Los delitos violentos socavan las sociedades del mismo modo como dañan a las víctimas individuales. De hecho, muchos países de América Latina y el Caribe se encuentran atrapados en un círculo vicioso: los ciudadanos han dejado de confiar en el sistema de justicia penal porque éste no puede seguir el ritmo del aumento de los índices de criminalidad. Para que las economías y democracias de América Latina florezcan, es necesario restituir la fe en estas instituciones fundamentales.	La cantidad de homicidios por armas de fuego en América Latina --entre 73,000 y 90,000 al año-- triplica el promedio mundial. Para las personas de entre 15 y 44 años de edad, la violencia es la principal causa de muerte en la región. Si bien los índices de criminalidad difieren grandemente entre naciones (y dentro de ellas), los índices de homicidios informados para Colombia, El Salvador, Venezuela y Brasil están entre los más altos del mundo. Un estudio reciente financiado por las Naciones Unidas estimó que los crímenes violentos le cuestan a El Salvador un asombroso 11.5% de su PIB.	Si bien sabemos que las drogas y las armas son problemas importantes para algunas partes de América Latina, no existe información fiable acerca de su influencia. Es difícil comparar índices de victimación entre naciones, porque a menudo los registros policiales son incompletos o han sido amañados por políticos corruptos o administradores de la policía para apoyar su opinión política de cómo se debe enfrentar la criminalidad.	Con demasiada frecuencia los debates sobre políticas en torno a temas de seguridad ciudadana están llenos de divisiones partidistas. Los llamados a aumentar la cantidad de fuerzas policiales y endurecer las penas de prisión se ven como un intento de la derecha de controlar a las clases bajas, mientras que los programas de prevención que se basan en mejorar los estándares de vida se tachan de “socialistas”. Sin embargo, si quitamos estas barreras ideológicas y nos centramos en los costos y beneficios podremos identificar las mejores maneras de enfrentar el crimen y la violencia.	En nuestro informe para la Consulta de San José medimos distintas estrategias. Llegamos a la conclusión de que las autoridades responsables primero deberían adoptar programas integrales orientados a niños en situación de riesgo. Esto refleja la creciente evidencia de que el comportamiento aprendido en la niñez tiene consecuencias importantes para el resto de la vida adulta.	De hecho, es incluso posible marcar la diferencia antes de que el niño nazca. América Latina y el Caribe tienen un alto índice de hogares de bajos recursos donde el jefe de hogar es una madre soltera. Ejemplos de todo el mundo muestran que las madres pobres y solteras que reciben visitas frecuentes de enfermeras antes y después de haber dado a luz se preocupan de recibir un mejor cuidado prenatal, tienen menos embarazos posteriormente y mejoran su nivel educacional y participación en la fuerza de trabajo. Como resultado, el bienestar emocional y de desarrollo de sus hijos mejora también.	Calculamos que brindar visitas de enfermeras y educación temprana a los niños costaría US$ 2650 por niño a lo largo de cuatro años. Parece un precio bastante alto, pero piénsese en todo lo que la delincuencia les cuesta a las víctimas y a la sociedad. Estimamos que los beneficios ascenderían a US$ 6100 por niño, en parte debido al menor nivel de delincuencia futura.	También recomendamos que las autoridades responsables aborden la violencia de pandillas de manera más amplia. Las condiciones de América Latina están maduras para la criminalidad pandillera. El alto porcentaje de jóvenes en la curva demográfica ha creado un grupo significativo que no tiene empleo, educación decente ni expectativas realistas de tener un trabajo legal. Esto equivale a una fuente abundante de jóvenes descontentos y socialmente desvinculados, potenciales reclutas de las pandillas.	Vencer a las pandillas implica más que meramente invertir en la policía, aunque con frecuencia eso también será necesario. En los operativos policiales exitosos la policía se centra primeramente en las herramientas de la violencia, cortando el flujo de armas de fuego ilegales hacia los jóvenes. Luego trabaja en conjunto con las escuelas, oficinas de servicio social y grupos comunitarios para enfrentar directamente a los miembros de las pandillas. Los líderes y miembros que hayan incurrido en delitos graves pueden esperar medidas severas, mientras que a los demás miembros se les ofrece un “camino de salida”: capacitación laboral y ayuda para acceder a servicios sociales.	Es poco probable que este método funcione por igual en toda América Latina. En algunas áreas la violencia de pandillas está tan generalizada que nada que no sea una acción de tipo militar tiene muchas posibilidades de éxito. Enfrentar problemas juveniles uno por uno no solamente sería hacer muy poco y demasiado tarde, sino que su eficacia es improbable en las que ya son “zonas de guerra”.	Más aún, los estudios sugieren que un programa integral de tratamiento y reintegración de la población carcelaria reduciría el índice de reincidencia. Incluiría tratamiento contra adicción a las drogas, programas educacionales y vocacionales y terapia de la conducta, costando US$ 450 por delincuente. Los beneficios serían entre cuatro y diez veces mayores.	Sin embargo, los daños que causa la criminalidad --a los ciudadanos y a las instituciones democráticas-- exigen que evitemos quedar empantanados en el debate político. Los programas de prevención para jóvenes, los operativos policiales contra pandillas y los esquemas de disminución de la reincidencia rendirían enormes beneficios en comparación con sus costos, representando así una sólida inversión para el futuro de América Latina.	Bjorn Lomborg es organizador del Consenso de Copenhague, profesor adjunto de la Escuela de Negocios de Copenhague y editor del nuevo libro How to spend $50 billion to make the world a better place (Cómo gastar $50 mil millones para hacer del mundo un mejor lugar). Mark Cohen de la Universidad Vanderbilt y Mauricio Rubio de la Universidad Externado de Colombia son autores del informe sobre violencia y criminalidad para la Consulta de San José.