Combatir la pobreza es una necesidad apremiante, cuya importancia reconoce toda persona con sensibilidad humana. El asunto es cómo hacerlo de forma eficaz. Si se sigue el camino del marxismo-leninismo (confiscando capitales, eliminando la propiedad privada de los medios de producción, eliminando el libre mercado, absolutizando la centralización del Estado, etc.) el resultado será siempre un desastre. La historia ha probado que en tales sistemas los pobres se vuelven más pobres, los ciudadanos pierden todas las libertades y se cierran las puertas de la democracia. La llamada por los comunistas “dictadura del proletariado” termina siempre en la “tiranía de una poderosa nomenclatura corrupta”.	Los marxistas-leninistas afirman que la solución está en quitarle a los ricos lo que tienen para dárselo a los pobres (léase, entregárselo al Estado para administrarlo) y repartir la riqueza, como si esta fuera algo limitado y no algo que puede crecer, se puede crear, aumentar, permitiendo que los que no la tienen puedan llegar a tenerla sin despojar a nadie. Los que no somos marxistas-leninistas (incluyendo a todos los demócratas de derecha y de izquierda: los de la derecha moderada, como los conservadores ponderados y los socialcristianos y los de la izquierda moderada y democrática, como los socialdemócratas y los social liberales), plantean más bien la justa distribución de los ingresos que produce la riqueza, y no de la riqueza en sí. Pero una justa distribución no puede ser igualitaria, sino equitativa, en base a los méritos, capacidades y justicia social. El marxismo termina con la propiedad privada, con la libertad de empresa y la libre competencia. Como consecuencia, se produce un estancamiento en la economía (lo que es “de todos” en realidad resulta ser “de ninguno”, la producción se estanca y la pobreza crece). Se deja de producir nueva riqueza consumiendo la que había, y se termina solo repartiendo pobreza. Esto ya lo comprobó la humanidad.	Por otra parte, existe un tipo de capitalismo donde se aplican con frialdad las leyes de la oferta y la demanda, sin solidaridad; donde el enriquecimiento no es acompañado de justicia social; donde el Estado no protege a los pobres ni suple las necesidades básicas de sus ciudadanos, que son derechos humanos, como cobertura universal de salud, educación gratuita en todos los niveles, seguridad social, etc.; donde solo los ricos se lucran de los ingresos que produce la riqueza y no benefician con justicia a los pobres, incluyendo a aquellos que con su trabajo participan en la generación de dichos ingresos. Este tipo de capitalismo, como expresó San Juan Pablo II, es un “capitalismo salvaje”, inhumano. La Iglesia, así como condena al comunismo, condena también al “capitalismo salvaje”.	Sin pretender sustituir las opciones políticas, sino iluminar desde el Evangelio a los políticos, gobernantes y ciudadanos, la Iglesia enseña una doctrina social que se preocupa por los pobres, respetando la vía del capitalismo, pero con justicia social, el derecho a la propiedad privada de los medios de producción, la libertad de empresa y la acumulación de riqueza; pero llamando a practicar una justa distribución de los ingresos que las riquezas producen, mediante salarios justos y dignos, beneficios sociales e impuestos apropiados que permitan al Estado garantizar que se suplan las necesidades básicas de todos. En base al Evangelio de Jesús, la Iglesia nos enseña el “principio de solidaridad”, que nos recuerda que Dios destinó todos los bienes de la creación para el uso y disfrute de todos los hombres y mujeres; y que somos “administradores” de lo que Dios nos confía, que bien podemos usar y disfrutarlo, pero también que cumpla una función social y no dañar el medioambiente. Esto producirá nuevas inversiones que generen nueva riqueza y nuevos empleos justamente remunerados y con beneficios sociales. Así como, solidariamente, con los impuestos y otras aportaciones, contribuir a que todos, especialmente los pobres, puedan ser satisfechos en sus derechos humanos sociales básicos.	Pero, combatir eficazmente la pobreza es posible solo si hay un clima de estabilidad política y social, en verdadera democracia, en un estado de derecho donde la ley se respete y se cumpla, donde los ciudadanos elijan libremente sus autoridades, donde haya alternabilidad en los gobiernos, división de poderes del Estado, plena libertad y respeto a los derechos humanos. Sin exclusiones, con reglas claras y con honestidad. La inestabilidad social y política siembra temor y desconfianza, no favorece nunca la inversión ni la generación de empleos, impidiendo que los pobres salgan de la pobreza.