Los insultos del presidente y la vicepresidenta se basan en que el Gobierno acordó con la Alianza que esta solicitaría el fin de las sanciones, a cambio de que el Ejecutivo liberara a los "presos políticos", permitiera la libertad de expresión y de prensa, garantizara justicia a las víctimas de la crisis y accediera al retorno de la democracia en Nicaragua.