Esa ampliación representa una oportunidad, pero también un serio riesgo. El riesgo está en que Panamá reproduzca el modelo de crecimiento del siglo pasado que, fundamentalmente de la mano del Canal, produjo un país de ingreso medio, pero con una de las mayores desigualdades del mundo, en la región más desigual del planeta, y unos niveles de pobreza (37% de la población) incompatibles con un país de su nivel de ingreso. Y con unas asimetrías territoriales que en general coinciden con las asimetrías sociales, abismales. Dos provincias, Panamá y Colón, en la zona del tránsito canalero, y Chiriquí en la frontera con Costa Rica, concentran el 90% del ingreso nacional; otras seis provincias y las tres comarcas indígenas, con el 32 % de la población, dan cuenta únicamente del 10% de ese ingreso.	Ese riesgo estaba presente en 2006 en los debates con ocasión del referendo para decidir sobre la ampliación del Canal. En ese contexto, el gobierno, dos meses antes del referendo, convocó una concertación nacional con el objeto de consensuar una visión de país y una agenda estratégica para el desarrollo de Panamá, y encargó al Sistema de Naciones Unidas organizar y facilitar ese proceso.	El referendo arrojó una abrumadora mayoría a favor de la ampliación del Canal. A inicios del 2007 se puso en marcha lo que se ha llamado Concertación Nacional para el Desarrollo de Panamá. Después de un proceso complejo y delicado para decidir quiénes serían los concertantes, y bajo qué método, se puso en marcha un proceso no menos complejo y difícil de deliberaciones y debates entre partidos políticos, gremios empresariales y laborales, universidades, organizaciones sociales de diversa índole, iglesias y representaciones provinciales y de los pueblos indígenas, entre otros.	El proceso de concertación ha tenido que lidiar con los naturales adversarios de este tipo de ejercicio: el escepticismo en cuanto a los resultados prácticos, y la contaminación por los problemas políticos de la coyuntura que condujo a que, en efecto, del proceso participara el principal partido de oposición, pero no así otros p1artidos.	El resultado han sido una visión de país, unos objetivos y unas opciones estratégicas de muy amplio respaldo social. Toda una hoja de ruta que de mantenerse por los gobiernos que se sucedan entre ahora y 2025, con los inevitables ajustes de curso, harían de Panamá “una sociedad más democrática, equitativa, próspera, dinámica y regionalmente equilibrada”, según se definió el objetivo último de la concertación.	Una lectura de los acuerdos alcanzados, que deben verse como un ejercicio de voluntad política y no de sofisticación técnica, revela cuatro caminos entrelazados entre sí: crecer más (arriba del 7% anual) y sostenidamente; crecer mejor en términos del beneficio social, para lo cual se han acordado ambiciosas metas en salud y educación; superar la dicotomía entre el “Panamá del canal” y el “otro Panamá”; y consolidar la democracia.	Para los escépticos, la Concertación produjo un mecanismo de verificación y seguimiento poco común en este tipo de concertaciones programáticas. Queda establecido un Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, bajo la Presidencia de la República pero con capacidad de autoconvocarse, y en la cual ha quedado reservado cupo para los partidos políticos que se ausentaron del proceso; también unos principios y compromisos de manejo fiscal y financiero que sin duda elevarán la calificación crediticia de Panamá; y, de la mayor trascendencia, de los recursos adicionales que generará la ampliación del Canal, quedan comprometidos para los próximos 18 años, en un país de tres millones de habitantes, y en adición a la presupuestación ordinaria, trece mil millones de dólares para gastos de inversión en proyectos relacionados con los acuerdos de la Concertación. Una estimación gruesa da cuenta que esa ampliación del gasto de inversión pública, teniendo en cuenta las repercusiones que tendrá en la inversión privada, y asumiendo que la estructura de inversión pública-privada se mantiene, la tasa de formación bruta de capital de Panamá se elevará por encima del 30% del Producto, un nivel relativamente semejante a la de países asiáticos de explosivo crecimiento.	¿Qué ha hecho posible esos acuerdos? En Panamá, a diferencia de otros países de la región enfrentados de manera polarizada y excluyente, hay un acuerdo societario básico, compartido por una gran concentración de fuerzas sociales, económicas y políticas, en torno a un paradigma de sociedad abierta a la globalidad, organizada en torno a la economía de mercado, pero con sensibilidad social, y anclada políticamente en un régimen democrático liberal. Piénsese en las dificultades que encontrarían esos acuerdos en otros países de la región, con su acuerdo societario básico roto, y desgarrados entre debates excluyentes entre crecimiento y distribución, Estado y mercado, libertad e igualdad.