a) Expresamos nuestra condena total a la práctica del secuestro, realizada por las FARC, las otras guerrillas, los paramilitares, algunos miembros de la fuerza pública y la delincuencia común. El secuestro es en sí mismo un crimen atroz que conduce al agotamiento físico y a la muerte social de las personas afectadas	c) Condenamos, además, las políticas de algunos miembros de la Comunidad Internacional, en particular las del gobierno de los Estados Unidos que, con los Planes “Colombia”, “Patriota” y “Consolidación”, le suministran al gobierno colombiano los medios militares y financieros para que continúe con una guerra que ha atravesado todas las fronteras de lo inhumano. Por su parte, la Unión Europea no cesa de cerrar los ojos frente a esta tragedia humanitaria, en nombre de intereses económicos que no son	Por lo anterior, los declarantes llaman a una movilización inmediata de todas las voces democráticas, en Colombia, Latinoamérica, en la Unión Europea y en los Estados Unidos, para contribuir a la liberación de los secuestrados y a la realización del acuerdo humanitario, etapas necesarias en la construcción de una solución no violenta y negociada del conflicto armado. Con este propósito, nosotros demandamos públicamente:	a) Que las FARC liberen inmediatamente y sin ninguna condición a todos los secuestrados civiles en su poder, bien sea por motivos económicos o políticos. Frente al dolor de los familiares, las FARC deben tener una mínima coherencia con su propuesta política y ética, y crear las condiciones para su liberación. De lo contrario, su lucha pierde todo sentido.	c) Que la Comunidad Internacional demuestre un compromiso real con la paz y los derechos humanos en Colombia. Por consiguiente, formulamos tres peticiones específicas: la continuidad irrevocable de la oficina de las Naciones Unidas in situ y el fortalecimiento de sus medios de acción; el envío de un delegado permanente de la Unión Europea, que refuerce la labor de la diplomacia europea con respecto al acuerdo Humanitario; el desarrollo de diversos mecanismos que obliguen al Estado colombiano a darle garantías efectivas a las organizaciones que han entablado acciones frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que éstas lleguen a buen término.