La iniciativa, agregó la información, fue abordada desde una perspectiva jurídica que "trata de ponerle límites al desbordado alcance que se le ha querido dar al delito político y sus consecuencias" y trata de "dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de Colombia con respecto del secuestro, las conductas relacionadas con el narcotráfico y la protección de los niños".