Ago. 20, 2009, 10:59 a.m. Las percepciones sociales sobre la delincuencia son tan importantes o quizás más importantes que los hechos delictivos en la “seguridad de las personas”; ambas integran junto a la credibilidad en las instituciones y la respuesta institucional o eficacia, los cuatro componentes inseparables de la SEGURIDAD CIUDADANA. ¿Por qué la percepción de inseguridad de los nicaragüenses es creciente? Indudablemente en ello influyen varias condiciones, no sólo su carácter “inseparable, integral e indivisible en la dimensión humana”, sino también, los mecanismos de información social,  la confianza en las entidades públicas y la manera de cómo se disponen para atender las preocupaciones de los habitantes.	Hay relación entre cantidad de delitos y percepción de inseguridad. Si la gente percibe más temor a ser víctima de la delincuencia, podemos deducir, aunque en distinta proporción en dependencia del departamento, municipio, ciudad, comarca o barrio, que la probabilidad objetiva de ser afectado por un hecho criminal es mayor. Ahora hay mayor riesgo por delitos que hace diez años. Los resultados preliminares de la estadística policial del primer semestre 2009 lo confirman. La tendencia de incremento de las tasas delictivas y su peligrosidad en Nicaragua siguen siendo crecientes desde el año 2004. La comparación de los resultados entre el primer semestre del 2009 con respecto al 2008, indican incremento del 5% de las denuncias; es imprescindible resaltar el aumento de los homicidios en 17% y de los robos en sus distintas categorías en 10%; el modus operandis de mayor peligro, el robo con intimidación, cuando la víctima es amenazada con arma de fuego o arma blanca muestra nuevamente un sorprendente salto del 30%. Si recordamos, en el 2008 con respecto al año 2007 el aumento de este delito fue mayor al 40%.	Aunque la vigencia del Nuevo Código Penal (julio 2008) modifica, elimina y crea algunos tipos delictivos lo que dificulta la comparación de algunos entre un período y otro, según datos preliminares no oficiales, entre enero y junio de 2009 la Policía conoció 103 secuestros (incluye secuestros simples y extorsivos; los registros no desagregan esta categoría).	Algunos delitos menores muestran descenso, es un fenómeno común según diversos estudios criminológicos que, cuando se incrementan los delitos graves, la denuncia de delitos menores puede reducirse. Por ejemplo, las lesiones conocidas (leves, graves y gravísimas) bajaron en 24% y los hurtos en 59%. No es necesariamente que ocurran menos, es que la gente, cuando el caso que le daña es de menor gravedad, prefiere no denunciarlo (por diversos motivos principalmente desconfianza ante la respuesta policial y judicial); ello implica el incremento de la cifra oscura (delitos no conocidos o subregistro).	Si las tendencias se mantienen igual y aun siendo levemente menores para el segundo semestre del año con respecto al primero de 2009, habremos llegado, al concluir diciembre, según nuestra proyección lineal especulativa, a una tasa de homicidios mayor de 14 x cien mil habitantes o quizás casi a 15; serán lamentablemente 850 muertes violentas provocadas, mucho más que las 731 víctimas del año anterior. El asesinato, el más grave de los “homicidios” tuvo un incremento preocupante del 15.5%.	Con más casos una cosa es obvia: se reduce la capacidad (en cantidad y calidad) de la respuesta policial para investigar los delitos y judicial para sancionarlo. Se satura el sistema de justicia penal (policías, fiscales, defensa pública, penitenciaría, forenses, jueces). La impunidad aumentará, la inatención e insatisfacción de las víctimas por un auxilio y justicia pronta tendrá efectos negativos en la seguridad y confianza de las personas, se cae en un círculo de creciente demanda insatisfecha, descontento y búsqueda de opciones privadas o al margen institucional para obtener protección y seguridad.	¿Qué pasará si esos aumentos periódicos por encima del crecimiento poblacional (1.67%) se siguen manteniendo principalmente en delitos graves como el homicidio y el robo con intimidación? Ello pone en peligro el nivel de seguridad ciudadana que el país tiene y que comparativamente con el Norte de Centroamérica continúa siendo relativamente mejor, pero lamentablemente creciente. ¿Qué hacer ante la cruda realidad que los datos –siempre imperfectos, incompletos e inexactos- muestran? ¿Qué hemos descuidado como país, como sociedad y como Estado para que estos problemas se estén acrecentando?  ¿Qué corresponde hacer a la Policía, al Ministerio Público, al Ministerio de Gobernación, a los jueces, a los pobladores, transportistas, comerciantes, empresarios, a la comunidad educativa, a los comunicadores sociales,…? A lo mejor nuestras contradicciones políticas cotidianas, las dificultades para lograr consenso básico de nación, han distraído y desgastado los esfuerzos y escasos recursos para no atender como se debe estos y otros problemas que requieren un amplio, responsable y sostenido involucramiento de todos(as) los(as) actores(as) sociales nacionales. Como dice el popular refrán: “camarón que se duerme, se lo lleva la corriente”; la seguridad ciudadana debe ser un punto principal de la agenda común del país.