El 2019 fue un segundo año marcado por la aprobación de leyes por una Asamblea Nacional controlada por el orteguismo, que le facilitó a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo reforzar su sistema autoritario en la demolición de los derechos civiles, políticos y a costa de lastrar más la economía familiar.	A través de esas 15 leyes la dictadura cristalizó el «asalto» a las empresas y a los trabajadores mediante la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, pero también esas normas pretendieron usar al Estado para escudar al capital adquirido a través de la corrupción por la familia Ortega y Murillo tras las sanciones estadounidenses a las compañías surgidas con la cooperación petrolera de Venezuela.	Las otras 13 leyes se relacionan a decretos legislativos sobre acuerdos de servicios aéreos con varios países como España, Venezuela, Finlandia, así como ratificación de acuerdos presidenciales sobre ratificación de pactos internacionales en materia ambiental, los Digestos Jurídicos en distintas áreas, así como la aprobación de préstamos siendo uno de los más importantes los cien millones de dólares adquiridos con el gobierno de Taiwán.	El empréstito con Taiwán se aprobó el 4 de febrero en un trámite de urgencia porque la dictadura lo requería para cubrir el déficit presupuestario del 2019. Sin embargo ni un dólar ha desembolsado Taiwán de esos cien millones de dólares al régimen de Ortega, según legisladores liberales porque Estados Unidos (EE.UU.) presiona a Taipei para que deje de financiar a la dictadura nicaragüense.	. Se aprobó el sábado 8 de junio en una sesión extraordinaria donde los 70 diputados orteguistas usaron su aplanadora para que a través de la Ley de Amnistía dejar impune a las más altas autoridades del régimen, parapolicías, simpatizantes, turbas y a la Policía Orteguista (PO), señalados de cometer crímenes de lesa humanidad  durante las protestas sociales desde abril del 2018.	La Ley concede «amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha». La Asociación de Madres de Abril (AMA) que agrupa a familiares de los más de 328 asesinados en la jornada sangrienta de la PO y parapolicías orteguistas a las manifestaciones, la consideró un «burla» e «insulto» a la memoria de las víctimas al negarse el Estado a investigar cada crímenes y llevar ante la justicia a los responsables.	El diputado orteguista Filiberto Rodríguez es señalado en los informes de la CIDH por dirigir la represión contra el pueblo en León. Se le responsabiliza de la quema de Radio Darío. Rodríguez es uno de los que siguen impunes al estar protegido por la Ley de Amnistía. LA PRENSA/ LUCIA NAVAS	Se considera una Ley de autoamnistía para proteger a las fuerzas de choque de la dictadura, pero fue usada para excarcelar a más de cien presos políticos. Pero, mantiene bajo amenaza a los excarcelados de ser nuevamente apresados,  ya que el artículo tres de esa Ley refiere a la «no repetición», en la que se ordena que “las personas beneficiadas por la presente ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de los delitos aquí contemplados. La inobservancia del principio de no repetición, trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por la ley”. De esta forma, la dictadura restringe derechos constitucionales de los presos políticos y los amenaza con cárcel.	La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAN) registra que 14 excarcelados políticos han sido nuevamente detenidos y son procesados con delitos inventados por el régimen. La criminalización de los opositores no cesa;  161 manifestantes están en las mazmorras del régimen. En cambio, ni un solo policía o simpatizante orteguista involucrados en los asesinatos, asedio, violaciones, desapariciones forzadas y otros delitos está siendo investigado, mucho menos detenido.	La Organización de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales se sumaron al rechazo de la Ley de Amnistía orteguista. AMA interpuso varios recursos por inconstitucionalidad contra la Ley de Aministía que no han sido resuelto en la Corte Suprema de Justicia, poder dominado por el orteguismo.	La polémica Ley de «reconciliación y paz» del régimen concibe la Policía Orteguista (PO) como “garante” para “promover el diálogo” en los barrios y las comunidades nicaragüenses, pero que organismos de derechos humanos como la oposición en la Alianza Cívica y la UNAB la critican por ser una política para seguir espiando a los adversarios a la dictadura.	La dictadora Murillo ofreció dicha ley como una receta para acabar con los conflictos familiares, en las escuelas y de la comunidad, pero que la oposición señala que se viola la Constitución al pretender inmiscuirse en el ámbito familia mediante la intervención de los ministerio de Salud, Educación, Familia y de Asuntos Juveniles de la Policía Orteguista.	La Ley de «reconciliación» se ha usado para conformar «comisiones de paz» en los municipios integrados por simpatizantes orteguistas, religiosos evangélicos afines a la dictadura, la Juventud Sandinista todos coordinados por los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), esos son órganos partidarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que utilizan para «premiar» con prebendas económicas a los fieles al régimen y para identificar y reprimir a los opositores.	Se trata de otra de las leyes de «burla» para los familiares de los asesinados y las víctimas de torturas, detenciones ilegales, violaciones y demás crímenes atribuidos a las fuerzas parapolicíales y la PO contra las protestas. La dictadura Ortega y Murillo ofreció «a las víctimas y sus familiares” del “intento fallido de un golpe de Estado”,  como es la versión distorcionada de las manifestaciones que demandan democracia, que las instituciones públicas les den atención en salud, educación, acceso a programas de viviendas, becas de estudios y entradas gratis a eventos deportivos y de recreación en espacios públicos.	Nada de esas promesas escritas en la Ley de Atención a las Víctimas de la represión se han cumplido. Lo único que promueven el régimen a través de las alcaldías que controla es el programa de vivienda Bismarck Martínez, (nombrado así por el sandinista muerto en Jinotepe que la dictadura culpa a los manifestantes, pero cuya muerte, como el resto de más de trescientos asesinados, nunca fue investigada). Pero las casas no son gratis y solo se seleccionan a los miembros del FSLN.	El 27 de noviembre los diputados orteguistas le cumplieron el deseo de la vicepresidenta designada, Rosario Murillo, al aprobar la Ley creadora de la «Orden Carlos Fonseca Amador», para «premiar» con una medalla a los grupos de choque, parapolicías y turbas por su participación en el «restablecimiento de la paz», pero que los sectores opositores consideran es premiar «el baño de sangre contra la población» que desde hace 20 meses demanda elecciones adelantadas para sacar a Ortega y Murillo del gobierno.	. Es una de las leyes más dañinas en materia económica, «calificada» de confiscatoria por el sector privado. La aplanadora orteguista desoyó las advertencias de que la reforma fiscal provocaría mayor recesión al quitarle liquidez a las empresas, restaría su capacidad de inversión, provocaría mayor desempleo y ahuyentaría la poca inversión extranjera que aun veía posibilidades en Nicaragua. El pasado 27 de febrero se aprobó la reforma a la Ley de Concertación Tributaria.	Con esa brutal reforma se quitaron exoneraciones y exenciones a productos de la canasta básica y las actividades productivas, se aumentó la presión fiscal sobre las empresas al aumentar el anticipo mensual en 2 y 3 por ciento, entre otras medidas severas, que han provocado alzas de precios que han dañado el poder adquisitivo de los hogares y aumentado el desempleo.	La voracidad del régimen por obtener recursos para sostener el gasto presupuestario le generó 7,855.4 millones de córdobas, impulsado principalmente por mayores ingresos aportados por el Impuesto sobre la Renta. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) presentó a inicios de este diciembre un análisis sobre el impacto de la reforma fiscal determinando que se ha tiene al nivel de quiebra a las empresas al quitarles liquidez, utilidades y residencia financiera, obligándolas a paralizar inversiones.	“Se recuerdan cuando vinieron aquí y discutimos la reforma fiscal… ¿qué fue lo que dijeron?, que el país estaba hecho un desastre y que esa reforma fiscal iba al fracaso, que no iba a dar absolutamente nada. Señores para que el pueblo de Nicaragua esté informado, la reforma fiscal le dio en exceso a las recaudaciones de este país 7,855.4 millones de córdobas, de los cuales más de las mitad son Impuestos sobre la Renta, sea incrementar del uno al tres por ciento el Pago Mínimo Definitivo a las 400 empresas más grandes de este país…”, celebró el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional.	La brutal reforma en la que se aumentó la cotización al trabajador y a las empresas —entre otras medidas—, son un fracaso al no generarle los ingresos necesarios por cuanto el Seguro Social cerrará el 2019 con un déficit de 3,138.8 millones de córdobas. Y en el 2020 el déficit sería por otros 3,184.4 millones de córdobas, según los documentos presupuestarios.	La excusa del régimen es que Disnorte-Dissur urge recuperar caja al aumentárseles las pérdidas por comercialización que serían por 7,000 millones de córdobas. La mora se ha disparado por la recesión económica en el país que ha dejado a miles en el desempleo, producto de la represión y las medidas fiscales de la dictadura.	Fue reformada dos veces en el presente año. La primera el 20 de agosto donde el dictador Ortega se otorgó la potestad de nombrar a todos los miembros de la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura (Conatradec), despojando así la facultad al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) de designar a sus representantes.	La segunda reforma a la Ley de la caficultura fue el 29 de agosto para suprimir el aporte por quintal de café exportado a la Conatradec cuando este tenga un precio promedio internacional igual o menor a 100 dólares en el caso del arábica y de 70 dólares para la variedad robusta, manteniéndose iguales porcentajes de aportes para los demás segmentos de precios.	Esto lo ofreció la dictadura con el supuesto de favorecer a los cafetaleros ante el desplome del precio del café en el mercado internacional, pero al final la incumplió. El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) publicó en La Gaceta del 15 de octubre 2019 el decreto ordenando que a partir del 2020, cuando la cosecha 2019-2020 entrará de lleno, todos los productores continuarán aportando un  dólar por cada quintal que exporten.	Pese a que el régimen de Daniel Ortega logró conseguir más de 7,000 millones de córdobas con la reforma tributaria, decidió mantener congelado el gasto público. Dichos recursos los utilizaron para cubrir el abultado déficit que le ocasionó no poder colocar más de 11,000 millones de córdobas en bonos. Los dos mayores recortes que se aplicó fue en el Programa de Inversión Pública, al cual le quitó 3,849 millones de córdobas a las municipalidades y también se decidió sacar del presupuesto los recursos en concepto de ajuste del cinco por ciento a los más de 150 mil trabajadores del Estado. Pero se reasignó a otras carteras como el Consejo Supremo Electoral, la Policía Nacional, la Presidencia y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	Se aprobó el 10 de diciembre pasado. La propuesta de la dictadura quedó casi íntegra, la que contempla 80,901.6 millones de córdobas en gastos totales- sin incorporar el servicio de la deuda pública- y 79,199 millones de córdobas en ingresos fiscales, con los cuales se financiará el 97.9 por ciento del gasto público.	Se diseñó el gasto público basado en supuestos económicos que apuntan a un retorno al crecimiento económico en el 2020, luego de tres años consecutivos de recesión, que tocaría fondo este año con una contracción del 3.5 por ciento, aunque estimaciones independientes arrojan un escenario más negativo de hasta -5.7 por ciento.	Estas reformas amplían el control de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a los abogados, contadores y notarios públicos. Según la Ley, los contadores, abogados y notarios públicos están obligados a rendir informes sobre las actividades de sus clientes, sean empresas o personas naturales, cuando las considere operaciones sospechosas, lo cual supuestamente es para fortalecer al país contra la delincuencia organizada	La forma en mantener a Porras como presidente del Legislativo fue quitarle las facultades administrativas y legales de la Presidencia y se pasaron a la primer secretaría, la orteguista Loria Dixon y al director administrivo de la entidad. De esa forma Porras sigue en el cargo pero sin funciones legales porque ni siquiera firma las leyes cuando se publican en La Gaceta.	«Es realmente un orgullo, para mí es un reconocimiento, es una condecoración que el imperio asesino hable de lo que él le llama sanción. Esa es la condecoración a los nicaragüenses dignos y para mí es un orgullo pertenecer a ese colectivo”, aseguró Porras en el hemiciclo de la Asamblea Nacional.	. El dictador Ortega se otorgó la facultad de nombrar «a uno o más de un ministro y a uno o más de un viceministro cuando lo estime conveniente». Este es el mecanismos para proteger a los funcionarios del círculo de poder que han sido sancionados por Estados Unidos y Canadá por su participación en las violaciones a los derechos humanos cometidos por la Policía Orteguista parapolicías y turbas a las manifestaciones ciudadanas.	Entre los ministros sancionados están Sonia Castro a quien se le acusa de como ministra de Salud dio la orden a los hospitales públicos de no atender a los manifestantes que llegaban heridos en las protestas. Castro al ser sancionada no puede seguir administrando el Minsa, por lo que perdió el cargo de ministra. Igual pasó con Francisco López quien dejó de ser presidente de Petronic. Aunque Castro y López los nombró el dictador Ortega sus asesores presidenciales.	El comisionado Ramón Avellán, subdirector de la Policía Orteguista (PO), Lumberto Campbell; magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y Orlando Castillo presidente ejecutivo de Telcor igual siguen con sus cargos pero se desconoce si igual se les quitó la administración en sus respectivas entidades.	, para nacionalizar a la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos de (DNP). Fue la última Ley aprobada por los diputados orteguistas el sábado 14 de diciembre pasado, en un trámite exprés. Quedó evidente la desesperación por proteger los negocios de la familia dictatorial que el mismo sábado se publicó la ley en La Gaceta, Diario Oficial, entrando así en vigencia.	Así el dictador Ortega busca recuperar los recursos de su negocio petroleo, el que se le dificulta mantener por las sanciones de EE,UU. a la empresa DNP que era maneja por el hijo de los dictadores, Rafael Ortega y Murillo a quien se le sancionó también por controlar el esquema de lavado de dinero de la familia dictatorial.	DNP importa el 30 por ciento del total de los hidrocarburos y derivados que llegan a Nicaragua, de ese total el 40 por ciento  lo vende en sus 69 estaciones de servicio, y el  60 por ciento es de ventas directas, tanto de empresas privadas ligadas al régimen como instituciones estatales.