Jorge Mendoza, director del Foro de Educación y Desarrollo Humano y representante legal de la Coordinadora de ONGS que Trabaja con la Niñez, (Codeni), concluyó que “la calidad de la educación en este periodo de crisis se vio totalmente comprometida. No es cierto que nuestros estudiantes y que nuestros docentes pudieron desarrollar procesos de aprendizaje en condiciones de normalidad. Se detuvieron los planes de estudio, se detuvieron el avance en los contenidos programáticos establecidos en el currículo, se detuvieron todos los procesos educativos que dan cuenta más bien de un estancamiento y de una perdida sino total y/o parcial del año lectivo”.	Según el Ministerio de Educación (Mined) sólo un 8% de los centros de estudios a nivel nacional experimentaron jornadas educativas diarias alteradas por las protestas cívicas contra el gobierno, pero esta evaluación no coincide con los datos del IEEPP que aseguran que la percepción de inseguridad de la familia ha transcendido a la realidad nacional, por lo que muchos padres y madres de familia optaron por no enviar sus hijos e hijas a la escuela.	“Van con lagunas (los estudiantes en su aprendizaje), también nuestros estudiantes van comprometidos a un nuevo año escolar con una sensación y vivencia de temor permanente. Las escuelas dejaron de ser un lugar seguro para nuestros estudiantes porque en cualquier momento o te puede agarrar una patrulla policial o una patrulla de parapolicías, secuestrarte y si no grabarte las siglas de un partido en tu propio cuerpo, es decir, lo que ha ocurrido con la educación, lo que ha ocurrido con la niñez y la adolescencia no es ni normal y sólo puede ser comparado con un Estado de barbarie”, agregó Mendoza.	“Había maestros de primer grado por ejemplo, que le preguntaban a los niños: ¿Mirá… y tu papito fue a las marchas? ¿Y tu papito y tu mama participan de las marchas?, Es decir es una actitud que no solamente riñe con la ética, sino riñe con la seguridad de los propios niños y de los padres de familia que participan en las marchas”, sostuvo Mendoza.	Alex Bonillla, investigador en temas de educación del IEEPP, recordó lo sucedido hace unos días en el Colegio República de Argentina en Managua, donde un oficial de policía amenazó con su arma de fuego a una estudiante adolescente de ese centro de estudios cuando ésta en forma de reclamo le lanzó una piedra por la detención arbitraria de varios de sus compañeros de clase, acción que le costó a la alumna la expulsión.	“Una estudiante ha sido objeto de una transgresión a su derecho a la educación y violentando la protección integral que le debe garantizar el Estado, eso te pone a pensar qué está pasando en este país, esta es una educación politizada, una educación que lamentablemente está siendo instrumentalizada para enajenar a los ciudadanos nicaragüenses y a aquellos que se manifiesten en contra de algo que no les parece ni seguro o que les parece agresivo o represivo, pues sencillamente van a ser excluidos del derecho a la educación”, señaló Bonilla.	Distintos informes de organismos nacionales e internacionales sobre la situación educativa han dado cuenta que el país presenta muy pocos avances con relación a varios referentes de carácter internacional en materia de educación, una de ellas son las 10 metas en materia de educación que se deben alcanzar de aquí al 2030 en el marco del los Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueve Naciones Unidas.	Uno de las señales del poco avance en esta materia, según los especialistas, se evidencia en la matrícula que se encuentra estancada desde hace más de 10 años, y es que para el año 2007 se registró un millón 600 mil estudiantes matriculados, pero al comparar las cifras de este año con relación al 2017 se experimentó