La información fue motivada por el nombramiento de Sonia Castro como asesora presidencial “para temas de salud”, tras ser destituida por Ortega del cargo de ministra al haber sido sancionada por Estados Unidos (EE.UU.), bajo la acusación sustentada en informes de organismos internacionales de derechos humanos, de ordenar que en los centros de salud pública no se atendiera a los manifestantes heridos durante la represión policial y parapolicial de 2018.	La información de LA PRENSA deja constancia de que “no hay información oficial sobre cuánto se le paga mensualmente a cada asesor de Ortega, pues no aparece reflejado en el Presupuesto” nacional. Tampoco se conoce qué hacen tales asesores para justificar que los contribuyentes les paguen con sus impuestos los sueldos que ganan, que deben ser parecidos o iguales a los de los ministros o viceministros (o sea entre 3 mil y 3,500 dólares mensuales), así como los gastos de combustibles, oficinas y personal a su servicio, viáticos, etc.	Los ciudadanos necesitan conocer esta información, siempre, pero sobre todo cuando el país pasa por una situación económica precaria, los ingresos del fisco se han reducido drásticamente y el régimen impone más impuestos a la gente que trabaja productivamente y genera la riqueza que es dilapidada por un Estado parasitario y represivo.	Se entiende que la función de los asesores es apoyar al gobernante en los asuntos que les sean encomendados, elaborar las recomendaciones que resulten procedentes y proveerlo de la información necesaria para la toma de decisiones. Pero en Nicaragua se sabe de asesores que no son consultados por su asesorado y sus mensajes con informes, análisis y recomendaciones, ni siquiera son respondidos.	Los asesores presidenciales son una invención de los EE. UU., donde en sus orígenes fueron llamados Kitchen Cabinet, o sea gabinete de cocina. Los creó el presidente Andrew Jackson, quien gobernó de 1829 a 1837 y de él se dice que no confiaba en sus secretarios o ministros, por eso escogió entre sus amigos de confianza a un grupo de asesores a los que consultaba regularmente en paralelo.	Se supone que por su propia definición y naturaleza los ministros de Estado son o deben ser los asesores presidenciales. Pero los políticos en el poder crean y mantienen una gran cantidad innecesaria de personal, a fin de tener numerosos puestos públicos con jugosa remuneración para repartir entre sus allegados. Incluso entre sus hijos y familiares cercanos, como es el caso del dictador de Nicaragua.