El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) presentó este viernes un nuevo informe bimestral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, donde destaca que se «ha detectado un patrón de ejecuciones selectivas de campesinos opositores» al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El  organismo documentó los incidentes ocurridos en los meses de julio y agosto de este año.	Sobre las ejecuciones selectivas de campesinos que se han dado en estos últimos meses, el organismo de derechos humanos señaló que hay «una característica en común» entre las víctimas: campesinos que se vincularon directamente a las protestas sociales iniciadas en abril de 2018 o que desde antes de esa fecha son adversarios al régimen Ortega.	«Desde la llegada de Ortega al poder y durante los 10 años siguientes, el Cenidh registró al menos 26 casos sobre ejecuciones extrajudiciales realizadas en las zonas rurales por las fuerzas armadas. Todos los casos han quedado en la impunidad, y la falta de voluntad política del sistema judicial para juzgar a los autores materiales de dichos crímenes, revela su falta de independencia frente a las políticas del Poder Ejecutivo», se lee en el informe.	De enero a agosto de 2019, el Cenidh ha monitoreado el asesinato de 17 campesinos en la zona norte del país (todos acribillados a balazos), sin embargo, existen otros casos de campesinos que perdieron la vida de manera violenta con arma blanca, «lo que evidencia un aumento de los niveles de violencia en la zona rural que coincide con la presencia de grupos parapoliciales afines al régimen», cita el reporte del Cenidh.	Del total de asesinatos, el organismos nacional tiene documentados cinco. Entre ellos está el caso de Oliver José Montenegro Centeno, un agricultor de 44 años que habitaba en la comarca Caño de la Cruz Central, municipio de El Cuá, departamento de Jinotega. «Fue acribillado a balazos por sujetos armados, que testimonios recabados por el Cenidh identifican como ‘paramilitares y policías’”, expone el informe. Además del joven Bryan Yeraldin Murillo López, asesinado en su casa en León por la Policía Orteguista, y donde resultaron dos personas heridas de gravedad.	«Para el Cenidh es evidente que el único fin de la policía, al referirse a las víctimas como ‘delincuentes’, es justificar su actuación arbitraria e ilegal, en la que violaron el derecho a la vida y la integridad personal de las víctimas (…) En tanto nuevamente se confirma una característica común entre las víctimas de la violencia instaurada por el régimen Ortega Murillo: el joven asesinado y los heridos habían participado en los tranques y las manifestacionesantigubernamentales en 2018».	Vilma Núñez, directora del Cenidh, expresó que el proceso de documentación de los casos de ejecuciones extrajudiciales conlleva a entrevistas y comunicación con los familiares de la víctima, información personal,  recopilación de información, entre otros. El objetivo del mismo es «para diferenciar cuál caso podría ser delincuencia común y cuál caso podría ser de ejecución».	«Una de las características, porque esto es un procedimiento militar, es que hayan sidos emboscados. En segundo lugar, es que hayan sido individuos con un notable perfil político o de oposición, ya sea por el CxL (Ciudadanos por la Libertad) o PLC (Partido Liberal Constitucionalista), que producto de su posición política ya hayan sido perseguidos (…) aquí definitivamente está involucrado el Ejército (de Nicaragua) porque le está dando continuidad a una práctica que ya se venía haciendo desde que Daniel Ortega nuevamente subió al poder en el 2007», señaló Núñez.	El Cenidh también enfatizó en la nueva fase represiva de la dictadura de Nicaragua con el recrudecimiento del hostigamiento y la persecución contra ciudadanos opositores y exreos políticos. Entre las situaciones, el organismo expuso las experiencias ocurridas a los exreos políticos Byron Corea Estrada, Levis Artola Rugama o Olesia Muñoz Pavón en el puesto fronterizo de Peñas Blancas.	Al finalizar la presentación del informe, los miembros del Cenidh así como de Madres de Abril realizaron un piquete de protesta en las afueras del hotel capitalino y frente a un cordón policial que imposibilitaba la entrada al lugar. Más de 30 oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) y más cinco camionetas rodearon el edificio.