La sanción impuesta por Estados Unidos a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos SA (DNP) y su subsidiaria Inversiones Zanzíbar, ha sido un duro golpe para la familia Ortega-Murillo, ya que en los últimos diez años la petrolera obtuvo del negocio de los combustibles una ganancia aproximada de 426 millones de dólares, es decir un promedio de 42.6 millones de dólares al año, según cálculos hechos por César Arévalo, especialista en mercados de hidrocarburos.	Cuando Agustín Jarquín Anaya era contralor general de la República de Nicaragua, en más de una ocasión señaló que el contrato de concesión para la distribución de combustible que le había dado la estatal Petronic al consorcio suizo-británico Glencore era ilegal porque no contaba con la aprobación de la Asamblea Nacional y en cualquier momento podía terminar, situación que se cumplió en el 2009, dos años después que el dictador Daniel Ortega regresó al poder.	El registro histórico de LA PRENSA, del 27 de junio del 2003, en la nota “Rentaron Petronic a empresa fantasma”, relata que Nevardo Argüello, el entonces gerente de Petronic, dijo que el Estado de Nicaragua ganaba cada año dos millones de dólares por el arriendo de la estatal Petronic, es decir que en esos diez años ganó veinte millones de dólares.	Pero el negocio llegó a su fin y el 23 de septiembre de 2009 el ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli, informó a los medios que las operaciones de la petrolera Glencore en Nicaragua habían sido adquiridas por la estatal empresa Petronic, con financiamiento de la Caja Nacional Rural (Caruna) y el grupo Alba de Nicaragua (Albanisa). La compra de los activos de Glencore costó 50 millones de dólares.	Investigaciones de LA PRENSA del 2009 revelaron que la mesa directiva de la DNP, en ese entonces —según la información proveniente del Registro Mercantil de Granada— fue conformada por el abogado José María Enríquez, el ingeniero José Mojica, Aura Cecilia Toruño y como gerente de la empresa se delegó a Yadira Leets Marín. Todos de confianza de la dictadura.	Para el excontralor Jarquín, con esta nueva ley que se creó se está permitiendo transformar los combustibles en líquidos, “en dinero, de más fácil disposición y administración; también permitirá tomar control y disponer de las transacciones de importación y venta que estaban ya en curso y que no se habían concretado”.	Pero además se estaría asumiendo “el riesgo, de que como el trasfondo de esta decisión de Estados Unidos es política e unilateral, y por lo tanto subjetiva, si la administración decide que los activos combustibles de DNP son parte de la sanción, cualquier entidad que disponga de ellos, aunque sean las entidades del Estado de Nicaragua (Ministerio de Energía), como lo dispone la Ley, estarían sujetas a las sanciones que ellos establecen, sin ajustarse al principio del  debido proceso”.	La nueva ley en ninguna parte habla de los activos y pasivos, es decir, de las instalaciones y obligaciones que tiene la DNP. Esta empresa tenía una red de 69 gasolineras o estaciones de distribución, los analistas creen que una parte de esta red quedaría en manos de testaferros de los Ortega-Murillo y la otra son bienes que le pertenece a Petronic, o sea al Estado.