El alza en las facturas de Enacal se reflejará en los recibos que lleguen a las viviendas en mayo próximo, y lejos de brindar una aclaración al respecto, ayer, la presidenta de esta empresa, Ruth Herrera, anunció la firma de un contrato para la ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en Granada, sin consultar a los consumidores que también exigen una explicación y ahora anuncian protestas.	En la Gerencia Comercial de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), ayer se orientaba a los clientes que reparen sus fugas internas cuanto antes, porque a partir de mañana entra en vigencia el ajuste por indexación. A varios les explicaban cuánto subirá el monto de sus facturas, pero no les mostraban la aprobación del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA).	Minutos después Enacal confirmó la información en una nota de prensa, donde invita hoy a la rúbrica de los documentos en la Casa de los Tres Mundos de Granada. “El proyecto tiene una inversión de 17.5 millones de dólares y tiene 2 componentes: agua potable y alcantarillado”, reza el escrito.	“Acugra ha gestionado desde hace varios años la explicación del contenido del proyecto anteriormente mencionado, por considerar la importancia que tiene para la protección y conservación del medio ambiente… sin embargo, Acugra y la comunidad granadina nunca fueron debidamente consultados sobre el Contenido del Convenio, ni aclaradas las contradicciones presentadas en cuanto al modelo de gestión entre Enacal y KFW, negándonos el consagrado derecho de la participación ciudadana”, reza una carta que Monterrey envió ayer a Herrera.	“Están aplicando la indexación por el deslizamiento de la moneda, en vez de buscar cómo eliminar las fugas que representan aproximadamente el 50 por ciento del agua bombeada, por otra parte hay cantidad de personas tienen tarifas fijas por falta de instalación de medidores, por lo tanto se desconoce las cantidades de agua que consume. Tampoco hay una política de ampliación de clientes ni de políticas de promoción para que estos se afilien como consumidores legalmente registrados”, expresa Osejo, quien asegura que todo eso debe traducirse en dinero perdido.	Por otra parte, consideraron lamentable que hayan dejado a un lado a las organizaciones civiles que se han especializado en el tema, y que la señora Herrera se avoque a pedir el respaldo de organizaciones evidentemente progubernamentales dispuestas a decir mande, como lo son los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), sin la preparación adecuada para comprender las implicaciones de un incremento tarifario.	“Como organización en defensa de los consumidores lamentamos mucho que el aval para un incremento se solicite a los CPC. No es que menospreciemos la capacidad de las personas de los CPC, pero para esto hay que tener preparación técnica, investigar, analizar el tema y ver el problema desde diferentes perspectivas de la población en busca de consenso. Además que a las organizaciones que pidió consejo se deben al gobierno”, dijo Osejo, quien las comparó con las Juntas Comunitarias de Obras y Progreso (JCOP) creadas por Arnoldo Alemán para contrarrestar a los Movimientos Comunales, y defender al Partido Liberal.