Las bisagras comienzan a aflojarse en 1808, cuando España cae bajo la férula del imperio napoleónico y en América, gran paradoja, la chispa de la independencia se enciende en defensa de Fernando VII. El Cabildo de Caracas se proclama como la “Junta Suprema Conservadora” de los derechos de aquel monarca tan dual, llamado indistintamente “El Deseado” y “El rey felón”.	En el primer punto del acta se explica, con diáfana claridad, la razón fundamental para que aquellos que representaban el poder de la corona se lo transfirieran a ellos mismos, convertidos en autoridades republicanas. Se declara la independencia “para prevenir las consecuencias, que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”. Más claro no canta el gallo de la historia.	Si el acta del 15 de septiembre se firmó sin costo de sangre, esta sangre habría de derramarse abundantemente después en continuas guerras intestinas entre criollos y mestizos, que buscaban mantener viva la nueva República Federal proclamada en 1824, y conservadores monárquicos, que rechazaban la federación. Y estas guerras vinieron a sellar nuestra suerte definitiva: la de ser, hasta ahora, pedazos sueltos de un todo común. Una frustración que no cesa.	La pregunta de si somos una nación, o queremos serlo, ni siquiera está planteada. Los discursos retóricos y demagógicos sobran. Los organismos de integración son decorativos, un parlamento, una corte de justicia, tal como si para construir una casa se comenzara por el techo, sin tener primero los cimientos. En lugar de próceres, como Morazán, lo que hemos tenido son ilusionistas de oficio. Y continuamos mirándonos en los fragmentos de un espejo roto.