Según el documento al que tuvo acceso este diario, firman la denuncia Raúl Areas (CNOR), Julio César Blandón (Kalimán-PRN), José Benito Bravo (Mack-PRN), Nelson Iván Escobar (AVEG-CFA), Gloria Margarita Martínez (Madres de Héroes y Mártires), Martha Mayorga y Juana Estela Báez (Madres de Caídos de la Resistencia), Élida María Galeano (ARN-IG), Sergio Ortega y Uriel Calderón, de AMIR.	Los firmantes del documento aseguran que van a denunciar a los presuntos traficantes ante la Policía, y, en ese caso, Estrada dice que la Procuraduría deberá apersonarse en representación del Estado, ya que la mayoría de bienes usurpados y tierras afectadas pertenecen al gobierno a través de la Cornap, los ministerios o del Banco Central como adjudicatario de los activos de los bancos quebrados.	En la lucha contra las ocupaciones o tomas ilegales y el tráfico de tierras, Estrada refiere que ahora existe una actuación coordinada y extremadamente dura entre la Procuraduría y la Policía, a la cual han reforzado para el patrullaje nocturno en los distritos conflictivos, pues los traficantes trasladan de noche a sus “precaristas”.	Además, alrededor de la Procuraduría, dependientes de ella y en su mismo edificio, funcionan ahora la Comisión Nacional Revisora de Confiscaciones y la Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones (OCI). “Se acabaron los gestores que llegaban a ofrecer coimas en esas oficinas, o que pedían dinero a los interesados para la propina del Procurador”, afirma Estrada.	“Nuestras puertas están cerradas para los traficantes. Tengo miles de enemigos nuevos, pero el tráfico se terminó”, agrega, al referir que antes la Policía no actuaba contra el saqueo al Estado, pero ahora sí. La corrupción había penetrado las estructuras del Estado, incluso tuvimos notarios del Estado asociados con los traficantes de tierras, y por eso está presa la ex notaria Morena Avilés”, señaló el Procurador.	Estrada reconoce que el tema de la propiedad agraria y urbana es un problema de siglos, y los objetivos a conseguir para erradicarlo parecen complejos, pero en las actuales circunstancias del país, poner el orden solamente es un asunto de decisión política y voluntad, “y esas cosas le sobran al gobierno”.	“Me he apersonado en juicios contra gente pobre, que afortunadamente se revirtieron porque tenían a la justicia, la ley y el derecho de su parte. Respetamos mucho los derechos que aleguen los bancos y grandes acreedores, especialmente si la justicia les da la razón, pero nuestra prioridad son los pobres y el imperio del orden, que significa la seguridad jurídica para todos, de modo que ningún inversionista nacional o extranjero se vea estafado al invertir en tantos títulos falsos que andan circulando”, agregó.	Que no se siga haciendo títulos supletorios sobre decenas y centenas de miles de manzanas de tierra, del mismo modo en que han venido saqueando el patrimonio del Estado a lo largo de los últimos 16 años. Que finalmente se apruebe la Ley del Registro, que se acaben las dobles y triples indemnizaciones, y que nadie vuelva a cobrar inexistentes vaquitas con una simple declaración jurada de que las tenía, con un gestor avispado y una coima, concluyó Estrada.