Plantones frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y reclamos a los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por apoyar con fondos un Modelo de Gestión de Despacho Judicial que algunos juristas consideran inconstitucional, son acciones de rechazo que realizan los abogados litigantes al protestar contra dicho modelo, que, a decir de ellos, los está matando de hambre.	CSJ no da respuestaSegún la abogada, los magistrados de la CSJ se hacen de oídos sordos porque no quieren cambiar nada del nuevo modelo, a pesar de que con esto se está aplicando la justicia de hecho y no por derecho. Comenzando porque el Poder Judicial se atribuyó la modificación del antiguo sistema, y para ello se necesitaban reformas de ley, algo que sólo le compete a la Asamblea Nacional.	La razón de la falta de atención de los magistrados es que significaría gastos mayores, y tienen que justificar la inversión ante el BID. De esta manera propician no sólo una crisis jurídica, sino también muchas molestias económicas y laborales para los litigantes. Y, lo que es peor, justicia tardía para los pobres usuarios.	Mariana Gómez, miembro de la Comisión de Abogados Litigantes, señaló que están preocupados porque no pueden trabajar por la implementación del nuevo modelo, con el cual se les han cerrado los despachos de los jueces, y los expedientes de los clientes son enviados a una oficina adonde llega un centenar de escritos, y donde rara vez les dan la respuesta requerida para desarrollar los casos, y lo dramático de todo esto es que los abogados obtienen sus honorarios por los resultados que les presentan a sus clientes.	Inconsistente, ineficaz e inconstitucionalEl jurista Pedro Reyes señaló que están conscientes de que la reforma era necesaria por la gran retardación de justicia que venía arrastrando el viejo modelo, por lo cual no están en contra de los cambios ni de la modernización, pero sí rechazan las inconsistencias de un modelo inconstitucional que, a pesar de la experiencia de otros países, en Nicaragua no fue bien elaborado, lo que ha hecho que sea ineficaz, a pesar de que la CSJ contrató una firma consultora a la cual se le paga una millonada.	Por su parte Omar Cabezas, Procurador de Derechos Humanos, indicó que necesitaba analizar bien la situación para pronunciarse al respecto. “No quiero decir que el modelo sea malo ni bueno. Estamos claros de que todo cambio puede ser traumático, y por eso se deben valorar los problemas para tener un criterio y dar una resolución”, comentó Cabezas.