No voy a entrar en cifras sobre la inversión extranjera directa, sino en algunas reflexiones más de carácter político que económica. En realidad el único dato que quiero mencionar es que en los últimos tres años la IED, ha aumentado considerablemente, incluso si excluimos de ella la inversión venezolana. Y tiende a aumentar. El proyecto Tumarín por ejemplo tiene programado invertir 800 millones de dólares en los próximos cuatro años. Es decir 200 millones anuales.	Si la inversión respetara el Estado de Derecho, no andarían ofreciendo grandes proyectos con empresas de maletín, prometiendo generar energía barata en proyectos que nunca arranca, o canales secos en los que no cuentan con ningún respaldo financiero, y menos técnico. Hacer un proyecto es de lo más fácil y sino entonces se puede bajar un machote por Internet y listo.	Si la inversión extranjera respetara el Estado de Derecho no estaría buscando y sobornando conciencias para aprobar leyes de beneficios fiscales si saben que eso más bien genera pobreza. Y es más, estarían exigiendo a los gobierno que presenten un informe (finalmente) sobre el impacto de todas las exoneraciones por sector. Pero nunca lo han hecho. Definitivamente el Estado de Derecho les importa un pepino.	Por si fuera poco estaban teniendo problema para conseguir mano de obra. En un país con un desempleo galopante esto es una rareza. Recuerdo que fui a hacer una encuesta en el poblado cercano y me encontré con que las causas principales eran los salarios que pagan estas empresas y que muchos recibían remesas.	En realidad en medio de los avatares políticos del país, todo lo reducimos a la Policía y creemos que todo el mundo cuando revisa Nicaragua como destino de inversiones, solo ven las convulsiones políticas. En realidad esto último puede ser un estímulo para venir y comprar barato, exigir condiciones fuera de toda lógica como exoneraciones por todo “porque ellos van a generar empleos”.	No vemos que los principales problemas son otros, no tenemos infraestructura adecuada, ni mano de obra capacitada, ni un sistema de gobierno eficiente quedé respuesta. Hasta el momento no he escuchado que alguna empresa se vaya del país porque la Corte Suprema de Justicia le ha trabado algún caso, en realidad la inversión extranjera ventila sus problemas en el exterior en otros tribunales. Si no veamos el conflicto con la ESSO.	Lo que ha pasado es que siempre esperamos que nuestros problemas los resuelvan desde afuera, ya sea el FMI, el Banco Mundial, o la inversión extranjera, sin que seamos capaces nosotros de hacerlo. Nos hemos acomodado a eso. Los inversionistas extranjeros son muy necesarios para el desarrollo de cualquier país, pero ellos no son ni democrático y ni respetan el Estado de Derecho.