En la novela “Por quién doblan las campanas”, Hemingway trata de la brutalidad, las traiciones y la crueldad en que cayeron los dos bandos que contendían en la Guerra Civil Española. Un biógrafo de Hemingway dejó en claro el repudio del novelista por el “carnaval de traiciones y podredumbre de ambos bandos”. Así se sintió el nicaragüense harto de la carnicería inútil de los 80. Fue un período de derrumbe, el país retrocedió a los niveles de ingreso de 1920.	Nicaragua encaró en 1990, la tarea de transformar una economía controlada y plagada de distorsiones en una economía de mercado, cuyo objetivo era el crecimiento económico alto y sostenible, transformación que era conocida como período de “transición”; esta cubre temas que van desde la estabilización económica hasta la construcción de una estructura microeconómica que permitiera acceder a los mercados externos en condiciones de competitividad. En especial, comprendía la privatización de empresas públicas, la gobernanza corporativa, el rol del Gobierno y el mandato de la ley. Estos procesos son muy complejos y necesitan del asesoramiento de política, asesoramiento que se basa en un cuerpo teórico y experiencia empírica. Este sustrato económico no existía y ni los organismos internacionales, ni el mundo académico, ni los gobiernos tenían respuestas. Comprendamos que la transición era un fenómeno único en la historia, de ahí su complejidad.	Para poner un ejemplo, la reforma estructural requería de avances en la teoría de contratos, en la teoría corporativa, en la teoría regulatoria, en la economía política y en otras áreas de la “economía aplicada”. Sin embargo, lo que existía en los 90 era el Consenso de Washington, un conjunto de recomendaciones que daban por supuesto el marco institucional que no existía. El consenso hacía énfasis en: i) liberalización de precios; ii) balance monetario y fiscal y iii) privatización de empresas públicas. Estas recomendaciones provenían de la crisis del endeudamiento de los 90 y de estrategias del “supply side” de Thatcher-Reagan, nada comparable con la transformación de todo un sistema económico como era la transición.	Las consecuencias en muchos casos fueron desastrosas. Los fraudes bancarios de 2000/2001 se dieron por la falta de supervisión. La privatización de empresas públicas no respondieron al criterio básico de maximizar la producción y promoción de la tecnología, ya que fue un resultado de poderosos grupos de presión. La liberación de precios se realizó en mercados plagados de distorsiones. Se combinaron fallos de mercado y fallos del Gobierno, siendo los del Gobierno los más costosos en términos sociales.	Los objetivos fundamentales en el proceso de transición no se cumplieron. Estos eran crecimiento económico promedio de 5%, inflación promedio de 4.5%, y cobertura de reservas internacionales igual a 3-3.5 meses de importación. El crecimiento promedio en 1994/2006 fue de 4% y de 3% a partir de 2000. El ingreso per cápita en ese período fue de 1.6%, muy bajo dado que se duplicaría cada 44 años. La inflación promedio se mantuvo arriba de 9% y el objetivo de reservas apenas se logró a finales de 2006. Un factor clave que subyace al pobre crecimiento económico fue la elevada ineficiencia de los recursos productivos. La inversión per cápita fue muy elevada, entre 25 y 30% del PIB, pero no se tradujo en un crecimiento económico robusto debido a que la utilización de todos los factores productivos fue sumamente baja o negativa evidenciando el vacío de un marco institucional.	En la moderna teoría del desarrollo se enfatiza la necesidad de contar con políticas económicas continuas, es decir, independientes del gobierno de turno, tienen que ser políticas de Estado. Esta internalización de los programas de reforma estructural, o sea, la aceptación de que son programas de país, que es responsabilidad de todos, siempre estuvo ausente debido a la falta de liderazgo político, a la ausencia de partidos políticos que funcionen en términos de programas sociales y económicos, al secretismo con que se manejaron los compromisos de ajuste y al mito de que eran cosas de tecnócratas encerrados en su torre de marfil. Con cada cambio de gobierno entre 1990 y 2006, el gobierno saliente entregaba un país sin un marco de políticas, de manera que el gobierno entrante tenía que negociar un nuevo programa que corría igual suerte que el anterior. La construcción de instituciones económicas siempre quedaba a medias por diversos motivos, por la debilidad de gestión en el período de la señora Chamorro, por los shocks en el de Alemán (huracán Mitch, fraudes bancarios, negociaciones políticas contracorriente) y en el gobierno de Bolaños por la falta total de apoyo legislativo.	Incluso, el FMI hizo eco de estos impedimentos y puso en advertencia, en su apreciación de largo plazo, la falta de una verdadera reducción de la pobreza, la efectividad de poderosos grupos de presión para bloquear las reformas estructurales y la ineficacia del aparato político más preocupado por pleitos de compadres.