Su defensa, que había solicitado anteriormente en cinco ocasiones la liberación del mandatario, argumentó en esta ocasión que la ley en Panamá dicta que una persona no puede estar en prisión preventiva por mas de un año, lo que fue ratificado por la decisión del propio tribunal que lo juzga y que ordenó su "depósito domiciliario", como técnicamente se denominada en este país la nueva medida cautelar.