No hay reglas mínimas ni máximas. Hay reglas. La independencia del juez se basa en que el juez solamente está sometido al imperio de la ley. Es decir, solamente está sometido a la voluntad popular: la ley. No tiene mandato político, ni mayor imperativo, ni se le puede obligar a interpretar o dejar de interpretar, a aplicar o dejar de aplicar una determinada norma.	Eso requiere que el poder político que los nombra, como los jueces que son otro poder político, son el tercer poder del Estado, sean conscientes de las funciones que tienen. Alguien tiene que nombrar a los jueces, no nacen silvestremente, no son plantas que nazcan en el bosque. Tiene que haber un sistema de selección de los jueces, por concurso público, como lo es en Europa, o el sistema americano por designación política. No hay sistemas buenos ni malos. Hay sistemas que cumplen su función y otros que no. En Estados Unidos los jueces están nombrados por decisión política y no plantean problemas. El que nombra y el que asume la función debe estar claro de que su función sólo es juzgar y no rendir pleitesía a quien los ha nombrado.	Porque si el juez sabe que sea cual sea el contenido de su resolución, no será presionado, es la garantía de su acción. Todas las leyes están llenas de buenas intenciones, lo que hay que hacer es que esas declaraciones de principios tengan los mecanismos necesarios para que hagamos el bien.	Que un juez no puede ser ni cesado, ni trasladado. La inamovilidad sería ficticia si a un juez que está en un determinado departamento o en un tribunal, en una determinada sala, -como a mí no me gusta- lo cambio de sala o de departamento. No pierde su categoría ni empleo de juez, incluso puede ser un ascenso; eso es contrario a la independencia, porque el juez ha de moverse y debe tener su carrera profesional dentro de los parámetros exclusivos que marque la ley.	Eso va contra la existencia del Poder Judicial. Si el juez no es independiente no es poder. Es una oficina. Puede existir el Poder Judicial sólo con jueces independientes, sometidos únicamente al imperio de la ley, y además que sean responsables, que no esté mediatizado nada más que por la ley, ni siquiera a sus íntimas creencias personales. Porque la otra cara de la moneda es que si el juez mete la pata, tiene que responder por ello, penal o disciplinariamente. Pero todo en un procedimiento legal en el que el poder político no tenga absolutamente nada que ver.	El traslado como tal no existe, salvo que lo pida el juez. El traslado forzoso es consecuencia de un expediente administrativo en el que el poder ejecutivo no tiene nada que ver, lo lleva el Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional que contiene todas las garantías y está pensado para defender la independencia judicial. Es la Comisión Disciplinaria la que examina una denuncia formal a un juez conforme a un catálogo de infracciones que establece la Ley, no conforme a ningún reglamento, sino una Ley aprobada en el parlamento, porque aquí no hay nada reglamentario. Si pierde la plaza es consecuencia de una sanción de suspensión de seis meses y un día, a partir de lo cual se pierde la plaza y entonces tiene que volver a concursar.	Los tipos que establece la Ley son los que hay: retraso en la administración de justicia, desatención, olvido de plazos procesales, de modo que se establecen sanciones leves, graves o muy graves, que pueden acarrear la cesación del servicio. Esto implica un proceso en el que el juez tiene todo el derecho a defenderse. Lo que decida el Consejo General es revisado por el tribunal supremo y en su caso sería revisado por el Tribunal Constitucional.	El juez es un poder del Estado, que decide: “Tú vete allí” (a la cárcel). Hay pocos poderes que pueden hacer eso: decir que hay que indemnizar a un ciudadano, divorciar a una persona, en fin, el Poder Judicial es un poder político. Decide sobre la vida y hacienda de las personas, y sobre la relación del Estado con los ciudadanos. La única forma que esto funcione bien es que tiene que estar regulado por la ley y controlado por los tribunales, puede haber errores y la prensa en este contexto puede ayudar a denunciar casos de mal funcionamiento, claro que sí.	Ha existido siempre. Hay una frase de un jurisconsulto español del siglo XIX: “Sagrada es la causa del Estado, no lo es menos la de los Derechos Individuales”. El Estado no tiene que vencer por ser Estado, ni el individuo tiene que vencer por ser individuo. Hay que ponderar caso por caso a donde vamos.	Por causa de delito grave. No por cualquier delito. Por orden judicial, debidamente motivada, no una orden en blanco, por un período de tiempo determinado y si la Policía o el Fiscal necesitan más tiempo, tienen que volverlo a pedir. Y hay que volver a motivarlo. Y al final, esas escuchas enteras –tanto las relevantes como las no relevantes- pues el narcotraficante puede llamar a sus hijos a casa para decirle que hagan las tareas del colegio, todas las conversaciones tienen que aportarse a la causa y la segregación de las relevantes y no relevantes, así como su autenticidad, hay que dilucidarlas en el juicio.	Eso es Derecho Penal del enemigo, eso es absolutamente inadmisible. En España, y ahora perdone que me ponga una medalla, en España se ha hecho el juicio del 11-M, un atentado terrorífico que nos quedamos todos “groggy”, como si hubiera recibido una lluvia de “punch”, una conmoción terrorífica. No ha habido que modificar en España una sola ley. Se han seguido los procedimientos habituales y es más, ha habido absoluciones que han sido criticadas en Estados Unidos, porque el juez ha creído que no ha habido pruebas suficientes del caso. A uno por el que pedían cuarenta mil años lo han absuelto. El juez no encontró pruebas suficientes. Y se ha hecho lo que se ha tenido que hacer, el Estado ha puesto todos los medios materiales para los juicios. El caso de Guantánamo es una auténtica aberración jurídica, un abuso de poder absoluto, indigno de un país tan grande como Estados Unidos.	Claro. ¿Qué hace un policía con cuatro delincuentes? Eso va a acabar mal, seguro. Debe ser al revés: cuatro contra uno, no uno contra cuatro. Hay que dotar más las patrullas, que un compañero cubra al otro. Muchas veces no es cuestión de ley. Es una cuestión de medios y de formación. Si yo, por ejemplo, doto de material antidisturbios a la Policía y no le enseño a manejarlo y cómo se afronta una manifestación, de qué le va a servir, van a acabar a tiros, con muertos, como acaban muchas veces las manifestaciones. Pero si tengo una Policía con medios, con formación y han estudiado bien los flancos débiles y fuertes del camino y los tienen controlados, no habrá ninguna lesión grave en la integridad física de las personas.	Le plantea un reto que debe asumir con vergüenza. Basta ya de recurrir al Derecho Penal. No pensemos más en Derecho Penal. La delincuencia, la inseguridad no se combate con más Derecho Penal. Se combate con políticas sociales en los casos de América Latina donde la inseguridad tiene una base en la pobreza, hay que erradicar los focos intolerables, inhumanos e indignos de pobreza, que los conocemos todos. Y aumentar la educación como mínimo de los seis a los 16 años. Y combatir a lo inmediato la delincuencia de hoy. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y tiene que dotar de medios necesarios, que no sean la simple brutalidad, a los medios policiales y de medios a los jueces, fiscales y prisiones, para poder ejecutar las sentencias. No cambiemos más la leyes: invirtamos en políticas sociales y en políticas de seguridad.