A decir de muchos, el experimento canadiense inició en el verano del 2013, cuando inundaciones en el sur de Alberta causaron daños valuados en más de 7.5 mil millones de dólares canadienses, o unos 5.7 mil millones de dólares, el desastre más costoso en la historia del País en ese entonces. El costo fue particularmente alto en High River, un pueblo de 14 mil habitantes, donde las inundaciones afectaron al 80 por ciento de los hogares.	En vez de pagar para reconstruirlos todos, los funcionarios emitieron compras obligatorias para dos barrios particularmente desprotegidos. Esa filosofía se extendió. En el 2015, Canadá hizo que fuera más difícil para niveles inferiores del Gobierno obtener recursos federales luego de desastres. El siguiente año, Columbia Británica dijo que las víctimas de inundaciones que habían optado por no adquirir un seguro privado contra inundaciones serían inelegibles para recibir ayuda gubernamental.