Profunda indignación es lo que causó el allanamiento que hiciera la Policía Nacional comandada por el comisionado Fidel Domínguez en la casa de la familia Reyes Alonso, donde además de ocuparles celulares, computadoras y golpearlos, les grabaron y difundieron videos donde los obligan a comprometerse a no grabar a la Policía o simpatizantes del FSLN. Pero este hecho tiene graves repercusiones desde los derechos humanos que vale la pena poner en perspectiva.	De los videos puede inferirse que se está en presencia de una pena humillante o degradante, donde son expuestos públicamente, quebrantando su voluntad al obligarlos a comprometerse a no grabar a la Policía o militantes del FSLN. La pena humillante o degradante, al igual que la tortura, viola el derecho a la integridad física y psíquica, pero en un umbral menor de gravedad. No obstante, si sumamos los golpes y el llamado entorno torturante, podríamos estar en presencia de tortura, aunque su verificación requiere la aplicación del Protocolo de Estambul (Manual para la investigación de tortura).	Lo anterior como conclusión primaria, aunque debemos considerar el contexto y el propósito de la difusión del video. La política de represión emprendida por el régimen Ortega-Murillo durante las protestas sociales ha sido ampliamente documentada por medios de comunicación y personas en general, registros que han dejado constancia de la crueldad del régimen y de la participación de sus miembros, de manera tal que las grabaciones que hagan personas desde sus celulares serán pruebas importantes cuando llamemos al régimen y sus secuaces a cuentas.	Por ello, la difusión de los videos, más que ser parte del castigo a la familia Reyes Alonso, en realidad es una estrategia de intimidación para quienes durante las protestas graban la represión de agentes policiales o el actuar y tolerancia a grupos parapoliciales. Lo que trato de decir es que esta estrategia, al final es una arista más de la política del régimen Ortega-Murillo de inhibir, desalentar, obstaculizar y reprimir el derecho a la protesta en Nicaragua y como tal, las penas humillantes o degradantes y/o torturas cometidas contra la familia Reyes Alonso en la ciudad de León, en realidad es continuidad de la política de Estado aplicada por el régimen Ortega-Murillo que ha propiciado la comisión de crímenes de lesa humanidad.	Innumerables son las muestras de servilismo para con el régimen, si esto fue iniciativa del propio comisionado Domínguez, puedo concluir que tuvo una mala idea en el momento equivocado. Por el contrario, si alguien le dio esta orden, lo convirtió en un rostro visible de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen Ortega-Murillo, es decir, es un tonto útil más.