Al parecer los negociadores llegaron al final del plazo que ellos mismos se pusieron, sin abordar siquiera de manera directa los temas principales de la agenda. Nos referimos a las reformas electorales, que son indispensables para que se puedan realizar elecciones auténticas y confiables; y el de la justicia, que se considera irrenunciable después del baño de sangre causado por la represión de la dictadura contra la rebelión popular cívica de abril y meses siguientes de 2018.	Sin embargo, las partes no han dicho que es imposible alcanzar acuerdos y en todo caso es imperativo continuar las negociaciones, porque de alguna manera hay que buscar cómo resolver la crisis. De lo contrario el país se hundirá en una catástrofe económica y social de imprevisibles consecuencias para todos, inclusive para los que detentan el poder aunque aparenten ignorarlo o que no les importa.	Al cumplirse el plazo tentativo para concluir las negociaciones, el exmagistrado orteguista de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís Cerda —quien fue el autor del plan político y jurídico para el establecimiento de la actual dictadura de Daniel Ortega, pero tras su defección del orteguismo se ha convertido en una especie de consejero externo honorario de la oposición—, ha sugerido públicamente los acuerdos que según él se deben alcanzar en la mesa de negociaciones.	En cuanto al adelanto de las elecciones, el mecanismo legal para facilitarlo fue propuesto el año pasado en el frustrado Diálogo Nacional. Pero los representantes del régimen no aceptaron discutir este tema que es esencial para salir de la crisis, igual que se niegan a hacerlo ahora en las negociaciones con la Alianza. Ellos alegan que anticipar las elecciones violaría la Constitución, pero eso es falso. La verdad es que los comicios se pueden adelantar de manera legal y legítima, mediante una reforma constitucional aprobada en dos legislaturas como lo establece la misma Constitución. Ambas legislaturas se podrían realizar en el mismo año, mediante una reforma de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, que es ley secundaria.