La convocatoria impulsada por organizaciones sindicales y de familiares de víctimas de la dictadura, tuvo lugar luego de que se conocieran revelaciones de exmilitares ante un tribunal de honor castrense, en el marco del cual admitieron, entre otros hechos, haber arrojado al río el cuerpo de un militante del guerrillero Movimiento de Liberación Nacional (MLN-Tupamaros) poco antes del golpe de Estado de 1973.	La convocatoria, "en apoyo a la institucionalidad democrática que los generales (que integraron los tribunales de honor militares) despreciaron", respaldó las "medidas drásticas" adoptadas por el presidente Tabaré Vázquez, que destituyó a ministro y viceministro de Defensa, y al recién nombrado comandante en jefe del Ejército por no enviar a la Justicia las confesiones de los ex miembros de esa fuerza.