Ante esta situación, EE. UU. ha determinado que solo podrán interponerse denuncias contra la parte cubana que es propietaria de la entidad y que está incluida en esa "lista negra"; pero no contra las compañías europeas que participan en esa sociedad, detalló a la prensa una alta funcionaria del Departamento de Estado.	Cuando la norma se aprobó hace 22 años, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la isla se opusieron ferozmente al título III porque temían que sus compañías fueran demandadas en EE. UU.; y, por ello, la Unión Europea (UE) denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).	El título III, que permitiría a los cubano-estadounidenses reclamar ante cortes de EE. UU. sus propiedades que fueron nacionalizadas tras la Revolución de 1959, nunca se ha aplicado desde su promulgación hace 23 años, ya que generaría una compleja maraña de litigios internacionales con empresas de diversos países que operan en Cuba.