María Félix Urbina, madre de la víctima, con la voz quebrada y los ojos enrojecidos, narró que son originarios de la comarca Mónico, donde el 25 de mayo su hijo se dirigía a su casa cuando fue interceptado por soldados del Ejército, pero éste se corrió, con lo que prácticamente se inició una cacería que terminó con la muerte de su hijo.	La madre narró que lo peor del caso fue que el cuerpo de Nelson fue subido a una bestia y amarrado como si se tratara de un venado muerto, además, aseguran que a varios jóvenes que venían de un partido de fútbol los detuvieron en el camino, los registraron, y a algunos los obligaron a fumar un cigarrillo cuyo filtro tenía sangre de la víctima.	Irela Alemán, abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, comentó que a través de la delegación de San Carlos comprobaron la forma en que fue perseguido el muchacho y su posterior muerte por parte de miembros del cuerpo castrense que, según varios testigos, iban en estado de ebriedad, uniformados, armados, usando vehículos para la búsqueda y ejerciendo una autoridad que no les compete.	Para el síndico y para Francisco Bravo Orozco, vicepresidente comunal de La Danta, éste no es un caso aislado donde el Ejército abusa de su autoridad y atropella los derechos ciudadanos de los habitantes de las comunidades cercanas, por lo que cinco comunidades --Mónico, Kilómetro 20, Filas Verdes, Las Maravillas y La Danta-- exigen que la base militar sea removida.	Luego de entrevistarse con el relacionista público del Ejército, la señora Urbina lamentó que el cuerpo castrense, uno de cuyos miembros le quitó la vida a su hijo, ni siquiera le pague los gastos en que incurrió para los funerales, y más bien la manden a ver qué puede hacer el jefe de La Maravilla.	“Los autores están a la orden de las autoridades correspondientes en San Carlos. Hoy --ayer-- se produjo una audiencia y el juez dictó prisión preventiva contra dos de ellos, y esperemos que las investigaciones sigan su curso correspondiente. Si resultan culpables será la justicia la que determinará lo que sucederá con ellos”, expresó el oficial.	“La muerte de tres civiles ocurrió el 21 de mayo y la muerte de este otro muchacho fue el 25 de ese mismo mes. En ambos casos vemos el patrón de que el Ejército está realizando funciones policiales, por eso solicitamos al general Zepeda que la institución valore con más detenimiento el ejercicio de estas funciones, porque se exponen a la violación de derechos humanos cuando lo militares no están conscientes de lo que implican las leyes y sus procedimientos”, consideró Izabá.