Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hicieron un llamado al Gobierno de Nicaragua a que respete los derechos de sus ciudadanos, entre estos garantizar la libertad de movilización y expresión y liberar a las personas detenidas por haber participado en protestas antigubernamentales.	En la sesión, la mayoría de países representados demandaron que organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expulsados por el Gobierno nicaragüense en 2018, retornen a este país para continuar investigando los actos de violencia registrados desde abril del año pasado.	El representante de Finlandia externó que ese país ha seguido con preocupación el avance de la crisis en Nicaragua y las restricciones que los ciudadanos experimentan en materia de sus derechos civiles y políticos, por lo que recomendó al Estado nicaragüense “se respeten los derechos a la libertad de asamblea pacífica y la libertad de asociación e insta al Gobierno de Nicaragua a que ponga fin a la represión de las protestas sociales y el arresto ilegal y arbitrario. También recomienda al Gobierno de Nicaragua que se respete la libertad de expresión y de independencia de la prensa”.	La representante francesa recomendó el reingreso de la misión de la Oacnudh a Nicaragua y otros mecanismos regionales especializados en derechos humanos, además de “restablecer el espacio de la sociedad civil, garantizar la libertad y ejercicio de las organizaciones locales de defensa de los derechos humanos; restablecer y garantizar las libertades públicas, en concreto, la libertad de expresión y opinión y liberar a los prisioneros encarcelados desde el comienzo de la crisis”.	La propuesta de Georgia estuvo relacionada a que se permita el acceso de organismos internacionales de derechos humanos y que el Gobierno cumpla con los acuerdos suscritos con la oposición en la mesa de negociación y sugirió la estructuración de un mecanismo internacional que investigue de manera imparcial los hechos de violencia y ratifique el estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional.	“Estados Unidos se preocupa por el fracaso de las autoridades de Nicaragua para respetar los derechos humanos. Recomendamos que el país castigue a los funcionarios, agentes y parapolicías que han sido responsables de abusos a los derechos humanos, incluyendo matanzas, asesinatos arbitrarios, desapariciones forzadas, torturas, maltratos crueles e inhumanos, abuso físico, violaciones”, dijo el representante.	Demandó que “se hagan investigaciones inmediatas, que se liberen a los presos políticos sin condiciones. Se deben tomar medidas contra las detenciones arbitrarias. Se debe permitir a las organizaciones sociales y religiosas que puedan trabajar sin restricciones, sin amenazas jurídicas ni contra sus vidas. Nos preocupan las violaciones repetidas y violentas respuestas a la protesta pacífica. Señalamos con alarma las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, que se ha deteriorado desde la presentación del último EPU 2018-2019”, afirmó la delegación estadounidense.	“Condenamos la represión contra las organizaciones de la sociedad civil, medios y periodistas y el uso de leyes antiterroristas para suprimir a los disidentes. Las notificaciones de detención arbitraria y secuestros por grupos progobierno son preocupantes, nos preocupan los abusos cometidos por las autoridades y que no estén castigados”, dijo el representante de Eslovaquia.