La madrugada de este miércoles se desarrolló en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, una sesión previa al Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua, que se efectuará el 15 de mayo, en el que organizaciones de la sociedad civil expusieron las graves violaciones a los derechos humanos que se “continúan cometiendo” en el territorio nicaragüense.	Por su parte, el Gobierno tuvo la oportunidad de exponer su versión, en un informe de 22 páginas, en la que insistió en que su gestión promueve el respeto a los derechos humanos y que aplicaron “en su mayoría” las recomendaciones extendidas por la comunidad internacional, en los dos ciclos pasados del EPU.	El Gobierno de Nicaragua presentó en su informe que han obtenido la “victoria de la paz, frente al intento de golpe de estado”, refiriéndose a las protestas sociales antigubernamentales que se desataron desde abril 2018, seguida de una brutal represión estatal, y que ha sido registrada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos de Naciones Unidas.	No obstante, el informe del Gobierno concluye que tienen “evidencia de los considerables avances en la protección, promoción y tutela de los derechos humanos de los nicaragüenses, en el desarrollo social y económico, mediante la ejecución de medidas en el contexto del Programa Nacional de Desarrollo Humano, las políticas de Estado y los compromisos internacionales”, en el período 2014-2018.	Según el Gobierno, “los acontecimientos violentos que ocurrieron a partir del 18 de abril del 2018, impactaron negativamente el desarrollo humano sostenido que Nicaragua venía experimentando, e impidieron a la población el disfrute pleno de sus derechos, como la libre movilización, acceso a la salud, alimentación, educación, trabajo, paz, seguridad y tranquilidad”.	La versión presentada por el Gobierno en Ginebra, a juicio de los defensores de derechos humanos de Nicaragua es “totalmente irreal”, pues según el seguimiento que han hecho en los últimos cuatro años, especialmente en el 2018, demuestra, en conjunto con informes extendidos por organizaciones internacionales, que el Estado de Nicaragua ha violentado derechos fundamentales de los nicaragüenses.	En su presentación, en la sesión previa al EPU, el Cenidh destacó que la situación actual de los encarcelados es de hacinamiento, falta de higiene, atención médica y carencia de medicinas, inseguridad, violencia extrema y condiciones indignas, tratos crueles, inhumanos, degradantes y un constante obstáculo estatal para no permitir las inspecciones independientes que deben realizar organizaciones no gubernamentales.	Es por ello que, en el tema de las condiciones de personas encarceladas, el Cenidh instó al estado a recordar y asumir anteriores recomendaciones expuestas por países como Francia, República de Korea, Austria y Thailandia, las cuales refieren que se debe “ajustar las condiciones de detención conforme los estándares internacionales y promover medidas alternas a la prisión.	Asimismo insta al estado nicaragüense a continuar mejorando las condiciones de las personas privadas de libertad y a desarrollar la infraestructura para reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida de los detenidos y adoptar las Reglas de Bangkok, para responder a las necesidades específicas de las mujeres en prisión”.	También el Cenidh aprovechó para solicitar que el Gobierno “ libere a los presos políticos y garantizar la investigación pronta, exhaustiva, independiente y transparente de las denuncias de violación, tortura y otros malos tratos cometidos por la autoridad y quienes actúan como agentes de autoridad, exigir las debidas responsabilidades y proporcionar a las víctimas verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.	El Cenidh llamó al Estado de Nicaragua a ratificar la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas de Personas” y solicitaron que se propicien “condiciones para el regreso de los equipos de la CIDH, MESENI y OACNUDH al país, para monitorear y documentar in situ la situación de derechos humanos y con el mismo fin restablecer la personería jurídica y devolución de instalaciones y equipos del Cenidh.