Esta era de globalización se caracteriza por un incremento de las inversiones, información y comunicación a través de fronteras, así como empoderamiento de ciudadanos y ciudadanas que exigen eficiencia y transparencia de sus autoridades para la atención de sus demandas y necesidades. Por ello, tanto países desarrollados como aquellos en vías de desarrollo se esfuerzan en implementar procesos de descentralización que tienen por objeto reducir la enorme cantidad de responsabilidades políticas y administrativas que recaen en los gobiernos centrales, transfiriéndolas a estructuras de gobierno intermedias que permiten reducir la excesiva burocracia y promover una mayor participación ciudadana y auditoría social.	Este modelo garantiza cierta autonomía para cada nivel de gobierno con facultades y atribuciones claramente definidas en los niveles municipal, estatal o provincial, y federal o nacional. En otros casos, además de contar con similares estructuras de gobierno, se incorporan también elementos históricos y culturales para definir los regímenes político-administrativos, como es el caso de los Consejos Regionales Autónomos de la Costa Caribe.	El proceso de descentralización en Nicaragua inició con las reformas constitucionales y la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1987 y, posteriormente, la aprobación de la Ley de Municipios (Ley 40) en 1988. Sin embargo, desde entonces, progresivamente se ha ido perdiendo sinergia, al punto de que se han comenzado a generar crisis políticas y sociales, como la que actualmente afecta a los municipios de Waspam, Prinzapolka y Puerto Cabezas, en la Región Autónoma del Atlántico Norte, donde al parecer un elemento que incide en este conflicto es el traslape de facultades y atribuciones entre los Concejos Municipales, el Consejo Regional Autónomo y el Consejo Supremo Electoral.	¿A qué se debe entonces el estancamiento del proceso de descentralización? La primera respuesta que viene a la mente es la falta de voluntad política, por lo que en Nicaragua se promueve una cultura de verticalismo y centralización impidiendo el diálogo abierto y sin profundizar en los desafíos de este proceso, comenzando con los obstáculos de la legislación nicaragüense en lo referido a la división político-administrativa del país.	El artículo 175 de la Constitución Política de Nicaragua establece “…el territorio nacional se dividirá para su administración en Departamentos, Regiones Autónomas de la Costa Caribe y Municipios.” Las facultades políticas, administrativas y financieras de los 153 municipios y 2 Regiones Autónomas se establecen en La Ley de Municipios (Ley 40) y el Estatuto de Autonomía (Ley 28), respectivamente. Sin embargo, ni la Constitución Política ni cualquier otra ley establece las responsabilidades de la figura departamental, a las que el Gobierno Central atribuye facultades de manera desordenada a través de delegados de los diferentes ministerios y entes autónomos.	El hecho de que los Consejos Departamentales en el Pacífico de Nicaragua no sean electos mediante sufragio universal, les resta legitimidad, limita la incidencia que la ciudadanía ejerce sobre sus funcionarios públicos departamentales e incluso sobre sus Diputados y Diputadas Departamentales ante la Asamblea Nacional, ya que no existen mecanismos formales que permitan traducir las aspiraciones de la población en propuestas que puedan ser debidamente asumidas por sus representantes.	En la Costa Caribe, por su parte, y a pesar de que existen Consejos Regionales Autónomos, estas instancias aún no logran ejercer sus funciones a cabalidad y aunque emiten resoluciones de obligatorio cumplimiento en las Regiones Autónomas, no tienen capacidad de legislar ni tampoco poderes vinculantes que aseguren la implementación de sus decisiones. Asimismo, la figura municipal es de creación reciente en la Costa Caribe (las primeras elecciones municipales se celebraron en 1996) señalando algunos actores costeños que deben prevalecer los gobiernos territoriales y comunales, figuras históricamente reconocidas por los pueblos indígenas y afrodescendientes.	Corregir las incoherencias del marco jurídico nacional debe ser una prioridad de nuestros Diputados y Diputadas en la Asamblea Nacional, así como de la sociedad civil nicaragüense en general. Debemos entender que la diferencia entre ser un país en vías de desarrollo y un país paupérrimo depende totalmente de nuestra capacidad de establecer instituciones eficientes, construir una ciudadanía proactiva e implementar políticas que permitan identificar y aprovechar oportunidades a nivel local para aprovechar los muchos beneficios y evitar los múltiples flagelos de la globalización.