La inestabilidad sociopolítica por la brutal represión de la dictadura de Daniel Ortega contra las manifestaciones ciudadanas que iniciaron en abril ante las reformas a la seguridad social —que entonces derogó—, ha causado una crisis económica, golpeando fuertemente a los agentes productivos, turísticos, comerciales, exportadores y del sector financiero. LA PRENSA/ARCHIVO	Ante la crisis sociopolítica de más de nueve meses en Nicaragua que ha provocado un profundo deterioro de la economía, las empresas no consiguen financiamiento en el sistema financiero local ni en el mercado externo, y la situación empeora con la salida de capital hacia el exterior, afirmaron representantes de Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).	El vicepresidente del Cosep, Sergio Maltez, y Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), a su vez reiteraron que el paquetazo de las reformas fiscales y de la seguridad social de la dictadura orteguista están empeorando el riesgo país —de por sí sumamente dañado por la inestabilidad política—, provocando el cierre del poco financiamiento externo que aún quedaba al sector privado nicaragüense.	No obstante, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides) estimó que la recesión económica ocasionará que el Producto Interno Bruto (PIB) caiga entre 7.3 y 10.9 por ciento en 2019, como efecto de las políticas económicas erróneas de la dictadura y las sanciones del Gobierno de EE. UU.	Maltez y Jacoby dijeron que de insistir la dictadura en su paquetazo fiscal y de la seguridad social hará que “en pocos meses” más empresas cierren debido a la descapitalización de sus finanzas por el aumento del pago de impuestos, la caída del consumo, la falta de crédito y de inversiones.	“Es difícil saber cuánto tiempo vas a sobrevivir, porque no sabés si vas a contar con el crédito, además el consumo está disminuyendo y si entra este tipo de reformas que ya dijimos que son confiscatorias y que no son sostenibles, hablamos de pocos meses que las empresas aguanten”, afirmó Maltez.	A la vez, el régimen busca recaudar en el presente año 10,168.6 millones de córdobas (unos 317 millones de dólares) reduciendo algunas exoneraciones, aumentando la alícuota a la mayoría de materias primas para la producción, así como gravando alrededor del 70 por ciento de los productos de la canasta básica.Jacoby aseveró que es “difícil estimar cuántos despidos habrán en un futuro inmediato” como efecto de las medidas tributarias y a la seguridad social, pero afirmó que será inevitable que más nicaragüenses pierdan sus empleos.	Maltez, también presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), dijo que el cálculo es que la reforma tributaria elevará en un 17 por ciento los costos de la mano de obra en la industria formal, no siendo sostenible para las empresas que serían forzadas a reducir los costos con el despido de personal.	Los presidentes de Cadin y de APEN dijeron que como cámaras del Cosep no acudieron a la “consulta” de las reformas fiscales que se montó en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, precisamente porque ese no es el foro donde se darán soluciones políticas a la crisis del país.