La complementariedad entre los distintos niveles de integración es compleja; las agendas subregionales, regionales, hemisféricas y globales abordan, y ponen énfasis diferentes, en diversos aspectos. En ellos los escenarios en que se desarrollan impactan a los más diversos actores, de allí que es esencial fortalecer la coordinación; ya que cada uno de los procesos será visto desde una perspectiva sectorial sin ningún tipo de vínculo entre sí y, en definitiva, reafirmará la fragmentación y las reducidas capacidades de concertación transnivel, desde lo binacional a lo global.	Los procesos de integración como fenómenos económico-sociales no son nuevos, ya la Sociedad de las Naciones, como organización internacional, aspiraba a la conformación de un Superestado, en donde su Supraautoridad se impondría a la de los países con la finalidad de evitar una nueva guerra. Dado la falta de voluntad política de los Estados que la integraban se vino una nueva y desgarradora conflagración mundial.	La historia centroamericana es rica en intentos integracionistas que desafortunadamente han fracasado: en 1823 se instaló el Primer Congreso Centroamericano que decretó en 1824 la Constitución Federal y, la Federación, se mantuvo hasta 1838; en 1897 se suscribió el Pacto de Amapala por el cual fue conformada la República Mayor de Centroamérica; en 1921 se reavivó el anhelo de reconstruir la Federación y se promulgó la Constitución Política de la República de Centroamérica; en 1951 fue firmada la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) la cual fue sustituida en 1962; y, en diciembre de 1991 se suscribió el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) que dio vida al actual Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).	Gracias a los esfuerzos de México y Brasil el CELAC se perfila como un “bloque” de cooperación e integración en el que no se incluyen ni a Canadá ni a Estados Unidos, siendo así es que en febrero de 2010 los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe suscribieron la Declaración de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe por la que se constituye “provisionalmente” la “Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños como espacio regional que reúna a todos los Estados latinoamericanos y Caribeños” pues hay “necesidad de realizar esfuerzos, que permitan avanzar en la unidad y en la integración política, económica, social y cultural, avanzar en el bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico y promover el desarrollo independiente y sostenible, sobre la base de la democracia, la equidad y la justicia social”.	Es hasta en la Declaración de Caracas “en el Bicentenario de la Independencia hacia el camino de nuestros libertadores” del 3 de diciembre del 2011 que los 33 Mandatarios de Latinoamérica y el Caribe reafirmaron su decisión de “poner en marcha la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC)” (§ 20) “como mecanismo representativo de concertación política, cooperación e integración de los Estados Latinoamericanos y Caribeños y como un espacio común que garantice la unidad e integración de la región” (§ 31).	En lo personal consideró que la CELAC como Reunión de Mandatarios de 33 países será un foro muy difícil de manejar pues además de sus propios instrumentos jurídicos, principios y objetivos, “reconoce” (¿retoma?) las decisiones y acciones de las Cumbres del Grupo de Río, de las de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC), las de los Ministros de Relaciones Exteriores, así como las de las Reuniones Ministeriales Especializadas en el marco de lo social, ambiental, energético, financiero y comercial para lo que cuenta con una estructura institucional sumamente “dispersa” que le dificultará la orientación de las políticas comunes de “unidad e integración” que se vayan adoptando. Por otro lado, la Comunidad no posee un presupuesto propio que le brinde la estabilidad y la autonomía funcional indispensable que le permita sustraerse de los vaivenes políticos y presupuestarios de los Estados reunidos en la CELAC.	Intentos como el señalado nos parecen son el producto de la insatisfacción generalizada en la ejecución de proyectos conjuntos que permitan superar problemas comunes en los diferentes procesos de integración, regionales y subregionales, en América Latina y el Caribe. La insuficiencia en los resultados es lo que ha motivado a los Estados a experimentar con organizaciones más grandes en las que consideran podrían maximizar sus capacidades económicas y mejorar las condiciones de estabilidad y bienestar de sus poblaciones.	Si la CELAC está optando por un nuevo regionalismo, el cual se entiende como el elemento central de la política comercial de toda la Comunidad frente al fenómeno de la Globalización, se ve como algo muy difícil de contrastar en este gran “espacio regional” o “espacio común” por la gran cantidad de arreglos comerciales de los Estados con acceso a diferentes mercados, lo que conllevará inevitablemente a entorpecer el proceso de integración económica en sí pues, ni en Centroamérica, dentro de lo que es el Sistema de la Integración Centroamericana, siete países, no han podido poner de acuerdo en la aplicación de un mismo arancel común para el establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana.	Haber consultado a la sociedad civil latinoamericana y caribeña (más de 573 millones de habitantes) ¿Qué tipo de integración desean?, ¿Por qué la desean? y ¿Para que serviría el tipo de integración que han escogido? Este primer punto es de suma importancia que sea evacuado dado el alto número de procesos de integración que actualmente existen pero que ninguno ha llegado a feliz término. No hay que perder de vista que la sociedad civil es el elemento central de todo proceso de integración, de allí la necesidad de involucrarla creativa y permanentemente.	Tener en claro la necesidad de establecer una distribución de competencias comunitarias y la creación de autoridades con capacidad supranacional de emitir actos comunitarios vinculantes y que generen la obligación para todos los Estados de la Comunidad, de no adoptar medida alguna que entorpezca o ponga en peligro el proceso de integración.	El presupuesto comunitario debe ser una de las políticas más importantes de la Comunidad pues ningún proceso de integración puede gozar de estabilidad si no cuenta con “recursos propios” que le permitan actuar con cierta independencia, lo que vendría a facilitar a las autoridades comunitarias la ejecución de las políticas comunes que se vayan adoptando.	Finalmente, una cuestión de suma relevancia es priorizar la solución de los diferendos limítrofes terrestres y marítimos en la región, los cuales generan roces por el dominio de ríos, golfos, extensiones marítimas y terrestres. Confirmemos lo dicho con algunos recientes conflictos que han tenido lugar entre países de la CELAC: Honduras y Nicaragua (diferendo marítimo); Guatemala y Belice (demarcación terrestre); El Salvador, Honduras y Nicaragua (acceso al Golfo de Fonseca); Perú y Ecuador (diferendo terrestre); Chile y Perú (demanda marítima); Bolivia y Chile (demanda por acceso al mar); Argentina y Chile (reivindicaciones en la Antártida); Guyana y Surinam (demarcación terrestre); Colombia y Venezuela (demarcación del Golfo); Colombia y Nicaragua (delimitación marítima). A estos conflictos cabe agregar otros no territoriales derivados por problemas de acceso o uso de aguas: México y Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, Argentina y Uruguay, y Bolivia y Chile.	Una forma de poner fin a los litigios limítrofes y fortalecer el proceso iniciado es por medio de la cooperación y el desarrollo de proyectos transfronterizos. Aquí es en donde la CELAC debe tomar para sí la experiencia europea: a través de la cooperación transfronteriza se abre una nueva dimensión al desarrollo local, se rompe con las rígidas divisiones nacionales y a la vez se crean nuevas áreas en las que ya no encaja la lógica de una soberanía personalista, estática y recelosa del poder estatal.	Para concluir este breve análisis retomaremos las palabras del profesor brasileño José María Aragao quien hace 20 años manifestó en una oportunidad: “no podemos olvidar que bajo regímenes democráticos, la integración, para viabilizarse políticamente, deberá ser progresivamente incorporada a los debates políticos nacionales y, en función de ello, periódicamente evaluada en comicios electorales. Sólo a través de ese proceso de legitimación reiterada se puede esperar que se expanda, entre las poblaciones, la conciencia de las ventajas de una acción conjunta y solidaria imponiéndose sobre acciones aisladas y puramente defensivas. Estas ventajas, sin embargo, para ser socialmente percibidas, exigirán que los beneficios de la integración se aprecien, efectivamente, en términos de mejores condiciones de vida, en los diferentes estratos sociales, y no sólo en algunos de ellos” (Sic).