La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue la contraparte de la dictadura en el diálogo nacional del Seminario de Fátima y en las negociaciones del Incae, se tomó siete días para apoyar la Resolución de la Asamblea General de la OEA aprobada el 28 de junio en Medellín, Colombia.	Como se sabe, en dicha Resolución la OEA insta a reanudar la negociación del régimen con la Alianza Cívica, suspendida desde mayo, y al cumplimiento de los acuerdos ya alcanzados. Además, instruye al Consejo Permanente a nombrar una comisión que “realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva de la crisis”, con un plazo de 75 días para informar sobre lo actuado.	La Alianza Cívica debió acoger de inmediato esta resolución de la OEA, sin importarle el tiempo que se tome Daniel Ortega para pronunciarse sobre ella o rechazarla. Es la Alianza, no el dictador, quien busca la solución democrática de la crisis mediante elecciones libres, limpias, anticipadas y vigiladas internacionalmente. La resolución de la OEA apunta en esa misma dirección y requiere del inequívoco apoyo interno para tener posibilidad de eficacia.	El objetivo y por lo consiguiente el interés de Ortega es opuesto al de la Alianza Cívica y de la OEA. Lo que quiere el dictador es liquidar la resistencia cívica y pacífica de la población mediante la represión y el terror policíaco, burlarse de la comunidad internacional y quedarse para siempre en el poder.	Sin embargo, la dictadura no es invencible. La combinación de la resistencia pacífica interna con la presión internacional podría obligarlo a aceptar un acuerdo para que los ciudadanos decidan libremente en las urnas electorales, si aceptan que Daniel Ortega siga en el poder o quieren sustituirlo con un gobierno democrático. Entendemos que es para eso que la OEA decidió en Medellín crear una comisión de alto nivel y darle un mandato de 75 días para que cumpla su cometido o fracase en el intento.	Somoza se resistió obstinadamente a aceptar la solución del conflicto por medio del voto de los ciudadanos, igual que Ortega se resiste ahora. Y le ayudó, a Somoza, la posición extremista de los sandinistas que impulsaban la lucha armada y sostenían que solo así se debía solventar la lucha por el poder, para lo cual, hay que reconocerlo, tenían la simpatía de la mayoría de la población y un gran respaldo internacional en dinero, armas, logística e incluso en combatientes extranjeros. Pero las consecuencias fueron terribles para el pueblo nicaragüense y las está pagando hasta ahora, con la dictadura sandinista de Ortega.	La situación de hoy es parecida a la de 1978, pero también es diferente. Ahora el plan de la OEA podría tener un buen resultado, aunque para eso, como dijo el domingo pasado a LA PRENSA la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, tiene que ser respaldado con medidas más fuertes de la comunidad internacional.