Desde junio de 2019, el gobierno de Daniel Ortega ha estrechado relaciones con al menos 10 países de oriente, muchos de ellos con historiales de dictaduras, monarquías y violaciones a derechos humanos. Sumado a sus relaciones con territorios como Osetia del Sur, estos son las relaciones con países que el régimen de Nicaragua ha hecho en los últimos meses.	La República de Osetia del Sur es un territorio situado en el Cáucaso Sur o Transcaucasia. En la época de la URSS fue el «Óblast Autónomo de Osetia del Sur” dentro de la República Socialista Soviética de Georgia.Solo es reconocido por cuatro países miembros de Naciones Unidas, entre ellos Nicaragua. Este reconocimiento carece del apoyo de la ONU y lo rechazan la Unión Europea y los Estados Unidos, entre otros. Este reconocimiento fue uno de los motivos por los que Estados Unidos decidió aprobar la Ley Nica Act.	Cuando usted busca información sobre este país abundan los titulares como: “Un país que muere”, “Espiral del violencia”, “Hambruna”, entre otros, y es que Sudán del Sur vive una cruenta guerra civil desde 2013 que ha provocado más de 380 mil muertos y más de cuatro millones de desplazados, según la ONU.	En 2011 Sudán del Sur se convirtió en el país más joven al proclamar su independencia de Sudán. Sin embargo, dos años después estalló un conflicto entre el todavía presidente Salva Kiir y su exvicepresidente Riek Machar, que todavía perdura. Machar quiso darle un golpe de Estado a Kiir lo que ha provocado que cinco millones sufran de inseguridad alimentaria y más de un millón de niños padezcan desnutrición severa.	Es un país del centro de África gobernado por la dictadura del teniente coronel Teodoro Obiang Nguema, desde 1979.La ONG Human Rights Watch denunció en el pasado abusos sufridos por los opositores en el país como arrestos arbitrarios, hostigamientos o torturas. El exembajador de Estados Unidos en Guinea Ecuatorial, Frank Ruddy, calificó a Obiang en 2008 como un «asesino, torturador y ladrón».	Pese a ser uno de los países más ricos de África en términos de renta per cápita gracias a sus grandes reservas de petróleo y gas, la riqueza no se distribuye entre sus 1,2 millones de habitantes. Y su situación económica es crítica desde 2014 debido a la caída de los precios del crudo. A nivel global, ocupa solo el puesto 135 en el Índice de Desarrollo Humano. La esperanza de vida es de 54 años para los hombres y de 57 para las mujeres, uno de los índices más bajos del mundo. Y según la OMS, más de la mitad de la población no tiene acceso a agua potable. Es la cifra más baja de todo el continente africano.	El rey Mswati, conocido como Ngwenyama o «el león», es famoso por su elevado número de mujeres y por su afición a utilizar vestimentas tradicionales de su país. Hijo de Sobhuza II, quien reinó durante 82 años, el actual rey Mswati tiene 15 esposas. Según biógrafos oficiales, su padre tuvo 125 mujeres durante su reinado.	Eritrea se perfila actualmente como un país eminentemente rural, pobre y con un índice de desarrollo humano de los más bajos no solo del continente, sino de todo el mundo. Con su vecino, Etiopía, se enfrentó en un conflicto formal desde 1998 hasta el año 2000 que provocó casi sesenta mil muertos y cientos de miles de refugiados.	Intervendría la ONU con más de cuatro mil cascos azules. Además de las propias secuelas del conflicto bélico, la región sufrió durante esos años una crisis humanitaria que afectó, según las agencias humanitarias de la ONU, a más de ocho millones de personas y se agravó debido a un grave periodo de sequía.	Tras un periodo de relativa paz de 15 años desde que finalizó la brutal Guerra Civil que causó 300.000 muertes en una población de 10 millones, Burundi volvió a estallar en 2015 en una grave y violenta crisis política, cuyo detonante fue la renovación del mandato del Presidente Nkurunziza por tercera vez después de dos legislaturas, lo que prohibía su Constitución.	A ello se une la inseguridad que dificulta el acceso a servicios básicos, la contracción económica en una economía ya devastada y los desastres naturales que se han producido recientemente, como inundaciones, desprendimientos de tierras y tormentas. Además, durante el año 2016 se declaró una epidemia de cólera y la malaria se duplicó a causa de las pésimas condiciones de vida. Las organizaciones humanitarias calculan que en octubre de 2016, 3 millones de personas necesitaban asistencia.	Desde 1970, el país ha sufrido siete crisis alimentarias graves. Cerca del 80% de la población vive en áreas rurales y más del 45% bajo el limite de la pobreza. Níger ocupa la penúltima posición —187.º— en el índice de desarrollo humano elaborado por Naciones Unidas, solo por delante de la República Centroafricana, un país asolado por la guerra. Con una renta per cápita de 510 dólares anuales, un 44% de los nigerinos vive con menos de 1,90 dólares al día. Apenas un 15% de la población adulta está alfabetizada en un país donde la estabilidad política duradera es una gran desconocida. Desde su independencia de Francia en 1960, en Níger ha habido cuatro golpes de Estado exitosos —el último en 2010—, a los que se suman otras intentonas fallidas, como la más reciente, en 2015. El balance ha sido de cuatro dictaduras militares y siete repúblicas —incluida la actual—, con la democracia en eterno proceso de consolidación.	Desde diciembre de 2013, cuando estalló la violencia en la República Centroafricana, con grupos armados que controlaban partes del país, cientos de miles de personas se vieron obligadas a huir de sus hogares. Hoy en día, en la RCA se siguen presentando esporádicos estallidos de violencia, obligando a los más de 543.000 refugiados centroafricanos a permanecer en los vecinos Camerún, Chad, República Democrática del Congo, República de Congo y, en medida menor, en Sudán y Sudán del Sur. Actualmente, el número de refugiados centroafricanos es el más alto desde el inicio del conflicto. Además de los refugiados, alrededor de 700.000 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares dentro del país, lo que significa un aumento del 60 por ciento con respecto a 2016.	En su informe del año pasado, Amnistía Internacional, informó que el control del gobierno fuera de la capital del país, Bangui, era mínimo. Los grupos armados continuaban luchando por el control territorial, y atacaron a la población civil, personal de ayuda humanitaria y miembros de operaciones de mantenimiento de la paz. La impunidad generalizada intensificó aún más la inestabilidad y el conflicto. Un número cada vez mayor de personas buscaban refugio en países vecinos o quedaban desplazadas internamente en condiciones terribles. Al menos 2,4 millones de personas dependían de la asistencia humanitaria, y 1,4 millones seguían padeciendo inseguridad alimentaria.