Los grupos de paramilitares que se mantienen operando desde el inicio de las protestas en abril de 2018 estarían involucrados en al menos 12 asesinatos que se han cometido en Nicaragua desde octubre de 2018 hasta el 15 de julio de este año, asegura la socióloga y especialista en seguridad Elvira Cuadra.	La participación de estos grupos armados, según la investigación que realiza la especialista, se confirma “ya sea porque hay evidencias o porque se puede identificar un patrón en la forma que se cometió el asesinato”. Asegura, además, que los paramilitares han sido señalados como responsables de los crímenes por “testigos o por familiares de las víctimas”, quienes además culpabilizan régimen de Daniel Ortega por los hechos.	Según un registro de Cuadra en ese periodo hubo 24 asesinatos, de los cuales nueve fueron contra ciudadanos que pertenecían a un partido político o que tenían relación con las protestas iniciadas en abril del año pasado. Esto confirmaría, según Cuadra, la existencia de “ejecuciones selectivas y asesinatos por motivaciones políticas” y que no se tratan de delitos comunes.	Según la especialista, el patrón en los crímenes contra los opositores se da por “la forma en que ocurrieron los asesinatos, la mayoría de ellos con armas de fuego, y otro elemento más es la concentración geográfica de los casos”. Además en algunos casos “el asesinato es cometido por grupos de tres sujetos (que) están utilizando motos”, sostiene.	Edgar Montenegro había sido señalado por la Policía Orteguista de liderar tranques y asesinar a un policía voluntario en El Rama. Una hija de éste dijo en su cuenta de Facebook que los sandinistas eran responsables de las muertes. “Hoy los asesinos sandinistas celebran que terminaron con la vida de mi padre y mi hermanito mayor… los héroes de mi vida; pero lo que dan es lástima, porque lo único que ganaron es el pasaje al infierno por tantas vidas que llevan ya en su lista”, aseguró la mujer.	Asimismo la investigadora señala que “el gobierno ha alentado y facilitado la confirmación, actuación y la impunidad de los grupos paramilitares integrados por simpatizantes fanatizados y porque hay una clara política de criminalización, persecución, vigilancia y agresiones a líderes sociales, especialmente prisioneros políticos excarcelados y aquellos que están en las zonas rurales”.	Cuando inició la represión en abril de 2018, simpatizantes del FSLN, exmilitares, entre otros, fueron armados para reprimir a los manifestantes que se levantaron contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Según reveló Brian Castner, asesor sénior y experto en armas y municiones del equipo de crisis de Amnistía Internacional (AI),	A un año de la crisis, los pobladores han denunciado la presencia de sujetos fuertemente armados en diferentes partes del país. En diciembre pasado, un bus de transporte colectivo de la ruta Bonanza – Managua fue secuestrado por un grupo de delincuentes vestidos de verde, con pasamontañas, armados con fusiles AK-47 y pistolas, confirmaron los pasajeros del bus.