El cobro aplicado por el Gobierno de Nicaragua a cada kilogramo importado o exportado por la vía aérea tiene al borde del cierre a algunas empresas del sector, podría dejar en el desempleo a miles de personas y provocaría hasta US$50 millones menos en ventas al exterior, denunció el martes el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).	El Gobierno de Nicaragua cobra cinco centavos de dólar por cada kilogramo en las exportaciones e importaciones aéreas, desde el pasado 25 de abril, informaron este martes el Cosep, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), la Cámara de la Pesca de Nicaragua (Capenic) y la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur).	Mabel Arévalo, gerente de la empresa exportadora de okra Agro España Nicaragua (Agroesnica), afirmó que ese nuevo cobro se suma a otro de US$13 por la emisión de un certificado fitosanitario por parte del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), “que ya estaba incluido en los honorarios del IPSA”, más US$5 por la transmisión electrónica en cada póliza de exportación.	Además, aseveró que si a eso se le suma el impacto de las reformas fiscales, las de la seguridad social, los mayores costos por la reducción de frecuencias y espacios aéreos por la caída de las importaciones, los constantes incrementos en los combustibles e insumos agrícolas, el resultado es que han perdido “completamente la competitividad en los mercados internacionales”.	En octubre de 2017, el Gobierno intentó por medio de la Empresa Administradora del Aeropuerto Internacional (EAAI), imponer ese cobro de cinco centavos de dólar por cada kilogramo a las exportaciones, pero luego de varias reuniones los empresarios hicieron ver a las autoridades del Gobierno que no se podía establecer un cobro doble, porque la DGA ya lo cobraba.	“En su momento expusimos y hoy ratificamos que el establecimiento de esta nueva tasa por inspección de seguridad aeroportuaria condena a muchas empresas exportadoras al cierre de sus operaciones, lo cual sería devastador para algunos sectores, por el impacto negativo que tendría para la actividad productiva y exportadora, a lo que se sumaría la afectación por disminución de la demanda de transporte de carga aérea, sin obviar que esta nueva tarifa pretende imponer un nuevo cobro por un concepto que ya está incluido en el servicio de seguridad aduanera”, aseveró Guillermo Jacoby, presidente de APEN.