Jairo Colmenares intenta hacer rendir un salario equivalente a solo siete dólares en un mercado donde venden productos de baja calidad. Le alcanzó para 12 huevos, medio kilo de papas y guayabas. En sus días libres como empleado del metro de Caracas se levanta tarde para ahorrarse una comida. “He bajado siete kilos”, afirma este técnico azotado por una inflación que trepará este año a 10,000,000 por ciento, según el FMI.	Sus hijos de 10 y 11 años emigraron a Colombia junto con su madre en 2017. “No les puedo enviar ni para un refresco”, explica. Para Jairo, que ha sufrido amenazas de despido por ser sindicalista, Maduro está lejos de ser “un presidente obrero”, como se define por haber sido chófer de bus.	En el Hospital Pérez Carreño, el más grande de Caracas, familiares sostienen un envase con agua para limpiar el rostro ensangrentado de un joven baleado en la cabeza. A la entrada del edificio de 11 pisos, un hombre lleva largo rato tirado en una camilla en el suelo sin ser atendido. Un cadáver cubierto con sábanas está a pocos metros. “Por falta de insumos o esperando turno quirúrgico todos los días mueren uno o dos pacientes”, cuenta, médico residente de neurocirugía, de 27 años.	El agua también escasea en 70% de los hospitales, según una ONG. “Es usual que no haya”, añade el médico, que atiende consultas en una silla destartalada. El régimen atribuye las fallas a una “guerra económica” y a sanciones internacionales, cuyas pérdidas calcula en 20,000 millones de dólares en 2018.	El Parlamento, único poder que controla la oposición, sostiene que cuando Maduro se juramente pasará a ser un “usurpador”. Sin embargo, el Legislativo está amarrado. Todas sus decisiones son nulas tras ser declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia y sus funciones fueron asumidas por la oficialista Asamblea Constituyente que rige como suprapoder. “La dictadura nos maniató”, asegura la diputada Delsa Solórzano.	A la impotencia por la pérdida de autoridad, los legisladores -acusados por Maduro de buscar derrocarlo e incluso asesinarlo- suman las penurias de vivir sin sueldo desde 2016. La parlamentaria Manuela Bolívar se sostiene con remesas y productos que le envían su esposo y familiares que emigraron. “No he visto ni un solo centavo de salario. Buscan quebrarnos”, se lamenta la legisladora de 35 años.	Diputados de provincia cuentan que viajan hasta 14 horas en bus para asistir a los debates, pues no pueden costearse pasajes aéreos, y que pasan el día con una comida. A Bolívar las tensiones políticas también le invadieron los afectos. Hija del exgobernador chavista Didalco Bolívar, admite que la relación con su padre es distante.	La familia se suma a los 2,3 millones de venezolanos que han migrado desde 2015. La ONU prevé que la cifra suba a 5,3 millones en 2019 ante el colapso de una economía que se redujo a la mitad en cinco años. Henry vendió su camioneta, su moto y un televisor para comprar los boletos. Llevan pan y jugos para el largo trayecto.