Los propietarios y socios de la finca “El Encanto”, escenario de la muerte de tres civiles a manos de la Policía y del Ejército el 21 de mayo, solicitaron a los altos mandos de la Policía Nacional protección, pues aseguran estar bajo amenazas de muerte, y para colmo la Policía de su región no sólo les decomisó las armas, ahora también los dejan sin las portaciones de las mismas, por lo que se sienten en total indefensión.	José Tránsito Ríos, uno de los propietarios, comentó que fue como un balde de agua fría cuando supieron la noticia de que hasta las portaciones de sus armas, decomisadas desde los hechos sangrientos, les serán suspendidas por supuestamente haberlas movido de departamento --las portaciones expedidas en Boaco-- y haberlas dado a terceros. En este caso los trabajadores de la finca.	“No sabemos por qué nos hacen esto, pues toditas las armas que nos incautaron --dos escopetas calibre 12 y dos fusiles 22-- tienen su portación en regla. Incluso cuando registramos estas armas se explicó que era para cuido de finca rural, y, obviamente, estos permisos fueron remitidos para que las armas estén en la hacienda”, explicó.	“Nunca hemos estado metidos en problemas de este tipo y no sabemos si estas cosas son así de lentas, y por el momento no sabríamos decir si esto es parcialidad de las autoridades”, expresó Ríos, quien llegó al complejo “Ajax Delgado”, de la Policía Nacional de Managua, en compañía de su socio Felipe Hurtado y del doctor Gonzalo Carrión, director de área jurídica del Cenidh. Ellos fueron atendidos por el comisionado general Juan Báez y por la comisionada mayor Vilma Auxiliadora Reyes Sandoval.