Una propuesta de resolución sobre la crisis en Nicaragua que se discute este 18 de diciembre en el Parlamento Europeo, incorpora además de propuestas de sanciones a funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, revisar la presunta violación de Nicaragua a los principios democráticos del Acuerdo de Asociación económica de la Unión Europea con Centroamérica.	En el documento se señala que tras revisar en detalles toda la situación del país desde el inicio de la represión en abril de 2018, el deterioro de los derechos humanos en la situación actual y el papel del estado a la luz del Acuerdo de Asociación, se suspenda a Nicaragua de dicha alianza comercial.	«El parlamento europeo recuerda que, a la luz del Acuerdo de Asociación entre la UE y los países de América Central, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del estado de derecho, la democracia y los derechos humanos, y exige que, a la luz de las circunstancias actuales bajo la cláusula de democracia del Acuerdo de Asociación, se active suspendiendo a Nicaragua de este acuerdo», dice el documento.	Entre otras cosas, como demanda de un diálogo, elecciones transparentes y reformas, y el retorno al país de organizaciones fiscalizadoras de derechos humanos, el proyecto de resolución insta a la UE y sus Estados miembros «a congelar fondos y recursos económicos de ciertas personas físicas o jurídicas y entidades responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en Nicaragua».	El documento ha circulado para consulta entre las diferentes bancadas de los 751 diputados europeos, se discutirá y sancionará por voto de la mayoría absoluta en presencia del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien además expondrá la situación que vive Nicaragua y anunciará acciones específicas al respecto.	El proyecto de resolución del Parlamento Europeo, además, exige la liberación inmediata de todos los prisioneros arrestados en relación con las protestas de abril de 2018 y de todos los acusados de presuntos delitos de derecho consuetudinario en represalia por su continua participación en manifestaciones cívicas, y la restauración total de los derechos y libertades de estas personas liberadas. junto con el cierre de sus casos, la cancelación de sus condenas, la reparación de sus bienes confiscados y la garantía de su seguridad e integridad física.