El Gobierno de Nicaragua informó que el 18 de junio próximo podría excarcelar a un número no precisado de presos, conforme al acuerdo anunciado el 20 de marzo, pero la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), su contraparte en el diálogo, no tiene ninguna información de las personas que saldrán de prisión ni del proceso.	En una nota de prensa emitida este lunes por la Cancillería, el Gobierno indicó que en su “ruta de cumplimiento” de los acuerdos alcanzados con la oposición en una mesa de negociación para superar la crisis, está “la excarcelación de personas que cometieron delitos contra el orden público, con cumplimiento al 18 de junio”.	Sin embargo, miembros del equipo negociador de la ACJD indicaron que esta acción no debe ser una decisión unilateral del Ejecutivo y que no han recibido ninguna información respecto a la anulación de los juicios en contra de las personas apresadas en el marco de las protestas antigubernamentales desatadas en abril del 2018.	“No nos ha mostrado nada, ni calendario ni las listas”, dijo Mario Arana, del equipo de la Alianza Cívica, quien manifestó que la propuesta de liberar en grupos a partir de mayo tenía como objetivo anunciar quiénes iban a salir cada semana, para que cada familia preparara condiciones óptimas y se lograra un proceso ordenado, pero no hubo respuesta del Gobierno.	“Nosotros hemos advertido que no vamos a aceptar más liberaciones desordenadas como las que se han hecho hasta ahora. Creemos que todo debe hacerse en el marco de la negociación que nosotros creemos debe ser seria. Todo lo que pase queremos que se haga dentro de ese orden, de lo contrario estamos perdiendo el tiempo”, dijo Ernesto Medina, de la Alianza.	“El Gobierno pudiese estar tratando de construir un caso (una demanda) ante La Haya, y quieren que se haga un pronunciamiento de parte de la Alianza, de levantar sanciones, para que ayude supuestamente a presentar ese caso, lo que sería otro absurdo, gastarían plata en pagos de abogados y no van a lograr nada”, comentó Arana.	Recordó que las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) “claramente han expresado su posición sobre la naturaleza de la crisis en Nicaragua y quién es el responsable de esta crisis. Han documentado la represión, la fuerza desproporcionada que se utilizó (de parte del Gobierno). No tendrán un caso en La Haya, perderían solamente plata”.	La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reiteró que no puede pedir que suspendan las sanciones mientras el Gobierno no cumpla con los acuerdos, luego de que el Ejecutivo nicaragüense condicionara este lunes continuar las negociaciones a que su contraparte acepte hacer un llamado conjunto a la comunidad internacional a suspender las eventuales sanciones.	“Precisamente el período establecido para la aplicación de las primeras sanciones de la Nica Act coinciden con los 90 días que ellos dieron (a partir del 20 de marzo) para liberar a los presos y efectivamente es algo que ellos (el Gobierno) tienen en mente”, dijo Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza.	Chamorro dejó claro que la Alianza “no tiene la potestad de cambiar la posición soberana de un Gobierno o de organismos como el Parlamento Europeo, que indignados ante la violación de los derechos humanos, de la tortura, del exilio, del secuestro, de la muerte, de la persecución y de la cárcel, no se pueden quedar callados”.	“Le hemos dicho a la delegación del Gobierno que debemos atenernos a lo que se aprobó en la agenda de negociación, precisamente pusimos al final este punto: en su momento y de común acuerdo entre las partes, se hará un llamado a suspender las sanciones”, dijo Carlos Tünnermann, del equipo negociador de la Alianza.	Según los acuerdos firmados entre la oposición y el Gobierno, la Alianza Cívica solicitará la suspensión de las sanciones una vez que las partes lleguen a acuerdos en todos los temas discutidos en la mesa de negociaciones, que incluye la liberación definitiva de los manifestantes presos, anular los juicios en su contra, respetar las garantías constitucionales y realizar reformas electorales para garantizar elecciones justas y transparentes.	El 20 de diciembre pasado el presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, conocida como Nica Act, que contempla restricciones a los préstamos otorgados al Gobierno por instituciones financieras internacionales, donde Washington tiene voto, exceptuando el financiamiento a proyectos que promueven la democracia y las necesidades básicas de los nicaragüenses.