Nicaragua sigue en caída libre en sus indicadores sobre democracia ya que se le redujo la calificación a 38 puntos de un máximo de cien en el escalón de gobierno representativo, según el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), cuyo reporte de medición sobre los sistemas electorales corresponde al 2017.	Esta medición refleja que al gobierno y su presidente en Nicaragua resultan electos por una minoría de la población y no la mayoría representativa de los votantes, debido al diseño de su sistema electoral. Es una reducción drástica en las últimas dos décadas, ya que para 1997 el país tenía una calificación de 66 puntos,	La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) dedica un capítulo sobre los Sistemas Electorales y la Democracia Representativa en su informe sobre la Coyuntura social, política y económica correspondiente a septiembre de 2019, en donde se analiza cómo el mecanismo de elección del partido y presidente que gobierna en Nicaragua no cuenta con la legitimidad absoluta porque son producto de un porcentaje bajo de quienes votan en los comicios y no de la mayoría. «El problema se relaciona con la integridad electoral. Nicaragua ha perdido porque tiene un sistema laxo, por eso la legitimidad de su Gobierno es discutible», sostiene Funides.	El punto de inflexión es el pacto entre los caudillos del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Daniel Ortega y Arnoldo Alemán del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que se concretaron con las reformas constitucionales en el año 2000 en donde se redujo de 45 a 35 por ciento el porcentaje de votos requeridos para ganar las elecciones en primera vuelta.	Sin embargo, doce años después de esos comicios persiste la duda entre sectores opositores de que si Ortega obtuvo realmente ese porcentaje para ganar, ya que el Consejo Supremo Electoral (CSE) -controlado por el caudillo- nunca publicó la totalidad de las actas de escrutinio de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) manteniendo oculto el 8.5 por ciento del sufragio, equivalente a 230 mil votos aproximadamente.	Con su mayoría de diputados en la Asamblea Nacional el FSLN terminó de destruir los candados  para que los futuros gobernantes resultaran del apoyo de las mayoría del pueblo, puesto que en el año 2014 se reformó la Constitución y la Ley Electoral eliminando los mínimos de porcentajes para ganar una elección y pasó a un sistema de mayoría simple de votos, además se eliminó la segunda vuelta.	El control político del CSE, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del resto de poderes del Estado le ha permitido sacar del juego electoral a opositores de contrapeso a Ortega, así como imponer la candidatura del caudillo en los comicios del 2011, pese a la prohibición que entonces existía de la reelección presidencial en la Constitución.	«De esta manera el candidato ganador será el que tenga mayoría fuerte. Es imposible que el cien por ciento de los ciudadanos estén de acuerdo, por eso la situación básica de un sistema democrático es pongámonos de acuerdo para que la mayoría elija al gobernante. Y esa mayoría que le da el respaldo al candidato  luego será su mayor reclamador de los principios democrático cuando se aleje de ellos», refirió Zelaya.	Zelaya recordó que antes de la crisis sociopolítica que inició en abril del 2018 por la represión gubernamental a las protestas ciudadanas, ya había una demanda de la sociedad por profundas reformas electorales para restablecer la confianza en las elecciones puesto que el CSE a nivel central, departamental, electoral y de la JRVl, está diseñado para que siempre gane el FSLN.	«Por eso se demandan reformas profundas o una nueva Ley Electoral, donde uno de los tema que se proponen es volver a poner el requisito del porcentaje de votos para que un candidato gane, y quien no lo alcance (el porcentaje) haya una segunda vuelta entre los dos candidatos que obtengan más votos la primera vez», dijo Zelaya.	Funides en su informe sostiene que «las reformas al sistema electoral de Nicaragua implementadas en las últimas dos décadas han modificado las reglas del juego electoral y no han contribuido a fortalecer la democracia. El proyecto mundial Variedades de la Democracia (V-Dem) documenta un continuo deterioro de indicadores clave como integridad, autonomía y transparencia electoral».	La crisis socipolítica debido a la represión del régimen ha elevado la demanda de cambios profundos en el sistema electoral nicaragüense, sin embargo, Ortega pretende ajustar los cambios siempre a su conveniencia para lo cual usaría a los partidos políticos considerados satélites del FSLN y dejar fuera a los sectores agrupados en la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Ortega también intenta negociar las reformas con la Organización de Estados Americanos (OEA) en base a un acuerdo con el organismo del 2016, lo que tampoco se le ha dado.	Existen varias propuestas de reformas electorales de partidos políticos y de organizaciones sociales como el Grupo Pro Reformas Electorales, del que Funides es parte. La mayoría de los cambios coinciden en que se debe recuperar la confianza en el sistema electoral, el restablecimiento de la transparencia y garantías electorales, apertura de competencia electoral y mecanismos de participación ciudadana.	Aunque los cambios más importantes en el sistema electoral tienen que ver con quitar a los actuales magistrados electorales, despartidizar la estructura electoral, promover la competencia justa y la transparencia en la entrega de los resultados, los puntos más aclamados por la ciudadanía son la no reelección presidencial y la prohibición de que el cónyuge del presidente participe como candidato a la presidencia o vicepresidencia, lo que ha sido la mayor polémica política en Nicaragua desde que Ortega se reeligió por segunda vez consecutiva (en 2017) de la mano de su espsa, Rosario Murillo como la vicepresidenta.