Para el economista Luis Murillo, el «error» de toda esta situación es que aún no se haya derogado la ley del Gran Canal, o Ley 840, puesto que el país «adquirió un compromiso con una institución aunque sea fantasma». «Mientras no haya una derogación del decreto vamos a seguir con el mismo problema», señaló.	Murillo aseveró que la transferencia de recursos del erario a la institución «es legal» porque se mantiene la Ley 840. «Lo ilegal es que no dan razones en qué se utiliza, cómo se utiliza y para qué se utiliza (los fondos). La Ley se aprobó, nunca ha sido derogada y no se han preocupado los diputados de la Asamblea Nacional en hacer una derogación de algo que es una utopía, es decir, nunca se va a dar», agregó.	El economista también manifestó que el presupuesto destinado a la Autoridad del Gran Canal es «un desperdicio de recursos», debido a que nunca arrancó el proyecto anunciado. «Es lamentable cómo se le ha recortado a la parte social, que sí lo necesita para crear unas condiciones de reactivación de la economía, y se siga desperdiciando plata en esta institución que no ha traído nada bueno al país», expresó.	Ejemplo de eso es que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han castigado fuertemente a las alcaldías del país, principalmente a las opositoras, dándole solamente el 4 por ciento del 10 por ciento que les corresponde del presupuesto, tal como lo establece la Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua.	Por su parte, el analista político Eliseo Núñez dijo que la prioridad del régimen orteguista no es el estado del país ni el bienestar de los nicaragüense, sino «mantenerse sin ceder» y sin mostrar debilidad al inhabilitar uno de sus proyectos. «Él (Ortega) no piensa si el proyecto funciona. Lo que quiere es mantenerlo ahí porque lo ocupa políticamente pero que funcione o no funcione no es un parámetro que él tenga para pagar o no», compartió.