que a partir de abril del 2018 salió a protestar,  aunque la actuación más cruda de estos ocurrió después de junio cuando empezaron a limpieza de los tranques. Todo ese tiempo, el Ejército de Nicaragua ha guardado silencio y no ha brindado explicación sobre los motivos por los cuales no ha desarmado a estos grupos de terceros armados. Esta vez, aunque no de forma contundente el vocero del Ejército, coronel Álvaro Rivas, se refirió a estas agrupaciones, al ser consultado por LA PRENSA.	“Todo lo que actúe en contra de ley expresa,  debe responder por sus actuaciones e ilícitos ante las autoridades competentes. En el tema de tenencia y portación de armas de uso civil y restringidas la Ley 510 establece cómo deben proceder las autoridades en ellas declaradas como competentes”, respondió el vocero militar.	Rivas hace referencia de la Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos y otros materiales relacionados que establece a la Dirección de Registro y Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales relacionados, para hacer cumplir la ley. No obstante, la Policía Orteguista ha sido señalada ampliamente de operar junto a estos grupos armados irregulares.	En parte del artículo 124 de la Ley en mención dice que “las personas que comercialicen, fabriquen, exporten, importen, tengan y almacenen armas de fuego y municiones de uso exclusivo del Ejército Nacional, Policía Nacional y el sistema Penitenciario, así como explosivos y sus accesorios, o cualquier otro tipo de pertrecho de uso militar, cometen el delito de tenencia y uso de armas”.	“Y serán sancionados con una pena principal de ocho a diez años de privación de libertad, más el decomiso inmediato de los bienes y accesorios incautados, más una pena accesoria equivalente al pago de diez salarios mínimos promedios. Y en otra parte del mismo artículo, se señala que “las armas de fuego de uso estrictamente militar, deben ser entregadas por la autoridad de aplicación de la presente Ley al Ejército de Nicaragua”.	En un discurso incoherente, el denominado grupo Frente Oriental hablan de una lucha “en esta nueva etapa de nuestra revolución”, igualmente reitera el discurso del golpismo utilizado por el régimen al referirse a la población autoconvocada que fue reprimida pese a que a partir de abril pasado las manifestaciones fueron pacíficas y que distintos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han insistido que en Nicaragua no ha habido golpe de Estado.	Pero para los paramilitares “la tiranía ha sido derrocada” y siguen con un discurso desfasado en cuanto a que “el enemigo sigue siendo el mismo, ese burgués, ese traidor, ese que vende a su patria, ese manipulador, ese lame botas del imperio Norteamericano, de la información que causa miedo, terror a nuestro pueblo, a todos ellos les decimos firmemente aquí está el Frente Oriental que ni se vende, ni se rinde, no pasarán”.	En su informe final sobre los hechos violentos que sufrió Nicaragua el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), refiere que “durante los hechos de violencia sucedidos a partir de la crisis de 2018 pudo verse la actuación de grupos con un alto poder de fuego y organización que salieron a las calles utilizando armas de guerra”.	Según la información reunida por el GIEI, “cuando el Gobierno reorganizó su estrategia de represión frente a la sostenida movilización y protesta social, un grupo de militantes históricos cercanos a Ortega se dedicaron a visitar varias ciudades del país a fin de reclutar exmilitares, desmovilizados del Servicio Militar Patriótico, oficiales retirados del Ministerio del Interior y militantes históricos, para integrarlos a los grupos paraestatales. Algunos de los reclutadores eran altos oficiales del Ejército, en condición de retiro”.