Oct. 15, 2008, 11:45 a.m. El caso del colega y compañero de labores Oliver Gómez no puede menos que preocuparnos. No tanto porque se trate de un periodista y trabajador de un medio de comunicación, sino por el grave precedente que está sentando Patricia Vásquez, funcionaria -quizás de décima categoría-, del Ministerio de Salud, al brindar atención en salud de forma sectaria.	Al negarse a vacunar a Oliver, Vásquez violó el artículo 59 de la Constitución Política el cual establece claramente que “los nicaragüense tienen derecho, por igual, a la salud…”, suficiente para aclarar a esta funcionaria que bajo ninguna circunstancia le podía negar a Oliver, o a cualquier otro ciudadano, la vacuna requerida.	Si por aquello de las dudas esta señora no quedó clara, le recuerdo que el artículo 27 de nuestra Carta Magna señala taxativamente: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social”.	Pero además, habría que recordarle a doña Patricia Vásquez, qué es un oligarca, según el diccionario Larousse, oligarca es: “toda persona que forma parte del gobierno en una oligarquía”. Por supuesto, oligarquía, tiene dos acepciones. La primera, según Larousse, es un: “régimen político en el que, entre los antiguos griegos, ostentaba el poder una minoría”.	La segunda definición señala que oligarquía: “es una forma de gobierno en la que el poder es ejercido por un grupo limitado de personas o una clase social dirigente”. Hasta donde yo sé, Oliver no pertenece ni al gobierno, y mucho menos, a ese “grupo limitado de personas o clase social dirigente” que hoy “ejerce el poder” alrededor del Presidente Ortega.	De acuerdo con el artículo 27, Vásquez ni siquiera puede alegar que la persona sea de ideología liberal, conservadora, o de religión musulmana, o que opine a favor del aborto, que es morena, o de origen miskito, o esgrimir cualquier otro argumento para negarle atención médica un ciudadano de este país o que, aún siendo extranjero, resida en Nicaragua.