Isamar Javiera Molina Medrano, de 24 años, quería ser mercadóloga, pero la represión orteguista desatada desde el 18 de abril del 2018, terminó con su sueño. Molina cursaba el segundo año de la carrera, sin embargo, tras las fallidas reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (Inss) decidió salir a las calles a manifestarse. Alzar la voz en contra de la dictadura le costó el exilio en Costa Rica.	Al inicio de las protestas cargaba la bandera de Nicaragua y una pancarta para expresar su repudio hacia el régimen, pero a finales de abril se armó de un mortero. “No podíamos andar sin nada, porque siempre los sandinistas estaban buscando como reprimirnos desde que salíamos de nuestras casas. A muchos los golpearon”, dice.	En junio la universitaria abandonó por completo su casa y se instaló en el tranque del colegio San José, que fue como su segundo hogar. Cuenta que sus padres nunca estuvieron de acuerdo que ella se pronunciara en contra de la dictadura, porque temían lo peor. Molina es madre de una niña de cuatro años.	“Eso la verdad me impresionó bastante, porque no he estudiado nada de medicina. Siento que al final ayudé a salvar vidas. Para nosotros que los niños nacieran ahí era como un milagro, una esperanza, porque el gobierno quería quitarnos la vida y nosotros ayudábamos a que otros vinieran a este mundo. Era como una señal divina”, dice.	A eso de las 4:00 de la mañana recibió varios mensajes de textos en los que le avisaban que las barricadas estaban siendo atacadas. “Agarré mi mortero, me puse los zapatos y alguien que llevaba a la Masha en una motocicleta me dio raid”, dice .El ataque duró al menos cuatro horas.	El pasado 9 de junio, Molina se encontraba en Jinotepe. Las calles estaban rodeadas de policías. Aún así pudo escapar junto a otra mujer a bordo de un taxi hasta Granada. Cuatro días después, en compañía de otros manifestantes cruzó por vereda la frontera costarricense. Su hija quedó al cuidado de sus padres y de su expareja.