Según Sergio José Ortega, presidente nacional de AMIR y miembro propietario de la Asamblea Firmantes de Acuerdos de Paz, entre las acciones planteadas a desarrollar están la legalización de las propiedades en manos de los ex combatientes; reactivación productiva y generación de capacidades mediante capacitaciones técnicas, profesionales y organizacionales, con asistencia técnica, financiamiento y comercialización.	A esto se suma el acceso a los servicios básicos en educación, salud, vivienda, pensiones, y la promoción de la convivencia pacífica a través de la mediación y la resolución de conflictos, todo ello como parte de la cohesión social; y para operativizar su funcionamiento, se ha subdividido en la Comisión de la Propiedad, de Producción, la Social y la de Fortalecimiento Microempresarial.	Estas comisiones se encargarán de cuantificar la demanda, hacer un inventario de propiedades demandadas y su situación legal, un inventario de propiedades del Estado y una programación de titulación. A esto se sumará la creación del Banco de Tierras, la definición de política de tierra, creación de empresas mixtas e incorporación de los excombatientes a los programas y proyectos propios de las instituciones.