Desde septiembre del 2017 padre e hijo son parte de la planilla de trabajadores estatales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, donde fungen como “asesores”, gozando un salario de C$90,080.46 córdobas (más de US$2,700.00 dólares al cambio oficial) y C$47,000.00 córdobas al mes respectivamente.	Para la experta, “el gobierno de Estados Unidos en este caso podría realizar un análisis, porque en el caso de Funes podrían concurrir varios de los supuestos que establece la ley; uno que es un ciudadano extranjero en lo que se refiere a Estados Unidos y está señalado de varios actos de corrupción, no solo señalado, sino ya las autoridades salvadoreñas como es la Fiscalía de la República le han imputado varios delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito”, mencionó.	No obstante, Cruz explicó que todo tramite de ciudadanía nicaragüense que no cumple con los requisitos de la Ley de Migración y Extranjería puede ser revocada a través de un procesamiento administrativo expedito, solicitado por la procuraduría general de la República ante el Ministerio de Gobernación, siempre y cuando estas instituciones gocen de independencia institucional y estén despartidizadas.	De acuerdo a la abogada, la ciudadanía nicaragüense que obtuvo Funes fue un trámite anómalo, pues no se cumplió con los requisitos que exige la Ley de Migración y Extranjería para este proceso como tramitar primero la residencia. Además debió presentar una serie de documentos legales emitidos por el gobierno de su país donde se mostrarán que no tiene antecedentes penales.	“Eventualmente podría ser candidato a diputado del FSLN. En el pasado el sandinismo ha hecho diputados a personas que son sus aliados. Uno de ellos es Mohamed Lashtar, el famoso sobrino de Gadafi, fue mi compañero en el Parlamento Centroamericano y fue diputado en el Parlacen. Entonces, aquí hay cosas que suceden por arte de magia; a veces pasando incluso por encima de la Ley o utilizando la Ley únicamente para amparar acciones totalmente arbitrarias”, declaró Díaz.