Muchas de las acusaciones a altos militares de Colombia carecían de todo fundamento. Dígase lo que se diga, siempre me ha parecido un absurdo ver a los jefes de las FARC plácidamente sentados en curules del Congreso mientras notables figuras del Ejército han soportado injustos y largos años de cárcel. ¿A qué se debe este despropósito? Lo primero, como todo el país lo sabe, forma parte de las concesiones otorgadas a las FARC. Lo segundo, pensaba yo, provenía de los oscuros y precipitados fallos de la justicia.	Conozco desde hace muchos años a algunos de los más altos militares recluidos en prisión. He estudiado sus casos. He comprobado la ligereza de los discutidos fallos contra los generales (r) Jesús Armando Arias Cabrales, Rito Alejo del Río, Jaime Humberto Uscátegui, Iván Ramírez y los coroneles (r) Alfonso Plazas Vega y Hernán Mejía Gutiérrez, entre otros. Muchas acusaciones carecían de todo fundamento. Entonces, como periodista, acabé descubriendo que las FARC estaban creando todo un equipo de falsos testigos para convertirlos en su mejor arma de guerra.	Más escandaloso aún es haber hecho responsable al general (r) Uscátegui de la masacre de Mapiripán cuando nada tuvo que ver con este dramático suceso ocurrido fuera de su jurisdicción. Nunca he olvidado a su hijo José Jaime, flaco, demacrado, haciendo una huelga de hambre que duró más de ocho días frente a la sede de la OEA en Bogotá.	Recordaba la afrentosa injusticia cometida con su padre, que llevaba en prisión más de quince años. Imputación igualmente escandalosa es la que se hizo al coronel (r) Mejía Gutiérrez. Calificado como el mejor soldado de América por la heroica labor que había cumplido en muchas regiones del país, nunca esperó que el sargento (r) Edwin Manuel Guzmán, a quien entregó a la justicia por vender clandestinamente armamento a los paramilitares, acabaría vengándose vinculándolo con “Jorge 40”. Estas descomunales mentiras fueron aceptadas por jueces y fiscales.	Entonces, como periodista, acabé descubriendo que las FARC estaban creando todo un equipo de falsos testigos para convertirlos en su mejor arma de guerra. Tuve conocimiento de que este recurso que golpeó a muchos militares formaba parte del Plan Renacer, de catorce puntos, redactado por “Alfonso Cano”. De este modo, una falsa delación —acogida por la justicia— podía ser más efectiva para golpear a sobresalientes militares que una acción armada.	Los diálogos de paz iniciados en La Habana movieron al gobierno de Juan Manuel Santos a dar resonancia a los sesgados fallos contra los militares. ¿Por qué? Era evidente que el proceso de paz no podía prosperar si las FARC se consideraban débiles frente al Estado y sus Fuerzas Militares. De ahí que asistiéramos a lo largo del proceso de paz a una serie de medidas que disminuían la autonomía del Ejército para defenderse de los infundios orquestados por la guerrilla. Tal fue el riesgo que implicó la súbita anulación del fuero militar al poner a los miembros de las Fuerzas Armadas en manos de la justicia ordinaria. Se presentaba esta decisión como una falsa garantía de imparcialidad para evitar que los oficiales fueran juzgados por sus propios compañeros de armas.	Teniendo en cuenta que nuestra justicia ordinaria no contaba con eficaces herramientas para investigar y eventualmente derogar los falsos testimonios, en vez de admitirlos como prueba, cerca de tres mil militares fueron juzgados de manera generalmente precipitada. Escándalos tan evidentes como el llamado “cartel de la toga” terminan por hacer indispensable una verdadera reforma constitucional capaz de enderezar nuestra permeada justicia.