El desafío que en estos momentos enfrenta Nicaragua no es cambiar su sistema de gobierno sino organizar un gran esfuerzo nacional, con la amplia participación de todos los sectores sociales, a fin de responder adecuadamente, tanto a la emergencia generada por la situación de catástrofe nacional en que nos encontramos, como para avanzar en el camino de un auténtico desarrollo endógeno, humano y sustentable, con miras a alcanzar las Metas del Milenio en 2015.	Ésta es la mejor oportunidad de poner a prueba la veracidad del lema del actual gobierno, que se ofreció al electorado como un gobierno de la Reconciliación y la Unidad Nacional.  Ojalá el Poder Ejecutivo comprenda que la magnitud del esfuerzo que demanda la atención de ambos retos requiere superar el ánimo de confrontación constante, los resentimientos del pasado, el autoritarismo y el secretismo, que hasta ahora han caracterizado a la actual administración, y dar paso a nuevo estilo de gobierno, que anime a todos los sectores del país a dar su contribución en la inmensa tarea que todos tenemos por delante, y que va a beneficiar principalmente, si se asume con madurez y patriotismo, a los sectores más pobres de nuestra población.	Cuando las encuestas, tanto de MyR como de CID-Gallup, son consistentes en señalar que la percepción del 60 y hasta el 63% de la población es que el país no va por buen camino, tanto el gobernante, como sus ministros y asesores, deberían llegar al convencimiento de que ésta no es una simple percepción de la ciudadanía sino que nos lo dicen también las cifras más recientes sobre la situación del país.	El presidente del Banco Central reconoció, la semana pasada, que la inflación cerrará el año 2007 por encima del 9.5% previsto. Esto significa que, por primera vez en los últimos años, el índice de inflación alcanzará dos dígitos. Éste no es un indicador económico frío. Esto lo siente el sector más pobre, y la población en general, en su propio estómago: todo está más caro, desde los alimentos básicos, como son el arroz, los frijoles y el pan, hasta el combustible, la energía, el gas licuado, las medicinas, etc…	Hay un alza generalizada en los precios de los artículos de mayor consumo, lo cual hace cada vez más inaccesible un mayor porcentaje de la canasta básica de 53 productos para la gran mayoría del pueblo, cuyos salarios cada vez les rinden menos.  Se anunció con bombos y platillos el programa “Hambre Cero” y se prometió una lucha frontal contra la pobreza. Sin embargo, los organismos internacionales advierten que no se ha producido un avance en esa lucha sino más bien un estancamiento. Y las cosas podrían ponerse aún peor, tanto por la pérdida de las cosechas en extensas regiones del país, como por el exorbitante precio que alcanzó la semana pasada el barril de petróleo en la Bolsa de Valores de Nueva York: US$93.49 dólares. Estos dos hechos pueden significar una amenaza de hambruna y una profunda crisis económica, que harían obsoletas las estimaciones en que se basa el proyecto de Presupuesto General de la República para 2008, aún antes de su aprobación por la Asamblea Nacional.	Esta realidad, independientemente de lo que digan las encuestas, debería mover a cualquier estadista a tomar las medidas del caso y a buscar el respaldo de un consenso nacional, a fin de anticiparse a la amenaza de hambruna y al impacto negativo que para nuestra frágil economía tendrá el incremento inmoderado del precio del petróleo, que afecta principalmente a los países más pobres y necesitados, pero que provoca el aplauso y la satisfacción de los gobernantes de los países que tienen la fortuna de disponer, a manos llenas, de petrodólares.	Mientras tanto Nicaragua, según el Foro Económico Mundial cayó 16 puntos en el Índice Global de Competitividad, al pasar del lugar 95 al 116, en una lista de 131 países. Un reciente estudio de un grupo de organismos internacionales señala que Centroamérica es la región del mundo con mayor desigualdad social y Nicaragua el país situado a la cola de los países de la región. Las cifras que ese estudio nos proporciona sobre la situación de Nicaragua y Costa Rica deberían, al menos, provocar nuestra reflexión acerca de cómo ellos han logrado el grado de bienestar general que los acerca a Argentina, Chile y Uruguay, en cuanto al Índice de Desarrollo Humano, mientras nosotros estamos entre los países más desfavorecidos de América Latina.  Mientras, el P.I.B. per cápita en Costa Rica es de US$4,634 dólares, el nuestro es cuatro veces menor: US$955 dólares. Mientras nuestros pobres representan el 60% de la población, Costa Rica solo tiene un 20% de pobres.	Y aquí cabe señalar que este progreso Costa Rica lo ha logrado con un sistema de gobierno presidencialista, que respeta el Estado de Derecho y la independencia entre los poderes del Estado. Por lo tanto, no es culpa del sistema presidencialista que estemos como estamos sino de quienes han hecho un mal uso del sistema, partidarizando los poderes del Estado e irrespetando continuamente el Estado de Derecho.