La gran trampa o peligro del actual diálogo gobierno-oposición es perder de vista su objetivo fundamental: resolver la crisis a través de elecciones libres y adelantadas. Ellas son el tema toral del cual depende la paz y la recuperación nacional, pero, al mismo tiempo, el que los OrMu no quieren abordar. Sabiendo que las perderían prepararon, aún antes del diálogo, una estrategia artera: multiplicar los presos, cerrar medios y varias ONG, y suspender de hecho los derechos constitucionales. Así, entre más le arrebataran a la oposición más le podrían devolver, dando la sensación de que cedían mientras marginaban el tema principal.	Ahora, en vísperas de las sanciones, es muy probable que los OrMu hagan las grandes “concesiones” de soltar todos los presos antes del 18 de junio, permitir el regreso de ciertos exiliados y hasta soltar el papel ilegalmente secuestrado a los periódicos. De esta forma querrán quedar como magnánimos y dialogales, produciendo una sensación de alivio y esperanzas en algunos y haciendo quizás vacilar, a los partidarios de las sanciones. Incluso podrían jugar a retractarse de sus “generosas” y unilaterales medidas, si, a pesar de ellas, se mantienen aquellas.	No hay que dejarlos salirse con la suya. La mesa de diálogo no se abrió para la liberación de los presos y la restauración de los derechos ciudadanos ya consagrados en la Constitución, por muy importantes que estos sean, sino, fundamentalmente, para salir de la crisis vía elecciones completamente confiables y adelantadas. Ninguna sanción debe levantarse si esto no se garantiza. Lo contrario nos anclaría en un callejón negro y sin salida.	La oposición y la comunidad democrática mundial deben demandar, en forma unida y rotunda, que las próximas elecciones cumplan con los estándares propios de comicios confiables: supervisión nacional e internacional, autoridades electorales verdaderamente independientes y probas, ley electoral adecuada, etc. La asesoría de la OEA no basta, pues se limita a cuestiones técnicas y no políticas para las que prescriben un tiempo de implementación muy largo. Las negociaciones de fondo deben ser entre el gobierno y la Alianza Cívica.	Igualmente, debe exigirse, con el mismo vigor, que el gobierno dé una fecha para las próximas elecciones, no más allá del 2020. Esta no es una exigencia caprichosa de un sector político o de algunas naciones. No tenerlas prolongaría innecesariamente la crisis económica y social, con sus correspondientes riesgos y sufrimientos, al fomentar la incertidumbre, activar las sanciones de la Nica Act, y mantener un modelo de gobierno policial y asfixiante. Anunciarlas, en cambio, sería un soplo de aire fresco que restauraría la esperanza de paz y convivencia que todos buscamos. Luchar por ellas es el imperativo patriótico y humanitario del momento.