“La Ley de Amnistía (Ley de Autoamnistía) tiene que ponerse en práctica en los expedientes, para que los jóvenes autoconvocados puedan tener seguridad. No tengo ningún expediente cerrado con esa ley ni un bien regresado”, dijo la abogada Yonarqui Martínez.Según Martínez, ella acompaña a firmar a sus representados a los juzgados y hace peticiones a los judiciales, pero a la fecha ninguno ha proveído.	Otro caso emblemático es el de la presa política diriambina Kicha Cristelia López, una mujer transgénero de 29 años a quien durante la captura y el allanamiento, el 9 de julio de 2018, un día después del ataque a balazos a esa ciudad de parte de fuerzas paramilitares, la PO llegó a su casa, destrozó todo lo que había y se le llevó 52,652 córdobas y 36,756 dólares, que era todo su capital de trabajo.	“Yo pedí que contaran todo mi dinero en mi presencia e hicieran acta, para que así mismo me regresen toda mi plata que he reunido desde muy joven con mucho trabajo. La gente a quien hago préstamos, que eran policías, saben el origen de mi plata y quiero que me la regresen completa”, dijo Kicha.