De acuerdo con Ordóñez, pese a que 2007 dejó ver el alto grado de vulnerabilidad existente en el país frente a los embates de la naturaleza, el Presupuesto General de la República propuesto por el Ejecutivo, reduce la partida asignada al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena), encargado de resarcir los daños en las áreas afectadas e incidir en la creación de políticas de protección al medio ambiente.	“En virtud de incrementarse el monto al Marena en los últimos años para realizar su labor, el mismo se ha visto reducido, ¿cómo puede trabajar una institución de tanta importancia en los discursos con tan poco presupuesto en la práctica? Marena sobrevive gracias a la cooperación internacional y no podemos continuar de esa forma”, expresó Ordóñez.	Por su parte, Julio Sánchez, encargado de incidencia de la misma organización ambiental, comentó en este informe de gestión anual gubernamental que los diputados resultaron aplazados, pues si bien hubo avances con la aprobación de leyes como la Ley General de Aguas, quedaron fuera de la gestión otras trece leyes, entre las que se cuentan la Ley de Bioseguridad, Ley de Seguridad Alimentaria, Revisión y Modificación de la Ley de Hidrocarburos, entre otras.	“Los diputados por pugnas políticas dejaron de lado leyes que son de importancia para el país, como la Ley de Bioseguridad, que es para resguardar nuestra biodiversidad ante el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y las negociaciones que se han iniciado para negociar con la Unión Europea, pues si no clasificamos lo que poseemos, nadie garantiza que mañana no tengamos que pagar por hacer uso de la sabia del tigüilote, por ejemplo”, manifestó Sánchez.	“Es lamentable que los padres de la patria se preocupen más por los CPC que por la Ley de Seguridad Alimentaria, que es tan vital sobre todo en las comunidades rurales, donde debido al cambio climático proliferan las plagas de ratas que acaban con todo, esperamos que el próximo año se dediquen a trabajar más y politiquear menos”, afirmó.	En tanto, Tania Osejo, coordinadora del Centro Humboldt, manifestó que el sistema judicial continúa con muy malas calificaciones en cuanto a su gestión, pues en el caso del derrame de la Esso en la comunidad El Cobano, en Puerto Sandino, pese a que las pruebas eran contundentes respecto a la carencia de estudios de impacto ambiental y permisos del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), los implicados fueron sobreseídos. “El sistema judicial no se apegó a las pruebas, al daño, sino al término de los plazos; los jueces dejaron pasar el tiempo y por ese tecnicismo legal, al no iniciarse en los seis meses siguientes el juicio, no procedió, este es el nivel de justicia que tenemos en el país y esto debe cambiar”, concluyó Osejo.