“Se han ido cerrando todos los caminos para una solución. No hay libertad de expresión, no hay libertad de hacer manifestaciones, no hay libertad de organizar partidos políticos, no hay libertades públicas en general, hay una gran cantidad de presos (políticos). No hay un ambiente propicio para solucionar la situación por la vía pacífica”, agregó Solís a RFI.	LA PRENSA desde horas tempranas contactó a Urcuyo a través de su número celular y, tras responder una de las llamadas y exponerle la consulta sobre su renuncia, cortó la comunicación de manera abrupta y dejó en visto los mensajes en que se le preguntaba sobre su salida de la institución, enviados a su WhatsApp.	El analista político Carlos Tünnermann y la exguerrillera Dora María Téllez comparten la opinión de que no es coincidencia que Solís y Urcuyo hayan renunciado con diferencia de días, sino que evidencia un temor entre los altos funcionarios de que seguir al lado del régimen los expone a ser sancionados por la Nica Act de los Estados Unidos.	Para Tünnermann esas renuncias “nos dejan saber que hay una serie de altos funcionarios, incluso del círculo de poder de Ortega, que no están conformes con su decisión de no buscar una salida por la vía del diálogo, sino que cada día intensifica la represión con secuestros, censura y que terminará por arruinar a todo el país”.	Para la exguerrillera y disidente del FSLN Dora María Téllez, la renuncia de Rafael Solís como magistrado de la CSJ muestra con claridad que el régimen Ortega-Murillo está “en pleno proceso de desarticulación interna”. “Yo espero que la carta de Solís toque la conciencia de muchos funcionarios y que eso los estimule a tomar acciones. En particular en el Sistema Judicial, a impedir que continúe el secuestro en que los tiene Ortega”, dijo.	La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, dijo a LA PRENSA vía telefónica que se encuentra “bien” y que está en Nicaragua y luego cortó la llamada cuando se le consultó sobre la renuncia de su colega Rafael Solís. Pese a presidir el máximo tribunal de justicia, Ramos abiertamente ha defendido en el pasado la versión del régimen de que la protesta iniciada en abril fue un intento de golpe de Estado contra Daniel Ortega, y afirmó que los ciudadanos apresados “no son presos políticos”.