Según Ana María Pizarro, hoy viernes la fiscal del Distrito IV de Managua, Mirna Siles, prometió entregar copia de la denuncia de Roberto Petray, director de la denominada Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), contra nueve miembros de la Red de Mujeres Contra la Violencia, quienes son indagadas por presunción de diversos delitos en el caso “Rosita”.	Pizarro hizo estas declaraciones luego de ser entrevistada por la fiscal que lleva el caso. El acceso a una copia del documento acusatorio se dará quince días después de iniciadas las entrevistas. Hasta el momento, los señalamientos del denunciante solamente han sido leídos a la parte investigada, entre lo cual se les menciona de supuesto encubrimiento del delito de violación a la niña “Rosita”, instigación y asociación para delinquir, así como apología del delito de aborto.	Flores consideró evidente la intención de criminalizar la lucha de las organizaciones de derechos humanos de la mujer y de la niñez, intentando cerrar la potestad de las mujeres de protestar y exigir sus derechos. “Ciertamente son documentos muy extensos y no es suficiente con que los lean”, dijo Pizarro, quien reiteró que la denuncia tiene un trasfondo político.	La entrevistada consideró que hay coludidos intereses de la jerarquía religiosa y del Estado nicaragüense, pues se está persiguiendo a mujeres defensoras de los derechos humanos, y quieren hacerlas escarmentar por el trabajo que realizan. “Nosotras hemos tenido un discurso claro y contundente, señalando a todos los violadores, independientemente del cargo que ellos ocupen”.