El Subcomité de Acreditación de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés) recomendó que se “degrade” a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de Nicaragua a clase “B”, debido a la falta de “cumplimiento de los Principios de París”.	Martha Jackson-Eade, encargada de incidencia de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) explicó que los miembros que se encuentran en la categoría “A” tienen el derecho de votar en las asambleas de GANHRI y también pueden participar en los espacios de la ONU como oradores, pero los de clase “B” pierden los beneficios anteriores.	En noviembre de 2016 y noviembre de 2017, según el informe, el Subcomité ya empezaba a extender sus preocupaciones frente al cumplimiento de los Principios de París en la PDDH de Nicaragua, por lo que decidió aplazar la consideración de renovación de la acreditación de la PDDH, dando un plazo de 1 año para que se les hiciera llegar documentos que probaran el cumplimiento de los mismos.	La encargada de incidencia de RIDH indicó que la decisión del Subcomité, publicada en el informe, “confirma la falta de independencia progresiva” en la PDDH, además de “ratificar” el proceso que empezó en marzo de 2018 para degradar a la PDDH a la categoría “B”, pues se le había dado un plazo de 1 año para presentar documentos que probaran el cumplimiento de los Principios de París.	Sin embargo, los resultados de las revisiones a los documentos presentados por la Procuraduría han hecho concluir al Subcomité que “el contenido de esos documentos es insuficiente como evidencia de que la PDDH haya intervenido activamente en la realización de evaluaciones críticas sobre la situación de los derechos humanos en el país (Nicaragua)”.	También indicó que no solo se espera que supervisen, investiguen e informen sobre la situación de los derechos humanos en el país, sino que emprendan actividades de “seguimiento rigurosas y sistemáticas que promuevan y aboguen por la implementación de sus recomendaciones y conclusiones, y la protección de aquellas personas cuyos derechos se ha demostrado que se han violado”.