Castellón está encarcelado desde el 31 de julio de 2018, por apoyar las protestas ciudadanas contra el régimen orteguista. Primero fue procesado por supuestas amenazas con arma en contra de un militante sandinista, pero el juez que vio el expediente no le dio lugar por muchas inconsistencias y giró orden de libertad el 4 de agosto del 2018.	Entre las inconsistencias del caso está que el oficial encubierto afirmó en juicio que dentro de sus investigaciones tiene información de que el acusado Marvin pertenece a una banda criminal llamada “La Hermandad” y que el modo de operar es cometer accciones delictivas en un taxi. El día de los hechos se reunieron siete miembros de la supuesta banda, pero no logran identificar a tres de ellos a pesar que supuestamente le daban seguimiento fotográfico.	del seguimiento que se dice haber realizado no se tiene ni indicio de quiénes son las otras tres personas que participaron en los hechos imputados, cuando se supone todos son miembros de una misma banda a quienes se les ha dado un seguimiento fotográfico, por lo tanto carece de credibilidad. Consecuentemente considero que no se ha logrado quebrantar el principio de presunción de inocencia y siendo que la duda razonable opera a favor del acusado. Lo declaro no culpable, se ordena inmediata libertad”, se lee en la sentencia.	Ahora queda esperar si las autoridades del SPN van a acatar la orden judicial, o seguirán haciendo caso omiso a las sentencias judiciales, contraveniendo a la Constitución Política de Nicaragua que dice que las sentencias judiciales son ineludible cumplimiento, expresó la abogada Yonarquí Martínez, quien representó a la victima de detención ilegal.	En la misma situación está el preso político José Rafael Sánchez Navarrete de 18 años, originario de Masatepe, Masaya, fue secuestrado desde el 26 de agosto de 2018 y luego condenado a dos años por supuestas amenazas con arma de fuego en contra de dos personas. Actualmente se encuentra en el Sistema Penitenciario Nacional de Tipitapa a pesar que el 23 de septiembre de 2019, le giraron orden de libertad.	El caso del joven autoconvocado de Masaya se une al del exiliado Diomedes Reyes, quien fue detenido el 27 de mayo por parapoliciales en Quilalí, Nueva Segovia, y luego acusado de tenencia ilegal de armas. A inicios de julio, el juez Hernaldo Briones Zamora dio orden de libertad con beneficio de suspensión de pena, aunque nunca leyeron sentencia, pero dos meses después, el joven de 22 años aún sigue preso y fue trasladado de Nueva Segovia al Sistema Penitenciario de Estelí.