La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) contabilizó -hasta julio- dos casos de desaparecidos en el contexto de las protestas sociales contra de la dictadura de Daniel Ortega, mientras que la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) registró siete desapariciones durante el primer semestre de este año. Ambas partes señalan que estas cifras pueden ser más debido a que las familias tienen temor en denunciar y que haya cualquier tipo de represalias por parte del régimen orteguista.	Este viernes, que se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la ONU ha señalado que las desapariciones forzadas en un principio fueron a causa de las dictaduras militares, pero hoy en día se deben a situaciones de conflicto interno, y son utilizadas como método de represión política de los oponentes.	El régimen orteguista aumentó su represión en contra del pueblo nicaragüense desde el inicio de las protestas sociales en abril de 2018, lo que desencadenó una crisis sociopolítica y ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH), 126 presos políticos y más de 60 mil exiliados. Además, la Policía Orteguista, el brazo represor de Ortega, mantiene un constante asedio y persecución contra de autoconvocados  y excarcelados políticos.	Ervin Gallo Salgado, originario de León, cumplió el 6 de julio un año desaparecido, desde que policías y parapolicías lo secuestraron del tranque La Pintora, ubicado sobre la carretera León-Chinandega, en el 2018 y a la fecha no le han querido decir dónde lo dejaron, denunció su mamá Esperanza Salgado.	Karla Sequiera, abogada y defensora de derechos humanos de la CPDH, afirmó que desde que inició la crisis sociopolítica, los meses de junio, julio y agosto de 2018 es cuando más se reportaron denuncias de desapariciones. «Para esos meses se capturaban en masas, sobre todo con la Operación Limpieza (del régimen). Existió muchas desapariciones forzadas, personas que se encontraban en los tranques de los departamentos y sus familiares no sabían de su detención», dijo Sequeira.	«Exhorto a los Estados a que hagan más para prevenir las desapariciones forzadas y llevar ante la justicia a los responsables. Con este fin, insto a los países a que cooperen plenamente con los mecanismos de las Naciones Unidas. Insto también a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que firmen o ratifiquen la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, o se adhieran a ella», expresó	El organismo internacional también destacó que las desapariciones forzadas conllevan al acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada; el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones, y la impunidad por la práctica de la desaparición forzada. Ante este panorama, la ONU declaró que es «motivo de especial preocupación».