La propuesta la hizo Montenegro en mayo de 2007, aun sabiendo que el Consejo en pleno por unanimidad había aprobado el diez de noviembre de 2006 una auditoría interna relacionada con el desembolso de un millón 139 mil 258 córdobas para cancelar la reparación de equipos informáticos y fotocopiadoras, teniendo como base documentos falsos, entre los que destacan cotizaciones alteradas con borrones, enmendaduras, sin firmas, o con firmas y sellos escaneados.	El dinero se desembolsó entre los años 2005 y 2006 a nombre de Franklin Basset y los señores Guillermo y/o Alfonso Cajina. Esa práctica de cotizaciones “amañadas”, según el vicepresidente de la Contraloría, Lino Hernández, era de vieja data y se viene dando en el ente fiscalizador desde antes que asumiera la administración financiera Ruiz Tablada, aunque admitió que las anomalías fueron detectadas durante este período.	Rechazó a la vez que delante de sus ojos hubiesen pasado documentos falsos o alterados, ya que si hubiese sido así, no habría firmado ningún cheque ni desembolso. “Pues hasta donde sé, yo revisaba todos los documentos, hasta lo más exhaustivo que yo podía, si ya hicieron algo fuera de eso, yo no estoy enterada y nada tengo que ver”, dijo Mejía.	“La responsable de eso no soy yo, que investiguen por donde tengan que investigar, porque yo cumplí y vigilé para que se cumpliera siempre la Ley 323, ahí están los archivos, los documentos que demuestran que yo no dejaba pasar nada que no fuera con sus documentos completos y bien soportados”, señaló.