La OEA instó “a la reanudación de la negociación efectiva y de buena fe entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y al cumplimiento pleno de los acuerdos alcanzados”. Además, mandó al Consejo Permanente a nombrar “una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días”.	Ortega no mencionó la Resolución de la OEA, pero la rechazó de hecho al plantear que a partir de ahora el diálogo será con los sectores socioeconómicos afines al FSLN y al gobierno. O sea que no habrá más negociaciones del régimen con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Y sobre las reformas electorales y elecciones anticipadas y libres que la Alianza Cívica demanda para la solución de la crisis sociopolítica y económica que sufre el país, Ortega aseguró que solo se harán algunos ajustes a la Ley Electoral y los comicios serán hasta en noviembre de 2021, de acuerdo con los tiempos constitucionales.	Representantes opositores y comentaristas políticos del sector democrático reaccionaron a lo dicho por Ortega, especulando que el discurso del 19 de julio fue para darle ánimo a su disminuida clientela política, pero aceptará que venga al país la comisión de la OEA y volverá a la mesa de negociaciones con la Alianza, porque en realidad no tiene alternativa.	Sin embargo, la oposición y la Alianza Cívica en particular no pueden ni deben actuar por lo que se supone que Ortega quiso decir. Las estrategias políticas se definen y ejecutan de acuerdo con las realidades objetivas, no a base de suposiciones y deseos. Una estrategia política, explica el enciclopedista Rodrigo Borja, es la capacidad para definir y conquistar los objetivos de largo plazo, “generalmente bajo condiciones de riesgo e incertidumbre. La decisión estratégica implica la selección de uno o más cursos de acción entre varios posibles”.	En este sentido la Alianza debe tomar en cuenta el hecho muy significativo de que Ortega volvió a dejar claro que su mayor debilidad radica en las presiones internacionales, particularmente en las sanciones que ya le han aplicando y las más drásticas que pueden ser aprobadas por su empecinamiento en continuar la represión y menospreciar la resolución de la OEA.	La presión diplomática y política internacional, incluyendo la eventual aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana a la dictadura de Nicaragua, podrían persuadir a Ortega que debe regresar a la mesa de negociaciones y aceptar la realización de elecciones auténticas, libres y limpias. Pero la oposición debe prepararse para un curso distinto del proceso político del país.