La amenaza de invasión sobre la Reserva Indio-Maíz sigue latente por parte de tomatierras, comerciantes y líderes políticos que instigan a los precaristas, y pese a la protección y vigilancia permanente que mantiene el Destacamento Militar Sur del Ejército, algunos grupos han avanzado y se han asentado en áreas protegidas. Los han desalojado, encarcelado, pero hay grupos que se mantienen y hasta el cardenal Miguel Obando y Bravo los ha alentado con la promesa de apoyar a pueblos indígenas de Río San Juan que reclaman una extensión territorial más allá de la reserva.	El plan de invasión a algunas propiedades contempla áreas del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, pasando por Bartola, Crucitas, La Penca y por la costa sur del lago, la hacienda La Salvadora, ubicada en el Archipiélago de Solentiname. Pero también vecinos de La Ñoca aseguraron que desde la zona El Coquital, en el sector de Costa Rica, se encuentran miembros de la ex Resistencia que han pretendido tomarse áreas privadas.	Entre los grupos figuran ex militares que dicen poseer títulos de propiedad. Ante el alcalde de El Castillo, Francisco Díaz, los retirados del Ejército, Carlos Cortés Zeledón y Danilo Palacios, entre otros, presentaron un título de tres mil manzanas extendido por Ciro Orozco, director de titulación de la Intendencia de la Propiedad. El área que reclaman parte desde caño La Juana hasta Bartola. Según el alcalde Díaz, la certificación de la Intendencia de la Propiedad es falsa.	Pero además, en el transcurso del año, grupos indígenas de la etnia rama, representados por la Junta Directiva del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur (RAAS), mantuvieron la lucha porque según la Ley 445, les pertenece la totalidad de la Reserva Indio-Maíz, zona núcleo de la Reserva de Biosfera Río San Juan, con una extensión de 3,157 kilómetros cuadrados, equivalentes a 351,700 hectáreas de zonas núcleos de bosque húmedo tropical, cuya área es compartida por la RAAS y Río San Juan.	César Collado, Alcalde de San Juan de Nicaragua, y su Concejo, han rechazado las pretensiones de los directivos de la etnia, y sostienen que los ramas llegaron a habitar una comunidad huyendo de fenómenos naturales, y consideran que el dominio de esa etnia sobre la reserva significaría la destrucción de ese recurso natural.	Desde dos años atrás la presión de unos cinco mil precaristas se hizo sentir en dos direcciones: a través de un grupo que se organizó en Nueva Guinea, y de otro que se fundó en territorio costarricense, según delataron parte de los campesinos que denunciaron ser víctimas de supuesta estafa por parte de Roberto Flores Chow, quien cobraba entre 500 y 2,000 córdobas a cada ciudadano por el derecho de afiliación, carné y papelería, y por la cuota semanal o mensual, con el compromiso que les darían un pedazo de tierra en la reserva.	Elmer Reyes, quien el pasado año fungió como fiscal departamental, acusó ante la jueza de El Castillo, María Elena Hernández, a los principales líderes que organizaron a los precaristas en Nueva Guinea e invadieron La Penca, por los delitos de asociación para delinquir y usurpación del dominio público. A la vez, la Fiscalía de Nueva Guinea los acusó por estelionato.	Roberto Flores Chow es señalado de ser el principal líder que, según el fiscal, crea directivas a su conveniencia, y tras fracasar su modus operandi, conforma otras para sus fines delictivos. Entre ellas, inicialmente creó la Fundación Luchadores por la Libertad, Democracia y Reconciliación de América. Después los mismos líderes pasaron a fundar la organización de la Comunidad Indígena Bartola-Indio-Maíz, que ahora agrupa a los precaristas de Nueva Guinea y a los que desde territorio costarricense lanzaron una avanzada por sectores de Río San Juan, fronterizo con la vecina república del sur.	Y de nuevo fue invadida La Penca por 18 precaristas, los que fueron desalojados por efectivos del Destacamento Militar Sur del Ejército, y luego acusados por el procurador Ambiental, Luis Pineda García, por infringir la Ley Especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales y Ley de Veda Forestal.	El fiscal Ambiental Sergio Pérez acusó a los precaristas por los delitos de tala rasa, violar la veda forestal, tala en vertientes y pendientes, daños en áreas protegidas y asociación ilícita para delinquir. En el dictamen se precisa que causaron daños calculados en 100 mil córdobas, y afectaron dos hectáreas en área del Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, inserto en la Reserva de Biosfera Indio-Maíz.	A pesar del historial de Roberto Flores Chow, el 13 de septiembre de 2007 el cardenal Miguel Obando y Bravo y Rigoberto Rayo, de la Comisión de Reconciliación, Verificación, Paz y Justicia, firmaron una carta dirigida a Roberto Flores Chow, en su calidad de representante legal de los indígenas multiétnicos Indio-Maíz-Río San Juan, en donde “nos comprometemos a apoyar a los pueblos indígenas de Río San Juan, a regresar nuevamente a cada pueblo”.	Los esfuerzos de protección y conservación por parte del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), del Destacamento Militar Sur del Ejército, de las alcaldías y organizaciones ambientalistas, han frenado la invasión a la reserva, pero hay unas 300 familias que se asentaron desde hace 17 años en el área de Samaria, en el pulmón de la reserva, y se han concebido planes de reubicación, sin éxito, al terminar el año.	Antonio Ruiz, Director del organismo Fundación del Río, recordó la invasión a la reserva por el sector de Samaria, liderada por el ex diputado liberal Germán Álvarez, a quien señaló de haber utilizado esa bandera en su campaña electoral, en la que prometió títulos de propiedad, al momento que residía en El Castillo.	Germán Álvarez, mejor conocido como Marlon Castillo, se vio envuelto en escándalos públicos cuando en la década de los 90 fue electo diputado por la extinta Unión Nacional Opositora (UNO) y enfrentó acusaciones por esconder su verdadera identidad y haber asumido otra. Su ex compañera de vida, Maritza Sequeira, y sus hijas, lo emplazaron y denunciaron ante organismos que defienden los derechos humanos y ante sus colegas del Legislativo. En su acción desesperada e irresponsable, el ex diputado llegó portando un arma al recinto de la Asamblea Nacional, y realizó disparos.	En una visita reciente al departamento, la titular del Marena dijo estar clara de todas las amenazas que existen contra la reserva. “Nuestra posición está encaminada a lo que nos mandata la Ley 217, de preservación, regulación y control de todo lo que tiene que ver con nuestro medio ambiente y los recursos naturales”, apuntó.	En ese sentido, la ministra se comprometió a hacer esfuerzos interinstitucionales con el Ejército, la Policía, el Magfor, Marena y los Consejos del Poder Ciudadano para ejercer un control y no haya invasiones, así como a trabajar en la planificación encaminada a controlar las zonas habitadas y lo que se debe preservar para el futuro.	Argeñal sostuvo que “estamos en contra de todo movimiento precarista”, y en función de evitar cualquier incursión coordinan con el Ejército, para lo cual cuentan con puntos de control en la reserva. “Sabemos que somos un país altamente vulnerable a los fenómenos naturales y debemos preservar los sitios estratégicos, las áreas protegidas y el ecosistema natural y lo que hay en ellas, como la anidación de las aves silvestres y la flora y la fauna en la biosfera del sureste”, apuntó Argeñal.	En cuanto a los invasores de Samaria, la funcionaria señaló que de 133 familias pasaron a ser 300, para quienes el gobierno busca un banco de tierra y garantizar un traslado pacífico, así como fondos para su sobrevivencia. “Con las alcaldías debemos ejercer el control y la regulación para que no se siga aumentando la invasión a la reserva de biosfera”, advirtió.