Según la CIDH, ratificar el Estatuto de Roma sería una garantía para lograr que no se vuelva a repetir el mismo patrón de graves violaciones de derechos humanos, que dejaron al menos 325 fallecidos en el país, serviría “como garantía de no repetición; y aceptar la competencia de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 18 de abril del 2018”, refieren en su parte medular las recomendaciones que hizo este organismo internacional al Estado nicaragüense.	El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un mecanismo de trabajo instalado en el país para realizar una investigación que abarcó un periodo de entre el 18 de abril y el 30 de mayo, determinó que el Estado de Nicaragua cometió crímenes de lesa humanidad desde el estallido de las protestas en abril de 2018.	La recomendación está contenida en el Informe Anual 2018 presentado esta semana por la CIDH, en la que se describen las graves violaciones de derechos humanos, y se pone en esta materia, a Nicaragua junto a Cuba y Venezuela por la instalación “de un estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública para reprimir a las voces disidentes al Gobierno”.