La polarización política, que es alimentada por el régimen de Daniel Ortega con espionaje, chantaje y persecución, ha fracturado tanto a la sociedad nicaragüense, que el 83 por ciento de la población no confía en sus vecinos y más de la mitad tiene desconfianza en el Estado, según el último informe de coyuntura de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).	Para el sociólogo y catedrático Cirilo Otero, la alta desconfianza entre los habitantes en los barrios es consecuencia del espionaje y la campaña de odio fomentada desde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que ponen en práctica los Consejos de Liderazgos Sandinistas (CSL), los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), la Juventud Sandinista (JS) y otros grupos partidarios.	“Que ocho de cada diez ciudadanos desconfíe de sus vecinos es porque se ha perdido el términos sociales y comunitarias la confianza causado por la represión y la carencia de políticas públicas que impacten en la reducción de la pobreza, porque lo que este régimen fomenta es el clientelismo”, dijo Otero.	Los CLS, explicó Otero, son quienes más espían en los barrios para identificar a toda familia, sea opositora histórica o sandinista descontenta con el régimen, para pasar la información a los secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Esa información de las familias también las manejan los grupos de choque y la Policía Orteguista (PO).	“Se ha traslado el problema que tiene el grupo criminal de Ortega al barrio. La sociedad tiene un rechazo moral y ético a Ortega y su grupo, y ellos lo saben porque trasladan a los barrios la campaña de que hay que combatir a los enemigos. Promueven el odio y eso es grave porque causará una ruptura de la sociedad que llevará a un gran estallido”, afirmó Otero.	El informe de Funides también recoge que “existe una desconfianza generalizada hacia el Estado”, puesto que el 66.6 por ciento de los nicaragüenses encuestados expresó tener una confianza “baja” en el Estado. Solo el 19.4 por ciento afirmó tener una confianza “media” y el 14 por ciento una confianza “alta” en sus entidades estatales.