Esta semana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó en la ciudad de Washington, en conjunto con Diálogo Interamericano, un “Foro sobre libertad de prensa y democracia en Nicaragua”. Este evento ha tenido el propósito, según informó la SIP, de “mantener en la agenda pública internacional la grave situación por la que atraviesan las libertades de expresión y de prensa, tal como sus directivos pudieron constatar durante una visita a Managua en agosto de 2018”. La SIP también sostuvo reuniones sobre el tema de Nicaragua con funcionarios del Departamento de Estado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, Human Right Watch y la oficina del senador Marco Rubio, entre otros.	En el mismo orden, en Ginebra, Suiza, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, al presentar el miércoles 6 de marzo el informe anual de su Oficina ante el Consejo de Derechos Humanos, denunció que en Nicaragua se vive una “muy grave crisis social y política” y hay “persecución a voces disidentes y campañas contra la libertad de prensa”.	Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó ante el mismo Consejo su informe sobre las violaciones masivas y atroces de los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo crímenes de lesa humanidad, cometidos por la dictadura de Daniel Ortega durante la represión de las protestas populares del año pasado.	Esta advertencia es porque en las negociaciones del régimen de Ortega con la Alianza Cívica, se podría proponer la aprobación de una amnistía general como se ha acostumbrado en la historia de Nicaragua para resolver conflictos armados y graves crisis políticas. Sin embargo, en la actualidad una amnistía de ese tipo entraría en conflicto con el derecho penal internacional, para el cual los delitos de lesa humanidad tienen que ser juzgados de manera obligatoria y nunca prescriben.	Es muy importante que a pesar de las negociaciones del régimen con la oposición, y por eso mismo, la comunidad internacional mantenga su atención a Nicaragua. Y sobre todo que ejerza presión para que se libere a todos los presos políticos y se permita el regreso con garantías de los exiliados, que se haga justicia a las víctimas, se restituyan la democracia y el Estado de derecho, y se respeten los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y de prensa.