El salvataje que ha tenido El Nuevo Diario, al no ser cooptado por el emporio mediático del partido gobierno debe celebrarse como un mal menor a favor de la libertad de expresión, luego de haber sido adquirido como socio mayoritario por el empresario Ramiro Guardián. A pesar de las amplias declaraciones que brindaron sus  directores Francisco Chamorro y Danilo Aguirre Solís, en el contexto del 31 aniversario, todavía hay preguntas sueltas que la ciudadanía merece conocer en relación al futuro de este rotativo.	¿Quiénes integraran la nueva junta de accionistas de El Nuevo Diario? ¿Cómo queda su estado financiero después de la crisis? ¿Qué cantidad inyectó el nuevo socio mayoritario? ¿Cambiará su política informativa hacia el sector privado?¿Será otra propuesta informativa y editorial arropada bajo su prestigiosa marca? Son algunas de las preguntas que se formula la ciudadanía ansiosa de conocer la suerte definitiva de El Nuevo Diario.	El Nuevo Diario podría despejar todas estas dudas a través del establecimiento de un diálogo fluido entre las autoridades de este medio y sus lectores. Este mecanismo debe ir más allá de buenas intenciones de transparencia y estabilidad en la política editorial e informativa hasta llegar a la rendición de cuentas administrativa de forma voluntaria. Se trata de un primer paso que ayudaría a mantener y fortalecer la credibilidad que este rotativo ha tejido en los últimos treinta años con sus lectores.	Un buen esfuerzo de transparencia y de contraloría social hacia su público clave (personal de sala de redacción, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, etc.) fue la que se ensayó durante la crisis, explicando porque abrieron una línea de negociación con el propio partido de gobierno y el grupo Pellas, cuánto vale el activo de este medio, cuánto ascendió su deuda con sus acreedores; y además se develó que el partido de gobierno posee el 13 % de las acciones. ¡Sí, el mismo rotativo al que el mandatario llama ‘medio de la derecha’!	Los medios de comunicación como instituciones públicas que gozan de ciertas prerrogativas constitucionales, tienen el compromiso de rendir cuentas ante la ciudadanía. Sería una práctica sana que fortalecería los lazos entre medios, lectores, audiencias, fuentes de información y aliados institucionales. Hasta ahora lo que existe es resistencia por brindar información general: ventas, publicidad, facturación anual y quiénes son los verdaderos dueños de los principales medios en Nicaragua, cuando en realidad este tipo de información debería ser de acceso público.  En el campo electrónico Telcor se niega a colgar en su página web los nombres de las sociedades y personas naturales dueños de radioemisoras y estaciones de televisión en Nicaragua.	En el discurso los empresarios mediáticos siempre suelen decir que representan la voz del ‘pueblo’, sin embargo, a la hora de vender sus activos lo hacen de forma discrecional. Un buen ejemplo, el ex empresario televisivo Carlos Briceño Lovo, vendió Canal 8 y nunca dio la cara a su audiencia explicando los motivos de su venta. Casi dos años después Briceño Lovo, en el marco de la crisis de El Nuevo Diario, lejos de explicar en qué términos y a qué grupo económico vendió Telenica, simplemente se limitó a cuestionar a la ONAP, como una de las causantes de la asfixia económica que lo llevó a vender Canal 8. No discuto su derecho a cuestionar a ONAP, lamento que no aplique esa rigurosidad crítica en la venta que hizo de Canal 8. Aunque deja entrever que una de las causas fue la falta de anuncios recibidos de parte de la organización que aglutina a las agencias publicitarias del país. Una explicación demasiado corta.	La cero transparencia la encabezan los medios oficiales y el ente regulador. Hasta la fecha oficialmente se desconoce la inversión en publicidad que reciben del Estado y quiénes son los verdaderos dueños de este grupo mediático. El ente regulador no se interesa por ir a fondo en la aplicación de la ley, obviando que solo los nicaragüenses pueden ser dueños de frecuencias en medios audiovisuales. Este tipo de práctica ha fomentado cero rendiciones de cuentas del verdadero poder tras el trono en los medios de comunicación en el país.	La rendición de cuentas continúa siendo una asignatura pendiente para los empresarios de medios. Como señala Andreas Schedler, en su texto ¿Qué es la rendición de cuentas? Se trata de una exigencia para que existan los pesos y contrapesos de todos los actores en una sociedad. En palabras de Rothschuh Villanueva (Avatares mediáticos: 2011) los medios no deben funcionar ni por encima, ni por debajo de ninguna otra institución. Los medios de comunicación no deben confundir que su rol de fiscalizadores del resto de poderes tradicionales, les da un aval para colocarse como actores privilegiados exentos del control social.	El salvataje de El Nuevo Diario, constituye una oportunidad para transparentar el cambio de timón. Dar ese paso desde lo interno hacia sus lectores fortalecería su credibilidad y despejaría las dudas. La invitación también es extensiva para todos los empresarios mediáticos que continúan escudándose en el sigilo empresarial, muchas veces para ocultar la propiedad cruzada que practican, monopolizando los espacios y el poder en detrimento de la libertad de expresión. Si los empresarios mediáticos quieren ser coherentes con su discurso de responsabilidad social y representar la voz de la ciudadanía, ¡llegó la hora de decirles a sus audiencias y lectores quiénes son y cuáles son sus movimientos financieros!