En primer lugar, este término de “poder ciudadano” concibe que el poder político se puede ejercer desvinculado, totalmente, del poder económico. Segundo, este término oculta que el poder económico, en la sociedad moderna, industrial, sólo pueden ejercerlo dos clases: o bien la burguesía, dueña de los medios de producción, que compra la mano de obra asalariada como una mercancía esencial para obtener beneficio personal en el proceso productivo; o bien el proletariado, que al expropiar los medios de producción, elimina la base fundamental de la explotación humana (aunque para eliminar las bases materiales de la explotación se requiere, además del poder obrero, de un desarrollo extraordinario de las fuerzas productivas, para satisfacer las necesidades de todos los habitantes).	Por otro lado, el término “democracia directa” esconde bajo un manto superficial, tejido con distintos matices posibles en la forma de gobierno, una realidad social dinámica. La democracia, como fenómeno del devenir histórico, tiene, esencialmente, un carácter de clase. O es una democracia burguesa, en la cual, toda la superestructura (incluida la ideología) está diseñada para servir al poder económico de la burguesía; o es una democracia proletaria, que planifica centralizadamente la economía, como una forma transitoria de gobierno, que apunta conscientemente a su desaparición con la construcción de la sociedad comunista.	El término ciudadano, que usa la propaganda del gobierno para darle un calificativo distintivo a un supuesto “nuevo” poder, lo concibe como si este sujeto fuese una entelequia, fuera de la historia y de la política. En realidad, en la sociedad moderna, los ciudadanos se dividen en tres clases fundamentales, la burguesía, el proletariado y la pequeña burguesía.	La democracia proletaria, por su lado, sólo puede surgir de la lucha de clases, en una situación de crisis económica que, a su vez, se manifiesta como crisis política y social. Los partidos burgueses, durante una crisis así, por la propia contracción de la economía, se muestran incapaces de conducir a la sociedad hacia una salida estable. Los obreros, entonces, se organizan, aún espontáneamente, para el combate político. En esas circunstancias, un partido leninista promueve y apoya la autoorganización de las masas obreras, de abajo hacia arriba, es decir, de forma ascendente.	En esta dinámica, de confrontación decisiva, las bases obreras eligen, en los centros de producción, delegados políticos (no sindicales); es decir, votan para que les representen militantes de los partidos obreros (lo cual significa que no se vota por individuos, sino por los partidos obreros, en función de su programa de lucha y de las consignas agitativas consecuentes con la situación objetiva); y estos partidos nombran, en consecuencia, entre sus mejores cuadros, a los delegados que les corresponde, conforme al voto obrero. Los delegados, a su vez, eligen nuevos delegados a los órganos centrales de la nación; donde se elige, entre ellos, al Comité de Dirección de la lucha política centralizada. De modo, que las bases pueden destituir a sus delegados (miembros de determinado partido obrero) en cualquier momento, y éstos están obligados a rendir informes ante sus bases.	En Rusia, estas organizaciones democráticas de nuevo cuño, surgidas en una situación revolucionaria, se llamaron Soviets, y habían de convertirse, bajo el impulso y la dirección del programa bolchevique, en el nuevo Estado proletario. Esta democracia obrera, al crear instancias estatales alternativas (basadas en la acción directa de las masas trabajadoras), destruye todo el aparato estatal burocrático precedente, y sustituye el orden legal democrático burgués por un nuevo orden legal de carácter proletario que, con la dirección de la teoría marxista, apunta, decididamente, a crear las bases económicas objetivas para alcanzar la igualdad.	En cambio, la “democracia directa” que promueve el gobierno en Nicaragua es al revés, no tiene definición de clase, viene de arriba hacia abajo, y no obedece a un ascenso de masas en una situación objetiva de crisis del sistema, ni se forma en torno a un programa de lucha, sino, que surge a voluntad del presidente de la República, en una situación de plena estabilidad política. No tiene, pues, en su esencia, nada de democracia directa. Conceptualmente, es un simple brazo del Poder Ejecutivo que responde a la voluntad del presidente y a él rinde informe (cualquiera que sea, o pudiese ser, la ideología y el programa del presidente o caudillo de turno). Peor aún, en nuestro caso, que el caudillo en el gobierno --sin teoría revolucionaria ni programa alguno-- rinde culto a la improvisación y a la espontaneidad, cuando declara públicamente que las decisiones estratégicas deben aportarlas los CPC (concebidos como órganos de los ciudadanos de cada barrio), y que son éstos quienes deben proponer y señalar al Ejecutivo el camino a seguir. De esta forma, el país va a la deriva... ¡Y no se debe permitir!	Sólo una mente diletante, desvinculada de la realidad política, encuentra que consignas como “el pueblo presidente”, “Nicaragua gana con vos”, “con el FSLN vos ganás”, “poder ciudadano”, puedan llegar a la imaginación de los trabajadores. Son frases sectarias, de escritorio, sin capacidad de agitación alguna. Ningún sector social podrá tomarlas jamás como algo suyo, que responda a una necesidad colectiva de movilización.	Las consignas agitativas revolucionarias, en cambio, surgen del vínculo de la teoría socialista con las condiciones de vida y de trabajo de los obreros. Su función política es la de servir de puente, por medio de la movilización de las masas, entre la conciencia actual de los trabajadores y la madurez de las condiciones objetivas (cuando el sistema capitalista descarga sobre los trabajadores el peso de sus crisis periódicas).	Las consignas del momento no sólo deben defender la libertad de expresión, actualmente amenazada por este gobierno, sino que deben avanzar y exigir un informe transparente sobre el destino de la ayuda venezolana. Y establecer un control sobre la disponibilidad de los recursos financieros que resultan del pago diferido del petróleo venezolano, a fin de fomentar la inversión pública productiva.