El régimen de Daniel Ortega se comprometió en la mesa de negociación política en el Incae, ante el nuncio Waldemar Sommertag, el enviado especial de la Secretaría General de la OEA, Luis Rosadilla, y el equipo negociador de la Alianza Cívica, a liberar todos los presos políticos en un plazo no mayor de 90 días.	Se trata de un gran acuerdo y esperamos que el régimen lo cumpla, para que en efecto todos los presos políticos sean puestos en libertad; no solo enviados a sus casas bajo el régimen de prisión domiciliar, sino completamente libres, anulados los cargos que les han imputado, los juicios que les han montado y las penas que les han impuesto, y limpiados sus expedientes.	La primera dificultad que se debe superar es verificar la cantidad de reos políticos y equiparar las cifras, que son distintas según las diferentes partes involucradas en este asunto. Según el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos son 802, cifra cerrada el 19 de marzo corriente. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en esa misma fecha había 647 presos políticos en Nicaragua. Pero el régimen orteguista solo reconoce la cantidad de 340, según ha dicho el canciller y jefe negociador de Daniel Ortega en el diálogo del Incae.	En el acuerdo que se dio a conocer el miércoles de esta semana, se dice que la liberación de los presos políticos será supervisada por la Cruz Roja Internacional. Esto también es una buena noticia, porque le da confianza al proceso aunque no sea garantía absoluta de su cumplimiento. “Firmar me harás pero cumplir jamás”, ha sido una regla de conducta de los políticos y gobernantes tramposos de Nicaragua. De manera que será necesario permanecer vigilantes, mantener las presiones internas necesarias y pedir que se mantengan las internacionales, para que el régimen cumpla el acuerdo y todos los presos políticos, sin excepción de ninguna clase, queden en plena libertad.	Los periódicos no son seres humanos, es cierto, pero igual que los demás medios de comunicación social constituyen un medio indispensable para el ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades políticas, ante todo para que los ciudadanos puedan ser libres, controlen a los poderes públicos y se autogobiernen de manera democrática y con justicia.