El líder universitario Jeancarlos López, el periodista Luis Galeano, y los políticos Luciano García y Félix Maradiaga son parte de los más de doscientos nicaragüenses con órdenes de captura perseguidos por la dictadura, quien los acusó de terrorismo, crimen organizado, incitar al odio, entre otros delitos. Para ellos la autoamnistía a quienes beneficia es a Ortega, Rosario Murillo, sus altos funcionarios, paramilitares y policías señalados de asesinar.	“Es inaceptable completamente, ellos lo utilizan para condicionar la liberación de los presos políticos, que ya era un acuerdo, y el otro motivo es proteger a sus paramilitares y crear un especie de sentimiento de avance” en la crisis sociopolítica, afirmó López vía telefónica desde Estados Unidos, donde está desde septiembre pasado.	Luciano García, presidente de Hagamos Democracia, y Félix Maradiaga, director del Ieepp, fueron acusados por la Fiscalía orteguista de usar esas organizaciones para recibir financiamiento del narcotráfico internacional con el propósito de “desestabilizar al Gobierno”, versión en la que usaron a Christian Mendoza, alias Viper. Maradiaga se exilió en EE. UU. y García en Costa Rica, donde siguen incidiendo con organismos internacionales contra el régimen, pero no reconocen la autoamnistía porque defienden su inocencia. “Rechazo la legitimidad del régimen de Ortega y cualquiera de sus leyes espurias” y “jamás renunciaría a mi derecho humano y constitucional a la libre protesta pacífica”, aseveró Maradiaga.	Christian Mendoza, alias Viper, al ser liberado esta semana reveló que fue obligado por la PO para acusar a Luciano García y Félix Maradiaga de los delitos de narcotráfico. Este jueves García afirmó que perdonaba al Viper, “porque fue víctima del régimen, quien lo torturó”. Pero García solo retornará al país cuando Ortega deje el Gobierno, pues la autoamnistía “a todas luces es represiva y coarta las libertades, por lo tanto es inconstitucional”.