El comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitó  usar las herramientas que la ley brinda al gobierno estadounidense para aumentar la presión política y financiera sobre la dictadura de Daniel Ortega.La carta fue enviada al secretario de Estado Mike Pompeo, a Mark Green de USAID y Steven Mnuchin, Secretario del Departamento del Tesoro. En la misiva solicitan a las entidades: La estrategia del departamento del tesoro para sancionar a más miembros del círculo cercano de los Ortega, que son responsables de violaciones a los derechos humanos,  que estén socavando el proceso de negociaciones, así como las condiciones para levantar las sanciones. El comité solicitó una actualización del Departamento del Tesoro sobre las acciones para que se cumpla con el requisito de la Ley de los derechos humanos y anticorrupción de Nicaragua (NICA-ACT) , de que el secretario del tesoro instruya a los directores ejecutivos de los EE. UU. ante las instituciones financieras internacionales a votar en contra de los préstamos al gobierno de Nicaragua, excepto para abordar las necesidades humanas básicas o promover la democracia, y el estado de trabajo de otros países donantes para desarrollar políticas para promover los derechos humanos en Nicaragua.En el punto número dos de la carta, los senadores del comité de relaciones exteriores, solicitan las instrucciones al departamneto de Estado y a la Agencia de cooperación USAID, sobre:a) Los esfuerzos de la administración para coordinar los próximos pasos con la Unión Europea, especialmente la implementación del marco que la UE adoptó en octubre para permitir sanciones específicas, incluidas prohibiciones de viaje y congelamiento de activos, contra individuos nicaragüenses para empujar al gobierno hacia negociaciones sustantivas y disuadir la conducta represiva.b) El plan de la administracion para generar presión internacional, particularmente en las Naciones Unidas y la Organización de los Estados americanos, OEA, sobre el gobierno nicaragüense para que cumpla los acuerdos que alcanzó con la alianza cívica en marzo y reanudar las conversaciones con un enfoque no solo en las reformas electorales, pero también en un plan para abordar los ciclos recurrentes de violencia del Estado y llevar a cabo investigaciones imparciales sobre los eventos del año pasado, incluidos los presuntos asesinatos sancionados por el Estado. c) Los esfuerzos para ayudar a los más de 80,000 nicaragüenses que han huido a Costa Rica, y si la administración se está involucrando o brindando apoyo a la comunidad nicaragüense desplazada en Costa Rica, así como cualquier plan para ayudar a las autoridades migratorias de Costa Rica abrumadas por la migración, para proporcionar ayuda financiera. apoyo a organizaciones humanitarias que trabajan para aliviar las sombrías condiciones de vida de los refugiados nicaragüenses y las comunidades de acogida costarricenses. d) El estado de los esfuerzos del Departamento de Estado y USAID para comprometerse con grupos de la sociedad civil en Nicaragua.Sobre lo expuesto en la carta de los senadores a las instituciones mencionadas de la Administración Trump, el politólogo Félix Maradiaga comentó  que " lacaja de herramientas de presión de la comunidad internacional, todavía es significativa. La contundente carta del Senado, emitida el día de hoy, es un ejemplo claro y fuerte".