Según el juez comunitario, el presidente del GTI entregó un papelito con la fecha en que le iba a devolver el dinero, “pero apenas dimos la vuelta, él mismo hizo una constancia que le daba permiso de despalar el lugar,  entonces nosotros fuimos con cien hombres a hacer un patrullaje y cuando llegamos, encontramos al mismo colono que ya había despalado las cien manzanas”.	En esa ocasión, el Gobierno apoyó la salida de los invasores, pero estos volvieron diciendo que habían perdido C$8.6 millones y que si no se les rembolsaba ese dinero, se iban a quedar allí, “entonces les dijimos que fueran a reclamarle al jefe del  GTI, que  fue el que los metió en tierras ajenas”.	“Fuimos con un abogado a la Policía y cuando llegamos, nos dicen que acaban de recibir órdenes superiores de no recibir denuncias de tierra, entonces, ¿quién tiene la culpa? Estuvimos hasta las 7:00 p.m. en el patio y ahora dicen que no entregamos nada. Esa misma denuncia la llevamos al gobierno regional”, reitera el juez comunitario.	Por un lado, funcionarios del Estado durante varios períodos autorizan ilegalmente la ocupación de tierras indígenas, los comunitarios denuncian a los traficantes de tierras del Pacífico, pero líderes comunitarios indígenas, ya sean mayagna o misquitos en coordinación con abogados y notarios públicos hacen escrituras simulando actos de aparente legalidad cuando en el fondo son ilegales, algunos de ellos incluso están siendo investigados por la Corte Suprema de Justicia, dice el especialista.	La Ley 445 del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, establece el saneamiento territorial, pero no dice cómo se efectuará, por otra parte, cada territorio indígena en el marco de su autonomía territorial comunitaria regula sus espacios.	“Nosotros sabemos que se han venido dando una serie de violaciones a los derechos de la propiedad comunal, pero en medio de esta crisis nos hemos encontrado con tres corrientes: Una corriente fundamentalista de que los pueblos indígenas se quedan en su estado original y no deben formar parte de las dinámicas de desarrollo que abarca la globalización, otra tendencia es la de los conservacionistas que miran en los territorios indígenas bosques, ecosistemas naturales, recursos biológicos y quisieran que esto se mantenga en ese estado de conservación y después están los desarrollistas de mercado que creen que las tierras indígenas están subutilizadas que no tiene un valor agregado, que no están generando valor agregado, que también es otra crisis, porque hoy nosotros sabemos que llega una familia campesina, se establece en un bosque primario a las orillas de Bosawas, lo bota, lo hace potrero y a eso se le dice, ‘las mejoras’; o sea, botar el bosque y convertirlo potrero se dice que ahora ‘tiene mejoras’, todavía ese discurso arcaico de la economía, que no es compatible con la conservación y la protección del ambiente, la sociedad y la cultura, sigue recalando en esta parte del país”, reclamó el experto.	Lottie Cunningham, presidenta del Centro por la Paz y Derechos  Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, opina que la invasión de tierras indígenas por colonos se debe a la falta de atención del Estado de Nicaragua para implementar el saneamiento territorial, que es la última fase para concluir con la demarcación y titulación de las tierras indígenas y así poder darles una seguridad jurídica a la propiedad comunal.	Cunningham propone que el Estado establezca un consenso con las comunidades dueñas de estas tierras, “pero el Estado, está promoviendo la ‘cohabitación’ y la verdad de las cosas es que no podemos imponerles a las comunidades la usurpación, se tiene que hacer como dice la Ley de Propiedad Comunal 445 que se va a reconocer a los terceros que tienen título de Reforma Agraria de antes de 1987, pero después de esta fecha, todas las personas que han ocupado estos territorios y que tienen documentos con vicios o tal vez documentos entregados por las Alcaldías, algún diputado o por consejos regionales, esto es nulo”.	Cunningham asegura que hasta 2016 había 3,000 personas desplazadas al lado hondureño del río Coco, sobre todo, familias del sector de las minas Bonanza y Rosita, esta situación es más crítica para las mujeres que han tenido que huir de sus casas o se han trasladado a otros destinos, en ese sentido, “nos preocupa la falta de protección y abandono que sufren mi gente, porque no existe en Nicaragua una institucionalidad capaz de garantiza los derechos humanos de las comunidades indígenas”, sostuvo Cunningham.