Organismos nacionales e internacionales, economistas independientes, empresarios y políticos han insistido en que la salida a la crisis socioeconómica que afecta a Nicaragua desde hace 10 meses, debe ser de carácter político; pero queda la interrogante de qué se puede hacer en materia económica una vez que se logren los cambios políticos requeridos.	“Deben aplicarse medidas de ajuste del gasto público, en particular las partidas de gasto corriente, medidas que aseguren la sostenibilidad del INSS, aumentar la eficiencia en el gasto público, mejorar la focalización de subsidios, financiar la recuperación económica a corto plazo a través de la inversión pública y el gasto social y ampliar la base tributaria, entre otras”, sugiere Funides.	A partir del 1 de febrero de este año,  las cotizaciones a la seguridad social incrementaron para trabajadores,  empleadores  y el Estado, por una imposición del Gobierno  de reducir  los  desequilibrios del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que hasta noviembre de 2018 acumuló C$2,877.7 millones en déficit.	Funides prevé que el déficit del INSS cierre este año en C$7,000 millones. Al problema del creciente déficit, se sumó la salida de 140,995 afiliados durante la crisis, lo cual redujo los ingresos de la institución. Para auxiliar al INSS, el Gobierno decidió incluir una partida de financiamiento a través de la reforma al PGR en 2018. La reforma implicaba una transferencia al INSS de C$4,917.6 millones como parte de la deuda histórica del Gobierno con esta institución.	“El momento de implementación de la reforma no es el ideal. En ausencia de un acuerdo político que facilite un cambio en el rumbo del país, la reforma no tendrá el retorno esperado por las autoridades públicas; además, estas deben ser consensuadas con todos los sectores de la sociedad”, plantea el centro de pensamiento.	Funides considera que la reforma debería haber provisto de muchos años de balance positivo a las finanzas del INSS; sin embargo, “esto no va a ocurrir y el impacto de la reforma se disipará en unos meses, lo que obligará al Gobierno a buscar otro tipo de medidas antes de fin de año”.