De la mano de «viejos amigos»  del orteguismo y  tras la ruptura de alianza con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), el régimen de Daniel Ortega autorizó la creación de una nueva organización empresarial, que esta semana se dio a conocer públicamente y que se declaró «apolítico», pese a que en un comunicado en mayo de este año rechazaron el llamado a paro nacional hecho por la Alianza Cívica y que fue avalado por el Cosep.	Y aunque la personería jurídica de Aprodesni fue autorizada por la Asamblea Orteguista el 21 de febrero de este año, según el decreto A.N.N. 8526, la junta directiva fue presentada esta semana en un hotel de la capital, donde se informó que la asociación ya tiene siete cámaras empresariales, un esquema similar a como funciona Cosep, que agremia a unas 26 organizaciones privadas.	Las intenciones de  conformación de dicha organización empresarial nacieron precisamente en el 2018, año en que el régimen de Ortega dio por «muerta» su alianza con el Cosep, luego que esta reclamara una transición democrática tras la represión estatal contra civiles que exigían una derogación de una draconiana reforma a la Seguridad Social, que le costó la vida a 328 nicaragüenses, según registros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).	«El nacimiento de Aprodesni viene desde el 2018, las ideas ahí de un grupo de empresarios medianos y algunos más o menos grandes y se configuró ya a comienzos de 2019 en términos ya formales y legales.  Vamos con pasos firmes, no vamos apresurados, no hay pretensión de competir con nadie, sino más bien de aglutinar las fuerzas económicas existentes, inclusive si hay otras fuerzas que nosotros podamos conjugar en pro del desarrollo del país, pues nosotros apuntamos a eso», dice Corea Torres, en el video de presentación de la Asociación.	Aprodesni, en cuya directiva también está el presidente de Petronic (entidad estatal vinculada a los negocios turbios de Albanisa),  Manuel Coronel Kautz, logró conseguir su personería jurídica en momentos que el régimen ha ordenado un masiva cancelación de personerías jurídicas a organizaciones civiles sin fines de lucro «sospechosas» de estar detrás de lo que discurso oficialista denominada «intento fallido de Golpe de Estado».	«Rechazamos el llamado a paro de actividades que estos sectores políticos han realizado para este jueves 23 de mayo, ya que esto afecta el empleo, desarrollo económico y la tranquilidad de las familias de Nicaragua», rezaba el comunicado Aprodesni el 22 de mayo y que fue ampliamente divulgado por los medios de propaganda del gobierno.	Este proyecto de los semáforos inteligentes fue suscrito en secreto por el sancionado orteguista Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, con Aluvisa España sin pasar por un proceso de licitación y fiscalización. La idea era descongestionar el tráfico de la capital, algo que no se logró, en parte, por el mal funcionamiento de estos semáforos y el incumplimiento del plan de instalación de estos en la ciudad.	Según información periodística, Corea se benefició de adjudicación de obras de la Alcaldía de Managua de la mano de Corasco, que era de su propiedad. En ese momento se le señaló de aprovechar su posición como extrabajador del Ministerio de la Construcción en los años ochenta, para obtener los contratados de la Alcaldía. Corea nunca salió a desmentir esas afirmaciones.	«Sectores de la construcción ya habían denunciado que el Ministerio de Transporte e Infraestructura le otorga a Corasco la ventaja de conocer de antemano los proyectos que se realizarán, y luego le da la oportunidad de realizar estudios de costos y obras en el campo», se publicó en LA PRENSA el 15 de junio de 2009 en el artículo titulado:	Al pasar de los años,  a lo que Corea parece no haber renunciado es continuar sacándole réditos a los fondos públicos, pero quiere menos condicionalidades. Y por eso, durante la presentación de Aprodesni el pasado 16 de octubre aseguró que en lo primero que trabajarán es impulsar una iniciativa de reforma a la Ley de Contrataciones del Estado.	«Entre las principales actividades que hemos estado desarrollando, una de las que hemos identificado como problemáticas, está el estudio para la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado, en la que en su contenido limitan prácticamente la participación de las empresas por el sinnúmero de requisitos restrictivos para participar en los proyectos», afirmó Corea.	Entre los obstáculos que mira en la Ley de Contrataciones del Estado y que deben ser modificados figuran las exigencias de «garantías exageradas, garantías bancarias, mantenimientos de ofertas, que nunca se habían pedido, garantías bancarias para cumplimiento de adelantos. Las empresas pequeñas y medianas se retiran, no pueden acceder a esos proyectos por no tener esa capacidad, esos proyectos quedan en manos del gran capital».	Junto a Corea, esta organización está siendo liderada por Juan Caldera, un polémico comerciante del mercado Oriental, quien ha jurado lealtad a Ortega y su familia en las redes sociales. Su negocio ha crecido en los últimos años como la espuma, tras expandir por varias partes del país sus locales distribuidores de carne de ave.