El eslogan "ni corrupto ni ladrón" llevó a Morales al puesto más alto del país. Pero al ser detenidos su hermano y un hijo por un supuesto fraude al Estado y al ser señalado él mismo por un presunto delito de financiación electoral ilícita, el jefe de Estado la emprendió contra el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo auspiciado por las Naciones Unidas. Un organismo al que durante su campaña y al inicio de su mandato había respaldado.	La Fiscalía y el organismo auspiciado por las Naciones Unidas, que se estableció en 2007 para contribuir a desbaratar las mafias dentro del Estado, intentaron, sin éxito, quitar el desafuero a Morales para someterlo a una investigación por delitos electorales durante la campaña que lo llevó al poder, la de 2015.	Pero no fue la única. Por la causa del "Transurbano" fue detenido el expresidente Álvaro Colom (2008-2012), cuya exesposa, Sandra Torres, compite por la primera magistratura con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y que, según los primeros sondeos, es una de las favoritas a gobernar el país durante los próximos cuatro años (2020-2024).	Torres fue denunciada por financiación electoral ilícita en 2015, pero el caso no ha prosperado en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que no le levantó la inmunidad de la que goza como candidata. Por ello sigue intacta con la aspiración de llegar al puesto en el que acompañó como Primera Dama de la Nación a Colom.	Una de las mujeres que destacó por el combate a la corrupción y la impunidad en el país cuando dirigió la Fiscalía (2014-2018), Thelma Aldana, del partido Movimiento Semilla, quedó fuera de la contienda por denuncias en su contra de una supuesta plaza fantasma y por no contar con finiquito.	La Conferencia Episcopal de Guatemala ha alertado a la población para que estén atentos a la idoneidad moral de los candidatos para evitar que personas con viejos vicios de la política o movidos por intereses personales sean elegidos, sobre todo de aquellos que se sospecha hayan participado en actos de corrupción.	Según las estimaciones, un 30% del presupuesto general del Estado es vulnerable a la corrupción y un estudio presentado en enero pasado por Transparencia Internacional (TI) aseguró que en 2018 Guatemala obtuvo la calificación más baja de los últimos 12 años en el índice de percepción de la corrupción: 27 puntos y el puesto 144 de 180.