La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó su asamblea semestral en Cartagena y, como es norma, revisó la situación del continente en materia de libertad de prensa. Pocos cambios: la primera libertad —la de expresión— genera las iras y es motivo de los más siniestros esfuerzos en su contra de quienes pretenden ser tutores y hasta amos y señores del resto de sus semejantes y conciudadanos, a los que quieren rebajarlos a la condición de súbditos, sin derecho a informarse y a expresar sus ideas y opiniones sin ningún tipo de traba.	Las novedades, en general, son malas: la lucha por la libertad de expresión es continua: los dueños de la verdad no desaparecen; todo lo contrario, pululan, crecen y se multiplican. Una buena noticia es que son menos los dueños de la verdad de la línea bolivariana de izquierda progresista y populista. Pero eso sí, los que permanecen —Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia— han hecho desaparecer la libertad de prensa y al periodismo libre; el derecho a la información se circunscribe al limitado acceso de los habitantes a aquella información que autoriza el dictador, el mandamás de turno. Pero no solo por ese lado se está sangrando. También aparecen otros dueños de otras verdades los que en su condición de tales pretenden o pretenderán imponerla, por lo que hay que estar atentos. Y no hay temas menores. Hasta los propios periodistas, o algunos periodistas aliados con políticos o políticos que juegan a ser periodistas o viceversa, compiten por esta tarea de controlar lo que sus pares —que a no olvidarse se trata de pares— pueden o no saber o pueden o no decir. En las “Conclusiones” de la SIP, entre muchas amenazas, se señala que “la profesionalización obligatoria de los periodistas no termina de desaparecer en la legislación. En Colombia avanza una ley para reinstaurar el carnet profesional y en Ecuador se mantuvo la norma en la reforma ya aprobada de la Ley de Comunicación”.	Se trata en definitiva de si se respeta o no el numeral 1 del artículo 13 de Pacto de San José de Costa Rica —Convención Interamericana de los Derechos del Hombre—, que establece que toda “persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.	Uno pensaba que se trataba de una cosa juzgada, como en efecto ya lo fue por la propia Corte Interamericana, pero persiste la “aspiración” de algunos periodistas y expertos y académicos de que el derecho a la información y la libertad de expresión pasen a ser manejados y controlados por los que saben y están “recibidos” . Una especie de privilegio —¡el gran privilegio¡— y patente de corso a la vez. Para decir lo que se piensa, informarse y expresar lo que cada uno quiere, como para votar en las elecciones, no se necesita tener título alguno. Se nace con ellos.	Las nuevas épocas y el Internet han malogrado esos sueños elitistas y, les guste o no, las posibilidades de los ciudadanos de ejercer los mentados derechos se han ampliado muchísimo. Por suerte. Eso no quita que no hayan aparecido simultánea o paralelamente otras pestes. Los desbordes, abusos de poder, atropellos por parte de los funcionarios públicos, en particular algunos presidentes que atacan e insultan a la prensa y a los periodistas a través de las redes, crecen y fueron denunciados. Esos señores desde Twitter hacen todo lo que nunca los periodistas ni los medios han hecho. A su vez, las propias “plataformas” vienen con lo suyo, lo que genera la tentación de censurar y reglamentar.	En la reunión quedó en evidencia, asimismo, “la crisis económica que afecta a las empresas periodísticas” y se recalcó “que la salud económica de un medio es esencial para preservar la independencia y para hacer buen periodismo”. Y en esto se quedó corta la SIP: la prensa, los medios tradicionales, son esenciales para la vigencia de la democracia. Siguen marcando el temario, cuentan con la mayor credibilidad para ello. Los dictadores han tratado siempre de ahogar económicamente a los diarios y otros enemigos lo hacen disimuladamente quitando exenciones, con una manejo discriminatorio de publicidad oficial y otras formas más sutiles. Y por algo es. Lo que se trata ahora es de apoyar a la prensa. Es un bien que la sociedad libre no puede perder. En definitivo se trata, en todo caso, de subsidiar la democracia .