, en nombre de la familia Ramírez, solicitaba que el muro fronterizo, que el presidente Trump ha pedido levantar a lo largo de la frontera Sur, no se construyera sobre la propiedad de la familia Ramírez, ya que este dañaría las tumbas de sus parientes y una iglesia que data de hace más de 100 años.	Elsa Hull, una terrateniente en la frontera; Joe Hein, un ranchero en Zapata; el Centro de Estudios Internacionales de Río Grande, una organización sin fines de lucro con sede en Laredo, Texas, que trabaja para proteger la cuenca del río Bravo; y Greenlatinos junto al Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano.	«Vivo a tres minutos del Río Grande y donde vivo tengo mi familia, mis tres hijas y mi señora, cree usted que dejaría yo a mi familia si hubiera algún problema o peligro para ellas, eso es falso, quizá en otros lugares, pero acá en el sur de Texas no es así», aseguró Ramiro a la	La demanda argumenta que el presidente no tiene el poder de hacer eso bajo la Constitución. «El poder de asignar fondos para construir un muro pertenece al Congreso, no al presidente. El Congreso ya ha rechazado sus planes. La acción del presidente para construir el muro utilizando dinero apropiado para otras cosas, cuando el Congreso ha dicho explícitamente ‘no’, es ilegal», reza parte del comunicado de la organización.	La demanda alega que el muro tendría «impactos reales y graves para las comunidades que viven a lo largo de la frontera», incluida la posible exhumación y profanación de los restos de los seres queridos de las familias fronterizas en el cementerio Eli Jackson de 154 años y el Jackson Ranch Church de 145 años.	Asimismo, el demandante reflexionó «Cuando ellos miren a su Dios cuando nos morimos cómo le van a explicar a su Dios que destruyeron gente, cómo le van a explicar a Dios que le cerramos la puerta a personas que necesitan ayuda, con qué cara le van a contestar a Dios, pobrecito el presidente», dijo al finalizar la conversación.