, la misma no fue suficiente para lograr que revirtiera su insolvencia, cuya crisis se extenderá inclusive el próximo año, admitió el régimen de Daniel Ortega en su proyecto de Presupuesto General de la República 2020. Hacienda se ha visto obligado a acelerar el pago de la deuda histórica con el instituto, para evitar que este incumpla sus obligaciones con los pensionados y los asegurados activos.	Se espera que al finalizar el año el INSS solo cuente con 735,564 asegurados activos, inferior a los 818,395 contabilizados en 2018 y menor a los 914,196 en el 2017, antes del estallido de la crisis. Es para el 2020 cuando se espera que el instituto gane afiliados (10,991), pero aún no rebasará el umbral de los 800 mil.	En medio de esa caída de afiliados y ante la imposibilidad de aumentar los ingresos por la recesión económica, el régimen tiene planificado este año abonar con carácter de urgencia 1,572.4 millones de córdobas (unos 47.1 millones de dólares), que representa 527.45 por ciento más de lo que el Ministerio de Hacienda había previsto pagar inicialmente, que eran 250.6 millones de córdobas.	El economista explicó con base en los datos oficiales que “este aporte estatal al INSS fue posible, ante todo, debido a que en este año las transferencias presupuestarias del Gobierno central a las municipalidades se redujeron drásticamente, desde el diez por ciento de los ingresos tributarios que establece la Ley a solo un 3.5 por ciento de los mismos”.	Economistas consultados explicaron que las cifras oficiales del INSS evidencian que la brutal reforma en la que se aumentó la cotización al trabajador y a las empresas —entre otras medidas—, son un fracaso al no generarle los ingresos necesarios por cuanto el Seguro Social cerrará con un déficit de 3,138.8 millones de córdobas.	Y en el 2020 el déficit sería por otros 3,184.4 millones de córdobas, según la iniciativa del Presupuesto. De esta manera el Seguro Social completaría siete años consecutivos de crisis financiera que, aunque el régimen ha intentado solventar con drásticas reformas a costa de golpear a las empresas y a los trabajadores, los economistas consultados afirman que las medidas agudizaron el problema.	El economista Murillo refirió que las transferencias al instituto confirman que “no tienen dinero y tienen miedo de no pagar las pensiones”. “El año pasado el pueblo se sublevó porque la reforma anterior afectaba a los pensionados, por lo que ya saben que el día que a los pensionados no les paguen sus pensiones el pueblo se volverá a levantar sin importar el riesgo y ese será el fin de este Gobierno”, afirmó.	El dictador Daniel Ortega impuso en febrero pasado una brutal reforma a la seguridad social obligando a los trabajadores a cotizar siete por ciento sobre el salario, en lugar de 6.25 por ciento. La patronal pasó de 19 por ciento a 22.5 por ciento, según el número de trabajadores.