El abuso de poder, el irrespeto y el desconocimiento de la ley, además de la manipulación para gobernar al instrumentalizar la pobreza y creando organizaciones politizadas para enfrentar entre sí a la misma población, es el común denominador que dejó el gobierno del presidente Daniel Ortega en 2007, según revela el informe anual presentado por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, Anpdh.	Y es que según el informe, los entes gubernamentales, principalmente el Poder Ejecutivo, son los principales violadores de los derechos humanos en nuestro país, pues según datos de esta asociación, el gobierno ha despedido en este primer año de gobierno al menos a 7 mil personas, siendo la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Enacal, y el Ministerio de Salud, Minsa, los “principales violadores al derecho de trabajo digno”.	Anpdh denuncia que ante el crecimiento de la población, no existen mecanismos que tiendan a reordenar la justa distribución de los servicios básicos tales como el agua potable, electricidad, salud, educación y propiedades, ya que los recursos son enfocados a “políticas partidarias que mantienen al borde del caos institucional al aparato estatal”.	La centralización y el secretismo se convirtieron en dos elementos que no permitieron que el pueblo tuviera acceso a la información, lo que contraviene el derecho de los nicaragüenses de ser informados con una verdadera libertad de prensa, por lo que la libertad de expresión fue violentada por el Poder Ejecutivo, asevera la organización.	“Casos relevantes como foros y temáticas sobre el plan estratégico del Ejecutivo no se informó a muchos periodistas, incluso, se les amenazó o se les golpeó en el ejercicio de su profesión... restringiéndoles en algunos casos a informar únicamente lo que el ente estatal quiere informar”, se lee en el documento.	El Poder Judicial, a través de los juzgados, tribunales, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía y Defensoría Pública, ha perdido credibilidad ante la población, pues según la asociación, la justicia en Nicaragua “se desvirtúa, se tuerce, no se justifica con razones y no da respuesta a los argumentos que se pide con la ley...”	En cuanto a los diputados de la Asamblea Nacional, la Anpdh los calificó también como violadores a los derechos humanos, al permitir el despido de nicaragüenses de cargos públicos, entre otras violaciones continuas a la Constitución Política que reglamentaron mediante el decreto de Ley 290 (Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo), aunque todavía no ha sido aprobada por los mismos parlamentarios.