LA PRENSA confirmó en el Palacio de Naciones, sede en Ginebra del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que desde 2016 se inició un proceso de revisión especial sobre la calidad de la PDDH en relación a sus funciones de defensor de Derechos Humanos en Nicaragua, conforme a los estándares internacionales en la materia.	De acuerdo a Muñoz, los hechos acaecidos en Nicaragua desde abril de 2018 a la fecha agilizaron la revisión especial que ya se le venía aplicando a la PDDH por su alineamiento abierto al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalado a nivel internacional de abusos sistemáticos de derechos humanos y presunta comisión de delitos de lesa humanidad contra el pueblo nicaragüense.	“Se le advirtió a la representación de Nicaragua que esa era una violación a los Principios de París (que rigen las actuaciones de los Defensores de Derechos Humanos a nivel internacional), pero ellos no respondieron ni aclararon”, dijo Muñoz, cuya oficina apoyó el proceso de degradación de estatus contra la PDDH.	Durante ese período de sesiones, el Subcomité tuvo una entrevista telefónica con la PDDH en la que se le dio la posibilidad de dar a conocer sus opiniones sobre diversas cuestiones, principalmente una declaración formulada por el Subprocurador en nombre del Gobierno durante la serie de sesiones de alto nivel del 40º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y un informe oficial de la PDDH que copiaba, casi al carbón, el argumento oficial del gobierno de Nicaragua sobre los hechos de abril del 2018.	La PDDH respondió con un informe de actuaciones del año 2018 que, entre otras cosas resume que: No hay torturas en centros de detención. No hay prisioneros políticos. Nunca hubo desapariciones forzadas, ni existen personas desaparecidas. Nunca hubo exceso policial, al contrario, la policía fue víctima. Medios de comunicación y redes sociales inventaron noticias falsas que luego recogieron los organismos de derechos humanos internacionales para elaborar falsas listas de muertos y heridos.	“Por lo tanto, esta Institución Nacional de Derechos Humanos, considera que la eliminación de tranques en distintos puntos del país, realizada por la Policía Nacional, dos meses después de que el país se encontrara seriamente afectado por la instalación de los mismos, se fundamentó en las facultades que nuestro ordenamiento jurídico le confiere a esta institución”.	La respuesta del comité de análisis del caso de Nicaragua dictó sentencia después de recibir las respuestas de la PDDH. “Habida cuenta de toda la información proporcionada, el Subcomité no considera que la PDDH haya abordado adecuadamente el fondo de las preocupaciones del Subcomité. En consecuencia, el Subcomité considera que la PDDH sigue actuando en contravención de los requisitos de los Principios de París”.	“La degradación de categoría, en el mundo de los defensores, es un golpe de credibilidad contundente contra un país. Se le avisa al mundo que ese país no cuenta con una organismo defensor de derechos humanos creíble, pierde el derecho a ser oído y solicitar apoyo ante las Naciones Unidas, es una sanción moral devastadora para los derechos humanos en todas partes del mundo”, explicó Muñoz a LA PRENSA.	Es un proceso complejo: a la institución sancionada se le hacen una serie de recomendaciones de cumplimiento de los Principios de París a los cuales se les da seguimiento; luego se le somete a una nueva revisión especial y se determina si esa institución ha persistido en la violación de principios o si ha acatado las recomendaciones. En función de tales situaciones se pueden sugerir tres propuestas: mantenerse en B, recuperar la categoría A o degradarse aun más a C.