Fuentes legislativas aseguraron que la tardanza para resolver el caso de Altamirano se debe a que hay negociaciones entre las bancadas del PLC y el  Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en las que se acordó que Altamirano renunciaría a su inmunidad para enfrentar el juicio para evitar que se la despojaran en el plenario, donde los orteguistas expondrían públicamente las acusaciones en su contra por parte del banco que lo demandó.	«En el país hay un montón de personas endeudadas con los bancos que no están logrando pagar producto de la crisis económica, de la cual los diputados no estamos exentos y Reynaldo está haciendo arreglos con el banco para solventar su deuda. El tema de la desaforación no es un tema que nos preocupe», dijo Blandón.	Los tiempos establecidos por la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que una Comisión Especial, una vez conformada, para presentar el informe de recomendación de proceder o no con las solicitudes de desaforación de un diputado son precisas. Se dan seis días para la comisión escuchar en audiencias los argumentos del funcionario afectado, más veinte días para recibir pruebas de los demandantes.	«Pudiéndose prorrogar por diez días más, a solicitud de la Comisión o del interesado ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, siempre que se solicite antes del vencimiento del período de pruebas. Vencida la prórroga, la Comisión emitirá el informe del proceso de Investigación y Dictamen dentro de los diez días siguientes», de acuerdo al procedimiento del artículo 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.