La globalización puede entenderse de diversas formas, pero en términos muy simples, ésta significa un proceso acelerado de liberalización del comercio, de los flujos financieros y de las inversiones directas. En contraste, no ha habido una liberalización paralela de los flujos de mano de obra, los cuales son objeto de una estricta regulación. Para América Central, esta relación con el resto del mundo, ha provocado el surgimiento de ganadores y perdedores.	Entre la gran variedad de perdedores pueden contarse aquellos ciudadanos que trabajaban en empresas públicas y perdieron sus empleos debido a las privatizaciones; los agricultores que producían bienes de consumo que ahora se importan; los dueños y trabajadores de empresas industriales que producían bienes en condiciones incapaces de competir con los precios que resultan de la producción internacional a gran escala.	De este grupo, hay algunos individuos que han podido vincularse a las actividades en expansión. Pero, por otro lado, hay individuos que quizá no. sean mayores o carentes de capacitación para encontrar otros empleos o crear nuevas actividades productivas que les permitan alcanzar un mayor nivel de bienestar. Para este último grupo de la población, los gobiernos centroamericanos han tenido poca capacidad de apoyo, como resultado de la baja importancia que han dado al tema en sus agendas de gasto público.	En el otro lado de la balanza, algunos grupos agroindustriales, industriales y comerciales mejor preparados o en una posición más ventajosa para aprovechar las nuevas oportunidades, han visto como sus ingresos aumentan rápidamente, en algunos casos no solo por sus nuevos nexos con el resto del mundo sino por el continuado uso de privilegios fiscales, tales como exenciones y exoneraciones tributarias, y subsidios a la producción.	Esto significa que los pactos y las reformas fiscales que están en curso en Centroamérica deben lograr que los ganadores de la globalización contribuyan en forma equitativa, mediante el sistema tributario, al mayor gasto público que deben enfrentar los gobiernos para dotar a los ciudadanos perdedores, entre otras medidas, de seguros de desempleo, programas de recapacitación y préstamos con bajos intereses para el inicio de empresas pequeñas y medianas.