Según el anuncio, la investigación abarcará a los miembros de las juntas liquidadoras, a quienes no protege el Recurso de Amparo del Poder Judicial, y también al ex presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Noel Ramírez, a quien el contralor colegiado, Luis Ángel Montenegro calificó como el mayor responsable del “fraude”.	Montenegro afirmó que la pérdida del Estado por todo lo relacionado con el sistema financiero debía ser de 70 millones de dólares, y aun con todas las irregularidades de la subasta, la pérdida pudo llegar a los 212 millones de dólares, pero nunca a los 429 millones de dólares, lo que constituyó un “verdadero atraco” al Estado.	Ejemplificó que la cartera cafetalera valorada en 17.9 millones de dólares, y que tenía como garantía propiedades valiosas del norte del país, la vendieron en dos millones de dólares. La cartera de tarjetas de crédito de 33.1 millones de dólares la vendieron en 900 mil dólares, y la venta de bienes inmuebles sólo produjo 15 millones de dólares.