La Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh) señala en su reciente informe bimensual, correspondiente a los meses de octubre y noviembre, que hay una intensificación de las violaciones de los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, así como de actos de acoso y persecución selectiva contra las voces disidentes; y que persiste la impunidad generalizada de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos registradas desde abril de 2018 en Nicaragua.	La Policía Orteguista y «elementos progubernamentales» son señalados por la Oacnudh de ser los principales represores de la oposición de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes se dedican a «intimidar, amenazar y atacar a manifestantes pacíficos, periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes católicos, así como a personas detenidas anteriormente en el contexto de las protestas y a familiares de opositores políticos detenidos o fallecidos, entre otros».	El organismo refuerza sus declaraciones con el recuento de las agresiones ocurridas durante los meses de octubre y noviembre en el país, en las que destaca la detención de los 16 activistas, que fueron a dejar agua a las madres de presos políticos que realizaban una huelga de hambre en Masaya, así como las últimas agresiones a los periodistas independiente durante las coberturas a piquetes de protesta.	El régimen orteguista mantiene a más de 160 presos políticos en las distintas cárceles del país solo por protestar y denunciar las violaciones de derechos humanos que ha cometido la dictadura Ortega-Murillo, por tal razón, la Oacnudh instó a su liberación y a la abstención de criminalizar y atacar a los opositores.	«La Oacnudh insta a la liberación de todas las personas que puedan estar detenidas arbitrariamente y a que se asegure el respeto de sus salvaguardias legales fundamentales y reitera que el Gobierno debe poner fin a la persistente represión de la disidencia y al actual patrón de detenciones arbitrarias y abstenerse de criminalizar y atacar a los defensores de los derechos humanos, a los opositores políticos y a cualquier otra voz discrepante», reza el informe.	El organismo también hizo un llamado a la dictadura de «abstenerse» a usar palabras descalificativas en sus discursos para referirse a las voces disidentes, ya que incitan a sus seguidores a generar violencia. Tanto Ortega como Murillo y su hijo Juan Carlos Ortega, han utilizado las palabras «traidores», «sepulcros blanqueados», «enemigos del pueblo» y «tramposos» para señalar a la oposición.	«De conformidad con las normas y estándares 23 internacionales de derechos humanos, toda apología del odio nacional, racial o religioso estará prohibida . Es particularmente importante que las autoridades se abstengan de utilizar expresiones incendiarias, ya que pueden incitar a integrantes de la población a utilizar un lenguaje discriminatorio, hostil o violento y/o a actuar con violencia», dicta el informe.