La sociedad nicaragüense, en sus diversas expresiones, viene demandando desde hace años, independencia absoluta del Poder Judicial, integrado por Jueces unipersonales  (Local y Distrito) y Colegiados (Tribunales de Apelaciones y Corte Suprema de  Justicia), para que las resoluciones judiciales se ajusten a lo preceptuado en el arto. 165  de la Constitución, que preceptúa que los Magistrados y Jueces sólo deben obediencia a  la Constitución y a la Ley.	Moros y cristianos, reconocen que es un eufemismo lo establecido  en la carta magna,  pues los Jueces y Magistrados, cierta y efectivamente no gozan ni tienen Independencia.  Las bases y los cimientos del Poder Judicial, se encuentran profundamente erosionados.  La ciudadanía no tiene confianza ni credibilidad en el actual sistema. La mayoría de los  nicaragüenses sienten y resienten que los Juzgadores básicamente responden a intereses  políticos-partidarios. Por un lado los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son  electos por la Asamblea Nacional, a propuesta de partidos políticos, llámese FSLN,  PLC, ALN O MRS, por manera que el candidato electo, en los cinco años que dura en  el cargo, debe dar muestras fehacientes de lealtad y fidelidad hacía el partido, si no  acata una orientación, lo seguro es que no será reelecto para otro periodo. Es obvio que  con el actual sistema, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no tienen el menor grado de independencia en el ejercicio del cargo.	Este círculo vicioso se repite en la elección de Magistrados de Tribunales de Apelaciones y Jueces, pues, la atribución de nombrar y destituir a éstos, corresponde a    la Corte Suprema de Justicia (arto.164.5 y 7 Cn.). En base a la esa atribución los 16  Magistrados de la CSJ, se distribuyen entre si, y hacen el nombramiento de los jueces  inferiores, todo de acuerdo a sus intereses y tendencias  partidarias. La persona que llega  al cargo de juez (unipersonal) o segundo grado (magistrado colegiado), no es por  méritos personales, porque compitió en concurso de oposición con otros abogados, sino  llega por propuesta de Magistrado de la CSJ, una vez nombrado, nace entre inferior y  superior, una relación cual aquél su subordina y depende administrativa  jurisdiccional  de éste. Son tantos los casos denunciados, en que han sido señalados Magistrados de la   CSJ, por incidir en las decisiones judiciales de sus inferiores.	El Poder Judicial tal como existe en estos momentos, es infuncional, ineficaz, inoperante, se requiere hacer toda una reingeniería en todo el sistema, para rescatar la   Independencia de Jueces y Magistrados. Es evidente y manifiesto que los  administradores de la ley, aplican justicia rápida y pronta, cuando el caso tiene  connotación política relevante. Por ello, no es causal que se cuestione la eficiencia del  TAM-DOS, quien en tiempo record, resolvió el Amparo contra los CPC, pero cuando el  recurrente es Juan Pueblo, los casos duran años, por ello la justicia brilla, pero en  sentido negativo, en retardación de justicia, indiferencia, displicencia y negligencia por  parte de los tribunales, en todos los niveles.	Es irónico que los Diputados de la Asamblea Nacional, en estos momentos, se rasguen  las vestiduras contra el Tribunal de Apelaciones de Managua, por amparar a la  velocidad de un rayo a los recurrentes contra la ley No. 630. Los padres de la patria  como buenos fariseos, reniegan de sus hijos (Magistrados de la CSJ) y de sus nietos  (Magistrados del TAM), porque lo resuelto por éste, no le fue favorable. Se olvidan que  fueron ellos, quienes dieron vida con el soplo divino, al actual Sistema judicial que  tenemos los nicaragüenses. El sistema de justicia en estos instantes, es bumerang para  los diputados, con lo cual se acredita, la enorme inseguridad jurídica que vivimos todos  sin distinción con el actual sistema, nadie puede decir que jurídicamente está seguro en  Nicaragua, no hay seguridad jurídica para los poderes del Estado, los políticos, ni para  los ciudadanos en general.	Qué hacer ante este dramático estado de cosas. Cómo lograr que los Jueces en este país,  sean absolutamente independientes y sólo se subordinen a la Constitución y a la Ley.  Quizá se tenga que: 1) Dar estabilidad en el cargo al funcionario del Poder Judicial, que  el Juez se mantenga indefinidamente en el puesto siempre que demuestre un buen  comportamiento. 2) Que los Magistrados de la CSJ, sean electos por la Asamblea   Nacional, sólo de ternas del Presidente de la República de turno, correspondiendo aquél  revisar la competencia y probidad del candidato. 3) Que la Asamblea Nacional, tenga la  atribución de nombrar a los Jueces y Magistrados de Tribunales de Apelaciones, para  que los Magistrados de la Corte Suprema, no tengan incidencia en los tribunales  inferiores. 4) Hay que crear del seno de la Asamblea Nacional, un Tribunal Político con  facultad de acusar administrativamente y destituir a todo funcionario público,  encontrado en actos de corrupción, incluyendo a miembros del Poder Judicial. Ojala   algún día, estas propuestas se materialicen en el país, para que las futuras generaciones  gocen de un Poder Judicial absolutamente independiente.