Mucho se ha hablado sobre libre mercado, libre competencia y agentes económicos, incluso resulta extraño que distintos actores políticos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil encuentren un punto en que todos están de acuerdo respecto de este tema, me refiero a la Ley de Promoción de la Competencia. Si bien es cierto es necesario encontrar elementos en que converjan distintos puntos de vista y se llegue a un consenso, más que alegrarme siento preocupación por lo que desde hace un tiempo despertó en mí cierta sospecha (que políticos, empresarios y organizaciones estén de acuerdo); se dice que es necesaria la aplicación de esta ley para promover y tutelar la libre competencia entre los agentes económicos, para garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores mediante el fomento de la cultura de la competencia, la prevención, la prohibición y sanción de prácticas anticompetitivas.	Esto, según el objeto de la ley, estipulado en su primer artículo, sin embargo es necesario que seamos un poco (por no decir mucho) más observadores para darnos cuenta que este elemento jurídico es una trampa extraordinariamente bien redactada para legalizar las prácticas anticompetitivas que se dan hoy en día y que podrían darse en un futuro. Tal como dijo muchos años antes de Cristo el gran Marco Tulio Cicerón: “No hay nada tan increíble que la oratoria no pueda volverlo aceptable”, de modo que nos seguirán vendiendo la idea de un buen libre mercado, de una mano invisible para el progreso de los pueblos, cuando lo que se está haciendo es fomentando lo que en Nicaragua conocemos como “pelea de tigre con burro amarrado”.	La conocida Ley Procompetencia establece una serie de prohibiciones para los agentes económicos competidores y no competidores, con el fin de facilitar una libre competencia, pero lo interesante es que en el Capítulo IV (de las prácticas anticompetitivas) se contempla una lista de condiciones para determinar si una práctica es o no anticompetitiva [“Para considerar que las prácticas entre agentes económicos no competidores, son violatorias de esta Ley, debe comprobarse entre otros criterios que (…)”], de modo que si una de las condiciones no se refleja con claridad, no podrá condenarse dicha práctica, cuando basta con leer la ley para darnos cuenta que con sólo una de las condiciones debería ser sancionado el agente económico que incurra en ésta, además de ser absurdo que se mencione la frase “entre otros criterios”, cuando no se determina cuáles serán éstos, ni mucho menos cómo se comprobarán, siendo entonces una pantalla para dizque sancionar a los voraces del mercado, lo que en realidad es la institucionalización de las prácticas anticompetitivas.	Asimismo, en el inciso “a” del artículo 19 se establece que la contratación o acuerdo injustificado para la distribución exclusiva de bienes o servicios entre agentes económicos que no sean competidores entre sí; o cuando el proveedor o distribuidor mayorista de un producto venda solamente bajo la condición de que el comprador minorista no compre o distribuya productos de la competencia, se estará incurriendo en una práctica anticompetitiva, pero, ¿qué es injustificado? ¿Acaso no debería estar claro en la ley qué es una causal de justificación? ¿Acaso no es obvio que lo que se logrará será una “bonificación” por parte de los grandes proveedores para lograr la exclusividad de acceso de un producto o servicio?, lo que es un perfecto asidero legal para la compraventa de oportunidades, para la legalización del desplazamiento de proveedores débiles, y la perfecta protección legal para los bolsillos de comerciantes, quienes por su posición en el mercado deben ser denominados intermediarios. El resultado siempre sería el mismo para los consumidores y nuestros derechos consignados en la Ley 182, como el inalienable “derecho a escoger” entre distintas productos, entiéndase distintas marcas de productos similares. Lo que obviamente desplaza a los competidores pequeños, y por imperio de ley se les está negando el derecho a competir libremente por limitar los canales adecuados para hacer llegar sus productos a nosotros, los consumidores, y a nosotros mismos se nos está arrebatando mediante un derecho que por ley previa es irrenunciable.	Ese y otros elementos en la Ley Procompetencia están lejos de promover una estabilidad para los consumidores; los mayoristas no podrán condicionar ventas o distribución de bienes y servicios bajo exigencias, pero no importa, porque la genialidad de esta ley permite maquillar esto, y se respetará un “trato entre privados”, así podrán hacer eco de la libertad contractual existente en nuestro país, siendo probablemente la justificación para las ahora legales violaciones y abusos.	No es necesario ser un gran pensador para darnos cuenta cuál es la naturaleza de las transacciones entre grandes distribuidores y minoristas: generar utilidades es su prioridad, pero es importante tener presente que el fin de esas transacciones es hacer llegar los bienes y servicios a los consumidores, por lo tanto, todos somos terceros interesados, y nuestros derechos deben ser tomados en cuenta para el funcionamiento armónico de las relaciones comerciales a todos los niveles, y en pro de un verdadero libre mercado con una amplia oferta. ¿No se dan cuenta acaso que el fortalecimiento de los derechos de los consumidores y el buen funcionamiento del mercado van de la mano? Bien lo dijo Johnn Kennedy en 1962 al aseverar que los consumidores somos el sector más amplio del mercado.	Mucho es lo que hay que decir sobre esta ley, y aún más son los ejemplos para darnos cuenta que una vez más nos quieren “dar vuelta”, afectar a los pequeños empresarios que intentan que sus productos compitan en el mercado, y a nosotros como consumidores que tenemos derechos que intentan manipular.