La delegación de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que representa al Estado de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, rechazó este viernes 20 de septiembre adoptar la mayoría de las recomendaciones realizadas por los países miembros de la ONU en Ginebra para encontrar una solución pacífica, legal y democrática a la crisis de represión desatada desde abril de 2018.	Las misiones diplomáticas en su gran mayoría demandaron a Nicaragua que respete los siguientes derechos humanos: derecho a la movilización, manifestación pacífica, libertad de expresión y libertad de prensa; excarcelación de los presos políticos, retorno de los mecanismos especiales de derechos humanos —como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh)—, desarme de paramilitares, aplicación de justicia para los autores de las masacres e investigaciones independientes para los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad señalados en	Además los países, propusieron la ratificación del Estado a tratados internacionales como el Estado de Roma para la Corte Penal Internacional, y a otros mecanismos de protección de derechos humanos de los nicaragüenses, además de permitir el retorno y supervisión de mecanismos y organizaciones de derecho humanos como Oacnudh, CIDH y otros.	«El Gobierno de Nicaragua continuará trabajando en favor de los Derechos Humanos, libertades fundamentales, derechos civiles y políticos de todos los nicaragüenses. Se solucionarán las dificultades que surjan en nuestra sociedad, similares a la de todas las naciones, con mecanismos pacíficos, donde impere el diálogo respetuoso entre las partes, la legalidad, la institucionalidad. Continuaremos fortaleciendo la protección y promoción de la libertad de expresión, asociación, prensa, información, Derecho a reunión pacífica de conformidad con la ley, brindando todas las seguridades que se requieran», dijo el régimen.	Además agregó que «se continuará garantizando el derecho de concentración, manifestación y movilización pública y como todo país, estos derechos deben ser ejercidos en apego a las leyes y normativas, que para el efecto, se encuentran establecidos para garantizar la seguridad, el orden interno y el bien común de todos los nicaragüenses, tomando en cuenta que los derechos de una persona se encuentran limitados por los de los demás».	«Se continuará avanzado de forma ordenada y consistente en la modernización del ordenamiento jurídico y el fortalecimiento de las instituciones del sector justicia. Se continuarán cumpliendo estándares internacionales y agotando las líneas de investigación; las acusaciones seguirán siendo sustentadas en abundantes elementos de convicción, pruebas periciales, testificales y documentales, entre otros, garantizando el derecho a la defensa técnica y presunción de inocencia, como corresponde por ley».	«Se cumplirán los compromisos adquiridos en virtud de identificar las reformas políticas, electorales e institucionales necesarias para continuar perfeccionando nuestra joven democracia, que garanticen, entre otras cosas, elecciones libres, abiertas, transparentes y acompañadas para el año 2021. Se han retomado los trabajos con la Secretaría General de la OEA para la cooperación en materia de fortalecimiento institucional, político y electoral de Nicaragua».	«Continuaremos los esfuerzos para ser el país más seguro de la región, gracias a la eficiente acción de la Policía Nacional que ha sido reconocida internacionalmente por su labor de protección a las personas, las familias y las comunidades. No ha sido ni será política de Estado la represión de protestas sociales y menos el uso excesivo y arbitrario de fuerzas por parte de la Policía Nacional»	«El Gobierno de Nicaragua continuará siendo respetuoso de sus obligaciones internacionales y colaborando eficaz y efectivamente con la ONU. El pasado 2 de mayo de 2019, fueron presentados todos los informes pendientes ante los órganos de los tratados, cumpliendo en su totalidad con esta obligación internacional», dijo la representación del dictador, sin mencionar que dichos documentos llevaban hasta trece años de retraso y que se entregaron incompletos.	Apegado a su discurso de «paz», la dictadura dijo ante Naciones Unidas que «seguirá teniendo una voluntad real de dirigir el país por la paz, desarrollo nacional y prosperidad, adoptado medidas concretas en el plano económico, social, así como en el fortalecimiento de las Instituciones del Estado, que han permitido solucionar progresivamente la crisis producto de los hechos de violencia en el contexto del intento fallido de Golpe de Estado».	Para ellos, la comisión oficialista que se creó para maquillar la realidad de la represión sangrienta, ha «esclarecido» la «verdad»: «Se han investigado los hechos de violencia antes referidos mediante mecanismo especial, autónomo, independiente y profesional creado por el Poder Legislativo: la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, quienes han investigado ampliamente y contribuido con los mecanismos nacionales existentes para llegar a la verdad».	: «El Gobierno de Nicaragua continuará comprometido con la justicia, reparación y garantías de no repetición para las víctimas. Cumpliendo con la Ley Integral de Atención a Víctimas, la PDDH se ha coordinado con las Instituciones del Estado de Nicaragua para garantizar que las víctimas reciban atención y reparación especializada a nivel integral…».	Del mismo modo que negó los crímenes del Estado, los delegados del dictador anunciaron que el país no asumirá nuevos compromisos internacionales y revisará los ya adquiridos: «Nicaragua en uso de su soberanía considera que no es el momento para sumarse a nuevos compromisos internacionales que suponen una carga administrativa y presupuestaria adicional, pero esto no implica que en el país existe un vacío de protección y de vulnerabilidad de los derechos humanos, ya que el ordenamiento jurídico nacional es amplio, completo y enfocado en proteger las garantías constitucionales y los derechos humanos de los nicaragüenses».	«Actualmente, la realidad es otra y el pueblo de Nicaragua ha recuperado la paz y estabilidad nacional. Por parte del Estado de Nicaragua, nos comprometemos en continuar esforzándonos por mantener el progreso en beneficio de todos y todas. El Estado de Nicaragua siempre se ha mantenido abierto y en constante diálogo», leyó el representante del régimen, para enseguida critica a los países que abogan por una verdadera solución a la crisis.	«Creemos que el Examen Periódico Universal es un Mecanismo útil para contribuir en el fortalecimiento de los Derechos Humanos de todos los Estados. No aceptamos sin embargo, que se utilice con fines distintos a los que fue concebido, contradiciendo la Resolución 5/1 del CDH, que establece como sus principios la naturaleza cooperativa basada en información objetiva y fidedigna; así como el desarrollo del mismo de manera objetiva, transparente, que evite la confrontación y la politización».	«Rechazamos el uso de estos espacios multilaterales con fines políticos y la intención de algunos Estados que pretenden cambiar el sentido productivo de este mecanismo. No son aplicables expresiones y juicios que tienen un carácter eminentemente político que no abona al propósito para el que fue creado el Examen Periódico Universal, por tanto, no se pueden aceptar», dijo el empleado del dictador.	Sin embargo, al final y contra todo los argumentos de la dictadura, el Consejo de Derechos Humanos adoptó y ratificó el resultado del EPU de mayo pasado donde 108 naciones y delegaciones denunciaron la represión, las violaciones de los derechos humanos y la falta de justicia y democracia en Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.