Tras casi 24 horas después desde que el Departamento del Tesoro recetó «muerte financiera» a tres fichas del círculo duro de poder del dictador Daniel Ortega, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike P. Pompeo pidió a Ortega el cese de la represión y responder el llamado de los nicaragüenses a elecciones libres, justas, transparentes y anticipadas, además de abogar por la liberación de los presos políticos, que aún siguen encarcelados.	Pero sobre todo, Pompeo abogó por los presos políticos que el régimen aún mantiene encarcelados, pese a que la dictadura insiste en que las cárceles ya fueron vaciadas de este tipo de reos desde que se aprobó una polémica Ley de Amnistía, que la oposición nicaragüenses calificó como un «perdón»  para los parapoliciales que asesinaron a más de 328 personas, en su mayoría nicaragüenses, cuyos crímenes quedaron en la impunidad.	La oposición nicaragüense ha asegurado que el régimen mantiene presos políticos a más de cien personas, cuyos casos están documentados y se ha empezado a impulsar un programa de una Navidad sin presos políticos. Inclusive en la Asamblea Nacional se han hecho esfuerzos para promover una ley que permita la salida de este grupo, pero el orteguismo desechó la propuesta.	En el caso de Avellán fue castigado también bajo la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018. «Avellán es subdirector general de la Policía Nacional de Nicaragua y ha sido fundamental para mantener el control de Ortega sobre la policía y sus homólogos parapoliciales, herramientas esenciales para la represión del régimen», dijo Pompeo.	En el caso de Campbell lo responsabilizó de «manipulación electoral a favor de Ortega, asegurando que Ortega y sus aliados prevalezcan en las elecciones por medios fraudulentos». Campbell sustituyó a Roberto Rivas, quien también cuando fungió como presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) fue señalado de fraguar los fraudes electorales y también fue castigado el año pasado por Estados Unidos.