Esta red captaba a personas en Nicaragua, de preferencia mujeres, con la promesa de llevarlas al país europeo y conseguir un empleo como trabajadoras domésticas. Asimismo, esta organización criminal se dividía en dos grupos, las personas que se encargaban de la captación de posibles víctimas en Nicaragua y la otra parte que se dedicaba a conseguir el alojamiento y transporte en España.	Para no levantar sospechas, la red criminal ingresaba a las víctimas a territorio español como turistas. Además, las obligaban a firmar documentos en Nicaragua, donde la organización se quedaba con las propiedades de las mujeres e incluso de sus familias si no se saldaba una deuda de 7 mil euros, cantidad que debían pagar con la explotación a la que eran sometidas.