El Estado de Nicaragua tiene en total abandono a la niñez y adolescencia del país al no contar con las instituciones debidas para su protección en derechos humanos, expresó Jorge Mendoza, vocero de la Coordinadora de la Niñez y Adolescencia (Codeni), a propósito del Día Mundial contra el Trabajo Infantil este 12 de junio.	Mendoza señaló que en Nicaragua las últimas estadísticas de trabajo infantil son de 2012, cuando la “Encuesta Continua de Hogares” reveló que 396,118 niños trabajaban. En ese entonces, la encuesta detalló que el 54.7 por ciento era un trabajador familiar sin pago, ayudaba a sus padres o familiares para sobrevivir; el 18.7 por ciento trabajaba como jornalero o peón, el 15.7 por ciento como obrero asalariado, el 8.6 por ciento como trabajador por cuenta propia y el 2.3 por ciento como trabajador no familiar sin pago.	Pero aparte del desfasado informe, Mendoza agregó que el desmantelamiento de las instituciones nacionales de protección a la niñez y adolescencia es otro de los factores que agrava la problemática. “El problema es que desde hace algunos años se viene desmantelando el sistema nacional de protección para la niñez y adolescencia. Prueba de ello es que desaparecen las entidades que rectoraban las políticas públicas como el Conapina (Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y Adolescencia)”, expresó Mendoza.	Mendoza cree que la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde hace más un año pudo aumentar la cifra. “Nos preocupan seriamente que los datos que arrojan la crisis sociopolítica y económica del país que pueden establecer condiciones en las que fácilmente la familia nicaragüense pueda caer en la trampa de utilizar la niñez para contribuir económicamente a la sobrevivencia de los hogares”, señaló.	Asimismo hizo un llamado al Estado de Nicaragua a articular nuevamente el sistema nacional de protección, para poder trabajar con base en esa línea y brindar atención a los menores de edad, además de proveer recursos económicos. “Lo primero que debe hacer el Estado es asumir su responsabilidad como garante en articular un sistema efectivo para proteger a la niñez. Lo otro es la asignación de recursos, hay un presupuesto mínimo que tiene el ministerio del trabajo para las inspecciones laborales”, precisó.