lo informó citando fuentes diplomáticas con conocimiento del tema.A mediados de julio, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, instó a sus homólogos europeos a imponer sanciones de la UE a los responsables de “torturas” y muertes “trágicas” como la del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, que murió en junio bajo la custodia de las autoridades a las órdenes de Maduro.En una reunión el lunes al margen de la 74 Asamblea General de Naciones Unidas, un grupo de naciones latinoamericanas acordó imponer sanciones a miembros del gobierno venezolano."El mundo tiene que condenar a Maduro, pero principalmente Europa", dijo el martes en Nueva York Carlos Vecchio, embajador en Estados Unidos del gobierno encargado de Venezuela que lidera Juan Guaidó. "El régimen de Nicolás Maduro ha venido bypasseando las sanciones norteamericanas a través de Europa", agregó.Maduro, conserva el reconocimiento de la Asamblea General de la ONU, de 193 miembros, sostiene que Guaidó es un títere respaldado por Estados Unidos que busca dar un golpe de Estado.Funcionarios de Estados Unidos han criticado a países europeos por no tomar medidas para poner presión a miembros del gobierno en disputa de Venezuela, que apoyan a Nicolás Maduro.Las sanciones que están previstas para ser anunciadas el miércoles responden a “la petición de Borrell”. Si llega a concretarse, la decisión deberá ser formalizado más adelante por el Consejo Europeo.El gobierno de EE.UU. sancionó en julio a la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana (DGCIM) por la muerte del capitán Acosta y ha impuesto sanciones económicas a Caracas. Durante meses ha presionando al bloque europeo para elevar la presión sobre Maduro.Altos cargos venezolanos políticos y militares, entre ellos Diosdado Cabello, así como los vicepresidentes Tareck El Aissami y Delcy Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab, y el presidente del Tribunal Supremo venezolano, Maikel Moreno, han sido sancionados por la UE en dos rondas. Sus activos bajo jurisdicción europea están congelados y tienen prohibida la entrada a los países del bloque.El bloque europeo impuso en noviembre de 2017 un embargo de armas y equipos que puedan utilizarse para la represión o la vigilancia y aprobaron la base jurídica para poder congelar los activos de personas, empresas y organismos responsables de graves violaciones o abusos de los Derechos Humanos, de la represión de la sociedad civil y la oposición o socavar la democracia. Las sanciones han sido prorrogadas, un año más, hasta el 14 de noviembre de 2019.Esta previsto que los gobiernos europeos aprueben el miércoles la base jurídica para poder imponer sanciones a personas individuales en Nicaragua en caso necesario si la situación no mejora sobre el terreno.El bloque de 28 naciones amenazó en enero al gobierno de Daniel Ortega con explorar sanciones en caso de que la situación en Nicaragua no mejorara para tratar de resolver la crisis en el país.