De acuerdo al abogado de la CPDH, la inspección estuvo a cargo de nueve oficiales de las especialidades de trazología, balística, e inspección ocular del Instituto de Criminalística y Ciencia Forense de la Policía Nacional, quienes acudieron en base a la petición de la familia de las víctimas, hecha el pasado 23 de julio ante el Ministerio Publico.	Frank Flores, explicó que la inspección inició a las 9:20 de la mañana, en la entrada principal, luego continuó por la sala, después procedieron a inspeccionar el lugar donde se dieron los impactos y donde cayeron las víctimas. De acuerdo con el abogado, una de las paredes de la vivienda aún se encuentra salpicada de sangre de las víctimas.	“En base a esta inspección esperamos que se haga un estudio, un análisis científico riguroso, profesional por parte de la Policía, para que se emita un dictamen pericial, apegado estrictamente a los protocolos y a la evidencia que se encontró en el lugar de los hechos, para que se establezca quién y cómo fue que se cometieron los hechos denunciados”, resaltó el abogado Flores.	Según el defensor de derechos humanos, entre las irregularidades encontradas en este caso, está el hecho que la Policía ingresó a la casa sin autorización judicial y en horas no hábiles, porque los hechos ocurrieron a las 4:30 de la mañana, así como el hecho de que hay una persona muerta y otras dos heridas de gravedad.	Marina López Carrión, madre de Bryan Murillo, acudió este lunes al Ministerio Publico, para solicitar que la Policía emita un informe de las personas que estuvieron a cargo del operativo que se realizó el 17 de julio, además pidió que se especifique el tipo de arma que tienen asignadas, que sean ocupadas y que se contraste con la evidencia, de balística, trazología y toda la demás evidencia que se ocupó en la vivienda, para identificar a los oficiales que dispararon contra sus hijos.	Además de la denuncia contra los oficiales, también presentaron un recurso de exhibición personal por amenazas de detención a favor de sus parientes, uno de ellos (Javier Cortez), quien fue dado de alta, pero se encuentra resguardado en casa de familiares, por temor a ser encarcelado y procesado, mientras Kener Murillo, se encuentra grave e ingresado en un hospital, producto del balazo en la clavícula, que recibió durante el allanamiento.	“Esperamos que se haga justicia con la muerte de mi hermano (Bryan Murillo). Fuimos a poner la denuncia el 23 de julio y hasta el día de hoy 5 de agosto se presentaron a la vivienda. Vamos a esperar, a ver que indica la Fiscalía, no tenemos confianza en las investigaciones, tengo mis dudas, porque a como han ido almacenando muchos casos”, señaló Karen López.	Por su parte, la Policía Nacional a través de un comunicado señaló como delincuentes a los tres ciudadanos, situación que fue desmentida por la familia, quienes demostraron que ninguno posee antecedentes policiales de acuerdo a certificados de conducta emitido por la institución policial el 18 de este mes, un día después de los hechos.