Los decretos fueron aprobados a matacaballo y en medio de un zafarrancho entre diputados del gobernante Partido Nacional y el Libertad y Refundación (Libre), primera fuerza de oposición, en una sesión que, si la vieran in situ los niños de escuelas con los que todos los años en septiembre instalan un Congreso Infantil, quizá se avergonzarían de la clase política que tiene el país.	Pero en la capital, las batallas campales se dieron cuando grupos de jóvenes, muchos de ellos con el rostro cubierto, que incendiaban neumáticos a pocos metros de los cordones de seguridad de la Policía Nacional, vieron que se pretendía, con rigurosos cordones de seguridad, impedirle llegar hasta la sede del Parlamento.	El martes, al ver que los manifestantes seguían violentos, el presidente del Parlamento convocó a una sesión en la que por la tarde se aprobó, con 119 votos de los 128 diputados que integran el Legislativo, la suspensión y archivo de los decretos que han llevado de nuevo a la convulsión social a los hondureños.	Honduras sigue teniendo políticos que son capaces de crear crisis sociales, como la de esta de semana, la de noviembre de 2017 luego de las elecciones generales y la del golpe de Estado de 2009 al entonces presidente del país, Manuel Zelaya, cuando promovía reformas que la ley le impedía, pero no de resolverlas.