En la consulta de la reforma a Ley contra el terrorismo y lavado de dinero (Ley 977) solo participaron las instituciones señaladas de reprimir a los nicaragüenses, como son la Policía, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ejército, mientras que a las asociaciones de  abogados y notarios públicos, que se les obligará a rendir informes ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ni siquiera se les invitó al proceso.	Evidencia de que hablar con los representantes de esas instituciones estatales fue un mero trámite es el hecho que el dictamen favorable por mayoría de la reforma a la Ley 977 quedó firmado este miércoles en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, al finalizar el encuentro con esos órganos. De esa forma, la reforma a la Ley contra el terrorismo quedó lista para ser aprobada, lo que se espera sea la próxima semana que el plenario del Legislativo sesione.	El dictador Daniel Ortega mandó a reformar la “Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” para incorporar a los notarios públicos y abogados a presentar informes sobre operaciones sospechosas de delitos de sus clientes relacionados con esa ley.	El Colegio de Abogados en Formación así como juristas independientes han rechazado la reforma a la Ley 799 porque consideran que a esos profesionales los conventirían en espías de las empresas y personas naturales que busquen sus servicios, pero también porque acabaría con el derecho constitucional a la defensa y el debido proceso porque la CSJ conocería desde un principio los supuestos señalamientos contra la ley de una persona sin que ésta haya enfrentado una acusación.	El comisionado Lenin Sosa, del Departamento Legal de la PO y el coronel Léster Gallo, de la secretaría del Ejército junto al juez Quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, Julio César Arias Roque, fueron los que dieron el aval a los cambios a la Ley contra el terrorismo como los pide el régimen orteguista.	Arias Roque ha destacado durante la crisis sociopolítica por ser uno de los siete jueces que se han encargado de procesar y condenar a los más de setecientos presos políticos usando precisamente la Ley contra el terrorismo. Esa norma la usa el régimen para criminalizar las protestas cívicas que desde abril del 2018 demandan la salida del poder de los dictadores  Daniel Ortega y Rosario Murillo.	El experto en temas constitucionales, Gabriel Álvarez, consideró que si bien los organismos internacionales como el Gafic vienen ampliando los mecanismos para combatir el lavado de dinero  del crimen organizado, señaló que eso no significa que los gobiernos deben excederse o utilizar como excusa esas obligaciones para violentar los derechos de los ciudadanos.	En ese sentido el experto señaló que en Nicaragua con el régimen Ortega y Murillo no existe la separación de poderes, puesto que la Policía, la Fiscalía, los jueces no son independientes sino que responder a intereses de la dictadura y eso quedó demostrado en que estas tres instituciones son las que han “encarcelado, acusado y sentenciado a las personas que han protestado” durante el último año.	Álvarez tampoco está de acuerdo en que sea la CSJ donde se presenten abogados y notarios los reportes de las operaciones sospechosas en base a la Ley 799, debido a que hay riesgo de que la información sea usada con fines políticos, pues señaló que “el Poder Judicial tiene una institucionalidad deteriorada y desprestigada ante la sociedad” por su sometimiento al dictador Ortega.