La administración de la municipalidad explicó a El Nuevo Diario que los auditores enviados por la Contraloría hasta la Alcaldía de Mulukukú, ubicada en el Caribe Norte de Nicaragua, llegaron el 5 de agosto pasado a solicitar quedarse para realizar una auditoría interna, a la que el alcalde Apolonio Fargas no se negó, pero solicitó una prórroga para dar las condiciones que solicitaban.	El artículo 49 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República refiere, en el acápite de Acceso a la Información: “La Contraloría General de la República, su Consejo Superior y, en general, los auditores gubernamentales internos y externos y los servidores públicos que ejercen labores de auditoría, tendrán acceso libre, directo e irrestricto a registros, archivos y documentos almacenados en cualquier medio que sustente la información en cuanto a la naturaleza de las operaciones auditadas. (…). Para efectos de este libre acceso, será suficiente que el requerimiento sea formalizado por escrito. En caso de rehusarse estos podrán ser obligados a través de requerimiento judicial que impulsará el Consejo Superior de la Contraloría General de la República”.	Sin embargo, el actuar de la Contraloría lo consideró “anómalo”, por la forma en la que sustrajo la documentación y por no evaluar el segundo petitorio que hizo la administración de la Alcaldía, ente que sería objeto de una auditoría a la que no se estaba negando, sino solicitando un tiempo para darles las condiciones.	“Debía (la Contraloría) tener en cuenta la solicitud del ente al que iban a auditar, no tenían que mandar inmediatamente un allanamiento, aunque si ellos hubiesen tenido dudas de que se estaba sustrayendo la información tenían que hablar con una autoridad judicial para que esa autoridad, con el acompañamiento de la Policía, entrara a tomar posesión, presentar la orden de allanamiento, dejar la copia de la orden, pero todo sin el atropello con el que lo hicieron”, apuntó Jarquín.