Hasta antes de la crisis política, que fue desencadenada de una brutal represión estatal acompañada de persecución contra opositores al régimen de Daniel Ortega, los ingresos vinculados a la emisión de pasaportes ni siquiera figuraban en el Presupuesto General de la República, como aparecía, por ejemplo, lo que el Ejecutivo recaudaba por imposición de multas en distintos sectores, como el forestal, pesca o sanciones pecuniarias.	Sin embargo, la violencia desatada en abril del año pasado, que ocasionó que miles de nicaragüenses hicieran largas colas en las distintas delegaciones de Migración y Extranjería en Managua y en algunos departamentos para conseguir un pasaporte u otro documento legal migratorio para huir del país, se convirtió para el régimen una fuente creciente de ingresos que comenzó a a registrar en el Presupuesto General de la República.	Son como mínimo 750 córdobas los que un nicaragüense requiere para adquirir o renovar un pasaporte, sin incluir que el costo se encarece si adicionalmente se paga por la agilización del documento, cuyo servicio cuesta entre 100 y 300 córdobas, según información al público de la Dirección General de Migración y Extranjería.	Es precisamente por el pago por trámite de agilización del documento que el régimen espera un fuerte aumento en los ingresos este año. En el 2018, por ejemplo, Hacienda registró en ingresos 28.91 millones de córdobas, pero este año la meta es que el saldo se eleve a 62.32 millones de córdobas, lo que revela un incremento de 115 por ciento.	La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) en su reporte de coyuntura de mayo pasado, alertó que tras la primera oleada migratoria del año pasado, cuyo origen fue la represión estatal, este año se desatará otra salida masiva de nicaragüenses, pero esta vez será ha huida del creciente desempleo que se avecina por la profundización de la recesión económica.