"En general el asunto de la violencia basada en género contra las mujeres es un problema estructural, no es algo que pasa solamente en Costa Rica, sino alrededor del mundo, en donde hay roles y estereotipos de género que están todavía en el seno del mismo sistema de justicia y hace que las mujeres no se vean incentivadas a poner la denuncia", explicó Arroyo este miércoles a Acan-Efe.	Arroyo, directora de la ONG de derechos humanos Asociación Ciudadana Acceder, afirmó que en el caso de violación sexual, las leyes sí dan garantías en el proceso penal, no así cuando se trata de abusos u hostigamientos por lo que en esos casos la mujer queda prácticamente al juicio social y público.	"Queda en evidencia que aquella mujer que denuncia se va a ver expuesta a un juicio mediático en donde asumen que la mujeres que denuncian lo hacen por dinero. Además hay otro gran problema como lo es la prescripción y el caso de las pruebas, porque la violencia sexual usualmente se da en espacios cerrados, donde no hay testigos, en si la mujer fue gentil o si dijo que no", destacó.	"Todo esto tiene que ver con la violencia intrafamiliar, los feminicidios, que un expresidente es acusado por violencia; por eso cuando decimos que es violencia estructural hablamos de que está en todos lados, en la familia, en el cine, en la televisión, en el sistema de salud, en la desigualdad, y todo es parte de un mismo problema", dijo la abogada.	"El hablar hace que se evite la violencia para otra mujer, es decir, cuando hablamos y denunciamos no solo lo hacemos por nosotras sino también por otras mujeres que no han tenido las condiciones. Esto también hará que salgan otros casos a la luz, como lo sucedido en Costa Rica", afirmó Arroyo.	En Costa Rica desde el 2007 se cuenta con la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer que tiene como objetivo principal la protección de los derechos de las víctimas de violencia y la sanción de todas sus manifestaciones, física, psicológica, sexual y patrimonial, en contra de las mujeres mayores de edad.