Una “abrumadora mayoría” de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó que “advierten falta de voluntad política” de parte del régimen de Daniel Ortega para abordar temas claves en la mesa de negociaciones, analizó el doctor Carlos Tünnermann, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.	Para Tünnermann, la reciente sesión del Consejo Permanente de la OEA volvió a poner al país en “el radar” de la organización y “eso significa que la OEA no ha sacado de su foco de atención el caso Nicaragua”. Otra cosa —dijo el académico— “es que hubo países que en forma mayoritaria avalaron la agenda de la Alianza Cívica”.	“Dijeron que para resolver la crisis en Nicaragua se requiere que haya una Comisión de la Verdad creíble, que haya justicia, reparación y no repetición, y además dijeron que en este país se necesita tener procesos justos, transparentes, honestos y adelantados. En eso hubo coincidencia en la mayor parte de las intervenciones”, observó el jefe negociador del equipo de la Alianza Cívica.	Aunque en la OEA se ha visto con buenos ojos el acuerdo para la liberación de los presos políticos en un plazo no mayor de noventa días y también la presencia de la Cruz Roja Internacional en este proceso, no ha pasado inadvertido que el régimen de Ortega está violentando aquellos acuerdos relacionados con las garantías y los derechos constitucionales de los nicaragüenses.	“Ellos (los miembros de la OEA) están conscientes de que el proceso de negociación se encuentra en una etapa de reflexión y que no habrá nuevas reuniones mientras no haya de parte del Gobierno una voluntad política” para discutir los temas que la Alianza Cívica ha puesto sobre la mesa, aseguró Tünnermann.	Sin embargo, el régimen de Ortega sigue dando pruebas de que su voluntad política no existe. Una muestra, apuntó el académico, es lo que sucedió el sábado 30 de marzo, “cuando de forma violenta se reprimió a un grupo de personas que estaban ejerciendo el derecho de reunión que, según el artículo 53 de la Constitución, no necesita permiso previo”.	Los manifestantes se encontraban en un estacionamiento público, de manera que no interferían en la circulación vehicular ni en la peatonal, dos requisitos que establece el acuerdo firmado entre la Alianza Cívica y el Gobierno. En la OEA —señaló Tünnermann— consideraron “completamente injustificada la represión de la que fueron objeto estas personas y también consideraron que el Gobierno no ha dado muestras de voluntad de cumplimiento de los acuerdos relacionados con garantías y derechos constitucionales”.	“Estamos en un proceso de reflexión en lo que se refiere a los otros temas”, aclaró. Pero a los presos políticos se les está dando prioridad. “Ya ayer (viernes) tarde se le presentó a la Cruz Roja la depuración de la lista, que está hecha por el equipo técnico de la Alianza. Para nosotros en este momento es el tema prioritario y sobre eso vamos a seguir trabajando para acelerar la liberación de los presos”.