Nicaragua recurre a la Corte Internacional de Justicia para reivindicar su derecho de soberanía sobre las Islas de San Andrés y Providencia, y sobre los cayos susceptibles de apropiación. Pero especialmente para romper ese infame muro de contención plantado por Colombia en el meridiano 82, a escasas millas de las costas de Nicaragua, que nos mantiene encerrados en lo que don Luis Pasos Argüello llamaba “un balneario”.	Nicaragua está absolutamente respaldada en sus derechos por toda la evolución del derecho contemporáneo del mar. La Convención de Derecho del Mar establece de una manera clara y categórica que los Estados tienen derecho a una zona económica exclusiva de doscientas millas y a una plataforma continental que puede llegar a las 350 millas náuticas en condiciones especiales. Colombia nos tiene retenidos en ese muro de contención a escasas 66.1 millas náuticas. Es decir, Nicaragua está perdiendo una Nicaragua en el mar.	Nicaragua obtuvo los territorios que heredó de la Colonia con todas sus islas. Eso dicen los acuerdos suscritos entre Nicaragua y el Reino de España. Sin embargo, en 1803, se emitió una Real Orden para la vigilancia únicamente de ciertos territorios en la Costa Caribe de Nicaragua sobre las islas de San Andrés y Providencia. Ese era un simple mandato de vigilancia que no implicaba ni podía implicar la segregación del territorio de San Andrés. Sin embargo, Colombia abusivamente argumentó que esa Real Orden de 1803 segregaba el territorio nicaragüense. Esto fue desvirtuado en términos absolutos por la Real Orden de 1806, en donde inclusive se acusa a la anterior Orden del vicio de “obrepción”, una falsa exposición de los hechos.	Básicamente los argumentos están contenidos en el Libro Blanco elaborado por Nicaragua el 4 de febrero de 1980. Allí se indica que fue un tratado impuesto por la fuerza. No fue un Tratado libremente consentido ni negociado, sino impuesto por la fuerza. Debe recordarse que en aquel entonces había una presencia militar estadounidense que llegaba hasta los cinco mil hombres. Y por otro lado, había un interés muy grande de apartar a Colombia de sus pretensiones sobre la Costa Caribe, ya que allí se estaba planificando el Tratado Chamorro-Bryan. Y en ese sentido, también se daba una concesión sobre las Islas del Maíz en el Tratado Chamorro-Bryan. Eso hace que se implemente una serie de presiones sobre Nicaragua a fin de dejar el camino abierto para el Tratado Chamorro-Bryan en relación con el eventual Canal en el Río San Juan y la costa Caribe, y sobre la Isla del Maíz. Eso explica que Nicaragua sufriera esas presiones que al final llevaron a la firma de ese nulo e invalido Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra en 1928.	Yo creo que más bien a Estados Unidos le interesaba despejar el camino para la construcción del Canal y mantener también la idea de la posibilidad de una base naval en la Isla del Maíz. Es por eso que el tratado dice que las Islas del Maíz Grande y pequeña pertenecen a Nicaragua y que Colombia reconoce la soberanía de Nicaragua sobre la Costa Caribe, liberando así la pretensión colombiana sobre esos territorios, lo que facilitaba los presupuestos fundamentales del Tratado Chamorro-Bryan.	La Corte fallará en relación con las objeciones preliminares interpuestas por Colombia. Estas objeciones lo que tratan es de impedir que la Corte actúe bajo el alegato de falta de jurisdicción. Eso es totalmente insostenible en vistas de que Nicaragua tiene, no uno, sino dos títulos para garantizar el acceso a la Corte: 1) Su propia Declaración de aceptación de la jurisdicción de la Corte de 1929 y la declaración de Colombia de 1937; y 2) El artículo 31 del Pacto de Bogotá. Las puertas de la Corte se abren al llamado de cualquiera de estos dos títulos. Por consiguiente, Nicaragua está sólidamente sustentada.	El primer escenario sería que la Corte rechace las objeciones preliminares planteadas por Colombia. Hay un segundo escenario posible que consiste en considerar que las objeciones preliminares presentadas por Colombia están vinculadas a asuntos de fondo, a asuntos de mérito que no son exclusivamente preliminares y que por consiguiente va a resolverlas en el fondo del asunto. Es decir, arrastrar las objeciones preliminares al fondo del asunto. Ambas posiciones son favorables a Nicaragua porque se permitiría continuar el juicio que Colombia pretende detener, y obtener satisfacción a nuestras pretensiones ya en la fase de fondo.	Aun bajo ese supuesto, para fines argumentativos quisiera decirte que Colombia en 1969, con posterioridad a la firma del Pacto de Bogotá de 1948, hizo una insólita interpretación sobre el nulo Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra, de tal manera que lo calificó como un Tratado de Límites que establecía una frontera en el meridiano 82. Es decir, 41 años después de la firma del Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra, Colombia hace una interpretación artificial completamente y lo transforma en un muro de contención que impide la salida al mar de Nicaragua en todo su frente costero en el Mar Caribe. Eso es una violación absoluta a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados que castiga la violación al objeto y fin del Tratado con la inaplicación. Por consiguiente, los argumentos de Nicaragua cubren tanto etapas anteriores como posteriores a 1948. Y ese alegato tendría que ser considerado por la Corte.	El caso con Colombia en sus aspectos sustantivos o de mérito, es uno de los casos más importantes que pueda tener Nicaragua en toda su historia, porque aquí lo que está en juego es una Nicaragua en el mar. La interpretación dada por Colombia al nulo e invalido Tratado Bárcenas Meneses-Esguerra, equivale a colocarle a Nicaragua un muro de contención en el meridiano 82, lo que le dejaría reducida a escasas millas de plataforma continental y zona económica exclusiva en detrimento y en contraposición al Derecho Internacional. Nicaragua, además de los territorios insulares que ganará, lo fundamental es que logrará levantar esa muralla de contención en el meridiano 82. De tal manera que lo espacios marítimos de Nicaragua podrán proyectarse en toda su majestuosidad hasta las zonas que el Derecho Internacional define.	Mi apreciación es que desde hace tiempo ha habido un equipo laborando dentro de Cancillería, como fuera de ella. No es un caso que se está presentando hasta este momento, sino que se ha venido estudiando desde hace muchísimos años. Nicaragua presentó su memoria en 2003, y los alegatos escritos fueron presentados en 2004.	Sí, yo creo que Nicaragua tiene los elementos para superar la etapa de jurisdicción, que la Corte va a acceder a la petición de Nicaragua, en el sentido de que la Corte tiene plena competencia para conocer este caso y va a rechazar la posición de Colombia. En todo caso, las objeciones preliminares pueden ser abordadas en última instancia con los méritos del caso. Lo que Colombia teme es que entremos a una fase de fondo porque Colombia sabe que la razón, el derecho y la geografía asisten a Nicaragua y que no existe ninguna base jurídica sobre la cual puede establecerse un límite a otro Estado que no ha consentido y que le cercena sus espacios marítimos reconocidos por el Derecho Internacional.