La primera ruta de la propuesta se dirige a personas acusadas, no detenidas que se encuentran ausentes o en rebeldía. Para ellos, la forma de proceder del Ministerio Público, según el planteamiento de los abogados, es que se presente por escrito un manifiesto a la falta de pruebas y el sobreseimiento a favor de los acusados, que sería ejecutado en un período de un día, teniendo en cuenta los precedentes en casos de contexto.	En el quinto caso están las personas condenadas, a las que se les deberá revocar las sentencias en segunda instancia y el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República deben comprometerse “a no casar las sentencias absolutorias dictadas por los tribunales de apelaciones a favor de aquellas personas condenadas por presuntos delitos cometidos en el contexto de las protestas sociales. Las personas serán puestas en libertad de manera inmediata, una vez que se dicte la orden de libertad”.	Esto se da porque la mayoría de los manifestantes excarcelados tienen libertad condicionada y los juicios en su contra continúan, a pesar de que en los acuerdos firmados en la mesa de negociación entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Gobierno, se especifica que todos los manifestantes serían liberados de forma definitiva y los procesos judiciales se anularían.	“Son las salidas jurídicas para un cierre definitivo de estos casos; es decir, que el día de mañana el prisionero que ha sido preso político en este contexto, pueda tener una sentencia, en el caso de que ya ha sido condenado, una sentencia de no culpabilidad, para que no posea ningún tipo de antecedentes”, explicó Cruz.	“Existen diferentes rutas, como para las personas acusadas y que están rebeldes, que son ciudadanos que fueron acusados, lograron irse al exilio y están impedidos de regresar porque tienen una orden de captura. Ellos deben regresar sin temor a ser apresados, son supuestos que nosotros planteamos”, comentó Cruz al finalizar la presentación formal del documento.	“Se indica que la amnistía es inaceptable por ser una estrategia política para beneficiar a personas que no están siendo procesadas, pero que posiblemente pudieron haber incurrido en delitos en el contexto de la crisis política”, expresa el documento elaborado por los abogados y titulado “Rutas de salida legal para la liberación definitiva de las personas presas políticas”.