A pesar de las disensiones, en la abigarrada oposición a la dictadura hay un consenso general en que la única opción para salir de la crisis sociopolítica que sufre el país y abrir el camino al restablecimiento del sistema democrático, es la celebración de elecciones libres y limpias, observadas por entidades y personalidades confiables, nacionales e internacionales.	Solo unas pocas personas en la oposición hablan de que se necesita otra insurrección para derrocar a la dictadura. Pero dicen que sería una sublevación cívica, básicamente pacífica como la de abril de 2018, no una insurrección armada como la que organizó el Frente Sandinista con apoyo internacional para sacar del poder a la dictadura somocista.	La OEA, la Unión Europea y muchos países importantes a título particular, como los EE. UU., Canadá, España, Alemania, Francia y otros, advierten que la única solución a la crisis de Nicaragua que ellos respaldan es aquella que vaya por la vía pacífica, que resulte de un acuerdo del régimen con la oposición y se realice mediante elecciones democráticas.	Por otro lado, los operadores de la dictadura que se atreven a opinar en público están diciendo que ante el fracaso de las negociaciones con la Alianza Cívica, impulsarán las reformas electorales previstas en el memorándum de entendimiento con la OEA, suscrito en febrero de 2017, para aplicarlas en las elecciones que según los tiempos constitucionales deben ser en noviembre de 2021.	Se supone que para la oposición el objetivo de las elecciones es la recuperación del derecho de los ciudadanos al voto libre y respetado y abrir el camino a la democratización. Esto significaría en primer lugar sacar a la dictadura del poder por la vía pacífica. Para Ortega, en cambio, las elecciones solo son buenas si sirven a su objetivo primordial de perpetuarse en el poder. Las elecciones no le sirven a Ortega si se realizan con garantías democráticas, tienen que ser fraudulentas como todas las que hizo desde las municipales de 2008. El dictador a lo sumo acepta algunas reformas electorales cosméticas, las que supuestamente pactaría con la OEA y con los partidos políticos colaboracionistas o zancudos.	Pero Ortega no está en condiciones de hacer lo que quiera. La OEA estableció en la Resolución de su Asamblea General en Medellín que la reforma electoral en Nicaragua tiene que ser para “asegurar elecciones libres, justas, transparentes y legítimas, de conformidad con estándares internacionales”. Y si bien es cierto que en política y en la diplomacia de la “real politik” cualquier cosa puede ocurrir, sería muy difícil que la OEA se atreviera a acompañar una reforma electoral fraudulenta, para apañar y apuntalar a la dictadura de Daniel Ortega.