Autoridades administrativas y financieras de la Contraloría General de la República (CGR) desembolsaron más de un millón de córdobas para cancelar la reparación de equipos informáticos y fotocopiadoras de esa entidad, teniendo como base para emitir centenares de cheques documentos falsos, entre los que destacan cotizaciones alteradas con borrones, enmendaduras, sin firmas, o con firmas y sellos escaneados.	Así lo señala un informe practicado por la Unidad de Auditoría Interna de del ente fiscalizador que revisó las cuentas del período que va de enero de 2005 al 30 de noviembre de 2006, y cuyos resultados fueron presentados a los contralores en octubre del año pasado. De este caso conocen tanto la Policía Nacional, como la Fiscalía General de la República.	Lo extraño es que la auditora interna de la CGR, Damaris Sobalvarro, no recomendó sanción alguna para los que aparecen como responsables de los desembolsos, entre ellos: el director administrativo, René Ruiz Tablada, Guadalupe Mejía, ex subdirectora administrativa; Álvaro Altamirano Padilla, responsable financiero (interino); Enrique Gómez, responsable administrativo, y Benito Ortiz, responsable de contabilidad.	Algo más extraño aún, es que los resultados de la auditoría se hayan mantenido en secreto, hasta hoy, quizá porque quienes se encuentran involucrados son Ruiz Tablada, un reconocido personaje liberal, ligado al ex presidente y reo Arnoldo Alemán, quien lo nombró, entre otros cargos, como director de Migración y Extranjería durante su gobierno.	De acuerdo con el documento, del que EL NUEVO DIARIO obtuvo una copia, la Auditoría Interna de la CGR analizó el 100 por ciento de los cheques emitidos a favor de Franklin Basset, en concepto de cancelación de 186 facturas por “servicios de mantenimiento y reparación de equipos de computación y fotocopiadoras”, las que ascendieron a 721 mil 626 córdobas.	Los auditores también analizaron el 100 por ciento de los cheques emitidos a favor de los señores Guillermo y/o Alfonso Cajina, por el valor de 417 mil 632 córdobas, detallados de la siguiente manera: en 2005 se emitieron cheques en concepto de reparaciones de equipos de computación y fotocopiadoras, por un total de 188 mil 921 córdobas, mientras que en 2006, los cheques emitidos bajo ese mismo concepto ascendieron a 228 mil 711 córdobas.	“En resumen, nos referimos a 51 cotizaciones de Roberto Terán, 36 de Maniversa, 15 de Datatex, tres de Store Center, una de Alfredo A. Molina, cinco de Xerox, tres de Copiadora y Más, 91 de Banisa, 49 de Microsa, 18 de Ipesa, nueve de Copinsa y seis de Compucopiers Servive”, dice el documento de la Auditoría Interna.	“El caso del cheque No 7592, a favor de Franklin Basset, en concepto de cancelación de factura No. 1864, del 25 de octubre de 2006, por reparación de fotocopiadora Lannier, por 27 mil 759 córdobas, efectivamente la cotización de Copinsa no contiene ni sello ni firma de la persona que emitió dicha cotización”, dice el informe.	“En el caso de la cotización de Roberto Terán, la señora Manuela Pérez Salazar envió carta a esta CGR donde manifiesta que esa empresa no ha cotizado ninguna reparación para equipo Lannier, que dicha empresa no distribuye esta marca y que no reparan equipos de marcas de las que no son representantes. La firma de la carta mencionada difiere de la plasmada en la Cotización”, agrega el documento de Auditoría Interna de la CGR.	Asimismo, los auditores pudieron determinar que no existe coherencia entre las fechas de cotizaciones que fueron elaboradas entre 4 y 21 días después de haberse procesado el análisis de la oferta. “Trece análisis de cotizaciones se elaboraron entre uno a 28 días después de las fechas de emisión de las facturas y de recibido el trabajo por el área interesada”, dice el informe.	A ello añadieron que existen reparaciones similares para un mismo equipo en períodos relativamente cortos, entre uno y dos meses de diferencia, sin embargo, en las facturas no se especifica si el contratista otorga garantía por dichas reparaciones y/o cuál es la responsabilidad de éste en determinado lapso, partiendo del hecho de que esas refacciones involucraron suministros de repuestos que se presumen o se suponen eran nuevos.	El criterio de los auditores es que quienes participaron en el proceso de contratación y compra de estos bienes y servicios violentaron la Ley de Contrataciones del Estado (Ley 323) y la Ley Orgánica de la CGR, que establece en su artículo 163 “que las personas designadas para la firma de cheque como giradores u otorgadores de Visto Bueno en las entidades, son responsables de verificar que el proceso de control interno previo al desembolso, haya sido cumplido, y que la documentación esté completa antes de autorizarlo con su firma”.	En el caso de la Ley 323, los auditores indican en su informe que hubo un claro incumplimiento de la misma, pues quienes autorizaron esos desembolsos no tuvieron a la vista el mínimo de tres cotizaciones de personas físicas o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro de Proveedores del Estado.	“Lo anterior no contribuye a un ambiente de control interno adecuado (ya que) al estar dichas transacciones autorizadas por directores generales y subdirectores, aumentan los riesgos de que se cometan actos irregulares por el personal ejecutor, dado las características de este tipo de gestión”, señala el informe como un efecto claro de las irregularidades.	Ruiz Tablada, director administrativo financiero, al ser entrevistado por los auditores por las anomalías, dijo que “es responsabilidad del Comité de Compras revisar las cotizaciones, no obstante la tecnología moderna acepta estos documentos, por lo que deberán ser analizados por especialistas en la materia para determinar si éstos son originales o no”, y que los cheques de pago se firman posterior al cumplimiento de los requisitos.	Semanas atrás EL NUEVO DIARIO conversó sobre el tema con el presidente de la Contraloría Luis Ángel Montenegro, y éste nos manifestó que sobre la base de los resultados de la Auditoría Interna, habían ordenado una Auditoría Especial, sin embargo, se trató de una conversación ligera y nunca nos mencionó que la Policía Nacional ya estaba investigando las irregularidades.	Mientras tanto, el vicepresidente de la CGR, Lino Hernández, dijo que al parecer el asunto de las cotizaciones “amañadas” era una práctica de vieja data, que se viene dando en el ente fiscalizador desde antes que asumiera la administración financiera Ruiz Tablada, aunque admitió que las anomalías fueron detectadas durante este período.	“A mí se me fregó la fotocopiadora, la mandamos a reparar, y cuando llegó el cobro del señor (Franklin) Basset me di cuenta que el monto era bastante alto, tanto, que incluso, pensé que salía mejor comprar una nueva, pero bueno, ya se había ‘reparado’ y había que pagar por ese servicio. A mí me olió mal cuando a los 15 días de reparada ya no servía”, relató el colegiado.	Argüello Poessy consideró de “muy grave” el hecho de que en la Contraloría se haya dado una situación como ésta, pues se trata del ente fiscalizador. “Es un hecho muy delicado, de unos proveedores que se quisieron pasar de vivos con ayuda de un ‘gato casero’, pero estoy seguro de que lo vamos a encontrar”, dijo.