Este es el hecho más preocupante del estudio, dice Cuadra, quien afirma que se trata de «un elemento que no estaba presente con anterioridad». La especialista explica que la situación «muestra que las armas de guerra son nuevamente un problema crítico de seguridad para el país; que están circulando libremente otra vez, ahora en manos de civiles y aparentemente, sin control del Estado; y en consecuencia, los riesgos de mayor violencia y tráfico ilícito de armas se incrementan en el país».	Especialistas en temas de seguridad advirtieron sobre los riesgos que el régimen de Daniel Ortega permitiera que civiles armados se desplazaran en las calles portando armas de guerra, bajo la venia de la institución policial. De acuerdo con información publicada por este Diario en 2018, el investigador Roberto Orozco, señaló que ese tipo de armas-de guerra- es de uso exclusivo militar, y son consideradas de alta potencia.	Cuadra analizó 59 casos con 66 víctimas mortales, los que fueron expuestos con datos preliminares a través del estudio una Espiral de Muerte en Nicaragua 2018-2019. El estudio demuestra, además que, a diferencia de años anteriores, un porcentaje alto de estos delitos fueron cometidos con armas de fuego: 54.5 por ciento.	La especialista explica que en años anteriores se observaba violencia política en situaciones muy específicas como las campañas electorales y en actividades de movilización, pero no llegaban a ese tipo de consecuencias. También existen casos de asesinatos en los que se denunció una motivación política pero eran menores en cantidad con los que se han contabilizado a la fecha.