La crisis en Nicaragua se agudizó en abril del 2018, y según informes de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, se contabiliza entre 325 y 535 muertes, más de tres mil heridos, centenares de presos políticos y desaparecidos a manos de grupos paramilitares que operan con la Policía Orteguista (PO).	La designación de sanciones a individuos incluye el bloqueo de activos, prohibición de transacciones bajo la jurisdicción de Estados Unidos, propiedades o intereses en una propiedad, negación o revocación de visas, y penalidades económicas. “Ahora (la Ley Nica Act) está en proceso en el Ejecutivo donde las agencias miran el proyecto para saber cómo van hacer los reglamentos para esa Ley”, preciso Ros-Lehtinen.	El mismo debe incluir una estrategia que involucre a representantes de la sociedad civil en Nicaragua, incluidos los medios (de comunicación) independientes, los derechos humanos, y las organizaciones anticorrupción, para fortalecer el estado de derecho y determinar la responsabilidad por los abusos a los derechos humanos y la corrupción en Nicaragua. Igualmente, ese informe debe establecer medidas para apoyar la protección a los defensores de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción en Nicaragua.	Ese informe incluirá la participación de altos funcionarios del gobierno de Nicaragua, del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción significativa y lavado de dinero. También a personas que facilitan la transferencia de bienes o tecnologías para uso, en o con, respecto a Nicaragua que son utilizadas para cometer violaciones graves de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua.	La Ley incluye la presentación de otro informe en un plazo no superior a los 180 días, y después cada año, sobre la certificación de la dispensa de sanciones económicas, conocida como “waiver”. El mismo debe contener una evaluación sobre avances o no, en materia del fortalecimiento del estado de derecho y la gobernabilidad democrática. Eso incluye la independencia de poderes como el Judicial y el Electoral; el combate la corrupción, incluso mediante la investigación y el procesamiento de casos de corrupción pública, protección de los derechos civiles y la realización de elecciones justas, creíbles y supervisadas.