El asesinato de la joven brasileña, estudiante de Medicina, Raynéia Gabrielle Lima, es el hilo suelto de una madeja oscura: la masacre. A diferencia de otros muchos crímenes, en este caso hubo un detenido. Con arma de guerra en mano. Fue juzgado. Confesó. Sin embargo, a pesar de toda la evidencia, la retórica oficial negó cualquier vínculo de este asesinato con la represión contra las protestas. Nada que ver, dijeron, y como para los jueces sandinistas, la retórica oficial, por muy disparatada que sea, es la ley, así lo condenaron. Pero resulta que ahora lo liberan mediante la ley de amnistía, reconociendo con ello todo lo que sospechábamos y ellos negaban.	Dijeron que el asesino era un ciudadano que compró un moderno fusil de asalto, una carabina M4, en el Mercado Oriental. ¡Imagínense! Y que por el nerviosismo de un guarda de seguridad al que de casualidad le estaba vendiendo sus servicios a altas horas de la noche, descargó las balas de su ametralladora ante un carro que “conducía temerariamente”. ¿Era paramilitar matando estudiantes? “No, no, como se les ocurre”, dijeron. ¿Estaba ligado a la represión contra las protestas? “No, era un delito común”, alegaron tomando distancia.	Hasta el día de hoy, Daniel Ortega y los suyos se ha negado aceptar alguna pizca de responsabilidad en la masacre que ejecutaron contra los ciudadanos que se rebelaron. Toda su defensa se ha basado en equiparar el “derecho a la protesta” con “golpe de Estado”. A ignorar los asesinatos de unos y a tomar como banderas los asesinatos de otros, generalizado las culpas. O sea, si murieron 22 policías, todos los que quieren que Ortega deje el poder son culpables: desde la anciana que sale bandera en mano a una marcha hasta el joven que defendió un tranque con un mortero.	Aquí hay asesinatos que han sido intencionalmente echados bajo la alfombra. No se mencionan. Ni se investigan. No existen. Son personas que no existieron. Algún día la Policía, la Fiscalía y los jueces responderán por qué nunca iniciaron investigación, procesos o juicios en el caso de esos asesinatos que esconden bajo la alfombra. Estoy hablando del monaguillo Sandor Dolmus, de Franco Valdivia, de Álvaro Conrado, de Bryan Picado o de Richard Pavón, entre otros cientos más que por razones de espacio no puedo mencionar uno a uno.	Técnicamente al paramilitar que mató la joven brasileña lo acoge la amnistía. Para eso es que fue diseñada: en nombre de la libertad de los inocentes, limpiar de cargos a los culpables. Lo cínico de esto es que todo el tiempo negaron que fuese uno de los suyos, ni que actuó bajo la orden de “vamos con todo” que autorizó a un grupo de criminales a portar armas de guerra y matar a quien fuera necesario para recuperar el control de un país que estaba pidiendo libertad.	Al cobijar bajo la amnistía al asesino de la brasileña, están aceptado este crimen como propio. Y al hacerlo están aceptando también todos los otros asesinatos que tienen el mismo patrón y que el Estado ni siquiera ha tratado como personas. La gran diferencia de este crimen con los otros es que en este caso la víctima era una ciudadana brasileña y los otros, nicaragüenses que no tienen gobierno alguno que reclame por ellos. Solo un Estado que los mata.	El asesinato de Raynéia es el botón de muestra de la masacre. Un capítulo doloroso de nuestra historia que es necesario documentar, aclarar, procesar y castigar. No puede el Estado, y quienes los administran, eludir su responsabilidad. Ignorar los crímenes que los comprometen o acogerse a las leyes de amnistía diseñadas por ellos mismos para su propio beneficio. Y aquí la paradoja que yo veo y con la cual algunos estarán en desacuerdo: a pesar que la liberación del asesino es una gran injusticia, por lo que significa y la forma en que se produce, es un paso que podría ayudar a encontrar justicia en esos cientos de crímenes que han quedado en impunidad.