El exmagistrado del poder judicial de Nicaragua, Rafael Solís Cerda, declaró que fue un error permitir la reelección presidencial de Daniel Ortega en 2011. Así lo dijo en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times, dos días después que se conoció su renuncia ante la Corte Suprema y el FSLN.	Solís fue uno de los magistrados sandinistas integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que garantizó en 2010 la sentencia judicial que le permitió a Ortega participar como candidato presidencial a la reelección en los comicios de 2011, aunque la Carta Magna lo prohibía en el artículo 147.	En abril de 2018, días antes del comienzo de las protestas contra Ortega en Nicaragua, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dio a conocer los resultados de un estudio sobre las reelecciones, realizado por la Comisión Europea para la Democracia o Comisión de Venecia, que determinó que la reelección presidencial no es un derecho humano.	“Así como él contribuyó a crear un sistema dictatorial y a corromper el poder judicial, así con sus declaraciones igual está contribuyendo a hacer una transición a la democracia y hay que tomar en cuenta sus reflexiones y sus argumentos, porque él estaba muy dentro del círculo decisorio (de poder)”, dijo Álvarez.	“Rafael Solís sabía lo que se estaba haciendo desde hace mucho tiempo. No es que de hoy a mañana se dio cuenta que aquí se estaba instalando una dictadura. La diferencia es que ahora hay sanciones elaboradas a través de la Nica Act, donde se pretende poner a pensar a los funcionarios y por eso es que da un plazo de 180 días para que estos funcionarios reflexionen”, dijo el politólogo.	A eso hay que sumarle los efectos de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que inició el viernes en el Consejo Permanente de la OEA, y que también puede ser otro de los motivos que empuje a funcionarios orteguistas a renunciar a sus cargos y salir del país. En todo esto, de sanción internacional a lo que ocurre en Nicaragua, son importantes los contundentes informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales se documentó la represión del Estado contra los manifestantes.	Rafael Solís renunció a su cargo de magistrado del poder judicial el pasado 8 de enero, a través de una carta en la que también denunció la consolidación de una “dictadura con caracteres de monarquía absoluta”; desmintió el argumento de un golpe de Estado contra el gobierno de Daniel Ortega y advirtió la posibilidad de una guerra civil por la falta de voluntad de dialogar del régimen.