En diciembre del 2015, el Gobierno de Michelle Bachelet aprobó una normativa que autoriza la elaboración y venta de medicamentos derivados del cannabis, aunque de forma restringida y con precios fuera del alcance de la mayoría. Para las organizaciones, el modelo legal vigente, de carácter prohibitivo, está fracasando, creando más problemas que soluciones a los fenómenos asociados al consumo, producción y comercio de sustancias psicoactivas.