"Consideramos que esta ley va en contra de las pretensiones de justicia que tiene la población nicaragüense, porque habla de delitos políticos y conexos, situaciones que no se han contemplado en el Código Penal y Marco Jurídico del país, porque el terrorismo y el entorpecimiento de servicios públicos, acusaciones contra los amnistiados, no son delitos políticos, el de la protesta cívica, ni existe ese delito, porque en el Artículo 53 de la Constitución Política hay libertad de movilización. Se ha comprobado que los juicios son viciados", explicó Julio Montenegro, coordinador de los Defensores del Pueblo.	Según esta organización existen 120 presos políticos los beneficiados con la Ley de Amnistía, violentando el artículo 46 de la Constitución Política, en donde los ciudadanos gozan de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes, lo que según ellos desde el 18 de abril se han irrespetado. Sumado a los tratados internacionales también infringidos, firmados por el Gobierno de Nicaragua en el 2005, como lo es el establecido en la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos y degradantes.