“Para nosotros esto significa una aberración jurídica, una bofetada a la justicia y un irrespeto total a la vida humana, además de una clara violación de derecho elemental a la justicia, porque estamos hablando que aquí se privó de la vida a una ciudadana”, explicó Pablo Cuevas, abogado de la CPDH.	La estudiante brasileña de 31 años, quien cursaba la carrera de medicina en la Universidad Americana (UAM), fue asesinada de dos impactos de bala en el tórax y el abdomen, por un exmilitar la noche del 23 de julio de 2018, en el contexto de la crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde abril de ese año.	Pierson Gutiérrez Solís, el exmilitar que asesinó a la joven brasileña se declaró culpable y fue condenado a 15 años de presión, sin embargo su abogado apeló la sentencia y las autoridades le rebajaron la pena a 10 años, pero luego fue puesto en libertad amparando bajo la Ley de Amnistía.