Carlos Pavón iba al cementerio público de Tipitapa a llevar a la tumba de su hijo Richard Pavón Bermúdez una placa fúnebre con su fotografía. Era su cumpleaños. Este 26 de octubre hubiera cumplido 19 años. No pudo llegar. Dos patrullas con unos 30 policías llegaron a casa, exigiendo entrar. Si Pavón salía lo amenazaban con cárcel.	“Solo demandamos justicia. Richard cumplirá 17 meses de muerto (asesinado el 19 de abril) y sigo esperando que procesen a su asesino. Los testigos dicen que el disparo salió de la alcaldía de Tipitapa”, asegura Mari Cruz Bermúdez Medrano, madre del joven, mientras sostiene una estola con el nombre de su hijo. “Si no lo hubieran matado se hubiera bachillerado ese año”, lamenta.	Las protestas iniciaron el 18 de abril de 2018 tras la aprobación de unas reformas a la Ley de Seguridad Social que recortaba las pensiones a los jubilados, aumentaba la cuota a los trabajadores y a la patronal. La reforma en la que Ortega no consultó a los demás sectores causó el estallido. La ley fue derogada después de una estela de muerte.	en representación de sus 120 integrantes, no todas se arriesgan a hablar por temor al asedio. También se analizaron cédulas fiscales, epicrisis médicos, dictámenes forenses, diligencias policiales, cartas de solicitud de información ante el Ministerio Público y expedientes judiciales, que muestran como las madres han insistidos en la búsqueda de justicia, pero esta es casi nula.	Al 5 de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reporta 328 personas asesinadas. De estas, según una investigación realizada por LA PRENSA, solo se han judicializado 15 casos, que incluye a 26 víctimas, incluyendo los ocho que ya había reportado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes(GIEI) en su informe en diciembre de 2018. Esto significa que aún quedan 302 asesinatos en la impunidad.	“Siguen sin reportarse investigaciones imparciales y oportunas sobre las circunstancias del fallecimiento de las víctimas de la represión estatal en el contexto de la crisis. Los asesinatos de campesinos, en 2018 y 2019, continúan sin investigarse, mientras que la sociedad civil denuncia varios de ellos como resultado de la acción del Estado. Lo anterior en el contexto de la dictación de una Ley de Amnistía cuyo contenido, tal como ya lo señaló la CIDH en un comunicado público, por su contenido ambiguo, podría promover la impunidad”, se lee en el informe de la CIDH del pasado 5 de octubre.	“…el avance de estos procesos no estuvo guiado por una voluntad real de esclarecer tales crímenes, sino que respondió a otro tipo de propósitos. El Estado, a través de la Policía Nacional y de las autoridades e instituciones vinculadas con el Sistema de administración de justicia, o bien pretendió con estos casos dar una muestra a sectores afines de su compromiso con el castigo de los crímenes perpetrados en contra de personas vinculadas al gobierno…”, se lee en el informe del GIEI.	Las madres aseguran que no hay justicia, que la Fiscalía, ente acusador, no les ha dado respuesta a sus demandas de esclarecimiento del asesinato de sus hijos. Además, desconfían del actuar de las instituciones de justicia penal del país, como Ministerio Público, Policía y poder judicial, por la forma de proceder.	Desde abril de 2018 a la fecha, los familiares de los asesinados, siguen luchando por acceder a la justicia en relación a la muerte de sus seres queridos, por eso en octubre de 2018 crearon la Asociación Madres de Abril (AMA), para demandar justicia por los asesinatos perpetrados por órdenes del poder ejecutivo en Nicaragua.	“Nos unimos ante el dolor, la impotencia ante la falta de justicia, pero nos armamos de valor y seguimos denunciando. Somos las voces de nuestros hijos, a esos que pretendieron callar con la muerte”, afirma Liseth Dávila, mamá de Alvarito Conrado, el adolescente de 15 años, asesinado el 20 de abril en Managua.	“Como ciudadanos tenemos derechos a saber cómo avanzan las investigaciones del asesinato de mi hijo, si es que la hay. Han pasado 17 meses y el expediente de mi hijo continúa engavetado. Lo que nos molesta es la posición del gobierno que trata de negar lo que pasó. Exigimos la verdad y que los implicados sean castigados”, agregó Dávila.	El acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe garantizarse en una sociedad democrática comenta el exfiscal Boanerge Fornos, coordinador de Acción Penal, quien representa a varios excarcelados políticos. “Es la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición política, de acudir a las instituciones previstas para esto, como -la Policía, Fiscalía y Tribunales de Justicia- en busca de la protección y garantías de sus derechos humanos y constitucionales, para esclarecer un hecho”, explica.	El exfiscal agregó que se desprende de las denuncias de las madres afectadas que las instituciones estatales han trabajado de forma coordinada y armónica para evitar que haya acceso a la justicia.“No necesitas ser experto para percibirlo y la población lo sabe. No hay credibilidad en estas instituciones y se tendrá que hacer una refundación de estas, para que rescaten su credibilidad”, dice.	El GIEI en su informe afirma que “desde el punto de vista institucional ha habido una actuación monolítica entre las máximas autoridades del poder ejecutivo, del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Policía Nacional. Y eso se desprende tanto del incumplimiento de las funciones propias de esos poderes, como en gestos públicos que lo han mostrado sin disimulo”.	Un ejemplo de esta actuación son los videos donde oficiales bailan la canción “El comandante se queda” o los actos públicos donde Ortega se refiere a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia como compañera Alba Luz Ramos, y a la Fiscal General como compañera Ana Julia Guido o al Director de la Policía como compañero Francisco Díaz, quien además es su consuegro.	Esta falta de información respecto a los asesinatos de parte del Ministerio Público, también fue reflejada en el informe del GIEI en diciembre de 2018. Estos expusieron que no pudieron desarrollar su trabajo a como estaba previsto en el mandato, porque las autoridades nicaragüenses le negaron sistemáticamente la información solicitada.“El Estado de Nicaragua no respondió a las reiteradas solicitudes de información y de reunión realizadas por el GIEI, negó el acceso a los expedientes tramitados por el Ministerio Público…”, se lee en el informe.