El gobierno mexicano envió en diciembre de 2006 a las Fuerzas Armadas a la calle para que combatieran el narcotráfico, pero sin contar con un marco legal, lo que desató duras críticas de la oposición. Entre los que fustigaron esta política estuvieron defensores de derechos humanos y el mismo López Obrador, quien en campaña prometió que los militares volverían a sus cuarteles.