En el comunicado del 20 de marzo en el cual se informó la reanudación de las negociaciones, se dijo que las partes habían acordado “desarrollar a lo inmediato y de manera simultánea los temas de liberación de todas las personas presas y detenidas, y de la democracia y reformas electorales”. Y se agregó que también se abordaría el fortalecimiento de “los derechos y garantías ciudadanas”.	Las precarias garantías constitucionales que había en el país fueron suspendidas de hecho por la dictadura de Daniel Ortega desde el estallido social de abril del año pasado y la brutal represión que desató para aplastarla. De manera que ahora es necesario restablecer las garantías suspendidas de facto, pero también fortalecerlas, a fin de que pueda haber un clima apropiado para la celebración de elecciones auténticas.	La realización de elecciones libres y anticipadas es una demanda consistente de la Alianza Cívica, que la comunidad democrática internacional respalda plenamente. Fue planteada originalmente por la Conferencia Episcopal de Nicaragua en el frustrado Diálogo Nacional del año pasado, pero Daniel Ortega respondió de manera virulenta acusando a los obispos de golpistas y terroristas. La misma acusación que hizo contra los empresarios, organizaciones de la sociedad civil, grupos estudiantiles democráticos y prácticamente todos los nicaragüenses participantes en la rebelión cívica del año pasado.	El régimen de Ortega ha aceptado formalmente discutir la reforma electoral, pero todavía no reconoce la necesidad de adelantar las elecciones. No entiende que con solo anunciar el adelanto de las elecciones con garantías de que serán auténticas, habría un gran alivio en el país, la economía recuperaría la confianza y la crisis nacional se comenzaría a resolver.	Por otra parte, al conocerse que el tema de las reformas electorales será discutido en la mesa de negociación, los partidos que forman parte del sistema político de la dictadura reclaman que en este punto ellos tienen que ser los interlocutores del gobierno, porque dicen que quienes participan en las elecciones son los partidos políticos, no las organizaciones empresariales ni de la sociedad civil que conforman la Alianza Cívica.	Pero eso es relativo. Los partidos que forman parte del sistema político de la dictadura son parte del problema, no de la solución. Ellos mismos se han descalificado por su complicidad con el régimen dictatorial, de manera que no pueden alegar autoridad política ni moral para negociar las reformas que garanticen la celebración de elecciones democráticas libres y limpias. Lo cual no significa que no puedan participar en ellas, con sus candidatos, pues la democracia auténtica no puede ser excluyente.	Por lo demás, si la negociación tiene éxito lo lógico sería que la Alianza Cívica o la UNAB se conviertan en partidos políticos y participen en las elecciones verdaderas que sean convocadas para resolver la crisis. Además, los partidos democráticos que fueron despojados de sus personerías jurídicas las recuperarían y podrían ejercer su derecho de participación electoral.