El Instituto para el Desarrollo Local y la Democracia, Ipade, sostuvo ayer que los argumentos utilizados por el Consejo Supremo Electoral, CSE, para cancelar las personerías jurídicas al MRS y al PC no tienen bases jurídicas ni legales, sino que es una decisión eminentemente política destinada a eliminar la competencia electoral.	Posteriormente, se solicitó el listado de candidatos, se recibieron las listas, las revisaron, se abrió el período de impugnación, nadie impugnó, se publicaron oficialmente todos los listados de candidatos, y pasada la etapa de inscripción de estas listas, los llamó para asignarles casillas, lo que significa, desde el punto de vista de la jurisprudencia electoral, que existe un efecto positivo, se quemaron las etapas y sus efectos son in cresciendo, a posteriori, de futuro, y estas reglas del juego sumaron capacidades.	Zúñiga estima que lo más grave es que este tipo de decisiones en lugar de promover la salvaguarda de los derechos, lesiona el sistema democrático de Nicaragua y la credibilidad del juego democrático; le asesta un golpe a la misma credibilidad y transparencia del CSE, además, afecta el fundamento constitucional del pluralismo político efectivo.