“Nosotras hemos venido denunciando que se viene estructurando la instauración de una dictadura en nuestro país, y creo que estos hechos ya no sólo lo evidencian, sino que reflejan que ya estamos ante una dictadura que utiliza diferentes acciones contra las personas que investigan irregularidades en entidades gubernamentales. Por eso utilizan incluso al sistema de justicia para reprimir la libertad de expresión”, dijo Jiménez.	Indicó que por eso vemos los diferentes ataques a los defensores de derechos humanos y los que señalan arbitrariedades o hechos que atentan contra la libertad de las personas y la institucionalidad del país, recordando que el periodista Olivas lo único que buscaba era obtener la versión del edil chinandegano, ante acusaciones que iban desde agresión hasta amenazas con arma de fuego contra el dirigente sindical Juan Solís, que reclama negociaciones del convenio colectivo.	Jiménez asegura que casos como el del periodista Olivas, corresponsal de EL NUEVO DIARIO, la sentencia contra La Prensa y la persecución contra representantes de la Red de Mujeres Contra la Violencia, son objeto de mucha preocupación, no sólo a lo interno del país, pues esto también lo han planteado a nivel internacional y se dan cuenta de que las miradas poco a poco están recayendo en Nicaragua.	“El tipo de represión ya no sólo es a través de los órganos de seguridad o de la guardia que te perseguía, ahora están buscando cómo matar las ideas, matar la posibilidad de expresarte libremente y de poder ejercer tus derechos fundamentales como manifestarte, hacer una crítica o señalar las arbitrariedades de un funcionario público. Elementos establecidos en la Constitución Política”, dijo.	Benjamín Chávez no encuentra explicación del rencor de Velásquez Bustamante contra periodistas críticos. “Cuando le consultás sobre cualquier tema recibís prepotencia y soberbia inaudita, mantiene secretismo”, dijo el veterano periodista, mientras señala que las denuncias por corrupción contra el edil han sido formuladas por tres ex funcionarios de la comuna, y la Contraloría deberá pronunciarse al respecto.