Se contravino la Convención sobre Asilo Político, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las convenciones que Nicaragua ha ratificado en contra del terrorismo. Ningún Estado puede otorgar asilo en un medio de guerra o aeronave militar, ni a persona enjuiciada por delitos comunes. Pallais solicita al Poder Legislativo que exija al Procurador elabore un informe oficial con documentación del caso	El asilo otorgado por el gobierno del presidente Daniel Ortega a las colombianas Martha Pérez Gutiérrez y Doris Bohórquez Torres, sospechosas de pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, contraviene la Constitución de la República y las principales convenciones internacionales relativas al asilo político y a la persecución del terrorismo.	Así lo establece un estudio jurídico elaborado bajo la conducción del doctor José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, quien demandó a la directiva legislativa que instruya al Procurador General de la República elabore un informe oficial --soportado con documentación-- sobre el otorgamiento del asilo político a las dos ciudadanas colombianas trasladadas desde Ecuador en una avión de las Fuerzas Armadas nicaragüenses.	El diputado Pallais advierte en una misiva al primer secretario del Parlamento, Wilfredo Navarro, que el gobierno de Nicaragua estaría poniendo en peligro las disposiciones constitucionales establecidas en los artículos 5, párrafo 5, 42 y 46, en virtud de que “para que el Estado de Nicaragua pueda otorgar asilo político debería observar los compromisos internacionales en esta materia y la norma suprema del país”.	Asimismo, la Convención sobre Asilo Político, suscrita por Nicaragua y firmada en La Habana el 20 de febrero de 1928, sostiene que “no es lícito a los Estados dar asilo en legaciones, naves de guerra, campamentos o aeronaves militares, a los inculpados de delitos comunes que estuvieren procesados en forma o que hubieren sido condenados por tribunales ordinarios, así como tampoco a los desertores de tierra y mar. Las personas mencionada mencionadas en el párrafo precedente, que se refugiaren en algunos de los lugares señalados en él, deberán ser entregados tan pronto lo requiera el gobierno local”.	La Fiscalía de Ecuador y las autoridades colombianas han señalado que ambas asiladas son sospechosas de integrar las FARC, una organización que “tiene secuestradas a un aproximado de 700 personas, entre ellos a civiles no combatientes, lo que para nuestro país constituye un acto de terrorismo, conforme la Convención Interamericana Contra el Terrorismo”.	De igual modo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Nicaragua es garante, dice en su artículo 14 que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y disfrutar del mismo, pero “este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.