Los pronósticos del mes de junio para la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no son halagadores en el contexto nacional e internacional: varios plazos importantes se le acumulan en el sexto mes del año y las posibilidades de salir bien librado de ellos son reducidos, de acuerdo a analistas políticos.	Para este análisis LA PRENSA consultó al sociólogo Óscar René Vargas quien elaboró un informe propio del cual extraemos las fechas claves para el futuro del régimen, que fue azotado internacionalmente en mayo durante el Examen Periódico Universal en Ginebra el pasado 15 de mayo y la resolución condenatoria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el pasado 21 de mayo, durante la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.	Los diputados orteguistas aprobaron el 13 de junio de 2013 la Ley 840, o Ley del Gran Canal Interoceánico. Un día después, el 14 de junio, Ortega firmó con Wang Jing, empresario chino, el Acuerdo Marco de Ejecución e Implementación donde le concesionó el territorio nicaragüense por cien años. La cláusula 15.21 del Acuerdo Marco refiere que, si el cierre financiero del subproyecto no ha ocurrido dentro de 72 meses a partir del 14 de junio de 2013, “entonces el Gobierno o el Patrocinador correspondiente tendrán el derecho de terminar la concesión para tal subproyecto y todos sus derechos, beneficios y obligaciones según el presente Acuerdo”.	Elecciones generales en Guatemala para presidente y diputados. Existe la posibilidad de que el nuevo gobierno no tenga la misma posición de “neutralidad” del gobierno saliente en relación a la crisis nicaragüense. En Honduras se vive una profundización de la crisis sociopolítica por las protestas masivas de los maestros y trabajadores de la salud. Estos son elementos que debilitan a los aliados pasivos del régimen en Centroamérica.	Se vence el plazo de 90 días establecido el 27 y 29 de marzo en las negociaciones con la Alianza Cívica para liberar a todos los presos y presas políticas, restituir derechos constitucionales arrebatados por la fuerza por el régimen y regresar medios, equipos e insumos para los medios de comunicación que actualmente se encuentran confiscados y embargados por el régimen.	que el Servicio Europeo de Acción Exterior y los Estados miembros implementen, sin perjudicar a la población nacional, un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales, como la prohibición de visados y la inmovilización de activos contra el Gobierno de Nicaragua y los responsables de violaciones de los derechos humanos. También instan la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la UE y América Central, lo que suspendería a Nicaragua de ese acuerdo.	De igual modo, es la misma fecha que el pasado 21 de mayo fijó el Consejo Permanente de la OEA en su resolución para que se liberen a los presos políticos y se cumplan otras condiciones de democracia y respeto a los derechos humanos, antes de proceder a la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, que dejaría al país fuera de ese foro y con dificultades para el acceso a recursos externos de cooperación entre los países miembros de la OEA.	Se vence el plazo de 180 días de la aprobación de la Ley Nica Act por la cual el Secretario de Estado de EEUU debe presentar su reporte al Comité del Congreso norteamericano, sobre los actos de violación de los derechos humanos, actos de corrupción y lavado de dinero de funcionarios del gobierno de Nicaragua.	La crisis de Nicaragua será uno de los dos temas urgentes que tratarán los cancilleres latinoamericanos durante la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en la ciudad de Medellín, Colombia. Se espera que se tracen soluciones políticas para superar la crisis, y que antes de la reunión el gobierno nicaragüense cumpla con los acuerdos firmados en el diálogo nacional.	Se abordará la crisis de los derechos humanos y los continuos abusos perpetrados por el gobierno de Nicaragua. Se contempla la posibilidad de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Nicaragua, lo que implica limitarle la posibilidad de la obtención de préstamos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).