La tarde de este sábado, trascendió que fue arrestado un hombre que secuestró y luego acabó a golpes con la vida de Edi Marcela Pérez Girón, su expareja, en San Salvador.Se trata de Rodrigo Alfredo Pérez González, de 35 años de edad, quien era buscado mediante una orden administrativa girada por la Fiscalía General de la República (FGR).	Miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) indicaron que González fue arrestado, la tarde del viernes, por investigadores de la delegación de San Salvador en la frontera El Amatillo, departamento de La Unión, cuando pretendía ingresar al país procedente de Honduras.Autoridades de la FGR detallaron que el 19 de noviembre del 2016, el sujeto la secuestró, la llevó a su casa donde la golpeó hasta acabar con su vida y posteriormente dejó su cuerpo en un basurero sobre la calle que conduce hacia Huizúcar, en San Salvador.	De acuerdo con la Fiscalía, antes de perder la vida cruelmente a manos de su expareja, Girón fue víctima de múltiples episodios de maltrato físico y emocional, control y posesión de parte de González.Por su parte, decenas de usuarios en redes sociales, condenaron fuertemente el suceso, pidiendo a las autoridades salvadoreñas que den la máxima condena a este sujeto, que, de acuerdo con la Fiscalía, este tipo de delitos, motivados por odio o menosprecio por condición de ser mujeres, es sancionado con penas de 20 a 35 años de prisión.	Francisco Ortiz Vásquez, de 36 años de edad, fue enviado a juicio, esta tarde de viernes, para que continúe el proceso judicial en su contra por estar acusado de quitarle la vida a su pareja sentimental dentro de un motel.Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) indicaron que el Juzgado Tercero de Paz admitió toda la prueba contra Vásquez, por lo que estará en prisión mientras avanza el proceso en el su contra.El reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) detalló que el 2 de noviembre en un motel del barrio San Jacinto, al sur de San Salvador, el sujeto le quitó la vida a Maribel Benito Vásquez tras sostener una discusión.De acuerdo con el reporte, el arresto lo efectuó un equipo de la Sección Vida del departamento de Investigaciones de la Delegación San Salvador en cumplimiento a la orden administrativa girada por la Fiscalía.	Tres abogados, un jefe policial y el registrador en jefe del Centro Nacional de Registros (CNR) eran los que guiaban a la banda de 43 sujetos acusados de 45 casos de estafa por la compra y venta de inmuebles.La banda fue capturada el viernes 13 de diciembre por los delitos de estafa agravada, falsedad material, falsedad ideológica, agrupaciones ilícitas, acceso indebido a sistema informático, denuncia y acusación calumniosa, cuatro homicidios agravados, conspiración, lavado de dinero y activos.De acuerdo con las autoridades, los sospechosos tenían papeles esenciales en la trama de las estafas.Según fuentes judiciales, para poder delinquir necesitaban saber qué inmuebles estaban desocupados, es ahí donde Gerardo Maltez García, jefe registrador del CNR y sus colaboradores, Rafael Guardado Espinoza y el exempleado Nilson Sandoval Paz participaban de los delitos.Verificaban el sistema informático del CNRLos tres sujetos verificaban en el sistema del CNR y proporcionaban la información que requerían los delincuentes para sus actividades.“Facilitaban información necesaria para legalizar la legitimidad de los inmuebles y luego colaboraban para poder inscribir con la mayor prontitud, y sin mayores exigencias, los documentos de los inmuebles”, dio a conocer uno de los fiscales del caso.Para poder comercializar los inmuebles necesitaban la documentación que los acreditara como dueños de los mismos, por lo que los tres abogados que integraban la estructura eran los que firmaban los documentos.“(Los abogados se) encargaban de proporcionar documentación falsa para poder realizar compra ventas de inmuebles deshabitados o que sus dueños están en el extranjero”, reveló el Ministerio Público.Hacían lo mismo con vehículosPero la banda no solo estafaba personas por medio de inmuebles, sino que también en la compra y venta de vehículos; en este punto el encargado de orientar qué hacer era el jefe policial.Cuando las víctimas compraban los automotores y se iban a las oficinas de Sertracen todo aparecía normal, pero cuando intentaban inscribir los bienes a su nombre el sistema les arrojaba que los vehículos tenían reporte de alquiler.“(El policía) les comunicaba cómo hacer con las tarjetas de circulación al interior de la corporación”, especificó la Fiscalía.Los sujetos enfrentan el proceso judicial en el Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador por los delitos antes mencionados.	La Fiscalía General de la República (FGR), presentó esta mañana, el requerimiento penal contra el embajador de El Salvador en Honduras, Sigifredo Ochoa Pérez por el delito de peculado.  Según la FGR, también figuran como imputados Walter Alfredo Amaya Escalante, ministro consejero en la misma sede diplomática y Soledad Funes Donaire de Ramírez, por complicidad en el mismo ilícito. La Fiscalía pide instrucción formal contra los imputados, “A ellos se les atribuye el delito de peculado porque en 2005 se suscribieron dos contratos de arrendamiento donde funcionaban las sedes diplomáticas de El Salvador en Honduras. En la suscripción de esos contratos existía una diferencia sustancial en el canon de arrendamiento, Uno era por $2,200 y otro era de $3,000 con diferencia de $800. Se logra recabar que el excedente de los $800 era pagado a Sigifredo Ochoa en septiembre y posteriormente se le siguen entregando a Walter Alfredo Anaya a través de Soledad Funes Donaire, a quien se le imputa el delito de cómplice necesario”, explica el fiscal del caso.#ÚltimaHora