El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), se reúne este martes otra vez de manera extraordinaria para ocuparse de la crisis sociopolítica de Nicaragua, que dura más de 13 meses. La sesión especial de hoy ha sido motivada por el impactante homicidio o asesinato del preso político nicaragüense-estadounidense, Eddy Montes Praslin, ocurrido el jueves de la semana pasada en la prisión de Tipitapa.	Reiteradamente ha demandado el cese de la represión gubernamental y llamado al restablecimiento de la democracia mediante un acuerdo político del régimen con la oposición. Con ese objetivo, a principios de agosto del año pasado el Consejo Permanente creó un Grupo de Trabajo para ayudar a buscar “soluciones pacíficas y sostenibles”, así como procurar medidas de apoyo al diálogo y la negociación política, “incluso por medio de consultas con el Gobierno de Nicaragua”.	Pero Ortega rechazó al Grupo de Trabajo y ni siquiera le permitió venir a Nicaragua a cumplir su misión. De manera que el Consejo Permanente de la OEA comenzó el 11 de enero del año en curso, un proceso de “apreciación colectiva” de la situación que podría concluir en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y suspendería a Nicaragua de su participación en la OEA, con todas las consecuencias políticas, diplomáticas y económicas que esta decisión podría tener.	En la nueva reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA que se realiza este martes, se podría avanzar significativamente en el proceso para aplicar la Carta Democrática a la dictadura de Daniel Ortega, lo que algunos esperan podría ocurrir en la Asamblea General que se realizará en Medellín, Colombia, del 26 al 29 de junio entrante.	Pero la reunión de la OEA en Medellín será una Asamblea General Ordinaria, la número 49 desde su fundación en 1948, en tanto que la suspensión de Nicaragua por la ruptura del orden democrático perpetrada por Ortega se tiene que decidir en un período extraordinario de sesiones de la misma Asamblea, convocado especialmente por el Consejo Permanente. Además, de acuerdo con los artículos 19, 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana, se requieren dos tercios de los 34 países miembros para suspender al régimen de Daniel Ortega, y hasta ahora no hay certeza de que haya en la OEA esa indispensable cantidad de votos dispuestos a suspenderlo.	Se supone que la aplicación de la Carta Democrática a la dictadura ejercería una presión internacional más fuerte a Daniel Ortega, para obligarlo o persuadirlo de que debe tomar en serio las negociaciones con la oposición, que por ahora están suspendidas debido a la intransigencia dictatorial e incluso parecieran estar al borde del fracaso.