Al tiempo que el diputado liberal Francisco Sacasa Urcuyo niega rotundamente las acusaciones en su contra por campesinos de Caño Negro, Kubra River y Mahagany, a Bluefields siguen llegando denuncias de campesinos que huyen de la supuesta persecución emprendida por el parlamentario y por su esposa Margarita Merino, quienes según los denunciantes están arrebatando grandes extensiones de tierra a agricultores de esas comunidades de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).	Según Sacasa Urcuyo, las personas que ahora lo acusan de persecución y de quemarles las casas, son colonos de comunidades que se asentaron de manera ilegal en sus propiedades, y que compraron tierras de su propiedad a personas dedicadas a la venta y compra de tierras privadas, o como se les llama a las redes mafiosas de “robatierras”.	Del mismo modo, reconoció que las tierras fueron entregadas por Reforma Agraria en tiempos de gobierno de la familia Somoza, y que éstas fueron recuperadas por él mediante un juicio al Estado en los años 90, y que por ello no permitirá la toma de tierras “de unas cuatro familias de vivianes”.	Según él, las órdenes de captura y citatorias a juicio de otros campesinos, son parte de un proceso judicial que se lleva a efecto en Bluefields, “y no por que yo mandé a echar preso a nadie, ni que fuera Daniel Ortega que tiene todo el poder”, dijo, y exigió una investigación a fondo de organismos de derechos humanos y autoridades correspondientes.	En la audiencia, el defensor de los tres campesinos, Jorge Solórzano, solicitó al juez de lo Penal de Bluefields, Ronald Wilford Vargas, que desistiera de conocer el caso porque era competencia de la vía civil, ya que tanto sus defendidos como la víctima tienen documentos de compra de las parcelas a la misma persona.	“Incluso, los títulos de uno de ellos tienen más tiempo de haber sido elaborado que los daños mencionados en la denuncia. Además, en las mismas pruebas de la acusación no demuestran tales daños y hablan del despale de 400 manzanas, por lo tanto ese monto no sería competencia del juez Wilford”, indicó en su alegato Solórzano.	Pastora Rodríguez niega enfáticamente que ella le haya vendido tierras al diputado Sacasa o a su esposa Margarita Merino. “Sólo una vez vi llegar a Margarita a Caño Negro, además yo no puedo leer ni escribir desde que me dio un derrame cerebral; si existe un documento de compra-venta, ellos (Sacasa y Merino) deben haberlo inventado”, señaló.