Desde Clinton, todos los presidentes de EE.UU. han enviado al Congreso una notificación cada seis meses para impedir la entrada en vigor de esas provisiones, pero Trump rompió con esa tendencia y acortó el tiempo de suspensión de seis meses a 45 días, luego a un mes y, posteriormente, a dos semanas.	Por otro lado, cuando esa norma se aprobó hace más de dos décadas, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la isla expresaron una feroz oposición porque temían que sus compañías fueran demandadas en EE.UU.; y, por ello, la Unión Europea (UE) denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).	La alta representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, y la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, enviaron el 10 de abril una carta al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, para avisarle de que podrían reactivar su demanda ante la OMC, según el diario The Wall Street Journal.	En la misiva, recogida por el periódico, las diplomáticas advertían de que si EE.UU. aplicaba por completo la ley Helms-Burton, entonces la "UE se verá obligada a usar todos los métodos a su disposición", incluida la vía judicial en la OMC, con el objetivo de defender sus negocios en Cuba.	El impacto podría sentirse con fuerza en el grupo Meliá, con sede en España, que tiene una gran presencia en Cuba y cuyos directivos podrían enfrentar dificultades para ingresar a EE.UU. como consecuencia del Título IV, señaló hoy a Efe Robert Muse, un abogado experto en la legislación estadounidense sobre la isla.	Trump tiene la vista puesta en las elecciones presidenciales del 2020 y su decisión de activar los Títulos III y IV le asegura el voto cubano de la Florida, un estado con un gran peso en los comicios estadounidenses y que el mandatario ya se llevó en las elecciones de 2016.