"En la gestión anterior, la Abogacía General de la Unión (AGU) se manifestó en favor de que la prisión sólo puede ser ordenada cuando se agotan todos los recursos", afirmó Bolsonaro en referencia a un parecer enviado el año pasado a la Justicia por el órgano de consultoría jurídica de la Presidencia.	Lula cumple desde abril del año pasado una pena de 12 años de prisión por corrupción que fue confirmada por un tribunal de segunda instancia y pese a que aún tiene derecho a presentar recursos contra su condena ante otras dos instancias, el Tribunal Superior de Justicia y la Corte Suprema.	Moro, el juez que condenó a Lula en el marco de la investigación que destapó una gigantesca red de desvíos en la petrolera estatal Petrobras, no aclaró si su intención es presentar un proyecto de ley a consideración del Congreso o un decreto ejecutivo que zanje lo que considera como un "limbo jurídico".	En diciembre pasado, pocos días antes de que Bolsonaro asumiera como presidente, Lula estuvo a punto de salir de la cárcel gracias a una medida cautelar dictada por un magistrado del Supremo contrario a la tesis de que la prisión puede ser ordenada tras la condena en segunda instancia, pero su medida fue anulada el mismo día por el presidente de la máxima corte.	La medida cautelar que por poco le abre las puertas de la cárcel a Lula y a otros 196.300 presos en la misma condición fue dictada por el magistrado Marco Aurelio Mello, para quien la prisión sólo puede ser ordenada cuando llegue a su fin todo el proceso de apelaciones, es decir hasta cuando la corte de cuarta y última instancia confirme una condena.