Ago. 14, 2010, 3:35 p.m. En medio de la dinámica diaria de las actividades políticas, más la ofuscación producida por las pasiones que éstas generan en el carácter y la conducta de los políticos –incluso de personas ajenas a la política—, dejan de advertirse aspectos en apariencia simples que llegan a complicar la vida social. Pienso en hechos que, por habituales, van creando indiferencia, y son aceptados con normalidad. En el peor de los casos, pasan sólo como ejemplos de nuestra mala educación política.	Para precisar, el primer caso: la relación de Ortega-FSLN actual. Se maneja el esquema de que el partido Frente Sandinista es un instrumento de Ortega. Y ciertamente lo es. Pero antes, y desde hace mucho tiempo, Ortega se volvió el peor adversario del Frente Sandinista, al cual convirtió en su primera víctima, por cuanto es el gran obstáculo para el desarrollo de nuevos cuadros políticos capaces. Y los cuadros capaces han sido por Ortega sistemáticamente purgados, descabezándolo al Frente de cuadros, hasta tenerlo en una absoluta esterilidad. El actual FSLN es, más que todo, una suma de voluntades vencidas y vendidas al interés de Ortega.	Si no existiera la discriminación al interior del Frente orteguista, los derechos democráticos de sus miembros funcionarían; y, por supuesto, no fueran atropellados ni sufrirían la marginación; todos tendrían –además de derecho— la oportunidad de aspirar a ser candidato de su partido para darle continuidad a un proyecto partidario y no al proyecto personalista de Ortega. Para llegar a la violación constitucional, Ortega violó primero los derechos de los miembros del partido de gobierno.	Después, tiene como aliado el olvido generalizado, de gobernantes y ciudadanos, de la máxima ley de la república, nuestra Constitución Política, aunque la defendemos como deber cívico “natural”, sin conocerla cabalmente. Esto ha permitido que Ortega la haya hecho su segunda víctima. Reconozcamos que, aparte de los abogados, son los políticos –y no todos— quienes manejan en la boca la Carta Magna, aunque se da por seguro que no siempre para hacer de sus normas las más rectas interpretaciones. Y siempre están dispuestos a negociar sus normas.	Con la Constitución, y más con las leyes ordinarias, ocurre una paradoja aprovechada por el orteguismo: los políticos que llegan a ser legisladores, o influyen sobre los legisladores de su partido, hacen que las leyes se redacten con el oculto interés de facilitarse su tergiversación en futuros conflictos de intereses, en los cuales participan muy frecuentemente. Y estos malos hábitos políticos son de tan vieja data que su origen se nos pierde en el tiempo histórico de nuestra vida republicana seudo independiente y seudo institucional.	Esos vicios y abusos con nuestras leyes, y sobre todo, con la Ley Fundamental de la república, se siguen practicando en su forma habitual y sobresaliente por la torpeza con que se violan, y hasta innecesariamente. La violación a la Constitución, en su artículo 147, por ejemplo, se debe más al primitivismo político caudillesco de Daniel Ortega, que a los obstáculos constitucionales a la reelección, porque ésta es legal, pero por una sola vez.	Ortega no puede conservar el poder por vía de su reelección, pero puede hacerlo a través del continuismo partidario, por cuanto domina absolutamente al partido, y no existe prohibición constitucional al continuismo partidario, sólo para el mismo y eterno candidato. Por lo tanto, las demostraciones de fuerza contra la Constitución no las hace Ortega por amor a una causa partidaria, sino para satisfacer sus ambiciones personales.	De no haber mediado la ambición personal de Daniel Ortega, el conflicto institucional de la Corte Suprema de Justicia no existiera. La ridícula, antijurídica, exhumación del artículo 201 transitorio de la Constitución aprobada en 1987, tampoco. Este artículo transitorio –y fenecido en abril de 1990— legalizaba la continuidad de los magistrados del gobierno derrotado en febrero de 1990, para mientras la nueva Asamblea Nacional elegía a los nuevos magistrados. Exhumarlo veinte años después se debe a la ambición de Ortega de crear condiciones para su reelección.	Su intención, está acorde con el carácter dictatorial del gobernante. Es su forma “deportiva” de burlar la Constitución, pues el conflicto parlamentario –entrelazado con el conflicto del Poder Judicial—, se debe a la autoritaria decisión de darle validez a su decreto que prolonga las funciones de los magistrados, sin ningún derecho, sólo apoyado en del cadáver del 201 transitorio. Esta medida es aún menos necesaria para la continuidad en el poder del partido oficialista, pero lesiona los derechos de otros orteguistas con capacidad para desempeñarse en las funciones del CSE. Significa discriminación, y otra muestra de que Ortega aparta el interés partidario por su propio interés, porque el CSE actual le garantiza todos sus caprichos.	Es notario que el autoritarismo de Ortega afecta por igual a las instituciones, a los partidos –incluido el suyo—, el orden institucional del país y los derechos democráticos de todos los nicaragüenses. Y esta violación de tantos derechos individuales y a la Constitución, no le era absolutamente necesaria para darle continuidad a su partido en el poder. Pero sí para su propio continuismo. Por eso, tiene en marcha una serie de vicios propios de la politiquería tradicional –más el gasto a manos llenas de la millonaria cooperación venezolana—, para la compra de votos de legisladores corruptos, el soborno de políticos venales, la colosal propaganda y promoción de su imagen como eterno candidato en campaña, con costos económicos inmorales vistos a la par de la pobreza del país y de la mayoría de sus habitantes.	La efectividad de tan faraónica propaganda electorera oficialista –viciosa e inmoral— está por verse. Sin embargo, es evidente que con esta monstruosidad, el orteguismo podría hacer cuentas galanas sobre sus “victorias”, sin necesidad de atropellar el orden institucional; sin tener que violar las leyes y la Constitución, como lo ha venido haciendo.	De manera que las ambiciones de Ortega, lo repito, no las despliega por buscar la continuidad partidaria en el poder, sino por su primitivo concepto y práctica del poder personal. Y lo hace con un irracional instinto de propiedad de lo que pertenece a todos los nicaragüenses: la nación, sus instituciones, sus bienes materiales y su identidad --¡al menos la identidad!— de nación libre y republicana.