La Alianza Cívica y el Gobierno habían señalado, en el marco del diálogo, el 28 de marzo de 2019 como la fecha probable de culminación de su negociación que abriría un proceso de democratización profundo en Nicaragua, sin presos políticos ni medios de comunicación cerrados, bloqueados o perseguidos; sin grupos civiles irregulares armados, ni represión a los ciudadanos que desean expresarse cívica y pacíficamente.	Sin embargo, llegamos al 28 de marzo con muy pocos acuerdos, lo que mantiene latente el riesgo de que Nicaragua reciba un nuevo oleaje de sanciones de parte de la comunidad internacional, incluyendo de los Estados Unidos, contra funcionarios del Gobierno involucrados en violaciones a derechos humanos y a derechos constitucionales esenciales para el ejercicio democrático. Pero, también podrían estar dirigidas a fuentes importantes de financiamiento del régimen, como en el caso de Venezuela. De llegarle a suceder algo así a Nicaragua, ademas de la ya existente reducción del financiamiento de organismos multilaterales en el marco de la Nica Act, el país podría quedar excluido de acuerdos comerciales con Estados Unidos y de la cooperación y el comercio desde la Unión Europea.	Las autoridades de la UE y el Parlamento Europeo han dicho que si el Gobierno de Nicaragua se resiste a colaborar para que haya justicia y democracia en el país, aplicarán sanciones escalonadas, incluyendo la Cláusula Democrática que le impediría a este país seguir en el Acuerdo de Asociación de Centroamérica con la UE y, en consecuencia, sufriría un gran perjuicio económico y social.	Producto de las sanciones estadounidenses, las exportaciones de petróleo de Venezuela se han desplomado, se han ido paralizando las operaciones de los bancos y el país ha caído en una crisis sin precedentes por falta de alimentos, más la falta de energía en las últimas semanas, debido al poco mantenimiento de las plantas generadoras.	La última advertencia de Pompeo hacia Nicaragua ocurrió un día después que el congresista demócrata Bob Menéndez, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los EE. UU., le envió una carta al secretario de Estado, preguntándole si los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba deben ser sancionados mediante la Ley de Sanciones Contra los Adversarios de los Estados Unidos (CAATSA, por sus siglas en inglés) por sus actividades con los cuerpos militares y de espionaje de Rusia.	El Gobierno de Nicaragua puede evitar que este país caiga en la crisis grave de Venezuela, si muestra buena fe para el avance de la negociación con la Alianza Cívica en temas claves como la liberación pronta de los presos políticos, adelanto de elecciones, reforma electoral, justicia para las víctimas de las protestas ciudadanas iniciadas en abril, devolución de bienes invadidos o confiscados y plena libertad de expresión y de prensa.	Hace una semana, los testigos del diálogo anunciaron que el Gobierno aceptaba liberar a todos los presos políticos en un plazo no mayor de tres meses, pero aún se desconoce a partir de cuándo y si es posible acelerar ese proceso. Este martes se supo que las autoridades estaban anuentes a devolver a los periódicos las materias primas retenidas en la Aduana, así como las instalaciones y bienes de los medios de comunicación cerrados y ocupados por la policía, pero dos días después no vemos ninguna señal en ese sentido.	Queda claro que de la colaboración y voluntad política del Gobierno dependerá que este diálogo sea el principio de un proceso hacia la transformación democrática de Nicaragua o hacia un retroceso político, social y económico con dimensiones desconocidas, pero con rasgos bastante parecidos a los que en la actualidad vemos en Venezuela.