El Gobierno británico y la UE sellaron a finales de 2018 un pacto y una declaración política sobre el "brexit", pero fueron rechazados por el Parlamento del Reino Unido el pasado día 15, debido sobre todo a la inquietud acerca de la controvertida salvaguarda o "garantía" para evitar una frontera física entre las dos Irlandas.	La primera ministra pedirá a Bruselas cambiar la controvertida salvaguarda irlandesa (conocida como "backstop"), según la cual el Reino Unido permanecerá en la unión aduanera de la UE y que Irlanda del Norte también esté alineada con ciertas normas del mercado único, salvo que Londres y Bruselas presenten una solución alternativa para la frontera o hasta que establezcan la nueva relación comercial.	El Reino Unido también tiene la capacidad de revocar de forma unilateral el artículo 50 que activó el proceso de retirada, según una decisión del Tribunal de Justicia de la UE del pasado diciembre, pero es casi imposible que eso pueda suceder puesto que ya se rechazó ayer una moción para retrasar el "brexit".