El juez Octavo Penal de Juicio, Tomás Eduardo Cortez, ordenó la libertad de Javier Antonio Pineda López, de 23 años, quien estuvo detenido más de dos meses por una violación que no cometió, porque la supuesta víctima, su hijastra de 13 años, confesó que quien “le quitó la inocencia” fue su novio adolescente, y  que si lo acusó fue por problemas familiares que se suscitaron cuando su madre no le quiso dar dinero para ir a un paseo, explicó el abogado Javier Caballero. Ante semejante revelación, la fiscal Alicia Solís no tuvo más remedio que pedir la clausura anticipada del juicio, que arrancó la semana pasada, a lo que el judicial accedió, dado que ninguna de las otras pruebas que el Ministerio Público aportó en juicio oral y público vinculaban al joven en los hechos acusados. Según la acusación, entre mayo y abril de 2006, la jovencita fue violada en reiteradas ocasiones porque su madre se iba a trabajar y ella quedaba sola con Pineda, pero su abogado demostró con diferentes constancias que tal afirmación es falsa, porque éste trabajó en una empresa de reparación de camiones, en una compañía de obras civiles y en la Zona Franca, sitios donde sus horarios de trabajo eran de seis de la mañana a siete de la noche, inclusive. El abogado explicó que tal acusación nunca debió haber sido admitida porque no especificaba ni la hora ni la fecha de las supuestas violaciones, pero ayer la mentira y la injusticia quedaron al descubierto.	Aunque el abogado Oscar Danilo Carrión no quiso dar mayores detalles para no entorpecer las investigaciones, reveló que su cliente, Víctor Alejandro Ulloa Avilés, ha recibido amenazas de muerte. Ulloa fue acusado en el Juzgado Sexto Penal de Audiencias por la muerte de un jovencito que encapuchado quiso ingresar a su casa, ubicada en el barrio “Arnoldo Alemán”, junto a otros sujetos también encapuchados, por lo que le disparó y murió, hecho por el que quedó relevado de toda responsabilidad porque la juez suplente Sexto Penal de Audiencias, María José Aráuz, le ordenó a la Fiscalía que buscara más pruebas para acreditar el delito acusado (homicidio doloso), pero el día de la audiencia, el Ministerio Público no llevó nada y archivaron el caso.	Trescientas citas envió la Oficina de Notificaciones a igual número de candidatos a miembros de jurado para poder integrar ayer, en el Juzgado Cuarto Penal de Juicio de Managua, el juicio oral y público para Glenda Liseth Mena, Sugey Molina Luna, Roberto Abelardo Lazo y José Luis Sandoval, acusados por la supuesta autoría de plagio en perjuicio de un niño de cinco años, al que habrían sacado del Instituto Loyola, el 13 de agosto, para luego pedir un millón de córdobas de rescate, aunque sólo recibieron 687 mil córdobas que no pudieron disfrutar porque la Policía “los pescó”. Los abogados explicaron que el juez solo integró el tribunal de jurados, es decir, eligió a las seis personas que conocerán el caso el once de diciembre, y luego de oficio suspendió la vista porque tenía otro juicio programado, lo que generó molestia entre los testigos que llegaron temprano al juzgado.