Esa Carta Magna, promulgada en el contexto de la guerra nacional de los años ochenta del siglo XX, fue diseñada para un Presidente con supremos poderes. Aquel Primer Mandatario podía legislar en toda materia imaginable y se situaba por encima de cualquiera de los otros tres poderes del Estado. Desde la reforma de 1995 la Constitución lo faculta para legislar sólo en materia administrativa del Poder Ejecutivo.	Pero el presidente Ortega no se ha fijado en ese detalle. Ha cambiado y nombrado ministros de Estado y funcionarios diplomáticos sin tomarse la molestia de enviar las correspondientes nominaciones a la Asamblea Nacional. El Presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el Sandinista René Núñez, le ha recordado lo que debía hacer, pero Ortega no se ha dado por enterado.	Tampoco ha cedido el Presidente luego del estremecimiento político que ha desatado su decisión de mantener en sus puestos, por Decreto Ejecutivo, a 25 altos cargos del Estado hasta que la Asamblea Nacional los reelija o nombre sucesores aunque la Constitución no lo faculta. El argumento inicial fue que el Presidente debe asegurar la estabilidad del país y tiene el derecho de coordinar los distintos poderes del Estado. Nuevamente, como en 1987. Ahora, el diputado René Núñez descubrió que el artículo transitorio 201 sigue vigente después de dos décadas de haber sido superado.	Luego está el fallo de los seis magistrados de la bancada Sandinista de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que en octubre de 2009 fallaron es inaplicable el artículo 147 de la Constitución. Este artículo, aprobado durante la reforma de 1995, indica que quien es o ha sido Presidente de la República solo puede aspirar a una reelección en periodos alternos.	La decisión de estos magistrados permitiría que el presidente Ortega se postule para la reelección cuantas veces quiera. Como permitía la Constitución de 1987. Todo un argumento a favor del deseo expresado por el líder Sandinista de alcanzar no solo la edad de su mamá, sino de llegar a ser un nonagenario al frente del país. El argumento oficial es que con tal fallo se ha devuelto al pueblo elector la posibilidad de votar a quién quiera cuantas veces quiera. Antes de esto sólo la dinastía Somoza había gozado de tal posibilidad.	¿Por qué el presidente Ortega se empecinaría en gobernar bajo el espíritu de la Constitución de 1987? Su derrota electoral ante Violeta Barrios de Chamorro, en febrero de1990, marcó el inicio de un régimen que desmanteló la institucionalidad revolucionaria de los años ochenta del siglo XX. Fue una ofensiva neo-conservadora bajo los designios del Consenso de Washington y el apadrinamiento del FMI y el Banco Mundial. Por la vía política y económica alcanzaron lo que no pudieron los Contras ni Reagan-Bush por las armas. Tal proceso no hubiera sido posible sin la participación activa de los Sandinistas en la Asamblea Nacional, en el proceso de privatización del patrimonio nacional y en su respaldo a tres gobiernos neoliberales ante los organismos multilaterales. Algunos de los episodios notorios de esta etapa son las ventas de la empresa telefónica ENITEL y de la empresa de energía eléctrica a Unión Fenosa, y los votos para que religiosamente se pagaran los CNI, luego de las quiebras bancarias.	Aceptar esa pieza jurídica reformada en 1995 – cuando el comandante Ortega perdió el control de la bancada Sandinista frente al doctor Sergio Ramírez - y nuevamente en el 2001 - luego de su pacto con el presidente Arnoldo Alemán -, significaría aceptar que la revolución Sandinista había finalizado. No tendría asidero el actual discurso oficial de que asistimos a la segunda etapa de esa revolución.	Gobernar bajo el actual marco jurídico también significaría aceptar que la Democracia inició con el gobierno de Violeta de Chamorro. El FSLN ha reiterado que dicho régimen inició con la Revolución Sandinista. La pieza central de tal alegato es la Constitución de 1987, que atravesó un amplio proceso de consulta nacional antes de su discusión en una Asamblea Nacional ampliamente controlada por el Sandinismo.	¿Será posible que el presidente Ortega se haya quedado congelado en el tiempo, tal como insiste una estimada amiga? Según su tesis, la mentalidad política del presidente Ortega se quedó “en pausa” en 1990, cuando perdió las elecciones frente a Violeta de Chamorro, y que “alguien” presionó nuevamente el botón Play una vez que ganó las elecciones de 2006. El reiterado recurso a un lenguaje decimonónico explicaría tal posición.	¿O será más bien que esta actitud de porrazos constantes al marco jurídico explicaría el desprecio que el actual gobierno dedica al andamiaje jurídico construido en los años neoliberales? La estrategia de comunicación del actual gobierno advierte, como lo hacía en sus años Carlos Fonseca Amador, que su pretensión no es otra que cambiar la institucional del país. Para ello se ha sostenido un proceso que ha empeorado los índices de credibilidad, legitimidad y utilidad de las instituciones construidas entre 1990 y 2006. Una vez derruidas por completo estas instituciones bien podrían ser sustituidas por otras, más próximas a la imagen y semejanza del proyecto gubernamental. Vale la pena recordar las sospechas de que en Nicaragua se erige un estado en la sombra, paralelo a la institucionalidad oficial.	Una tercera posibilidad es que el presidente Ortega esté emulando a sus pares de ALBA. Uno de los elementos centrales del proyecto político de los presidentes Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales es la de asegurarse jurídicamente la posibilidad de encabezar ellos (personalmente) la construcción de su Socialismo del Siglo XXI, desde un Poder Ejecutivo superior a cualquier otro poder del estado. Para ello se han procurado la modificación de la Constitución de su país a favor de la reelección indefinida y continua.