Incluso, antes de abril, los periodistas ya habían sufrido represión a través de agresiones y robo de equipos de trabajo, pero luego de la crisis se agudizó y los reporteros de diferentes medios independientes comenzaron a ser amenazados y asediados y víctimas de agresiones que van en aumento, así como los robos de equipos.	El saldo de la represión al periodismo durante la crisis incluye la muerte del comunicador Ángel Gahona, en Bluefields, cuando transmitía en vivo una manifestación antigubernamental en esa ciudad, el 21 de abril; la destrucción de Radio Darío, en León; el cierre de diferentes medios y programas de radio y televisión en diferentes departamentos; el encarcelamiento del director y la jefa de prensa de 100% Noticias, Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, respectivamente; el asalto y ocupación de los bienes de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, propiedad de Carlos Fernando Chamorro y la retención por parte de la Dirección General de Aduanas de materia prima para los periódicos El Nuevo Diario y La Prensa.	“Tuvimos la oportunidad de reunirnos con 16 delegaciones para hablar en torno a la libertad de expresión, tomando como referencia que el próximo 15 de mayo se realizará el Tercer Ciclo de Evaluación del Examen Periódico Universal (EPU)”, explicó Guillermo Medrano, experto en Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.	Dijo que en los encuentros hicieron saber que desde el 2014 ha habido un retroceso en el país en libertad de expresión, “hay una alta concentración y control de los medios (por parte del Gobierno). Les hicimos saber de la difícil situación del periodismo, hay periodistas que están en el exilio en condiciones difíciles”, destacó Medrano.	En los encuentros, la fundación, con base en sus investigaciones, dio a conocer a las misiones diplomáticas acreditadas en Ginebra los temas que a su consideración están afectando a Nicaragua en materia de libertad de prensa y que los sintetiza en tres grandes ejes: ataques contra periodistas independientes y clima de impunidad; censura indirecta y criminalización de la libertad de expresión.	En ese evento, Chamorro mencionó que desde el pasado 18 de abril de 2018 la pareja presidencial (Ortega- Murillo) “ha cometido numerosos crímenes de lesa humanidad nunca antes visto, han criminalizado el poder y atacado a la sociedad” ante lo cual, los nicaragüenses necesitan liberarse de una dictadura de dos cabezas.	El pasado 29 de marzo, el Gobierno se comprometió a destrabar los materiales en la Aduana y devolver los bienes de los medios de comunicación independientes “afectados en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018 a fin de lograr la devolución de estos bienes”, pero a la fecha sigue sin cumplir.