Las mujeres nicaragüenses están desamparadas. Desde que los diputados del FSLN, ALN y PLC eliminaron el artículo de ley que permitía interrumpir el embarazo, muchas mujeres pobres han muerto y más de 92 niños y niñas quedaron huérfanos.  Asimismo cada 2 horas y 14 minutos se comete un delito sexual, contra niñas y adolescentes muchas de las cuales terminan con un embarazo que pone en peligro su vida y su futuro.	Es contradictorio  que mientras los violadores, abusadores sexuales, narcotraficantes y funcionarios corruptos salen libres, a  las mujeres que defienden a las mujeres se les quiera encarcelar. Nicaragua está pobre de justicia. La aceptación de una  acusación, instigada por sectores que desprecian el derecho de las mujeres a vivir,  es otra expresión de esa falta de justicia  que sufrimos las mujeres.  No hay acceso a la justicia.	Las mujeres acusadas actuaron de acuerdo con los principios éticos más elevados y apegadas a derecho jurídico nacional, respaldado con tratados internacionales firmados por el Estado nicaragüense. El movimiento feminista demanda el retiro de la acusación, el respeto a la integridad física y moral  de las acusadas, el cese a la represión a todas las organizaciones sociales y de mujeres, y la restitución de aborto terapéutico.