El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución de enérgica condena al régimen orteguista titulada “Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua”. Por otra parte, el mismo jueves 21 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que ha incluido a Nicaragua en la lista negra de países de las Américas donde la violación de los derechos humanos se practica como política de Estado, deliberada y sistemática.	Esta es la primera vez que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condena a un gobierno de Nicaragua por ese grave delito internacional. Ni siquiera la dictadura somocista, y tampoco la dictadura sandinista de los años ochenta, fueron condenadas por ese organismo de la ONU a pesar de que ambos regímenes fueron denunciadas como violadores de los derechos humanos.	En cuanto a la CIDH, este organismo de la OEA que en 1993 había excluido a Nicaragua de la lista negra que integran los países donde más se violan los derechos humanos, ahora lo ha incluido de nuevo para que acompañe a las dictaduras de Cuba y Venezuela, los únicos otros dos países que están en esa lista abominable.	Algunas personas lamentan que Nicaragua sea calificado internacionalmente como un país violador de los derechos humanos. Pero no es el país el calificado de esa manera deshonrosa, sino el régimen dictatorial de Daniel Ortega, el cual no representa a todos los nicaragüenses, ni siquiera a la mayoría, solo a los integrantes de sus cuerpos represivos y a sus fanáticos políticos.	El artículo 150 de la Constitución dice en su inciso 2 que el presidente de la República representa a la nación, o sea a Nicaragua. Pero un presidente que ha violado la Constitución y la irrespeta cuantas veces quiere para favorecer sus intereses políticos particulares, no puede ser un gobernante legítimo y por lo tanto no tiene autoridad política, jurídica ni moral para ejercer esa digna representación.	No puede ser legítimo un presidente o gobernante que ante las protestas de los ciudadanos y la petición de que renuncie al poder, para que se pueda reconstruir la democracia y el Estado de derecho en el país, responde con una represión criminal que ha dejado más de 300 personas muertas y miles de heridos, desaparecidos, exiliados y encarcelados.	De manera que no es a Nicaragua, a la nación, a los nicaragüenses, que condenan los organismos internacionales de derechos humanos. Es a la dictadura de Daniel Ortega que la comunidad democrática internacional ha puesto en la picota y la ha sancionado, por sus horrorosas violaciones a los derechos humanos y a las reglas y principios fundamentales de la convivencia civilizada, democrática y pacífica.