La judicial también ordenó la libertad condicionada de Medina, por ser el único sustento de su niño de tres años, detalló la abogada Yonarqui Martínez. A cambio, le asignó dos custodias personales que responderán por ella y giró orden a Migración y Extranjería para informarles que la ciudadana no puede salir del país, puesto que tiene retención migratoria .	El juicio político fue programado para el 15 de enero de 2020, detalló Martínez, quien alegó en audiencia inicial con características de preliminar, que no hay nada que sustente la acusación del Ministerio Público contra su representada y que los hechos fueron en 2016, y ya habían sido arreglados con quien admitió haber cometido el supuesto robo de un celular y Medina no tenía nada que ver.	Medina fue secuestrada este martes en su casa de habitación por la Policía Orteguista de Masaya, un día después de haber participado en la Octava, procesión de la imagen de San Jerónimo, el 7 de octubre, donde varios participantes abuchearon, insultaron y tiraron bolsas de agua al comisionado Avellán, a quien lo responsabilizan por las muertes de los ciudadanos en la represión contra el pueblo nicaragüense en ese departamento, durante las protestas en 2018.	Según la abogada Yonarqui Martínez, la Fiscalía y la Policía Orteguista desempolvaron un expediente con hechos ocurridos el 5 de marzo 2016, por robo agravado, donde Medina no tiene nada que ver y según archivos hasta hubo arreglo de pago entre la persona acusada y las supuestas víctimas que son simpatizantes orteguistas.	Avellán es uno de los funcionarios señalados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de cometer y dirigir actos de represión en contra de los manifestantes que protestaron desde abril de 2018 en contra de la dictadura en Nicaragua. En Masaya asesinaron cerca de 31 manifestantes durante las protestas en 2018.