La Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe (CPAL), denunció a través de un comunicado que el régimen dictatorial de Daniel Ortega mantiene en Nicaragua «un estado de excepción o un estado de sitio de facto», al mismo tiempo que aseguró que «el derramamiento de de sangre no cesa».	«¡Vamos con todo! fue la orden que dio el régimen el 19 de abril para aniquilar unas inesperadas protestas de jóvenes estudiantes; y se desató la matanza», señaló la CPAL, quien además manifestó que dicha represión «la ejecutaron policías antidisturbios que usaron armas de guerra. Muy pronto se les unieron fuerzas parapoliciales y paramilitares, hombres vestidos de civil y a menudo encapuchados».	Durante la segunda versión del diálogo nacional entre el régimen y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el régimen firmó varios acuerdos en los que se comprometía a liberar presos políticos, respetar los derechos de la ciudadanía a manifestarse entre otros, mismo acuerdos que, según los jesuitas, «nunca se han cumplido».