Por tercera vez en lo que va de 2019, las sistemáticas violaciones de derechos humanos en Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han sido expuestas ante el mundo desde las tribunas del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y según el nuevo reporte de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (Oacnudh), la represión y los abusos contra la ciudadanía se sostienen en el país.	“Un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 personas en el exilio, las violaciones de derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse. La protesta pacífica y la disidencia siguen siendo reprimidas”, dijo Gilmore, quien reconoció que la liberación de una parte de los presos políticas fue un “paso alentador”, que contrasta con el acoso, amenazas y agresión contra los excarcelados y nuevas detenciones.	“Las sucesivas liberaciones de personas privadas de libertad en relación con las protestas de 2018 fueron pasos alentadores. 442 personas han sido puestas en libertad desde el 27 de febrero de 2019. 336 de ellas bajo medidas alternativas a la detención, mientras que 106 fueron puestas en libertad en aplicación de la recientemente adoptada Ley de Amnistía. El Gobierno indicó que ha liberado a todas las personas detenidas en relación con las protestas”, expuso la alta funcionaria.	“Sin embargo, según diversas fuentes, más de 80 personas permanecen bajo custodia en condiciones severas de detención. Estamos profundamente preocupados por la situación de las personas privadas de libertad en relación con las protestas. Nuestra Oficina ha recibido denuncias de que algunos de ellos fueron sometidos a tortura o malos tratos por parte de los oficiales de corrección”, denunció Gilmore, quien revivió	“El 16 de mayo de 2019, en medio de protestas dentro de la prisión de La Modelo, un detenido fue asesinado, presuntamente por un oficial de policía que había disparado, mientras que varias personas resultaron heridas, entre ellas agentes de policía. Instamos a la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente por su participación en las protestas o por expresar opiniones disidentes o críticas, incluidas las que se encuentran bajo medidas alternativas al encarcelamiento”, señaló la funcionaria.	“También reiteramos nuestro llamado a que se lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre estas denuncias de tortura y los hechos violentos bajo custodia. Si bien llevó a la liberación de 106 personas, la Ley de Amnistía, aprobada el 8 de junio de 2019, contiene ambigüedades que pueden beneficiar a los autores de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas. Como lo destacó el Alto Comisionado en un reciente comunicado de prensa, la Ley de Amnistía en su forma actual no garantiza el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, ni la Ley de Atención Integral a las Víctimas. Ambas leyes fueron adoptadas sin una consulta suficiente con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas”, dijo la Alta Comisionada Adjunta, quien de paso anunció que Oacnudh está lista “para ayudar a asesorar sobre cómo se pueden mejorar estas leyes”.	Ella recriminó al régimen que si bien existe información documentada y verificada de comisión de graves delitos internacionales, la dictadura sigue negando su responsabilidad: “Si bien nuestra Oficina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Organización de los Estados Americanos han documentado graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas, el Gobierno continúa negando la responsabilidad de agentes estatales o profesionales y elementos armados progubernamentales (paramilitares). Es crucial garantizar la rendición de cuentas sin ninguna excepción, asegurar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación, y determinar las garantías que el Estado establecerá para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos”.	“Seguimos preocupados por la suspensión de las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica desde abril de 2019, y por la no aplicación de los dos acuerdos alcanzados anteriormente, en particular sobre el fortalecimiento de los derechos y salvaguardias de los ciudadanos”, dijo Gilmore, quien denunció que la Policía Orteguista al servicio de la dictadura continúa violando los derechos civiles y políticos del pueblo nicaragüense, pese a la firma de acuerdos donde se establece la restitución de estos derechos constitucionales.	Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos supieron de boca de Gilmora, que los defensores de los derechos humanos y los líderes comunitarios continúan “siendo blanco de ataques, amenazas, hostigamiento y vigilancia constante. Recientemente se informó a nuestra Oficina que algunas de las personas liberadas han sido acosadas y amenazadas por la policía y atacadas por elementos armados gubernamentales, en algunos casos con el consentimiento de las autoridades”.	“Las violaciones del derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de los medios de comunicación, continúan afectando a los periodistas y otros trabajadores de medios, así como a los propios medios de comunicación. Nuestra oficina fue informada de que los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación han sido amenazados, hostigados y censurados. Dos periodistas prominentes fueron detenidos por más de cinco meses bajo cargos de terrorismo y fueron liberados el 11 de junio de 2019. Según fuentes no gubernamentales, a partir del 28 de junio, más de 100 periodistas se habían exiliado”, detalló Gilmore.	De acuerdo a Oacnudh, la crisis de represión también ha afectado el disfrute de los derechos económicos y sociales: “La recesión, junto con los efectos de la sequía relacionada con El Niño, podría poner en riesgo a los más vulnerables, incluidos los pueblos indígenas y afrodescendientes. También hemos recibido informes sobre la escasez de antirretrovirales y otros medicamentos”.	La Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, anunció que un equipo especial dedicado en la oficina regional en Panamá ha estado monitoreando de forma remota, con una metodología rigurosa, la situación de los derechos humanos en Nicaragua y que existe la posibilidad de una reunión este mes para analizar el compromiso del régimen en el retorno de la misión a Nicaragua, luego de su expulsión en 2018.	“Después de que el gobierno solicitó a nuestro equipo desplegado en Managua que abandonara el país a fines de agosto de 2018, hemos estado tratando de recuperar el acceso. En este sentido, consideramos un paso positivo la información proporcionada por el gobierno el 5 de julio de 2019, sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua y la participación del Ministro Asesor del Presidente (Valdrack Jaenstschke) en una sesión de trabajo que tendrá lugar el 13 de julio en nuestra oficina regional en Panama”, dijo Gilmore.	Montenegro está de acuerdo con las críticas que hicieron en la ONU a la Ley de Amnistía orteguista, aprobada por el régimen el 8 de junio, porque es una “patente para cometer delitos”, en caso de los paramilitares y funcionarios que reprimieron al pueblo y lesiva en cuanto a derechos de las víctimas.