No obstante el acceso a estos sistemas sigue siendo una barrera, ya que la inversión suele ser alta por la falta de exoneración, a esto se le suma la falta de financiamiento que enfrenta el país y los vacíos que hay en la regulación, señalaron especialistas que participaron en un panel de energía renovable realizado por la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN).	“Hoy en día muchas empresas están invirtiendo recursos propios en este tipo de sistema, esto es muy interesante porque los periodos de recuperación y amortización de las inversiones en energía solar son tan rápidos, entonces las empresas tienen retornos bien atractivos, sin embargo ya hay opciones de financiamiento, ya la banca se dio cuenta que tiene que empezar a abrir la llave. Entonces hay una apertura no para montos bien grandes, pero sí ya estamos viendo que se está dinamizando el mercado… se están trayendo opciones de financiamiento con periodos de corto y mediano plazo”, dijo Lacayo.	El ingeniero eléctrico Vladimir Delagneau señaló que una pyme, que necesita una planta de seis kilovatios de potencia, tendría que invertir 12 mil dólares en un sistema solar fotovoltaico con batería o nueve mil dólares en un sistema sin baterías, y que en un plazo de tres años se habrá pagado la inversión.	Patricia Rodríguez, consultora de energía, señala que hay una normativa de generación distribuida que fue aprobada a finales del 2017, que permite que la población pueda generar su propia energía para autoconsumo con fuentes renovables, pero a la vez puedan inyectarle a la red eléctrica nacional el exceso que produzcan de energía.	En toda Centroamérica hay normas o leyes que regulan la generación distribuida, el último país que se ha sumado al proceso ha sido Nicaragua, por una recomendación de los organismos multilaterales. Mediante la generación distribuida se permite a las familias instalar medidores bidireccionales, con los que se pueden inyectar energía a la red que no sea consumida.