El jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Juan Guaidó, levantó este miércoles su mano derecha y anunció que asumía las competencias del Ejecutivo como presidente encargado tras señalar que se aferraba a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución lo que debería ofrecerle un blindaje legal.	Esto con el fin de, dijo, "lograr el respaldo de la Fuerza Armada y de la comunidad internacional". El artículo 233 trata lo referente a las faltas absolutas del presidente, por causas de muerte, incapacidad física o mental, renuncias o destituciones. El texto constitucional señala que cualquiera de estas causas será aprobada por el parlamento que declarará "el abandono de cargo", así como "la revocación popular de su mandato".	El abogado especialista en Derecho Constitucional, José Vicente Haro, explicó a Efe que Guaidó fue extremadamente cauto al dar el paso de hoy para permanecer en el terreno de la legalidad. Lo que hizo hoy Guaidó "para poder asumir como presidente encargado de la república es legal, es constitucional y es legítimo", asegura Haro.	El especialista indicó que "esa formalidad", "esa manifestación de voluntad, es la que termina llevando su declaración al terreno del artículo 233 de la Constitución" pues además la hizo "desde una concentración que es una especie de cabildo abierto" y con el resto de la directiva del Parlamento presente. "Juan Guaidó hace esa manifestación de voluntad, personal, individual, como lo requiere el artículo 233 de la Constitución", agregó.	Explicó que por este motivo no se debe hablar de "autoproclamación" en el caso de Guaidó pues este término se aplicaría para quien no guarda esta formas constitucionales como sucedió en el año 2002 cuando el jefe de la patronal Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, en efecto se proclamó a sí mismo presidente y dio un golpe de Estado. Guaidó también habla del artículo 333 que blinda a la Constitución en el caso de que "dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella".	Este artículo faculta a todo ciudadano "investido o no de autoridad", en "el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia" si la Carta Magna llegara a ser violentada, un acto del que la oposición acusa a Maduro de cometer con reiteradas oportunidades e incluso califica a su gobierno de dictadura.	Maduro ha sido calificado de "dictador" por sus detractores, quienes además lo acusan de violar los derechos humanos, de limitar la participación en los comicios con prohibiciones electorales sobre sus adversarios y de mantener en prisión a políticos opositores que en la actualidad suman más de 200 según la ONG Foro Penal.	"Juan Guaidó lo que hace es cubrir un requerimiento legal que es la manifestación de voluntad, y la juramentación, para poder acceder al cargo y cubrir los requisitos constitucionales, aclarando siempre, muy importante que era necesario que el dijera que lo hacía como encargado", explica Haro. Asimismo apunta que esta jura debe mantenerse bajo el objetivo claro "de llevar a una transición que conduzca a unas elecciones".