"Instamos a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento. También reiteramos nuestro llamado a que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre estas denuncias de tortura y los hechos violentos bajo custodia", dijo este miércoles Kate Gilmore, Alta Comisionada Adjunta de OACNUDH.	"Estamos profundamente preocupados por la situación de las personas privadas de libertad en relación con las protestas. Nuestra Oficina ha recibido denuncias de que algunos de ellos fueron sometidos a tortura o malos tratos por parte de los oficiales de corrección. El 16 de mayo de 2019, en medio de protestas dentro de la prisión de La Modelo, un detenido fue asesinado (	"El Gobierno (de Nicaragua) continúa negando la responsabilidad de agentes estatales o profesionales. Elementos armados gubernamentales. Es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos", exigió Gilmore.	Un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 personas en el exilio, las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse. La protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas.	Las sucesivas liberaciones de personas privadas de libertad en relación con las protestas de 2018 fueron pasos alentadores. 442 personas han sido puestas en libertad desde el 27 de febrero de 2019: 336 de ellas bajo medidas alternativas a la detención, mientras que 106 fueron puestas en libertad en aplicación de la recientemente adoptada Ley de Amnistía. El Gobierno indicó que ha liberado a todas las personas detenidas en relación con las protestas. Sin embargo, según diversas fuentes, más de 80 personas permanecen bajo custodia en condiciones severas de detención.	Estamos profundamente preocupados por la situación de las personas privadas de libertad en relación con las protestas. Nuestra Oficina ha recibido denuncias de que algunos de ellos fueron sometidos a tortura o malos tratos por parte de los oficiales de corrección. El 16 de mayo de 2019, en medio de protestas dentro de la prisión de La Modelo, un detenido fue asesinado, presuntamente por un oficial de policía que había disparado, mientras que varias personas resultaron heridas, entre ellas agentes de policía.	Instamos a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento. También reiteramos nuestro llamado a que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre estas denuncias de tortura y los hechos violentos bajo custodia.	Si bien llevó a la liberación de 106 personas, la Ley de Amnistía, aprobada el 8 de junio de 2019, contiene ambigüedades que pueden beneficiar a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas. Como lo destacó el Alto Comisionado en un reciente comunicado de prensa, la Ley de Amnistía actual no garantiza el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, ni la Ley de Atención Integral a las Víctimas. Ambas leyes fueron adoptadas sin una consulta suficiente con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas. Estamos listos para ayudarlo a asesorar sobre cómo se pueden mejorar estas leyes.	Si bien nuestra Oficina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Organización de los Estados Americanos han documentado graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas, el Gobierno continúa negando la responsabilidad de agentes estatales o profesionales. - Elementos armados gubernamentales. Es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos.	Seguimos preocupados por la suspensión de las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica desde abril de 2019, y por la no implementación de los dos acuerdos alcanzados anteriormente, en particular sobre el fortalecimiento de los derechos y salvaguardias de los ciudadanos. Si bien este último acuerdo garantiza el restablecimiento de la libertad de reunión pacífica, la Policía Nacional ha continuado impidiendo las manifestaciones negando sistemáticamente la autorización para reunirse y arrestando arbitrariamente a las personas que intentan manifestarse, en ocasiones utilizando fuerza excesiva. Por ejemplo, durante las protestas que tuvieron lugar entre el 16 de marzo y el 30 de junio de este año, la Oficina recibió informes de al menos 21 personas heridas, incluidas tres por arma de fuego. Según fuentes no gubernamentales, desde mediados de marzo de 2019, más de 500 personas han sido arrestadas por agentes de policía cuando intentaban organizar protestas en varias ciudades. La mayoría permanecieron bajo custodia durante unas pocas horas y luego fueron liberados sin cargos.	Me preocupa profundamente que los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios continúen siendo blanco de ataques, amenazas, hostigamiento y vigilancia constante. Recientemente se informó a nuestra Oficina que algunas de las personas liberadas han sido acosadas y amenazadas por la policía y atacadas por elementos armados gubernamentales, en algunos casos con el consentimiento de las autoridades. Las autoridades aún no han restablecido el estatus legal y los activos de las nueve organizaciones de la sociedad civil que critican al Gobierno, cuyo registro legal se canceló en noviembre y diciembre de 2018.	Las violaciones del derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación, continúan afectando a los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como a los medios de comunicación. Nuestra oficina fue informada de que los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación han sido amenazados, hostigados y censurados. Dos periodistas prominentes fueron detenidos por más de cinco meses bajo cargos de terrorismo y fueron liberados el 11 de junio de 2019. Según fuentes no gubernamentales, a partir del 28 de junio, más de 100 periodistas se habían exiliado.	La crisis también ha afectado el disfrute de los derechos económicos y sociales. La recesión, junto con los efectos de la sequía relacionada con El Niño, podría poner en riesgo a los más vulnerables, incluidos los pueblos indígenas y afrodescendientes. También hemos recibido informes sobre la escasez de antirretrovirales y otros medicamentos.	Instamos a las autoridades a participar en un diálogo genuino, significativo e inclusivo para abordar las legítimas demandas de justicia y reparación de las personas, y emprender reformas institucionales y electorales. También pedimos al Gobierno que respete el acuerdo que ha firmado al permitir el ejercicio de las libertades de reunión, expresión y asociación pacíficas, prevenir, denunciar y sancionar cualquier ataque contra defensores de los derechos humanos, líderes comunitarios, opositores políticos y periodistas y garantizar el regreso. de su propiedad.	Un equipo dedicado en nuestra oficina regional en Panamá ha estado monitoreando de forma remota, con una metodología rigurosa, la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Después de que el gobierno solicitó a nuestro equipo desplegado en Managua que abandonara el país a fines de agosto de 2018, hemos estado tratando de recuperar el acceso. En este sentido, consideramos un paso positivo la información proporcionada por el Gobierno el 5 de julio de 2019, sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y la participación del Ministro Asesor del Presidente en una sesión de trabajo que tendrá lugar el 13 de julio. en nuestra oficina regional en panama. Confiamos en que esto conducirá a un acceso continuo para la Oficina en el futuro, como lo solicita la resolución 40/2 del Consejo de Derechos Humanos. Estamos dispuestos a ayudar al Gobierno a cumplir con sus obligaciones internacionales.