Los diputados orteguistas le ampliarán, por cuarta ocasión, el período de funcionamiento a la Comisión de la Verdad conocida como “Comisión Porras”, cuyos miembros el régimen insiste en que sean los encargados de investigar la masacre en el contexto de la crisis sociopolítica a pesar del rechazo que existe de parte de los familiares de las víctimas por la vinculación y defensa de esa Comisión a la dictadura orteguista.	La Asamblea Nacional reanuda este martes las sesiones plenarias, casi un mes después de estar suspendidas, y está previsto aprueben la ampliación por tres meses más de las funciones de la Comisión Porras, lo cual fue solicitado por los orteguistas Gustavo Porras, presidente del Legislativo y la primer secretaria, Loria Dixon.	La extensión de las funciones de esa comisión será a partir del 6 de mayo próximo. Será la cuarta ampliación del periodo desde que esa Comisión fue creada el pasado 6 de mayo del 2018, supuestamente para esclarecer las muertes ocurridas durante las protestas ciudadanas en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.	Todos ellos son fieles al dictador Daniel Ortega demostrándolo en que se han encargado de criminalizar a los protestantes y defender el actuar represivo de la Policía Orteguista (PO). Por esa posición es que son rechazados por la Asociación Madres de Abril (AMA), el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, los universitarios, campesinos y demás sectores que integran la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.	Para Francis Valdivia, presidenta de la Asociación Madres de Abril (AMA), el trabajo de la Comisión Porras no es válido “ya que es una Comisión progobierno que jamás se ha reunido con los familiares de las víctimas”, sino que sus reuniones han sido solo con la PO, alcaldes y simpatizantes orteguistas.	“El Gobierno Ortega Murillo están incapacitado para administrar justicia ya que ellos dieron y trabajaron de forma articulada con las instituciones que se suponía estaban para protegernos y garantizar los derechos fundamentales de los nicaragüenses, pero fue lo contrario. Por lo cual no se puede ser juez ni parte ya que eso no conlleva a un verdadero esclarecimiento de los hechos ocurridos y menos aplicar o garantizar justicia”, afirmó Valdivia.	La delegación del régimen las negociaciones con la opositora Alianza Cívica propusieron que su Comisión Porras con la PO y la Procuraduría de Derechos Humanos sean los encargados de investigar la masacre. La Alianza rechazó esa posibilidad y exige una Comisión de la Verdad integrada por profesionales independientes donde participen la CIDH y la ONU.