Los poderes del Estado, las cámaras de la producción, los excandidatos a la Alcaldía de Quito, grupos de ciudadanos, líderes indígenas, líderes sociales y la opinión pública mayoritaria manifestaron su apoyo al presidente Moreno. Esto quedó evidenciado cuando el presidente derogó el desafortunado decreto 883, volviendo los precios de los combustibles a su estado primitivo.	La Organización de Estados Americanos (OEA), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y todas las instancias internacionales dieron un espaldarazo al presidente ecuatoriano, echando por la borda las intenciones de Rafael Correa que pedía adelanto de elecciones presidenciales con él como candidato. La violencia fue planificada por Correa y Maduro con el apoyo de Cuba. Según se conoce, los planes tenían la intención de desestabilizar económicamente a Colombia con la violencia. Por el momento fueron derrotados.	Ortega lo derogó pero posteriormente lo resucitó, y al final despojó a los jubilados de su derecho a optar a una pensión digna de vejez extendiendo el periodo de cálculo para optar a ella que pasó de los últimos 3 años a los últimos 7 años y 3 meses. Muchas personas adultas que esperaban la pensión como agua de mayo, perdieron ese derecho.	Sin embargo, el daño mayor lo asumirán los jóvenes que tendrán que cotizar como mínimo 40 años en un país donde no hay fuentes de trabajo y para optar a una plaza en el Estado se debe ser partidario. Cuando Ortega hizo el ridículo derogando el decreto, la Policía había hecho correr la sangre, en las montañas el campesino ya luchaba porque estaba siendo despojado de sus tierras, y muchos de sus líderes habían sido ejecutados por paramilitares. La lucha ya no era por la derogación del decreto, era por la renuncia del dictador porque la corrupción y la represión había tocado fondo.