Entre las informaciones publicadas por LA PRENSA en los primeros días de esta semana, destaca por un lado la grave crisis de la empresa distribuidora de cigarrillos, y por otra parte el aprovechamiento de los recursos del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) por los hijos de la pareja dictatorial Ortega Murillo, para su beneficio particular.	La empresa tabacalera anunció a principios de esta semana que debido al desmesurado incremento de los impuestos, derivado de la reforma tributaria dictada por el Gobierno el primero de marzo pasado, se ha visto obligada a reducir operaciones drásticamente con la consecuencia de que un tercio de sus trabajadores han perdido el empleo, incluyendo a 60 de los más calificados y mejor remunerados.	Por los brutales impuestos dictados por el régimen orteguista, la empresa tabacalera tiene que elevar el precio de los cigarrillos al consumidor hasta al doble de lo que ofrecen los contrabandistas del producto. De manera que la venta legal de cigarrillos se ha convertido en un contranegocio y probablemente la firma tabacalera extranjera, que es británica, tendrá que poner fin a sus operaciones en Nicaragua.	Pero lo de la tabacalera es solo la punta del iceberg del dramático problema que están sufriendo prácticamente todas las empresas privadas independientes y honestas del país, algunas más que otras, pero todas sin distinción, por la desmesurada carga tributaria impuesta por el régimen dictatorial. Esta situación fue prevista y advertida por el sector privado que no está sometido a la dictadura, desde antes de que se aprobara la reforma tributaria del primero de marzo. Pero no fue atendida por Ortega, a quien evidentemente lo que más le interesa es castigar a los empresarios que no son de su entorno político y mantenerse en el poder al precio que sea.	Este es un caso típico de corrupción en el ejercicio del poder político. Pero también lo es el caso del tabaco, porque seguramente quienes manejan el contrabando de cigarrillos que está quebrando a la empresa tabacalera extranjera, son personas o grupos protegidos por la dictadura. De otra manera no se podría explicar la extensión, el descaro y la impunidad de sus turbias operaciones.	Transparencia Internacional (TI) define la corrupción, en su sentido político, como “el abuso de la función pública para obtener rédito personal”. No cabe ninguna duda de que este es claramente el caso del abuso de la posición familiar y política para “ordeñar” los fondos del Intur, que además es solo uno entre muchos.	La corrupción es un problema general que afecta a todos los países y gobiernos, inclusive a los más democráticos. Pero en dictaduras como la de Nicaragua la corrupción es peor: rampante, ilimitada e impune. Tenía mucha razón el historiador y filósofo moralista británico, Lord Acton, quien advirtió con sabiduría que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.