A través de los relatos de 48 excarcelados políticos, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ describió un patrón de las violaciones de derechos humanos que sufrieron los presos políticos antes, durante y después de estar en la cárcel. La integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Claudia Paz y Paz, dijo que el patrón expone que las graves violaciones de derechos humanos fueron sistemáticas.	Un total de 35 personas habían participado en marchas y otras 17 habían estado en tranques antes de ser apresadas. La mayoría de entrevistados recibieron amenazas, hostigamientos o agresiones. Las principales amenazas consistían en matar a la persona o algún familiar, detenerlas, o atentar físicamente contra ellas y sus familiares, revela el informe, presentado este martes en Costa Rica.	El testimonio con iniciales B.J.C.E. denunció que una persona simpatizante del régimen orteguista, el 14 de agosto de 2018, lo increpó y amenazó con un arma de fuego diciéndole: “Estoy encargado de matarte así que cuídate».  Otra persona con las iniciales H. J.S.Q. de Chinandega dijo: “me pintaron la casa, me pusieron ojo golpista, y después las amenazas por Facebook que “vamos por vos”, “te vamos aniquilar”, “vamos a violar a tu mujer”, “te vamos a matar a tus hijos”, se lee en el documento.	De acuerdo con el informe, las amenazas más constantes y directas eran contra personas disidentes de la militancia del régimen orteguista, ex miembros de la Policía Orteguista o personas que tuvieron algún grado de liderazgo en los tranques. Estas provenían de miembros del Consejo de Poder Ciudadano, e integrantes de la estructura del régimen.	El colectivo encontró que 50 de los 56 casos documentados no se brindó información a los familiares ni se les permitió a los detenidos el derecho a realizar una llamada telefónica, tal y como está establecido en el artículo 33 de la Constitución Política. A lo largo del informe, los especialistas en derechos humanos sostienen los hallazgos mediante fragmentos de las experiencias vividas por los excarcelados.	La persona con iniciales S.G.A.O. expresó que: «Durante 15 días pasé sin recibir alimentación de mi familia, para ella estaba desaparecido; después me dieron una llamada y yo le pude avisar a mi mamá que estaba en El Chipote (Cárcel). Ella llegó y yo estaba golpeado, los ojos morados, me habían reventado la nariz, me golpeaban mi brazo».	Para Paz y Paz, la importancia de conocer donde se dieron las torturas radica en que no se puede alegar que se trataban de hechos aislados, que fue voluntad de un jefe de una estación policial o el alcalde de un municipio, ya que dada la sistematicidad de las violaciones, la extensión geográfica donde se realizaron, es claro que los policías estaban obedeciendo a órdenes superiores, a la más alta jerarquía, «son quienes ordenaron y los responsables de estos graves crímenes», dijo.	En la presentación del informe, Juan Carlos Arce, expresó que en la mayoría de casos se evidenció las diferentes tipos de tortura: violación, asfixia seca, que consiste en que te coloquen una bolsa plástica en la cabeza, patadas, arrancamiento de uñas, tortura con choques eléctricos; quemaduras con cigarro en sus testículos;  constantes golpes; el alicate como arma de tortura, práctica de la ruleta rusa en interrogatorios, permanente maltrato verbal, falta de atención médica entre otros.