Yonarqui Martínez, abogada de cientos de reos políticos, confirmó a LA PRENSA que todos sus defendidos reportaron torturas y malos tratos desde el momento de sus capturas, en el proceso de investigación, durante los juicios y posteriormente durante la purga de condenas en el Sistema Penitenciario, sin que el Estado y sus instituciones investigaran las denuncias formales conocidas en audiencias.	El citado documento abarca el período correspondiente del 2008 al 2018 y debía responder a la demanda del órgano internacional que demandó al régimen que “el Estado debe garantizar la integridad física, moral o psicológica de las personas condenadas, las que no podrán ser sometidas a torturas, procedimientos, penas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes”.	“El Estado parte debería adoptar todas las medidas necesarias para garantizar investigaciones inmediatas e imparciales de las eventuales quejas por tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes y proseguir con las investigaciones y sanciones necesarias, a fin de prevenir y combatir la impunidad de las serias violaciones de la Convención”, solicitó el Comité contra la Tortura a Nicaragua.	Además, el órgano internacional demandó al régimen que en su informe periódico facilite datos estadísticos detallados, desglosados por delitos, origen étnico y sexo, sobre las denuncias de actos de tortura y malos tratos presuntamente cometidos por agentes del orden, así como sobre las investigaciones correspondientes, los juicios celebrados y las sentencias penales o sanciones disciplinarias impuestas en cada caso.	La respuesta de Nicaragua al organismo radicado en Ginebra fue de negación absoluta de las denuncias de torturas y abusos documentados en los informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que incluso determinó la comisión de delitos de lesa humanidad, lo cual provocó la expulsión del país de todas estas organizaciones.	“El Ministerio Público en el período comprendido entre el año 2008 al año 2017, no registra ingreso de denuncia por tortura o tratos crueles vinculados a la actividad de agentes del orden. En el año 2018, se tramitaron cinco denuncias, siendo las presuntas víctimas, todos del sexo masculino, en ninguna de ellas existieron medios de pruebas que comprobaran los hechos denunciados, en consecuencia, no se encontró mérito para el ejercicio de la acción penal”, respondió Nicaragua.	De igual modo, el informe del régimen señala que en el Ministerio de Gobernación “no se conoció ninguna denuncia relacionada con la tortura. Esta instancia tramitó 195 denuncias relacionadas con supuestas violaciones a los derechos humanos de presos (188 varones y 7 mujeres), con 203 funcionarios penitenciarios involucrados, de las cuales, en cinco casos se comprobó responsabilidad administrativa que involucró a 13 funcionarios, de los cuales dos fueron despedidos.	Ramón Muñoz, presidente de la no gubernamental Red Internacional de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, explicó a LA PRENSA que el documento remitido desde Managua carece de “credibilidad” ante la amplia cantidad de informes, documentos y denuncias validadas por organismos internacionales de derechos humanos de mucho prestigio entre Naciones Unidas y sus miembros.“El señor Ortega podrá negar todo y sostenerse en su discurso de negación, pero es solo su palabra contra amplias y documentadas denuncias de torturas y violaciones de todo tipo de derechos humanos”, dijo Muñoz, quien advirtió que el citado informe oficial podría significarle a Ortega otra derrota diplomática al ser analizado a la luz comparativa de otros documentos alternos.	“Ahora le corresponde a una delegación del Comité contra la Tortura analizar el documento, contrastarlo con sus propios informes y otros documentos alternos, citar a Nicaragua para cuestionarlo a puertas abiertas y luego emitir una resolución que puede contener dos cosas: reiteración de las denuncias de torturas y abusos de derechos humanos y nuevas recomendaciones”, dijo Muñoz, recordando que los reportes de Oacnudh detallaron minuciosamente las torturas y abusos cometidos por la Policía al servicio del régimen.	“Los testimonios recibidos por la Oacnudh señalan que algunos detenidos han sido sometidos a torturas físicas —incluyendo quemaduras con pistola de electricidad y/o cigarrillos, el uso de alambre de púas, golpizas con puños y tuberías e intentos de estrangulación— como también a torturas psicológicas, incluyendo amenazas de muerte”, dice parte del informe de agosto de 2018 de Oacnudh. “Tanto hombres como mujeres que han sido detenidos han proporcionado a la Oacnudh relatos de la violencia sexual sufrida mientras estaban privados de libertad. Algunas mujeres fueron objeto de violencia sexual, incluyendo violación, y señalaron que son comunes las amenazas de abuso sexual. Los detenidos varones también denunciaron casos de violaciones, incluyendo violaciones con rifles y otros objetos”, reportó en agosto de 2018 el informe de Oacnudh.