El Gobierno de Trump decidió llevar su veto al Supremo en noviembre para que se pronunciara sobre esa política y argumentó que el bloqueo judicial forzó al Ejército a mantener una política anterior, a pesar de que un informe elaborado por el Pentágono estableció que la incorporación a filas de personas transgénero "pone en riesgo la letalidad y eficacia militar".	Finalmente, la cartera de Defensa presentó en marzo del año pasado una normativa que establecía que las personas con "un historial de disforia de género (...) quedan descalificadas del servicio militar excepto bajo circunstancias limitadas", pero no recomendaba la expulsión de miembros de las Fuerzas Armadas que ya se hubieran sometido a una operación de cambio de sexo.