La UAF obliga a las instituciones financieras a reportar, además de las remesas familiares y operaciones sospechosas, transacciones en efectivo, transferencias de fondos nacionales o internacionales, detección e inmovilización de activos, ventas, ganadores de premios y apuestas, operaciones mensuales de bienes raíces, venta nacional y exportación de oro, bienes de fideicomisos, venta de automotores nuevos o usados y ausencia de información de interés.	“Es una información inusual que atribuyo a que en estos momentos el Gobierno quiere saber qué se está financiando con el dinero que viene de fuera. Eso es información porque hay cerca de 60,000 nicaragüenses que abandonaron el país, no por las razones comunes, sino por motivos de seguridad”, dijo el legislador.	La UAF califica como operación sospechosa a “todo acto, operación o transacción aislada, reiterada, simultánea o serial, sin importar el monto de la misma, realizada o intentada por cualquier persona natural o jurídica, que, de acuerdo con las regulaciones vigentes, los usos o costumbres de la actividad resulten inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente”.	En este sentido, la Ley 997 contra Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o “LA/FT/FP” de la que la UAF se ampara para establecer dicha normativa considera también “sujetos obligados” a “personas naturales o jurídicas que tienen la responsabilidad de implementar obligaciones de prevención, detección y reporte de actividades potencialmente vinculadas al LA/ FT/FP y delitos precedentes asociados al lavado de activos”.	En el caso de las instituciones financieras, por ejemplo, bancos, así como las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), por ejemplo, instituciones no financieras con actividades como hoteles, casinos, casas de empeño o bienes raíces tienen prohibido revelar a sus clientes, proveedores o asociados qué reportó o reportará a la UAF.	Los informes respectivos se presentarán de forma electrónica en la plataforma Sirel, en cuanto a las transacciones sospechosas deben pasarse de inmediato, sin que rebase un plazo 30 días después de realizada la transferencia sujeta a investigación, mientras los reportes de transacciones en efectivo se harán en los primero 10 días del mes.	Las cooperativas deben reportar todo financiamiento mayor a los US$3,000 por cliente en un mes. Las casas de cambio deben reportar, por su parte, transacciones mayores a US$5,000, mientras las microfinancieras y otras actividades como el factoraje, las de más de US$10,000 o su equivalente en moneda nacional.