"Un juez progresista y activista en San Francisco ha decidido que Estados Unidos y México no pueden trabajar juntos para hacer frente a los temas de asilo en la frontera", escribió la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en su cuenta de Twitter. "Es triste que, ahora mismo, México esté haciendo más para mantener segura nuestra frontera que los demócratas.	El presidente (Donald) Trump hará lo que sea necesario para mantener seguros a los estadounidenses", añadió Sanders, sin dar más detalles. El Gobierno de Trump no ha confirmado por ahora si planea apelar la decisión del juez federal Richard Seeborg, del distrito Norte de California, con sede en San Francisco. La orden preliminar de Seeborg entrará en efecto el próximo viernes, momento a partir del cual la Administración estadounidense "no podrá implementar o expandir el programa" de envío a México de los demandantes de asilo.	Bajo la ley de EE.UU., los inmigrantes indocumentados que entran al país y reclaman asilo tienen derecho a una audiencia en un tribunal de inmigración, siempre que superen una primera entrevista en la que un funcionario evalúa si tienen un "miedo creíble" de persecución en su lugar de origen. Ante las denuncias de Trump de que esa legislación dificulta la deportación de los indocumentados, su Gobierno comenzó a aplicar en enero un programa titulado "Protocolo de Protección de Migrantes", por el que se exige a los inmigrantes que esperen en México a que se tramite su petición de asilo en EE.UU.	Trump ha endurecido en los últimos días su retórica contra las leyes de asilo en EE.UU. hasta el punto de pedir que el Congreso "elimine" todo el sistema. El viernes pasado, durante una visita a la frontera, llegó al punto de pedir a los agentes fronterizos que nieguen la entrada a los solicitantes de asilo porque EE.UU. "está lleno", e insinuó que México debería deportar a esos indocumentados que alcancen la frontera común para pedir refugio en territorio estadounidense.	La Justicia federal californiana, de tendencia más progresista que la mayoría de las cortes del resto del país, se ha erigido en favorita para los activistas a la hora de presentar demandas contra el Gobierno de Trump, especialmente en materia migratoria, en la que la Administración ya ha sufrido varios reveses.