En una conferencia de prensa, los familiares de los detenidos demandaron que les permitan el ingreso de médicos privados que puedan emitir diagnósticos confiables y entregarles las respectivas medicinas de acuerdo a cada una de sus necesidades, a la vez que responsabilizaron al Gobierno de cualquier situación que ponga en riesgo la vida de los reos.	“Mi hijo fue cambiado de la celda de máxima seguridad, a la de El Infiernillo por haber grabado un video desde su encierro, en el que acusa al Gobierno por las atrocidades que están sufriendo los reos en el penal. Él tuvo el valor de decir ‘basta ya, nos están atropellando’ y por eso fue golpeado, sabemos que lo cambiaron de celda y tememos por su vida”, denunció William Suazo.	Mientras tanto, la madre de Dilon Antonio Zeledón, condenado a más de 25 años por delitos como terrorismo y obstaculización de servicios públicos, señaló que las autoridades del sistema penitenciario están violentando gravemente los derechos de su hijo, quien resaltó que él es estudiante de cuarto año de la carrera de Contaduría Pública en Matagalpa y no le permiten recibir atención médica.	“Mi hijo fue golpeado brutalmente desde que fue detenido el 21 de julio, desde entonces presenta convulsiones. Antes nunca lo había hecho porque era un muchacho sano, pero ahora presenta estas convulsiones y lo han amenazado diciéndole que me llevarán presa si yo sigo denunciando. La abogada ha hecho escritos para que tenga atención médica, pero las autoridades han hecho caso omiso”, lamentó Ramos.	El comité reiteró que su demanda es la libertad de todos los presos, no el cambio de medida cautelar, como se ha venido viendo con más de 100 reos que fueron entregados en sus hogares bajo el régimen de casa por cárcel o convivencia familiar el pasado 27 de febrero, día en que se reanudaron las conversaciones entre la Alianza Cívica y el Gobierno.