Navarro no entró en detalles en torno a los obstáculos que enfrentan ambos aspirantes, sin embargo, se conoció extraoficialmente que a Alemán se le cuestiona precisamente el hecho de ser hermano del presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán. Mientras que a Martínez se le señala como debilidad, el ser el abogado defensor del ex mandatario en el caso de La Guaca.	Mientras tanto, organismos de la sociedad civil proponen que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, que elegirán en la Asamblea Nacional tengan idoneidad técnica-jurídica y físico-sicológica, es decir, que sean aptos para tomar y mantener decisiones en situaciones de presión; y que tengan idoneidad ética y gerencial.	En su propuesta, los organismos Movimiento Pro-Justicia, Comisión Permanente de Derechos Humanos, Hagamos Democracia y Movimiento por Nicaragua, señalan que si bien es cierto la Asamblea Nacional es la que los nombra, la Constitución establece que para ello deben realizar una amplia consulta con asociaciones civiles pertinentes, y así garantizar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.	El planteamiento de estos organismo apunta que además de cumplir con los requisitos de ley, un magistrado de la CSJ no se debe limitar a aplicar el derecho en conflictos jurídicos concretos, sino que debe tener idoneidad técnica-jurídica, es decir, que los candidatos conozcan sobre tecnología, por la rapidez que esto implica en el desempeño de sus funciones; además, es lo que se estila a nivel internacional, aunque ello no signifique que deban ser expertos en informática.	Asimismo, expresan que los candidatos deben tener idoneidad físico-sicológica, lo que se traduce en equilibrio emocional, vocación conciliadora, capacidad para escuchar y razonar, pues sin estas cualidades les sería imposible ejercer sus funciones, dado que una persona débil no puede tomar y mantener fallos al momento que se le somete a presiones constantes, más aún sin son de orden político.	El presidente del Movimiento Pro-Justicia, Cairo Manuel López, destacó que la sociedad civil está en su derecho constitucional de presentar candidatos y a ser escuchada en la Asamblea Nacional, de tal forma que los diputados deben cumplir su deber de tomar en cuenta estas sugerencias, de lo contrario estarían cometiendo un error más, cuyas repercusiones económicas se sentirán en un futuro muy cercano.