Con gran asombro jurídico he leído que el Magistrado Sergio Cuarezma afirma categóricamente que en nuestra legislación no existen delitos políticos. Concluye el Magistrado Cuarezma que, por lo tanto, una Ley de Amnistía que cubra delitos comunes es aceptable jurídicamente. Lo será en la mente del Magistrado Cuaresma, como son los Prolegómenos del Derecho.	Ante semejante afirmación, y para que todos sepamos la verdad jurídica de la Amnistía, hay que recordar que el artículo 43 de nuestra Constitución Política expresamente ordena que “no hay extradición por delitos políticos o comunes conexos según calificación nicaragüense”…. La intención del Legislador es clara al hacer la discrepancia en el ámbito delictivo de las diferencias entre unos y otros. Dieron por sentado la existencia de los delitos políticos.	Las Amnistías otorgadas, si bien es cierto, cubren delitos comunes conexos que en un porcentaje alto de los casos conocidos se han convertido en principal razón de las amnistías concedidas, también es cierto que muchas de ellas han sido concedidas en virtud de delitos políticos. Habría que recorrer y estudiar nuestra Jurisprudencia para darnos cuenta de ello.	Las mismas amnistías aprobadas como Ley reconocen la existencia de delitos políticos y excluyen de las mismas los delitos de lesa humanidad entre uno de los pocos. Si no fuese por ese enunciado reconocido por las mismas amnistías aprobadas, tendrían que haberse aprobado como Indulto. La del año 1993 mencionada por el Magistrado Cuarezma bajo el Gobierno de la Presidenta Chamorro, así se lee.	En este orden de ideas, el problema fundamental es el efecto “a posteriori” de las dos figuras. La amnistía como borrón y cuenta nueva hace desaparecer cualquier vestigio del delito político y del común conexo cometido. Favorece al individuo y extingue su responsabilidad delictiva. El Indulto no. El Indulto obliga a una liquidación de pena y consecuentemente al indultado lo seguirá por siempre su carácter de condenado, de haber delinquido, con las limitaciones que impone, siendo una de ellas la no rehabilitación para optar a cargos públicos.	Si siguiéramos la línea de pensamiento del magistrado Sergio Cuarezma, entonces no debieran de existir Amnistías, sino Indultos. Porque también es incorrecto afirmar que si existieran delitos políticos el Estado se convertiría en Estado policía. El dogma jurídico del castigo al delincuente encuentra un atenuante drástico y verdadero en el Indulto, pero nunca han creído legisladores en el panorama universal que premiar al delincuente eliminando su responsabilidad es la mejor forma de devolverlos a la sociedad. Deberán siempre, después de haber sido restringidos de su libertad por pena grave impuesta, continuar siendo castigados. Si no, un delincuente tendría las mismas prerrogativas y derechos que uno que no ha delinquido, lo que empujaría la sociedad política entera a delinquir enriqueciéndose ilícitamente, como es típico en nuestras latitudes, y después solicitar una Amnistía. La única forma de lograr lo arriba apuntado es reconociendo la existencia de un delito político y que entonces se favorezca al amnistiado con los “comunes conexos”, entendiéndose claramente que son consecuencias del delito político y que no hubo intención manifiesta de cometerlos..	En el caso que nos ocupa sería aceptable bajo la tesitura del pensamiento del magistrado Cuarezma que todos los reos detenidos en la cárcel Modelo de Tipitapa solicitaran ser amnistiados. Con todo lo anterior, confío en que el Magistrado Cuarezma no opine también que una Amnistía puede aprobarse vía decreto legislativo.