y Rosario Murillo, por genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua, en el contexto de las protestas cívicas que el régimen desmontó a punto de balas con la Policía Orteguista (PO) y fuerzas paramilitares a partir de las protestas sociales de abril de 2018.	Leiva dijo a LA PRENSA que antes de salir a acusar a Ortega y su régimen, documentaron ampliamente por más de un año todas las violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos durante la represión, para lo cual cuentan además con testigos protegidos que desertaron tanto del Ejército como de la Policía Orteguista. Para el militar en retiro Roberto Samcam, el Ejército de Nicaragua está en la obligación de darle seguimiento a estas actividades del sandinismo histórico, bajo el precepto constitucional de que no pueden existir más cuerpos armados que la Policía y el Ejército de Nicaragua.	Leiva Sánchez, en el exilio en Costa Rica desde 2018, explicó que la denuncia y acción judicial contra Ortega, Murillo y funcionarios activos de la PO, Ejército y otros funcionarios, se realiza en el marco de la Nica Act, con sus componentes de corrupción y violaciones a los derechos humanos establecidos por Estados Unidos.	El objetivo, explica el defensor de derechos humanos, es impulsar acciones penales contra Ortega y todas aquellas personas e instituciones que participaron en crímenes de lesa humanidad, genocidio y violaciones a derechos humanos, documentados tanto en informes propios de la ANPDH como en los informes de organizaciones internacionales, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Amnistía Internacional y otros, que calculan al menos 326 personas asesinadas, más de dos mil heridas y cientos detenidas.	“Estas acciones iniciarán con la apertura de una mesa de trabajo e investigación en conjunto con otros actores legales de reconocimiento y prestigio jurídico estadounidense, para proceder ante cortes federales estadounidense en contra de Daniel Ortega Saavedra, Rosario Murillo y otros funcionarios del régimen Ortega-Murillo del Estado de Nicaragua que han cometido delitos de lesa humanidad, genocidio y violaciones a los derechos humanos contra víctimas inocentes del pueblo de Nicaragua”, dijo Leiva en una entrevista con LA PRENSA en Costa Rica, días antes de viajar a Estados Unidos a realizar sus gestiones.	“El régimen Ortega-Murillo tiene que responder ante la justicia penal internacional, porque en el ejercicio de la función que él tiene como presidente de Nicaragua violentó la Constitución y las leyes para sembrar y promover el dolor, el luto y el derramamiento de sangre, que se traducen a delitos de lesa humanidad, genocidio y violaciones a derechos humanos”, dijo.	“Ortega y su régimen han cometido delitos graves en contra del pueblo de Nicaragua. Todo lo que ha sucedido en Nicaragua hasta el día de hoy, de asesinatos, capturas, secuestros, abusos de poder, violaciones a derechos humanos, asedio y represión, es producto de una actuación de delitos de orden público, de delitos en contra de la Constitución”, manifestó Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).