Cuando Daniel Ortega comenzó a hablar de que había que poner coto a los desmanes de Unión Fenosa, esta empresa, inmediatamente, le puso al Estado una demanda que superaba el centenar de millones de dólares ante el Ciadi, un tribunal internacional adscrito al Banco Mundial, donde rigen las reglas de burro amarrado contra tigre suelto.	Ortega, el Procurador y otros funcionarios objetaron la demanda señalando que Unión Fenosa tenía un proceso en los tribunales nacionales, y que obligarían a la corporación a someterse a la jurisdicción de los tribunales internos. Cuando afirmaban esto, estaba claro que ni Ortega ni los funcionarios en cuestión conocían a fondo lo que Nicaragua había firmado en el TLC con EU. En su capítulo de Inversiones, este tratado pone a disposición de Unión Fenosa --y de cualquier transnacional-- una gama de artículos para demandar al Estado nicaragüense en cualquier momento ante un tribunal internacional, sin necesidad de esperar que finalice un proceso en los tribunales internos. La gama de artículos, en el capítulo de Inversiones: el 10.16, el 10.17, el 10.7.1 y el 10.28. En un momento posterior, Ortega y sus funcionarios tomaron conciencia de esta realidad y no les quedó otra salida que hacer lo que han hecho: rogarle a Unión Fenosa que nos quite la demanda del Ciadi y negociar de rodillas con la transnacional española.	Después de la amarga experiencia con Unión Fenosa, resulta asombrosa la frivolidad inercial con que este gobierno está negociando un tratado con la Unión Europea, semejante al que se firmó con EU. En esta negociación, ya, de hecho, se aceptó el machote de discusión impuesto por los europeos, que sirve de base para orientar las negociaciones. En el machote europeo aparecen con artículos semejantes a los del TLC con EUU, los mismos perversos acápites de Inversiones, Servicios y Propiedad Intelectual que ya tienen sometido al país a la voracidad del gran capital corporativo transnacional.