Después de un exhaustivo análisis del arto 20 de la carta democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), el secretario general de este organismo, Luis Almagro, dijo que este mecanismo provee cuatro hipótesis posibles al momento de aplicarla cuando se vea afectada la democracia en uno de los estados miembros.	“Cualquiera de las hipótesis puede servir para atender una situación de crisis en cualquier estado miembro. Es difícil que un estado miembro se autodenuncie, y por eso en la misma carta democrática los países confirieron que cualquier estado miembro puede convocar la aplicación del artículo 20 de la carta democrática”, indicó Almagro.	En el caso de Nicaragua, Almagro sostiene que el Consejo Permanente de la OEA dispone de múltiples informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Indeoendientes (GIEI), “por lo tanto este Consejo debe tomar una decisión en base a la información de la que dispone”, reiteró Almagro.	Al tomar la palabra el secretario ejecutivo de la CIDH, destacó que en base a las investigaciones de especialistas de esta comisión y del GIEI se pudo constatar que el estado de Nicaragua entre mayo y junio utilizó un uso de la fuerza excesiva para reprimir protestas ciudadanas, causando al menos 300 muertos y cientos de detenidos.	Abrao señala que ningún oficial de la Policía Nacional ha sido enjuiciado hasta el día de hoy por reprimir a ciudadanos e indica que la Asamblea Nacional de Nicaragua ha cancelado la personería jurídica a nueve organismos de la sociedad civil, en un afán por acallar las voces contrarias al gobierno.	“La CIDH pide a los países de la región que consideren la especial y grave situación que ocurre en Nicaragua, donde actualmente no existe la libertad personal ni derechos ciudadanos al debido proceso, y además hay un irrespeto al mandato de independencia judicial e independencia de poderes, tal como lo señaló un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en su renuncia de ayer”, finalizó Abrao.	“El ejercicio del poder sobre la base de la represión y torturas no es consecuente con el estado de derecho ni con la criminalización de las protestas y las represión a los medios de comunicación, donde estudiantes han sido acusados de terroristas, y el gobierno mantiene más de 539 presos políticos”, indicó Almagro.	“El ejercicio del poder en Nicaragua no tiene límite ni contrapeso, pues siguen realizando detenciones arbitrarias y encarcelamientos, manteniendo a los detenidos en condiciones infrahumanas. Estos hechos dejan al descubierto a un estado que actúa al margen del estado de derecho, donde la oposición real ha suido excluida del sistema político, pues la Corte Suprema de Justicia ha cancelado la existencia de partidos políticos y estas prácticas han eliminado el pluralismo político”, asevera Almagro.	Almagro asegura que todos los poderes del estado en Nicaragua son controlados por el poder ejecutivo en Nicaragua, “por lo tanto cuando solicitamos la aplicación del artículo 20 de la carta democrática es porque queremos que Nicaragua, se abra una oportunidad para resolver esta grave alteración del orden constitucional, e instamos a Nicaragua a hacer un uso adecuado de estos mecanismos y procedimientos, basado en la propia carta democrática interamericana”, comentó Almagro.