“A un año de la publicación de su Informe final ´Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua´, la Comisión reitera al Estado de Nicaragua el deber de dar cumplimiento a las recomendaciones 1 y 2 con el fin de ´cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas´, así como respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. Así como la recomendación 8, para que el Estado desmantele los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostiguen a la población civil”, especifica la CIDH en su informe.	“Mantener abiertos procesos penales injustificados tiene impactos negativos para los derechos de las personas recién liberadas derivadas de la propia incertidumbre de su situación jurídica. La sola posibilidad de que las causas penales sean reactivadas en cualquier momento genera un efecto disuasivo para el ejercicio de sus derechos”, señaló el Comisionado Joel Hernández, relator de la CIDH sobre los derechos de las personas Privadas de Libertad.	“la CIDH reitera al Estado de Nicaragua su llamado para cesar la represión, desactivar el ambiente de intimidación que permanece en todo el país y, en particular, garantizar de manera prioritaria: la restitución inmediata de personerías jurídicas a organizaciones de la sociedad civil; la apertura al escrutinio internacional con presencia del MESENI de la CIDH y la OACNUDH; la devolución inmediata de bienes a medios de comunicación afectados por retenciones, requisas u ocupación de instalaciones; la garantía de un retorno seguro para todas las personas desplazadas en el contexto de la crisis; la garantía de investigaciones imparciales y diligentes a las violaciones a los derechos humanos. Esto incluye la creación de órganos que aseguren imparcialidad en la administración de justicia; reparación integral para las víctimas de conformidad con los estándares internacionales y garantías de no repetición a través de reformas institucionales apropiadas; y, el desmantelamiento de grupos parapoliciales y terceros armados que continúan hostigando a la población civil”, apunta el organismo en su comunicado.