Pese a la brutalidad de las mismas, la reforma a la seguridad social y el ajuste a la Ley de Concertación Tributaria habrían sido insuficientes para resolver los problemas de dinero que afronta el régimen de Daniel Ortega, según arrojan las proyecciones preliminares de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), que prevé al cierre de este año abultados déficits tanto en el Presupuesto General de la República como en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).	En la reforma que la dictadura puso en marcha el 28 de febrero, se quitaron exoneraciones y exenciones a productos de la canasta básica y las actividades productivas, se aumentó la presión fiscal sobre las empresas, entre otras medidas severas, que han provocado alzas de precios que han dañado el poder adquisitivo de los hogares y aumentado el desempleo.	Las estimaciones preliminares de Funides están basadas en un escenario de contracción económica de entre 5.4 y 6.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), una estimación que está casi en línea del cinco por ciento que estima el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).	El problema, según Funides, es que además del deterioro económico, como consecuencia de la incertidumbre política, el Ejecutivo seguirá con dificultades en su intención de colocar títulos en el mercado bursátil, a menos que la banca nacional —que es el principal comprador— revierta la tendencia negativa de sus números, una probabilidad que es muy baja.	La situación empeora, porque además el régimen no lograría obtener en préstamos externos un monto estimado de cincuenta millones de dólares respecto a la meta proyectada en el Presupuesto General de la República. El Ejecutivo espera en financiamiento neto externo 4,629 millones de córdobas, pero se prevé que al finalizar el año solo obtenga 2,972 millones de córdobas.	Funides reiteró que esta reforma tributaria ha provocado una agudización de la crisis económica debido a que ha desincentivado el consumo, la inversión y la actividad económica en general. “Esta reducción de la actividad económica significará menores ingresos fiscales y limitará la capacidad de la reforma tributaria de cumplir con su objetivo de solventar las necesidades financieras del gobierno”.	Sin embargo, lo que plantea Funides es aún con la severidad del ajuste, que implicó un aumento en la carga para trabajadores y empresas, así como un golpe a los futuros pensionados, no se logró resolver una crisis que el INSS arrastra desde el 2013 y que parece no tener una salida clara.	“El Gobierno está perdiendo la oportunidad de encauzar al INSS por la senda de la sostenibilidad financiera. La reforma propuesta por el Gobierno en abril 2018, la cual era onerosa sobre el empleador, empleado y pensionado, podría haber mantenido el balance en positivo por 20 años”, según estimaciones de Funides. En esta ocasión, una reforma al INSS que debió haber extendido la vida de dicha institución en al menos 15 años, “no logra mantener en positivo el balance ni un año”.	Lo que más lamenta Funides es que el Gobierno está perdiendo la capacidad futura de utilizar aumentos en la tasa de cotización para reformas adicionales, al recordar que Nicaragua tiene la quinta tasa de cotización más alta de América Latina, pese a tener la tercera población más joven del hemisferio, solo superada por Honduras y Guatemala.