A través de un comunicado, las víctimas señalaron que el sistema judicial del país centroamericano "ha impedido la comparecencia ante los tribunales de los militares implicados en la masacre", en la que murieron unas 300 personas, según el Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU. Aunque los sobrevivientes cifran en más de 600 el número de muertos.	De acuerdo con la Comisión de la Verdad, las personas fueron asesinados en la ribera del río Sumpul, que sirve de límite entre El Salvador y Honduras, por miembros del Ejército de este país, en complicidad con el hondureño, que impidió el paso de los pobladores que intentaban resguardarse en el territorio vecino.