A casi un año desde el inicio de las protestas es evidente que la situación en Nicaragua sigue deteriorándose. Las autoridades no han tomado medidas significativas para resolver la crisis de derechos humanos en el país, ni para garantizar justicia, verdad y reparación por las gravísimas violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en ese contexto, incluidas las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, ataques a civiles con armas de guerra, etc.	La impunidad por estas graves violaciones a derechos humanos continúa y no parece existir ninguna voluntad estatal para que esta situación sea revertida. Las denuncias de detenciones arbitrarias y de tortura de personas privadas de libertad no han cesado, y el hostigamiento y persecución a periodistas y personas defensoras de derechos humanos sigue reportándose.	Además, reconocidas organizaciones de la sociedad civil, como el CENIDH (Centro Nicaragüense de Derechos Humanos), cuya personalidad jurídica fue cancelada de forma irregular por el gobierno siguen sin poder operar en el país. Es decir, la situación es crítica y no se observa ninguna mejora sustancial en materia de derechos humanos.	La violación del derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica ha sido una acción reiterada de los gobiernos del presidente Daniel Ortega. Por ejemplo, la represión violenta de marchas y el hostigamiento sufrido por representantes, líderes y lideresas de las comunidades campesinas que se oponen al mega-proyecto del Gran Canal Interoceánico, fueron objeto de reiteradas denuncias de organizaciones nicaragüenses y de Amnistía Internacional.	Asimismo, las personas defensoras de derechos humanos desde hace varios años vienen denunciando ser sujetas de hostigamiento y ataques sistemáticos dirigidos a silenciar sus demandas. Amnistía Internacional en la víspera de las elecciones presidenciales del 2016 expresó su preocupación por los síntomas de deterioro de la situación de derechos humanos y manifestó que Nicaragua se estaba acercando peligrosamente a algunas de las épocas más oscuras vividas en el país en decenios. Por lo tanto, las protestas iniciadas en abril fueron el desenlace de una larga historia de abusos cometidos por parte de autoridades nicaragüenses.	Actualmente, el gobierno del presidente Ortega no ha mostrado un interés real de trabajar con los mecanismos regionales o internacionales de derechos humanos para resolver la crisis. Al contrario, ha intentado evadir el escrutinio internacional, prueba de ello es la expulsión la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un día después de la publicación de su reporte y el anuncio de la finalización de mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) previo a la emisión de su reporte final.	En ese contexto, consideramos que el rol de la comunidad internacional es fundamental, siendo importante que el Consejo de Derechos Humanos emprenda acciones adicionales para abordar la situación de los derechos humanos en Nicaragua y adopte una resolución que establezca con claridad las medidas correctivas que el gobierno nicaragüense debe tomar y ponga en marcha un mecanismo de observación y presentación de informes.	Según Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en el continente ven una tendencia común de respuesta represiva de algunos Estados frente al creciente descontento social. “El caso de Venezuela, como lo es el de Honduras, nos muestra ese patrón similar que hemos visto en Nicaragua, políticas claras de represión generalizada en contra de población, con el uso excesivo de la fuerza, el uso letal de la fuerza, las detenciones arbitrarias, y en casos extremos las ejecuciones extrajudiciales”, explicó la jurista.	El gobierno del presidente Ortega tiene en sus manos una oportunidad de oro: revertir los meses de sufrimiento y terror que ha vivido la población nicaragüense y garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. No cabe dudas que las víctimas de violaciones de derechos humanos deben ser escuchadas en los procesos en que se tomen decisiones que puedan impactar el ejercicio de sus derechos y el disfrute de las medidas de reparación y garantías de no repetición.	Ciertamente la jurisdicción universal es una avenida a explorar en la búsqueda por la justicia. Al respecto el informe del GIEI es bastante claro al recomendar a los Estados miembros de la OEA y de la ONU iniciar investigaciones y, en su caso, juzgar a los responsables en el marco de la jurisdicción universal. Amnistía Internacional y otras Organizaciones de derechos humanos han subrayado la imposibilidad de que las víctimas accedan a la justicia a nivel nacional. Por lo tanto, el ejercicio de la jurisdicción universal es una opción por la que seguramente muchas víctimas van a optar.	La única forma de lograr una solución duradera y sostenible a la crisis es que las autoridades nicaragüenses garanticen la justicia a la que tienen derecho los miles de víctimas de violaciones a derechos humanos. Esperamos que el gobierno del presidente Ortega detenga este terrible capítulo de la historia de Nicaragua y garantice sin dilación el respeto de los derechos humanos.