Que el fiscal no se presente a la audiencia porque va a celebrar el aniversario de la institución, o que el juez tiene que asistir a un taller programado por la Corte Suprema de Justicia, no son motivos para que los jueces argumenten la “fuerza mayor”, en casos de presos políticos, afirman abogados defensores de autoconvocados.	Al respecto, la abogada Carla Sequeira Hernández, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) organización que también defiende a reos políticos, explicó que el uso de esta figura obedece a una estrategia de los judiciales capitalinos para suspender el cómputo del plazo del proceso contra el preso político, y no se venza el plazo del juicio, de lo contrario tendrían que liberar a los procesados a como manda el artículo 134 del Código Procesal Penal de Nicaragua.	Este artículo manda a que en delitos graves con un procesado detenido, debe haber fallo o veredicto en tres meses. Si el procesado está en libertad, el fallo deberá estar listo en seis meses; si cumplido este tiempo, no lo hay, el juez que lleva la causa deberá ordenar la libertad de este para que enfrente el juicio en libertad.	La abogada de la CPDH explicó que en octubre solo tuvieron una audiencia de presos políticos. El resto de casos se reprogramó. También mencionó que persiste la desigualdad en los procesos, porque cuando la defensa pide alguna reprogramación inmediatamente, le atribuyen el tiempo de demora, contrario lo que hacen cuando falla la Fiscalía, el juez o el sistema penitenciario.