“Entre abril de 2018 y julio de 2019, se pueden identificar al menos seis fases diferentes de represión que están caracterizadas por la forma de actuación de las fuerzas represivas y sus consecuencias. El objetivo ha sido el mismo en todas las fases: eliminar e impedir las protestas y al movimiento cívico”, revela la investigación.	“La primera fase se produjo en las primeras semanas de abril, 2018, y en ella participaron principalmente las fuerzas policiales y los llamados grupos de choque del gobierno, conformados por jóvenes policías encubiertos o jóvenes en situación de riesgo. En ese momento el objetivo era impedir las protestas y el tipo de actuación que se les dio fue similar a la de movilizaciones y protestas anteriores”, dice Cuadra.	“Eso obligó al gobierno a redefinir su estrategia de represión y reorganizar sus fuerzas, mientras en el país se produjeron dos de las primeras y masivas marchas realizadas en el país: la del 23 de abril convocada por la empresa privada y el 28 de abril convocada por la Iglesia católica”, de acuerdo con el documento, que servirá de insumo a organizaciones internacionales de derechos humanos que dan seguimiento al brutal desarrollo de los acontecimientos en Nicaragua.	“La segunda fase inició con una policía en crisis por la intensidad de las protestas, actuando de manera errática tratando de frenar inútilmente las protestas y marchas en todo el país. Esta fue una fase muy corta en la que las fuerzas policiales y los grupos de choque fueron ampliamente rebasados por el nivel de movilización social”, reza el documento “Las modalidades de la represión en Nicaragua”.	“El gobierno decidió utilizar a los grupos paramilitares que comenzaron a salir a las calles públicamente a mediados del mes de mayo, 2018, utilizando un nivel de fuerza y violencia mucho más alto y letal que en las semanas anteriores. La marcha del 30 de mayo en Managua fue el punto culminante de las acciones de represión de ese período y marca un punto de inflexión para la siguiente fase”, expresa el documento.	Ese día en Managua se realizó la más gigantesca marcha realizada jamás en Nicaragua, y otras en todo el país, pero fuerzas policiales y paramilitares asesinaron a 19 personas e hirieron a unas doscientas a balazos, actos considerados en la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como crímenes de lesa humanidad.	“Consistió en la realización de ataques armados cuasi militares en contra de tranques (cortes de carretera) en diferentes lugares del país, eliminación de barricadas y focos de resistencia cívica en varias ciudades como Masaya, el departamento de Carazo, Jinotega y otras, así como el ataque al recinto universitario de la UNAN-Managua ocupado por estudiantes y jóvenes. La “Operación Limpieza” incluyó también ataques armados a varias marchas y se extendió entre los meses de julio y septiembre, 2018”, ilustra la investigación.	En la cuarta fase de represión “se intensificaron los apresamientos selectivos a líderes del movimiento cívico, la persecución a periodistas, incluido el cierre, allanamiento y confiscación arbitraria de medios de comunicación y la prohibición total a la realización de marchas. Las acciones de represión fueron realizadas por fuerzas policiales y paramilitares. Esta fase se extendió entre los meses de octubre, 2018 y enero, 2019”.	Desde el último trimestre de 2018 a la fecha, según la reveladora investigación de la socióloga, al menos 29 personas han sido asesinadas mediante la macabra política de “ejecuciones selectivas”, sin incluir la masacre en León, donde la Policía asesinó a un joven manifestante en su casa e hirió a dos hombres más de la misma familia, ni el asesinato a disparos de dos campesinos de Nueva Segovia acribillados este 19 de julio de 2019.