Argumentando que Nicaragua debe cumplir los requerimientos del Acta de Entendimiento entre los Gobiernos Miembros del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), se ampliarán la lista de actividades y profesiones no financieras obligadas a presentar informes o reportes sospechosos vinculados a los delitos contemplados en la Ley contra el terrorismo.	La Ley contra el terrorismo de Nicaragua ha sido criticada por sectores empresariales, organizaciones de la sociedad civil así como organismos defensores de derechos humanos, incluida Naciones Unidas, por ser utilizada por el dictador Ortega para amenazar y encarcelar a los ciudadanos que participaron en las protestas en su contra, iniciadas en abril del 2018.	Los diputados dieron trámite este jueves 27 de junio a la propuesta de reforma a la Ley 977 y la enviaron a la Comisión de Justicia para consultar a las asociaciones de abogados, el Colegio de Contadores Públicos, así como con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las autoridades de la UAF y de otras instituciones.	Jimmy Blandón, jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cuestionó la viabilidad de esta reforma a la Ley 977 al señalar que en particular los abogados y  notarios públicos “no tienen la capacidad para andar averiguando los estados financieros o la procedencia total de los bienes adquiridos” por los clientes a los que les hacen escrituras de las propiedades.	El PLC se opuso a la Ley contra el terrorismo y lavado de dinero cuando fue aprobada en el 2018 porque esto se dio en los meses más fuertes de la represión a las protestas ciudadanas por  la Policía Orteguista (PO) y los paramilitares. En esa oportunidad se advirtió que esa Ley sería usada para perseguir y condenar a los protestantes, además de que se excedía en los obligaciones que el GAFIC pedía a Nicaragua y que en el fondo el objetivo de la dictadura era crear un estado de espionaje contra los ciudadanos.