El año pasado, al conmemorarse el 70 aniversario de la Declaración, mencionamos los períodos de mayores violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Durante el somocismo, en 1954, a raíz de una fallida conspiración cívico-militar contra la dictadura; en 1956, después del asesinato del dictador Anastasio Somoza García. En 1967, a raíz de la fracasada rebelión civil del 22 de enero. Y en 1978 y 1979, en las represiones de las insurrecciones armadas montadas por los sandinistas.	En el período de los gobiernos democráticos, de 1990 a 2006, hubo violaciones a los derechos humanos, pero fueron menores, aisladas y no respondían a una política oficial, como es ahora. Inclusive, en esos años las peores violaciones a los derechos humanos las cometieron los mismos sandinistas, que actuaban desde la oposición y ejecutaban la política terrorista llamada “gobierno desde abajo”, la cual consistía en asesinatos políticos, secuestros de dirigentes democráticos, ultrajes físicos y morales a personas adversarias, asaltos y saqueos de bancos, asedio a empresas privadas, etc.	Sin embargo, como ya lo hemos dicho pero debemos repetirlo y subrayarlo, las peores violaciones a los derechos humanos en los últimos 70 años han ocurrido durante la actual dictadura de Daniel Ortega, cuando no hay una guerra ni ha habido insurrección armada que le sirva para justificarla, como hacía en los años ochenta.	Pero la dictadura no es para siempre. Los demócratas que van a tomar el poder cuando termine este régimen oprobioso, no solo tendrán que restablecer la libertad y reconstruir la democracia, sino también la obligación de edificar un robusto Estado de derecho que proteja los derechos humanos y no permita que nunca más sean violados y ensangrentados. Y sobre todo, deben comprometerse ante los nicaragüenses y la comunidad internacional a que cumplirán esa promesa sagrada.