Después de los allanamientos, que tuvieron lugar el pasado agosto, el abogado de la exmandataria Carlos Beraldi acusó a Bonadio de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, unos cargos de los que fue absuelto por el juez federal Sebastián Casanello, que también investiga a Fernández de Kirchner por otro caso de supuesta corrupción.	Beraldi denunció que se le había impedido "participar y controlar la materialización" del registro, pero en un fallo hecho público por el Centro de Información judicial el juez decretó que no podría haber delito por parte de Bonadio por "la complejidad de la medida, el número de auxiliares intervinientes y los recaudos dispuestos para documentar el registro", entre otros puntos.	Los procedimientos en las propiedades de la exmandataria, tanto el piso de Buenos Aires como sus casas en Río Gallegos y en El Calafate, ambas en la provincia de Santa Cruz, en el sur del país, fueron llevados a cabo tras la aprobación del Senado, necesaria por la condición de senadora de Fernández.