El gobierno del presidente en disputa Nicolás Madurono cumplió con esa deuda y en el 2018 Crystallex llevó el caso a una corte civil en Delaware (en este estado está incorporada PDV Holding Inc, la matriz de CITGO). El fallo determinó que PDVSA funcionaba como un “alter ego del gobierno de Venezuela” y, por extensión, Crystallex podía anexarse los activos de su subsidiaria en EE.UU. —CITGO— para satisfacer la deuda.	A los pocos meses entraron en el juego dos fondos de inversiones estadounidenses (BlackRock Financial Management y Contrarian Capital Management) pidieron intervenir en el juicio a favor de PDVSA porque son tenedores de los bonos conocidos como PDVSA 2020. La empresa petrolera tiene también una deuda de casi ocho mil millones de dólares con los inversionistas.	Los representantes del gobierno interino presentaron una moción el primero de marzo en la que pedían a la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito aplazar el caso hasta el primero de julio. El juez aceptó que el equipo legal de Guaidó en Estados Unidos presentará sus argumentos en un juicio oral que tendrá lugar el 16 de abril.	El caso, alega, tiene que ver con el “control de activos estratégicos y amenaza con una interferencia judicial” con los “objetivos de política exterior” del presidente Donald Trump. Según los abogados, la decisión que tome la corte podría “afectar negativamente la habilidad del presidente Guaidó para completar la transición” democrática en Venezuela.	La compañía se opuso a que el gobierno de Guaidó interviniera en el proceso legal. En un documento presentado a la corte, afirman que el hecho de que el país esté pasando por “un cambio de liderazgo no libera al deudor de sus obligaciones con los acreedores”. La empresa afirma que es “indiscutible” que el laudo arbitral que el CIADI emitió a favor de Crystallex es “válido y ejecutable”.