El presidente Daniel Ortega quiere revivir el cobro de la energía no registrada, diferenciar a los consumidores de los clientes y recetarles hasta tres años de prisión a quienes tengan una conexión ilegal o alteran los medidores. Eso lo plasma en el anteproyecto de “Ley especial para el uso responsable del servicio público básico de energía”, que envió a la Asamblea Nacional.	Explica que Ortega propone dicho documento luego de identificar los dos problemas principales que enfrenta ahora el sector energético: una matriz de generación que depende en gran medida del precio del petróleo, y la sustracción y consumo ilícito de la electricidad. Es decir, que la falta de inversión de Fenosa ya dejó de ser un problema principal.	“Es además urgente, facilitar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica del país instrumentos legales que, en caso de ser necesario, les permita acudir a los tribunales de justicia del país a fin de poder iniciar los procesos legales contra potenciales clientes y usuarios que atenten contra la estabilidad financiera y técnica del sistema de distribución, al realizar conexiones ilícitas de energía”, se lee en la exposición de motivos del documento.	En la propuesta, Ortega separa en la definición de términos (artículo dos) los conceptos de “consumidor” y “cliente”, dando mayor importancia a este último. Es algo novedoso a nivel latinoamericano, pues también crea la figura del “representante del cliente o consumidor”, que es cualquier prójimo mayor de 18 años que esté presente en un inmueble al momento de una inspección del servicio de energía.	Ortega también revive en este documento el concepto de la energía no registrada, “ENR”, la que define como “energía eléctrica suministrada por la distribuidora a un cliente o consumidor, y que no ha sido medida correctamente por el equipo de medición de la distribuidora, producto de causas no correspondientes a las infracciones establecidas en esta Ley”.	Este documento no contempla sanciones a las empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras, subcontratadas, y mucho menos al ente regulador, pero en el artículo tres se detallan cuatro grandes “infracciones a la prestación de servicio de energía eléctrica”, y todas se cometen en los barrios, asentamientos y mercados capitalinos, según evidencias que ha presentado Fenosa en varias ocasiones.	Estas infracciones se redactaron de esta forma: “Instalar, por sí o mediante terceros, conexiones que eviten que la energía consumida pase a través del dispositivo de medición”, también “manipular o alterar, por sí o mediante terceros, los dispositivos de medición propia o de otros usuarios, con el objetivo de evitar o modificar el registro total de la energía suministrada por las distribuidoras y que haya consumido el cliente o consumidor”.	En el artículo 13 se castiga a los que cometan hurto, agravado con un pena de dos a tres años de cárcel y multa de 120 a 300 días, y en los siguientes acápites se condena a quienes destruyan los registros informáticos, provoquen desabastecimiento o sabotaje debido a una interrupción injustificada. “Tendrá una pena de tres a cinco años de cárcel, además de sus respectivas multas administrativas”, agregan.