Algunas semanas atrás leímos algunas publicaciones relacionadas con una universidad nicaragüense que hizo convenio de formación profesional con una universidad extranjera, lo que, por la aparentemente sui géneris de dicho convenio, --entre otras consideraciones-- desató una polémica publica, que --más allá del caso particular-- debe ser atendida, para ubicar objetivamente los problemas, las carencias, las realidades y exigencias que tiene el subsistema de Educación Superior nicaragüense, en general, y las universidades privadas en particular, en todos los ámbitos de su quehacer..	Hay que reconocer que en el mundo ha habido un crecimiento de las Universidades privadas en el marco del Modelo Neoliberal predominante y se ha planteado una lucha entre la educación superior pública vs. la educación superior privada, el carácter público y gratuito vs. su mercantilización, lo que se expresa al mismo tiempo en el intento de algunos organismos, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), de concebirla, asumirla e imponerla como una mercancía más (en el marco del concepto de Comercio de Servicios), lo que unido a la formación de empresas transnacionales para controlar el “mercado de Educación Superior” en el mundo, consolida esta tendencia privatizadora, de comercialización y mercantilización.	Dicha realidad en cada país --ya sea desarrollado o subdesarrollado-- se ha expresado en las luchas por los presupuestos (o la defensa de los presupuestos públicos, o la búsqueda de su disminución o el intento de los sectores privados de acceder a ellos), y en el mantenimiento de las legislaciones que defienden el carácter público de ella y el financiamiento estatal o los que buscan las modificaciones de las legislaciones nacionales para favorecer la privatización o su “flexibilización”, que implica limitar o anular la regulación estatal.	En el caso de Nicaragua, hay que reconocer que existe la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (Ley 89), que regula a nuestras instituciones; aunque más enfocada hacia las Instituciones de Servicio Público ( las 10 que reciben financiamiento estatal), y aunque crea el Consejo Nacional de Universidades (CNU) lo define como un Órgano de Coordinación y Asesoría, con atribuciones para velar por aspectos fundamentales de la Educación Superior y la formación profesional, pero está desprovisto legalmente de ser un ente regulador de todos los componentes del quehacer universitario nacional, en consecuencia limita sus posibilidades de ser más incidente en su dinámica y control, aunque cuenta con el liderazgo académico suficiente para encabezar el esfuerzo nacional por el mejoramiento y calidad de la Educación Superior nicaragüense en su conjunto.	Dichas carencias, unidas a la avalancha privatizadora y mercantilizadora que ha habido en el país en los últimos diecisiete años, el sentido de lucro y de negocio que predomina a cualquier costo y alejado del sentido humanista, que aprovechando las demandas crecientes de formación profesional que, objetivamente, con los recursos con que cuenta no puede satisfacer la universidad pública, y ante la debilidad de un subsistema de educación técnica que no ofrece variadas alternativas de formación (lo que hace que el joven se oriente exclusivamente en la búsqueda de la universidad), ha favorecido dicha tendencia privatizadora, que ha hecho de la Educación Superior un gran negocio para unos cuantos empresarios universitarios y ha llevado al pique la calidad de formación profesional, y ha vaciado a la mayoría de dichas instituciones del concepto integral de Universidad y de su sentido Ético.	Hay que reconocer que existe un subsistema de Educación Superior muy variado en su desarrollo, que tiene su fortaleza principal en las universidades públicas (de servicio público) y distintos desarrollos en el resto de instituciones universitarias privadas, siendo minoritarias aquellas que están comprometidas con el concepto y práctica universitaria con visión y compromiso integral.	Por eso la educación nacional en su conjunto y el subsistema de educación superior, en específico, necesita un proceso de reforma o transformación que atienda integralmente todos aquellos factores que posibiliten, acerquen y hagan realidad la calidad, pertinencia y sentido ético con que debe desarrollarse la educación nacional y universitaria del país.	Es necesario, pero no suficiente, hacer actualizaciones jurídicas o normativas como la que se promueve actualmente para establecer una Ley de Evaluación y Acreditación; la misma Ley General de Educación de reciente vigencia debe ser mejorada, igualmente la legislación universitaria, siempre y cuando sea producto del consenso educativo de los actores educativos involucrados.	Se requiere invertir de manera real y comprometida en crear mayores capacidades humanas, pedagógicas, tecnológicas y materiales para mejorar la educación nacional en su conjunto, incluida la Educación Superior. Pero se podrían crear las mejores condiciones y mejorar el marco normativo-legal, pero si no hay un compromiso axiológico, ético e integralmente educativo, los procesos de cambio incluido el universitario, no podrían avanzar.	En ese sentido, es necesario asegurar que se cumplan y desarrollen integralmente las funciones docentes, investigativas y de extensión, que son fundamentales en la labor universitaria y que muchas instituciones no las cumplen; crear y contar con las suficientes condiciones de infraestructura física, educativa y tecnológica y de suficiente personal docente calificado y a tiempo completo como premisa para el logro de la calidad educativa. Es necesario revisar y reorientar la actual oferta de carreras en el país y asumir compromisos para llevar la Educación Superior a los lugares más recónditos del país, tal como lo impulsan las universidades de servicio público.	El crecimiento de las universidades se ha dado con distintas calidades --muchas con grandes insuficiencias y deficiencias-- por eso es el momento de hacer un alto en el camino y evaluar hasta qué medida se está cumpliendo con calidad y pertinencia la elevada misión que se le confiere a nuestras instituciones. La celebración del 50 aniversario de la Autonomía Universitaria en Nicaragua en este año 2008 es una ocasión propicia para evaluar con objetividad y honestidad el quehacer actual y buscar el mejoramiento del sistema universitario nicaragüense en su conjunto.