¿Que fue lo que pasó en Perú? ¿Cómo se le llama? Cada cual le pone nombre a su gusto. Es lo que ocurre en una región —y un mundo— donde cada vez se respetan menos la esencia y los fundamentos del sistema democrático y donde desarrollar la actividad política en casos constituye una de las aventuras más peligrosas y en otros es una forma de conseguir patente de corso y garantías de impunidad total.	Para el presidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo (56), que en marzo del año pasado sustituyó en el cargo al renunciante presidente Pedro Pablo Kuczynski (80) PPK, y que acaba de disolver el parlamento con llamado a elecciones legislativas el 26 de enero próximo para conformar un nuevo congreso, se trata de la aplicación de una norma constitucional prevista para situaciones extremas. Para los congresistas disueltos es un golpe de Estado. Se les ha prohibido el ingreso a la sede legislativa donde soldados operan como porteros y hay entrada libre para turistas y visitantes pero no para quienes fueron elegidos por los ciudadanos.	La izquierda con poco protagonismo pero que crece, no dice nada: le conviene el llamado a elecciones. La OEA que no quiere apurarse ni meterse, dice que es un problema interno y que debe resolverlo el Supremo Tribunal Constitucional y que está bien que se llame a elecciones. La renunciante vicepresidenta Mercedes Aráoz, por unas horas designada presidenta por el disuelto parlamento, dice que “ha sido roto el orden institucional” y que hay que llamar a elecciones generales (de legisladores y de presidente).	Las encuestas dicen que el 70 por ciento de la población está de acuerdo con Vizcarra. ¿Y? El deterioro democrático, precisamente, se debe a que hay quienes gobiernan en función de lo que dicen las encuestas, las que solo se limitan a reflejar la opinión pública en un momento determinado y que además erran mucho. Y cada vez fallan más. El hecho es que Vizcarra tomó el control total del poder con el apoyo de las FFAA y la Policía que es, efectivamente, el respaldo que sirve más. Respetó, por ahora, la vigencia de una comisión permanente legislativa de 27 miembros con mayoría opositora (18). Hay un hecho a resaltar, sí, que es decisivo y que marca y define: todas las libertades siguen vigentes, en especial las de expresión, de prensa y de reunión. Sin duda esto hace una diferencia.	El Parlamento es cierto que estaba muy desprestigiado, pero sus miembros fueron democrática y libremente electos. También es un hecho. En cuanto al Tribunal Constitucional, mentado por la OEA, no es muy confiable: se iban a nombrar algunos nuevos miembros por parte del Parlamento, de acuerdo con las normas legales y eso fue lo que no gustó y decidió a Vizcarra. Tomó la vía de la disolución de un parlamento opositor, que legalmente iba a conformar un tribunal opositor.	Todos los expresidentes post Fujimori están presos o enjuiciados —uno se suicidó—, más la líder de la oposición Keiko Fujimori (43), hija mayor del exdictador Alberto Fujimori (80), entre otros varios jerarcas públicos más. Vizcarra que era embajador en Canadá —figuraba como vicepresidente, cargo que en Perú no tiene función ni sueldo— sustituyó a PPK con el visto bueno de Keiko.	La mitad de los peruanos son fujimoristas. Eso es lo que surge de las últimas elecciones del 2016. En la otra mitad hay antifujimoristas y un buen porcentaje que simplemente se inclinan por otras corrientes. Keiko logró 72 diputados para un congreso de 130, y la apoyó el 40 % del electorado. Casi duplicó a Kuczynski: 39.89 % contra 21.5 %. Pero hubo segunda vuelta y PPK le ganó a Keiko con un 0.23 de ventaja: (50.11 % contra 49.89 %). Fue el fujimorismo contra todos. O ganaba Keiko o ganaba cualquiera. Ganó cualquiera, y he ahí el dilema.