El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y el organismo Raza e Igualdad pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que inste al Estado de Nicaragua a tomar acciones para proteger la vida e integridad de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, director y jefa de prensa del canal 100% Noticias, clausurado por el gobierno en diciembre de 2018.La petición de los tres organismos consta en una carta dirigida  el pasado 5 de agosto a Pablo Saavedra Alessandri, Secretario Ejecutivo de la Corte Internacional de DDHH, tribunal que el 21 de mayo pasado otorgó medidas provisionales en favor de ambos periodistas y otros 15 presos políticos que todavía estaban encarcelados en el país.	En su escrito, los demandantes plantean que las personas excarceladas este año continúan bajo riesgo extremo, ya que "el Estado y grupos paraestatales continúan valiéndose de la violencia letal en contra de opositores, en las zonas rurales y en las ciudades, con la finalidad de “desmovilizar” y dejar “sin posibilidades de acción” a líderes sociales y del movimiento cívico".Toda esta situación prevalece a pesar de la Ley de Amnistía aprobada en junio por el Parlamento nicaragüense. Asimismo, los periodistas y medios de comunicación independientes "continúan enfrentando represalias por ejercer su derecho a informar", mientras el gobierno sigue sin devolver las instalaciones ocupadas de 100% Noticias y la sala de redacción de Esta Semana, Esta Noche y Confidencial, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamoro, exiliado en Costa Rica.En el caso de Miguel Mora y Lucía Pineda, ambos estuvieron encarcelados durante seis meses y sometidos "a un proceso irregular" y sus derechos humanos "han sido y continúan siendo violados", señaló la carta, tras detallar una serie de amenazas que ambos colegas han venido recibiendo a través de las redes sociales desde que fueron puestos en libertad.	Por lo anterior, los organismos solicitaron a la Corte "instar a las más altas autoridades del Estado y a sus operadores políticos y simpatizantes a que cesen el discurso de odio que podría motivar agresiones, acoso u hostigamiento".También le urgieron "llamar al Estado a cumplir su deber de garantizar condiciones de seguridad para Miguel Mora Barberena y Lucía Pineda Ubau ahora que han sido liberados y podrían sus vidas e integridad física correr riesgo, en un contexto siempre hostil hacia el periodismo independiente y particularmente, hacia nuestros representados".Asimismo, instaron al tribunal a requerir al Estado que "no continúe coartando el ejercicio periodístico" y que procea a la devolución de los bienes requisados durante la ocupación del canal 100% Noticias en diciembre pasado.