La semana pasada, el empresario Jorge Samper, propietario de dos gasolineras y una empresa de transporte de combustibles, denunció la confiscación de hecho de sus negocios mediante argucias legales y arbitrariedades administrativas. Los detalles fueron explicados por la víctima en conferencia de prensa y publicados por este Diario el viernes 26 de abril.	En junio del año pasado, la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) reportó y denunció que casi 10 mil manzanas de tierras de propiedad privada habían sido invadidas por grupos de individuos armados afectos a la dictadura. Cinco meses después, 5,480 manzanas seguían en poder de los usurpadores orteguistas. Hasta entonces las confiscaciones de hecho de las propiedades privadas habían causado pérdidas por más de 17 millones de dólares y de más de 9 mil empleos.	En Nicaragua, tras el triunfo de la revolución armada sandinista hubo una orgía de confiscaciones, no solo de las propiedades de la familia Somoza y personas cercanas, sino también de muchos a quienes se les acusó falsamente de somocistas para robarles sus bienes. Aquel vendaval de confiscaciones fue una de las causas principales del desastre económico, social y moral causado por la dictadura sandinista.	Por aquella experiencia nefasta, en el período de los gobiernos democráticos de 1990 a 2006 la confiscación fue expresamente prohibida. Gracias a la reforma constitucional democrática de 1995, el artículo 44 de la Constitución de Nicaragua establece que “se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.