Expectativa. Después del primer diálogo, frustrado en julio de 2018, opositores y Gobierno tardaron más de siete meses para volver a negociar. En la segunda etapa han logrado la liberación de la mayoría de manifestantes presos, pero las pláticas se estancaron hace seis semanas y falta cumplir el acuerdo de libertades, derechos y garantías, y negociar asuntos claves de la democracia.	La continuación del diálogo entre la Alianza Cívica y el Gobierno de Nicaragua pende ahora de una evaluación de cuánto ha cumplido este los acuerdos suscritos en marzo pasado, más cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) llama a que se reanude una negociación “efectiva y de buena fe” y haya un “cumplimiento pleno” de lo acordado.	En su Asamblea General de Medellín, la OEA decidió el viernes crear una comisión que se encargará de realizar “gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días”.	Carlos Tünnermann, de la Alianza, opina que el Gobierno nicaragüense recibe hoy más presión internacional para hacer funcionar el diálogo nacional, mientras la función de la Comisión de alto nivel que formará la OEA “no es sustituir la mesa de negociación, sino conversar con el régimen para encontrar una solución cívica y pacífica”.	Después de 227 días de paralizado el primer diálogo nacional, el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se volvieron a sentar en una mesa de negociación el miércoles 27 de febrero de 2019, con condiciones distintas a las del intento inicial de acuerdos para resolver una crisis sociopolítica que ya cumplía diez meses.	La Alianza Cívica respondió que asumía el reto “por una Nicaragua con justicia y democracia”, y que sus temas de agenda fundamentales serían: liberación de los presos políticos, restablecimiento de las libertades, derechos y garantías de todos los ciudadanos, ya establecidas en la Constitución Política del país; reformas electorales que garanticen elecciones justas, libres y transparentes; y justicia para más de 300 personas asesinadas durante la represión a las protestas antigubernamentales.	El líder estudiantil Max Jerez, de la Alianza Cívica, explica que “en el primer diálogo (16 de mayo - 09 de julio de 2018), probablemente no estábamos preparados… En este segundo proceso de negociación sí… No fue creado con prisa, la metodología fue planificada, no estábamos viviendo lo que se vivió entre mayo y julio del año pasado, cuando sufríamos un proceso bastante intenso de violencia y muertes”.	Dos días después, el 16 de febrero de 2019, Ortega recibió a una representación de los empresarios más influyentes del país: Carlos Pellas, Ramiro Ortiz Mayorga, Juan Sacasa, José Antonio Baltodano y Roberto Zamora, quienes le explicaron por qué urgía hacer una negociación incluyente, seria y franca, para poner fin a la crisis social, política y económica.	El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, considera que las dos negociaciones, la iniciada el 16 de mayo de 2018 y la del 27 de febrero de 2019, son distintas por el contexto en que se realizan. La primera, en medio de “violencia, violaciones a los derechos humanos, muerte y un país paralizado”; y la segunda, aunque aún con violaciones a los derechos humanos, “ya no estamos hablando de muertos, de heridos o de un país completamente paralizado, sino de un país con otro tipo de expresiones sobre la realidad económica, los exiliados, la justicia y las personas apresadas”, explica.	Para Aguerri, el trabajo del Meseni y el GIEI permitió que, a partir de la suspensión del primer diálogo, se haya dado una “presión internacional constante y sistemática” basada en los informes de estos organismos, con evidencias de cómo el Gobierno cometió crímenes de lesa humanidad, graves violaciones a los derechos humanos, asesinatos extrajudiciales, detenciones y juicios ilegales y arbitrarios.	Hubo 39 sesiones de negociación entre la Alianza Cívica y el Gobierno, desde el 27 de febrero hasta el 16 de mayo de 2019, cuando se reunieron la última vez. El lunes 20 el diálogo quedó suspendido, a la espera de la liberación de todos los presos políticos, cuya fecha tope acordada era el 18 de junio.	Max Jerez dice que la Alianza nunca se opuso a la participación de la Iglesia evangélica, aunque haya sido propuesta por el Gobierno, porque la veían como parte de la representación de la cristiandad en el país. Sin embargo, cree que el Gobierno intentó de esa forma quitarle relevancia a la presencia de los jerarcas católicos.	“A solicitud del Gobierno de Nicaragua, el señor Luis Ángel Rosadilla analizará, a partir del 11 de marzo, con los actores que participan en el Encuentro por el Entendimiento y Negociación por la Paz que lleva a cabo el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia la eventual participación de la SG (Secretaría General) OEA en dicha instancia”, indica un comunicado del organismo interamericano.	Ese mismo día, la Cancillería nicaragüense reveló los puntos de agenda que propuso en la mesa de negociación, incluyendo reformas electorales, justicia y reparación, y la petición a la comunidad internacional que elimine las sanciones a funcionarios del Gobierno nicaragüense señalados de violar los derechos humanos o cometer actos de corrupción.	En enero de 2019, el Consejo Permanente de la OEA empezó a discutir la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de Nicaragua, en base al artículo 20 de este instrumento, y los Estados hicieron una “apreciación colectiva” de la crisis institucional de este país que dejó unos 325 muertos desde abril de 2018, según ha constatado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).	El nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, quien empezó a fungir como testigo, acompañante y garante internacional, igual que Rosadilla, ayudó a superar el desacuerdo y las conversaciones fueron reanudadas el 14 de marzo, bajo la promesa del gobierno de liberar el viernes 15 de marzo a “un núcleo apreciable de personas”, en referencia a manifestantes encarcelados.	Todos los detenidos fueron liberados la noche del mismo 16 de marzo, por gestiones del Nuncio. Sin embargo, la Alianza insistió el lunes 19 en que el Gobierno debía dar “señales de buena voluntad y un ambiente propicio”, respetando el derecho de libre movilización y expresión de los nicaragüenses, para que continuaran las negociaciones.	El canciller Moncada calificó como “inconcebible, contradictoria e insólita la actitud de participantes en la mesa del diálogo que el sábado 16 de marzo formaron parte de una provocación y alteración del orden público y de la seguridad de las familias nicaragüenses que tienen derecho a la tranquilidad y a la paz”.	“Tengo a bien informar que he designado como delegado en calidad de testigo y acompañante internacional en la mesa de negociación, al asesor especial, señor Luis Ángel Rosadilla. En cuanto a la designación de dos asesores, estos serán asignados por temas específicos. Como es de su conocimiento, para esta Secretaría resulta prioritaria la liberación de los presos políticos”, expresa la carta firmada por Luis Almagro con fecha 15 de marzo.	El 20 de marzo, el diálogo fue restablecido por las gestiones del nuncio y el delegado especial de la OEA. A la mesa de negociación llegó ese día una comunicación del Gobierno nicaragüense, sobre su decisión de liberar en un plazo no mayor de 90 días a todas las personas detenidas durante las protestas ciudadanas iniciadas el 18 de abril del 2018, conforme el ordenamiento jurídico del país.	Tünnermann resalta que el compromiso de liberar a los presos en un plazo de 90 días salió de la mesa de negociación, durante una reunión en la Nunciatura. “Ahí el Gobierno se comprometió a que en un plazo de 90 días se procedería a la liberación de todos los presos políticos”, asegura.	La mesa aprobó la agenda de la negociación y enviaron una invitación formal a la Secretaría General de la OEA para retomar el trabajo en el tema de las reformas electorales, y una invitación al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para que participara del proceso de liberación de manifestantes.	El 29 de marzo, un día después de concluir el primer plazo para culminar las conversaciones, según la “Hoja de Ruta”, el Gobierno y la Alianza anunciaron la firma de dos acuerdos: uno sobre liberación de manifestantes estipulando un plazo de 90 días y otro para respetar los derechos constitucionales y fundamentales de la población, para que las personas pudieran manifestarse y expresarse con libertad, permitir la libre información y devolver todos los derechos y bienes a los medios de comunicación.	Con la firma de estos compromisos, el Gobierno nicaragüense estaba aceptando “que no cumple la Constitución Política de Nicaragua, porque en el acuerdo de respeto de derechos, libertades y garantías aceptan cosas inéditas como que el Gobierno se compromete a respetar el uso de la bandera de Nicaragua, es decir, reconoce que infringe la Constitución”, señala Jerez.	Los testigos y garantes convocaron a las partes para el 22 de abril, con la intención de discutir una propuesta que aceleraría el cumplimiento de los acuerdos firmados y la reanudación de negociaciones sobre lo pendiente. Pero, este encuentro no fue posible y los testigos solo pudieron reunirse por separado con las partes, en busca de puntos de acercamiento para destrabar el diálogo.	Recuerda que los negociadores del Gobierno aceptaron la liberación de más de 160 presos políticos, y luego se levantaron de la mesa para hacer una consulta a la Presidencia. “Después de hora y media regresaron y dijeron que solo podían aceptar eso, siempre y cuando nosotros aceptáramos realizar un llamamiento para el cese de las sanciones internacionales”.	Aguerri comenta que, en estas segundas conversaciones, “el Gobierno no podía desmontar por la fuerza dos tranques que lo presionaban a seguir en las conversaciones: la presión internacional y la caída económica, más la indignación de una parte de la ciudadanía nicaragüense que, aunque está limitada por la represión, está encendida y demandado justicia y democracia”.	A una parte de los detenidos les concedió medidas de convivencia familiar o casa por cárcel, y a los últimos les aplicó la Ley 996, de Amnistía. En total liberó a 492 manifestantes, pero, el Comité Pro Liberación de Presos Políticos afirma que aún quedan en la cárcel al menos 85 presos políticos.	Los representante de la Alianza dijeron ese día que, para volver a sentarse a la mesa de negociación, era preciso que todos los manifestantes encarcelados fueran liberados y “que el círculo se cierre, hace falta el cierre de los procesos, tenemos que asegurar que se cierren los procesos de las personas que han sido excarceladas”, indica José Adán Aguerri.	“Lo que falta en estas negociaciones es también el cumplimiento del acuerdo de libertades, derechos y garantías, además de la construcción de un acuerdo de justicia y reformas electorales que permitan a su vez unas elecciones libres, justas, transparentes, vigiladas y con participación de todos los sectores que deseen adentrarse en la contienda electoral”, explica.	Max Jerez, el líder estudiantil, considera que el tema de la democracia será el más difícil de negociar, porque “el Gobierno no estará dispuesto a ceder en el tema de adelanto de elecciones, no lo van a aceptar en primera instancia; entonces, creo que en el tema de la democratización, sin adelanto de elecciones, no tendría sentido lograr ningún acuerdo porque no estaríamos resolviendo el fondo de la crisis”.	Carlos Tünnermann resalta que para la Alianza “no es suficiente la Ley de Amnistía y creemos que debe haber justicia para las víctimas; creemos que debe haber una verdadera comisión de la verdad que nos ayude a aclarar la verdadera situación, tiene que haber una verdadera reparación… Y está la cuestión de las reformas electorales, para garantizar que los nicaragüenses tengan elecciones libres, justas, observadas y transparentes”.	Por la Alianza Cívica, los negociadores titulares han sido Carlos Tünnermann, jurista y académico de trayectoria internacional; José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep); Max Jerez, representante de la Coalición Universitaria formada por cinco movimientos estudiantiles; Juan Sebastián Chamorro, director de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Funides); José Pallais, jurista, ex vicecanciller y exdiputado; y Mario Arana, presidente de la Cámara Nicaragüense Americana (Amcham).	Por el Gobierno, los negociadores son Denis Moncada Colindres, canciller de la República; Francisco Rosales, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Luis Andino, presidente de la progubernamental Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN); José Figueroa, diputado del oficialista Frente Sandinista (FSLN); Wilfredo Navarro, ex militante de los partidos Liberal Independiente (PLI) y Liberal Constitucionalista (PLC) y hoy diputado del FSLN; y Edwin Castro, jefe de la bancada del FSLN en la Asamblea Nacional.