Al menos 70 organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua e internacionales, emitieron un pronunciamiento dirigido a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mediante el cual denuncia el sostenimiento de las políticas de represión bajo la dictadura orteguista y solicitan la renovación en 2020 de la resolución que este año condenó las violaciones de derechos humanos en el país.	«Queremos expresar a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, nuestra alarma por el escalamiento de la represión en Nicaragua y la renuencia del Estado de Nicaragua a dar respuesta a los llamados contenidos en la resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua” (A/HRC/40/L.8) aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2019», dice parte del documento.	«En este sentido y a casi un año de la adopción de la mencionada resolución, las organizaciones que suscribimos el presente, queremos dar cuenta de que las preocupaciones, solicitudes y llamados contenidos en dicha resolución siguen hoy vigentes», denuncian, resaltando que siguen vigentes las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua desde abril de 2018	Al contrario, al dictadura continúa negando las graves denuncias de violaciones de derechos humanos «y pretende perpetuar la impunidad mediante instrumentos jurídicos» que no cumplen «con los estándares de derechos humanos respecto a la rendición de cuentas y no han contado con la participación de la sociedad civil en su proceso de adopción».	El llamado a Bachelet y a los estados miembros de Naciones Unidas es por el riesgo de mayor violencia estatal y parapolicial por la cercanía de las elecciones de noviembre de 2021, donde temen que «cobren mayor fuerza los esfuerzos del régimen de Nicaragua por reelegirse sin las indispensables garantías democráticas».