«Nos reunimos en Panamá con el delegado de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Michel Bachelet), a quien le hemos pedido apoyo para que en Panamá se le un trato humanitario a los más de cinco mil nicaragüenses que se encuentran refugiados allí producto de la brutal represión que desde el año pasado ha desatado el régimen Ortega-Murillo contra los ciudadanos en Nicaragua, solamente por demandar democracia, justicia y libertad», dijo Alvaro Leiva, secretario ejecutivo de la ANPDH, a LA PRENSA.	«También hemos expresado a través de un documento a las autoridades panameñas que garanticen medidas de protección a nuestros hermanos nicaragüenses porque han tenido que huir de Nicaragua en busca de proteger sus vidas que han sido amenazadas por el mismo régimen. Los gobiernos están en el deber de garantizar protección a los ciudadanos que se refugian por ser víctimas de violaciones a los derechos humanos, y eso es precisamente lo que han vivido miles de nicaragüenses en manos del régimen orteguistas», denunció Leiva.	Leiva junto a un equipo de colaboradores y activistas de derechos humanos cumplieron un año de estar en el exilio. Desde Costa Rica han continuado el trabajo como defensores de los derechos humanos que fue criminalizado por el gobierno de Daniel Ortega a raíz de la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 y donde la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), se destacó en los momentos más crudos de la represión, defendiendo los derechos humanos de los ciudadanos.	«Ya hemos cumplido un año de estar en el exilio en Costa Rica, trabajando socialmente por la promoción y defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses.  Sumándonos al esfuerzo que hasta el día de hoy ha venido teniendo el Estado de Costa Rica, con las consecuencias de la crisis de violaciones a derechos humanos que se manifiestan en Nicaragua, que se refleja en un alto índice de migrantes nicaragüenses que han llegado a Costa Rica solicitando protección humanitaria», expresó Leiva.	«Acá estamos trabajando en Costa Rica en esos componentes, porque recordemos que Costa Rica, aunque es una nación de puertas abiertas, es un país con limitaciones económicas, como el resto de países centroamericanos; pero lo más grande este país aún con esta crisis migratoria, ha demostrado una voluntad política y humanitaria con este flagelo, en función de dar repuesta a esta realidad y drama que vivimos miles de nicaragüenses», afirmó el secretario ejecutivo de la ANPDH.	El funcionario de la ANPDH también explicó que a los nicaragüenses refugiados en ese país se les capacite en temas de defensa a los derechos humanos y a la vez se documenta y se les explica la importancia de denunciar sobre las violaciones de derechos humanos de las cuales han sido víctimas, y por las cuales se han tenido que refugiar fuera de Nicaragua.	«Documentar las violaciones a los derechos humanos son necesarias para ser utilizadas en un proceso penal internacional que tenemos la plena fe que de un momento a otro puede ser activado, en función de la sinfonía que hoy demanda el pueblo de Nicaragua, que es la justicia universal frente a las violaciones a los derechos humanos», aseguró Leiva.	«Nosotros nos hemos pronunciado desde el mismo momento en que fue aprobada la ley de amnistía que es uno de los instrumentos que ha creado el régimen Ortega Murillo para promover la impunidad de sus delitos que ha cometido en contra de los derechos humanos. En ese sentido, hemos dicho claramente que mientras no se garanticen los derechos fundamentales, los derechos humanos de los nicaragüenses, tanto dentro como fuera del país, no puede haber un retorno que garantice la seguridad del exiliado en sus derechos humanos», exhortó Leiva.