La llamada Ley de Atención a Las Víctimas, o Ley del Perdón, aprobada precipitadamente por la Asamblea Nacional el 29 de mayo, es absolutamente una aberración. No solo por ser carente de legitimidad, razón que aducen las organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales, muy bien expresado por la doctora Antonia Urrejola, narradora de la CIDH (LA PRENSA, 4 de junio) sino porque desde el conocimiento de la formación correcta de la ley en el poder legislativo de Nicaragua esta ley es defectuosa, anormal.	Primero porque concede perdón no pedido ni aceptado por una mayoría ofendida por la masacre perpetrada por las llamadas “víctimas” en ella, y que son en realidad las victimarias. Dos: Es ley calificada pomposamente como “de Estado” por un diputado oficialista, no podría ser aprobada de urgencia por su misma trascendencia implícita. Debió ir a comisión. Debió ser consultada a verdaderos ilustrados en derechos humanos, conocida y discutida por representantes de familiares de las verdaderas víctimas (los 325 a 535) confirmadas por los miembros de comisiones nacionales e internacionales de Derechos Humanos. Debió llamarse a los jóvenes agrupados en las organizaciones Azul y Blanco, a la Alianza Cívica, y si no era aceptada, rechazarla. Solo que los saludables trámites son posibles donde exista un verdadero Estado de derecho del que nos hallamos carentes los nicaragüenses. Tres: Es ofensiva a las verdaderas víctimas, los asesinados, heridos, desaparecidos, a los presos torturados, los exiliados, por perdonar y encima premiar mediante concesiones, no reconocidas por este régimen a todos los nicaragüenses y que son derechos constitucionales.	Esta pobre ley debió ser aprobada, pero mejorada, claro, después y en seguimiento de una ley anterior, no de perdón incondicional sino del análisis profundo de una comisión de la verdad formada por nicaragüenses de probada honestidad, auxiliados por expertos internacionales. Luego de identificar a los culpables, sin distinción de ideologías, proceder al enjuiciamiento y que recaiga el peso de la culpa sobre el enjuiciado con la debida condena y el consiguiente castigo. Solo entonces podría tener lugar y explicación esa ley de atención a las víctimas. Por el momento es practicar el infame trillo de la impunidad y premio a los culpables.	Parece que a las dos personas que tienen el control absoluto de todos los poderes del Estado las asesoran sus enemigos. Los asesores cubanos y rusos han embarcado y hecho navegar en mares de opresión a Venezuela y a Nicaragua. Cuando la tempestad que vivimos ambos países amaine a Venezuela le quedarán sus pozos de petróleo, que dicen ser los más grandes del mundo, pero a nosotros ¿qué nos quedará? La miseria mayor jamás vivida en lo económico, en lo sociopolítico un país por reconstruir. Cuesta mucho hacerlo, ya lo probamos a partir del 90. Fueron 16 años de esfuerzos de aciertos y recaídas.	Los poderes del Estado con un solo dueño o con dos, como sucede actualmente en Nicaragua crean las dictaduras más horribles que se historian en el mundo. Los doctor Francia y Stroessner, los Pérez Jiménez, los Castro, Somoza, Maduro, Ortega Murillo, contados unos cuantos en Hispanoamérica, han destrozado la vida y la moral de sus pueblos. Pero no son eternos. El mundo ya no es indiferente ante los desmanes de los tiranos y en esta patria amada hay una “reserva moral”: La juventud, como dice con premonición apostólica monseñor Silvio Báez. Así lo probó un muchacho en la clausura de Centroamérica Cuenta, en Costa Rica, cuando al cantarse el Cristo de Palacagüina, Jesús dice: “No quiero ser carpintero, quiero ser guerrillero”, el joven gritó: ¡Ingeniero! En una contundente proclamación de civismo, no obstante las desventuras del amargo exilio. Episodio que narra Sergio Ramírez en su crónica sobre el evento.