Citando al Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), organización internacional independiente que se dedica a la investigación sobre conflictos, armamentos, control de armas, desarme y el gasto militar, Vargas devela que el presupuesto del gasto en seguridad militar en Nicaragua se incrementó en el período comprendido entre el 2008 y 2018, pasando de 45.4 millones de dólares (2008) a 83.3 millones de dólares en el 2018.	Se percibe que hay más policías porque en efecto, desde que inició la crisis de abril de 2018, hay un permanente despliegue de grandes dispositivos policiales en las calles. Eso se ha incrementado durante los últimos meses porque el régimen quiere impedir que los ciudadanos realicen marchas o actividades públicas de protesta y solamente lo puede hacer ocupando ellos las calles con esos dispositivos de policías.	Cajina caracteriza así a los nuevos agentes policiales: entre 16 y 30 años, desempleados, de baja o poca escolaridad y de familias pobres «que se las juega en sus barrios para buscar un aval del secretario político del Frente Sandinista. Sin ese aval, no hay ingreso, haya o no haya vocación de servicio».	«Las convocatorias permanentes de la policía para reclutar policías en los estratos sociales más bajos del país, se acompaña de un programa o pensum poco transparente y altamente politizado en el Curso Básico de Policía, que dura unos tres meses, lo que explica la parcialización de la Policía en esta crisis y a como dice LA PRENSA, ya no es una Policía Nacional, sino Orteguista, porque su función vital, hoy por hoy, es garantizar la seguridad del régimen, sus negocios y los de sus familias y allegados», dice Cajina.	Ese aumento en la cantidad de policías se ha acompañado, también, con un incremento presupuestario cuatro veces mayor del año 2007 al año 2018, cuando a criterio de Cajina, la Policía empieza a plegarse incondicionalmente al régimen «hasta hoy cuando se ha convertido en la guardia pretoriana de Ortega, a como lo fue la Guardia Nacional para la familia Somoza».