Las fuerzas de seguridad quedaron habilitadas para recolectar evidencias a través de medios electrónicos de vigilancia, como grabación de llamadas telefónicas, sin necesidad de contar con la orden de un juez. También las autoridades pueden retener pruebas que soliciten los abogados defensores si consideran que lo hacen para proteger la seguridad nacional.	Provea, un grupo de defensa de los derechos humanos en Venezuela, señala que el decreto venezolano es similar a la Ley Patriótica de Estados Unidos que amplía la autoridad de las agencias policiales luego de los ataques de septiembre de 2001 y de la cual Chávez ha sido un denodado crítico.