El 24 de junio de 1979 el diario El País, de España, publicó lo siguiente: “La Organización de Estados Americanos aprobó esta madrugada una resolución en la que se condena al régimen de Anastasio Somoza y se pide su reemplazo definitivo e inmediato, así como un plan de pacificación de paz a base de un Gobierno representativo de la oposición, la garantía de los derechos humanos para todos los nicaragüenses y la realización de elecciones libres.	“La conducta inhumana del régimen dictatorial imperante en ese país es la causa fundamental de la situación dramática que atraviesa el pueblo nicaragüense. La solución del problema corresponde exclusivamente al pueblo nicaragüense, pero desde el punto de vista de los ministros de Exteriores de la OEA debería estar inspirada en las siguientes bases: 1) Exclusión inmediata y definitiva del régimen somocista; 2) Instalación en Nicaragua de un Gobierno democrático, cuya composición reconozca la contribución que han efectuado los distintos grupos dentro del país en la búsqueda del reemplazo al régimen de Somoza; 3) Garantía de respeto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses, y 4) Realización de elecciones libres a la mayor brevedad, que conduzcan al establecimiento de un Gobierno auténticamente democrático”.	La crisis estaba inmersa en el conflicto Este-Oeste y el presidente estadounidense, Jimmy Carter, impulsaba su política de derechos humanos buscando el desalojo de las dictaduras militares de derecha del continente. La de Somoza bombardeó con la Fuerza Aérea las principales ciudades del país por lo que fue calificada como genocida.	Cuando la OEA tomó esta dramática decisión en junio de 1979 no existía la Carta Democrática Interamericana, que nació hasta el 11 de septiembre del 2001 en Lima, Perú, bajo el argumento de fortalecer las democracias con medidas preventivas y con la concurrencia de todos los Estados democráticos, mediante la “defensa colectiva de la democracia” y así evitar el nacimiento de nuevas dictaduras.	La invocación del principio de “la soberanía nacional” y “el consentimiento del Estado Parte” para las actuaciones de la OEA por parte de los regímenes autoritarios y violadores de derechos humanos, limitan la consecución de sus objetivos, particularmente en situaciones de extrema gravedad como las que estamos viviendo en nuestro país. Una vez superadas estas situaciones se necesitará una profunda revisión y reforma de dicha Carta, adecuándola a las exigencias actuales para una efectiva “defensa colectiva de la democracia” y evitar así regresar al círculo nefasto de las dictaduras.