Organizaciones ambientalistas de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica, reiteraron la necesidad que Centroamérica sea reconocida a nivel global como “altamente vulnerable ante los efectos de la crisis climática y sea priorizada para ser una región estratégica de desarrollo sustentable», expusieron este fin de semana en Costa Rica, al final del décimo Encuentro Regional Centroamérica Vulnerable.	Paola Vega, presidenta de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, señaló que uno de los grandes problemas han sido las políticas empobrecedoras, que concentran la riqueza de la región, y tienen una lógica de extraer recursos de forma irracional, lo que «nos ha llevado a aumentar la vulnerabilidad». Expuso que su país, que es uno de los más destacados en el manejo ambiental en el Istmo, «hay fuerzas intentando extraer petróleo y revivir la minería metálica. Eso está prohibido-.»	Ramiro Lara, miembro de la Asociación de Organismos no gubernamentales (Asonog) de Honduras, destacó que los países de la región también padecen por las políticas de gobierno, encaminadas a concesionar el territorio, ya sea para la construcción de hidroelétricas (en el caso de Honduras) o mineras, que se convierten en las principales causas de conflictos.	La misma situación climática ha provocado que las personas migren a otras zonas, ya sea a nivel interno, como fuera de las fronteras. En Nicaragua, la situación no es diferente a la de los países del Triángulo Norte. Para Víctor Campos, director del Centro Humboldt, el tema de cambio climático está en el punto más bajo en la gestión pública, y tampoco se advierte un sentido de urgencia para enfrentar los efectos del mismo.	El acceso a los datos climáticos debe ser una prioridad para los investigadores, indicó Pascal Girot, director de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Para Girot, los datos sobre clima deberían de ser abiertos, públicos, para que especialistas que trabajan sobre la amenaza climática puedan brindar información con mayor grado de certeza a las comunidades, a las organizaciones y a las municipalidades.