El régimen de Nicaragua reportó a un comité del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que entre 2014 y 2018 estableció 61 Comisarías de la Mujer y la Niñez en todo el país, información que es rechazada por organizaciones de derechos de la mujer en Nicaragua que dan a conocer lo contrario: la dictadura eliminó estas oficinas desde 2015.	El pasado 27 de mayo el Estado de Nicaragua, bajo control de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, envió al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales un tardío informe que debió haber presentado en 2013, como parte de sus obligaciones internacionales de rendir informes de Estado-País del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.	En ese documento con seis años de retraso, el régimen informa que en materia de protección a la mujer, entre otras medidas, y “con el propósito de ampliar el acceso a la justicia y protección judicial”, en el período 2014-2018 “se han establecido 61 Comisarías de la Mujer y la Niñez en el territorio nacional”.	El informe oficial es la respuesta del Estado de Nicaragua al Examen Periódico Universal (EPU) que el pasado 15 de mayo se le hizo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza, donde se reprobó de manera general al Estado por sus reiteradas y permanentes políticas de violaciones a los derechos humanos.	“Al contrario, entre 2014 y 2016 eliminaron las Comisarías de la Mujer que existían en todas las delegaciones como modelo de atención integral contra la violencia hacia las mujeres. Con las reformas a la Ley 779 (Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres) pasaron ese personal especializado a la Dirección de Auxilio Judicial y desde ahí tratan los casos de abusos y violencia de género como delitos comunes”, dice Eveling Flores, de la Red de Mujeres contra la Violencia.	“Las mujeres nos encontramos en la indefensión total ante un Estado e instituciones indolentes. No hay acceso a la justicia real y efectiva, no se investigan violaciones y abusos sexuales contra niñas, adolescentes y mujeres. Con el cierre de comisarías desde el 2016 no hay atención especializada en las denuncias de los distintos tipos de violencia contra las mujeres. Cercenaron la Ley 779, que fue creada como una herramienta jurídica para proteger la vida de las mujeres”, señala Flores.	Lo más grave, a criterio de la Red de Mujeres contra la Violencia, es que la PO no solo desarticuló la red de oficinas de Comisarías y deja en indefensión a las mujeres, sino que permite, tolera y actúa en complicidad con grupos parapoliciales y terceros armados para cometer abusos y delitos de violencia sexual contra las mujeres en el marco del estado de represión que se sufre en Nicaragua desde abril de 2018.	“Todo el sistema de justicia, desde la Policía, la Fiscalía y el sistema judicial, han desnaturalizado y descuidado el mandato de protección a la mujer nicaragüense, por eso desde la Red nosotros insistimos a los fiscales de género que renuncien a sus cargos y se dediquen, si así lo quieren, a seguir en sus labores de partidismo político, pero sin salarios del Estado”, dice Flores.	La desaparición de las comisarías, según Flores, impacta directamente en tres aspectos: en la atención integral de las mujeres víctimas con un enfoque de reparación y orientación, en el aumento de la desconfianza de las víctimas hacia el nuevo sistema de atención ordinario y esto, a su vez, en el aumento del subregistro de los casos por ausencia de denuncias.	“No existe una sola Comisaría de la Mujer activa y funcional conforme a su modelo original de atención integral, ese espacio lo demolieron, lo que queda es una forzada interpretación policial de atención a la mujer que no corresponde en nada al modelo de atención integral de las comisarías”, asevera Jiménez.	“Todo eso ha sido debilitado y desaparecido en todo el país. La Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, ha sido desnaturalizada apenas entró en vigencia con cuatro acciones del gobierno: una reforma que limita su alcance, un reglamento que minimiza su aplicación, un instructivo y una orden de desaparecer las comisarías”, refiere Jiménez.	Para Jiménez, lo que la dictadura de Ortega busca con este informe es convencer a la comunidad internacional que está respetando los derechos humanos de las mujeres, en el contexto de la avalancha de denuncias internacionales por las políticas públicas de abusos en el marco de la represión total desatada desde abril de 2018.	La dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres dice que la intencionalidad del régimen al desaparecer las comisarías estaba orientada en dos intenciones: una política de desvincular a las organizaciones de la sociedad civil que antes interactuaban con la Policía en la prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia de género y abusos sexuales.	“En su política de vender a Nicaragua como el país más seguro de Centroamérica, querían ocultar las cifras alarmantes de femicidios y violaciones sexuales de sus anuarios y encontraron la forma de hacerlo mediante la eliminación de las comisarías, de modo que los casos de femicidios los maquillan como homicidios y las agresiones como delitos comunes”, dice.	De 2001 a enero de 2004 las comisarías comienzan a funcionar como una red de servicios integrales: se abrieron otras 21 comisarías en los distritos policiales de Managua y en los municipios de Carazo, Granada, Masaya, Malpaisillo, León, Chinandega, Estelí, Jinotega, Nueva Segovia, Chontales, Boaco, Somoto-Madriz, Bluefields y Puerto Cabezas.	A partir de 2006 la Policía elevó el estatus a las comisarías al nombrarlas como una especialidad de la institución y crea la Dirección de Comisarías de la Mujer y la Niñez para atender la violencia intrafamiliar y la violencia sexual. Se fortalece la parte institucional con tres nuevos departamentos: el departamento de investigación, el departamento de información y análisis criminológico y el departamento de prevención.