Apoyándose en constancias emitidas por autoridades del Ministerio de Hacienda  y Crédito Público, Registro de la Propiedad, Inmueble y Mercantil de Managua y una resolución judicial, el abogado Decters Carrión Calderón sostiene que la propiedad reclamada como propia por una  pareja de la tercera edad en los tribunales capitalinos le pertenece a su representado, Juan Segundo Gutiérrez Arévalo y a otros  18 miembros de esa familia.	El abogado Decters Carrión  envió a El Nuevo Diario una constancia emitida el 8 de mayo del 2002, donde el director de Titulación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Luis Tellería Ramírez, asegura que en los archivos centrales de la oficina de Titulación Rural, no existe ningún título de Reforma Agraria a favor de Graciela Calero Hernández, a quien el matrimonio Benavidez – Salazar le habría  comprado la valiosa propiedad.	El apoderado judicial de Juan Gutiérrez  también envió copia de una libertad de gravamen del Registro de la Propiedad, Inmueble y  Mercantil, emitida el 12 de abril del 2018, donde se indica que la propiedad  en disputa en los tribunales está inscrita en la sección de derechos reales a nombre de Juan Gutiérrez Arévalo y otros miembros de su familia.	El abogado Pedro Almanza, al ser consultado sobre la validez de la libertad de gravamen emitida a favor de Juan Gutiérrez, respondió que el referido documento fue hecho de manera “fraudulenta”, agregando que la 1.5  manzana de tierra en disputa está inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre del matrimonio de la tercera edad  (Adán Benavidez y Lucía Salazar) desde 1993, es decir, desde hace 25 años.	Al  referirse a la invasión de la propiedad, denunciada por la pareja de ancianos que ocurrió en junio del 2017,  el abogado Carrión señaló que el desalojo de los vigilantes que tenía el matrimonio de la tercera edad cuidando la propiedad en disputa lo hizo la Policía con un mandamiento emitido por la jueza Noveno Distrito  Civil de Managua, Eveling González Betancourt,  donde da lugar a un amparo en la posesión (de la propiedad) reclamado por Juan Segundo Gutiérrez.	Pero el abogado Pedro Almanza  sostiene lo contrario  y afirma que el oficio librado por la jueza Eveling  Betancourt está fundado sobre una resolución emitida por el juez civil Nelson Larios Fonseca sobre la base de un juicio  donde  Juan Gutiérrez  pidió el amparo en la posesión y que según el apoderado judicial del matrimonio de la tercera edad  fue anulado en instancias superiores.