“Yo vengo aquí blindado, vengo blindado por la moral de mi padre”, de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (q.e.p.d.) y de Violeta Barrios de Chamorro, eso es lo que me protege a mí para estar aquí, esos valores, esa herencia con la que los nicaraguenses tenemos que ser consecuentes”	El recurso de amparo es en contra de la ocupación por la fuerza y confiscación ilegal que la Policía Nacional hizo el pasado sábado a las empresas Promedia e Invermedia donde Chamorro es accionista mayoritario y donde se encuentran las salas de redacción de los medios de comunicación Confidencial y Esta Semana.	“Hoy estamos recurriendo a un derecho constitucional que es el derecho al amparo por la violación de múltiples derechos constitucionales: derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión, que están siendo aplastados con el cierre por la vía de facto de estos medios de comunicación al ocupar su redacción aunque nosotros seguimos transmitiendo y seguiremos reporteando aunque ellos (la policía) tenga controlada nuestra redacción”, sostuvo Chamorro.	“Es un asalto también al derecho a la libertad de expresión, es un derecho constitucional de los ciudadanos y es también un asalto en contra del derecho a la privacidad porque en este robo que perpetró la policía no solamente han incautado equipos de producción y de transmisión de medios de comunicación sino también documentación privada. Todos los ciudadanos tenemos derecho a la privacidad, se robaron mi computadora personal, caja fuerte con documentos, documentos contables, documentos de las distintas empresas que están en ese edificio (el ocupado) incluyendo la empresa Cabal, propiedad de mi esposa que es la directora de esa empresa”, agregó.	“Lo que se le solicita al Tribunal de Apelaciones es que admita este amparo y que de inmediato ordene la suspensión del acto, es decir, la suspensión de la ocupación por la vía de la fuerza militar del edificio que también es de mi propiedad donde están las tres empresas: Promedia, Invermedia y la empresa Cabal y también que le demande a las autoridades causantes de esta acción ilegal, la devolución de todos los bienes que ellos incautaron, los bienes materiales y los bienes personales”.