Entre los diversos foros que se han desarrollado en torno a una eventual reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), el que más suspicacia ha generado fue el organizado por Terre des Hommes (12-08-2008). Precisamente porque por primera vez el Presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU) Telémaco Talavera y el Secretario Académico de la Universidad de Ingeniería (UNI), Javier Pares, dieron un giro de 180 grados en sus posiciones sobre el Código.	En este conversatorio el presidente del CNU, manifestó que las penas máximas deben mantenerse en 6 años; y que el Código no genera ‘impunidad, sino su aplicación’; el académico Pares, fue más explicito afirmando que “al inicio del asesinato Evans Ponce hicimos planteamientos apresurados”, pero que después de estudiar el CNA “hemos tomado distancia de los anteproyecto de ‘mano dura’ de algunos diputados”. Dichos planteamientos instantáneamente provocaron aplausos eufóricos de jueces de adolescentes, funcionarios del Ministerio Público y principalmente organismos de la sociedad civil.	La nueva posición del CNU en torno al Código obliga a preguntarnos ¿a qué obedece ese giro de timón de lo ortodoxo a un discurso más pro derechos humanos de los adolescentes? ¿Realmente se trata de una posición convincente? Hasta ahora ese cambio de posición tiene solo una posible lectura, y obedece precisamente al contexto de las elecciones presidenciales. Se trata de una posición con cálculos políticos y eso es lo peligroso del tema, puesto que una vez finalizada las elecciones quién garantiza que el CNU regrese a sus planteamientos de ‘mano dura’.	¿Se ha politizado el Código? La señal más visible es el vínculo del presidente del CNU como asesor del presidente Ortega. ¡Números son números! Históricamente adolescentes y jóvenes han constituido  el principal grueso de la ciudadanía que acude a las urnas. Al final el partido de gobierno se ha dado cuenta que en este contexto ir contra una eventual reforma al Código en términos de ‘mano dura’ sería atentar su simpatía con esa gran cantidad de adolescentes que en noviembre, por primera vez ejercerán su derecho al voto. A ello hay que añadirle que este segmento poblacional constituye la principal base política de la Juventud Sandinista.	A diferencia de las elecciones de 2006 cuando la posición del FSLN fue categoricamente en relación a la penalización del aborto terapéutico, la lógica con el Código ha sido a la inversa. Actualmente en el parlamento la posición del partido de gobierno en relación al Código ha sido tímida lo cual ratifica que el partido de gobierno evita a toda costa meter ruido ante este principal mercado electoral (adolescentes).	Hasta ahora públicamente la nueva posición del CNU ha sido tímida, únicamente se ha conocido por El Nuevo Diario (Edith Pineda/1/09/2011). ¿Por qué la nueva posición del CNU de cero ‘política de mano dura’ no ha sido masiva ni agresiva en términos de comunicación como cuando pedían aumentar las sanciones? ¿Qué estará esperando el CNU para dar a conocer públicamente su nueva posición? ¿Tendrá el CNU algún temor de perder credibilidad de sus aliados?	En el presente debate el ingeniero Telémaco Talavera, también pone en juego sus criterios como científico y político. Sus diversos sombreros lo han llevado a mostrar posiciones dualistas en relación al tema. Aunque hasta ahora un buen indicador de coherencia fue haber ratificado en el informe sobre el Foro del CNA, el no ampliar las penas contra los adolescentes infractores. Documento que fue enviado a la Comisión Especial de la Asamblea Nacional.	El hecho que el CNU haya flexibilizado su posición ante el CNA, da la pauta que los medios retomen con más ahínco la discusión. De momento solo El Nuevo Diario (Martha Vásquez, Rafael Lara y Edith Pineda) han mantenido este asunto en agenda. Independientemente de que los políticos evadan hablar del Código, parte de los compromisos de los medios en relación a los derechos humanos de la niñez y adolescencia deber ser ir a fondo en el tema.	En lo personal aunque celebro que se mantenga las penas, a todas luces detrás de ese cambio de santo y seña del CNU hay todo un cálculo político. Para despejar dudas sería sano que esta institución aclarare públicamente las razones de por qué ha decido que se mantenga las sanciones en 6 años.