El sector del transporte de carga comercial ha dejado de percibir una cifra aproximada de US$2.2 millones mensuales en ingresos brutos, por la crisis sociopolítica que afecta a la economía de Nicaragua; y la situación podría empeorar si la Asamblea Nacional aprueba la reforma fiscal propuesta por el Gobierno, advierte Marvin Altamirano, presidente de la Asociación de Transportistas Nicaragüenses (ATN).	Se ha mantenido una exoneración del impuesto al valor agregado (IVA) a los servicios de transporte, por un tema de competitividad a nivel de la región. Gravar el transporte con IVA significaría sacar de operaciones a las empresas nicaragüenses, porque caería en una seria desventaja frente a las compañías de la región Centroamericana. Tenemos información de que no se está imponiendo el IVA a los servicios de transporte en esta propuesta de reforma y esperamos que así sea.	El punto es que nadie va a escapar de ser afectado por las reformas fiscales si las llegan a aprobar en la Asamblea, porque algunos productos van a subir de precio afectando el poder adquisitivo de la población y los exportadores han expresado que serían afectados, lo que repercutiría en el comercio de carga de mercadería. Ya hay un problema con el tema de las reformas al seguro social, porque estas sí ya están afectando directamente a las empresas; se subieron cuotas de cotizaciones, tanto del empleador como del trabajador. Como sector, esperamos que las cosas mejoren, pero es obvio que a raíz de la crisis nadie puede esconder que todas las cosas cambiaron en el país. No podemos decir que ya estamos 100% como antes, mientras no se recupere la economía. Se tiene que llegar a un diálogo sincero, franco, con una visión de país. Eso esperamos, a que Nicaragua se vuelva a enrumbar.	Asimismo, se dieron unas manifestaciones en Guatemala. Los gobiernos en Centroamérica deben pensar en base a las realidades económicas que vivimos, porque uno como sector, como trabajador tiene un límite de hasta dónde puede pagar; y si ese límite se excede con cualquier reforma o si un estado quiere imponer una reforma, entonces se dan explosiones sociales de ese tipo, de huelgas y esos descontentos en la sociedad, porque ya no se puede pagar la reforma, porque afecta a la economía de la familia. Por esa razón, sugerimos que tiene que revisarse con mucho cuidado ese tipo de reformas.	Si hay afectación a la producción por las mismas reformas fiscales, se verá afectada la exportación y como consecuencia, también se afectará al servicio de transporte de carga. Si hay una reforma que afecta la exportación estaríamos obligados a ver cómo hacemos, analizar estrategias, por eso pedimos que se analice bien lo que se está haciendo para que realmente el pueblo continúe trabajando para salir adelante. Al Gobierno le corresponde facilitar ese papel.	Estamos perjudicados por la disminución de las importaciones. Antes de la crisis, movilizamos entre 6,500 y 7,000 contenedores de mercancías y ese monto se ha reducido en un 20% (1,400 menos). La importación ha bajado, entendemos que por la disminución del nivel del consumo en el país, producto de la situación que se vive.	Están entrando menos contenedores desde puerto Cortez (Honduras) y Corinto. Hemos dejado de percibir un promedio de ingresos brutos de US$2,250,000 al mes. De este monto, el 50% se destinaba al consumo de combustible. Esto repercute en todo el sistema operativo. Como sector fuimos afectados directamente durante los meses que se hicieron los tranques. Producto de esta crisis, hubo momentos en que las empresas trabajaban con el 50% de su personal, durante el tiempo más serio de la crisis, muchas empresas cancelaron sus pedidos.	En el país tenemos alrededor de 90,000 unidades de transporte de carga, entre distintos tamaños de camiones. Este año ya hemos iniciado a trabajar en un 70% de nuestra capacidad. Esperábamos llegar al menos a un 80% de nuestra capacidad, pero creemos que eso no es posible porque ya la importación ha caído, por la disminución en el consumo a lo interno del país.	Teníamos alrededor de 100,000 personas trabajando en el sector, 100,000 familias; muchos quedaron sin empleo por la crisis y poco a poco los hemos venido reintegrando, pero tenemos todavía un grupo de un poco más de 2,000 personas que eran colaboradoras nuestras, a las que no hemos podido reintegrar.