Por la cura cobran entre mil y 3 mil dólares y obligan a los comunitarios que viven en la pobreza a vender sus bienes para adquirirla, según denunció. Añadió que es difícil procesar a los supuestos brujos porque cuando los atrapan el juez les dice que el Código Penal no contempla el delito de hechicería, por lo que recurren a sus propias leyes.