El Movimiento Amplio de Mujeres acusó al presidente Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, de estar detrás de la denuncia que una “asociación nacional pro derechos humanos” formuló contra un grupo de mujeres de la Red de Mujeres contra la Violencia, señaladas por encubrimiento de la violación a “Rosita”, apología del delito de aborto y otros delitos, mientras el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, delegó a la Fiscal General Adjunta, Ana Julia Guido, para que atienda la denuncia del organismo de derechos humanos.	La ANPDH interpuso denuncia contra María Luisa Molina Argüello, Juanita Jiménez Martínez, Mayra Sirias, Jamileth Mejía Palma, Violeta Delgado, Ana María Pizzarro, Martha María Blandón Gadea y Lorena Norori Gutiérrez, por existir presunciones de su participación como encubridoras del delito de violación y autoras de los delitos contra la administración de justicia, asociación e instigación para delinquir y apología del delito aborto.	Para Sofía Montenegro, del Movimiento Amplio de Mujeres, se trata de “un caso de persecución y venganza política de la pareja presidencial”. A juicio de la lideresa feminista, la citada pareja está pasando la factura por “el apoyo histórico que desde el año 98 hizo la Red de Mujeres a la denuncia de Zoila América Narváez”.	La denuncia indica que la violación a Rosita, ocurrida presuntamente en Costa Rica, nunca fue investigada en Nicaragua, pese a una denuncia de Anprovida y otros grupos que ofrecieron alternativas legales y médicas para ayudarle en su primer mes de embarazo. Las mujeres de la Red se convirtieron en cómplices y encubridoras del delito de violación para mantener y defender sus fines pro aborto, señala la denuncia.	La denunciante asociación de derechos humanos expresó su confianza en que el Ministerio Público ejercerá debidamente la acción penal en esta ocasión y con esta nueva denuncia, esperando que la institución haya superado los obstáculos que le impidieron cumplir con su deber desde 2003, y que ahora con nuevos hechos, se vuelve a poner a prueba la imparcialidad.	El Ministerio de la Familia estudia la posibilidad de llevar a los tribunales a María Esquivel, la mamá de “Rosita”, por considerar que ésta tenía conocimiento de que su hija era víctima de violación por parte de Francisco Fletes Sánchez, recientemente condenado a 30 años de prisión por un tribunal de jurados en la ciudad de Masaya.	La ministra de la Familia, Rosa Adilia Vizcaya Briones, declaró que en el caso de la mamá de Rosita, “se debió haber ampliado la investigación hacia su madre”, en tanto existían muchos elementos “que nos hacen llegar a indicios de que tenía conocimiento (de la violación) y que optó por callarse”.	Vizcaya lamentó que la legislación nacional no establezca penas mayores a los 30 años, “no se puede aplicar más”, afirmó, tras comentar la condena aplicada a Fletes Sánchez, el hombre que resultó ser el verdadero violador de la entonces niña de nueve años en Costa Rica y que luego siguió violándola cuando regresaron a Nicaragua hasta hacerla parir un niño que actualmente tiene dos años.	“Creo que en casos en que hay elementos que nos hacen presumir que las madres pudieran estar siendo cooperadores por omisión o por acción de estos hechos contra sus hijos, éstas también deben ser procesadas”, dijo Vizcaya Briones, quien explicó que un equipo de abogados del Ministerio de la Familia está estudiando el caso de la mamá de Rosita para establecer si se puede acusar por cooperador necesario.	La ministra puso como ejemplo el caso de dos hermanas menores de edad originarias de Chinandega y que fueron sometidas sexualmente por un Pastor evangélico, mientras familiares maternos callaron u obligaron a las menores a que no denunciaran el caso. “A veces las madres son cooperadoras necesarias para que el hecho culmine con actos delictivos contra los niños”, aseguró la ministra Vizcaya.	Pero también se refirió a la posibilidad de que la Red de Mujeres Contra la Violencia haya manipulado el caso de la menor Rosita. “Pudiera ser que hubo manipulación”, dijo Vizcaya, quien prefirió no comentar sobre la campaña que la Red de Mujeres Contra la Violencia impulsó en contra del costarricense Alex Barquero Cascante, a quien señalaron en 2003 como el violador de Rosita, pero que al final se confirmó que éste era inocente de todo lo que se le acusó.