Gritaron sus demandas de reestructuración de sus saldos a un plazo de 20 años. Las filiales en esta ciudad de las financieras Findesa, ProCredit, Asodenic, suspendieron la atención al público como medida de seguridad ante la presencia de un pequeño grupo de reclamantes. No obstante, en los demás municipios, según consultas telefónicas de este corresponsal, la concurrencia de los inconformes fue más numerosa.	Pero en medio de esta crisis que amenaza convertirse en una nueva vorágine económica en la región, salió a relucir el gesto de la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), que desde hace dos años analizó la condonación de deudas a gran parte de 140 horticultores de Totogalpa, Mozonte, Jalapa y Quilalí, por un monto global de 150 mil dólares.	No obstante, el delegado del Poder Ciudadano y secretario del FSLN en el departamento, Octavio Álvarez, les informó del avance del procesamiento de la información que realizan en todo el país con la problemática del endeudamiento. El monto es de unos 37 millones de dólares, de los cuales 12 millones corresponden a Nueva Segovia.	Vílchez González negó que los productores y comerciantes presionen a los banqueros privados para hacerle el favor al gobierno de Daniel Ortega de abrirle campo a ALBA-Caruna, que maneja fondos de la cooperación venezolana. “Es falso. No tenemos respaldo de ninguna organización. El movimiento nació de forma espontánea por un problema muy sentido”, acotó.	También dijo que como ex alcalde no estaba montando una cortina de humo frente a la resolución de la Contraloría General de la República (CGR), que lo pegó con presunción penal y administrativa junto al actual alcalde de Jalapa, Humberto Pérez Largaespada. “Yo estoy con un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Si hay una acusación, la voy enfrentar en los juzgados a nivel personal, y no voy a utilizar a nadie”, declaró.