La oposición política entera contra el gobierno de Daniel Ortega, representada por 52 diputados de cuatro bancadas y los partidos que la constituyen, se declararon en “Bloque contra la Dictadura”, calificaron de espuria la resolución sobre los CPC, y a la propia sala de la CSJ que la produjo, y anunciaron una serie de acciones nacionales e internacionales que colocan al país en una gravísima crisis.	El denominado “Bloque contra la Dictadura” emitió ayer una declaración respaldada por 52 diputados ante la Asamblea Nacional, en la que rechazan las pretensiones del presidente Daniel Ortega y de seis magistrados sandinistas en la Corte Suprema de Justicia --a quienes llaman espurios--, de mantener vigentes los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, violando la Ley 630 que los deroga.	Ante la crisis generada por el actual gobierno encabezado por Daniel Ortega Saavedra, que cercena la facultad constitucional que tienen la Asamblea Nacional para legislar y que posteriormente atentó contra la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia y contra la Constitución Política de Nicaragua, pues mediante actitudes ilegales y subterfugios, fabricó a la media noche un fallo que atenta contra la autonomía del Poder Legislativo.	La Asamblea Nacional, los diputados de las diferentes bancadas que la integran, nos hemos constituido en un “Bloque contra la Dictadura”, para defender la institucionalidad nicaragüense. La crisis institucional se profundiza por las amenazas vertidas a diputados a través de voceros del FSLN contra las fuerzas democráticas, sectores sociales y gremiales, empresarios, sociedad civil, llegando al grado de amenazar con la militarización del país, confiscaciones a la empresa privada, y encarcelamiento de los principales dirigentes opositores del gobierno de Daniel Ortega. Lo anterior nos obliga a reflexionar y tomar decisiones al respecto.	5. Nos reservamos el derecho de recurrir como establecen nuestra Constitución Política y las leyes, en este país, contra la sentencia inmoral e ilegal de la Sala Constitucional espuria para que sea la Corte Plena la que se pronuncie sobre el atentado a la constitucionalidad, a acusar a los magistrados y otros funcionarios que estén cometiendo prevaricato y delitos contra la Constitución Política, la seguridad y la gobernabilidad de nuestro país.	El “Bloque contra la Dictadura” que integramos, se declara en sesión permanente hasta que se logre restablecer la institucionalización de los poderes manoseados y el respeto a la independencia de los mismos. Por ello, iniciaremos acciones políticas e internacionales y de movilización a todos los niveles para frenar la amenaza de dictadura que se manifiesta con las actitudes dictatoriales del actual presidente Daniel Ortega.	Declaramos en relación con el Presupuesto General de la República que estaremos aprobando un presupuesto dirigido a las instituciones legalmente constituidas, y que los recursos se dirigirán directamente al combate a la pobreza, a mejorar la educación, al sector salud, y no a programas politiqueros que son manejados como proyectos prebendarios y personales del partido orteguista.	Hacemos un llamado, no sólo a la población a movilizarse, sino también a todos los sectores, como medios de comunicación, sector privado, gremios y otras organizaciones de la sociedad civil, a acompañar y a sumarse a este “Bloque contra la Dictadura”, no solamente para la movilización como tal, sino también para agrupar todas aquellas ideas que tengan que ver desde el punto de vista jurídico, político y de la movilización para que podamos fortalecer este bloque que está demandando la población de Nicaragua.	Asimismo, alertamos a los empresarios, a los productores, sectores sociales y gremiales, a los miembros de la sociedad civil, a los miembros de los partidos políticos, de que existe la amenaza del chantaje del FSLN para obligarlos a que desistan de la voluntad de continuar impulsando un desarrollo social con equidad, democrático, económico y en búsqueda de las soluciones a los problemas de los nicaragüenses.