Aunque nunca se sabrá por qué los miembros de un tribunal de jurados declararon no culpable a Francisco Javier Estrada Pérez de la autoría de los delitos de defraudación y falsificación de documentos en perjuicio de Inmuebles de Nicaragua S.A., empresa que forma parte del conglomerado de compañías que tiene el Centro de Previsión Social del Ejército, tal parece que “la fórmula” para lograrlo es confesar por escrito y luego denunciar que firmó el documento bajo presión. Eso fue precisamente lo que hizo ayer Estrada, quien denunció que cuando firmó el documento en el que aceptaba haber cometido “un error” de 10 mil dólares, sobre su madre “pendía” un embargo por la casa que ocupaba, por lo que como lo hubiese hecho cualquier hijo, defendió a la mujer que le dio la vida. Estrada era oficial de tesorería de Inmuebles de Nicaragua, y según la acusación que la Fiscalía presentó en el Juzgado Sexto Penal de Juicio, a cargo de la juez Ingrid Lazo, supuestamente “jineteó” los fondos de la empresa que se dedica a la venta de casas en diferentes puntos de la capital, de forma tal que con los pagos que los clientes hacían cada día, supuestamente iba tapando los faltantes, hasta que se descubrió todo y fue despedido en abril del año pasado.	Erick José Mendoza, Lowen Taylor y Luis René Blandford “estrenarán” el nuevo sistema mediante el cual los juicios con jurados o con juez técnico serán asignados aleatoriamente por una de las computadoras que tiene la Oficina de Recepción y Distribución de Causas. Los tres jóvenes fueron remitidos a juicio ayer en el Juzgado Séptimo Penal de Audiencias por la presunta autoría de robo con intimidación y portación ilegal de armas, porque la fiscal Verónica Reyes amplió la acusación para Luis René Blandford, para adicionarle este delito. Los hechos por los que todos ellos enfrentarán juicio el seis de febrero de 2008, ocurrieron en la Colonia Centroamérica, el 17 de noviembre, cuando Manuel Salvador Mejía y César Alberto Noguera fueron interceptados por los acusados. Supuestamente Mendoza les dijo en inglés a los otros que sacaran el revólver calibre 22 que llevaba Blandford, pero las víctimas entendieron y dijeron que no era necesaria ninguna arma. Seguidamente los dos jóvenes fueron despojados de dos relojes y un anillo de oro, todo valorado en 5,670 córdobas. La Policía capturó a los sospechosos cuando iban a huir en un taxi. Los abogados de los acusados, Orlando Carrión y Federico Guadamuz, pidieron medidas alternas a la prisión porque ni los hechos son graves ni se ha corroborado que los señalados se dediquen a robar para vivir. El juez Abelardo Alvir no dio lugar a tales alegatos y les impuso la prisión a todos y cada uno de los acusados.