Basé mi intervención en el informe que en diciembre pasado presentó el Grupo Interinstitucional de Expertos Independientes (GIEI). Con tal motivo, reestudié el referido informe, y comenté parte de las más relevantes de sus conclusiones. Desde luego, destaqué que según ese informe, y solamente durante el breve período que cubrió de la represión con la cual el gobierno de Ortega enfrentó las protestas pacíficas del año pasado, hubo uso abusivo y desproporcionado de la fuerza, incluyendo armas de guerra contra los manifestantes, como ha sido ratificado recientemente por el Informe de Billingcat.	Pero en mi revisión del Informe, me llamó particularmente la atención un punto que se toca con el momento actual, en que se ha creado la expectativa de reanudación del Diálogo Nacional: señala el Informe del GIEI —y recuérdese que el mismo fue creado en base a un Convenio del gobierno de Ortega, la OEA y la CIDH— que los juicios emprendidos contra los presos políticos han sido ilegales, y se ha hecho uso en los mismos de modalidades ilegítimas de los tipos penales de terrorismo y crimen organizado, entre otras figuras penales. ¡Y así han sido condenados a penas de cárcel de varias décadas esas víctimas de la represión que son los presos políticos!	Recuérdese, además, que la Asamblea Nacional modificó el Código Penal para adaptarlo a la represión orteguista, y que esa Asamblea Nacional es producto de las elecciones de 2016, en las cuales la oposición política fue excluida legalmente de participar. Por tanto, es una Asamblea ilegítima, que no es resultado de un proceso electoral democrático, es decir carente de la misma legitimidad, como incluso la elección de Ortega y su esposa, por la cual gran parte de la comunidad internacional se ha negado a aceptar el mandato que el pasado 10 de enero Maduro intentó iniciar en Venezuela.