La Constitución Política de Nicaragua establece el periodo de cinco años para cargos de magistrados. Sin embargo, después de la crisis política del 2010, cuando las fuerzas políticas no lograban acuerdos para nombrar a funcionarios, el dictador Daniel Ortega emitió -ilegalmente- el decreto 3-2010 para prorrogó en sus cargos a 29 funcionarios que estaban de facto en sus funciones.	Este decreto logró fuerza constitucional en enero de 2014, cuando la Asamblea Nacional aprobó la reforma parcial a la Constitución, entre estos al artículo 130, donde agregaron un párrafo segundo, el cual dice: “Los funcionarios electos por la Asamblea Nacional continuarán en el ejercicio de su cargo, después del vencimiento de su mandato para el que fueron electos, hasta que sean elegidos y tomen posesión quienes deban sustituirlos de conformidad a la Constitución Política”.	La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia demanda limpieza total en la CSJ y CSE, con el fin de que dichos magistrados sirvan a la nación y no a un grupo partidario. Para el jurista José Pallais, miembro de la Alianza, este es el momento para nombrar a profesionales independientes con altos compromisos éticos que representen dignamente los intereses de la nación. Ambos poderes han sido cuestionados por corrupción y parcialidad a favor del partido en gobierno, Frente Sandinista de Liberación Nacional.