Toda la polémica sobre cómo debió actuar el Ejército durante la crisis del año pasado gira alrededor de la obediencia. La discusión surgió cuando Ortega, en violación de la Constitución, creó una fuerza irregular, paramilitar o parapolicial, para sofocar una insurrección civil que había sobrepasado la capacidad represiva de su Policía. Gran parte de la ciudadanía exigió entonces que el Ejército objetara esta acción y procediera a desarmar las fuerzas irregulares.	Pueden imaginarse dos posibles diálogos en este contexto: Estado Mayor: “Señor Presidente, no siga usando a esos irregulares pues nosotros somos la única fuerza militar autorizada”. Ortega: “Si no los uso me botan, pues no puedo controlar el país, pero si les parece puedo usar la potestad que me confiere el artículo 92 Cn.: Ordenar la intervención del Ejército cuando la estabilidad del país estuviese amenazada por graves desórdenes”. Estado Mayor: “Entonces mejor hágalo sin nosotros”. Otro diálogo alternativo: Estado Mayor: “Lo sentimos señor Presidente, pero no podemos tolerar el irrespeto a nuestra Constitución. Tampoco podemos aplastar al pueblo, por tanto, procederemos a desarmar sus bandas, aunque peligre su presidencia”.	El Ejército tenía pues dos alternativas: quedarse acuartelado, y dejar que Ortega masacrara a los civiles con sus paramilitares, o rebelarse contra sus órdenes. Como sucedió lo primero y no lo último, se produjo un profundo desencanto hacia las fuerzas armadas, empeoradas por la forma con que su general en jefe Avilés, manifestó recientemente su lealtad al presidente reiterando su negativa rotunda de apoyar cualquier golpe de Estado. Esto plantea entonces el tema de fondo: los límites de la obediencia. ¿Debe la oficialidad de un ejército estar incondicionalmente sujeta a todas las órdenes que emanen de cualquier presidente? ¿Puede la ciudadanía demandarle desobediencia?	El tema es complejo. Por un lado, tiene lógica que las fuerzas armadas estén sometidas al poder civil representado en el titular del Ejecutivo —de lo contrario tendríamos un peligroso injerencismo militar— pero, por otro, ni al estamento militar ni a nadie puede exigírsele que actúe como un robot sin considerar la moralidad o legitimidad de las órdenes. El tema salió a relucir en los juicios de Nuremberg. Todos los criminales de guerra alegaban que obedecían órdenes. Pero el tribunal concluyó que hay algunas acciones, tan universalmente repugnantes o contrarias a los derechos humanos, que nadie puede ejecutarlas o tolerarlas sin incurrir en culpa; entre ellas el asesinato de civiles y las torturas. Ninguna ley, constitución o autoridad, puede exigir a nadie avalar conductas que violan la dignidad del ser humano, ni nadie está eximido del deber de rechazarlas, por riesgoso que esto sea. Puede haber momentos en que desobedecer es la única conducta decente y patriótica.