La Ley de Amnistía es rechazada por partidos opositores en Nicaragua y organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh), porque consideran que dejaría en la impunidad los crímenes en contra de los manifestantes por el uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones.