Tres de los cuatro miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo de la OEA, la CIDH y el Gobierno nicaragüense para ayudar en las pesquisas sobre esas protestas violentas ocurridas entre el 18 de abril y el 30 de mayo, debatieron sus hallazgos en la Americas Society de Nueva York.	El italiano Amerigo Incalcaterra, la guatemalteca Claudia Paz y Paz y el argentino Pablo Parenti, dijeron tener pendiente presentar el documento ante las víctimas en Nicaragua después de su expulsión de diciembre, que los llevó a hacerlo en Washington, adonde volvieron en enero y pidieron a otros países que inicien procesos judiciales.	Incalcaterra declaró a Efe tras el foro que dentro de la "recomendación" de buscar justicia universal "es importante que las propias víctimas se puedan organizar y reconstruir sus hechos a partir de recopilar toda su información", puesto que el GIEI tuvo interlocución con un grupo pero sabe "que hay mucho más".	"Nuestro pedido fue acotado y lo que vimos son atrocidades que se cometieron en seis semanas, pero la violencia continuó, se agravó y tuvo otro formato. Es sumamente importante que las víctimas retomen ese trabajo de organizarse y recabar información: es la única manera para que se pueda presentar ante un tribunal en otro país", explicó Incalcaterra.	En ese sentido, su compañera Claudia Paz y Paz conminó a que, ante un posible reinicio del diálogo nacional, tras la reunión entre Daniel Ortega y un grupo de empresarios este fin de semana, "se revise el informe" y que, en todo caso, "la medida más inmediata sea la liberación de los presos políticos".	Entre los asistentes a la charla en Nueva York se identificaron algunos exiliados, como una periodista de un medio oficialista que denunció persecución política tras su renuncia, Odalya Fernández, y un hombre que dijo haber sido detenido durante tres días, Alejandro Alemán, ambos escépticos con el diálogo y en busca de respuestas.	En el periodo analizado por el GIEI sin una colaboración por parte del Estado nicaragüense, pese a que se comprometió a ello, los expertos enumeraron 109 muertes, de las cuales 100 permanecen impunes y otras 9 "han sido judicializadas" como "casos en los que se inculpaba a chivos expiatorios", denunció Claudia Paz y Paz.	El informe también afirma que el "sistema de justicia penal fue un engranaje más en la cadena de violaciones de derechos humanos" y prueba de ello son las cifras de presos políticos, que varían entre 300 y 600, apuntó la experta, y no se han basado "en investigaciones fundamentadas sino en perseguir criminalmente la disidencia".