La semana pasada, una investigación periodística del programa de televisión Esta Semana y EL NUEVO DIARIO, demostró que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social había otorgado un financiamiento por un millón ochenta y ocho mil dólares a la referida empresa para construir 136 viviendas de interés social en el proyecto “El Pueblo Presidente”. Previamente, el INSS había prestado 190 mil dólares a la misma empresa.	Sin embargo, el asesor presidencial, Bayardo Arce, cuya versión inicial indicaba que el proyecto habitacional era construido con fondos venezolanos, alegó que se trataba de un “préstamo puente”, del INSS a Tecnosa, en espera de la llegada de los fondos venezolanos. El argumento de Arce, ilógico a primera vista, pues el texto del fondo no hablaba de “préstamo puente”, sino de una operación a dos años de plazo, fue interpretado como una “escalera”, que, en efecto, el gobierno utilizó para intentar resolver el entuerto financiero.	En su opinión, “ese crédito ya debe estar cancelado, por la naturaleza misma de ser ‘puente’, pues no es un crédito de largo plazo, ni una inversión para cambiar activos fijos”, aunque se abstuvo de afirmar si sabía sobre el reembolso porque “no es una operación en la que esté involucrado el Banco”.	Arce dijo que “el FMI no se mete en cosas operativas. Lo que ellos van a evaluar es cómo va funcionar el problema de la seguridad [social] a corto plazo. El país tiene un compromiso de entregar un estudio en ese sentido, y ese estudio se entregará a fines de junio”, aseveró.	En similares términos se expresó el doctor Rosales, al decir que “el Fondo no tiene nada que revisar, porque éstas son decisiones propias del gobierno de Nicaragua. Sí revisarán el impacto macro que las decisiones de las entidades que manejan recursos importantes pueden tener sobre el desempeño económico del país, pero no es que vengan a revisar este caso en particular”, opinó.	Rosales asegura que lo que sí se revisará es la situación actuarial del INSS, “y veremos también a instituciones como ENEL y Enacal, para determinar cómo utilizan sus recursos, cómo los desarrollan. Yo tengo la agenda de trabajo [de la misión] del FMI, y no está incluido que vayan a revisar eso”.	“No sé qué es lo cuestionable en esto. El INSS está facultado para hacer ese tipo de operaciones. El artículo 14 permite a su Consejo Directivo dictar un reglamento de inversiones y adjudicaciones”, recordó, reforzando su argumento con el refrán popular que recomienda: “No poner todos los huevos en la misma canasta”.	La forma de redacción sugiere que el reglamento será establecido por el Consejo Directivo mismo, aunque el experto Báez opina que quien debe dictarlo es el Presidente de la República, y que, en todo caso, sin importar quién lo hubiere dictado, las decisiones del INSS en este campo no son válidas, por cuanto hasta la fecha no hay nada publicado al respecto. (Ver recuadro).	Sin embargo, la misma Ley señala límites a lo que puede hacer la dirección del INSS, al condicionar esas inversiones “a varias condiciones, entre otras, la aprobación del Poder Ejecutivo de sus planes, lo que está plasmado en la ley, pero es una facultad que no es posible operativizar”, detalla Báez.	La razón es que “el artículo 14 inciso f, dice: ‘de acuerdo al reglamento que se establezca’, pero debe ser un reglamento aprobado por el Poder Ejecutivo, porque en otras situaciones previstas por la Ley, de menor importancia que ésta, se indica que el reglamento debe ser emitido por el Ejecutivo, así que con mayor razón en una situación de tanta importancia como ésta”.	Adelantándose a la posibilidad de que el INSS argumente que sí existen esas normativas --sea que las hubieran dictado ellos o la Presidencia de la República-- Báez se adelantó a recordar la existencia del decreto 2094, publicado en La Gaceta No. 113, del 17 de junio del 94, el que señala que toda ley, decreto, regulación o normativa de tipo fiscal, debe publicarse en La Gaceta, Diario Oficial, para tener vigencia u obligatoriedad legal.	El legislador cree que parte de la solución es aprobar una Ley de Transparencia que cierre todas las ventanas del Estado, “incluyendo la del INSS. El problema es que vivimos en un Estado de hecho, no de derecho”, preguntándose a renglón seguido: “Si la ayuda venezolana es tan copiosa, si son 520 millones de dólares, ¿por qué meter al INSS? Debe ser que la ayuda venezolana es mucho menor de lo que se dice”, especuló.