A partir de abril de 2018, cuando iniciaron las protestas antigubernamentales, a cientos de manifestantes heridos les fue negada la atención médica en los hospitales, debido a que existía una orden de Sonia Castro, por entonces titular del Ministerio de Salud (Minsa), para no atenderles y a quienes contravinieron esa disposición fueron despedidos.	Debido a la responsabilidad de Castro en la represión hacia la población civil, la ministra de salud fue sancionada en junio de este año por el Departamento del Tesoro estadounidense, bajo la Ley Nica Act, posteriormente a finales de julio, Castro fue removida del cargo de ministra y nombrada bajo el cargo de “asesora en temas de salud”.	En una visita al país realizada en mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió numerosas denuncias de que en varios hospitales públicos se había negado atención a manifestantes heridos. El organismo también documentó casos en los cuales las autoridades de hospitales públicos exigieron que los familiares de manifestantes muertos renunciaran a su derecho a denunciar los casos para que les entregaran los cuerpos de sus familiares o la partida de defunción.