Retardo de justicia, revictimización y proteccionismo entre miembros del engranaje de las autoridades competentes, es la denuncia pública del Movimiento Contra el Abuso Sexual, MCAS, que integran diversos organismos no gubernamentales que abordan el tema de niñez. La psicóloga Lorna Norori, especialista en atención a mujeres abusadas sexualmente y parte del MCAS, señaló que la ruta jurídica presenta cada día más escollos para que las personas que acuden a esa instancia tengan acceso a justicia.	“Esta situación se observa en Jinotega, Matagalpa, León, Granada y Managua, donde tenemos juicios que son reprogramados constantemente, algunos hasta cinco veces y después de seis meses siguen en espera. Se necesita que haya atención clara, expedita y justa para la denuncia de los abusos sexuales que se presentan”, dijo, y agregó que hay cincuenta causas sobre delitos sexuales que no han tenido buena respuesta.	La especialista indicó que están apelando a que el protocolo de atención que dicta la Corte Suprema de Justicia para los delitos sexuales sea aplicado en toda su efectividad desde los términos éticos y de administración de justicia, que cada instancia cumpla con su papel y no se siga revictimizando a las niñas, niños y adolescentes abusadas.	“El problema de retardación de justicia es algo que ha ocurrido todo el tiempo, pero lo más alarmante es lo seguido que en estos momentos se presenta, creándose una constante en las reprogramaciones y que esto se justifique como una estrategia de la defensa para llegar al término de ley que establece que un acusado no puede ser detenido por más de tres meses antes de que se realice el juicio; además esto resulta desgastante para la víctima”, dijo.	Según el informe de las Comisarías de la Mujer y la Niñez, en el primer trimestre del presente año se registraron un mil 97 denuncias por delitos sexuales, de las cuales el 57 por ciento de los casos involucra a niñas, niños y adolescentes. Esto establece un promedio de 12 delitos de abuso sexual por día en el período señalado.	Mientras tanto, miembros de la Comisión Territorial de Apoyo a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Sexual del departamento de Jinotega, y familiares de víctimas de violencia, clamaron justicia ante las autoridades judiciales de Jinotega, para que se haga justicia en el caso en que está involucrado el ex fiscal auxiliar Gabriel Cifuentes.	Brenda Alvallero, abogada acusadora, dijo que el juez debe ser garante del debido proceso y evitar estar emitiendo criterios con relación a la causa. “Él mismo dijo que las pruebas se producen en juicio y es con las pruebas que se les va a demostrar la responsabilidad del funcionario público acusado por el delito de violación”, señaló.