El presidente de ALN argumentó que la auditoría es ilegal, pues afirma que las leyes fiscales prohiben que se audite a un contribuyente más allá de los cuatro años e hizo saber que no se da por aludido con una carta que la DGI envió a su nombre, pero a una dirección equivocada.	El Código Tributario de la República de Nicaragua establece que el Estado puede proceder a auditorías, de acuerdo con fechas en que encuentre irregularidades y haya notificado a su contribuyente, por tanto, los cuatro años se aplicarán desde la fecha en que se presume el problema y aún puede extenderse a seis años.	El artículo 43 del Código Tributario establece que: “Toda obligación tributaria prescribe a los cuatro años, contados a partir de la fecha en que comenzare a ser exigible. La prescripción que extingue la obligación tributaria no pueden decretarla de oficio las autoridades fiscales, pero pueden invocarla los contribuyentes o responsables cuando se les pretenda hacer efectiva una obligación prescrita”.