Según el informe, una de las prioridades de Ortega, desde los primeros días de su gobierno, fue obtener mecanismos legales para alcanzar la reelección presidencial continua, lo que está prohibido por la Constitución Política de Nicaragua. “Esta pretensión se desarrolla en medio de una fuerte tensión, intolerancia y sin posibilidad de diálogo abierto con los y las nicaragüenses, dejando en segundo plano la crisis económica y social del país”, señala el documento.	Agrega el documento que esto explica “las tentativas políticas y jurídicas” de Ortega, entre ellas, impulsar reformas constitucionales para cambiar el sistema de gobierno, “para lo cual ha sido necesaria la colaboración de Arnoldo Alemán y su Partido Liberal Constitucionalista (PLC), afianzando cada vez más el pacto político por intereses mutuos”.	La CC considera que el pertinaz interés del presidente Ortega en la “legalización” de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, es con el único objetivo de que estas estructuras meramente partidarias tengan acceso al financiamiento oficial “y que se constituyan en el instrumento para construir su hegemonía en nombre del pueblo y dé legitimidad a sus decisiones”.	“Los partidos políticos tienen todo el derecho a constituir las organizaciones que consideren pertinentes, lo que no pueden hacer los partidos y el gobierno es desconocer las instancias respaldadas por la Ley de Participación Ciudadana para sustituirlas de facto por sus propias estructuras, excluyendo al resto de formas de organización de la sociedad civil”, señala el documento.	Para la Coordinadora Civil, en la práctica, los CPC se han convertido en organismos de centralización de la gestión gubernamental, en lugar de facilitar el trabajo ejecutivo. En el informe señalan como ejemplo que la distribución de alimentos y demás ayuda humanitaria en la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, afectada por el huracán Félix en septiembre pasado, ha sido centralizada por estos organismos paraestatales.	“El Presidente de la República realiza una peligrosa confusión gobierno-partido y actúa con ánimo de dueño del gobierno, el Estado y la propia sociedad civil con la imposición de los CPC. Además, opta por tolerar los actos de corrupción de funcionarios en colaboración necesaria de los operadores políticos del partido que despachan en la Secretaría del FSLN, tal y como ha sido denunciado en reiteradas ocasiones”, enfatiza el documento.	El organismo civil demanda el “traslado paulatino de responsabilidades y competencias a los gobiernos municipales y regionales, a partir de la identificación plena de sus capacidades y demandas particulares; la selección de los servicios públicos sujetos a la descentralización; y una distribución equitativa de los recursos, a fin de mejorar las condiciones de vida de la población, en función de reducir la pobreza”.	Según la CC, la situación actual “es producto de la inoperancia de la administración del presidente Ortega y está llevando al país a una evidente situación de ingobernabilidad, debido a la parálisis e ineficiencia del aparato gubernamental, que conlleva a una alta subejecución presupuestaria en la mayoría de los ministerios y entes autónomos”.	También aseguran que el Gobierno se ha vuelto autista, puesto que ni ve ni oye a nadie más que a sus propios correligionarios o aliados, menospreciando, negando y atacando a los grandes sectores de la sociedad civil que no comparten su visión, “el presidente Ortega tiene un comportamiento incoherente y dual, cuyo eje está centrado en la búsqueda de la reelección como mecanismo de continuidad imperecedera en el poder por el poder”, sostiene el escrito.