Aunque la Ley No. 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos, publicada en La  Gaceta, Diario Oficial, No. 174 del 7 de agosto de 2002, expresa lo siguiente: “artículo  11.- De las inhabilidades. Son inhábiles para el ejercicio de la función pública: a) El  cónyuge o el acompañante en unión de hecho estable, los parientes hasta el cuarto grado  de consanguinidad y hasta el segundo de afinidad del servidor público que hace el  nombramiento o contratación o de la persona de donde hubiere emanado esta  autoridad”, Daniel Ortega se limpió el xxxx con ella.	El artículo 366 del Código Penal vigente señala que “el funcionario o empleado público  que dictare reglamentos o disposiciones generales, extralimitándose maliciosamente de  sus atribuciones, será castigado con inhabilitación absoluta de seis meses a un año…”   La Ley de Probidad de Servidores Públicos es taxativa al señalar que un funcionario  público no puede nombrar a ningún pariente dentro de los grados que la misma ley establece.	Así también el “Compañero Presidente” se extralimitó en sus funciones al incluir a los  Consejos de Participación Ciudadana dentro del CONPES. El art. 2 del Decreto 76- 2005, Decreto de Reorganización y Funcionamiento del Consejo de Planificación  Económica y Social, sostiene que “las organizaciones de los siguientes sectores: laborales, empresariales, cooperativas y comunitarias, con personería jurídica y  representación nacional” podrán integrar éste Consejo.	Los CPC dejaron de existir legalmente con la reforma a la Ley no. 630, Ley de  Reformas y Adiciones a la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y  Procedimiento del Poder Ejecutivo, cuya ratificación se plasmó con el voto de rechazo  el veto presidencial que 52 diputados hicieran hace unas semanas. En consecuencia, los  CPC no pueden estar dentro del CONPES pues estos no gozan de personería jurídica y  adolecen, por tanto, de representación nacional.	En ese sentido, el Presidente de la nación no está cumpliendo con el artículo 11 de la   Ley de Probidad de Servidores Públicos, al nombrar, como mencione antes, a su señora  esposa, como Secretaria Ejecutiva del CONPES, quien a partir del 29 de noviembre  próximo pasado, tristemente goza de inmunidad, tal como lo establece el art. 10 del  decreto ejecutivo constitutivo del CONPES.	Como podremos observar sí viviéramos en un Estado de Derecho podríamos recurrir  por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia por el nombramiento de la   Copresidenta Murillo y la integración de los CPC en el CONPES. Esta xxxxxx sería en  vano. Es perder el tiempo, pues los Magistrados engavetarían el recurso que  interpusiéramos los ciudadanos ante tales hechos. Ya la Sala Civil Número Dos del  Tribunal de Apelaciones de Managua demostró mi dicho. Esta tuvo una total inclinación  partidaria hacia el FSLN al admitir un recurso de amparo contra el rechazo al veto presidencial.	Iniciemos una serie de protestas, con todo lo que esté a nuestro alcance, inclusive lo que  esté más allá de ello. Levantemos barricadas, tiremos morteros, quememos buses,  hagamos huelgas, destruyamos edificios públicos, cerremos las fronteras,  incendiemos… el país sí es necesario -aunque me duela muchísimo-, pero lo que no  podemos permitir tantito así es que nos sigan viendo la cara de pendejos y se imponga  una nueva dictadura.