Sonia Castro es la última premiada como “ministra asesora del presidente de la República para temas de salud”, tras ser removida como titular del Ministerio de Salud (Minsa) quedando imposibilitada de seguir con la administración y finanzas al estar sancionada por Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá por violación a los derechos humanos durante la represión a las protestas ciudadanas.	Actualmente Nicaragua afronta una crisis económica que estalló en abril del 2018. Eso ha provocado que el Producto Interno Bruto caiga 3.8 por ciento en ese año y las perspectivas apuntan a una reducción de más del cinco por ciento este año. El régimen se vio obligado a impulsar una reforma tributaria para cubrir un “hueco financiero” de más de diez mil millones de córdobas. Las proyecciones apuntan que aún con la severa reforma fiscal habrá un déficit de más de cuatro mil millones de córdobas que cubrir.	Con “el nombramiento de tantos funcionarios es evidente que se está contraviniendo la Ley de Carrera Civil porque los cargos no son en función del desempeño de una labor profesional sino que en función de su vinculación familiar o con el partido, pero la gran mayoría de ellos no hacen nada”, dijo Jarquín.	No hay información oficial sobre cuánto se le paga mensualmente a cada asesor de Ortega, pues no aparece reflejado en el Presupuesto General de la República. Lo que sí aparece es que el personal en la Presidencia son 580, que cuestan en salarios 166.6 millones de córdobas este año 2019.	Ya son 11 altos funcionarios del régimen sancionados por EE. UU. y Canadá por violaciones a los derechos humanos, entre ellos la vicepresidenta designada, Rosario Murillo y su hijo Laureano Ortega Murillo. Los últimos cuatro sancionados son la exministra de Salud, Sonia Castro; el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras; el presidente de Telcor, Orlando Castillo, y el ministro del MTI, Óscar Mojica.	Según el Acuerdo Presidencial 01-2017, publicado en La Gaceta, Diario Oficial el 16 de enero del 2017, había 23 personas con el cargo de ministros asesores, asesores y delegados del presidente. Entre esos están el estadounidense Paul Oquits como secretario privado con rango de ministro y Edén Pastora, delegado presidencial en la comisión para el desarrollo del Río San Juan.