Al respecto, el analista político y opositor Eliseo Núñez considera que de darse esta reforma bilateral sería orquestada entre la secretaria de la OEA y el mandatario Ortega pues a su juicio solo es posible que se dé “por el lado de Almagro, pero es muy poco probable por los países que forman el grupo de trabajo”.	José Pallais, de la Alianza Cívica, afirma que en este tema “la OEA no puede sustituir al pueblo de Nicaragua” e insiste en que todo cambio a la Ley Electoral para que sea aceptable debe hacerse en el marco de una negociación con la Alianza Cívica atendiendo la Resolución de Medellín.	"Nadie se acuesta en la misma cama con un difunto y no veo a Almagro acostándose en la cama con (el presidente) Ortega para perennizar a Ortega y apañar a Ortega su falta de democracia y su rompimiento con la necesidad de dialogar y el rompimiento con la Carta Democrática Interamericana”, acotó.	El también catedrático considera que la propuesta del presidente Ortega a la OEA no es del todo una idea retorcida ya que “el miedo es por la falta de capacidad política porque para ninguna persona que tiene cultura, conocimiento y manejo político debe de darle temor de que líderes a nivel de grupos hemisféricos como la OEA y el presidente Ortega, jefe de un régimen de gobierno puedan conversar".	Por su parte Núñez, manifestó que “apostar porque Ortega va a tener buena voluntad es una mala apuesta, Ortega es un tipo que entiende de empujes, no entiende de otra cosa; él se sentó a negociar porque tenía bloqueado el país. Después se sentó a negociar porque tenía problemas para abastecer de búnker las plantas generadoras, porque tenía otro tipo de problemas que no podía solucionar inmediatamente. Entonces, en la medida en la que él sepa que el empuje de la presión internacional lo puede paralizar, en esa medida va a negociar”.	Mientras la OEA decide sobre la propuesta del mandatario nicaragüense, ha puesto en marcha el plazo de 75 días para que la Comisión Especial de la OEA visite Nicaragua para realizar gestiones diplomáticas de alto nivel que ayuden a resolver la crisis política, pero el gobierno ha manifestado que no la dejará ingresar al país.