El canciller de Daniel Ortega anunció en uno de sus estrambóticos comunicados del Incae, que antes del Día de las Madres la dictadura aprobaría una “ley de perdón, no olvido y reparación”, para las víctimas de la violencia desatada a partir del 18 de abril de 2018. Pero la tal ley resultó ser un adefesio jurídico y una burla para quienes esperaban algo serio y mejor.	La Ley de Ortega promete algunos beneficios sociales a las víctimas “de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril de 2018”. Pero no define a las víctimas y lo deja al criterio de la Procuraduría de Derechos Humanos, una institución estatal partidarizada y sectaria que desde 2007 se ha dedicado a justificar todas las violaciones a los derechos humanos que comete la dictadura de Ortega.	Un diputado orteguista dijo que “esta ley pretende garantizar como política de Estado una atención a las víctimas, independientemente del partido, la afiliación o simpatía política que sea”. Pero conociendo cómo actúa el régimen y lo falsos que son sus funcionarios, lo más probable es que si acaso pudieran financiar esos beneficios serían solo para los partidarios orteguistas.	Pero Ortega no se atrevió a autoamnistiarse porque seguramente sabe que nada lograría con eso. Lo que se necesita en Nicaragua y demanda la comunidad democrática internacional, es que haya justicia auténtica y reparación efectiva para todas las víctimas y sobrevivientes de la violencia —del pueblo y del mismo régimen orteguista—, a partir de que los hechos sean debidamente esclarecidos por una Comisión de la Verdad internacional integrada por personas honorables y confiables.	Está claro que el propósito de Ortega es mantenerse en el poder como sea y para siempre, mientras que el de la Alianza Cívica es la recuperación de la libertad y el restablecimiento de la democracia. Son objetivos absolutamente opuestos. Pero Ortega puede ser obligado a ceder mediante la resistencia cívica interna y la debida presión internacional, como ya lo tuvo que hacer a finales de los años 80 cuando era el todopoderoso cabecilla de la primera dictadura sandinista.