“Revolvieron toda la casa y mi abuela estaba con una sobrina que es menor de edad. Le pidieron a mi abuela las escrituras de la casa, le preguntaron si ella era la dueña, no nos presentaron orden de allanamiento, solo dijeron que tenían una denuncia de un vecino y que llegaban a verificar lo que el vecino denunció, aunque nunca se le especificó qué le denunciaron”, relató Aníbal Alemán, nieto de López.	El 18 de agosto del año pasado, López sufrió la invasión en su casa de policías y civiles armados. En ese momento, según el relato de sus familiares, a la anciana le apuntaron con un arma en la cabeza, la empujaron y le exigieron que “entregara a los que tenía escondidos”, refiriéndose a manifestantes y a su hija, señalada de ser líder de los tranques en Monimbó.	“En el primer allanamiento, el grupo de paramilitares y antimotines se llevaron computadora, televisores, celulares y motocicleta, sin presentar orden ni nada. En esta ocasión, no se llevaron nada, pero revisaron todo y dijeron que allanaban por una supuesta denuncia de un vecino, aunque no especificaron qué les denunciaron”, informó Alemán.	La anciana tiene a su hija, señalada de ser líder de los tranques en Masaya, exiliada en un país de Centroamérica, pero eso no ha detenido el asedio en su contra, ya que, según Alemán, toda la familia participó en las protestas antigubernamentales que rechazan las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.	“Yo curé heridos en las protestas, entonces, me vinieron a llevar. Cuando el comisionado Ramón Avellán me entregó en El Chipote dijo que yo tenía un puesto médico clandestino en mi casa y no curaba a los policías heridos”, recordó Alemán, que al momento de ser detenido estudiaba Licenciatura en Farmacia y laboró durante 6 años en el área de enfermería del Hospital Manolo Morales, de donde lo despidieron, según su testimonio, por razones políticas.	El doctor Julio Montenegro, de Defensores del Pueblo, afirmó que el allanamiento en la casa de López es “completamente ilegal”, ya que los allanamientos solo son “facultados por la autoridad judicial y las autoridades policiales a la hora de presentarse al domicilio, que aparentemente va a ser objeto de investigación, tiene que hacer el llamado, tiene que presentar la orden de allanamiento y con el consentimiento de la persona ellos pueden pasar, si se resisten también pueden pasar haciendo uso de la orden judicial, pero en este caso no llevaron ninguna orden de allanamiento, entonces, la Policía está ejecutando un allanamiento ilegal”.	Montenegro explicó que la Policía, en ambos allanamientos, en los que no presentó orden judicial, ha violentado los derechos de las personas que habitan en esa propiedad. Además, señaló que los objetos que se sustrajeron en el primer allanamiento de la casa de López tendrían que ser devueltos, pues si los objetos que son tomados para una investigación “no tienen que ver con algún acto delictivo, estos se tienen que devolver a sus dueños, sino la institución policial está incurriendo en un robo al no devolver esas pertenencias”.