Las evidencias de irregularidades en los procesos de adopción de al menos cinco de los 46 menores hallados en una redada en una casa cuna guatemalteca en 2006 arrojan nuevas dudas sobre la legalidad de las más de 25 mil adopciones de niños guatemaltecos por parte de estadounidenses en la última década.	''Los (cinco) niños (en proceso de adopción) están sometidos a un proceso irregular de adopción, sus derechos a una identidad fueron conculcados ya que al no tener identidad sus madres, tampoco la tienen ellos'', dijo el fiscal Jaime Tecú al presentar ante el juez Roberto Peñate que instruye el caso las evidencias para convencerle de abrir a juicio. Peñate debe fallar el martes por la tarde.	Los señalamientos de corrupción en los procesos de adopciones sumados a la presión de varias ONG y la comunidad internacional llevó en diciembre al congreso a aprobar una ley de adopciones que armoniza la legislación local con el convenio de La Haya sobre adopciones internacionales, un tratado que busca impedir el tráfico de personas y la compraventa de menores.	La investigación de la fiscalía, dijo Tecú en la audiencia del lunes, demuestra que Dávila podría ser la misma persona que María Natividad Hernández, una mujer casada residente en Santa Rosa De Lima, un poblado donde la mayoría de personas son pobres ubicado a unos 70 kilómetros al este de ciudad de Guatemala.	Orbelina, quien obtuvo su primer documento de identidad recién a finales de 2006, y María Natividad tienen la misma fotografía y huella digital en los libros donde la municipalidad de Santa Rosa de Lima registran las inscripciones de Cédulas de Identidad. El hecho de estar casada anularía la adopción ya que la ley estadounidense exige que para dar un niño en adopción la madre tiene que ser soltera.	Al incautar los documentos, la fiscalía pudo comenzar una investigación que le ha llevado a buscar a las madres biológicas de los niños y cotejar los documentos de identidad de estas y de los menores. La fiscalía cree que las falsificaciones fueron hechas para alterar el estado civil de mujeres casadas o menores de edad, casos en que es necesario que la familia o el esposo de estas acudan ante un juez para dar el consentimiento.	''Hemos encontrado más de las cinco irregularidades sobre las que planteamos la acusación, cosas como pago por la entrega de los menores y errores en el consentimiento'', dijo Tecú, quien trabaja en la recién creada fiscalía de trata de personas y que antes de asumir como fiscal, colaboró en la redacción de la ley de adopciones que sacó a los notarios del proceso.	Antes de enero de 2008, la ley guatemalteca permitía que una adopción se hiciera entre particulares con la asistencia de un notario. Esto facilitó que notarios crearan redes en las que se ocupaban desde reclutar a mujeres embarazadas, cuidar a los niños recién nacidos, gestionar la adopción y, ahora busca demostrar la fiscalía, falsificar documentos para facilitar los trámites.