La sentencia la emitió el juez Octavo Local Penal de Managua, Celso Urbina, por considerar que el representante de las querellantes, Eduardo Mejía Bermúdez, demostró que Chamorro y Enríquez injuriaron a: Rosibel Lazo Pérez, María Nicolasa Pichardo, María Auxiliadora Silva, Ana Lisbeth Villalobos y Teresa del Socorro Muñoz, en la publicación del 19 de diciembre de 2007.	Urbina consideró que Chamorro y Enríquez injuriaron a las cinco miembros de los CPC del Distrito Cinco, al publicar el titular: “CPC con licencia para dar golpizas”, lo que les provocó un daño moral y las expuso al ridículo, ya que a raíz de las publicación comenzaron a ser objeto de burlas tildándolas de “pandilleras”, calificativo que es atribuido a los jóvenes que cometen delitos.	La defensora Helga Asher cuestionó la sentencia, porque el juez declaró culpables a los acusados por el delito de injurias y la querella fue por calumnia, un delito de orden privado donde se exponen los hechos de forma taxativa, y se hace la calificación del delito, por lo cual resulta inaudito que cambie a un delito totalmente distinto.	Según el Código Penal, comete injuria el que por cualquier medio ataque el honor, la reputación o la dignidad de una persona, o dé a conocer sus faltas o vicios puramente privados o domésticos, o que por carácter deshonroso o inmoral sean susceptibles de exponerlo a la animadversión, al odio, al ridículo o al menosprecio público.	Afirmó la defensa que nunca se demostró que sus representados hayan cometido injuria, porque para ello debe existir una imputación a una persona en particular, y tampoco hubo calumnia porque para ello debe haber una imputación falsa de un hecho personal concreto, que en la ley sea penado como delito y pueda perseguirse de oficio.	Durante el juicio, el representante de las querellantes trató de demostrar que con el titular y los antetítulos, Chamorro y Enríquez calumniaron a sus representadas, porque la publicación se refería a una actividad que organizaron ellas en el barrio “Ariel Darce” (La Fuente), en su condición de miembros de los CPC.	El acusador pido al juez Urbina que imponga a los acusados la pena máxima por el delito de injuria, y la defensa la pena mínima. El juez programó audiencia el martes 22 de abril a las cinco de la tarde para leer la sentencia condenatoria. El delito de injuria contempla como pena, multas.	Don Jaime Chamorro calificó la sentencia de ilegal, porque nunca han mencionado en sus publicaciones el nombre de quienes los querellaron. “El Poder Judicial está sentado en el banquillo de los acusados, nosotros estamos sentados, pero con dignidad, el Poder Judicial no tiene dignidad”, dijo. Anunció que apelarán la sentencia y recurrirán a todas las instancia pertinentes.	Durante el juicio se hizo presente un grupo de personas que se identificaron como miembros de los CPC, quienes pedían justicia. END se suma al clamor de quienes condenaron este juicio, a todas luces político y en contra de la libertad de expresión, y alerta sobre el rumbo totalitario cada vez más evidente del actual gobierno.