Rechazo ha generado la propuesta de reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva que envió el gobierno al plenario de la Asamblea Nacional a fin de que los abogados, los notarios públicos y otras actividades financieras sean sujetos obligados por la ley para denunciar actividades que ellos podrían considerarlas de sospechosas.	"Primero que no se debe crear alarma de esto porque son estándares internacionales. De hecho, en la recomendación número 22 de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera siempre ha estado establecido el reconocimiento de lo que se llaman profesiones financieras no designadas y ahí están algunas actividades de interés que realizan los abogados y notarios", refirió Aguilar.	Desde la crisis de abril de 2018 y tras el cierre de Ongs en Nicaragua, el gobierno reformó la ley, estableciendo también que los envíos de remesas familiares mayores a 500 dólares, así como las transferencias bancarias mayores a 5,000 dólares y otros movimientos financieros deberán ser reportados ante La Unidad de Análisis Financiero (UAF).