Le echaron la Policía a los abogados que eran los invitantes de la Comisión de Diputados. Derriban entrada, forcejeo, ultraje a abogados y gritos contra magistrados, a quienes llamaban corruptos y que el pueblo debe impedir sus reelecciones. Presidente de Comisión de Justicia comprueba que CSJ pasó por encima de la Constitución y las leyes para imponer un modelo que descalabra los juzgados	Han violado el artículo 464, denegación de justicia, al negarse a resolver sin causa legal los casos que llegan a los juzgados. El artículo 465, retardo malicioso en la administración de justicia, que establece inhabilitación, indicó Torres, quien considera que la Corte Plena ha cometido delitos que ninguna otra Corte ha realizado.	Para implementar la reforma, el modelo requería la reforma de leyes, especialmente el Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal (CPP), y no se ha hecho, y esperamos que se haga porque los magistrados deben respetar el Estado de derecho, dijo Pallais durante una reunión con abogados, con el magistrado de la CSJ, Edgard Navas y con funcionarios del Poder Judicial.	El magistrado Navas, quien junto a la magistrado Alba Luz Ramos está a cargo del Modelo de Gestión de Despacho, reconoció que el fin del modelo es la construcción del complejo judicial de la capital, para lo cual firmaron un préstamo de doce millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).	“La meta final es la construcción del edificio, y tiene que haber un diseño de lo que será la administración de justicia, porque no se puede diseñar ni construir si no se ha decidido cuál será el modelo”, dijo Navas, tras indicar que lo fundamental es separar la parte administrativa de la jurisdiccional.	Sin embargo, empleados consultados que pidieron omitir sus nombres, expresaron que ni siquiera todos los magistrados de la CSJ conocen el modelo, y la mayoría desconoce cómo funcionan los juzgados porque nunca han litigado, y por eso aceptaron todo lo que les presentó la firma española que nada tiene que ver con la realidad nicaragüense.	Los litigantes insistieron en que no se trata sólo de un asunto de forma sino de fondo, porque se está violando el artículo 34 de la Constitución, que establece el derecho que tiene el procesado en igualdad de condiciones a la garantía mínima de su intervención, y defensa desde el inicio del proceso, y a disponer del tiempo y medio adecuado para su defensa.	Se viola el artículo 9 del Código de Procedimiento Civil referido al principio de accesibilidad a los tribunales, para hacer efectivo sus derechos y para defenderse, y con el nuevo modelo es prohibido para los jueces atender a los abogados, y para los abogados es prohibido pasar al despacho del juez.	EL NUEVO DIARIO efectuó la semana pasada una revisión a los carteles donde se hacen las notificaciones de lo civil, y constató que en un 90 por ciento las notificaciones son de bancos. Por ejemplo, el 23 de abril el Juzgado Sexto de Distrito Civil sacó 17 autos sólo de casos de bancos y ninguno de otro tipo de caso.	En la revisión no encontramos ningún caso de pensión de alimentos. Indiana Montalván tiene su caso de pensión de alimentos en el Juzgado Cuarto Local Civil desde hace diez meses, dictaron la sentencia el 28 de febrero, ordenándole al padre de su hijo que desocupe la casa para que la habite su hija, y una pensión del 20 por ciento de su salario.	Montalván también tiene una acusación contra su ex pareja por lesiones psicológicas graves en perjuicio de su hija menor de doce años, a quien sacó con cuchillo de la casa desde el 29 de octubre, de lo cual tiene como prueba un video, y aunque la Fiscalía presentó el caso en los juzgados, desde enero no ha caminado.	“Quiero medidas de protección porque es un hombre violento que me ha amenazado, pero en los juzgados el caso está paralizado, y tal vez lo miran si me mata o les pasa algo a mis hijos”, dijo Montalván, tras indicar que ha intentado hablar con el juez para exponerle su situación, pero no se puede.