En los últimos días se ha estado hablando, con mucho ruido, en círculos políticos del país sobre la imperiosa necesidad de reformar la ley No. 49, conocida como Ley de Amparo, cuya reforma debe interesarnos a todos, sin excepción alguna, por el rol fundamental que tiene en la vida de los nicaragüenses, en lo social, económico y político. La Ley de Amparo es parte del control Constitucional que los ciudadanos deben ejercer al poder público. Con la Ley de Amparo los nicaragüenses pueden defenderse de los abusos de poder; cuando los derechos individuales son lesionados por actos que pueden venir del propio Presidente de la República, de diputados de la Asamblea Nacional y aun de los mismos funcionarios del Poder Judicial.	El amparo constitucional está reglado en el arto. 45 Cn., que textualmente dice: “Las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido violados o estén en peligro de serlo, pueden interponer el recuso de exhibición personal o de amparo, según el caso, y de acuerdo con la ley de Amparo”. El arto. 188 Cn., dispone: “Se establece el Recurso de Amparo en contra de toda disposición, acto o resolución, y en general en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agentes de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política”. La constitución dispone que para reformar una ley de rango constitucional (Ley de Amparo) se requiere el voto favorable del sesenta por ciento de los representantes (artos. 194 y 195 Cn.).	Esta ley de rango constitucional fue aprobada por la Asamblea Nacional el 16 de noviembre de 1988, sancionada por el Presidente de la República el 21 de noviembre del mismo año, publicada en La Gaceta Diario Oficial No. 248, del 29 de diciembre de 1988. En la ley se encuentra el Recurso por Inconstitucionalidad, con el cual cualquiera puede atacar de inconstitucional toda ley, decreto ley, decreto o reglamento que atente contra la Constitución Política. De acuerdo con la ley, la Corte Suprema de Justicia, debe dictar sentencia en un término perentorio de sesenta (60) días (arto.17). El fallo de inconstitucionalidad es sin efecto retroactivo, es decir, lo resuelto deja incólume los derechos adquiridos por la ley declarada inconstitucional (arto. 22).	Otro recurso que se encuentra en la Ley No. 49 es el Amparo Administrativo, dicho recurso procede contra toda disposición, acto o cualquier resolución, y en general, toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agentes de los mismos, que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política. El Tribunal está facultado para suspender el acto impugnado (arto. 31), lo que aun puede hacer de oficio (arto. 32). La Corte Suprema de Justicia tiene el término de cuarenta y cinco (45) días para dictar sentencia (arto. 47). El efecto del fallo es restituir al agraviado el pleno goce de sus derechos. Ambos recursos de Inconstitucionalidad y Amparo son en extremo formalistas. Los Tribunales de Apelaciones y la Corte Suprema primero revisan la forma, quedando en segundo plano el fondo.	La Ley No. 49 fue reformada en 1995, adicionándole al arto. 51 un ordinal que dispuso: No Procede el Amparo contra el Proceso de Formación de Ley. Con la reforma se le negó el derecho a los ciudadanos de poder impugnar una ley en proceso de formación, es decir, toda impugnación contra una ley, decreto ley, decreto o reglamento tenía que seguir el procedimiento del Recurso por Inconstitucionalidad, que significa que es condición sine quanon introducir el recurso sesenta días después de entrada en vigencia la ley (arto. 10 L. A.). Las consecuencias nefastas de esta disposición la han vivido en carne propia los nicaragüenses, pues existen Recursos por Inconstitucionalidad o de Amparo que han sido interpuestos, pasan años y años y la Corte Suprema de Justicia no resuelve (pese a que en la ley hay términos legales para fallar). El ejemplo clásico de retardo de justicia está en el recurso por inconstitucionalidad introducido por ciudadanos contra una ley que aprobaron los diputados de la Asamblea Nacional, quienes violando el derecho a la vida de las mujeres derogaron del Código Penal el Aborto Terapéutico, todos los días por los medios de comunicación los recurrentes piden a la Corte Suprema que falle el recurso, y los magistrados se hacen ciego y sordos.	Por esas tristes experiencias, en el año 2004 el parlamento nacional discutió la Ley de Carrera Judicial, como el proyecto no era del agrado de los funcionarios del Poder Judicial, éstos introducen recurso de Amparo. El recurso es admitido por un Tribunal de Apelaciones, que ordena la suspensión del acto, luego la Corte Suprema dicta sentencia declarando dos inconstitucionalidades: la ley que reformó la Ley de Amparo y el proyecto de Ley de Carrera Judicial.	Esta historia se repite con ley No. 630, que prohibía la existencia legal de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), varios ciudadanos se amparan, invocando la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que había declarado inconstitucional la reforma a la Ley de Amparo, el recurso es admitido. La Corte Suprema de Justicia dicta la sentencia No. 633, declarando que es inconstitucional el arto. 1 de la ley No. 630, dando con ello vida legal a los CPC.	Por todo lo ocurrido, la clase política queda traumatizada políticamente, y para curarse en salud deciden reformar la Ley de Amparo, ya que a lo interno y externo no les conviene estar en crisis institucional permanente, a lo inmediato inician conversaciones para resolver el problema institucional. No obstante, la reforma promovida más que todo es cosmética de forma. Cada Poder de Estado no pretende ceder su cuotas de poder, por el contrario, el propósito es fortalecer su trinchera, de manera que el Poder Ejecutivo, actuando como feudo, se defiende de la actitud hostil del Poder Legislativo, de igual forma procede el Poder Legislativo, y en el pleito de poder no se queda atrás el Poder Judicial. Los tres poderes de estado, en esta disputa se conducen como verdaderos feudos de la época medieval.	Es así que los Poderes de Estado negocian, pero nadie cedió un milímetro en sus posiciones. De manera que los acuerdos a que llegaron los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en cuanto a la reforma a la Ley de Amparo, no tienen nada de nuevo o innovador, la vida sigue igual, sin cambios relevantes: la Corte Suprema fallará los recursos por simple mayoría; no habrá recurso en el proceso de formación de ley (esto es para el simple ciudadano); los Poderes de Estado podrán interponer recursos contra una ley, cuando ésta afecte sus intereses, en estos casos los magistrados deben fallar a más tardar en treinta días, de lo contrario los magistrados serán sancionados en sus salarios; cuando en el recurso la Corte Suprema sea parte llamarán a los conjueces para que éstos resuelvan.	Es obvio que en la reforma a la Ley de Amparo no se han considerado los derechos de los ciudadanos. En la clase política no existe la voluntad de impulsar una genuina y profunda reformar a la Ley de Amparo, que proteja al pueblo del poder político, pues eso iría contra los mismos políticos. La reforma no considera suprimir los formalismos extremos que tiene la ley, por lo que hay la tutela jurídica; que el recurso sea admisible contra resoluciones judiciales; si todos somos iguales ante la ley, por qué el recurso en el caso de Poderes los Magistrados lo resolverán expeditamente, pero al resto de ciudadanos le aplicarán el mismo retardo de justicia de siempre.