Nicaragua llega este viernes a los 402 días de protesta contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pobladores participan en paro nacional a pesar de amenazas del régimen; sale de Nicaragua el representante de la OEA, Luis Ángel Rosadilla; Walmart explica la decisión de no sumarse al paro nacional. Estas son las noticias más importantes para este día.	Una muestra del paro de consumo estuvo en los bancos privados que no se sumaron a la huelga, pero sus sucursales permanecieron vacías. La mayoría de la población no asistió a realizar trámites bancarios. Igual ocurrió en los supermercados que no suspendieron operaciones. Sus pasillos y cajas estuvieron con una discreta clientela.	El canciller orteguista, Denis Moncada Colindres, anunció que el régimen prepara su anteproyecto de Ley  del Plan Integral de Atención a las Víctimas (PIAV) con el supuesto fin de dar “reparación” integral a las familias víctimas “por la intentona golpista”, como llama la dictadura el levantamiento de la población nicaragüenses desde abril del 2018 en exigencia de la salida del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo.	El anuncio de esa ley la hace la dictadura el día en que Nicaragua se realiza un paro nacional, el cuarto convocado en un año por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, para presionar a la dictadura a que libere a los presos políticos encarcelados por participar en las protestas.	Moncada leyó este jueves un comunicado en el que la dictadura amplía su agenda unilateral sobre cómo pretende resolver la crisis sociopolítica. En la agenda se incluyó cuatro temas nuevos: acelerar sus planes de “reconciliación” en los barrios conforme lo establecido en su propia Ley de “Paz”, aprobar la Ley del “perdón” o  PIAV; precisar un plan para forzar a los sectores que han apoyado y participado en las protestas a comprometerse a desistir de estas, y el cuarto punto es orientar a las embajadas y consulados nicaragüenses en el exterior a ejecutar el plan de retorno de los exiliados.	Según datos del INE, en el primer trimestre del 2019, un total de 869,137 usuarios del sistema eléctrico gozaban de subsidio, 19,957 más que en el mismo lapso de 2018, cuando habían  849,180, lo que equivale a un crecimiento de 2.3 por ciento en el periodo analizado.	Mantener el subsidio eléctrico a este grupo de usuarios que consumen igual o menos de 150 kilovatios mensuales, le costó al Estado 15.7 millones de dólares en el primer trimestre de este año. Por mes, del erario salieron en promedio 5.2 millones de dólares, inferior a los 5.3 millones de dólares que se gastaron por mes en el primer trimestre del año pasado.