Los diputados ante la Asamblea Nacional ratificaron la facultad de la Corte Plena para dirimir los conflictos de competencia y constitucionalidad entre los poderes del Estado nicaragüense. Además, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, queda con potestad para ordenar la suspensión de una ley, decreto, resolución o disposición aprobada y que sea motivo del conflicto de competencia.	Lo anterior es parte de la reforma a la Ley de Amparo que en tiempo récord realizaron los legisladores, la cual incluye que ningún ciudadano podrá recurrir de Amparo contra el proceso de formación de la ley; es decir, el tiempo que transcurre desde la presentación de una iniciativa, hasta la publicación de la legislación.	Según la enmienda, cuando exista un conflicto de competencia en una ley en proceso de formación, antes de acudir a la Sala Constitucional, el titular o titulares del poder del Estado que considere lesionadas sus facultades constitucionales, deberá expresarlo por escrito ante el poder que emite la ley, decreto, resolución o disposición en cuestión.	Si pasados 60 días no hay una resolución del recurso de competencia, la ley, decreto, resolución o disposición en cuestión entrará automáticamente en vigencia y quedará sin efecto la orden de suspensión dictada por la Sala Constitucional, sin perjuicio de la posterior sentencia que emita el Poder Judicial, sea a favor o en contra del recurso.	Arto. 79. El titular del Poder Ejecutivo, los representantes de los poderes del Estado o en su defecto cualquier otro directivo o miembro del Órgano Superior del Poder de que se trate, dirigirá al titular del otro un escrito exponiendo circunstanciadamente las razones constitucionales por las que considera que existe el conflicto en cuestión, pidiéndole se pronuncie al respecto.	En el proceso de formación de la ley, cualquiera de los otros poderes del Estado que se considere eventualmente afectado, tiene el derecho de concurrir a la Asamblea Nacional, para exponer sus consideraciones. La Asamblea Nacional en el proceso de consulta, tiene la obligación de oír las razones del o los representantes del poder presuntamente afectado y analizar el posible roce de competencias.	Cuando el objeto del conflicto de competencia o constitucionalidad versare sobre la ley, decretos legislativos, resoluciones, declaraciones legislativas y acuerdos legislativos, una vez publicados, la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia iniciará el trámite y ordenará la suspensión del acto por ministerio de ley, elevando las diligencias a la Corte Plena.