La acción de hoy se está tomando de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13851, y se dirige a los funcionarios del gobierno nicaragüense que persiguen a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales; quienes manipulan las elecciones y quienes abusan del sistema de seguridad social como vehículo para la corrupción.	«Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estos individuos, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichos individuos, que estén en los Estados Unidos o en posesión o control de las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC».	Bajo esta entidad, según Estados Unidos, López y otros miembros han realizado o participado en transacciones en serie que involucran prácticas engañosas o corrupción por, o en nombre de, o relacionado, con el Gobierno de Nicaragua, o un funcionario actual o anterior, como la apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno.	«El INSS es uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción, y se ha utilizado como fondo para sobornos del gobierno. El INSS ha estado implicado en escándalos de corrupción y esquemas de lavado de dinero bajo la supervisión de López, desde financiar un edificio de varios millones de dólares en tierras de propiedad de López, hasta favorecer contratos con empresas de construcción afiliadas al gobierno y proveedores farmacéuticos, hasta realizar pagos ilegítimos a funcionarios a través de empresas fantasma», dice el documento.