Expertos advirtieron sobre las actividades de minería ilegal, el contrabando, el desplazamiento y la violencia, producto de la extracción del oro, que se está desarrollando en Venezuela, con el consentimiento del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, durante una disertación que se llevó a cabo la sede del centro de pensamiento “Atlantic Council”.	En el evento participó la periodista venezolana de investigación, Lisseth Boon, del portal digital Runrun.es, quien describió todo el proceso operativo de la minería ilegal en Venezuela. La periodista considera que el gobierno en disputa de Maduro ha optado por esta actividad como un salvavidas para mantenerse en el poder.	“Los mecanismos legales están formalizando o lavando este oro que proviene del arco minero del Orinoco. Y también están vendiendo las reservas de oro de la nación. Desde que Nicolás Maduro llegó al poder, las reservas han disminuido a un 60%, que se venden al extranjero a clientes de ‘turbia’ reputación”, destacó.	Por otro lado, el experto en seguridad y presidente de IB Consultants, Douglas Farah, se refirió a la combinación de actividades criminales en la Amazonía venezolana y a los riesgos en que se encuentran sus habitantes, asegurando que están expuestos a la violencia de grupos armados, al abusos de sus derechos humanos.	Según le dijo Farah a la Voz de América, controlar el tráfico del oro es mucho más complejo, con relación a otras actividades ilícitas, como por ejemplo el narcotráfico, ya que para ello existe un consenso para combatirlo, pero en cambio “con el oro, construir un régimen legal para controlar su práctica ilegal es complicado, ya que al salir de Venezuela pertenece a quien lo compra y no existe manera de comprobar de si les pertenece o no”.	Según explicó Sacha: “ha habido tres respuesta principales en el Congo ante este tipo de actividad ilegal, que ha sido el motor principal de violencia en ese país oro y tres minerales más. Estados Unidos aprobó una ley que exigía a las compañías que cotizaran en la bolsa y declarar con cuál compañía adquirían el mineral”. Un paso importante que ayudó a combatir el tráfico de minerales en África.	«El gobierno colombiano tuvo una reacción tardía, desde hace solo 10 años, sobre el involucramiento de grupos armados en la actividad irregular, pero empezó a tomar nuevas medidas de formalización de los mineros, otras medidas para coordinar la política de lucha contra la minería ilegal y tratar de detectar y operar fácilmente en esa zona”, culminó el experto.