La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Ministerio de Salud (Minsa) son las instituciones que darán cumplimiento a la Ley integral de atención a las víctimas, ambas instituciones han sido criticadas por organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros por negar la atención debida a los autoconvocados que se manifestaron en contra del Gobierno.	“Ningún protestante antigubernamental asistirá y confiará en ellas como medio dador de reparación y no repetición porque hay informes claros de organismos internacionales que saben que son afines al Gobierno y que en los momentos duros negaron la atención a los manifestantes fallecidos, heridos o a los mismos presos políticos”, dijo José Antonio Peraza, presidente del Movimiento por Nicaragua.	“¿Esa Procuraduría a fin al gobierno qué ha hecho durante la crisis? Absolutamente nada, no ha dado atención a ningún bando, se hizo el ciego, sordo y mudo ante cualquier atropello de los simpatizantes de Ortega, no ha recibido o brindado acompañamiento a ningún lesionado o familias afectadas, entonces no tienen ninguna credibilidad”, refirió Parrales.	Los especialista coinciden en que antes de la creación de cualquier ley para resolver la situación sociopolítica que vive el país, es necesario que el Gobierno de Nicaragua primero cumpla con los acuerdos firmados en la mesa de negociación, como lo es la liberación total de los presos políticos y el retorno de las garantías ciudadanas.