Salvo un organismo de derechos humanos y los medios de comunicación, que transmitieron imágenes y una que otra fotografía, no hubo mayor atención al caso, a pesar que los campesinos dirigieron denuncias a la comisionada Aminta Granera, todavía inspectora de la Policía Nacional, a quienes señalan, con números de chips y descripciones fotográficas, las actuaciones de los uniformados durante la expulsión.	La misma situación se expuso en escrito enviado a Julio Centeno Gómez, Fiscal General de la República, y al candidato y ahora presidente Daniel Ortega; igual se hizo llegar denuncia por destrucción ambiental al entonces procurador del ambiente Lisandro de León, a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, y por violación de derechos humanos al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.