Por unanimidad y en menos de diez minutos, los miembros de un tribunal de jurados declararon culpable por violación, lesiones sicológicas y abusos deshonestos a Jorge Geovanni Sanabria Pérez, quien podría morir antes de llegar a cumplir los 27 años de cárcel que la Fiscalía está solicitando para él, porque padece del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). En la audiencia de debate de pena, la Defensoría Pública solicitó 21 años de prisión para el acusado, tomando como base las penas mínimas que existen para cada uno de los delitos, es decir, 15 años por la violación y tres y tres por los otros dos ilícitos. La Fiscalía pidió la máxima por la violación (20 años) y por los otros delitos cuatro y tres años de encierro, respectivamente. El juicio terminó a eso de las diez de la noche del lunes, en el Juzgado Tercero Penal de Juicio, a cargo de la juez Rosario Peralta, quien en los próximos días notificará la sentencia al acusado tomando en cuenta agravantes y atenuantes. La fiscal Eyra Jirón pidió que se tome como agravante en contra de Sanabria su mayor grado de ilustración, porque es administrador de empresas. Además pidió que se tome en cuenta el abuso de confianza, porque él era educador del Centro “Sí a la vida”, ubicado en Villa Austria, sitio donde ocurrieron los hechos el año pasado, así como la premeditación y el daño que provocó en los menores, entre otros. La defensa por su parte pidió que se tome en cuenta el hecho de que es un reo primario. Según la acusación, Sanabria abusó de cuatro menores  en septiembre de 2006, aprovechando cuando quedaba a dormir en el centro. Durante el juicio, Sanabria se defendió hora y media de las acusaciones. La Defensoría Pública argumentó que si en realidad éste hubiese violado a los niños, éstos estuvieran contagiados de Sida, y que el educador fue señalado por las autoridades del centro porque denunció el maltrato del que eran víctima los niños y reclamó sus prestaciones salariales cuando se fue del centro. Sin embargo, la Fiscalía alegó que no contrajeron el VIH porque los menores confirmaron que éste usaba preservativos, y que si bien es cierto no fue él quien les transmitió a dos de los cuatro niños condiloma humano, la verdad es que se enteró y consintió que otro menor sostuviera relaciones sexuales con los niños. El menor aludido fue acusado por los mismos delitos que le achacaron a  Sanabria, pero hasta la fecha ni siquiera le han hecho ni una sola audiencia y mucho menos el juicio, es decir, está impune.	En un juicio que se extendió hasta las diez de la noche del lunes,  los miembros de un jurado de conciencia, declararon culpable  por homicidio a Juan Carlos Meza, “El Conejo”, de 25 años, quien mató de un disparo en el tórax a Guillermo José García Espinoza, de 26 años, el dos de junio de este año, luego huyó y fue capturado en octubre, en el parqueo del Complejo Judicial Nejapa, donde trabajaba lavando carros. El día del crimen la víctima estaba en las afueras del bar Elvis, en el Mercado “Israel Lewites”, con unos amigos, cuando llegó “El Conejo” y sin mediar palabras sacó una pistola y le disparó sobre el tórax. García falleció por hemorragia masiva por laceración del corazón, los dos pulmones y el hígado. Doña Yadira Espinoza está conforme con el veredicto de culpabilidad para el homicida de su hijo, pero comentó que aunque le den la pena máxima, es difícil vivir tranquila, porque nada le va a devolver la vida a Guillermo José García.	La Defensoría Pública se hizo cargo este martes de la defensa de Edwin Esteban Morales Flores, quien el 17 de enero de 2008 enfrentará juicio oral y público en el Juzgado Tercero Penal de Juicio por la supuesta autoría del delito de violación en perjuicio de su propia madre, una mujer de 52 años, cuyo testimonio fue ofrecido como principal prueba de cargo para acreditar que la madrugada del 23 de noviembre, en el barrio Acahualinca, su hijo llegó a su cuarto totalmente desnudo y con un machete, el cual le colocó en el cuello, luego la violentó sexualmente, pese a sus ruegos. El imputado quedó en prisión porque no hubo ninguna oposición a la imposición de la  medida que la fiscal Jeanett Canelo solicitó.