Al menos 32 medidas económicas ha implementado el régimen de Daniel Ortega en los últimos 21 meses para afrontar casi dos años de recesión económica, que lejos de resolver la crisis han dejado graves secuelas en la calidad de vida de los nicaragüenses, han dañado las empresas, agravado el desempleo y profundizado la corrupción.	«Todos los intentos que ha hecho el Gobierno han sido fallidos, no han dado los resultados que ellos estaban esperando, porque el problema es que la mayoría de los intentos han sido en el sector económico y social, sin embargo, el problema es político y cualquier medida que tomen en el sector económico y social lo que hacen es parchar porque no están solucionando el origen de la crisis», afirma el analista económico, Róger Arteaga.	Según un registro de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), del total de medidas adoptadas en los últimos dos años 20 fueron aplicadas en el 2019,  año en que se espera que la recesión toque fondo con un desplome del Producto Interno de 5.7 por ciento- estimaciones del FMI-, superior al 3.8 por ciento en el 2018.	Los «parches» más severos aplicados por Ortega este año están relacionados con la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, ajuste al reglamento de la Ley de Seguridad Social, así como el encubierto tarifazo eléctrico, que han encarecido casi un 20 por ciento la factura de los hogares. Además en el campo eléctrico, el régimen ordenó más poder para perseguir y castigar a los morosos, así como marchar su récord crediticios.	Pese a los tres duros ajustes que significaron estas medidas, ninguna ha logrado cumplir con su objetivo. La fiscal ha profundizado la recesión y provocado el cierre de empresas, principalmente pequeñas y medianas; la de la Seguridad Social no logró resolver la crisis financiera del instituto y se prevé en el 2020 un déficit mayor a los 3,400 millones de córdobas; y el tarifazo eléctrico sigue sin resolver los problemas de liquidez que afronta la distribuidora eléctrica.	A criterio de Arteaga cuando se dé una transición democrática, la nueva Asamblea Nacional debe derogar de inmediato la reforma tributaria y de Seguridad Social, porque «quien más ha  sufrido por estas medidas es el pueblo y el sector privado, porque pareciera que estas medidas estaban encaminadas a castigar al sector  privado».	También este año se aplicó una rebaja en la tasa de deslizamiento de 5 a 3 por ciento, que si bien el Gobierno la vendió como un alivio para una economía agobiada por la inflación, lo cierto es que hay grandes perdedores por el lado de las familias y pensionados,  y como ganador es el gasto público, principalmente por el lado del pago de deuda pública externa y con mantenimiento de valor.	No obstante, algunas medidas aplicaron con tal discreción que crearon pánico entre los nicaragüenses, como acrecentaron los problemas de la banca, como por ejemplo, cuando las autoridades del BCN anunciaron cambios en la tarifa que cobraba al sistema financiero por la venta de dólares y euros. «A pesar que la tarifa se mantuvo en 1 por ciento, esta medida generó  incertidumbre en los agentes económicos, ya que se interpretó muy temporalmente como una potencial modificación del régimen cambiario», recuerda Funides.	Otra medida fallida fue la creación de los Títulos de Inversión que anunció el BCN, para intentar captar parte de los más de 1,300 millones de dólares que de la banca se habían fugado. En el 2018, entre septiembre y diciembre, apenas se habían logrado colocar 1.5 millones de córdobas y 336 mil dólares, una minoría respecto a lo que la banca había perdido.	Para destrabar el crédito se requiere recobrar la confianza y atraer inversión, le advirtió el Fondo Monetario Internacional al Gobierno en noviembre pasado.  «Restaurar la confianza y los flujos de financiamiento externo son críticos para evitar una mayor contracción del crédito y el empleo, los que podrían continuar frenando la inversión y el consumo, lo cual implica un obstáculo significativo a la actividad económica», le dijo.	En total, el Gobierno activó cinco línea de financiamiento externo, por el orden  de los 1,086 millones de dólares, principalmente en el 2019. No obstante, no todos resultaron positivos. En febrero de este año, con urgencia la Asamblea Nacional aprobó un préstamo por 100 millones de dólares con Taiwán, pero hasta ahora ese dinero no ha sido desembolsado.	En marzo del 2019 Ortega ordenó convertir al Bancorp en el Banco Nacional, pero al mes siguiente el Departamento del Tesoro dejó «muerta financieramente» a la entidad al incorporar a ambas entidades a la lista negra, por lo que la ley aprobada por los diputados nunca se concretó debido a que no se publicó en La Gaceta, convirtiéndose así en una medida fallida del orteguismo.	A las puertas de finalizar el año, el régimen volvió a impulsar una nueva jugada legal: nacionalizar los inventarios de combustibles de DNP Petronic, la cual fue alcanzada por las sanciones de Estados Unidos el  12 de diciembre. Aún no está claro si la familia Ortega Murillo pudo salvar parte de su capital invertido en el negocio y si se logró resolver los riesgos de desabastecimiento de combustibles que ciernen sobre el país, luego que esta petrolera queda inhabilitada para importar petróleo y sus derivados.	Al respecto, Arteaga propone que las empresas vayan documentando las pérdidas económicas que han ocasionado las medidas fallidas del Gobierno y que luego en un nuevo gobierno reclamen indemnizaciones, que sean subsanadas con la recuperación de la riqueza que se ha fugado a través del entramado de corrupción del orteguismo, como los 3,500 millones de dólares provenientes de la cooperación de Venezuela.	Y pese a que el FMI le indicó al Gobierno que para recuperar el crecimiento económico, era fundamental recobrar la confianza, el régimen impulsó medidas que han agravado la incertidumbre. El año pasado ordenó crear a la Empresa Nicaragüense de Importación y Exportaciones, Enimex, que entraría a competir con el sector privado en el negocio del comercio exterior.