El anuncio de la realización de estos dos procesos penales, se da a pesar que desde el 29 de marzo pasado, el Gobierno suscribió un acuerdo con la Alianza Cívica, en el que se comprometió a liberar a todas las personas que han sido arrestadas en el contexto de las protestas antigubernamentales, pese a ello, la situación legal de estos permanece incierta.	Consultado sobre la dificultad para ejercer la defensa de los procesados debido a la cercanía de los horarios entre los juicios, y dado que en enero pasado ya hubo un antecedente negativo en el juicio contra Carcache Dávila -el entonces juez Ernesto Rodríguez (hoy magistrado de apelaciones de Managua), decretó abandono de la defensa.	Miguel Mora y Lucía Pineda, están presos desde el 21 de diciembre del año 2018, y enfrentan cargos por provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas y “fomentar el odio”. En el caso de Carcache Dávila su aprensión fue el cuatro de septiembre del 2018. Mora y Pineda permanecen en prisión desde la noche del 21 de diciembre de 2018, cuando la policía allanó las oficinas del canal con una orden emitida por el juez Sexto Distrito Penal de Audiencia de la capital, Henry Morales.	La detención de los seis jóvenes ocurrió en el sector del Sistema Penitenciario La Modelo de Tipitapa, cuando iban viajando a un taller de derechos humanos. En el momento de la detención la policía únicamente le ocupó a Carcache tres agendas personales, un libro de derecho público y otro sobre los derechos y deberes de los privados de libertad en Nicaragua.