En medio de un fuerte distanciamiento con la empresa privada y tras varias semanas se hacerse el “sordo” y “mudo”, el régimen de Daniel Ortega accedió sentarse con las empresas de bebidas para revisar finalmente la carga impositiva que se está aplicando a las importaciones de estos productos al momento de querer ingresar en las aduanas.	“Hemos tenido ahorita reuniones (con funcionarios gubernamentales) donde ya está saliendo una luz blanca, todavía no se ha concretizado, ya nos reunimos nosotros como sector estamos mandándole una propuesta de precios al detallista al gobierno, se le está mandando a la Dirección General de Ingresos y Aduanas ya consensuado”, explicó Hilleprand.	A inicios de mayo, el sector informó que tras la entrada en vigencia de la Ley Concertación Tributaria, el 28 de febrero, el cobro por importaciones de bebidas que aplica las autoridades de la Dirección General de Aduanas (DGA)  se triplicó, lo que amenazaba el abastecimiento nacional y un fuerte encarecimiento de los mismos.	En una consulta técnica realizada por LA PRENSA el 10 de mayo pasado, Juan Carlos Cortez Espinoza, de la firma Deloitte, explicó que si bien no se modificó la base imponible en la importación, porque hasta ahora la retención del IVA y el ISC se continúa aplicando sobre “el precio de venta al detallista”, señala que el problema está precisamente en este último punto.	“El precio al detallista es el que cobra el fabricante o importador a detallistas (quienes venden a consumidores finales), eso quiere decir que, necesariamente Inide debió haber solicitado esta información del propio productor o importador para luego notificarlo a DGA, lo que sospechamos no ha ocurrido, con esto, la gran pregunta sería ¿De dónde obtuvo DGA el valor que atribuye a bebidas en la importación?”, indicó.	Y es que según Cortez la Ley 987, que reformó la Ley de Concertación Tributaria en febrero pasado, estableció que es el Instituto Nacional de Información y Desarrollo (Inide) el que debe notificar trimestralmente dicho precio al detalle de las bebidas a la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), atribución que antes la tenía por su naturaleza la Dirección General de Ingresos.  El Inide es un ente adscrito a la Presidencia.	Por tanto, “si DGA no logra demostrar primero, que el valor que está atribuyendo a las importaciones de bebidas es el notificado por Inide, y segundo, que éste a su vez, demuestre que el valor constituya en efecto, el precio de venta al detallista, acarrea procedimientos ilegítimos de recaudación y está obligada a devolver impuestos cobrados ilegalmente en un proceso de sustitución según disponen los artículos 224 y 368 del Recauca (Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano)”, precisa.	“Sí hay voluntad que se resuelva, porque se sabe que es un cobro discrecional, entonces ya estamos mandando los precios a las autoridades, hay voluntad que también se revierta lo que se pagó demás, ya cada empresa está mandando su precio directamente y nosotros como Cámara estamos siendo un facilitador, cuando ya lo tengamos formalizado vamos a dar más información”, agregó.	A finales de febrero, el régimen de Ortega puso en marcha una brutal reforma fiscal con la que busca obtener en recaudación más de 317 millones de dólares para hacer frente a la caída de ingresos como consecuencia del impacto de la crisis económica a raíz del estallido sociopolítico en abril pasado.