Los cuatro principales actores políticos del país, representados en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, rubricaron ayer una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, que pone fin a la crisis institucional que estalló a fines de año, alrededor del pretendido control previo al proceso de formación de la ley por parte del Poder Judicial.	La crisis estalló a mediados de diciembre, luego de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por magistrados sandinistas, ratificó una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, que aceptó un recurso contra la ley que anulaba la vida legal de los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, a pesar de que la misma ley ni siquiera había sido publicada en La Gaceta, Diario oficial, y no había entrado en vigencia, porque no la mandó a promulgar el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez.	Después de un serio impasse institucional, que implicó la no aprobación del Presupuesto General de la República y la suspensión de las labores legislativas, representantes del PLC, ALN, FSLN y el MRS, suscribieron ayer una iniciativa de Ley de Reforma a la Ley de Amparo, Ley No. 49, del 20 de diciembre de 1988, la cual será introducida a la Primera Secretaría del Legislativo para ser tramitada con carácter de urgencia.	La iniciativa fue consensuada con magistrados liberales y sandinistas del Poder Judicial, y se trata de una ley con rango constitucional, que según su artículo uno, se propone regular los recursos por inconstitucionalidad, de amparo y de exhibición personal, y la solución de conflictos de competencia y constitucionalidad entre poderes del Estado.	El texto de la ley fue rubricado ayer por José Pallais, del Partido Liberal Constitucionalista, PLC; Enrique Sáenz, del Movimiento Renovador Sandinista, MRS; Edwin Castro, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN; y Adolfo Martínez, de la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN. La iniciativa quedó lista para que al menor tiempo posible los diputados de las cuatro bancadas la firmen.	El proyecto crea una serie de llaves y candados para que los poderes del Estado puedan dirimir sus conflictos, siempre y cuando sostengan posiciones unánimes o de consenso mayoritario, como cuerpos colegiados. Así desean evitar que un titular de un Poder del Estado recurra por su cuenta, y en caso contrario, que no sabotee un recurso ante la Suprema, si es consensuado por el resto de sus miembros.	Otro de los aspectos consensuados entre los partidos, y que hasta hace poco detenía la aprobación del proyecto de ley, es respecto al número de votos necesarios para resolver el recurso de amparo, que finalmente quedó en nueve votos, como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, y no en 12.