En el marco de la XXXI Reunión de Presidentes de los países del Sistema de Integración Centroamericana, realizada en diciembre pasado, se aprobó la llamada “Política Agrícola Centroamericana 2008-2017”, que constituye la agenda para fortalecer la integración regional, la competitividad del sector agrícola y la seguridad alimentaria de los centroamericanos.	La política reconoce el rezago que presentan las áreas rurales frente a las urbanas en términos de educación, salud, acceso a agua potable y electricidad, sin olvidar que la población rural representa cerca de la mitad de la población total del istmo y que el 70.9% de los hogares rurales, ocupados en actividades agropecuarias, viven en condiciones de pobreza.	La Política descansa sobre dos ejes articuladores: 1) Competitividad y Agronegocios, y 2) Financiamiento y gestión de riesgos. El primer eje incluye las áreas de política relacionadas con el comercio intra y extraregional, la revisión y armonización de la normativa sanitaria y fitosanitaria, y la promoción del diálogo, la investigación y la cooperación regional e internacional para el desarrollo de nuevas tecnologías y mejores prácticas que eleven la competitividad.	Por otro lado, la Política establece tres temas transversales: 1) Dar especial atención a las pequeñas y medianas unidades de producción agrícola, que utilizan fuerza de trabajo familiar y en donde los niveles de productividad son bajos; 2) La promoción de la gestión agroambiental, para que el proceso productivo aporte a la seguridad alimentaria y a la sostenibilidad ambiental, social y económica; y 3) Reforzar la institucionalidad, reforzando tanto el marco normativo como las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil que pertenecen al ámbito rural.	La Política Agrícola Centroamericana sienta las bases para el desarrollo rural. Sin embargo, para llevarla a la práctica los gobiernos deberán reconocer que necesitarán de más recursos financieros para aumentar significativamente la inversión social y la infraestructura en el medio rural, así como para impulsar el catastro rural, los programas de acceso a la tierra y la generación de empleos dignos y políticas de protección social.