La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) considera que la negativa del Gobierno de Nicaragua por retornar al diálogo demuestra la “los intentos de reformas con actores cuestionados por la sociedad nicaragüense, y fuera de la mesa de negociación” y el rechazo a una salida cívica y pacífica para superar la crisis sociopolítica actual.	Por medio de un comunicado de prensa emitido la tarde de este vienes, la ACJD considera que medidas unilaterales o reformas electorales “cosméticas” con actores cuestionados, “no pueden generar la confianza y la credibilidad necesaria para que mediante elecciones realmente democráticas, los nicaragüenses podamos escoger al Gobierno que asegure la democratización del país, la recuperación económica, una verdadera reconciliación, verdad, justicia, reparación y no repetición.	La nota de prensa argumenta que “ante este nuevo reto del régimen, invitamos a todas las fuerzas democráticas del país a potenciar los esfuerzos de unidad y organización para continuar la lucha cívica y pacífica y lograr el cambio de Gobierno por la vía democrática y a rechazar los intentos de querer imponer una reforma electoral cosmética, prebendaria y excluyente que facilite la continuidad del régimen en el poder”.	“Una vez más Ortega no solo continúa ignorando la voluntad mayoritaria de los nicaragüenses para una salida pacífica, cívica, negociada y democrática, sino también confronta a la comunidad internacional, incluida la misma OEA (Organización de Estados Americanos). Estos actores nacionales e internacionales, ven en la negociación con la Alianza Cívica la única vía viable para superar las graves alteraciones del orden democrático que el régimen ha provocado”, reitera el comunicado de la Alianza Cívica.	La Alianza Cívica recuerda  el asesinato del reo político Eddy Montes, estando en el Sistema Penitenciario Nacional, por lo cual abandonó el diálogo el 20 de mayo como protesta y de forma temporal. Sin embargo, expresó “su confianza en el diálogo como mecanismo de solución a la profunda crisis que atraviesa el país, la que se vio respaldada por la resolución de la Asamblea General de la OEA del 28 de junio que demanda al gobierno el cumplimiento total de los acuerdos y su disposición “de fomentar un diálogo serio, de buena fe, efectivo y sincero”.