“Exigir al gobierno del presidente Daniel Ortega y a la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, que libere de inmediato a los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora Barberena y a los más de 600 presos políticos que fueron encarcelados por ejercer su derecho a protestar cívicamente”, señala el documento de la SIP, dado a conocer al cierre de la reunión de medio año, desarrollada el fin de semana en la ciudad colombiana de Cartagena.	Finalmente, la SIP exige “a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que negocia con el Gobierno la apertura de un proceso de democratización de Nicaragua, teniendo como testigos a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Vaticano, que el Estado respete y garantice el derecho pleno a las libertades de expresión y de prensa, como base fundamental del desarrollo de una democracia verdadera”.	; Carlos Fernando Chamorro, de Confidencial; y Cristiana Chamorro, directora ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, enumeraron las distintas violaciones que se han cometido contra la libertad de prensa en el país, entre las que destacaron: agresiones físicas, criminalización del ejercicio periodístico, el asesinato de un periodista, exilio, retención de materiales y la censura impuesta de facto.	Carlos Fernando Chamorro señaló que el acuerdo alcanzado el viernes pasado entre el Gobierno y la oposición para la liberación de manifestantes presos y el respeto a los derechos constitucionales de la ciudadanía debe tener un protocolo especial para su implementación, además de designarse garantes internaciones que aseguren el cumplimiento de lo suscrito.	“En marzo, que es el mes de la mujer y del periodismo en Nicaragua, en la Fundación hicimos una investigación de cómo estaba la situación de nuestras periodistas exiliadas, queríamos saber qué fue lo que les pasó y encontramos que a casi todas, primero las amenazaron de muerte, pero no solo eso, sino que también les dijeron que serían violadas ellas y sus hijas, y no solo que las iban a violar, sino los detalles de cómo”, denunció Chamorro.	Carlos Fernando Chamorro, director del portal electrónico Confidencial, cuyas instalaciones fueron allanadas y ocupadas en diciembre pasado por la Policía Nacional, afirmó que aunque en años anteriores el Gobierno había demostrado cierta “tolerancia” con la prensa crítica, con el estallido de la crisis ese tipo de periodismo se volvió un “enemigo incómodo”, deviniendo en el peor momento para el periodismo del país.	“Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau están detenidos, su medio de comunicación está fuera del aire, para mí esa es una situación extrema. Solo puede ser peor el asesinato de Ángel Gahona, entonces desde mi perspectiva, la medida de la libertad de prensa en Nicaragua hoy, en primer lugar, pasa por la liberación de Miguel y Lucía y la anulación de ese juicio político”, exigió Carlos Fernando Chamorro.	Carcache explicó que los acuerdos en materia de garantías a los derechos ciudadanos, alcanzados el viernes entre el Gobierno y la opositora Alianza Cívica fueron violentados por las autoridades policiales el sábado en Managua, al haber apresado a unos 10 ciudadanos y tres personas fueron heridas de bala por un militante del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).