Se trata de la modificación a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del poder Ejecutivo, que le permite a Daniel Ortega nombrar más ministros y más viceministros adjuntos en una institución, y la reforma a la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, que permite a este poder del Estado trasladar a otros diputados las funciones de los legisladores sancionados, como es el caso de Porras, quien al aprobarse las reformas este sábado quedó como una figura desprovista de poderes.	La reforma a la Ley 606 lo que hace es trasladar las funciones del Presidente de la Asamblea al Primer Secretario de la Junta Directiva, en este caso la también fiel y leal orteguista Loria Raquel Dixon, quien de ahora en adelante será quien firme las leyes aprobadas, resoluciones, decretos y declaraciones.	Las sanciones de Estados Unidos implican la “muerte financiera” porque incluyen el bloqueo de activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, de propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas, y penalidades económicas, sanciones similares a la Global Magnitsky Act, con la que fue sancionado inicialmente Roberto Rivas Reyes, expresidente del CSE, en diciembre de 2017.	Estados Unidos ha impuesto sanciones a once funcionarios orteguistas señalados de corrupción y violación a los derechos humanos, en el contexto de represión contra las protestas civiles. Además de Porras, entre los sancionados también está la primera dama y cogobernante de Ortega, Rosario Murillo, su hijo y asesor Laureano Ortega; su consuegro y jefe de la Policía, Francisco Díaz.