La crisis de las hipotecas subprime ha demostrado una vez más lo difícil que es controlar las finanzas, una industria que es al mismo tiempo vital para las economías modernas y la mayor amenaza a la que se enfrentan. Si bien esto no es noticia para los mercados emergentes, que han experimentado varias crisis financieras en los últimos 25 años, medio siglo de estabilidad financiera hizo que las economías avanzadas se volvieran complacientes.	La estabilidad reflejaba un simple quid pro quo: reglamentación a cambio de la libertad de operar. Los gobiernos impusieron reglamentación cautelar a los bancos comerciales a cambio de la prestación pública de seguros de depósitos y la función de prestamista de último recurso. Los mercados de valores quedaron sujetos a requisitos de divulgación y transparencia.	Pero la desregulación financiera de los años ochenta nos llevó a territorio desconocido. La desregulación prometía generar innovaciones financieras que mejorarían el acceso al crédito, permitirían una mayor diversificación de los portafolios y asignarían los riesgos a quienes estuvieran en mejores condiciones de soportarlos. Los liberalizadores argumentaban que la supervisión y la reglamentación estorbarían y que los gobiernos no podrían seguir el ritmo de los cambios.	Primero están los promotores de la libertad, para quienes cualquier cosa que se interponga entre dos adultos que se ponen de acuerdo es similar a un crimen. Si me venden un papel que yo quiero comprar, es mi responsabilidad saber qué es lo que estoy comprando y tomar conciencia de cualquier consecuencia adversa posible. Si la compra me daña, sólo yo tengo la culpa. No puedo suplicar al gobierno que me rescate.	Quienes no son partidarios de esta libertad reconocen el defecto fatal de este argumento: los colapsos financieros conllevan lo que los economistas llaman un “riesgo sistémico” --todos... pagan un precio. Como lo demuestra el rescate de Bear Sterns, el gobierno puede verse obligado a rescatar instituciones privadas para evitar un pánico que tendría peores consecuencias en otras partes. Así, muchas instituciones financieras, sobre todo las más grandes, operan con una garantía gubernamental implícita. Esto justifica que el gobierno regule las prácticas de préstamo e inversión.	Por esta razón, los economistas del segundo y tercer grupo --llamémosles entusiastas y escépticos de las finanzas-- son más intervencionistas. Pero el alcance de la intervención que proponen es distinto y refleja sus puntos de vista diferentes con relación a la magnitud de la disfuncionalidad del enfoque actual sobre la supervisión y la reglamentación cautelar.	Los entusiastas de las finanzas tienden a considerar que cada crisis es una oportunidad para aprender. Si bien la reglamentación cautelar y la supervisión nunca pueden ser perfectas, ampliar esa vigilancia a los fondos de cobertura y otras instituciones no reglamentadas puede moderar las desventajas. Si las cosas se complican mucho para los reguladores, la responsabilidad se puede delegar al sector privado, recurriendo a agencias calificadoras y a los modelos de riesgo de las propias empresas financieras. Las ventajas de la innovación financiera son demasiado grandes como para intervenir de forma más estricta.	Los escépticos de las finanzas no están de acuerdo. Están menos convencidos de que las innovaciones financieras recientes hayan creado grandes beneficios (salvo para la industria financiera misma) y dudan que la reglamentación cautelar llegue alguna vez a ser suficientemente efectiva. La verdadera cautela exige que los reguladores utilicen un conjunto más amplio de instrumentos de política, incluyendo límites cuantitativos, impuestos a las transacciones, restricciones a la titularización, prohibiciones u otras inhibiciones directas de las transacciones financieras, todo lo cual es anatema para la mayoría de los participantes en el mercado financiero.	Para entender el razonamiento en favor de un enfoque más amplio hacia la reglamentación financiera, consideremos otras tres industrias reglamentadas: las drogas, el tabaco y las armas de fuego. En cada una de ellas intentamos equilibrar los beneficios personales y la libertad de los individuos para hace lo que deseen con los riesgos para la sociedad y para ellos mismos.	Pero nuestra reglamentación va mucho más allá en los tres campos. Restringimos el acceso a la mayoría de las drogas, imponemos impuestos elevados y limitaciones a la comercialización del tabaco y controlamos la circulación y la propiedad de las armas. Aquí opera un principio cautelar simple: puesto que nuestra capacidad para vigilar y reglamentar comportamientos es necesariamente imperfecta, tenemos que recurrir a un conjunto más amplio de intervenciones.	En efecto, los entusiastas de las finanzas son como los defensores de las armas en Estados Unidos que dicen que “las armas no matan a las personas; las personas matan a las personas”. Las implicaciones son claras: hay que castigar únicamente a las personas que utilicen las armas para cometer delitos, pero no hay que penalizar también a las demás restringiendo su acceso a ellas. Pero, como no podemos tener la certeza de que la amenaza de un castigo evite todos los delitos ni de que todos los delincuentes sean capturados, nuestra capacidad de inducir a los propietarios de armas a que se comporten de manera responsable es limitada.	Que estemos de acuerdo con los entusiastas o con los escépticos depende de nuestra propia percepción de los beneficios netos de la innovación financiera. Regresando al ejemplo de las drogas, la pregunta es si creemos que la innovación financiera es como la aspirina, que genera enormes beneficios a bajo riesgo, o como las metanfetaminas, que estimulan la euforia seguida de una peligrosa reacción.