Tras las elecciones del 20 de octubre en las que el expresidente Evo Morales buscaba un cuarto mandato, la oposición denunció «fraude» y se desató una ola de protestas callejeras. Morales, el primer mandatario indígena del país, dimitió el 10 de noviembre bajo presión de sus opositores y de las fuerzas de seguridad, que lo instaron a renunciar. La violencia callejera recrudeció entonces.	La misión del GIEI será elaborar «planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en Bolivia»; elaborar un análisis técnico de las líneas de esta indagación para establecer responsabilidades penales; y estudiar un proyecto de atención integral a las víctimas, entre otros, explicó la CIDH en un comunicado publicado en Twitter.