Por medio de un acto realizado en el Palacio de la Moneda, sede del Gobierno de Chile, el presidente Sebastián Piñera firmó el decreto que convoca a un plebiscito el 26 de abril de 2020, en el cual se consultará a la ciudadanía si desea cambiar la Constitución de 1980 y, en caso de ganar la opción «apruebo”, qué formato de convención, que es como se conoce a la asamblea, prefiere.	Una alternativa es «una convención constitucional íntegramente compuesta por constituyentes elegidos”, detalló Piñera. Otra es «una convención constitucional mixta en que habrá una mitad elegida directamente y la otra mitad elegida por el Congreso”. El mandatario, que estuvo acompañado de tres de los ministros que asumieron en el cambio de gabinete que hizo el 28 de octubre forzado por la protesta social, convocó «con mucha alegría y entusiasmo a todos nuestros compatriotas a participar en el plebiscito”.	La redacción de una nueva Carta Magna es uno de los principales clamores del estallido social, que deja hasta la fecha al menos 24 fallecidos, ya que es considerada por la ciudadanía el origen de las desigualdades en el país. En ese texto, creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se le concedió al Estado un rol «subsidiario” en la provisión y administración de los recursos básicos, lo que favoreció la privatización de los mismos, entre ellos la salud y la educación.	«Los chilenos vamos a tener la primera palabra en escoger qué caminos queremos seguir y qué mecanismos queremos adoptar. Y en caso de acordarse una convención constitucional, los chilenos también tendremos la última palabra, porque habrá un plebiscito ratificatorio, de forma tal que la participación de los ciudadanos será amplia y efectiva”, recalcó el mandatario.	Si el plebiscito es aprobado, la elección de los constituyentes se realizará en octubre, coincidiendo con las elecciones municipales y de gobernadores, y la nueva Constitución -que debe redactarse en un máximo de un año- se ratificará en otro plebiscito, este con voto obligatorio. Piñera asumió el poder en marzo de 2018 con una postura contraria al cambio de la Constitución que había contemplado el gobierno de su predecesora, la socialista Michelle Bachelet (2014-2018).