Señalan que legislador cuenta con grupo de paramilitares que siembra el terror en el campo con total impunidad y con la complicidad de la Policía y del Ministerio Público. Comienza éxodo de mujeres, ancianos y niños por temor a brutal persecución ejecutada por Policía, fiscales y juez, por encargo del diputado Sacasa y su esposa de origen salvadoreño. Denuncian que --por la vía partidaria-- parlamentario orientó a juez y fiscales que le echaran toda ‘la caballería’ a campesinos que está desalojando en estratégica comunidad de Bluefields	“A mi niña le doy el pecho, pero yo en tres días sólo he comido un huevo cocido y un pedazo de pan que me regaló una señora bondadosa”, expresó angustiada Mayela Miranda, una joven campesina que deambula por las calles de Bluefields huyendo de la persecución del diputado del Partido Liberal Constitucionalista, Francisco Sacasa Urcuyo, quien es denunciado junto a su esposa de origen salvadoreño, Lucía Margarita Merino Menjívar, de acosar a 82 familias para quitarles sus fincas ubicadas en la comarca de Caño Negro, Región Autónoma Atlántico Sur.	Miranda dice que su marido Lino Andrés Robles abandonó los cultivos y huyó a la montaña porque personas allegadas a Sacasa y a su consorte --la señora Merino-- andan diciendo que ya hay seis campesinos presos y su compañero puede ser el próximo, porque el diputado (Sacasa) quiere las tierras de él (Robles) y lo va a desalojar vivo o muerto.	Representantes de las 82 familias afectadas denunciaron ante EL NUEVO DIARIO que el diputado Sacasa y su esposa Margarita Merino, han desatado una campaña de terror valiéndose de un grupo de paramilitares armado de escopetas y fusiles AK, que hostiga a los campesinos y quema ranchos con total impunidad, porque cuenta con la complicidad de la Policía y del Ministerio Público para robarles unas 3 mil manzanas de tierra.	Uno de los denunciantes, que omitió su nombre por temor a represalias, dijo que el salvadoreño René Menjívar (uno de los cuñados de Sacasa), forma parte de ese grupo de paramilitares que opera con la fachada de policías voluntarios. “Ya vimos lo que pasó en la finca El Encanto, de la comarca El Pavón, donde la Policía y el Ejército masacraron a tres campesinos, tenemos miedo de que nos pase lo mismo porque Sacasa tiene mucho poder”, recalcó.	“A veces llegan patrullas de El Rama y otras de Bluefields. En una ocasión se presentó el fiscal auxiliar Ariel Miranda acompañado de dos policías que nos amenazaron y provocaron; incluso Miranda --de forma prepotente-- me arrebató el documento de mi propiedad, diciéndome que si lo quería lo llegara a traer a Bluefields. Por la forma en que se comporta parece que Miranda es pagado por Sacasa”, comentó.	Susana Dormus se lamenta por la campaña de desprestigio e intimidación que realiza Sacasa en contra de los campesinos a través de la emisora “La Voz de Zelaya Central”, que le pertenece a él. En esta radio el legislador cerró el noticiero del periodista José María Centeno por haber transmitido la denuncia de cinco campesinos, a los que personas allegadas al diputado les quemaron sus ranchos el 11 de junio de 2007.	Tanto el jefe de la Policía de la RAAS, comisionado mayor Luis Alberto Pérez Olivas como el fiscal regional Gerardo Suárez Fuentes, admitieron que los afectados denunciaron a Sacasa por la quema de los ranchos, pero no investigaron ni procesaron a nadie por la acción terrorista, lo que confirmó la sospecha de los campesinos sobre complicidad de la Policía y del Ministerio Público con el influyente y poderoso diputado.	Lorenzo Mendoza Hernández, coordinador de la cooperativa y dirigente campesino, fue el detenido en la oficina del MagFor. “Fue entonces que nos enteramos que a petición del fiscal regional Gerardo Suárez, el juez Local de lo Penal de Bluefields, licenciado Ronald Wilford, había girado órdenes de detención a granel en contra de finqueros a los que Francisco Sacasa y Margarita Merino acusan por los delitos de usurpación y daños a la propiedad”, declaró Pedro Robles.	“Pedro murió en combate y muchas familias de Caño Negro fuimos desalojados por el gobierno sandinista porque era zona de guerra; seis meses después que terminó el conflicto volvimos a nuestras fincas, y entonces nos dimos cuenta de que el señor Francisco Sacasa se había apoderado de ellas”, confesó la señora Rodríguez.	Doña Lidia Pastora dice que Sacasa la convirtió en sirvienta en su propia finca y después la obligó a firmar papeles que ni siquiera leyó, y demasiado tarde se enteró de que se trataba de la venta de su propiedad. “Para colmo, cuando el diputado me echó a la calle no me pagó por mi trabajo ni por mis tierras, y sólo me entregó un par de botas para uno de mis hijos”, se quejó.	Esta señora y la mayoría de los campesinos que se declaran perseguidos por Sacasa confiesan haberlo apoyado y votado por él cuando fue electo como diputado. “Mal paga el diablo a quien bien le sirve”, declaró conmovido Pedro Robles Poveda, un anciano que guarda prisión por supuesta usurpación y daños a la propiedad promovida por el parlamentario.	Un funcionario judicial de la RAAS que solicitó anonimato, señala que el doctor Arnoldo Alemán, el diputado Francisco Sacasa y otros jerarcas del PLC, urdieron un plan estratégico para convertir en un feudo de ese partido gran parte del territorio donde se construirá la carretera que unirá Bluefields con Nueva Guinea.	Según el funcionario, existe una analogía con el proyecto ferroviario de inicios del siglo XX. En esa época el general José Santos Zelaya repartió entre él y encumbrados liberales de la época todos los terrenos por donde se construiría la vía férrea entre Monkey Point en el Mar Caribe y San Miguelito, en el lago Cocibolca.	“Para ese fin aprovecharon que el diputado Sacasa atiende por la vía partidaria a los fiscales Gerardo Suárez, Ariel Miranda y Roberto Fúnez, y el juez Ronald Wilford (todos ellos presuntos militantes del PLC), para orientarles las acciones punitivas en contra de los campesinos de Caño Negro que están siendo desalojados por el parlamentario y su consorte”, explicó.	A través del fiscal Ariel Miranda, Sacasa presentó como prueba una protocolización de documento elaborada por el notario liberal Augusto César de La Rocha, por un mil 833 manzanas en base a una supuesta certificación otorgada por el capitán de la Guardia Nacional Carlos Silva, en 1959, y Merino --por intermedio del fiscal Roberto Fúnez--, una sentencia de deslinde y amojonamiento por 3 mil 559 manzanas.	Según el defensor de los campesinos, licenciado Jorge Solórzano, los dos procesos están viciados de nulidad y deberían ventilarse en la vía civil. Además, rechazó la medida cautelar de prisión preventiva aplicada por el judicial, quien no tomó en cuenta que los cargos son menos graves y cinco de los procesados se presentaron voluntariamente ante Wilford.	Un funcionario judicial que omitió su nombre, dijo que el Código Procesal Penal contempla 11 medidas cautelares, y la última es la prisión preventiva, que no cabe en delitos menos graves. “Lo que pasa es que Sacasa presionó a los fiscales Suárez, Miranda y Fúnez, lo mismo que al juez Wilford, para que echaran presos a toda costa a los procesados para presionarlos a aceptar cualquier término que el diputado les impusiera”, indicó.	El defensor Jorge Solórzano se pregunta por qué el Ministerio Público y la Policía se han esmerado tanto en detener a los campesinos perseguidos por Sacasa, cuando el mismo jefe policial de Bluefields, comisionado mayor Luis Alberto Pérez, reconoció que desde hace un año existen 400 órdenes de captura que no han podido ejecutar por falta de recursos.	En el colmo de sus pretensiones, Sacasa es señalado por los campesinos de Caño Negro como un chantajista y extorsionador. “A veces ofrece dinero y una parcela de 20 manzanas al que le entregue sus títulos de propiedad y posesión, pero en otros casos ha exigido altas sumas de dinero para no seguirlos acosando, con la advertencia de echarlos presos si no cumplen con sus caprichos”, denunció Modesto Suárez.