La Ley establece un marco jurídico y una política estatal que pretende garantizar la cultura de diálogo, reconciliación, trabajo y paz, lo cual es considerado por la CIDH como “preocupante”, debido a que además de apartar los estándares internacionales, omite “elementos centrales como son: procesos de esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones a derechos humanos, sus causas y consecuencias, procesos penales diligentes e imparciales, programas integrales de reparación y garantías de no repetición”.	La mayor preocupación de la CIDH es que la legislación, aprobada por el Gobierno de Nicaragua, dificulte el esclarecimiento de la verdad respecto a graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas en el contexto de las protestas sociales iniciadas en abril 2018, y  deje en el olvido “a las víctimas fatales de la represión estatal, a sus familiares y a los cientos de personas que permanecen privadas de libertad”.	La presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, culmina el pronunciamiento señalando que Nicaragua enfrenta un desafío para superar la impunidad de los casos de graves violaciones de derechos humanos y advierte que la Ley de Reconciliación “no contribuye con este fin”.Macaulay recordó a las autoridades que “están obligadas a adoptar todas las medidas necesarias para facilitar el acceso de las víctimas a recursos adecuados y efectivos tanto para denunciar estas violaciones, así como para lograr la reparación del daño sufrido y de esa forma contribuir a prevenir su repetición”.