Sectores opositores, entre ellos diputados liberales y miembros de la Alianza Cívica (AC) consideran que la reforma a la Ley de Estabilidad Energética en donde se autoriza a la distribuidora de energía eléctrica a usar las facturas en mora para embargar y judicializar a los usuarios deudores, se suma a una serie de medidas con las que el dictador Daniel Ortega «criminaliza la pobreza» y demuestra «indolencia» ante la dificultades de la economía familiar, golpeada por la crisis económica debido a la inestabilidad política y social causada por su negativa a restablecer el diálogo con la oposición.	Por el control que ejerce el orteguismo en la Asamblea lo que se espera es que en la Comisión de Servicios Públicos solo se escuche a los ministros de Energía y al presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), pero no se invitarían a los representantes de la distribuidora Disnorte-Dissur para que explique cuál es la situación de sostenibilidad de la empresa.	El jurista y miembro de la Alianza Cívica, José Pallais, acusó al dictador Ortega de «criminalizar la pobreza» con la reforma a la Ley de Estabilidad Energética «porque se piensa en que la población está pasando una situación económica muy difícil» debido al galopante desempleo, causado por la crisis sociopolítica que existe desde abril del 2018, las reformas fiscales y a la seguridad social aprobadas en 2019 por la dictadura.	Por su parte la diputada liberal y exministra de Comercio, Azucena Castillo, consideró que todas las medidas económicas aprobadas por el régimen en detrimento de los sectores sociales más desprotegidos, son la prueba de que el discurso de Ortega de que es un gobierno que piensa en los pobres «es puro populismo», puesto que sus medidas lo que generan son más pobres.	«No se está teniendo compasión por el pueblo de Nicaragua y se quiere sacar lágrimas de una piedra porque esta medida golpea sin piedad los hogares. Aquí se está diciendo que las deudas por la factura de energía sean suficiente para confiscar o embargar los salarios, sus vehículos, sus televisores y todos sus bienes», denunció la diputada Castillo.	Castillo recordó que la recesión económica que por segundo año golpea a Nicaragua es lo que causa que los ingresos en los hogares no ajusten para pagar las necesidades familiares, lo cual se está reflejando en que hay un aumento de las deudas por los servicios de energía, pero también en el microcédito y crédito bancario.	Aunque la propuesta de Ortega elimina al INE en su facultad para resolver los reclamos de los clientes cuando estén en desacuerdo con el cobro por el servicio de energía de parte de Disnorte-Dissur, el diputado orteguista Wilfredo Navarro prometió que recibirán el texto para mantener esa potestad al ente regulador.	Sin embargo Navarro defendió las medidas contra los morosos de la distribuidora, aunque aseguró que antes de que se les embargue, deben agotarse las vías administrativas. «Eso se presume porque están contenidos en los reglamentos del INE. Pero cuando revisemos eso (la propuesta de reforma) vamos a constatar que se mantenga. Si no es así, vamos a agregarlo», aseguró Navarro.	«Cualquiera puede tener un documento en mora. Si yo te firmé un pagaré o una letra de cambio y no te pago a tiempo, se hacen los reclamos correspondiente en la vía administrativa y se llenan los requisitos prejudiciales y vas a la demanda», expresó el orteguista Navarro para defender las medidas del régimen.	«Vos vas (con el reclamo) a la primera instancia que es distribuidora, y debe quedar claro que inmediatamente presentas el reclamo en la empresa se suspende el plazo de ejecución por cobro. Si la distribuidora te dice que no tenés razón, entonces tenés derecho (como cliente) a recurrir ante el INE. Si en el INE te rechaza el recurso ahí acaba la vía administrativa, pero también podés recurrir de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Hasta que se agote esas vías es que se puede hacer exigirle esas facturas (para hacer el embargo al cliente)», según la explicación de Navarro.	Sin embargo los consumidores están en desventaja contra la distribuidor de energía debido a que el régimen de Ortega a través del Ministerio de Energía aprobó el 5 de abril del 2019, una reforma a la normativa del servicio eléctrico, que establece que los usuarios que introduzcan reclamos de sus facturas eléctricas en Disnorte- Dissur y en primera instancia pierdan el caso, y para continuar el proceso de sus quejas deberán pagar una  parte del saldo en reclamo con base al promedio consumo de los últimos seis meses.