Al inicio del proceso, los miembros del tribunal emitieron un pronunciamiento en el que aseguraron que serán "firmes" en sus decisiones y reconocieron que son "conscientes de la expectativa social" que ha generado el juicio. El tribunal remarcó su "independencia e imparcialidad judicial" y el "pleno respeto a los principios del derecho penal".	El 3 de noviembre de 1991 quince personas, entre ellas un menor de 8 años, fueron asesinadas en Barrios Altos, en el centro de Lima, "por sujetos fuertemente armados que llegaron en vehículos adscritos a instituciones estatales y que actuaron con total impunidad", según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).