Durante las protestas de 2018 apoyó a los opositores al gobierno, hasta que lo detuvieron el 30 de junio de ese año, como parte de un grupo de 9 manifestantes de Sébaco que las autoridades procesaron por delitos de terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, homicidio y uso de armas restringidas.	Esas medidas cautelares están en vigor, según el boletín de la CIDH, desde el pasado 29 de julio porque el beneficiario “habría enfrentado varias amenazas por parte de grupos identificados por él como paramilitares o parapoliciales, luego del inicio de las protestas de abril de 2018, tras su negativa a reincorporarse a su puesto, y por participar en las barricadas”.	“La CIDH es un órgano de alto rango a nivel internacional y con estas medidas prácticamente le exige al Gobierno de Nicaragua que cese la represión en contra de este joven”, afirmó el también defensor de derechos humanos, quien ahora se encuentra en el exilio por la labor que realizó cuando era miembro del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).