Que no se pueden adelantar las elecciones, dice el régimen. ¡Vaya! Que la Constitución Política dice que son hasta el 2021. Y no se puede cambiar. Un momento… ¿No son estos mismos los que se tiraron la Constitución en una noche para que Daniel Ortega pudiera reelegirse? ¿Acaso fueron otros los que mantuvieron en sus cargos a los magistrados con tiempos vencidos a contrapelo de lo que dice la Constitución? ¿No es esta misma Constitución Política la que prohíbe a la Policía y al Ejército involucrarse en actividades partidarias? ¿Este no es acaso el zorro que se metió en el gallinero, hizo una carnicería, y todavía con las plumas en la boca dice ser el defensor de las gallinas?	Y si aun no logran verlo, ahí hay otro atajo que se puede explorar: el referéndum. La Constitución Política de Nicaragua contempla en referéndum entre sus “principios fundamentales”. Dice: “El poder soberano lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse esta representación. También lo puede ejercer de forma directa a través del referéndum y el plebiscito”. Ahí está. ¿Ven que se puede?	El asunto no es que aquí se le ocurrió a alguien adelantar elecciones para ser presidente. No es un quitate vos para ponerme yo. Hay una crisis. El bote que manejaba Daniel Ortega hizo aguas. Se hunde. El adelanto de elecciones se impone como una operación de rescate para este país que va al fondo. Cada día que Ortega permanezca en el poder le hará más daño a Nicaragua. Es como el cáncer. Y cada día sin él, puede ser un día de recuperación. Las elecciones son la operación de rescate. La extirpación del tumor.	Las elecciones son el método pacífico y civilizado para resolver las diferencias. Y las diferencias aquí pueden llegar al punto de más muertes o violencia. Algo que, se supone, nadie quiere. Unos dicen que Daniel Ortega ganó “con una amplia mayoría” y que quienes se le oponen son puchitos, una minoría resentida. Otros, creemos que las cosas cambiaron y a Ortega solo le queda la represión para sostenerse. Que esto es un secuestro, no un gobierno. Pues, resolvamos el asunto como gente civilizada: votemos. Hagamos pronto unas elecciones libres, transparentes y vigiladas que produzcan un gobierno que goce de la legitimidad que da la mayoría. Solo quien sabe que es minoría buscaría como evitar esa solución.	Hasta en eso se parecen. En 1979, en plena guerra, Anastasio Somoza decía que debía terminar su período constitucional de gobierno en 1981. Como si las crisis entendieran de períodos constitucionales. En 1989, el mismo Daniel Ortega, con esta misma Constitución, adelantó las elecciones. La diferencia de antes con ahora es que en aquel entonces pensaba que tenía todas las de ganar. Las encuestas decían que los sandinistas eran mayoría y, al adelantar las elecciones, le quitaba tiempo a la oposición para organizarse. Somoza no pudo llegar al 1981, porque tuvo que salir intempestivamente en julio del 79 y ya estaba muerto para cuando se cumplió “su período constitucional”. A Ortega, ya sabemos, el tiro le salió por la culata, y perdió frente a doña Violeta las elecciones que suponía tenía en la bolsa.	La negativa del gobierno ante el adelanto de las elecciones no es por un asunto de ilegalidades. En primer lugar, porque no va a venir el burro a hablar de orejas. En segundo lugar, porque sabe que el adelanto puede ser perfectamente legal. Si no quiere adelanto de elecciones es porque sencillamente sabe que las perdería. Es miedo. Punto.