El diputado José Pallais señaló que el sector energético, uno de los más sensibles y lucrativos del país, se ha convertido en el centro de atención de grupos económicos vinculados al partido FSLN, lo que explica la excesiva discrecionalidad y la falta de fiscalización con que el gobierno del presidente Daniel Ortega maneja este tema.	Edmundo Jarquín, coordinador político del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), también añadió: “Aquí ha habido tres anuncios de contrataciones internacionales, en el campo de la energía, que de no ser por el papel de los medios de comunicación, se hubieran llevado adelante, y nadie hubiera dado ninguna explicación sobre quiénes estaban detrás de esos negocios”.	“Lo que no se puede tolerar es que se utilice el poder para beneficiar a un sector en perjuicio de otro, dándole mayores facilidades, mayores privilegios, o utilizando información privilegiada que se tenga, o permitiendo que uno se instale más rápidamente, allanándole el camino. Esas son el tipo de conductas que están prohibidas en nuestras leyes”, afirmó.	“O a veces se hace en mixtura: se pone siempre el privilegio, la facilidad, las promesas. Se busca que alguien ponga un 30 ó 40 por ciento, y después se buscan facilidades crediticias, que pueden estar amparadas en el poder, o no necesariamente. Esos son los mecanismos más usados en toda la telaraña de la corrupción de la inversión en el mundo”, añadió.	Edmundo Jarquín, por su parte, explicó que en la negociación con Unión Fenosa, el presidente Ortega debe de garantizar transparencia. “Si ese es un proceso voluntario y negociado, y no es un proceso para apalancar, de un grupo privado a otro grupo privado, independientemente del sello político que tenga cada uno de los grupos privados, pues no debería de haber incontentes”, señaló.