Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) designó a dos jueces que presiden las ramas de la Corte Revolucionaria del régimen iraní que, durante años, han castigado a los ciudadanos iraníes y a los ciudadanos con doble nacionalidad por ejercer sus libertades de expresión o reunión.	A través de sus respectivas ramas de los Tribunales Revolucionarios, Abolghassem Salavati y Mohammad Moghisseh, ambos designados hoy, supervisaron el aborto involuntario de la justicia del régimen iraní en juicios en los que periodistas, abogados, activistas políticos y miembros de grupos minoritarios étnicos y religiosos de Irán fueron penalizados por ejercen su libertad de expresión y reunión y son condenados a largas penas de prisión, azotes e incluso ejecución.“Estados Unidos no será un espectador de la continua opresión e injusticia en Irán.	Las acciones del Tesoro se tomaron de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13846, que se enfoca, entre otras cosas, en la censura u otras actividades que prohíben, limitan o penalizan el ejercicio de libertad de expresión o reunión por ciudadanos de Irán.Tanto Salavati como Moghisseh han sido sancionados por la Unión Europea por presidir una serie de juicios tras la elección presidencial iraní de junio de 2009, que impuso largas penas de prisión y varias condenas de muerte para activistas políticos y periodistas.Abdolghassem SalavatiSalavati preside la Sección 15 de la Corte Revolucionaria de Teherán, donde procesó y pronunció duras penas, incluidas muchas penas de muerte, a decenas de presos políticos, activistas de derechos humanos y manifestantes pacíficos, lo que le valió el apodo de "el juez de la muerte".La sucursal 15 es un lugar principal para el enjuiciamiento y las severas sentencias de periodistas y usuarios de internet.	Por ejemplo, después de una manifestación en 2015 por parte de maestros y sus partidarios, Salavati sentenció al secretario general de la Asociación de Maestros de Irán a seis años de prisión por "propaganda contra el estado" y "colusión contra la seguridad nacional".Los jueces de estos Tribunales Revolucionarios, incluido Salavati, han actuado como jueces y fiscales, han privado a los prisioneros del acceso a abogados y han intimidado a los acusados.Mohammad MoghissehMoghisseh preside la Sección 28 de la Corte Revolucionaria de Teherán, donde ha supervisado innumerables senderos injustos, durante los cuales los cargos quedaron sin fundamento y se descartaron las pruebas. Es conocido por condenar a decenas de periodistas y usuarios de internet a largas penas de prisión.	Múltiples artistas, incluidos cineastas y poetas, también han sido juzgados en el tribunal de Moghisseh por cargos como colusión contra la seguridad nacional y propaganda contra el estado presuntamente encontrado en sus obras de arte.Además de penalizar el ejercicio de la libertad de expresión o reunión, Moghisseh también ha presentado cargos cuestionables contra varios miembros de la minoría religiosa bahá'í de Irán, procesándolos por su supuesta participación en actividades como propaganda contra el estado y reunión y colusión contra la seguridad nacional. , luego de que, según los informes, celebraron ceremonias de oración y adoración con otros miembros.RECUERDE LEER:	La mentira se viste de rojo y negroAbdolghassem Salavati y Mohammad Moghisseh son designados de conformidad con EO 13846 por participar en censuras y otras actividades con respecto a Irán a partir del 12 de julio de 2009 que prohíben, limitan o penalizan el ejercicio de la libertad de expresión o reunión por parte de ciudadanos de Irán. Implicaciones de sancionesTodos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas designadas hoy sujetas a la jurisdicción de los EE. UU. Están bloqueados, y generalmente se prohíbe a las personas de los EE. UU. Realizar transacciones con ellos.	Además, las instituciones financieras extranjeras que a sabiendas facilitan transacciones significativas para, o personas que brindan material u otro tipo de apoyo a las personas designadas hoy, corren el riesgo de exponerse a sanciones que podrían cortar su acceso al sistema financiero de los EE. UU. O bloquear su propiedad e intereses en la propiedad. bajo jurisdicción de los Estados Unidos.