El Gobierno de los Estados Unidos aprobó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción (conocida como Nica Act) el año pasado, la que puede llevar a que instituciones multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) paralicen los préstamos a Nicaragua, que se caracterizan por sus condiciones de concesionalidad.	Si Nicaragua no puede acceder a esta clase de préstamos, The Economist considera que solo podrá recurrir a otras fuentes. El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) le aprobó a inicios de abril unos US$201.8 millones y el Banco de Exportación e Importación de Taiwán le otorgó un préstamo de US$100 millones.