De acuerdo con declaraciones de esos funcionarios, la consolidación del autoritarismo del régimen Ortega-Murillo es lo que ha motivado el interés del ejecutivo de Donald Trump de excluirlo del convenio. Mientras que para El Salvador y República Dominicana, su ruptura con Taiwán para establecer relaciones con China estaría provocando su posible exclusión.	“Sería catastrófico. Las empresas de zona franca perderían competitividad, entonces los inversionistas harán su cuenta costo-beneficio y teniendo a Honduras tan cerca, creo que muchos optarían por trasladarse a ese país y hasta quedarse en algunos países de Asia porque ellos lo que buscan es rentabilidad, además podrían perderse cerca de 130 mil empleos que genera el sector”, reveló Azucena Castillo, negociadora política del acuerdo y actual diputada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).	También afectaría a los no tradicionales —llamados también productos nostálgicos—, que en los últimos años lograron abrirse espacio en ese mercado, entre ellos las artesanías, cereales, rosquillas y otros. Después de años de trabajo, los productos locales están llegando a 17 de los cincuenta estados de Estados Unidos y con la exclusión del convenio todo ese trabajo se pondría en riesgo por la pérdida de competitividad, lo cual provocaría tener que pagar los impuestos establecidos a los productos.	Mario Arana, que también participó en la negociación del Cafta, considera que el texto del convenio que se firmó como bloque regional no establece un mecanismo para la exclusión de uno de los países firmantes, por lo que habría que definirlo. Pero considera que la amenaza de exclusión es un mensaje para los países que no están el línea con los compromisos adquiridos en torno a temas de democracia y respeto a los derechos humanos, de propiedad y otros.	“Tanto el Congreso como el Ejecutivo (de Estados Unidos) han dejado abiertas dos escaleras que están ahí. Lo único que tiene que hacer el Gobierno de Nicaragua es dar muestras de que va a volver al redil de la democracia, que se acabe la represión y que salgan los presos políticos y que se siente a negociar. Creo que por el bien de todos los nicaragüenses esa sería la solución para una reconciliación sincera y verdadera”, asegura Castillo.	Para el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, la exclusión de Nicaragua de ese convenio solo empeoraría la situación del empleo que ante la crisis financiera que enfrentan las empresas, ha sido muy golpeado debido a que en 2018 prácticamente el 60 por ciento de las exportaciones totales del país, incluidas las de zona franca, tuvo como destino el mercado estadounidense.	“En diciembre fuimos claros en señalar que esta era una amenaza latente si no se encuentra una salida política. Es muy importante entender que urge una decisión del presidente (Daniel Ortega) en este sentido, para evitar que estas amenazas se den. Ignorar la realidad no va a detener la caída. Los que van a ser más afectados son los sectores más vulnerables”, resalta Aguerri.