La magistrada Alba Luz Ramos, responsable de la ejecución del Modelo de Gestión de Despacho Judicial, afirmó que le abrirán proceso disciplinario a los abogados litigantes que actuaron con “vandalismo” en los juzgados, y los remitirán a la Fiscalía, porque no tienen ninguna investidura y no pueden imponer cuál es el modelo a seguir.	“Nos llaman corruptos porque estamos aplicando un modelo”, y quien pone el orden, quien dirige el Poder Judicial es la CSJ de acuerdo con la Constitución, y aunque nos lancen piedras y nos descalifiquen, el modelo continuará, y el día que logren que los nombren magistrados, que lo suspendan”, dijo Ramos.	Denunció que ayer tuvieron conocimiento de que por órdenes del magistrado Martínez, se pasó al portón de entrada de la CSJ una lista inicial con el nombre de algunos de los abogados que reclaman por el Modelo y tienen prohibido el ingreso a la Corte, lo cual es una violación a sus derechos constitucionales.	A la compañera Alba Luz Ramos, le digo si nos vamos a volver a poner el uniforme chocolita de los años 80. Antes existían cinco secretarios para un juzgado, pero ahora hay una oficina en los juzgados que dirige una persona de nombre Sandra, donde se reciben los expedientes de las personas que sí pueden litigar, y se entregan a los secretarios de forma controlada por órdenes partidarias de los políticos de turno para resolverles sus casos. No hay administración de justicia para los pobres, sólo para los banqueros, dijo Torres.	Por su parte, la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mirna Lievano de Marques, afirmó que ellos no condicionaron el préstamo para la construcción del Complejo Judicial de Managua a la ejecución del Proyecto Piloto de Gestión de Despacho Judicial en la capital, como han dicho los magistrados de la CSJ.	La CSJ decidió comenzar un seminario con diputados ante la Asamblea Nacional y operadores del sistema judicial para analizar el Modelo de Gestión de Despacho. Los diputados de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional consideran que el Modelo viola la Constitución Política y reformó de hecho artículos del Código Procesal Penal (CPP) y del Código de Procedimiento Civil.	Sin embargo, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), en el “Perfil y Característica de los Pobres en Nicaragua 2005), que publicó el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, dice que los jefes de hogares pobres son analfabetas en un 53 por ciento en el caso de los hombres, y en un 70.8 por ciento las mujeres, y el 41 por ciento no tiene ningún nivel de instrucción.	Los litigantes pidieron a Ramos y a Navas que den cumplimiento al acuerdo y se trasladen a tiempo completo a los juzgados, y acompañen a los abogados para que conozcan de verdad y no como “tour” lo que sucede en los juzgados, donde la gente pobre no tiene acceso a la justicia.	Ahora, en el Pronunciamiento hacen un llamado a los Medios de Comunicación a abordar el tema del Modelo con objetividad, y rechazaron que existan limitaciones para que los periodistas tengan acceso a los expedientes y la población pueda conocer las actuaciones de los funcionarios judiciales, aunque desde la implantación del Modelo no se pueden ver los expedientes.