La contienda política sigue sumida en un “empate catastrófico”, en que ninguna de las fuerzas en lucha, al parecer, tiene la capacidad de imponer por la fuerza la totalidad de sus intereses. Por un lado, el régimen es incapaz de gestionar el poder político y, por tanto, de gobernar, administrar el orden, la estabilidad y la seguridad de manera unilateral, más que configurando un Estado policiaco y desplegando sus fuerzas represivas. Las consecuencias de tal violación sistemática a los DD. HH.: posibles sanciones por parte de EE. UU., la UE y la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA. Por otro lado, aún con la dignidad y la firmeza del pueblo, las fuerzas democráticas organizadas, manteniendo su posición de lucha cívica y pacífica, se han visto imposibilitadas de hacer renunciar a Ortega por la fuerza. ¿Cómo avanzar?	Habiéndose roto, a partir de la matanza, todos los marcos institucionales que posibilitaban la administración del conflicto y la disputa por el poder político entre actores relevantes, el diálogo y la calle se han convertido en espacios extraordinarios, interrelacionados y privilegiados en donde el poder político se está disputando en dos sentidos contradictorios: En el primero el diálogo, en una dinámica de adversarios, y en el segundo la calle, en una dinámica en donde los bandos se perciben como enemigos con afán de acabar el uno con el otro.	Por tanto, traduciendo mucho de lo que pasa en la calle, la negociación y los acuerdos políticos que puedan lograrse; su naturaleza, su grado y el cumplimiento de los mismos estarán sometidos al ritmo de la calle y, en última instancia, al poder de fuego que detenten las fuerzas en contienda por el poder político.