La derogación del polémico decreto se da luego de que policías y militares fueran señalados por organismos de derechos humanos de ser los responsables de al menos 34 muertes ocurridas durante las protestas que estallaron en Bolivia el pasado 20 de octubre, en rechazo a los resultados electorales que daban la victoria a Evo Morales, quien renunció a la presidencia el 10 de noviembre.