Representantes diplomáticos de países europeos acreditados en Nicaragua, abogaron por un diálogo “serio y responsable” entre los representantes del régimen dictatorial de Daniel Ortega y la oposición política aglutinada en la Alianza Cívica, para encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis sociopolítico que sufre el país debido a la sangrienta represión estatal desatada desde el 18 de abril de 2018.	Recordó que el 13 de junio el portavoz de la actual representante de la Unión Europea dijo que indispensable la plena implementación de los acuerdos sobre derechos y garantías políticas para fortalecer el derecho fundamental de todos los ciudadanos a la libertad y agregó que la Unión Europea, al igual que el gabinete de los estados miembros, han pedido la reanución del diálogo nacional para completar las conversaciones sobre justicia y democracia y seguirán monitoreando de cerca la situación de los derechos humanos en Nicaragua.	“Como embajadora soy optimista por naturaleza, creo en el poder de una negociación, eso está en mi ADN diplomático, la experiencia de Francia y Alemania muestra que la reconciliación es posible sobre la tumba de millones de muertos, es un proceso largo y duro para las víctimas, algunas veces hay retrocesos y no es posible alcanzar una justicia para todos, pero  la memoria del pasado está viva en el presente y queremos apoderarnos de ella, en diciembre del año pasado hemos conmemorado juntos el fin de la guerra mundial después de cien años, espero que en Nicaragua el proceso no tome mucho tiempo y que sea mucho más breve el tiempo para la paz y la reconciliación entre todos, no deseo perder la esperanza de que la mesa de diálogo en Nicaragua se reanude pronto para lograr una solución negociada”, expresó.	Desde abril de 2018 Nicaragua sufre una represión continua de sus derechos humanos, incluyendo la violación masiva y organizada del derecho a la vida de más de 500 personas asesinadas por fuerzas paramilitares y policiales organizados desde el gobierno, así como torturas, desapariciones forzadas y abusos sexuales en las cárceles, según denuncias de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.