Así lo ha decidido el Fiscal General de Israel, Menahem Mazuz, en una iniciativa que supone una contundente victoria para las organizaciones de defensa de los derechos de gays y lesbianas, y un golpe que ha sacado de quicio a la derecha fundamentalista. Es un episodio más de la permanente tensión que se vive entre un sector de la sociedad moderna y pujante y otro tradicionalista y anclado en el siglo XIX.	La posibilidad de que gays y lesbianas adopten no es producto de un debate parlamentario ni de la promulgación de una ley. Mazuz simplemente se ha decantado por aplicar un precedente judicial resuelto en 2000. El Tribunal Supremo falló entonces a favor de una pareja que solicitó la inscripción en el registro del Ministerio del Interior de la adopción de la hija biológica de una de las mujeres, cuando ya había sido legalizada en California (EU).	“Es nauseabundo”, lamentó Eli Yishai, líder del poderoso partido ultraortodoxo Shas, uno de los pilares del gobierno de Ehud Olmert. “Esta decisión representa un golpe mortal a los acuerdos de la coalición”, añadió. Portavoces de otros partidos religiosos, que consideran la homosexualidad una “aberración”, añadieron que el fallo supone una traición a los principios fundacionales del Estado judío.	Les queda únicamente una opción: promover una reforma de la ley, cuya tramitación siempre sería trabajosa y duradera. Mientras, las 18,000 parejas de gays y lesbianas podrán ejercer ese derecho. Es un evidente triunfo para un colectivo que sufre discriminaciones flagrantes: el año pasado, las autoridades impidieron que pudieran celebrar la Gay Parade por las calles de Jerusalén. Sólo pudieron reunirse en un estadio al aire libre.	En Israel, Estado fundado por una clase dirigente laica, la influencia de la religión en la vida cotidiana es notoria, y siempre al alza. Las concesiones al rabinato de las instituciones públicas son una constante. Los ultraortodoxos son conscientes de su poder, entre otros motivos porque la tasa de natalidad de las mujeres religiosas es infinitamente superior al de las laicas.	Las encuestas son esclarecedoras: un gran porcentaje de la población --alrededor del 40%-- se declara muy devota. Ejemplos del sometimiento del poder civil a los dictados de los rabinos los hay a decenas. En los hospitales, el paciente utilizará distinta cubertería dependiendo de que la comida servida esté compuesta por lácteos o carne.	No hay servicio de transporte público en sabath, y algún alto funcionario ha sido destituido por ordenar la reparación de una central eléctrica en el día sagrado de los judíos. Los tribunales dilucidan en estas fechas una petición para prohibir la imposición de que las mujeres viajen, en determinados trayectos que enlazan barrios o ciudades ultraortodoxas, en la parte trasera de los autobuses. Incluso algunas fieles judías comienzan a rebelarse.