Este miércoles se vence el plazo para que el Departamento de Estado presente ante el Congreso de Estados Unidos, como parte del mandato de la Ley de sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega, conocida como Nica Act, un informe sobre el estado de los derechos humanos en Nicaragua, que desembocaría en el diseño de una lista de los funcionarios involucrados en corrupción.	La Nica Act también ordena al presidente de Estados Unidos que instruya a su director ejecutivo en cada institución financiera internacional para que use la influencia de Estados Unidos para oponerse a cualquier préstamo que beneficie al gobierno de Nicaragua, excepto proyectos de necesidades humanas básicas o para promover la democracia en la nación centroamericana.	La sección ocho de la Ley Nica establece que a más tardar en un término de 90 días, después de promulgada la Ley, firmada por el presidente Donald Trump, el 20 de diciembre de 2018, el secretario de Estado informará a los comités del Congreso correspondientes sobre una estrategia que involucre a líderes de la sociedad civil en Nicaragua, incluidos los medios de comunicación independientes, a representantes de organismos de derechos humanos, y organizaciones anticorrupción, el objetivo es fortalecer el estado de derecho, y determinar la responsabilidad de los implicados en los abusos de los derechos humanos y la corrupción en Nicaragua.