El presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, Seguridad Civil y Comercio en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE.UU.), Albio Sires, hizo una nueva advertencia al dictador Daniel Ortega a quien demandó restablecer el respeto a los derechos humanos y convocar a elecciones anticipadas en Nicaragua o de lo contrario «enfrente nuevas sanciones».	Las fuertes declaraciones del demócrata Sires fueron recogidas en un comunicado luego de la reunión que sostuvieron congresistas republicanos y demócratas de Estados Unidos con la delegación de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). La oposición recibió el compromiso de los congresistas de mantener la presión contra el régimen de Ortega hasta que se restablezca la democracia en el país.	En la reunión este 27 de septiembre con los líderes de la opositora la UNAB y la Alianza Cívica estuvieron además de Sires, los congresistas Eliot Engel (demócrata por Nueva York), presidente de la Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara; el republicano Michael McCaul (por Texas), miembro de rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, y Francis Rooney (republicano por Florida), miembro de rango del Subcomité del Hemisferio Occidental.	«Ortega y sus matones asesinaron y torturaron a cientos de manifestantes pacíficos el año pasado, y ahora están llevando a cabo ataques selectivos contra campesinos y activistas por los derechos a la tierra rural», denunció el congresista Sires tras escuchar los informes de la oposición sobre la represión que mantiene el régimen orteguista contra la ciudadanía.	Las protestas ciudadanas que estallaron en abril del 2018 fueron respondidas a punta de bala por grupos de choque, parapolicias y la Policía Orteguista (PO). La represión ha dejado al menos 328 asesinatos, miles de heridos, más de mil presos políticos y causado que miles se exilien debido a la crisis económica y el estado de sitio de facto impuesto por el régimen de Ortega.	El Congreso y Senado estadounidense aprobaron la Nica Act donde se imponen una serie de sanciones políticas y económicas al régimen de Ortega por las violaciones a los derechos humanos, corrupción y la ruptura democrática en los doce años en el poder. Esas sanciones suponen el bloqueo de la cooperación financiera de organismos internacionales a Nicaragua así como a funcionarios del régimen. Los mecanismos para la aplicación de la Nica Act fueron activados hace unas semanas por EE.UU.	Las sanciones impuestas por EE.UU. también han golpeado individualmente a once funcionarios del círculo de poder de Ortega entre ellos su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, el hijo de la pareja presidencial Laureano Ortega Murillo; el consuegro de los dictadores y jefe de la Policía Francisco Díaz; el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras. Además la empresa Albanisa SA, que controla el negocio petrolero entre los regímenes entre Venezuela y Nicaragua, y alcanzado al Banco Corporativo S.A. (Bancorp).	«No hay duda de que estos son días oscuros para los derechos humanos y la democracia en Nicaragua. Pero también creo que hay razones para sentirse optimista por el futuro del país. Reunirme con los líderes unificados de la oposición de Nicaragua hoy me dio esperanza de que vengan días más brillantes. El pueblo nicaragüense puede seguir contando con el apoyo bipartidista del Congreso para el regreso a una democracia plena en el país», afirmó el congresista Engel.	«Me enorgulleció reunirme con los líderes de la oposición democrática de Nicaragua. Los felicito por su valentía y liderazgo frente al abuso y la represión del régimen de Ortega. Siempre apoyaré firmemente a los amantes de la libertad de Nicaragua en su lucha por elecciones libres y justas, y exigiré justicia para las víctimas de abusos contra los derechos humanos a manos de esta brutal dictadura», afirmó Michael McCaul, miembro de rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara.	La delegación opositora también tuvo una reunión de trabajo con la comisión de alto nivel diplomático de la OEA conformada para gestionar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde hace 17 meses. El régimen prohibió el ingreso a Nicaragua a la comisión de alto nivel considerándola un acto injerencista, elevándose así el enfrentamiento con la comunidad internacional.