“Creemos que si miramos para arriba, aquí hay alguien ‘grande’ que por eso no miramos el sol claro”, fue una de las expresiones de los productores José Tránsito Ríos y Felipe Hurtado, dos de los propietarios de la finca “El Encanto”, que hoy fueron desarmados por las autoridades policiales de Boaco por órdenes de los altos mandos de Managua.	Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, dijo que los productores, a pesar de ser afectados por la incursión de un grupo combinado policía-ejército que mataron a tres de sus trabajadores en su propiedad, las nuevas acciones policiales más bien parecen de presión, en vez de darles protección por las continuas amenazas de muerte de las que son objeto por parte de Gregorio García, quien se moviliza con agentes policiales y militares, según testigos de la misma policía.	“Las autoridades de Boaco hasta se mostraron sorprendidas por el requerimiento proveniente de Managua, en la cual les ordenaron que nos decomisara las dos armas que manteníamos en nuestra propiedad para protección. Supuestamente la falta se dio porque los registros están en la comunidad de Tumarín y en los medios de comunicación se ha dicho que estamos en la comunidad El Pavón. Pero vamos a apelar”, dijo vía telefónica José Tránsito Ríos, productor y co propietario de la finca “El Encanto”.	Según el productor, las armas –dos fusiles calibre 22 y dos escopetas 12— fueron confiscadas luego del incidente mortal del pasado 21 de mayo. Posteriormente ante las amenazas de muerte de García que han recibido y la delincuencia de la zona, llevaron dos armas más, las que ayer fueron decomisadas dejándolos desarmados. Esto a pesar que en la reunión con el comisionado general Juan Báez no les prometieron nada sobre su seguridad personal.	“De acuerdo con la Ley 510 o ley especial para el control y regulación de armas de fuego, ellos cumplen con los artículos 22 de Emisión de Licencia, y en el capítulo V, los artículos 30, de Control y uso de licencia, y el 37 de Posesión y Validez de Armas. Esto les permitía usar las armas en todo el territorio nacional. Por lo que evidentemente las autoridades no tienen excusa de requerirle las armas, ni las licencias”.	Carrión considera que hay peligro de impunidad en el caso de las muerte de los civiles, porque las autoridades dejan muchas señales de encubrir el problema “enturbiando”, la situación. Por un lado, las primeras versiones oficiales distaron mucho de lo descubierto y no dejaron que un perito revisara a los muertos, por otra parte hubo intentos de evitar que los afectados divulgaran el suceso, a lo que se agrega la desprotección en que dejan a los afectados, entre otras cosas.