Con anterioridad al Comunicado de la Cooperación Internacional dirigido al Gobierno, el Canciller por la Ley cayó en la solemne patanería de mencionar el burdo, obsceno y machista chiste de la gata de angora, aplicándolo al Cuerpo Diplomático. Después del Comunicado, el turno le tocó al mismo Presidente de la República para sacar su caja de lustrar y hablar de los diplomáticos como moscas alrededor de la suciedad (todo mundo sabe alrededor de qué suciedad se congregan las moscas preferentemente). No vale la pena comentar ni criticar más esas declaraciones vulgares y de humor negro de las dos autoridades mencionadas.	Pero el Vicecanciller Jentske dijo algo más en el estilo aceptable de la diplomacia y la buena educación. A pesar de que viene a caer en sofismas o medias verdades, al menos habló de forma en que valga la pena comentar su discurso. Suponemos que lo que él dijo con más inteligencia fue lo que intentaron decir el Presidente y el Vicecanciller con su limitado lenguaje.	De acuerdo al Informe Pastrán, Jentske afirma que ha habido cambios sustanciales en la manera de relacionarse con los otros países del globo, que ya el gobierno de Nicaragua no es sumiso ante los donantes, como lo fueron los gobiernos anteriores. Por lo que dice más allá, se entiende que los gobiernos donantes sólo tienen que tener en cuenta lo que piensa el gobierno de Nicaragua, y les debe importar un pito la opinión de la ciudadanía o la sociedad civil. En la concepción del gobierno, como la expone el Viceministro, el gobierno de Nicaragua puede hacer lo que le de la gana, incluso conculcar derechos humanos, y la comunidad internacional debe cerrar el pico y continuar brindando su cooperación. O, si no es así, que mejor se vayan.	Que perdone el Vicecanciller, pero que quede claro que en Nicaragua la opinión que hay que respetar es la que coincide con la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y si no es el gobierno de Nicaragua sino el resto de la ciudadanía los que opinan del lado de los derechos humanos, es a la ciudadanía a la que los demás pueblos y gobiernos del mundo deben escuchar. Por eso la Organización de los Estados Americanos en 1979 escuchó y se puso de lado de la ciudadanía rebelde e insurrecta, y mandó al barril de la basura al Gobierno de Anastasio Somoza.	La opinión de este país no la expresa sólo el gobierno de la República. Si somos una democracia, como dice la Constitución, representativa y participativa, también la ciudadanía no involucrada en el gobierno pero sí en el sistema político, como los partidos de oposición, y también la ciudadanía ni siquiera involucrada en el sistema político, como es la sociedad civil, son parte de la opinión del país. Y los otros gobiernos y pueblos del mundo deben respetar no sólo lo que nuestro gobierno dice o cree, sino también lo que la ciudadanía de la sociedad civil piensa mayoritariamente acerca de lo que sucede o está por suceder en Nicaragua.	Y en los dos capítulos, en respeto a los derechos humanos y en identificarse con lo que piensa la gran mayoría de la población está fallando el Gobierno de Nicaragua, de forma absolutamente clara. Por mucho que el gobierno alegue que los medios de comunicación están vendidos al imperialismo y están políticamente coaligados contra el gobierno, en realidad los medios lo que están haciendo es reflejar el sentir y el pensar de la población de Nicaragua que no está involucrada en el aparato estatal, ni en el partido que controla tan sólo el 30 por ciento de la población. El resto de la población y los medios de comunicación piensan casi unánimemente que este gobierno no respeta bastantes e importantes derechos cívicos y políticos de la población nicaragüense.	El Gobierno no respeta el derecho, establecido en la Constitución, de que el gobierno permita la igualdad de condiciones de todos los sectores de la sociedad civil para participar en la determinación de las decisiones que han de regir este país. El Gobierno ha hecho saber muy meridianamente que la única representación de los ciudadanos de la sociedad civil que reconoce es la integrada en los CPC. Ninguna otra organización de sociedad civil es tenida en cuenta en las asambleas que el gobierno dice tener con la población.	Las organizaciones ya existentes de la sociedad civil son ignoradas, no son consultadas, no son informadas ni son llamadas a dialogar y cooperar con el Gobierno. Esto es ignorar completamente y conculcar la Ley 475 de Participación Ciudadana, que está por encima de cualquier decreto presidencial. Más expresamente, el gobierno ha promulgado un Decreto, el 1º. mayo de 2007, por el cual se adultera la máxima institución representativa de la sociedad civil, que es el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes), creado en fuerza de la mencionada Ley 475. El Conpes, de ser una institución que abrigaba en su seno de forma balanceada, respetando la “igualdad de condiciones” a una gama de organismos cívicos que reflejaban adecuadamente el pluralismo de nuestra ciudadanía, fue convertido de un plumazo en un consejo donde los CPC participan en el plenario con un número de representantes 18 veces más grande que el de cualquier otra organización, y donde la segunda instancia de poder, la Junta de Directores, está constituida por 18 miembros nombrados a dedo por el Presidente, en carácter personal, y donde sólo cinco son elegidos por los organismos de sociedad civil, trastocando la estructura que antes existía, apegada a la Ley, donde los nombrados por el Presidente en esa Junta estaban en igual número que los elegidos por las bases ciudadanas del Consejo.	Adicionalmente, el Presidente ha excluido del Conpes, sin dar ninguna explicación, a por lo menos 10 representantes de organismos de la sociedad civil que ya eran miembros del Conpes, resultando que los organismos excluidos son los que más se han distinguido en este país por su independencia, su autonomía y su capacidad de crítica ante los gobiernos que han precedido, como es el caso de la Coordinadora Civil. Y lo que el Gobierno ha hecho adulterando al Conpes a nivel nacional, lo ha repetido a nivel departamental y municipal con las instituciones que ya existían y que fueron creadas por la misma Ley 475, que son los Consejos de Desarrollo Departamental (CDD) y Comités de Desarrollo Municipal (CDM). Éstos han sido sustituidos por las representaciones departamentales y municipales de los CPC. Todo el Sistema de Participación Ciudadana, pues, ha sido trastocado y adulterado. Y eso es una grave conculcación del derecho de los nicaragüenses a la participación ciudadana.