Lo que comenzó como un delictivo arriendo en tiempos de Alemán es hoy del total dominio del gobierno actual. Los arrendantes de Glencore primero fueron arrinconados y al final desplazado para un negocio que ya era inmenso, y que con la relación con Venezuela adquirió gigantescas dimensiones. Procurador sólo dice que pregunten a Chico López, y el también tesorero del FSLN se vuelve invisible para los periodistas, como las acciones que la Contraloría está obligada a ejercer	La empresa Clayton Service Financial Corporation, Glencore, ha sido desplazada en sus operaciones en Petronic, y el Estado ha retomado el manejo de esa entidad, lo cual le ha dado mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos petroleros provenientes de Venezuela y en sus relaciones con Alba Petróleos de Nicaragua, Albanisa, informaron fuentes del gobierno sandinista.	¿Cuál es ese acuerdo?, insistimos: “Sería bueno que eso lo abordaras directamente con el ingeniero Francisco López, porque yo facilité la posición del Estado para que se mejorara, y se mejoró, ahora los detalles no los recuerdo, si me llamas el lunes podría decirte algo más, pero en todo caso busca a López, que es quien maneja la materia”.	“Las negociaciones eran de aceptar lo que el gobierno quería, o perder su licencia de operación, cancelación del contrato, que ya había denunciado de nulidad la Contraloría, y abandono del país, así que la gente de Glencore accedió a ceder al Estado el control de las acciones desde mediados del año pasado”, dijo la fuente.	Glencore sigue siendo la parte privada de Petronic, pero ahora con la figura legal de Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, según García. Esta firma se encarga de transportar y comercializar el combustible al por mayor y al detalle, mientras que el Estado garantiza las importaciones venezolanas en el marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA.	Esos acuerdos se alcanzaron bajo una fuerte presión ejercida por el gobierno a través de la Procuraduría y el mismo Petronic. En abril del año pasado la Procuraduría decidió revisar el contrato de arrendamiento suscrito con la compañía suiza Glencore, sobre la base de una resolución de nulidad de la Contraloría de 1999 y por supuestas pérdidas que produce al Estado.	“No conozco en detalle los resultados de ese acuerdo al que llegaron, pero lo que claramente se observa es que Glencore a sido desalojado en su participación del mercado petrolero y de otras cosas, a tal punto que creo que solo están manejando las gasolineras nuevas de Petronic de las que ellos son dueños”, dijo Jarquín.	En 1999, Jarquín remitió la resolución de nulidad al entonces procurador general Julio Centeno Gómez, para que procediera a demandar la nulidad en los juzgados, pero Centeno no procedió bajo el argumento de que Petronic era una “sociedad anónima” que se regía por el derecho mercantil y que la PGR no tenía competencia.	Esta figura de sociedad anónima con participación estatal fue la que pretendieron utilizar para privatizar La Cementera y Telecomunicaciones y Correos (Telcor), pero la presión ejercida por la opinión pública señalando que cualquier paso en ese sentido tenía que ser aprobado por la Asamblea Nacional, de acuerdo a la Ley 169, fue la que detuvo tales intentos.	Jerez, sin tener facultad, arrendó Petronic a Glencore por un periodo de diez años por un monto de 700 mil dólares mensuales y medio centavo de dólar de comisión por cada galón de producto vendido bajo la marca de Petronic, lo que significaría percibir entre 250 y 300 mil dólares anuales extras.	Ahora lo único que se conoce es que el presidente de Petronic es Francisco López, Tesorero del FSLN y Vicepresidente de Albanisa, en representación del 40 por ciento de acciones que le corresponden al Estado de Nicaragua. López es un personaje absolutamente ligado a la familia Ortega-Murillo. La Contraloría nunca ha querido meterse en los negocios de Petronic con Albanisa, y sólo ve pasar los cuestionamientos.	También se conoce que Petronic paga de contado el petróleo que compra a Venezuela, y que es Albanisa la que destina el 50 por ciento a Petrocaribe, el 25 por ciento a los Fondos del ALBA (mancomunados con Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua) y el 25 por ciento a ALBA-Caruna, que ha colocado al menos seis millones de dólares en créditos agrícolas y está financiando “las calles para el pueblo” a través del FISE.