de esa región con concesiones de operación de taxis, empleos, ayuda económica, entre otros beneficios, por haber tomado las armas y mostrar lealtad al dictador Daniel Ortega. Los parapolicías además han recibido locales para establecer su organización denominada “Consejo Defensores de la Patria”, misma que es usada como comando para sus operaciones en los tres departamentos de Las Segovias.	En el contexto de la rebelión cívica que inició en abril del 2018, los paramilitares del régimen orteguista han sido sido utilizados como grupos de choque armados en contra de los manifestantes en todo el país y se encargaron de remover lo tranques y barricadas a nivel nacional en las denominadas operaciones limpieza.	En Estelí, a uno de los grupos de paramilitares supuestamente liderados desde abril del 2018 por Víctor Manuel Gallegos, alias “Pedrito el hondureño”, -quien el 21 de julio de 1993 comandó el asalto a varios bancos de la ciudad de Estelí – les fue entregado un local donde funcionan las oficinas de la delegación departamental del Ministerio de Gobernación (Migob).	Ahí, este grupo se reúne a diario, algunos con vestimentas camufladas similares a las usadas por el Ejército de Nicaragua; además se les ha visto portando armas de fuego (pistolas y revólveres) y fusiles de guerra (AK) cuando salen a operar a bordo de motocicletas o camionetas Hilux a diversos puntos de la ciudad en plan de vigilancia, para que ningún ciudadano se manifieste públicamente contra el régimen.	“En Estelí operan dos grupos (de paramilitares), uno que lo comanda Pedrito El Hondureño, y es al que le dieron una de las casas de la colonia Meneses, donde funciona la oficina de la delegación departamental del Ministerio de Gobernación, y  el que dirige el compañero Frank Boadequer”, aseguró una fuente que está ligada a los paramilitares. La misma fuente, que pidió no ser identificada, manifestó que las concesiones de taxis ya fueron aprobadas por Francisco Valenzuela, alcalde orteguista de Estelí.	En tanto en Nueva Segovia los paramilitares tienen su centro de operaciones en el edificio que pertenece al Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS) que dirige la defensora de derechos humanos Haydee Castillo y que fue confiscado por el régimen orteguista. Otros grupos operan en propiedades expropiadas de personas a quienes se les ha vinculado con el crimen organizado y el narcotráfico en zonas del municipios Mozonte, Jalapa y Ocotal.	En Jalapa, los paramilitares del autodenominado “Frente Norte Ramón Prudencio Serrano”, y que pertenecen al Consejo Defensores de la Patria, operan 34 unidades de taxis sin cumplir algunos requisitos, ya que usan carros viejos y sin los chequeos mecánicos. Las concesiones fueron otorgadas por las autoridades de la alcaldía. Esto generó que 98 propietarios de taxis legales protestaran sin tener respuesta alguna.	En los departamentos de Nueva Segovia, Madriz y Estelí operan unos 1,800 paramilitares, la mayoría entre los 55 y 65 años, y según un exparamilitar consultado bajo anonimato, reciben mensualmente una ayuda de 7,500 córdobas que son pagados en las secretarías del FSLN de cada departamento con aportes de las alcaldías.	La mayoría de los paramilitares que operan en la zona norte son militantes y colaboradores históricos del orteguismo, exmiembros de las entonces Tropas Paulo Úbeda (TPU) en la década de los años 80, retirados del Ministerio del Interior o Seguridad del Estado, del Ejército Popular Sandinista (EPS), excachorros del Servicio Militar Patriótico (SMP), de los Batallones de Lucha Irregular (BLI) y de los batallones de reserva de milicianos del 3012 y 3013, y que combatieron en ese tiempo en contra de la resistencia nicaragüense o contras.