Los principales líderes militares han declarado repetidamente su lealtad al Gobierno. Pero en los últimos dos años, a medida que la economía petrolera se derrumbaba y la mayoría de los venezolanos empezaron a sufrir de una severa escasez de alimentos y medicinas, facciones dentro de las fuerzas de seguridad han llevado a cabo al menos cinco intentos para derrocar o asesinar al Mandatario.	Los medios estatales califican a las amenazas reales e imaginarias como “un golpe de Estado continuo”. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al que pertenece Maduro, está recurriendo a esa mentalidad de asedio para justificar la vigilancia constante, los arrestos arbitrarios y la tortura de enemigos percibidos, incluyendo a los que están al interior de las fuerzas armadas de Venezuela, compuestas de 160 mil efectivos, de acuerdo con las Naciones Unidas, defensores de los derechos humanos y familias de las víctimas.	Estos abusos fueron divulgados internacionalmente en julio cuando Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, publicó un reporte que denunciaba que el Gobierno venezolano sometía a prisioneros vistos como opositores políticos, a “choques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencia sexual, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”.	El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de Venezuela no respondió a las preguntas enviadas por The New York Times sobre las denuncias de tortura. La oficina del fiscal general declinó hacer comentarios. En el pasado, el gobierno ha negado las acusaciones de tortura sistemática, atribuyendo algunos casos específicos a excesos aislados.