El empresario nicaragüense Juan Carlos Habed Cornavaca asegura que el régimen de Daniel Ortega le confiscó el pasado 20 de diciembre su negocio de la gasolinera Puma que tuvo por más de siete años, despojo que lo atribuye a una decisión política, “pese a que nunca en mi vida he militado en política partidaria”.	El empresario abandonó el país “para conservar mi vida y la de mi familia”. Sostiene que no se arrepiente de haber dado refugio a los estudiantes y a los ciudadanos que corrían de las balas de la Policía Orteguista y paramilitares del régimen, durante las protestas cívicas que se realizaron desde abril hasta octubre y donde casi el país entero pedía la salida del poder del dictador Daniel Ortega Saavedra, quien llegó al poder en 2007 con el 38 por ciento de los votos y desde entonces se sostiene a base de terror y fraudes electorales.	Así es. Fue un acoso terrible. Un día llegó de pronto el INE (en diciembre), quizá había detallitos muy menores y cuando eso sucede el inspector que llega te dice ‘ve, hay que corregir eso porque está malo’ y uno se compromete y corrige. Al no hacerse la corrección viene una amonestación o hasta una multa, pero aquí no hubo nada, simplemente llegaron y ese mismo día me cerraron y me despojaron del negocio.	Bueno, en los paros participamos todas las gasolineras y ese era un derecho que yo tenía de participar como cualquier ciudadano. Luego cuando se daban las represiones en los alrededores de mi negocio y por el lado de la UCA y Metrocentro, yo abrí las puertas de mi negocio a los estudiantes, periodistas y ciudadanos que eran atacados por las balas de la Policía y los paramilitares; en realidad, abrí las puertas para resguardarlos y ante eso lo que yo recibí fue que la Policía destruyera mi negocio, desbaratando las puertas y ventanas de la tienda de conveniencia. Porque los estudiantes nunca, jamás, me destruyeron nada, quienes destruían eran los policías. Allí no me saquearon ningún caramelo, como lo dijeron algunos medios oficialistas. Los vidrios quebrados fueron por las balas de la Policía. Eso fue precisamente el 28 de mayo, cuando se dio una batalla campal con los muchachos de la UCA, la UNI y la Policía.	Así es, yo no podía ser indiferente y la gente estaba en riesgo y yo humanamente abrí las puertas de mi negocio. Si ese fue mi pecado, dar refugios a quienes eran perseguidos por las balas, entonces yo lo volvería a hacer. Eran muchachos que protestaban cívicamente, no eran armados ni criminales, por eso les daba refugio. Ellos solo ejercían su derecho a la protesta. Yo estuve allí en varias protestas y veía que eran pacíficas.	Yo tengo más de treinta años en la industria del petróleo y siempre he conocido al INE como una entidad profesional, siempre han trabajado en cuidar el reglamento de los hidrocarburos, pero qué pasó ahorita, no sé, de repente llegaron y cerraron, no solo a mí, sino a cinco gasolineras, las cerraron sin razón alguna. Yo tenía todo en orden, pago de impuestos, mi licencia estaba en orden. Yo nunca he sido político, nunca he sido de ningún partido político. Yo pienso que el Gobierno usó al INE para confiscarme. Entonces lo que me han hecho es estrictamente político y estrictamente confiscatorio. Fui despojado de mi negocio, que era familiar, y me obligaron irme del país, porque si me cierran y me confiscan mi negocio, ¿qué me puede pasar mañana?	Claro que sí, las señales estaban dadas. Mi negocio estaba inundado de policías permanentemente, ante y después del cierre y confiscación. Vivía en un estado de sitio, un estado de intimidación. En la zona de mi casa había permanentemente policías y motorizados. Había policías día y noche. A la tienda entraban los policías armados con AK y escopetas, eran escenas de acoso. Era verdaderamente un estado de terror el que viví, que ni para mí, ni para mi familia era algo aceptable.	Sin embargo, es importante recordar que los funcionarios públicos tiene una especial responsabilidad con sus labores, pues ellos representan al Estado y como tal deben velar por el cumplimiento de las leyes. Por ejemplo, el señor Ricardo Guerrero Alvarado, abogado que arbitrariamente llegó a cerrarnos el negocio en representación del INE, y el presidente de la misma entidad, José Antonio Castañeda, deben estar conscientes de la magnitud del delito que cometen prestándose a ser herramientas de la represión del Gobierno, y poniendo en entredicho el nombre del INE, que es una institución que históricamente actuaba de forma profesional y velaba por el cumplimiento de las leyes.	“La principal razón de nuestra decisión fue la inseguridad que sentimos al vernos señalados como enemigos del Gobierno. En circunstancias normales uno puede defender sus derechos ante las distintas instancias gubernamentales, pero en la Nicaragua de hoy no existe esa posibilidad. El cierre del negocio, aunque fue algo totalmente ilegal y arbitrario, es algo que se supera y uno puede iniciar de nuevo, pero estando en la mira del régimen, es un peligro inminente permanecer en el país”.