El sitio de noticias Dagbladet, uno de los más importantes en Noruega, publicó un video en el cual aparece el jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz, hablando con europeos y justificando a la “policía voluntaria”, que son los civiles armados encapuchados que se encargaron de reprimir a balazos las protestas de ciudadanos a partir de abril pasado.	“Creo que eran como las 7:00 p.m. cuando salimos de la pastelería, íbamos a buscar un taxi, cuando de repente apareció un tipo encapuchado que nos apuntó con su arma y gritó ‘al suelo’, pero nosotros en lugar de obedecerlo salimos corriendo, él detonó su arma y el disparo me dio en el pie izquierdo”, rememora Juan Pedro.	“Sentía algo caliente en mi pie, dejé de correr, porque apareció ese grupo; y el que me había disparado me golpeó en la espalda con la cacha de su arma. Cuando caí al suelo, los demás comenzaron a golpearme. Después me arrodillaron, me pusieron unas bridas en las manos, una pañoleta sobre los ojos y me subieron a un vehículo (microbús), donde siguieron golpeándome en las costillas”, relata.	El joven recuerda que después de un rato, el vehículo detuvo la marcha, a él lo bajaron y lo metieron a una casa. Allí estuvo encerrado en un cuarto, amarrado y con los ojos vendados toda la noche. Al amanecer empezó el primero de siete días de interrogatorios continuos. Las golpizas eran parte de la rutina.	El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insistió la necesidad del desarme de los parapolicías, para frenar la represión y que hubiera diálogo en Nicaragua. “Llamamos directamente a la desarticulación de grupos que no están identificados como parte del Estado, grupos armados a los cuales se les atribuyen actos de violencia”, reiteró en agosto el coordinador de la misión de Acnudh, Guillermo Fernández Maldonado.	“La CIDH observa que en la medida en que la resistencia de la población civil se ha mantenido tras las protestas iniciales de abril, el accionar de los grupos parapoliciales ha ido evolucionando a otras formas de violencia que han dejado como resultado las muertes o lesiones físicas y sicológicas de personas manifestantes, estudiantes y civiles que no estaban participando en las protestas o realizando acciones de resistencia”, señala el documento.	“El nivel de salvajismo que te imprime un parapolicial durante una detención es mayor. Rompen puertas, si la captura es en una casa; amenazan con las armas a menores de edad, a mujeres embarazadas, ancianas, golpean; pero también se les ha vinculado con centros clandestinos de detención en donde han llevado a jóvenes para golpearlos, torturarlos”, afirma Marenco.	El consultor civil en temas de seguridad y gobernabilidad, Roberto Cajina, agrega que en las imágenes que trascendieron en videos durante la crisis era evidente que las personas que integran esos grupos tienen conocimientos en el manejo de armas, en la forma cómo se conducen durante los operativos, “plegándose a la pared para desplazarse, montando guardia y puntos de vigía; era evidente que dominan ese tipo de entrenamiento”.	La CIDH hizo varias recomendaciones al Gobierno, una de ellas relacionada a los parapolicías que no ha sido cumplida. En su reporte señala: “La CIDH reitera que el Estado de Nicaragua tiene la obligación de no permitir la existencia de grupos de terceros represivos, investigar los hechos en los que han participado, identificar y sancionar a los responsables que articulan su funcionamiento desde las estructuras desde el Estado y recuperar el uso legítimo y proporcional de la fuerza, en el marco del estado de derecho”.	De acuerdo con la información disponible, los parapolicías han sido causantes de varios capítulos trágicos durante las protestas, como el ataque a la marcha del Día de las Madres, el 30 de mayo, dejando un saldo de al menos 15 personas muertas y otras 119 heridas en Managua, Estelí, Chinandega y Masaya.