El encuentro se desarrolló el pasado domingo 25 de agosto e intercambiaron “puntos de vista” sobre la implementación de este proceso de transformación en material electoral en Nicaragua, dijo Luis Ángel Rosadilla, emisario de la Secretaría General de la OEA en Managua, y además, testigo y acompañante del proceso de negociación entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y el gobierno de Daniel Ortega.	En el informe de la Secretaría General de la OEA presentado este miércoles durante la sesión del Consejo Permanente, Rosadilla recordó que el Gobierno nicaragüense le comunicó el 28 de julio que no continuaría en la mesa de negociación y propuso retomar los trabajos de las reformas electorales que había iniciado con el organismo continental.	“Ante la propuesta hecha por el Gobierno a la Secretaría General de la OEA el pasado 25 de agosto, de recibir acompañamiento en la elaboración de reformas electorales unilaterales, la Alianza Cívica insta a dicha Secretaría General a rechazar dicha solicitud y ratificar al gobierno que este tema debe ser abordado conforme la hoja de ruta y la Agenda consensuada con la Alianza Cívica. A juicio	“Obviamente, lo que está tratando de hacer (Daniel) Ortega es baipasear (sortear) a la Alianza y la negociación, para trabajar en su terreno con los partidos políticos, con los actores que ya conocemos y que en el pasado ha tenido controlados; y si eso es así, creo que no le vamos a comprar al país estabilidad de largo plazo, porque la regla importante en la mesa de negociación es que a los acuerdos se llega por consenso”, argumentó Arana.	El diálogo nacional inició el pasado 27 de febrero y se suspendió el 3 de abril. Posteriormente, entre el 3 y 29 de abril, la mesa de negociación tuvo un impase que solo fue levantado el 24 de ese mes para recibir el informe de Cristóbal Fernández, jefe de la sección de cooperación técnica electoral del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA.	A pesar de eso, el día 28 de julio el Gobierno de Nicaragua comunicó a la Secretaría General de la OEA que no va a continuar en la mesa de negociación y planteó retomar los trabajos de la reforma político-electoral, en el marco de los acuerdos vigentes entre la Secretaría General de la OEA y el Gobierno.