En la parte operativa de las JRV, sugiere dotar de equipamiento electoral que genere confianza en el sistema, “algo tan simple que nunca lo hemos tenido, las urnas transparentes, por poner un ejemplo, que permita apreciar si ya están preñadas (con boletas en el interior), como se dice popularmente, y que vean los fiscales si no se agregan o se quitan boletas de votación de esa urna”, dijo Pallais.	A su juicio, el acuerdo para las reformas debe estar contextualizado a lo discutido en la mesa de negociación entre la oposición y el Gobierno, que ventilaba temas como justicia, verdad, reparación y no repetición, el fortalecimiento de la democracia y reformas electorales, fortalecimiento de las garantías ciudadanas y liberación de los manifestantes presos, un acuerdo cumplido a medias.	El delegado de la Secretaría de la OEA en el diálogo, Luis Ángel Rosadilla, quien fungió como testigo y acompañante, afirmó el miércoles que respecto a las reformas, la Secretaría General de la OEA dará respuesta a la nota del Gobierno del 28 de julio en los próximos días, “tomando especial consideración de los elementos pendientes de la agenda consensuada oportunamente en la mesa de negociación” entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica, “de forma que el fortalecimiento de las instituciones, a través de las reformas político-electorales, sean absolutamente compatibles con la Carta Democrática Interamericana y demás instrumentos jurídicos interamericanos”.	“La OEA estuvo presente en la aprobación de la hoja de ruta, en todo el proceso de las reformas electorales y lo que nosotros esperamos es que al final del día no es que sea en la mesa de negociación, el fin último es que las reformas se den y que sean buenas”, manifestó Juan Sebastián Chamorro.	Agregó que si las reformas se “dan unilateralmente, estoy seguro que no se van a dar estos cambios, no se van a subir hasta el 50% +1, no van a eliminar la reelección presidencial ni la sucesión familiar, no van a permitir la observación internacional, de tal manera que para asegurar las reformas electorales concretas, tiene que ser en el contexto en el que la oposición, fuerzas vivas de la nación participen”.	El encuentro entre el Gobierno y la OEA fue dado a conocer el miércoles durante la presentación de un informe de la Secretaría General del organismo, en una sesión donde se abordó el tema de Nicaragua y en el que también se ha estructurado una comisión de alto nivel integrada por representantes de Jamaica, Canadá, Estados Unidos, Argentina y Paraguay, para tratar de encontrar una salida a la crisis sociopolítica nicaragüense.	“El embajador del Gobierno (de Nicaragua) en la OEA ejerce la vocería y trasladó la decisión de no cooperar con la comunidad internacional, de negarse al diálogo internacional, a como se ha negado al diálogo nacional. Esto nos lleva a la conclusión de que la comisión tendría que acortar el plazo de los 75 días porque si no encuentra disposición, no existe un interlocutor, una de las partes se niega a cooperar, ya no es necesario agotar todo este período”, argumentó Pallais.