El tiranicidio fue proclamado como derecho y practicado por la Revolución Francesa de 1789. Un poco antes, durante la Revolución Norteamericana de 1776 que dio origen a los Estados Unidos (EE. UU.), el prócer y uno de los padres de la patria, Thomas Jefferson, declaró que “el árbol de la libertad debe ser regado con la sangre de los patriotas y de los tiranos”.	Ejerciendo el supuesto derecho al tiranicidio, los revolucionarios franceses ejecutaron en la guillotina a los reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta. Por su parte los bolcheviques o comunistas rusos fusilaron extrajudicialmente al zar Nicolás II, junto a la zarina Alejandra y sus cinco hijos, incluyendo al pequeño y enfermizo Alexei, quien tenía 14 años de edad. Y en época reciente fue muy conocido —y ejemplar para muchos— el ajusticiamiento después de un simulacro de juicio del dictador comunista de Rumania, Nicolae Ceaucescu, y su mujer Elena Petrescu, de quien se decía que era peor que su malvado esposo.	Pero mucho antes de las revoluciones americana y francesa ya se discutía sobre el supuesto derecho al tiranicidio, inclusive desde una perspectiva religiosa. En el siglo XIII, el sacerdote dominico, teólogo y filósofo Tomás de Aquino, declarado santo por la Iglesia católica, escribió en su obra Gobierno de los Príncipes que “cuando la tiranía es en exceso intolerable algunos piensan que es virtud de fortaleza matar al tirano”. Sin embargo, el también llamado por la Iglesia Doctor Angélico, aclaró que es la autoridad pública la que debe proceder contra el tirano, no que cualquier individuo aislado haga justicia por sus propias manos. Y advirtió Tomás de Aquino que “cada tirano que se pretenda de eliminar por otro o por algún grupo acabarán terminando en otra tiranía… cometiéndose en demasía, arbitrariedades que serían más dañosas que la misma tiranía”. ¿No será este el caso de Nicaragua?