Los directivos de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, Enacal, este lunes se disponen a solicitar un alza de tarifas diferenciadas que oscila entre 13 y 25 por ciento, y los únicos que no serán afectados con esta medida son aquellas familias de tres miembros o menos que viven en barrios marginales, según estudios de agencias de cooperación.	Este estudio es guardado con sello de “clasificado” en las oficinas de ambas dependencias estatales, ya que contiene las sesiones de trabajo realizadas en 2007. “El documento es un compromiso asumido por Enacal con las agencias donantes, cuyos representantes han pujado por el ajuste de tarifas”, dijo una fuente ligada al sector.	No obstante, los directivos de INAA y Enacal ayer guardaron silencio respecto de esta situación y se espera que, antes de someter a aprobación este ajuste, el documento sea compartido con las organizaciones civiles del país, pues las tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado están sujetas a “consulta previa”, según disposición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).	Al menos eso ordenó la Suprema Corte en 2002, cuando resolvió que se aplicara la última alza de Enacal a partir de enero de 2003. De esa manera se resolvió un juicio entre Enacal, INAA, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Liga por la Defensa de los Derechos de los Consumidores (Lideconic).