A partir de este momento, se hace evidente el inicio de una etapa de lucha de la nación en contra de la dictadura fascista de Ortega. El dictador ha conseguido, con este último acto represivo, que en la conciencia nacional se perciba todo el proceso de elecciones y, en consecuencia, toda la superestructura jurídica, incluidos los cuatro Poderes del Estado, la Contraloría de la República y los Entes Autónomos, como una inmensa “chanchera” al servicio del totalitarismo, que en la semántica filosófica del lenguaje político nicaragüense encierra el significado del somocismo, es decir, de sustitución del Estado nacional por una forma de gobierno gangsteril.	La dictadura de Ortega es la expresión política de un proyecto concreto de dominación social, con el cual se adecua el aparato estatal para llevar a efecto una redistribución acelerada de la concentración de la riqueza, a manos de una burocracia que se sitúa a sí misma, conscientemente, por encima de las clases sociales.	A estas alturas, no se trata de corregir a Ortega, o de llamarle a un diálogo o concertación nacional para encausarle hacia la democracia (como si se tratara de una confusión política pasajera del aspirante a dictador), sino, de cerrarle espacios a la dictadura. Ahora, definitivamente, cualquier concertación o acuerdo con Ortega equivale, en el inconsciente colectivo de los ciudadanos de este país, a la traición.	Esta superestructura antidemocrática que ha formado el orteguismo constituye en nuestro país un fascismo sui generis, cuyo desarrollo histórico obedece a particularidades propias de la realidad nacional. Este proceso político reaccionario no ocurre en una etapa de decadencia del capitalismo, ni se sustenta en la pretensión de darle a la crisis una salida expansionista (con la cual se cautivó el apoyo de la pequeña burguesía en la Alemania nazi y en la Italia de Mussolini), sino, que ocurre en un país atrasado, profundamente degradado por la miseria (cuando el peso social del proletariado se reduce dramáticamente con la salida del país de 150 mil trabajadores cada año).	De esta manera, la base social del fascismo oligárquico de Ortega no es la pequeña burguesía, sino, el lumpemproletariado. El Estado adquiere, entonces, un carácter precapitalista, de involución hacia el absolutismo feudal. Sin estrategia de desarrollo productivo frente a la crisis alimentaria y energética que amenaza la sobrevivencia nacional, este gobierno expresa únicamente los intereses de una burocracia parasitaria, que con desfachatez se ve involucrada, públicamente, en incontables escándalos de corrupción, en torno a la ayuda internacional y al uso secreto de los recursos del Estado. Los programas estatales, más que de beneficio social o de inversión productiva, son vulgares paliativos de clientelismo político en el seno de sectores desclasados.	No obstante, este gobierno cumple a cabalidad la función esencial del fascismo clásico, como es la de frenar de tajo las luchas obreras por reivindicaciones económicas en momentos de crisis grave del modelo de producción (especialmente, las luchas por empleo y salario, para hacerle frente al alto costo de la vida). De modo que el orteguismo, encierra, necesariamente, la dinámica fascista de formar escuadras de choque para intimidar a las organizaciones sindicales independientes (a las que, por miseria ideológica, tilda de agentes del imperialismo).	El régimen actual encontró una población sin posibilidad de resistencia organizada, desprovista de todo derecho y de capacidad de decisión frente a la supremacía del mercado, luego que en función del orden económico del neoliberalismo los gobiernos pasados redujeron el poder del Estado y privatizaron los servicios públicos. Se le hizo fácil, así, al orteguismo consolidar un aparato estatal corporativo de carácter fascista (con un régimen de partido único, y un Estado absolutista al que se somete a la nación entera). Este proyecto ha contado, por supuesto, con el apoyo interesado de sectores influyentes de la iglesia, de una buena parte del sector privado, y de partidos políticos, supuestamente, de inspiración liberal.	Los únicos elementos que permanecieron activos en el Estado neoliberal, las entidades responsables de la defensa nacional y del mantenimiento del orden público, constituyen, por ahora, las únicas instituciones que guardan una relativa independencia ante el gobierno fascista. Lo cual permite, a quienes identifican superficialmente una dictadura con un régimen militar sanguinario, minimizar la esencia represiva de este régimen familiar, aunque en los hechos someta las instituciones estatales a sus dictados e intereses personales, aunque anule las libertades democráticas y se sustraiga a todas las formas de control de parte de cualquier sector social.	Ninguna forma de lucha es un fin en sí, sino, un medio para adelantar una transformación en la correlación de fuerzas. Una huelga de hambre, al nivel que tenga que llegar, incluido el sacrificio extremo, no es más que un medio para propagandizar consignas de lucha, que expresen conquistas concretas para las masas. En este caso, la consigna progresiva que se corresponde con el momento político es la de conformar una Coordinadora Antifascista.	La huelga de hambre de Dora María debería llamar a la organización de un polo político que recoja todo el vigor de los trabajadores y de los ciudadanos en general en torno al proyecto de nación, frente al régimen fascista. La consigna concreta es la de formar una Coordinadora Antifascista con todas las fuerzas progresistas, que como primer medida de su propia legitimidad política desconozca públicamente todos los contratos y acuerdos que a nivel nacional e internacional haya firmado y pueda firmar el orteguismo, ya que son expresión de un gobierno espurio, contrario a los intereses de la nación. Por ello, no es posible ya --sin una traición evidente-- ningún diálogo o concertación con el fascismo.	La huelga de hambre de Dora María debe llamar a los ciudadanos a inscribirse como patriotas en el censo de la dignidad de la nación, que se rebela contra el fascismo. Al conseguir 200 mil firmas, o al conformar la Coordinadora Antifascista, con un gobierno provisional integrado por científicos notables, catedráticos universitarios, filósofos, y dirigentes sindicales de la lucha antisomocista, la huelga de hambre debe terminar con una inmensa manifestación que recorra las calles de la Capital, para dar paso a nuevas formas de lucha masiva contra la dictadura fascista.