Lubia Sasvin Pérez, su ex novia, lo había dejado un mes antes, huyendo de su violento mal genio y refugiándose en casa de sus padres, en Jalapa, en el sur de Guatemala. Con cinco meses de embarazo, la joven de 16 años temía perder al niño a causa de la ira de él.	Pero en lugar de enfrentar las penas más severas destinadas a detener esos crímenes en Guatemala, Ramírez sólo recibió una condena de cuatro años en prisión. Más de tres años después del ataque, será liberado la próxima primavera, tal vez antes. Bajo las leyes guatemaltecas, Ramírez tiene derecho de visitar a su hijo tras salir de prisión, de acuerdo con funcionarios judiciales en Guatemala.	La perspectiva de su regreso sacudió a la familia al grado de que el padre de Sasvin Pérez, quien sobrevivió al ataque del 2015, vendió su casa y usó el dinero para pagarle a un coyote para ir a Estados Unidos. Ahorita vive en las afueras de San Francisco y tiene sus esperanzas puestas en obtener asilo para salvaguardar a su familia.	Para obtener asilo en Estados Unidos, los solicitantes deben presentar evidencia específica de que son víctimas de persecución en su país natal por motivos como su raza, religión, afiliación política o por pertenecer a un grupo social específico. El año pasado, el ex Procurador General Jeff Sessions cuestionó si las mujeres que huyen de la violencia doméstica pueden ser miembros de un grupo social, anulando una práctica común en los tribunales de asilo. En julio, el nuevo Procurador General, William P. Barr, fue más lejos, haciendo más difícil también que las familias califiquen como grupos sociales.	La inmensa mayoría de los feminicidios en la región nunca se resuelve. En Guatemala, sólo cerca del 6 por ciento resulta en condenas judiciales. Y en las raras ocasiones en que así sucede, como en el caso de Sasvin Pérez, no siempre se procesan con todo el peso de la ley.	Los 6 mil 500 dólares que obtuvo eran suficientes para comprar pasajes para él y su hija menor, que entonces tenía 12 años. Esperaba alcanzar a sus dos hijos en California. Con suerte podría encontrar trabajo, mantener a las niñas en Guatemala y lograr que le dieran asilo a toda la familia.	Sasvin Domínguez dijo que él y su hija pasaron cuatro días en Texas, en un centro de detención sin ventanas. Cuando los liberaron ese mismo noviembre, a Sasvin Domínguez le colocaron un grillete electrónico de monitoreo en el tobillo y le dijeron que tenía que reportarse con las autoridades migratorias de San Francisco, donde podía iniciar el largo proceso de la solicitud de asilo.