Se debe analizar desde una perspectiva regional lo que ha venido ocurriendo en el tema migratorio. Pienso que sería bueno dejar a un lado categorías como crisis migratoria, porque dan idea de incontenibilidad que debe ser detenida a toda costa. Esta idea ya la hemos planteado junto con los colegas del GT Migraciones, desigualdades y tensiones del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) cuando nos hemos referido al tema migratorio de los últimos años.	Lo que hemos estado experimentado en la región centroamericana es la continuación de un proceso histórico de larga data, de conformación de un sistema migratorio con rupturas y continuidades de orden económico, sociopolítico, institucional y ambiental. Y prácticamente todos los países lo experimentan: el caso de la parte norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) con la producción social de la violencia como una de las principales causas para propiciar los movimientos fuera de la región, aunado a las debilidades institucionales en los Estados y el sistema migratorio sur, conformado por Costa Rica, Nicaragua y Panamá, con las características conocidas en todos los casos.	Recordemos que hay procesos con características geopolíticas que intervienen en la región, como las decisiones del gobierno de Estados Unidos para cancelar el TPS (estatus migratorio temporal) a nacionalidades como El Salvador, Haití, entre 2018 y 2019. Esto, de alguna manera contribuye a desarrollar un escenario migratorio regional complejo, al cual se suma la coyuntura migratoria de Nicaragua, motivada por las razones sociopolíticas de sobra conocidas.	Atender la heterogeneidad de las movilidades resulta un desafío fundamental. Durante el año 2018 observamos la diversificación de las características de las personas involucradas, al menos para el caso de la migración entre Nicaragua y Costa Rica, dada la coyuntura sociopolítica imperante desde abril. Se trata de personas jóvenes, estudiantes, miembros de organizaciones sociales y civiles, étnicamente y socialmente diversos.	Pero también campesinos, campesinas, miembros de comunidades específicas. Es a esta composición a la que los gobiernos regionales deben prestar atención, porque se trata de perfiles distintos a los que, por ejemplo, conformaban las movilidades laborales de los años 90 entre Nicaragua y Costa Rica, y Nicaragua y El Salvador, cuando este país se constituyó en nuevo eje migratorio centroamericano, dadas las condiciones económicas de atracción que empezó a presentar al promediar la década de los años 90.	Las estructuras de protección institucional deben adecuarse para atender las necesidades que presentan tales grupos. La disposición migratoria regional muestra debilidades operativas, normativas y conceptuales para dar respuesta a las dinámicas poblacionales, que cada vez serán más complejas y urgentes. Una tarea impostergable para la región es readecuar sus marcos de protección para atender de mejor manera las recientes coyunturas migratorias.	La salida de población nicaragüense del 2018 se está produciendo en condiciones forzadas. La violencia expulsa, la falta de empleo, que también es violencia, expulsa. Las mínimas garantías institucionales para el ejercicio de los derechos humanos, expulsa. De manera que la migración forzada y la expulsión de población tienen características que desafían las formas tradicionales de abordaje en el conjunto de la región.	Lo que ocurrió este año 2018 fue que el volumen de población que aumentó a partir de mayo y junio produjo una ralentización de los tiempos de espera a nivel institucional, tal y como quedó documentado en el informe de observaciones preliminares presentado en noviembre pasado por una misión de la CIDH; de cierta forma ya se había experimentado este “acomodo” institucional con la atención a la coyuntura de las migraciones extrarregionales del año 2015 y 2016.	La misión de observación de la CIDH señaló algunos campos de mejora que deben considerarse para atender las necesidades de los nicaragüenses forzados a salir de su país en los últimos meses y cito textualmente lo señalado en ese informe de noviembre: “lo costoso de acceder al procedimiento de asilo mediante el sistema de llamadas, la larga duración de los procedimientos, mismos que pueden llegar a durar de un año a un año y medio, sin recibir una respuesta a la solicitud, la falta de acceso al derecho al trabajo, sino hasta después de al menos nueve meses desde la solicitud de la cita, mínimo 90 días de haber formalizado la solicitud de asilo y la negativa de las autoridades migratorias de adelantar el permiso laboral cuando se cuenta con una solicitud de empleo, la existencia de una lista taxativa de profesiones a las que se pueden dedicar, la falta de mayor información relativa a sus derechos y al procedimiento de asilo, la falta de apoyo psicosocial y la dificultad de gozar efectivamente de sus derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación y al trabajo”..	No lo vería bajo la óptica de problema. La región debe hacer esfuerzos urgentes por elaborar una política de migración endógena, apegada a las particularidades y especificidades de los países, pues el escenario es diverso: hay países de origen, de tránsito y de recepción. Por la posición geográfica, Centroamérica ofrece una territorialidad vasta para la apertura de frentes y corredores migratorios de diversas características.	El escenario regional requiere de una respuesta elaborada desde adentro, propositiva y clara de las condiciones presentes; no puede seguir dependiendo ni estructural ni políticamente de las decisiones de gobiernos como el de Estados Unidos, ni de las indecisiones y omisiones en materia de derechos humanos, de gobiernos como el mexicano. Los estados centroamericanos deben responsabilizarse por la continua exportación de población que producen y crearle las condiciones para generar confianza, estabilidad y desarrollo de manera que se ejerza el derecho a no migrar.	La disposición institucional en materia de integración social tendrá que redoblar esfuerzos para abordar de forma efectiva los procesos de movilidad poblacional, que serán más complejos y desafiantes dadas las implicaciones regionales. A la región regresará población deportada producto de las decisiones de política migratoria de la administración (del presidente Donald) Trump. Ya algunos de los grupos que conformaron el éxodo de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses que iniciaron en octubre pasado, se disolvieron al llegar a la frontera entre Estados Unidos y México y algunas personas regresaron a sus países de origen para replantearse una nueva estrategia de movilidad.	Desde hace tiempo se ha indicado que en Costa Rica opera lo que se ha denominado un mercado laboral segmentado, en el que las condiciones de inserción al mismo son diferenciadas de acuerdo con variables étnicas y de nacionalidad. Así, sectores de la economía requieren del concurso de fuerza de trabajo proporcionada por la población migrante y lo seguirán requiriendo en el futuro, pese a las contracciones del mercado, variables económicas o ciclos sociopolíticos como los que está atravesando la sociedad nicaragüense..	En particular, algunos sectores como la agricultura para la exportación y los servicios requieren de esa participación de fuerza de trabajo supernumeraria que es proporcionada por la migración regional, sobre todo la nicaragüense. De manera que no representa un impacto en el sistema productivo la llegada de más población que podría insertarse de forma laboralmente precarizada, eso sí, a dichos sectores económicos en Costa Rica.	El año 2018 dejó ver expresiones de confrontación pública entre grupos de costarricenses contrarios a la migración y personas nicaragüenses que permanecían en algunos sitios públicos, como parques ubicados en la capital costarricense; también en redes sociales se experimentó una escalada de discursos, páginas y contenidos contrarios a la migración, haciendo eco de posiciones de extrema derecha desarrolladas en contextos europeos y estadounidenses..	El gobierno ha trabajado en campañas en medios de comunicación masivos tratando de explicar las causas del aumento de la movilidad de nicaragüenses hacia el país. De igual forma, la academia ha venido indicando los factores que motivan dicha movilidad, en particular algunos investigadores e investigadoras con presencia en dichos medios de comunicación han insistido en proporcionar cifras y datos confiables sobre el tema; de igual forma la sociedad civil ha aumentado sus acciones de abordaje y acompañamiento.	Me parece que se trata de una sociedad ya preparada, pese a las circunstancias de la coyuntura que se puedan manifestar más adelante. Aun así, es esperable que situaciones específicas y momentos particulares desborden la capacidad de respuesta, para la cual el país deberá elaborar estrategias contingentes a fin de mitigar los impactos posibles.	La Ley de Migración vigente en Costa Rica contempla un canon migratorio que podría ser utilizado para las eventualidades, si la voluntad política lo entiende así. De cualquier manera, en un escenario regresivo en materia fiscal, el país tendrá que reorientar sus recursos para atender las implicaciones de un posible aumento de la movilidad de nicaragüenses hacia su territorio.	Ya en el pasado reciente, se apeló a algunas estrategias, como lo fue el caso del uso de fondos de emergencia para atender la movilidad de población africana y haitiana que cruzó territorio costarricense en el año 2016. De manera que la afectación podría ser menor si se consideran estos recursos a los que podría apelar el estado costarricense para abordar los impactos de dicha movilidad.	Es sociólogo y escritor costarricense con posgrado en Comunicación Social. Fue Profesor investigador de FLACSO, sede Académica en Costa Rica en el periodo 2005-2011 y tuvo a su cargo la Dirección del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional en el periodo 2012-2017. Labora en el Programa Migraciones, Cambio social e Identidades, de dicho instituto, en el cual desarrolla labores de docencia e investigación. Forma parte del Grupo de Trabajo (GT) Migraciones, desigualdades y tensiones, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).