Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), uno de los organismos, cuya personería jurídica fue cancelada por la Asamblea Nacional, calificó la presentación gubernamental como “irreal” y afirmó que el Estado de Nicaragua ha violentado derechos fundamentales e “incumplido las recomendaciones de los exámenes anteriores” en la ONU.	El Gobierno nicaragüense también aseguró en Ginebra que respeta la libertad de prensa y de expresión, a pesar de que los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda están encarcelados y acusados judicialmente, la Aduana tiene retenidas materias primas de los periódicos desde hace siete meses, varios medios han sido allanados y cerrados, y más de 60 periodistas se han ido al exilio debido al acoso y persecución.	El informe oficial, enviado al Grupo de Trabajo sobre el EPU con fecha 28 de enero, explica en el inciso 134 que “se protege la libertad de prensa, no se persigue a ningún medio de comunicación, ni a periodistas por ejercer ese derecho en estricto apego a la Constitución Política y demás leyes. No existe proceso alguno, ni administrativo ni penal en contra de personas en su calidad de periodistas”.	En el punto 137, el Gobierno de Nicaragua afirma que “se garantiza plenamente el derecho de reunión pacífica, el cual no requiere de permiso previo; así como el derecho de las y los nicaragüenses a expresar libremente su pensamiento en público o privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio. Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad a la ley”.	Las protestas ciudadanas antigubernamentales, iniciadas en abril de 2018, y reprimidas con uso excesivo de la fiereza por las autoridades han dejado un saldo de al menos 325 muertos, más de dos mil heridos y más de 600 presos, según información constatada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la misión de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).	En Ginebra, el Cenidh solicitó la liberación de los manifestantes encarcelados y garantías de una “investigación pronta, exhaustiva, independiente y transparente de las denuncias de violación, tortura y otros malos tratos cometidos por la autoridad y quienes actúan como agentes de autoridad; exigir las debidas responsabilidades y proporcionar a las víctimas verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.	El Estado de Nicaragua también fue llamado a ratificar la “Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas” y propiciar las condiciones para el regreso de los equipos de la CIDH, el Mecanismo de Seguimiento Especial para Nicaragua (Meseni) y Oacnudh, para monitorear y documentar in situ la situación del país.	El Cenidh reclamó el restablecimiento de su personería jurídica y devolución de sus instalaciones y equipos, señalando que en el tema de derechos económicos, sociales y culturales, el Gobierno ha hecho un “inadecuado abordaje de la crisis sociopolítica” y esto ha ocasionado “efectos devastadores en la calidad de vida de la población”.	El Movimiento Autónomo de Mujeres expuso en Ginebra que el Gobierno continúa incumpliendo las recomendaciones del ciclo pasado del EPU. Por ejemplo, aseguró que no ha cumplido con ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, instrumentos fundamentales para evitar la impunidad de los crímenes de odio, género y de lesa humanidad.