En un foro sobre democracia y justicia, especialistas en materia de comunicación social y derechos humanos coincidieron en que el gremio de periodistas de hoy tiene planteado un reto ante las agresiones que el actual gobierno ejerce en contra de la libertad de expresión, contexto del que afirman se han cambiado los cascos y los garand del somocismo por tribunales y judicaturas.	La Unión de Periodistas de Nicaragua, UPN, y la Fundación Konrad Adenauer promovieron un debate sobre la situación del periodismo a nivel nacional en relación con el comportamiento del actual gobierno con este gremio, que se queja de recibir maltrato de parte de los sistemas que han administrado el país desde el tiempo del somocismo hasta la era actual.	Uno de los expositores en este foro fue Danilo Aguirre Solís, Director-Fundador de EL NUEVO DIARIO y Presidente-Fundador de la UPN en 1978, quien recordó que los periodistas, en el plano internacional, siempre han luchado contra leyes conocidas como de excepción, “es decir, que no existan códigos negros, amarillos o rojos que sancionen o juzguen el ejercicio de la comunicación social”.	Aguirre trajo a colación que en su última década el somocismo, con el fin de burlar estas premisas, modificó la legislación común en el capítulo de las injurias y calumnias, convirtiendo esta figura jurídica, que antes atendía a tradicionales regulaciones sociales entre las personas, en un arma tan poderosa contra la libertad de información, y las sumas de sus sanciones económicas la convirtieron en ley confiscatoria, tanto para medios de comunicación grandes como pequeños.	Añadió que “hay un nuevo Código Penal, y si la eliminación de esta ley llega a suceder, tal vez será ya demasiado tarde, pero en este momento está vigente, amenazando al gremio periodístico con juicios sumarios y multas confiscatorias, además establece una sola instancia de apelación, que es el Juzgado de Distrito, y ahí muere, por lo que se puede entablar un demanda civil en un terreno donde tradicionalmente la jurisprudencia nicaragüense nunca ha aceptado que son los daños morales”.	“Por eso no debemos extrañarnos, sabidos, como estamos, que las estrategias de represión suelen repetirse, que se usen los mismos métodos, o que un futuro control por el halago o la amenaza de la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional nos traiga de nuevo los Estados de Emergencia y con ellos los cierres y censuras”, indicó.	Por su parte, la directora del Centro de Investigaciones de la Comunicación, Cinco, Sofía Montenegro, expresó que la comunicación política asegura tres funciones: la primera, contribuye a señalar los nuevos problemas que surgen, para posteriormente integrarlos a los debates políticos del momento, garantizando de esta forma la legitimidad de los mismos, y en tercer lugar, permite la exclusión de temas que han dejado de ser objetos de conflictos por ser de orden temporal.	A criterio de Montenegro, la comunicación debe ser un paradigma compartido entre todos de forma consciente y explícita, para retomar los principios constantes de la democracia y el reconocimiento de los derechos fundamentales de los seres humanos que den lugar a un Estado de Derecho, a un Estado donde los ciudadanos se reconozcan y por ende también los derechos en materia de información.	En tanto Gonzalo Carrión, Director de defensa y denuncia del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, destacó que los medios de comunicación deberían dar prioridad en sus agendas a problemas de mayor relevancia para la sociedad, y no centrarse en la nota roja o en querellas vecinales que no hacen más que exponer aún más las debilidades de una sociedad que se ahoga en la miseria impuesta por un poder económico y una clase política inmorales e irresponsables.