En doce años del régimen de Daniel Ortega han sido asesinados 55 líderes campesinos, crímenes que han quedado en la impunidad porque la mayoría de las muertes fueron vinculadas por la Policía o el Ejército a «enfrentamientos» al señalarlos de pertenecer a grupos de delincuentes. En otros casos ni siquiera se ha dado una declaración o se ha hecho investigación de los posibles motivos de esos crímenes.	Los treinta campesinos opositores asesinados en el presente año superan los 25 crímenes de líderes que sucedieron entre 2008 y 2017, de acuerdo a los registros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, organismo despojado de su personería jurídica por la dictadura orteguista en represión por las denuncias contra los abusos a los derechos humanos.	Los miembros de la CIDH en la audiencia abierta sobre la situación de los campesinos en Nicaragua escucharon los detalles de la persecución, asedio y asesinatos que sufren los campesinos adversos a la dictadura de Ortega, que ha obligado a miles de productores a abandonar sus parcelas y exiliarse, la mayoría en Costa Rica donde sobreviven en situaciones precarias.	La defensora Wendy Flores, directora de dicho colectivo, fue la encargada de exponer la gravedad de la criminalización por parte del régimen orteguista contra el campesinado, que ha plantado cara desde el 2013 al oponerse a que fuesen confiscadas sus propiedades que estaban en la ruta del proyecto del Gran Canal Interoceánico.	En el departamento de Jinotega, en la zona norte de Nicaragua, es donde se denuncia la mayor cacería contra los campesinos opositores al régimen, ya que 22 han sido asesinados ahí en el presente año. Otras tres personas estaban refugiados en Honduras cuando fueron asesinados, había huido del asedio y amenazas de la PO y parapolicias del régimen. Un campesino nicaragüense murió en Costa Rica, que según autoridades costarricenses fue abatido por militares del Ejército de Nicaragua.	«Como en el caso de Oliver Montenegro, asesinado el 23 de enero de este año en Jinotega, a quien le dejaron su rostro desfigurado a balazos y machetazos. Según sus familiares en el acto hubo participación de policías combinados con paramilitares. Para agravar la situación de su familia, entre junio y julio, fueron asesinados su hermano Edgar Montenegro, su sobrino Yalmar Zeledón ambos en Honduras y su cuñado Francisco Blandón en Wiwilí». Este fue parte de la demoledora denuncia contra la dictadura de Ortega.	Se logró determinar que los perpetradores de los crímenes «operaban en grupos de dos o hasta 18 personas», como en el asesinato de Jesús Gregorio Montano, ocurrido el pasado 14 de abril, que, «según testigos, cerca de 18 paramilitares rodearon su propiedad y se lo llevaron, siendo luego encontrado con cuatro impactos de bala en su cuerpo y señas de tortura».	Se precisa en el informe que de los 25 campesinos asesinados entre 2008 y 2017 al menos 25 eran líderes opositores al régimen, de los cuales doce fueron perpetrados en territorio hondureño. En 14 de esos crímenes la Policía los reportó como “enfrentamientos” u operaciones realizados por el Ejército o la Policía y en al menos la mitad de los casos, por fuerzas combinadas contra supuestos grupos de delincuentes, a quienes vinculaban a casos de abigeato o narcotráfico.	Una de las características que indican que hay una represión gubernamental dirigida a acabar con la oposición en el campo, según el organismo, es que los operativos de la Policía Orteguista (PO) y el Ejército han sido de alta «efectividad expresada en el alto número de fallecidos en un corto tiempo, lo que sugiere la culminación de un trabajo de inteligencia, siendo evidente que el objetivo era matar y no capturar».	Uno de los casos graves expuestos de la estrategia de exterminio es el de los hijos y esposo de Elsa Valle. El hecho ocurrió en noviembre de 2017, en un operativo militar en la comunidad San Pablo 22, donde ejecutaron a seis personas entre ellos dos menores de edad. Los seis cuerpos fueron enterrados en fosas comunes y hasta el día de hoy, Elea Valle, madre de los niños, exige la entrega de sus cuerpos. La PO y el Ejército se niegan a investigar y a entregar los cuerpos de las víctimas.	La CIDH conoció además de primera mano cómo el aparato policial, el Ministerio Público y el sistema judicial son extensiones del brazo represor contra los opositores con el testimonio de Medardo Mairena, excarcelado político y dirigente del Movimiento Campesino Anticanal. Mairena y los otros líderes campesinos Pedro Mena y Orlando Icabalceta, fueron condenados a entre 159 y 200 años porque el régimen les responsabilizó, sin pruebas, de la muerte de cuatro policías en el municipio de Morrito, en el departamento de Río San Juan, así como por terrorismo y otros delitos. Mairena, Mena e Icabalceta estaban en Managua cuando sucedió el asesinato.