El general retirado Óscar Mojica, titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI),  quedó inahibilitado como principal funcionario de esa cartera al perder el poder administrativo y financiero a consecuencia de las sanciones aplicadas por Estados Unidos.Mediante el acuerdo acuerdo presidencial 114-2019, con fecha del 31 de julio y publicado hoy jueves en La Gaceta, Diario Oficial, el gobierno de Daniel Ortega confiere a la nueva secretaria general, Rosa Argentina Guadamuz Castillo, la facultad para "la firma de todos los documentos relacionados a la administración del Ministerio los documentos necesarios para los desembolsos de fondos nacionales y extranjeros, así como los derivados de la ejecución de proyectos".Guadamuz Castillo reemplaza en el puesto a Gioconda Alvarado y asume el poder de firma que tenía el ex alto militar, que en junio anterior fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por el gobierno de Canadá, por presuntos delitos de corrupción y violación de derechos humanos.Estados Unidos acusó a Mojica de promover la estrategia de "exilio, cárcel o muerte" del régimen orteguista para callar a la oposición. Además señaló que el ex oficial del Ejército administra "una parte significativa de las finanzas personales y oficiales del presidente (Daniel) Ortega y del vicepresidente (Rosario) Murillo, incluidas las inversiones en plantaciones de café y establecimientos hoteleros".El traspaso de la firma y por tanto de poder a la nueva secretaria general del MTI ocurre semanas después que los diputados sandinistas aprobaron la reforma a la Ley 290	(Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del poder Ejecutivo) que faculta al Ejecutivo nombrar más ministros y viceministros adjuntos en una institución.De acuerdo con el diario La Prensa, queda por ver "si esta movida es suficiente para que continúen los desembolsos de los bancos internacionales -que oxigenan parte del presupuesto del Ministerio- porque en el caso de la Asamblea Nacional, donde también se le quitó poder a su presidente Gustavo Porras, quienes firman se ven como sus testaferros".Las sanciones de EEUU y CanadáLas sanciones canadienses afectaron, además de Mojica, a otros ocho altos personeros del gobierno, entre ellos el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, defenestrado de sus funciones financieras; la destituida ministra de Salud, Sonia Castro y el director de Telecomunicaciones, Orlando Castillo. Canadá incluyó también en las sanciones a cinco funcionarios afectados por la Ley Global Magnitsky de Estados Unidos: el jefe de la Policía, Francisco Díaz, el secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, y el asesor de seguridad, Néstor Moncada, así como a Rosario Murillo y a su hijo y asesor de inversiones, Laureano Ortega Murillo.Las sanciones se dictaron "en respuesta a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en Nicaragua” e imponen "una prohibición de transacciones (y) una congelación de activos efectiva a las personas incluidas en la lista”, anunció un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense.Advirtió que también se prohíbe a los sancionados viajar a Canadá, y a individuos y empresas canadienses tener relaciones comerciales con ellos o con quienes actúen en su nombre.Para poder maniobrar el aparato del Estado frente a las sanciones, Ortega se vio obligado a aprobar nuevas reformas a dos leyes. Así, a mediados de julio pasado la Asamblea modificó en sesión extraordinaria y con carácter de urgencia la ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley 606, dejando a su titular Gustavo Porras desprovisto de poderes.“Quiero expresar que el problema de la legitimidad o no, es desde donde se mira, para nosotros los sandinistas, los revolucionarios, los nicaragüenses, la legitimidad nos las da el pueblo de Nicaragua. No necesitamos tener ninguna legitimidad prestada por ningún otro país, obvio, menos por el imperio”, reaccionó en su momento Porras.La segunda reforma fue ejecutada a la ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, Ley 290, le que permite al presidente nombrar más ministros y más viceministros adjuntos en una institución.