Con el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el caso de delimitación marítima entre Nicaragua y Honduras, nuestro país empezó a ver “las casitas al pueblo”, es decir, Nicaragua inició un hermoso proceso soberano que nos permitirá de una vez por todas solucionar los conflictos territoriales que nos han agobiado por muchísimos años.	Para las próximas semanas se espera otro fallo del Tribunal de La Haya. Esta vez se trata de la demanda interpuesta contra Colombia el seis de diciembre de 2001 sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, donde nuestro país intenta rescatar más de 50 mil kilómetros cuadrados que nos fueron despojados por Colombia.	En el caso de la disputa territorial y marítima en el Mar Caribe entre Nicaragua y Colombia, el proceso judicial ante la CIJ está todavía en una fase preliminar. Aunque Nicaragua ya presentó su Memoria sobre el fondo el 28 de abril de 2003, Colombia introdujo Objeciones Preliminares --menos de tres meses después-- cuestionando básicamente la jurisdicción de la Corte. A partir de entonces se detuvo la fase de fondo y se espera el fallo correspondiente, que únicamente establecerá si la Corte tiene la competencia de conocer el asunto y continuar con el fondo.	A mi juicio, en este caso parecen existir dos escenarios posibles. El primero consiste en que la Corte rechace de plano las Objeciones Preliminares de Colombia, con base en lo siguiente: Nicaragua tiene dos caminos para llegar a la Corte, igualmente válidos. Ellos son el artículo XXXI del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá) de 1948, por una parte, y las declaraciones de aceptación como obligatoria de la jurisdicción de la Corte por parte de Nicaragua ( 1929) y Colombia (1937), por otra.	Para enfrentar estos fundamentos de la posición de Nicaragua, los alegatos de Colombia son en extremo débiles. Uno de ellos consiste en afirmar que Colombia retiró su aceptación de la jurisdicción de la Corte. Pero ello ocurrió apenas un día antes de la demanda de Nicaragua, y la Corte exige un plazo razonable para su retiro, y un día --lógicamente-- está muy lejos de ser un tiempo razonable.	Realmente las Objeciones Preliminares de Colombia no sólo son insostenibles, sino que invaden el fondo del asunto. Es decir, van más allá de ser estrictamente preliminares e incursionan en los méritos del caso, que está reservado a la fase de fondo. No tienen una connotación o carácter exclusivamente preliminar, sino que abordan de manera temprana las materias sustantivas que Nicaragua ha solicitado resolver a la Corte.	Este tipo de decisiones le permite a la Corte “trasladar” tales objeciones a la etapa de fondo para resolverlas junto con los asuntos de mérito. Esto sucede generalmente cuando los alegatos preliminares puedan estar tan estrechamente ligados al fondo, que resolverlos en la fase previa, implicaría tocar los argumentos sustantivos reservados a las peticiones esenciales planteadas por la parte demandante, sin haber pasado por todo el proceso de presentación de alegatos escritos y orales sobre los méritos.	De ninguna manera. Sólo en la fase de fondo se puede resolver sobre los méritos de una demanda. De otra forma, los Estados no tendrían oportunidad de presentar y que se valoren sus argumentos sustantivos completos en respaldo a sus posiciones. No es posible decidir la sustancia de una demanda en una fase inicial.	Por otra parte, debe recordarse que, bajo el Arto. 27 de la Carta de la OEA, ninguna disputa puede quedarse sin solución. Como he indicado en otras oportunidades, si un diferendo no pudiera resolverse, los derechos de la parte demandante quedarían librados a su propia suerte, o bien a políticas de los Estados más poderosos, instaurándose un sistema de inseguridad que propiciaría el abuso y la inseguridad.	A estas alturas, es innegable que existe un diferendo territorial y marítimo entre los dos países. Ese diferendo debe ser resuelto en sus dos componentes fundamentales: el tema insular y el tema de la delimitación que es toral. El diferendo está ahí y no hay fuerza humana que pueda ocultarlo. Los hechos, las dignas Declaraciones de Nicaragua, la correspondencia diplomática y las negociaciones emprendidas en varias etapas (1977-1995 y 2001) así lo demuestran, entre otros elementos.	Las dimensiones extraordinarias del diferendo territorial y marítimo que opone a Colombia y a Nicaragua --sin dudas el más importante que enfrenta Nicaragua--, se expresan más fuertemente en la pretensión de ”transformar” el nulo e inválido Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra (41 años después de su firma) en un supuesto Tratado de Límites. De esa forma, se estarían cercenando los espacios marítimos de Nicaragua y la proyección natural de sus costas, imponiendo a Nicaragua una frontera inverosímil que la contiene a escasas millas de sus costas en el meridiano 82. Ello implicaría hacer desaparecer conceptos como la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental de los Estados, es decir, reivindicaciones que se constituyen en pilares fundamentales del moderno derecho del mar, y prácticamente encerrar el territorio nicaragüense en esa zona.	Sin duda, pues el fallo del 8 de octubre de 2007, significó la ruptura de un eslabón fundamental en la estrategia de Colombia para tratar de “legitimar” con terceros el meridiano 82 como supuesta frontera: el Tratado Ramírez-López. De esa manera se destrabó el candado impuesto a Nicaragua tanto en el paralelo 15 como en el meridiano 82. Habrá ahora que continuar demoliendo jurídicamente lo que resta del “muro del 82”, para que Nicaragua no sea, como decía el maestro Luis Pasos Argüello, “un balneario”, en su extensa proyección marítima al Este.