En Nicaragua, el 70% de las denuncias conocidas corresponden a delitos menores o faltas penales como: hurtos, robos, lesiones, maltrato, escándalos en la vía pública, amenazas, daños a la propiedad. En los últimos tres años, aproximadamente 75 mil personas fueron perjudicadas anualmente por estos hechos, ese universo vincula directamente a al menos medio millón de personas (10% de la población total). Dichos casos pueden adsorber los “esfuerzos formales” de las instituciones y a veces se cae en la tentación de no darles importancia y tratarlos casi despectivamente con la categoría de “delitos de bagatela”, calificación basada casi exclusivamente en el valor económico causado o en la identificación de un daño catalogado como menor, sin embargo, para la persona afectada por un hecho criminal cualquiera,  el caso no es “bagatela” ni insignificante, sino que la importancia dependerá de un conjunto de factores vinculados con la propia realidad del individuo. El Estado no puede caer en el error de menospreciar el hecho y subvalorar a la víctima sólo porque, de  acuerdo con parámetros relativos,  el monto de lo robado o hurtado es de 400 córdobas, por ejemplo, o porque la lesión física causada por el agresor “sana” en tres o cinco días, cuando ese daño económico, quizás se vuelve crítico para una persona desempleada, o cuando el objeto robado tiene valores imposibles de calcular por razones emotivas, de necesidad y circunstancias propias, o porque el daño dejará secuelas de otro tipo por la relación víctima y victimario o el riesgo futuro percibido o real en el afectado(a).	El Estado, a través de los órganos policial, forense, fiscal y judicial, suele ser indiferente al delito considerado como menor, está agobiado y rebasado en sus capacidades y “prefiere centrarse” en el delito grave, sin embargo, las víctimas de dichos hechos  representan el mayor porcentaje, generan y reproducen con facilidad una percepción de desconfianza, impotencia e inseguridad.  En los(as) afectados(as), mayoritariamente personas de escasos recursos, sin formación jurídica sobre códigos y procesos ni posibilidades de acceso al poder y sus influencias, prevalece, en consecuencia, un estado de “desamparo”.	Hay una contradicción, sin embargo, estos casos menores son fáciles de resolver,  casi están esclarecidos desde el momento del aviso a la autoridad competente (excepto muchos delitos de hurtos y robos), tales como lesiones, amenazas, daños a la propiedad, casi siempre se sabe quién es el causante, se requieren pequeñas diligencias, que al ser muchos los casos, se vuelven numerosas.   La solución de gran cantidad de hechos menores mejora la estadística de eficacia y respuesta institucional. Es posible estimar que el “esclarecimiento” de casos menores sea mayor al de los mayores, aunque estas respuestas son formales y la víctima en términos reales cuenta muy poco.	El número de denuncias de delitos menores tiene alta “cifra oscura”, su reducción es inseparable al nivel de confianza en las instituciones encargadas, a la accesibilidad de los servicios policiales, a la simplificación de los trámites y reducción de costos por interponer una denuncia (costos legales e ilegales).  Los delitos graves tienen una menor “cifra oscura”, normalmente los ciudadanos dan aviso o el sistema estatal de manera oficiosa conoce.  Por lo anterior, no es casual, que el número de denuncias con respecto a la población en Suecia es mayor que en Colombia, por ejemplo,  y en Nicaragua mayor que en Guatemala.	Las instituciones vinculadas con la investigación criminal y la seguridad pública están obligadas a atender con importancia este tipo de hechos que afectan a la mayor parte de la población, obligando a identificar procesos eficaces, expeditos y oportunos de respuesta al delito menor, mecanismos descentralizados, atención diferenciada y protección a la víctima, planes de prevención, estrechos vínculos con las organizaciones locales, promover alternativas de resolución temprana y respuesta oportuna.	Por un lado la inmensa cantidad de casos menos graves abruma fácilmente al sistema, esa excesiva cantidad implica un mayoritario número de personas afectadas que esperan alguna respuesta del Estado.  Por otro, el volumen de hechos limita la capacidad de respuesta institucional, incluso, lleva a la indiferencia, provocando creciente incomodidad e inseguridad que se difunde sigilosa pero ampliamente en el tejido social, no mata, pero molesta, es una espina afectando la convivencia, generando temores e incertidumbres.	El dilema también está en NO DESPRECIAR institucionalmente los CASOS MENORES  y en NO AGOBIARSE  por su volumen excesivo.   La solución se ve entre la creación de mecanismos institucionales de respuesta apropiada e inmediata a la gran cantidad de personas afectadas por “presuntas cuestiones menores” sin menoscabar la importancia que para ellas representan sus problemas,  y a la vez no distraer los esfuerzos técnicos, humanos y operativos de los casos graves, principalmente aquellos complejos que requieren mayor tiempo y mejores capacidades.	Un homicidio tiene un impacto dramático en la sociedad, representa la máxima gravedad delictiva por cuanto afecta el “bien jurídico tutelado de mayor importancia”: la vida humana.   Sin embargo,  un hurto, una lesión menor, la amenaza,  un escándalo, un pleito en el vecindario, el abuso del consumo de licor y drogas alteran la tranquilidad del barrio, generan una creciente percepción de inseguridad y son caldo de cultivo que puede llegar a desencadenar niveles mayores de violencia criminal. Atender el delito menor con eficacia, participación social, identificar y actuar sobre sus causas criminológicas,  es prevenir la ocurrencia futura de hechos más graves que se van generando y evolucionando.