Ante el rechazo del Gobierno de Nicaragua a gran parte de las numerosas recomendaciones referidas a la libertad de expresión durante Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y la red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX-ALC) emitieron un comunicado conjunto para mostrar su condena.	Del total de recomendaciones recibidas en el diálogo interactivo del EPU, realizado en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, 48 de ellas estaban orientadas a garantizar la protección y promoción de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información y velar por el respeto a la independencia y pluralismo de los medios de comunicación. De ellas, solamente fueron aceptadas 14, lo que equivale a un 29% del total, afirma el comunicado.	Nicaragua recibió 259 recomendaciones y más de un centenar de estas sugerencias estaban centradas en resolver la crisis sociopolítica que se vive desde abril del 2018, es instaban al Estado de Nicaragua a la realización de investigaciones imparciales sobre graves casos de violaciones a los derechos humanos, demandando la necesidad de que se garantice el pleno ejercicio de la libertad de expresión, de asociación y el derecho de reunión pacífica, manifiesta la nota.	Por tal razón, las organizaciones de medios y periodistas demandan al Gobierno nicaragüense a abstenerse de utilizar medios administrativos o instituciones como la Dirección General de Aduanas, para restringir la libertad de prensa, “como lo ha hecho por más de un año al retener el papel y otros insumos a los periódicos El Nuevo Diario y La Prensa”.	El comunicado de las organizaciones demanda al Gobierno de Nicaragua el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el cese del secretismo como política oficial de comunicación en la gestión estatal y que se restituya el derecho a la información pública, la reanudación del diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, así como el retorno de los órganos internacionales encargados de la vigilancia y protección de los derechos humanos.