La pérdida de influencia de Washington en América Latina es notoria. El declive lento, relativo y continuo de las empresas económicas norteamericanas, así como del poder político-militar de su Estado agudizó la atmósfera competitiva a nivel mundial. Los Estados Unidos se encuentran estancados en Irak y Afganistán, y han visto al dólar perder estabilidad. Su grado de predominio se achica en relación con el pasado, cuando contaba con el apoyo casi incondicional de las elites empresariales y de los gobiernos del continente. Se manifiesta, también, en un distanciamiento por parte de varios gobiernos latinoamericanos frente a las políticas norteamericanas, fundamentalmente por parte de Venezuela, Bolivia, Cuba, Argentina, Brasil, Ecuador y Nicaragua.	Si hay una singularidad después de la Segunda Guerra Mundial y con posterioridad a la caída de la Unión Soviética es la posibilidad de desarrollar mayores grados de autonomía en aquellas naciones latinoamericanas que han estado demasiado sometidas a un determinado alineamiento en su política exterior, con los Estados Unidos afectando sus políticas domésticas.	Sin embargo, el desplome soviético contribuyó a dar a la retórica democrática de Washington una gran autoridad. Esgrimiendo la bandera de la democracia, los Estados Unidos han logrado penetrar la sociedad civil con el fin de garantizar el control social a través de formas de dominación más consensuales. “Los estrategas estadounidenses se convirtieron en buenos gramscianos al comprender que el lugar real del poder es la sociedad civil”, siempre y cuando, no obstante, se fragmenta en grupos y comunidades con intereses divergentes.	Desde fines de los años noventa del siglo XX, Estados Unidos viene siendo puesto en apuros en América Latina. El proyecto del gran mercado que va desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, el Área de Libre Intercambio de las Américas (ALCA), no tuvo éxito. En su lugar aparecieron gobiernos de izquierda. Es decir, el rechazo de las políticas neoliberales llevó al poder a coaliciones de izquierda, radicales o moderadas, marcando en diferentes grados su independencia.	Washington intenta contrarrestar la ola de gobiernos progresistas promoviendo numerosos tratados de libre comercio bilaterales, legitimando un “derecho de ingerencia democrático” y reforzando la cooperación militar en nombre de la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico, en defensa de la democracia de mercado. La atracción del mercado estadounidense constituye una poderosa ventaja para atraer a las elites latinoamericanas para mantener sus nexos de dependencia con Estados Unidos.	En Nicaragua, Washington ha mantenido un pie en dos campos. Proveyendo millones de dólares en ayuda al gobierno a través de la Cuenta Retos del Milenio e incontables miles de dólares a la derecha para que mantenga su oposición a través de los organismos no gubernamentales y otras organizaciones. Es decir, han tratado de fortalecer a la oligarquía y a los diferentes sectores de la derecha local. Al mismo tiempo, los negocios e inversores estadounidenses siguen floreciendo, sin que nadie les moleste y con fuertes beneficios. A pesar del rechazo generalizado que sufre la política neoliberal por parte del gobierno de Ortega, lo esencial del Consenso de Washington permanece.	La relación entre el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua y el de George W. Bush en Estados Unidos se caracteriza por el pragmatismo en el manejo de los asuntos fundamentales en la relación bilateral (Cafta, cohetes tierra aire SAM-7, terrorismo, migración ilegal, narcotráfico), lo que permite que el ruido retórico y los diferendos se confinen a asuntos de menor envergadura. Las actuales relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua reflejan la presencia simultánea de rasgos pragmáticos, ideológicos y dogmáticos en ambas partes.	En el Departamento de Estado comenzaron a aplicar en el año 2007 una política diferente hacia Nicaragua, dando paso a un reacomodo y cohabitación con el gobierno sandinista, lo cual no estaba en los análisis ni planes de los adversarios antisandinistas. Pese que a lo largo de todo el año la retórica del Presidente Daniel Ortega contra Estados Unidos se mantuvo alta, en Washington ya no importa eso, mientras sus intereses estratégicos no estén en riesgo, porque Ortega los fustiga, pero en la práctica se entiende con ellos. Estados Unidos continuó brindando su respaldo al país a través de la Cuenta Reto del Milenio y la millonaria ayuda con motivo del huracán “Félix”.	Daniel Ortega recibió en Managua al Subsecretario de Estado para Asuntos Militares, Richard Kidd a quien le presentó la propuesta formal de intercambio de los cohetes SAM-7 por ayuda médica, que todavía no se concreta. Al finalizar el año, el Director para Asuntos de América Central del Departamento de Estado, John Feeley dio un espaldarazo al gobierno de Nicaragua al valorar 2007 como un año positivo para ambos gobiernos y países, porque se mantuvo el Cafta. “Somos socios en muchas cosas, en muchas áreas y pienso que con este rumbo vamos a beneficiar a las dos poblaciones”, dijo Feeley.	La línea blanda de los funcionarios del gobierno norteamericano, encabezados por Thomas Shannon, han planteado en Washington que un sector significativo del gobierno de Daniel Ortega está abierto a negociar un pacto que implicaría: congelar el statu quo, atenuar su crítica a las políticas de Estados Unidos, consolidar el acuerdo del Cafta, mantener su colaboración en la lucha contra el narcotráfico, eliminar los cohetes SAM-7 a cambio de material médico y bloquear cualquier paso encaminado a la socialización de la economía nicaragüense.	Washington tiene vastos aliados políticos en el sector privado, muchos medios de comunicación privados, un amplio despliegue de ONG subvencionadas, partidos electorales de la derecha, sectores sindicales altamente burocratizado, sectores de la jerarquía de la iglesia católica y protestante. Los aliados de Washington incluyen sectores de la elite de los negocios, financiera y de servicios, importantes sectores de la clase profesional privada y pública (médicos, profesores, asesores, agentes de relaciones públicas, funcionarios públicos y abogados).	Frente a las dificultades de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Nicaragua, la administración estadounidense cuenta con sus propios relevos: las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las fundaciones. La Agencia Estadounidense para el desarrollo internacional (United States Agency for Internacional Development, Usaid) es el eje articulador, especialmente en cuanto a ayudas financieras. Éste es el instrumento más apropiado cuando la diplomacia es insuficiente o cuando la utilización de la fuerza militar presenta riesgos. El Instituto Republicano Internacional (IRI) dirigido por John McCain, candidato republicano a la Casa Blanca, forma parte de las ONG’s que otorgan los fondos del Usaid a las organizaciones y programas políticos de la oposición nicaragüense.	Los Estados Unidos y la derecha criolla apuestan al desgaste del gobierno de Ortega para recuperar el poder por la vía electoral, aprovechando la falta de respuestas a las necesidades socioeconómicas de las masas y sus ataques a las libertades democráticas. Una victoria electoral en las elecciones municipales de noviembre de 2008 representaría para Estados Unidos un enorme alivio. No sólo porque representa un freno al poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino también porque confirmaría que la estrategia de no confrontación que el Departamento de Estado está instrumentado desde que Tom Shannon asumió la Subsecretaría para Asuntos Hemisféricos comenzaría a dar buenos resultados.