“El resto de las denuncias fueron contra miembros del partido de gobierno, de sus organizaciones de barrio y parapolicías armados, que de alguna manera espían, persiguen y amenazan a la ciudadanía. En el 57% de los casos hubo abuso de autoridad y se contabilizaron 153 detenciones sin seguir los procedimientos”, aseguró Sequeira.	“Tenemos denuncias de varios de los excarcelados que aseguran que durante su detenciones les propusieron que fueran infiltrados del Gobierno y les pagarían US$800 mensuales para participar en las actividades cívicas de protesta, tomar nota de los participantes, saber quiénes son los organizadores, quién los financia y sus direcciones. Incluso tuvimos la denuncia de un trabajador de un medio de comunicación que a él le propusieron US$1,000 para recabar información del medio, los periodistas y que no se preocupara, porque en todos lados tenían infiltrados”, comentó Sequeira.	“Incluso también ya no hacen acusaciones de terrorismo y similares, sino que acusan por delitos comunes, para hacer más difícil identificar si la captura es por razones políticas. Pueden acusar por tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y hasta por violencia intrafamiliar, utilizando a exparejas y plantando acusaciones”, comentó Sequeira.