“Esto tiene un antecedente cercano. Antes de 2018 las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, particularmente las que trabajamos con los refugios a mujeres que vemos de cerca la violencia grave, denunciábamos que la Policía no actuaba, puesto que las comisarías de la mujer habían sido fusionadas con la especialidad de Auxilio Judicial”, afirmó Martha Munguía, representante del Centro de la Mujer Acción Ya.	En Rivas, el miércoles pasado, Hanny Rodríguez Estrada, de 26 años, fue embestida por su expareja, A.H.M., de 24 años, quien siguió la motocicleta en la que ella viajaba como pasajera y la chocó con su auto de manera intencional, provocando que ella y el conductor resultaran con heridas de consideración.	“La violencia contra las mujeres se está viendo como un telón de fondo, ya que no se visibiliza como una prioridad ante la violencia política y social que estremece a todo el país. Hay una falta de protección absoluta, y en este caso es lo que pasó con esta jovencita que fue apuñalada (Seylit)”, dijo Munguía.	“Efectivamente, esto fue un mecanismo que el Gobierno y el Estado tuvieron en aras de que las mujeres mediaran para regresar con sus parejas o exparejas, lo que nos parecía siempre, a las organizaciones de mujeres, un atentado porque efectivamente al regresar las mujeres con sus agresores, las convierte básicamente en un potencial femicidio”, argumentó.