Con la resolución emitida el pasado jueves en la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Nicaragua logró acaparar mayor atención ante los órganos del sistema internacional de derechos humanos para que se conozca más de cerca el conflicto político en el país y se tomen acciones más concretas en el Diálogo Nacional, una de ellas es el tema de las sanciones contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.	Desde que inició la crisis política en Nicaragua cerca de 6 altos funcionarios del gobierno incluyendo la vicepresidente y esposa del presidente Ortega, Rosario Murillo, han sido sancionados por Estados Unidos con la Ley Global Magnitsky por estar vinculados a graves violaciones de derechos humanos de civiles en el marco de las protestas cívicas.