Actualmente, es necesario proveer de seguridad las relaciones que se desarrollan entre empresarios y consumidores, tomando en cuenta que la contratación en masa ha ubicado al consumidor en una situación de desprotección. El empresario, en razón de la cantidad de contratos que celebra cada día, se ha visto en la necesidad de crear las denominadas “condiciones generales”, que son redactadas de forma unilateral con la finalidad de que sean incorporadas a una generalidad de contratos, en los que el consumidor solo tiene la facultad de aceptarlas o no.	En este contexto, se ha visto debilitada la llamada autonomía privada, que se manifiesta en un doble sentido; por un lado, representa la libertad de cada sujeto de celebrar un contrato o no (libertad que desaparece en mercados monopólicos) y, por otro, representa la libertad de fijar los términos y condiciones. Es precisamente esta fase de negociación la que desaparece en la contratación por adhesión y, por ende, nace la necesidad de crear un sistema de protección dirigido a resguardar los intereses y derechos de ese sujeto que no participa en la elaboración de las condiciones. Normalmente, esa protección se hace por medio de tres tipos de control: a) control de incorporación; b) control de interpretación, cuya finalidad es garantizar el hecho de que las cláusulas ambiguas sean interpretadas del modo más favorable para el consumidor; y c) control de contenido, destinado a evitar la inclusión de cláusulas abusivas. En relación con lo anterior, destacaré en qué consisten el control de incorporación y el de interpretación.	El control de incorporación se desarrolla fundamentalmente por medio del establecimiento de dos requisitos; el primero es el requisito de información y claridad. En este sentido, la Ley 842 dispone que los contratos deben ser redactados en términos claros, comprensibles e impresos sin espacios en blanco; asimismo, la ley exige que los mismos sean redactados en letra Arial 12, y que no hagan remisión a otros documentos que no estén a la vista del consumidor o que no sean del conocimiento público.	El otro requisito se refiere al deber que tiene el empresario de entregar gratuitamente a las personas consumidoras o usuarias un tanto del mismo tenor del contrato suscrito. Sin embargo, esto puede presentar complicaciones en dependencia del bien o servicio, porque según varios expertos, se trata de una regla relativa por razón de la escasa cuantía de algunas prestaciones, o del carácter masificado de la contratación o, simplemente, de exigencias de celeridad, que no hacen habitual ni razonable que los contratos celebrados se documenten por escrito (piénsese en tintorerías, aparcamientos públicos, transportes públicos, etc.), de modo que la operación efectuada no se documenta o se documenta mediante tickets u otros instrumentos acreditativos.	En cuanto al control de interpretación, la Ley 842 dispone la denominada regla de la condición más beneficiosa para el consumidor. Es justo señalar que esta resulta clara, pues únicamente se trata de interpretar a favor de aquel que solo tuvo oportunidad de aceptar o no las condiciones, sin que mediara discusión sobre las mismas, y cualquier contradicción sería resuelta a su favor.	No obstante lo anterior, es indudable que el hecho de que existan condiciones preestablecidas y uniformes tiene ventajas incluso para el mismo consumidor, quien en muchas ocasiones no tiene el interés de participar en procesos de negociación, y únicamente le interesa la adquisición del producto o servicio. Además, el hecho de que existan condiciones predispuestas le facilita al consumidor o usuario la comparación que este puede hacer respecto de las condiciones de la oferta de un bien o servicio entre varios competidores, y elegir la que más le convenga.