Se trata del expresidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) José Leopoldo Samour, y los representantes de la empresa de capital italiano ASTALDI, José Enfraín Quinteros y Mario Pieragostini. "La representación fiscal está satisfecha con la resolución judicial, porque la jueza ha reconocido que existen suficientes elementos que demuestran nuestro caso" por los delitos de peculado, lavado de dinero y pagar sobornos, dijo a periodistas uno de los fiscales del caso.	Con estas personas suman cuatro los supuestos cómplices de Funes que enfrentarán una investigación judicial por este caso, el primero fue el empresario de seguridad, amigo del expresidente y extitular de un centro de ferias estatal, Miguel Meléndez. Según la Fiscalía, Menéndez ayudó a Funes, asilado actualmente en Nicaragua, a lavar 3,5 millones de dólares de dinero estatal malversado en empresas "fachadas" en El Salvador, Panamá, Suiza, Islas Marshall y Curacao.	El Ministerio Publicó explicó el pasado 4 de enero que este dinero fue entregado como "dádivas" por parte de ASTALDI por llegar a un "arreglo directo" sobre el fin de un contrato por la construcción de la represa El Chaparral. Relató que la referida compañía tenía un contrato desde 2008 por más de 219,9 millones de dólares con el Gobierno para construir dicha represa, pero ésta abandonó la obra por "imprevistos" geológicos.	El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador debe decidir sobre el futuro judicial de Funes y de su cónyuge, Mitchell Guzmán, en este caso en una diligencia "con vista de requerimiento", dado que no enviaron representación legal. Este se suma a otros procesos contra Funes por la supuesta malversación de más de 351 millones de dólares, el pago de sobornos al ex fiscal general Luis Martínez para evitar investigaciones por una tregua entre las pandillas y la construcción de la referida represa, y revelar un documento secreto estadounidense.