El socavamiento de los derechos políticos de los ciudadanos nicaragüenses comenzó con el pacto. Ortega pasó de gobernar desde abajo a hacerlo desde arriba, para luego sentar las bases de la dictadura que se fue consolidando con la complacencia de la élite económica. Las cúpulas políticas y económicas sacaron grandes dividendos mientras duraron la cooperación venezolana y la paciencia de un pueblo que sufría la corrupción generalizada, la represión selectiva, las injusticias tributarias, las arbitrariedades de un sistema judicial y policial politizado, mientras el poder legislativo y el electoral se encargaban, a través de leyes y fraudes, de sacar del juego político a las fuerzas opositoras.	Pero las operaciones matemáticas y la destrucción de la institucionalidad terminaron por no cuadrar. Al agotarse el modelo estalló el descontento popular y las protestas masivas no se hicieron esperar. El dantesco impacto de los crímenes cometidos por los Ortega Murillo aterrorizó a la comunidad internacional, la cual ha respondido de forma coherente y firme al condenar al régimen y mostrar su determinación de estar dispuesta a obligarlo a detener la represión haciendo uso de los mecanismos a su disposición. Esta reacción solidaria a nivel mundial ha sido posible gracias a la heroicidad de los nicaragüenses.	Ante la incapacidad de detener las sanciones Ortega llama a sus antiguos socios intentando revivir la relación que una vez tuvieron. Sin embargo, quisiera pensar que la élite económica, ante la tragedia en la que está sumida Nicaragua, ha hecho una lectura correcta que con este régimen y con soluciones a medias, no hay futuro posible.	La estancia de Ortega en el poder hace el país ingobernable política y económicamente, por su aislamiento internacional, la pérdida de legitimidad por sus crímenes de lesa humanidad y la falta de inversiones nacionales y extranjeras. Sería de esperarse que ante esta situación, la élite económica cierre filas respaldando las demandas de la población.	La élite económica está llamada a pedir a Ortega con determinación y en consonancia con la declaración de la Alianza Cívica del 8 de marzo, en la que plantea el cumplimiento de estas precondiciones como requisito para el diálogo; de lo contrario, cualquier negociación que desconozca estas premisas, carecerá de legitimidad y tendremos un nuevo baño de sangre y ciclos interminables de violencia.	La élite económica tiene la oportunidad de empujar la balanza hacia el lado correcto de la historia, promoviendo cambios para la superación del modelo económico y político excluyente, cuyo resultado ha sido el engendro de esta dictadura nefasta. El reto ahora es sentar las bases sólidas para transitar hacia la democracia.