceptualiza como Infracción Tributaria “toda acción u omisión del cumplimiento de los deberes sustanciales del contribuyente que provoca un perjuicio pecuniario al fisco y que implica violación de leyes y reglamentos tributarios….”destacando en el mismo el perjuicio pecuniario al fisco y “ la violación de leyes y reglamentos tributarios”. Por lo que en la aplicación de la norma establecida en el parágrafo III, artículo XVI del Título Preliminar del Código Civil, que dice “ Al aplicar la ley no puede atribuírsele otro sentido que el que resulta explícitamente de los términos empleados dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”, debe mantenerse la posición jurídica contemplada por el artículo 116 CTr., el cual es claro al establecer que no puede existir sanción pecuniaria, a pesar de haber existido alguna violación o integración de leyes y reglamento tributarios ,si no existe perjurio pecuniario al fisco.”	POR TANTO…………RESUELVEN……..III. HA LUGAR AL RECURSO DE APELACIÓN ………….-Esta sentencia es de máxima importancia, sobre todo para los micro, pequeños y medianos contribuyentes que no tienen los recursos económicos necesarios para llevar a cabo procesos que requieren tiempo y dinero para hacer valer sus derechos cuando son atropellados por nuestras autoridades. Ahora la trocha ya está abierta.	Con esta sentencia del Tribunal Tributario Administrativo estableciendo que, de no causarse perjuicio pecuniario al fisco cuando se violen leyes y reglamentos tributarios no puede existir sanción pecuniaria, la Asamblea Nacional debe promulgar una interpretación auténtica de los artículos relacionados con este tema. No vaya a ser que cambien a los integrantes del Tribunal y los nuevos magistrados le den otra interpretación a la ley.