De acuerdo con el documento, durante el periodo que los especialistas investigaron los hechos de violencia registrados en el país “el GIEI realizó 23 talleres y reuniones informativas sobre el derecho a la reparación, en los cuales 410 personas afectadas aportaron medidas que, desde su punto de vista, son fundamentales para un proceso de reparación”, señala el documento.	“Tomando en cuenta la extensión de la población de Nicaragua –en la que es frecuente que las personas de un municipio o barrio se conozcan–, la ausencia de personas fallecidas, detenidas o desplazadas es sentida también de manera comunitaria por vecinos y otras personas cercanas, lo que implica un mayor impacto de las acciones represivas”, argumenta el informe.	En este sentido, el reporte explica que “se considerarán víctimas para efectos del programa de reparaciones económicas al núcleo familiar de las personas asesinadas o desaparecidas; al sobreviviente y núcleo familiar de las personas que sufrieron detención arbitraria y secuestro, que sufrieron violencia sexual y tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que derivan en situaciones de discapacidades mentales o físicas permanentes o totales, parcia­les o temporales; al niño o niña que naciera producto de una violación sexual”.	Además, los encuentros con las víctimas, familiares y organizaciones fueron realizados bajo el miedo de las personas de sufrir persecución, ser detenidas, torturadas o muertas. Más allá de traer innumerables dificultades al desarrollo del trabajo, la continuidad de las violaciones significa un proceso constante de revictimización: la gravedad y la persistencia de los hechos a lo largo de los meses hacen que los daños tengan amplitud y se perpetúen en el tiempo, pero con este dato no solamente habla de la dimensión de las violaciones en Nicaragua, sino también la fuerza de la resistencia de los nicaragüenses.