La organización de la sociedad gira alrededor de la impartición de la Justicia. La paz social depende de la confianza en este servicio público. Cuando la confianza en la justicia disminuye o desaparece, la estructura de la sociedad se debilita, desaparece o se transforma en anarquía. La estructura y organización del Estado y del gobierno que lo representa a través de sus instituciones, y hasta las diferencias entre los ciudadanos se tornan en violencia y caos sin un servicio de justicia aceptado, reconocido y respetado.	La justicia en Nicaragua se encuentra despedazada, politizada, suelta o desprendida de su verdadera función de proporcionar seguridad jurídica para alcanzar derechos y obligaciones en un Estado de derecho, (Gobierno de leyes, no de hombres), para alcanzar en democracia, el progreso y la seguridad de la vida y hacienda para bienestar de quienes habitamos, invierten o visitan este país.	El Contrato del Préstamo 1074/SF-NI de Nicaragua con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, para el “Programa de Fortalecimiento Judicial y Acceso a la Justicia” por 15 millones de dólares, al implementarse en Managua, y no como estaba pactado en el literal (b) de la Cláusula 2.14 del Contrato (en ocho “Experiencias Piloto en una muestra representativa de despachos judiciales, seleccionados con base en criterios de diversidad de carga de trabajo, dispersión geográfica y diferentes jurisdicciones”, ha desarticulado la impartición de la justicia en Managua y amenaza al resto del país.	Durante la conquista española de 1523, que asoló esta y otras colonias y sus culturas milenarias, se estima que habitaban Nicaragua entre 4 y 5 millones de nativos, distribuidos en más de 800 tribus, unidades tribales menores y otros grupos familiares. Cantidad similar a la población actual 500 años después, y que superaba entonces en habitantes la de los territorios actuales de Estados Unidos, Canadá y Alaska juntos.	La influencia española en Nicaragua se extendió desde la Villa de Bruxelas en el territorio nicaragüense de Nicoya por el suroeste (ocupado por Costa Rica), hasta Punta Cajina o el Río Aguan en el actual territorio Caribe de Honduras, y Nequepio en El Salvador. Esta zona de influencia con vértice sur en Bruxelas, y norte, este y oeste en Aguan y Nequepio, no alcanzó al centro montañoso ni al litoral Caribe nicaragüense en la región conocida primero como Veragua, después como Mosquitia, posteriormente como departamento de Zelaya y actualmente como RAAN y RAAS.	Las primeras ciudades fundadas por los españoles: Bruxelas, Granada, León y las que siguieron, fueron concebidas en función de las necesidades de las empresas de conquista y dominación en Centro, Norte y Sur de América para el comercio con España, y no fueron creadas para el comercio entre las colonias. Ni la división o límites actuales de los departamentos del país siguieron un orden coherente con las necesidades del período de la Colonia, ni de la vida independiente, ni mucho menos para las necesidades actuales.	El crisol o foco desde donde se distribuyó o dispersó el descubrimiento y conquista de América por los españoles, fue Nicaragua. El Dr. Jaime Wheelock, citando a JEA, señaló que Cromwell insistía al pirata Morgan que se apoderara de Granada, “el fiel de la balanza entre los reinos de México y Perú”, desde donde fácilmente podría bloquear el comercio, “…cortar en dos el dominio español…”	Surgimos a la vida independiente como Estado federado centroamericano en 1821, bajo la influencia de la declaración de independencia de EU del 4 de julio de 1776, y de los postulados de la Revolución francesa del 14 de julio de 1789, que produjo la Declaración Universal de Derechos del Ciudadano el 26 de agosto siguiente. Pero es en el constitucionalismo norteamericano donde se basa nuestra estructura y organización social	La primera Constitución de Nicaragua como Estado federado data del 8 de abril de 1826, y la primera como Estado Libre se remonta al 12 de noviembre de 1838; ambas tenían en común la división o separación de los Poderes del Estado en la trías política clásica, o tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Aunque la teoría de la separación o división de Poderes surgió en la Grecia clásica de Aristóteles y su obra “Política”, fue una idea común entre los pensadores del Siglo de la Ilustración (XVIII), como Hamilton, Locke, Rosseau y Montesquieu, así, nuestra fuente constitucional fue inspirada por la de EU, con diferencia en la forma de su redacción, pues la nuestra adoptó el estilo desarrollado. Y la norteamericana quedó restringida a la enunciación de sus principios.	El Estado concebido como República por el primer presidente Fruto Chamorro, con el constitucionalismo como garantía del principio de legalidad, igualdad y fraternidad, ha entrado en una profunda crisis provocada por el BID y la Corte Suprema de Justicia, y amenaza ahora con la desintegración social. La división de Poderes y el Estado de Derecho en que se funda nuestro modelo democrático se hunden en esta misma crisis, indicándonos inequívocamente que estamos iniciando otra dictadura tropical y nuevas convulsiones sociales con la reelección de Magistrados y jueces políticos producto del pacto de las cúpulas liberosandinista.	Esto ha paralizado el servicio de la administración de la Justicia, por la implementación del inconstitucional Programa del BID, desarrollado por la CSJ en Managua, contrariando las voces del Contrato del Préstamo. Y los diputados que apoyen estas reelecciones serán recordados y absorbidos por la historia. ¡Creo que estaríamos mejor en nuestras tribus ancestrales, o sin ningún gobierno, que viviendo en este Estado fragmentado que fomenta esta nueva dictadura!