Para bien, porque promovió el Plan Arias para la Paz en Centroamérica, más conocido como Acuerdos de Esquipulas, que permitió poner fin a la guerra civil de los años ochenta e iniciar en 1990 el proceso de transición a la democracia, que años después fue frustrado por el pacto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega. Y en los últimos años Oscar Arias ha sido un férreo crítico de la dictadura orteguista y ha abogado intensamente por el reencauzamiento democrático de Nicaragua.	Además, uno de los supuestos abusos sexuales de los que se acusa a Oscar Arias lo habría cometido en un hotel de Managua contra la periodista Emma Daly, quien daba cobertura a la toma de posesión presidencial de doña Violeta Barrios de Chamorro. Por cierto que doña Violeta recibió la banda presidencial de manos de Daniel Ortega, quien ocho años después, ya como expresidente de Nicaragua, fue acusado por su propia hija política, Zoilamérica Narváez, también por delitos sexuales.	Pero no porque las denuncias contra el expresidente de Costa Rica se han presentado mucho tiempo después de que ocurrieron los supuestos abusos sexuales, se debe negar crédito y descalificar a las denunciantes. Y tampoco porque las cuatro mujeres denuncien a Arias públicamente y ante la Fiscalía Adjunta de Género del Ministerio Público de Costa Rica, se debe considerar que el expresidente tico es culpable de los delitos que le imputan.	En realidad, así como es válido atender las denuncias de las mujeres contra Oscar Arias, a este se le debe respetar su derecho al debido proceso, que incluye la presunción de inocencia mientras la justicia no se haya pronunciado. Y esto no solo porque es un expresidente de la república que además ha sido reconocido con el más importante premio internacional, sino porque todos los ciudadanos tienen ese mismo derecho. Por supuesto que esto es en Costa Rica, porque en Nicaragua la justicia funciona al revés.	A la justicia costarricense le corresponde decidir si Oscar Arias es culpable o inocente. Cabe recordar que en Nicaragua, Daniel Ortega fue exonerado de la acusación de su hijastra por una juez de su mismo partido que alegó prescripción de la acción penal para los delitos de los que fue acusado el caudillo sandinista.