La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) rechaza el proyecto de Ley de Amnistía que podría ser aprobada este sábado por la Asamblea Nacional, porque podría dejar en la impunidad las muertes de ciudadanos ocurridas durante las protestas y marchas  antigubernamentales, y presenta "trampas" para posiblemente mantener presos a los manifestantes acusados de terrorismo y crimen organizado, indicó el jurista José Pallais, del equipo negociador de la Alianza Cívica.La bancada del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) npresentó este viernes en la Asamblea Nacional, con carácter de urgencia, el proyecto de Ley de Amnistía para que sea discutido este sábado por los diputados.	La propuesta de ley establece que deberán ser puestas en libertad todas las personas detenidas en el contexto de la crisis.El proyecto contiene básicamente tres artículos y presenta una "trampa" en el artículo 2, dijo Pallais, donde se establece que quedarán exentos de esta amnistía los delitos que se regulan en tratados internacionales que Nicaragua ha ratificado y es Estado Parte.	Explicó que la "trampa en el artículo 2 operaría discrecionalmente para los presos, porque la gran mayoría fueron acusados, procesados por delitos de terrorismo, crimen organizado, de tráfico y tenencia de armas, que son delitos sobre los cuales Nicaragua ha suscrito tratados internacionales y podrían decir, interpretar discrecionalmente por razones políticas, que estos acusados no están cubiertos por la amnistía".	Por otro lado, quienes cometieron delitos de lesa humanidad podrían quedar en la impunidad porque "el tratado internacional que desarrolla los delitos de lesa humanidad, que es el Estatuto de Roma, no ha sido suscrito ni ratificado por Nicaragua; entonces se ve la inclinación hacia un lado para favorecer a unos y posiblemente perjudicar a otros", valoró Pallais.	Si la ley es aprobada tal como está, "nacionalmente no quedaría ningún paso para buscar justicia por las muertes de manifestantes, porque se podría recurrir por inconstitucionalidad, pero estos recursos los conocería la misma Corte Suprema de Justicia y sabemos que los poderes del Estado están sometidos a una persona", dijo el jurista.	A juicio de Pallais, en los artículos 2 y 3 de la ley hay un "mal uso de conceptos jurídicos que podrían ser mal intencionales porque, por ejemplo, habla de delitos políticos y el Código Penal no tiene establecido ningún delito político".  En el texto de la iniciativa, Pallais observa que se confunden otros conceptos como el de la no repetición y la reincidencia, que son conceptos jurídicos totalmente diferenciados.	"Es más grave", afirmó Pallais, "porque la gran mayoría de los presos políticos fueron capturados por andar en marchas, andar con la bandera azul y blanco y si vuelven a andar en marchas, algo que es legítimo y nmconstitucional, entonces, ¿van a volver a las cárceles, porque perderán el mmbeneficio de la amnistía?"