Araíz de los incidentes de León, en que fueron agredidos periodistas y dirigentes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y la campaña del gobierno contra el Banpro y los cada vez más frecuentes asesinatos de campesinos en Jinotega, puse el siguiente tuit: “Agresiones #Ortega (#COSEP, periodistas, sector financiero) son mínimo por 3 causas relacionadas: a) protesta sigue y no basta reprimir jóvenes y sector popular; b) no enfrenta mayor consecuencia internacional; c) tener carta para negociar”. Lo anterior es, desde luego, sobre el trasfondo de la peor masacre contra protestantes pacíficos, de la que se tiene memoria en tiempos modernos del continente.	Por las redes sociales recibí numerosas sugerencias sobre otras eventuales causas de ampliación de la represión dictatorial. Hubo una que llamó mi atención: el Gobierno, en su patrón de acentuada exclusión —y citaban el caso de la Alcaldía de Mulukukú— está acrecentando las causas del estallido de protestas de 2018, en que se juntaron todos los agravios que el pueblo venía rumiando en silencio.	Frente a la agresividad ampliada del Gobierno, la reacción ha sido enfatizar la vía pacífica para la solución de la crisis, como se vio en Ginebra en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, lo reiteró el Vaticano en esa reunión, y fue el caso en dos documentos de esta semana. Los sectores gremiales conmemoraron el Día del Empresario con una reunión en el Incae y, al siguiente día, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), con la presencia de dirigentes de la Alianza Cívica, presentó su “Programa Mínimo Común”, que contiene lineamientos programáticos de un futuro gobierno. A su vez, de la reunión del Incae salió otro documento programático, 15 puntos de propuesta de nación, de gremios integrantes del Cosep.	Entre ambos documentos, está recogido lo que la Alianza Cívica propondrá al país como tareas mínimas del futuro gobierno, que recogen un amplísimo consenso nacional. De las propuestas de Cosep y UNAB cabe destacar dos elementos. Primero, la reiteración de la opción cívica, electoral, como medio de solución de la crisis. ¿Quién, que no sea el gobierno de Ortega, se puede oponer a esa opción? Segundo, democracia, justicia y economía de mercado (“economía de mercado con justicia social”, según texto de la UNAB) como referencias de la casa común de los nicaragüenses.	Atrás, entonces, queda la campaña divisionista de la dictadura que mientras trata de atemorizar a los empresarios con políticas y medidas administrativas represivas, intenta dividir a la oposición agitando fantasmas de contradicción entre izquierda y derecha, estabilidad y conflicto, cuando la única que percibe la sociedad y comunidad internacional es entre dictadura y democracia.