El descontento hacia el régimen de Daniel Ortega no ha disminuido entre los nicaragüenses, quienes ante la reducción de sus derechos para manifestarse optan por escoger «espacios seguros». Esta afirmación es parte del panorama de la restricción del régimen orteguista y de la resistencia popular que recoge en su informe de septiembre sobre la Coyuntura social, política y económica la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).	El pasado 28 de septiembre se cumplió un año de las prohibiciones a las marchas ciudadanas por parte de la Policía Orteguista (PO), instaurándose un estado de sitio de facto por parte de la dictadura de Daniel Ortega con la suspensión de hecho de los derechos constitucionales como la libertad de expresión y manifestación pacífica.	Funides presenta en su informe una evaluación sobre la situación social y política en Nicaragua señalando que la prohibición gubernamental a la manifestación tienen su efecto por cuanto las protestas públicas en las calles han mermado en un ochenta por ciento en comparación al 2018, año en que con el estallido de la crisis la población se volcó casi a diario a expresar su rechazo al régimen.	Desde el 18 de abril del 2018 «se gestó una inesperada oleada de más de 2,000 manifestaciones en Nicaragua» como resultado del repudio, en un principio de unas reformas al sistema de pensiones unilateral del régimen pero por la represión de las fuerzas gubernamentales contra estudiantes y pensionados que protestaron contra esas reformas, rápidamente fueron para exigir la salida del poder de Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo y en demanda del adelanto de las elecciones.	La estrategia de la PO de ocupar los espacios públicos, las detenciones arbitrarias y la prohibición de las marchas de sectores sociales adversos al régimen ha ocasionado que entre enero y septiembre de 2019 se contabilicen 286 manifestaciones, cifra que es inferior en 86 por ciento en comparación al mismo periodo de 2018 cuando sucedieron 2,029 manifestaciones.	En cuanto a los tipos de manifestaciones realizadas en el año, el 46 por ciento han sido piquetes exprés, seguido de declaraciones públicas (17 por ciento) y reuniones con autoridades (13 por ciento). Managua es la zona del país donde ahora se concentran las protestas, esto como resultado de la reducción de espacio por parte de la PO.	Es notorio que la represión orteguista no ha socavado las demandas de los ciudadanos, tales como el respeto al derecho de libre manifestación; la democratización y justicia por los al menos 328 asesinatos, más de dos mil heridos y otros crímenes de los que organismos de derechos humanos nacionales e internacionales responsabilizan a la dictadura Ortega-Murillo.	Desde el 1 de enero hasta el 20 de septiembre de 2019, se han documentado 137 comunicados internacionales rechazando la represión y haciendo llamado al régimen Ortega-Murillo a restablecer el diálogo con la oposición agrupada en la Alianza Cívica para encontrar una salida a la crisis sociopolítica de manera pacífica.	La prohibición del ingreso a Nicaragua a la comisión de alto nivel diplomático creada en la Organización de Estados Americanos (OEA) para coadyuvar a la salida pacífica de la crisis  y los ataques de la PO a las protestas convocadas por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) en la conmemoración de las fiestas patrias, el 14 y 15 de septiembre, fueron de las últimas situaciones por las que hubo pronunciamientos por parte de la comunidad internacional.