Los movimientos opositores y organismos de derechos humanos denunciaron oportunamente, que la ciudadana brasileña fue una víctima más de la despiadada represión de la dictadura que mató a por lo menos 325 personas. Pero las autoridades orteguistas lo negaron a pesar de las evidencias y procesaron al asesino por el delito de homicidio común.	Esta Ley dice en su artículo primero que la amnistía es para beneficiar “a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta su entrada en vigencia”. Y en el artículo 2 precisa que la amnistía cubre “todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos con políticos”.	De manera que si la muerte violenta de la estudiante brasileña fue un homicidio común y el hechor condenado a 15 años de prisión, este no debe ser beneficiado por la amnistía. El mismo tribunal que ordenó su libertad así lo reconoce al indicar que fue condenado por un delito común, pero lo beneficia con la amnistía.	Este descaro judicial ha sido señalado por el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, como “un caso explícito de contradicción del gobierno”, el cual siempre argumentó que el asesinato de Raynéia Gabrielle Da Costa “no estaba relacionado al contexto de las protestas, que es el objeto de la Ley de Amnistía”.	Cabe señalar que la señora María José Da Costa, madre de la estudiante brasileña asesinada en Managua, al conocer y repudiar el perdón del régimen de Ortega al asesino de su hija criticó que las autoridades de su país se hubieran desentendido del caso; y dijo que “bien podrían entrar con una acción internacional y presionar al Gobierno de Nicaragua para que salga la verdad a luz”.	El gobierno de Brasil ha criticado la decisión del régimen de Daniel Ortega, de amnistiar al asesino de la estudiante Rainéia Gabrielle. “Para el gobierno brasileño, esta medida demuestra el deterioro de las instituciones en Nicaragua y demuestra un patrón de violación sistemática de garantías individuales y derechos fundamentales en ese país”, dice un comunicado de prensa del Gobierno de Brasil.