El 13 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia emitió el fallo preliminar sobre la fase de jurisdicción y admisibilidad en el caso Nicaragua vs. Colombia. En esta fase le compete a la CIJ determinar si es competente o no para conocer del fondo del asunto en base a los fundamentos de jurisdicción presentados por Nicaragua, es decir, el Arto. XXXI del Pacto de Bogotá y las declaraciones unilaterales de ambos estados.	La Corte determinó que al momento de la firma del Pacto de Bogotá (1948), Nicaragua no presentó ningún tipo de reserva que dejara evidenciado que desconocía la validez del Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra. La CIJ señala que Nicaragua procedió a registrar el Tratado en 1932 en la Liga de las Naciones. Asimismo, la Corte indica que por más de 50 años, de 1930 a 1980 (fecha cuando fue declarado nulo), Nicaragua siempre trató el Tratado como válido, aun después de la desocupación norteamericana en 1933.	Sobre este punto, la CIJ concluye que aun cuando el Tratado de 1928 no tuviera efecto, esto no afectaría la soberanía de Colombia sobre las islas. La Corte señala que es un principio de derecho internacional que un régimen territorial establecido por medio de un Tratado “alcanza una permanencia que no necesariamente goza el Tratado, y que la continuidad de ese régimen no depende de la vida del tratado bajo el cual dicho régimen fue acordado.”	Sobre este punto cabe resaltar el párrafo 115 de la sentencia: “La Corte considera que, contrario al reclamo colombiano, los términos del Protocolo, en su significado simple y ordinario, no pueden interpretarse en el sentido de haber establecido una frontera marítima entre Colombia y Nicaragua… el lenguaje del protocolo es más consistente con la intención de fijar el límite Oeste del Archipiélago de San Andrés en el meridiano 82.”	En este sentido, la Corte da la razón a Nicaragua, en cuanto a que la nota condicionante en el Protocolo de 1930, tenía como único fin poner un límite al archipiélago (por su indefinición en el tratado de 1928) y no definir una frontera en lo que era conocido en esa época como alta mar.	En relación con los rasgos marítimos adyacentes al archipiélago de San Andrés, y a los cayos Quitasueño, Serrana y Roncador, la Corte podría resolver tanto a favor de uno como del otro, como hemos venido apreciando de los últimos fallos de la Corte, es decir, otorgar los cayos adyacentes a Colombia, y dejar Quitasueño, Serrana y Roncador a Nicaragua por estar totalmente desprendidos de dicho Archipiélago.	En relación con el establecimiento de la frontera marítima única, con base en el Derecho del Mar, cada Estado tiene derecho a una ZEE de 200 millas y a una plataforma continental de 200 millas (hasta 350 millas). Éste es un derecho que no tiene que ser declarado ni haber poseído. En el caso de la plataforma continental del Mar del Norte, la Corte señaló que los derechos de los estados costeros con respecto al área de plataforma continental, que constituye una prolongación natural de su territorio bajo el mar, existe ipso facto y ab initio, por virtud de sus derechos soberanos para los propósitos de explorar sus recursos naturales… es un derecho inherente. A fin de ejercitarlo, no se tiene que llevar a cabo ningún proceso legal ni actos legales especiales. Su existencia se puede declarar, pero no tiene que ser constituida. Además, este derecho no depende si es ejercido o no. Es exclusivo en el sentido de que si el Estado costero desea no explorar o explotar las áreas de plataforma que le pertenecen, es su decisión, y nadie más lo puede hacer sin su consentimiento expreso.	Las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina serían enclavadas en las zonas marinas de Nicaragua. La CIJ otorgaría un radio de 12 millas a las islas. Dichos enclaves nunca pasarían al Oeste del meridiano 82, por cuanto Colombia estaría impedida de pedir más allá de lo que ha pretendido desde 1969.	Lo anterior puede encontrar soporte en el caso de plataforma continental entre el Reino Unido y Francia (caso Anglo-French Arbitration) del 30 de junio de 1997, y en el caso entre Canadá y Francia (caso St. Pierre et Miquelon) de 1992. En el primer caso, la Corte trató a las Islas del Canal como un enclave totalmente separado del Reino Unido. Primero, una línea media fue trazada entre el Reino Unido y Francia, como una primera frontera, sin tomar en cuenta las islas. Luego, en una segunda parte, se les concedió a las islas su propia faja marina de 12 millas de ancho. En el segundo caso, el Tribunal arbitral otorgó a las islas St. Pierre y Miquelon, una zona contigua de 12 millas, adicionales a las 12 millas de mar territorial que Canadá ya le reconocía a Francia.