La puesta en libertad de los presos políticos no es una formalidad que deba depender de la interpretación de los acuerdos del 27 de marzo entre el régimen de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. El punto es que todos los presos políticos, sin excepción, deben ser liberados; que no debe quedar ni uno solo en las cárceles de Nicaragua.	Eso es lo que ha planteado la Secretaría General de la OEA en su declaración del jueves 20 de junio, que dice categóricamente: “Reitera que la existencia de presos políticos es incompatible con la democracia y el Estado de derecho y solicita la liberación de toda persona presa por motivos políticos, independientemente del momento de su detención o de la carátula de su expediente judicial. Sin ello no resultará posible recuperar el camino de la democracia, la paz y la justicia en el país”.	La Alianza Cívica sostiene que en el acuerdo del 27 de marzo se estableció que todos los presos políticos serían liberados. Pero en la última excarcelación de presos políticos ocurrida el 12 de junio, cuando salieron 56 y entre ellos los más destacados líderes de las protestas, lo mismo que los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, quedaron en prisión más de 80 personas que también fueron encarceladas por motivos políticos, pero acusadas y juzgadas por el régimen como delincuentes comunes. Por eso la Alianza sostiene que la dictadura ha incumplido el acuerdo y para regresar a la mesa de negociaciones exige que esos otros ochenta y tantos presos políticos también sean liberados.	Es justo el reclamo de la Alianza, si se considera que en el capítulo V del acuerdo del 27 de marzo se dice textualmente que “el plazo máximo para la liberación DE TODAS las personas presas y detenidas será de 90 días calendarios a partir del 20 de marzo de 2019”. Pero el régimen alega que ha cumplido el acuerdo porque dejó en libertad a todas las personas incluidas en la lista conciliada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que es lo que se dice en el capítulo III del acuerdo.	la OEA en su declaración del 20 de junio, mientras haya presos políticos “no es posible recuperar el camino de la democracia, la paz y la justicia en el país”. Por lo tanto, si algunas personas continúan presas por motivos políticos, aunque sus nombres no fueran incluidos en la lista conciliada por la Cruz Roja Internacional, o los secuestraron y encarcelaron después de la firma del acuerdo del 27 de marzo, la negociación con el régimen no tiene sentido porque su único objetivo es, o debe ser, abrir el camino hacia la recuperación de la democracia, la paz y la justicia.