Desde el 18 de abril a junio de 2019, diversas voces nacionales e internacionales han puesto la mira en el accionar del Ministerio Público bajo control de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estos organismos han detectado al menos 10 acciones que los fiscales han realizado para condenar a los manifestantes y opositores al régimen.	Uno de los abogados penalistas consultados por LA PRENSA para este análisis ejemplificó la relación de estos tres operadores de la justicia de la siguiente manera: “la Policía Orteguista caza a los opositores, la Fiscalía lleva la cuerda y la ceba para que el juez la jale y cuelgue a los acusados”.	En el caso del GIEI, en su informe de diciembre de 2018, sobre los hechos ocurridos en Nicaragua entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, detectó que de 109 muertes cometidas en esa fecha, solo nueve fueron judicializadas y de estas, seis casos correspondían a víctimas ligadas al régimen.	en base a los expedientes: cuatro casos de secuestros y 11 de casos de criminalización de las protestas sociales. El informe de investigación se denomina “Nicaragua: secuestro y criminalización de manifestantes a partir de abril de 2018” y revela  detalladamente las violaciones de derechos y garantías constitucionales tanto de la Policía Orteguista, como del Sistema Judicial y de los fiscales del Ministerio Público.	Aquí la táctica penal de los fiscales es simple: “los tipos penales especiales como terrorismo y crimen organizado se utilizan para solicitar la figura de tramitación compleja y con ello ampliar los plazos de duración del proceso, por lo cual la Policía bajo la excusa de seguir investigando los puede mantener preso indefinidamente por imperativo de la ley”.	Según el análisis de los abogados penalistas, la invocación de la ley 977 contra los presos políticos llama a la utilización de la ley 735 “Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados”, la cual permite que se usen las figuras del	De acuerdo a los abogados de Acción Penal, “es una grave arbitrariedad no investigar los casos de las muertes acaecidas desde abril de 2018 cuando existan sospechas o evidencias notorias de la participación de la policía y grupos paramilitares. Los casos de miles de lesionados, las denuncias de tortura, los delitos de secuestro, los delitos sexuales, los daños y perjuicio patrimonial como la quema de Radio Darío…”.	“No es exclusivo de la Policía determinar qué se investiga y qué no, la Fiscalía puede armar la denuncia y pedir a la Policía investigación, el Ministerio Público estaba en deber de hacer una investigación oficiosa sin que hubiera necesidad de una denuncia formal, bastaba su conocimiento de un hecho para iniciar de oficio una investigación formal, sobre todo cuando hay muertes violentas y evidentes daños a la propiedad”, dicen los expertos.	El joven no solo recibió un balazo de arma de fuego en una protesta, sino que se le negó atención médica en el Hospital Cruz Azul y hasta la fecha se desconoce públicamente si la Fiscalía abrió una investigación formal y la desechó o simplemente omitió el deber de perseguir este delito de conocimiento público.	Tanto las investigaciones del GIEI como las de Acción Penal y los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH, denunciaron la utilización de la fiscalía de empleados públicos, miembros del partido de gobierno Frente Sandinista y Policías Orteguistas como testigos contra personas criminalizadas por ser opositores al régimen.	Cuando los expertos en derecho penal hablan del sesgo del Ministerio Público en el trato hacia los supuestos delitos de los manifestantes antigubernamentales y el trato cómplice hacia los crímenes de policías y paramilitares, detectan dos comportamientos: a los “azul y blanco” les maximizan los delitos achacados y a los rojinegros se les minimizan.	Los expertos de Acción Penal achacan, también, a los fiscales una actitud deshumanizada ante las evidencias de abusos contra los reos políticos y normalizaron “prisión preventiva” contra los reos políticos, pese a que en la mayoría de los casos no habían evidencias de comportamientos delictivos, antecedentes penales o conductas peligrosas de los acusados.	Un caso simbólico de este comportamiento de la Fiscalía fue el de los campesinos Medardo Mairena y Pedro Pena, quienes fueron declarados culpables por los delitos de crimen organizado, terrorismo, asesinato de cinco personas, cuatro de ellas policías, en Morrito, Río San Juan; robo agravado y entorpecimiento de servicios públicos y daños agravados por la justicia del régimen orteguista.