En un programa de Canal 10 dije que era probable se restablecieran las negociaciones entre Gobierno y Alianza Cívica. He sido preguntado sobre el fundamento de mi suposición, y mientras no cabe duda sobre la disposición de la Alianza al respecto, sí en cuanto al Gobierno. ¿Qué podría mover al Gobierno, que dio por cancelada esas negociaciones, y a Ortega que habló el 19 de julio de reiniciar otro tipo de diálogo?	Una razón sería, dado que el Gobierno mantiene la política económica, que pueda rehacer las alianzas nacionales e internacionales que le permitieron crecer económicamente, con creciente autoritarismo hasta derivar en dictadura. Es decir, reiniciar el modelo de crecimiento económico sin democracia que hizo crisis, con centenares de asesinatos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados. Con la posición que han adoptado a raíz de la masacre los interlocutores nacionales e internacionales de ese modelo, esa argumentación no tiene mayor sentido, así sea solamente por las sanciones adoptadas, su contagio, y la dificultad legal de revertirlas.	Otra razón es que Ortega pueda, en sus extendidas gestiones diplomáticas, obtener recursos financieros que compensen la caída en la inversión privada nacional e internacional, y la disminución de los desembolsos de los organismos financieros multilaterales, y que Nicaragua vuelva a crecer y así solventar las consecuencias económicas de la crisis política. Si el resultado de esas gestiones es como en Irán, en que Ortega pagó un costo de posicionamiento internacional sin resultados financieros, y sin que aumente el escaso apoyo que ya tenía en la próxima reunión del Consejo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Ginebra, en septiembre, tampoco es alentadora esta razón.	Como no lo es, tampoco, la especulación de un cambio de correlación en la OEA. Las fuertes críticas sobre Venezuela de Alberto Fernández, casi seguro ganador de las elecciones en Argentina, y el apoyo dado por México y el reciente gobierno de Panamá a la resolución de la Asamblea General del organismo en Medellín, llamando a una solución pacífica de la crisis, como lo han hecho actores nacionales entre ellos el Ejército, demostraría que esa especulación carece de fundamento.	Otros argumentan que Ortega intentará una reforma unilateral y cosmética de la Ley Electoral. Difícilmente la comunidad internacional digiera alternativas a elecciones genuinamente democráticas, además que varios partidos políticos con presencia en la Asamblea Nacional han anunciado su negativa a esa opción unilateral, y de mantener esa posición la erosionarían más.