La conformación de la comisión obedece a la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, en el que se establece que el Consejo Permanente deberá realizar todas las gestiones diplomáticas posibles, antes de proceder a usar el artículo 21, donde se indican sanciones y posible expulsión para los estados miembros de la OEA que han violentado el orden democrático de sus países.	Además, insta al Gobierno nicaragüense a reanudar las negociaciones con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), el pleno cumplimiento de los acuerdos de liberación de manifestantes encarcelados y la restitución de los derechos, libertades y garantías de los nicaragüenses, firmados en marzo durante las negociaciones que permanecen suspendidas.