La política ganadera extensiva, la falta de saneamiento de los territorios indígenas y la ausencia de justicia contra los violadores de delitos ambientales, son algunas de las razones que acelera la deforestación de áreas protegidas en Nicaragua, alertaron ayer representantes de la sociedad civil por lo impulsarán políticas para apostar por una ganadería con cero deforestación.	“El año pasado comenzamos con esta iniciativa de crecimiento ganadero con cero deforestación, que tiene dos grandes componentes: uno está enfocado en diversificar las fincas, crear sistemas silvopastoriles con árboles en los potreros y el otro componente está enfocado más en la parte de no invadir el bosque y detener también desde los gremios ganaderos esa invasión y apoyar a los indígenas, en la gestión que están haciendo de conservación del bosque”, dijo Román Leupolz Rist, coordinador del área de economía ambiental de Funides durante el encuentro denominado «Crecimiento Ganadero con Cero Deforestación”	“Los ganaderos hace años tomamos conciencia, por ejemplo la quemas en los potreros que se hacían antes en un 95 por ciento ya no lo hacen, y lo otro es que cuando hay mucha necesidad de hacer  quemas, se hace quema controlada, ya hay una conciencia; en el Occidente la finca son reforestadas, porque cuando pasamos limpiando nuestros potreros ordenamos a los trabajadores que dejen los arbolitos que sirven para el ganado”, sostuvo Gutiérrez.	“Realmente la situación es preocupante porque la comunidades resienten el avance de la actividad ganadera, que se está dando de manera clandestina, las comunidades se sienten amenazadas porque los bosques donde se está desarrollando no  consultan previamente a las comunidades, nosotros hemos hecho hincapié sobre el ordenamiento del territorio, las alcaldías están trabajando con algunas iniciativas que todavía no son efectiva para las comunidades, hace falta mucho trabajo pero no solo le corresponde al gobierno sino también a los empresarios”, dijo Storbey Simon, responsable de planificación territorial del municipio de la Desembocadura del Río Grande, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.	«Nosotros mantuvimos una reunión  con grupos indígenas de Indio Maíz y Bosawas, para justo identificar ese tipo de problemática y realmente sigue avanzando  la frontera agrícola, son invasiones puntuales pero que juntas suman un gran problema, primero es una invasión parcial, luego se elimina el bosque y se establece pastura, hay alquiler de tierras y los gremios ganaderos han manifestado  que ellos no quieren apoyar ese tipo de prácticas, más bien  con esta  iniciativa quieren promover que la ganadería no sea más un problema», agregó Leupolz.