El congresista federal Mario Díaz-Balart, afirmó estar contento con la salida de la cárcel de más de 400 presos políticos, pero asegura que la medida es insuficiente, no confunde a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que el régimen nicaragüense sigue representando una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Esas razones tendrán como consecuencia más presión y sanciones de Estados Unidos contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.	Para el legislador, la dictadura de Ortega trata de tomar créditos con los presos políticos, un acto que no es de buena fe “porque nunca debieron estar arrestados”. Señaló que aún quedan más de 80 presos de conciencia en las cárceles, y las libertades fundamentales no han sido restituidas en el país.	“Número uno, nunca debieron estar presos; y dos, la buena noticia es que nadie de la administración del presidente Trump esta confundido. La naturaleza de esa dictadura es muy clara. Es una dictadura asesina con sangre en sus manos y además con vínculos con el narcotráfico. No debe sorprender a nadie quien es este individuo Daniel Ortega y la naturaleza de su régimen, no hay confusión dentro de la administración sobre lo que es y lo que significa la dictadura de Ortega; por lo tanto, no es solo que vamos a ver el aumento de sanciones, sino el incremento de mucha más presión de parte de Estados Unidos. Me consta que vamos a ver muchísima más presión hacia la dictadura de Ortega” sostuvo el congresista Díaz-Balart.	“No quiero hablar de fechas específicas porque se trata de un proceso, a veces se demora más de lo que me gustaría y a la misma administración le gustaría, pero cuando le digo que va a incrementar la presión y no quiero entrar en detalles, pero lo digo con total confianza que eso viene”, recalcó Díaz-Balart.	“El presidente Trump está haciendo algo que nadie había hecho, cumplir el Título Tres y el Cuatro de la Ley Helms Burton, que a pesar de todas las presiones y el cabildeo de los europeos y de hombres de negocios de Estados Unidos, el presidente Trump ha hecho cumplir esos Títulos de la Ley, incluyendo la prohibición de los cruceros que creían que no lo iba a hacer. Repito esto no es una cuestión de jarabe de pico.  La dictadura de Ortega no solo es un cáncer, es una tragedia para el pueblo de Nicaragua y creo que es un problema de seguridad nacional de Estados Unidos”, apuntó el legislador.	El capítulo Tres y Cuatro de la Ley Helms Burton, permite a los afectados por el régimen cubano entablar demandas contra personas que trafican con bienes confiscados por esa dictadura, el envío de remesas se limita a mil dólares cada trimestre por persona, restringe viajes familiares a Cuba, prohíbe transacciones financieras con empresas militares cubanas, entre otras restricciones que deben ser cumplidas por los estadounidenses, empresas y la banca bajo la jurisdicción de Estados Unidos.	Díaz-Balart fue uno de los copatrocinadores de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de 2018 de Nicaragua, conocida como la Nica Act, promulgada por Trump, en diciembre de 2018, que impone restricciones y sanciones a las instituciones y personas responsables de la violencia del régimen y la violación de los derechos civiles de los manifestantes.	“Esto viene en serio, ya nadie tiene dudas de la política del presidente Trump hacia Cuba y Venezuela que es seria. Esa es la misma actitud que la administración tiene hacia la dictadura de Nicaragua. Me consta sin ningún tipo de duda que la Casa Blanca entiende lo que esta sucediendo en Nicaragua, por lo tanto, la presión va incrementar”, subrayó el congresista estadounidense.	La Nica Act  estableció un plazo de 180 días (el cual ya se cumplió) para que las respectivas agencias de inteligencia y de seguridad estadounidenses presenten un informe que servirá para aplicar sanciones individuales contra funcionarios orteguistas implicados en las múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas contra ciudadanos nicaragüenses durante las protestas antigubernamentales que inició a mediados de abril del 2018.	El informe debe ser presentado por el Departamento de Estado a los comités en el Congreso, en el que debe informar sobre los esfuerzos de Nicaragua para fortalecer el estado de derecho y la gobernabilidad democrática, combatir la corrupción, proteger los derechos humanos, y la realización de elecciones libres, transparentes y creíbles.