En concreto, centraron sus inquietudes en torno a ocho temas que incluyen la flexibilización de la posesión y porte de armas, el paquete de leyes anticrimen del gobierno Bolsonaro pendiente de aprobación, la política de control de drogas, la demarcación de territorios indígenas y quilombolas (comunidades formadas por exesclavos fugitivos), la retórica sobre derechos humanos y la libertad de expresión.	Amnistía advirtió además del peligro que corren las comunidades indígenas y quilombolas, en un gobierno que se manifiesta contrario a la demarcación de nuevas tierras, en discrepancia con lo establecido por la Constitución brasileña. "Demandamos que el gobierno federal cumpla su deber de proteger a estas poblaciones vulnerables ya en riesgo", señaló Werneck.