“Hace muchos años estaba impartiendo unas pláticas relacionadas con el tema de los deslizamientos de tierra. Al terminar mi exposición, una señora se me acercó y me dijo: ‘Yo quiero agradecerle ingeniero que nos haya venido a hablar de esto, pero esos derrumbes se dan cada 10 años y aquí cada semana nos matan a un patojo. A nosotros lo que nos importa es tener dónde vivir, disponer de un trabajo y poder comer’”. La anécdota es del ex secretario ejecutivo de la Conred Alejandro Maldonado. Y el relato es contundente para explicar cómo se manejan las prioridades desde la miseria. Para aquella mujer, habitante de un asentamiento, ser víctima de una desgracia tan irreparable como hundirse con todo y su familia por un desplome a la orilla de un barranco no solo era algo remoto, sino mucho menos angustioso que el hambre y la violencia que enfrentaba diariamente. Eso describe, en parte, la ardua labor de las autoridades para ejecutar planes de prevención en áreas donde nunca debió haberse construido una sola casa.	El impresionante video del desmoronamiento en Peronia, grabado desde un sitio que igualmente estaba en peligro, es el capítulo reciente de una prolongada historia de falta de planes de ordenamiento territorial, así como de interminables actos de corrupción e incompetencia. Lugares plagados de amenazas similares abundan en las áreas urbanas. Lo sabemos todos. Lo saben incluso las potenciales víctimas. Y pareciera que el país no da la talla como para siquiera sugerir (no digo echar a andar) acciones efectivas que esbocen una solución a largo plazo para semejantes insuficiencias. Son varios los aspectos que han de considerarse a la hora de plantearse una hoja de ruta que sea viable. En realidad, el camino se conoce. Lo complicado es implementarlo. Financiarlo. Darle continuidad. Y sobre todo hacerlo sostenible.	El alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, asegura que desde que tomó posesión como jefe edil ha pedido el desalojo de varios terrenos próximos al abismo contiguo a Peronia, pero que hasta ahora le empiezan a hacer caso. De hecho, afirma que presentó denuncias contra los vecinos que se han negado a marcharse de allí y que algunos a los que se les concedió una vivienda en Ciudad Quetzal pusieron en alquiler los inmuebles que habían abandonado. La Conred, por su parte, asevera que a partir del Acuerdo Gubernativo conocido como “la declaratoria 179”, de mayo de 2001, la advertencia está clara. Pero la verdadera acción admonitoria ocurrió el 1 de octubre de 2015, con la tragedia de El Cambray. Ese infausto suceso nos cimbró. Sin embargo, tampoco parece haber sido suficiente escarmiento como para humanizar a fondo a la sociedad respecto a esas realidades tan fatídicas. Dudo mucho que se haya acabado la corrupción alrededor de estos temas. Asimismo, que no se siga politizando la gestión de riesgo, sea por medio de nombramientos erróneos o por falta de políticas integrales para prevenir las catástrofes. A propósito de ello, el ingeniero Maldonado recuerda que cuando median los intereses corruptos en asuntos como estos, la infraestructura de mala calidad que queda nos deja más vulnerables frente a los desastres. Las autoridades entrantes tendrán que enfocar la situación de una manera técnica y muy consciente de que somos un país absolutamente endeble e indefenso en la materia. Es importante, además, señalar a quienes se empecinan en seguir rebatiendo los efectos del cambio climático, porque lo único que causarán será más muertos.	Volviendo a la anécdota con la que se inicia este escrito, no puedo sino intentar ponerme en los zapatos de quienes sufren el cruel e implacable diario vivir, en el que la pobreza y la delincuencia no los perdonan ni un solo instante, y que al mismo tiempo habitan un vecindario expuesto a una devastación repentina. Y así me salta esta duda: ¿Qué haría yo si, después de un aguacero, llegaran las autoridades a tocarme la puerta para indicarme que debo desalojar mi casa porque existe el riesgo de que esta se desplome por a, b, c, d o z razón. Conozco más de un caso entre gente de clases acomodadas que, pese a las recomendaciones de expertos, decide seguir viviendo en sus propiedades aunque ello conlleve una potencial fatalidad. No quiero imaginar lo que pasaría en Guatemala si hubiese un terremoto como el de 1976. Para suponerlo, mi única referencia es Haití.