El anuncio de la visita generó posiciones encontradas en Venezuela entre quienes alabaron la decisión y otros que expresaron preocupación de que el gobierno vaya a controlar los recorridos de Bachelet para evitar que pueda corroborar la crisis del sistema de salud y las precarias condiciones de las cárceles, donde han fallecido 155 reclusos en los últimos tres años durante motines, según registros del Observatorio Venezolano de Prisiones.	El activista Carlos Nieto, que dirige la organización local Una Ventana a la Libertad y defiende los derechos de los presos, manifestó dudas sobre las repercusiones que podría generar el viaje de la alta comisionada, y dijo que cree que el gobierno ``buscará ocuparle el mayor tiempo posible a la señora Bachelet para que solo vea y hable con los que ellos quieren". Nieto indicó que los tres días de visita es ``muy poco tiempo" para conocer la situación real del país.	La oficina de Bachelet, la funcionaria de derechos humanos de mayor nivel de la ONU, informó el viernes que visitará Venezuela del 19 al 21 de junio. Agregó que ella tendrá reuniones con funcionarios del gobierno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el jefe de la Asamblea Nacional, y el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.	Se agregó que también hablará "con víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos y con sus familiares", pero no dio más detalles.Bachelet envió a inicios de marzo un equipo técnico que durante casi dos semanas estuvo en Caracas y dos ciudades del interior para evaluar la situación de los derechos humanos y las condiciones para la visita de la alta comisionada.	El viaje de la misión se dio poco antes que la funcionaria presentara un informe oral sobre Venezuela en el que manifestó preocupación por la "magnitud" y "gravedad" de la repercusión de la crisis sobre los derechos humanos, y sostuvo que las sanciones económicas que recibió la corporación petrolera estatal podrían agravar la situación.	En esa oportunidad la alta comisionada afirmó que las autoridades ``se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad" de la crisis en materia de salud, alimentación y servicios público, por lo que las medidas que han adoptado "no han sido suficientes". Asimismo, se refirió a las denuncias de asesinatos extrajudiciales cometidos por integrantes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la policía nacional, y los casos de violaciones y abusos de derechos humanos ocurridos este año en las protestas antigubernamentales cometidos por presuntos miembros de las fuerzas de seguridad y grupos pro oficialistas armados conocidos como "colectivos".