Para la socióloga y experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, el jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, adoptó una posición complaciente ante el actuar de los grupos armados al negar primero que sean paramilitares y por no asumir la responsabilidad legal del Ejército en desarticular a esos grupos.	Cuadra criticó de “desafortunado” que la primera vez que el general Avilés se pronunciara sobre la existencia de grupos de armados que surgieron en el país desde abril del 2018 para reprimir las protestas en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fuese para deslindar la intervención de la institución asegurando que no tienen base legal para ello.	La experta en temas de seguridad fustigó que frente a los 326 muertos, miles de heridos, más de mil presos políticos, las torturas y los delitos de lesa humanidad que se han cometido por fuerzas de la Policía Orteguista (PO), la Juventud Sandinista (JS) y grupos armados que han instaurado un estado de terror en Nicaragua, el general Avilés se refiriera tibiamente a la crisis sociopolítica porque “en algún momento de su intervención habla de la situación que vive el país, pero no reconoce la crisis directamente”.	Durante una reunión el pasado 25 de julio con directores de medios de comunicación para anunciar la jornada de celebración del 40 aniversario de la fundación del Ejército, por primera vez Avilés respondió a preguntas sobre la actuación de las fuerzas parapoliciales durante la represión y dijo que a diferencia de la legislación y la organización de las fuerzas armadas en otros países, el Ejército de Nicaragua “no tiene estructura ni equipamiento para esa misión (de control del orden público). Nuestro concepto doctrinario está respaldado en la defensa integral de la Patria y la seguridad de nuestro país”.	“Al decir que las funciones del Ejército se limitan a la protección de las fronteras y de otros elementos de la soberanía del país porque el orden interior le corresponden a la Policía generan confusión, porque desde los años 90  el Ejército y la Policía realizan planes conjuntos de seguridad en el campo, y particularmente los últimos diez años ha trabajado planes para “desarticular grupos armados delincuenciales”, según la misma institución ha divulgado en diferentes momentos”, recordó Cuadra.	La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo respondió con sangre y fuego a las protestas ciudadanas iniciadas en abril del 2018. En los medios de comunicación y en las redes sociales se registraron los ataques de grupos armados, incluso con equipos para levantar las barricadas y tranques que en la mayoría del país habían levantado los ciudadanos, precisamente para protegerse de los ataques de la PO y los grupos de choque orteguista, así como para presionar al régimen por el adelanto de las elecciones.	“Los grupos paramilitares actuando en caravanas, con armas de guerra y con organización “militar” comenzaron a actuar precisamente a partir de ese día. Es decir, que ya no entraron en el informe del GIEI. Los grupos paramilitares se fortalecieron a partir de las operaciones limpieza. Entonces en realidad podemos decir que los términos corresponden con un cierto tipo de actuación y características de los grupos. Por eso los de ahora sí pueden ser considerados como paramilitares, porque ya no son los mismos grupos mencionados en los informes de la CIDH y el GIEI”, afirmó Cuadra.	“Hay una contradicción muy fuerte entre lo que Avilés dice que la ley les establece como funciones en el marco de actuación de la institución y lo que está ocurriendo hoy. Hay una contradicción grande también porque el jefe supremo tanto del Ejército y la Policía es Daniel Ortega, quien tiene una política clara de represión a la ciudadanía y una supresión de todas las libertades y derechos con la imposición de un estado de excepción de facto. No veo entonces cómo el Ejército es una pieza autónoma fuera de esa política que se está promoviendo desde la misma presidencia”, señaló Cuadra.