“No tengo ambages en confesar que la justicia está controlada por una mayoría FSLN, y no es una buena señal, al contrario, deberíamos buscar cómo nivelarla para que tenga credibilidad. Un Poder Judicial que está dominado por un sector político, no es un Poder Judicial, es un poder político, y eso no es bueno para una sociedad moderna”, dijo Martínez.	Éste, de tendencia liberal, reaccionó con estas declaraciones al pedirle su opinión en torno a las afirmaciones del Presidente de la República, Daniel Ortega, de gobernar por decretos, y a la correlación de fuerzas en los Tribunales de Apelaciones, donde se ha desatado una guerra de recursos de amparo por los Consejos del Poder Ciudadano, y donde el FSLN está en mayoría.	Solís admitió que todo lo relacionado con los recursos por los CPC es un asunto político con alto contenido jurídico, que se deberá resolver en la Sala Constitucional, donde decidirán si tocan el fondo del tema, que es en torno a las facultades del Ejecutivo para emitir decretos que el Legislativo considera invade sus facultades.	“Cuando tenemos un sistema judicial maniobrable por abogados hábiles suceden esas cosas, aunque no se debería permitir. Eso no debería ser así, no me da gusto verle la cara a los magistrados, un Tribunal de Apelaciones ha llegado al grado de mandar a suspender nombramientos hechos por la CSJ. Casi estamos en la ley del Oeste, donde no queda más que decir: está mal hecho, está mal hecho y no lo puedo componer porque estoy en minoría y la democracia es eso, mayoría”, dijo Martínez.