Es de extraordinaria importancia para la nación que las “universidades” estatales vuelvan a ser verdaderas universidades. En una verdadera universidad los derechos humanos son respetados y se cultiva la dignidad de las personas; se permite y fomenta el espíritu crítico y la libertad de pensamiento; se inculca ética, y no solo conocimientos y destrezas; hay celo por el cumplimiento de las leyes y de la Constitución, lo que incluye la no discriminación ni privilegios por política; funciona como conciencia crítica de la nación; es autónoma y solo responde a intereses nacionales; promueve la paz y la tolerancia, y tiene a lo interno elecciones libres y honestas.	Para convertir las “universidades” en universidades, se requiere un cambio de gobiernos universitarios, lo que incluye a los actuales directivos de UNEN y del CUUN. Además de que ocupan sus cargos de manera ilegítima, pues surgen de elecciones fraudulentas, incumplieron con su deber de defender la autonomía universitaria, han desobedecido ampliamente a las leyes para favorecer a su partido, y han propiciado o al menos callado, ante la represión a los estudiantes, profesores y ciudadanía en general. La vía más expedita para este cambio es la renuncia de las autoridades, pero también el movimiento estudiantil, profesores y ciudadanía podemos y debemos presionar para que ocurra.	Un cambio en los poderes del Estado que resulte en el establecimiento de la democracia y el Estado de derecho, facilitará mucho los cambios requeridos en las “universidades”. Cuando la Policía abandone su papel represor, el movimiento estudiantil tomará fuerza para alcanzar los cambios. Con jueces centrados en procurar justicia, buen número de los miembros de los gobiernos universitarios serán fácilmente encontrados con méritos para ser destituidos y hasta para ir a prisión. Pero puede que la destitución de las actuales autoridades no sea suficiente. El orteguismo, pisoteando la ley, ha expulsado a buenos profesores, por el hecho de ser opositores, mientras, por procedimientos viciados, ha nombrado profesores leales al partido, aunque disten de ser los mejores para el cargo.	Derivado de lo anterior, considero necesario que una nueva Asamblea Nacional dicte una ley que permita al nuevo gobierno de la República nombrar gobiernos universitarios de transición hacia la autonomía universitaria, a través de las siguientes acciones: A) Reintegro de los profesores y trabajadores administrativos despedidos por política, y de los que se vieron precisados a renunciar ante el hostigamiento recibido. B) Reintegro de los estudiantes expulsados por razones políticas. C) Organizar investigaciones a miembros de la comunidad universitaria, por atropellos a los derechos humanos, leyes y estatutos. D) Cancelar las contrataciones efectuadas a partir del 19 de abril de 2018. E) Someter a concurso las plazas docentes otorgadas a partir de 2009, en los que podrían participar los ocupantes de las mismas. F) Organizar elecciones libres y transparentes.