Ante el agravamiento de la crisis provocada por la cancelación de la personería jurídica del Partido Conservador, PC, y el Movimiento Renovador Sandinista, MRS, el grupo Ética y Transparencia se sumó a la preocupación de muchos organismos de la sociedad civil, aduciendo que de llegarse a ratificar esta acción, se cometería una gran injusticia por la aplicación selectiva de la Ley Electoral.	En ese sentido, el director ejecutivo de Ética y Transparencia, Roberto Courtney, señaló que una intervención de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, restaurando a lo inmediato y sin ambigüedades el pluralismo político y la vigencia de los derechos humanos en el país, representa la esperanza del pueblo nicaragüense y una gran oportunidad para el Estado de reivindicarse y evitar daños mayores a nuestra frágil democracia y endeble sostenibilidad económica.	Agregó que como grupo cívico y observador electoral, con 12 años de experiencia colectiva en más de 50 elecciones en las más diversas partes de todo el mundo, y como capítulo nacional de Transparencia Internacional, continuarán con el control crítico al actual proceso y la preocupante crisis de gobernabilidad que se realiza.	“Este trabajo se viene haciendo en medio de amenazas y acciones hostiles que ya se han evidenciado en contra de Ética y Transparencia, pero eso solamente acrecienta nuestra lucha inclaudicable y el compromiso de aporte en pro del desarrollo democrático y una mejor condición de vida en favor del pueblo nicaragüense. Hacemos un llamado extensivo a comprometernos todos con la vía cívica como única forma aceptable y edificante de hacer política en el país”, precisó.