“Lo hicimos para apoyar y respaldar lo que las Madres de Abril hicieron. Ellas fueron las primeras que tuvieron esa iniciativa, de recurrir, porque ellas consideran que esa ley les viola los derechos humanos y que, además, no les garantiza la justicia por la muerte de sus hijos y de sus hijas. Ellas no quieren que esas muertes queden en la impunidad”, dijo Molina.	El artículo uno de esta Ley establece que “concede amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley”. Sin embargo, en el contexto de represión contra las protestas, la Policía y los simpatizantes de Ortega son los únicos que han matado, torturado, secuestrado a los manifestantes opositores, lo que dejó un saldo de más de 340 personas muertas, según la CIDH.