Un total de 48 organizaciones sociales, de derechos humanos, feministas, ambientalistas y empresas de comunicación de Nicaragua e internacionales enviaron un mensaje a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para alertarla sobre la persistencia de las acciones represivas del gobierno de Daniel Ortega.La carta fue enviada a Bachelet con motivo de la presentación del Informe sobre la situación en Nicaragua que realizará este próximo	) aprobada el 21 de marzo de este año por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU."Diversas organizaciones de la sociedad civil, así como defensores y defensoras de derechos humanos, queremos expresar nuestra preocupación por la continuación de acciones y políticas represivas, de hostigamiento y de amenazas en contra de quienes defienden la democracia, justicia y el respeto a los derechos humanos de los y las nicaragüenses", señaló el mensaje, suscrito entre otros por 100% Noticias el Canal.Indicó que desde hace 16 meses Nicaragua se encuentra sumida en una crisis de derechos humanos, "provocada por la represión brutal de fuerzas estatales y grupos armados afines al Gobierno que buscaban disolver las protestas masivas que tuvieron lugar en diversas ciudades", acciones que dejaron, según	(CIDH) 328 muertos, más de 2.000 heridos, miles más detenidos arbitrariamente y centenares encarcelados y criminalizados por ejercer su derecho a la protesta.              "Como parte de la sostenida represión estatal, el Gobierno de Nicaragua continúa apresando a ciudadanos por motivos políticos o por su participación cívica en diferentes iniciativas, sin cumplir con el debido proceso que la legislación nacional define. Por esta razón, actualmente permanecen en las prisiones unos 120 prisioneros políticos", agregó el texto.En base a lo anterior, las ONGs pidieron a la Oficina de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros puntos:	Demandar al Estado de Nicaragua que respete y garantice el pleno ejercicio del derecho a defender derechos, restituya las personerías jurídicas a las organizaciones cuya personería jurídica fue cancelada (CENIDH, CISAS, CINCO, IEEPP, Hagamos Democracia, Popol Na, IPADE, ILLS y Fundación del Río) y entregue los bienes ocupados a dichas organizaciones.