Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 144 fueron los estudiantes expulsados en el contexto de la crisis sociopolítica que vive el país desde el 18 de abril de 2018. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega oficializa 95 expulsados, de los cuales 82 estudiantes son de la UNAN-Managua y 13 de la UNAN-León.	El artículo 23 del reglamento de disciplina estudiantil de la UNAN-Managua establece que toda persona señalada de cometer una falta grave será citada para que haga el uso del derecho a la defensa en los próximos tres días hábiles, pero Elthon nunca fue notificado. Se enteró que estaba expulsado porque varios compañeros de clases le dijeron que circulaba una lista y aparecía su nombre. Ingresó al sistema en línea y vio reflejada la decisión de la comisión especial: “expulsión definitiva”. Fue un golpe fatal, dice.	“Expulsarlos ha sido una represalia. Ellos (autoridades de la UNAN) han violado una serie de preceptos constitucionales. No solo la autonomía universitaria que los hubiera obligado a defender la inviolabilidad del recinto porque en el artículo 89 dice: “los recintos universitarios son inviolables”. Pero ese artículo fue violado cuando ingresaron paramilitares y policías al recinto Rubén Darío de Managua (el 13 de julio de 2018). Y no hubo la más mínima protesta por parte de las autoridades”, criticó Tünnermann.	En el caso de Karla Gago, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, su expulsión fue por ir a marchas, confrontar líderes estudiantiles fieles al régimen y apoyar la elaboración de contenido para volantes y videos, discursos y comunicados. Además administraba una página web llamada “Dirigencia de UNEN (Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua) no me representa”.	De acuerdo a esta universitaria de 22 años, era importante revelar los perfiles de UNEN porque “supuestamente son elegidos por la mayoría, pero son como fantasmas, no sabés quienes son”; además que, según ella, son responsables de muchas persecuciones y detenciones de estudiantes al facilitar los nombres de los jóvenes. “Tienen acceso a nuestro registro académico e información personal, y voz y voto con las becas”, asegura.	Karla se enteró que estaba expulsada una semana antes de que se reanudaran las clases, en agosto de 2018. Supo porque igual que Elthon, ingresó al portal académico y vio la decisión de la comisión especial. “No lloré”, recuerda ahora desde su exilio en Estados Unidos, emprendido a los días de conocer que estaba fuera de la UNAN-Managua porque temía que también fuera encarcelada como estaban otros compañeros de lucha.	Para la elaboración de este reportaje, LA PRENSA solicitó la lista de expulsados que está en manos de la CIDH, pero el organismo explicó que los datos habían sido entregados bajo confidencialidad. Además, se escribió correo electrónico a las autoridades de la UNAN-Managua para gestionar su lista y solicitar una entrevista sobre el tema, pero tras un mes de haber sido enviada la comunicación, no hubo respuesta.	Los datos de LA PRENSA revelan que al menos 22 por ciento de los expulsados se encuentra en el exilio, es decir de cada diez estudiantes sancionados de esta manera, dos están fuera del país y el resto optó quedarse en Nicaragua. Muchos en la clandestinidad o en casas de seguridad.	Asimismo, por lo menos el 35 por ciento de los expulsados cursaban el quinto y último año de su carrera, otro 28 por ciento su cuarto año, por lo que en este 2019 culminaban la carrera para luego defender y graduarse en 2020; un 20 por ciento eran de tercer año y el restante 17 por ciento en primero o segundo año de la carrera.	“La universidad está destruyendo la vida de esos muchachos. Eso no tiene comparación con un laboratorio, con cualquier equipo, por más valioso que tenga la universidad que ya se reparó, porque la universidad (en referencia a la UNAN) se recetó un aumento de presupuesto a costa de la UCA, que le debe dar para reparar todo eso y mucho más”, reflexiona Medina.	El CNU durante la crisis, le redujo el presupuesto a la UCA y aumentó el de la UNAN-Managua. De tal manera que en el 2019 el presupuesto estatal para las universidades se distribuyó de la siguiente forma: 33 por ciento para la UNAN-Managua, 19 por ciento a la UNAN-León, 17 por ciento a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y 9 por ciento a la Universidad Nacional Agraria (UNA).	Mientras que las universidades subvencionadas reciben un porcentaje menor: 5 por ciento la UCA, 4 por ciento Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), 4 por ciento Bluefields Indian y Caribbean University (BICU), 4 por ciento Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (Uraccan), 2 por ciento la secretaría técnica del CNU, 2 por ciento Universidad Internacional Antonio de Valdivieso (Uniav) y 1 por ciento la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse).	En plena efervescencia social, cuando las calles ardían en el país, los estudiantes de la UNAN-Managua se tomaron el recinto el lunes 7 de mayo del 2018. En decenas de ocasiones a punta de morteros se defendieron de los ataques orteguistas, en su mayoría nocturnos; pero el viernes 13 de julio de 2018 no soportaron una brutal arremetida que se prolongó hasta el día siguiente en la zona de la iglesia Divina Misericordia, siendo asesinados dos jóvenes: Gerald Vásquez y Francisco Flores.	Una vez que sacaron a los estudiantes del recinto, las autoridades crearon una Comisión Especial y el 20 de agosto de ese mismo año hicieron público las expulsiones de 82 estudiantes, de los cuales solo a cuatro le aplicaron expulsiones por un año y al resto expulsión definitiva. No obstante, datos revelados por la CIDH indican que hubo una salida de 96 alumnos.	“El plenario aprobó con unanimidad la expulsión de manera definitiva de la UNAN-Managua, a dichos bachilleres, por haber sido participantes activos en tranques, uso de artefactos para agresión física, permitir el ingreso a personas ajenas a la institución, comportamiento vandálico y destrucción de las diferentes facultades, laboratorios, quema del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Arlen Siu, robo de equipos de oficinas, destrucción y robo de vehículos de la UNAN, así como el llamado a la desobediencia académica e incitar al odio y la violencia” detalla un informe dirigido por Luis Alfredo Lobato Blanco, secretario de la Comisión Especial; al director de Registro Académico Estudiantil y Estadísticas, César Rodríguez Lara.	Según el reglamento las faltas graves se sancionan con: la anulación del examen por copia y se consignará la calificación cero, la suspensión de las asignaturas del semestre que cursa el estudiante y que fueron objeto del fraude, la suspensión por el semestre en que se cometió la falta, la pérdida hasta por un semestre académico de derecho a beca y viajes de representación institucional, impedir la asistencia a clases hasta por un mes sin perjuicio de la realización de las actividades evaluativas en ese período y el pago de los daños materiales.	Freddy Quezada, filósofo, sociólogo y excatedrático de la UNAN-Managua, señala que la expulsión podría constituirse como un hecho ilegal, porque la Comisión Especial es conformada por la rectoría de la UNAN-Managua y esta tomó decisiones de expulsar a los alumnos en agosto. Pero desde el 27 de junio del 2019 debieron haber elecciones y el 6 de julio tuvieron que asumir el cargo los nuevos, lo que indica que ellos ordenaron la salida de los estudiantes, cuando ya había vencido su periodo, convirtiéndose en autoridades de facto.	Yaritza Rostrán, sobreviviente al ataque de la Divina Misericordia y que en ese 2018 iniciaría el quinto año de Ciencias Políticas en la UNAN-Managua, también fue expulsada por las autoridades, mientras pasaba días duros en la cárcel. Reconoce que son inevitables las lágrimas cuando pasa cerca de la UNAN porque piensa que ni siquiera puede pisar el recinto. “Me arrebataron mi vida”, cuenta mientras toma un sorbo de café y hace memoria de todos sus esfuerzos para prepararse en la carrera y de lo que es UNEN.	“Yo no puedo regresar a mi casa, no puedo regresar a la universidad. Pasé siete meses presa. Me hicieron un montón de cosas”, asegura esta joven de 25 años, quien señala a la dirigencia de UNEN de controlar las becas y aplicación a seminarios en el exterior. Este poder, de acuerdo a Yaritza, es utilizado para manipular y ganar votos.	La UNAN-Managua termina de cerrar sus puertas a los expulsados al sacar la “Normativa, metodología y sistema de clasificación del primer ingreso estudiantil para el año 2020”, donde se establece en el inciso 3 que no podrán realizar pre-matricula “aquellos estudiantes de la UNAN-Managua que estén suspendidos de manera definitiva o temporal por aplicación del Reglamento de Disciplina Estudiantil o por acuerdo expreso del Consejo Universitario”.	“Esta dictadura me arrebató mi proyecto a futuro de desarrollo personal (…) me dan crisis nerviosas y ataques de pánico, tengo pesadillas ¿y sabés qué sueño? Que intento ir a la universidad pero la Policía y los paramilitares no me lo permiten”, confiesa Karla, que de no ser expulsada en este 2019 cursaría el tercer año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.	Con ese dato oficial del CNU queda al descubierto que no solo se trata de universitarios que fueron expulsados por sumarse a las manifestaciones o en desobediencia estudiantil, sino que muchos dejaron de estudiar por temor a represalias al haber participado en el estallido social. Otros fueron por el hecho que tras la crisis no lograron garantizar el dinero para gastos en pasajes.	Por la Normativa del primer ingreso estudiantil para el año 2020 se conoce que las prematrículas en la UNAN-Managua iniciarán el próximo 16 de diciembre y se extenderán hasta el día 20. A como ocurre todos los años miles de jóvenes coparán el recinto de donde fueron expulsados Elthon, Karla y Yaritza y que ni siquiera pueden ingresar. Fueron sentenciados a una irrevocable expulsión sin tener la oportunidad de apelar, de demostrar que era una represalia por tener conciencia crítica.	Las expulsiones sufridas por los universitarios de la UNAN-Managua y UNAN-León por haberse involucrado en las manifestaciones contra el régimen orteguista, no son casos aislados en la región. Similar ha ocurrido en la dictadura de Nicolás Maduro, en Venezuela, donde por tener un pensamiento no alineado al chavismo, estudiantes de educación superior han sido amenazados y echados de las aulas de clases.	Su forzada salida se dio en enero de 2019. Exactamente el viernes 25, día en que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se juramentó como gobernante interino del país y la Rómulo Gallegos cerró filas en apoyo rotundo al chavismo. Camargo recuerda que los universitarios fueron invitados a una clase magistral de fisiopatología, que realmente fue un adoctrinamiento político.	“Manifesté mi molestia, fomenté y promoví que los estudiantes también mostrarán su desacuerdo. Airado el decano Lucio Díaz Ortiz me gritó y me dijo que yo estaba expulsado. Creí que era una simple amenaza, sin embargo me trasladó inmediatamente a Decanato y formalizó la expulsión y me amenazó diciendo que iba a llamar a fuerzas de seguridad si me volvía a ver”, relata Camargo a LA PRENSA.