Dos meses antes de la sublevación popular de abril de 2018 contra la dictadura de Daniel Ortega, a la reportera judicial de LA PRENSA, la periodista y abogada Martha Vásquez, le fue prohibido ingresar a las instalaciones judiciales para cumplir su labor informativa. Hasta el día de hoy, la periodista Vásquez y LA PRENSA siguen siendo víctimas de ese flagrante atropello y violación de los derechos constitucionales, como venganza por haber redactado y publicado denuncias sobre irregularidades cometidas en la Corte Suprema de Justicia.	Cabe recordar que también durante la dictadura sandinista de los años ochenta, hubo en Nicaragua una feroz represión generalizada que no fue solo para combatir a la contrarrevolución armada, sino también a la oposición cívica que cuestionara el poder de los comandantes de la revolución. Sin embargo, el poder judicial era independiente hasta donde lo podía ser en el contexto de una revolución.	Juristas de gran valía como Roberto Argüello Hurtado, Hernaldo Zúñiga Montenegro, Santiago Rivas Haslam y Rodolfo Robelo Herrera, ejercieron las magistraturas de la Corte Suprema con riguroso apego al derecho y la independencia judicial. Provenían de las corrientes políticas conservadora y liberal, pero eran auténticos demócratas que no contaminaron su función profesional con ideologías ni la adulteraron con inclinaciones políticas.	Argüello Hurtado, quien fue presidente de aquella Corte Suprema, declaró en una ocasión que a pesar del pluralismo político en la composición de la Corte las decisiones no se tomaban en base a la ideología. Y que, aunque hubo ministros que les indicaban cómo fallar los casos ellos no se dejaban influir ni intimidar.