Organismos de derechos humanos han cerrado filas condenando la decisión del gobierno de Nicaragua de expulsar del país a la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a la misión del Mecanismo Seguimiento para Nicaragua (MESENI), que permanecían en el país para monitorear e investigar los graves hechos ocurridos desde el 18 de abril.	El 30 de agosto, el gobierno de Nicaragua también expulsó al representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUD) luego de que este organismo presentara un informe contundente sobre la graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua y señalara de responsables de estos hechos al gobierno del presidente Daniel Ortega.	Con la expulsión de estas organizaciones internacionales de derechos humanos y con la cancelación de la personalidad jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la única organización nacional de esta índole que todavía no ha sido cerrada por el gobierno es la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), misma que asegura continuará brindando su apoyo a la ciudadanía que solicite su acompañamiento.