La abogada Leyla Prado, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, solicitó esta tarde al juez Melvin Vargas, titular del juzgado Séptimo Distrito Penal de Juicio de Managua, que gire oficio al director del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, para que rinda informe sobre las circunstancias en que ocurrió la muerte del	“No es novedad que el trato que brindan los funcionarios del Sistema penitenciario hacia los privados de libertad y en especial contra los reos políticos ha sido cruel e inhumano y este fue el caso de mi representado Eddy Montes, desde que fue detenido y trasladado al penitenciario. Día a día, los funcionarios violentaron sus derechos humanos fundamentales hasta llegar a privarlo de la vida en circunstancias poco claras”, se lee en el escrito.	La abogada hace la petición en base al artículo 23 y 36 de la Constitución Política de Nicaragua. El primero se refiere al derecho a la vida, el cual es inviolable e inherente a la persona humana. Mientras el segundo dice que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. “Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley”, añade.	En este caso el responsable de los privados de libertad y de lo que suceda con ellos, es el director general del SPN, en este caso el Prefecto Julio Guillermo Orozco, a quien se le está mandando a rendir informe. “Lejos del fin lícito que la ley otorga a esa institución, se ha convertido en un centro de ejecuciones y torturas todo contra la Constitución y las leyes”, reitera la abogada.	Según Prado, en el artículo 70 de la Ley 745 o Ley de la Penitenciaria, cuando un reo fallezca dentro del penal las autoridades deben informar al Procuraduría de Derechos Humanos y al juez que lleva la causa de dicho reo. De igual manera, cuando la circunstancia de muerte se asocien a hechos de violencia, debe informarle al juez de la causa y a la Policía, pero desconoce si esto se dio, por lo que pide al judicial que solicite informe al director penitenciario.	y ciudadano estadounidense, por parte de custodias del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, por supuesto amotinamiento en la galería 16-1, aún no está claro. El día de los hechos, el 16 de mayo, peritos de la policía nacional ingresaron en una camioneta al SPN, pero hasta ahora no se sabe nada de los avances.	Según nota de prensa del Ministerio de Gobernación, los hechos se dieron a eso de las 3:00 de la tarde, cuando supuestamente “un grupo de presos se abalanzó contra personal penitenciario del perímetro de seguridad, forcejeando con uno de los centinelas con claras intenciones de quitarle el arma reglamentaria y atentar contra la vida de los funcionarios, el que en defensa propia hizo un solo disparo a pesar de portar un fusil automático”, se lee en la nota de prensa de esa institución.