“La regulación restringe el incontrolado poder de mercado de las empresas. Cuáles son las causas legítimas por las que los gobiernos podrían optar por anular las decisiones tomadas en los libres mercados? La regulación tiene tres grandes justificaciones basadas en el interés público. La primera es regular la conducta de las empresas para impedir que los monopolios o los oligopolios abusen de su poder de mercado. La segunda gran razón es corregir las externalidades negativas como la contaminación; este es el tema de la regulación social. La tercera razón es resolver los fallos en la información, como los que ocurren cuando los consumidores poseen información insuficiente sobre las características de productos”	Como se puede observar, Samuelson y Nordhaus en su libro de economía destacan que el Estado debe evitar los abusos. Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que la libertad es uno de los principios inspiradores del Derecho de Consumo y, al contrario de lo que algunos economistas han afirmado, la libertad se debe garantizar por medio de políticas e intervenciones cuando sea necesario, porque de no ser así, esa libertad va a ser ejercida únicamente por los que tienen poder de mercado.	Hoy entra en vigencia la Ley 842 “Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias”, y esta tiene como propósito, entre otros, evitar los abusos por parte de los empresarios para con los consumidores, es decir, procurar la equidad en las relaciones. Uno de los principios de la ley es el de soberanía de decisión de los consumidores, que está relacionado con la libertad de estos. El principio mencionado se ve materializado en el artículo 68 de la ley, este dispone que los usuarios de servicios financieros tendrán derecho en todo contrato de crédito de consumo, a efectuar pagos anticipados sin que les sea aplicable penalidad, aunque claro que se establecen ciertas excepciones para la aplicación de este derecho, entre ellas el hecho de que la institución financiera trabaje con fondos intermediados y que la misma tenga la obligación contractual de pagar cargos por pago o cancelación anticipada.	En el sentido expresado, Julio Baltazar Durand, experto en el tema, expone: “Creemos que la solidez del sistema financiero no debe mirarse solamente desde el lado de las empresas, es decir desde su liquidez, sus colocaciones, su rentabilidad, su manejo adecuado de los riesgos, etc, sino que también es preciso mirar dicha solidez desde el lado de la transparencia, la seguridad y la confianza de los consumidores que son, precisamente, quienes le dan vida al mercado a través de sus actos de consumo. En este sentido es importante que los bancos se fijen un poco más en la forma en que ofertan sus servicios, caso contrario se genera desconfianza extendida en el sistema”.	Siempre abordando las cancelaciones anticipadas, pero refiriéndome a otros servicios como telefonía móvil, internet y televisión por cable, según artículo 38, el usuario podrá finalizar anticipadamente su relación sin pagar penalidad ni saldos por meses faltantes, sin embargo, en aras de respetar el equilibrio, el usuario deberá estar al día con sus cuentas y le será exigible el cobro por los equipos utilizados. En estos casos, se le impone un deber de información mínima a los empresarios, estos, al momento de la firma del contrato, deberán entregar al usuario el detalle del costo mensual del servicio y el equipo, debiendo ser este último establecido de manera proporcional a los meses pactados. La autoridad competente para la aplicación de este artículo es Telcor.