Navarrete fue recapturado el pasado 24 de julio, 13 días después de haber sido excarcelado bajo la Ley de Amnistía. El manifestante había pasado un año en prisión por presuntamente haber matado de un balazo a Ariel Ignacio Vivas, empleado de la Alcaldía de Managua, el 12 de junio de 2018, durante la operación limpieza.	En la acusación presentada por la Fiscalía, se menciona que el día de la nueva detención contra Navarrete, agentes antinarcóticos requisaron al manifestante en los alrededores de la rotonda de Bello Horizonte, encontrándole dos bolsas que contenían un polvo blanco, que según la Fiscalía resultó ser cocaína y que pesaron 12.8 y 13.7 gramos, respectivamente.	“Hay muchas situaciones en ambos procesos judiciales contra Lacayo y Mayorquín, que son cuestionables. Las autoridades muestran que hay varias actas de detención, no entendemos cómo puede haber tres actas si supuestamente esta persona estaba detenida. En las primeras incidencias del juicio hubo algunas contradicciones, hay algunas situaciones que no han podido explicar los testigos de la parte acusadora”, manifestó Montenegro.	“Primeramente veíamos que se les acusaba de terrorismo, portación ilegal de armas restringidas y obstrucción de funciones públicas, pero ahora hay una nueva modalidad; a los manifestantes ahora se les acusa de cometer delitos comunes, en busca de que no sean relacionados con situaciones que son meramente de carácter político. Ahora lo común es que se les acuse de portación de estupefacientes o de alguna modalidad de robo”, denunció Montenegro.