Los encapuchados dispararon contra las trincheras que la gente había construido en las calles, sin que nadie pudiese ofrecerles resistencia y enseguida entraron retroexcavadoras que derribaron los adoquines y camiones que llevaron tierra para cubrir la huella de las barricadas. En los siguientes 43 días este sería el patrón de los ataques ejecutados por el régimen Ortega Murillo como parte de una sangrienta avanzada que los medios de comunicación llamaron “operación limpieza”.	Los ataques ocurrieron del 12 de junio al 24 de julio, día que cayeron las barricadas del barrio Sandino, en Jinotega, el último bastión de lucha que quedaba en Nicaragua luego del estallido de las protestas ciudadanas en abril. Fuerzas combinadas de policías y paramilitares ingresaron con violencia y dejaron un saldo de tres muchachos muertos.A lo largo de las “operaciones limpieza” el nivel de represión fue aumentando y las tácticas de los atacantes perfeccionándose, señala Salvador Marenco, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, con sede en Costa Rica.	Al inicio los paramilitares o parapoliciales, como prefiere llamarlos Marenco, usaban brazaletes para reconocerse y evitar matarse entre sí; pero luego se uniformaron con camisetas de distintos colores. “Blancas, azules o negras”, señala el abogado. “Eso te dice que efectivamente había una coordinación de una estructura superior, que se encargaba no solo de la parte logística, sino también de la parte organizativa”.	A mediados de mayo de 2018 los tranques y barricadas construidos por manifestantes como forma de protesta contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo “se habían extendido a vecindarios de Managua y a los quince departamentos del país”, apunta el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) en diciembre del año pasado.	Al inicio de las protestas las trincheras constituyeron “un modo pacífico de manifestarse” y funcionaban de manera intermitente, habilitadas y deshabilitadas en determinadas horas. Sin embargo, observó el GIEI, a medida “que la violencia represiva se incrementaba”, los tranques y barricadas se fueron multiplicando y volviéndose permanentes como un método de defensa ante lo que organismos de derechos humanos llamaron “escuadrones de la muerte”: las camionetas en las que se movilizaban los paramilitares.	“La orden para ejecutar la operación limpieza vino desde el más alto nivel y la Policía fue uno de los recursos utilizados junto con los paramilitares. Estaban actuando como un cuerpo, aparato o grupo subordinado a la estrategia y el interés de los Ortega Murillo. Recurrieron a la violencia porque no lograron contener las protestas sociales ni romper la decisión de los ciudadanos de utilizar acciones cívicas”, analiza Elvira Cuadra, socióloga y experta en temas de seguridad.	Desde el estallido de las protestas ciudadanas, el 18 de abril de 2018, el Frente Sandinista tuvo casi mes y medio para organizar los grupos armados que actuaron en conjunto con la Policía. “Hay testimonios de que efectivamente llamaron a exmilitares, retirados del Ejército, y si bien algunos no aceptaron y por ende fueron encarcelados, es fácil suponer que algunos sí lo hicieron y todas estas operaciones pudieron verse alimentadas de tácticas militares también, no solo de policiales”, considera Salvador Marenco, de Nicaragua Nunca +.De hecho, el propio Edén Pastora, alto funcionario del régimen, admitió en diciembre del año pasado que por orientaciones de Ortega se reunió “en 14, 15, 16 oportunidades” con los combatientes históricos del Frente Sandinista. “Comandante, misión cumplida. Vuele pija y candela a todos estos hijueputas”, habría informado Pastora. “Entonces el comandante (dijo): ‘¡A quitar los tranques!’ Y tan, tan, tan, se quitaron los tranques y se arregló esto”, relató el exguerrillero en el programa Izquierda Visión.	Dado que no todos los reclutados tenían experiencia militar, se deduce que debieron recibir algún tipo de entrenamiento. Según Marenco, había varias funciones dentro de los parapoliciales. “La más evidente era la de andar disparando a matar”, pero también estaban los guías, que conocían mejor el terreno, y los hombres que levantaban la evidencia (como los casquillos de las balas). “En su mayoría todos andaban armados y por ende debieron recibir algún tipo de instrucción sobre cómo disparar”, supone el abogado, quien estuvo a cargo de la elaboración del informe Volviendo a ser humano, presentado en mayo de 2019.	A las 2:00 de la tarde del 8 de julio, cuando ya un gigantesco operativo de “limpieza” había dejado dos docenas de muertos en Carazo, inició el ataque a la ciudad de Matagalpa. Dilon Zeledón, de 20 años, se encontraba con otros muchachos en una barricada cuando les empezaron a disparar.	Eran un “contingente de paramilitares armados junto con la Policía”, recuerda. “La mayoría corrimos, otros se pusieron de frente, y empezamos a defendernos lo más que podíamos. Como a las 11:00 de la noche movieron unas palas mecánicas para ir desplazando las barricadas e irnos replegando más, más y más. Eran las 3:00 de la madrugada y todavía seguía Matagalpa minado de balas, morteros, bombas de contacto, AK 47, fusiles Dragunov, armas cortas… A esa hora ya no pudimos y buscamos cómo ir al cerro Apante.	Esa mañana otros 11 muchachos escaparon con Dilon, pero a Matagalpa solo él volvió, dispuesto a seguir protestando contra el Gobierno. Fue detenido el 21 de julio, cuando apenas llevaba tres horas en la ciudad. Para entonces, dice, las calles que días antes estaban atrincheradas ya eran territorio de los paramilitares.	El relato de Dilon, ahora preso político excarcelado, coincide con la información registrada por organismos de derechos humanos tras analizar decenas de casos. “Primero entraba un grupo de civiles armados, a unos metros iba un destacamento policial y por último una caravana de palas mecánicas y ambulancias. Así iban limpiando la zona, quitando obstáculos humanos y barricadas. Cuando había grupos de personas les hacían los famosos ‘anillos’, fuerzas combinadas de civiles armados y policías. Básicamente esa era la forma de operar”, detalla Pablo Cuevas, de la CPDH.	Para el abogado, las “operaciones limpieza” eran “operativos militares, plenamente calculados y ejecutados”. Cercaban un perímetro con “cientos de hombres armados apuntando y dispuestos a dispararle a cualquiera que se acercara o que rompiera el perímetro. En medio estaba el blanco, sin muchas oportunidades de escaparse. Podían cercar varias barricadas al mismo tiempo”, explica Cuevas. “Tenemos conocimiento, a través de los testimonios, que toda esa información era suministrada por los CPC en los barrios, la gente que colabora con el Gobierno. Y ya cuando tenían información diseñaban los planes para ejecutar la ‘operación limpieza’”.	En el operativo contra los estudiantes atrincherados en la UNAN- Managua —que inició al mediodía del viernes 13 de julio de 2018— la Policía y los paramilitares también crearon un cerco, afirma un universitario que solicitó ser identificado con su seudónimo de Oso Guarimbero. Además, sostiene, “había mucha presencia de infiltrados” y la mañana de ese viernes sacaron del recinto a “un policía infiltrado” que tenía en su celular fotos de todos los muchachos.	Se escuchaban “las AK 47 y el silbido característico de las Dragunov”, recuerda el Oso Guarimbero, quien pertenecía al cuerpo médico de la UNAN. Se oían “balas 38, escopetas y armas que nunca habíamos escuchado antes”. Dos jóvenes fueron asesinados esa madrugada: Gerald Vásquez y Francisco José Flores. Ambos con certeros disparos a la cabeza.	Las “operaciones limpieza” no solo tenían el objetivo de desmontar los tranques que tantas molestias le estaban causando al régimen de Ortega. Además “representaron la captura masiva de manifestantes”, subraya Salvador Marenco, de Nicaragua Nunca +. “Fue uno de los picos más altos tanto de desapariciones y desplazamientos forzados como de detenciones”. El tercer propósito, dice, era tomar control del territorio para evitar que volvieran a organizarse las protestas antigobierno.	Según Marenco, fue a partir de las “operaciones limpieza” que se empezaron a ver “mayormente armas de guerra, como granadas”. Dos ejemplos de esto, señala, son el ataque a Carazo y la “limpieza” de la UNAN-Managua.Durante estos operativos los paramilitares tomaban medidas para no ser reconocidos. Aparte de cubrirse el rostro, utilizaban camionetas sin placa, limpiaban la evidencia y se les organizaba de manera que, en lo posible, no tuvieran que atacar en sus propias ciudades.	“A veces iban cientos y hasta mil efectivos para atacar una determinada zona o un determinado departamento. Pero tenemos conocimiento de que al menos a los parapoliciales los rotaban, trataban que no atacaran su misma zona para evitar que fueran reconocidos por algún rasgo peculiar y de esta forma generar impunidad”, asegura Marenco.Él estuvo presente en Diriamba aquel terrible domingo 8 de julio. Ese día las fuerzas orteguistas atacaron al amanecer, luego de bloquear todas las vías de escape. La gente se encerró en casa, mientras paramilitares y policías se dispersaban por las calles.	Luego de atacar en Diriamba, arremetieron contra los tranques de Dolores y Jinotepe. A la fecha se estima que el operativo dejó al menos 20 muertos en el departamento, entre ellos dos policías. Uno de estos era el joven oficial Faber López Vivas y su madre responsabilizó por su muerte a la Policía.En Diriamba había “un ambiente sepulcral”, recuerda Marenco. “Había un silencio impresionante. No se escuchaban televisores, no se escuchaba nada”.	Al ser consultado por Domingo sobre las “operaciones limpieza” de 2018, el funcionario Cairo Amador, miembro de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz (más conocida como Comisión Porras), afirmó que “efectivamente hubo enfrentamientos” y que “se encontraron en el lado opositor muchísimas armas, y armas de guerra, y no necesariamente en todos los tranques de igual forma”.	“Esto fue, sobre todo, muy relevante en el caso del tranque de San José, en Carazo, aunque en La Trinidad y San Pedro de Lóvago y en los otros lugares a los cuales hemos ido, en todos se han encontrado referencias de armas”, sostuvo Amador. Para él, se trató de una situación anormal en que “las armas de guerra estaban de los dos lados” y “si eran ilegales en un lado, eran ilegales en el otro”.	El régimen de Ortega realizó las “operaciones limpieza” en nombre de la “paz” y la libre movilización. Los medios de los Ortega Murillo llamaron “guerreros de la paz y del amor” a los paramilitares y “caravanas de la paz” a las camionetas Hilux que sembraron el terror a lo largo y ancho del país.