“El aseguramiento de bienes litigiosos, el nombramiento de interventor en la Cementera, nada tiene que ver con el juicio, porque la figura de aseguramiento no cabe dentro de la demanda de Urcuyo, que es de acción de nulidad de convocatoria de junta extraordinaria de accionistas y nulidad de escritura pública promovido en el Juzgado Cuarto de Distrito Civil”, indicó Rodríguez.	En 2001, para burlar la confiscación y las resoluciones de la Procuraduría mantenidas hasta 2000 en su contra, los Somoza promovieron acción legal para el nombramiento de una Junta Directiva en el Juzgado Primero Civil de Distrito, en tiempos de la ex juez Yelba Aguilera (destituida después de acumular 80 quejas), y ésta ordenó el nombramiento de una Junta Directiva en la Cementera, quedando como presidenta Urcuyo.	La Fiscalía General de la República aún tiene abierta una investigación por presunto tráfico de influencias del ex procurador Francisco Fiallos y de Leandro Marín Abaunza (ex representante de los Somoza) por emitir la resolución en la cual se ordena a la Corporación del Sector Público (Cornap), pasar a la Junta Directiva de los Somoza, nombrada el 11 de enero del 200 por Aguilera, las acciones de la Cementera.	La PGR promovió en el Juzgado Quinto Civil de Distrito una demanda de nulidad del acta de la Comisión de Revisión en la que ésta ordenó la devolución de las acciones de la Cementera a los Somoza, pero la juez Ligia Rivas no dio lugar y el caso se encuentra en apelación en el TAM.