Abr. 25, 2010, 5:18 p.m. Con la interpretación orterguista del artículo 201, transitorio de la Constitución aprobada en julio de 1987, se pretende darles visos de legalidad a la ambición continuista del presidente Ortega y a sus decretos. Ésta es la finalidad del decreto 03-2010 que quiso prorrogar el período de 25 magistrados, entre los cuales los últimos fueron Rafael Solís y Armengol Cuadra. Este aspecto de la crisis que provocó ese decreto morirá cuando la Asamblea Nacional nombre –y ojalá no reelija— los nuevos magistrados.	Pero lo jurídico tortuoso y los cachinflines verbales legalistas con los que se quiere justificar la exhumación del artículo 201 tendrán efectos más permanentes, y hará daño a la institucionalidad del país, porque demostrarán con ello que no hay ni habrá estabilidad jurídica, pues todo quedaría sujeto a sus caprichos y manipulaciones políticas. La Asamblea Nacional contribuye con su desorden a este juego político, dado que las diferentes publicaciones del texto de la Constitución Política no concuerdan.	En la edición del texto constitucional de 2004 (bajo gobierno neoliberal), aparece íntegro el artículo 201 transitorio de la edición de 1987, en el cual apoyan su pretensión los orteguistas. Y en la edición de abril 2008 (bajo gobierno orteguista), se elimina el artículo 201 original, y se inserta el 201 reformado en marzo de 1987. Aparte de este desorden y de cualquier interpretación, queda firme el hecho de que ambos artículos de diferentes textos de una misma Constitución, no pierden su carácter transitorio y, por ende, sólo fueron válidos para las circunstancias que fueron creados.	Insistir en lo contrario, como lo está haciendo el orteguismo, es una maniobra leguleyesca con cachinflines seudo jurídicos y contrario a los hechos históricos, pues no es lógico ni ético darle calidad de permanente a lo que es transitorio. Lo que rige para una época o una situación concreta, no se puede adecuar antojadizamente a otra época y a otras situaciones distintas.	Si estos señores fueran revolucionarios como pregonan, tendrían un poco de respeto por la historia y por la dialéctica. Pero se están comportando como todo lo reaccionario que han llegado a ser, a causa de sus ambiciones personales. Quieren vivir usufructuando situaciones que la historia dejó atrás, nada menos que hace veinte años. Fue para los magistrados y funcionarios públicos que ascendieron al poder en 1985 y lo dejarían el 9 y el 10 de enero de 1991 que se legisló el artículo 201 transitorio. Por efecto de las elecciones del 25 de febrero de 1990, este artículo se reformó para los que iniciarían su período en 1991 y concluirían en 1997. Éste no es el caso de los magistrados y funcionarios públicos cuyo período concluyó en este año, 2010.	Para el sentido común, pareciera hasta necio estar insistiendo en lo obvio. Sin embargo, ahí están unos magistrados, con formación académica en ciencias jurídicas, aferrados al cargo ilegalmente como si tal fueran unos energúmenos del bajo mundo social atropellando la Constitución y las leyes. Éste es un triste caso y un mal ejemplo acerca de cómo debería ser el comportamiento de hombres honrados, aunque fueran analfabetas jurídicos que llegan al poder y deben dejarlo cuando lo ordena la ley.	Pero de por medio están grandes negocios a la sombra del Estado y un sinnúmero de privilegios. Significa que ellos no actúan como funcionarios públicos, sino como algo más, que no es lo de menos: provocadores de inestabilidad social. Se comportan como aventureros políticos (¿no lo son?), decididos a lograr sus propósitos a costa de la legalidad y el orden constitucional.	Este comportamiento de malos funcionarios públicos no revela solamente que detrás están sus ambiciones, sino algo de mayor y más profundo perjuicio para el país: están sus lecciones de cómo burlar los mandatos que formalmente y a través de mecanismos indirectos –como las elecciones— el pueblo les otorga a los políticos. Con ello, aleccionan negativamente en el sentido de que los valores personales, como la honradez y el respeto a los derechos de los demás, son prescindibles a la hora de ejercer funciones públicas. En otras palabras, están enseñando a las generaciones actuales y futuras conductas disolventes del orden constitucional.	Y eso nada tiene en común con las ideas revolucionarias. Quienes, de hecho, intentan destruir la sociedad son las pandillas de ladrones, narcotraficantes y delincuentes comunes. Y de esas pandillas asimilan el objetivo disolvente los depredadores del Estado e irrespetuosos de sus leyes. Delincuentes pues, del llamado bajo mundo y del creído alto mundo, intentan destruir el orden institucional. Las ideas y actividades realmente revolucionarias no buscan la destrucción de la sociedad, sino su transformación, su desarrollo y su unidad bajo un ideal de justicia y libertad. Puede que sea una utopía, pero en todo caso, la utopía no le hace daño a la gente, porque no es una idea disolvente ni matadora de esperanzas, sino que se las ofrece y las mantiene para luchar por el bienestar colectivo.	En este momento histórico, en el cual se amenaza la base institucional del país, nadie está planteando abrazarse a ninguna utopía, sino lanzarse a la defensa del orden constitucional como punto inicial hacia cualquier otro mejor propósito. Se trata de un objetivo mucho más sencillo y práctico: tener la posibilidad y la libertad de participar en la vida política del país para orientarlo a su desarrollo económico y social con justicia. Un país, sin gobiernos sectarios y excluyentes; cuyas instituciones se manejen con transparencia y honradez; sin clases privilegiadas hasta niveles ofensivos ni sectores populares viviendo en la humillante miseria.	El realismo político –en este momento— no induce a pensar en emprender una cruzada contra los molinos de viento por una utopía socialista, mucho menos de refocilarse en el conformismo con las formalidades democráticas del capitalismo explotador y egoísta, a esperas de las migajas de su caridad “cristiana” disfrazada de justicia social. El realismo político, ahora, aconseja la lucha por los derechos democráticos concretos; la justicia social de acuerdo con los aportes de las clases trabajadoras a la producción nacional y la vigilancia del Estado para resguardar las medidas económicas con equidad; con una institución electoral que respete el voto de la mayoría; y unos tribunales de justicia que, primero que a nadie en particular, atiendan el espíritu y la letra de la Constitución y las leyes.	Nada complicado ni de otro mundo, pero muy de acuerdo con las necesidades de un país en concreto, el nuestro. Pero, por ahora, y como condición indispensable para dar los primeros pasos en esa dirección, es evitar que sigan manoseando nuestra máxima ley, que no se burlen más del pueblo mintiéndole al decirle que están defendiendo la Constitución cuando en verdad la están utilizando como mampara para seguir administrando al país como si fuera su hacienda privada. En pocas palabras, el deber es impedir el continuismo del régimen orteguista plagado de oportunistas.