El boletín de junio del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denuncia particularmente “el incremento de actos de hostigamiento y amedrentamiento en contra de cualquier tipo de reunión que pudiera derivar en manifestaciones, incluyendo ahora represión contra las celebraciones religiosas”, lo que es calificado por la CIDH como “graves restricciones a las libertades públicas”.	Desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzó la crisis por la represión a las protestas civiles, más de 700 fueron detenidas por la Policía Orteguista, a la mayoría se les abrió una causa judicial y algunos fueron condenados por participar en las manifestaciones contra Ortega, bajo cargos de terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, asesinato, tenencia ilegal de armas, entre otros delitos.	El boletín del Meseni reporta que 491 de estas personas fueron excarceladas y a algunas se les ha archivado sus causas, pero también la CIDH advierte que las personas excarceladas “continúan en su mayoría sin información sobre su liberación, además siguen siendo citados a audiencias y sus proceso continúan”, y, además, son víctimas de asedio, vigilancia, hostigamiento y amenazas.	La CIDH también reportó que continúa recibiendo testimonios de jóvenes estudiantes exiliados y excarcelados víctimas de la represión. Muchos de ellos informaron que fueron expulsados de sus universidades y que su historial académico habría sido borrado de los sistemas universitarios, por lo que encuentran muchas dificultades para proseguir con sus proyectos de vida en el exilio.	El boletín del Meseni, con información y cifras actualizadas al 25 de junio del año corriente, reporta que 327 personas fueron asesinadas por la represión, 491 excarcelados, 91 detenidos, 400 profesionales de la salud despedidos, 144 estudiantes expulsados, más de 70 periodistas y trabajadores de medios exiliados, 70,000 nicas huyeron a países vecinos.