“Eso no es para humanos. Las celdas de La Galería 300 están hechas para hacerte sufrir, pero peor son lo celdas del Infiernillo y la Chiquita”, asegura Balmaceda, quien señala que no sabe qué tanto podrá soportar el cuerpo humano bajo condiciones tan horrorosas y considera que no sorprendería que alguien pueda perder la razón.	“Ya sea volcánica, termal o contaminada, ha repercutido en la salud de los presos políticos, quienes no pueden durar mucho tiempo en el baño (usándola) por la resequedad a la que es expuesta su piel con esa agua”, indica el testimonio del excarcelado de siglas Y.S.M, quien afirma que el agua tiene un olor particular, similar al dióxido de carbono y era caliente.	Otro aspecto del informe es la llamada “chupeta” o alimentos que entregan en estas celdas: “La comida llegaba con cucarachas, ratones, tucos de saco viejo sucio, vidrio, colocho de metal como viruta, arroz masoso y frijoles; el gallo pinto y guineo eran hediondos”, dicta el informe, señalando que familiares del preso de siglas R.A.E. lograron sacar un poco de esa comida.	La abogada Carla Sequeira, directora de asesoría legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), indica que entre los años 2009 y 2010 uno de los principales reproches contra el Sistema Penitenciario Nacional era el hacinamiento en La Modelo, una cárcel con aproximadamente 60 años, donde las tuberías, el sistema eléctrico, agua y comida contaminada creaban características no apropiadas.	“Considero que al contrario de ir progresando en tema de derechos humanos, vemos que el Estado aplica un régimen inquisidor y todo lo humano que podría tener el penal se desvanece en la galería La 300, porque allí son tratados como animales encerrados en jaulas. Recordemos que en nuestra legislación se determina la reinserción social para los privados de libertad”, explica Sequeira.	El Estado de Nicaragua es suscriptor de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, como la Declaración contra la Tortura, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas del 9 de diciembre de 1975, que en su artículo I define la tortura como todo acto por el cual se inflige intencionadamente un intenso dolor o sufrimiento, físico o mental, por, o a instigación de, un funcionario público, a una persona para fines tales como obtener de ella o de un tercera persona una información o confesión, castigarla por un acto que ha cometido o intimidarla, a ella o a otras personas.	El precepto es asumido en la Constitución Política de Nicaragua, que en su Artículo 36 dicta: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley”.	Asimismo, el Artículo 39 de la Constitución señala que “en Nicaragua, el Sistema Penitenciario es humanitario y tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad. Por medio del sistema progresivo promueve la unidad familiar, la salud, la superación educativa, cultural y la ocupación productiva con remuneración salarial para el interno. Las penas tienen un carácter reeducativo”.