El gobierno propondrá al Fondo Monetario Internacional, FMI, que se tome en cuenta el nuevo Código Penal para castigar el delito de robo de energía eléctrica, para lograr que el directorio del organismo internacional revise el programa económico de Nicaragua, ante el retraso de la aprobación de la ley contra el fraude eléctrico.	Rosales señaló que aparte de la ley contra el fraude eléctrico, el gobierno de Nicaragua ha cumplido prácticamente todos los “criterios de desempeño” comprometidos en el programa económico firmado con el FMI, por lo cual, considera que no habrá problemas en pasar la primera revisión que haga el directorio del organismo.	El presidente del BCN indicó que el delito contra el robo de energía eléctrica ya está tipificado en el nuevo Código Penal, y el mismo ya fue publicado y sólo se espera que cumpla los dos meses posteriores a su publicación para su entrada en vigencia. De acuerdo al gobierno y el sector privado, el robo de energía genera pérdidas por unos 30 millones de dólares al año, lo que significa el 26 por ciento de la electricidad generada en el país.	En su comparecencia ante el Grupo de Apoyo Presupuestario, Rosales destacó el crecimiento en las reservas internacionales superior a lo proyectado, un incremento de 100 millones de dólares en las exportaciones en el primer trimestre del año, en comparación con el mismo período del año pasado; por lo que consideró que la mayoría de las metas del Programa Económico y Financiero se cumplirán.