Casi dos meses han pasado desde que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el 28 de junio una resolución sobre Nicaragua que ordena al Consejo Permanente crear una comisión para que realice gestiones al más alto nivel con el objetivo de buscar una solución negociada a la crisis que vive este país. Hasta el momento el mandato ha quedado en papel.	«Ante esta situación, ¿qué está haciendo la oposición aquí en Nicaragua, los partidos políticos, la Alianza y la (Unidad) Azul y Blanco? Ante una situación de parálisis vos tenés que tomar acciones dramáticas. ¿Han tomado alguna? Ninguna. (…) El país continúa estancado y en una total incertidumbre», criticó Matamoros, quien en los últimos meses ha tomado una posición crítica hacia la labor de la Alianza Cívica.	Los países miembros de la OEA, tales como Guyana, Estados Unidos, Chile, Colombia y Argentina han hecho eco de su respaldo a la resolución de la crisis en Nicaragua, misma que señala que «las graves violaciones a los derechos humanos, a la libertad de expresión y de prensa y la falta de avances en reformas electorales para celebrar elecciones adelantadas son elementos que conducen a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático” en el país.	El proyecto de resolución contra Nicaragua, que reitera la violación del régimen de Daniel Ortega al orden constitucional, insta a la reanudación de las negociaciones entre el régimen con la Alianza Cívica y al ingreso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), así como otros mecanismos.