Por decisión unánime, la Corte Constitucional, el órgano que vela por el cumplimiento de la Carta Magna, decidió mantener las exigencias para el uso del pesticida en la lucha contra el narcotráfico, pero abrió una rendija para que el gobierno regrese a las fumigaciones siempre que se minimicen sus efectos adversos.	"Una de las prioridades del gobierno ha sido la protección del medio ambiente y la salud de los ciudadanos. En ese sentido, continuaremos trabajando en un marco que nos permita garantizar esos derechos, a la vez que podamos avanzar en la lucha contra el flagelo", señaló la ministra de Justicia, Margarita Cabello, en una declaración a los medios.	Tras lo resuelto por los magistrados este jueves, el Consejo Nacional de Estupefacientes - órgano responsable de la política antidrogas - tendrá que ponderar los riesgos a la salud y al medioambiente generados por el uso masivo del glifosato y el impacto del "problema de las drogas ilícitas", comentó la magistrada Gloria Ortiz.	La corte también le exige al gobierno que tenga en cuenta los compromisos alcanzados dentro del pacto paz de 2016 con la disuelta guerrilla de las FARC, que privilegian la sustitución voluntaria de los cultivos ilegales en acuerdo con los campesinos, a cambio de ayudas estatales para que dejen la actividad.