Rabbé también es acusado de haber autorizado la contratación de 42 plazas irregulares para su servicio, de acuerdo con las pesquisas apoyadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por la ONU que ha contribuido en la revelación de importantes casos de corrupción y que dejará de funcionar en septiembre.