Desde entonces, decenas de policías orteguistas cercaron la zona frontal de la iglesia, bloquearon las calles aledañas, rodearon los accesos directos al templo y violaron el derecho constitucional de la circulación ciudadana frente al lugar, así como le impidieron a empujones a la ciudadanía asistir a misa o donar víveres y agua a las madres en huelga y al padre Edwin Román.	Ante el abuso desmedido de las fuerzas represivas de la dictadura, el cardenal Leopoldo Brenes condenó el asedio e intimidación contra el padre Román e instó a “respetar la libre movilización”, según el artículo 54 de la Constitución Política de Nicaragua y el ejercicio de la libertad religiosa, que “es fundamento y garantía de todas las demás libertades de las personas y los pueblos”, en referencia a la prohibición de ingresar al templo y a los servicios religiosos.	En medio de la indignación nacional por el trato brutal y demencial de la policía de la dictadura, un grupo de sacerdotes quiso ingresar a la iglesia a entregarle su medicina al padre Román, pero los rabiosos policías impidieron durante más de una hora el acceso, del mismo modo que prohíben que alguien salga o entre a la iglesia San Miguel Arcángel.	El sacerdote, durante su estadía en la parroquia San Antonio, en Masaya, desarrolló un cáncer en la mandíbula que lo tuvo muy mal de salud. Con el apoyo de los feligreses logró pagar las terapias que le costaban 550 dólares cada una y logró curarse por completo, pero como secuela se le desarrolló diabetes, por lo que necesita inyecciones de insulina diarias que requieren refrigeración.