De nada sirvió que Omar Antonio Lara Méndez le pidiera a los miembros del jurado que lo declararan no culpable, que él “no podía pagar por un crimen que no cometió”, porque de todos modos lo culparon por la muerte del vigilante Armando José Silva Gaitán, quien falleció de un disparo en el pecho, el siete de noviembre del año pasado, cuando estaba en el parque de Villa Progreso.	El defensor público Harold Leal dijo que la Fiscalía no probó el robo de la pistola del vigilante de C y B, porque no presentó una factura que diga que el arma en realidad pertenece a la empresa y que vale tanto, por lo que le solicitó al juez que tipifique el delito como homicidio doloso, lo que significaría una sustancial rebaja de pena, porque la máxima es 14 años de prisión, a diferencia del robo con violencia seguido de muerte, que tiene una pena máxima de 30 y una mínima de 21.