“El argumento que se esgrimió en su momento era que se había utilizado el sistema de justicia salvadoreño como arma política para apresar a Funes y su familia, eso tampoco se demostró, porque recuerde que el Gobierno era presidido por (Salvador) Sánchez Cerén, a quien no se puede acusar de ser proclive a la derecha. Sucede que en la doctrina del asilo no he encontrado un solo caso que se le otorgue la nacionalidad a alguien por una persecución sobre delitos de carácter de corrupción”, señaló Novoa.	Este martes, el Diario Oficial La Gaceta publicó la resolución número 3,179 en la que se indica que el expresidente salvadoreño (2009-2014) solicitó la nacionalización nicaragüense ante la Dirección de Migración y Extranjería; las peticiones fueron “analizadas” por el comandante de brigada, Juan Emilio Rivas, director general de Migración y Extranjería y avaladas por la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kimloch, el 15 de julio pasado.	"Con esto de la extradición, cada día es más notorio que hasta Nayib se traba en discusiones estériles sobre un tema que desconoce. Ni hoy, ni en los primeros 100 días de su gobierno, ni en años la extradición será posible", aseguró Funes, haciendo referencia a la promesa que el presidente Bukele hizo sobre hacer que Funes enfrente la justicia salvadoreña en los primeros 100 días de su mandato, plazo que se cumple el próximo 8 de septiembre.	Costa Rica recibió una solicitud de El Salvador de extraditar al suegro de Mauricio Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, para que enfrente un proceso penal por lavado de dinero, porque según la Fiscalía salvadoreña, es parte de la estructura en el caso “Saqueo Público”, que ayudó a Funes a lavar parte de los US$351 millones.	La Sala de lo Constitucional de El Salvador declaró inconstitucional la forma en que se nutrió la “partida secreta”, nombre con el que se le conocía a un mecanismo que permitía la reorientación de fondos del Estado hacia la Casa Presidencial, sin tener que pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa.	La Fiscalía indica que Funes entregaba entre US$10,000 y US$20,000 cada vez que el fiscal lo requería, para que no lo investigara. En total, le habría dado US$1.5 millones, además de tres vehículos de lujo y le habría pagado al menos 92 viajes y gastos onerosos.	En junio del año 2018, el Juzgado Quinto de la Paz de El Salvador emitió una orden de captura con fines de extradición contra el exmandatario Funes y tres de sus familiares: su pareja, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y dos de sus hijos; Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Cañas.