El Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, y el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, acordaron poner punto final a la crisis causada por el famoso control previo al proponer que ningún ciudadano puede recurrir contra el proceso de formación de la ley, ni en los tribunales de apelaciones ni en la Corte Suprema de Justicia.	Con la disposición se evita el control previo de un poder sobre otro, sin embargo, los liberales aceptaron la propuesta de los sandinistas de que cuando exista un conflicto entre poderes del Estado, el recurso de amparo podrá interponerse en contra de una ley, norma o cualquier otra disposición que conlleve a ese conflicto.	El acuerdo se logró después de una reunión entre el designado por el partido de gobierno y jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, y el diputado del PLC y presidente de la Comisión de Justicia, José Pallais. Ambos estuvieron “asesorados” por el presidente y vicepresidente de la Corte Suprema, Manuel Martínez y Rafael Solís, respectivamente.	En declaraciones a los medios de comunicación, Pallais y Castro dieron casi por terminada la crisis institucional, y aunque ambos lo negaron, otro punto de discusión del encuentro giró en torno al Presupuesto General de la República, pues en la reunión participó el diputado del PLC y presidente de la Comisión Económica del Parlamento, Francisco Aguirre Sacasa.