Vilma Núñez de Escorcia, quien fungió como presidenta del clausurado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) también se sumó al llamado que hizo el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, sobre conocer el paradero de 102 personas que en el contexto de la crisis sociopolítica fueron reportadas por sus familiares en poder de las autoridades y a la fecha se desconoce su ubicación.	“Nosotros no pudimos confirmar esa información, no se sabe nada de ellos, ni aparecen sus familiares. Te lo explico así: son personas registradas a partir de una denuncia, pero no avisan si están presos o están libres. Hay similitud en los datos del comité y los nuestros, es una fuente creíble”, manifestó Núñez, quien asegura que siempre están conciliando datos con las fuentes primarias, que son los mismos familiares.	Daniel Esquivel, miembro del Comité Pro Liberación de Presos, dijo este lunes que siguen sin saber el destino de esas 102 personas. A criterio de Esquivel, esto podría deberse a que los denunciantes laboran en instituciones del Estado y por temor al asedio y perder empleos han optado por “invisibilizar sus casos”.	Dijo que el comité al publicar este domingo el informe que deja al descubierto esta situación, busca conocer la verdad y esa verdad es saber qué pasó con ellos. “Las autoridades ya saben de esta cifra (102), pero ellos se cierran con que no saben nada, que esas personas nunca estuvieron presas. Si las personas no se acercan a nosotros, es difícil saber qué paso con ellos”.	Consultado ayer sobre el desconocimiento del paradero de más de 100 manifestantes denunciada el domingo por el Comité Pro Liberación de Presos y Presas Políticos, el integrante de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Álvaro Vargas, manifestó que esta organización no tiene denuncias de manifestantes desaparecidos como tal, sin embargo, sí tienen registrado un número de personas a las cuales el Gobierno no los considera como parte de los manifestantes detenidos.	“Tenemos como 95 (personas) que están metidos ahí y el Gobierno no los considera como vinculados al contexto de las protestas, ni de la crisis que hemos pasado o que el Gobierno afirma que nunca han estado detenidos, lo cual nosotros sí hemos verificado que están en cárceles todavía”, dijo Vargas.	La cuarta ruta precisa que las personas con juicio en procesos, incluidos quienes están en el exilio, la Fiscalía desestime el caso por falta de pruebas o ausencia de delito. Como quinta alternativa se establece que en el caso de los acusados con juicio oral y público, el tribunal de apelaciones pida una sentencia revocatoria.	Esquivel, quien es pareja de la comerciante Irlanda Jerez, aseguró que los familiares de esas 102 personas se les acercaron para informar que sus parientes estaban presos, pero transcurre el tiempo y no conocen si fueron excarcelados o continúan en las cárceles. Tampoco los han buscado para solicitar que los incluyan en la lista de manifestantes opositores que continúan detenidos.	El informe también se detalla que el 30 de marzo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) presentó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) una lista que contenía 777 casos de manifestantes encarcelados, pero al ser esta “retroalimentada por las familias y excarcelados en todo el territorio nacional”, esa cantidad se ajustó a 757.	Este lunes, el canciller Denis Moncada dijo que el Gobierno ha excarcelado a 336 opositores y que faltan por excarcelar a 142 personas. En marzo de este año, el Gobierno firmó con la Alianza Cívica un acuerdo para liberar a los manifestantes en un plazo de 90 días; es decir, a más tardar el próximo 18 de junio.