A escasos ocho meses de las elecciones, el Consejo Supremo Electoral aún no diseña y aprueba el reglamento que regirá a los observadores nacionales e internacionales, aunque el presidente de este Poder, Roberto Rivas, adelantó que en la presente justa, serán más severos con las normas a imponer, entre ellas, solicitar a los organismos nacionales las listas de las personas que ejercerán la función de observadores.	La lista deberá contener el nombre completo con el número de cédula de las personas que se capacitarán, con el fin de evitar que, después de las capacitaciones, aparezcan como fiscales de mesa de las Juntas Receptoras de Votos, JRV, en representación de alguno de los partidos políticos participantes en la contienda.	En 2006, el Reglamento de Observación Electoral, en su artículo 10, establecía que “en el caso de los observadores nacionales, sólo podrá designarse a ciudadanos nicaragüenses en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y que no sean miembros directivos departamentales o municipales de ningún partido político o alianza de partidos políticos, ni candidatos en el proceso electoral”.	Este año, según Rivas, si se comprueba que una persona capacitada por cualquier organismo cívico para ejercer la observación electoral aparece como fiscal de algún partido político o como miembro de la JRV, será acusado por las mismas autoridades del CSE ante la Fiscalía Electoral. Esto podría incluirse en el reglamento que aprobarán los magistrados.	El artículo 12 de la normativa anterior indica que “podrán acreditarse como observadores nacionales todos los nicaragüenses que estén el pleno goce de sus derechos políticos, que estén inscritos en el padrón electoral, que no sean militares, que no se encuentren postulados a ningún cargo de elección, que no hayan sido seleccionados como miembros de las JRV, como fiscal de alguna organización política ni funcionarios de organismos electorales”.	En el artículo 20 del reglamento de 2006, se establecía que “una vez que los organismos de Observación Electoral Nacional cumplan con todos los requisitos y sean aprobados por el Consejo Supremo Electoral, deberán presentar a la Oficina de atención a Observadores, a más tardar 45 días antes de la elección, el listado completo y número de cédula de identidad de los observadores de su organismo, conforme a formato que se establezca tanto en forma digital como impresa”.	Para el director ejecutivo del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), Mauricio Zúñiga, al margen de que el plazo en las últimas cuatro elecciones se adelantó dos meses para presentar alianzas y candidaturas, las fuerzas participantes han cumplido con esas fechas al acreditarse ante el CSE, y aún falta la inscripción de candidatos para el 14 de marzo.	La expectativa de este organismo es que el reglamento de observación electoral sea publicado en abril, y que este hecho facilite su labor, “de colaboración, soporte al trabajo de garantizar el voto efectivo y transparente, además, que haya unas elecciones con reglas del juego equitativa. En ese sentido esperan, de parte del Tribunal Electoral, un trato que les estimule y apoye en esta ardua responsabilidad, sostiene Zúñiga.	Recuerda que hay lugares en la Costa Caribe, Chinandega, Estelí y Matagalpa, donde está previsto que se realizará un trabajo de esta naturaleza, por parte del CSE, por lo que es importante que se divulgue a las alianzas y partidos políticos para que tengan a manos los cambios, y después no aleguen ignorancia alrededor de dónde estaban ubicadas, o que se les cambió a los votantes las mesas electorales (ratón loco).	Zúñiga manifestó que otra cuestión coincidente con el 3 de agosto es lo del padrón electoral y los cambios de domicilio, documento que está previsto para entregarse en esa fecha a todos los que participan en esta contienda. Pero ese mismo día es la fecha tope para que los votantes reporten cambios de domicilio, detalle importante porque, de acuerdo con la auditoría técnica hecha por el Ipade y que fue autorizada por el CSE, se logró identificar que un 28 por ciento de ciudadanos cambia de dirección entre una elección y otra.	“Estamos hablando de casi un tercio de los electores, y si ese grupo de personas tiene hasta el 3 de agosto para notificar su cambio de domicilio ante los Centros Electorales Departamentales (CED), es urgente que el Tribunal Electoral tome medidas en relación con dar apertura a los Centros Electorales Municipales (CED). Si estas oficinas están cerradas y sólo las departamentales están atendiendo, en vez de 153 opciones que tendría el ciudadano para registrar su cambio de domicilio y estar debidamente incluido en el padrón electoral, sólo tendrán 17 para hacerlo”, enfatizó.	Hizo hincapié en que en territorios como Jinotega, Matagalpa, Boaco, Chontales, la RAAN, la RAAS, Río San Juan, y en el mismo Occidente del país, se vuelve un impedimento grave para que un tercio de los votantes que se movilizan entre elecciones, pueda notificar su cambio de residencia, y luego las alianzas y partidos políticos van a reaccionar tardíamente a lo que es una migración natural de la ciudadanía.	Al respecto, sugirió que se inicie ya o en abril una campaña por parte del CSE, así como de las alianzas y partidos políticos, con el fin de alertar a todos esos ciudadanos, a través de sus activistas, para que registren sus cambios domiciliarios para quedar debidamente inscritos en el padrón electoral.	El presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, piensa que el CSE debería abrir más opciones en el campo de la observación electoral, ya que a ese organismo, a pesar de llenar todos los requisitos que se establecen para poder desempeñar esa labor, no se le permitió hacerlo en las elecciones nacionales de 2006.	Pese a lo anterior, insiste en que seguirán desempeñando esa labor, y para ello han realizado varios encuentros municipales con el fin de dar a conocer a la población la importancia que representan estas elecciones, además, están programados encuentros con los candidatos y la elaboración de un perfil de cada uno de ellos, para que la población los conozca y tengan una visión más clara sobre quiénes van a votar.	“Otra situación es que el CSE debe tomar medidas para que estas elecciones se realicen con toda equidad y transparencia. Se deben abrir espacios a las organizaciones civiles con el fin de que puedan participar de lleno en la observación electoral. Creo que la negativa de dejarnos ejercer esa función en las elecciones nacionales de 2006, de parte del director de esa área en ese Poder del Estado, fue de carácter político”, afirmó.	A Carmona le preocupa la falta de cedulación en muchos municipios, y la atribuye a que la oficina encargada de ese menester en el CSE trabaja muy lento, “es más, pienso que actúa a paso de tortuga, cuando debería tener más eficiencia para entregarle su documento a todos aquellos ciudadanos que tienen tiempo de estarlo solicitando”.	El director ejecutivo del grupo Ética y Transparencia, Roberto Courtney, recordó que ya son varios años de experiencias en elecciones como para no tener pautas establecidas. Hizo ver que en los últimos 15 años de procesos electorales que han cumplido los requisitos de legalidad y legitimidad, ha habido controversias en un par de casos, relativamente pequeños en relación con la cantidad de personas que han sido electas.	Recordó que a lo largo de estos procesos ha habido señalamientos por parte de los observadores en cuanto a los resultados, sólo en Granada (municipales 2004) y en la última elección de diputados en la RAAN (nacionales 2006), es decir, en general, Nicaragua ha logrado --aunque no libre de fricciones-- tener elecciones libres, justas, legítimas y aprobadas por todos, lo que se puede llamar un logro en el avance democrático.	Ese modelo, prosiguió, es el que ha funcionado razonablemente bien. En otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, tiene que haber comicios con 50 leyes electorales, una por cada estado; las autoridades del Ejecutivo de ese estado son las que manejan la ley y terminan contando los votos, algo que seguramente en Nicaragua no funcionaría.	Courtney sostiene que la observación electoral ha tenido razón en muchas ocasiones, y como ejemplo citó las elecciones de 2004, en donde surgió el problema del “ratón loco”, que resultó en una controversia, producto de una violación del CSE a la Ley Electoral, en el sentido de que la gente podía votar en el lugar que indicaba su cédula, independientemente de que aparecieran en otro lugar, “eso produjo una enorme fricción, pero al final de cuentas, cumplir con las recomendaciones de los observadores de cumplir con la Ley Electoral resultó muy beneficioso para este tribunal, que no ha tenido incidentes de padrón electoral desde entonces”.