Tres abogados, un jefe policial y el registrador en jefe del Centro Nacional de Registros (CNR) eran los que guiaban a la banda de 43 sujetos acusados de 45 casos de estafa por la compra y venta de inmuebles.La banda fue capturada el viernes 13 de diciembre por los delitos de estafa agravada, falsedad material, falsedad ideológica, agrupaciones ilícitas, acceso indebido a sistema informático, denuncia y acusación calumniosa, cuatro homicidios agravados, conspiración, lavado de dinero y activos.De acuerdo con las autoridades, los sospechosos tenían papeles esenciales en la trama de las estafas.Según fuentes judiciales, para poder delinquir necesitaban saber qué inmuebles estaban desocupados, es ahí donde Gerardo Maltez García, jefe registrador del CNR y sus colaboradores, Rafael Guardado Espinoza y el exempleado Nilson Sandoval Paz participaban de los delitos.Verificaban el sistema informático del CNRLos tres sujetos verificaban en el sistema del CNR y proporcionaban la información que requerían los delincuentes para sus actividades.“Facilitaban información necesaria para legalizar la legitimidad de los inmuebles y luego colaboraban para poder inscribir con la mayor prontitud, y sin mayores exigencias, los documentos de los inmuebles”, dio a conocer uno de los fiscales del caso.Para poder comercializar los inmuebles necesitaban la documentación que los acreditara como dueños de los mismos, por lo que los tres abogados que integraban la estructura eran los que firmaban los documentos.“(Los abogados se) encargaban de proporcionar documentación falsa para poder realizar compra ventas de inmuebles deshabitados o que sus dueños están en el extranjero”, reveló el Ministerio Público.Hacían lo mismo con vehículosPero la banda no solo estafaba personas por medio de inmuebles, sino que también en la compra y venta de vehículos; en este punto el encargado de orientar qué hacer era el jefe policial.Cuando las víctimas compraban los automotores y se iban a las oficinas de Sertracen todo aparecía normal, pero cuando intentaban inscribir los bienes a su nombre el sistema les arrojaba que los vehículos tenían reporte de alquiler.“(El policía) les comunicaba cómo hacer con las tarjetas de circulación al interior de la corporación”, especificó la Fiscalía.Los sujetos enfrentan el proceso judicial en el Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador por los delitos antes mencionados.	La Fiscalía General de la República (FGR), presentó esta mañana, el requerimiento penal contra el embajador de El Salvador en Honduras, Sigifredo Ochoa Pérez por el delito de peculado.  Según la FGR, también figuran como imputados Walter Alfredo Amaya Escalante, ministro consejero en la misma sede diplomática y Soledad Funes Donaire de Ramírez, por complicidad en el mismo ilícito. La Fiscalía pide instrucción formal contra los imputados, “A ellos se les atribuye el delito de peculado porque en 2005 se suscribieron dos contratos de arrendamiento donde funcionaban las sedes diplomáticas de El Salvador en Honduras. En la suscripción de esos contratos existía una diferencia sustancial en el canon de arrendamiento, Uno era por $2,200 y otro era de $3,000 con diferencia de $800. Se logra recabar que el excedente de los $800 era pagado a Sigifredo Ochoa en septiembre y posteriormente se le siguen entregando a Walter Alfredo Anaya a través de Soledad Funes Donaire, a quien se le imputa el delito de cómplice necesario”, explica el fiscal del caso.#ÚltimaHora	La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este viernes 20 de diciembre el requerimiento en contra de nueve empleados de dicha institución (FGR), por los delitos de coacción y actos arbitrarios, en el caso “Corruptela”; en perjuicio de Carolina Yaneth Manzanares Noches, Yesenia Carolina Aguilar de Ayala, Mauricio Alberto Aguilar Rivas y Marta Cecilia Colindres.El requerimiento fue interpuesto en el Juzgado 12° de Paz de San Salvador, y esta instancia programó la instalación de la audiencia inicial en este caso a las 9:00 a.m. Los acusados son: Harold Iván Córdova Solís	Mario Antonio Huezo Cortez En la audiencia, el Fiscal General, Raúl Melara, sorprendió con solicitud de sobreseimiento express, para continuar favoreciendo y protegiendo sin justificación, a fiscales señalados en casos que han sido manipulados y que han sido denunciado mediáticamente. Y por el contrario, sometió nuevamente a las víctimas que han sido torturadas por el exfiscal Douglas Meléndez a un vejamen, exhibicionismo público, y a un linchamiento mediático, todo para proteger a los acusados que están pidiendo sobreseimiento definitivo.	La policía detuvo hoy en Chalatenango a dos integrantes de pandillas como los autores de la muerte a tiros de un sargento de la institución, ocurrido el pasado mes de abril en la ciudad de San Miguel, mientras la víctima arbitraba un partido de fútbol.El arresto de Josué Turcios Turcios (20) alias Mentalista y David Antonio Segovia Pacheco (18) alias David estuvo a cargo de policías de la Unidad de Delitos Relativos a la Vida de la División Central de Investigaciones (DCI).Mediante el proceso investigativo se logró establecer el grado de participación de cada uno de los ahora aprehendidos.El asesinato del sargento Pedro Alberto Galeas sucedió en abril del presente, en el barrio Concepción, en el sur de la ciudad migueleña, cuando los ahora apresados, portando armas de fuego, atacaron por la espalda a la víctima dentro de un centro deportivo mientras dirigía un encuentro futbolístico, causándole la muerte de inmediato.Ambos sujetos serán enviados a los tribunales respectivos para continuar con el debido proceso.