El magistrado Rafael Solís Cerda renunció a su cargo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), puesto que tenía desde 1997; también cesó su militancia de 43 años en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La decisión es “irrevocable” e “inmediata”, explica en una carta, cuya autenticidad la confirmó a personas cercanas y periodistas.	Solís advierte en su carta que renuncia porque está en desacuerdo con la ruta que tomó el Gobierno de Nicaragua para enfrentar las protestas que iniciaron el 18 de abril. Sostiene que en lugar de darle una respuesta efectiva a la crisis, el Gobierno fue “endureciendo sus posiciones hasta llevarnos a un aislamiento internacional casi total; no veo sinceramente la más mínima posibilidad que ahora en el 2019 se retome un verdadero y nuevo diálogo nacional que logre la paz, la justicia y la reconciliación en nuestro país”.	Solís afirma que es falso que las protestas populares que iniciaron el 18 de abril del año pasado haya sido un fallido de golpe de Estado, como ha dicho el gobierno. “No hubo tal golpe de Estado, ni agresión externa, sino uso irracional de la fuerza y ustedes se empeñan en continuar haciendo mal las cosas hasta llevar al país a una guerra civil”, sostiene.	“Yo no deseo una guerra civil para Nicaragua pero me queda claro que ustedes van por ese camino y ante un Ejército que por alguna razón no ha desarmado a los grupos armados, también es lógico esperar que los grupos de oposición van a buscar como armarse y el país va a retroceder cuarenta años, y volver, si es que no estamos ya, a esos ciclos de violencia tan característicos a lo largo de nuestra historia”, señala.	Después, fue combatiente del frente interno del FSLN en Managua, en los barrios orientales, durante la insurrección final contra la dictadura de Anastasio Somoza; y cuando triunfó la revolución nicaragüense, el 19 de julio de 1979, pasó a las filas del entonces Ejército Popular Sandinista, del que fue representante en el Consejo de Estado.	Durante su estadía de 21 años en la CSJ, Solís fue miembro de la Sala Penal y la Sala de lo Constitucional. En el año 2010 protagonizó encontronazos públicos con sus colegas liberales, quienes al inicio se resistían a reconocer como legal un decreto presidencial que prolongaba a los magistrados el período en el cargo hasta que la Asamblea los reeligiera o eligiera a otros.	A lo interno de la Corte también le recuerdan porque muchas veces impidió que trabajadores de ese poder del Estado perdieran sus puestos de trabajo. También se decía que era el único magistrado de la CSJ que recibía en su despacho a personas de origen obrero o campesinos procedentes de zonas remotas del territorio nacional, que buscan apoyo en casos judiciales.