El decreto que el 7 de mayo autorizó el porte de armas en la vía pública a determinadas categorías de civiles -políticos, camioneros, cazadores y quienes practican el tiro deportivo, entre otros- fue cuestionado ante la Justicia por consultorías técnicas del Congreso y organizaciones de la sociedad dedicadas al estudio de la violencia.	Pero la medida creó temores de que el tiro salga por la culata y acabe alimentando la espiral de violencia que en 2017 se reflejó en casi 64,000 asesinatos en todo el país: una tasa de 30.8 por cada 100,000 habitantes, tres veces superior al nivel considerado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como de violencia endémica.	Tras asumir el poder en enero, Bolsonaro flexibilizó -también por decreto- la tenencia de armas de fuego, eximiendo a los brasileños de tener que justificar la "efectiva necesidad" para tener una arma en casa. Esto permite la adquisición de armas de fuego a los mayores de 25 años sin antecedentes penales y que comprueben aptitud técnica y psicológica para manipularlas.