El grupo de exfiscales unidos en el gremio Acción Penal, explica que las sentencias judiciales que los jueces orteguistas están entregando a los autoconvocados para informarles del cierre de sus expedientes, puede ser una estrategia legal que al final  no brinda seguridad jurídica a los presos políticos excarcelados por el régimen. Para los especialistas, los presos políticos excarcelados lo que en realidad se les debería entregar, son sentencias de sobreseimiento por extinción de la acción penal, es decir, una anulación completa de todo el proceso judicial viciado que enfrentaron por parte del sistema judicial orteguista.	La posición de Acción Penal es que los jueces deben dictar sentencias de sobreseimiento de conformidad a los artículos 72 del Código Procesal Penal, sobre la extinción de la acción penal, numeral 10, respecto a la existencia de una Ley de Autoamnistía en concordancia con los artículos 155 y 156 del mismo cuerpo de ley.