Sindicatos de médicos de los departamentos León, Managua y Estelí denunciaron en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) la incertidumbre e inestabilidad laboral que ha generado la relevancia que la administración actual ha dado a la figura del fiscal, que en el Hospital de León esta semana despidió a una sindicalista.	Según los denunciantes, en la actualidad los fiscales se han convertido en vigilantes autónomos que no se subordinan a la dirección general del hospital, sino al Presidente. Como una especie de “comisario” que toma todo tipo de decisiones, incluso cuando se va a intervenir o no a un paciente, cuando eso es prominentemente una responsabilidad médica.	“El caso de Ana María Martínez, operadora de microcomputadoras del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales y acreditada como representante de la directiva de una de las federaciones sindicales surgidas posterior a la lucha de los médicos pro salarios, fue despedida bajo órdenes del fiscal Manuel Alvarado, por su dedicación a las actividades del sindicato, luego que faltó tres días por hacer visitas a las diferentes delegaciones nacionales sindicales”.	El abogado comentó que esto sucedió a pesar de que ella está protegida por el fuero sindical, tal como lo determina el Código del Trabajo, un derecho establecido en el convenio colectivo y en la Constitución Política. Sin embargo, lo peor del caso fue que la Inspectoría Departamental del Ministerio del Trabajo avaló la cancelación laboral de la sindicalista, por su ausencia.	Señala que el dominio de los fiscales sobre el personal y la administración del hospital surge porque se considera un predelegado del Presidente de la República, por ser nombrado en el cargo por esta autoridad. En el caso de Alvarado, el abogado del Cenidh menciona que éste dice que ni siquiera está subordinado al director general del centro hospitalario, sino que únicamente se debe al presidente Ortega.