La organización expuso en un comunicado que desde el 2016, cuando inició la «fiebre del oro» en Las Crucitas, Costa Rica, identificaron «un crecimiento desmedido de esta práctica. A junio de este año llegaron a contabilizar más de cien molinos ubicados, principalmente, en el municipio de San Carlos, Río San Juan».	Mediante un mapa publicado por Fundación del Río, se muestran 20 puntos georeferenciados, donde están las áreas de explotación en funcionamiento. Estas se localizan cerca de ríos y quebradas que desembocan en el río San Juan, advirtó la organización ambiental. La situación denunciada contrasta con el mismo mapa de derechos mineros del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que señala a la Reserva como una de las zonas restringidas a dicha actividad.	Amaru Ruiz, director de la Fundación y biólogo, explicó que desde el 2016 se iniciaron exploraciones en búsqueda de oro en las zonas de Los Chiles y Las Azucenas, San Carlos, donde efectivamente encontraron. Desde esa fecha inició un “boom minero”, el cual se ha extendido hasta la zona conocida como El gavilán, en el municipio de El Castillo.	Para Ruiz “existe una omisión hacia la extracción por parte de la municipalidad, donde sabemos que no existe ningún permiso ni de exploración, ni de explotación en todas esas zonas”, dijo. Cabe mencionar que para todo proceso de extracción de material metálico y no metálico se necesita toda una permisología ambiental.	La organización aseguró que anteriormente hicieron visitas a la zona, donde identificaron el impacto ambiental y las preocupaciones de los locales por la minería, siendo una de estas la posible contaminación del agua por el uso de mercurio en el proceso minero, el cual se utiliza para separar el mineral de la roca.	Si se contara con una verdadera institucionalidad, la situación a la que se enfrenta la Reserva del Sureste nunca hubiera pasado, aseguró Ruiz, quien criticó la ausencia de institucionalidad por parte del Estado y de instancias como el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) y el Ministerio de Energía y Minas, que tendrían que haber prohibido el proceso de explotación minera en la zona, inclusive aunque fuera minería artesanal.