Cuando por la mañana del siete de noviembre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos notificó su decisión de incorporar a la «lista negra» a Ramón Avellán, Lumberto Campbell y Roberto López, automáticamente la vida de estos polémicos funcionarios del orteguismo, señalados de violación a los derechos humanos y corrupción en Nicaragua,  se volvió más engorrosa, más aislada en un mundo más globalizado.	Y si alguno de ellos por casualidad tenía bienes o intereses en Estados Unidos, las vidas se les habrá complicado aún más, porque desde que se divulgó la incorporación de estos a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estos quedaron de inmediato bloqueados, es decir que no tendrán más accesos a estos ni siquiera de forma indirecta.	«Todos los bienes e intereses en la propiedad de estos individuos, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichos individuos, que estén en los Estados Unidos o en posesión o control de las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC», explicó el Departamento del Tesoro en su reporte.	La prohibición abarca negocios o transacciones fuera de Estados Unidos, lo que representa un duro golpe para los que son incluidos en la lista negra de la OFAC, tomando en cuenta que ese país es considerado el primer mercado mundial y  además ejerce un duro control de las transacciones financieras de sus connacionales a través de la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero (Fatca, por sus siglas en inglés).	Quizás uno de los mayores golpes de las sanciones de Estados Unidos contra Avellán, Campbell y López será la exclusión inmediata del sistema financiero mundial, y más aún si tenían cuentas bancarias en Estados Unidos donde se les congeló automáticamente, lo que impide cualquiera entrada y salida de dinero a favor de ellos.	En caso de que los bancos internacionales opten por no cerrar las cuentas de estos, se exponen a sanciones por parte de Estados Unidos. En julio de 2016, por ejemplo, «una  subsidiaria del banco español BBVA fue sancionada por mantener cuentas bancarias de dos personas designadas, incluso a pesar de que éstas no habían realizado ninguna transacción desde esas cuentas”, según cita el diario colombiano La Opinión.	«(Los bancos) se abstienen de hacer transacciones por los riesgos y consecuencias que implican tener relaciones con estas personas, aunque sean bancos fuera de los Estados Unidos traen consecuencia en el sentido que los bancos no tendrían relaciones con ellos, podrían suspender las corresponsalías… es decir tiene un efecto mundial», declaró Pallais.	El efecto inmediato que tocó a las puertas de los sancionados (y sus familiares inmediatos) el pasado 7 de noviembre fue la notificación del cierre de sus cuentas en el sistema financiero nicaragüense, así como la cancelación de toda relación comercial y financiera con los mismos, incluido las tarjetas de crédito, chequeras, acceso bancario en línea, tarjetas de débitos, etcétera.	«En el mundo actual moverse sin tarjeta de crédito es muy difícil, es indispensable, ahora podrían moverse solo con efectivo. Por ejemplo, vos querés viajar a un país y querés reservar en un hotel, te piden una tarjeta de crédito y qué tarjeta vas a poner, entonces sí hay una afectación real», dijo Pallais.	Los sancionados se verían fuertemente afectados inclusive hasta para recibir sus remuneraciones como funcionarios públicos, tomando en cuenta que en Nicaragua los pagos de planilla del Estado se hacen a través del sistema financiero nacional o cheques fiscales, algo lo que ya no podrán tener acceso ni a ningún dispositivo de pago electrónico.	Tal es cerco que Estados Unidos impone a los sancionados es que el castigo alcanza a los hijos y esposas, para que estos no pueden usar a terceros para evadir su «muerte financiera». La diferencia es que los nombres de estos terceros individuos no son divulgados públicamente por parte de las autoridades estadounidenses.	Las únicas excepciones que existen es cuando las sanciones recaen sobre mandatarios. Es del caso de Nicolás Maduro, quien también está designado en la lista negra de la OFAC desde julio del 2017. Maduro puede ingresar a Estados Unido para ir a Naciones Unidas, en Nueva York,  pero no se le permite la libre movilización en dicho territorio estadounidense.	En Nicaragua el primero en estrenar las sanciones fue Roberto Rivas en el 2017; luego le siguieron Francisco López Centeno; vicepresidente de Albanisa, Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua; Francisco Díaz, subdirector de Policía Orteguista; Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja de dictadores; Sonia Castro, asesora del Ministerio de Salud; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Óscar Mojica, general en retiro y titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura.