Asimismo sigue pendiente el tema del desarme de  los paramilitares,  el control del armamento de guerra en manos de la Policía Orteguista, y la revisión jurídica del concepto de “terrorismo” que el régimen orteguista  en su campaña de odio y persecución aplica a los manifestantes que han osado levantar sus voces y la bandera azul y blanco.