PRIMERA ENTREGA/ Hace 30 años, tres disparos de escopeta 12 terminaron con la vida de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Aquel magnicidio sacudió al país el 10 de enero de 1978, y cambió el rumbo de Nicaragua. EL NUEVO DIARIO ofrece a partir de hoy una serie de reportajes que recogen el contexto histórico que antecedió el asesinato, el perfil político y humano de Pedro, su lucha sociopolítica, los detalles de su muerte y las consecuencias arrolladoras para el destino de Nicaragua.	Corrupción, negocios turbios, asesinatos de jóvenes y un creciente malestar nacional e internacional que se publicaba en La Prensa que dirigía Pedro Joaquín Chamorro en aquel funesto año de 1977, debilitaron al gobierno de un infartado Anastasio Somoza Debayle, que usó su fuerza militar y el terror para censurar las críticas y acallar las voces de los que se oponían a su régimen.	A pesar de que existía un Estado de Sitio, una Ley Marcial que suspendía los derechos constitucionales y la censura impuesta al diario La Prensa, desde el asalto de un comando guerrillero a la casa del diputado José María “Chema” Castillo en diciembre de 1974, Chamorro luchó siempre por tratar de publicar lo que aconteció en el país hasta que se levantó la censura en septiembre de 1977.	“En ese entonces veíamos a un pueblo sometido por la dictadura, y con pocas voces públicas visibles y escuchables en esos momentos. Los escritos y la posición de Pedro en el diario, si bien es cierto no representaban orgánicamente nada que pudiera representar un fuerza política importante, eran como una ventana abierta, como una luz real al final del túnel”, recuerda el veterano luchador social Onofre Guevara.	El 25 de julio de 1977, Anastasio Somoza sufre un infarto que lo obliga a internarse en un hospital especializado en Miami, Estados Unidos. La debilidad cardíaca mostró su fragilidad, precisamente cuando el presidente Jimmy Carter tomaba en serio su política de Derechos Humanos en el mundo, materia en la cual el gobierno de los Somoza estaba aplazado.	Por ejemplo, en julio, La Prensa inició una investigación sobre la falsificación de documentos y firmas de los funcionarios de la Dirección General de Aduanas, dirigida en ese entonces por Rafael Saavedra, para introducir gran cantidad de vehículos automotores y mercadería sin pagar impuesto, que iban a negocios de militares y de funcionarios del gobierno.	En agosto, una de las noticias de duro impacto fue la ganancia de 63 millones de córdobas que obtuvo el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) durante 1976, cuando su razón social señalaba que se trataba de una entidad sin fines de lucro, y en las calles la población se quejaba del pésimo servicio social prestado por el Estado.	En ese contexto, el crecimiento político de Pedro Joaquín como líder de la UDEL, en un momento en que la dictadura estaba perdiendo el apoyo de Estados Unidos, las guerrillas avanzaban en sus operaciones, y estaba planteado el conflicto con la Iglesia y con los empresarios, se había convertido en una seria amenaza para la dictadura, según recuerda el doctor Danilo Aguirre Solís, jefe de redacción de entonces en La Prensa, y amigo cercano de Chamorro.	El 19 de septiembre de 1977 Somoza suspendió la censura a La Prensa, y Pedro denunció con rigor investigativo las tropelías de su Administración con los recursos públicos, lo que le valió un irregular juicio por injurias y calumnias, que promovió en su contra el presidente del Congreso, Cornelio Hüeck, quien incluso reformó el Código Penal para ordenar restricción migratoria a Chamorro.	También se empezaron a conocer desfalcos como el del ministro de Educación, Leandro Marín Abaunza, a quien se le acusó de defraudar 19 millones de córdobas y luego huyó a Miami. Otro sonado robo fue el de 23 millones de córdobas sustraídos del Distrito Nacional por la relevante figura liberal Guillermo Lang.	“La gente sentía que Pedro era, a través de su persona y La Prensa, la voz que no tenía para expresar públicamente su rechazo a la dictadura, pero a la vez había una inercia colectiva, no había actividad política, o si la había era de manera tímida, muy pequeña. Su muerte se convierte en el despertar, y todos los sectores adversos a Somoza corrieron a poner lo que creyeron era lo justo y oportuno para la lucha”, afirma Guevara, antiguo miembro del Partido Socialista.	PJCh también publicó las irregularidades denunciadas por diputados del Congreso relacionadas con el proyecto turístico Volcán-Masaya, en donde el mismo Cornelio Hüeck compró los terrenos ejidales a la comuna de Nindirí a 25 centavos la manzana, y una semana después se los vendió al Banco Central a 400 córdobas la manzana.	Ante la abrumadora denuncia de corrupción, la empresa privada, a través del Instituto Nicaragüense de Desarrollo, la representación más beligerante del empresariado, exigió a Somoza una explicación por el manejo de los recursos obtenidos para levantar al país después del terremoto de diciembre 1972, de los cuales no rindieron cuentas durante los 33 meses de Ley Marcial y Estado de Sitio.	De igual forma, en octubre de 1977, los ataques del FSLN en San Carlos, en Masaya y en Ocotal, de envergadura sin precedente en el accionar militar de los sandinistas, conmueven a la dictadura que, herida y acorralada, inicia una suerte de cacería contra los políticos de oposición y contra los jóvenes sospechosos de pertenecer al movimiento subversivo.	En esta coyuntura de debilitamiento de la dictadura nace el llamado “Grupo de los Doce”, una propuesta pluralista del FSLN, formada por 12 personalidades del país consideradas notables y con peso moral ante la dictadura: Fernando Cardenal Martínez, Ricardo Coronel Kautz, Carlos Tünnermann Bernheim, Joaquín Cuadra Chamorro, Emilio Baltodano Pallais, Casimiro Sotelo Rodríguez, Carlos Gutiérrez Sotelo, Sergio Ramírez Mercado, Ernesto Castillo Martínez, Miguel D’Escoto Brockmann; Arturo J. Cruz Porras y Felipe Mántica.	Además, el gobierno de Jimmy Carter exige a Somoza que inicie un diálogo y la democratización en Nicaragua después de que en el mundo se comienzan a escuchar voces en contra del dictador, y el secretario general de Amnistía Internacional, Martin Ennals, asegura que no basta con levantar Ley Marcial y Estado de Sitio.	Los escándalos en Aduanas provocan la caída de varios funcionarios del Ministerio de Hacienda, mientras otra bomba de corruptela se destapa en el INVI, dirigido por Fausto Zelaya, a quien la AID le solicitó el reembolso de más de 4.3 millones de córdobas de fondos fiduciarios, que se reflejaron como faltante después de una auditoría realizada por el organismo internacional.	Una oposición armada que ofreció una versión pluralista y democrática del antiguo FSLN, del que Pedro siempre había desconfiado por su inclinación leninista para el nuevo Estado que se creara después de Somoza, era una opción que con Pedro Joaquín Chamorro liderándola internamente sacudía al somocismo y dejaba sin relevo asegurado a los mentores del Norte de la dictadura.	El escándalo se hizo público el 26 de septiembre, cuando la madre de un joven denunció la desaparición de su vástago, afirmando que la última vez que lo vio le dijo que iba a vender sangre a Plasmaféresis, el negocio donde se ligó a Somoza Debayle como socio del cubano-americano Pedro Ramos.	“Pedro Joaquín se sentía asqueado ante esta actitud vergonzosa. Empezó una campaña de denuncia contra el negocio, y no vacilaba en llamar vampiro a Ramos”, recuerda Danilo Aguirre Solís, actual director de EL NUEVO DIARIO, quien rememora que Chamorro planteó en su diario político su rechazo a aquel negocio con una frase lapidaria: “De Somoza se dirá no sólo que derramó la sangre de su pueblo, sino que la vendió en el extranjero”.