La realización del Examen Periódico Universal (EPU), será fundamental para que el Gobierno de Nicaragua de muestras de voluntad de querer superar la crisis política que el país experimenta desde hace un año, señala el más reciente boletín de abril que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones (Oacnudh), divulgó este sábado.“El 15 de mayo de 2019, la situación de los derechos humanos en Nicaragua será revisada, por tercera vez, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humano. Esto brindará al Gobierno la oportunidad de proporcionar información sobre las medidas adoptadas para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, y a otros Estados la oportunidad de formular preguntas y recomendaciones a través de un diálogo interactivo”, indica el boletín.	De acuerdo al boletín, durante el mes de abril las autoridades policiales de Nicaragua continuaron implementando medidas represivas contra la ciudadanía del país, y criminalizando las manifestaciones contra el Gobierno. Oacnudh señala que  en el contexto del primer aniversario del inicio de las protestas en Nicaragua, en varias ciudades del país y pese a continuar prohibidas y al asedio policial, se realizaron varias movilizaciones de ciudadanos, inclusive algunas se unieron a las procesiones de Semana Santa.	“En este contexto, se reportaron nuevos patrones de violaciones de derechos humanos: en diferentes ciudades, la policía arrestó a manifestantes - algunos de los cuales fueron presuntamente golpeados y amenazados – y, al cabo de unas horas, se los puso en libertad, sin haberlos trasladado a un centro de detención”, señala el boletín de Oacnudh.	Manifestante que denunció torturas es recapturado y luego liberadoAsí mismo, la información recopilada por el organismo internacional destaca que aunque el Gobierno ha excarcelado a manifestantes arrestados en el contexto de las protestas de 2018, estas liberaciones se realizaron sin respetar lo acordado con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.	La publicación, señala además la negativa de las autoridades a las dos solitudes que la Unidad Nacional Azul y Blanco realizó a la policía para efectuar dos marchas (6 y 17 de abril), en ambos casos el permiso fue negado.También subraya las sanciones que el Gobierno de Estados Unidos impuso a título personal contra Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, sanciones que también fueron aplicadas al Banco Corporativo Bancorp, que actualmente está en disolución.	Así mismo menciona la solicitud que el Sub Comité de Acreditación, de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI por su acrónimo en inglés), hizo para que se degradara la categoría de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de Nicaragua de "A" a "B", por considerar que no había independencia en sus funciones; la resolución fue impugnada por la institución nicaragüense.También las sesiones que celebró la Organizaciones de Estados Americano (5 y 26 de abril) en los que se abordó la crisis nicaragüense con miras a aplicar el Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.	Así mismo, el boletín de Oacnudh menciona la petición realizada por un grupo de diputados europeos  a la alta representante de Política Exterior y Seguridad de la UE, Federica Mogherini para iniciar “el proceso de imposición de sanciones selectivas contra algunos miembros del Gobierno de Nicaragua y de suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, invocando la violación de la cláusula democrática”.	Finalmente el reporte señala su preocupación debido a que a pesar que desde marzo existen acuerdos suscritos entre el Gobierno y la Alianza Cívica para respetar los derechos constitucionales y liberación de los manifestantes presos, persiste “el patrón de detenciones arbitrarias contra los manifestantes, y el incumplimiento por parte de las autoridades de los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica en marzo de 2019, continúan planteando cuestionamientos sobre el compromiso del Gobierno de encontrar una solución política a la crisis”.