). En el segundo plazo el Departamento de Estado debe presentar ante el Congreso de Estados Unidos el primer informe de evaluación sobre la crisis en Nicaragua, establecido en esa Ley, que hasta ahora no ha sido aplicada al régimen de Daniel Ortega, una situación que podría variar próximamente, de acuerdo al exasesor del Congreso de Estados Unidos, Jason Poblete.	En ese informe, el secretario del Departamento de Estado deberá certificar si el gobierno de Nicaragua está tomando medidas efectivas para fortalecer el estado de derecho y la gobernabilidad democrática, incluida la independencia del sistema judicial y el consejo electoral; si está combatiendo la corrupción, incluso mediante la investigación y el procesamiento de casos de corrupción pública; si cumple con proteger los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de libertad de prensa, expresión y asociación; así como si el gobierno de Nicaragua trabaja en investigar y responsabilizar a funcionarios y otros individuos responsables de los asesinatos de personas relacionadas con las protestas en Nicaragua; y si hay compromiso celebrar elecciones libres y justas supervisadas por observadores nacionales e internacionales creíbles, de acuerdo con la Nica Act.	Poblete dijo desconocer por qué hasta ahora el gobierno de Estados Unidos no ha utilizado la Ley Nica Act, una de las herramientas de sanciones creada por el Congreso de Estados Unidos contra el régimen de Ortega. Esa situación podría cambiar, sostiene el jurista, si Ortega no cumple con el compromiso de liberar a los presos políticos fijado para el 18 de junio, el acuerdo asumido tras las gestiones realizadas por el delegado de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Rosadilla; y el representante del Vaticano, Waldemar Stanislaw Sommertag.	De acuerdo a su experiencia, Poblete estima “muy probable” que la administración estadounidense esté esperando que se cumpla el plazo establecido para la excarcelación de los presos políticos. “Es muy posible que habrá una serie de sanciones de alta intensidad para expresar que Estados Unidos no está satisfecho con el progreso del diálogo, todo está muy bien documentado por varias fuentes y (el régimen) no se puede esconder de los delitos”, afirmó el experto estadounidense.	“Es lo que está indicado en la Ley de sanción. La lógica es que va haber sanciones de diferentes intensidades después de un tiempo indicado. Es muy importante que eso se presente (el informe) públicamente de lo que ha pasado y no se ha hecho, eso va influenciar también (en la aplicación de sanciones)”, precisó el exasesor del Congreso de Estados Unidos. “Estados Unidos está tratando de controlar el acceso al mercado norteamericano, el acceso a la banca americana y de enviar un mensaje claro que ese tipo de actividad no va a ser tolerada si quiere trabajar con Estados Unidos”, añadió.	“Estudiando la manera que la administración (del presidente Donald Trump) ha implementado los programas de sanciones creo que oficiales de ese banco (Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE) pueden ser sancionados por Estados Unidos, lo han hecho en Irán, en Venezuela, y quizás lo puedan hacer en el caso de Nicaragua. Creo que sí y empezaría con los oficiales que estuviesen involucrados en la aprobación de ese préstamo a la Policía”, dijo Poblete.	El BCIE aprobó un préstamo a la Policía Orteguista (PO) para dotar y mejorar la capacidad de operaciones de esa institución involucrada en crímenes de lesa humanidad, pese a que Francisco Díaz, director de la Policía y consuegro del dictador Daniel Ortega, enfrenta sanciones desde julio de 2018, por el Departamento del Tesoro, tras ser señalado de ser responsable de la represión contra civiles, que incluyó ejecuciones extrajudiciales, en las que se cuentan entre las víctimas incluso niños.  El banco internacional ha respondido a las críticas aduciendo que son una entidad apolítica y que Nicaragua como nación se encuentra solvente en sus pagos.	La Ley Nica Act dice que el presidente (de Estados Unidos) impondrá sanciones a cualquier persona extranjera, incluido cualquier funcionario actual o anterior del gobierno de Nicaragua, a cualquier persona que actúe en nombre de ese gobierno, que se determine sea responsable, cómplice o responsable de ordenar, controlar, dirigir, o haber participado a sabiendas, directa o indirectamente, en cualquier actividad relacionada con la crisis de Nicaragua después del 18 de abril de 2018.	Igualmente incluye a una “entidad” que ha participado, o cuyos miembros han participado, en cualquier actividad descrita en la Ley relacionada a la crisis, al suministrar asistencia, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico a sabiendas que el material o bienes o servicios puede ser empleado en “actos significativos de violencia o conducta que constituyen un grave abuso o violación de los derechos humanos contra personas relacionadas con las protestas en Nicaragua que comenzaron el 18 de abril de 2018”, establece la Ley de sanciones.