“Son palabras clásicas de un Poder Judicial que no respeta la sensibilidad nacional”. Así fueron tildadas por el Cenidh las declaraciones del magistrado Manuel Martínez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien justificó las diferentes acciones policiales y del Ejército en las zonas rurales, aunque éstas terminen en allanamiento sin orden judicial y la muerte de civiles.	El doctor Gonzalo Carrión, director del área jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, dijo que las declaraciones del magistrado Martínez pueden interpretarse como el anuncio de la impunidad en el caso de la hacienda “El Encanto”, donde tres civiles murieron a balazos a manos de miembros de la Policía Nacional y del Ejército.	El caso dejó muchas dudas sobre por qué las autoridades de la zona no permitieron que los peritos hicieran la autopsia respectiva de los cuerpos, y posteriormente éstos solicitaron a los afectados no denunciar el suceso ocurrido en la zona llamada “El Pavón”, ubicada en la Región Autónoma del Atlántico Sur.	“Nos preguntamos: ¿Qué decisión va a tomar el juez que tome el caso cuando el presidente del Poder Judicial ya se pronunció, respaldando la acción donde se actuó sin orden judicial y un juez suplente convalidó el acto cinco días después del hecho, cuando la ley dice que son 24 horas?	Consideró que esto pasa en un Poder Judicial que, evidentemente, no es independiente, aunque se supone que los magistrados no deben influir en los casos. “El magistrado dio en esa entrevista una cátedra de irrespeto al orden jurídico constitucional, olvidándose de que el límite es el respeto de los derechos fundamentales”, subrayó Carrión.	Felipe Hurtado, socio propietario de “El Encanto”, comentó que no entiende qué sabrá del caso el magistrado o en qué condición estaría, pues aparentemente no está al tanto de los hechos, ya que la denuncia por abigeato la interpusieron los dueños de la propiedad en contra de Gregorio García, quien dijo haber sido amenazado por nosotros.	Copia del informe fue enviado al comandante en jefe del Ejército, general Omar Halleslevens; a la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera; al Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez; y al magistrado Manuel Martínez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. También será enviado a la organización Amnistía Internacional.