Todo esto fue denunciado este 14 de febrero por representantes de la sociedad civil durante la audiencia privada “Situación de derechos de las mujeres privadas de libertad en Nicaragua”, realizada en Bolivia, como parte del 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, por medio de su sitio web.	Según los datos obtenidos a través de la Iniciativa Nicaragüense de Defensoras y la Comisión de Registro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), cerca de 102 mujeres fueron detenidas ilegalmente en el contexto de la protestas cívicas contra el régimen de Daniel Ortega, por policías y paramilitares; de estas, se tiene información de 68, las cuales aún están detenidas.	Entre los ponentes en la audiencia estuvieron representantes del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh); las últimas dos organizaciones operaban en Nicaragua, pero su personería fue cancelada por el régimen orteguista.	La mamá de una presa política relató que “el centro penitenciario La Esperanza ha sido una celda de aislamiento y de castigo. El chantaje y el maltrato verbal y en algunos casos físicos, han sido recurrentes por parte de las autoridades”.Explicó que adentro del penal las presas políticas están aisladas del resto de reclusas y que “son tratadas como si tuvieran peste”.	Además de las violaciones a sus derechos humanos que deben soportar las presas políticas, han sido víctimas de las violaciones al debido proceso. Ana Bolaños, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, dijo que las mujeres “han sido arrestadas sin órdenes de detención judicial, acusación previa por parte del Ministerio Público ni denuncia previa en su contra”. Destacó que las presas han sido remitidas a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, donde sufren “extensos y reiterados interrogatorios y a distintas formas de violencia”. Dichas acciones evidencian el “actuar coordinado entre los órganos que conforman el Sistema de Justicia Penal de Nicaragua, particularmente la Policía Nacional, el Ministerio Público y el poder judicial”, dijo.	Después que organizaciones de derechos humanos expusieron la situación de las presas políticas durante la audiencia privada “Situación de derechos de las mujeres privadas de libertad en Nicaragua”, realizada en Bolivia, como parte del 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitaron a la CIDH que exhorte al Estado de Nicaragua a liberar a los presos políticos, a que establezca un corredor humanitario que facilite atención médica, humanitaria, de calidad y de confianza a todos los detenidos, a que traslade a las personas transgénero a celdas de acuerdo con su identidad de género y a que cumpla con las medidas cautelares otorgadas a más de ocho presas políticas, se lee en el sitio web del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.