Constitucionalista Gabriel Álvarez habla sobre las futuras elecciones en la CSJSergio AguirreEl especialista en derecho constitucional, Gabriel Álvarez, exhortó a los diputados de la Asamblea Nacional a que impongan la “meritocracia”, así como los criterios legales y morales, al momento de elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, finalizando de una vez por todas con la práctica antiética de nombrar a personas allegadas a las cúpulas partidarias.	A criterio de Álvarez, los parlamentarios deben romper con las tradicionales nominaciones bipartidistas a cargos públicos que se hacen en la Asamblea Nacional, y reivindicar los nombramientos de personas capaces, prominentes, de tal forma que una vez investidos como funcionarios de Estado su comportamiento en el cumplimiento de sus deberes sea revestido de total independencia política.	Y se hizo culturaEl jurista planteó que la mayoría de la clase política de Nicaragua está acostumbrada, más aún en los últimos tiempos, a cobrar réditos a las personas que apoyan para que sean nombradas funcionarios públicos, “sin embargo, no es cierto que necesariamente esos nuevos funcionarios deben someterse a una obediencia total a esos actores políticos que los nominan”.	Sobre el funcionamiento de la CSJ, indicó que sus autoridades ejercen todas las actividades que puede realizar un tribunal de naturaleza similar --y que existen en otros países-- al Poder Judicial, “es decir, que además de su jurisdicción ordinaria (dirimir cuestiones en materia de lo civil, penal, laboral, contencioso administrativo), también ejecuta atribuciones jurisdiccionales constitucionales, que tienen señaladas una carga política bastante alta”.	Otras experienciasEn otros países –-prosiguió-- estas funciones las ejercen los llamados Tribunales Constitucionales, Cortes Constitucionales y similares; en Nicaragua estas competencias son el recurso de amparo, el recurso de inconstitucionalidad a la ley, y ahora, a raíz de la crisis de fines del año pasado, cuando se reformó la Ley de Amparo, también resuelve el conflicto de competencia entre poderes, que se hacía a través de los recursos innominados.	Álvarez subrayó que esto último es muy importante, porque si un juez, cuya sentencia en apelación será conocida por un órgano superior, ese mismo que lo sanciona, lo promueve, lo jubila, lo retira, lo premia, etc., hace que la independencia interna de ese juez o magistrado se debilite, puesto que en esa autoridad confluyen las funciones jurisdiccionales y las de orden administrativo.