¿Qué hacemos cuando encontramos una manzana podrida en una cesta? Según el viejo dilema, algunos deciden tirar la cesta, otros solo la manzana podrida. Algo así parece estar ocurriendo en nuestra región con los contratos de Asociación Público-Privada (APP). Frente a las situaciones de corrupción relacionadas con estos contratos, se ha puesto sobre el tapete declarar su nulidad y cancelar los proyectos de APP vinculados a los hechos ilícitos. Este tipo de decisiones se basa en el principio de tolerancia cero, que tiene tanto bases legales como éticas.	Cuando la única opción que se nos presenta frente a un hecho de corrupción es declarar la nulidad del contrato de una APP, es el equivalente a arrojar a la basura la manzana podrida junto con las manzanas sanas. Esta opción, además, genera una serie de consecuencias sociales y económicas negativas que conviene analizar con cuidado.	Que quede claro: aquí todos estamos de acuerdo en que la corrupción tiene que ser sancionada. La responsabilidad de las personas –y en algunos países, también de las empresas– por estos actos ilícitos no está en cuestión. Lo que discutimos aquí son las consecuencias del enfoque de tolerancia cero. ¿Cuáles son?    Pérdidas para las empresas y sus trabajadores. Para las empresas que no son responsables y habían comprometido sus recursos con otras firmas, proyectado sus inversiones y contratado personal, implica la pérdida del negocio. Muchas de estas empresas, vale la pena decirlo, tomaron financiamiento con entidades bancarias, por lo que la nulidad del contrato las deja no solo sin dinero, sino también con una larga lista de obligaciones y deudas.	Descontento ciudadano ante el retraso en la ejecución de obras estratégicas. Para los ciudadanos aparecen múltiples frustraciones. A la baja confianza en el Gobierno se suma el descontento de no contar con importantes obras de infraestructura en tiempo y forma. Al final del día, las APP son carreteras, tendidos eléctricos, dragados de ríos y otras obras que los ciudadanos y el sector privado necesitan. Cuando un contrato de APP se declara nulo, las obras afectadas se ven postergadas, a veces por tiempo indefinido.    Procesos legales y aumento de costos para el Estado. La nulidad del contrato de una APP abre complejas negociaciones legales con muchos actores, no solo aquellos que fueron hallados responsables de pagos ilegales. Además, el gobierno debe buscar cómo reemplazar al contratista corrupto. Eso lleva tiempo, ocasiona demoras y, en muchos casos, incrementa los costos.	Según algunas fuentes, en Perú el escándalo de Odebrecht ha desencadenado la paralización de varias obras y la destrucción de más de 15,000 empleos. La agencia de calificación Moody’s anticipa que –aun sin el cálculo definitivo– el impacto económico y social del caso será negativo. Algunas fuentes de Brasil están calculando que, como resultado de los hallazgos del caso Lava Jato, se ha generado una paralización de obras por un monto de US$27,000 millones. Y la lista continúa.	Es importante entender que el valor de una APP trasciende al uso específico que se le va a dar a la obra en cuestión (sea una carretera, un aeropuerto o un hospital). Cuando una APP finaliza con éxito, el sector privado confirma que puede continuar invirtiendo en infraestructura, los bancos tienen la certeza de que no hay problema en seguir suministrando créditos y los trabajadores duermen con la seguridad de que no van a perder sus empleos.