Aunque el régimen envió el lunes 10 de diciembre a la Asamblea Nacional la  «Iniciativa de decreto de aprobación del Acuerdo entre Nicaragua y el CICR para el establecimiento de una delegación» del organismo internacional en el país, los diputados aceleraron su revisión y consulta para poder aprobarlo esta misma semana.	«Revisando los principios del CICR es posible afirmar que todas las etapas del proceso de apoyo y acompañamiento es de vital importancia evitar la politización, los dobles raseros y la selectividad que ya afectan el trabajo de diferentes órganos multilaterales o internacionales», es la advertencia en la fundamentación del acuerdo enviado por el dictador Ortega.	El CICR es el único organismo internacional de ayuda humanitaria que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo permite en Nicaragua, funcionando como facilitador en los procesos de excarcelación de más de cien presos políticos entre mayo y junio del 2019, que se dieron en base al acuerdo firmado con la opositora Alianza Cívica durante el segundo diálogo nacional.	A las misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Oacnudh) se les expulsó del país y se les niega su retorno debido a los demoledores informes sobre la represión contra las protestas ciudadanas desde abril del 2018, en donde se documentó los crímenes considerados delitos de lesa humanidad cometidos por dictadura que encabeza Daniel Ortega, su pareja Rosario Murillo y sus funcionarios.