El Gobierno de Nicaragua rechazó todos los señalamientos expuestos en el informe presentado este martes en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual revela que 17 meses después de que estallara la crisis, la represión y las violaciones a los derechos humanos y la libertad de prensa y de expresión continúan en el país.	En la metodología citada para la recopilación de la información, Oacnudh no adjunta la evidencia de como actuó con la debida diligencia, la identificación de fuentes y recopilación de información se realizó a partir de criterios parcializados y arbitrarios, que no corresponde a un informe metodológicamente serio, haciendo que su contenido, conclusiones y recomendaciones carezcan de veracidad y credibilidad.	El Estado de Nicaragua observa que el enfoque de Oacnudh minimiza las acciones criminales tendientes a romper el orden constitucional calificándolas de protestas pacíficas. En el contexto descrito y en todo el informe se omiten de manera deliberada los actos de terrorismo, asesinatos, torturas, secuestros, violaciones, robos con intimidación, incendios, extorsión y otros delitos de crimen organizado, con la utilización de armas de todo tipo, incluyendo armas de guerra, perpetrados por supuestos protestantes pacíficos desde los más de 1,300 tranques de la muerte que paralizaron el país e impidieron el libre tránsito internacional de personas y vehículos, ensañándose en los sectores más vulnerables, mujeres, niños, niñas y enfermos, todo de lo cual el Estado de Nicaragua sí ha presentado evidencias.	Lo que Oacnudh denomina a estos tranques como simples bloqueos de carreteras y barricadas o simples abusos resultaron en asesinatos, homicidios, destrucción de la propiedad pública y privada, saqueos, incendios, robos en sus distintas modalidades, secuestros de personas y vehículos de transporte colectivo con pasajeros, entre otros, lo que además de constituir grave delito, generó terror y zozobra en la población.	La Policía Nacional tiene por misión constitucional y legal proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas y sus bienes. La presencia policial en los lugares públicos obedece al cumplimiento de su misión a favor de todos los nicaragüenses sin ningún tipo de exclusiones lo que ha permitido que Nicaragua presente los mejores índices de seguridad ciudadana en la región.	En Nicaragua existe plena libertad de expresión y asociación, los periodistas ejercen su labor sin censura previa, ni restricción, ningún periodista ha sido detenido, perseguido o expulsado por ejercer el derecho de informar. Reiteramos que no se ha acusado ni perseguido a ninguna persona por participar o apoyar en protestas pacíficas, ni por ejercer una labor en defensa de los derechos humanos, todas las personas causadas cometieron delitos graves calificados en el Código Penal nicaragüense.	No existe ningún patrón de detención arbitrario, la Policía Nacional cumplió con los requisitos y procedimientos establecidos en la Constitución Política y leyes de la república. En Nicaragua no existen desapariciones forzadas, toda persona detenida es conducida a la delegación policial de la circunscripción territorial que corresponde y se informa a sus familiares del lugar de detención.	En Nicaragua no existe tortura ni tratos crueles, inhumanos y degradantes en los centros de reclusión, esto ha sido constatado por las visitas a dicho centro por la nunciatura apostólica en Nicaragua, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja.	El poder ejecutivo aprobó el programa de retorno voluntario de los nicaragüenses en el exterior que salieron en el contexto de los hechos violentos ocurridos a partir de abril de 2018, a pesar de los efectos causados por intento fallido de golpe de estado el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha mantenido la estabilidad macroeconómica y los niveles de inversión pública, asegurando los programas sociales principalmente en educación y salud gratuita de calidad a la población.	Rechazamos con firmeza el enfoque especulativo del informe sobre el estado de la economía nacional ya que no se corresponde con la realidad de recuperación económica del país y el enorme esfuerzo y sacrificio de la población nicaragüense para reconstruir las sendas de paz y bienestar que tenía previo al intento de golpe de estado.	El informe aborda de una manera ligera y superficial el tema de la restitución de derechos y bienestar de la población indígena y afrodescendiente. Nicaragua cuenta una de las más avanzadas legislación y prácticas en términos de derechos indígenas y afrodescendientes que ha garantizado la demarcación y titulación efectiva de más de 37,842 km2, no 120,000 como dice el informe erróneamente, equivalentes al 31% del territorio nacional, entre otros importantes avances económicos, sociales y políticos.	La metodología de fundamentar apreciaciones en base a criterios de segunda y tercera mano sin la debida comprobación, privilegiando información vertida por medios de comunicación, medios sociales y organismos no gubernamentales de oposición, entre ellos una ONG cuyos propios directivos denunciaron a su director por inflar las cifras de muertos, heridos y detenidos para aumentar los recursos financieros que recibían del exterior, fondos que a su vez fueron malversados, hace que el informe refleje significativos errores en el manejo de cifras, alineándose claramente con las intenciones políticas de algunos países interesados en desestabilizar y descarrilar el positivo desarrollo de Nicaragua.	Nicaragua ha sido reconocida internacionalmente como el país más seguro de la región, el que más rápidamente ha reducido la pobreza y la desigualdad, de mayor acceso a salud y educación de calidad, entre los de mayor crecimiento en promedio multianual y uno de los cinco países con mayor paridad de género del mundo.