La represión desmedida que emprendió el régimen Ortega-Murillo para contener el descontento social por la anulación de la vida en democracia en Nicaragua ha sido catalogada por diferentes juristas e instancias de Derechos Humanos como la CIDH (a través del GIEI) como Crimen de Lesa Humanidad. Pero, ¿qué se requiere hacer para que finalmente Ortega y sus secuaces enfrenten a la justicia?	Debemos partir del hecho que un proceso por Crímenes de Lesa Humanidad no es muy distinto de un proceso penal cualquiera, hay un hecho que probar y existen víctimas. El delito de Crimen de Lesa Humanidad requiere para su acreditación una conducta y un contexto. Las conductas presentadas en Nicaragua son: asesinatos, privaciones graves de la libertad, torturas, persecución, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados. El elemento contextual implica que el blanco de esas conductas sea la población civil en el marco de una política o estrategia. Una política o estrategia es la línea de conducta del Estado que conlleva a la comisión múltiple de algunas de estas conductas.	En este orden de ideas, podemos decir que el informe del GIEI logra acreditar el elemento del contexto para demostrar la existencia de Crímenes de Lesa Humanidad, pero aún nos faltan las víctimas. Las víctimas directas son las personas físicas que sufrieron asesinatos, privaciones graves de la libertad, torturas, persecución, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados como consecuencia de la aplicación de esa política gubernamental, mientras las víctimas indirectas son los familiares de estas víctimas. Por la naturaleza del delito, tanto las víctimas directas como las indirectas, están legitimadas para denunciar el hecho.	¿Dónde denunciar? Olvidémonos de la Corte Penal Internacional, no es competente en nuestro caso y el Consejo de Seguridad de la ONU no derivará el caso por el veto ruso a cualquier resolución en este sentido. La vía que queda es la llamada Jurisdicción Universal, principio que permite a un país investigar e iniciar procesos por Crímenes de Lesa Humanidad cometidos en otro país.	Por concentrar una cantidad representativa de víctimas directas e indirectas y por tener precedentes jurídicos de ejercicio de la Jurisdicción Universal, España pareciera ser el país más adecuado para impulsar un proceso de esta naturaleza en contra del régimen Ortega-Murillo. Sea o no España, se hace necesario estructurar una estrategia que articule a las víctimas y las acerque a un tribunal en demanda de acceso a la justicia, una estrategia de esta naturaleza no es solo un accionar político para evidenciar la brutalidad del régimen ante la comunidad internacional, sino también es un paso firme para asegurar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de la represión.