La oposición nicaragüenses apuesta fuerte con la Organización de Estados Americanos (OEA) al solicitar que declare la «ilegitimidad» del régimen de Daniel Ortega y Murillo, esto en base al informe de la Comisión especial del organismo que constata la ruptura constitucional por las violaciones a los derechos humanos y el abuso de poder de la dictadura.	En un comunicado conjunto la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) pidieron que el Consejo Permanente, cuando conozca de forma oficial el informe sobre la situación de Nicaragua,  apruebe un «claro  e inequívoco reconocimiento de la ilegitimidad de un gobierno que alteró el orden constitucional, al grado de destruir las bases de la democracia».	En consecuencia de la ruptura del orden constitucional cometido por el régimen de Ortega y Murillo, la UNAB y la Alianza Cívica esperan que se aprueben «todos los mecanismos  previstos en la Carta de la OEA y en la Carta Demmocrática Interamericana que contribuyan al restablecimiento de todas las garantías constitucionales y las libertades públicas», que la dictadura ha suspendido con la represión intensificada a partir del estallido de las protestas ciudadanas en abril del 2018.	José Pallais, jurista y miembro de la Alianza Cívica, explicó que la contundencia del informe de la Comisión de Alto nivel de la OEA es la base para declarar la ilegitimidad del régimen Ortega y Murillo, que abriría las puertas al resto de gobiernos del continente a establecer sanciones bilaterales políticas y económicas, e incluso suspender o romper relaciones diplomáticas con Nicaragua.	La Comisión de Alto nivel de la OEA fue constituida por mandato de la Asamblea General de cancilleres el  28 de agosto del 2019, como uno de los últimos esfuerzos diplomáticos para coadyuvar a la salida dialogada y pacífica a la crisis que existe en Nicaragua, debido a los crímenes cometidos por la dictadura orteguista contra las manifestaciones ciudadanas, que desde hace 19 meses demandan el cese de la represión, la liberación de los presos políticos así como reformas electorales para adelantar los comicios y que estos sean observados, transparentes y limpios.	Delegados de Paraguay, Argentina, Canadá, Estados Unidos y Jamaica integran la Comisión especial con quienes los funcionarios del régimen se negaron a conversar y hasta se les prohibió el ingreso a Nicaragua. Sin embargo los cinco embajadores, junto al jefe de gabinete del Secretario General de la OEA,  Gonzalo Koncke,  lograron los testimonios de cientos de víctimas, familiares de asesinados y presos políticos, excarcelados, estudiantes, campesinos, empresarios y defensores de derechos humanos en El Salvador y Washington, DC, Estados Unidos, donde debieron viajar las delegaciones.	El documento del órgano diplomático de la OEA fustiga que «la grave y continua violación de derechos humanos, así como el abuso de poder por el Gobierno de Nicaragua contravienen su propia Constitución de 1987, lo que da lugar a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua, como se describe en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana».	Se ha recomendado al Consejo Permanente  «declare que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua» y convocar de forma inmediata a un período de sesiones extraordinarias de la Asamblea General de cancilleres para que, en base al informe, adopten medidas contra la dictadura Ortega-Murillo.	En la Alianza Cívica y la UNAB confían en que el Consejo Permanente actúen conforme lo recomendado por su propio órgano y establezca claramente la ilegitimidad del régimen de Ortega y Murillo por haber roto el orden constitucional y por tanto democrático en Nicaragua, lo que contraviene sus obligaciones en base a la Carta Democrática Interamericana.	«Acogemos las conclusiones y recomendaciones de este informe, que constata lo que ha sido previamente denunciado por organismos especializados de la  OEA, del sistema de Naciones Unidas, del Parlamento y la Unión Europea, así como por agencias gubernamentales y no-gubernamentales defensoras de los derechos humanos. Y reiteramos que el pueblo nicaragüense vive bajo un régimen ilegitimo que criminaliza y reprime la protesta con  fuerza desproporcionada, sin posibilidad alguna de ampararse en instituciones independientes que hagan contrapeso al poder Ejecutivo», expresaron en el comunicado la UNAB y la Alianza.	El jurista y opositor Pallais refirió que la Comisión especial ha establecido en su informe que «Nicaragua no es una democracia» sino que impera un sistema dictatorial que está muy lejos de sus obligaciones de su propia Constitución así como internacionales, por lo que el único camino ahora es que los estados miembros de la OEA actúen en base a la Carta Democrática para presionar porque se restablezca el orden constitucional en el país.	La suspensión del país de la OEA está en duda por parte de la Alianza Cívica y la UNAB, debido a que se requieren 24 votos de los 34 estados miembros. Hasta ahora se han logrado máximo 21 votos a favor de las resoluciones condenatorias a la represión contra el pueblo por parte de la dictadura.	Sin embargo el apoyo de la mayoría de gobiernos del hemisferio (26 de 34) que han tenido en la OEA las resoluciones sobre la crisis en Bolivia, provocada por el fraude electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) que forzó la renuncia del presidente Evo Morales -quien pretendía reelegirse para un cuarto mandato-, da optimismo a la oposición nicaragüenses de que se lograrán los votos necesarios para elevar la presión para que cese la represión de la dictadura orteguista y se impulsen reformas electorales demandadas por el pueblo.	«Si ves la votación de ayer (miércoles) en la resolución sobre la crisis en Bolivia fue de 26 países. Eso te marca una tendencia de que los gobiernos están entendiendo que deben apoyar a los pueblos que sufren por la represión de sus regímenes, pero también en mandar el mensaje de que no están dispuestos a permitir un socavamiento de la democracia», refirió Pallais.