Mientras la Asociación de Bancos de Nicaragua (Asoban) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Ancham) hicieron un llamado al gobierno a reflexionar en torno al manejo del caso de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis), el asesor económico de la Coordinadora Civil (CC), Adolfo Acevedo, calificó de correcta la suspensión del pago a los banqueros.	En un comunicado conjunto, Asoban y Ancham expresan que los recientes acontecimientos colocan al gobierno y al Banco Central de Nicaragua (BCN) en una posición de no cumplir con sus obligaciones de pago, sin tomar en cuenta las repercusiones que esto conlleva. Esto, indican, nos obliga a hacer un llamado de atención a nuestras autoridades, por el hecho de que estas decisiones provocan serios daños a la institucionalidad, al estado de derecho y a la estabilidad económica del país y sus ciudadanos.	La Asamblea Nacional aprobó en el Presupuesto una partida de 400 millones de córdobas para el pago de Cenis a los banqueros, pero el fiscal especial Armando Juárez pidió la suspensión del pago, y el juez Quinto Penal de Audiencias, Julio César Arias, ordenó al ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, y al Presidente del BCN, Antenor Rosales, que paralicen el pago.	A juicio de Asoban y Ancham, estas situaciones aumentan la inseguridad jurídica que vive el país y afectan la imagen de Nicaragua, limitando seriamente la inversión privada interna y externa, indispensable y determinante para la generación de riqueza y la creación de más y mejores empleos, que es la única forma de reducir la pobreza que tanto nos agobia y que es la meta prioritaria de todos los nicaragüenses.	Afectan adversamente la credibilidad del Estado, dificultando la colocación de deuda por parte del gobierno y del Banco Central de Nicaragua, reduciendo la capacidad del gobierno de honrar sus obligaciones mediante la emisión y colocación de títulos valores, y dislocando la capacidad del Banco Central para combatir eficazmente la inflación, precisa el comunicado.	Consideramos que estas acciones tomadas en forma injustificada solamente causan perjuicios al país, por lo que instamos a nuestras autoridades a la reflexión acerca de la gravedad de estos eventos, para evitar que en el futuro se presenten situaciones similares que afecten el proceso de fortalecimiento económico e institucional de nuestra nación.	En relación con la decisión que tomará la Corte Suprema de Justicia (CSJ), considera que debe cumplir a cabalidad con su responsabilidad de emitir una resolución en estricto apego a derecho, porque no le corresponde ni le compete hacer consideraciones políticas ni de ninguna otra índole sobre el tema de esta deuda, y debe pronunciarse en apego a las leyes o carece de sustento legal.