El señor José Mariano Leiva, de 51 años, solicita apoyo económico a los lectores de EL NUEVO DIARIO para realizarse una cirugía en su ojo izquierdo, y así evitar perder la vista. Es una operación que tiene un costo de 320 dólares, según dijo, la que sería practicada en Optilaser S.A.	Los ejecutivos del Fondo de Inversión Social de Emergencia, FISE, y de la Alcaldía de Quilalí entregaron el proyecto de miniacueducto por gravedad en el caserío San Bartola, el que fue ejecutado como parte de un plan de inversión municipal en el departamento de Nueva Segovia. El monto total fue de cinco millones 887 mil 786 córdobas con 83 centavos.	Con estos recursos se realizó la obra de captación en concreto sobre la fuente de agua conocida como la Góngola. También el suministro e instalación de 8 mil 290 metros lineales de red de distribución de agua, instalación de estructura prefiltro de grava de cinco capas, que incluye un aireador de bandeja para reducir el hierro presente en el agua y el sistema de cloración.	Los beneficiarios son unos mil 300 pobladores. Como parte integral del proyecto y con el fin de darle sostenibilidad a la inversión, se capacitó al Comité de Agua y a la población. En esta zona se acostumbraba recolectar agua de lluvia para utilizarla en los quehaceres del hogar, una práctica que desaparecerá con este nuevo sistema llevado por el gobierno.	Esta reparación se realizó en el marco del Plan Puebla-Panamá e incluyó los tramos que dividen El Escudo del empalme Mayocunda y Las Garzas, unos 26 kilómetros en total. También la vía que separa el empalme de Villanueva de este municipio, y la carretera que conduce a la comunidad de Las Pilas, unos 11 kilómetros en total.	“La intervención de mantenimiento consistió, básicamente, en la reposición de material selecto para la superficie de rodamiento, mejoramiento del sistema de drenaje longitudinal y transversal, limpieza del derecho de vía y construcción de muros de contención”, reza una nota del Fomav. Estas labores fueron desarrolladas entre diciembre y mayo pasado, y estuvo a cargo de las empresas constructoras NAP Ingenieros S.A. y Nicaragua Ingenieros S.A. La supervisión la realizó la empresa consultora Ingenieros Consultores Centroamericanos (ICC).