La insurrección ciudadana de abril del 2018 desnudó por completo el represivo aparato judicial de Nicaragua, controlado por el dictadura Ortega-Murillo. Farsas judiciales derivaron en condenas absurdas con ciudadanos que habían participado en las protestas y ocultaron crímenes cometidos tanto por la Policía Orteguista durante la represión a las manifestaciones, como los paramilitares que operaron en la denominada Operación Limpieza ejecutada por el régimen.	Estos casos fueron los asesinatos del periodista Ángel Gahona, quien murió de un disparo en la cabeza el 21 de abril del 2018, mientras hacía una transmisión por medio de Facebook Live de las protestas en Bluefields,  y  la estudiante brasileña de medicina, Raynéia Gabrielle Da Costa Lima, acribillada por un paramilitar, la noche del 23 de julio del 2018.