Se trataba de más que una simple recomendación. China ofrecía la tentadora posibilidad de un préstamo a Kirguistán, una nación en Asia Central de 6.2 millones de habitantes, pero dejó claro que se tenía que elegir al contratista chino. Creyendo no tener opción, los funcionarios kirguises seleccionaron TBEA, una empresa con experiencia modesta en construir y reparar plantas eléctricas.	El poder del efectivo chino está al centro del juicio en Bishkek de Sapar Isakov, un ex Primer Ministro kirguís, y otros ex funcionarios acusados de corrupción vinculada con el contrato de TBEA. Los fiscales afirman que una licitación manipulada y los precios inflados le costarán a Kirguistán 111 millones de dólares. Isakov dijo que TBEA fue escogida por la República Popular China, decisión que era el derecho de China “ya que financió el proyecto de modernización”.