Sin embargo, el papa argentino recién ordenó una investigación preliminar sobre las denuncias de abuso en el Instituto Provolo de Mendoza en 2017, un año después de que los sacerdotes fueran arrestados y ese internado fuera cerrado por las autoridades argentinas debido al gran número de testimonios sobre los horrores que estaban ocurriendo allí.	La monja, que cumple prisión domiciliaria después de haber pagado una millonaria fianza, asegura ser inocente y ha acusado a los intérpretes de los testigos de tergiversar sus dichos. Incluso publicó un video en el que pedía un «juicio justo» y en el que aseguraba que las pruebas en su contra son «falsas».