Esta Ley de Amnistía es similar a las dictadas por otros gobiernos que han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Es una típica medida que intenta cerrar las posibilidades de justicia, y de hecho, por eso mismo nosotros en nuestro informe, teniendo en cuenta otras experiencias históricas, lo preveíamos como una medida que posiblemente el Gobierno podía en algún momento dictar. Por eso mismo, en el informe explicamos cómo este tipo de normas están prohibidas por el Derecho Internacional vigente desde hace décadas, tanto por el derecho internacional penal como por el derecho internacional de los derechos humanos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia. Se trata de una ley que solo puede ser impuesta en un sistema de justicia que no es independiente, que no actúa conforme a estándares internacionales; cualquier sistema de justicia que actúa conforme a estándares internacionales declararía inválida una ley así, estas leyes contravienen el derecho internacional y, por lo tanto, no debería ser aplicada para crímenes contra la humanidad. Incluso, aun cuando tuviera el efecto inmediato o próximo de liberar a muchos presos y que las familias quizá se pudieran alegrar porque las personas detenidas no permanecen más en prisión, desde el punto de vista jurídico tampoco es la solución que corresponde; la solución que correspondía para una persona que no cometió delitos es una declaración de inocencia. Una Ley de Amnistía lo que supone es perdón por un delito que una persona cometió, entonces, las personas que salen por una Ley de Amnistía siempre van a quedar manchadas por la sospecha de que han cometido un delito. Desde un punto de vista jurídico no es una solución justa, no es la solución que corresponde.	Sí, es claro que en un tribunal internacional, en una corte internacional o frente a cualquier otro Estado, una Ley de Amnistía como esta no tiene ningún valor y a nivel interno, solo tiene el valor que le asignen los tribunales de Nicaragua. En los seis meses que nosotros estuvimos en Nicaragua nos pudimos dar cuenta de un sistema de justicia que no es independiente, que no da garantía de imparcialidad, ni de independencia. Con Ley de Amnistía o sin Ley de Amnistía el sistema de justicia en Nicaragua no está juzgando a los perpetradores estatales y paraestatales, no lo hizo antes de la ley, y por supuesto, no lo va a hacer después. Para que haya un proceso de justicia genuino en Nicaragua, como dijimos en el informe, tiene que haber reformas institucionales que garanticen un sistema de justicia imparcial, objetivo e independiente. Cuando existan esas condiciones, y esperemos que eso se logre algún día y pronto, esta Ley de Amnistía tampoco va a tener ningún valor como ocurrió en muchos otros países.	Simplemente no llegó el momento. Esta ley simplemente es un acto político de un gobierno que hoy tiene el poder, es un acto de fuerza más que una norma jurídica. Justicia transicional habrá el día que se inicie un proceso de reforma institucional, pero no va a ser el día de hoy.	La obtención de justicia a determinadas violaciones a derechos humanos siempre lleva tiempo y viene después de una lucha larga. La justicia no ocurre espontáneamente, en general, los tribunales no juzgan al momento en el que las graves violaciones ocurren y tampoco juzgan antes de que cambie la situación institucional de un país. Eso nos ha enseñado la historia en múltiples países y Nicaragua no es la excepción. Las posibilidades de justicia van a depender de mantener vivo el reclamo de justicia por parte de la sociedad civil de Nicaragua, por las víctimas y por la justicia civil en su conjunto, incluso, la recomendación final de nuestro informe fue dirigida a los sectores más favorecidos de la sociedad nicaragüense, en donde los exhortamos a que no dejen solos a las víctimas, porque también muchas veces se ha visto en la historia que estas cosas terminan siendo moneda de cambio en pactos políticos entre sectores poderosos, mientras que las víctimas en general son de sectores populares, entonces las víctimas directas y en general la sociedad nicaragüense que fue lastimada por la actuación del Estado deben seguir con su reclamo y las víctimas deben ser acompañadas por la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional también hasta que se logre algún día que los tribunales actúen.	Quizás algunos manifiesten cierto beneplácito que pueda tener esto en la libertad de algunas personas, esperemos que todas, pero como hombre de derecho no podemos decir que estamos frente a la solución adecuada, todo lo contrario. Por el lado de las víctimas injustamente encarceladas, la solución que corresponde es una declaración de inocencia; y frente a los perpetradores que cometieron crímenes de lesa humanidad, lo que se espera es un juicio imparcial, objetivo.	Eso lo tratamos en nuestro informe, por un lado marcando una posibilidad de que otros estados actúen a través del principio de jurisdicción universal y por otra parte, la posibilidad de que la Corte Penal Internacional actué, pero eso es difícil porque Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma. Entonces, debería ocurrir que o bien el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le pida a la Corte Penal Internacional que actué, lo cual es muy improbable porque depende de la petición de muchos estados o bien que desde un gobierno futuro de Nicaragua se pida intervención a la Corte Penal Internacional.	En ambas vías, lo más deseable es que sea a nivel local. Los procesos penales ante los propios estados son más completos porque las pruebas están en ese lugar, los testigos están en ese lugar, la escena del crimen está ahí, además, desde un punto de vista social, la percepción de justicia siempre es más genuina cuando se hace dentro del mismo Estado, que cuando se hace desde afuera. Así que esperamos que los tribunales de Nicaragua en algún momento sean capaces de juzgar estos hechos, quizá con apoyo internacional, con la asistencia de personas que han participado en otros procesos o con organismos de derechos humanos o con la ONU, se pueden pensar en ciertas variantes para que la justicia en Nicaragua tenga algún apoyo, pero lo deseable sin duda es que sea el mismo sistema de justicia nicaragüense el que juzgue estos hechos.	Para que un Estado actúe en virtud del principio de jurisdicción universal, hace falta que se presente un caso o varios casos ante el sistema y aportar las pruebas, lo cual no siempre es fácil porque los hechos ocurrieron en otros países, la prueba también está en otra nación y es difícil compilarlas. Es decir, no es algo tan sencillo, hay que organizarlo, presentar las pruebas, digamos es una vía posible, pero también tiene sus dificultades, pero bueno habrá que esperar que eso en algún momento ocurra.