El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) señala que las primeras acciones armadas para desmantelar los tranques sucedieron a menos de un mes de iniciadas las protestas, y uno de los primeros registros del uso de armas de guerra contra manifestantes ocurrió en la norteña ciudad de Matagalpa, donde murieron tres protestantes, el 15 de mayo.	De acuerdo con el informe, fuerzas combinadas de la Policía Nacional y grupos de choque realizaron una serie de operativos con el propósito de despejar la principal vía de acceso hacia la ciudad que había sido tomada por los manifestantes, “lo cual suscitó una serie de enfrentamientos que arrojaron un saldo de tres personas muertas y decenas heridas”.	En los listados de personas fallecidas elaborados por organismos de derechos humanos y por la Comisión por la Verdad figuraba además una persona identificada como Henry Aráuz; sin embargo, la información recogida por el GIEI indica que esa persona sobrevivió, tras ser herida durante los sucesos del 15 de mayo en Matagalpa.	La información contenida en informe, explica que el 15 de mayo, fecha en que ocurrió el ataque armado, al principal tranque ubicado en la ciudad, antimotines y oficiales de línea iniciaron un operativo valiéndose de gases lacrimógenos, balas de goma y piedras contra los manifestantes que estaban ubicados en las inmediaciones del comisariato de la Policía. Esta primera fase del operativo concluyó cuando los efectivos policiales fueron replegados hacia el sector del comisariato; y varios párrocos católicos se presentaron al lugar para mediar la salida de los policías del sector.	“A su vez, tal como puede verse en los registros audiovisuales, otro grupo de civiles ingresaría luego a través de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa (UNAM-FAREM Matagalpa) para llegar hasta el comisariato antes acción facilitada por la propia policía. Horas antes, estos grupos habían arribado en camionetas hasta la Estación Policial Carlos Fonseca Amador (ubicada en centro de la ciudad, frente al parque Morazán) para trasladarse desde allí hasta el predio universitario mencionado y luego al comisariato antes mencionado, una acción facilitada por la propia policía. La información disponible indica que algunos integrantes de este grupo habrían portado armas de fuego”, precisa el texto.	De acuerdo con los testimonios recabados en el reporte, los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones del parque Rubén Darío, en esa zona el grupo afín al Gobierno atacó con piedras y morteros artesanales a una manifestación; entre los atacantes se encontraban dos funcionarios públicos: Otoniel Aráuz, juez suplente de San Ramón y Sébaco, quien según evidencia de vídeos y fotografías habría accionado un arma de fuego. “Se trata de un arma automática, de tipo subfusil (posiblemente Skorpion VZ 61) y constituye un arma de guerra”, dice el documento.	El reporte también indica que el alcalde de la ciudad, Sadrach Zeledón, habría desempeñado un rol preponderante en la represión que incluyó entre otras acciones, la movilización de fuerzas de choque en vehículos de la municipalidad, el ataque con morteros y piedras por grupos de choque contra un grupo de manifestantes que se desplazaban a bordo de motocicletas que se habían apostado en la gasolinera UNO La Virgen (próxima a la salida a Managua).	“Otros registros audiovisuales permiten observar que en algún sector próximo a esa misma gasolinera (cuya cartelería se aprecia en las imágenes) se encuentra una persona que, según información proporcionada al GIEI, sería el propio alcalde de la ciudad. Puede vérselo rodeado de personas de civil que portan bidones y se escuchan referencias a bombas molotov y gasolina”, menciona el texto.