El establecimiento de los CPC ha sido la más reciente aventura totalitaria del nuevo gobierno sandinista, que busca dotarse de nuevos instrumentos políticos para ejercer un mayor control dentro de la esfera del sector gubernamental. El tema de la legalidad de estos Consejos --que hacen recordar a los tristemente célebres Comités de Defensa Sandinistas, CDS-- es ahora motivo de una guerra judicial que se libra en varios tribunales del territorio nacional.	El ya bastante desacreditado sistema judicial nicaragüense sale una vez más a jugar un triste papel con resoluciones de último minuto elaboradas a toda prisa en encerronas en la Corte Suprema de Justicia. Esta situación pone al desnudo la fragilidad de lo que ha quedado del Estado de Derecho en nuestro país.	Estos comités resultan ser simples estrados partidarios, a través de los cuales el poder absoluto de la pareja presidencial justificará su uso antojadizo de la maquinaria del Estado para fines que no siempre son claros. Si en realidad el gobierno sandinista quisiera dar un espacio amplio de participación a la ciudadanía, la actual configuración institucional del país contempla instituciones que pueden facilitar esta tarea.	Poder Ciudadano empezaría por llevar empleo y desarrollo a las zonas más afectadas por la pobreza, que según los datos del INEC se encuentra sobre todo en las zonas rurales del país, adonde el presidente y su comitiva de eruditos desvelados llegan a anunciar con bombos y platillos todos los ceros del gobierno: Hambre Cero, Usura Cero... una burda manipulación política oficialista de la pobreza.	Ahí mismo habrían de incidir las instituciones que tienen un papel preponderante en el desempeño agropecuario en estas zonas del país. El verdadero poder ciudadano debería pasar por la consolidación del Estado de Derecho, no como hace el gobierno, en el sentido opuesto, debilitándolo. Debería pasar también por darle a la ciudadanía acceso a la información, mejorando la Ley de Acceso a la Información Pública.	Se empoderaría al ciudadano común si se revirtieran las aberrantes reformas electorales que nacieron del Pacto, restableciendo las candidaturas por suscripción popular, por ejemplo. El empoderamiento ciudadano no va a llegar como consecuencia del trabajo político de estas células partidistas paraestatales, que serán financiadas con los impuestos de todos los nicaragüenses, y que están conformadas en su gran mayoría por títeres incondicionales a la voluntad de la pareja presidencial, a la que quizás pronto deberemos llamar “Pareja Imperial”.