El reporte de Estados Unidos fue entregado al Comité de Asuntos Exteriores del Congreso y al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en cumplimiento a la sección 7 del Acta de Anticorrupción de Derechos Humanos en Nicaragua, aprobada en diciembre del año pasado, que otorgaba 180 días al Departamento de Estados para rendir el informe.	“El informe tenía que reportar básicamente cuál era la postura del Departamento de Estado con respecto al caso de Nicaragua, lo que hace confirmar la política, de manera que no hay ningún cambio. Reafirma las medidas que ya habían tomado antes con base en la orden ejecutiva y se cumple con rendir el informe tal y como lo solicitaba el Congreso”, explicó Arana.	“Nicaragua se ve como una amenaza de seguridad nacional de los Estados Unidos y lo que se quiere es una democratización del país, y si eso no va encaminado en esa dirección, claramente están sujetos a ampliar las sanciones, que pueden ir desde sanciones individuales hasta sanciones más generales”, indicó Arana.