“Exigir al gobierno del presidente Daniel Ortega y a la primera dama y vicepresidenta, Rosario Murillo, que libere de inmediato a los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora Barberena, y a los más de 600 presos políticos que fueron encarcelados por ejercer su derecho a protestar cívicamente”, señala el documento dado a conocer al cierre de la reunión de medio año de la SIP, desarrollada durante el fin de semana en la ciudad colombiana de Cartagena.	“Solicitar que el gobierno cumpla con la Constitución de Nicaragua, respetando en especial el artículo 30 que reconoce el derecho de los nicaragüenses a expresar libremente su pensamiento, en público o en privado, de forma oral, escrita o por cualquier otro medio; el artículo 66, que otorga a los ciudadanos el derecho a la información veraz, y comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección; y el artículo 54, que reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, como parte de la libre expresión ciudadana. Asimismo, el artículo 67 que precisa el derecho de informar como una responsabilidad social y no puede estar sujeto a censura”, señala la resolución.	También el insta a los Gobiernos de América Latina y de otros continentes para que las graves violaciones a la libertad de prensa sea también uno de los tópicos analizados en mayo próximo cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, aborde el tema de Nicaragua en el Examen Periódico Universal.	Finalmente la SIP pidió  “a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que negocia con el gobierno la apertura de un proceso de democratización de Nicaragua, teniendo como testigos a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Vaticano, que el Estado respeto y garantice el derecho pleno a las libertades de expresión y de prensa, como base fundamental del desarrollo de una democracia verdadera”.	La crisis que atraviesa el periodismo en Nicaragua fue uno de los temas desarrollado por la SIP este fin de semana recién concluido. La imposición de una censura de facto, las más de 700 agresiones a la libertad de prensa, el asesinato del periodista Ángel Gahona son algunos de los factores que han deteriorado el ejercicio periodístico en el país que se encuentra en un profunda aprieto desde abril de 2018.