La noche del martes, Barcelona ya vivió escenas de guerrilla urbana entre las fuerzas del orden y los manifestantes, que protestan por la sentencia emitida el lunes por el Tribunal Supremo, que condenó a duras penas de cárcel a nueve dirigentes separatistas por su papel en la tentativa de secesión de 2017.	«Esto debe detenerse ahora mismo. No hay razón ni justificación alguna para quemar coches ni para ningún otro acto vandálico. La protesta debe ser pacífica y cívica», dijo Torra, quien no desaprovechó la ocasión de alentar a la movilización tras la sentencia del Supremo: «es normal y es bueno que protestemos contra una sentencia injusta y aberrante».	A una de las columnas se unió el presidente catalán, el independentista Quim Torra, quien evitó abordar los hechos violentos de los dos días anteriores. El lunes, más de 10,000 personas intentaron paralizar las actividades del aeropuerto de Barcelona y se produjeron disturbios. Por su parte, el ministro catalán de Interior, Miquel Buch, pidió públicamente «aislar» a las personas violentas, advirtiendo que la policía regional, los Mossos d’Esquadra, continuará reprimiendo cuando haya excesos.	Catorce personas precisaron atención médica, según los servicios sanitarios. El martes habían sido 125 los atendidos, mientras que 51 personas fueron detenidas este miércoles, indicó el ministerio de Interior. Refuerzos policiales fueron enviados a esta región nororiental de 7.5 millones de habitantes, indicaron en la jornada fuentes del Ministerio de Interior en Madrid.	Entre las medidas que le piden está aplicar la Ley de Seguridad Nacional, que pondría en manos del Estado las competencias en materia de seguridad de Cataluña, e incluso empezar a dar pasos hacia una intervención de la autonomía regional, como ya ocurrió en 2017 tras la tentativa de secesión. «Nosotros vamos efectivamente a modular nuestra respuesta en función de cual sea la actitud y las decisiones que tomen los responsables políticos» catalanes, dijo Sánchez.