La explosión social que ha ocurrido en Ecuador es motivada por los ajustes fiscales dispuestos por el presidente Moreno, para resolver el desastre económico causado precisamente por los 10 años de régimen socialista de Correa. Sobre todo, un enorme déficit en las cuentas públicas debido al desmesurado endeudamiento que promovió Correa para financiar sus programas populistas y de clientelismo político.	Ante la denuncia del presidente Moreno, de que el correísmo y la dictadura venezolana de Nicolás Maduro están detrás de las protestas que han degenerado en saqueos, destrucción de propiedad pública y privada, toma de edificios gubernamentales y agresiones sangrientas contra policías, Correa respondió exigiendo elecciones anticipadas. Ahora que está en la oposición, Correa dice que los conflictos se resuelven en las urnas, con el voto de la gente, y que Ecuador tiene los mecanismos constitucionales que “establecen la anticipación de elecciones en casos de grave conmoción social…”	La propuesta de Correa es la misma que en Nicaragua hicieron la oposición, la empresa privada y la Iglesia católica, con el respaldo de la OEA, para resolver la crisis sociopolítica de manera democrática. Pero Ortega la calificó como intento de golpe de Estado y respondió con una sangrienta represión que no tiene precedentes en la historia nacional.	En realidad, el adelanto de las elecciones es una petición legítima que se puede implementar mediante una simple reforma parcial de la Constitución. Incluso existe el antecedente de 1990, cuando el mismo Ortega respaldó una reforma constitucional para que los comicios de noviembre de ese año pudieran ser adelantados a febrero.	En Ecuador, de acuerdo con la Constitución las elecciones se pueden adelantar en el caso de que el presidente y el vicepresidente de la República renuncien o sean destituidos por la Asamblea Nacional. También si se revoca el mandato presidencial, lo cual puede ser solicitado por al menos el 15 por ciento de los inscritos en el registro electoral. Si el Consejo Nacional Electoral aprueba la solicitud, convoca a un referéndum que se debe realizar en los siguientes 60 días y la revocatoria tiene que ser aprobada por más del cincuenta por ciento de los votos.	Rafael Correa tiene razón, en términos generales, al decir que las crisis de gobernabilidad se pueden o deben resolver en las urnas electorales, cuando no es posible hacerlo por procedimientos ordinarios. En todo caso no es un crimen proponer el adelanto de las elecciones, ya sea que lo haga en Nicaragua gente sanamente democrática, o en el Ecuador un político autoritario y oportunista como es Rafael Correa.