A tres años y medio de la explosión de 10 bombas en cuatro trenes de cercanías de la capital de España, que dejaron 191 muertos y mil 841 heridos, y cuatro meses después de la finalización del juicio, la Audiencia Nacional dictó sentencia y abrió la puerta a todo tipo de reacciones sociales, políticas y mediáticas.	Según la sentencia, participaron un total de 22 hombres: los siete que se suicidaron en una vivienda de Leganés (cerca de Madrid) al verse acorralados por la policía tres semanas después de los atentados, 14 de los procesados (que recibieron penas no superiores a los 15 años de cárcel) y una persona sin identificar.	El tribunal desmontó los principales elementos de la llamada "teoría de la conspiración", descartando que la dinamita empleada fuera la que habitualmente utiliza ETA o que la bolsa con explosivo que se encontró sin explotar en un tren, y que condujo a los terroristas, pudiera haber sido una prueba manipulada. Las reacciones políticas y sociales fueron inmediatas.