Antes de que los hermanos Urbina Rivas perdieran su propiedad a manos de poderosas sociedades ligadas al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el caso pasó por manos y escritorios de diversos personajes que, como mediadores o negociadores, pedían dinero a cambio de perder o enredar los juicios contra la familia de campesinos.	“Hicimos una mensura judicial (remedición de la propiedad) para buscar un financiamiento y echar a producir de mejor forma la tierra, y dimos a hacer una mensura a Peña, él llegó a ponerse a la orden de la familia, y de inmediato identificó a la gente que nos estaba peleando la tierra, yo creo que él ya sabía que andaban detrás de nuestra tierra, pero ya nosotros teníamos la mensura judicial”, dice Esquivel Urbina.	“Ideay, de repente Rubén Areas anuló lo actuado por él mismo y dio a los socios de Fernández Téfel la mensura a su favor. Y lo que más nos duele, es que nosotros le pagamos a Carlos Mario Peña, 70 mil pesos porque él nos dijo que eso le estaba cobrando Rubén Areas para inscribir la mensura, y hasta vendimos una yunta de bueyes con todo y carreta, una vaca lechera llamada La Coneja, un caballo cholenco y hasta una carga de leña”, denuncia iracundo el nieto de don Cleto Urbina.	“Carlos Mario Peña inició una serie de jugadas y acciones legales para pararnos la obra de construcción y meter a la familia Urbina Rivas en el terreno. Los juicios administrativos se cerraron, se le mostró a la Procuraduría que todo estaba bien, y el Juzgado Sexto Civil estaba pendiente de fallar porque los argumentos de él (Peña) eran débiles”, dice Duarte	“Las cosas estaban así, y un día vino don Carlos Mario Peña y me dijo: entregame (gesticula con la mano como si contase billetes) y nos vamos. Eso fue lo que pasó, le dijimos que no negociábamos bajo esas circunstancias, que la propiedad costaba millón y pico de dólares y que se le compró a una cooperativa”, dijo Duarte, en presencia de Reynaldo Fernández Téfel, durante una entrevista el lunes 5 de noviembre en las oficinas de	Los antecedentes de Carlos Mario Peña son diversos: ha sido destituido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de diversos cargos judiciales por malos manejos en la administración de justicia y otras irregularidades, incluyendo su presunta participación en la trama para sustraer más 600 mil dólares de una cuenta del Estado, dinero que fue requisado a un extranjero vinculado con el crimen organizado.	Pero si la presencia del citado abogado causa sospechas en la trama contra la familia de campesinos, el cruce de espadas entre un alto militar del IPSM y un representante de la familia querellante, deja al descubierto una oscura negociación sobre el bien, que incluso llegó a puertas y escritorios de controversiales operadores políticos del Frente Sandinista, en la propia sede de ese partido, mejor conocida como “la Secretaría”.	“Lo que dice el señor Bragg no me sorprende, lo que me sorprende es por qué un alto militar del Ejército recurre a instancias políticas para resolver asuntos legales. En cuatro ocasiones fui llamado a entrevistarme con él, a través de terceras personas, para tratar de llegar a un acuerdo en este conflicto de la propiedad de la familia Urbina Rivas, donde yo simplemente hago lo que ellos dicen”, dijo Rodríguez.	“En una ocasión fui convocado a la Secretaría del FSLN, en presencia del señor Francisco López, Secretario de Finanzas del Frente, y ocurrió lo mismo: expusimos la situación jurídica de la familia y delante de mí, López le dijo a Bragg que le explicaran al General (no identificó el apellido) que debían pagarle a esta familia o llegar a un arreglo, porque esa situación podía afectarle la imagen al Ejército si se daban cuenta los medios”, relató Rodríguez.	“En el ‘Repliegue’ de este año, nosotros protestamos, y le pedimos al presidente Daniel Ortega que nos atendiera en Monimbó. Ahí el comandante dijo: ‘Hay que darle atención a nuestros hermanos campesinos’, y nos mandó al delegado departamental del FSLN en Masaya, Jorge Martínez, para que nos resolviera”, cuenta Reinaldo Esquivel Urbina.	“Ahí nos recibió el señor Vicente Chávez y otro señor que no conozco. Nosotros le explicamos todo el caso y le pedimos ayuda, pero él dijo que era difícil porque ahí estaba el Ejército metido. Así que nos preguntó qué podíamos ofrecerle nosotros al Frente a cambio de ayuda”, relata Esquivel Urbina, quien resultó lisiado de guerra en una operación militar del Ejército Popular Sandinista en 1988.	Chávez, contralor suplente y operador político del FSLN, fue mencionado este año en el escándalo de coima y extorsión millonaria a unos empresarios turísticos en el sector de Tola, Rivas. Tratamos de contactarlo en la Contraloría, pero sólo llega ocasionalmente o cuando tiene que sustituir a su propietario, y en la Secretaría del Frente Sandinista nos dijeron que no se encontraba.	“Nosotros le dijimos que no teníamos nada que ofrecer, ni siquiera los bueyes porque ya los habíamos vendido, y entonces el señor Chávez nos dijo así, con estas palabras: ‘Piensen en una oferta y me la mandan para ver qué hacemos’”, cuenta el ex soldado que ahora lucha por recuperar la herencia que sus abuelos les dejaron desde 1947.