Ante esta situación, EE.UU. ha determinado que solo podrán interponerse denuncias contra la parte cubana que es propietaria de la entidad y que está incluida en esa "lista negra"; pero no contra las compañías europeas que participan en esa sociedad, detalló a la prensa una alta funcionaria del Departamento de Estado. Cuando la norma se aprobó hace 22 años, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la isla se opusieron ferozmente al título III porque temían que sus compañías fueran demandadas en EE.UU.; y, por ello, la Unión Europea (UE) denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).	La batalla concluyó con el compromiso de EE.UU. de mantener el título III suspendido a cambio de la retirada de la querella. En 1996 la presión de terceros países frenó la aplicación del título III, pero esta vez la decisión de EE.UU. solo afecta a empresas cubanas, por lo que es difícil que se repita ese escenario. Según la funcionaria, EE.UU. ha tenido en cuenta "las preocupaciones" de sus "aliados" de la Unión Europea y continuará dialogando con ellos sobre la relación con Cuba.	No obstante, la funcionaria insistió en que el objetivo es aumentar la presión sobre el Gobierno cubano. "Esta es la primera vez que EE.UU. está incluyendo una excepción al título III. Queda muy claro con nuestra acción que hacemos responsable al régimen cubano de la confiscación de propiedades y que nos aseguraremos de que hay Justicia para los afectados estadounidenses", subrayó.	En un estudio publicado en 1996, el Departamento de Estado estimó que la activación del título III permitiría que se interpusieran entre 75.000 y 200.000 demandas ante cortes de EE.UU.; pero como la decisión de este lunes tiene un alcance más limitado, el número de denuncias será mucho menor.	La nueva suspensión del título III entra en vigor el 19 de marzo y expirará un mes después, es decir, el 17 de abril, momento en el que Pompeo evaluará si la prorroga en base a dos criterios: los "intereses nacionales" de EE.UU. y la posibilidad de acelerar una "transición a la democracia" en Cuba.