La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado de Nicaragua restablecer las condiciones para garantizar las libertades fundamentales y los derechos humanos de los nicaragüenses. Asimismo llamó a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a actuar de forma enérgica “frente a la configuración de crímenes de lesa humanidad, la evidencia disponible sobre la crisis de derechos humanos y la consecuente alteración del orden constitucional nicaragüense”.	“La CIDH advierte que la grave crisis de derechos humanos en el país se ha extendido por más de ocho meses, debido a la instalación de facto de un estado de excepción caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública para reprimir a las voces disidentes al Gobierno, el allanamiento, clausura y censura de medios de comunicación, la prisión o exilio de periodistas y líderes sociales, así como a la injerencia y el control del Poder Ejecutivo en los demás poderes públicos”, indicó un comunicado emitido la tarde del jueves en Washington.	Al tiempo que señala que “la injerencia y control” por parte del Poder Ejecutivo en los demás poderes públicos, es resultado de otros factores como la injerencia partidista en todas las instituciones públicas a través de los Consejos de Liderazgo Sandinista (CLS), el control de los medios de comunicación y “el falso contrapeso” que ejerce la Asamblea Nacional.	Y le señala que según información con que cuenta esa Comisión, desde hace varios años, la Asamblea Nacional “funciona como una rama del Poder Ejecutivo”. Pone de ejemplo que decretó la disolución forzada de nueve organizaciones defensoras de derechos humanos y opositoras al régimen, “como represalia a su trabajo por denunciar la grave situación del país, situación que ha sido materia de pronunciamiento de la CIDH”.	en su informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018 confirmó los hallazgos de la visita de trabajo realizada por esa Comisión en mayo del 2018, en cuanto al uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones, la participación de agentes parapoliciales y un patrón represivo consistente en la detención de centenares de personas y la negativa de brindar atención médica de urgencia a los heridos.	En todo esto ha prevalecido la falta de efectividad del recurso de exhibición personal; las irregularidades en la defensa legal “así como la apertura de procesos relacionados con figuras penales como las de terrorismo interpretadas en forma incompatible con la vigencia de la sociedad democrática”. Le agrega el incumplimiento de órdenes de libertad y en general, “la manipulación del derecho penal para la judicialización de toda oposición”.