El mandatario conservador, que sustituyó a Bachelet al frente del gobierno chileno, también instó a su antecesora a que entregue "todos los antecedentes y evidencias que sustentan el informe a la Corte Penal Internacional" y que solicite al Consejo de DDHH de la ONU la creación de una comisión permanente que "supervigile" el respeto de los derechos humanos en Venezuela.	"Este último informe es lapidario, hay que tener mucha fuerza para leerlo por las atrocidades que comete el gobierno de Nicolas Maduro", declaró Guaraquena Gutiérrez, la representante en Chile del jefe del parlamento venezolano Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado y que ha sido reconocido por medio centenar de países, entre ellos Chile.	Chile ha recibido en su embajada en Caracas a cerca de una decena de opositores venezolanos. Algunos de ellos lograron salir del país y se instalaron en Santiago. Asimismo, ha sido un activo miembro del Grupo de Lima, conformado en 2017 por más de una decena de países americanos para buscar una salida pacífica a la crisis venezolana.	Unos cuatro millones de venezolanos han abandonado su país, según datos la ONU, huyendo de la crisis económica atroz que ha reducido en más de la mitad el PIB del país. Unos 400,000 venezolanos han llegado a Chile, el tercer mayor receptor de estos migrantes detrás de Colombia y Perú. Santiago vaticina que en un año pueden llegar otros 300,000.