La pareja de dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo invitaron a 500 de sus aliados políticos de cuarenta países para la conmemoración del 40 aniversario de la revolución sandinista el próximo 19 de julio. Entre las delegaciones están nuevamente de Abjasia y Osetia del Sur, dos regiones separativas cuya relación diplomática le ha traído consecuencias negativas a Nicaragua al serle restringido los fondos de la cooperación que da Estados Unidos (EE.UU.) de forma bilateral.	El presidente de Osetia del Sur, Anatoly Ilich Bibílou es el único mandatario que ha confirmado que asistirá al acto partidario donde las figuras centrales son los dictadores Ortega y Murillo cuya imagen a nivel internacional está deteriorada debido a las violaciones a los derechos humanos que fuerzas gubernamentales cometen contra la población, incrementadas desde el inicio de las protestas ciudadanas en abril del 2018.	Según Murillo les han confirmado delegados de Abjasia, Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos (EE.UU.), Finlandia, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Irán, Japón, México, Osetia del Sur, Panamá, Palestina, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Rusia, Taiwán, Turquía, Reino Unido, República Árabe Saharaui Democrática, Suecia, Uruguay, Venezuela y Vietnam.	La mayoría de los gobiernos del mundo han condenado la represión orteguista que ha causado un estimado de  326 asesinatos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nacionales cifran en más de 500 los muertos por los ataques de la Policía Orteguista (PO), paramilitares y turbas del régimen contra las protestas, lo que ha provocado una crisis sociopolítica en la que está sumergida el país desde hace 15 meses.	“Todos vienen a celebrar con nosotros”, dijo Murillo para luego hacer referencia a las protestas que hace un año incluyeron tranques, barricadas levantadas por todo el país por la población como mecanismo de protección contra los ataques de la PO y paramilitares, así como para ejercer presión por la salida del poder de la pareja presidencial.