El órgano de Estado apuntó que la Fiscalía General de la República (FGR) acudirá a un tribunal de apelaciones para revertir dicha decisión. Añadió que entre los homicidios atribuidos a esta estructura se encuentra el del presidiario Juan Portillo, asesinado en la cárcel de la localidad de Izalco (oeste) en diciembre de 2013.	De igual forma, serán juzgados por el asesinato de Manuel Acosta, ultimado en el penal de San Francisco Gotera (noreste) en 2015 en una purga de la estructura. En la lista de crímenes atribuidos a estos pandilleros figura el doble asesinato de madre e hijo, de quien sospecharon era "informante" de la Policía Nacional Civil (PNC) porque "luchaba" por ingresar a la estructura.	El Gobierno atribuye a estos grupos criminales los índices de violencia de entre 103 y 50,3 homicidios por cada 100.000 habitantes registrados entre 2015 y 2018, cifras que ponen al país como uno de los más violentos del mundo. Estas bandas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones