La Policía Orteguista (PO) de Masaya desatendió una orden de desalojo en contra de unos ciudadanos con la excusa de que no cuentan con las «fuerzas policiales necesarias» para realizar dicha solicitud por estar con el «plan de seguridad ciudadana» en esa ciudad, lo que se traduciría a mantener la persecución y represión en contra de los pobladores.	Este hecho fue denunciado por el matrimonio de ancianos Alejandro Mercado Calero y María Isabel Hernández, quienes señalaron que Luis Álvarez Velásquez, Dionisia Mercado, Pánfilo Velásquez y Sofía Mercado Calero fueron los que invadieron las ocho manzanas de su propiedad, ubicada en el barrio Ignacio, en La Concepción, desde hace más de 40 años.	«Ellos como corresponde iniciaron un proceso civil (aproximadamente hace 15 años).  El Estado a través de los jueces le reconoció la legitimidad de estos ciudadanos como dueños. Como corresponde en este caso, fue nombrado un Juez de Ejecución y Embargo y este intentó hacer la restitución, que estamos hablando proceder a desalojar para dejar en posición a  los legítimos dueños», dijo Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).	«Cómo es posible que pudiera andar una patrulla y personal policial por seis horas en una situación abusiva, y no haya oficiales para restituirles el derecho conculcado a estos ciudadanos, y peor aún, violando el artículo 167 de la Constitución Política, que dice que las resoluciones y mandatos judiciales son de ineludible cumplimiento», manifestó Cuevas.