Almagro, incluso, se atrevió a decir en  Medellín, Colombia, que Daniel Ortega gobernaba, mientras en comparación con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, de quien dijo que si reprimía a su pueblo, una posición que provocó criticas de sectores opositores en Nicaragua, que han denunciado ha Ortega de represión y violador de derechos humanos.	La resolución constituye un ultimátum al dictador, Daniel Ortega,a quien le advierten que tenia 75 días para dar muestras de  resolver la crisis socio política del país,  retomando las negociaciones con la Alianza Cívica, y que de estas deriva la libertad de todos los presos políticos, libertad de prensa y movilización y reformas electorales para organizar elecciones anticipadas. Ante la resolución, Ortega ha puesto oídos sordos.	LA PRENSA ha consultado en diversas ocasiones a Gonzalo Espariz, portavoz de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre los avances de en la conformación de la comisión de alto nivel establecida en la resolución de cancilleres en Medellín, Colombia, pero éste solo se limita a responder que se debe tener paciencia, y que su repuesta oficial depende de la presidencia del Consejo Permanente de la OEA. Esta lentitud en el proceso fue uno de los puestos cuestionados por el excanciller Aguirre Sacasa.	En Medellín los cancilleres de América anunciaron mucho, incluyendo la creación de la comisión que viajaría a Nicaragua para entamar negociaciones al más alto nivel para resolver la crisis nicaragüense. También fijaron un máximo de 75 días para resolver la crisis sin precisar la fecha en que este plazo vencería. Pero desde ese entonces no pareciera que ha habido mucho progreso. Hace algunas semanas manifesté públicamente mi inquietud en cuanto a los cabos que quedaron sueltos después de Medellín, y lo que temía está pasando. En parte, esto se debe a la arcaica arquitectura de la OEA que favorece la indolencia. Y cuando esta coincide con el verano del hemisferio norte –que es una combinación de Semana Santa, Navidad y la Purísima en Nicaragua—Washington se vacía. Y los que se quedan en la capital trabajan en cámara lenta. Si sumas a estos factores el actuar de los que se oponen a acción internacional en Nicaragua, tenés la inmovilidad que estamos viendo. Este letargo es poderosísimo, y sólo un empujón fuerte puede superarlo. Hasta la fecha pareciera que nadie ha dado este empujón.	El silencio de la OEA refleja en parte el fenómeno del verano washingtoniano, pero también obedece a otros factores. Por ejemplo, la OEA es muy sensible a lo que piensan los gobernantes de sus países miembros. Esa es parte de su cultura. Y pecan, quizás, de una excesiva prudencia, especialmente en como el nuestro. Por otro lado, podría deberse a que no ha terminado de definirse una acción consensuada en cuanto a acciones especificas y sus tiempos en el caso de Nicaragua, sobre todo entre los miembros grandes.  Prefiere liderear desde atrás. Esto también es parte de su cultura. Un último punto.  Las declaraciones de Luis Almagro, su Secretario General, en vísperas de Medellín fueron ambivalentes en cuanto a la definición de la dictadura Ortega-Murillo. En vista de esto, quizás entre menos se pronuncie la Secretaría de la OEA, ¡mejor!”	La inercia de la OEA –y de sus países miembros que apoyan la democratización en Nicaragua– está contribuyendo a la institucionalización de nuestra crisis. Es decir, a su continuación, y a que se comience a ver como algo normal. Esto castiga a la economía y alimenta a la zozobra nacional que se traduce en una desesperanza colectiva de la mayoría de nuestros compatriotas. Todo esto, a su vez, favorece a El Carmen y a su estrategia de jugar a los tiempos y al agotamiento de la oposición y de la comunidad internacional.	A la Alianza Cívica no se le puede culpar por la parálisis de la OEA. Por ejemplo, algunos de sus integrantes estuvieron en Medellín cabildeando a favor de la democracia en Nicaragua. Y a partir de una carta que enviaron el 5 de julio a la Embajadora Smith de Grenada, quien ahora preside el Consejo Permanente de la OEA, han manifestado repetidamente que urge darle una solución pacífica a la crisis nicaragüense y acordar reformas electorales. En esto han sido diligentes.	No descarto a nada. Sé que la Alianza Cívica sostiene que cualquier reforma electoral carecería de legitimidad si no participasen ellos en su formulación. Pero esta opinión no es universalmente compartida, ni nacional ni internacionalmente. Por otro lado, el 19 de julio el Comandante Ortega le cantó cero a toda negociación con la Alianza Cívica, y no me sorprendería que él tratase de revivir el diálogo bilateral sobre reformas electorales que su gobierno inició con la OEA después del alto abstencionismo y la poca credibilidad de los comicios de 2016. Aunque algunos actores internacionales no viesen con buenos ojos a esta opción, podría satisfacer a otros. Estas contradicciones se acentúan cuando una crisis se institucionaliza.