Pero, en la reforma propuesta obliga a que “en la enajenación de bienes, prestación de servicios o uso o goce de bienes, el pago se hará mensualmente a la Administración Tributaria, a más tardar el quinto día calendario subsiguiente al período gravado, o en plazos menores conforme se establezca en el Reglamento de la presente ley”.	Por ejemplo, si el Parlamento aprueba esa reforma, el IVA de febrero se pagará el 5 de marzo, en vez de ser el 15 de este mes. “Ahí lo que tiene es un impacto en el flujo de efectivo de las empresas. Estas ya no podrían maniobrar con ese dinero en esos 10 días, sino que tendrían que desembolsarlo en cinco días o antes”, explicó Benjamín Hernández, experto en temas fiscales y miembro del Colegio de Contadores Públicos.	Róger Arteaga, exdirector general de ingresos (DGI), dijo que con esa medida el Gobierno le agrega iliquidez a las empresas porque “en vez de poder utilizar 10 días más ese dinero en la producción, se les está obligando a que lo paguen. Eso es quitarle liquidez a las empresas y eso lo que hace es profundizar la recesión económica del país”.