Los abogados y notarios públicos pasarán a ser sujetos obligados a informar de las actuaciones o acciones sospechosas de sus clientes, con lo que se violentaría el sigilo profesional, según la iniciativa de reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que la Presidencia de la República remitió este jueves a la Asamblea Nacional.	La reforma del artículo 17 de la Ley 977 pide que “los supervisores de casinos, corredores de bienes raíces, comerciantes de metales preciosos, comerciantes de piedras preciosas, abogados y notarios públicos, contadores, proveedores de servicios fiduciarios y comerciantes de vehículos nuevos o usados pueden establecer tipos de servicios mínimos para las operaciones a partir de los que deberán identificar y verificar a sus clientes”.	La ley a reformar fue aprobada en julio del año pasado en el plenario de la Asamblea, pero en aquel momento se omitió agregar a los abogados y notarios públicos como sujetos obligados a reportar las irregularidades o sospechas respecto a las operaciones de sus clientes, indicó el diputado Mauricio Orue, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y miembro de la Comisión de Justicia.	“Ahora, la normativa internacional exige que esa profesión, tal como sucede con los contadores públicos debe estar incorporada en este mandato, esencialmente porque son profesiones que se prestan para el lavado de activos por la facilidad que tienen, en el caso de los abogados y notarios que están vinculados al derecho mercantil, civil y económico”, explicó.	“El documento que pasó a la Comisión es jurídico. Si le van a dar un carácter político es otro asunto, fue lo que sucedió el año pasado cuando dictaminamos el hecho de castigar el terrorismo y el lavado de activos y después se denunció que se estaba utilizando esa ley para apresar y condenar a personas que estaban en protestas sociales”, comentó el legislador.	Para Montenegro, “la proyección de esa ley estaría poniendo manos arriba a los procesados y complicaría su derecho de presumir inocencia, porque los mismos abogados estarían siendo objeto de medidas para transmitir información y se debe recordar que nadie está obligado a admitir sus hechos, a todos se les debe presumir la inocencia”.	Recalcó que “desde el punto de vista del actual criterio de la Corte Suprema, que no tiene un principio de justicia, de equidad, a cualquiera le pueden pasar la cuenta o lo pueden involucrar como profesional del Derecho en estar actuando a favor, digamos de personas que están lavando dinero o pertenecen al crimen organizado”.	Recordó que “algunas acusaciones (en el marco de las protestas sociales) se vinculan a que han conseguido dinero para financiamiento del terrorismo”, pero reconoció que hasta el momento los abogados y notarios no tienen la obligación de buscar el origen del dinero de sus clientes y se han creado sociedades en las que los notarios no tuvieron el cuidado de conocer a quien les contrata para un servicio y “en este sentido, la ley es buena”.