Los ojos de Tania están a punto de explotar en llanto otra vez, un año después. “No había salido en la televisión que era él, pero lo primero que se me vino a la mente es que era él, y cuando vi las imágenes fue algo impactante, sentí que me habían arrancado un trozo de mi alma. No lo podía creer”, dice.	Un disparo directo al pecho acabó con la vida de Matt Andrés Romero, de 16 años. “Así como el día en que das a luz se convierte en el mejor día de tu vida, así de inolvidable se vuelve el día que te matan a un hijo”, exclama Tania Mercedes Romero, madre del adolescente asesinado en la marcha opositora del 23 de septiembre del 2018, la última realizada desde abril de ese año porque cinco días después la Policía Nacional prohibió que los ciudadanos salieran a las calles a protestar.	Matt fue uno de los 29 menores de edad que murieron entre el 19 de abril y el 30 de septiembre del 2018, víctimas de la represión a las protestas antigubernamentales, según las estadísticas de la Coordinadora Nicaragüense de ONG que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni). En general, sería la víctima mortal número 325 en la rebelión cívica, el saldo documentado hasta ese mes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).	Tania estaba pendiente de la televisión, de cómo iba la marcha denominada “Somos la voz de los presos políticos”, y cerca de las 11:00 de la mañana de ese 23 de septiembre escuchó la alarma de que armados encapuchados, a bordo de motos, disparaban contra los manifestantes.En la casa contigua a la de Tania, el hermano de esta, Ismael Romero, se levantó de la silla asustado cuando un periodista dijo en la tele que había personas heridas de bala porque los encapuchados emboscaron a los protestantes.	Al ver las imágenes de los heridos en la televisión, Ismael identificó la mochila de Matt y corrió a la casa donde viven su mamá y Tania. “Les dije que habían matado a Andresito”, recuerda aún con expresión de dolor. Ismael, de 50 años, era el tío mayor de Matt y también una suerte de papá para el adolescente, quien fue abandonado por su padre biológico desde que estaba en gestación y después nunca lo conoció.	El Comité pro Liberación de Presos Políticos fue el que convocó a la marcha del 23 de septiembre del 2018. Doce meses después, Brenda Gutiérrez, portavoz del Comité, recuerda la reacción de la gente al ver cómo matan a Matt Romero: “Muchos nos llenamos de indignación, de impotencia, de dolor, tristeza porque a alguien que estaba exigiendo la libertad en ese momento, le fue arrebatada la vida”.	Ella recuerda haber visto a Matt en distintas manifestaciones y cómo en esa última marcha el adolescente gritaba con energía que liberaran a todos los presos políticos, para entonces más de 500.Tania Romero relata que su hijo Matt deseaba ser arquitecto y acariciaba mucho esa idea estando a menos de año y medio para bachillerarse. “Le arrebataron todos sus sueños, quería hacer tantas cosas, quería ser un profesional. Decía que cuando él trabajara, yo ya no iba a trabajar; era un chavalo muy atento y comunicativo”, lo describe.	La madre admite que pasó por muchas dificultades para impulsar a su hijo y darle amor, y después de su muerte, ella también ha sufrido en su trabajo las consecuencias de que el joven haya sido un protestante antigubernamental.Durante más de cinco años Tania ha trabajado para una institución estatal. Sus hermanos también eran empleados estatales en septiembre del 2018 y perdieron sus puestos tras el asesinato de Matt. Solo ella conserva el empleo, pero fue removida y la mayoría de compañeros de labores la evitan.	“Ha sido una situación bien difícil, a mis hermanos los despidieron, a mí me trasladaron de área, todas las personas que antes me hablaban en el trabajo se han alejado y yo los entiendo; puede ser que lo hayan hecho por temor a perder sus trabajos”.Ismael afirma que “a Tania y a mi otra hermana las han seguido, pero nosotros no les tenemos miedo, incluso los hemos encarado muchas veces”.	Se refiere a gente afín al gobierno que les hostiga. En noviembre del 2018, cuando Matt habría cumplido 17 años de edad, la familia hizo un culto religioso en la casa y “vinieron personas que ni siquiera conocimos, a ofendernos y a faltarle a la memoria de Matt, pero bueno, hemos sabido llevar y enfrentar las cosas”, recuerda.	Martha Meneses, del Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, tomó un taxi aquella mañana para sumarse a la manifestación, y vio que a los lados de la calle entre los semáforos de La Subasta y los semáforos del Mayoreo había decenas de policías, en especial fuerzas antimotines, además de fuerzas civiles de choque del gobierno, conocidas como turbas por sus actuaciones violentas contra los opositores.	“Al final la marcha sale y yo no pude llegar, el taxi me dejó como a dos cuadras porque la Policía no dejaba llegar hasta allá. Como no puedo llegar, me meto con un grupo de gente por el barrio Dos de Agosto y caminamos hasta que la alcanzamos”, relata Martha.	La convocatoria de los opositores precisaba que la marcha “Somos la voz de los presos políticos” partiría de los semáforos del mercado de Mayoreo y culminaría en Rubenia, lo que no sucedió con esa exactitud por el asedio de la Policía y civiles armados (parapolicías).Cuando los manifestantes iban por el sector de las Américas Tres se dieron cuenta que las turbas les esperaban cerca del mercado Iván Montenegro.	“Nos emboscaron, atrás teníamos gente y adelante también. De los manifestantes, nadie estaba armado, realmente las marchas siempre han sido por la vía pacífica porque estamos claros que guerra no queríamos ni queremos”, rememora Martha.Primero, la Policía lanzó bombas lacrimógenas e hizo disparos al aire con la intención de dispersar la marcha. Luego aparecieron los civiles armados en motos y empezaron a disparar contra los marchistas, quienes corrieron por los callejones de los barrios aledaños y se metían en las casas para protegerse, asegura Brenda Gutiérrez.	La parroquia Nuestra Señora de las Américas sirvió como refugio. Había feligreses en la misa dominical de antes del mediodía. Cuando empezaba la agresión, sonaron las campanas y centenares de personas entraron al templo y se protegieron de los disparos.En la memoria de Martha están muy marcados esos momentos de angustia. “Un grupo se metió a la iglesia y otros nos quedamos en la calle, pero los balazos nos obligaron a meternos a un local donde vendían ropa; éramos como 15 personas y la dueña de la casa empieza a corrernos porque al parecer era sandinista, pero no nos salimos hasta que dejamos de escuchar las balas”.	El abogado Pablo Cuevas se dirigía ese domingo al culto de una iglesia ubicada en el kilómetro 7 de la Carretera Norte, y cuando pasaba por el restaurante El Madroño se topó con una caravana de simpatizantes del gobierno y su automóvil quedó atrapado entre la multitud. Giró hacia el mercado Iván Montenegro, buscando otra vía y allí escuchó disparos de arma de fuego.	“Dentro de la caravana del Frente (Sandinista) vi gente armada; luego veo al montón de gente corriendo y a los pocos minutos supe de la muerte de Matt y de la oficina me llamaron, me orientaron que me hiciera cargo del caso y me fui al Hospital Alemán”, recuerda Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y quien ese domingo estaba libre después de seis meses consecutivos trabajando en casos de violaciones a derechos humanos durante la crisis sociopolítica del país iniciada el 18 de abril del 2018.	Los familiares de Matt fueron primero a la estación de bomberos del Iván Montenegro, donde ya no estaba. “Nos fuimos al hospital, yo no pude entrar porque me sentía devastado. Una doctora nos recibió y nos dijo que solo podía entrar una persona, así que entró mi otro hermano menor y a los minutos vimos que salió llorando”, relata Ismael.	Cuando Cuevas llegó al hospital, los familiares de Matt estaban retirando el cuerpo: “Le estaba orientando a la familia trasladar el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y no lo permitieron porque no querían que la Policía tocara el cadáver”.“Tuvimos que sacar el cuerpo por un portón alterno, porque el hospital estaba lleno de paramilitares y policías”, confirma Ismael.	“Nicaragua no necesita más represión ni muerte. Urge la democracia, elecciones anticipadas y justicia”, declaró el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la noche del 23 de septiembre de 2018, al condenar la muerte del adolescente Matt Romero.La CIDH demandó al Estado de Nicaragua que investigara la muerte de Matt “de forma diligente e imparcial”.	“La Policía Nacional responsabiliza a quienes han convocado y convocan a estas concentraciones y movilizaciones públicas ilegales, de las alteraciones al orden público, de las acciones ofensivas y delictivas y de las agresiones que irrespetan el derecho al trabajo, a la seguridad y a la vida de las familias nicaragüenses”, expresa el comunicado emitido el 28 de septiembre del 2018.	Martha Meneses asegura que nunca hubo fuego cruzado en la marcha “Somos la voz de los presos políticos”, ni en ninguna otra manifestación. “Toda la vida hemos sabido quiénes tienen las armas, si no, no estuviéramos arrinconados sin poder salir a las calles”, dice al recordar que desde hace un año los opositores nicaragüenses han sido impedidos de marchar por la fuerza policial.	“Mientras estén los verdugos en el poder, ellos no se van a juzgar; al contrario, ya se autoamnistiaron. Para ellos es borrón y cuenta nueva, o sea, el muerto bien muerto. Entonces, la gente tiene razón cuando dicen que mientras estén ellos, no habrá justicia”, comenta el asesor legal de la CPDH.	Se supo entonces que la directora del Colegio Rubén Darío, donde estudiaba Matt, había prohibido a los estudiantes asistir a la vela y al entierro. “Pero usted sabe cómo son los chavalos”, dice Ismael. “Todos sus compañeros vinieron, hasta los maestros que me pidieron que no dijera nada y no dilataron, por temor a que alguien los viera”.	Managua 30 de Mayo 2018. Multitudinaria marcha del día de la madre en honor a las madres de personas que han perdido la vida en las represiones de parte del gobierno de Daniel Ortega, a mano de la Policía y las fuerzas de choque del gobierno. Foto Jader Flores/ LA PRENSA	Era el sexto día de las protestas ciudadanas. La primera marcha cívica salió de la rotonda Rubén Darío y concluyó en la Upoli, en Managua. Los manifestantes exigían el fin de la violencia, el respeto de las garantías constitucionales, la libertad de manifestación y expresión, y un diálogo que resolviera la crisis.	La tercera gran manifestación. Miles de nicaragüenses se autoconvocaron para demandar el cese de la violencia y la restitución de la libertad de expresión y de información. También exigían justicia para más de 47 personas muertas hasta entonces por la represión. Esta marcha multitudinaria se extendía desde la rotonda Cristo Rey hasta la rotonda Rubén Darío y luego hacia la Carretera a Masaya.	. El Movimiento Madres de Abril convocó a la marcha con el objetivo de rendir homenaje a todas las mujeres que habían perdido a sus hijos durante las protestas que iniciaron el 18 de abril del 2018. Los manifestantes salieron de la rotonda Jean Paul Genie y tenían previsto terminar la marcha en la UCA, pero la multitud fue atacada a balazos. Murieron ocho personas en Managua y a nivel nacional se reportaron 16 muertos.	Bajo el lema “Juntos somos un volcán”, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia convocó a una marcha, considerada la más grande manifestación contra el gobierno. Comenzó en la rotonda Cristo Rey y culminó sin incidentes en la Jean Paul Genie, con un llamado a la democratización del país.	“Marcha de las flores”. Se realizó en honor a los niños asesinados durante la crisis. Esta manifestación terminó con un ataque armado, cometido por civiles encapuchados afines al gobierno. Dejó un muerto y varios heridos. Para entonces, los organismos de derechos humanos registraban la cifra de 21 niños y adolescentes fallecidos por la represión.	“Marcha de los estudiantes”. Convocada por el sector estudiantil, el recorrido empezó en la rotonda Jean Paul Genie y culminó en la UCA. La marcha transcurrió con normalidad. Las calles se vistieron de azul y blanco, los colores de la patria, para recordar a los estudiantes que habían perdido la vida durante las protestas.