Miembro de la opositora Alianza Cívica, exdiplomáticos y expresidentes consideraron que la claridad de los abusos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la población expuestos en el informe de la Comisión de Alto nivel diplomático de la Organización de Estados Americanos (OEA), dan armas jurídicas a la comunidad internacional para reaccionar en correspondencia a la gravedad de la «ruptura del orden constitucional en Nicaragua», como se sostiene en el reporte.	El miembro de la Alianza Cívica, Mario Arana y el exembajador de Nicaragua en la OEA, Edgard Parrales, coincidieron en que las evidencias de la represión de Ortega y Murillo contra la población lo exponen como un régimen sin legimitidad, lo cual acerca la posibilidad de que se suspenda al país como miembro de ese foro, basándose en que la ruptura del orden democrático contraviene la Carta Democrática Interamericana.	«Es un informe claro y contundente en el sentido que evidencia el resquebrajamiento del estado de derecho y plantea un problema de legitimidad del ejercicio democrático en Nicaragua, porque está demostrado que no hay un balance de poder, que no hay libertades ciudadanas y que las (próximas) elecciones no se considerarían limpias», afirmó Arana.	Parrales y Arana resaltaron el peso del informe por cuanto al ser elaborado directamente por un equipo especial nombrado por el Consejo Permanente de la OEA, las evidencias no pueden ser objetadas por los gobiernos, y más bien la expectativa es que aquellos países que hasta ahora se han abstenido en apoyar las resoluciones condenatorias contra los abusos del régimen Ortega y Murillo, cambien de posición y respalden las futuras decisiones para presionar a la dictadura a cesar la represión y optar por la salida dialogada y pacífica a la crisis.	El informe de la Comisión de Alto nivel recoge testimonios de las víctimas de la represión, permitiendo concluir que el régimen ha impuesto un patrón para coartar los derechos de los nicaragüenses a través del «hostigamiento e intimidación constantes, restricciones a los derechos políticos, a libertad de prensa, a libertad de expresión, al derecho a la libertad personal y el trato humano».	Los testimonios la obtuvieron los representes de Paraguay, Argentina, Canadá, Estados Unidos y Jamaica-integrantes de la Comisión- conversando con parte de los familiares de las víctimas de la represión, excarcelados políticos, empresarios, campesinos, estudiantes y organismos defensores de derechos humanos nicaragüenses en El Salvador y Washington, DC, Estados Unidos, debido a que el régimen les prohibió entrar a Nicaragua.	Alegando «injerencismo» en los asuntos internos del país, los funcionarios orteguistas se negaron a conversar con la Comisión de la OEA en una claro enfrentamiento con el organismo, cuya Asamblea General dio el mandato de buscar una salida negociada pacífica y negociada a la crisis sociopolítica en la que está sumergido el país desde abril del 2018.	«Definitivamente pone contra las cuerdas a Ortega. Lo importante es que ahora es el Consejo Permanente, a través de un órgano interno, que rinde el informe a los gobiernos y pienso que al ser de esta manera, puede tener el efecto positivo en aquellos países que estaban dudosos y en abstención. Al ser un reporte del Consejo, es posible que se decidan votar a favor de acciones de presión, que puede ser la suspensión de Nicaragua de la OEA», dijo el exembajador Parrales.	Para que se aplique el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a Nicaragua de la OEA, se necesitan 24 votos de los 34 Estados miembros. Lo máximo que se han logrado para apoyar las resoluciones de condena a la represión orteguista en la  OEA han sido 20 votos.	«En la forma expresa (el informe) no dice que se debe suspender a Nicaragua por la ruptura del orden constitucional, sino que le deja en manos de la Asamblea General que tome la decisión conveniente. Yo esperaría que en la Asamblea, viendo la contundencia del informe, decida que han agotado el último esfuerzo para ayudar a encontrar una solución pacífica a la crisis en Nicaragua y ante la negativa del gobierno de cesar las violaciones a los derechos humanos, no queda otro camino que aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática», expresó Parrales.	Argentina ha sido uno de los gobiernos que han liderado las acciones en la OEA para denunciar la represión de Ortega y Murillo contra los nicaragüenses, pero ese apoyo se perdería con el triunfo de Alberto Fernández, (de tendencia izquierda) quien asume la Presidencia en Argentina el próximo 10 de diciembre.	Además, se sumaría  Guatemala donde el conservador Alejandro Giammattei asumirá como presidente el próximo 14 de enero del 2020. Parrales espera que varios estados de las islas caribeñas que hasta ahora se han abstenido cambien su posición a favor de lo que plantea el informe sobre la grave crisis de derechos humanos y ruptura del orden constitucional en Nicaragua.	Arana, quien es presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), valoró que las recomendaciones de la Comisión especial «son la pista de aterrizaje» para salir de la crisis sociopolítica, por lo que se esperaría que el régimen «si quiere ser inteligente» deberá aceptarla, pero que si ignora, arriesga al país a un aumento de la confrontación de la sociedad.	«Sí hay un riesgo,  porque él (Ortega) está ejerciendo represión como su estrategia fundamental para seguir en el gobierno y trágicamente ese camino puede llevar a una confrontación mayor entre la población. El informe tan claro de los abusos que cometen las fuerzas del gobierno demuestra que la estrategia de que la comunidad internacional se olvide a Nicaragua no le ha funcionado», afirmó Arana.	Otros de los planteamientos es la exigencia de que se permita el retorno del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH y del equipo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), ambos expulsados por la dictadura en diciembre pasado por sus demoledores reportes que documentan los crímenes considerados de delitos de lesa humanidad.	Así mismo se plantea la importancia de que debe priorizarse la aplicación del acuerdo firmado por el régimen de Ortega con la OEA en 2017 para realizar cambios en el sistema político y electoral que devuelvan la independencia a al poder electoral, se garanticen elecciones transparentes y que puedan cuenten con la observación internacional y nacional de credibilidad.	El miembro de la AC sin embargo ve menos viable, al menos en el corto plazo, que la Asamblea General de cancilleres decida la suspensión de Nicaragua como miembro de la OEA. Pero en la oposición están convencidos de que la Unión Europea se sumará con sanciones dirigidas a funcionarios del régimen en la presión de la comunidad internacional.	«No parecería ser que por ahí van los pasos (suspender al país de la OEA), pero es posible que la Asamblea General de la OEA puede constituir una comisión de más alto de nivel de cancilleres o plantear a la Secretaría General que intervenga directamente con gestiones para conseguir que el Gobierno cese la represión y se siente a dialogar para darle una salida a la crisis, que ya es insostenible», afirmó Arana.	«El paro nacional está siendo examinado y consultado en varios frentes hay un recrudecimiento de la situación que está afectando a todo. Hay más presos políticos, madres de presos en huelga de hambre siendo atacadas, la profanación de las parroquias…son graves violaciones. La población está reclamando acciones y la Alianza está escuchando a todos los sectores porque no se trata de dejar que cosas como estas ocurran sin ninguna consecuencias. Debemos reaccionar si no queremos que se siga profundizando la crisis y lograr que se restituyan todos los derechos ciudadanos», afirmó Arana.