Con motivo de la reestructuración de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y la creciente convergencia entre esa organización y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), con frecuencia se olvida el punto de partida: antes de la crisis desatada en abril del año pasado, había gran complacencia nacional e internacional con Ortega. Lucía exagerado, entonces, y hasta nos lo reclamaban, llamarla dictadura, como lo hicimos en el libro El régimen de Ortega. ¿Una nueva dictadura familiar en el continente?, publicado en 2016.	Recuérdese que desde su toma de posesión, en enero de 2007, Ortega estableció los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), instrumentos partidarios a los cuales se atribuyó ilegalmente funciones estatales, iniciando así el progresivo cierre de espacios democráticos, hasta derivar en la dictadura responsable por la más sangrienta masacre a protestantes pacíficos que se haya registrado, en tiempos modernos, en el continente. El cierre progresivo de la incipiente democracia incluyó fraudes electorales hasta el control total del poder judicial, electoral y legislativo, y la exclusión absoluta de la oposición en las elecciones de 2016.	En ese contexto, era obvia la precariedad organizativa de la oposición. La indiferencia con el régimen era tal que resultaban inoportunas, por decir lo menos, las protestas que algunas decenas, no centenares, protagonizábamos contra el Consejo Supremos Electoral (CSE) en la rotonda de Metrocentro. La única noticia internacional relevante de esos 12 años de complacencia e indiferencia fue la onerosa concesión internacional del canal a Wang Jing. Hasta que todos los agravios acumulados estallaron en abril de 2018 y, de pronto, todos en Nicaragua y el mundo nos dimos cuenta del monstruo que se había desarrollado ante nuestra indiferencia.	Desde entonces, la ACJD ha venido creciendo: a) de la improvisación inicial a su creciente articulación; b) ha venido superando los problemas de comunicación inicial; c) transcurrieron ocho meses sin negociaciones (junio 18-febrero 19), y sobrevivió en el imaginario de población y comunidad internacional y, d) es reconocida como interlocutor del gobierno.