Según el escrito de la PGR, García Prieto actuó de forma “maliciosa y dolosa” bajo el Amparo de confusión deudor --acreedor ante el juez de Granada, Pérez Vega, quien tramitó el juicio de cancelación de gravamen hipotecario de un bien inscrito a favor del Estado, en abierta violación a normas, procedimientos, principios y garantías constitucionales.	Denuncia que el juez Pérez Vega, en un hecho sin precedentes en la administración de justicia, tramitó un juicio y dictó sentencia de forma expedita en cinco días, ya que el libelo de demanda fue presentado el 19 de octubre a las 2:20 minutos de la tarde y la sentencia la dictó 24 de octubre a las 10:30 minutos de mañana y la única diligencia es la recepción de la demanda.	La actuación del juez, indica Estrada, es contraria al artículo 131 de la Constitución, el cual establece que “la función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo”, “todo funcionario público tiene el deber de desempeñar eficaz y honestamente sus funciones, y será responsable de sus actos y omisiones”.	La Asociación de Abogados de Granada ha clamado a los magistrados de la CSJ la destitución de Vega, pero pese a que hay una propuesta de destitución de los magistrados sandinistas, los liberales lo mantienen en el cargo, sin tomar en cuenta el daño que le causan a los granadinos y al Poder Judicial.