En esta entrevista con El Nuevo Diario, Courtney comenta que “tenemos problemas con el padrón electoral, pero no implica que no se puedan hacer elecciones anticipadas… Se pueden hacer mecanismos ad hoc para evitar las irregularidades que implica tener un padrón electoral con problemas, como es el doble voto, por ejemplo”.	El problema político es bien grande, podés hacer una magnífica ley electoral y después el aparato electoral, pero los magistrados activamente encuentran el modo y pasan por encima del articulado de forma hasta grosera, por ejemplo con la publicación de los resultados. La ley actual dice que deben ser publicados, pero el aparato electoral lo utiliza para no dar resultados auditados. No se trata solo de hacer una nueva ley o reformar la existente, la diferencia es semántica. Los cambios van más allá de la ley, se trata de cambiar el modo de operar, de reglamento interno, que las divisiones hagan su trabajo y que la transparencia esté en las diferentes partes del sistema. El planteamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) es comprensivo, aborda los temas torales, las mejores prácticas en materia electoral. Técnicamente se apunta a una reforma muy completa. Pero la OEA no tiene que resolver los temas políticos, magistraturas y los tiempos de las lecciones. La ley actual habla de fiscalización, pero el aparato electoral le da vuelta a eso y, por ejemplo, hace correr a los fiscales por una credencial para que lleguen cansados el día de las elecciones y que no puedan tener suplente, cuando la ley lo que trata de fomentar es que diez días antes de la elección deben entregarse las credenciales y que los suplentes puedan asumir cuando no esté el titular. En muchos puntos el problema no es la ley, sino el manejo que le dan en el Consejo Supremo Electoral (CSE); por eso es que la reforma técnica es muy buena, pero seguirá siendo fundamental que el arbitraje cambie. Reconozcamos que la ley necesita mejoras, pero nuestro problema no es ese. Hay que reforma la ley, pero con mucha atención en cambiar el aspecto político, que pesa en la conformación del equipo de magistrados electorales, que al menos tienen que tener pesos y contrapesos, un balance.	Una de las cosas que deben cambiar, probablemente es la fundamental, es que las mesas electorales en las Juntas Receptoras de Votos no estén controladas por los partidos que ganaron el primero y el segundo lugar en las elecciones anteriores. Actualmente así es y lo único que hace es que el partido que fue el número uno en las elecciones (en este caso el FSLN) utiliza lo que dice la ley para su conveniencia. Está en las mesas presidiendo en el cien por ciento, en todos los lugares donde se instalan; el del segundo lugar también y después todos los demás se comparten un tercer lugar, al que llaman tercer miembro de la mesa. En este punto, la ley prohíbe que el tercer miembro de una mesa electoral sea del mismo partido que ocupa la presidencia de esa mesa y de igual manera no puede ser un afiliado del partido que tiene el cargo de segundo miembro, pero los magistrados se hacen los chabacanos y el Frente (Sandinista) ha estado poniendo al tercer miembro en las ternas para las mesas. Ese tercer miembro resulta ser un aliado del Frente Sandinista y era como tener al presidente y tercer miembro de una mesa electoral como del mismo partido, son malos comportamientos del aparato electoral.	Estamos en el peor de los escenarios, se puso al zorro a cuidar los huevos. Y no es que en otros países no lo hagan, pero tiene otros pesos y contrapresos de manera que el sistema es más efectivo. La OEA trae su libreta de mejores prácticas, se conocen por lo menos tres métodos que son superiores; uno es que se haga una lotería entre todos los partidos para integrar las mesas, para que al menos no sea el partido ganador de las últimas elecciones el que las controle todas. La otra opción es poner a los maestros, por asuntos de sindicalismo podría haber cercanía a un partido, pero es mejor que las dos primeras; pero, mejor que poner a los maestros, es poner a los estudiantes del último año de secundaria como parte de su curso de cívica, pero aún en este caso habrá quien diga que los muchachos son fáciles de influenciar. Probablemente, el mejor método, es sacar a las personas que integrarán las mesas electorales del padrón electoral de las Juntas Receptoras de Votos por medio de un sistema aleatorio, como se hace con los jurados para un juicio, pero este artículo de la ley hay que cambiarlo (artículo 16).	En este aspecto el debate está completamente abierto. Cada país tiene sus tendencias por las conveniencias políticas. En el caso de Nicaragua existe un partido que consistentemente puede poner un tercio más grande de votos, pero muy improbablemente la mitad más grande, por lo tanto, ese artículo le conviene. Hay otras maneras de computar unas elecciones, una es establecer que quien obtenga más votos en una sola ronda gana y esto lo practica casi todo el mundo, los Estados Unidos y la gran mayoría de los países del primer mundo aplican esto; si tiene 32% le gana al 31%; si acaso solo el 18%, pero bien, le gana al de 17%. El otro es definir que el ganador de una elección es quien alcance el 50% más uno, pero este debate pertenece al ámbito de los temas políticos; desde el punto de vista técnico no se puede tener una posición fuerte. Esa discusión es muy política.	Hablamos que en seis meses estaría lista la reforma como para una convocatoria a las elecciones, que se haga esa convocatoria es otro tema, pero si de una vez se acuerda la fecha para las elecciones, el aparato electoral estará listo. El periodo en que se convoca para celebrar las elecciones, implica seguir trabajando en los aspectos técnicos para llegar mejor preparado al día de esas elecciones. Seis meses para la reforma y luego una convocatoria para tener elecciones al final de otros seis meses, implica trabajar 12 meses en todos los problemas técnicos. La OEA ha dicho que en seis meses tenemos esa reforma. Lo que la OEA plantea es razonable, es aceptable. Esto puede servir para convocar a elecciones para una fecha seis meses después, si comenzamos a contar el plazo a partir de este momento, se podrían tener elecciones en abril. Matemáticamente es consistente, es posible. El problema que maneja la Alianza Cívica es que, en teoría, mientras no se libere a los presos y el Gobierno no cumpla los acuerdos firmados, no tiene libertad de discutir otra cosa; lo han expresado.	Se debe hacer la reforma electoral, ese es el paso previo para elecciones anticipadas y se ha pedido que deban ser con calidad. Entonces, una de las primeras cosas que deberían discutirse desde el punto de vista de la idoneidad, es el nombramiento de los magistrados en el CSE. Vas a discutir las reformas electorales para tenerlas lista en seis meses, pensar en meter magistrados al final de esos seis meses, no es lo ideal. El tema de los magistrados deben discutirlo lo más temprano posible para que administren la nueva ley desde el principio, y continúen haciendo los cambios técnicos hasta el día de las elecciones. El punto es que las próximas elecciones deben ser conducidas por magistrados que se nombrarán en el diálogo, para que luego los ratifique la Asamblea Nacional. En el diálogo, por esta ocasión, se determinarán los criterios de idoneidad, que ya deberán quedar establecidos en la ley, eso esperamos. En este caso la elección de magistrados debe ser el lugar ad hoc, que es el diálogo. Recordemos que en Nicaragua se montó el diálogo, que debería estar ocurriendo en el parlamento, pero sabemos que ahí no puede realizarse. La Asamblea dejó de ser un lugar de debates. La Asamblea en realidad no es un congreso, con representatividades y todo lo demás; la Asamblea es del Gobierno. Entonces, deben de escoger a los magistrados del CSE en otro espacio, que es el diálogo, pero esa una parte política en la que entendemos no se ha iniciado el debate.	La ley indica que la Asamblea Nacional los elige, porque no se conoce nada mejor, pero se debe mejorar la ley en este sentido. La Asamblea debe elegir en base a un proceso competitivo, con metodología en la que das puntos o quitas puntos, como en otros países. Pero en el caso de Nicaragua, lo único que se establece es que la Asamblea escuchará a los candidatos sin ningún tipo de compromiso para valorarlos, ni de puntuarlos. En la Asamblea actualmente no aplican criterios de idoneidad, que es precisamente lo que la nueva ley debe establecer. Por dar un ejemplo, a la hora de decir entre un candidato y otro, de ver cuántos puntos le darían o restarían a una persona que aspira a ser magistrado, entonces, si esta persona pertenece a la gerencia o cargos de dirección de un partido político, ¿cuántos puntos le darán o restarán? La Unión Europea lo planteó muy bien en el 2011. Se necesita que lo elija la Asamblea, pero con requisitos mucho más interesantes, que no sea solo el hecho de no estar muerto, no estar preso y de hablar en la Asamblea sin ningún tipo de evaluación. Los criterios de idoneidad no están especificados y deben quedar ahora taxativamente en la ley.	El aparato electoral no tiene modernidad ni transparencia. Los caminos de transparencia están empotrados y a eso apunta la OEA con el cambio sistémico que plantea. La ley electoral es del año 2000, y ha sido reformada solo para cuestiones políticas, no para cuestiones tecnológicas. Todavía se habla de que te manden por fax los datos de las Juntas Receptoras de Votos (JRV). En el 2008, Ética y Transparencia documentó el fraude electoral. El CSE publicó los resultados junta por junta como dice la ley, y también estaba publicando los padrones de las JRV, de manera que fue bien fácil ver que el CSE te decía que en la junta 110 había 80 votantes y después, al día siguiente, decía que en la junta 110 ganó el gobierno 400 votos a cero; eso es imposible si había solo 80 votantes y solo mandó 100 boletas, esas imposibilidades fueron detectadas y se convirtieron en una prueba flagrante de fraude. Resulta que el padrón no te lo guardás calladito, sino que cualquier persona puede ver cuál es el listado de votantes de la junta tal y lo puede ver, transparente, hacia eso apunta el cambio sistémico que plantea la OEA. La publicación y auditoría debe estar por todos lados. Toda información que permita detectar un fraude no tendrá como filtro a los magistrados. Actualmente, a pesar de que la ley dice que se deben publicar resultados, el CSE dejó de publicar el padrón, te elimina partidos, te le quita fiscales, por eso el tema político del arbitraje, la elección de magistrados, es clave.	Lo del padrón electoral tiene su salida, a pesar de ser un desastre, ha sacado de sus filas a todos los que no han votado en los últimos procesos. Se pueden hacer mecanismos ad hoc para evitar las irregularidades que implica tener un padrón electoral con problemas, como es el doble voto, por ejemplo. Pero si habrá, en el caso supuesto, seis meses más para llegar a las elecciones luego de aprobarse las reformas, se puede realizar un trabajo técnico para tener el día de las votaciones un mejor padrón electoral.