El ex presidente de la República, Arnoldo Alemán, quedará a partir de hoy aislado en su casa-hacienda El Chile, que pasó a convertirse en su cárcel por orden de los magistrados de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), que ayer le confirmaron la sentencia condenatoria a 20 años de privación de libertad.	La sentencia fue firmada y dada a conocer por las magistradas sandinistas, Ileana Pérez y Ángela Dávila, en medio de la protesta del tercer integrante de la Sala, el magistrado liberal Rafael Avellán, quien afirmó que la sentencia es nula y viciada porque él aún no ha leído el expediente para estudiarlo y pronunciarse.	Las magistradas revocan el Régimen de Convivencia Familiar dictado por la juez Primero de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Roxana Zapata, el 25 de julio de 2005, pero, dado que Alemán es portador de enfermedades crónicas que lo clasifican como un reo valetudinario, ordenan que cumpla la condena circunscrito a la hacienda El Chile, su domicilio.	De acuerdo con la sentencia, las visitas a Alemán serán restringidas, y sus salidas de El Chile serán únicamente para atenderse problemas de salud, con lo que el aún líder del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) no podrá recibir a los diputados ni demás miembros del partido, porque se establece que todo será de acuerdo a las frecuencias y modalidades del Sistema Penitenciario Nacional.	En la sentencia se mantienen los 20 años de privación de libertad, pero se establecen condenas separadas para cada delito: cinco años de presidio por lavado de dinero y/o activos provenientes de actividades ilícitas; cinco años de prisión por fraude; cinco por peculado; cuatro por asociación e instigación para delinquir y un año por malversación y delito electoral.	Además de la confirmación de la condena, la juez Concepción Ugarte se presentó a la hacienda El Chile a notificarle a Alemán, a su esposa María Fernanda Flores, y a su suegro José Antonio Flores Lovo, el llamado a juicio de las autoridades de Panamá por el delito de blanqueo de capitales.	Aunque Panamá pidió a Nicaragua una respuesta a la solicitud de asistencia en un plazo de 30 días, que se venció el 24 de febrero de 2006, los magistrados de la CSJ nunca se pronunciaron, y la juez Tercera de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, procedió a notificar por edictos.