consultó a Somarriba sobre esta situación y esta manifestó que no se pronunciaría para “no perjudicar la imagen de la institución” en la que laboró por 36 años, y admitió la veracidad de los documentos que circulan en las redes sociales, entre ellos la carta que ella redactó y envió a las autoridades de la Universidad.	El documento “Plan de Trabajo para la implementación de medidas correctivas”, sugerido por la Contraloría a la UNA, destaca que los “desembolsos sin documentación de respaldo que los justifique”, en que incurrió la  exdecana, se deben a “que no cumplió con el control previo al compromiso, al no verificar previamente la autorización de los gastos que los procedimientos utilizados fueran ejecutados de acuerdo con las normativas y criterios vigentes”.	El 29 de enero pasado, la Dirección General Administrativa Financiera de la UNA, envió a la exdecana una misiva explicándole que recibieron de la CGR un informe de auditoría Financiera y Cumplimiento a la Ejecución presupuestaria, que contiene “hallazgos de control interno y hallazgos sobre el cumplimiento de leyes, normas y regulaciones aplicables” que están en el deber de implementar.	El 31 de ese mismo mes, dos días después de haber recibido la misiva de la Dirección General Administrativa y financiera, el rector de esa alma mater, Alberto Siles Jaen, envió otra nota a Somarriba con copia a recursos humanos, auditoría interna y asesora jurídica, informándole que  ha recibido una cédula de notificación de la CGR que contiene una resolución administrativa, que establece imponerle una multa.	“Considero que es injusto todas estas acusaciones y también como la autoridad superior de esta alma mater se ha desentendido de esta injusticia. Esto lleva a que me multen con cinco meses  de salario, coincidentemente  los cinco meses que me he ganado al jubilarme de una institución a la que le dediqué 36 años de trabajo”, precisa el texto de la exdecana.