Es una enorme falacia de los voceros del régimen, alegar en defensa y justificación de la nefasta reforma de la seguridad social que esta ha sido dictada para proteger los derechos y el bienestar de los trabajadores. Es como si dijeran que obligan a una persona a tomar un veneno mortal para mejorarle la salud.	En base a los análisis de los expertos, LA PRENSA ha demostrado que “tras las medidas anunciadas esta semana por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), además de obtener una pensión más achicada los nicaragüenses deberán cotizar 2,756 semanas para conseguir el 70 por ciento del salario como pensión”. Esto significa 53 años de trabajo teniendo un empleo formal, 13 años más que antes de que la reforma orteguista entre en vigencia, este primero de febrero. Una verdadera monstruosidad.	Pero además, de acuerdo con esta reforma las pensiones ya no serán ajustadas cada año de conformidad con la devaluación de la moneda, como se ha hecho justamente hasta ahora. Y como con toda seguridad e inevitablemente habrá mayores devaluaciones en el futuro próximo, las pensiones perderán mucho más rápido y sensiblemente su poder adquisitivo, asestando un golpe mortal a los pensionados.	La decisión del régimen de que el INSS ya no ajustará anualmente las pensiones conforme a la devaluación de la moneda, significa que en el curso de uno o dos años quedarán reducidas a menos de la mitad de lo que son actualmente, o inclusive peor. Se trata de una medida cruel que se ensaña con las personas de mayor edad, cuyas pensiones de por sí han sido precarias hasta ahora y para muchos incluso miserables.	El Estatuto de Roma incluye entre los crímenes contra la humanidad la imposición intencional de penosas condiciones de vida, la privación de alimentos, medicinas y otros recursos indispensables para vivir, a una parte de la población de un país determinado. ¿Y acaso no esto es lo que de hecho está disponiendo el régimen con la casi liquidación de las pensiones de la seguridad social?