Mientras se nombran esos cargos la estatal Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) estará sin autoridades. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo así como a la bancada oficialista en el parlamento nacional, parecen no tener prisa con ese tema, ya que la Comisión Especial se le debió extender el plazo legal para que cumpla con el proceso debido a la falta de candidaturas para subprocurador de la PDDH, que es el cargo que quedó vacante primeramente tras la muerte de Adolfo Jarquín Ortel.	El plazo de 15 días para que el régimen y los diputados presentarán sus candidatos a subprocurador de la PDDH se venció este 21 de octubre, pero al no haber propuestos la Junta Directiva extendió otros 15 días para que la Comisión Especial logre cumplir el proceso para que la Asamblea nombre al funcionario. Hoy la directiva parlamentaria aprovechó para autorizar que la misma Comisión Especial se encargue de la selección de candidatos para el titular de la misma institución, que quedó vacante tras la «renuncia» de Corina Centeno Rocha.	Centeno Rocha envió su carta de renuncia como procuradora de los derechos humanos el viernes pasado a la Asamblea. Este lunes los 70 diputados orteguistas y seis de sus aliados le aceptaron la renuncia en la que Centeno Rocha alegó razones de salud.  Otros 14 legisladores, en su mayoría del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se quedaron presentes en el sistema electrónico, que es un mecanismo para no expresar su apoyo, pero tampoco el rechazo a la renuncia de Centeno.	Cuando se abrió el proceso para nombrar al subprocurador extraoficialmente se conoció que el diputado orteguista Carlos Emilio López es el principal candidato del régimen para el cargo. Al quedar vacante el puesto titular de la PDDH, fuentes en la Asamblea Nacional aseguraron que a López «no lo vamos a poner de segundón», por lo que al parecer ahora el régimen lo quiere al frente de la PDDH, para premiarlo por haber creado las comisiones de paz, órganos que la oposición han denunciado que son de espionaje en las comunidades.	Quien sigue en su cabildeo con los legisladores orteguistas es Mario Peña Sandoval para quedarse con el puesto del subprocurador de derechos humanos y sustituir a su Jarquín Ortel, de quien fue asesor externo. Peña Sandoval es hijo del exjuez Carlos Mario Peña destituido por su involucramiento en la sustracción de más de 600 mil dólares incautados a una banda de narcotráfico, en el que también se relacionó a su hijo Mario.