Después que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) decidiera crear una comisión de alto nivel para ayudar a resolver la crisis sociopolítica de Nicaragua, el pasado 28 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) empezó a elaborar una propuesta de agenda para un eventual regreso a este país centroamericano.	Por eso, entre los temas que la CIDH considera venir a tratar a Managua, están “la excarcelación de todos los presos políticos, la implementación de condiciones para el retorno seguro de los exiliados y la asistencia y capacitación en materia del derecho internacional de los derechos humanos para funcionarios estatales, personas defensoras de derechos humanos y sociedad civil en general”, indica la relatora.	La estudiante de la Universidad Centroamericana (UCA), Judith Belén Mairena, buscó la protección de la CIDH tras la etapa más fuerte de las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018. “Habíamos tenido persecución, como la mayoría habíamos andado en los levantamientos; a mí me perseguían, con mi familia… Cuando iba a la iglesia, cuando iba sola, siempre me perseguían en un vehículo. Decidí poner la denuncia en la CIDH”, recuerda.	Sin embargo, Mildred fue retenida por las autoridades en el aeropuerto de Managua cuando se disponía a tomar un vuelo. “Me retuvieron como 30 minutos aproximadamente, por la misma cuestión de que la CIDH me dio medidas cautelares, y fue por eso, porque en el aeropuerto ellos lo comentaron”, relata Rayo.	“Sería genial que retornen”, dice Mildred Rayo, “porque aún hay casos de asesinatos y secuestros que no están claros, que ni se sabe lo que pasó con ellos; casos de campesinos, de jóvenes que participaron en marchas. Este grupo que posiblemente vuelva va a poder estudiar estos casos, va a poder analizar y dar continuidad con las denuncias de las víctimas”.	Cuando las misiones de la CIDH tuvieron que salir de Nicaragua en diciembre de 2018, porque el Gobierno les canceló los permisos de estadía, hubo temor entre los jóvenes que participaron en las protestas. “Todos estábamos en shock”, afirma Judith Mairena. “Recuerdo ese día porque temíamos más en ese momento que antes; decíamos que si nos seguían atacando y acosando con ese organismo de protección dentro del país, iba a ser peor sin ellos”.	Otro punto en la agenda de la CIDH es la confianza de las víctimas en que habrá justicia. “En cualquier proceso de diálogo que busque la construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional a la grave crisis de derechos humanos que vive el país, la participación de las víctimas es primordial, ellas deben ser oídas y creo que nuestra presencia en el país, para ellas, es un factor que genera confianza”, explica la relatora.	“La CIDH llevaba bastante tiempo sin realizar una visita al país y, además, el Estado llevaba más de dos años sin participar en las audiencias de la CIDH, por lo que estábamos conscientes de que el tema no sería fácil”, relata Urrejola. “Ante la primera solicitud de visita, el Estado de Nicaragua nos solicitó aguardar el avance de los procesos internos”.	La CIDH insistió en algo más amplio. “Dados los cuestionamientos presentados por la sociedad civil sobre la independencia y autonomía de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, la CIDH consideró de la mayor importancia conducir previamente una visita de trabajo al país, sostener reuniones con autoridades, pero también con diversos sectores de la sociedad civil, para hacer una evaluación y un diagnóstico serio, y de esa manera considerar la pertinencia de prestar el asesoramiento técnico”, dice Urrejola.	Entre los primeros testimonios recabados por la CIDH en Nicaragua están los de las madres de jóvenes muertos. Francisca Machado Dávila les mostró un video que circuló en redes sociales, en el que se ve cómo el cuerpo del joven Franco Valdivia es arrastrado por encapuchados en el parque central de la ciudad de Estelí el 20 de abril de 2018. Era su hijo.	“Nosotros decidimos ir a poner la denuncia porque aquí con las autoridades de Estelí no obtuvimos ninguna respuesta. Fuimos a la Policía, a la Fiscalía y no obtuvimos nada; nos mandaron a hacer la autopsia y no nos dieron nada. Nos sentimos  con la necesidad de ir a poner la denuncia con ellos (CIDH) para obtener más respaldo y para que nos apoyaran en lo que ellos pudieran para buscar la justicia”, relata Francisca a	“A nosotros nadie nos invitó a poner la denuncia”, agrega. “Salí de Estelí con mi hija por cuenta propia a poner la denuncia, en ese momento nos sentimos confiadas y con gran esperanza de encontrar lo que no nos dieron las autoridades de Estelí. Nos recibieron las pruebas que nosotros llevábamos”.	Francisca dice que tras presentar la denuncia ante la CIDH, “sentí que iba a tener a alguien que nos iba a apoyar en encontrar esa verdad que necesitamos nosotros, los familiares; ellos se llevaron toda la documentación, nos sentimos bien, se fueron sabiendo lo que nosotros sentíamos, lo que pasó ese día que me asesinaron a Franco”.	“Yo estoy confiando que las organizaciones internacionales nos ayuden a saber la verdad y encontrarla; es lo que más necesitamos. Eso me mata por dentro, al no saber quién fue el asesino de mi hijo, saber que los culpables pueden andar libres y tranquilos; eso me duele más”, expresa Francisca Machado Dávila.	Desde su aterrizaje en Managua, el 17 de mayo, la misión de la CIDH fue estremecida por la situación del país. “Fueron varias cosas las que me impactaron y que compartimos con el resto del equipo”, rememora Antonia Urrejola. “Primero, el nivel de la crisis que había en el país; la falta de confianza absoluta en las instituciones, mucho más allá del Gobierno; falta de confianza en el Poder Judicial, el Instituto médico legal, la Policía, toda la institucionalidad; cero confianza”.	Ella admite la sorpresa que les causó conocer a los manifestantes que iniciaron la rebelión: “Muchachos y muchachas muy jóvenes, que no eran militantes ni activistas políticos, que de repente se encontraron envueltos en una protesta social, algunos defendiendo a los adultos mayores que fueron reprimidos por lo de las reformas al seguro social, otros por temas ambientales… De repente reaccionaron simplemente por la gravísima represión de parte del Estado; los jóvenes tenían miedo, pero también mucho coraje. Ellos y ellas me impactaron mucho, hasta el día de hoy”.	En el caso de las Madres de Abril, como se le conoce a las mujeres que perdieron a sus hijos en las protestas, Urrejola dice: “Cuando me reuní con ellas y escuché el testimonio,  cada una llevaba la foto de su hijo, contaban quién era su hijo, qué hacía el día que lo mataron; es un desgarro que llevo conmigo”.	A esa misión de la CIDH también le impresionó la apertura del Gobierno, en la primera visita, porque se reunieron con quienes quisieron, visitaron los lugares que se propusieron y recibieron información. Pero, esa actitud permisiva de las autoridades “cambió bastante en mi segunda visita y hoy, lamentablemente, es completamente lo contrario”, dice la relatora.	La CIDH expuso entonces a la comunidad internacional “la clara violación de los derechos humanos” en Nicaragua, y a partir de entonces, “creo que hay un antes y un después en cuanto a la respuesta de la comunidad internacional, en relación a lo que estaba sucediendo en el país”, asegura Urrejola.	Bajo esa Ley de Amnistía, el 23 de julio de 2019 el Poder Judicial de Nicaragua dejó en libertad al autor de la muerte de una estudiante brasileña residente en Managua, Raynéia Gabrielle Lima. Se trata del exmilitar Pierson Adán Gutiérrez Solís, quien disparó con un arma de guerra contra el automóvil que conducía Lima, la noche del 23 de julio de 2018, cuando Managua estaba virtualmente sitiada por civiles armados pro-Gobierno que habían reprimido a balazos a los protestantes.	“Hay un conjunto de requisitos y un procedimiento determinado, pero esa es una vía”, explica. “La Corte Penal Internacional es otra vía, que busca establecer responsabilidades individuales cuando se cometen crímenes de lesa humanidad, pero Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma y, por tanto, la Corte no tiene competencia para conocer de casos de este país, salvo bajo unos supuestos que implica que sea el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quien remita el caso a la Corte”.	Boanerges Fornos, el abogado que atendió el caso del periodista Ángel Gahona, asesinado el 21 de abril de 2018 durante una protesta en la ciudad de Bluefields, señala que el Código Penal de Nicaragua reconoce los delitos de lesa humanidad a partir de su artículo 486 y para juzgar estos casos se puede aplicar “el principio de universalidad” establecido en el artículo 16 del mismo código.	“Por supuesto, tendrá que llevar las pruebas que acrediten que ese hecho existió, que las personas que ellos indiquen como responsables fueron quienes participaron y que obviamente ella es una víctima en un sistema de justicia internacional, el que cada Estado aplica siempre y cuando tenga retomado en su legislación el Principio de Universalidad”, sugiere el jurista.	Instruir al consejo permanente a que nombre una comisión que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días.