El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Serrano Caldera afirmó ayer que el país vive una incertidumbre jurídica porque los instrumentos legales se utilizan como medios de acción y presión política, donde se trata de ajustar las cosas a efectos de que produzcan consecuencias en la contradicción política existente.	En estas circunstancias considera fundamental “La lucha por el derecho”, como se titula el clásico del jurista alemán Rudolf Von Ithering, en el cual advierte del peligro que conlleva a una sociedad el que el derecho se subordine a la política y se utilice como instrumento para justificar lo que no tiene justificación.	El poder es necesario para que no exista anarquía, pero el derecho es el límite del poder, y el poder es lo que la ley dice que es el poder, y las instituciones no son instrumentos en manos del poder para tratar de justificar sus acciones de facto, sino que la causa y el cauce del ejercicio del poder, indicó el Serrano, tras expresar su preocupación por la crisis que atraviesa la CSJ.	En Nicaragua, afirmó, el poder se debe ejercer de acuerdo a normas específicas, como las establecidas en los artículos 130 y 183 de la Constitución Política, y si la Constitución y la Ley no incluyen el proceso de formación de la ley, como sujeto de recurso de amparo se debe respetar.	Opinó que la Sala Constitucional fue mal convocada y mal conformada, lo que equivale a su no constitución, y por consiguiente a su falta de capacidad legal para producir actos jurídicos que produzcan efectos jurídicos. “Si no existe el órgano con la capacidad legal, no puede ser sentencia ni producir consecuencias jurídicas”.	Explicó que la sentencia declara inconstitucional la Ley 630 un día antes de que ésta haya sido publicada, y no puede haber una declaración de inconstitucional si no es en contra de la ley, y esa ley no había nacido porque aún no se había dado la publicación para terminar el proceso de formación de la ley. “No podían declarar inconstitucional algo que aún no es sujeto de recurso”.	Indicó que aunque existe la sentencia de 2004, que dejó sin efecto el artículo 51, inciso dos, de la Ley de Amparo, contra el proceso de formación de la ley, sigue vigente el artículo 188 de la Constitución, donde se define que el objeto del amparo es contra toda disposición, acto o resolución.	En ese sentido su criterio es que debe ser la Corte Plena la que se pronuncie en torno a lo decidido por la Sala Constitucional, porque si hay un poder del cual depende el ejercicio de la democracia y la estabilidad de una sociedad, es el Poder Judicial, el referente, el fiel de la balanza que está por encima de las pasiones políticas, independiente de que sus miembros provengan de partidos políticos o tengan su ideología, porque es parte de sus derechos.