A lo largo de nuestra crisis, algunos han argumentado que la OEA está obligada a moverse ponderosamente porque sus cartas y procesos son una camisa de fuerza que impiden acciones ágiles. En general, comparto esta apreciación. Pero también sé que ha habido casos cuando la OEA ha actuado con rapidez cuando ha existido la voluntad política de hacerlo. A continuación, relato tres de estas instancias.	En abril de 1965, unos políticos y militares dominicanos le dieron un golpe de estado a un triunvirato encabezado por Donald Reid. Supuestamente su intención era retornar al poder a Juan Bosch, un presidente izquierdista que había sido derrocado unos años antes. Muy rápidamente, los “rebeldes” se enfrascaron en una lucha con elementos de las fuerzas armadas dominicanas leales a Reid y la situación se desestabilizó. El entonces presidente norteamericano, Lyndon Johnson, decidió intervenir militarmente en la República Dominicana alegando que solo así podría evacuar a ciudadanos norteamericanos y de otros países cuyas vidas peligraban por el caos que reinaba en ese país. Pero su verdadera motivación era evitar el establecimiento de un segundo país de corte “comunista” en el hemisferio.	Para darle a su intervención el ropaje de una acción multilateral, Washington recurrió a la OEA para que se crease una Fuerza Interamericana de Paz en la cual se sumarían a los marines tropas de otros países incluyendo Brasil y Nicaragua. Autorizar esta acción requeriría el voto de al menos 14 gobiernos de la OEA, y contando narices, a Johnson le faltaba un voto. Para resolver este pequeño gran obstáculo, Washington y la Secretaría de la OEA integraron al representante del derrocado gobierno dominicano a la votación, asegurando así el décimo cuarto voto. Esta votación se dio a tan solo dos semanas después de que estalló la crisis dominicana.	Y la tercera instancia ocurrió el 9 de abril de este año cuando la OEA decidió reconocer a representantes de Juan Guaidó y no de Nicolás Maduro como el embajador permanente y canciller de Venezuela ante el Consejo Permanente y en la Asamblea General de la OEA, respectivamente. Esto se logró por una simple mayoría y con la oposición de nueve países incluyendo México y Uruguay y los países del ALBA.