«La declaración de la representante de Ortega en el Consejo permanente de la OEA sobre lo actuado por esta organización internacional en relación a la situación en Nicaragua no tiene ningún valor jurídico y por tanto no exime al Estado de Nicaragua del cumplimiento de sus obligaciones respecto a la Carta de la OEA, la Carta democrática y el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses», manifestó el exembajador de Nicaragua ante las Naciones Unidas (ONU), Julio Icaza Gallard.	y el intento de crear una comisión sobre Nicaragua y las acciones e informes que de ésta se deriven. Reiteramos la posición oficial del gobierno de Nicaragua de dar por inexistente la llamada Comisión de Alto Nivel de la OEA, por consiguiente, algo que no existe, no puede producir informes ni comisiones, mucho menos recomendaciones o imposiciones injerencistas. Todas sus actuaciones las damos por inexistentes», dijo Ruth Tapia, embajadora del régimen.	«Inclusive podría ser una señal de no tener interés de seguir en esta asociación de Estados. Una autoconfesión de que lo que han perpetrado contra su propio pueblo es indefendible, y prefieren ignorar o desconocer el llamado continental de atención que se les hace por sus desmanes gubernamentales. De nuevo, equivocados», dijo Dávila.	El informe de la Comisión de Alto Nivel sobre Nicaragua detalla que «las acciones que el Gobierno de Nicaragua ha emprendido o permitido desde abril de 2018 muestran discrepancia con los derechos y garantías protegidos por la Constitución de 1987 y que ello da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se establece en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana».