“La comunidad empresarial valoraba más la estabilidad que la sostenibilidad, creían que el crecimiento económico traería oportunidades para todos, pero se equivocaron”, señaló la señora Dogu en aquella ocasión. “Muchos nicaragüenses, en particular los del sector privado —repitió ahora Sullivan—, parecieron priorizar la estabilidad económica por sobre la integridad de las instituciones democráticas del país. Los eventos del año pasado pusieron de relieve los altos costos de descuidar estos cimientos de cualquier sociedad moderna”.	Pero el Embajador destacó también que ahora “los líderes de todo el sector privado… reconocen la necesidad de trabajar junto con otros miembros de la sociedad civil… para insistir en una restauración total del Estado de derecho y otras reformas esenciales”, refiriéndose a la participación frontal del empresariado en la lucha por la democracia.	Sullivan reiteró que la política de los EE.UU. “se centra en promover el fin a la represión, restaurar el pleno respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho, y apoyar elecciones anticipadas, libres y justas, como la mejor manera de resolver la crisis sociopolítica de Nicaragua”. Tras ese objetivo –dijo el embajador norteamericano—, “el mejor camino es la reanudación de las negociaciones del Gobierno de Nicaragua con la Alianza Cívica, para buscar acuerdos que puedan brindar una solución pacífica y democrática a la crisis”.	En general esta es la misma posición y la voluntad de la mayoría de los nicaragüenses. Solo algunas voces estridentes descalifican las negociaciones y denigran la demanda de un acuerdo con la dictadura de Ortega para la celebración de elecciones anticipadas y auténticas, libres, limpias y observadas internacionalmente. La gente sabe que este es el camino más razonable y el único viable para recuperar la libertad, restaurar la democracia y reconstruir la institucionalidad democrática que ha sido arrasada por la dictadura.