Los comités exigen a la dictadura que rinda cuentas sobre las múltiples violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto de la crisis sociopolítica que estalló en abril del 2018 y que persiste a la fecha, incluyendo las muertes ocurridas bajo la represión y las acciones del Estado para investigar tales crímenes.	En ocasión de la conmemoración del 71 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el orteguista López mencionó una serie de supuestos avances en restitución de derechos humanos en los casi 13 años del régimen como la universalización y gratuidad de la educación pública, la reducción de la mortalidad infantil y el aumento en el índice de equidad de género que han sido reconocidos por órganos de Naciones Unidas.	Sin embargo, López calló al ser cuestionado por LA PRENSA sobre la exigencia de Naciones Unidas de que el Estado de Nicaragua  actualicen los datos sobre las muertes en el contexto de la crisis, los despidos por represalia política y la degradación de categoría de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).	Esa elocuencia la perdió López cuando se le preguntó sobre los reportes de la ONU, como otros organismos internacionales, en que desnundan las sistematicidad de violaciones de derechos humanos de la dictadura Ortega y Murillo al pueblo como crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, juicios parcializados, tratos crueles y degradantes que han sido documentados y expuestos en foros mundiales causando la condena masiva de los países.	Al menos 328 asesinatos, torturas a cientos, más de dos mil heridos, violaciones y abusos sexuales, cientos de detenciones arbitrarias y juicios de odio a cientos de personas, de las cuales 160 siguen detenidas… es parte del saldo sangriento de los crímenes considerados delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura orteguista desde abril del 2018, documentados por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).	A la pregunta directa sobre la degradación de la PDDH de la categoría A a la B al ser evaluada por  la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri) de que sus informes sobre la represión al pueblo no son creíbles y han comprometido su parcialidad hacia el régimen, el diputado López no tuvo argumentos.	«La Cepal, que es una entidad de América Latina que mide el crecimiento económico, consideró a Nicaragua como uno de los países con mayor crecimiento económico en América Latina, un crecimiento económico sostenido, alrededor del cinco por ciento. Los organismos que analizan la infraestructura en América Latina ubican a Nicaragua con las mejores carreteras», fue la respuesta de López.	«Nicaragua ha mejorado todos sus indicadores en derechos humanos. Según los organismos internacionales, Nicaragua es el país que tiene el índice de seguridad mejor ubicado. Tenemos la tasa de homicidio más baja de América Central y de las más bajas en América Latina. Muchas gracias»,  dijo el orteguista López, cortando la entrevista para no responder directamente sobre los crímenes atribuidos el régimen.	Durante el contexto de la crisis se ha convertido en uno de los más cercanos aduladores a los dictadores Ortega y Rosario Murillo, al conformarle las comisiones de «paz y reconciliación» cuyo argumento de misión dicen restaurar la convivencia pacífica en los municipios tras el levantamiento del pueblo contra el régimen, pero tales comisiones son denunciadas por pobladores y sectores opositores como parte de las estructuras políticas partidarias a través de las que el régimen espía y pretende controlar a los ciudadanos en desacuerdo con el orteguismo.	El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unifec por sus siglas en inglés) publicó en noviembre pasado una declaración de más de mil niños, niñas y adolescentes de Nicaragua, en donde denunciaron que la inseguridad y peligro en las calles sumado al abuso sexual es uno de los grandes retos que existen en el país; sumado al acoso de la Policía Orteguista (PO) que mantiene contra adolescentes y jóvenes que disienten de la postura oficialista.	«La Comisión de Derechos Humanos de esta Asamblea no trabaja en pro de exigir el respeto a los derechos, más bien quienes participan como miembros y dirigen esa Comisión son los principales infractores de los derechos inalienables de los nicaragüenses. El presidente de esa comisión es señalado como el principal cabecilla de haber quemado una radio y atentar contra la vida de muchos leoneses», señaló Rodríguez.	En el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) -de la CIDH- se identifican al menos a seis altos funcionarios del régimen, encabezados por la dictadora Rosario Murillo, de haber posiblemente entramado y ejecutado el plan que causó una serie de crímenes contra las manifestaciones ciudadanas iniciadas en abril, y en el reporte se plantea que los señalados sean investigados por su vinculación directa en la represión.