Un total de 29 diputados de las diversas bancadas de la Asamblea Nacional a excepción de la sandinista, solicitaron al presidente de ese Poder del Estado, René Núñez, y a los contralores colegiados, que se inicien las indagaciones que revelen de dónde sale el dinero de los anuncios publicitarios que pautan en los medios oficialistas los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC).	La iniciativa que encabezó el diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN) Pedro Joaquín Chamorro, fue recibida en las oficinas de Núñez el pasado 1 de julio, y un día después en la Contraloría General de la República (CGR), y en la misma dejan claro que si el origen de los fondos es estatal implicaría la violación a la Constitución y una serie de leyes; y si el dinero proviene de fondos venezolanos, se estaría violando la Ley Electoral.	Indican los firmantes que la Ley 612, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo, señala que a los CPC no se les podrá transferir funciones y facultades de los ministerios de Estado y “no causarán erogaciones presupuestarias, y la participación en los mismos no generará ni salario ni remuneración económica”.	En la misiva, los legisladores de la BDN, del PLC, de la ALN y del MRS, señalan que a pesar de que estas organizaciones no tienen ningún patrimonio, un estudio reciente de la firma “Media Gurú”, publicado por el semanario Confidencial y por EL NUEVO DIARIO el 23 de junio, revela que los CPC han resultado ser los primeros anunciantes del Estado, pautando más que cualquier otra entidad pública y concentrando sus anuncios en el oficialista Canal 4 de televisión nacional.	Un monitoreo comercial que realizó la empresa centroamericana Media Gurú refleja que durante 2007 el gobierno de Nicaragua contrató espacios publicitarios en televisión, periódicos y radio, por un valor comercial de tres millones 672 mil dólares. Las campañas son por el caso de los Cenis, y han sido para condenar de previo al candidato del PLC Eduardo Montealegre y al directivo del diario La Prensa, Jaime Chamorro.	Según el monitoreo, de enero a abril de 2008, el gobierno ya gastó un total de dos millones 180 mil dólares, lo cual refleja que gastó el equivalente del 60% de la publicidad estatal de 2007. De continuar con ese ritmo de gastos, la inversión gubernamental se duplicaría este año y podría alcanzar más de siete millones de dólares, tomando en consideración las elecciones municipales.	Agrega que “si los fondos de estos ‘spots’ publicitarios a granel que firman los CPC provienen del Presupuesto General de la República por medio de alguna institución presupuestada, es muy grave y una violación flagrante a la Ley 612. Por otro lado, si provienen de ALBA-Caruna, que es la otra gaveta conocida que maneja el Ejecutivo, es otra flagrante violación a la Ley Electoral, ya que con estos fondos se difama a los candidatos opositores y se promueve a los del FSLN”.	Otras dos leyes que se violan “de manera evidente”, de acuerdo con los diputados, es la Ley 323, Ley de Contrataciones del Estado y la Ley 438, Ley de Probidad de Servidores Públicos, ya que la propaganda de los CPC es “pautada masivamente en medios televisivos de muy poco ‘rating’ y sin que medie un proceso de licitación, con el agravante de que la mayoría del pastel publicitario va al Canal 4, donde el partido de Gobierno tiene claros intereses, lo que se traduce en un claro conflicto de intereses y tráfico de influencia”.	Por ello es que piden a Núñez que de conformidad con la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, se conforme una Comisión Especial para determinar el origen de los fondos que utilizan los CPC, “para investigar si estos fondos provienen de instituciones presupuestadas, o del ALBA-Caruna, o de ambos”.	En el caso de los contralores, los firmantes de la carta señalan de conformidad con lo establecido por la Constitución, el inicio de una auditoría para conocer el origen del dinero y de comprobarse la existencia de fondos presupuestados en el pago de los anuncios, deslindar las responsabilidades según lo amerite.	“Lo que queremos es que se conozca de una vez por todas de dónde sale el dinero de estos organismos, porque las leyes son claras en cuanto a que no pueden recibir financiamiento ni manejar dinero del Estado”, dijo Chamorro, cuando le consultamos de las cartas a Núnez y a los colegiados.	“Es necesario que el pueblo de Nicaragua sea informado sobre quién paga esas campañas de los CPC, porque es mucho dinero, y hasta donde tenemos entendido los CPC no tienen patrimonio y hay que ver de dónde sale la plata, esa es la idea”, dijo por su lado el diputado Luis Callejas.	“Lo único en lo que se tenía dudas en un principio es que no había evidencia de dónde podría estar saliendo el dinero y que eso volvería un tanto difícil (conocer) el origen de los fondos, pero vamos a esperar a ver qué nos dicen de (la oficina) de Denuncia Ciudadana”, dijo Hernández.