Fue el Departamento del Tesoro, que este jueves golpeó con sanciones a uno de los brazos medulares de los negocios de la familia Ortega Murillo,  que se sacó de la sombra a Zanzíbar S.A, cuyas operaciones son conocidas muy bien por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), que desde el 2014 comenzó a otorgarle licencias de operación a nivel nacional.	Resulta que el negocio, que opera  de  la Estatua de Montoya dos cuadras arriba media cuadra al sur, en Managua, es controlado por Rafael Ortega Murillo, el hijo mayor de la pareja dictatorial que con mano de hierro ha gobernado Nicaragua desde el 2007, un país donde abunda la informalidad empresarial y donde una minoría tiene oportunidades de emprender.	Las oficinas de esta compañía funcionan dentro del perímetro de El Carmen, donde está la residencia de la familia dictatorial, según constató LA PRENSA y cuya zona no se tiene acceso desde el estallido de la crisis en abril del 2018, porque la Policía Orteguista resguarda todos los puntos de ingreso a la zona día y noche.	DNP integraba la red de gasolineras administradas por la estatal Petróleos de Nicaragua (Petronic), la cual fue involucrada en la conformación de Albanisa, con una participación accionaria del 49 por ciento y el restante 51 era de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), la que también se encuentra castigada por Estados Unidos por corrupción.	Fue precisamente en ese esquema de participación de Petronic- PDVSA, que la familia Ortega Murillo se apodera de la red de gasolineras estatales, que por años se arrendaba a compañías petroleras extranjeras.  En un principio DNP fue depositada para su administración en la entonces esposa de Rafael Murillo, Yadira Leets, quien luego fue removida el año pasado de su cargo de forma estratégicamente.	En enero de este año, cuando Estados Unidos anunció que sancionaba a Albanisa, el régimen de Ortega comenzó un rápido proceso de maquillaje de dicha red de estaciones de gasolineras, en un esfuerzo titánico por escapar de las inminentes sanciones de EE.UU., que actualmente persigue las fuentes de financiamientos de las dictaduras en el hemisferio, como la de Ortega.	Las 22 licencias fueron aprobadas a una red de personas, en cuyo documento en poder de LA PRENSA y que fue retirado del sitio web del MEM, se menciona que las estaciones operaban bajo la marca de Petronic. Este decir controlaba 22 estaciones de la red de 69 que eran de Petronic.