De esa forma inició el trámite para legalizar y formalizar los pactos diplomáticos con Irán y Osetia del Sur, imponiéndose una vez más la voluntad política del régimen quien ignora las advertencias del sector empresarial, grupos de la sociedad civil y políticos opositores de que reforzar las relaciones con esos gobiernos traerá más costos que beneficios a Nicaragua.	El jueves pasado se pasó a la Comisión de Asuntos Exteriores y a la Económica la iniciativa del Decreto Legislativo de Aprobación del Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones entre el Gobierno de Nicaragua y el Gobierno de la República Islámica de Irán. La próxima semana los diputados de ambas comisiones revisarán el alcance de lo pactado por el régimen e Irán el pasado 13 de agosto, en relación a relaciones comerciales, asistencia e intercambio de bienes.	El dictador Ortega es uno de los principales aliados de Irán en Latinoamérica, ambos regímenes son adversarios políticos de Estados Unidos. La administración estadounidense ha impuesto sanciones a altos funcionarios de Nicaragua por los señalamientos de violaciones a los derechos humanos y  al régimen de Teherán lo calificó como “el estado terrorista número uno en el mundo”.	Pese al desinterés del sector empresarial nicaragüense de tener relaciones comerciales con Irán por el riesgo que supone perder a su principal mercado como es EE.UU., en la Asamblea Nacional los diputados orteguistas aceleran la formalización del acuerdo con el estado islámico pues la próxima semana harán la consulta citando solo a funcionarios. Una vez dictaminado el acuerdo será aprobado en el plenario lo que se espera suceda en dos semanas.	El acuerdo entre el régimen orteguista con Irán otorga amplia protección «legal» a los empresarios y sus  inversiones en ambos territorios, sobretodo en propiedades de bienes e inmuebles, acciones de participación en compañías, utilidades y ganancias y dinero por cobrar, derechos sobre propiedad intelectual, marcas y nombres comerciales y hasta derechos de búsqueda, extracción y extracción de recursos naturales.	En el artículo 6 del acuerdo hay cláusulas sobre las expropiaciones y compensaciones de las inversiones iraníes y nicaragüenses cuando existan en el otro país, blindándolas por cuanto «no deberán ser nacionalizadas, expropiadas o sujetas a medidas similares por la otra parte». Pero de llegar a darse por «interés público», el acuerdo establece la obligación del Estado a  pagar una compensación