Dos días después que el Ejecutivo de Nicaragua negara la entrada del secretario de Estado español de cooperación internacional y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, la embajadora de España en este país, María del Mar Fernández Palacios, ha sido llamada por el Ministerio de Asuntos Exteriores a un proceso de consultas para hablar de "relaciones bilaterales", confirmó el departamento a través de un comunicado.	“Las autoridades nicaragüenses, sorprendentemente, han decidido que no es el momento para que el secretario de Estado haga una visita a Nicaragua. Desde que el Gobierno del presidente (Pedro) Sánchez tomó posesión he intentado ir (a Nicaragua) para presentar un apoyo y una aportación constructiva para la solución de la crisis que ese país atraviesa y esta vez, lamentablemente, tampoco voy a poder cumplir ese objetivo”, dijo de Laglesia a la agencia española EFE.	Pará el experto en temas internacionales, Mauricio Díaz, el llamado a consulta para la embajadora española por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de la UE, podría significar un avance en el marco legal para la imposición de sanciones específicas e individuales a funcionarios del Gobierno de Nicaragua por parte del bloque.	"Este es un gesto poco amistoso, que pone en riesgo la cooperación internacional de parte de España, la que es entregada por sus ciudadanos y yo no creo que España siga pidiéndole a sus pobladores dinero para darle a instituciones del Estado que irrespeten los derechos humanos, que son las que más se benefician de esa relación bilateral en materia económica", dijo Díaz.	"Está en riesgo que se le expulse a nuestro país del Acuerdo de Asociación (AdA), entre Centroamérica y Europa, sería catástrofe a nivel económico, porque este continente es el tercer mercado de exportación para nuestros productos y al cerrarse ese mercado son millones de dólares que se van de las manos del Gobierno", aseguró Parrales.	“El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación reitera su llamamiento a que cesen los actos represivos contra la población nicaragüense, se restituyan y garanticen los derechos de manifestación, expresión y prensa de conformidad con la constitución nicaragüense y se recupere la negociación política basada en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos”, finaliza el comunicado del gobierno español.