“Desafortunadamente este incidente pasó en víspera de una temporada alta, entre junio y agosto, que es un lapso de tiempo en donde hay vacaciones para los estudiantes nicaragüenses y también en los Estados Unidos y en parte de Canadá”, señaló Jorbin Carrillo, propietario del restaurante Tacos Locos, uno de los inmueble que fue invadido por los encapuchados.	Espinoza asegura que el sector turístico ha venido cayendo desde el inicio de la crisis política y social del país, el año pasado, pero “esperamos que esta próxima semana de julio se mejore, en años anteriores en este tiempo estaba lleno, o sea, que no solo es el problema que tuvimos acá recientemente, si no, la situación del país nos ha bajado la clientela y con lo que pasó, hay más miedo en el turista”.	Tras el incidente, el bar y restaurante Hostal Tres  Hermanos, contabilizó una pérdida económica de casi C$100,000. “Nosotros tuvimos pérdidas en productos, pérdidas materiales, prácticamente el negocio lo dejaron en alitas de cucarachas, ahorita estamos sobreviviendo de créditos de algunas compañías para poder levantarnos un poco y recuperarnos más adelante”, aseguró Espinoza.	Los dueños de negocios que están ubicados frente a la costa de playa Maderas están demandados por desahucio precario o desalojo desde el 2014. De acuerdo con Carrillo, durante los 10 años que tiene trabajando en la zona, es la primera vez que hombres ingresa a playa Maderas intimidando de manera violenta.	“Sería bueno aclarar en el artículo que desde los 10 años que tengo yo de estar aquí, es la primera vez que pasa algo así, y que la gente se atemoriza no solo por este incidente, sino porque es consecuente a la crisis socioeconómica del país. Esto se debe a un proceso de legalidad sobre la propiedad”, explicó el dueño de Tacos Locos.	“No es la primera vez que sufrimos este tipo de demandas de desalojos, pero es la primera vez que nos atacan de esa manera, pero nosotros estamos siendo demandados desde el 2014 y existe un fallo en contra de nosotros, pero nunca ha existido una sentencia firme y el juez tampoco ha dado un certificado de sentencia de la Corte de Apelaciones”, insistió Carrillo.	Como propietario de negocio exige “más legalidad sobre la propiedad, de que de una vez por todas quede establecido que estamos en una propiedad que es del Estado y que se nos permitan las herramientas necesarias como para invertir a largo plazo, porque por el momento estamos solamente por contratos de arriendos limitados”, dijo Carrillo.