Después de diez meses de un intento fallido por rescatar, a través de la figura de nacionalización, parte de su fortuna depositada en Bancorp,  el régimen de Daniel Ortega volvió este sábado 14 de diciembre a recurrir a la misma estrategia para capear de las sanciones de Estados Unidos a uno de sus negocios más lucrativos,que forman parte de su entramado económico: la importación y distribución de combustibles.	En pleno descanso de fin de semana, Ortega envió con carácter de urgencia una iniciativa de ley para rescatar parcialmente el negocio que durante años vino haciendo con activos propiedad del Estado, como eran las estaciones de combustibles y de almacenamiento de DNP, que desde junio del 2010 pasaron a ser administradas por allegados a la familia presidencial, luego de una turbia negociación y despojo a la multinacional suiza Glencore, según registros periodísticos.	Una operación «rescate» similar intentó Ortega en marzo de este año, cuando luego de que Estados Unidos sancionara al Banco Corporativo S.A (Bancorp), o el Banco de Albanisa, ordenó nacionalizar a la entidad y convertirla en el Banco Nacional,  aduciendo la necesidad del Estado de tener un banco propio, pese a que actualmente es propietario del Banco Produzcamos.	A diferencia de la transacción con DNP Petronic, en la ley que nacionalizaba a Bancorp el régimen públicamente ordenó que los nicaragüenses debían pagarle 23 millones de dólares (743.05 millones de córdobas), recursos que saldrían del Presupuesto General de la República durante cinco año con una tasa de interés del seis por ciento anual.	Esta es precisamente una de las primeras diferencias en el intento de rescate de los negocios del orteguismo. En la nacionalización del Bancorp, se generó de manera abierta una deuda que debía ser asumida por los nicaragüenses, en el caso de la nacionalización de inventarios de DNP al menos abiertamente no se estableció un endeudamiento público, aunque eso no necesariamente significa que no exista.	Los analistas explican que si hay algún reclamo de compensación por parte de los que administraban las operaciones de DNP Petronic- en este caso los allegados a la familia Ortega Murillo- posiblemente no se podrá saber, al menos en esta actual administración, debido a que la ley que nacionalizó estos inventarios de hidrocarburos  se impulsó como una operación de seguridad soberana.	Al considerarse una operación de seguridad soberana, explican fuentes, todos los acuerdos que giren en torno a  la nacionalización de los inventarios de DNP Petronic son considerados por ley como información reservada,  según la polémica Ley de Seguridad Soberana (ver artículo 14, Ley 919), que el mismo orteguismo se diseñó y aprobó en octubre del 2015.	De hecho en el artículo 1 de la Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense establece que dicha ley «se declara de seguridad soberana y de interés nacional todos los inventarios de combustibles y productos derivados del petróleo» de DNP.	Otro elemento a destacar es que cuando se aprobó la Ley para nacionalizar Bancorp , el Estado pasaría por completo a controlar los activos de dicho banco al convertirlo en el Banco Nacional, mientras que en el caso de DNP Petronic solamente adquiría sus reservas de combustibles, porque precisamente su red de distribución y centro de almacenamientos ya formarían  parte del inventario público, o al  menos una buena parte de esta . Es decir no se podía nacionalizar, lo que ya es propiedad del Estado, aunque administrado por allegados al orteguismo.	Sobre este último punto, no obstante, hay que aclarar que no todas las estaciones de combustibles que hoy operan bajo la marca  DNP Petronic son propiedad pública. Según fuentes conocedoras de las operaciones de esta empresa, algunas estaciones, principalmente las pequeñas en los departamentos, sí pueden ser propiedad de los detallistas, que tal vez fueron Texaco o Esso, y que cuando Glencore finaliza el periodo de arrendamiento en el 2010, varios concesionarios de estos decidieron mudarse a la marca DNP.	Según la fuente al ser la red de distribución propiedad de DNP «lo hace propiedad del gobierno…Ahora los inventarios (de combustibles) sí deberían ser propiedad de la administración actual de DNP… Sobre los pasivos, esos creo que son de la administración actual,o sea que el Estado era dueño de las gasolineras, los tanques, etc, pero los pasivos resultados de las actividades diarias (compras, ventas, deudas), de la administración actual, y eso es otra cosa».	No está claro si las 22 estaciones de combustibles que están bajo el control de Inversiones Zanzíbar son propiedad de DNP Petronic, porque según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, esta es una empresa «fachada» controlada por Rafael Ortega Murillo, que servía para ocultar las ganancias que generaba DNP, pero luego para adquirir estaciones de despacho para escapar de las sanciones de Estados Unidos.	No obstante, en junio del 2010, el Gobierno dio por finalizado el contrato con Glencore, a la que indemnizó y pagó unos 50 millones de dólares por inversiones en terminales petroleras en el Pacífico y la compra de la marca DNP, la que pasó a manos de Petronic, que fue involucrada en la creación de Albanisa, junto con la ahora sancionada Petróleos de Venezuela (PDVSA).	A la sombra de esos fondos, el negocio que pasó a ser administrado por la familia Ortega Murillo, comenzó a crecer y durante ese periodo llegó a amasar una ganancia de 426 millones de dólares, según estimaciones del especialista en mercados de hidrocarburos, César Arévalo,que basa sus cálculos en cifras del Ministerio de Energía y Minas (MEM).	Según el informe anual de hidrocarburos del MEM de 2012, citado por publicaciones periodísticas, el Gobierno afirmó que » a partir de esa fecha, junio de 2010, DNP opera y administra las mismas instalaciones de Petronic en todo el país, bajo contrato de arrendamiento. DNP abastece de Gasolina Súper y Diesel a la Costa Atlántica del país, mediante importaciones directas provenientes de Venezuela”.	A criterio del economista, que  pide no ser citado por temor a represalia gubernamental, es que el objetivo del Gobierno de Estados Unidos al sancionar DNP no era crear una crisis de desabastecimiento, «sino eliminar el negocio de la familia (Ortega- Murillo). Si se concede contrato de arrendamiento a otra entidad, quizá esta última pagando una compensación también, y luego los pagos por arrendamiento, recuperarían lo perdido».	Mientras con Bancorp, Ortega falló con su objetivo de recuperar su fortuna invertida, con el caso de DNP Petronic aún está por verse si Estados Unidos actúa con quienes pasen administrar los bienes sancionados, en este caso el inventario y los que asuman la administración de las estaciones, si finalmente la dictadura devuelve al Estado lo que le pertenece.