El contenido general del informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), sobre la grave violación de tales derechos en Nicaragua, en general ya se conocía, pero su presentación oficial este martes en Ginebra causó una poderosa impresión a la comunidad internacional.	El informe de Bachelet, así como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado por Antonia Urrejola el mismo día en Ginebra, demuestran que el régimen orteguista no ha engañado a la comunidad internacional con su relato mentiroso sobre una falsa intentona de golpe de Estado y su cínica negación de las violaciones a los derechos humanos. Estas han estado y están a la vista de todo el mundo. Los mismos organismos internacionales de derechos humanos las comprobaron cuando estuvieron en Nicaragua, antes de ser expulsados por la dictadura.	La denuncia internacional de las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, y las recomendaciones de organismos como Oacnudh y la CIDH para que el régimen de Ortega les ponga fin de inmediato, son un aliento político y moral muy importante para los nicaragüenses. En particular para los que sufren personalmente los atropellos de la Policía de la dictadura y de las bandas de civiles oficialistas armados.	La Alianza Cívica, que tiene el reconocimiento de la comunidad internacional como interlocutora del régimen para buscar una salida negociada de la crisis sociopolítica de Nicaragua, invocó en un comunicado emitido este 9 de septiembre el principio de derecho internacional de la obligación de proteger. Con base en este principio, la Alianza Cívica solicita a la Oacnudh que “envíe una misión para valorar y atestiguar las violaciones a la ciudadanía nicaragüense, especialmente la tragedia de los campesinos de la zona norte del país que están teniendo que abandonar sus hogares ante la persecución desatada en su contra”.	El principio de la responsabilidad de proteger está contenido en la Resolución 60/1 de la Asamblea General de la ONU y fue aprobado en la Cumbre Mundial de 2005. En ella se establece que la soberanía del Estado-nación no es absoluta y que la comunidad internacional tiene obligación de proteger a aquellos pueblos que son víctimas de genocidio, violaciones atroces a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, limpiezas étnicas y hambrunas.