Un tribunal saudí ha condenado a una víctima de violación a 200 latigazos y 6 meses de cárcel. El titular ha dado la vuelta al mundo esta semana. La indignación que ha suscitado es compartida también por muchos saudíes impotentes ante un sistema judicial que ignora los derechos humanos más elementales.	Pero no es el único. En todo Oriente Próximo, las leyes y las sociedades están impregnadas de una visión patriarcal del mundo que responsabiliza a las mujeres de los abusos de que son objeto, haciendo casi imposible que éstas los denuncien. El drama de la Chica de Qatif, como la prensa saudí llama a la víctima para preservar su identidad, empezó en mayo de 2006.	La muchacha, que entonces tenía 18 años, había quedado con un compañero de instituto para recuperar unas fotos que le dio cuando tenía 16. Acababa de prometerse y no quería problemas con el que legalmente ya era su marido. Los jóvenes se encontraron en el aparcamiento de un centro comercial. Unos desconocidos les robaron el coche y les condujeron a un descampado donde junto a otros cómplices les violaron.	En las sociedades que han colocado el honor de sus familias entre las piernas de sus mujeres, la violación constituye una vergüenza que rara vez llega a los tribunales. En Arabia Saudí, donde además la mujer necesita un representante legal que haga la denuncia en su nombre, la valentía de la Chica de Qatif sólo es posible gracias al apoyo que le ha prestado su familia y en particular su marido.	El shock y la vergüenza bloquearon a la muchacha, que desde la violación ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones, según su abogado, Abdulrahman al Lahem. De hecho, pasaron casi cuatro meses hasta que presentó la acusación ante el Tribunal General de Qatif, una localidad de la costa oriental de Arabia Saudí de mayoría chií.	A pesar de que, en consonancia con la jurisprudencia saudí, el fiscal pidió la pena de muerte para los siete presuntos violadores, los jueces limitaron la condena a entre 10 meses y cinco años de cárcel más entre 80 y 1,000 latigazos. También fallaron que la muchacha y su acompañante debían recibir 90 latigazos ‘por encontrarse juntos sin tener parentesco’, lo cual constituye un delito en el reino.	Arabia Saudí es una monarquía absoluta cuya familia real basa su legitimidad en un pacto no escrito con los ulemas de una de las ramas más intolerantes del islam suní. Conocidos como wahabíes, estos fundamentalistas exigen una estricta segregación de los sexos y no aceptan ninguna otra escuela de pensamiento. Para ellos, los chiíes (un 10% de la población), son herejes. Además, han impuesto su interpretación de la sharía (ley islámica) en el sistema judicial, y como muchas leyes no están codificadas, los jueces tienen amplia discreción a la hora de dictar las sentencias.	Indignada con una condena que ha sorprendido incluso a los saudíes, acostumbrados a la arbitrariedad de sus tribunales, la Chica de Qatif pidió a su abogado que la recurriera. El pasado día 14, los jueces elevaban la pena de los violadores a entre dos y nueve años, pero también aumentaban el castigo para la víctima a seis meses de cárcel y 200 latigazos. El motivo, según una fuente judicial citada por el diario Arab News, es que ‘intentó influenciar al tribunal llevando su caso a la prensa’.	‘El veredicto no sólo envía a las víctimas de violencia sexual el mensaje de que no deben denunciar, sino que ofrece protección e impunidad a los agresores’, opina Farida Deif, de Human Rights Watch. Esta organización de derechos humanos también ha denunciado la retirada de su licencia al abogado. Las autoridades judiciales le acusan de ‘comportamiento beligerante, hablar con los medios de comunicación para influir en los jueces, y dañar la imagen del país’.	‘Han recurrido a la prensa porque no confían en el sistema’, estima un profesor universitario saudí, indignado por lo ocurrido. La fuente, que pertenece a la minoría chií y pide el anonimato porque ya ha tenido problemas con las autoridades, explica en conversación telefónica que han convergido dos factores en este caso. ‘Por un lado, la forma en que los wahabíes ven a la mujer como una causa de problemas a la que todo lo que le ocurra (abusos, tocamientos indeseados) es culpa suya. En segundo lugar, el que sea chií, ya que para ellos, las chiíes son todas unas putas y carecen de dignidad’.	Esta interpretación coincide con las declaraciones del marido de la víctima, quien ha denunciado que uno de los jueces estaba predispuesto en su contra. ‘Le dijo que se merecía lo que le había pasado’, confió el hombre, que ha anunciado la voluntad de su esposa de presentar un nuevo recurso a pesar del riesgo de que el tribunal vuelva a aumentar la pena.	En Irán, por ejemplo, aunque el Código Penal establece la pena de muerte para los violadores, la letra pequeña termina volviéndose contra la mujer. ‘Cuando acude al juzgado para presentar la denuncia, la envían a un centro médico para que certifique la violación, pero incluso con ese informe, tiene que presentar testigos, algo bastante improbable en estos casos’, explica la abogada Nasrin Sotudeh. Ante la falta de testigos, lo habitual es que el violador quede libre y que entonces la justicia se vuelva contra la mujer que puede terminar azotada por falso testimonio, cuando no se la acusa de prostitución.	Dado que las leyes iraníes son dictadas por autoridades religiosas que se basan en el Islam, Sotudeh estima que la única solución es ‘cambiar el lugar de la mujer en la ley islámica’. Esa ley considera que la vida de la mujer vale la mitad que la de un hombre, y, en consecuencia, la discrimina en las herencias, los seguros o las indemnizaciones.