Sorpresa causó que el pasado 11 de diciembre la Asamblea Nacional controlada por el régimen Ortega-Murillo aprobara el “Acuerdo regional sobre acceso a la información, participación política y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe” considerando que no tienen respeto por el medioambiente y mucho menos por los Derechos Humanos. La pregunta obligada entonces es ¿qué pretende el régimen con ello?	Lo primero que hay que decir es que este acuerdo es un tanto sui generis o algo atípico por su contenido, ya que más que establecer objetivos, contiene línea de acciones muy puntuales, parece más una ley interna que un tratado internacional. Lo segundo es que la instancia regente del tratado es la CEPAL, una instancia de la ONU que coadyuva al desarrollo de la región y que su seguimiento está a cargo de la Conferencia de las Partes (art. 15), el mecanismo más ineficaz para dar seguimiento a un tratado por ser la representación de los Estados quienes evalúan.	Este acuerdo está abierto a firma desde el 2018 y para su entrada en vigor se requiere sean depositados ante el secretario general de la ONU once ratificaciones y con la ratificación de Nicaragua serían seis, es decir, el régimen ha suscrito un compromiso internacional que aún no es exigible. Sobre el acuerdo también llama la atención el apartado de Cooperación (art. 11) que abre la posibilidad de percepción de proyectos y/o recursos para la implementación del acuerdo. Por ello me pregunto ¿está tan desesperado el régimen por obtener recursos que por ello suscribió este tratado?	Se me ocurren dos hipóstasis más, la primera asociada a la fragilidad del sistema de Naciones Unidas, manipular un indicador como se ha hecho con el tema de la participación política de la mujer donde somos de los países punteros a nivel mundial, aunque no haya democracia; o bien fue un canje por la obtención de otro beneficio para el régimen. La segunda, puede ser un tema de imagen para desviar la atención a nivel internacional sobre Nicaragua y el respeto a los Derechos Humanos.	En todo caso, es un compromiso que ante la falta de exigibilidad internacional en que se encuentra, no le cuesta nada al régimen suscribir y sin lugar a dudas le trajo algún rédito. Este compromiso internacional, como tantos otros, no será cumplido por el régimen al atentar contra su propio interés económico, tendrá la misma suerte que todos los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos. La buena noticia es que este tratado será parte del andamiaje jurídico que regirá a un futuro gobierno de transición.