Agregó que "se trata de una Ley que va tras los cómplices, no solo los violadores de derechos humanos y que han cometido actos de corrupción, todo aquel que haya estado involucrado de una u otra forma en estos actos después del 10 de enero de 2007 (cuando asumió la presidencia Daniel Ortega) serán sancionados".	En ese sentido, "con esta Ley el Gobierno de los Estados Unidos le dice al presidente de Nicaragua que reflexione, que haga un examen, que escuche al pueblo de Nicaragua, a los 6 millones de habitantes que también se ven perjudicados" con el fin de encontrar una salida pacífica a la actual situación del país. "El presidente Ortega debe escuchar a su gente", señaló Caldera.	“Yo tengo la impresión de que el gobierno se equivocó de estrategia en la manera que trataron de detener esto en el congreso en vez de tomar acciones aquí que permitieran que se detuviera, por ejemplo tomar acciones como un adelanto de elecciones, lo que ha pedido y lo que dicen las mismas introducciones a esta leyes, a la Magnitsky Global, la Magnitsky Nica Act y las orden ejecutiva”, indicó Caldera.	"El país necesita fortalecer la constitucionalidad, el respeto a los derechos humanos, establecer una democracia incluyente, Estados Unidos ha evidenciado un mal manejo de la situación interna en el país, por ello, el Gobierno de Nicaragua debe entrar en una negociación que encamine a solucionar la problemática del país, no es una Ley positiva desde el punto de vista económico y social, se trata de una sanción para todo el país por el actuar político del Gobierno que no respeta los derechos humanos".