Ecuador volvió el lunes a la calma tras acordar con el movimiento indígena el fin de la crisis causada por el furioso rechazo a medidas de austeridad y tenía por delante la difícil tarea de reparar los daños que dejaron 12 días de protestas: millonarias pérdidas, siete muertos y centenares de heridos y detenidos.	El Ejecutivo aceptó el pedido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) para desmovilizar a miles de sus miembros que llegaron a la capital: derogar el decreto presidencial 883 que eliminó los mencionados subsidios, pactado con el FMI. «Felicito al pueblo ecuatoriano porque han logrado una histórica victoria contra el FMI, al conseguir la derogación del Decreto 883», expresó en Twitter el presidente venezolano Nicolás Maduro, señalado por Moreno de activar junto a su antecesor y exaliado Rafael Correa un plan de desestabilización. Correa y Maduro se han burlado de estos señalamientos.	La medida, con la que el Estado pretendía ahorrar 1,300 millones de dólares al año, generó alzas de hasta 123% en los precios del diésel y la gasolina en el petrolero Ecuador, que afronta una gran iliquidez. Moreno señaló el lunes por Twitter que «se expedirá un nuevo decreto que nos asegure que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan».	Los aborígenes, que participaron en los derrocamientos de tres mandatarios entre 1997 y 2005, obtuvieron una «simbólica» victoria, estimó Romero. Pero también se perdió mucho. «El gobierno, porque se logró ver todas sus debilidades; la Conaie, por la división interna en su cúpula; y el país, por todo lo que significó esta protesta, en particular en Quito, porque nos toca rearmar nuevamente la ciudad», añadió.	El grueso de nativos regresó a sus comunidades en medio del toque de queda y militarización también impuesto desde el sábado para la capital. Casi dos semanas duró la eliminación de subsidios a combustibles pactados con el FMI, que permite a Ecuador acceder a créditos por 4,200 millones de dólares para aliviar el déficit fiscal.	Sectores sociales también se oponen a reformas como la disminución de las vacaciones de los empleados públicos (de 30 a 15 días). «Ecuador tiene que cumplir los compromisos con el FMI porque nadie le va a prestar si es que quiere seguir gastando y quiere seguir viviendo de la deuda», estrategia aplicada desde 2014, añadió Acosta Burneo.