El Cosep considera que estas reformas “agravan la crisis económica del país”, provocada por la inestabilidad política debido a la represión de la dictadura de Ortega en contra de la población que, desde abril del 2018 exige la salida del poder de la pareja de Ortega y la cogobernante Rosario Murillo así como el adelanto de las elecciones.	Precisamente unas reformas al Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social (INSS) impuestas por fueron el detonante de que en abril del 2018 miles de nicaragüenses se manifestaran en contra, a lo que el régimen respondió con una brutal represión que ha dejado entre  325 y 535 muertos, según han documentado organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.	Ortega fue forzado a derogar esas reformas al INSS, días después del estallido de las protestas, sin embargo las retomó e impuso en febrero del 2019 cuando intensificó la represión con líderes de las protestas encarcelados, o en el exilio y con la prohibición expresa de la Policía a cualquier tipo de manifestación.	No obstante, el golpe más fuerte hecho por la dictadura está en el cambio en la fórmula para calcular las pensiones, lo que afectará más a los trabajadores que arriben a su edad de jubilación. Esto verán caer más de 30 por ciento sus pensiones respecto a las que se aprobaron antes de que entrara en vigencia este reforma, de acuerdo a las cámaras empresariales y economistas.	El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, informó el amparo a través de su cuenta de Twitter. Anteriormente Aguerri ha explicado que estas decisiones no contribuyen a devolver “la certidumbre y confianza al país”, mientras no hubiese una una negociación política entre el régimen orteguista y los diferentes los sectores sociales para encontrar una salida a la crisis sociopolítica.	Asimismo, las autoridades aumentaron lo que se paga en otro tipo de seguros. Al respecto, si una persona o trabajador por cuenta propia está cotizando a través del seguro facultativo integral (es decir para pensión y atención médica), su contribución pasará de 18.25 por ciento a 22.25 por ciento. En caso que esté cotizando solo para optar a una pensión y sin atención médica, este pasará de 10 a 14 por ciento.	También el Gobierno orientó eliminar el salario máximo cotizable. Este mes, el INSS había ajustado a 96,841.56 córdobas mensuales el salario máximo cotizable, pero ahora con la reforma, este salario máximo cotizable desaparece y ahora todos los trabajadores aportarán según su salario. Esta reforma, junta a aumento de los impuestos considerado en el paquete fiscal aprobado recientemente por el ejecutivo, son los principales golpes económicos de Ortega a la población y al sector privado, mientras ha reanudado el