Medardo Mairena, quien representaba al sector campesino en la mesa del fallido diálogo entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Gobierno de Nicaragua, era acusado por el Ministerio Público por terrorismo, crimen organizado y el asesinato de cuatro policías y un civil en Morrito Rio San Juan y había sido condenado a 216 años de prisión.	La oposición nicaragüense rechaza la iniciativa ya que considera que no ofrece justicia a sus víctimas y que buscaría exculpar a las fuerzas del orden y a grupos de civiles armados progubernamentales, quienes son señalados por organismos de derechos humanos como los principales responsables de las muertes ocurridas durante las protestas.