Mar. 19, 2010, 4:46 p.m. Las elecciones regionales en la Costa Caribe nicaragüense –sus preparativos, su desarrollo y sus resultados— han permitido detectar mejor la acentuación del autoritarismo gubernamental, expresado en su empeño de poner trabas a la participación ciudadana y a la observación. Al mismo tiempo, estas elecciones han hecho más obvia la decadencia de las cúpulas de los partidos formalmente de oposición y, por ende, su inutilidad para estimular la lucha democrática del pueblo verdadero opositor.	La actividad de esos partidos, limitada a dar satisfacción a las mezquinas ambiciones de sus líderes, contribuye a su degradación como fuerza opositora, lo que redunda en el fortalecimiento de las ambiciones de reelección y continuismo del círculo gubernamental orteguista. ¿Es necesario decir que todo es a costa de la institucionalidad del país y de las aspiraciones democráticas de amplios sectores de la ciudadanía? No es necesario; todo el mundo puede dar fe de ello. Luego, para estos sectores, atenazados entre el gobierno y la llamada oposición, habría dos resultados en uno: estancamiento del desarrollo democrático del país y facilidades para el continuismo de Ortega.	Si tal aspiración continuista fuera la única arista urticante en la situación política nacional, estaría dentro de lo normal de una sociedad contradictoria de cualquier país: un partido político que se impone sobre otros por la efectividad de su táctica, la sagacidad de su estrategia y sus programas sociales convincentes. Pero eso no es nada parecido a lo que está ocurriendo en Nicaragua.	Aquí amenaza el continuismo de un partido que viola la Constitución sistemáticamente --ya casi gobierna sólo con decretos, además ilegales, oportunistas--; con una cúpula gubernamental que utiliza los mecanismos del Estado para construirse un poder económico a través de negocios personales y partidarios, en una sola mezcolanza con los negocios del Estado; un jefe de gobierno que maneja a discreción los ingresos de la colaboración internacional, por ahora, sólo venezolana. Junto a esto, el partido oficialista ha copado todos los Poderes del Estado; un Consejo Electoral que actúa como una maquinaria atropelladora de la voluntad popular expresada en el voto, y una Corte de Justicia que el jefe del gobierno –cuando quiere emitir un decreto al margen de la Constitución—, utiliza las firmas de sus magistrados como si fuera su matasello personal.	Con todos esos mecanismos a su disposición, el partido oficialista no se confronta en la lucha por el poder en condiciones de competición electoral normales --ni siquiera hablemos de condiciones de igualdad, cosa imposible--, sino con ventajas aplastantes, totalmente burlescas e inmorales. En tales condiciones, un partido autoritario puede alardear de ir siempre por “más victorias”, las veces que quiera. Y los partidos de “oposición” dejan al margen esta realidad, para distraerse y distraer a la ciudadanía con líos prebendarios, que no otra cosa son las disputas por unos votos que de antemano sabían manipulados, en busca de un escaño inútil en Consejos Regionales inoperantes.	Ése es el formato de la situación política de Nicaragua. El partido en el poder, culpable de manipulación de leyes, de recursos estatales, de las instituciones, de la religión y de las conciencias; y los partidos “opositores”, enceguecidos por las mezquinas aspiraciones personales de sus líderes, refugiados en sus decadentes esquemas políticos, volcados de cabezas sobre el pastel de los cargos públicos, son igualmente responsables no sólo de su decadencia, sino también de la corrupción de la política nacional. Con sus actuaciones, han configurado un país, cual mercado de ofertas, para la rapiña de su economía y de sus instituciones.	Las últimas elecciones regionales, más que una competición cívica fueron un carnaval deprimente por sus obscenidades políticas: una “autoridad” electoral desprestigiada, repudiada e intrínsicamente fraudulenta; la ausencia de observación electoral nacional e internacional; las raterías y artimañas con el padrón electoral; la negación de cédulas a los adversarios, y los oficialistas con cédulas a manos llenas, como naipes, sólo puede tener el final de siempre: el misterioso destino de los votos y su recuento. En el Caribe pasó, pues, todo lo que tenía que pasar, incluso con la colaboración de formaciones partidarias que despiertan cada cuatro años para ejercer su función de bufones en cualquier carnaval electoral.	Apenas conocidos algunos resultados parciales, nunca insospechados por nadie, vinieron las protestas de rigor, después del trueno. Las elecciones regionales no sólo revelaron –una vez más—, la descomposición del sistema electoral y la vulgarización de las instituciones, sino también la deprimente práctica del canibalismo político. Temprano empezaron los arañazos mutuos entre mutuos cómplices por conseguir un cargo más. El decorado “unitario” preelectoral de la oposición lo están haciendo trizas; la credibilidad mutua clama en el desierto por un dátil de confianza que no llega, y cuando aparece alguno, parece estar conservado en veneno. La crisis de la oposición formal, con sus partidos y sus cúpulas voraces, ya se les ha convertido en su enfermedad terminal. No es que van a desaparecer de la noche a la mañana, ni es objetivo esperar que eso ocurra, pero ya agotaron el tiempo de su utilidad.	Sin quererlo unos, y queriéndolo otros, impulsado por una necesidad histórica, se aproxima el momento en que deberán emerger nuevas fuerzas políticas. Su aparición no será como por arte de magia, sino producto de un descontento y un nivel de desconfianza largamente gestados en el corazón de las mismas luchas políticas contra la corrupción del sistema político, las elecciones fraudulentas y la depredación de los recursos públicos, luchas hasta ahora malversadas por las cúpulas de la oposición formal. Por todo lo que ha significado de negativa la gestión de este gobierno, y la complicidad del oportunismo de esta oposición, podrá gestarse y crecer un movimiento social amplio que reoriente la actividad de los sectores populares y sociales.	Un movimiento así, no tendría que inventarse razones éticas, objetivos patrióticos ni argumentaciones elucubradas en contra de la reelección de Daniel Ortega, el continuismo de su camarilla, la corrupción y las violaciones a la Constitución. Bastaría recoger lo que tanto se ha proclamado en defensa de la institucionalidad, en pro de los derechos democráticos y humanos, y conducir una actividad por las reivindicaciones del pueblo con honestidad, sin concesiones al caudillismo y con disposición de imprimirle un sello ético a las luchas políticas, de lo que ha carecido hasta el día de hoy.	Algo imposible de perder de vista es la diferencia entre los líderes corruptos de los partidos y sus bases populares que también han sido sus víctimas. Y si esos sectores populares han sufrido las consecuencias del autoritarismo del gobierno y del oportunismo de sus líderes, también han de ser parte de las soluciones nacionales. Una nueva alborada habrá de aparecer en estos días tristes que vive nuestro país.