Para especialistas en temas de seguridad y defensores de derechos humanos, esos casos son parte de una extensa lista de abusos que reafirman la descomposición de la Policía, porque no actúa como una institución que garantiza seguridad a la ciudadanía, sino como un apartado represor del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que le blinda de impunidad para no responder por esos abusos.	El especialista en temas de seguridad Roberto Cajina critica que la PO como institución “ha perdido los valores éticos y morales que en algún momento fueron base de su actuación”, pues dejó de cumplir su misión constitucional y de su propia ley, “porque dejó de garantizar protección y seguridad a la ciudadanía para convertirse en aparato represor que protege los intereses de Ortega y Murillo”.	Otro caso impune es el asesinato de Orlando Cruz Lagos a manos de un pistolero en el parqueo del mercado Roberto Huembes. La PO guarda silencio sobre este crimen que sucedió el 13 de abril pasado y del que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, el responsable es Joaquín Ramón Fernández Correa, quien es trabajador de la Alcaldía de Managua y militante del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).