Una frase veterana señala que las leyes innecesarias (o inútiles, según la traducción francesa preferida) debilitan a las leyes necesarias. Con certeza, Montesquieu jamás pensó en Nicaragua cuando en 1748 denunció en El espíritu de las leyes justamente eso (les lois inutiles affaiblissent les nécessaires), sin embargo, los nicaragüenses debemos reflexionar este consejo al hablar nuevamente de reformas constitucionales, específicamente del cambio de sistema presidencialista hacia uno parlamentarista.	En los periódicos, televisión y radios han circulado decenas de versiones a favor y en contra de cada postura, con mayor o menor rigor crítico. Mientras la pregunta de fondo es si realmente se requiere un cambio tan drástico en medio de tantas otras necesidades y carestías primordiales, la nota cumbre ha sido la férrea defensa mediática de Arnoldo Alemán hacia lo que chabacanamente bautizó como “parlamentarismo a lo nica”. ¿Es el líder del PLC el vocero de estas reformas?	Lo alarmante es que los actuales diputados jamás fueron delegados por el pueblo para cambiar el sistema, sino para operar y legislar dentro del ya existente: un cambio de sistema requeriría una reforma total y consecuentemente una Constituyente (en términos jurídicos, un Poder Constituido como el actual Parlamento jamás podría reformar al Poder Constituyente). Algunos académicos y un número mayor de políticos han tratado de obviar esta realidad argumentando que con sólo conservar al menos un(os) artículo(s) de la Constitución no se está frente a una reforma total sino parcial. Esto es absurdo, y para ilustrarlo basta un ejemplo cotidiano: si usted tiene un vehículo y le cambia el motor, batería, llantas, puertas, vidrios, tablero, modifica la carrocería, inclusive el chasis, y deja únicamente el espejo retrovisor, ¿es el mismo carro mejorado o uno diferente? Siguiendo la analogía, una situación es ampliar el período del Presidente de cinco a siete años (reforma parcial), y otra completamente distinta (reforma total) es agregar la figura del Primer Ministro y repartir nuevamente las funciones entre éste, el Presidente y la Asamblea Nacional. Por lo demás, el debate ha iniciado con mal pie: secretismo total, negociaciones dudosas y mecanismos no idóneos. El hermetismo fue roto gracias a investigaciones periodísticas para, a cuentagotas, tener las pretensiones hechas públicas por los emisarios y negociadores, evidenciado que las reformas se trabajan más en base al dando y dando que a necesidades de nación. Pero bueno, mientras usted lee este periódico acompáñeme y sigámosles la corriente, haciendo de cuenta y caso que lo anterior no es trascendente.	Preguntémonos: ¿Por qué el cambio? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Para quiénes? Aún esperamos que el Gobierno y el PLC (¿oposición?) expliquen la necesidad del giro de sistema y no tanto las propuestas en sí. Después de todo, si dos o tres personas pretenden cambiar el sistema político de cinco millones de nicaragüenses, no basta decir “que está agotado” sino explicar porqué “está agotado”. Que yo recuerde, el sistema presidencialista gozaba de excelente salud. La actual Constitución, promulgada por la Revolución (1987), fue considerada mundialmente una Carta Magna de avanzada, a la vez que permitió a Daniel Ortega gobernar los últimos años de la guerra con un presidencialismo vertical y favorable. A mediados de los noventas, la misma Constitución y su sistema presidencialista eran tan buenos que doña Violeta se negaba a perderlos, y urgió un adefesio jurídico (la primera ley marco) para modificar “para bien” al sistema (1995) y destrabar una crisis política. Alemán tampoco se quejó, más bien creyó ineludible un “reforzamiento” adicional y para ello a inicios de esta década aparecieron otras reformas (2000). Sucedió similar con Bolaños, y aunque para estos años los dos partidos mayoritarios (FSLN y PLC) susurraron sobre un posible (pero lejano) cambio de sistema, lo que terminaron haciendo fue “pulir” la Carta Magna presidencialista (2005), aún con otra ley marco (vigente). El recuento constitucional de Nicaragua ya suma al menos trece Constituciones, número exagerado para un país con historia política tan breve. Peor: sólo cuatro son consideradas como Constituciones tipo, es decir, en general son remiendos para beneficios personales, familiares o grupusculares. Entonces, ¿por qué de pronto esta voltereta brusca? ¿Por qué algo tan trascendental se rumora ansiado para este año?	No comparto la propuesta de cambio del sistema, mas reconozco que dado el ya iniciado debate lo sano es convocar a un diálogo nacional que si cree necesario este cambio incluya un llamado a una Constituyente (legalidad) acompañado de referendo obligatorio para entrada en vigencia (legitimidad). Después de todo, esta semana el mismo presidente Ortega declaró en la Asamblea el pueblo debía elegir (aunque no se refería al referendo sino a la reelección).	Si las leyes innecesarias debilitan a las necesarias, los cambios innecesarios merman los necesarios. Admitámoslo: tenemos un catálogo muy extenso de urgencias que necesitan modificarse, y el sistema no está en los primeros lugares. En lo social, corresponde atender las funestas consecuencias de los desastres en el Caribe, Norte, Occidente y zonas vulnerables de la capital. Si se desean hacer cambios en lo político, vayamos al grano: ¿de qué sirve cambiar el sistema si los actores políticos son los mismos? Apremia más transparentizar el mecanismo de elección de los diputados, ¿acaso sabe usted cuál es el diputado específico que le representa? Para democratizar nuestras frágiles instituciones jamás ayudará designar los escaños parlamentarios como patrimonio de los partidos y no de los electos, o con diputaciones o magistraturas vitalicias, o jugueteando con el Texto Supremo para evitar encarar la justicia en otros países. Después de tantos años de desastre nacional, ¿cómo es posible que los políticos sigan pensando únicamente en el poder como fin personal y no como medio para cambiar la realidad nacional? ¿Cuál será la diferencia –si alguna- entre el “parlamentarismo a lo nica” con el “presidencialismo” actual (que también ha sido “a lo nica”) si, aunque se cambie esa tarima donde toma lugar la política, los actores son los mismos? ¿No es justamente los mismos que apodan “a lo nica” a un posible nuevo régimen parlamentarista los que han manipulado, aprovechado y desperdiciado el régimen actual? Darle la espalda a la población y hacer lo que quiera porque puedo hacerlo, ¿no es acaso la puesta en extremo del zôon politikón?	Finalmente, como crítica constructiva, el gobierno sandinista tiene la enorme tarea de materializar las promesas electorales. No basta con los decretos jurídicos, como el de la gratuidad de la educación y salud, hace falta la estructura y recursos para traerlos a terreno práctico. ¿Acaso la gratuidad de estos derechos no ha estado mandatada en nuestra Constitución la última década y media? Justamente ése ha sido el gran error de las últimas tres administraciones, quienes asumieron una postura de entender “garantizar” no como responsabilidad sino como un anhelo político o más descaradamente, el “no estorbar” (aquellos años un político dijo que ellos garantizaban estos derechos al “no prohibirlos”). ¿Por qué mejor entonces no enfocarse en hacer realidad tantas garantías y derechos de los nicaragüenses ya puestas en la Constitución actual (educación, salud, trabajo, vivienda, seguridad ciudadana) y no en este debate redundante? ¿No nos ha enseñado la Historia que el mejor concepto de revolucionario es aquel que lucha por las cosas que sinceramente necesitan ser cambiadas? ¿No está claro, pues, que las leyes innecesarias debilitan a las necesarias?