Ninguno de los alrededor de 130 presos políticos fue excarcelado, ni siquiera la joven estudiante María Ruiz Briceño, quien desde hace más de dos meses fue secuestrada por participar en una protesta pacífica en la Catedral de Managua y es la única mujer presa por participar en la lucha democrática, después de que todas las demás salieron de la cárcel en junio pasado.	En los recientes días de las Fiestas Patrias la demanda de libertad para todos los presos políticos se intensificó de diversas maneras, alentada significativamente por el informe sobre Nicaragua presentado el 10 de septiembre por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El informe denunció de manera contundente a la dictadura de Daniel Ortega y le exigió que deje en libertad a los reos políticos.	En Nicaragua toda la gente democrática y de buena voluntad respalda la demanda de que los prisioneros políticos y de conciencia sean puestos en libertad. La dictadura niega tenerlos. A todos los califica como presos comunes y los acusa de haber cometido diversos crímenes, como robo y asaltos a mano armada, tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas etc. Pero la verdad es que son presos políticos, según lo demuestran las evidencias aportadas por sus familiares y defensores legales, como fotografías y videos en las que se les ve participando en las manifestaciones contra la dictadura.	Los presos políticos son una llaga dolorosa en el cuerpo social de los países sojuzgados por dictaduras. En ninguna democracia hay ni puede haber presos políticos. Solo en las dictaduras como la que impera en Nicaragua, que se impone por la fuerza de las armas y del terror policial, las personas son detenidas por sus convicciones y actividades políticas, maltratadas, condenadas y enviadas a prisión en las peores condiciones que cabe imaginar.