La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo confirmó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los bienes y propiedades del periodista Miguel Mora y el canal 100% Noticias, han sido confiscados en el marco de un proceso penal y además informó que el caso de la quema de Radio Darío, en León, ha sido archivado sin concluir las investigaciones sobre los paramilitares que intentaron calcinar a ocho personas dentro de la emisora.	Las inverosímiles posiciones del régimen fueron la respuesta del Estado de Nicaragua a la CIDH ante la audiencia convocada en el 173 Periodo Ordinario de Sesiones en Washington, para tratar el otorgamiento de medidas cautelares al periodista Aníbal Toruño y personal de Radio Darío; Carlos Fernando Chamorro y personal de Confidencial y Esta Semana y Sergio León, director de Radio La Costeñísima y familia.	Según el documento oficial del régimen, no hay razones para otorgar protección especial y medidas cautelares a estas personas entre otras cosas, porque en Nicaragua se respeta el derecho a la libertad de expresión y no hay persecución, censura, ni restricción a estos periodistas y sus medios en razón de sus oficios y funciones.	Sobre las detenciones arbitrarias, secuestro y torturas a Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, el régimen justifica los atropellos diciendo que los citados comunicadores sociales «deliberadamente utilizaron este medio de comunicación para transmitir programas de opinión política social completamente sesgada, instigando, promoviendo odio y violencia e involucrándose directamente en el intento fallido de golpe de Estado», que es la excusa con la cual el régimen intenta ocultar la comisión de delitos de lesa humanidad que han dejado un saldo de 328 asesinatos en el marco de las políticas nacionales de represión.	«Sus mensajes instigaron a grupos vandálicos y terroristas a cometer actos contra el orden constitucional y orden público», dice el comunicado de los dictadores, que a la vez intenta «aclarar» que los secuestros y encierro en celdas de castigo a Pineda y Mora no se debió por razones de ejercer su oficio sino por «cometer delitos tipificados y sancionados en el Código Penal de Nicaragua».	Ante la solicitud de la CIDH de aclarar las amenazas sobre la incierta seguridad legal de Mora y Pineda, en razón de que sus causas no fueron cerradas en proceso, sino suspendidas en virtud de la orteguista ley de Amnistía, la respuesta de la dictadura fue que la ley de amnistía ordena archivar las causas, ponerlos en libertad y borrar los antecedentes penales del caso.	Y que el principio de «no repetición» que la dictadura interpreta como la amenaza contra los reos políticos de no volver a protestar o informar sobre la represión, les impide a Mora y Pineda no volver a cometer los supuestos delitos por los cuales el régimen los encarceló: «no otorga la amnistía exención de responsabilidad penal permanente para los beneficiarios de la misma, ante nuevos hechos delictivos».	Sobre la ocupación y asalto policial al canal de televisión y los equipos confiscados, la dictadura justifica que una vez que el Ministerio Público orteguista ejecutó la acción penal impulsada por fanáticos del régimen, el juez orteguista Henry Morales ordenó el allanamiento y secuestro preventivo de las instalaciones de la empresa televisiva, así como el retiro de la licencia de transmisión, la clausura de sus permisos de operaciones, congelamiento de las cuentas bancarias y otras acciones.	Sobre la devolución, los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo anuncian que no regresarán los bienes confiscados a Mora: «Al respecto el estado de Nicaragua reafirma que la ocupación de las instalaciones al canal 100% Noticias fue realizada en el marco de una investigación penal y de conformidad con el ordenamiento jurídico».	«Por otro lado, tal como se señaló anteriormente, los alcances de la ley de amnistía y sus efectos genéricos abarcan el cierre de los procesos, la libertad inmediata y cancelación de los antecedentes penales, pero no la devolución de los bienes o instrumentos con que se realizó el delito, medidas que se enmarcan en el principio de no repetición de conductas delictivas por las cuales se ejerció la acción penal en contra de ellos», dice el documento de la dictadura.	Sobre el caso de Radio Darío, incinerada en abril del 2018 por paramilitares del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el documento del oficialismo indica que los dos paramilitares que murieron intentando quemar la radio con ocho personas adentro, incluyendo al director Aníbal Toruño, eran personas que trataban de evitar que encapuchados le prendieran fuego a la emisora.	Respecto a Sergio León, la dictadura lo acusa de promover el «fallido golpe de estado», y de usar la emisora para transmitir de forma deliberada y maliciosa noticias falsas y programas sesgados que promueven el odio, la violencia y la desobediencia civil, pero, «aclaran», no han recibido denuncias oficiales de acoso, amenazas, restricciones o limitaciones a su derecho a ejercer el oficio.	Por ello, según la dictadura, en Nicaragua no hay persecución a los periodistas beneficiarios de medidas cautelares: ni a Chamorro, a Mora, Toruño y Sergio León, ni a sesenta periodistas en el exilio y por lo tanto rechazan las medidas cautelares «al no encontrar fundamentos que permitan dar credibilidad a los aseverados por los peticionarios».