La Asociación de Madres de Abril (AMA) y la Unión de Presos Políticos de Nicaragua (UPPN) están listos para enviar una delegación a El Salvador  para participar en las reuniones con la comisión de alto nivel diplomático de la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque viajar al país vecino ha representado dificultades económicas para los familiares de la represión y los excarcelados.	Los embajadores miembros de la comisión de la OEA están forzados a buscar un país alterno, en este caso El Salvador, para realizar su trabajo de seguimiento a la crisis de derechos humanos en Nicaragua debido a que la dictadura de Daniel Ortega no los deja ingresar a Managua argumentando de «injerencismo» la ayuda del organismo para encontrar una solución a la crisis sociopolítica que existe desde hace casi 18 meses.	Por parte de la Unión de Presos Políticos solo irá el vocero de la organización en el departamento de Rivas, Alexander Pérez, un expolicía que participó en las marchas antigubernamentales pero que el régimen lo encarceló durante seis meses acusado de haber participado en la quema de las instalaciones de Caruna, en Managua.	Patricia Sánchez, vocera de la UPPN, y quien estuvo ocho meses presa por participar en las protestas contra el régimen, explicó que debido a que no fueron informados con más tiempo de que la comisión de alto nivel diplomático de la OEA hará una segunda ronda de consultas con los sectores nicaragüenses, no cuentan con los recursos económicos para que viajen a El Salvador más excarcelados políticos.	Sánchez refirió que están buscando los fondos entre los excarcelados y organismos para cubrir los gastos económicos del viaje, que consideran fundamental para presentar los testimonios y la mayor cantidad de pruebas posibles de las ilegalidades en los arrestos y las torturas que sufrieron, así como el asedio y hostigamiento por parte de la Policía y fanáticos orteguistas.	La UPPN y la Alianza Cívica exigen la liberación de 139 ciudadanos que aún están detenidos ilegalmente y condenados por su participación en las protestas ciudadanas, de los cuales nueve manifestantes que habían sido excarcelados con la Ley de autoamnistía pero que ahora son acusados por otros delitos inventados por la Policía Orteguista (PO) y la Fiscalía.	«Es importante que estemos presentes porque somos víctimas directas de la represión, queremos que el mundo sepa nuestro sentir y el objetivo como excarcelado es evidenciar las formas de represión que llevamos registradas como que seguimos asediados, acosos a nosotros y a nuestras familias son constantes y por eso demandamos justicia, no repetición y reparación por lo que el régimen nos ha hecho», afirmó Sánchez.	En un plazo máximo de 75 días la comisión presentará un informe a la Asamblea General de la OEA sobre la situación de Nicaragua, y de no haber avances por la negativa del régimen de Ortega es posible que el organismo aplique la Carta Democrática Interamericana y suspenda a Nicaragua como estado miembro de la organización. Esto último supondría un fuerte golpe al régimen ya que los organismos internacionales no podrán dar financiamiento a la dictadura. Además esta quedaría expuesta a que el resto de gobiernos latinoamericanos suspendan sus relaciones diplomáticas y comerciales de forma bilateral.