De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, entre 2008 y 2018 hubo más de 11.600 protestas en todo el país. El 23% de estas involucraron por lo menos un acto de violencia. Solamente en Lima metropolitana hubo 1.120 protestas. Esta misma semana hubo protestas tanto en el sur como en el norte en contra de empresas mineras, una huelga de mineros y una huelga de transportistas informales en Lima.	Los peruanos igual protestamos localmente contra el municipio por el hospital que no se construye, o contra la minera que contamina, pero no ha existido la urgencia por empujar una protesta nacional porque no ha existido un Estado que esté sobre nosotros, limitando con impuestos y regulaciones los atajos que usamos para afrontar la precariedad.	, pero tampoco ninguna oferta de servicios de su parte. Inclusive cuando la economía se desacelera por el fin del boom de los precios de las materias primas y la guerra comercial entre EE.UU. y China, esa presión que podría unificar al bloque precario se difumina por las alternativas que brinda la informalidad y por la falta de identificación del Estado como proveedor de servicios.	El escándalo de los audios que mostraron la red de corrupción en el Consejo Nacional de la Magistratura, los nuevos testimonios que involucraban a exalcaldes, expresidentes y candidatos presidenciales con el caso Odebrecht, y la actuación del fujimorismo en el Congreso -blindando a sus aliados, obstruyendo las reformas políticas, e intentando capturar el Tribunal Constitucional- fueron respondidos con una inusitada resolución por el presidente Martín Vizcarra y la Fiscalía.	Una de las pocas excepciones organizativas en los últimos años ha sido el movimiento juvenil contra la llamada Ley Pulpín, que reducía los derechos laborales de los jóvenes. Este movimiento se articuló en base a comités por zonas de Lima, y logró organizar una campaña de cinco protestas masivas hasta lograr que se derogara la Ley. Sin embargo,