Karla Ortiz Reyes, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), indicó que el Mitrab en una resolución admitió el recurso de amparo y mandó a suspender los efectos del acto de despido del 12 de febrero, lo cual significa que debían ser reintegrados de manera inmediata a sus puestos de labores.	“El despido fue arbitrario porque en principio debió pedir autorización del Mitrab porque se trataba de despidos masivos, no siguieron los procedimientos estipulados para los casos de trabajadores del Estado y funcionarios públicos, además no se pagaron las indemnizaciones debidas. A esto se agrega que estaban protegidos por la ley de carrera civil y administrativa, además que varios de ellos eran dirigentes sindicales”.	La abogada comentó que la denuncia fue interpuesta en el Cenidh el 7 de marzo, por los afectados Sergio Antonio Ruiz Rueda, Camilo Zapata Marcenado, Xavier Quinto, Silvio Antonio Jiménez, Karen Gómez Orozco, Rony Martínez, George Mendoza, Jacqueline Isabel Morales y Anielka Pacheco. Dos ellos en sus cartas de renuncia aseguran que fueron obligados a abandonar la institución por presiones del mismo procurador Omar Cabezas, responsable de la PDDH.	“Al recibir la resolución del Mitrab los acompañamos y fuimos atendidos primeramente por la responsable de recursos humanos, quien dijo que recibiría la resolución y lo haría saber al procurador, pero que no podía hacer nada pues el procurador estaba fuera de la institución. Posteriormente nos recibió el sub procurador Adolfo Jarquín Ortel e igual se declaró incompetente y dijo que no tenía poder de decisión sobre el caso, por lo tanto las personas no fueron reintegradas”.	En estos casos las personas solicitan nuevamente su puesto de trabajo y que se les indemnice por los salarios no percibidos, pero regularmente los empleadores se rehúsan, y recurren al pago de doble indemnización. En este caso no ocurrió ni lo uno ni lo otro, y la PDDH ni siquiera liquidó a sus empleados como en derecho corresponde.