La denuncia fue interpuesta por José Venancio Berríos, Presidente de la Fundación Pro Voto de la Nación Nicaragüense, en compañía de Marcos Carmona, Director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, quienes alegaron que la resolución del Poder Electoral violenta los derechos de los ciudadanos de los municipios mencionados, ya que los magistrados no tienen potestad para tal posposición.	“Estamos en la Fiscalía para que se respeten los derechos de todos los nicaragüenses, creemos que hay que dejar un precedente por los abusos de autoridad que está cometiendo el CSE. Consideramos que están violentando la Constitución Política, la Ley Electoral y tratados internacionales, y no debemos dejar pasar más abusos de poder de estos funcionarios públicos”, expresó Carmona.	Confió que la Fiscalía trabajará con profesionalismo, y esperan que se le dé seguimiento, aunque también realizarán acciones complementarias visitando la Asamblea Nacional, para solicitar desde ya el desafuero de los magistrados Roberto Rivas, Emmet Lang, José Miguel Córdoba, Luis Benavides, René Herrera, José Luis Villavicencio y José Marenco Cardenal. Sin embargo, un posible desafuero no se podría hacer efectivo hasta que exista un caso concreto en contra de los funcionarios señalados.	“Esperamos que el doctor Julio Centeno Gómez, Fiscal General, actúe con la responsabilidad del caso, dándole curso a esta seria denuncia. Rechazamos esta resolución completamente arbitraria del CSE, que priva del derecho al voto a estos municipios de la Costa Atlántica, tomando en cuenta que nada va a cambiar en seis meses”, dijo Berríos, refiriéndose a las condiciones para garantizar la votación municipal, que es la excusa para la posposición de las elecciones en Prinzapolka, Waspam y Bilwi.	A tono con los diputados ante la Asamblea Nacional, el presidente del CSE, Roberto Rivas, arremetió contra los organismos cívicos, diciendo que se exceden en sus funciones de observadores. Al igual que los legisladores, Rivas dijo que el Ministerio de Gobernación debería revisar si todos estos organismos cumplen con la ley que los regula, y enfatizó sobre la necesidad de revisar sus personalidades jurídicas.	En el caso de la CPDH, Rivas señaló que “primero debería solventar su situación con la justicia nicaragüense, y debería aclarar por qué la Embajada (de Nicaragua en Washington) le dio todas las facilidades en tiempos del embajador (Salvador) Stadthagen, para ir (a Estados Unidos) a presentar acusaciones contra candidatos en este país”.	Rivas también dijo que el representante de la CPDH “debería explicar por qué fue el carro del embajador con el conductor pagado por el gobierno de Nicaragua, a recibirlo al aeropuerto (en Washington) y por qué fue llevado a hoteles y recibido por funcionarios del Departamento de Estado (de Estados Unidos), llevado por este embajador”.