Además de darle el argumento jurídico a los defensores de Arnoldo Alemán para lograr su libertad, el Código Penal protegerá mejor a la sociedad. Aun así, los legisladores “quedan en deuda en materia de derechos humanos”, asegura la jurista María Asunción Moreno, quien analiza el error de derogar el aborto terapéutico e insiste en que “están a tiempo de subsanar el error”	Antes de que termine noviembre, los diputados ante la Asamblea Nacional pondrán punto final al Código Penal y una nueva era iniciará en Nicaragua. La derogación del aborto terapéutico y la diferenciación entre el lavado de dinero por narcotráfico y por corrupción, son algunos de los puntos polémicos de este Código, que promete llenar muchos vacíos legales.	Para María Asunción Moreno, penalista y catedrática de la Universidad Centroamericana (UCA), el Código Penal que entrará en vigencia el año próximo da respuesta a nuevas formas de delincuencia que en el Código vigente no están incluidas, pues fue inspirado en el Código español de 1800 y aprobado durante la administración de Anastasio Somoza Debayle, en 1974.	En el Capítulo XVII, sobre el lavado de dinero, bienes y activos, hay un artículo que podría darle la libertad al ex presidente Arnoldo Alemán, quien fue condenado a 20 años de prisión por lavado de dinero. Su condena, sin embargo, no está firme, porque Alemán interpuso un recurso de amparo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no se ha pronunciado al respecto.	Pero como el delito de lavado de dinero que está contemplado en el Código Penal vigente es referido al narcotráfico, y el que supuestamente cometió Alemán proviene de la corrupción, el nuevo Código, al establecer las diferencias, le da las bases legales para lograr su libertad. Explica la jurista que en las legislaciones de otros países, las penas para los que cometen este delito suelen ser igual de bajas que la que está contemplada en Nicaragua.	Moreno descarta que este artículo del Código esté hecho a la medida de Alemán, porque, argumenta, la idea de cambiar el Código empezó desde 1999. “La coyuntura legislativa le ha beneficiado, no se puede detener la modernización porque se beneficie a dos o tres personas si le da tantas bondades a la sociedad”, expresa, y agrega que la diferenciación entre los tres tipos de lavado permitirá a los jueces dar un tratamiento más adecuado.	Si la defensa de Alemán aprovecha la oportunidad, como seguramente lo hará, pedirá la liquidación de pena, pues el reo ya cumplió los cinco años. Además del Código Penal, Alemán tiene la Constitución a su favor. El artículo 38 de la Carta Magna dice que la “ley no tiene efecto retroactivo, excepto cuando favorece en materia penal”. Con estos argumentos el ex presidente podrá gozar de su libertad sin que nadie le llame reo.	Un ejemplo de los males que aunque son comunes no estaban penados, son los delitos contra la seguridad de tránsito. El artículo 326 establece que quien conduzca cualquier tipo de vehículo --aéreo, terrestre o acuático, dedicado al transporte colectivo o servicio público-- bajo los efectos de fármacos, drogas o bebidas alcohólicas, será sancionado con prisión de seis meses a tres años y privación del derecho de conducir u operar vehículos por el mismo tiempo.	Pero así como el Código Penal incluye artículos que representan un gran avance para la sociedad, hay otros donde las penas son desproporcionadas. El artículo 236, sobre el aprovechamiento indebido del fluido eléctrico, agua y telecomunicaciones, castiga a los que hagan conexiones ilegales con penas que van de uno a tres años.	“Quien por medio de una conexión ilegal o alterando los sistemas de control y medición obtenga o utilice para sí o para un tercero los servicio de agua, electricidad o telecomunicaciones u otros servicios públicos, con perjuicio para la empresa suplidora o de otro usuario, por un monto mensual igual o superior a tres salarios mensuales del sector industrial, será sancionado con pena de prisión de uno a tres años, y de cien a trescientos días multa”, reza el artículo 236.	Si hay algo que lamentar en el nuevo Código Penal es la derogación del aborto terapéutico. “Nos dejaron dos opciones a las mujeres y dos a los médicos”, explica la especialista en Derecho Penal, María Asunción Moreno. Las mujeres con riesgos quirúrgicos tendrán que escoger entre morir o ir a la cárcel. Los médicos, en cambio, sólo tienen una opción: la cárcel.	“El médico que deja morir a una mujer comete homicidio imprudente o culposo porque pudo salvarla y no lo hizo”, dice Moreno, quien considera que las más perjudicadas serán las mujeres de estratos socioeconómicos bajos, que no pueden ir a otro país a realizarse el aborto terapéutico, y los médicos que trabajan en los hospitales públicos, que es donde se tiene mayor control.	Si los legisladores no revierten esta situación, la única opción que tienen los médicos es alegar el caso de necesidad, que significa que el médico tuvo que escoger “el bien jurídico más importante”. “Pero el médico tendrá que enfrentar la justicia y demostrar su inocencia. Y después, ¿quién le restituye el prestigio a ese profesional?”, cuestiona Moreno Castillo.	Además de la penalización del aborto terapéutico, uno de los puntos que causó controversia durante la discusión y aprobación del nuevo Código Penal fue la definición de las sanciones carcelarias para el delito de lavado de dinero; pero más allá de las penas, lo que realmente causó asombro fue la rapidez con que abogados, funcionarios y políticos en general, asociaron las nuevas sanciones con un beneficio para el ex presidente Arnoldo Alemán.	El siete de diciembre de 2003, Alemán se convirtió en el primer condenado a 20 años de prisión por el delito de lavado de dinero conforme a la Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas (Ley 285). Su abogado, Mauricio Martínez, argumentó hasta la saciedad que su cliente no podía ser enjuiciado por este ilícito dado que no tenía origen en el narcotráfico.	Con justa razón o no, el delito de lavado “simple” quedó sancionado con penas mínimas de cinco años de cárcel, y máximas de siete. El presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, defendió la tesis de que una vez en vigencia, el defensor de Alemán podrá invocar el nuevo Código Penal para beneficiar a su cliente.	“Hay que recordar que la Constitución Política establece que la ley no puede ser retroactiva, excepto cuando favorece al reo”, explicó Pallais. Aunque Pallais lo ha negado, hay quienes encuentran mucha suspicacia en las sanciones establecidas; otros juristas consideran que lo único que hizo el Poder Legislativo fue adecuar las sanciones de acuerdo con otros países de América Latina.