Las subsidiarias de PDVSA, Albanisa y Alba Petróleos establecidas en Nicaragua se encuentran en el ojo del huracán, luego que una firma consultora internacional destapara una red de lavado de dinero usando como esquemas la venta falsificada de petróleo, compra de activos, falsos proyectos de infraestructura y transferencia de banco a banco, que podría haber movido entre $10,000 y $ 28,000 millones de dólares entre los años 2007- 2018.	"En una Asamblea Nacional que operara con principios democráticos, el Partido Conservador estaría proponiendo la creación de una comisión especial para que se destapara estos actos de corrupción y se lleven a la justicia como ya ha hecho Estados Unidos con sanciones internacionales a Bancorp en Nicaragua y a PDVSA en Venezuela", explicó Alfredo César, presidente del Partido Conservador.	"El principal efecto de una prolongación de actos de corrupción en el actual gobierno es prácticamente el riesgo de contagio que se podría generar en las empresas porque todavía existe en Nicaragua una actividad que no es rechazada por las instituciones y la sociedad", afirma Alejandro Aguilar, experto en prevención de lavado de activos.	Antes de los resultados de esta investigación de corrupción en Nicaragua el presidente Daniel Ortega a inicios de marzo de este año, ordenó vía Asamblea Nacional la compra de Bancorp valorada en 23 millones de dólares, que posteriormente fue sancionado por el gobierno de los Estados Unidos por manejar fondos de la petrolera estatal Venezolana PDVSA.