Para dar una idea, hasta hoy un trabajador requería de 2,080 semanas cotizadas para obtener el 80 por ciento de su salario como pensión de vejez, que era lo máximo permitido por ley. Esto equivalía a que un trabajador debía luchar por mantenerse activo en el mercado formal al menos cuarenta años antes de arribar a los sesenta años, que es la edad de jubilación en Nicaragua.	Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), en su cuenta de Twitter describe así a las nuevas pensiones: “Si antes las pensiones eran de hambre, ahora serán de miseria con la nueva fórmula. Una verdadera injusticia para aquellos que cotizaron toda una vida esperando seguridad económica en la vejez. Pasarán sus años de retiro en la miseria y hambre”.	En 2013, cuando se impulsó una reforma paramétrica al decreto de la Ley de Seguridad Social y se prometía que el INSS iba a sobrevivir más allá del año 2034, el asesor para asuntos económicos de la Presidencia, Bayardo Arce, con cifras de 2012 admitió esa distorsión del mercado laboral y reconoció que urgía aumentar la capacidad de retención de afiliados.	Y es que el régimen también se ensañó con los futuros pensionados, a quienes ahora les tomará como referencia para calcular su pensión el salario de los últimos siete años, en lugar de los cinco años como hasta ahora se hacía. Eso pese a que una gran mayoría de los salarios de los nicaragüenses no gozan de mantenimiento de valor, por lo que cada año se devalúan 5 por ciento.	“Las medidas son sólo parches de corto plazo a problemas más de fondo. Estas medidas van en contra del bienestar de los más pobres, la generación de empleos y la atracción de inversiones que tanto necesita el país”, según la Alianza, que “reitera que la solución a los problemas nacionales radica en la reanudación del Diálogo Nacional que atienda la actual crisis sociopolítica que atraviesa el país. Cualquier medida económica será inútil y estéril si primero no se resuelve la problemática política”.	El presidente ejecutivo del INSS, el capitán en retiro Roberto López, se negó ayer a responder cuántos años de sostenibilidad financiera tendrá la institución con la reforma a la seguridad social que están imponiendo. López se sumó este martes a las consultas sobre las propuestas de medidas fiscales también de la dictadura, que están discutiéndose en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional.	Las fuertes reformas a la seguridad social fueron avaladas por el presidente de la Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), Leonardo Torres, y el de la Asociación de Comerciantes de Mercados de Nicaragua (Acmnic), Jorge González, quienes repitieron el discurso de los funcionarios del régimen de que las medidas se necesitan para dar sostenibilidad financiera al INSS.	La diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Azucena Castillo, dijo que las reformas del régimen “son una aberración social”, por cuanto cotizarán más empresarios y trabajadores, el nuevo jubilado recibirá hasta un 30 por ciento menos de pensión de la que le correspondería, pero también porque “la carga más pesada recaerá en el 40 por ciento de los cotizantes con un mejor salario”.	Castillo, exministra de Comercio, afirmó que en la reunión López les dijo que en la práctica “la nueva base de cálculo de las pensiones a quienes se les aplicará es al 40 por ciento de la población” que cotiza al INSS, “que es la tiene salarios mayores, porque dicen que el otro 60 por ciento gana muy poco y no les pueden ‘rebajar’ ese 30 por ciento de su monto de pensión porque entonces quedarían debajo del salario mínimo”.