La elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia supondrá un nuevo amarre político para que los caudillos del PLC y del FSLN elijan a sus leales. En la acera roja ya se han originado fricciones internas y protestas; desde gemidos hasta gritos a todo pulmón se han dado para evitar una nueva división de la oposición que dé al traste con la “sociedad electoral” establecida con Eduardo Montealegre.	De un tiempo a la fecha, se han escuchado voces que valoran la alianza con Eduardo Montealegre como estratégica, por lo que el PLC no se puede dar el lujo de perderla en medio de la contienda electoral. La elección de magistrados en junio y septiembre próximo, le sugiere al PLC una dura decisión frente a su “aliado electoral”.	Rodríguez abogó por una consulta amplia para que sea más legítima la elección de los magistrados. En ese sentido, el diputado Freddy Torres, también del PLC, dijo que cualquier propuesta de magistratura, venga de donde venga, tendrá espacios en el PLC. Eso supone la posibilidad que la sociedad civil logre llevar con éxito algún candidato.	La postura de Quiñónez revela un creciente descontento dentro del PLC en torno al pacto con el Frente Sandinista. Una mayoría de los diputados liberales se opone a un nuevo “amarre” con el sandinismo liderado por Daniel Ortega; no así con la parte “moderada”, representada en el Movimiento Renovador Sandinista, MRS.	Precisamente, el sentimiento antisandinista sigue siendo la bandera de este grupo, que si bien no tiene los mismos resultados que obtuvo en las elecciones nacionales de 1990, 1996 y 2001, todavía tiene peso, sobre todo con las acciones en contra de la libertad de expresión y el secretismo que impera en el gobierno.	Si bien hay un aparente crecimiento del sentimiento anti-pacto dentro del PLC, muchos de los “gritos rebeldes” --por temor a un desliz que los saque del círculo político-- se han convertido en gemidos y en escurridizas posiciones, muchas veces con acciones escamoteadas en el Parlamento al momento de hacer quórum o votar en una u otra dirección.	Freddy Torres respalda una teoría similar. Recordó que la Constitución establece el voto calificado (56 diputados) para elegir un magistrado, por lo que los nombramientos deben hacerse a través del consenso, o de un acuerdo entre las dos fuerzas políticas que sumen los votos requeridos, y cada uno de ellos repartirse una porción igualitaria de miembros en la Corte Suprema	El liderazgo de Alemán se ha puesto a prueba en reiteradas ocasiones, y si bien es cierto que se ha deteriorado, no se ha derrumbado. La bancada liberal llegó a tener 53 diputados, pero con la embestida recibida por las diferencias con el ex presidente Enrique Bolaños, quedó en 42, y como resultado se creó la bancada Azul y Blanco.	Las “fricciones rojas” no son nada nuevo. El 30 de julio de 2007, el jefe de bancada del PLC, Maximino Rodríguez, fue suplantado de su cargo por una “jefatura colegiada”, conformada por disposición del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, e integrada por diputados incondicionales de Alemán, entre ellos, Ana Julia Balladares, Ramón González, Leopoldo Navarro y Freddy Torres.	En una reunión bilateral oficial realizada el tres de agosto de 2007, Alemán y Rodríguez “limaron asperezas” y dejaron plasmada su reconciliación en una fotografía “presionada”. Sin embargo, el 21 de ese mismo mes, Rodríguez denunció supuestas amenazas de muerte en su contra, y acusó al mismo Arnoldo Alemán de estar detrás de dichas amenazas.	En ese entonces, las discrepancias entre ambos dirigentes tenían diferentes causas, pero la más importante era la cancelación de la diputación de Alejandro Bolaños Davis, quien finalmente fue destituido del cargo por una disposición de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, incluyendo a los liberales René Herrera, José Marenco y Luis Benavides.