He iniciado la lectura del libro La batalla por la paz, del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre las negociaciones que pusieron fin a uno de los más largos y sangrientos conflictos político-militares del mundo. De esa experiencia, como de cualquier otra sobre conflictos o crisis, podemos extraer lecciones pertinentes para las negociaciones que se están sosteniendo en el campus del Incae, entre la Alianza Cívica y gobierno de Ortega.	La primera lección del libro de la referencia, “lograr una correlación favorable de fuerzas”, se podía adivinar. En el caso de Colombia, para las guerrillas resultaba obvio que la persistencia en la lucha armada no era viable después del fortalecimiento del ejército. La extrapolación de esa conclusión para el caso de las negociaciones que se llevan a cabo en nuestro caso, es la siguiente:	¿Es posible acaso, para los diversos actores que tienen incidencia directa o indirecta en la mesa de negociaciones del Incae, que se pueda recuperar la estabilidad del crecimiento económico autoritario, que teníamos antes de abril de 2018? ¿Es posible, después de tantos asesinatos, represión, presos, exiliados, que se recupere esa estabilidad y ese crecimiento económico? ¿Es posible que Ortega rehaga sus alianzas nacionales e internacionales, después de semejante violación a los derechos humanos? ¿Regresarán los nicaragüenses sus depósitos en el Sistema Financiero?	¿Volverán las inversiones privadas, nacionales y extranjeras? ¿Se normalizarán los desembolsos de los organismos financieros internacionales? ¿Volverán los turistas? ¿Dejará de ocuparse del caso de Nicaragua la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)? ¿Y la OEA? ¿Y Amnistía Internacional y Human Right Watch? ¿Y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos? ¿Y el Parlamento Europeo? ¿Y cesará la demanda de justicia de la Conferencia Episcopal y los organismos nacionales de Derechos Humanos? ¿Y cesarán las protestas?	Si la respuesta a esas preguntas es afirmativa, carecería de sentido la línea roja que ha trazado la Alianza Cívica en las negociaciones: adelanto de las elecciones y liberación de todas y todos los presos políticos, así como la restitución de todos los derechos. A inicios de la crisis publiqué en este medio un artículo titulado Estallaron todos los agravios, en que hacía un rápido inventario de los abusos cometidos por la dictadura de Ortega, que habían conducido a la crisis.