Los activistas nicaragüenses a quienes les fue cancelada la persona jurídica de sus organismos, rechazaron el argumento que brindó la dictadura de Daniel Ortega a la Organización de las Naciones Unidas donde expone que perdieron su personalidad jurídica «por desnaturalizar sus fines y objetivos para gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos ilícitos en el contexto del intento de Golpe de Estado». Los representantes exigieron pruebas que fundamente sus acusaciones.	LA PRENSA consultó a cuatro de los nueve representantes que les cancelaron sus organismos, y coincidieron en que las declaraciones del régimen orteguista evidencia la campaña de desprestigio que mantiene en contra de las personas que han venido denunciando, desde que regresó al poder, los actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.	«(El régimen) no está diciendo nada nuevo. Es prácticamente una forma de reiterar su calumnia, su mentira. Lo que muestra es que no tiene ninguna intención de rectificar y buscar una solución al problema gravísimo que ellos han creado en Nicaragua», dijo Vilma Núñez, presidenta del confiscado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).	La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) publicó el 6 de septiembre un informe donde señala que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua siguen en impunidad. Como respuesta, la dictadura de Nicaragua reiteró su inconformidad y rechazó a dicho informe, exponiendo «la normalidad de la situación».	«Las organizaciones que adquieren personalidad jurídica sin fines de lucro están obligadas a cumplir con las leyes de la materia, con los objetivos y fines para los cuales se constituyeron y para lo que le fue otorgada personalidad jurídica», resalta uno de los puntos expuestos por el régimen y agrega que dichos organismos «violaron sus propios estatutos».	«En ningún momento he violentado nuestros estatutos ni ellos (los personeros del régimen) han demostrado que lo hicimos (…) Las acusaciones que hicieron fueron sin fundamento, nunca fueron demostradas, ni dieron nunca la oportunidad a la defensa, algo fundamental en un régimen de derecho», declaró Quirós, a quien también le quitaron la nacionalidad nicaragüense y fue expulsada del país días después de la cancelación de Cisas.	Félix Maradiaga, del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), manifestó que la posición del régimen orteguista es parte de «una estrategia para descalificar todos los informes internacionales»  y así «curarse en salud» ante las «gravísimas consecuencias» que pueden tener estos reportes en materia penal internacional para los que han cometido crímenes de lesa humanidad.	«¿Cuál es la estrategia de estas dictaduras? Es descalificar a los expertos nacionales que hemos venido documentando (las violaciones) desde hace más de una década… es una estrategia jurídica sucia, perversa y mañosa y ampliamente conocida de estos regímenes (que) en vez de defenderse con argumentos, se ataca a la credibilidad del defensor de los derechos humanos», aseveró Maradiaga.	«Esas aseveraciones más bien le hacen quedar en el ridículo ante las comunidades en el país y ante la comunidad internacional. Y además lo único que refleja es como, a pesar de desgobernar por la fuerza e imponiendo el terror de Estado, sabe que no podrá sostenerse mucho tiempo en el poder y teme tanto a una ciudadanía que con la labor tesonera de esta sociedad civil ha aprendido sus derechos y los defiende con dignidad y valentía».	Los señalamientos de Ortega contra las ONG, no obstante, parecen no convencer al organismo de Naciones Unidas.  Entre las recomendaciones que dio la OACNUDH a la dictadura orteguista está restablecer «urgentemente» la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que han sido sancionados, y devuelva todos los bienes, documentos y equipos incautados.	El documento que presentó el régimen ante la ONU también señala que en Nicaragua hay «plena libertad de expresión», y ejemplifica que en el país existen «numerosos» medios de comunicación que «ejercen sus labores sin censura previa, ni restricción». Además, menciona que ningún periodista ha sido detenido, perseguido o expulsado del país por ejercer el derecho a informar.	No obstante, el organismos internacional tiene documentado la detención ilegal a la que fueron sometidos los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, además de la retención de materia prima a los medios escritos de LA PRENSA, Hoy y El Nuevo Diario, así como la confiscación de los medios televisivos  100% Noticias, Confidencial y Radio Darío.