Arriba del nombre LA PRENSA, aparece la frase El diario de los nicaragüenses. Nada más apropiado que designar al periódico más leído e importante del país como el medio escrito que los nicaragüenses preferimos para informarnos, desde luego que no solo apreciamos la veracidad de la información que ofrece en sus páginas, sino que lo reconocemos también como un diario que se identifica con los problemas que enfrenta cotidianamente nuestro pueblo y sus aspiraciones en favor de la justicia, la democracia y la paz.	En editorial, escrito en septiembre de 1948 al asumir como codirector de LA PRENSA, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal resumió en siete puntos lo que puede considerarse como la “Declaración de principios” del diario. Reproducimos dos de ellos: LA PRENSA “No obedece consignas a nadie, y únicamente tratará de cumplir una labor informativa y otra educacional dentro de los cauces de la más estricta justicia y moralidad”… “Será un diario independiente, en abierta oposición contra todo lo que significa opresión, imposición o inmoralidad”.	Fundada en 1926 por el periodista Gabry Rivas, LA PRENSA tuvo varios dueños hasta que el Dr. Pedro Joaquín Chamorro Zelaya quedó como único dueño del diario. Desde entonces, ha sido objeto de varios cierres por gobiernos de diferentes signos políticos, y ha sufrido muchos períodos de censura en distintos momentos de su ya casi centenaria historia. Nada de eso le ha hecho claudicar ni apartarse de su ideario y compromiso. Ha sido totalmente destruida por el odio de los regímenes dictatoriales y hasta por terremotos e incendios. Como el Ave Fénix ha renacido de sus cenizas en varias ocasiones.	Ahora, la dictadura orteguista la tiene bajo duro acoso. Desde hace 64 semanas sufre un embargo ilegal de los materiales indispensables para su publicación impresa. De nada han valido los recursos legales para que la Dirección General de Aduanas le entregue sus materiales, pese al fallo a su favor del Tribunal que conoce de las quejas en contra de la DGA. La intención de la dictadura es sacar de circulación la versión en físico del diario, ya reducido a ocho páginas.	Y es aquí donde cabe preguntarse: ¿En qué quedó el acuerdo aprobado el 29 de marzo de este año en la Mesa de Negociación entre el régimen orteguista y la Alianza Cívica? Este acuerdo, en su numeral décimo, dice textualmente: “10- El Estado garantiza el irrestricto derecho de libertad de expresión”… “Debe garantizarse por el Estado de derecho a la importación de papel, maquinaria, equipo, repuestos y refacciones para los medios de comunicación social, escritos, radiales y televisivos todo conforme a la Constitución y las Leyes Tributarias de la Nación”.	El acuerdo está suscrito, por parte del régimen, por el canciller Denis Moncada Colindres; el presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, doctor Francisco Rosales Argüello, el jefe de la bancada orteguista en la Asamblea Nacional, doctor Edwin Castro Rodríguez, entre otros. ¿Es que para el régimen nada valen las firmas de estos funcionarios? Sus firmas fueron estampadas ante los testigos y acompañantes de los acuerdos: el nuncio apostólico, monseñor Waldemar Sommertag, y el representante de la Secretaría General de la OEA, don Luis Angel Rosadilla.