Asimismo, el relator señaló que hasta mil personas siguen detenidas desde entonces, y acusa a las autoridades birmanas de haber empleado la fuerza de manera desproporcionada y cruel para aplastar las manifestaciones pacíficas de monjes y civiles que estallaron en protesta por una subida del 500 por ciento en el precio de los combustibles.	El embajador birmano defendió que un “estado soberano tiene el derecho a tomar las medidas necesarias para hacer prevalecer la ley y el orden en el país”. “Casi todos los detenidos con los hecho de setiembre han sido excarcelados. A fecha de hoy, sólo 80 personas permaneces en custodia para investigación”, dijo el funcionario asiático.