La mayoría de los juicios que existen en contra del abogado Israel Zelaya Rivas se encuentran estancados. El Ministerio Público continúa sin pronunciarse al respecto, mientras los afectados no se explican por qué existen tantas consideraciones con una persona que fue suspendida en el ejercicio profesional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).	Junto a Zelaya Rivas fueron acusados Martha Carolina Rivas Alvarado, Leonardo Roberto Rivas, Jamileth Alvarado y el ciudadano de nacionalidad norteamericana, Santos Roberto Benard Gutiérrez, entre otros. Todos supuestamente por haberse apropiado de 16 microbuses a través de la figura del arriendo, los cuales posteriormente fueron vendidos por medio de escrituras falsas.	Vidal Mendoza Hernández es uno de los afectados. Pagó casi 200 mil córdobas por dos microbuses y no ha encontrado respuesta de la justicia. El pasado 26 de marzo, su hijo Abrahán Josué Mendoza Arias --a nombre de quien puso los vehículos-- fue citado a audiencia preliminar con características en el juzgado sexto distrito de lo penal de Managua, pero los acusados no se presentaron y desde entonces no ha tenido ninguna información del caso.	“Estuvimos ahí esperando. Yo no le miré la cara a la juez, ni llegó al recinto donde supuestamente se iba a hacer la audiencia. La fiscal fue la que nos dijo que iban a mandar a citar de nuevo, para hacer la audiencia, porque no había llegado los otros citados. Ni dieron la cara ni creo que den la cara, porque creo que andan huyendo”, expresó Mendoza Hernández.	“Me dijeron que me servía mejor como testigo, entonces, yo le dije que no lo quería, sino como indiciado. Fue cuando me dijeron que si yo quería que fuera como indiciado tenía que esperar de cuatro a cinco años, para que ese caso saliera de la Fiscalía, porque tenían que pelear con la CSJ, porque era abogado. A lo cual yo le dije que era un abogado que fue sancionado, si lo que tiene que hacer la CSJ es retirarle de viaje el cargo de abogado”, relató Hernández Mendoza.	“Al final lo utilizaron (el microbús) para que los ofendidos y las víctimas llegaran acuerdo con ellos y pudieran ellos egresar de la cárcel. El vehículo está ocupado por dos embargos, en el que los demandantes han interpuesto las respectivas denuncia en los juzgado de Masaya, a efecto de que se haga cumplir el acuerdo o que están pendiente de un juicio que determine a quien se le va designar el bien embargado”, explicó Alvarado.