El Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, dijo ayer que aún no sabe si reconocerán la convalidación del acto de allanamiento que ejecutaron oficiales de la Policía Nacional en la finca “El Encanto”, sin orden judicial, y que terminó en la muerte de tres agricultores dentro de la casa.	“Vamos a examinar las cosas y a darle su debido valor a lo que se está haciendo. Eso, se va a estimar, será producto de la evaluación para decidir que se va a hacer”, indicó Centeno, al preguntarle si reconocerán la convalidación efectuada por el juez suplente de Bluefields, Avelino Gutiérrez, a petición del jefe policial de esa región, Víctor López, fuera del término establecido por la ley.	El juez Gutiérrez defendió su decisión argumentando que aunque el CPP establece 24 horas, convalidó el allanamiento porque hay un término de la distancia de trece días, entre la Cruz de Río Grande --donde sucedieron los hechos-- y Bluefields, aunque reconoció que en materia penal no se pueden hacer interpretaciones extensivas de la ley.	“No conozco la jurisprudencia de la Sala Penal, porque como suplentes nunca nos invitan a un seminario”, justificó Gutiérrez. En las sentencias, los magistrados han dejado claro, entre otras disposiciones, que el acto del allanamiento de morada tiene su origen regulatorio en el numeral 4° párrafo segundo del artículo 26 de la Constitución, que indica “el domicilio sólo puede ser allanado por orden escrita de juez competente, excepto: a) si los que habitaren en una casa manifestaren que allí se está cometiendo un delito o de ella se pidiera auxilio”.	Gutiérrez dijo que el jefe de Policía no le informó que hubiesen tres muertes de por medio. No obstante, indicó que son facultades del jefe de la Policía ordenar el arresto después de conocer un ilícito cometido. Reconoció, no obstante, que en este caso había una denuncia por “amenazas” de muerte, no por un acto consumado.