Pareciera extraño que aquellos sectores que se autodenominan “democráticos”, incluso algunos de origen revolucionario o progresista, se opongan fervientemente a la posibilidad de una mayor profundización democrática de Nicaragua en su sistema político, con el establecimiento --en este caso-- de un sistema semi-parlamentario (un mayor equilibrio Poder Ejecutivo-Legislativo) o de democracia directa,  o cualquier otro que tienda a profundizar el quehacer democrático de Nicaragua.	Para algunos es como si le sacaran “la cruz al diablo” --como decía mi abuela Jerónima-- porque enloquecen, atacan hasta la consumación del hígado y emiten el peor de los venenos contra la posibilidad de que se democratice el poder, y el pueblo tenga una incidencia más directa en los asuntos públicos.	Incluso algunos artífices de las reformas constitucionales de 1995, reformas que le quitaron cierto poder al Ejecutivo y se lo transfirieron al Legislativo, ahora que no son los protagonistas de las reformas políticas que se proponen --que profundizan las que ellos encabezaron--, se oponen a ellas como que no fuera necesario democratizar más los poderes del Estado y darle más concreción al viejo concepto --siempre vigente-- de que el poder reside en el pueblo.	Hay que reconocer que la democracia representativa ha resultado ser insuficiente en tanto que no ha universalizado el poder del pueblo y, al contrario, ha tendido a ser cada vez más elitista. Aún así --en medio de esa limitación-- es más democrático que decisiones fundamentales que de acuerdo con la Constitución y la Ley ahora dependen de una sola persona (el Presidente de la República) puedan ser consensuadas o puedan  depender o ser decididas por 92 personas (los diputados) en la Asamblea Nacional. ¿Quién niega que esa sería una acción de mayor consenso y de sentido colectivo --y por tanto más democrático-- que el que existe actualmente? Efectivamente habrá que ponerse de acuerdo en qué decisiones fundamentales se producirá ese cambio y, por tanto, ese equilibrio del poder, que resulta válido en la actual correlación política del país, expresada en el Parlamento.	Pero también, ¿por qué temerle a que el pueblo en sus expresiones organizadas pueda decidir más directamente en los ámbitos del quehacer público y nacional? La Constitución Política del país asume el concepto de democracia participativa, que es una garantía, y la posibilidad de que el pueblo incida con sus propuestas en aspectos que tengan que ver directamente con sus problemas y necesidades, y también en los asuntos públicos en su conjunto. Pero hay que reconocer que lo establecido y existente hasta el momento, en todos los instrumentos jurídicos del país y en la práctica, hace que esa participación no sea decisiva, sino mayormente consultiva, por tanto, hay que avanzar en lo jurídico y en lo institucional para que el pueblo --con sus opiniones y propuestas-- pueda realmente decidir, impactar de forma más directa en el quehacer público y nacional.	De tal manera que la propuesta de empoderar al pueblo, de profundizar la democracia participativa haciéndola más directa, es válida, necesaria e impostergable, y más en esta coyuntura política e histórica en que se cuenta con un Gobierno Nacional de corte popular, que se exige que la democracia adquiera su verdadero sentido: hay que democratizar la democracia.	La expresión más destacada al respecto son los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que buscan cómo hacer más directa la participación y más protagónico al pueblo. En ese sentido, los CPC deben jugar un papel fundamental en la movilización social que exige la atención y solución de diversos problemas, sobre todo de tipo económico-social. Por eso, la atención y demandas de solución tienen una instancia fundamental que debe ser pivote de canalización y construcción de propuestas fundamentales, como lo es el Consejo Nacional de Planificación Económico Social (Conpes), que debe fortalecerse recogiendo y canalizando la voz y la propuesta de las fuerzas sociales vivas y reales del pueblo nicaragüense.	Con organización, participación y movilización efectiva se puede contribuir a resolver diversos problemas, como se demostró en los años 80 en Nicaragua, pero también a exigir y trabajar por una democratización integral, que no sólo abarca lo político, sino también lo social, lo económico y lo cultural. Eso implica democratizar la economía, la riqueza y su distribución, universalizar el acceso y disfrute de los servicios públicos y los derechos fundamentales, democratizar el conocimiento, la cultura, la comunicación y el poder.	Mientras el pueblo esté excluido de las decisiones y de sus derechos fundamentales, no habrá democracia real. Por eso desde el empoderamiento político --y, por tanto, de su democratización-- se debe abrir paso y avanzar sustantivamente a los otros ámbitos de la democracia, a los que también le tienen temor los sectores elitistas y oligárquicos de la clase económica y política, del poder mediático e ideológico del país, que tienen un profundo sentido conservador, elitista y excluyente. Son precisamente estos sectores los que se oponen a ultranza --como en otros momentos de la historia-- a que haya democracia real, justicia e igualdad. Y precisamente frente a ellos y contra ellos, hay que dar la batalla de las ideas y de lucha política y de la movilización social, para abrir nuevos espacios progresistas y de avance social en Nicaragua.	Democratizar la democracia comenzando con su dimensión política --perfeccionando sus expresiones de democracia representativa, ampliando la democracia participativa y profundizando la democracia directa-- y avanzando en sus dimensiones económicas, sociales y culturales, ése es el  reto democrático que tenemos los verdaderos demócratas o sectores progresistas y revolucionarios de Nicaragua en esta etapa histórica.