“Demandamos la renuncia de todos los funcionarios y funcionarias estatales que no están cumpliendo con sus funciones y que no respetan la Constitución. Además de eso demandamos la aplicación de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, Ley 779, empezando por la recesión correcta y diligente de las denuncias, trato justo y humano para las víctimas, investigación científica y procesos legales apegados a derecho, que garanticen el acceso a la justicia”, destacaron las dirigentes de movimientos feministas.	De acuerdo con los organismos que trabajan para la prevención de violencia contra la mujer, en Nicaragua ha persistido la impunidad ante crímenes perpetrados por violadores, abusadores y femicidas, “ante la indiferencia del Estado para garantizar los derechos de las mujeres con la debida diligencia y emergencia que requiere cada caso”.