Sin embargo, si se utiliza casi un tercio de los efectivos de la Guardia Nacional para las tareas de migración, se reduce el número de fuerzas que se ocupan de uno de los problemas más acuciantes de México: la espiral de violencia que el año pasado costó la vida a 33,000 personas, una cifra sin precedentes que continuó aumentando en los primeros seis meses del mandato de López Obrador.	La ciudad al otro lado de la frontera con El Paso, Texas, ha sido durante mucho tiempo sinónimo de guerra de cárteles, lo que elevó la tasa de asesinatos a 244 por cada 100,000 residentes para marzo de 2011, según datos recopilados por el grupo Mesa de Seguridad y Justicia, con sede en Juárez.	“A mi lo que me interesa es que se cumpla lo acordado para que no nos vayan a poner aranceles. Independientemente de que si son efectivos o no (la Guardia Nacional), si es parte de lo que se pactó pues tienen que estar allí”, dijo Pedro Chavira, presidente de la asociación maquiladora INDEX.	México llegó a un acuerdo el 7 de junio con Estados Unidos para evitar los aranceles, estableciendo un período de 45 días para que el gobierno mexicano haga progresos palpables en la reducción de personas que intentan cruzar ilegalmente. Bajo ese acuerdo, México aceptó enviar tropas de la Guardia Nacional a la frontera.