El retiro de Castro al frente del Minsa se hizo efectivo mediante el Acuerdo Presidencial 108-2019 publicado en La Gaceta, Diario Oficial, este 26 de julio. En ese mismo documento se hace el nombramiento como asesora. “En consecuencia déjese sin efecto su nombramiento en el cargo de Ministra del Ministerio de Salud”, expresa el texto.	Para oficializar el nuevo cargo de “asesora” al que quedó Castro relegada, Ortega reformó el reglamento de la Ley 290, Ley de organización, competencia y procedimientos o del Poder Ejecutivo, en el que amplío la lista de sus “asesores”, que es el puesto que ha dado el dictador a una serie de exfuncionarios que son de su círculo personal cuando a éstos los quita de un ministerio para poder a otro de sus fieles políticos.	Las sanciones adoptadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, pero también por primera vez, Estados Unidos usó la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), es decir la ley Nica Act contra funcionarios del régimen orteguista por su involucramiento en la represión contra los ciudadanos en las jornadas de protestas que iniciaron en abril del 2018.	La ahora exministra de Salud es señala haber dado órdenes a los hospitales públicos de no atender a los heridos de las protestas que iniciaron en abril de 2018. Con esa orden se provocó la muerte de manifestantes, una de las más conocidas es la de Álvaro Conrado, de 15 años de edad, quien murió desangrado debido a que en dos clínicas del Minsa le negaron la atención cuando fue llevado herido por una bala en su garganta durante el ataque de grupos de choque y la Policía Orteguista (PO) a los estudiantes universitarios en el sector de la Universidad de Ingeniería (UNI).	Organismos como el Grupo Interdiscipliario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, concluyó en su informe sobre la represión en Nicaragua que  “existe información consistente sobre múltiples situaciones de negación de atención, de formas de atención inadecuadas”, maltrato a los heridos “que implicaron una nueva forma de violencia del Estado contra los manifestantes.