Algunos de los compromisos de los Estados que ratificaron el Pidesc son: alimentación, vestido y vivienda adecuados; mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente; mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos; el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social; la conservación, desarrollo y difusión de la ciencia y la cultura; debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, etc. Recordemos que éstos son compromisos de todo el Estado, no de un gobierno.	Y, a propósito del hambre crónica y la nueva, los Estados, “reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios, de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales.” (Art. 11 inciso 2-a ).	El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, fue aprobado y abierto a ratificación el 16 de diciembre de 1966. Entró en vigencia el 3 de enero de 1976. La vigilancia de la aplicación del Pacto está a cargo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al ratificarlo, en cada Estado pasa a ser norma jurídica del Derecho Interno, como lo estipula el artículo 46 de la Constitución, en el caso de Nicaragua.	Sin embargo, además de ser un tanto desconocidos, en la actualidad los ciudadanos o grupos que consideran que estos derechos no les son reconocidos, no pueden presentar denuncias ante el organismo internacional debido a la falta de un procedimiento, pues para que los derechos contenidos en los pactos internacionales sean de real beneficio a las personas, se necesita de un mecanismo para denunciar al Estado que no cumple con lo que se comprometió en dicho Pacto. Es por ello que se establece un protocolo facultativo o de queja, que da las pautas para que el agraviado eleve directamente su comunicación ante el órgano internacional por la supuesta violación de sus derechos. Para que esto sea válido, el Estado deberá haber ratificado el Pacto y su respectivo protocolo facultativo, conocido también como procedimiento de comunicaciones.	Un protocolo facultativo también permite que un comité internacional escuche las quejas de un Estado contra otro Estado. Este mecanismo se conoce como “procedimiento inter-estatal”. También permite a un comité internacional llevar a cabo investigaciones ante supuestas violaciones graves o sistemáticas de los derechos económicos, sociales y culturales, de parte de un Estado.	Aún falta la aprobación del Protocolo Facultativo del Pidesc por parte del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de la ONU. Después debe ser ratificado por los Estados Partes. Es decir, todavía falta tiempo para su aplicación; pero es bueno ir profundizando en el conocimiento de estos derechos. Y hay que recordar que para recurrir de queja ante un organismo internacional, se tienen que haber agotado los procedimientos del Derecho interno, por lo que también el Protocolo incidirá en que se le preste mayor atención a los derechos económicos, sociales y culturales, desde las instituciones y tribunales nacionales.	Posiblemente se piense que esto es muy difícil, que de nada sirven tantas leyes y derechos, pues con costo recurrimos a la justicia local o a los órganos nacionales de justicia. Ciertamente es difícil debido a la desconfianza y a la falta de recursos económicos, pero se puede recurrir con apoyo de una organización.