Bajo el estado de excepción, las autoridades arrestaron, sin control alguno de la justicia, a más de 5,000 opositores --que fueron liberados hace algunas semanas, salvo unos 30-, destituyeron a los jueces que cuestionaban la legalidad de la reelección de Musharraf el 6 de octubre e impusieron a los medios de comunicación una cierta censura. Musharraf nombró un nuevo orden judicial más dócil y un gobierno interino fiel, con el fin de preparar las elecciones.