Durante una reunión con el vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, y sus colegas Yadira Centeno, Ligia Molina y Francisco Rosales, los litigantes criticaron la ausencia del presidente de la Corte, Manuel Martínez y de los miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, Alba Luz Ramos y Edgard Navas, que sólo llegó unos minutos, y Marvin Aguilar.	Los abogados hicieron ver a los magistrados que ninguno de ellos conoce el Modelo por dentro y los obstáculos que presenta a los litigantes y los usuarios de la justicia en general. Señalaron que la mayoría de magistrados son burócratas que se mantienen en sus oficinas y nunca han litigado, y por consiguiente desconocen la problemática que viven en los juzgados. Insistieron en señalar que el Modelo profundiza las desigualdades en el acceso a la justicia que ahora sólo da respuesta a los abogados de los banqueros, quienes tienen ventanillas especiales y se les resuelve con prioridad lo que piden. ¿Por qué los abogados de los bancos no reclaman? Porque para ellos el Modelo funciona, respondieron.	Hicieron ver a los magistrados que mientras el CPP tiene como uno de sus objetivos acercar la justicia y hacerla más transparente, con el Modelo de Gestión se aleja a los abogados y a los usuarios de la justicia de los jueces, violando la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que los jueces deben dar audiencias a los usuarios cuatro horas diarias.	Los abogados afirmaron que los magistrados son los primeros que deben respetar la Constitución Política y las demás leyes, y en consecuencia reconocer que se equivocaron y que el modelo no funciona, y por el contrario aumenta la falta de transparencia en los procesos, viola el derecho a la defensa y los derechos humanos de los litigantes y usuarios de la justicia.	El presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, Gerardo Rodríguez Olivas, defendió la legalidad del Modelo de Gestión de Despacho Judicial, y negó que la aplicación del nuevo sistema sea violatorio de la Constitución Política al señalar que las supuestas deficiencias denunciadas por un grupo de litigantes no son causadas por el novedoso servicio de atención.