Desde que asumió la Presidencia de la República, el 10 de enero de 2007, Daniel Ortega Saavedra inició una cruzada para imponer su estilo de gobierno, caracterizado en numerosas ocasiones por estar al margen de las leyes y reglamentos institucionales, y que en su primer año ya dejó como resultado una crisis severa en los poderes Legislativo y Judicial, según opositores a su partido y expertos constitucionalistas.	El experto constitucionalista Gabriel Álvarez consideró que 2007 ha sido un “muy lamentable y deplorable” año para el fortalecimiento de la institucionalidad y del Estado de Derecho, por las constantes acciones del presidente Ortega en contra de las normas legales del país que lo único que denotan son indicios de una voluntad “autoritaria y desprecio por la legalidad”.	“En un verdadero Estado de Derecho, los procedimientos y las formas son mucho más que meras formas, porque tienen que ver con la verdadera esencia de la democracia. Puede ser que una decisión no sea correcta, pero si cumplió con los procesos, es legal y es legítimo, pero en el caso del presidente Ortega, hace las cosas como le parecen, sin importar las leyes”, dijo Álvarez.	Álvarez indicó que, en este caso, si a Ortega no le gusta el escudo nacional oficial, lo que hubiese hecho es solicitar una reforma a la Asamblea para cambiar el símbolo, pero no tratar de imponerlo, aun cuando existe una resolución del Parlamento que le ordena no usar el escudo sicodélico en información oficial.	“Hasta una solicitud de 30 ó 25 millones de dólares, que se estaba introduciendo en la Asamblea Nacional, yo la rechacé, y se las devolví, y tuvieron que enviar la correspondencia con el escudo como dice la ley, aunque abajo hayan puesto el escudo de Woodstock. Pero aquí estamos obligándolos a que cumplan la Ley de Símbolos”, aseguró Navarro.	“Los cuadros superiores del Ejército y de la Policía estuvieron en una fiesta partidaria, como fue la fiesta del 10 de enero, que hizo el Frente, luego de la toma de posesión. Trató de involucrar al Ejército y a la Policía llevándolos a la fiesta política, algo que nunca se había dado”, recordó el diputado.	“Recientemente, en un discurso, dijo que el Ejército y la Policía no podían ser apolíticos. Entonces, quiere darle una vinculación partidaria al Ejército y a la Policía, que es otro de los atentados a la institucionalidad, porque si algo hay en lo que hemos avanzado, es en la institucionalidad del Ejército y de la Policía”, aseveró Navarro.	“La Ley de la Contraloría y la Ley de Probidad establecen que no podés darle cargos con función pública a parientes. Y él, reiteradamente, ha estado estableciendo cargos en el Conpes y en la secretaría de comunicación, para su esposa, la señora Murillo, que eso es ilegal, e implica sanciones para la persona que lo hace”, advirtió.	Álvarez dijo que en este caso Ortega “trata de imponer lo que quiere con una mente de monarca, soberano o emperador, dejando entrever que la ley no lo vincula al Gobierno, lo cual es peligrosísimo en cualquier sociedad, pero, sobre todo, porque se trata de nepotismo, y la historia de Nicaragua ya nos ha dado lecciones sobre ese tipo de intenciones”.	Sin embargo, entre las arbitrariedades que más atenten al cumplimiento de las leyes dentro de la actuación del Poder Ejecutivo, están el incumplimiento de los requisitos para dictar y ejecutar decretos, y la imposición como estructuras de gobierno, de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), creados en el seno del Frente Sandinista.	“Todos los decretos de la cartera, son nulos de nulidad absoluta: con los que crea a los CPC, con los que nombra a la señora Murillo, porque no lleva la firma de un secretario que le autorice los decretos, y la Constitución es clara, y dice que los decretos presidenciales deben ser sancionados por el secretario correspondiente”, sostuvo.	“Lo que quiere Ortega es establecer una vinculación paraestatal institucional de los CPC, como que son órganos del Estado, y es más, darles funciones y atribuciones de los ministerios, y asignarles recursos, que eso es atentatorio contra la Ley de Participación Ciudadana y contra el criterio de igualdad de la sociedad”, reiteró Wilfredo Navarro.	Álvarez estimó que si Ortega quiere en realidad mantener la estabilidad del país y evitar los choques que mantienen enfrentados a los poderes del Estado, debe respetar principios fundamentales que rigen en las verdaderas democracias como el de la Supremacía Constitucional, que dice la Constitución es la norma básica que debe acatarse.	El segundo principio es de la Legalidad, que dice que nadie tiene más competencias que las que la ley le señala, el principio de División de Poderes, porque cuando se trabaja en base a un Estado de Derecho, cada poder del Estado tiene un ámbito de actuación, y quien marca las grandes pautas de una sociedad es el Poder Legislativo, no el Ejecutivo.