Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a los países miembros de la OEA que actúen de manera más enérgica contra el gobierno de Nicaragua debido a la gravedad de la crisis y las evidencias de las investigaciones de crímenes de lesa humanidad, la crisis de derechos humanos y la consecuente alteración del orden constitucional.	“El gobierno de Nicaragua considera ilegal la iniciativa de Luis Almagro por ser violatoria de la carta dela OEA, la carta de la ONU y el derecho internacional, si se admitiera la OEA se convertiría nuevamente en violador del derecho internacional y un aparato para promover el derrocamiento  de un gobierno legítimo”, reiteró Moncada.	09:47 am Abrao hace referencia a la carta de renuncia del Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Solís: “En Nicaragua es evidente que el poder ejecutivo controla todos los poderes del Estado y eso queda evidenciado en la carta de renuncia del magistrado Corte Suprema de Justicia”, denunció Abrao.	09:45 am Abrao explica las cuatro fases de represión que ha sufrido Nicaragua en los últimos ocho meses. “se observó la agresión contra periodistas y medios de comunicación independientes”, se debe hacer contexto que la única organización de derechos humanos que no ha sido allanada y que continua trabajando valientemente es la CPDH”.	“La crisis de Nicaragua justifica plenamente la aplicación del artículo 20 de la Carta Interamericana, utilizando los mecanismos existentes, en la democracia no puede existir violaciones de derechos humanos, siendo el primer punto en el cual es esencial valorar que hay orden. Yo le solicito que sea el secretario ejecutivo de la CIDH que exponga este capítulo siendo el órgano de la OEA experto en libertades fundamentales”, declaró Almagro.	“El secretario trata de manipular de forma irresponsable la Carta Interamericana, ya que el hecho para la aplicación de este  artículo, es aplicable únicamente cuando el Gobierno no puede solicitar una sesión al Consejo Permanente porque ha sufrido un golpe de Estado, es improcedente y absurda la decisión del secretario general de aplicar la Carta Democrática”.