Por: Enrique Saenz. En días recientes se informó que el Banco Centroamericano de Integración Económica, conocido por sus siglas BCIE, aprobó dos créditos al régimen de Ortega que suman casi 600 millones de dólares. En lo que va del año los créditos aprobados por esta institución en beneficio del régimen se aproximan a los 800 millones de dólares. Meses atrás, el mismo Banco se colocó en la picota al darse a conocer que financia un proyecto que refuerza la capacidad represiva de la policía, incluyendo, entre otros apoyos, equipos de transporte y tecnología. Es decir, las caravanas de la muerte y tecnologías para vigilar a la población.Recordemos qué es el BCIE Es una institución financiera que se creó a inicios de la década del 60, al impulso del proceso de integración económica centroamericana. Los socios fundadores y dueños iniciales del banco fueron Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. A lo largo de los casi sesenta años de existencia, el banco transitó por altibajos, a causa de las crisis económicas y políticas que sufrieron los países de la región. Así, tanto por razones políticas como por razones económicas, los países fundadores resolvieron abrirse a la incorporación de nuevos socios. De esta manera se sumaron México, Panamá, España, Colombia, Taiwán, Argentina, Cuba, Belice y República Dominicana, que son ahora también socios del banco.Si el banco pertenece a los países socios ¿Quiénes toman las decisiones? El máximo órgano del banco es la Asamblea de Gobernadores. Ordinariamente, ejercen como gobernadores los ministros de hacienda o de finanzas de los países miembros. La Asamblea se reúne una vez al año y adopta las políticas generales de la institución, sin embargo, no interviene en las decisiones operativas.El órgano a cargo de aprobar los créditos es el Directorio, integrado por representantes designados por cada gobierno. A la cabeza está el presidente del Banco que, en el momento actual, es el hondureño Dante Mossi.¿De dónde obtiene el dinero el BCIE? Una parte del capital del banco está formado por aportes de los países socios. Es decir, proviene de los impuestos que pagan los ciudadanos de esos países. Otra parte de los fondos se obtienen en el mercado internacional de capitales. Por esta razón es que son elevadas las tasas de interés que cobra por sus créditos Y aquí viene la primera consideración. En definitiva, quienes toman las decisiones son los gobiernos por la vía de sus representantes en el directorio del Banco.En consecuencia, uno puede entender la posición de los gobiernos de Cuba, Honduras, Guatemala y también Belice y México. Pero es inexplicable que países como Colombia, Argentina, El Salvador, Panamá y Costa Rica, en la OEA condenen a Ortega y en el BCIE le lancen salvavidas financieros. Vale la pena comparar qué ha ocurrido con las otras dos instituciones financieras multilaterales, esto es, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ninguna de estas dos instituciones aprobó créditos al régimen de Ortega en el 2018.En cuanto a los desembolsos. Según el informe oficial del Banco Central, en el 2018 el BCIE duplicó sus desembolsos de recursos al régimen. Pasaron de 140 en el 2017, a 320 millones de dólares. 320 millones de dólares canalizó el BCIE al régimen en el 2018. En contraste, el BID redujo sus desembolsos de casi trescientos millones en el 2017 a 100 millones en el 2018. Por su parte, el Banco Mundial desembolsó 50 millones de dólares. En otras palabras, los desembolsos del BCIE duplicaron al BID y Banco Mundial, juntos.Con estos antecedentes, corresponde preguntarnos si hay algo que podamos hacer. Por supuesto que sí. En el caso de los desembolsos a la policía todavía es tiempo para llevar el asunto a la oficina de ética del BCIE. Evidentemente, no hay seguridad sobre el pronunciamiento que adopte esa dependencia, pero es peor no hacer nada. Por otra parte, y esto es lo más importante, corresponde incidir en los gobiernos de los países socios del banco, comprometidos con la democracia, para que actúen en correspondencia con sus declaraciones políticas.La Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco tienen aquí una tarea que cumplir. Es preciso manifestar oficialmente a estos gobiernos que las decisiones de sus autoridades económicas, socavan su compromiso con la democracia y los derechos humanos. A nivel de ciudadanos, en las redes sociales, nos corresponde la denuncia en medios de comunicación, asambleas legislativas y organizaciones políticas y sociales de esos países. Lo peor que podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados.