fueron apresadas junto a diez personas más miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco en Masaya, y ocho días desde que fueron remitidas al Instituto de Medicina Legal, para su valoración médica, pero abogados y familiares aseguran que aún no saben cuál es el estado de salud de las presas políticas.	La joven Wendy Juárez, por ejemplo vomitó sangre el día 18 de noviembre en los juzgados, cuando se celebraba la audiencia preliminar y fue atendida por el médico del complejo judicial, quien sugirió fuera remitida de urgencia a un centro hospitalario, pero su abogada Karla Sequeira aún no sabe cuál fue el origen del vómito, porque no han recibido información.	“Sabemos que la llevaron al médico porque los policías le pasaron una receta a la mamá con el sello del hospital de la policía Carlos Roberto Huembes, para que le comprara neurobión, pero no sabemos qué enfermedad padece y cuál es la relación del vómito de sangre y la neurobión. Vamos a pedir al juez que nos den epicrisis de la valoración médica”, expresó la abogada Carla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).	En el caso de Amaya Coppens presentaba moretones en los antebrazos y espalda, porque una mujer policía le pegó en la estación de Masaya, pero su abogado Maynor Curtis desconoce si ya la valoraron los médicos forenses, porque asegura que en el expediente no observa que estos hayan enviado algún informe al Juzgado Quinto Penal de Audiencia de Managua, donde se ventila la causa.