En el sistema parlamentario, el jefe del Poder Ejecutivo es el Primer Ministro, el cual, por costumbre, es el líder del partido (o de la coalición de partidos) que ha ganado las elecciones, y  que tiene mayoría en la Cámara de los Comunes. De manera que el Primer Ministro puede gobernar indefinidamente mientras su partido obtenga la mayoría de escaños, y no reciba un voto de censura a una moción de confianza a su gobierno, en el propio parlamento.	Es importante analizar el escrito del señor Fonseca, al que nos hemos referido antes, no porque interese desarrollar un debate jurídico sobre esta innecesaria iniciativa de reforma, sino porque, con su argumentación, el señor Fonseca pone a luz debilidades ideológicas intrínsecas al  proyecto de reelección y, a su vez, permite caracterizar los intereses sociales que dicha iniciativa encierra.	Evidentemente, a un partido de izquierda no le interesan las intenciones subjetivas, ya que no puede ir por su cuenta a tomar el poder, como si se tratara de una agrupación política mesiánica, que se cree capaz de construir a voluntad un sistema socialista. Ni puede pensar en luchar contra el sistema capitalista, desvinculado del nivel de conciencia de los trabajadores. Por el contrario, el partido obrero se construye, a medida que con las luchas concretas del movimiento obrero por ampliar sus derechos democráticos (en nuestro caso, en contra de la dictadura militar de Somoza) crece su conciencia política, como sujeto histórico conductor de la revolución socialista.	•La polémica sobre el contenido de las reformas se ha centrado en algo superficial como es la reelección. Se dice que la reelección es incubadora de dictaduras. La reelección no tiene porqué ser motivo para la instauración de una dictadura. La no reelección es antidemocrática, y tampoco es garantía de que no habrá dictadura.	La reelección, y la no reelección, no son ni democráticas ni antidemocráticas (como dogmáticamente piensa Fonseca), ni interesan en sí mismas (lo cual, no quiere decir, ni mucho menos, que la reelección sea, en todo momento, un elemento político superficial). Las instituciones jurídicas de la superestructura no tienen un significado propio, intrínseco a ellas, al margen del rol que desempeñan en la lucha de clases en cada circunstancia histórica concreta. De ahí que, si la reelección crea facilidades, en un determinado momento, para que sectores burocráticos fortalezcan y perpetúen su poder independiente (obviamente, en beneficio propio), es, simplemente, necesario, para todo elemento progresista que desea un rol protagónico de las masas, combatir la posibilidad de reelección de esa camarilla burocrática, no por razones de teoría jurídica, sino, por praxis revolucionaria.	Habrá que explicarle al señor Fonseca que para definir el contenido de una dictadura nada importa la forma en que llega al cargo el dictador (Hitler llegó a canciller en Alemania por vía electoral). Cada dictadura se define, más bien, no sólo por la calidad y cantidad de libertades y derechos que suprime, sino, sobre todo, por los intereses sociales que se benefician con la supresión de tales derechos, y por el sector social al que se reprime y se le niegan derechos. Toda dictadura --y la duración de la misma-- es expresión de una determinada correlación de fuerzas, en una etapa de la lucha de clases. De manera que la tarea democrática del momento, desde la óptica proletaria, consiste en impedir que un sector burocrático pueda fortalecer su propio poder independiente.	•El FSLN tiene una propuesta para la transformación política del país, expuesta desde hace más de diez años: el poder ciudadano y la instauración de un régimen parlamentario. El parlamentarismo consiste en hacer política dialogando, es un régimen que obliga a buscar el consenso, en el cual el predominio de la mayoría no anula a la minoría.	Ningún sistema ofrece lo que el señor Fonseca, al idealizar el parlamentarismo, dogmáticamente llama “mejores condiciones para la democracia”, sino que es al revés. Es la democracia la que ofrece, en el sistema capitalista, mejores condiciones para la organización y la movilización de las masas por un nuevo orden social y político.	El parlamentarismo fue altamente progresivo en Europa mientras contribuyó a la formación de un Estado nacional en una realidad medieval monárquica. Pero, a partir de 1830, es el proletariado inglés el que ha hecho avanzar a empellones, dentro del sistema capitalista, el parlamentarismo constitucional (durante casi un siglo de luchas en contra de la alianza de la burguesía con la monarquía) hacia formas más democráticas para las masas. Hasta conseguir, en 1918, el derecho al voto para los sectores populares que no poseen bienes;  y el derecho al voto para las mujeres, a partir de los 21 años, en 1928.	Hoy, la contradicción fundamental, a nivel mundial, es contra la burguesía. El mundo moderno tiene en la Comuna de París de 1871, como lo señala Marx, los elementos esenciales de un nuevo modelo de Estado y de gobierno revolucionario del proletariado (basado en la capacidad dinámica de acción revolucionaria, más que en la teoría constitucional), hacia el que se debe avanzar para hacer la transición del capitalismo al socialismo, y para poner fin, luego, a toda explotación.	Evidentemente, el parlamentarismo corresponde a una realidad histórica distinta a la que predomina en América. El parlamentarismo es la forma en que la burguesía se ha abierto paso contra el absolutismo de la monarquía medieval (no por una concepción teórica de la democracia, como la que expresa el señor Fonseca al idealizar al parlamentarismo), sino, por medio de cuotas de poder político que la burguesía arrancaba a la monarquía en ocho siglos de lucha práctica (a medida que la burguesía conseguía poder económico), que irían transformando el derecho consuetudinario inglés; primero en Inglaterra y luego en el resto de países europeos.	Según una encuesta reciente, 20 % de los mismos partidarios del gobierno no apoyan la reelección de su presidente (porque en la conciencia colectiva del país, la reelección se asocia, por experiencia histórica, a la dictadura de los caudillos). Esto indica que más del 70 % de la ciudadanía decidiría, al votar en un referendo, que no es necesario el sistema parlamentario.