Pero más allá de sus diferencias, un gran número de inmigrantes que desde hace varias décadas residen en EE.UU. afrontan la misma incertidumbre al conocer que el actual Gobierno tiene la intención de revisar, y si procede anular, los permisos que han garantizado su permanencia legal en el país, en algunos casos por más de 25 años.	Un panorama difícil que afecta a más de un millón de personas beneficiadas por programas de amparo como los 700.000 jóvenes bajo la Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como “soñadores”, y los 400.000 inmigrantes acogidos desde 1990 por el Estatus de Protección Temporal (TPS), un amparo para personas de lugares que han sufrido desastres naturales y conflictos.	Así, defiende con rotundidad: “Los inmigrantes movemos la economía de este país, construimos carreteras, puentes, edificios… Trabajamos lavando en hoteles, limpiando, cocinando, cuidando niños y ancianos. Por una persona que hace algo malo, algunos dicen que todos somos malos. Siempre va a haber una persona que no es del todo buena, pero la mayoría somos gente trabajadora y no nos pueden señalar así”.