Después de tres meses de amenazas, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, levantó hoy la suspensión de los Títulos III y IV de la ley Helms-Burton, una decisión que podría generar demandas contra empresas de todo el mundo, entre ellas el grupo Meliá en España y la minera canadiense Sherritt.	La medida promete aumentar la incertidumbre para los interesados en invertir en Cuba y supone un paso más en la escalada de presión de la Casa Blanca contra La Habana, a la que también responsabiliza en buen grado de la permanencia en el poder en Caracas del presidente venezolano, Nicolás Maduro.