La propuesta del régimen de Daniel Ortega sobre el tema de la justicia a las víctimas de la represión es dejar que la oficialista Comisión de la Verdad, conocida como comisión Porras, junto otras seis instituciones, entre ellas la Policía Orteguista (PO) que es señalada de cometer la represión, haga las investigaciones de los crímenes para su esclarecimiento. No reconoce la responsabilidad del Estado en el ataque a la población y tampoco se ofrece una compensación a los familiares de los muertos.	El documento de cuatro páginas, que se conoció este miércoles y ha sido confirmado por fuentes de la oposición y de la Asociación Madres de Abril, dice que con “el objetivo de buscar la paz y reconciliación”, se conformará un Sistema Integral para el abordaje del tema de la verdad, justicia, reparación y no repetición”.	Ese sistema estaría integrado por la Comisión Porras, el Ministerio de Salud, la Fiscalía, la PO, el Instituto de Medicina Legal, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Gobernación, la Defensoría Pública, los Tribunales, el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).	Sin embargo, el régimen vende la idea de que las protestas ciudadanas fueron un intento de golpe de Estado y pretende que se olvide la masacre perpetrada por la PO y los paramilitares que dejaron entre 325 y 535 muertos, miles de heridos, unos 814 presos políticos y miles de exiliados.	“Ortega con esto se está burlando de nuestro dolor, es una burla total. Aumenta el dolor de quienes perdimos a nuestros hermanos, hijos, padres… Nosotras no aceptaremos ningún acuerdo sobre justicia de nuestros familiares sino es con la participación de nosotras y la propuesta del Gobierno es una burla ya que el gobierno se encuentra incapacitado para administras o garantizar justicia. La Comisión de la Verdad que exijimos es una Comisión con notables especialistas imparciales, donde esté la CIDH, porque la Comisión que existe es progobierno que ni si quiera reconoce el asesinato de nuestros familiares”, expresó Valdivia.	Hasta hoy la dictadura mantiene su rechazo a que regresen al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU para que sean estos organismos quienes garanticen los acuerdos en las negociaciones, y ahora prefiere que sea garante su propio gobierno a través de todas las instituciones públicas mencionadas.	“Queremos expresarle a nuestro pueblo y a la comunidad internacional tengan claridad de la responsabilidad permanente de nuestro gobierno de su decisión de continuar en la ruta del dialogo y la conversación que es la vía para encontrarle solución a los problemas de Nicaragua”, expresó Moncada a la entrada del Incae, sede de las conversaciones entre la oposición y el ejecutivo.