FILIPSTAD, Suecia — Al principio, los líderes locales vieron a los refugiados como una oportunidad. Las minas de mineral de hierro habían cerrado, al igual que una fábrica que hacía maquinaria para la industria maderera. El pueblo había sido abandonado y su población había disminuido a la mitad. Una oportunidad de resurgimiento parecía estar cerca.	Era el verano del 2015, y estaba llegando gente de algunos de los lugares más problemáticos del planeta: Siria, Somalia, Irak. Ocuparían las casas vacías, aprenderían sueco y tomarían empleos cuidando a suecos de mayor edad. Pagarían impuestos, que ayudan a financiar los amplios programas de bienestar social que han convertido a Suecia en una rareza en el mundo, un país aparentemente en paz en una era de tempestuoso capitalismo global.	“La gente no quiere pagar impuestos para mantener a gente que no trabaja”, dijo Urban Pettersson, de 62 años, miembro del Ayuntamiento de Filipstad, un poblado al oeste de Estocolmo. “El 90 por ciento de los refugiados no contribuye a la sociedad. Estas personas van a depender de por vida de la beneficencia pública. Éste es un enorme problema”.	El así llamado modelo nórdico que prevalece en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega e Islandia ha sido ideado para proteger a las personas de las desgracias económicas comunes que afligen a muchos países desarrollados. Bajo el modelo nórdico, los gobiernos proveen atención médica, educación y pensiones a todo mundo. El Estado proporciona vivienda subsidiada y guarderías infantiles. Cuando las personas pierden su empleo, obtienen beneficios de desempleo y acceso a programas de capacitación laboral.	Varios sondeos de opinión pública arrojan que los suecos siguen dispuestos a aceptar su carga fiscal. Pero a medida que los ciudadanos captan la realidad de que muchos refugiados dependerán de la beneficencia pública durante años, algunos se oponen al costo al tiempo que exigen límites a la ayuda gubernamental para personas desempleadas.	El principal vehículo de descontento son los Demócratas de Suecia, un partido político de derecha con raíces en el movimiento neo-nazi. El partido ha cobrado fuerza en medio de la ira por una economía que se ha estancado en años recientes y la frustración por recortes a servicios sociales que se han extendido durante 25 años.	El Estado estaba ansioso por colocar a los refugiados en pueblos en lugar de ciudades como Estocolmo, donde la vivienda era escasa y cara. Las autoridades nacionales acordaron cubrir la renta, la alimentación, la ropa y la atención médica especializada durante los primeros dos años. Después de eso, los municipios heredarían la responsabilidad, aunque se asumía que los costos serían mínimos: para entonces, se suponía que la mayoría de los refugiados podría mantenerse por sí solo.	El refugiado promedio en Suecia recibe unos 7 mil 800 dólares más en servicios del Gobierno que lo que ellos le pagan al sistema, concluyó el economista Joakim Ruist en un informe emitido el año pasado. En general, el costo de los programas sociales para refugiados utiliza alrededor del 1 por ciento de la producción económica anual de Suecia. “Suecia puede asumir este costo”, dijo Ruist. “Esta crisis de refugiados aparentemente sin solución es completamente solucionable”.	La unidad de capacitación laboral intenta ayudar. Saadia Osman, madre de tres hijos que huyó a Suecia de la guerra de Somalia, se hallaba en un salón de clases recientemente aprendiendo sueco específico para las cocinas de restaurantes. Su esposo consiguió un empleo hace tres años en una fábrica, ganando unos 2 mil 100 dólares al mes. Ahora pagan su propia renta. “Todos estamos ansiosos por trabajar”, dijo.	“La disposición de la gente a seguir pagando los impuestos muy altos necesarios para financiar los programas de bienestar social no es algo que se pueda dar por hecho”, dijo Marten Blix, un economista de Estocolmo.Para los extranjeros, el modelo nórdico podría parecer regido por la benevolencia, un deseo de garantizar que nadie se quede sin las necesidades fundamentales como atención médica y vivienda. Sin embargo, la experiencia de Suecia con los refugiados sugiere una concepción más transaccional del estado benefactor, una especie de club por membresía en el que la gente paga cuotas por servicios esperados. Si demasiadas personas obtienen los beneficios gratis, se pone en peligro la fe en el sistema.