De conformidad con el artículo 163 de la Constitución Política vigente, la Corte Suprema de Justicia estará integrada por dieciséis magistrados electos por la Asamblea Nacional, por un período de cinco años. En estos próximos días se le vence el período a cinco de ellos, y en septiembre a otros tres. Consecuentemente tiene que haber una elección para elegir a los sustitutos de los primero cinco, y otra para la elección de los que cesan en septiembre, pero no será así porque las leyes se aplican según la conveniencia de los líderes políticos que controlan los Poderes del Estado.	Ya los mencionados líderes movieron sus fichas, llegando a componendas para una elección en combo de cuatro a cuatro entre el PLC y el FSLN, cuando la Constitución, que es la Ley Fundamental, la que no puede ser violentada por ningún Poder del Estado, funcionario o autoridad, establece en su artículo 138 numeral 7, que es atribución de la Asamblea Nacional elegir a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes.	Además se elegirá A CADA MAGISTRADO con el voto favorable de al menos el 60% de los Diputados. Es decir, se debe votar por cada magistrado a elegir, por lo que, para reponer a los cinco primeros se deben hacer cinco votaciones distintas, y de igual manera se debe actuar con los cargos a elegir de los magistrados que cesan en septiembre.	Pero como en Nicaragua la Constitución y las leyes son papel mojado según convenga al gobierno de turno, ya está decidido que para garantía de cada parte del acuerdo, se hará en combo de ocho Magistrados en una sola elección y de una sola lista, por la desconfianza entre ambos Partidos.	Lo más triste del caso es que Abogados como el Dr. José Pallais y el Lic. Wilfredo Navarro, ambos con altos cargo dentro de la Asamblea Nacional, y supuestamente diputados de oposición, con la mayor desfachatez avalan ese ilegal e ilegítimo proceder, a sabiendas que es violatorio de nuestra Ley Fundamental. Ellos, como abogados, saben muy bien que no tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se opongan o alteren la Constitución Política, que es la carta fundamental de la República; como saben también que ningún Poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario, tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que las que le confiere la Constitución Política y las leyes de la República. Ellos saben muy bien que hacer la elección en un sólo bloque viola los procedimientos constitucionales y eso parece no importarle, aunque en otros temas, según su interés particular, aparecen como grandes defensores del Derecho y la legalidad.	Cualquier elección que se haga contrariando la Constitución al no seguir la formalidad establecida por ella, es de ningún valor y hará que tengamos una Corte Suprema espuria que terminaría echando otra palada de tierra al Estado de Derecho. Pero eso no parece importarle a ambos partidos, a sus líderes y a sus asesores jurídicos.