El más reciente informe del Mecanismo de Seguimiento a Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, revela que en el mes de agosto del año en curso el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continuó con su política pública de represión en Nicaragua contra ciudadanos a quienes la dictadura considera opositores.	«En el mes de agosto, la CIDH recibió información sobre el incremento del hostigamiento y vigilancia contra personas defensoras de derechos humanos y otros colectivos de abogadas y abogados en Nicaragua dedicados a la defensa de víctimas de violaciones a derechos humanos y personas privadas de su libertad en Nicaragua», dijo el informe en relación al caso de la	«De acuerdo con la información recibida, las detenciones se producirían con el objetivo de amedrentar a estas personas por el liderazgo asumido en el contexto de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018. Además, las personas excarceladas serían víctimas de hostigamiento, vigilancia, amenazas y campañas de estigmatización en redes sociales al ser señaladas como ‘golpistas’. Como consecuencia, algunas de ellas se habrían desplazado a casas de seguridad o habrían decidido salir del país.	«Anteriormente, el señor Apolonio Fargas había sido detenido por su participación en las protestas sociales y, posteriormente, liberado en virtud de la ley de amnistía. Por otra parte, el 23 de agosto, la CIDH ordenó la adopción de medidas cautelares para la protección de Violeta Mercedes Granera, integrante de la Unidad Azul y Blanco, y sus familiares, al encontrarse en una situación de riesgo en el marco de la actual situación por la que atraviesa el Estado de Nicaragua», dijo Meseni.