En este momento eso no es factible. La expectativa que mucha gente tiene de que en Medellín se pueda aplicar la suspensión de Nicaragua de la OEA, no es correcta, porque no es factible que ocurra. Pero en Medellín va a continuar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al gobierno Ortega-Murillo. Es un proceso que inició a solicitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y que ha avanzado con varias reuniones del consejo permanente.	Porque se trata de una reunión general ordinaria y no es previsible jurídicamente ni factible que pueda aprobarse la suspensión de Nicaragua. Esta solo puede darse en una Asamblea General extraordinaria, que no es el caso. Los últimos acontecimientos en Nicaragua, los incumplimientos del Gobierno a los acuerdos con la Alianza Cívica, las sanciones de Canadá y Estados Unidos, el informe de Human Rights Watch, todo esto tendrá una incidencia fuerte para que los cancilleres puedan pronunciarse y condenar el deterioro de la situación de los derechos humanos ciudadanos y de la democracia en Nicaragua. Podrían aprobar una resolución, un llamado que permita darle impulso al examen colectivo sobre la situación en Nicaragua, que permita relanzar todo el proceso de aplicación de la carta democrática interamericana.	No. Todavía hay opciones diplomáticas y posibilidades de resoluciones muy fuertes, contundentes. El abanico de posibilidades no se ha agotado. Hubo pronunciamientos, llamados enfocados en la necesidad de negociación y se espera que ese proceso tome un nuevo impulso en Medellín. Queda camino por recorrer. El punto es que el objetivo de la Carta (democrática) no es expulsar a países, su objetivo es restaurar la democracia donde se ha roto. La suspensión o expulsión es una de las opciones, la más extrema, pero no la única. El objetivo de la Carta Interamericana es restaurar la aplicación y el respeto de las reglas de la democracia y en eso estarán empeñados los países que asistan a la Asamblea de la OEA en Medellín. Tratarán de impulsar que el gobierno de Ortega se comprometa seriamente, con buena voluntad, a negociar con la Alianza Cívica para sentar las bases del respeto de los derechos y garantía de los ciudadanos y para el funcionamiento de la democracia, impulsarán la necesidad de un acuerdo que establezca y consolide la paz en el país y la región.	Por ejemplo, una de las opciones es que la Asamblea podría nombrar una comisión de cancilleres que prestarían sus buenos oficios para encontrar una solución. Esto no se ha hecho todavía. Otra opción podría ser una resolución para declarar ilegítimo al gobierno de Ortega, tanto por el argumento de ilegitimidad de origen (que se mantiene en el poder usando mecanismos ilegítimos) como por su ilegitimidad de ejercicio (que ejerce violando derechos humanos), esta opción tampoco se ha dado.	No. Es lógico que en estos momentos no haya contacto, porque entendemos que una representación del Gobierno y una delegación de la Alianza estarán en Medellín. Muchos miembros de la mesa (de negociación) estarán fuera del país la próxima semana. Incluso, uno de los testigos está fuera del país (Luis Ángel Rosadilla, de la OEA). Los negociadores estarán en el escenario internacional. Retomar o no la negociación, va a depender mucho de lo que acontezca en Medellín y de los efectos de las sanciones norteamericanas y de las factibles sanciones europeas que están pendientes. El escenario internacional va a producir o provocar que haya un efecto positivo, en el sentido de que el Gobierno se convenza que la mejor la solución de la crisis, para todos, es la negociación.