El Departamento de Asuntos Internos de la Justicia de Mato Grosso deberá enviar informaciones detalladas del polémico evento, que tuvo el apoyo de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) en ese estado, al Consejo Nacional de Justicia (CNJ), institución pública que vela por el trabajo del sistema judiciario en el país.	De acuerdo con la CNJ, el evento en el que menores, en su mayoría adolescentes que nunca fueron adoptados, desfilaron ante el público para ganar "visibilidad", fue autorizado por la jueza de Derecho de la Infancia Gleide Bispo Santos y tuvo el apoyo de la Comisión de Infancia y Juventud de la OAB en Mato Grosso.	"Hay varias otras formas y campañas para la adopción que no exponen los niños y adolescentes y que nos los vuelven a poner otra vez como víctimas", apuntó la AJD. Los organizadores, la OAB de Mato Grosso y la Asociación Matogrossense de Investigación y Apoyo a la Adopción (Ampara), divulgaron una nota conjunta en la que afirman que el evento "nunca" tuvo como "objetivo" presentar a los menores para que se "concretara su adopción" y que ninguno de los menores fue "obligado" a desfilar.	"Los niños y adolescentes que desfilaron lo hicieron en compañía de sus padrinos o con sus padres adoptivos", añadió el texto de la OAB regional, entidad que regula el ejercicio de la profesión de abogado en el país. No obstante, para la AJD, el evento abandonó lo estipulado en el Código del Menor, a pesar de la buena intención de "dar visibilidad a los niños y jóvenes entre cuatro y 17 años aptos para la adopción" y del aval de los propios menores, pero terminó "exponiéndolos" como "mercancía".	El Gobierno, a través de la Secretaría Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, manifestó en una nota su "repudio" al evento y recordó que el Estatuto del Niño y del Adolescente "atribuye a la sociedad y al Estado el deber de proteger integralmente" a los menores en su "identidad y emociones".