Ante una eventual evaluación del impacto de la reforma fiscal que puso en vigencia el dictador Daniel Ortega a finales de febrero, el sector privado presentó ayer el VI monitoreo de las actividades económicas, el cual revela que el brutal ajuste tributario en tres meses ha provocado un fuerte aumento de precio, incremento en los costos productivos, mayor desempleo y una profundización de la recesión económica.	“Nosotros lo que estamos observando de acuerdo a los resultados del monitoreo es que con la reforma tributaria las empresas han visto una presión al alza en sus costos operativos, pero estos aumentos de los costos operativos no todos están siendo trasladados al precio al consumidor, por ejemplo, los exportadores que son tomadores de precios no pueden hacer eso, en caso de los productos de consumo interno está a decisión si la empresa puede trasladar parte de estos costos operativos al consumidor, porque es la única manera que les permite continuar operando y hay otros que no lo hacen porque creen que su producto es muy sensible al incremento de precios”, detalla Funides.	La mayoría de los empresarios encuestados señala que de las medidas de la reforma tributaria, lo que más les afectó fue el cambio en la alícuota del Pago Mínimo Definitivo, seguido por la modificación en la exención del Impuesto de Valor Agregado (IVA), así como el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC), y por último, el cambio en las exoneraciones a los productores.	“Como respuesta a dicha reforma, los sectores monitoreados indican que las principales estrategias y medidas a tomar incluyen la búsqueda de reducción de costos y en general de la estructura productiva, despidos adicionales, traslado parcial de costos a precios, compra de materias primas a precios más bajos y cambios en el modelo de negocios”, detalla el informe.	El régimen ambiciona recaudar este año con la reforma fiscal 10,168.6 millones de córdobas (unos 317 millones de dólares) para cubrir el déficit del Presupuesto Público 2019. Antes que fuera aprobada la reforma, la dictadura propuso que se diera una revisión técnica cada tres meses, ese plazo se cumplió el 28 de mayo y hasta el momento se desconoce si el régimen está haciendo esa evaluación.	“La confianza sólo podrá restablecerse a través de una negociación que permita acuerdos que generen un cambio en el rumbo que llevamos y con acciones de corto y largo plazo que reduzcan el riesgo país y permitan restablecer la confianza de los consumidores, los empresarios, los inversionistas, los turistas locales y extranjeros, los depositantes en el sistema bancario y demás agentes económicos”, resaltó el Cosep en su sexto reporte.	El impacto de la reforma fiscal ha agudizado la caída del consumo interno, según el VI monitoreo de Funides y Cosep, hasta abril 2019 (un mes después de haber sido aprobada la reforma). Los sectores que prevén que las ventas empeoren son turismo (turoperadoras, hoteles y restaurantes), distribución de equipos médicos, cuero y calzado, agencias de publicidad, materiales de construcción y panificación.	El VI monitoreo detalla que la reforma tributaria está actuando como un obstáculo a las actividades económicas, frenando cualquier intento de dinamismo económico, “profundizando la crisis y permitiendo que esta se contraiga aún más que el -3.8 por ciento registrado en 2018. Es decir, las medidas tomadas por el Gobierno son contrarias a lo que debería de hacerse durante una recesión, con lo que se está provocando mayor pérdida de empleo, cierre de empresas y sucursales, y más pobreza”.