A raíz de la represión policial del pasado 30 de marzo, cuando policías, paramilitares y fanáticos del régimen agredieron a manifestantes y periodistas, Vargas estima que los mandos policiales evitan acatar los acuerdos de cese de represión y acceso a la justicia, porque se consideran “fichas sacrificables” a la hora de un cambio de sistema.	“Tanto los paramilitares como los policías saben que, en cualquier negociación seria, Ortega tiene que sacrificar algunas piezas. Y las piezas sacrificables son precisamente los paramilitares y miembros importantes de la policía. Algo similar sucedió cuando Hitler hizo su alianza con el gran capital tuvo que eliminar del juego político a los más radicales”, estimó el sociólogo.	“Por lo tanto, a mi criterio, los paramilitares y algunos de los altos miembros de la policía se encuentran entre los sectores que están en contra de cualquier arreglo, ya que sospechan que son sacrificables”, señaló el analista, tras analizar el comunicado policial del 30 de marzo, en el cual criminaliza a los manifestantes y altera por completo los eventos.	“Tanto el comunicado como la represión del sábado 30 de marzo nos está indicando que esos sectores actúan con cierta autonomía relativa en relación a los políticos. Mi temor es que esta gente comience a actuar de manera independiente para torpedear cualquier arreglo. No hay que descartar esa posibilidad. Ortega creo el monstruo que ahora no pueda controlar, totalmente. Por eso la necesidad de un organismo internacional para evitar los desmanes contra la población que estas fuerzas puedan implementar”, dijo Vargas.	“Pienso que Ortega, que los necesitó durante los once meses previo al 30 de marzo, ahora los ve transformados en un problema para llegar a un acuerdo que sea el ‘el orteguismo sin Ortega-Murillo’. Acuerdo que serían favorables tanto los EEUU, el gran capital, y miembros de la “nueva clase”. Pero para implementar ese acuerdo, Ortega-Murillo tienen que sacrificar a los paramilitares y a altos miembros de la Policía, los más visibles”, analiza.	Es evidente que la intención de la policía con el comunicado del sábado inculpando a los ciudadanos que se manifestaban cívicamente, es criminalizar un derecho ciudadano fundamental, que es el derecho a la manifestación pacífica. Las personas atacadas por la policía y por los paramilitares estaban dentro de un local privado, desarmados y realizando una actividad pacífica.	La imagen de la policía ha llegado a un punto de credibilidad y confianza sumamente bajo, tanto entre la población como ante la comunidad internacional. Sus actuaciones durante los últimos 12 meses son evidente y gravemente violatorias a los derechos humanos por elementos que ya han sido señalados en los informes de los organismos internacionales de derechos humanos. La caída de confianza en la institución llegará hasta donde su jefatura lo permita con sus actuaciones.	Porque la policía es parte de un mecanismo y una política de represión dirigida desde el más alto nivel, es decir, desde la presidencia. Por eso, aun a sabiendas que existe un acuerdo firmado y que lo consignado en ese acuerdo también está consignado como derechos ciudadanos en la Constitución, ejecutó las acciones de represión que presenciamos todos.