“Esta es una política muy infrecuente en países receptores de remesas. Aumentar la informalidad en el pago de remesas va en detrimento de los receptores porque hará más cara la divisa, podrá crear un mercado informal y paralelo de dólares que podría ser capitalizado por grupos criminales como método para lavar dinero”, advirtió Manuel Orozco.	La UAF obliga a las instituciones financieras a reportar, además de las remesas familiares y operaciones sospechosas, transacciones en efectivo, transferencias de fondos nacionales o internacionales, detección e inmovilización de activos, ventas, ganadores de premios y apuestas, operaciones mensuales de bienes raíces, venta nacional y exportación de oro, bienes de fideicomisos, venta de automotores nuevos o usados y ausencia de información de interés.	“No es una noticia positiva. Todo lo contrario, es una noticia muy negativa. Es un mensaje gravísimo a los agentes económicos, a los inversionistas y a las familias que reciben remesas. Crea un ambiente de incertidumbre, de zozobra, y lo que hace es buscar cómo canalizar los recursos por otras vías informales”, opinó.	Chamorro agregó que “claramente es una señal más del Gobierno de querer controlar todo tipo de información relacionada con el flujo de recursos, para tener controlada a la población y a los agentes económicos en un Estado policial” y que ese tipo de controles no deberían de existir, exceptuando que haya una sospecha bien asegurada de un acto ilícito.