Todo Estado tiene el derecho, en ejercicio de su Soberanía, de admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente; sin que por ello ningún otro Estado pueda hacer reclamo alguno. Algunos Estados califican de terroristas y delincuentes a sus opositores; por lo tanto, la calificación de la delincuencia política corresponde al Estado que presta el asilo. En consecuencia, la extradición de un asilado es improcedente mientras no sea calificado como criminal por el Estado receptor.	El asilo político es la protección o amparo que, en determinadas circunstancias y bajo condiciones dadas, se otorga en el territorio de un Estado o en sus sedes diplomáticas acreditadas en el exterior a las personas perseguidas por sus ideas políticas, sus convicciones religiosas, sus condiciones étnicas o la comisión de delitos políticos.	El Estado receptor no brinda información al Estado de origen del asilado para proteger la integridad del refugiado. Actualmente es una institución profundamente latinoamericana, que no ha sido (o no ha querido ser) entendida ni por europeos ni por norteamericanos, quienes la aplican a su libre conveniencia. En la literatura jurídica existen numerosos casos que prueban que dichos gobiernos aplican esta figura jurídica a su conveniencia coyuntural.	La palabra asilo significa “lugar de refugio para los perseguidos”, y proviene de la voz latina asylum, que a su vez se originó en el griego. El asilo nació en Europa como una costumbre de algunos pueblos antiguos. Al comienzo fue una práctica de amparo de los delincuentes comunes. Las iglesias y conventos fueron los lugares predilectos del asilo en los primeros tiempos del cristianismo. Los perseguidos por la justicia acudían a ellos en busca de protección y generalmente la conseguían por razones humanitarias, previo pago del servicio (óbolo).	En la Edad Media el asilo eclesiástico y el feudal fueron una costumbre muy generalizada al servicio de los delincuentes comunes. Sin embargo, los infractores políticos fueron tratados con especial dureza. Se prestaba asilo a los malhechores, pero no a los opositores políticos, a quienes se consideraba como los más peligrosos delincuentes.	Después de los grandes cambios revolucionarios iniciados en los Estados Unidos y en Francia a fines del siglo XVIII, con la nueva mentalidad y la manera distinta de ver las cosas, se generó la costumbre humanitaria de conceder asilo a los perseguidos por razones políticas e ideológicas. La divergencia ideológica se tornó respetable, como expresión de la libertad de pensamiento del ser humano, y se concedió protección a quienes sufrían persecución por ejercerla. Nació entonces el llamado asilo diplomático, para amparar y dar hospitalidad a las personas asediadas por los regímenes autoritarios.	Con el paso del tiempo, lo que fue una costumbre se convirtió en un derecho, previsto y reglado por la ley internacional. Fue en América Latina donde esta Institución alcanzó su mayor desarrollo, probablemente debido a que su azarosa vida política generó muchos trances de persecución por motivos de orden ideológico.	En 1928 se firmó, en el seno de la VI Conferencia Internacional Americana, en La Habana, la Convención sobre Asilo Diplomático, que consagró el “derecho de asilo” como un principio jurídico interamericano. Desgraciadamente dicho instrumento nació con muchas lagunas y ambigüedades. Debido a lo anterior, los países americanos volvieron a reunirse con el mismo motivo en Montevideo, en 1933, de donde resultó la Convención sobre Asilo Político, que tuvo más éxito que su predecesora, ya que fue firmada y ratificada por más países. Ambas convenciones dejaron en claro que el asilo procedía únicamente en favor de los delincuentes políticos. Consecuentemente, la calificación de la delincuencia política corresponde al Estado que presta el asilo.	Debido a las dudas surgidas en el caso Haya de la Torre, entre Colombia y Perú, resuelto por la Corte Internacional de Justicia en 1950, en un fallo tan extenso como ambiguo e impreciso que no resolvió nada. La X Conferencia Internacional de Estados Americanos, realizada en Caracas en 1954, se propuso despejar las confusiones surgidas, resultando la Convención sobre Asilo Diplomático y la Convención sobre Asilo Territorial, que dieron una configuración definitiva a esta Institución como parte del sistema jurídico interamericano.	Entre las dos convenciones interamericanas, la de 1933 y la de 1954, se emitió la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, cuyo artículo 14 prescribió que, “en caso de persecución, toda persona tiene derecho de buscar asilo y disfrutar de él, en cualquier país”. Pese a lo anterior, en la teoría y en la práctica, la Institución de Asilo no pertenece realmente al derecho internacional general, sino sólo al derecho internacional latinoamericano. Éstos derechos están estipulados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Arto. XXVII), firmada en 1948, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Arto. 22, num. 7), firmada en 1969. Este artículo establece que: “Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos, y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales”.	El documento más importante, quizás el único, que respecto del tema se ha formulado en ámbito internacional es la Resolución 2312 (XXII), tomada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1967, aunque contiene una declaración demasiado amplia y general. Por otra parte, la Conferencia que convocó las Naciones Unidas para adoptar una Convención de validez Universal sobre el Derecho de Asilo Territorial, y que en efecto se reunió en Ginebra del 10 de enero al 4 de febrero de 1977, fracasó en su intento por los desacuerdos de criterio entre los países.	En cuanto al marco legal, cabe concluir que si bien el derecho al refugio forma parte de los derechos humanos reconocidos por las Naciones Unidas, el derecho al asilo no lo está explícitamente. Por lo tanto, no es una institución de aceptación general, sino una institución de práctica consuetudinaria profundamente latinoamericana, que no ha sido entendida ni por europeos ni por norteamericanos (quienes son firmantes de las Convenciones inter-americanas mencionadas, pero no las han ratificado).