El alto tribunal de la ONU concluyó que tiene jurisdicción para juzgar la denuncia presentada por Ucrania, que se basó en la Convención por la Supresión de la Financiación del Terrorismo, y rechazó las objeciones preliminares presentadas por Rusia. Según Ucrania, varios modelos de bombas utilizados por las milicias separatistas del Donbás son de fabricación rusa y nunca han estado en los registros del ejército ucraniano, por lo que sospecha que hayan sido provistos por Moscú.	Kiev también señaló que Rusia tiene responsabilidades en el derribo del avión de Malaysian Airlines MH17 en el este de Ucrania en julio de 2014, en el cual murieron las 298 personas que estaban a bordo. Moscú por su parte ha negado su implicación en la tragedia y sus representantes dijeron, en las vistas orales del pasado junio, que las acusaciones forman parte de una campaña ucraniana en instituciones y tribunales internacionales para desprestigiarles.	Añadieron que el verdadero objetivo de Ucrania en la CIJ es desafiar el estatus legal de la anexionada península de Crimea, bajo administración rusa desde 2014, algo que no puede tratarse según la Convención por la Supresión de la Financiación del Terrorismo. La viceministra de Asuntos Exteriores de Ucrania, Olena Zerkal, compareció sonriente ante las escalinatas del Palacio de la Paz de La Haya, sede de la CIJ y dijo que la decisión «es una gran victoria no sólo para Ucrania, sino también para el imperio de la ley».	«Rusia tendrá que rendir cuentas y presentar sus puntos de vista» sobre «las violaciones del derecho cometidas en territorio ucraniano», añadió. Así mismo, el alto tribunal de la ONU se declaró competente para juzgar una segunda denuncia presentada por Ucrania sobre la supuesta discriminación que sufren sus nacionales y los tártaros en la península de Crimea, bajo control de las autoridades rusas desde 2014. Según Zerkal, Moscú ha llevado a cabo una campaña de «castigo colectivo contra grupos étnicos completos» en Crimea, en referencia a las comunidades ucranianas presentes en la península y a los tártaros.	La CIJ ya estableció como medida cautelar, en mayo de 2017, que Rusia debe preservar las instituciones tártaras de Crimea, en especial la asamblea popular tártara (Mejils), y asegurar la enseñanza de la lengua ucraniana en la península. También les pidió a ambos países que se abstuvieran de cualquier acción que pudiera agravar, extender o dificultar la resolución de la disputa. Tras declararse competente, la CIJ establecerá próximamente cuándo se celebrarán las vistas orales para tratar el fondo del asunto, las cuales podrían celebrarse a lo largo de 2020.