El Consejo Permanente de la OEA ya había creado, el 9 de agosto de 2018, un “grupo de trabajo” integrado por representantes de 12 países de las Américas, con el mismo fin de contribuir a la búsqueda de una solución negociada de la crisis sociopolítica de Nicaragua. Pero la dictadura de Daniel Ortega vetó a aquella comisión de la OEA que estaba presidida por Canadá y ni siquiera permitió que sus miembros vinieran al país.	No se trata de lamentar ni de criticar la lentitud o la ineficacia de la OEA en el caso de Nicaragua, a pesar de la dramática violación masiva de los derechos humanos que ha ocurrido en este país, de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión, del desmantelamiento de la democracia y el establecimiento de una feroz dictadura policiaca.	Sin embargo, aunque sea con la parsimonia diplomática lo importante es que la OEA actúe. El dicho de que son los mismos nicaragüenses los que tienen que resolver la crisis de Nicaragua, no es totalmente cierto si se considera que el pueblo de este país ha luchado heroicamente y sigue luchando a pesar de la cruda represión. Pero es evidente que a pesar de todos sus esfuerzos y valentía, el pueblo de Nicaragua no puede liberarse y restaurar la democracia sin apoyo del exterior.	Una vez constituida la comisión especial sobre Nicaragua, aunque Ortega no le permita ni siquiera venir al país a cumplir su misión, lo menos que puede hacer la OEA es aligerar la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana al régimen dictatorial orteguista, con las sanciones colectivas y unilaterales que se deriven de esa decisión.