La liberación de más de 160 presos políticos ha sido una de las principales demandas que han hecho al gobierno del presidente Daniel Ortega organizaciones civiles como la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y la Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP) así como de organismos internacionales de derechos humanos como la CIDH y la OACNUD.	Desde el estallido de la crisis política en abril 2018, diversos informes de estos organismos internacionales han documentado y corroborado centenares de detenciones arbitrarias que ha ordenado el actual gobierno de Nicaragua en contra de ciudadanos que se oponen contra el actual sistema y que demandan la democratización del país y justicia para los más de 325 civiles asesinados en el contexto de la represión gubernamental.	A pesar que el gobierno excarceló a un buen grupo de presos políticos tras aprobar la denominada Ley de Amnistía, muchos de estos ciudadanos opositores han sido recapturados y la mayoría de los excarcelados continúan con sus causas judiciales abiertas y sufren de constante acoso policial y de fanáticos del gobierno.