La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur) reaccionó ayer contra el acuerdo firmado por las municipalidades de Managua, Nindirí, Ticuantepe, La Concepción, El Crucero y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), que establece una zona de emergencia y veda no urbanizable en 57.89 kilómetros cuadrados, en el sur de Managua.	De acuerdo con Alfonso Silva Molina, Presidente de Cadur, el acuerdo interinstitucional que prohíbe todo tipo de construcción vertical afecta los planes de gran cantidad de desarrolladores y constructores que operan en esta zona, pues “no se puede de la noche a la mañana decir que ya los estudios y permisos autorizados no son válidos para construir, sino que ahora lo ideal es sembrar un bosque”.	“Estamos conscientes de la necesidad de agua de la población no sólo hoy, sino en el resto del tiempo, y compartimos el compromiso de preservar los mantos y reservas hídricas con las instituciones del Estado, sin embargo, consideramos que ese acuerdo fue inconsulto, pues no se nos llamó a nosotros que hemos comprado esos terrenos para ayudar a superar el déficit habitacional existente en el país”, señalo el señor Silva Molina.	Sin duda, continuó el señor Silva Molina, este acuerdo tiene un grave alcance para la inversión, el gremio y la legalidad, y las consecuencias que genera al parecer no fueron pensadas, porque éste es un acuerdo confiscatorio que no tiene asidero legal, y que si no nos reunimos para buscar una solución lo único que hará será desacelerar la inversión, porque no pueden pagarnos las más de seis mil manzanas de tierra	“Nosotros hemos conversado sobre este tema con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que nos brindo su apoyo total, así como la Cámara de la Construcción, y exigimos de parte de las municipalidades y Enacal que si tan preocupados están por las reservas de agua, nos presenten un plan maestro de desarrollo urbanístico, y, a la vez, que comiencen a llevar a los miles de asentamientos humanos espontáneos el servicio de alcantarillado”, afirmó.	En un comunicado extendido por Cadur, ayer, en una conferencia de prensa a los medios de comunicación, expresa que “la pretendida prohibición establecida no consideró las poblaciones originarias de la zona que no cuentan con servicio seguro de aguas negras ni potables, los asentamientos de vieja data, más los nuevos asentamientos espontáneos, y la agricultura que son los principales contribuyentes al deterioro de reserva hídricas”.	Y a la vez demanda a las municipalidades una veda temporal de seis meses sobre nuevos permisos de construcción en el área afectada, no considerando las solicitudes introducidas después del siete de febrero --fecha cuando se firmó el acuerdo-- para que una comisión conjunta establezca las medidas a tomar con base en un estudio técnico convincente.	También el comunicado exige a las municipalidades dotar de aguas negras, drenaje pluvial, plantas de tratamiento a todos los asentamientos existentes en el área para evitar el impacto negativo en los acuíferos, así como la suspensión inmediata de las construcciones de urbanizaciones y asentamientos ilegales hasta que cumplan con los requisitos correspondientes y regulen su situación.