Al respecto, la abogada Aura Alarcón, miembro de la Unidad de Defensa Jurídica, expresó que los jueces admiten acusaciones por hechos que no constituyen delitos. “Por intereses partidarios cometen graves violaciones, hasta de retener y suspender órdenes de libertad a pedidos policiales o de la Corte en contra de personas ya absueltas y sin cargos acusados. Su actuar es insostenible, fuera de todo orden constitucional”, recalcó Alarcón.	En el mismo sentido, el abogado Elton Ortega agregó que en los procesos judiciales los jueces siguen avalando todos los excesos policiales, siguen permitiendo la sustracción del juez natural a los acusados, se sigue imponiendo la prisión preventiva como regla, niegan el acceso a la prensa restringiendo de manera indebida la publicidad del proceso, se obstaculiza el ejercicio del derecho a la defensa y se pronuncian fallos de condena sin prueba suficiente.	“La Ley de Amnistía ha sido aplicada indebidamente y de forma discrecional; sin embargo, debo afirmar que la Ley de Amnistía no da seguridad jurídica a los presos políticos y tampoco da seguridad a las personas que han participado en la represión estatal, puesto que la jurisprudencia interamericana y la experiencia en América Latina con relación a este tipo de leyes de amnistía han sido revocadas y los represores han sido juzgados, aunque eso toma su tiempo”, dijo Fornos.	“Son mecanismo de disuasión para que no sigamos defendiendo presos políticos, ni representando a las verdaderas víctimas; lo que se materializó en el espurio proceso a la abogada María Oviedo. Cabe señalar que los procesos a los presos políticos son ilegales y lo que hacemos los abogados es evidenciar y denunciar las ilegalidades de los procesos judiciales”, dijo el abogado Boanerge Fornos.	Al respecto, el abogado Elton Ortega expresó que María Oviedo, fue víctima de un desproporcionado uso del ejercicio del ius puniendi en donde se criminalizó un hecho que a lo sumo seria una falta penal. “Su acusación fue un atropello al principio de legalidad penal, puesto que era atípico la imputación penal que se le hizo. Luego con la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio de la profesión, se vulnera el principio de la prohibición de doble persecución, puesto que se castigó dos veces una misma conducta ( la sanción penal en el juicio y la sanción disciplinaria en el proceso administrativo).