Hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley de Aguas Nacionales, identificada como 620, no existía un claro concepto de propiedad sobre el agua. De aquí que se entendía que era de todos. El solo hecho de que pasara el agua por una finca facultaba a su dueño para desviar sus aguas, represarla o lo que es peor, luego de aprovecharla, verter sobre ella aguas residuales.	Esta nueva relación supone que todos debemos pagar por el agua que consumimos, aunque sea extraída de un pozo en nuestro patio. El dinero generado por el pago de estos cánones deben ser empleados para ofrecer pago por servicios ambientales y/o estímulos a quienes hacen un buen manejo de las aguas, así como todo lo que esté encaminado a garantizar el buen manejo de las cuencas, lo que debe asegurar una mayor producción o fijación de agua por el suelo.