Las reformas del 2000, acordadas entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, y el Partido Liberal Constitucionalista, PLC, eliminaron la posibilidad de participación a aquellas personas que no militan en ningún partido político, otorgaron la facultad al Consejo Supremo Electoral, CSE, de “eliminar” agrupaciones políticas por el simple hecho de no participar en una elección, y disminuyeron el porcentaje de votos para elegir al presidente de la República.	Diputados de las diferentes bancadas en el Parlamento se han pronunciado en contra de “abrir” la ley en un año electoral, por temor a lo que se pueda modificar. Sin embargo, los representantes del GPRE, consideran que se puede hacer una reforma que entre en vigencia posterior a los comicios municipales de noviembre próximo.	Los legisladores liberales creen inapropiado reformar la Ley Electoral, pues ello significaría “tocar algunos aspectos” de la Constitución Política, y tampoco están dispuestos a hacer enmiendas a la Carta Magna en este año, menos cuando el presidente Daniel Ortega y su bancada mostraron un gran interés en cambiar el sistema de gobierno.	También proponen quitar la atribución del Poder Electoral para cancelar la personalidad jurídica a los partidos políticos que, participando en una alianza electoral, no obtengan un porcentaje de votos equivalente al 4% multiplicado por el número de partidos que integran la alianza, tal como lo establece el mismo artículo 10, numeral 17, inciso c) de la legislación.	La propuesta incluye nuevas atribuciones al CSE, entre las que destacan presentar un informe anual de sus actividades al Poder Legislativo; actualizar de forma permanente la cedulación ciudadana, el registro del estado civil de las personas y el padrón electoral, y evacuar en un plazo no mayor de 15 días las consultas que le formulen las organizaciones políticas.	La propuesta incluye que el CSE exija a los partidos políticos la presentación anual de sus estados financieros, y publicarlos; divulgar la totalidad de los resultados preliminares detallados por Junta Receptora de Votos, JRV, y basados en las Actas de Escrutinio; conocer y resolver sobre los recursos, quejas y denuncias, y anular de oficio o a petición de parte, la inscripción de los candidatos que no llenen los requisitos.	Además, establecer en el artículo 9 como prohibiciones a los magistrados del CSE, militar activamente en algún partido político; expresar públicamente su criterio respecto a los asuntos que por Ley están llamados a resolver; negarse a firmar las actas, acuerdos y resoluciones; ausentarse de las sesiones sin causa justificada, y participar en actividades partidarias, exceptuando aquellas que deban realizar en razón de su cargo.	* El nombramiento de los presidentes, miembros y suplentes será hecho por los Consejos Electorales respectivos, a propuestas de los partidos o alianzas de partidos, en proporción con el resultado que hubieren obtenido en las últimas elecciones de diputados departamentales, y que la forma de distribución de los cargos que corresponda a las propuestas de cada partido se hará de manera aleatoria.	* Que el nombramiento del Presidente y Miembros de las Juntas Receptoras de Votos lo haga el respectivo Consejo Electoral Municipal a partir de una lista de ciudadanos seleccionados de manera aleatoria del Padrón Electoral del Municipio, y preferiblemente del Centro de Votación en donde está ubicada la JRV. Se establecen como calidades de los miembros de los Consejos Electorales y JRV, ser nacional de Nicaragua y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.	* Para lograr la participación efectiva de la mujer y juventud, establecer una base mínima del 50%, de los cuales un 10% tiene que estar comprendido entre 25 a 30 años en los cargos de dirección de las organizaciones políticas y candidatos, debiéndose presentar en forma escalonada en las listas de candidatos. El mandato es extensivo a las estructuras electorales que nombra el CSE.	* Agregar nuevos deberes a los partidos políticos entre los que destacan: publicar anualmente sus estados financieros enviando copia al CSE y la CGR; abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier expresión que denigre a los ciudadanos(as), a las instituciones, partidos o candidatos; y garantizar a su membresía la participación directa y/o representativa en la elección de sus autoridades partidarias y de sus candidatos.