Esta propuesta del gobierno ha sido interpretada por diversos sectores como un otorgamiento de “perdón o amnistía para los presos políticos”, algo que según miembros de la Alianza Cívica no cabe en este caso pues consideran que estos privados de libertad no han cometido ningún delito por lo que continúan demandando su libertad inmediata.	Antonia Urrejola, relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua declaró a un medio de comunicación nacional que el Estado de Nicaragua estaría expuesto a “responsabilidades internacionales” ante un posible incumplimiento de la resolución de la Corte Interamericana de Justicia en la que manda al Estado a otorgar “medidas provisionales” a 17 presos políticos.