Una adecuada política nacional para la producción de biocombustibles, acompañada de la correspondiente Ley de Biocombustibles, podrían ser la carta de garantía institucional para incentivar la producción, la exportación y asegurar un stock destinado al consumo nacional. Un techo para las exportaciones determinado por las necesidades del consumo nacional vía premios y castigos económicos, financieros y fiscales, podría ser un eficaz mecanismo disuasivo a la hora de determinar cuánto se exporta y cuánto se queda en el país.	En este contexto, más que amenazas, Nicaragua tiene grandes oportunidades para generar recursos suficientes para satisfacer sus propias necesidades, y financiar a partir de su producción energética los programas para eliminar las raíces de la pobreza. Las autoridades nacionales, y especialmente el Gobierno del Presidente Ortega, deberían asumir como prioridad número uno de la estrategia económica nacional, el desarrollo del rubro energético como columna vertebral que ponga fin a la petrodependencia, que además del maíz, devora el gallo pinto de los nicas.