Después de entrar en vigor la regulación, toda transacción económica y comercial que hagan los sancionados será "nula e inválida y no será la base para la afirmación o reconocimiento de cualquier interés o derecho, recurso, poder o privilegio con respecto a dicha propiedad o interés en la propiedad”, señaló el comunicado del Departamento del Tesoro.	Una cadena de sanciones de Estados Unidos, Canadá y otros países podría esperarse si el gobierno de Ortega no permite el ingreso de la Comisión Especial de alto nivel que conformó la OEA para abrir caminos a una posible solución a la crisis política en el país, concluyó el ex embajador Edgar Parrales.