Las contrataciones públicas son un factor clave en la performance de la ejecución del gasto público. El Estado dispone año con año de recursos multimillonarios que son contemplados en el presupuesto general de la nación y cuya ejecución es confiada a los responsables de las distintas instituciones que conforman el sector público.	Las leyes nicaragüenses, en teoría, dotan a los contralores y servidores públicos de herramientas suficientes para ejecutar el gasto público con un buen nivel de transparencia. Efectivamente, si de leyes se trata ahí están. Ése no es el problema. El asunto es que estas leyes sucumben ante toda una estructura paralela compleja, profunda y muy poderosa; estructura perversa y bien articulada de corrupción que se expande por todo el sistema de gestión pública atrapándolo entre los poderosísimos tentáculos de los intereses creados, de los servilismos a ultranza y el oportunismo descarado a expensas del interés supremo de la nación y de la ética que debería tener el servidor público.	La corrupción pública en Nicaragua es principalmente de carácter vertical y descendente. Se origina en las más altas esferas del gobierno (y no sólo del actual gobierno sandinista, también de los anteriores) y se derrama hacia los mandos intermedios y llegando incluso a los más humildes puestos públicos. Es toda una cultura, una pasión y una terrible falta de valores de nuestra sociedad. Esta forma de proceder y de administrar el país tiene un costo enorme.	Según el estudio de Transparencia Internacional publicado sobre este tema el pasado mes de febrero, un promedio del 70% del presupuesto de los países se gasta mediante contratos públicos. La pérdida por corrupción está en un rango de entre el 10 y el 25% de este monto; llegando en algunos casos hasta el 40%.	Urge una verdadera Ley de Acceso a la Información. La información sobre la gestión pública y sobre los encargados de la administración de los recursos del Estado debe ser del dominio público y estar disponible para que cualquier ciudadano pueda consultarla en cualquier momento. El secretismo institucionalizado en el actual gobierno atenta contra la transparencia de la gestión pública, que no es un regalo que tengan que hacerle los gobernantes al pueblo de Nicaragua, sino un derecho. Las decisiones tomadas a espaldas de la ciudadanía y que implican desembolsos de recursos muy importantes son un indicio clarísimo de un apañamiento oficial e institucionalizado a las prácticas de corrupción.	El mejor ejemplo del uso antojadizo y desregulado del erario lo dio el actual partido gobernante, que de entrada contrató la compra, renta o alquiler (no se tiene certeza de lo que haya sido como contrato) de las plantas de generación de electricidad venidas de Venezuela. Se quiso justificar esa compra oscura con el triste argumento de que la urgencia de la crisis energética del país imponía hacerlo de esa forma, directa y sin control alguno. Menuda justificación en la que se han amparado algunos políticos parásitos de mucha influencia en el país, que, ellos mismos son los que muchas veces generan las crisis o ayudan a agudizarlas para dar estos zarpazos al presupuesto nacional.	En la actualidad, es prácticamente imposible para un ciudadano común exigir información sobre la forma en que se ejecutan los presupuestos de las distintas instituciones públicas del país. Incluso a los medios de información les resulta muy difícil obtenerla y muchas veces hacen titánicos esfuerzos de periodismo investigativo para destapar los escándalos de malos manejos que se dan en las instituciones.	Desafortunadamente, Nicaragua se ha convertido en un país en donde un ministro expone su cabeza por dar una entrevista sin el visto bueno del Big-Brother que lo controla todo en el Estado. Necesitamos una ley de acceso a la información fuerte y que dé origen y beligerancia a un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, mismo que debe ser independiente y una especie de contralor; un vigilante y garante de que las instituciones públicas den información al ciudadano.	La corrupción es un problema muy grande en Nicaragua y en América Latina, y corresponde a todos los ciudadanos actuar para combatirla, ya que nos mantiene sometidos a la pobreza permanente. La corrupción no debe ser un asunto inherente a la clase política, y de esta manera la sociedad nicaragüense desarrollar una tolerancia cómplice o simplemente conformarse con ella.	No es un asunto político y no debe ser un instrumento de persecución, ya que la practican todos los partidos que llegan al poder. Casos como la carretera que construyó Hispánica de los cuales ya nadie habla ni se acuerda son la apuesta segura que hacen los políticos a que sus fechorías quedarán impunes. Como ciudadanos tenemos que hacer algo al respecto.