Nov. 14, 2008, 9:36 a.m. Con carácter general, actualmente se da por superada una concepción tan rígida del principio de legalidad como la afirmada por Montesquieu, al decir que el juez es sólo la boca que pronuncia las palabras de la Ley, la cual no admitía la interpretación de la Ley. Así, hoy muchos autores niegan que los jueces deban limitarse a interpretar y aplicar literalmente la Ley y afirman que tanto la interpretación como la aplicación de la ley, implican siempre una valoración. En este sentido, como es sabido, la hermenéutica clásica contempla cuatro métodos de interpretación normativa: gramatical (de gran valor la asignatura de Lenguaje Jurídico), histórico, sistemático y teleológico.	Aunque, con cierta frecuencia en la interpretación de la Ley, se emplea exclusivamente el método teleológico, para indagar sobre su sentido, deducir su finalidad buscando la voluntad histórica del legislador. Deben tenerse en cuenta el resto de métodos señalados, además, de que el método científico debe estar determinado en gran medida por el objeto al cual pretende aplicarse.	Asistimos pues a las problemáticas derivadas de las relaciones confrontativas entre el principio de legalidad (el texto legal) y la interpretación y aplicación de la Ley. El principio de legalidad tiene reconocimiento constitucional en los artículos 32 (“ninguna persona está obligada a hacer lo que la Ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe”) y 130 (“ningún cargo concede, a quien lo ejerce, más funciones que las que le confieren la Constitución y las leyes”) ambos de la Constitución y en correspondencia con artículo 1 del nuevo código penal (“ninguna persona podrá ser condena por una acción u omisión que no esté prevista como delito o falta por ley penal anterior a su realización”) se introduce el principio de legalidad penal con rango de derecho fundamental, entiendo, protegible en vía de amparo.	Este principio garantiza tanto la seguridad jurídica de los ciudadanos como las libertades, frente a los abusos derivados del ejercicio arbitrario de la facultad de sanción, por parte del Estado y asegura la igualdad de trato a los ciudadanos desde el momento que obliga a una obligación igualitaria de las normas.	Por ejemplo, si un funcionario declara públicamente que existen 4,206 sujetos que pueden ser objeto de investigación, pero, si bajo su responsabilidad y mando de forma discriminatoria y arbitraria, los investigados no llegan a 5, esto es un derecho penal de autor (castigar a las personas no por sus hechos sino por lo que son). Es un ilícito penal confeso y ex profeso.	1-las exigencias al legislador de concreción y determinación en las descripciones legales de las conductas delictivas y sus penas correspondientes. Porque, de poco sirve exigir que la conducta y la sanción estén predeterminadas en la norma, si está aparece formulada en términos tan imprecisos que el ciudadano no sabe con certeza que conducta se declara prohibida y que pena se le impondrá al que incurra en ella. Una de las finalidades principales del legislador debe ser la de plasmar por escrito un mensaje normativo cuya forma y contenido sea comprensible para todos sus destinatarios, pero este mensaje, además, como recuerda Doval Pais, se ha de incorporar adecuadamente en el ordenamiento y en el sector jurídico correspondiente.	Sobre las leyes indeterminadas advirtió Welzel, que no son concebibles con la idea de Estado de derecho. Porque es muy importante que en las leyes no haya oscuridad, incertidumbre, que cada cual entienda perfectamente las leyes y sepa a qué se expone violándolas. Una ley imprecisa no puede proteger a los ciudadanos de la arbitrariedad y de la discriminación, no limita la facultad de castigo estatal. Ahora, en Nicaragua gracias a la Fiscalía, no nos cuesta imaginar el auténtico peligro que nos amenazaría si se introdujera en el código penal una norma que dijera: será castigado con “X” años quien cometa “actos ilícitos”, sin determinar qué actos.	Sin embargo, poco se discute sobre un inevitable grado de indeterminación, porque es imposible redactar las leyes de tal manera que no se le planteen al juez problemas de interpretación, pues se debe recordar el propio concepto de Ley como norma general y abstracta, pero, siempre los ciudadanos deben saber desde un principio lo que está penalmente castigado para poder adecuar su comportamiento a ello.	Podríamos debatir, intuir, especular al respecto, pero, creo no es cuestionable que su mensaje no fue incorporado adecuadamente. Esta no es una norma penal en sentido sustancial, es una norma penal indeterminada, este artículo no determinaba con exactitud cuándo una conducta generalmente punible (el aborto) era excepcionalmente no punible (cuando estuviera en peligro la vida o salud de la gestante por ejemplo).	Sin bien, parece no haber mayor discusión acerca de cierta flexibilidad sobre el mandato de taxatividad cuando a las causas de justificación se refiere, no debe entenderse como posible el uso de conceptos vagos que dejen en penumbra los límites entre los comportamientos delictivos y los que no lo son, o según Muñoz Conde, que dejen en manos del juez la solución final, sin vincularlo a conceptos claros y precisos. Esto último sería contrario al principio de división de poderes, permitiendo al juez hacer cualquier interpretación e invadir con ello el terreno del legislativo. Ya la experiencia histórica lejana y cercana nos advierte sobre los peligros que enfrenta nuestra frágil democracia ante el debilitamiento del régimen de controles y el cambio de funciones de los poderes estatales a través del irrespeto de sus competencias.	Es evidente que toda acción que desobedezca estos mandatos es inconstitucional y criminal, según delito de abuso de autoridad o funciones del artículo 432 del Código penal que a la letra dice: “La autoridad, funcionario o empleado público que con abuso de su cargo, o función, ordene o cometa cualquier acto contrario a la Constitución Política de la República de Nicaragua, leyes o reglamentos  en perjuicio de los derechos de cualquier persona, será sancionado con pena de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo o empleo público de seis meses a cuatro años”.	Contradecir el mandato de legalidad sería una expansión inconstitucional, violatoria de todo el orden legal y seguridad jurídica en detrimento de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos. Esto no sólo encaja dentro de los “actos ilícitos” taxativamente tipificados en el artículo 432, sino, que además son actos autoritarios cuya tolerancia y permisibilidad suponen un amenazador proceso de involución autoritaria del modelo de Estado. Bajo estas hipótesis es nimio hablar de recusación cuando todo lo actuado es penalmente ilegal. Porque recusar a los funcionarios o autoridades sería atacar a los autores pero no los hechos ilegales persistiendo la vulneración de derechos y la situación ilícita. Por lo tanto, en esos casos, no sólo procede la destitución de esos funcionarios por exigencias de responsabilidades administrativa y civil, sino que, además y principalmente su enjuiciamiento criminal por responsabilidades penales. Concluyo parafraseando a Voltaire, al recordar que la ley obliga por igual al monarca y a los mendigos.