El informe sobre Venezuela presentado el jueves de esta semana por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, ha sido valorado internacionalmente como lapidario, contundente y demoledor. En realidad, el informe es un extenso y muy bien documentado registro de abusos de toda clase cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro, entre los cuales sobresalen los crímenes de lesa humanidad.	Pero Maduro se equivocó de plano. El Informe Bachelet es honesto, objetivo y profesional. Denuncia que en Venezuela han ocurrido en los últimos años cerca de siete mil ejecuciones extrajudiciales; miles de secuestros y detenciones arbitrarias; que hay más de 800 presos políticos y muchos más perseguidos; que grupos de civiles armados imponen el terror a la población; y que de manera sistemática, como política de Estado, ocurren horrorosas violaciones a los derechos humanos. Salvando las diferencias, el Informe Bachelet sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela equivale al del GIEI sobre las atrocidades de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua.	Pero, aparte de eso ¿qué va a hacer ahora la comunidad democrática internacional con respecto a Venezuela? ¿Seguirá tolerando los crímenes que denuncia el Informe Bachelet y condenándolos solo de manera verbal? ¿O se decidirá por fin a tomar medidas efectivas de acuerdo con el derecho de los pueblos a ser protegidos y la obligación internacional de proteger a las víctimas de las dictaduras atroces como las de Venezuela y Nicaragua?	El líder democrático venezolano, exalcalde de Caracas y ahora exiliado en España, Antonio Ledezma, al conocer el Informe Bachelet reclamó que se active el principio de intervención humanitaria en su país. “No queremos de la comunidad internacional pésames a distancia, nada vamos a hacer con que nos manden una resolución desde cualquier país de Europa lamentando lo que está ocurriendo, queremos acciones concretas ya”, declaró Ledezma.