De los 80 candidatos que fueron seleccionados y citados para conformar un tribunal de jurados ayer, en el Juzgado Cuarto Penal de Juicio, sólo cuatro asistieron, por lo que el juez suplente, Donaldo Alfaro, no tuvo más remedio que reprogramar el juicio por homicidio, confirmó el fiscal Arnulfo López, quien lamentó la inasistencia de los citados porque todos sus testigos de cargo llegaron desde muy temprano. Se espera una nueva fecha para la celebración del juicio a Carlos Javier Avilés, de 29 años, y Wuáscar Alberto Obregón, de 28, por el homicidio de Carlos Augusto Tellería Cajina, de 25 años, quien fue “crucificado” a navajazos supuestamente por los sospechosos, que desde el inicio del proceso han gozado de libertad. El crimen fue el 17 de septiembre, después de que los acusados estuvieron en el Cueto Club, de ahí los expulsaron por insolentes y luego habrían matado a Tellería.	Un hombre de 33 años, que supuestamente le pasó el miembro viril sobre el cuerpo a su propia hija, de 13 años, quedó en arresto domiciliar en el Juzgado Quinto Penal de Audiencias, por la aparente autoría de abusos deshonestos, no obstante, el sospechoso dijo que todo es una treta de la madre de su hija, de quien se está separando.	El juez Séptimo Local Penal, Henry Morales, programó para el lunes la continuación del juicio oral y público para las doctoras Jamileth Fátima Montenegro, de 31 años, y María González Martínez, de 43, quienes están acusadas por el homicidio culposo de la costurera Blanca Flores Peralta, de 33 años, la que pereció en junio pasado, seis días después de haber sido esterilizada, porque había parido su octavo bebé en abril, en el Hospital “Vélez Paiz”, donde fue operada. Según la acusación presentada por la fiscal Karen Santamaría, las dos médicas actuaron negligentemente y le pincharon el intestino a la paciente, que falleció por septicemia (una infección grave), pero mientras el juez no diga lo contrario, ellas siguen siendo inocentes. Actualmente están bajo medidas alternas a la prisión.	Por los menos los próximos años Martha Chávez Galo, mejor conocida como “Martha Gorda”, y su marido, Julio César Arévalo, pasarán en la cárcel, después de ser encontrados culpables por tráfico interno de estupefacientes. Chávez y Arévalo fueron declarados culpables por una jueza capitalina, luego de apreciar las pruebas que en su contra presentó la Fiscalía. La sentencia condenatoria podría oscilar entre los cinco y 20 años de prisión. A “Martha Gorda” la Policía le encontró en octubre varios gramos de marihuana en su casa, ubicada en el conocido “Cartelito de Santa Ana”, en el barrio del mismo nombre, en Managua.	Los ocho supuestos miembros de la pandilla “Los Caballos Cheles” deberán esperar en la Cárcel Modelo, de Tipitapa, hasta el próximo 1 de febrero, para que un tribunal de jurados decida su culpabilidad o no por la violación que les imputa el Ministerio Público. Durante la audiencia inicial, el juez Tercero Penal de Audiencias, Sergio Manzanares, admitió todas las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, entre éstas sobresale el relato de la víctima, quien al momento en que era mancillada gritaba a los malhechores que no mataran a su marido, a quien mantenían intimidado con un machete en el cuello.	Omar Antonio Lara Méndez, de 21 años, fue remitido a juicio oral y público por el homicidio del vigilante de C y B, Armando José Silva, de 39 años, quien estaba con una mujer, en un parque, a la hora del crimen. Según la acusación que la Fiscalía presentó en el juzgado Quinto Penal de Audiencias, en la primera quincena de diciembre del año pasado, el siete de noviembre la víctima estaba sentada en una banca del parque que está en el costado norte de Villa Progreso, junto a María Elena Aguilar Velásquez, cuando se presentaron tres motociclistas. A bordo de una de las motos iba el acusado, quien descendió, se sacó de la cintura una pistola y le dijo a Silva: “No te movás”, para luego dispararle en el pecho. La víctima trató de defenderse sacando su pistola, pero su contrincante ya había desenfundado y disparado. Después del crimen, el victimario le arrebató el arma valorada en 300 dólares al vigilante muerto, luego se fugó, por lo que la Policía tipificó el caso como robo con violencia seguido de muerte.