El pasado domingo 22 de diciembre, se filtró en redes sociales un video y fotografías que mostraban un grave accidente de tránsito registrado en la calle que conduce a la Playa Cangrejera, en La Libertad.De acuerdo al informe de las autoridades, el sujeto, en evidente estado de ebriedad, chocó su camioneta contra un pick up, dejando como resultado nueve lesionados, entre ellos dos menores de edad. Posteriormente, se dio a conocer la identidad del responsable; agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), lo identificaron como José Ricardo Chávez Rodezno, quien labora como gerente de mercadeo de Telecorporación Salvadoreña (TCS); por lo que la noche del 23 de diciembre ordenaron su detención, quedando bajo custodia policial en una clínica privada, ya que resultó con fracturas tras el hecho. Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó el pasado 25 de diciembre, un requerimiento en contra del imputado por los delitos de conducción peligrosa y lesiones culposas en perjuicio de 7 víctimas y dos menores de edad. Por lo que este día, viernes 27 de diciembre, el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad instaló la audiencia inicial contra José Ricardo Rodezno, acusado por los delitos antes mencionados.Sin embargo, Chávez no estuvo presente en la diligencia debido a que continúa recibiendo atención en una clínica privada, bajo custodia policial.“Mantenemos la custodia de José Ricardo Chávez Rodezno, quien no fue trasladado a la audiencia inicial, debido a que se sigue recuperando de tres fracturas de costillas, producto del accidente que provocó el pasado 22 de diciembre en cantón Cangrejera”, informó la PNC en su cuenta de Twitter.Mantenemos la custodia de José Ricardo Chávez Rodezno, quien no fue trasladado a la audiencia inicial, debido a que se sigue recuperando de tres fracturas de costillas, producto del accidente que provocó el pasado 22 de diciembre en cantón Cangrejera.	Un hombre fue condenado a 43 años de cárcel por haber raptado a una madre y su hijo, violar a la mujer y pedir $500 para devolverle a su pequeño, esto frente a una escuela del municipio de Quezaltepeque, La Libertad.El condenado responde al nombre de José Luis Flores Cruz, quien según las autoridades cometió el hecho el ocho de diciembre de 2018.De acuerdo con las investigaciones fiscales, ese día el sujeto llegó en su vehículo hasta una escuela ubicada en las inmediaciones de la colonia El Quetzal de citado municipio.En el lugar, Flores Cruz metió por la fuerza al automotor a una mujer y a su hijo y se los llevó con rumbo desconocido. Testigos que presenciaron el hecho dieron aviso a la Policía.Autoridades intervinieronLos agentes iniciaron las labores de búsqueda hasta que lograron dar con la mujer, quien relató que el delincuente la había violado y que se había llevado a su hijo para exigirle $500 para entregárselo.La angustiada madre y el delincuente acordaron la entrega del dinero en un lugar determinado, lo que el hombre no sabía era que todo se trató de una entrega controlada por investigadores de la Policía, quienes lo capturaron al momento de recibir el dinero.El criminal fue puesto ante las autoridades judiciales, donde el juez del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo encontró culpable del delito de violación en perjuicio de la mujer y privación de libertad, en contra del menor de edad.A Flores Cruz le comprobaron el delito y fue sentenciado a 43 años de cárcel.Nota:	Juan Carlos Hernández Vázquez, la persona acusada del asesinato de la mujer trans Anahí Miranda Rivas, podría pagar una fianza de 10 mil dólares y gozar de libertad provisional, en lugar de ser detenido bajo prisión. La medida sustitutiva fue abordada por la licenciada Marta Elena Rosales, la Juez del Juzgado Primero de Paz, quien no valoró las pruebas periciales vertidas por el ente fiscal, desacreditando la posibilidad de tipificar el delito como un “Crimen de Odio”, tal y como lo establece el artículo 129 del Código Penal. En cambio, sostuvo la validez de la defensa del imputado. “La señora juez consideró que los arraigos que la defensa técnica presentó prevalecían por sobre los elementos presentados por la representación fiscal, considerando, pues, que éste tema queda bastante a discreción del juzgador; pues, la aplicación de uno u otro elemento” informa el fiscal designado. El Juzgado Primero de Paz consideró tomar medidas alternas a la detención, consistentes en una fianza de diez mil dólares, para la persona detenida. Al imputado se le prohibirá salir del país, el consumo de bebidas alcohólicas; y deberá presentarse a la oficina cada 15 días a firmar. La Policía emitió una orden de captura en contra del ciudadano Juan Carlos Hernández Vázquez, el pasado miércoles 18 de diciembre, y su requerimiento se dio este viernes 20 de diciembre del presente año.	Aún no se ha comprobado la veracidad de las pruebas; sin embargo, la Fiscalía asegura tener los elementos probatorios suficientes para acusar al imputado. Razón por la que el ente fiscal declara no estar a favor de las disposiciones emitidas por el Juzgado; en su lugar, se emitirá un recurso de apelación, para atender las pruebas periciales. “Se estará presentando el recurso de apelación dentro del término que la ley establece, por no estar de acuerdo con los elementos vertidos por la señora Juez de Paz… Se tienen los suficientes elementos para acreditar éste hecho; y, especialmente, se ha trabajado con prueba pericial. Y, por tal razón, no se comparten los puntos vertidos por la señora Juez de Paz”, declaró el ente fiscal. NOTA RELACIONADA | FOTOS: Ella era Anahí, la mujer transgénero, ultimada el pasado fin de semana en el bulevar de Los HéroesSólo dos de los nueve asesinatos a personas de la Comunidad LGBTI están en proceso judicial La Federación Salvadoreña LGBT (FESLGBT) tiene un recuento de nueve casos de asesinatos a personas de la diversidad sexual y genérica, en lo que va del año. La cifra es inferior a los 12 casos de personas lgbt asesinadas en 2018. Anahí Miranda Rivas y Camila Díaz Córdoba son las únicas dos personas asesinadas sobre las que se están generando procesos judiciales, en los que giran imputaciones concretas. En respuesta a las demandas de la sociedad civil, y del “Informe Situacional de Crímenes de Odio Cometidos en Contra de la Población LGBT” emitido por la Produraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; para 2018, Douglas Meléndez anunció la creación de un grupo de fiscales especializados para mujeres y la población LGBTI, dentro de la Unidad de Vida, que serán responsables de procesar los casi 700 casos. de homicidios sin resolver.	“En la actualidad, contabilizamos 27 homicidios; y no son 16, como en el 2017, sino 27… Han sido notificados bajo las imposiciones que la PDDH tiene, desde la visión de los “Crímenes de Odio”, o con éste, a la hora en que las reformas penales están así dispuestas. La Fiscalía, que desde hace un año está trabajando, para formar, de alguna manera, y para aprovechar esas herramientas, y normativas que tenemos; para visibilizar, en tanto de que si no se visibiliza, esa información no existe. De éstos 27 casos, ya 2 se encuentran archivados, en la investigación de la Fiscalía. Nos preocupa que éstos casos, donde sí hay crímenes de Odio y donde ha habido impunidad, en la larga lista”, informa a éste medio Carlos Rodríguez. Sólo 27 de los más de 500 casos de asesinatos documentados por la la FESLGBT están siendo abordados como crímenes de odio. Para 2017, se crea la reciente Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Población LGBTI y Grupo en Condición de Vulnerabilidad de la Fiscalía, que corresponde a la hasta entonces creada Mesa Técnica de Investigación de Casos de la Población LGBTI. Sin embargo, la Fiscalía General de la República declara no tener los elementos suficientes para satisfacer la demanda judicial para el abordaje de los asesinatos hacia la Comunidad LGBT. “Nosotros tenemos investigaciones que tienen cuatro piezas. Estamos hablando de 800 mil folios de investigación; pero logramos tener un elemento de fortaleza: Un señalamiento, en la investigación… No tenemos la suficiente robustez probatoria… ni siquiera tenemos fiscales asignados, dentro de la Dirección. Es la Coordinación la que se une a todo el equipo fiscal”, expone Ana Castillo Salazar a éste medio, representante de la Mesa Técnica de Investigación de Casos de la Población LGBTI. Redacción:	La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó que el expresidente Elías Antonio Saca y sus colaboradores deberán devolver los $301 millones que sustrajeron del Estado, y además dejó en firme sus condenas de prisión.Saca y compañía están recluidos en el Sector Nueve del penal de Mariona, y la Cámara Segunda de lo Penal les había modificado los montos, pero la Sala de lo Civil revirtió la decisión.En el caso del expresidente deberá devolver $260 millones en concepto de responsabilidad civil; los magistrados ratificaron la pena de 10 años de cárcel a la que fue condenado en el juicio abreviado.El resto de los $51 millones (del total de $301 millones) lo deberán devolver sus exfuncionarios como Elmer Charlaix, Julio Rank, César Funes y otros.En el caso de Charlaix, exsecretario privado de la presidencia, deberá devolver $15 millones y también se le ratificó la condena de 10 años que le fue impuesta.Mientras que Julio Rank, exsecretario de comunicaciones, deberá pagar $8,381,000 que se le señalaron durante el juicio. El exfuncionario tiene que cumplir solo cinco años de prisión.Jorge Herrera, Francisco Rodríguez y Pablo Gómez, exempleados de Casa Presidencial, también tienen pagar de responsabilidad civil $3 millones, $7 millones y $5 millones, respectivamente.Además, el exsecretario de Juventud César Funes se le ratificaron los cinco años de prisión y el pago de  $886,697 que le impusieron de responsabilidad civil. “Destape a la Corrupción” fue uno de los casos emblemáticos, pues significó que a un primer expresidente fuera sentado en el banquillo de los acusados por delitos de corrupción durante su gestión.