Antes de finalizar el año, se espera que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dicte su resolución acerca de las excepciones preliminares introducidas por Colombia en el caso del Diferendo territorial y marítimo (Nicaragua vs. Colombia); proceso judicial iniciado por Nicaragua contra las pretensiones de Colombia de despojarnos del archipiélago de San Andrés y Providencia, los cayos Roncador, Quitasueño, Serrana y otros adyacentes, lo mismo que nuestros territorios marítimos y plataforma continental.	Ante el peligro de un fallo adverso y actuando de mala fe, Colombia retiró su aceptación de la jurisdicción de la Corte un día antes de que Nicaragua interpusiera su demanda, como lo hizo el Gobierno estadounidense en su oportunidad en el caso de Actividades militares y paramilitares de los Estados Unidos en y contra Nicaragua (retirando tres días antes el reconocimiento).	Sin embargo, la jurisprudencia establece un plazo razonable para hacerlo basado en el principio de buena fe. Además, conviene recordar, que de acuerdo con el inciso primero del artículo 93 de la Carta, todos los miembros de las Naciones Unidas son ipso facto parte del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y que la Corte es competente para decidir sobre su propia competencia.	En el presente caso, la parte demandada (Colombia) introdujo excepciones preliminares ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el veintiuno de julio de 2003 (21.07.03), solicitó a la Corte dar por “terminada” la demanda presentada por Nicaragua en virtud de los artículos VI, XXXI y XXXIV del Pacto de Bogotá (Tratado Americano para la solución pacífica de controversias).	Se entiende por excepción preliminar: una excepción que tiene como fin y efecto impedir el proceso ante la Corte, sin prejuicio de saber si el derecho reclamado existe o no. Es un medio invocado en la primera fase de la instancia, a fin de obtener que la Corte falle sobre una cuestión previa antes que examine el fondo del asunto.	En todo caso, sería improcedente que Colombia pretendiera rezagar el examen del fondo del asunto, planteando sucesivas fases procesales de jurisdicción y admisibilidad de la demanda; especialmente ahora, que la Corte resolvió el Diferendo Territorial y Marítimo entre Nicaragua y Honduras en el Mar Caribe y delimitó la frontera marítima entre nuestros países.	Los argumentos acerca del plazo razonable y el mencionado artículo 93 de la Carta de Naciones Unidas, fueron los mismos que sirvieron para frenar los efectos de la modificación de los Estados Unidos, que pretendía un efecto inmediato, tres días antes de que Nicaragua incoara su demanda en el asunto de las actividades militares y paramilitares, caso que fue ganado por Nicaragua a pesar de todas las artimañas estadounidense.