El discurso de odio de Murillo, lo trasladó al decreto legislativo con el cual se crea la orden. "Frente a los lacayos traidores y cobardes, frente a la vileza de quienes se venden y son por estirpe vende patrias, hay millones de nicaragüenses honrados dispuestos a vivir en paz y dignidad", cita	Los grupos de choque del régimen orteguista tendrán su «medalla» como premio por reprimir al pueblo. En la Asamblea Nacional ya está en agenda la creación de la «Orden Carlos Fonseca Amador», propuesta por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, que será exclusiva para los grupos de choque, parapolicías y turbas «por su participación «en el baño de sangre contra la población», valoró el general en retiro, Hugo Torres.	Son las denominadas «familias militantes de la reconciliación», como hace llamar la dictadura de Ortega y Murillo a los partidarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y a la Policía Orteguista (PO) utilizados para asediar, hostigar y atacar a la población que, desde abril del 2018, demandan la salida del gobierno y el adelanto de las elecciones, antes del 2021.	La «Orden Carlos Fonseca Amador» fue anunciada por la  vicepresidenta designada y esposa de Ortega, el pasado 8 de noviembre en un acto en el que se repitió que quería la «paz». En ese mismo evento, el dictador Ortega amenazó a los obispos de la Iglesia católica y a los empresarios con mayor represión.	Torres es uno de los pocos miembros del FSLN que en los años 80 fue condecorado con la «Orden Carlos Fonseca». Explicó que las exigencias de entonces para otorgarla era que los miembros del gobierno o del partido tuviesen demostrados méritos morales, éticos y de demostrado cumplimiento con los principios constitucionales.	La redacción del contenido de la fundamentación del decreto, que será ley una vez lo aprueben los diputados al servicio de la dictadura en la Asamblea Nacional, evidencia el estilo de Murillo a llenar de insultos y epítetos sus discursos e intervenciones en los medios oficialistas contra las manifestaciones que desde el 18 de abril del 2018 demandan un cambio del gobierno.	«Frente a los lacayos traidores y cobardes, frente a la vileza de quienes se venden y son por estirpe vende patrias, hay millones de nicaragüenses honrados dispuestos a vivir en paz y dignidad, trabajando con sencillez, con humildad nuestras tierras sagradas, protagonizando con nobleza nuestros sueños, nuestras legítimas aspiraciones y todos nuestros derechos», reza el texto de la propuesta, ya en la agenda de la Asamblea.	A pesar de que la «Orden Carlos Fonseca» sería una Ley de la República.  Esta estaría sesgada,  porque solo la recibirían los simpatizantes y grupos de choque del régimen, lo cual es criticado por el general en retiro Torres, quien sostiene que de esta forma, «el régimen fomenta el odio y la división de la sociedad», ya está fragmentada por la crisis sociopolítica.	El artículo 1 de la iniciativa establece la creación de dicha orden «como reconocimiento a todas las familias militantes de la reconciliación, paz y el cariño en todos los municipios de Nicaragua, esa familias que en cada municipio sabemos defender con amor cristiano la reconciliación, la concordia, la paz, la seguridad, el derecho de todos y todas a trabajar en libertad, dignidad, respeto y democracia, misma que en actos de familia y comunidad».	Torres, general en retiro y actual opositor al régimen, dijo que la redacción del decreto evidencia que «fue hecho por Murillo porque ese es su lenguaje de odio». Explicó que este reconocimiento inicialmente se entregaba en las filas del FSLN durante la década de los años 80 -en el primer régimen orteguista-, pero que en ese entonces era difícil conseguirla.	«Ese es el lenguaje es de Murillo. En la fundamentación, si se le puede llamar así, de la tal orden lo que parece es un panfleto partidario cargado de epítetos y de odios, que lejos de enaltecer a la persona que pudiesen ser merecedoras de tal orden, hace en lo contrario», afirmó el general en retiro.	«Que frente a la perfidia y los crímenes, de los vendidos y agachados de siempre, crece la altivez del indio, del mestizo, de los afrodescendientes , creoles, de los pueblos originarios, de todos los nicaragüenses que exigimos respeto», dice el artículo siete de la exposición de argumentos del decreto de Ley propuesto.	Para Torres el régimen convierte su discurso de odio y división de la sociedad en una ley para «consentir a las turbas, parapolicías y fanáticos en un intento por frenar la erosión que está teniendo la base del orteguismo», por el descontento que existiría por la represión contra la ciudadanía además de la crisis económica producto de la crisis social.	Organismos de derechos humanos internacionales han calificado delitos de lesa humanidad los crímenes cometidos desde abril del 2018 en Nicaragua, que dejan al menos 328 asesinatos, miles de heridos, más de 80 mil exiliados así como cientos de presos políticos, torturas, violaciones y la restricción de las libertades fundamentales como el derecho a la manifestación.	Mientras la bancada orteguista le cumple a los dictadores Ortega y Murillo, el régimen ordenó a su aparato político organizar marchas con los simpatizantes orteguistas y a los trabajadores públicos como estrategia mediática ante el incremento de piquetes, plantones, protestas de estudiantes universitarios y de familiares de los presos políticos en la exigencia porque liberen a los más de 150 protestantes encarcelados y el rechazo a los ataques a la Iglesia católica, acrecentado las últimas semanas.	Murillo al intervenir en los medios oficialistas, dijo que este sábado 23 de noviembre habrán las denominadas «caminatas porque con la paz no se juega, porque tenemos derecho a vivir tranquilos», un lema que impuso la dictadora de los discursos de odio e insultos dirigidos a los protestantes y sacerdotes católicos.	Desde septiembre del 2018 la Policía Orteguista (PO) prohibió las marchas convocadas por las organizaciones de universitarios, campesinos, empresarios, partidos y demás sectores de la sociedad civil que conforman movimientos opositores en la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Sin embargo las caminatas obligadas a los trabajadores estatales y a las turbas orteguistas se les permite y hasta protege la misma Policía Orteguista.