“¡Niña, te estoy enviando a que hables con el dueño del circo, no con los payasos!” Ésta fue la expresión de Bayardo Arce hacia mi persona, motivándome a interponer mi denuncia ante la Fiscalía General de la República de Nicaragua, luego de leerla en EL NUEVO DIARIO; mostrando solidaridad, rectitud, hablándome como padre de familia responsable. Confié en que se haría justicia en mi caso, pero no fue así… el objetivo subterráneo de la cúpula danielista era sacar de la ALN a quien por poco se convierte en mi asesino y trasladarlo a su partido, a fin de convertirlo en diputado independiente o bisagra: Salvador Talavera Alaniz”.	La mujer nicaragüense en absoluto ha sido beneficiada por una base jurídica sobre la cual encumbrarse, desde siempre la clase política enmaraña la realidad, proporcionando en un santiamén al Derecho un doblez que fácilmente se adapta a sus propios intereses. Al presente los verdaderos juristas --no los codigueros-- están claros que les han secuestrado su profesión, el Derecho es un rehén del gobierno de turno que libera a asesinos y violadores de los derechos humanos de las féminas, como producto de la corrupción y debilidad del sistema judicial. Es indignante ver cómo fiscales llegan a convertirse en fantoches de sus superiores, olvidando el compromiso de deberse a la defensa de los intereses de la sociedad y víctimas. En lo personal rechazo todo argumento que las autoridades acostumbran a dar para justificar y encubrir toda violación a los derechos humanos, desestimando denuncias, restándole méritos a éstas por “consideraciones políticas”, tratando de ocultar la falta de moral, arbitrariedad e inoperancia para garantizar la vida e integridad de mujeres y hombres, e impedir la violencia, provenga ésta de un político o de un sacerdote.	“Es evidente el rechazo de casi todo un pueblo al control social, político y económico que consiguen ‘los de corbata’, haciendo uso de la intimidación, la amenaza, la desaparición, la tortura y el asesinato, así como también es notoria la resistencia ciudadana a todo plan o intención que perjudica la vida de cualquier ser humano poco a poco con la presencia, con la advertencia y el sometimiento”.	Una reciente encuesta financiada por el Banco Mundial referente a la percepción pública sobre la corrupción, indicó que el 70% de los encuestados opinan que los ministros del gabinete y los diputados (as) de la Asamblea Nacional son corruptos (as). Asimismo existen percepciones acerca de que --la justicia no es independiente--, lo cual desenmascara una problemática que urge enfrentar, al tratarse de una garantía institucional básica de funcionamiento que contribuye a la solución de conflictos y a la legitimidad del sistema político, ya que si no contamos con un Poder Judicial que imparta justicia apegada a derecho, estamos frente a la muralla de la inmoralidad.	El Derecho es interpretado a diario por quienes tienen poder, y le es útil sólo a grupos minoritarios de poder, a fin de sojuzgar a las mayorías que no tenemos poder. Lo expuesto explica por qué tenemos total desconfianza los que no poseemos poder en el Derecho. Las mayorías sólo tenemos relación con el Derecho en la medida en que somos sojuzgadas (os) por la ley, enjuiciadas (os) y encarceladas (os), pero para demandar nuestros derechos no tenemos acceso al Derecho. Estamos observando la putrefacción del sistema judicial y notamos una vez más el Derecho como objeto y no como sujeto.	Lamentablemente el sistema judicial es corruptible de pies a cabeza, los grupos de poder se regocijan manejándolo a su antojo para continuar practicando sus abusos y excesos sin control alguno. Un Poder Judicial partida rizado es “cualquier cosa” excepto poder. Es aquí donde reside el disparate, que careciendo de poder de representación, “es poder”, y es ésta su naturaleza --no poseer poder de representación social para ser un péndulo entre los poderes políticos y económicos de una minoría--. Asimismo, no quisiera dejar de mencionar el tóxico político-partidario propio del sistema judicial y los contaminantes económicos, que se revierten sobre el mismo convirtiéndolo en un sumidero para proteger sus fechorías y las de sus secuaces. Y saber que el salario del fiscal general Julio Centeno sale del sudor de la frente de cientos de víctimas, mundo insólito…	El estudio de DPLF- fundación con sede en Washington reflejó que la administración de justicia en Nicaragua está afectada por la retardación y por la injerencia del poder político en el nombramiento de los funcionarios del Poder Judicial. En dicho estudio (2005-2007) Nicaragua resultó ser uno de los países de la región con mayor porcentaje de corrupción judicial, asimismo, los entrevistados señalaron que el gobernante Frente Sandinista (FSLN) y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) son los que “fiscalizan” la estructura judicial. --Tiene razón Bayardo Arce, esto sí que es un circo--.	“Jurídicamente, nos encontramos atadas (os) ante un Poder Judicial politizado, partida rizado y sin representación social. Aún así nuestros logros van a trascender con la crítica ciudadana, con la denuncia y en la medida que como sociedad civil le exijamos al Poder Judicial. Nicaragua necesita un sistema judicial con identidad propia, para lograr transformarse en un Estado Nación”.