Nov. 3, 2008, 10:05 a.m. El domingo 9 de noviembre se efectuarán las elecciones para alcaldes, vice alcaldes y concejales en 146 municipios, los otros 7 elegirán sus autoridades edilicias hasta el 18 de enero del 2009.  Será la cuarta vez consecutiva que los gobiernos municipales son electos por el voto popular.  Los candidatos(as) que corren por los distintos partidos, ofrecen durante la campaña a sus votantes una alternativa política que tratará de tocar los asuntos sensibles a la opinión de sus electores, aunque en la práctica, la imagen, la bandera y emotividad, sigue prevaleciendo en la decisión por encima de un mejor, realista y más completo programa de gobierno propuesto, generalmente poco conocido. El votante, según dijo un político argentino, como siempre, entrega un voto y compra ilusiones. Esa es parte de la calidad de la llamada “democracia electoral”, que requiere más participación y control social, más educación cívica e información.	Uno de los aspectos que no puede ser olvidado es la seguridad ciudadana, que, aunque los gobiernos municipales de conformidad con la ley 40 y sus reformas no tienen responsabilidad directa, están obligados a contribuir por el bienestar de sus habitantes, mediante la “prevención mecánica” (diseño urbanístico, áreas recreativas, disponibilidad de servicios básicos, limpieza y ordenamiento de parques, calles, aceras, mercados y demás espacios públicos) y la “prevención social” (facilitar participación y control social, identificar las demandas locales, apoyar la educación e información social) a reducir los niveles de inseguridad y violencia criminal.	La Ley 40 de Municipios (1988, reformas 1997), establece en el artículo 7 las competencias del Gobierno Municipal.  Entre ellas: la salud e higiene comunal, limpieza pública, desarrollo urbanístico, regular el uso del suelo, el ornato público, construir  y dar mantenimiento a calles, aceras, andenes, parques, plazas, promover la cultura, el deporte y la recreación, la identidad cultural, desarrollar bibliotecas y campos deportivos, cuidar del uso racional del medio ambiente, promover el respeto a los derechos humanos y desarrollar el transporte y las vías de comunicación.  Todo ello es parte de la prevención social y mecánica que contribuye a mejorar la seguridad ciudadana y reducir la violencia criminal.	La inseguridad en Nicaragua no es homogénea ni en el territorio nacional ni en cada departamento ni en los municipios.  Ha veces el problema se concentra en unos pocos barrios o municipios.  Existen factores internos (sociales, económicos, educativos, institucionales, demográficos, urbanísticas) y externos  (posición geográfica, fronteriza, costera, vías de comunicación, ruta de tránsito) que pueden afectar la seguridad de las personas.	Reglamento de la ley 228 (decreto 26-96), de la Policía Nacional, artículos 167-169, Municipalidad, establece: “La policía en común acuerdo con las alcaldías podrá destinar un grupo de policías anualmente para labores meramente municipales con recursos del municipio”.  La Vigilancia Municipal desarrollará las tareas de vigilancia de parques, zonas de reserva forestal, áreas verdes, edificios municipales, monumentos, camposantos, para prevenir delitos y faltas; cuido y protección del tránsito, hidrantes, luminarias públicas y mercados, prevenir proliferación de basureros ilegales, etc.	La seguridad es una combinación inseparable de hechos - respuesta institucional sobre los hechos; percepción y confianza-credibilidad en las instituciones.  Es posible que la tasa de casos delictivos registrada por la policía sea mayor a la percepción de inseguridad y viceversa.  A nivel nacional, entre 2004 y 2005 hemos estimado una brecha de 2.8 veces entre los posibles delitos y las percepciones.  Esta no es igual en los 153 municipios del país.  El promedio nacional pierde de vista las particularidades locales, su gravedad, complejidad y opciones para la solución diferenciada. Hay problemas globales pero hay otros que requieren específicas consideraciones culturales y sociales. El abordaje de la inseguridad debe ser una combinación de políticas públicas del nivel central y políticas regionales y locales, desde los gobiernos autónomos y municipales, incluso, desde las distintas formas organizadas de la participación comunitaria rural y urbana.	Aunque a nivel nacional la percepción de los nicaragüenses (M y R Consultores, agosto 08) sobre inseguridad ciudadana y delincuencia está en segundo plano (6.7%), la prioridad son los problemas socioeconómicos (88%: desempleo, pobreza, alza de precios, servicios públicos), es probable que en algunos lugares mas que en otros, el problema delictivo sea de mayor preocupación.  Hasta la fecha, según las distintas propuestas políticas de los(as) candidatos(as), conocidas a través de los medios de comunicación, se han centrado en los asuntos socioeconómicos, y no han valorado el problema de la inseguridad ciudadana, ni mucho menos formulado propuestas de lo que podría hacerse desde el municipio.	El total de denuncias por delito en Nicaragua, entre 2006 y 2007 aumentó en 14%; algunas cabeceras como Puerto Cabezas (Bilwi), Juigalpa y León, registran mayores incrementos. Las denuncias son un gran bolsón donde se incluyen delitos leves, graves y muy graves; desde esa información, para el año pasado, las cabeceras departamentales con mayor tasa fueron: 1) Jinotepe, 2) Puerto Cabezas, 3) Rivas, 4) Bluefields, 5) Matagalpa y 6) Managua.  Las menores tasas de las cabeceras departamentales (puede vincularse a una cifra oscura mayor) fueron: 15) Jinotega, 16) Boaco y 17) San Carlos. No sabemos si los habitantes de esos municipios perciben mayor inseguridad/seguridad que el resto, normalmente las encuestas de opinión que incluyen estos aspectos tienen validez estadística nacional o se limitan a la Capital.	Refiriéndonos a Managua, ocupó la sexta posición en el Índice demográfico delictivo (IDD) entre los 153 municipios del país en 2007 y, en el 2006 la cuarta. Sin embargo, la variación de denuncias en Managua fue de + 9.6%.  La tasa de homicidios se encuentra en la media nacional de 13.4 x 100 mil habitantes (2007), bajó en 10% con respecto al 2006 (14.8 x 100 mil habitantes). La capital concentra el 24% de la población, y el 25% de los homicidios. En una encuesta de agosto 2008 los pobladores perciben la inseguridad y la delincuencia como el tercer problema que les afecta (23.7%), en primer lugar persisten los problemas socioeconómicos (39%)  y en la segunda posición (35.8%) los relativos a servicios comunales y públicos.  Hasta la fecha ninguna de los (as) candidatos(as) ha abordado la problemática de la inseguridad de la capital y las propuestas para enfrentarlo.	A partir de cifras policiales es probable que el incremento de las denuncias por delitos en el país sea mayor al 16%.  Habrán departamentos y municipios que subirán más que otros y quizás algunos disminuyan.  Estos datos “duros” como suelen llamarles, no son conocidos o percibidos por los habitantes,  la inseguridad y temores que ellos sienten está conjugada a una sumatoria de factores.  Es posible que ni las mismas autoridades locales actuales y futuras sean conscientes de los riesgos y las tendencias delictivas que su localidad enfrenta en la última década desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo (gravedad y peligrosidad) y de percepción de sus habitantes.  Es probable que los pobladores de algunos municipios, ciudades, pueblos y barrios, las tasas delictivas sean bajas, pero existan factores crecientes de desconfianza, temor, riesgo e inseguridad que puedan explotar inesperadamente en asonadas populares (como la conocida recientemente en La Paz Centro). ¿Se han identificado cuales pueden ser esos otros municipios?  ¿Hemos analizado la situación de Bilwi, Sébaco, Nandaime, Corinto, Siuna, El Ayote, Waspan, La Cruz del Río Grande y Corn Island, por ejemplo?	Refiriéndonos a la tasa de homicidios (el delito más grave), que es referente común aceptado para identificar la violencia criminal de un país,  identificamos cuatro niveles en el territorio nacional.  El más crítico y alto, en RAAS, Chontales, RAAN, Jinotega y Matagalpa  y las menores tasas en Leòn, Carazo y Masaya.  Si comparamos el IDD y con los homicidios nos damos cuenta que,  aunque Jinotepe como cabecera presenta la mayor cantidad de denuncias, Carazo, como departamento tiene una baja cantidad de homicidios.  Sin embargo, hay coincidencia en los casos de Puerto Cabezas, Bluefields y Matagalpa, en donde como centro regional o departamental tienen una de los mayores índices de denuncias y a la vez, críticas/altas tasas de homicidios. ¿Cuál es la percepción de inseguridad de sus habitantes sobre estos problemas?  ¿Cómo perciben la evolución de su inseguridad en el último quinquenio, más seguros o inseguros, porqué? ¿Cómo abordan el asunto las autoridades locales, policiales y la sociedad organizada?  ¿Qué propuestas han considerado los candidatos que se disputan el voto de sus electores?  La cuestión no puede quedar en la oscuridad o el olvido, hay luces que alertan sobre la profundización de un mal sobre el cual podemos incidir para preservar las aún ventajas comparativas que como país tenemos con respecto a nuestros vecinos del norte de Centroamérica.