Representantes de cinco de las nueve organizaciones de la sociedad civil que en diciembre de 2018 les fue cancelada su personería jurídica por decreto de la Asamblea Nacional, rechazaron este miércoles las acusaciones vertidas por el Estado de Nicaragua en la 42 sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se les señaló de haber cometido actos ilícitos.	Según el Estado de Nicaragua, estas nueve organizaciones; Hagamos Democracia, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), Institutos de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), Fundación Popol Na, Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Fundación del Río y el Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS), utilizaron el organismo para “gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos ilícitos en el contexto del intento de golpe de Estado, violando sus propios estatutos”.	Agregó que esa acusación es “carente de pruebas”, por lo cual lo rechazó categóricamente y retó al Estado de Nicaragua a “mostrar pruebas de las acusaciones de las que señala a las organizaciones, aunque sabemos que sus procedimientos son amañados, porque esas son acusaciones sin ningún fundamento, su objetivo es incentivar una campaña de odio”.	El director de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, ahora desde el exilio, denunció que no solo las acusaciones del Gobierno son ilegales y sin fundamento, sino que desde el principio la cancelación de sus personerías fue “arbitrario e ilegal”, ya que si el Ministerio de Gobernación hubiera tenido sospechas de actividad ilícita, tendría que haber notificado, iniciar un proceso de investigación, dar el derecho a réplica y llevar el caso a una instancia judicial, en base a la cual el Ministerio de Gobernación podría haber pedido la cancelación.