El régimen orteguista, que no se distingue ni por su brillantez ni por su seriedad, acusado por los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales de cometer crímenes de lesa humanidad, de abril del 2018 a esta parte, ha promulgado con trámite de urgencia una ley de impunidad a sus propios crímenes, a los que en dicha ley llama delitos no investigados. Es decir, que un régimen que ha perdido toda legitimidad decreta la impunidad legal a su impunidad de facto. No es de extrañar que los dirigentes de este régimen irracional piensen que la impunidad de sus propios crímenes pueda ser legal. Una ley de amnistía habría tenido sentido en Sudáfrica si es el gobierno de Mandela quien la promueve, para reconstruir el país. Pero es obvio que el apartheid no puede amnistiar al apartheid porque, como crimen de lesa humanidad, la segregación racial debe ser destruida por la justicia.	Ante los actos violentos y destructivos… —dice la ley de impunidad— es voluntad del Estado la búsqueda de la estabilidad, el aseguramiento de la paz… El Estado no tiene voluntad. La familia en el poder no es el Estado. Cuando en una sociedad fundada en el abuso dictatorial, la libertad y las garantías constitucionales constituyen una reivindicación política urgente de los ciudadanos, ni la estabilidad ni la paz son reivindicaciones inmediatas del pueblo. Lo urgente para los ciudadanos es el cambio de régimen político, y la desarticulación completa del orden jurídico criminal, con las sanciones que correspondan a sus carnífices.	Esta ley de impunidad orteguista se aplica únicamente a los sicarios del régimen, protegidos en el anonimato: La amnistía —dice la ley— se extiende a las personas que no han sido investigadas… Por tanto, las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación… Catorce meses después, las autoridades competentes no han iniciado y ya no iniciarán investigación alguna. Se exceptúan aquellos delitos —continúa la ley— regulados en Tratados Internacionales de los que Nicaragua es Estado Parte.	Como Nicaragua, por disposición de Ortega, no es parte del Estatuto de Roma, que crea una Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de genocidio; lesa humanidad; guerra y agresión, la ley orteguista establece (sin decirlo explícitamente, ya que es absurdo) que tales crímenes quedan borrados de los registros de antecedentes penales. Con esta ley, como con el bautizo, Ortega cree que queda libre hasta del pecado original.	Pero el orteguismo es famoso también por su incoherencia. La ley dice que la inobservancia del principio de No repetición revoca el beneficio establecido por esta ley. Sin pensar que, al borrar los antecedentes y al no investigar, no puede haber repetición de algo que legalmente nunca existió. Lo que No debe repetirse es la dictadura y sus crímenes.