El manejo que el presidente Daniel Ortega ha dado a su relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y la protección incondicional que su gobierno ha brindado a tres jóvenes que estuvieron en las filas de ese grupo guerrillero, desató una tormenta ayer en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).	Camilo Ospina, Embajador de Colombia en la OEA, también acusó al gobierno del presidente Ortega de violar la Convención Interamericana contra el Terrorismo, “que en su Artículo 12 señala que cada Estado Parte adoptará las medidas que corresponda, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho interno e internacional, para asegurar que la condición de refugiado no se conceda a personas respecto de las cuales haya motivos fundados para considerar que han cometido delitos de terrorismo”.	“Pero las agresiones continúan: el pasado jueves 19 de junio, durante un acto oficial, el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hizo nuevamente unas declaraciones que el pueblo colombiano no pueden aceptar y rechaza enérgicamente. Se atrevió el mencionado presidente comandante, a lanzar acusaciones deliberadas y temerarias contra el Presidente de Colombia Álvaro Uribe, tildándolo de terrorista y sindicándolo de estar planeando un acto criminal en el territorio nicaragüense”, expresó Ospina ante la OEA.	“Sólo un gobierno en el hemisferio, el presidido por Daniel Ortega, cree en el camino de la violencia y la muerte para tomar el poder político. Y ese mismo gobierno es el que viola abiertamente la Carta Democrática Interamericana en sus artículos 5 y 7, los cuales prescriben que el fortalecimiento de los partidos políticos es prioritario para la democracia, y que ésta es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos”, resaltó.	“Nicaragua tiene una tradición humanitaria en otorgar asilo. Los nicaragüenses hemos también sido beneficiados con el derecho de asilo político en otros países de América Latina, sobre todo cuando sufrimos los efectos de un terrorismo de Estado, que se implementó en la era de los Somoza y que se implementó en la década de los ochenta, por Estados Unidos”, argumentó Moncada.	“Todos sabemos que nuestros estados tienen la seguridad, la competencia y la soberanía de brindar asilo a las personas perseguidas, y todos sabemos que los estados no podemos exigir ni protestar por ese derecho de asilo que se otorga, porque está normado así en los Derechos Humanos en el ámbito internacional”, insistió.	“La preocupación mía es que el manejo de la política exterior en manos del titular del Ejecutivo está provocando más conflicto. No sé si sea estrategia de meternos en conflictos donde no ganamos nada”, dijo. “Ortega está haciéndole un flaco favor a su propio pueblo, y un gran favor al presidente Hugo Chávez”, concluyó.