Consecuencias. Negar atención en los hospitales a manifestantes heridos, motivaron las sanciones de EE. UU. y Canadá a la ministra Sonia Castro. La Comisión de la Verdad, creada por el Gobierno, atribuyó esa negación a actitudes individuales del personal hospitalario. EL NUEVO DIARIO muestra testimonios sobre casos de heridos que fueron rechazados.	La tarde del 20 de abril de 2018, Juan Kayko, como era conocido popularmente en Ciudad Sandino, cerró su negocio comercial más temprano de lo acostumbrado, tomó una bandera azul y blanco, recogió dos piedras y se unió a los manifestantes antigubernamentales que eran reprimidos por fuerzas policiales en la entrada principal de la ciudad.	Avanzaba la noche, los enfrentamientos entre protestantes y policías se volvían más violentos y López recibió el balazo. Aún con vida, tres amigos lo trasladaron en una mototaxi al hospital más cercano, el Nilda Velásquez, pero allí el personal de salud y de seguridad les impidió ingresar. Después lo llevaron a la clínica previsional del Hospital Monte España y falleció en la sala de urgencias.	Un joven de 22 años, habitante del Distrito VI de Managua y a quien solo llamaremos José por petición de su familia, pudo ser atendido en un hospital público porque decenas de personas hicieron un escándalo en el portón. La noche del 21 de abril, el cuarto día de protestas antigubernamentales, patrullas de la Policía Nacional dispararon contra un grupo de manifestantes que quemaban llantas en la carretera Norte y una bala alcanzó a José. Entró debajo de la tetilla derecha y le perforó el pulmón.	“Como toda la gente estaba enfurecida, porque la policía había entrado al barrio a disparar y en el hospital no querían atender a los chavalos, los familiares de los demás heridos quebraron las ventanas, tiraban las sillas y solo así pudieron salir los médicos que estaban escondidos y atendieron a los muchachos”, recuerda Andrea.	Por ese tipo de casos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó el viernes 21 de junio de 2019 a la ministra nicaragüense de la Salud, Sonia Castro González, a quien también le aplicaron la ley estadounidense de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), mejor conocida como Nica Act.	Además, “el personal de los hospitales (públicos) recibió órdenes de denunciar a los manifestantes permitiendo que los parapolicías los sacaran de los hospitales, lo que provocó desapariciones forzadas”, y el Ministerio de Salud “amenazó a los trabajadores de la salud y despidió a cientos del personal médico que trató a los manifestantes”.	“Esa persona estaba en estado de shock y no se dejaba atender, lo canalicé y lo vendé como pude, pero tenía una hemorragia fuerte y lo tuve que trasladar al Sermesa; fue difícil el traslado porque estaba plagado de policías y al final, en el hospital no nos dieron la atención”, afirma.	“Los disparos eran de AK, yo puedo tratar el del brazo y comienzo administrarle suero vía intravenosa. Lo estuve tratando de salvar por más de una hora y media”, relata. “Le hice reanimación cardiopulmonar y utilicé todo lo que tenía a mano, pero no pude salvarlo porque todo el sector estaba plagado de policías y antimotines, y cuando intentamos ir al hospital nuevamente, empezaron a detonar disparos contra mi persona”.	“Es bien difícil decir con exactitud a qué cantidad de heridos o lesionados durante la insurrección se les negó la atención dentro de los hospitales públicos, pero he sabido y es del conocimiento de toda la población que fue una orden que emanó directamente del Ministerio de Salud y que se bajó a las instituciones, llámense hospitales, centros de salud, puestos de salud, etc.”, dice Núñez.	Una misión de la CIDH, que estuvo en Nicaragua del 17 al 21 de mayo de 2018, recabó denuncias contra el Hospital Cruz Azul, perteneciente al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) desde el 2013 y los hospitales Antonio Lenín Fonseca, Alemán Nicaragüense, Manolo Morales, Roberto Calderón, Óscar Danilo Rosales Argüello, de León, y San Juan de Dios, de Estelí, todos adscritos al Ministerio de Salud.	“Álvaro cae en los predios de la UNI y los muchachos lo llevan a una covacha que esta frente a la catedral; ahí lo atendieron los paramédicos y ellos creen que solo es el disparo de la boca, pero cuando lo revisan bien, le quitan la pañoleta roja del cuello, se dan cuenta que le está saliendo sangre y que es grave”, relata su papá.	El Gobierno creó una Comisión de la Verdad que, sobre este caso, dijo que se trató de una inconsistencia entre la atención institucional generalizada y la respuesta individual de un miembro del personal del centro hospitalario y que esa respuesta individual se debió al temor del personal de seguridad de sufrir agresiones por las personas que llevaron al adolescente herido.	“A mí me llama un señor, del número (celular) de Álvaro faltando 15 minutos para las 12, ese viernes, y me dice que el dueño de ese teléfono está entrando grave al Hospital Bautista, que lo habían llevado primero al Cruz Azul, pero ahí no les abrieron la puerta”, recuerda el padre.	Los padres del adolescente llegaron al Hospital Bautista casi a la 1:00 p.m., pero no lograron verlo porque estaba en cirugía. “El señor que me llamó es un visitador médico, él venía saliendo del Cruz Azul cuando vio que las personas que llevaban a Álvaro pedían que les abrieran la puerta y como no lo hicieron, es ahí donde deciden llevarlo al Bautista porque estaban perdiendo el tiempo y el señor los acompañó”, narra Álvaro Conrado Avendaño.	El doctor Francisco Núñez explica que la primera hora de un paciente gravemente herido por arma de fuego es vital, sobre todo, los primeros 30 minutos. Si es trasladado en tiempo y forma a un hospital que tenga la capacidad de resolver ese problema, ese lapso de tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.	Lisseth Dávila relata que el director médico del Bautista, quien recibió a su hijo y lo atendió de urgencia, le dijo: “Disculpe, le fallé a su hijo”. Se debió a que “cuando Álvaro llegó al hospital y el doctor lo agarró, él le dijo: ‘no me deje morir, yo quiero vivir doctor’. Por lo menos hicieron el intento, pero mi hijo llegó demasiado tarde”, lamenta la madre.	En Ciudad Sandino, las protestas iniciaron el 20 de abril poco después del mediodía, recuerda Graciela Martínez. Su hermano Juan Carlos cerró su negocio en el mercado municipal a las 2:00 p.m., fue a respaldar a los protestantes y al final de la tarde fue a la casa de su hermana. Cuando volvió a salir para dirigirse a su vivienda, recibió el balazo.	“Como a las 8:00 p.m. me llama una amiga y me dice que balearon a Juan Carlos. Yo no lo puedo creer porque acababa de salir de mi casa. En eso, otra llamada de una prima diciéndome que se lo habían llevado al hospitalito, grave. Llamé a su esposa para que fuera a ver, ella podía llegar más rápido porque sus hermanos tienen moto”, relata Graciela.	“Lo que me cuenta el amigo de mi hermano con el que estuvo temprano en las protestas, es que cuando Juan Carlos iba para su casa se encontraron otra vez y se quedaron platicando; de repente empezaron a escuchar balazos por la alcaldía y toda la gente empezó a correr hacia el lado de la Vuelta de la Uno”, prosigue Graciela.	“Juan Carlos le dice al amigo: ‘me dieron’. Pero, el amigo pensó que era broma; mi hermano se levantó la camisa y cayó. Una pareja que iba en una mototaxi se detuvo y los llevó al hospitalito, intentaron entrar, pero el guarda de seguridad les cerró la puerta y les dijo que no estaban atendiendo a nadie. Cuando le explicaron que iba herido, el guarda les respondió que se lo llevaran al Lenín Fonseca e insistió en que no estaban atendiendo”, dice Graciela.	“Si tal vez él hubiera llegado a tiempo, o lo hubieran atendido en el momento y no hubieran perdido todo el tiempo que pasaron rogándole a los del hospitalito, mi hermano en estos momentos estaría vivo. El médico que lo atendió, me explico que a él le dio un paro cardiorrespiratorio porque se ahogó en su propia sangre”, lamenta la hermana.	Andrea cuenta que José, su hijo, quedó lisiado. “Aparte de que estaba la mano de Dios y de que está vivo de milagro, mi hijo tenía sobrepeso y eso evitó que la bala perforará completamente su pulmón. Ahora, mi hijo quedó con impedimento y no puede desarrollarse y trabajar como antes”, lamenta.	Navarrete era entonces miembro del Benemérito Cuerpo de Bomberos y su participación en las protestas consistía en curar heridos, lo que después le costó varios meses de cárcel. Lo detuvieron en noviembre de 2018 y la Fiscalía lo acusó por “terrorismo, portación de armas, secuestros simples, robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos”, entre otros delitos. El 27 de mayo de 2019 fue excarcelado con el beneficio de convivencia domiciliar.	Cada vez los ataques a los protestantes en Masaya, igual que en otras ciudades, eran más violentos, y Navarrete vio la necesidad de crear otros puestos médicos. “Formamos uno en el Fox y otro en San Carlos, siempre dando la atención médica. Los puestos estaban dentro del perímetro de barricadas, pero en casas de seguridad que nos facilitaba la misma población”, revela.	Los padres de un bebé de 14 meses, muerto de un balazo mientras su papá lo llevaba en brazos en la calle la mañana del 23 de junio de 2018, denunciaron que las autoridades del Hospital Alemán Nicaragüense emitieron un acta en que atribuyen la muerte del menor a una “sospecha de suicidio”.	El hijo de Andrea estuvo internado dos semanas en el Hospital Alemán Nicaragüense, y en los primeros días, cuando lo tenían en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), ella preguntó por su condición y uno de los médicos le dijo que José saldría pronto porque estaba recuperando bien de la herida con arma blanca.	“Cuando el doctor me dice eso, yo me asusto y le digo que no, que él lo que recibió fue un balazo, pero, por el mismo temor y para no tener problemas al momento en que le dieran de alta, así quedó; el epicrisis dice que ingresó al hospital por herida de arma blanca”, revela Andrea.	A Graciela Martínez le ocurrió algo similar, cuando fue a solicitar el acta de defunción de Juan Carlos. “A mi hermano, yo no lo pude ni velar tranquila en la casa por el mismo asedio de la policía. Al día siguiente lo llevamos a enterrar a Tipitapa, de donde somos originarios; no llevaba el acta de defunción, sin embargo, me dejaron sepultarlo”, relata.	“Cuando llego a la Policía, me dicen que relate los hechos, vuelvo a contar lo que estoy contando ahora, supuestamente ellos me están levantando mi declaración, pero me entregan una acta que dice todo lo contrario, que yo me lo llevé al Monte España por que quise, que no acepté que fuera llevado a medicina legal y en el hospitalito no le habían negado la atención”.	Al negarse Graciela a firmar la aceptación del documento, le dijeron que no le darían el acta de defunción y eso la obligó a aceptarla con una versión distinta a la realidad. “En el hospitalito, me ponen que Juan Carlos falleció por un paro cardiorrespiratorio y no por un disparo de arma de fuego”, se queja.	“En ese momento, aproveché y puse la denuncia contra el Hospital Cruz Azul. En la Fiscalía me preguntaron si yo sabía quién le había disparado a mi hijo y les contesté que sí, que los únicos que andaban arma ese día eran los de la Policía, porque mi hijo fue el primer herido de ese día”, dice Lisseth Dávila.	El único testigo de la muerte de Juan Kayko, lleva más de 9 meses de estar exiliado en Costa Rica. “Él se presentó a la entrevista, a declarar, y después de eso empezó a ser hostigado y amenazado, tuvo que dejar a su familia por decir la verdad de lo que vio”, afirma Graciela.	“La misma Fiscalía se encargó de citar a todas las personas que auxiliaron a Álvaro, al visitador médico también; ahora, todos se encuentran en el exilio. Los hostigaron tanto que tuvieron que salir del país porque eran testigos claves de lo que pasó y de que el Hospital Cruz Azul haya negado la atención”, dice el papá del joven Conrado.	En su informe final, el GIEI recomienda que si estos hechos ocurrieron por alguna orden emanada del Ministerio de Salud, por impulsos de sectores afines al Gobierno dentro del sistema de salud o por el sindicato oficialista (Fetsalud) que maneja gran parte de los recursos de los hospitales, o si respondió al clima de persecución que se instaló en el país contra los manifestantes, es algo que debe ser investigado.