El plenario de la Asamblea Nacional aprobó el miércoles las reformas a la Unidad de Análisis Financiero, en la que se estipula que los abogados y notarios públicos están obligados a reportar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) las operaciones inusuales que detecten en su quehacer como profesionales del derecho.	La bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) presentó un voto razonado en contra de esa reforma por “el peligro que podría significar la manipulación de esas recomendaciones en un país políticamente dividido, donde impera el sesgo partidario contra el Estado de Derecho, poniendo a los abogados y notarios en la obligación discrecional de calificar cuando si y cuando no, una operación es inusual”.	El año pasado, añadió el legislador, en Nicaragua se recibieron US$1,500 millones por transferencia de remesas familiares. “Este año, a la fecha, son US$796.6 millones en remesas, un dinero sagrado. Si no se cumplen con las disposiciones (del GAFI) se condenaría a no recibir remesas a 500,000 familias nicaragüenses y eso no lo vamos a permitir”, expresó Gutiérrez.	“En esos países hay independencia de las instituciones y separación de poderes, hay Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos y aquí, según la OEA, las Naciones Unidas, la Unión Europea, no hay respeto a los derechos humanos, ni independencia de los poderes, entonces, ese tipo de ley, abre la posibilidad de que se utilice como herramienta