Los diputados ante la Asamblea Nacional ratificaron esta mañana la facultad de la Corte Plena para dirimir los conflictos de competencia y constitucionalidad entre los poderes del Estado nicaragüense. Además, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, queda con potestad para ordenar la suspensión de una ley, decreto, resolución o disposición motivo del conflicto de competencia.	Lo anterior es parte de la reforma a la Ley de Amparo que en tiempo record realizaron los legisladores, la cual incluye que ningún ciudadano podrá recurrir de amparo contra el proceso de formación de la ley; es decir, el tiempo que transcurre desde la presentación de una iniciativa, hasta la publicación de la legislación.	La Corte Plena tendrá 30 días pare resolver el conflicto constitucional, de no hacerlo en ese término, cada día que pase será descontado del salario de los magistrados de la Corte Suprema. Si pasan 60 días y aún no hay una resolución del recurso de competencia, la ley, decreto o disposición en cuestión, entrará automáticamente en vigencia, sin perjuicio de la posterior resolución del Poder Judicial.