El pasado viernes, el jefe de la bancada oficialista, Edwin Castro, propuso una negociación política para resolver la crisis institucional provocada por la postergación de las elecciones en tres municipios de la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, que ordenó el Consejo Supremo Electoral mediante un acuerdo administrativo, decisión avalada por los diputados del FSLN.	Según la fuente liberal, la anulación del acuerdo del CSE no sería parte de una posible negociación política, y más bien considera que el Frente Sandinista buscaría una “salida honrosa”, aceptando regresar al trabajo legislativo con el fin de terminar de aprobar la Ley Antifraude Energético y algunos decretos de préstamos que el gobierno necesita.	El gobierno se encuentra contra la pared, pues requiere de la aprobación de la Ley Antifraude Energético para garantizarse el desembolso de al menos 116 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, FMI. El organismo financiero multilateral ha condicionado el desembolso de los fondos a la aprobación de una legislación especial que penalice el robo de energía.