El documento de la iniciativa explica que recientemente los abogados y notarios públicos fueron incluidos en la Ley Antiterrorismo como sujetos obligados a reportar actividades sospechosas de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, por lo cual, se hace necesario modificar el marco jurídico de la UAF para que sea congruente con lo establecido en la otra legislación.	Y además, se agrega un numeral al artículo 8 de la Ley de la UAF en el que se indica que “en el caso de los abogados y notarios públicos, el secreto profesional debe mantenerse sobre la información obtenida al momento de verificar la situación legal de sus clientes o en el desempeño de su tarea de defender o representar a sus clientes en o con respecto a procesos judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación”.	“Hay contradicción en esa ley. Los abogados no pueden ser policías, eso dejémoselo al ámbito administrativo. Al fedatario lo quieren poner como el sabueso que tiene que andar denunciando lo que llega a sus manos, un hecho que lo pone relevantemente en peligro”, comentó al respecto el jurista Miguel Jiménez, de la organización Unidad de Abogados.	Dijo que será difícil que los abogados cumplan eso, porque pueden ir a la Corte (Suprema) a poner en conocimiento una situación sospechosa y al día siguiente el notario puede estar siendo amenazado por el cliente o la persona que le confió sus operaciones, esto obliga al profesional del derecho a ser “un soplón”.