El trato hacia un migrante no debe ser del “ilegal”, sino del “irregular”, porque el tema de la migración no es un delito, el delito lo cometen quienes comercializan con la necesidad de los migrantes. Por eso no deben estar en celdas de privación de libertad, sino en centros de protección o albergues, tales como los instalados en San Carlos, dijo.	Uno de los derechos más violentados es la agilización en los procesos de deportación o de rechazo, con abusos de autoridad tanto en Costa Rica como en Nicaragua, ya que los bienes de la persona son retenidos hasta presentar documentos de propiedad. La respuesta del personal de Aduana es que la retención de bienes es un procedimiento normal, y con la documentación apropiada se les regresan. Un recurso aplicado a personas deportadas sin dinero y que viven a largas distancias de la aduana fronteriza, señala Fajardo.	Una de las artimañas que utilizan empleadores inescrupulosos en la contratación, es el despojo de documentación, y al finalizar la obra denuncian a los trabajadores para que sean deportados sin pagarles el salario devengado. Por eso, frecuentemente, vienen muchos nicas deportados sin documentos y sin un centavo en la bolsa, sin auxilio de ninguna autoridad.	Por otra parte, está la disgregación familiar, pues los padres son retenidos a veces por un largo período en Costa Rica, mientras los menores son llevados al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), y bajo la figura de deportados son entregados a las delegaciones del Ministerio de la Familia. Esta lógica se aplica porque los menores de edad no deben estar en los centros de detención donde permanecen sus padres.	Pedro Alberto Contreras, quien desde el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) da seguimiento a los casos relacionados a la migración nicaragüense, comentó que es un drama que ocurre a fin de año e inicios de enero, con el paso por la frontera de Costa Rica de nicaragüenses que no son nuevos ingresos, sino que regresan al lugar donde ya tienen su trabajo y su hogar.	En términos generales, considera que hay un doble discurso del Estado costarricense. Por un lado, a nivel público, habla de una reforma a las políticas migratorias no discriminatoria, ni excluyente ni restrictiva, algo que se puede considerar un reconocimiento del aporte económico de la mano de obra nica en la economía de ese país, pero en la práctica vemos acciones que denotan lo contrario y hacen sospechar que no existe la voluntad política.