La región semiautónoma atraviesa desde junio su peor crisis política desde que fue retrocedida a Pekín en 1997, con protestas casi diarias y enfrentamientos cada vez más violentos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes que se tapan la cara. Ni el gobierno central chino ni el ejecutivo local han logrado frenar la movilización.	El viernes, la jefa del ejecutivo, Carrie Lam, blanco de las críticas de los manifestantes, aludió a unas disposiciones de emergencia (Emergency Ordinance Regulations) que datan de 1922 y que no se habían utilizado desde hacía 52 años, para prohibir el uso de máscaras. «Creemos que la nueva ley tendrá un efecto disuasorio en los manifestantes violentos y ayudará a la policía en su misión de mantener el orden», dijo en una rueda de prensa.	En las redes sociales, la respuesta no se hizo esperar, con multitud de llamados a la manifestación para los tres próximos días. Una muchedumbre invadió las calles del barrio de Central, una escena que se ha vuelto habitual. Decenas de manifestantes apilaron barreras de plástico, palés de madera y conos de tráfico para formar una barricada. También se levantaron barricadas en el barrio de Kowloon Tong y cientos de personas enmascaradas participaron en una sentada en un centro comercial de la ciudad de Sha Tin.	Antes que ellos, miles de hongkoneses se habían adelantado al anuncio de Lam y se habían manifestado, asegurando que no respetarían la prohibición. Desde junio, muchos manifestantes empezaron a usar máscaras en las movilizaciones para evitar ser identificados y que se abran diligencias contra ellos. Algunos también llevan casco, gafas de protección o máscaras de gas para protegerse de los gases lacrimógenos y de los proyectiles lanzados por la policía.	La ley de 1922 autoriza al ejecutivo a tomar «cualquier medida», sin necesitar el permiso del cuerpo legislativo, si se produce una situación de emergencia o si existe un peligro para la población. Durante los disturbios de 1967 –un movimiento social que degeneró en siete meses de batallas callejeras entre las fuerzas de seguridad y activistas de izquierda–, Reino Unido recurrió a este texto para ampliar los poderes de la policía a la hora de detener a la gente y para censurar a los medios de comunicación.	Sin embargo, la oposición considera que permitir que Lam eluda el control parlamentario de este modo podría llevar a la región a un terreno resbaladizo, y poner en entredicho la reputación de Hong Kong como centro financiero en el que se respeta el Estado de derecho y la independencia de la justicia. «Me preocupa que esto quizá no sea más que el principio. Puede que se estén preparando otras medidas drásticas en nombre de esta ley», declaró Claudia Mo, una política electa prodemocracia. Joshua Wong, una de las figuras del combate por la democracia, consideró que la ley «anunciaba el principio del fin de Hong Kong».