La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica este 20 de septiembre su informe sobre “Migración Forzada de Personas Nicaragüenses a Costa Rica”, que devela cómo la dictadura de Daniel Ortega ha obligado mediante represión, amenazas y persecución a migrar hacia Costa Rica a más de 70,000 nicaragüenses en menos de un año desde abril de 2018.	El documento contextualiza la situación de derechos humanos de los nicaragüenses que se vieron forzados a migrar desde Nicaragua y pedir protección internacional en Costa Rica, a donde la mayoría llegó de manera ilegal por puntos ciegos, huyendo de la persecución desatada por la Policía Orteguista, parapolicías y fanáticos del régimen organizados en los Consejos del Poder Ciudadano, a quien la ciudadanía llama de forma despectiva «Sapos».	De acuerdo al documento, la migración forzada «tiene raíces en la grave crisis de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde la represión estatal a las protestas que inició el 18 de abril de 2018», pero ha proseguido después de finalizada la peor etapa de las sangrientas «Operaciones Limpiezas» ordenadas por Ortega y su consorte, Rosario Murillo, bajo la consigna de «vamos con todo».	El informe de la CIDH destaca que desde que comenzó la crisis, 328 personas han perdido la vida y aproximadamente 700 personas habrían sido detenidas y enjuiciadas, 130 personas continúan privadas de libertad por razones políticas y un año después del inicio de la represión más de 70,000 personas fueron forzadas al exilio, de las cuales 55.000 se han desplazada a Costa Rica.	Para la realización del presente Informe, la CIDH detalla que visitó Costa Rica del 14 al 18 de octubre de 2018 y realizó 259 entrevistas, recabó 152 testimonios de solicitantes de asilo y documentó las causas que llevaron estas personas a huir de Nicaragua, los riesgos y obstáculos que enfrentaron al salir del país y la situación que viven actualmente en Costa Rica	La CIDH pudo verificar que la mayoría de nicaragüenses exiliados en Costa Rica son estudiantes que participaron en las protestas sociales (23%), defensores de derechos humanos y líderes de movimientos sociales y campesinos (22%); personas que apoyaron a quienes participaron en las protestas a través de la provisión de alimentos, casas de seguridad y medicinas (18%), médicos (8%), periodistas (2%) y exmilitares y expolicías que se negaron a participar en la represión.	Durante su visita a Costa Rica, la CIDH constató y saludó las medidas adoptadas por el Estado costarricense para brindar protección, tales como la política de fronteras abiertas; la normativa progresista en materia de protección internacional adoptada por el Estado costarricense; la promulgación de la Directriz sobre la Atención Integral del Fenómeno Migratorio; la elaboración de un Plan para el Flujo de Migrantes y otras acciones.	En sentido contrario, el régimen de Nicaragua se negó a aportar información a la CIDH y rechazó el documento con la excusa oficial de ser “un compendio de información parcializada, desbalanceada y sesgada en contra del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua” y de ser elaborado «sin rigor metodológico».	Respecto a la publicación del presente informe, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los Derechos de los Migrantes y Personas Desplazadas, indicó a la CIDH: “En el contexto que desarrolla esta informe, es crucial tener presente que el rol de los Estados de origen, tránsito y destino es mitigar los efectos generadores de desplazamiento forzado, tanto para garantizar los derechos de las personas durante y después de los movimientos migratorios, como para brindar la protección debida, acceso a documentos y a servicios que permitan su rápida inclusión social”.	Por su parte, el comisionado Joel Hernández García, Relator para Costa Rica de la CIDH, señaló: “La CIDH urge a que continúen los esfuerzos de protección internacional brindados a todas las personas migrantes y refugiadas que buscan su territorio huyendo de crisis, inseguridad y violencia, a través de respuestas integrales y coordinadas, en particular, la personas desplazadas en virtud de la situación presente en Nicaragua”.	La comisionada Antonia Urrejola, Relatora para Nicaragua, apuntó: “La situación que enfrenta Nicaragua hoy en día –y que ha sido de especial atención para la CIDH y la comunidad internacional– obliga a otros Estados a brindar una respuesta fundada en los principios de responsabilidad compartida y solidaridad, mediante la adopción de medidas que permitan que Costa Rica cuente con las medidas para proveer la protección que requieren aquellas personas nicaragüenses que se desplazan de manera forzada”.