Esta discusión, por primera vez se presento después que las colonias centroamericanas se independizaron de España en 1821. En los debates que se dieron a lo interno de la Asamblea Nacional Constituyente, en el año de 1823, se presentaron diferentes propuestas sobre la forma de gobierno, que adoptarían las repúblicas recién formadas.	El doctor Pedro Molina, propuso y defendió que el sistema parlamentario era el idóneo para los países centroamericanos. Sin embargo, los primeros constituyentes como José Matías Delgado, Manuel José Arce, Vicente Villacorta, Manuel Montúfar, José Francisco Barrundia, y José Cecilio del Valle, defendieron la adopción del sistema presidencial, siguiendo el modelo americano.	Sin embargo, el sistema presidencial centroamericano entroncó de manera perfecta con una tradición cultural autoritaria y antipluralista; y esto garantizo la continuación de las tradiciones personalizada, caudillescas y autocráticas de ejercer el poder, y se aseguró que los poderes legislativos y judicial, una vez disuelta la Federación Centroamericana, tuviesen una posición débil y subordinada frente al poder ejecutivo. Y, muchas veces esta relación ejecutivo y legislativo, más que formar un sistema de “contrapesos”, se convirtió en una relación de mutuo bloqueo.	Respecto al poder judicial, el status institucional del Presidente fue muy distinto entre Estados Unidos y los países de Centroamericanos. Mientras en el sistema norteamericano existe una mayor autonomía en la designación de los jueces por la vía electoral (a excepción de las de los tribunales superiores donde intervienen el ejecutivo y el Congreso) en Centroamérica ha sido la tradición que el presidente nombra a los jueces superiores y estos a los inferiores.	Pero más importante aún que la facultad de nombramiento es la diferencia entre el presidencialismo de ambas partes del hemisferio con relación a las competencias de la judicatura en el proceso político. Mientras en Estados Unidos la Suprema Corte ejerce “de oficio” el control de constitucionalidad de las leyes con la facultad de declarar la inconstitucionalidad de una ley y de obligar al Ejecutivo y a los otros poderes del Estado a cumplir con su resolución, en la Constitución Federal, es más común la llamada “inaplicabilidad” por inconstitucionalidad, o la declaración de inconstitucionalidad previo juicio. Además, la Corte Suprema norteamericana tiene un rol activo en el sistema político a través de su intervención en el juicio posible a seguir al ejecutivo. En la Constitución Federal usualmente esa facultad sólo se hace efectiva una vez que se ha cumplido con una muy complicada declaración de desafuero por el Congreso o Asamblea Legislativa.	Otro caso especifico del Presidencialismo, en el plano institucional es su poder sobre la burocracia. La diferencia con los Estados Unidos, es que en este país existe una carrera de servicio civil más o menos autónomo; mientras que en Centroamérica, existía una completa dependencia de la carrera administrativa respecto al poder político. Por la vía del clientelismo tanto partidario como social o regional, el poder burocrático, en Centroamérica depende del Ejecutivo, con todas las consecuencias negativas que ello tiene para la funcionalidad del gobierno. Sin embargo, la tentación del control del poder estatal, es a menudo, mayor que la necesidad de la eficiencia estatal.	La formula Federal, que tanto fascino a los primeros Constituyente, tuvo desde luego poco eco concreto en Centroamérica. En la mayoría de los países donde las instituciones lo consagraron (Argentina, Brasil, Centroamérica) ha tenido una aplicación muy cercana a las formas unitarias; y en ningún momento constituyo un contrapeso al presidencialismo como en los Estados Unidos.	Juan José Aycinea, uno de los principales redactores de la Constitución Federal Centroamericana de 1824, desde su exilio voluntario en Estados Unidos redacto su ensayo “El toro amarrillo”, y al comparar el Federalismo norteamericano y centroamericano escribió: “No sólo encontré diferencia, sino absoluta contrariedad; me convencí de que nosotros nunca hemos tenido un verdadero sistema federal; de que los que formaron la Constitución, sobre no saber lo que hacían, habían establecido en ella cuantos obstáculos pudo aglomerar la ignorancia para que no hubiera federalismo; y de que yo había errado suponiéndolo causa de nuestros desastres”.	José Cecilio de Valle, pensaba que la Constitución no se adaptaba a la realidad centroamericana y que se “voló a un bello ideal, a un hermoso imaginario, a un perfecto del que no somos capaces”. De los cuatro poderes creados por la Constitución: el electoral, el legislador, el ejecutor, el juzgador, ninguno de ellos se presenta bien constituido. Esta Constitución tuvo una marcha tortuosa ya que hubo revolución sangrienta y horrible en 1826, 29, en 1831 y continua en 1832. El motivo de ellas ha sido la Constitución”.	Aunque es muy exagerado pensar, que la causa de las guerras civiles, haya sido la Constitución, hay que tener en cuenta para comprender esta actitud de nuestro constitucionalismo, en el periodo de la organización institucional posterior a la Independencia, que no era posible, en términos reales, la creación de modelos a la redacción de textos derivados de nuestra propia experiencia histórica y política, por lo que había de ser, en cierta forma ineludible, la adopción de fórmulas jurídicas importadas, que, resultado de la ideología que habían adoptado las “élites” nacionales, veían coronadas del prestigio intelectual, ideológico o político de los Estados “modernos”.	Sin embargo, era evidente que unas repúblicas recientemente constituidas, con escasa población, en conflicto permanente, no podía aspirar a la tranquilidad derivada del funcionamiento normal de las instituciones, por el solo hecho de que se sancionara una Constitución. Por ello, durante años, mientras la república realizó su duro aprendizaje cívico, la Constitución fue sólo una superestructura, por debajo de la cual el caudillismo, la fuerza y la violencia eran los verdaderos poderes del gobierno, como hasta el día de hoy.