En todo caso, agregó Martínez, se pueden hacer reformas al Presupuesto, por ejemplo, se dice que no va a pagar tal deuda, mientras tanto, no hay manera de parar el pago. ¿En qué ley se basa el juez si es una cuestión de orden público? No le puede ordenar eso al ministro de Hacienda y Crédito Público, porque sólo se encarga de ejecutar lo aprobado por la Asamblea Nacional.	Recordó que las acciones de la Fiscalía son de orden público y están sobre los intereses de cualquier grupo, y, en este caso, la Contraloría General de la República estableció presunciones de responsabilidad penal, y la propia Comisión de Probidad de la Asamblea Nacional emitió una resolución administrativa y la remitió a las autoridades competentes.	“Se puede llegar a una negociación con ellos (los bancos). Hay distintas opciones que pueden incluir porcentajes de acciones en esos bancos para el Estado, como se ha hecho en otros países, o una renegociación larga que pueda significar una compensación entre los Cenis que fueron emitidos correctamente y los que lo fueron incorrectamente, y de ahí deducís a quién le da un saldo positivo y a quién le queda un saldo negativo, y ver lo que se tiene que pagar de parte del Estado, si resulta negativo para él o de parte de los bancos”, manifestó.	Dijo que es interés de la CSJ ponerle un punto final al polémico tema de los Cenis y darle estabilidad al país, independientemente de que puedan derivarse acusaciones criminales, penales y civiles por las decisiones erradas que pudieron tomarse respecto de la emisión de los Cenis, de la subasta de activos y de las reclasificaciones soportadas por resoluciones de la Contraloría General de la República.