el estudiante debe presentar su carnet y pasar por la revisión de su mochila. En cierto modo, los docentes también. Si una persona que no es ni estudiante, docente o trabajador quiere ingresar al campus deberá tener un motivo justificado; son medidas que han ayudado a evitar concentraciones que puedan ser de distracción a la actividad normal de la universidad, explicó el rector Norberto Herrera.	“Si hay ciertas medidas, cierto control de entradas y salidas. No lo podemos negar por la situación que sufrimos el año pasado”, indicó Herrera. Él está al frente de una casa de estudios, cuyo recinto en Managua, fungió como refugio y trinchera de lucha durante 50 días por parte de los universitarios, primero, contra una reforma a la seguridad social, y después en demanda de justicia por las víctimas mortales.	El rector Herrera explicó que ellos no hicieron un inventario de los estudiantes que participaron en las protestas. “Nosotros no vamos a tener represalias contra nadie porque tenemos un paradigma de paz”, sostuvo. Universidades como la Unan-Managua y la Unan- León si lo hicieron. Iniciaron una “cacería” contra los estudiantes que estuvieron atrincherados en el campus y que se involucraron en la lucha cívica. Nunca denunciaron la represión que los jóvenes padecieron por parte de grupos parapoliciales.	En el caso de la Upoli, este Diario consultó al rector el porqué no se pronunciaron ante la represión que vivieron los universitarios mientras estuvieron atrincherados, y este respondió que “si un comunicado va a atizar más la violencia, tal vez es mejor callar. El silencio no es complicidad, el silencio es una opción, el silencio es una respuesta, no es cobardía, a veces es prudencia” expresó. Agregó que la Policía nunca entró al recinto.	Por otro lado, dicha casa de estudios también sufrió daños en la infraestructura, mobiliario, equipos tecnológicos. De acuerdo con Herrera las pérdidas se estiman en un 75 por ciento, equivalentes a unos doce millones de córdobas. Para la recuperación de la universidad recibieron vía presupuesto unos 11.5 millones de córdobas, cuyo desembolso solo se hizo en 2019 para las casas de estudios superiores que fueron afectadas en el contexto de las protestas antigubernamentales.	De 10, 500 estudiantes que tenían antes del estallido social de 2018, cuentan con siete mil, y aspiran a tener en el 2020, 8 mil estudiantes. Entre las razones claves del número de universitarios que se fueron se relaciona al temor a perder la vida, ya que hubo un momento en los que se pensó que en el país podía haber una guerra, explicó el rector.	El rector de la Universidad Politécnica de Nicaragua, que fue uno de los puntos medulares de protestas cívicas contra el régimen orteguista, Norberto Herrera, explicó que “los estudiantes aquí tienen plena libertad de manifestarse en la forma que quieran. Nosotros aquí respetamos la posición ideológica de los estudiantes, ya es cuestión de ellos como estudiantes, qué tipo de actividad quieran realizar (…)”, dijo.