La exministra de Comercio y diputada opositora, Azucena Castillo, interpreta que con este pronunciamiento político en el que se aumentan los insultos contra el gobierno estadounidense lo que se busca es «retar», sin medir las consecuencias para Nicaragua, pues deterioran más las relaciones entre ambos países. Justo cuando existe la amenaza de EE.UU. de aplicar un bloqueo económico al régimen orteguista por las violaciones a los derechos humanos  y corrupción.	«Condenar la conducta belicosa y fracasada de los Estados Unidos de América en contra del mundo y en particular» contra Cuba, «mediante la obsoleta, criminal Ley Helms Burton, específicamente su título III, cuyas acciones criminales constituyen el principal obstáculo para el desarrollo socioeconómico», dice el texto de la declaración de los diputados orteguistas en la Asamblea.	Desde 1960 el gobierno de EE.UU. mantiene un embargo económico, comercial y financiero a la dictadura cubana, consideras una sanciones por la negativa de la dictadura de los hermanos Fidel (ya fallecido) y Raúl Castro  por negarse a la democratización de la isla y las violaciones a los derechos humanos por décadas ha cometido contra sus ciudadanos.	Los dictadores Castro y su sucesor Miguel Díaz Canel son aliados del dictador nicaragüense Daniel Ortega y del venezolano Nicolás Maduro. Para Estados Unidos los regímenes en Nicaragua, Cuba y Venezuela constituyen la «troika»  en Latinoamérica sobre la que mantiene una presión internacional y con sanciones económicas, en el caso de Cuba y Venezuela que les ha golpeados fuertemente en los recursos económicos.	Castillo criticó que el régimen orteguista con la acción de sus diputados están equivocándose al pensar que a EE.UU. lo amedrentarán con este tipo de pronunciamientos, considerando la diputada que más bien el régimen es quien deberían buscar rebajar la tensión entre con el gobierno de Trump quien puede concretar su amenaza de imponer un bloqueo a Nicaragua por la represión que mantiene contra el pueblo, desde abril del 2018, y negarse a dar los pasos constitucionales para restaurar la democracia en el país.