Puede decirse que a principios del siglo XX algunos de los hoteles más prestigiosos de Alemania, Inglaterra y Francia ya utilizaban el sistema de pago por medio de una tarjeta, el que era destinado para el uso exclusivo de sus clientes frecuentes; sin embargo, el funcionamiento de este tipo de tarjeta no era el que se conoce hoy. En esa relación solo intervenían dos partes, el hotel y el consumidor, a diferencia de las relaciones actuales, que están compuestas por tres partes: institución emisora de tarjeta, el usuario o tarjetahabiente y el comerciante.	En Nicaragua, a pesar de que la tarjeta se empezó a emplear como medio de pago en los años sesenta, no fue sino hasta después de 1990 que se desarrolló el boom de su utilización. En realidad, se pueden hacer muchas afirmaciones a favor de su uso y otras en contra; sin embargo, resulta de vital importancia que el usuario de la tarjeta tenga claridad sobre algunos de sus derechos. En este caso, me referiré a prácticas que han venido desarrollándose por el comerciante o establecimiento asociado, que es el que ofrece al público bienes o servicios y acepta el pago por medio de la tarjeta.	A pesar del beneficio económico que estos comerciantes puedan recibir por el simple hecho de aceptar pagos por medio de tarjetas, en algunos casos, estos realizan prácticas tales como: a) cobro adicional para el consumidor que paga con tarjeta, y b) la no aceptación de tarjetas en algunos casos, aun siendo comercios afiliados a una institución financiera emisora de tarjetas.	En el primer caso, la Ley 842 prohíbe el tratamiento diferenciado entre el pago con tarjetas de crédito o débito y el pago en efectivo; lo que sucede es que el establecimiento comercial asociado, para poder aceptar pagos con tarjeta de sus consumidores, debe suscribir un contrato con la institución emisora de la tarjeta, y entre las obligaciones que este adquiere se encuentra una comisión, concebida como la contraprestación que este paga por gozar de un servicio financiero que le facilita su actividad. De tal manera que, al menos en Nicaragua, muchos de los establecimientos asociados trasladan esa comisión al consumidor, que normalmente es del 5%, y que actualmente es prohibido por la Ley 842.	La otra práctica desarrollada por los comercios afiliados es que en algunos casos se niegan a aceptar el pago con tarjeta. En referencia a esta conducta, también es prohibida por la Ley 842; sin embargo, no puede decirse que se trate de una prohibición absoluta, pues en algunos casos los comercios afiliados podrían verse en la situación de llevar a cabo alguna promoción para la que se requiera el pago en efectivo; en todo caso, tal situación sería objeto de análisis para comprobar si se trata de una práctica prohibida según la Ley de Protección al Consumidor.	Ahora bien, en caso de que los proveedores afiliados incurran en algunos de los actos mencionados, se puede denunciar tal circunstancia ante la Dirección de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, y esta, en situaciones reincidentes, además de aplicar sanciones, debe remitir informe a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, que deberá instruir a la entidad emisora de la tarjeta la cancelación inmediata del contrato de afiliación con el proveedor infractor y el retiro de sus terminales de pago. Por ende, es preciso fijarse en el monto a pagar, y de esta manera, determinar en qué momento se está frente a un cobro indebido.