Con dos gruesos expedientes y en compañía de Glesys Soto, quien dice ser víctima de sentencias que han sido dirigidas por magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el abogado Manuel Urbina Lara se presentó en las oficinas de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) para denunciar la supuesta corrupción y tráfico de influencias que afirma ha reinado en el máximo poder judicial.	Glesys Soto, de 35 años, denunció, junto a Lara y abogados de la CPDH, que desde el 2017 ha sido víctima del tráfico de influencias a favor de su exesposo Daniel Enrique Herrera Pérez, exdiplomático cubano y actual asesor del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), que con la ayuda de la magistrada Alba Luz Ramos, habría logrado ganar dos sentencias en la que le ordenan entregar la guarda y tutela de su hija de 10 años, además de exigirle que entregue su casa, misma que pagó con un préstamo que hizo a una entidad financiera de Nicaragua.	“Este señor (Daniel Enrique Herrera) con la ayuda de Alba Luz Ramos me manda a quitar mi casa, mi hija. Él fue en los años ochenta diplomático cubano y, actualmente, trabaja para Intur (Instituto Nicaragüense de Turismo) y me dijo que si yo denunciaba iba a aparecer muerta de cualquier forma. Mi caso está en casación y este hombre me está amenazando. Yo tengo las pruebas de que pague mi casa, hice un préstamo en el banco y por exigir la tutela de mi hija y de mi casa, me quieren matar”, denunció Soto.	Pablo Cuevas, abogado de la CPDH, afirmó que como organismo toman la denuncia de Soto, quien les presentó un expediente en el que le indica que fue despojada de la tutela de su hija por un ciudadano cubano que, actualmente, es un funcionario del INTUR y que, mediante el acto de corrupción de tráfico de influencias, obtuvo la guarda y tutela de su hija y la propiedad de esta madre nicaragüense, según la sentencia dictada en noviembre 2018, por el juez décimoprimero distrito de familia de Managua. Cuevas consideró que los alegatos que se utilizaron para quitarle la tutela a Soto no tenían fundamento.	“La señora siempre tuvo la guarda y tutela y en el informe psicosocial no encuentra ningún elemento por el que no pueda tener a la niña. Contrario a esto, el señor es una persona bastante mayor, casi de 80 años, además, tiene una serie de situaciones clínicas por lo que sabemos que el sentido común te dice que un juez no debería mandar la guarda y tutela.  Además por un asunto de cultura el mayor porcentaje de mujeres son las que tienen la guarda y tutela de los hijos. Entonces, hay una cantidad de elementos que no encajan en el por qué el juez decide entregar la tutela y la propiedad a este funcionario”, indicó Cuevas.