en que se encuentra el país, las prioridades en la agenda gubernamental y ciudadana deberían ser la atención de las tremendas consecuencias que produjeron, para la economía y la seguridad alimentaria de la población, tanto el huracán “Félix” como los cincuenta días de lluvias consecutivas, que destruyeron entre el 70% y el 80% de las cosechas en la región occidental del país y en otros lugares afectados por las inundaciones.	Estos problemas, que ya están dando lugar a graves secuelas para la salud, como lo es la epidemia de leptospirosis que ha contagiado a cerca de mil personas, deberían ser la preocupación principal de la clase política y de los señores diputados. Y así como se está gestionando, en buenahora, una moratoria de dos años para el servicio de la deuda interna, principalmente la generada por la emisión de los Cenis, así también deberían los dirigentes políticos, principalmente del partido que ejerce el gobierno de la República, propiciar una	de al menos dos años, mientras el país se recupera y los Ministerios, y otras entidades gubernamentales, se organizan de tal manera que adquieran la capacidad, eficiencia y ejecución de los proyectos destinados a hacer frente a la emergencia. El hecho que a la fecha ostenten un pobre desempeño en la tasa de ejecución del Programa de Inserción Pública (48%) merecería una atención especial de parte del Presidente de la República, a fin de asegurarse de que si se logran canalizar los recursos indispensables para atender la emergencia nacional, existan en el Estado los equipos técnicos capacitados para utilizar esos recursos con la eficacia que merecen, para que pronto llegue el esperado alivio a quienes perdieron sus viviendas y sus cosechas, y pueda extraerse la producción nacional mediante la rápida reparación de la infraestructura vial, particularmente de los caminos de penetración.	Según cifras del PNUD, el 47% de la población vive en estado de pobreza y un gran porcentaje de éste en situación de pobreza extrema. Ante esta situación, ¿cabe introducir en el debate nacional un tema como el que están promoviendo los dos partidos del pacto, la reforma constitucional y la sustitución del sistema presidencialista? Por otra parte, nadie ha demostrado que el presidencialismo haya fracasado, o que sea menos democrático que el parlamentarismo, cuando funciona correctamente, es decir con pleno respeto al Estado de Derecho y con el apropiado balance entre los poderes del Estado. Y si entre nosotros no ha funcionado ni resuelto los problemas prioritarios, no es por culpa del presidencialismo, sino de quienes partidarizaron al extremo los poderes y destruyeron la institucionalidad democrática. Y si esas mismas personas son las que ahora buscan su continuidad en el poder, vía un seudoparlamentarismo, los problemas seguirán sin resolverse y el pueblo será el más perjudicado.	Cuando el pueblo siente que el costo de la vida sube constantemente, ya que están más caros los frijoles y otros alimentos básicos, el pan, el combustible, la energía, el gas licuado, el transporte público, las medicinas, etc., no puede interesarle el debate sobre el parlamentarismo que, artificialmente, han impuesto a la opinión pública los caudillos pactistas para su propio provecho.	Pero como ya conocemos la forma de actuar de los dirigentes de los dos partidos pactistas. Lo más seguro es que seguirán adelante con su nuevo pacto, que es peor aún que los anteriores, con tal de garantizarse su permanencia en el poder, aunque esto sea una verdadera provocación al pueblo nicaragüense.	como la manera que el pueblo puede ejercer directamente el poder político, la Asamblea Nacional reforme el artículo 134 de la Ley Electoral, que por ahora contempla el referendo para la ratificación o no de una reforma constitucional ya aprobada, de manera que se establezca, como existe en otros países, el	, en las elecciones municipales de 2008, mediante un pliego con los cambios fundamentales que se pretenden introducir (reelección presidencial, Primer Ministro nombrado por el Presidente de la República, diputaciones vitalicias para todos los ex presidentes desde 1979, control de las diputaciones por los partidos, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia vitalicios), a fin de que el pueblo diga, soberanamente, si está o no de acuerdo con la aprobación de tales reformas.