Mar. 12, 2010, 11:48 a.m. ¡Quién va a negarlo! Las relaciones entre el periodismo y el gobierno de Nicaragua son difíciles. Quienes se identifican con sus posiciones no pueden hacer a nuestros gobernantes las preguntas que debieran porque serían políticamente incorrectos. Y no pueden hacérselas quienes son vistos como empleados de los medios de la derecha y la oligarquía. Toda una contradicción para un país cuya Ley de Acceso a la Información Pública vio la luz en 2007, primer año del gobierno que preside el comandante Daniel Ortega.	¿Cómo hacerle preguntas a un gobierno que ha hecho del monólogo una práctica? Éste es uno de los retos más grandes del periodismo nicaragüense. El gobierno acusa de ser “hijos de Goebbels” a los periodistas que no trabajan en el circuito de medios afines. Amparado en este argumento, ha desarrollado una política de comunicación que pretende ofrecer sólo “información incontaminada” a través de voceros que usualmente se enojan ante la sola presencia de un periodista que llegó sin ser invitado. ¡Dios guarde si preguntan esas cosas incómodas!	Hace poco el canciller Samuel Santos dijo al diario El País, de España, atendiendo a esta premisa gubernamental, que el problema en Nicaragua es que se le niega la libertad de expresión al gobierno y sólo se publican las versiones de la oposición. Siendo así, el monólogo habría sido impuesto por los opositores del gobierno y no por la administración Ortega. Y por eso no conocemos los avances y logros del gobierno.	Si Santos dice la verdad, entonces habrían mentido descaradamente todos esos periodistas que rutinariamente ponen la coletilla: llamamos y cuando supo que éramos… colgó; llamamos y dijo que estaba ocupado; nos pidieron dejar las preguntas y que nos devolverían la llamada; su teléfono estaba apagado… También habrían mentido esos periodistas que alegan no los han invitado, que les han negado la entrada a eventos del gobierno, que los han rechazado por órdenes superiores o porque no estaban incluidos en la lista de invitados, que les han negado información solicitada al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública, LAIP, que los han agredido verbalmente…	¿Quién dirá la verdad? ¿El gobierno y sus funcionarios o el grupo de medios y periodistas que se quejan por el hermetismo, sigilo, agresividad u opacidad de los funcionarios públicos? ¿Quién debería responder finalmente por la falta de acceso a información que es del interés nacional, en un país que hasta cuenta con una moderna Ley de Acceso a la Información Pública?	El presidente Daniel Ortega ha sido un personaje huraño con la prensa nacional. En tres años de gobierno ha comparecido ante la prensa nacional... ¿Alguien lo recuerda? ¡No! Quien lo entrevistó fue el británico David Frost, para un canal de Qatar. Una que otra vez ha comparecido en la televisión cubana y en TeleSur, de Venezuela, para batear bolas pasadas por el centro del plato. El resto de las veces ha sido el presidente Ortega quien se ha dirigido a los medios y periodistas nicaragüenses desde su inmensa tarima, desde sus medios (y a veces por cadena nacional de radio y televisión), usualmente para criticar el trabajo que hacen.	El Consejo de Comunicación y Ciudadanía tiene la amabilidad de recibir las preguntas de los medios en la recepción, o las anotan cuando los periodistas llaman. Pero la única respuesta conocida es: “sus preguntas ya fueron entregadas y se le avisará cuando exista una respuesta”. A manera de broma he dicho a varios colegas que deberían de juntarlas todas, pues en cinco años van a sumar muchas. Y si el FSLN gana las elecciones del 2011, dará para un texto voluminoso. Adicionalmente, proponer a los recepcionistas de esas dependencias para el Premio Amabilidad del Año. No debe ser chiche estar recibiendo, una tras otra, las preguntas impertinentes de tanto periodista de derecha.	El Procurador Hernán Estrada dijo recientemente que hay financiamiento extranjero canalizado a través de organizaciones locales para que se hagan investigaciones periodísticas en contra del gobierno, con la intención de difundirlas ampliamente por medios no afines al gobierno. Luego, las sistematizarían estos gobiernos extranjeros para “venderlas” como la realidad real de Nicaragua y lograr se castigue a Nicaragua con recortes a la cooperación, por ejemplo. Se refería a los casos Kamuzi, Tecnosa, Gero-Ici, Casas para el pueblo con fondos del INSS, el campo de energía eólica Amayo, la telefónica Yota… Cada caso ha tenido aroma a irregularidad pero en ninguna el Procurador General se ha atrevido a emprender una investigación, para determinar si estas denuncias periodísticas implicaban daños a los intereses del estado.	Las declaraciones del doctor Estrada podrían convertirse en la versión 2010 de la denuncia que en septiembre de 2008 detonó El 19 --semanario oficial que hoy sólo circula de manera electrónica--, que hay una conspiración internacional de los gringos y los europeos para desprestigiar el liderazgo internacional de Daniel Ortega y al gobierno de unidad y reconciliación nacional. La meta: abortar la segunda etapa de la revolución sandinista. Esa tesis incluyó el allanamiento de ONG locales y extranjeras, el levantamiento de sigilo fiscal y bancario, y una investigación penal solicitada por la Ministra de Gobernación a la Fiscalía General. Se usó el poder del gobierno y a los empleados del Estado para intimidar a críticos del gobierno.	¿Los ministros? ¿Alguien los ha visto? Bueno, uno que otro, muy de vez en cuando. ¿Han ofrecido alguna conferencia de prensa? Sí, a los medios autorizados por la Presidencia. ¿Han presentado un informe público de su gestión? El Presidente da el ejemplo. En 2008, 2009 y 2010 no ha ofrecido un Informe Anual a la Nación desde la Asamblea Nacional, algo que hacían los neoliberales Violeta de Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños. Suponemos que la Asamblea Nacional tiene una copia del más reciente informe. Le he preguntado a algunos diputados (que no necesariamente son ejemplo de estar bien informados) si lo conocen y dijeron que no lo han visto. A favor de los ministros se debe decir que las páginas web de algunos ministerios les salvan parcialmente la jugada.	¿Teníamos idea de lo que pasaba en Inatec? No. Nadie en el Ministerio de Educación lo dijo. Pareciera que no existe un equipo que maneje las comunicaciones en esa institución. Ningún líder del gremio magisterial pro-gobierno tomó la batuta. Fue uno de esos medios tildado de derecha y uno de esos impertinentes reporteros de EL NUEVO DIARIO quienes informaron que el Director de Inatec había sido removido porque habrían detectado irregularidades en su gestión. El gobierno dejó pasar una oportunidad más para demostrar que está a favor de la transparencia y en contra de la corrupción.	Los ejemplos citados no representan un hallazgo empírico pero de alguna manera ilustran el comportamiento gubernamental. Lo que trae a colación la reiterada crítica del periodista pro-gubernamental William Grigsby: los medios del gobierno y sus aliados no hemos sido eficaces en nuestro intento por difundir los logros y avances de nuestro gobierno. No sabemos si Grigsby o el gobierno han investigado las razones para tanta ineficacia.	Aquí algunas posibles respuestas: ¿Autocensura? ¿Falta de autonomía? ¿Falta de orientación del Consejo de Comunicación y Ciudadanía? ¿Ausencia de liderazgo? ¿Carencia de información pertinente? ¿Mal manejo de la agitación y la propaganda? ¿Pobre articulación del sistema de comunicaciones del gobierno? ¿Centralización excesiva de la información y las decisiones? ¿Un pueblo sumamente alienado por un sistema de medios de derecha y de la oligarquía? ¿Un sistema sandinista que no está a la altura del manejo discursivo de una derecha ducha en la materia? A lo mejor a eso se deba la existencia de un Foro de Periodistas Sandinistas, donde funcionarios del gobierno exponen a los divulgadores gubernamentales sus puntos de vista sobre temas que consideran de primer orden. Esta instancia sería una escuela de formación política.	¿A estos medios, que dicen pero informan tan poco y mal, también hacía referencia el canciller Samuel Santos en su entrevista con El País? ¿Será posible que hasta los medios del gobierno se hayan convertido en parte de esa conspiración de que hablan el presidente Ortega, el canciller Santos y el procurador Estrada? ¿Será que estamos ante una llana incapacidad para comunicar, como plantea William Grigsby? ¿O será que éste es el resultado de contar con gobernantes que mono-logan pero no dia-logan?	Cualquiera sea la respuesta, el resultado sigue siendo el mismo. Las relaciones entre nuestros gobernantes sandinistas y los medios y periodistas continúan tensas. ¿Cuál sería una posible solución? Un gobierno abierto a todos los medios y periodistas; un estado que acate permanentemente la Ley de Acceso a la Información Pública; y un sistema de comunicación gubernamental que procure el interés nacional con información del interés público.