El diálogo entre el Gobierno de Nicaragua y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia continúa en impase, porque la delegación oficialista no respondió este martes a la condición que puso la Organización de Estados Americanos (OEA) el 15 de marzo, de liberar a los manifestantes presos para que este organismo participe como testigo y acompañante internacional de las negociaciones.	El primer punto de agenda que establecieron los representantes de la sociedad civil, organizaciones, movimientos y sector privado aglomerados en la Alianza se refiere a las libertades, destacando la excarcelación de los manifestantes, la anulación de todos los juicios y el respeto a todas las libertades, derechos y garantías establecidas en la Constitución Política de Nicaragua, de conformidad también con los convenios internacionales suscritos.	La Alianza también impulsaría, como parte del segundo punto fundamental de agenda, el restablecimiento de la democracia con la inclusión del fortalecimiento de la confianza en el sistema electoral y el adelanto de elecciones, mediante la implementación de “recomendaciones u observaciones de las misiones de acompañamiento electoral y otras propuestas de reformas electorales que garanticen procesos libres, justos y transparentes”.	Asimismo, defenderán como tercer punto fundamental de agenda  la “justicia”, para garantizar que todas las víctimas que murieron en el marco de las protestas sociales iniciadas en abril de 2018 obtengan “verdad, reparación y garantías de no repetición para garantizar la paz, seguridad y el respeto a los derechos humanos en una situación que no conlleve a la impunidad”.	“Estamos listos para retomar las negociaciones cuando haya  condiciones propicias, pero hoy por hoy esas condiciones no están dadas. Lo que estamos haciendo es lo que se le pidió a la OEA y al nuncio (Waldemar Stanislaw Sommertag), que sirvan de facilitadores para que el Gobierno dé muestras de voluntad y eso está ligado a la libertad de las personas”, afirmó Azahalea Solís, suplente en las negociaciones que la Alianza sostiene con el Gobierno desde el pasado 27 de febrero.