Pese a que la Ley de Promoción y Competencia (Ley 601), cuyo fin es mejorar las condiciones económicas del país y permitir un comercio no excluyente, ya fue aprobada por la Asamblea Nacional el año pasado, aún falta crear una instancia que regule y haga cumplir las normas establecidas en ella. Razón que ha motivado a los micro, pequeños y medianos comerciantes de las Mipymes de Masaya a reunirse con los promotores de la ley para establecer sus prioridades, necesidades y dudas acerca de este proyecto, antes de iniciarse, con el fin de ser favorecidos y no perjudicados.	Sin embargo, tras un rosario de normas que pretenden mejorar al final la calidad de los productos y superar las deficiencias en el comercio nicaragüense, para algunos comerciantes de esta ciudad, aún existen algunas dudas como: ¿qué tan eficiente puede llegar hacer una institución que regule esta Ley? ¿Realmente velará por los intereses de las Mipymes?	Contestando a estas interrogantes, don Adrián Meza, miembro por Masaya de la junta directiva del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), expresó durante la actividad que la única manera de lograr que la ley los favorezca, es estando unidos y creando lazos fuertes entre ellos mismos, "para poder superar todos los obstáculos que encuentren a su paso", dijo.	"Sabemos que actualmente nuestro principal problema es que hay desequilibrio en los precios, y eso nos afecta debido a que las ventas bajan y las pérdidas aumentan, por lo tanto debemos tener confianza en esta ley y presionar al gobierno para que cree lo antes posible una instancia que la regule, y pueda fijar precios que no deberán ser alterados", indicó Meza.	Asimismo, Silvia Torres, representante del grupo de artesanos "Raíces", manifestó que con esta Ley de Promoción y Competencia, espera --en un futuro no lejano-- no ser absorbida o excluida por la monopolización que están ejerciendo actualmente grandes empresas nacionales e internacionales, las cuales no dejan espacio en los mercados a los pequeños empresarios.	"Solicitamos también que este proyecto nos permita desarrollarnos en un entorno de igualdad de oportunidades, y que sus representantes puedan exigir a las autoridades del Estado que nos apoyen en renovar nuestras herramientas de trabajo. Debido a que están obsoletas y eso crea una competencia desleal con los otros países desarrollados que introducen sus productos a muy bajos precios, ya que trabajan con maquinarias modernas que abaratan los costos de producción", destacó Torres.	No obstante, al encuentro, el licenciado Haraxa Sandino, economista y consultor, y uno de los propuestos para formar parte de ProCompetencia (la institución que normará la Ley de Competencia), enfatizó que poner a andar la Ley en Nicaragua realmente urge, debido a la crisis económica que está atravesando la población, por los altos precios de la canasta básica, entre otros productos, que únicamente están estancando el comercio local.	Cabe decir que de crearse ProCompetencia en el país, las sanciones para aquellos empresarios que corrompan las acciones comerciales y pasen por encima de esta ley, serán del diez por ciento de sus ventas anuales, equivalente para las grandes empresas a casi a un millón de dólares, que posteriormente serán utilizados en proyectos y obras sociales en beneficio de la población nicaragüense.