PDVSA había llevado ante la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito de Filadelfia el fallo de un juez en primera instancia que en el 2018 concedió a Crystallex anexarse activos de PDV Holding —la sociedad comercial dueña de CITGO —para satisfacer un laudo arbitral de 1.400 millones de dólares. Crystallex ganó el laudo en compensación por la expropiación de sus activos en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.	El fallo de la corte de apelaciones confirmó la decisión de la corte en segunda instancia de que el control que el gobierno de Venezuela tiene sobre PDVSA era suficiente para permitir que Crystallex se anexara activos de CITGO para satisfacer el laudo arbitral, según escribió el juez Thomas Ambro en su decisión.	La corte de apelaciones permitió que los abogados del gobierno interino de Juan Guaidó intervinieran en el caso. PDVSA está también siendo representada por abogados del gobierno interino, ya que Guaidó nombró una junta directive ad-hoc para la petrolera, la cual tomó las riendas de los litigios que tiene la empresa en EE.UU.