Defensores del pueblo denunciaron que el régimen de Daniel Ortega la arremetió contra abogados criminalizando su profesión a través de la implementación de normativas que atentan contra el derecho al trabajo.Julio Montenegro, integrante de esta asociación aseguró que el poder judicial esta presionando a los prefesionales del derecho a brindar información confidencial de los clientes, un acto es incorrecto y prohibido con las formas legales en las que se debe practicar el derecho.