El 20 de junio, el Nica Act generará dos posibles escenarios. El primero, si el régimen no hace nada, es que el secretario del Tesoro de EE. UU., ordenará a sus directores ejecutivos en el BID, el Banco Mundial y, el FMI y las dependencias de todos, oponerse con su voto y persuadir a sus aliados para bloquear cualquier préstamo destinado a apoyar al GRUN. Se exceptúan de esta prohibición el financiamiento de la ayuda humanitaria y la promoción de la democracia. Las sanciones incluirán la cancelación de visas o tarjetas de residencia y la congelación de activos que posea en Estados Unidos o que hayan sido transferidos a través del territorio legal físico o cibernético norteamericano para personas físicas o jurídicas de origen nicaragüense, que a juicio del secretario del Tesoro y del secretario de Estado de EE. UU., con la aprobación del presidente Trump, hayan sido designados violadores de los derechos humanos o culpables de cometer actos graves de corrupción.	El otro escenario es que el secretario del Tesoro y el Departamento de Estado presenten ante el Congreso la solicitud para que extienda una excepción, hasta por un año, a la aplicación de las sanciones colectivas del Nica Act, certificando que el GRUN dio pasos creíbles (la firma de acuerdos incumplidos no califica) para poner fin a sus violaciones a los derechos humanos, combatir a corrupción y restablecer las libertades democráticas.	Será necesario un acuerdo firmado entre Gobierno y Alianza, cuya legitimidad está avalada por la OEA, ONU, Organismos Internacionales de Derechos Humanos, el mismo gobierno y el pueblo de Nicaragua. La Alianza negocia en representación de los estudiantes, los campesinos, el sector privado, los organismos de la sociedad civil, las Madres de Abril, los familiares de presos políticos y desaparecidos y los nicaragüenses de la diáspora.	Ese acuerdo, avalado por la Iglesia católica, deberá haber resultado ya, para el 20 de junio, en la liberación física y la restitución íntegra de los derechos civiles de los prisioneros políticos señalados por los organismos de DD. HH., el restablecimiento de las libertades públicas, entre ellas la libertad de prensa, el derecho a la libre asociación, manifestación sin permiso previo, la devolución de propiedades de 100% Noticias, el papel retenido a LA PRENSA y El Nuevo Diario, la restitución a quienes fueron confiscados o cuya propiedad haya sido dañada por el régimen y el regreso de los organismos investigativos de la CIDH.