Ni un solo barco. Ni una sola obra. Seis años después que 61 diputados leales al dictador Daniel Ortega aprobaran en la Asamblea Nacional la ley de construcción del canal interoceánico, Ley 840, cediendo la soberanía nacional al empresario chino Wang Jing, no hay absolutamente una obra sola visible que augure el inicio de “la obra de ingeniería más grande del mundo”.	El régimen de Ortega esperaba que el crecimiento promedio pasara del 4.5 por ciento del PIB a un 10 por ciento en los primeros años de operación del canal, más la creación de unos 50 mil empleos durante los cinco años de construcción y otros 200 mil cuando empezara a funcionar a fines del 2019 o inicios de 2020.	La empresa privada, aliada incondicional del régimen en esas fechas, analizaba las posibilidades de negocios y surgían preocupaciones logísticas como esta: HKND iba a requerir a partir de 2015 12,5 toneladas de carnes, 37,5 toneladas de arroz y 25 toneladas de vegetales por día para alimentar a los primeros 50,000 obreros.	, Ortega y Jing firmaron el Acuerdo Marco de Concesión y documentos conexos, en que se le concedían al empresario chino poderes ilimitados sobre la soberanía nicaragüense por un lapso de 100 años. Era un documento de 120 páginas de las disposiciones del Acuerdo Marco de Concesión y documentos conexos, que contenía, según análisis jurídicos independientes, violaciones a más de 40 artículos de la Constitución Política.	La ruta perjudicaba a su paso a territorios de las comunidades indígenas Salinas de Nahualapa, Nancimí, Veracruz del Zapotal, Urbaite de las Pilas y San Jorge Nicaraocalí, en la parte del Pacífico, mientras en el Caribe afectaba a las comunidades Kriol de Monkey Point y Punta Gorda, así como los Rama de Wiring Kay, Punta de Águila y Bangkukuk Tai, donde se asientan los últimos hablantes de la lengua rama.	La vía atravesaría 105 kilómetros del lago Cocibolca y debería estar listo, según lo anunciado en 2013 y ratificado en 2014, a fines de 2019, a un costo superior a 50.000 millones de dólares, más de cuatro veces el producto interno bruto (PIB) de este país de 6,2 millones de habitantes, de los que 40 por ciento viven en condición de pobreza.	El presidente de la firma HKND, el chino Wang Jing, junto a funcionarios del gobierno nicaragüense aparecieron ante los medios de propaganda del régimen junto a máquinas de construcción de instituciones locales para “inaugurar” las obras de una carretera de 13 kilómetros que serviría para introducir la maquinaria pesada destinada a edificar las primeras infraestructuras.	También comenzaron las marchas rurales y la represión. Hubo más de cien marchas campesinas en todo el país y la mayoría fueron reprimidas por la Policía al servicio del dictador, mientras se multiplicaban el asedio y la persecución de los líderes campesinos como Francisca Ramírez, Medardo Mairena y contra activistas ambientales como Mónica López Baltodano y Octavio Ortega.	Unos años atrás, alegre ante los medios oficialistas, Talavera detallaba, de acuerdo con estudios realizados por una firma británica para HKND, que en 2020 3,576 barcos pasarían por el canal nicaragüense y alrededor de 5100 en 2050, principalmente buques portacontenedores de 25.000 toneladas métricas, petroleros y buques graneleros entre otros.	Mónica López, exasesora del Movimiento Campesino y abogada ambientalista, alertó a LA PRENSA que en el Acuerdo Marco de Ejecución e Implementación (MCA) en el que el dictador entregó al chino Wang Jing el megaproyecto, dio seis años para que el concesionario obtuviese el financiamiento para desarrollar el proyecto, y de no hacerlo en ese plazo entonces el Gobierno de Nicaragua estaba obligado a retirar la concesión.	La cláusula 15.21 refiere que si el cierre financiero del subproyecto no ha ocurrido dentro 72 meses a partir de la fecha efectiva del Acuerdo Marco, “entonces, el Gobierno o el Patrocinador correspondiente tendrán el derecho de terminar la concesión para tal subproyecto y todos sus derechos, beneficios y obligaciones según el presente Acuerdo”.