Mediante un comunicado público, la Alianza Cívica denunció la nueva modalidad de represión de la dictadura: castigar a las empresas que se sumaron al paro nacional del pasado 23 de mayo, cerrando sus negocios mediante la Policía Orteguista y usando las instituciones públicas para cancelar permisos y licencias de operaciones a pequeños y medianos negocios.