Varias disposiciones que establece la Ley de Acceso a la Información han sido incumplidas hasta el momento por los poderes Ejecutivo y Legislativo, entre ellas la creación de la Comisión Nacional de Acceso a la Información, la habilitación de oficinas que faciliten información en cada instancia estatal, así como el derecho de la ciudadanía de saber detalles, como por ejemplo, los últimos gastos presidenciales, de los que hasta ahora no hay rendición de cuentas.	De acuerdo con Romero, sólo la Procuraduría General de la República (PGR) empieza a crear una oficina de información, que hasta hoy debería existir en cada uno de los ministerios, alcaldías y gobiernos autónomos del país, pero ni siquiera la Presidencia de la República ha creado su oficina de Acceso a la Información.	Además, el mandato de ley que en su artículo 14 ordena crear la Comisión Nacional de Acceso a la Información Pública, orden que no ha sido tomado en cuenta, pues se desconoce la existencia de dicha comisión, además de que la ley no reglamenta el mecanismo de selección de sus integrantes. “La ley necesita reformas por una serie de vacíos, pero a pesar de ello representa un aporte significativo”, expresó Hugo Romero.	Cualquier gasto que venga desde el Ejecutivo, sea la primera dama o el presidente quien lo haga, no debe ser discrecional, es la reflexión que Romero hace respecto a la negativa del jefe de Estado de informar sobre sus últimas cuentas presidenciales que, incluyen gastos en juguetes, concierto y viajes al exterior en avión privado.	Romero aclaró que el presidente no puede declarar esta información como de carácter privado, pues la población tiene el derecho de saber cómo se está invirtiendo el dinero “La Presidencia debe crear una oficina de información, debe dar acceso a los medios y a los ciudadanos para que sepan en qué se gasta el dinero de la Presidencia”, concluyó Hugo Romero.