Primero, dijo Shields, un representante de Duke Energy, la segunda empresa de servicios públicos más grande del Estado, le dijo que no se beneficiaría mucho con la energía solar debido a que “llueve”. Luego, la empresa le dijo que no ahorraría dinero. Después de que se comprometió a comprar el sistema, Duke le dijo que necesitaba estar asegurado, al decir que podría “dañar la red de suministro eléctrico”.	La experiencia de propietarios de casas como Shields ha sido moldeada en gran parte por el gasto político de las empresas de servicios públicos. Del 2014 hasta fines de mayo, las cuatro empresas de servicios públicos más grandes que son propiedad de inversionistas gastaron en conjunto más de 57 millones de dólares en contribuciones a campañas, de acuerdo con un análisis. También contrataron a suficientes cabilderos como para tener uno por cada dos legisladores en Tallahassee, la capital del Estado.	El esfuerzo los unió contra las empresas de servicios públicos, que en el 2016 respaldaron una iniciativa de ley sometida a voto popular para imponer más comisiones a los usuarios de energía solar y evitar que llegaran al Estado compañías de energía solar que no fueran las empresas de servicios públicos.