* “Borrador Cero” pide a los cooperantes que reenfoquen sus objetivos y programas, mientras mantiene discrecionalidad sobre presupuesto paralelo de fondos venezolanos* El gobierno de Ortega reconoce que 25 por ciento de factura petrolera es deuda pública, advierte Adolfo AcevedoPrimera entregaEl gobierno del FSLN presentó a la comunidad cooperante un Plan Nacional de Desarrollo Humano, PNDH, en el que le pide financiar con US$ 120 millones de dólares un “Modelo de Desarrollo del Poder Ciudadano”, mientras mantiene en secreto un presupuesto paralelo de al menos US$ 200 millones de dólares de la cooperación venezolana.	El plan del gobierno reenfoca las exportaciones nacionales hacia Venezuela y los países del ALBA, en lugar de los nichos tradicionales como Estados Unidos, Centroamérica y Taiwan, sin esclarecer el mecanismo oficial de exportación estatal, ni cómo competiría con exportadores privados. De hecho, toda la exportación que ya se hace a Venezuela es por conductos estatales y nadie sabe a cómo se compra y a cómo se vende.	Admiten deuda pública secretaEl documento también admite que el 25 por ciento de la factura petrolera venezolana genera deuda pública. El cincuenta por ciento es pagado prácticamente de contado por parte de Petronic. El otro 25 por ciento se destina a los fondos del ALBA. La cuarta parte restante, hay que pagarla.	“Existe buena disposición de los cooperantes a cambiar las prioridades de la cooperación actual de acuerdo a los compromisos de la Declaración de París”, dice la propuesta del gobierno, en alusión al diálogo, mutua responsabilidad, alineamiento y armonización de políticas contempladas en tal iniciativa, de la que queda fuera la cooperación venezolana, dinero que es administrado bajo completa discrecionalidad.	El gobierno plantea que tiene una manera distinta de concebir la cooperación internacional de los países integrantes del Grupo de Apoyo Presupuestario, los que financiarán con US$ 120 millones el presupuesto de 2008. “Tal como se estaba administrando la ayuda externa --dice la propuesta-- el impacto en los pobres no es visible y en la economía, lo ha sido en forma limitada; pero además, la deuda pública aumenta sin el retorno esperado. Por tanto, es necesario salirse del modelo de cooperación en vigencia, avanzando hacia una estrategia sectorial más que de proyectos, diagnósticos, consultorías y capacitaciones generales, a una cooperación que llegue a los beneficiarios directos”.	Los contrasentidosEl gobierno plantea desarrollar un plan económico de carácter “híbrido” en donde se condena el neoliberalismo pero se mantiene el control macroeconómico por parte del Fondo Monetario Internacional, FMI. “El marco constitucional y las reformas legales del país sólo le competen a los nicaragüenses y no pueden ser objetos de condicionantes de ninguna índole”, asegura el gobierno, obviando que la Ley Antifraude Eléctrico fue una condicionante formulada por su propio gabinete, para alcanzar un acuerdo con el FMI. Hasta ahora, la ley no ha sido aprobada y no se ha suscrito el acuerdo económico con el FMI.	Una inflación que no generó BolañosEl gobierno plantea dar continuidad a varias políticas de la administración Bolaños, como es la estabilidad macroeconómica, pero no como un fin en sí mismo, sino como un medio que pueda favorecer a los pobres, porque “el comportamiento de la inflación afecta directamente a los pobres, y la profundización de los desequilibrios macroeconómicos juega un rol adverso en contra de los más débiles, restando margen de maniobra al gobierno en su programa social”. A pesar de eso, la inflación alcanzó el 18 por ciento en un año y tres meses de gobierno sandinista, posiblemente propulsada por la escalada en los precios del petróleo y la inyección de petrodólares sin control.	Otro elemento de continuidad, respecto al Plan Nacional de Desarrollo, PND, de la administración Bolaños, es la sostenibilidad de las finanzas públicas, “no en la búsqueda de un presupuesto con déficit cero, sino en el manejo de un déficit fiscal sostenible que dé holgura al gasto social y a la inversión”, pero en el que no se hace transparente la cooperación venezolana.	El “Borrador Cero” de la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo Humano, PNDH, formulado por el gobierno del presidente Daniel Ortega, previa “consulta con los gabinetes del Poder Ciudadano”, propone un cambio de modelo económico del neoliberalismo a un modelo de desarrollo con dos pilares fundamentales: “el Poder Ciudadano” y la “Iniciativa Bolivariana de los Pueblos, ALBA”.	En sus tres primeros capítulos, el documento --que está siendo estudiado por el Grupo de Apoyo Presupuestario (GAP) como paso previo al desembolso de US$ 120 millones de dólares en 2008-- describe los niveles de pobreza y desigualdad heredados después de 16 años de programas macroeconómicos liberales y plantea los principios básicos del cambio de modelo, basado en el financiamiento a los pequeños productores, la lucha contra la pobreza y las exportaciones agropecuarias a Venezuela.	El documento también destaca que durante estos años faltaron políticas dirigidas a la producción agropecuaria, por lo que miles de nicaragüenses tuvieron que emigrar del país. Por tal razón, los flujos de remesas (US$ 800 millones anuales) y de cooperación (US$ 550 millones anuales) se convirtieron en el sostén de la economía nacional.	¿Incluirán al Interbank?En la propuesta de PNDH se critica la desnacionalización de la banca por la venta a transnacionales --como ocurrió con el Banco Uno vendido al Citybank, y el BAC vendido a la General Electric--. Al mismo tiempo, el gobierno condena la quiebra del Banades, lo que dejó a los productores sin acceso a crédito por la vía estatal.	MAÑANA: El programa económico 2008-2012. Reacciones de economistasEnabás y las pulperías de los CPCEl gobierno afirma que garantizará “la seguridad alimentaria mediante el incremento de la producción de alimentos como frijoles, arroz, maíz, pan, importación de aceite, fomento de la producción de carne, leche, queso, etcétera, creando fuentes de empleo, asegurando las fuentes de financiamiento, almacenamiento y distribución a precios justos y con el apoyo del Poder Ciudadano”.	En el caso particular de Enabás, “para aumentar el impacto del efecto positivo en el campo, se fortalecerá Enabás en cuanto a los tipos, volúmenes y capacidad financiera con relación a la producción nacional acopiada y se facilitarán exportaciones a Centroamérica, el ALBA (especialmente Venezuela) y el mundo. Para minimizar el impacto negativo en la ciudad, Enabás distribuirá lo acopiado en el campo sin intermediaciones, así como importaciones de alimentos críticos en el consumo nacional. Para lograr estos objetivos se aumentará su capacidad de acopio e importación y distribución, almacenamiento, distribución mayorista y a veces minorista con la colaboración de redes de pulperías, tiendas, comisariatos y las diversas instancias del Poder Ciudadano”.