Tres opciones le quedan al ex presidente Arnoldo Alemán para obtener su libertad: conseguir una amnistía en la Asamblea Nacional, esperar siete años para cumplir dos tercios de su condena o que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, revoque todo lo actuado ayer por el Tribunal de Apelaciones y lo deje en libertad.	De este modo, al entrar en vigencia el nuevo Código Penal, a finales de 2008, Alemán sólo se vería beneficiado con el cumplimiento de cinco años de la pena correspondiente al delito de lavado de dinero, pero no así con los quince años restantes y correspondientes a los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, peculado, asociación para delinquir y delito electoral.	“La sentencia del TAM fue la peor de las alternativas posibles al doctor Alemán, valoró Aráuz”, quien resaltó que la sentencia también revoca el régimen de convivencia familiar y establece la reclusión domiciliaria, lo que implica casa por cárcel, devolviendo a Alemán a la hacienda El Chile, bajo custodia del Sistema Penitenciario Nacional, SPN.	La Sala Penal del TAM tenía tres opciones, valoró Aráuz: confirmar la sentencia en todos sus delitos, señalar que el delito de lavado de dinero no existía y revocar la sentencia, o decir que no se le podía condenar por el delito de lavado de dinero, pero sí por otros delitos.	La sentencia establece por el delito de lavado de dinero y/o activos provenientes de actividades ilícitas, la pena principal de cinco años de presidio; por el de fraude, la pena principal de cinco años de prisión; por peculado, la pena principal de cinco años de prisión; por asociación e instigación para delinquir, la pena principal de cuatro años de prisión; y por el delito electoral, la pena de doce meses de arresto inconmutables, así como por delito de malversación y de electoral.	Una vez que entre en vigencia el nuevo Código Penal, probablemente en octubre de 2008, debido a que está siendo publicado a cuenta gotas, tal como advirtió el magistrado sandinista, Rafael Solís, Alemán sólo se vería beneficiado con el cumplimiento de cinco años de su pena, la correspondiente al delito de lavado de dinero, no así por el resto de delitos establecidos por la juez Méndez, valoró Aráuz.	“Éste es un caso que ha desbordado completamente el ámbito de administración de justicia, no por su complejidad técnica --que la tiene--, sino por el entramado político en relación con la persona procesada y con las personas más interesadas en tenerlo procesado, pues hay interés gubernamental en el período del presidente Enrique Bolaños y el presidente Daniel Ortega, de tener en esas condiciones a su adversario político”.