Hace un año el mundo conoció en detalle el infierno desatado por los grupos de civiles armados comandados por la Policía Orteguista (PO) de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el pueblo nicaragüense, a través del informe expuesto por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la situación en Nicaragua. El listado de cientos de víctimas desnudó «el ataque generalizado y sistemático» de las fuerzas represoras de la dictadura para contener las multitudinarias protestas expresadas en marchas, tranques y barricadas levantadas por la ciudadanía a partir del 18 de abril del 2018.	Fue el 21 de diciembre que el GIEI presentó las pruebas documentadas que lograron recabar de 43 días de horror desatados por las fuerzas parapolicías, turbas y la PO en la acción criminal «operaciones de limpieza». Se trata de un informe aún vigente puesto que los crímenes siguen en la impunidad.	Ortega y Murillo no cumplieron ninguna de las 15 recomendaciones del organismo internacional para que se restablecieran los derechos humanos en Nicaragua. Por el contrario, la dictadura mantiene su represión mediante la instauración del estado policial donde siguen secuestrando a ciudadanos, las manifestaciones opositoras están prohibidas y cualquier intento de protesta es atacado por la PO y las turbas.	El hecho de que los miembros del organismo internacional de derechos humanos no titubearon en exponer al mundo las pruebas de que «el Estado cometió crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, privación arbitraria de la libertad y el crimen de persecución», le costó que la dictadura los expulsara de Nicaragua el 19 de diciembre del 2018, un día antes de la fecha prevista para hacerse público el informe.	A través de 463 páginas, los expertos del GIE contabilizaron 109 muertos en el período trabajado del 18 de abril al 30 de mayo. De los muertos, 95 se produjeron por disparos de armas que impactaron en cráneo, cuello y tórax. El informe fue presentado el viernes 21 de diciembre en Washington DC, Estados Unidos.	Sumado a las víctimas mortales, hubo más de 1,400 heridos y más de 690 detenidos durante el tiempo que el equipo del GIEI se le permitió investigar en el país. De los heridos, al menos 599 fueron por de arma de fuego, hecho que brinda una dimensión del uso de armas en el contexto de la protesta social, expusieron los expertos en el documento.	Más de 150 presos políticos siguen en las cárceles. Parte de la represión fue despedir a más de 405 profesionales de la salud que se negaron a cumplir la orden de no atender a los heridos en los ataques de la PO y parapolicías, así como la expulsión de 144 estudiantes de las universidades es parte de la represalia del régimen documentada por la CIDH.	El GIEI se constituyó por solicitud de la CIDH -a la cual pertenece- con la aceptación del régimen orteguista, no porque estuviese dispuesto a una investigación imparcial de lo que ocurría, sino por verse acorralado durante los primeros meses de la rebelión ciudadana que habían paralizado a Nicaragua exigiendo justicia por los estudiantes, niños, jóvenes y otros ciudadanos muertos en los ataques de las turbas y la PO.	Ortega y Murillo desoyó las recomendaciones del GIEI y en su lugar acusó a la CIDH de parcializarse a favor del «fallido golpe de Estado», que es la versión distorcionada del régimen pero que la mayoría de los gobiernos extranjeros no dan credibilidad, precisamente por la contundencia de las pruebas de los crímenes documentados por los organismos defensores de derechos humanos.	10. Exhortar a las autoridades estatales a abstenerse de hacer declaraciones públicas que estigmaticen a manifestantes, defensores de derechos humanos, periodistas o a utilizar los medios estatales para hacer campañas públicas que puedan incentivar la violencia contra las personas por razón de sus opiniones. Así como a proteger en forma efectiva a defensores y periodistas que se encuentren en situación de riesgo.	11. Sistematizar la información de las personas atendidas en los hospitales públicos y privados como consecuencia de las protestas sociales. El registro debe ser específico, indicando fecha de ingreso, causa de las lesiones, tratamiento proporcionado y en su caso motivos de muerte, dicha información debe ser pública y desagregada como mínimo por edad y sexo.	12. Adoptar medidas para asegurar una investigación eficaz penal y administrativa de crimines cometidas contra las personas heridas y lesionadas, así como las amenazas contra el personal médico. También deben investigarse las denuncias de obstaculización para la atención de salud en los hospitales, así como respecto de la labor humanitaria de la Cruz Roja y los bomberos.