La táctica de la Asamblea Constituyente resulta muy eficiente porque evitan el debate sobre cambios específicos y mezclan las ideas del cambio social con las de la reforma institucional. Con ello, hacen que la Asamblea sea atractiva, tanto para los grupos más radicales, que quieren refundar la república y reinventar la historia, como para los que quieren crear un escenario para la deliberación democrática.	Las experiencias de Venezuela y Bolivia sugieren, sin embargo, que todos terminan frustrados. Los radicales, cuando descubren que no basta cambiar las normas para cambiar la realidad; los concertadores, cuando son impedidos de dialogar por las movilizaciones sociales, y todos en conjunto cuando descubren que carecen de propuestas específicas o que las que tienen son incompatibles entre sí o inaplicables.	La Asamblea Constituyente termina debilitando la institucionalidad. Como pone en duda la “ley de leyes”, cuestiona implícitamente la vigencia de las normas y de las entidades públicas, y contribuye a erosionar el sistema institucional y político. Cuando eso ocurre se afirma la figura presidencial y se facilita su transformación en caudillo.	Quienes promueven la concentración del poder justifican este hecho, como siempre ocurrió, por la necesidad revolucionaria de cambiar las estructuras, liberar a la nación y superar las condiciones de pobreza de las mayorías. Sin embargo, cuando este discurso se pone en práctica renacen las confusiones que caracterizaron a la vieja izquierda, como ya se observa en Venezuela y Bolivia.	La confusión más flagrante es la que no diferencia entre Estado y Nación. Como si fueran una y la misma cosa, se llama nacionalización a las estatizaciones, y se cree que basta con pasar algunos recursos a propiedad del Estado para que sus beneficios lleguen al conjunto de la nación. La ideología del estatismo económico no admite que muy pocas empresas estatales se han librado de la ineficiencia burocrática o la corrupción.	Otra confusión quizás más peligrosa es la que fusiona la idea de pueblo a la de masas organizadas que salen a las calles. Es peligrosa porque es expresión de un corporativismo que termina por privatizar de facto los recursos públicos y renovar las desigualdades sociales. En la lógica del populismo corporativo, los recursos son destinados al grupo que ejerce mayor presión y que es capaz de generar más conflictos. Esto posterga la atención a los más débiles y necesitados, que no pueden ejercer una presión similar.	Desde hace varias décadas Venezuela sufre la abundancia petrolera. Más del 90% de sus exportaciones son hidrocarburos que aportan más de la mitad de los ingresos fiscales. En Ecuador y Bolivia las magnitudes son más modestas, pero en ambos casos las exportaciones de hidrocarburos superan al 40% del total y proporcionan más de un tercio de los ingresos fiscales.	Esta concentración de las rentas modifica radicalmente la relación de la sociedad con el Estado. En los tres países la situación financiera del gobierno no depende de la suerte económica de las empresas o de los trabajadores, sino que, al contrario, son las empresas y los trabajadores quienes dependen de los servicios públicos o de los subsidios que son financiados con las rentas naturales.	Cuando las organizaciones sociales son escasas y débiles, como en Venezuela, la concentración de recursos implica concentración de poder y la posibilidad de perpetuarlo mediante el clientelismo. Cuando hay fuerzas corporativas, sindicatos, cámaras, comités y juntas, como es el caso de Bolivia, los recursos concentrados se convierten en el objeto principal de la disputa política. En ambas situaciones la institucionalidad es un obstáculo, y por eso los caudillos y los grupos corporativos comparten el interés por destruirla.