Ley Electoral y ordenamiento jurídico en general producen discrecionalidad que atenta contra pluralismo, elecciones libres, Declaración Universal de Derechos Humanos y Carta Democrática de OEA, expresan cooperantes en comunicado. Hacen alusión concreta al despropósito del CSE cancelando personerías del MRS y PC. Le recuerdan al gobierno los compromisos suscritos con ellos, como principios fundamentales para el financiamiento conjunto de apoyo presupuestario	“La comunidad internacional aprecia la iniciativa del CSE de compartir con la cooperación explicaciones sobre la reciente resolución emitida por este órgano. No obstante, nos preocupa que la actual Ley Electoral y el ordenamiento jurídico dejan márgenes de interpretación y discrecionalidad tan amplios que levanta muchas interrogantes sobre su aplicación en la referida resolución. Bajo estas consideraciones, la decisión del CSE genera serias inquietudes para la comunidad cooperante sobre el avance de la consolidación democrática y gobernabilidad del país en general, y en particular en lo referente a los procesos de inclusión y participación ciudadana activa”, advierten los cooperantes en su pronunciamiento.	“La cooperación está muy preocupada con el impacto de esta decisión. Teme que represente una reducción de los espacios democráticos y que vaya en una dirección contraria a la orientación incluyente del cuerpo legislativo nacional e internacional sobre derechos civiles y políticos de los ciudadanos, especialmente la Constitución Política de Nicaragua y sus principios de pluralismo político que garantizan la participación efectiva de los nicaragüenses en la vida política del país”, dice la comunicación.	Al mismo tiempo, la comunidad cooperante considera que “el derecho de los y las ciudadanas de gozar de elecciones libres, justas y plurales es igualmente un elemento fundamental de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana de la OEA y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, suscritos por el Estado de Nicaragua. La cooperación técnica y financiera de la comunidad internacional está basada en el respeto al Estado de Derecho y el cumplimiento de los compromisos internacionales por parte de los países receptores”.	De manera particular, estos instrumentos constituyen parte de los principios básicos acordados entre el gobierno de Nicaragua y los donantes en el marco de una diversidad de programas de cooperación, incluidos los principios fundamentales del Acuerdo de Financiamiento Conjunto del Grupo de Apoyo Presupuestario, y otros acuerdos de índole bilateral e internacional con varios donantes.	La comunidad cooperante advirtió que “estamos observando la intensa discusión que ha generado en la sociedad nicaragüense, lo que nos parece una señal alentadora de una cultura de defensa pacífica de los derechos ciudadanos. Estamos convencidos que es en primer lugar la sociedad nicaragüense que debe decidir sobre el rumbo de la democracia en su país. Como cooperación internacional tenemos la convicción que el fortalecimiento democrático y el fomento de un sistema plural y transparente no es sólo un derecho de la población, sino que también representan una condición necesaria para el éxito de los procesos de reducción de la pobreza y desarrollo que como socios de Nicaragua nos hemos comprometido a acompañar”.	“Como tal, las situaciones que pueden afectar las metas de desarrollo trazadas por el país y para las cuales se brinda la cooperación técnica y financiera bilateral y multilateral, ameritan un cuidadoso análisis y una discusión amplia entre las autoridades, la población y los socios de desarrollo en Nicaragua, de forma que resulte en soluciones positivas que favorezcan la gobernabilidad democrática, la confianza de los ciudadanos en las leyes y sus instituciones, y un ambiente estable y constructivo para avanzar en el desarrollo humano del país”, apunta la comunicación.