“Las personas que solamente estuvieron en quemas de llantas creo que tendrían posibilidades (de ser liberadas), pero los que estén vinculados a asesinatos creo que esos no. No va a salir esa gente, creo yo”, reaccionó ayer Barbosa, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE).	En el fallido primer diálogo nacional que duró entre mayo y junio del 2018, Barbosa integró el equipo negociador de la dictadura de Daniel Ortega, en donde se destacó por seguir el guion de insistir en que se quitaran las barricadas y los tranques levantados por la población, porque causaban daño a la economía.	En la negociación retomada a partir del 27 de febrero pasado, Barbosa quedó fuera de la delegación de la dictadura.El régimen se comprometió el 20 de marzo de este año a liberar en un plazo no mayor a noventa días a todos los presos políticos y aceptar negociar a lo inmediato reformas electorales.	El general en retiro y opositor, Hugo Torres, refirió que las opiniones de los simpatizantes orteguistas como la del sindicalista Luis Barbosa, “refleja la incertidumbre” en el FSLN, pero al final “no tienen ninguna importancia” en el sentido de que Ortega y su esposa Rosario Murillo “no los tomarán en cuenta porque en ese partido no hay derecho al disenso”.	“La base orteguista más fanática no logra entender que su ‘comandante invencible’ esté cediendo ante el empujo de la población, porque ya se comprometieron a liberar a más de ochocientos presos políticos cuando el régimen les ha asegurado a sus simpatizantes por más de 11 meses de crisis que son reos comunes”, dijo Torres.	Según el Comité Pro Liberación de Presos Políticos existen 802 reos políticos desde el estallido de la protesta en abril del 2018 hasta el 19 de marzo pasado. Alrededor de 160 personas ya fueron condenadas por jueces orteguistas en procesos viciados y cuestionados por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.	Entre los condenados están varios líderes de las manifestaciones, como los campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena Amador y Luis Pineda Icabalceta, condenados a 216 años, 210 y 59 años de prisión, respectivamente, por terrorismo, crimen organizado y el asesinato de cuatro policías y un profesor ocurridos en Morrito, Río San Juan.