En el pronunciamiento oficial de la OEA referido al vencimiento del plazo de los  noventa días para que se liberaran a todos las personas detenidas en el contexto de las protestas ciudadanas desde abril del 2018, no califican directamente de que la dictadura de Ortega incumplió lo pactado, pero si hay una fuerte exigencia de que mientras hayan presos políticos, “no resultará posible recuperar el camino de la democracia, la paz y la justicia en el país”.	El 18 de junio pasado venció el plazo el acuerdo firmado con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el régimen de Ortega para que todos las personas detenidas por su participación en las protestas antigubernamentales sería liberadas lo que incluye la anulación de los procesos judiciales. Desde la firma del acuerdo, y en diferentes momentos, han sido excarcelados más de seiscientos manifestantes, pero aún los jueces orteguistas no cierran los procesos de estos casos y hasta han reprogramado los juicios de varios ciudadanos, por lo que aún estas personas siguen como rehenes del régimen.	Además, en las cárceles siguen 84 presos políticos a los que el régimen se niega a liberar atribuyendoles delitos comunes, cuando las madres, familias y la Alianza Cívica han demostrado que fueron secuestrados sin orden judicial por la Policía Orteguista y paramilitares, siempre por su vinculación en las manifestaciones ciudadanas que desde hace más de un año exigen la salida del poder de Ortega.	La OEA a través de su enviado especial, Luis Ángel Rosadilla es testigo y acompañante en la Mesa de Negociación entre la Alianza Cívica y el régimen de Ortega, y conforme ese rol es que hoy el secretario Almagro se ha pronunciado en torno al acuerdo de las liberaciones de los presos políticos. El representante del Vaticano, el nuncio Waldemar Sommertang es el segundo testigo y acompañante en esas conversaciones.	El régimen de Ortega aprobó su Ley de Autoamnistía que usó para excarcelar a una parte de los reos políticos, especialmente a los líderes de las protestas, pero también incumplió su propia ley porque no les cerró los procesos judiciales y les mantiene amenazados con ser encarcelados de nuevo si insisten en las manifestaciones.	Al mantenerse los secuestros, el asedio, hostigamientos de los opositores, la censura a los medios de comunicación independientes y limitadas los demás derechos fundamentales, el secretario Almagro en el comunicado de la entidad “expresa la urgente necesidad de restablecer plenamente las libertades en Nicaragua, incluyendo el derecho a la vida, la libertad, la libre expresión, el derecho de asociación y manifestación”.