El Procurador General de la República, Hernán Estrada, denunció que los magistrados de la Sala Civil Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) han dejado en indefensión al Estado al ordenar la suspensión de los efectos del decreto Presidencial en el que se obliga a las urbanizadoras a pagar por el agua que extraen a través de pozos privados.	La Presidencia de la República estableció el cobro de doce córdobas por cada metro cúbico de agua extraído por fuerzas privadas en fines industriales, comerciales y turísticos del país para conservar y proteger los acuíferos, reservas de la nación y garantizar el derecho de los nicaragüenses a habitar en un ambiente saludable.