En Washington no sucede lo mismo. Desde figuras políticas veteranas, como el vicepresidente Cheney, hasta burócratas como Eliot Abrams, los antiguos aliados de los contras, ostentan importantes posiciones en la administración Bush. Todavía están peleando la guerra de los contras. En cada oportunidad que pueden remarcan que en aquel entonces estaban en el bando correcto.	Aquí en Managua, como es de esperarse, algunos se han sorprendido ante la decisión norteamericana de nombrar Embajador en Nicaragua a alguien que estuvo involucrado en batir una guerra contra el país. “Lo encuentro algo bastante extraño”, dijo Edmundo Jarquín, un economista que fue candidato de centro-izquierda en la elección presidencial de 2006. “Es muy provocativo”.	Mientras Negroponte era Embajador en Honduras y Callahan su vocero, la Embajada no sólo negó falsamente conocimiento de las actividades de la contra, también llegó al extremo de minimizar la naturaleza represiva del régimen de Honduras. Cuando la revista The Economist publicó un artículo en 1982 sobre escuadrones de la muerte financiados por el gobierno hondureño, Negroponte escribió una carta de protesta denunciando el artículo como “simplemente falso”. El siguiente año, su informe de derechos humanos aseguraba: “El gobierno hondureño no condona ni permite con conocimiento de causa el asesinato de naturaleza política o no política.”	Cada criatura racional en Honduras sabía en aquel entonces que eso no era verdad. Años más tarde, una exhaustiva investigación del periódico Baltimore Sun confirmó que cientos de hondureños “fueron secuestrados, torturados y asesinados en los ochenta por una unidad secreta del ejército entrenada y apoyada por la Agencia Central de Inteligencia.”	En 2005, documentos sobre el período de Negroponte en Honduras fueron desclasificados. Según el New York Times, mostraban cómo “él ayudó a verbalizar un “hallazgo” secreto que autorizó apoyo para los contras, a como se conocía a los rebeldes nicaragüenses, y se reunió regularmente con oficiales del ejército hondureño para ganárselos y retener su apoyo para las operaciones encubiertas”.	Las historias de EU y Nicaragua ha estado entrelazadas desde que el Secretario de Estado Philander Knox orquestó el derrocamiento del presidente reformista José Santos Zelaya, hace 99 años. Marinos norteamericanos ocuparon Nicaragua en las décadas de los veinte y los treinta, fracasando a la hora de suprimir a los rebeldes nacionalistas liderados por Augusto C. Sandino. Después, cuando el moderno Frente Sandinista tomó el poder en 1979 y emergió como una izquierda pro-cubana, la administración Reagan pagó para crear a la contra con la esperanza de que los derrocara.	Miles murieron en uno de los últimos conflictos de la guerra fría. Muchos nicaragüenses están ávidos de olvidar esta trágica historia. Ellos entienden que, para bien y para mal, su destino está atado a los Estados Unidos. Los proyectos de ayuda norteamericana continúan aquí, a pesar de la re emergencia de Ortega como presidente. Entonces, ¿por qué Estados Unidos querría echar sal en la herida de Nicaragua al nombrar como Embajador a alguien que colaboró en uno de los conflictos más sangrientos de su historia? Robert Callahan es un diplomático experimentado, y puede ser un buen embajador en otra parte, pero ¿por qué, con los antecedentes de esta historia, enviarlo a Nicaragua?	Obviamente hay algunos en Washington que quieren seguir recordándole a Nicaragua – y especialmente al Presidente Ortega – que las memorias de la guerra contra siguen vivas. Esta nominación deja claro que Negroponte es uno de ellos. En lugar de encontrar un Embajador para Nicaragua que lleve a cabo su nombramiento con experiencia de conciliador, la administración Bush ha escogido a uno que algunos nicaragüenses verán manchado de sangre.