ExxonMobil se convirtió el 4 de mayo en la primera gran compañía de Estados Unidos en demandar a una empresa cubana por "tráfico ilegal de propiedad confiscada", apenas un día después de que la administración Trump pusiera en vigor el titulo III de la Ley Helms-Burton, congelado desde 1996, y que habilita a tribunales estadounidenses para aceptar demandas contra firmas que gestionen bienes nacionalizados tras la revolución de 1959.