La Ley de Acceso a la Información no es en la actualidad la herramienta más eficaz para que la información sea realmente pública. Así lo demuestra un informe elaborado por la Fundación “Violeta Barrios de Chamorro” basado en las solicitudes que periodistas de medios de comunicación escritos hicieron a diversas instituciones del Estado.	De diez solicitudes para acceder a información pública, sólo tres fueron respondidas positivamente. La Ley de Acceso a la Información Pública fue aprobada el año pasado y su propósito es garantizar el ejercicio del derecho al acceso a los documentos, archivos y base de datos de las entidades o instituciones públicas, de las sociedades mixtas y de las subvencionadas por el Estado.	El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) se negaron a brindar la información requerida. El periodista de EL NUEVO DIARIO Oliver Gómez, pidió a ENEL el contrato por el suministro de repuestos y equipo para mantenimiento de plantas con línea de crédito entre esta empresa estatal y Gero Ibérica de Internacional, Gero–ICI, pero no recibió tales datos.	Luego de varias publicaciones en las que el gobierno se negó a explicar las razones por las que contrataron a Gero-ICI, EL NUEVO DIARIO pidió acceso a todos los documentos anexos a este contrato, entre ellos la garantía bancaria o de compañía de seguros de Gero–ICI; además a todos los documentos recibidos por ENEL y enviados por la Contraloría General de la República, CGR, donde se refieren a este contrato.	La Asamblea Nacional y el Ministerio de Educación son dos de las instituciones del Estado que, de acuerdo a las solicitudes hechas por los periodistas, cumplieron con la Ley. Dos periodistas del diario La Prensa que llenaron la hoja de solicitud para que el Parlamento les suministrase los nombres de los representantes legales de todas las Organizaciones No Gubernamentales, ONG, y cuánto se destina del presupuesto de la Asamblea Nacional para el pago de seguros de vida de los diputados, recibieron la información en tiempo y forma.	La ley clasifica la información en pública reservada y pública; la primera será clasificada como tal por el titular de cada entidad, y es aquella que puede poner en riesgo la integridad territorial del Estado o la defensa de la soberanía nacional. Es también aquella que al ser pública puede obstaculizar las actividades de prevención o persecución de los delitos, entre otros. Esta información será desclasificada en diez años.