Estimado lector, durante la exhibición del maestro nicaragüense, Ramiro Lacayo Deshón, “Conversaciones con el Expresionismo Abstracto”, patrocinada por la Fundación Ortiz-Gurdián y Banpro, varios amigos me preguntaron por qué no analizábamos el caso de la negociación en Nicaragua, aplicándole los principios sobre negociación, que hemos venido compartiendo con usted durante los últimos meses.	El planteamiento me pareció auténtico y legítimo y por ello, en esta oportunidad haremos eso, reconociendo que el análisis será incompleto, aunque lo hagamos desde una perspectiva eminentemente académica, para contribuir a superar la situación de incertidumbre que vive el país, y como siempre se dice en los casos escritos por los profesores de las mejores escuelas de leyes y negocios del mundo, aunque “este caso fue escrito y analizado, no para mostrar el buen o mal manejo del mismo, sino, para aprender de su experiencia”.	Como usted sabe, el estudio de casos tiene tres etapas, donde cada una va complementando a la anterior: el análisis individual, el análisis de grupo y la sesión plenaria que, con la guía del profesor, termina de enriquecer el análisis.  Nosotros nos limitaremos a la primera etapa y por lo tanto, el análisis no será todo lo completo que debería ser.	Recordemos que la crisis inicia, formalmente, a consecuencia de una reforma al sistema de seguridad social, que provoca unas protestas populares, donde jóvenes y estudiantes juegan un papel preponderante y se producen las primeras víctimas mortales.  Simultáneamente empiezan a surgir “tranques” en distintos sectores del país y el Gobierno invita a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que organice y sirva de mediador y testigo en un diálogo, al cual son invitados algunos sectores de la oposición, de la sociedad civil, del sector empresarial, incluyendo al sector campesino y los estudiantes universitarios.	En los días previos al inicio del diálogo, los sectores invitados dan conocer una lista de peticiones que serán llevadas al mismo y que van desde problemas sectoriales, hasta una reforma integral del Estado, pasando por el fortalecimiento del proceso electoral y por el esclarecimiento y la aplicación de la justicia a las muertes que a ese momento se habían producido.	El día del inicio del diálogo, el mismo se organiza en una audiencia pública, frente a todos los medios de comunicación, hablados, escritos y televisados y cada uno de los sectores invitados por los organizadores se presentan con un buen número de participantes y asesores, incluyendo a los mediadores y testigos.	Durante esa misma sesión, cada una de las partes hace sus planeamientos, muchos por medio de fogosos discursos, dentro de los cuales podemos mencionar la reconcentración de las fuerzas policiales y parapoliciales, el levantamiento de los tranques, el esclarecimiento de las muertes, el fortalecimiento del proceso electoral y una reforma integral al Estado.  El Gobierno informa que ha estado trabajando con la Organización de Estados Americanos (OEA) que, a propósito, había venido a “acompañar” varios procesos electorales y no había invalidado ninguno de ellos, a pesar de los reclamos constantes de la oposición.  Algunos de los sectores no gubernamentales invitados al diálogo protestaron por el hecho que las conversaciones con la OEA no se habían dado a conocer a la opinion pública de forma efectiva y pidieron, además, que se les incorporara al proceso, que se invitara a este organismo para que informara de los avances sobre el mismo.  Y finalmente, uno de los estudiantes, dirigiéndose al presidente de la República, le dijo que esa no era una mesa de diálogo, sino, una mesa de rendición y que lo único que tenían que negociar era como el presidente entregaría el poder.	En una sesión posterior, los mediadores presentaron una agenda de trabajo que incluía, además de una reforma del Estado, la realización de unas elecciones presidenciales transparentes y adelantadas.  El Gobierno, aunque denunció que ello era un golpe de Estado, dijo que si se levantaban los “tranques”, podía discutir todos los temas planteados por el sector no gubernamental.	Lo tercero sería que la explicación que normalmente se da en estos casos, en el sentido “que no había voluntad política para negociar”, no es válida, ya que este es un concepto vacío, ya que no negocia solo quien no tiene incentivo para hacerlo, pues, según él, sus alternativas son mejores a un acuerdo negociado.	Lo cuarto es que para que haya un acuerdo negociado, cada parte debe recibir algo que le sea aceptable a cambio de lo que le está concediendo a la otra parte.  Por lo tanto, una negociación se trata de persuasión y no de imposición, no de imponer un ultimátum y peor aún, si no tienes los recursos para hacerlo cumplir.	Lo quinto es que, por tu misma conveniencia, siempre debes ayudarle a tu contraparte a vender el acuerdo alcanzado a sus bases y aliados y nunca debes humillarlo en público, ya que siempre debes ayudarle a salvar cara.  Por ello, cuando las negociaciones son delicadas, aunque se debe anunciar su inicio y sus conclusiones, no se deben realizar en público.	Ojalá que alguien pronto se siente con el Gobierno a negociar para superar esta crisis, ya que lo importante no es quien se siente con el Gobierno, donde lo haga o como lo haga, sino que se siente con el Gobierno, pero esta vez, tomado en cuenta la experiencia pasada, y pueda obtener lo que Nicaragua necesita para vivir en paz, democracia y desarrollo económico y social.  Y para ello la “piedra angular” es tener unos jueces justos que cuenten bien los votos y unos listados de votantes confiables y aceptables al pueblo nicaragüense.  Pero como dijimos al inicio, este caso solo fue escrito para aprender de la experiencia.