Los 75 días de plazo máximo que ha dado la OEA para que una comisión de alto nivel presente un informe al plenario sobre el avance de las negociaciones en Nicaragua que garantice el restablecimiento de las libertades ciudadanas y el tránsito hacia elecciones libres, observadas y competitivas, representan un nuevo aire para una solución negociada a la crisis nacional.	El informe podría ser presentado en menor tiempo ante una Asamblea Extraordinaria de Cancilleres de la OEA y podría concluir que no ha habido avance y que en Nicaragua ha tenido lugar la ruptura del orden democrático, un paso necesario para la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana que podría expulsar a Nicaragua de esa organización, pero necesariamente se tendría que contar con 4 votos mas de los 20 que obtuvo la resolución en la 49 Asamblea de Medellín.	Aparentemente el tiempo corre a favor de Ortega, pero como bien lo ha dicho el excanciller Francisco Aguirre Sacasa en una reciente entrevista a LA PRENSA, “cada día que pasa es un día que Daniel gana, pero por otro lado es un día que obtiene la coalición democrática para obtener los 24 votos que necesitan”.	La relación peso específico/población de cada voto en la OEA es totalmente asimétrica. La extensión territorial y población de los países que votaron en contra de la resolución, en comparación con los que votaron a favor dice mucho de los aliados que le van quedando al régimen de Ortega-Murillo en el continente americano.	En contraste, tres que votaron a favor: Brasil, cuenta con una población de 210,147,767 habitantes y una extensión de 8,515, 767 km2; Argentina cuenta con 45.052,502 habitantes y 2,780,400 km2; Chile cuenta con 19,107,216 habitantes y una extensión 756,102 km2. Ni mención del peso poblacional y territorial de los Estados Unidos, Canadá y México.