Nuevamente el oficialismo acusa a al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, (Cenidh) y la organización Hagamos democracia de participar en la desestabilización del país, a través de financiamiento los grupos que el gobierno llama terroristas y golpistas, argumentos utilizados para aplicarle el artículo 24, incisos a, b y d de la Ley General Sobre Personerías Jurídicas Sin Fines de Lucro.	Según un documento del (Migob) enviado al presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, la institución Hademos “realizó actividades que no estaban de acuerdo a los fines y objetivos por los cuales se constituyeron en organismo sin fines de lucro ya que gestionaron fondos” para supuestamente “organizar actos terroristas para desestabilizar al país”.	“Se está dejando a un lado los principios fundamentales de justicia en el país, se está cancelando personería jurídica de organizaciones que los acusan de comerte los delitos, las organizaciones no cometen delitos, somos las personas humanas las que podemos ser señalada juego acusados y debería ser primero procesado correctamente en los tribunales de justicia para luego venir a tener evidencia de cancelación, pero aquí se están volando todas las garantías constitucionales de libertad expresión y asociación. Dice el diputado Alfredo César del Partido Conservador.	En cuanto al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, el Migob alegó que “se encuentra acéfalo y en incumplimiento ante el ente regulador, ya que su Junta Directiva se encuentra vencida desde el 25 de abril de 2018, y no reportaron sus estados financieros de 2017”, lo que violenta lo establecido en la Ley 147 Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro, artículo 13, literal f y artículo 21.	“Todas nuestras acciones han estado enmarcadas dentro de la ley y dentro de nuestros estatutos, de nuestra misión, de nuestra visión y de la razón de ser de nuestra organización y la razón de ser precisamente ha sido con entereza, con firmeza y documentando cada cosa, comprobar y llevar ante la opinión pública internacional, ante los organismo internacionales de derechos humanos la verdad de la cruel y brutal represión y violación de los derechos humanos que Daniel Ortega y Rosario Murillo empezaron a dirigir y a realizar a través de las diferentes instancias represivas e instrumentalizadas”, señaló Vilma Núñez, presidente del Cenidh.	“Las personas jurídicas no comenten delito, pero si nos quieren con eso imputar acciones al margen de la ley a cualquiera de nosotros, a mí, definitivamente que sepan que no les tenemos miedo, que nosotros no vamos a dejar flotando en el ambiente ninguna afirmación antojadiza en la cual se nos quiera imputar”, añadió.	“Queremos externar nuestra indignación, de que en nuestro país se siguen reprimiendo los derechos civiles de las instituciones y de los ciudadanos. Estamos totalmente claros que el régimen lo que quiere hacer básicamente es callar las voces de todas aquellas instituciones que han estado denunciando las barbaries del régimen represor. Queremos dejar claro que nuestra institución siempre desde sus inicios, desde hace más de 25 años ha sido promotora de los derechos civiles, de los derechos cívicos de los ciudadanos, del fortalecimiento de la democracia en Nicaragua”, sostuvo García.	Con la cancelación de la personalidad jurídica del Cenidh y de Hagamos Democracia, ya suman 4 las organizaciones de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos a los que se les ha cancelado su personalidad en las últimas semanas por ser críticos al gobierno, siendo los primeros CISAS y el IEEPP.