Este organismo advirtió que "el brazo de la justicia de los derechos humanos llegará hasta el último rincón de Nicaragua para una investigación, seguimiento y castigo de los responsables que han cometido delitos de lesa humanidad y genocidio para garantizar la justicia e indemnización a las víctimas de este periodo de terror".	Leiva destacó la renuncia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, Rafael Solís, en la que, a su juicio, aceptó "que si hubo una brutal represión de parte de la Policía Nacional y grupos paramilitares dirigidos por el régimen Ortega-Murillo en contra de la población civil".	Solís era considerado el operador político del sandinismo en el Poder Judicial y fue uno de los jueces que declaró en octubre de 2009 "inaplicable" el artículo de la Carta Magna que impedía la reelección presidencial continua y limitaba a dos el número máximo de mandatos de un presidente, lo cual allanó el camino para que Ortega optara a la reelección en los comicios de 2011 y luego en 2016.