Sobre la cancelación de la personería jurídica al MRS y PC, los especialistas en materia constitucional, Roberto Evertz Morales y Omar García Palacios, coinciden en que quien estructura la Ley Electoral es quien determina el sistema político de un país, y por eso en Nicaragua, desde finales de los años 90, se hacen reformas a esta legislación, lo que viene creando serios problemas en el diseño del sistema electoral, además de grandes contradicciones en el funcionamiento del Consejo Supremo Electoral, CSE.	Durante una cátedra abierta de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA, Roberto Evertz Morales, quien fue invitado en calidad de docente y no como el funcionario del CSE, leyó la controversial resolución que dejó fuera al MRS y al PC, y expresó que desde 1984 la Ley Electoral de Nicaragua establece todo el procedimiento electoral propiamente dicho, y en un texto por aparte elabora la regulación de los partidos políticos y que es hasta en la reforma de 1990 que este aspecto pasa a ser un todo dentro de la misma ley.	La Asamblea Nacional –-prosiguió-- estaba integrada por todos los partidos políticos que existían a la fecha, y producto de la elección de noviembre de 1984, mientras que el Consejo Nacional de Partidos Políticos era electo dentro del seno del Poder Legislativo, “esos eran los órganos de primera instancia encargados de resolver los conflictos internos u otro tipo de situaciones que se presentaran en dichas agrupaciones políticas, siendo éste un elemento positivo que debieron conservar los legisladores al momento de reformar la Ley Electoral”. Otro aspecto que destacó el jurista sobre la Ley Electoral, en relación con los partidos políticos, es la recomendación a las estructuras partidarias para que procuren seleccionar el método más democrático para escoger a sus autoridades internas e incluso a los candidatos a ocupar cargos de elección popular.	“Cualquier organización política que no tenga una estructura partidaria debidamente establecida, no sólo por lo que manda la Ley Electoral, sino por sus propios estatutos, obviamente carece de vicios e irregularidades en constitución, por lo que en consecuencia cualquier acto que emane de ello puede ser señalado de viciado o nulo, en su caso”, sostuvo Evertz.	Por su parte, el docente Omar Alberto García Palacios apuntó que en Nicaragua existe un problema estructural en el sistema electoral, que se refleja en el actuar del mismo CSE, y a su juicio gran parte de los inconvenientes tienen que ver con la elaboración de ese diseño, el que en muchas ocasiones es contradictorio, y peor aún, en reiteradas ocasiones muestra un rechazo al pluralismo político, que es reconocido por el texto constitucional.	Un ejemplo de contradicción en el aspecto de la regulación se lee al final del artículo 173 de la Constitución, en donde se establece que la materia electoral no permite recurso alguno, lo que niega la unidad de jurisdicción que reconoce la misma Carta Magna al Poder Judicial, al que otorga la correspondencia de juzgar, administrar y ejecutar lo juzgado, haciendo su excepción con los tribunales militares.