La activista Ana Quirós, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), organización a la que el gobierno le canceló su personería jurídica, participó en esta audiencia y recordó el caso de Ruth Matute, quien tiene cardiopatía congénita, como uno de los casos más serios en la prisión.	De las que aún permanecen en prisión, 40 están siendo judicializadas y 17 ya han sido condenadas con penas que van de los seis meses hasta los 40 años de prisión, detalló el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, una organización internacional de defensa y protección de los derechos humanos.