Mediante un comunicado, la Policía Nacional también acusó a los integrantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco de supuestamente haber estado “involucrada en las graves alteraciones al orden público ocurridas durante los últimos tres fines de semana pasados en el centro comercial Metrocentro, en la ciudad de Managua, en los que resultaron personas heridas y afectadas las actividades de comercio y recreación”.	La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) expresó este sábado en un comunicado que el “desproporcionado despliegue” de las fuerzas de la Policía Nacional en las calles de la capital, es una “acción intimidatoria” contra aquellos que pretendían sumarse a las jornadas de protesta anunciadas para este sábado por la Unidad Nacional Azul y Blanco.	AmCham señaló que el derecho a la protesta está claramente consignado en la Constitución Política de Nicaragua, las Leyes de la República y que forma parte de los acuerdos alcanzados para “fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”, firmado el 29 de marzo de este año en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.	EEUU explicó que en anteriores manifestaciones han estallado actos de violencia, por lo que advirtió a sus ciudadanos tener el máximo cuidado al circular en este país, en especial en el sector de la carretera a Masaya, tomando en cuenta que en protestas previas ha habido asedio y han aparecido civiles armados.	Incer dijo que hata el final de la tarde de este sábado no tenían reportes de personas detenidas y consideró que eso se debió a que no se hizo en lugares concurridos, sino en calles de diferentes barrios, quedando fuera del alcance de la policía, que patrulló constantemente diferentes puntos de Managua.	“En numerosas oportunidades la CIDH ha sostenido que la protesta social es una herramienta fundamental para la labor de defensa de los derechos humanos, y esencial para la expresión crítica política y social de las actividades de las autoridades.  La Comisión recuerda que, en democracia, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público”, agregó el organismo de derechos humanos.