El régimen orteguista ordenó la conformación de una Comisión Nacional de instituciones para que preparen una propuesta para actuar ante la violencia contra las mujeres. Aunque no se ha aclarado qué se pretende, fuentes legislativas explicaron que son posibles reformas a la Ley integral contra la violencia hacia las mujeres (779) junto a su reglamento.	Una de las grandes debilidades de la Ley 779 y su reglamento es que el femicidio está limitado a las relaciones interpersonales de pareja en el ámbito privado, además de promover la mediación de las mujeres víctimas de violencia con su agresor. Esto ha permitido la impunidad y la retardación de justicia, según han denunciado en reiteradas ocasiones organismos defensores de los derechos humanos al sostener que las instituciones del Estado se han vuelto indolente en estos casos, dejando a las mujeres indefensas.	La vicepresidenta designada, Rosario Murillo, informó que la comisión la integran diputados de la Asamblea Nacional, la Policía Orteguista (PO), la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, los ministerios de Gobernación, Educación, Salud, de la Mujer así como el Inifom. Pero también incorporaron a los órganos partidarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) pues, según Murillo, el Ministerio de la Juventud participará con «todos sus movimientos».	Murillo está sancionada por el gobierno de Estados Unidos por violación a los derechos humanos debido a dirigir las políticas y acciones de represión contra los nicaragüenses, que desde el 18 de abril del 2018 han protagonizado protestas exigiendo la salida del poder del dictador Daniel Ortega y de la misma Murillo, así como el adelanto de las elecciones.	Producto de la represión de la PO, grupos de choque que los integran miembros de la Juventud Sandinista (JS) y parapolicias al menos 328 nicaragüenses fueron asesinados pero también se han cometido secuestros, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y otra serie de delitos calificados como de lesa humanidad por la organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).	Actualmente no hay información oficial sobre los delitos contra las mujeres en lo que va del 2019. Los datos que ha presentado la PO en años anteriores han sido menores a los de las organizaciones defensoras de derechos humanos, por ejemplo en el 2018 solo reportaron 23 femicidios según el Anuario de la PO, cuando fueron 57 según Católicas por el Derecho a Decidir.	«Para mí el cambio que pueden pretender en la Ley 779 es lo mismo que están haciendo con el Código de la Familia que puso que los CPC (Concejos del Poder Ciudadano) en los barrios son los que intervienen en los casos de violencia en la familia. Pueden querer que las mujeres que sufran violencia vayan a poner la queja con los CPC, donde la mayoría son hombres, lo que no conviene porque lo que queremos es una atención especializada», reclamó Flores.