La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional dictaminó la mañana de este miércoles la reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, mejor conocida como la Ley Antiterrorismo, que ahora incluye a abogados y notarios, como sujetos no financieros obligados a reportar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) las acciones y movimientos sospechosos de sus clientes.	“Se trata de una reforma para fortalecer el sistema de la prevención del lavado de dinero a nivel nacional, de cara a las recomendaciones y requerimientos del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), a partir de los estándares internacionales, son varios sectores los que están como sujetos obligados, no solo son los abogados”, expresó el doctor Julio César Arias Roque, Juez Quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, quien participó en la consulta delegada por la CSJ.	El diputado Jimmy Blandón, jefe de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), adelantó que en la sesión del plenario votarán en contra de esta reforma por la “coyuntura actual del país, que vive una crisis sociopolítica, y no es prudente estar haciendo este tipo de reformas a leyes que pueden ser mal interpretadas”.