El gobierno de los Estados Unidos ha sancionado a 11 funcionarios que forman parte del círculo cercano del dictador Daniel Ortega, como una medida de presionar al régimen de Nicaragua por la matanza ocurrida en el contexto de la crisis social, política y económica en la que está sumergido el país desde abril de 2018.	El régimen orteguista ha asegurado que dichas sanciones no afectan en nada a su administración y que representan actos injerencistas de Estados Unidos en asuntos internos de Nicaragua. Sin embargo, la dictadura ha removido de sus cargos a algunos de los funcionarios sancionados, mientras que a otros les ha quitado facultades, con tal de mantenerlos en sus puestos, lo que evidencia que las sanciones si golpean a la estructura de la dictadura.	Luego de las sanciones contra Rivas, éste desapareció de la esfera pública. Ortega ordenó  a su aplanadora de diputados fieles en la Asamblea Nacional, el 7 de febrero de 2018, reformar la Ley Electoral para quitarle a Rivas las facultades legales y administrativas del CSE y que este siguiera gozando de todos los beneficios como magistrado.	El 5 de julio de 2018 la Ley Magnitsky alcanzó  a Francisco López, el tesorero del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y presidente de las juntas directivas de Petróleos de Nicaragua (Petronic) y de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas), por corrupción y por “usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno”.	López, considerado el hombre fuerte de los negocios del dictador nicaragüense, fungía también como vicepresidente de Alba de Nicaragua, S.A. (Albanisa), la subsidiaria de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), que domina el dictador venezolano y aliado de Ortega, Nicolás Maduro y por donde se canalizaron al menos 3, 600 millones de dólares desde 2007 y que fueron administrados de forma discreta por Ortega y sus allegados.	Durante el mandato de Alexis Argüello, el de Daysi Torres, e incluso, antes de ser sancionado en el de Reyna Rueda, Moreno era quien realizaba las contrataciones. Sin embargo, quien firma los contratos y cheques de esa institución es la alcaldesa orteguista, Reyna Rueda. El traspaso de poder se hizo efectivo en septiembre de 2018.	El entonces subdirector de la PO, Francisco Díaz, lideró la lista de tres sancionados por Estados Unidos que completó López y Moreno. A Díaz, quien además es el consuegro de Daniel Ortega, lo responsabilizaron de dirigir la represión ocurrida contra la población desde abril de 2018 a través de la PO, el principal órgano represivo de Ortega.	Pero Díaz no fue removido de su cargo. No se conoce públicamente si perdió facultades administrativas al frente de la Policía Orteguista. En cambio, un mes después de ser sancionado, Ortega lo premió al nombrarlo como formalmente como Director General de la PO, en lugar de Aminta Granera. El nombramiento se hizo oficial el 5 de septiembre de 2018.	Moncada Lau, quien fue funcionario de la temida Seguridad del Estado de los años 80, es el asesor personal sobre temas de seguridad de manejar del dictador Ortega y uno de sus principales operadores políticos. Hasta el momento, no se ha conocido algún movimiento en su cargo de seguridad nacional como consecuencia de las sanciones en su contra.	El hijo de la pareja dictatorial y asesor presidencial, Laureano Ortega, fue sancionado el 17 de abril de este año junto al Banco Corporativo (Bancorp) “por estar involucrado en una vasta red de corrupción” y lavado de dinero, aseguró en esa ocasión Jhon Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos.	Como consecuencia de dichas sanciones, Laureano no puede realizar contrataciones, ni adquirir, ni vender, ni tener cuentas bancarias o hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses o empresas de ese país, lo que es considerado como una muerte financiera que arrastra a la agencia estatal de inversiones ProNicaragua, en la cual fungía como asesor para la búsqueda de inversiones.	Desde 2009, Laureano era el encargado de promover, a través de ProNicaragua, proyectos de inversión en Nicaragua como el Canal Interoceánico o el satélite NicaSat, ninguno realizado hasta la fecha y que son considerados “proyectos fantasiosos”. Sin embargo, desde que fue sancionado, el hijo de la pareja dictatorial se ha desvinculado de la agencia de inversiones.	El 21 de junio reciente, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras fue sancionado junto a Sonia Castro, ministra de Salud, Orlando Castillo, director de Telcor y Óscar Mojica, director del MTI, como parte del programa Nicaragua related sanctions” (sanciones relacionadas a Nicaragua), que a finales de noviembre de 2018 estrenaron Murillo y Moncada Lau y que está dirigida a sancionar a a corruptos y violadores de derechos humanos en Nicaragua.	Sonia Castro fue removida este viernes de su cargo como titular del Ministerio de Salud y fue relegada como “asesora del presidente de la República para temas de salud” para no dejarla desprotegida ante los efectos de las sanciones que le impuso Estados Unidos junto a Porras, Mojica y Castillo el 21 de junio. Es señalada de corrupción y violación de derechos humanos, por haber dado órdenes a los hospitales públicos de no atender a manifestantes heridos durante las protestas de 2018.	Al igual que los demás funcionarios sancionados, Castillo y Mojica deberían renunciar a sus cargos. Sin embargo, hasta el momento, el régimen no ha realizado ningún movimiento para proteger a ambos funcionarios de los efectos de las sanciones estadounidenses. Versiones extraoficiales apuntan a serán removidos de su cargos la semana próxima, y nombrados asesores, igual que el caso de Sonia Castro.