“Expresamos nuestra confianza en que este proceso, necesario para resolver la crisis nacional, logre la liberación de los presos políticos, el cese de la represión y la realización de las elecciones libres y adelantadas que nos permitan por primera vez en una década elegir a gobernantes legítimos”, señaló en un comunicado el partido Ciudadanos por la Libertad.	"Pasa por determinar qué proceso de justicia va haber para a su vez, crear las condiciones de una reparación integral (a las víctimas). Pasa por garantizar los derechos civiles del pueblo de Nicaragua y un tercero y no menos importante punto es estabilizar la economía del país, porque los sectores más vulnerables, los sectores más excluidos son los que están sufriendo el impacto económico con mayor crudeza”, destacó Avendaño.	Hasta el momento no ha dado a conocer quien desempeñará el papel de mediador en el Diálogo Nacional ni quiénes serán los representantes del gobierno en la mesa, la Alianza Cívica ha propuesto a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organizacion de Naciones Unidas (ONU) como garantes del proceso.	“Creo que la mediación va a tener que venir de actores internacionales conjugados con actores nacionales. Yo como ciudadano opinaría que la mejor mediación podría venir de la academia junto con apoyo y soportes internacionales y los garantes tienen que ser organismos con credibilidad como por ejemplo la OEA, la Unión Europea y puede ser también la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Nacionales Unidas podrían dar una gran aporte para ser garantes de esta negociación que se avecina en Nicaragua”, sugirió Avendaño.	Por su parte, Dimitris Christopoulos, presidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (Fidh) cuya sede está en París, Francia, dirigió una carta al presidente Ortega y a la embajadora de Nicaragua en Francia Ruth Tapia en la que llaman al Estado de Nicaragua a "crear las condiciones necesarias para un efectivo inicio del diálogo programado para el día de mañana 27 de febrero, que dé cumplimiento a sus obligaciones internacionales y como consecuencia libere a los presos políticos".	La Fidh considera alarmante las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua que han constató y documentado diversos organismos internacionales así como la agudización de "la persecución para acallar a las voces que hacen frente y que denuncian los excesos del gobierno, en particular, los medios de comunicación y las ONGS".