Es un conjunto de acciones políticas, jurídicas que se planifican y aplican para solucionar una situación de violaciones sistemáticas, generalizadas o masivas de los derechos humanos y busca reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia. Establece un análisis para decidir cuáles son las acciones o medidas que se deben redactar y que, en base a la voluntad política, deben cumplirse.	En investigar, juzgar, sancionar y reparar, cada aspecto con etapas diferentes y sus complejidades. Se persigue eliminar la impunidad, sino no tendría sentido estructurar un programa, una ley o instituciones o aspectos jurídicos, económicos. Se debe eliminar la impunidad con el fin de que no vuelvan a repetirse los hechos como los acontecidos recientemente.	Hay diferentes tipos de reparaciones, materiales e inmateriales. Una reparación mencionada con frecuencia es la compensatoria o indemnizatoria, se trata de un monto económico a partir de los peritajes correspondientes, porque no es lo mismo la afectación que pudo haber tenido un estudiante universitario, que una persona de 70 años. La Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) utiliza los peritajes que ven cuál es el proyecto de vida que esa persona dejó para desarrollar a partir de la violación de su derecho humano, o si ha fallecido, cuál sería la indemnización para sus familiares. Hay más formas de reparar, como es la formación y educación a las fuerzas armadas, a la Policía, hay reparaciones simbólicas, como erigir monumentos o que determinada institución lleve el nombre de alguna de las víctimas. Está la atención sicológica, de acuerdo a la afectación que tuvo la persona o sus familiares.	El modelo convencional funciona en períodos aparentemente ordinarios o normales, pero este modelo puede ser superado en sus capacidades cuando ocurren hechos extraordinarios, en este caso de violaciones masivas a los derechos humanos. No es cierto que, aun habiendo profesionalismo, idoneidad, independencia, recursos económicos, personal humano capacitado, se pueda lograr dar respuesta judicial o resarcir los daños y llevar a cabo las reparaciones en una sociedad que vive o está sufriendo una situación extraordinaria de violaciones a los derechos. Desde abril del 2018 en Nicaragua hay una situación inesperada, relacionadas con crímenes de lesa humanidad. No es suficiente con lo que se cuenta, sobre todo con las circunstancias actuales.	No se debe pensar que la Comisión de la Verdad sustituiría al Poder Judicial, a la Policía Nacional o a la Fiscalía. Estos organismos pueden continuar sus operaciones y la comisión de la verdad trabajaría aparte. Lo que busca esa comisión, a través de los estándares internacionales, es la verdad, el resguardo de la documentación, de archivos, que abonen a que los hechos los conozca la población para que no se vuelvan a repetir. La CIDH y la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU han dicho que podría haber una comisión de la verdad mixta, compuesta por especialistas nacionales e internacionales, pero eso no sustituye a la administración de justicia. En base al análisis de los hechos se pueden establecer áreas específicas en la Policía Nacional, en la Fiscalía, en el Poder Judicial, en función de apoyar investigaciones y documentación de los hechos.	La Corte Suprema podría buscar personal, o hacer una selección, capacitación y supervisión de profesionales vinculados con la justicia transicional. En la Policía hay que dilucidar cómo fue la cadena de mando, quién dio la orden, quién disparó, quién ideó, qué protocolos utilizaron. Difícilmente la Policía sale a las calles si eso no está documentado. Si hay algo que tienen las fuerzas armadas, Ejército o Policía, es que documentan todo. Por muy recóndito que esté en el país una delegación policial, uno encuentra lo que ocurrió ahí, porque a diario hay formación por las mañanas y ahí se constata que ocurrió y cuáles son los planes (operacionales de la Policía). Quizás por la presión internacional la Asamblea Nacional nombró a un grupo al cual llamó Comisión de la Verdad, pero esa comisión no está en sintonía con las obligaciones internacionales que tiene el Estado de Nicaragua y de poco o nada abona a la búsqueda de la verdad.	A través de los tratados internacionales y su jurisprudencia, los organismos internacionales brindan pautas, asistencia técnica y estándares de derechos humanos que permiten estructurar y sacar el mayor provecho a procesos de justicia transicional.  En el caso de Nicaragua, deberán tomarse en cuenta los informes temáticos que ha realizado la CIDH, que tiene ya escrito como deberían de ser las comisiones de la verdad. No es cierto que se pueda alegar soberanía para incumplir obligaciones que se contraen a partir de ser Estado, parte de uno o varios tratados de derechos humanos internacionales. La justicia transicional no se usa para un borrón y cuenta nueva, se usa para desarrollar procesos que impliquen cero impunidad.	Se requiere de muchas cosas, se debe pensar que uno de sus objetivos va hacer reconstruir el tejido social del país y no es fácil, porque debe haber negociaciones políticas en el mejor sentido de la palabra. En la medida que, como parte de una negociación, se explique qué es la justicia transicional, cómo se estructura, para qué sirve, cuáles van a hacer los riesgos y las ventajas, en esa medida se puede ir recuperando la confianza en las instituciones involucradas como la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial. La justicia transicional no es la panacea para resolver todos los males de una sociedad y esto hay que advertirlo desde ahora para no crear falsas expectativas. Hay quienes piensan que el derecho, y en particular el derecho penal, debe resolver todos los problemas sociales, cuando en realidad no le corresponde al derecho resolver todos los problemas, como por ejemplo la pobreza, la economía, la sociología, la sicología y la política.	No se debe pensar que la justicia transicional es la solución mágica a todo lo que aconteció antes, durante y después del 18 de abril del 2018. No se debe perder de vista que una justicia transicional sin el componente de la educación en derechos humanos sirve de poco o nada. Observemos que la Procuraduría de Derechos Humanos tiene una buena ley, probablemente lo que se requiere es que cumpla con su ley. Igual pasa con la Fiscalía. El fiscal general puede nombrar fiscales especiales, aquí no hubo ni hay fiscales especiales por falta de voluntad, pero se puede nombrar un fiscal especial para investigar con un equipo robusto de profesionales del derecho, de peritos forense, para orientar a la Policía en las investigaciones. El problema principal no es normativo. Hay superávit de normas jurídicas, decretos y ordenanzas, lo que falta es eficacia del marco jurídico, que se manipula.	No es un secreto la inseguridad jurídica que genera la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, ahí está la ruta de la justicia y si no cuentan con autoridades confiables e independencia judicial, entonces, es factible pensar en las soluciones que puede aportar la justicia transicional. Pero los procesos de justicia transicional hacen rupturas que, si como sociedad no estamos preparados e informados de lo que eso implica, podrían, entonces, ocurrir afectaciones. Pensemos en las negociaciones entre las partes. ¿Quedará contento un familiar, una madre, solo con una indemnización? Probablemente habrá casos en que no sea así.	En el caso de la muerte de Jean Paul Genie Lacayo (en 1990), su papá, don Raymond Genie, no aceptó los US$20,000 que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que debía pagar el Estado de Nicaragua. El familiar de un niño asesinado puede decir que no basta que una escuela en Tipitapa lleve el nombre del niño, puede decir que necesita conocer quién lo mato, si fue el disparo o la negativa de recibir atención médica lo que provocó su muerte. Esos planteamientos diferentes, según los intereses de cada quien, es lo que torna bastante complejo el procesos de justicia transicional.