La ley, que no se refiere en ninguno de sus artículos a los procesos judiciales, otorga a un rol clave a los ministerios de Educación y Salud, así como a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para atender, organizar y actualizar el registro de las personas afectadas durante las protestas iniciadas en abril de 2018.