El secretario general de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, manifestó que la tortura es un crimen establecido en la Constitución Política de Nicaragua y en el Código Penal vigente, pero también explicó que particularmente la tortura de parte de los funcionarios del sistema penitenciario es un abuso de autoridad, contemplado en el Código Penal.	Los relatos de diferentes excarcelados coinciden en intensos interrogatorios; amenazas de los policías con hacerle daño a sus familiares cercanos; agresiones verbales; reiterativas acusaciones. Varios excarcelados han revelado que no los dejaban dormir tras horas de interrogatorios: hasta cuatro o cinco policías hacían turnos para cuestionarlos. También aseguraron que el 21 de marzo les cortaron la conexión con el agua potable por seis días a la galería 16-1, porque cantaron el Himno Nacional. Los reos se vieron obligados a beber agua sucia, lo que enfermó a muchos con diarrea, fiebre y vómito.	“La autoridad, funcionario o empleado público que fuera de los casos autorizados por la ley y aprovechándose de su cargo o función realice cualquiera de las conductas establecidas en el presente capítulo, se le impondrá la pena de tres a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer el cargo o empleo público por el mismo período”, manifiesta la Ley penal.	“En un verdadera Estado de Derecho, cuando un funcionario público abusa de su autoridad, abusa irrespetando la Constitución Política y las mismas leyes, pues este funcionario está expuesto a las leyes existentes en el país y en este sentido, si a este funcionario se le comprueba que ha abusado de su cargo y de su autoridad, está sujeto a las sanciones penales que hay en nuestro código penal”, dijo el secretario general de la CPDH.	Según se establece en el artículo 2 de la Convención, “todos los Estados parte tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para impedir los actos de tortura. Esto incluye medidas legislativas, administrativas, judiciales o de cualquier otra índole que se estimen convenientes. Los Estados también tienen la obligación de evitar otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, como se indica en el artículo 16”.	El artículo 36 de la Constitución Política de Nicaragua establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La violaciónde este derecho constituye delito y será penado por la ley”.	Sin embargo, desde el 18 de abril del año pasado, el régimen de Daniel Ortega ha cometido las peores atrocidades para reprimir las protestas civiles en su contra, lo que ha sido calificado como “crímenes de lesa humanidad” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estuvo en el país en los meses más cruentos de la represión que ha dejando más de 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).	La Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena (Ley 473) establece en el artículo 5, que “el Sistema Penitenciario Nacional se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad de la persona y el respeto a los derechos humanos. En ningún caso los internos serán sometidos a torturas, penas, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se prohíbe el maltrato físico o psicológico y cualquier otro procedimiento que atente en contra de la dignidad humana del interno.