Las personas comunes y corrientes tienen apenas una noción del nivel de entendimiento del Frente Sandinista y el Partido Liberal Constitucionalista, PLC. Incluso hay quienes de forma inocente auguran el rompimiento del pacto cuando se observan aparentes contradicciones. Pero qué va, hay negociaciones y acuerdos mutuos que siempre estarán en las agendas de los dos partidos, aspectos de fondo como reformar la Constitución Política o cambiar el sistema de gobierno; continuar con el control repartido de las instituciones estatales y alternarse “amañadamente” los cargos en el poder. Llueva, truene o relampaguee, estos aspectos estratégicos siempre estarán bajo la mesa.	Nadie se imaginaría que el pacto libero-sandinista incluye situaciones tan simples y que aparentemente nada tienen que ver, como el hecho de que la hija del primer vicepresidente del PLC y primer secretario de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro Moreira, trabaje en el despacho del magistrado y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda, de abierta militancia orteguista.	Pero ésas son cosas domésticas. En todo caso, los temas de coincidencia política entre ambas fuerzas son variados. Desde postergar las elecciones municipales en la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, hasta modificar la Carta Magna y establecer un régimen parlamentario a la medida de Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, pasarán por una negociación que seguramente terminará en un acuerdo satisfactorio para ambas partes.	Precisamente, el vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís, confirmó que las reformas constitucionales serán una prioridad para el Frente Sandinista el próximo año. Además, dejó claro que esas enmiendas deberán garantizar el establecimiento de un régimen parlamentario “a la Francia”, es decir, con un presidente y un primer ministro que se repartan el poder.	Adicionalmente, la propuesta incluye extender el período en el cargo de magistrados del Poder Judicial a 10 años, con el objetivo, según Solís, “de garantizar la independencia” de la función jurisdiccional. Lo que parece olvidar el vicepresidente de la CSJ es que los magistrados continuarán siendo electos por los diputados de la Asamblea Nacional previa negociación política.	Yo creo que después de las elecciones municipales se debería retomar este tema de las reformas, es un tema pendiente; el país necesita una reforma constitucional con la que están de acuerdo incluso personas que han estado en contra. Creo que después que pasen las elecciones municipales va a haber un consenso general para realizar reformas a la Constitución.	Todavía no. Ha habido algún intercambio (de opiniones). En principio el doctor (Arnoldo) Alemán y algunos de los principales dirigentes del PLC consideraron que era interesente discutir a fondo el tema del parlamentarismo para Nicaragua. Otros prefieren quedarse con el modelo presidencialista, porque consideran que el parlamentarismo podría afectar la idiosincracia y el funcionamiento de los poderes del Estado.	También piensan que (el parlamentarismo) podría encubrir otra serie de situaciones con relación a dos figuras muy poderosas, porque va a haber un Presidente de la República que va a mantener poder como en Francia, porque no se trata de establecer un parlamentarismo a la inglesa, sino basado en el modelo francés, que tiene dos figuras fuertes, como es el presidente y el primer ministro.	Si se trata de pasar a un sistema parlamentario, esto le da más poderes a la Asamblea Nacional; y (la reforma) gravita sobre los artículos del Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, incluso, del Poder Judicial y el Poder Electoral. En un sistema parlamentario el que tiene el gran poder decisorio es la Asamblea Nacional.	Los liberales están proponiendo que se posterguen para enero (de 2009); el Consejo Supremo Electoral las pasó para abril, tal vez se busca un término medio. Para los liberales lo fundamental es que sea la Asamblea Nacional la que posponga las elecciones, porque consideran que el Consejo Supremo Electoral no tiene facultades para ello.	Eso es lo que dicen algunos diputados que han estado buscando el voto 47. No quiero implicarme, pero me parece que si una ley (constitucional) se aprueba con 56 diputados, se debiera interpretar también con 56 diputados, pero no quiero ser categórico y decir que no se puede hacer con 47.	Yo no lo veo así. Eso lo han señalado algunos partidos de oposición, en el sentido de que es una tentación al abrir esta puerta para que después se haga. Ahora, si deciden hacerlo a través de la Asamblea Nacional, ahí está más balanceada la correlación de fuerzas (que en el Consejo Supremo Electoral).	Ahora, esa es otra cosa que tiene que decidir la Corte Suprema si viene un recurso, y deberá decidir quién tiene la facultad para postergar las elecciones; pero no creo que sea un mal precedente, porque se trata de una situación excepcional, además, no creo que en condiciones normales se suspenda una elección, soy enemigo de eso.	La propuesta del PLC es diferente, pues propone suspender en toda la RAAN y que sea la Asamblea Nacional la que decida, es distinta. Yo creo que los liberales buscan que el Frente Sandinista apoye su propuesta y puede ser que el mismo grupo del Movimiento de Eduardo Montealegre termine apoyándola, al igual que la ALN, que tiene cuatro votos.	La noche del jueves me comunicó el diputado Edwin Castro que ya el PLC había hecho oficial su propuesta y que le diera un tiempo para ver las consideraciones jurídicas de la propuesta y le dije que nos veríamos el fin de semana para analizarla, pero no conozco detalles; no hablé con el magistrado René Herrera ni con nadie más”.	Quiero aclarar si, que un acuerdo entre el gobierno y los banqueros no detiene el proceso que llevamos en la Corte; simplemente si se llega a un acuerdo, se lleva a la Corte y aquí lo convertimos en sentencia o resolución. Si no se llega a ningún acuerdo, es obvio que la Corte tiene que fallar. El hecho que yo proponga una negociación, no anula la facultad de la Corte para decidir sobre el caso.