En Uruguay, los costos relacionados con el crimen absorben el 3,2% del PIB, con lo cual se desvían recursos fundamentales de otras prioridades económicas más productivas.  En México, la violencia aumenta el desempleo, conduce al cierre de las empresas y perjudica los ingresos municipales. En Brasil, el crimen puede disminuir el valor de las viviendas.  De Colombia a México y en toda la región, el crimen produce un desgaste de la confianza en el gobierno y en la cooperación con la policía, un círculo vicioso que mina el prestigio de las instituciones responsables de la protección de los ciudadanos.	En Uruguay (uno de los países más seguros de la región pero con tasas de delitos en aumento), el costo del crimen en 2010 se calculó en US$1.200 millones.  Esta factura comprende la prevención del crimen, la vigilancia policial, las pérdidas de la propiedad y los costos judiciales y penitenciarios.  Uruguay gasta más de US$67 millones al año sólo en tratamientos médicos de las víctimas de delitos violentos.  El PIB de ese país en 2012 aumentó en aproximadamente 3,5%, de modo que los costos de los delitos proyectados hacia el futuro durante ese año habrían prácticamente neutralizado el crecimiento.	En México, un aumento de un homicidio por cada 100.000 habitantes en zonas de tráfico de drogas disminuye los ingresos municipales en 1,2%.  Se trata, por lo tanto, de una cifra exponencial, si se tiene en cuenta que, en promedio, el número de homicidios de estas zonas se triplicó entre 2006 y 2010.  Además, un aumento de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes disminuyó el empleo entre 2% y 3% y el número de dueños de negocios en casi un 0,5%.  Por último, estos municipios consumieron hasta 7,4% menos de electricidad per cápita que los municipios comparados, una estadística utilizada generalmente como un sustituto aproximado de la actividad económica.	El crimen y la violencia también pueden influir en los valores de la propiedad, o en la percepción que se tiene de ellos, algo que puede ser igual de importante en el mercado inmobiliario.  En Brasil, aumentar la seguridad en los hogares en una desviación estándar aumenta el valor promedio de la vivienda en más de US$750.  Si se aplican estos datos al conjunto de los 18 millones de viviendas incluidas en la zona de estudio del BID, aumentaría el valor de las viviendas en US$13.600 millones.	Dicho de otra manera, desde luego, una sensación de inseguridad en el hogar bien podría disminuir los valores de las viviendas en la misma medida.  Por ejemplo, un estudio en México llegó a la conclusión de que un aumento del 1% en los homicidios disminuía el valor de las viviendas en un 1,8%.  Es importante señalar que el estudio, en realidad, constató una menor disminución en los valores de las viviendas de los hogares más ricos, los cual significa que el efecto no se limita de ninguna manera sólo a los hogares acomodados.  Afecta de manera más marcada a un sector mucho más amplio de propietarios de viviendas de estatus socioeconómico más modesto.	¿Qué repercusiones tiene el crimen en los negocios?  El Gráfico 2 ilustra las pérdidas de las empresas debido a los delitos como porcentaje de sus ventas.  Las cifras provienen de un estudio llevado a cabo por el Banco Mundial con el apoyo del BID en América Latina.  Los resultados confirman que Uruguay sufre relativamente menos que sus vecinos regionales, con pérdidas de aproximadamente 0,32% de las ventas anuales.  Sólo en Colombia y Panamá se observan tasas más bajas.  En el otro extremo del espectro, las empresas venezolanas son las más perjudicadas, ya que el valor de sus pérdidas debido al crimen asciende a 1,44%.  México y Guatemala son otros dos países que destacan en la región por las pérdidas de sus empresas debido al crimen.	Por último, puede que el efecto más pernicioso de la criminalidad generalizada en América Latina sea el más intangible y difícil de medir, a saber, el impacto que ésta tiene en la confianza en las autoridades.  Corbacho, Phillip y Ruiz-Vega, usando una encuesta Gallup de 2007-08 en 19 países de América Latina, llegaron a la conclusión de que la confianza en la policía y el sistema judicial en América Latina se encuentra muy por debajo de los niveles mundiales.  La brecha de credibilidad se puede constatar en un dato según el cual en México por cada 100 delitos, sólo se generan ocho informes policiales y se pronuncia una sentencia judicial.	Abordar estas realidades puede parecer una tarea ardua, si bien ya se han emprendido algunos esfuerzos exitosos.  En Bogotá, Colombia, donde los homicidios, los robos y agresiones han de hecho disminuido en los últimos años, las autoridades han emprendido una campaña pública de información para comunicar las mejoras en las tendencias delictivas y para alentar la cooperación con las fuerzas del orden.  La campaña aumentó el número de personas que se sienten más seguras en un 30%, a la vez que mejoró la calificación de la eficiencia policial en su lucha contra los robos en un 5% y disminuyó el número de personas que declaraban no confiar en la policía en un 11% (Ardanaz, Corbacho and Ruiz-Vega, 2014).