La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reformó la sentencia donde la juez Segundo Penal de Juicio, Adela Cardoza, condenó a 25 y a 22 años de cárcel y al pago de una multa de cuatro millones de córdobas, a los miembros de la red internacional que traficaban drogas por diversos países, quienes ahora sólo deberán completar penas que van entre los trece y los diez años de prisión.	Los magistrados consideraron que no quedó probado durante el juicio oral, que Augusto Ramón Romero Muñoz, alias “Niko”; América Isabel, Edison Alexander y Victoria, todos ellos de apellido Luna Herrera, “hayan traspasado las fronteras nicaragüenses, por lo que tipificaron el caso como transporte de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas”, confirmó una fuente fiscal.	Según la acusación que en su momento presentó la Fiscalía, los Luna eran miembros de una organización internacional con conexiones en Cuba y Ecuador, que hasta su desarticulación se dedicaban a importar cocaína y heroína a Nicaragua para luego llevarla a otros países de América Latina y Europa, contratando muleros y distribuyéndose funciones.	Durante el juicio oral que culminó con la lectura de la sentencia condenatoria el nueve de diciembre de 2004, los abogados defensores de los procesados alegaron que el delito de tráfico internacional de drogas no quedó probado, porque a los Luna no les incautaron sustancia alguna, y que Romero, a quien la Policía le incautó tres kilos de cocaína, había sido detenido ilegalmente, argumentos que la juez rechazó en su momento, pero que fueron acogidos al menos parcialmente por los magistrados de la CSJ.	“La Sala Dos del TAM me ordenó que lo liberara y que continuara el juicio con el acusado en libertad. La doctora Marta Quezada disintió después que leyó el informe donde yo aclaré que hubo fuerza mayor, pero lo que pasa es que los magistrados no comprenden el alcance de los conceptos “fuerza mayor”, “caso fortuito” y “tiempo atribuible a la defensa”, confirmó un Juez de Juicio que pidió el anonimato.	Cabe explicar aquí que para interrumpir el cómputo del tiempo que debe durar un juicio (tres meses con reo detenido), se usan los conceptos de “fuerza mayor”, que es cuando hay un acontecimiento predecible, pero inevitable; “caso fortuito” que es un hecho impredecible e inevitable, y el tiempo atribuible a la defensa es aquel que se pierde por culpa de la defensa.