Las cifras de este observatorio se alimentan de los hechos noticiosos que son cubiertos por los diferentes medios de comunicación, explica Martha Flores, quien aclara que siempre existe un subregistro, ya que no en todos los casos se ponen denuncia o llegan a ser publicados en los medios. Para la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, los femicidios no son hechos aislados a la violencia institucional y generalizada que azota el país.	Nicaragua cuenta con la Ley 779 o Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, sin embargo para Núñez, también presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, esta no era perfecta, pero implicaba un avance importante en la materia, no obstante con las reformas ejecutadas por el régimen orteguista, poco a poco se fue disminuyendo la posibilidad de dar respuesta, expuso.	Eveling Flores, de la Red de Mujeres contra la Violencia, explica que es importante señalar, enjuiciar y castigar, tanto a los femicidios como a los que quedan en grado de frustración, ya que la intención de quitar la vida ya estaba en ejecución, pero la mujer sobrevive. “Pero el dolor de quitarle la vida no lo podemos quitar del hombre machista y femicida”, expresó.	Flores señaló que un gran porcentaje de los femicidas en grado de frustración quedan en la impunidad, ya que no se investiga, no se sanciona. Asimismo, explicó que en el país no existe institucionalidad, ya que los mismos funcionarios públicos no están cumpliendo con la aplicación de la ley, no actúan apegados a derecho, y fungen más como operadores partidarios en vez de cumplir su rol por el cual devengan un salario.	Cabe mencionar que en la Ley 779 no existe la tipificación de femicidio en grado de frustración de forma expresa, pero sí está presente el delito de femicidio. Cuando este delito se cumple como tal o cuando no se logra privar la vida de la mujer, igual debe investigarse y sancionarse, insiste Flores, de la Red de Mujeres.	“Esto es parte de la violencia que se está inculcando por la represión gubernamental y más cuando se carece de instrumentos jurídicos adecuados, más cuando tenemos a un poder judicial que no tiene independencia, y tercero, cuando no hay voluntad política de ponerle fin a esta situación, las mujeres están en una absoluta indefensión, en una situación de riesgo permanente porque las reacciones del gobierno a este tipo de situaciones son acciones propagandísticas”, dijo.