Con los últimos días hemos visto imágenes sobre el saqueo de madera, pérdida de caudales de ríos, incendios forestales y destrucción de nuestros bosques. Por ahora me voy a detener en uno de los actores principales de la deforestación que se vive al norte del país, la empresa Alba-Forestal y compañía.	La empresa Alba Forestal SA nació en 2009 con capital mixto venezolano-nicaragüense bajo la razón social de Alba Alimentos de Nicaragua SA (Albalinisa) para la extracción de la madera “caída” por el huracán Félix, luego de haber explotado la madera caída y la madera que ellos mismos votaron (sobre todo la madera dura, porque la madera suave se pudrió) se calcula una extracción de 5,000,000 millones de metros cúbicos, eso equivale a unos 73,855 contenedores, o para explicarlo mejor, podríamos llenar una carretera con 900 kilómetros de longitud con estos contenedores llenos de madera.	Luego de 4 años de operación, cuando acabaron la madera “huracanada” en la zona de Maniwatla y Kuakuil II, empezaron a extraer madera de El Naranjal, Laguna de Kukalaya, Layasiksa, Risco de Oro, Wasakin y otras comunidades de aportes menores; algunas de esta comunidades de extracción se ubicaron en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva de Biosfera Bosawas, en comunidades indígenas y en reservas naturales como la laguna de Layasiksa y la laguna de Kukalaya.	En 2014 la razón social del Alba Forestal SA pasó a llamarse N&H Wood Products, la mayoría de los empresarios madereros de gran capital en Nicaragua le compraron madera “sucia” a alguna de estas dos empresas vinculadas al capital venezolano, incluida la Corporación Intermunicipal de Desarrollo Económico Local (Cidel). Tanto Alba Forestal SA como N&H Wood Products controlaron la oferta de madera a nivel nacional e internacional y han contado con todas las autorizaciones necesarias por las instituciones del Estado, porque obviamente tienen el consentimiento de la familia presidencial.	El régimen ha utilizado el negocio de la deforestación para enriquecer su capital familiar y no solo eso, también ha modificado la legislación ambiental para controlar desde su casa o secretaria y por vía decreto la extracción forestal. Es por esto que inclusive ha levantado la veda de extracción de pino (Decreto 01-2019), cedro real y pochote (Decreto 02-2019) en nuestras Áreas Protegidas.	La situación no termina ahí, sino más bien la extracción continúa en los bosques de pinos de Nueva Segovia a través de empresas del régimen y de los grandes capitales criollos que se dedican a la comercialización de pino y otras especies. Esto no es denunciado por el sector privado capitalista y extractivista porque obviamente en la jerga de negocios es un “ganar-ganar”, o mejor dicho un “comé y comamos”, mientras esto pasa nuestros bosques naturales en Áreas Protegidas van desapareciendo.