Según la información oficial disponible en el sitio web del MTI, la inversión total de la obra para la reconstrucción de la carretera Río Blanco-Puerto Cabezas, suma 187 millones de córdobas y 5.5 millones de dólares, que incluyen la construcción de 16.1 kilómetros de carretera de concreto hidráulico y 11 puentes de doble vía.	Los proyectos, que se realizan a través del MTI, fueron financiados con una donación de 500 mil dólares y 187 millones de córdobas, del Reino de Dinamarca, a través del programa de Atención al Sector Transporte de la Agencia de Cooperación Danesa (PAST-Danida); y un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al Gobierno de Nicaragua, por 5 millones de dólares.	Según una nota de prensa del MTI con fecha de 23 de abril, la Empresa Nicaragüense de Construcciones, adscrita a la Corporación de Empresas Regionales de la Construcción (Coerco del MTI), construye actualmente los primeros 2.1 kilómetros como tramo piloto, y ya empezó a aplicar la capa de concreto hidráulico de 350 kilogramos por metro cuadrado reforzado con material rocoso triturado.	La información indica que otros tramos de la carretera de concreto hidráulico están cercanos al empalme de Wanawana; por el puente Wilikito cercano a Siuna; y otros en la ruta a la comunidad de Banacruz donde se completan los 16.1kilómetros, que se calcula tendrán una vida útil de 20 años.	Al señalarle que Donaldo Guerrero, socio de Salinas, confirmó esta información, se excusó diciendo que él no es investigador. “¿Qué voy a hacer? Si yo no soy investigador. Pero si la ley lo prohíbe, vamos a ver qué se hace. Yo no puedo andar investigando a medio mundo”, afirmó el ministro de Transporte.	Sinergia, Tesa y Tecnosa, junto a otras empresas nacionales inscritas en la Cámara Nicaragüense de la Construcción, han ofrecido en los programas del MTI para la ejecución de las obras del llamado Plan de Emergencia de la Red Vial Invierno 2007, para la reparación de las vías afectadas por las lluvias que azotaron el país durante 50 días, tras el paso del huracán Félix, en septiembre pasado.	La Ley de Contrataciones del Estado, Ley 323, promulgada en 1999, estableció que no pueden ser oferentes ni suscribir contratos con el Estado: “El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros y los Viceministros, los Diputados a la Asamblea Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los del Consejo Supremo Electoral, el Contralor y el Subcontralor General de la República, el Procurador General de Justicia y en general cualquier Funcionario Público y las personas jurídicas en cuyo capital social participe alguno de los funcionarios mencionados en los incisos anteriores”.