Los prófugos: Eduardo Padilla Ballesteros, de 30 años; Rafael Barrios Barraga, quien también se identificaba como Rufino Rubíes Vargas, de 40, ambos de origen colombiano, y los hondureños Mateo Mauricio Ávila, de 48 años, y Paco Antonio Antones Ayala, de 39, fueron capturados por la Fuerza Naval pasado 11 de agosto con mil 581 kilos de cocaína en aguas nacionales.	También se dio a la fuga Víctor Javier Francis, quien recientemente había sido condenado a ocho años de prisión por los delitos de robo con intimidación y posesión ilegal de armas de fuego, y el hondureño Dexter Samuel Máximo, detenido el pasado 26 de junio por el delito de tenencia ilegal de armas y contrabando aduanero.	Ayer, en horas de la tarde, arribó a esta ciudad una comisión de alto nivel encabezada por el segundo jefe nacional de Asuntos Internos, comisionado Manuel Zambrana, y oficiales del área de Auxilio Judicial e Inteligencia, que tienen la finalidad de investigar las circunstancias que llevaron a la fuga y determinar responsabilidades.	Una fuente aseguró que días antes del juicio llegaron a esta ciudad dos hombres de nacionalidad colombiana e ingresaron a la ciudad vía acuática, y mantuvieron comunicación con varias personas involucradas en el proceso. También señaló que se presume que estos extranjeros andaban negociando la libertad o la fuga de los acusados. Supuestamente se hacían acompañar de dos nicaragüenses que servían de guías, y eran quienes hacían los puentes de negociación.	“No quisiera decir yo ahorita cuál fue la causa, el motivo, inclusive no sabemos nosotros. Hay tres policías que no están, no sabemos si fueron cómplices de los que huyeron o si fueron llevados como rehenes. Estamos en un proceso investigativo, que en las próximas horas, yo espero que mañana (hoy) tengamos más claro el panorama, y les podamos decir exactamente qué paso en relación a la fuga”, expresó.	“De acuerdo con el Código Procesal Penal, nosotros deberíamos tener en nuestras celdas (a los detenidos) únicamente las 48 horas que tenemos para investigar, y dos o tres días más que se puede llevar el juez mientras se da la audiencia preliminar. Una vez que el juez dicta retención de libertad preventiva ya debería de estar en el Sistema Penitenciario, sin embargo, la Policía en este momento tiene un promedio de 900 personas detenidas en nuestras celdas como promedio diario. Muchas de ellas pasan hasta dos o tres meses”, señaló.	“Estoy esperando el informe desde el punto de vista administrativo de Asuntos Internos. Han quedado que me lo presentan mañana (hoy), y si hay presunción de algún otro tipo de responsabilidad, será trasladado el expediente a la Fiscalía. Ya hemos recapturado a dos de ellos, y creo que estamos sobre la pista para volverlos a tener en unos dos o tres días a todos nuevamente”, concluyó.