«La muerte civil es cuando te sacan de todas las actividades de la vida pública, en este caso, esta situación que está ocurriendo es una prolongación de la represión. Ya no es prolongar solo la cárcel sino extenderle la suspensión de sus derechos, así que es una continuidad de la represión pero de una manera perversa», expresó Vilma Nuñez, directora del Cenidh.	La persona, al tener muerte civil es condenado a ser excluido de la participación ciudadana, manifestó Nuñez, puesto que sufre discriminación y es rechazado desde un centro hospitalario, universidad o el medio laboral. «Hay un caso que ya le habían hecho toda la entrevista (laboral) y ya le habían dicho que lo iban a ubicar y de repente se fijaron en el récord policial que le ponen excarcelado por la Ley de Amnistía. Excarcelado no es un estado civil pero ellos lo ponen así solo para cerrarle as puertas», expuso la defensora de derechos humanos.	A esta situación se le suma las expulsiones a las que fueron sometidos estudiantes de distintas universidades por ser opositores al régimen. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que 144 estudiantes fueron expulsados en el contexto de la crisis política que vive el país desde abril de 2018. Sin embargo, la dictadura orteguista oficializa 95 expulsados, de los cuales 82 estudiantes son de la UNAN-Managua y 13 de la UNAN-León.	Pero esta situación también lo sufren los familiares de los exreos políticos, principalmente los hijos, quienes son hostigados por ser tachados como «golpistas» por el oficialismo . «Los hijos de los excarcelados también son hostigados y agredidos por paramilitares e integrantes de las Juventud Sandinista en los centros educativos a los que asisten», reza el documento.