El régimen de Daniel Ortega liberó a más de 600 personas de la prisión entre febrero y junio de este año, luego de ser arrestadas  por haber participado en las protestas iniciadas en abril de 2018. La controversial ley de Amnistía  no se aplicaba a todos los presos políticos por igual, y alrededor de 26 personas quedaron en prisión. Teniendo en cuenta que los arrestos continuaron a partir de julio de este año, el número de presos políticos aumentó a 139 a partir de septiembre, según el último recuento de la Alianza Cívica para la Justicia y la Democracia.	Entre estos 139 presos políticos solo hay una mujer, la joven estudiante universitaria María Guadalupe Ruiz, de 22 años. Los otros son estudiantes universitarios, agricultores, profesionales, trabajadores del sector informal e incluso jubilados.El método de criminalizar a los prisioneros políticos se ha transformado: ya no se les acusa de haber intentado desestabilizar el país o de tratar de derrocar al gobierno a través de métodos violentos, sino que se los acusa de delitos comunes. “Ahora, intentan disfrazar los casos y acusarlos de delitos comunes: robo con agravantes, amenazas, porte ilegal de armas, tráfico de drogas, y ya no acusan a las personas de diez o quince delitos , sino de uno o dos.TAMBIÉN PUEDE LEER: