La lentitud en las acciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) ante la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua la pretende aprovechar la dictadura de Daniel Ortega, quien estaría presionando a la Secretaría General del organismo para que se preste a legitimar el proceso de consultas con los partidos políticos que montará el régimen, según información que maneja José Pallais, directivo de la Alianza Cívica (AC).	«Conocemos que el régimen presiona a la Secretaria General para que facilite la negociación fuera de la mesa de negociación con la Alianza Cívica, porque solo quiere a sus partidos que le conviene. Hasta el momento sabemos que no ha obtenido la aceptación de que la Secretaría General de la OEA esté dispuesta, entendemos que no hay respuesta ni negativa ni positiva», explicó Pallais a LA PRENSA.	Ha pasado mes y medio desde que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) orientó al Consejo Permanente a conformar una comisión diplomática de alto nivel que gestionará en Nicaragua el restablecimiento de las negociaciones entre el régimen orteguista y la opositora Alianza Cívica, a fin de lograr un acuerdo que ponga fin a la crisis sociopolítica que sufre el país desde hace 16 meses.  Hasta ahora el Consejo Permanente no ha cumplido ese mandato.	El dictador Daniel Ortega, el pasado 30 de julio, dio por terminado el diálogo nacional con la Alianza Cívica, que agrupa a estudiantes, campesinos, empresarios, productores y la sociedad civil que ha mantenido resistencia contra el régimen desde abril del 2018 cuando iniciaron las protestas ciudadanas. La intención de Ortega es negociar con los partidos políticos tradicionales, que son considerados como sus colaboradores, reformas electorales que le permitan al orteguismo mantenerse en el poder.	El secretario general de la OEA, Luis Almagro, no se ha pronunciado públicamente sobre la decisión de Ortega de acabar con las negociaciones con la Alianza Cívica. El excanciller uruguayo guarda silencio sobre el por qué del retraso de casi dos meses para conformarse la comisión diplomática, que de acuerdo a la resolución de la Asamblea General de cancilleres en Medellín, Colombia, en un plazo máximo de 75 días deberá informar sobre los resultados de sus gestiones para lograr un acuerdo entre la dictadura orteguista y la Alianza Cívica.	«El objetivo de negociar con los partidos que le favorecen es preservar el control del aparato electoral para garantizarse el acomodo de las cifras de las votaciones frente a la posibilidad real de perder las elecciones, porque sabe que en unas elecciones libres y transparentes y con la participación de observadores internacionales y nacionales con credibilidad Ortega pierde», afirmó Pallais.