La primera de las medidas exigía a la empresa que "pusiera límites" a las ventas de su herramienta de reconocimiento facial Rekognition a cuerpos de Policía, otras agencias de la ley y al Gobierno de EE.UU., mientras que la segunda pedía que grupos de defensa de los derechos humanos y civiles emitiesen un informe independiente sobre la tecnología.	Más de 7.500 empleados de la empresa firmaron una carta de apoyo a la petición que pedía a la dirección de Amazon que elaborase un informe en el que describiese sus planes para reducir su dependencia de los combustibles fósiles, que a día de hoy proveen de energía los centros de operaciones y de datos de la compañía.