Según dicho documento, los magistrados Rodríguez y Estrada tienen tres días para brindar un informe que fundamente la decisión que tomaron de declarar no culpable a Erick Volz, y de insistir en su libertad a pesar de que éste había sido condenado a 30 años de prisión por la comisión del delito.	“La decisión fue abrir la investigación, tratar de concluirla en todo el mes de enero, determinar si hubo circunstancias que no han sido esclarecidas, si se procedió o no de conformidad con la ley, si todas las actuaciones fueron correctas. O si efectivamente hubo algo que haya que investigar, y proceder a establecer las sanciones del caso”, explicó.	El magistrado Solís criticó la falta de “prudencia” de los magistrados Rodríguez y Estrada al ordenar la libertad de Volz sin esperar a que la Sala Penal de la CSJ emitiera su resolución sobre un recurso de casación que interpuso la Fiscalía, una vez que se conoció que el estadounidense había sido sobreseído, pero no dijo nada sobre por qué la Corte no les transmitió esa prudencia.	Por su parte, el magistrado Marvin Aguilar, también miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, señaló que la investigación no se pudo iniciar cuando Volz todavía se encontraba en Nicaragua, “porque fue hasta el viernes que se dieron los hechos de la nueva decisión del tribunal de ordenar la libertad de él”. “Luego vino el sábado, después el domingo, el lunes fue 25 (de diciembre) feriado, hoy 26 (ayer)...”, se justificó.	Tanto él como el magistrado Solís señalaron que la investigación no tiene ningún efecto sobre el proceso judicial iniciado contra Volz, y confirmaron que todavía está pendiente la resolución que la Sala Penal de la CSJ debe emitir sobre el recurso de casación que interpuso la Fiscalía contra el sobreseimiento del estadounidense.	Erick Cabezas, abogado acusador particular en contra de Volz, en nombre de la familia de Doris Jiménez, señaló que dicha sentencia es nula, ya que violenta el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “ya que en ese capítulo se establece que para ser magistrado de los tribunales de Justicia se requiere ser nacional de Nicaragua y no haber renunciado a la nacionalidad, salvo que la hubiere recuperado por lo menos en los últimos cinco años”.	Solís explicó que cuatro años atrás, durante la revisión del caso de un ciudadano norteamericano-nicaragüense que había sido nombrado embajador en Washington, Estados Unidos, “la Corte, nueve a siete, resolvió que la interpretación del artículo respectivo de la Constitución para la renuncia obligatoria de la ciudadanía norteamericana o de otro país, era únicamente efectiva para las personas que fueron electas a cargo de una elección, vía directa, popular: Presidente, el Vicepresidente y los diputados”.