Entre otras cosas, la nueva legislación pretende mejorar los controles sobre el uso del dinero originado de los convenios con países cooperantes. Inicialmente, la propuesta fue concebida para ejercer un control particular sobre el manejo de los recursos financieros provenientes de la cooperación petrolera venezolana, a través de Petronic, sin embargo, en el dictamen de la Comisión Económica este ámbito se amplió a otras instituciones.	En la iniciativa presentada se pretendía trasladar a la Asamblea Nacional la facultad para nombrar a los miembros de la junta directiva de Petronic, con el fin de evitar que el Presidente de la República de turno ponga en el cargo a alguien incondicional de su partido político, como el caso del actual presidente de esa entidad, Francisco López, quien además es el tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional.	Sobre la base de lo anterior, algunas de las exigencias de la nueva ley las contempla el artículo cinco, en el cual se establece que “las instituciones del sector público y empresas del Estado o mixtas deberán elaborar de manera trimestral un informe preciso de todos los convenios o contratos que hayan sucrito con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyos valores excedan los cinco millones de córdobas”.