Las autoridades mexicanas están bloqueando el paso de grupos de migrantes en pueblos fronterizos, prohibiéndoles el paso a los puentes internacionales para solicitar asilo en EU, interceptando a menores de edad no acompañados antes de que lleguen a territorio estadounidense y ayudando con las listas de solicitantes de asilo en nombre de los estadounidenses.	López Obrador, un defensor de los pobres, suele referirse a sus planes para como una gran transformación del país. Ha reducido los salarios del Gobierno, ha viajado en aviones comerciales y ha abierto al público la residencia presidencial. También ha reducido la cantidad de migrantes centroamericanos que son deportados desde México.	El que López Obrador ceda en algunas de las demandas de Trump y rara vez pronuncie palabra alguna contra el Presidente estadounidense conlleva poco costo político en México. Para muchos mexicanos, el destino de los migrantes es secundario a las preocupaciones sobre el trabajo, la seguridad y la corrupción. López Obrador mantiene un índice de aprobación del 80 por ciento.	Pero en su esfuerzo por evitar una disputa transfronteriza, los detractores sostienen que el Gobierno mexicano ha elegido a la política por encima de sus ideales humanitarios.Ese delicado equilibrio ha dejado al Gobierno mexicano sin una política migratoria clara. Las ciudades y Estados fronterizos con frecuencia deben arreglárselas solos bajo presión de sus contrapartes estadounidenses.	En Piedras Negras, Coahuila, los funcionarios reunieron a cientos de migrantes que llegaron en una caravana y los mantuvieron en un albergue con contacto limitado a otras personas, de acuerdo con activistas. Después del furor público, ese albergue fue cerrado y muchas de las personas fueron llevadas a otras ciudades y pueblos.