Roberto José López Gómez, de 48 años, tramita asilo político en Estados Unidos. Ahí estaba cuando una noticia que lo aturdió: «El Departamento del Tesoro te está sancionando por error como si vos fueras el presidente ejecutivo del INSS». La noticia lo impactó fuerte y pensó en lo peor: «Si me deportan por esto prácticamente me estarían condenando a la cárcel en Nicaragua», se dijo para sí mismo, mientras su pareja lloraba de aflicción por la mala noticia.	El Departamento del Tesoro de Estados Unidos cometió un error este jueves al publicar las sanciones en contra de tres funcionarios del régimen orteguista. Confundió a López con uno de los sancionados, el presidente ejecutivo del INSS, quien tiene los mismos nombres y los mismos apellidos.  Estados Unidos brindó la cédula y datos de este abogado que el año pasado se exilió precisamente por la represión orteguista.	«Yo desde un principio supe que era un error, que el Departamento del Tesoro no se refería a mí sino a Roberto José López Gómez el del INSS, pero por error pusieron mi cédula de identidad y eso cambia las cosas porque ya se convierte en un asunto legal», dice este concejal liberal que, tras el susto, corrió a buscar a un abogado para asesorarse en los siguientes pasos a tomar para recuperar su dignidad y el honor ante el error de haber sido confundido con una persona sancionada por Estados Unidos por corrupción y lavado de dinero con fondos públicos nicaragüenses.	El efecto de la mención de su nombre y la publicación de su cédula junto a un terrorista de Al Qaeda, un jefe policial acusado de asesinar a 107 personas en la represión y un magistrado electoral señalado de cometer fraudes electorales a favor del dictador Daniel Ortega, fue inmediato: ese mismo día cuando intentaba realizar una gestión bancaria le notificaron que su cuenta estaba cerrada.	«Eso me preocupa mucho porque yo estoy en un proceso legal de solicitud de asilo político, precisamente por ser perseguido político en Nicaragua y esto me puede afectar junto a mi familia», dijo evidentemente preocupado y antes de enterarse que el Departamento de Estado había rectificado su error y había recalcado que el verdadero sancionado por corrupción y lavado dinero con fondos del INSS era el otro Roberto José López Gómez, presidente ejecutivo del Seguro Social, nicaragüense nacido en Madrid, España, el 22 de abril de 1963 en España, con cédula 888-220463-0000A.	Roberto López  miró por la televisión a las feroces pandillas de la Juventud Sandinista apaleando a los ancianos de León la mañana del 18 de abril de 2018 y más tarde, junto a la Policía Orteguista, asaltar y golpear a los estudiantes universitarios que demandaban la derogación de las leoninas reformas del Seguro Social que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo querían imponer entonces.	Igual que miles de nicaragüenses, ardió en rabia y no dudó al día siguiente, sumarse a las protestas que encabezaron los estudiantes y jubilados de Granada en repudio a la despreciable actuación de la policía y sus bandas de agresores. Así que tomó su bandera azul y blanco y junto a decenas de vecinos salió a marchar y exigir el fin de la represión.	Cuando el régimen decidió aplastar a balazos las protestas con policías encapuchados, parapolicías y fanáticos de la Juventud Sandinista, el concejal pensó en trasladarse a Managua por un tiempo. Sin embargo decidió quedarse en su municipio y así comenzó una etapa de amenazas de muerte, hostigamiento y acoso policial, hasta que en agosto de 2018, lo acusaron penalmente de terrorismo y otros delitos fabricados por la fiscalía y la policía al servicio de la dictadura.	Según el acta judicial, lo acusaban de haber organizado junto a 18 personas más, una serie de atentados contra edificios y personas del Frente Sandinista, de haber organizado una banda de jóvenes en situación de riesgo para asolar la ciudad y de haber proveído armas y dinero a personas que habían participado en los tranques.	Abogado y notario de oficio, analizó que los delitos que le achacaban eran falsos y tenía todas las pruebas para defenderse, pero miró cómo la Policía Orteguista, junto a Fiscales del Ministerio Público y jueces, todos al servicio del régimen, violaban cualquier principio de legalidad de los procesos y podían condenarlo arbitrariamente a más de 25 años.