A un año del inicio de la crisis sociopolítica en el país, en las poblaciones caraceñas se percibe el temor a la represión. En Jinotepe y Diriamba mucha gente se sumó a las protestas antigubernamentales en abril de 2018 y cercaron las ciudades con barricadas, pero el 8 de julio el Gobierno ejecutó una “Operación limpieza” en esas ciudades; entraron policías y civiles armados encapuchados y saldo fatal fue de 22 muertos.	“Ernesto”, nombre ficticio para proteger su identidad, es una de las personas que ese 8 de julio escapó de ser apresado. “Ese domingo, cuando entraron a quitar los tranques me quisieron botar la casa, porque amarraron con cadenas los portones y los jalaban con las camionetas que andaban. Gracias a Dios no pudieron abrir porque después me di cuenta que la intención era matarme”, afirma.	El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), al que después el Gobierno le quitó la personería jurídica, hizo un informe sobre la represión desatada a partir del 8 de julio destacando que había verificado “la brutalidad de la operación de policías y parapolicías (civiles armados)” quienes empezaron los ataques en los municipios de Diriamba, Dolores y Jinotepe.	Un día después de la Operación limpieza en Carazo, el 9 de julio de 2018, grupos violentos afines al Gobierno agredieron en Diriamba al cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua; al obispo auxiliar, Silvio Báez; a monseñor Miguel Mántica y al sacerdote Edwin Román, quienes llegaron a auxiliar a ciudadanos que se refugiaron en las iglesias. En la comitiva iba también el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag.