“Lo que no se menciona es que fui nombrado en base a la ley 212, contemplado en el artículo 18 numeral 17 y en el artículo 23 párrafo tercero dice que los procuradores especiales cesarán de sus funciones una vez electo el próximo Procurador, así que si el período de Cabezas finaliza el 10 de diciembre del 2009, será potestad del sucesor si continuamos o no en funciones como procuradores especiales”, alega, reclamando que necesita que le restablezcan sus derechos restituyéndolo en el cargo.	especuló que hay dos situaciones probables: en primer lugar por tener simpatía con el partido liberal, y en segundo lugar por haber descubierto el caso de los niños de Puerto Cabezas que arbitrariamente iban a un orfanato, algo en lo que estaban involucrados funcionarios del partido sandinista. Ese caso le fue pasado a la procuradora de la niñez por ser de su competencia, pero alguien tenía que pagar los “platos rotos”.	“Este es el segundo caso que conoce la CPDH con relación a despidos arbitrarios en la Procuraduría en Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). El primero fue de 8 personas despedidas y dos obligados a poner su renuncia aduciendo reestructuración de la institución. A pesar de haber una resolución del Mitrab que anula el despido, hasta el momento no se acata. Por eso creemos de que estos casos tienen un trasfondo político, pues casualmente las personas mandadas al desempleo no son de tendencia sandinista, enmarcado en la violación a los principios básicos de los trabajadores”, expresó Elizabeth Argüello, coordinadora del proyecto justicia de la CPDH.	También considera que el Procurador de Derechos Humanos está al margen de la ley al aplicar estos despidos, dejándolos desprotegidos sin garantizarles su liquidación. Por otra parte criticó a la inspectora regional del Mitrab quien emitió una resolución donde establece que no tiene competencia de conocer el caso, porque el nombramiento de Barrientos fue realizado bajo la ley 212.