Uno de los argumentos del régimen orteguista para tratar de convencer que en Nicaragua hubo un intento de golpe de Estado instigado y financiado desde el exterior —y no una rebelión popular espontánea autoconvocada—, es que hasta el 18 de abril reinaba la paz, el crecimiento económico y la confianza nacional e internacional.	Pero a nadie ha podido convencer con ese cuento. Ya el 5 de julio, dos meses y medio después del estallido de la rebelión popular el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que todavía era el jordano Zeid Ra´ad Al Hussein, declaró que “la violencia y la represión observadas en Nicaragua desde que comenzaron las protestas en abril son el producto de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años y ponen en evidencia la fragilidad general de las instituciones y del Estado de Derecho”.	Por su parte, la exembajadora de los Estados Unidos (EE.UU.) en Nicaragua, Laura Dogu, recordó en su discurso de despedida pronunciado en una asamblea de AmCham, a fines de octubre del año pasado, que ya en marzo de 2017 había advertido que el futuro de Nicaragua era incierto “debido a la falta de un Estado de derecho (y) la falta de democracia”. Y reveló que “antes de abril (inicio de las protestas cívicas) cuando hablaba de estos temas, la comunidad empresarial me decía con frecuencia que podían sacrificar algunos de estos derechos fundamentales porque Nicaragua no estaba en guerra, ni sufría la violencia de los países del triángulo norte”.