La resolución, nombrada “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”, fue aprobada con 23 votos a favor, 3 en contra y 21 abstenciones. Entre los puntos destacan la preocupación “por las crecientes restricciones al espacio cívico y las expresiones de disensión en Nicaragua, incluido el cierre de medios de comunicación independientes y la cancelación del registro de varias organizaciones de la sociedad civil”.	De igual forma, exhorta al régimen a que reanude su cooperación con la Oficina del Alto Comisionado, los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos “y los órganos creados en virtud de tratados competentes, así como con la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” y le pide que facilite las visitas, permita el acceso sin trabas a todo el país, prevenga y evite todo acto de intimidación o represalia.