Las inversiones que requiere esta nueva red suponen, según la Comisión Europea, 910.000 millones de euros (algo más de US$1 billón) adicionales al PIB de la Unión y la creación de 1,3 millones de puestos de trabajo. Sin este esfuerzo inversor no se logrará un mercado único digital y Europa quedaría por detrás de EE.UU. y China en la carrera por el dominio tecnológico mundial.	El modelo elegido en la mayoría de los países para su implementación consiste en permitir que los operadores lleguen a acuerdos voluntarios entre ellos para la distribución, colocación y uso compartido de las costosas infraestructuras, casi siempre sobre la base de un operador dominante que permite utilizar sus recursos a los demás operadores.	Dado que cabe la sospecha de que algunas de esas prevenciones sean reforzadas por razones comerciales o económicas, no se puede por menos que insistir en la necesidad de que los Estados estén presentes a la hora de determinar cuáles son los estándares y los requisitos a cumplir a la hora de asegurar ese nivel adecuado de ciberseguridad.	Han de estar libres de toda sospecha tras el correspondiente examen, análisis y certificación por autoridades públicas competentes en la materia. La tecnología que se va a emplear por las empresas a la hora de desplegar esas redes 5G, venga de donde venga, debe ser fiable en la medida de lo posible.