Las familias de los comerciantes y presos políticos Francisco Javier Dávila, de 56 años, y su hijo Francisco Javier Dávila Pineda, de 27 años, originarios de La Trinidad, Estelí, al norte de Nicaragua, están muy preocupadas porque el régimen de Daniel Ortega va tras los bienes de sus parientes presos, enmascarados en la acusación por terrorismo y crimen organizado.	A ambos autoconvocados los acusan porque apoyaron alguna vez con alimento a las personas que se encontraban en el tranque de La Trinidad, Estelí, una de las estrategias que el pueblo nicaragüense tomó para presionar a Ortega a negociar por la democracia en el país y el cese a la violencia contra los manifestantes.	“La acusación carece de muchos elementos. Es vaga, pero aun así alegan crimen organizado con base en la Ley 735, lo que les allana el camino para solicitar el decomiso de bienes y esta intención se refuerza porque la Fiscalía ofreció entre los elementos de prueba el detalle registral de las fincas de los procesados, así como el registro de sociedades mercantiles”, explicó Aura Alarcón, defensa de los afectados.	Los procesados están acusados junto a Byron Molina Fuentes, de 24 años, expolicía antimotín que se negó a formar parte de grupos paramilitares, según familiares; Nelson Ariel Mairena Castillo, de 44 años, y el exalcalde de La Trinidad Francisco Alcides Molina Cruz, quien tiene orden de captura y allanamiento, igual que 13 personas más, por haber ejercido su derecho constitucional a la protesta.