Róger Barrantes Estrada, representando a Nicaragua por la Central Sandinista de Trabajadores “José Benito Escobar” (CST “JBE”), junto a los sindicalistas de El Salvador y Honduras, indicaron que la empresa Hansae cerrará 3 módulos; China Unida, 1 módulo; Chi Hsing, 1 módulo; Formosa cerrará su planta, igual la Planta Metro Garments, Planta Istmo Textil, Planta Jao Shing. Otra de éstas es Sae-Tecnotex. Todas argumentan la falta de órdenes de producción.	Luego de consultar a divulgación de la administración de Zonas Francas, el general en retiro Álvaro Baltodano, Presidente de la Corporación de Zonas Francas, dejó dicho que no tenía tiempo para entrevistas. Así mismo, intentamos comunicarnos con las autoridades del Ministerio del Trabajo (Mitrab), a través de su dirección de divulgación, pero tampoco fue posible contactar a las personas encargadas.	“Pero antes de cumplir las amenazas, entre los procedimientos, primero tienen que notificar al Mitrab para finiquitar la relación laboral con sus empleados, que deben recibir sus prestaciones laborales. Por otra parte, la Comisión Nacional de Zona Franca también debe conocer del cierre para autorizar la liquidación de la empresa. Mientras no cumplan con estos requisitos no pueden suspender operaciones. Eso significa que al menos deberán pasar dos años antes de desaparecer”.	Ruiz asegura que las verdaderas razones del cierre es que los empresarios consideran que se les han cambiado las “reglas del juego”. Pidieron la misma flexibilidad laboral que tenían con el gobierno anterior, aplicando las jornadas de 4 días de trabajo y 4 de descanso con horario de 12 horas, manteniendo sueldos fijos, pero el Mitrab sacó una resolución en la cual deja sin efecto esta práctica que no está contemplada en el Código Laboral y violenta los derechos del trabajador.	Así mismo, en el tema de las inspecciones laborales, el Mitrab también sacó una resolución, contemplando que para la validación de una inspección, además del acompañamiento del representante de la empresa, la misma tiene que estar firmada por los sindicatos, lo que evita posibles arreglos particulares entre inspectores y empresarios. Otro de los elementos que no consideran viables son los incrementos en el salario mínimo, que aún no llega a alcanzar el valor de la canasta básica.	“Si este consorcio se va, generará un impacto fuerte en pérdida de empleo y demandaríamos al gobierno las alternativas para los desempleados”, dijo Ruiz. Por eso solicitan al gobierno que haya equilibrio en las relaciones laborales, con una comisión tripartita --empresarios, gobierno y sindicatos-- que explique todo lo que implicará la inversión, contemplando el respeto de los derechos laborales y ambientales. En la actualidad eso no sucede.	Igualmente, indicó la necesidad de que se publiquen las cuotas de distribución de los 100 millones de metros cuadrados de tela a que tienen derecho estas empresas, tal como lo contempla el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, algo que no se está respetando y ha herido susceptibilidades en los empresarios, por las diferencias en el nivel de tratamiento por parte del gobierno nicaragüense.