El presidente de la República, Daniel Ortega, continúa haciendo las cosas al revés, jurídicamente hablando, pues mientras ya publicó el decreto 29-2008 para poner en vigencia el protocolo acordado entre el gobierno y la empresa distribuidora de energía Unión Fenosa, el documento fue enviado recientemente a la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional para su ratificación.	El protocolo establece que Disnorte y Dissur, empresas propiedad de la española Unión Fenosa, ceden al Estado de Nicaragua una participación accionaria equivalente al 16 por ciento, a cambio de la condonación de una deuda de más de 11 millones de dólares que la distribuidora de energía mantiene con las generadoras del Estado.	Conforme con el procedimiento, antes de la publicación del decreto en La Gaceta, Diario Oficial, la Asamblea Nacional debió ratificarlo. El decreto presidencial fue publicado el pasado 30 de junio, y el protocolo fue enviado al Parlamento para su ratificación con fecha 24 de junio mediante carta dirigida al presidente y al primer secretario de la Asamblea Nacional, René Núñez Téllez y Wilfredo Navarro Moreira, respectivamente.	El primer secretario del Parlamento deberá presentar la iniciativa de decreto legislativo a los demás miembros de la Junta Directiva para su discusión y aprobación; luego se incluye en la agenda de presentación de decretos ante el plenario para remitir la iniciativa a la comisión correspondiente que podría ser la de Infraestructura o la Económica.