Los países de América Latina y el Caribe (ALC), al igual que la mayoría de los países en desarrollo presentan elevados niveles de informalidad laboral. De acuerdo con un informe de la Organización Internacional del Trabajo, casi un 70% de la población ocupada en los países emergentes y en desarrollo están empleadas informalmente, mientras que menos de una quinta parte de la población ocupada en países desarrollados se emplea informalmente.	Varios autores han argumentado que la elevada imposición al trabajo afecta el nivel de informalidad laboral (Levy, 2008; Leal, 2014). Un estudio conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que las cargas de impuestos y contribuciones a la seguridad social equivalen al 21.7% de los ingresos laborales de un trabajador promedio de ALC.	Si bien estas cargas son bajas cuando se las compara con los países de la OCDE, donde el promedio de las mismas es de 35.9%, las cargas laborales suelen representar un porcentaje no despreciable de los ingresos de los trabajadores de bajos ingresos, lo cual podría estar incentivando la informalidad laboral. Por tal motivo, varios autores han abogado por una baja en las cargas sobre el trabajo para reducir la informalidad laboral (Levy, 2008).	Estudiar los posibles impactos de cambios a las cargas laborales, tanto sobre la informalidad laboral como sobre la recaudación del gobierno, es una tarea compleja. Esto porque cambios en las cargas laborales inducen cambios en el comportamiento de los trabajadores y de las firmas, los cuales conllevan a su vez a cambios tanto en el nivel de empleo y de salarios observados en los mercados de trabajo formal e informal, como en las cantidades transadas y precios observados en los mercados de bienes y servicios.	Cuando se toman en cuenta dichos efectos pueden surgir resultados poco esperados, dado que los mismos pueden dominar a los efectos de equilibrio parcial (efectos de considerar un único mercado). Adicionalmente, cuando los efectos de equilibrio general son relevantes, el uso de modelos econométricos tradicionales suele volverse inapropiado para analizar reformas a las cargas laborales. En tal caso, se requiere de modelos teóricos para estudiar los efectos de interés.	Para poder analizar los efectos de la imposición al trabajo tanto sobre la informalidad como sobre las finanzas públicas de un gobierno, se desarrolló un modelo de equilibrio general flexible, de manera de que el mismo pueda ser implementado para estudiar los efectos de reformas a la estructura de impuestos y subsidios, contribuciones a la seguridad social y demás cargas laborales sobre los resultados del mercado laboral y las cuentas fiscales.	El modelo desarrollado presenta trabajadores y empresarios que se comportan racionalmente. Los trabajadores pueden elegir trabajar por cuenta propia, trabajar como asalariados informales o como asalariados formales. Los empresarios pueden decidir contratar trabajo formal o informalmente. También existe un gobierno que recibe ingresos tributarios y de seguridad social relacionados con la imposición al trabajo.	A semejanza de lo observado en la realidad, los impuestos y subsidios, contribuciones a la seguridad social y demás cargas laborales en el modelo se determinan en función del ingreso del trabajador, lo cual permite capturar con suficiente detalle la estructura impositiva de un país. Los detalles de este modelo se presentan en el recién publicado documento de trabajo del BID, Imposición al Trabajo en contextos de alta informalidad laboral. Un marco teórico para la simulación de reformas tributarias y de seguridad social.	El modelo desarrollado fue calibrado para replicar aspectos clave del mercado laboral mexicano, incluyendo una modelación detallada de la estructura de impuestos, contribuciones a la seguridad social y demás cargas laborales. México registra una alta tasa de informalidad laboral. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 58.5% de la población ocupada es informal, tomando en cuenta el dato promedio de los últimos 13 años.	Una vez calibrado el modelo, se analizaron posibles cambios en la estructura fiscal impositiva de México, con el fin de incrementar el nivel de formalidad laboral, especialmente entre los trabajadores de menores ingresos. Al mismo tiempo, se buscó considerar reformas que no tengan un impacto negativo considerable sobre los ingresos y sobre el balance presupuestal del gobierno. Los cambios analizados se relacionan con el impuesto sobre la renta de personas físicas (ISR-PF), el subsidio para el empleo formal (SUPE) y las contribuciones de seguridad social (CSS).	Los ejercicios realizados resaltan la importancia de utilizar modelos de equilibrio general para analizar los cambios a la imposición al trabajo en contextos de alta informalidad, dado que los efectos de equilibrio general pueden dominar a los efectos de equilibrio parcial, produciendo resultados poco esperados en los balances fiscales del Gobierno.	Esto se debe a que la reforma propuesta genera incentivos para la formalización de los trabajadores, especialmente aquellos de menores ingresos. En particular, las simulaciones más conservadoras indican incrementos de entre 7.6 y 11.4 puntos porcentuales en la tasa de formalización una vez alcanzado el nuevo equilibrio. Adicionalmente se encuentra que la mayor formalización de la economía incrementaría el balance fiscal del Gobierno entre 0.16 y 0.35% del PIB.