Las investigaciones del caso fueron desarrolladas por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la CICIG, entidades que en febrero solicitaron al Organismo Judicial (OJ) que se retirara el derecho de antejuicio a la secretaria general y candidata a la presidencia por dicha agrupación política, Sandra Torres, así como de seis personas más.	"Se estableció que a través de dichas entidades se hacía llegar la aportación de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la SAT, dinero que en parte ingresó a la cuenta oficial de campaña a nombre del partido político", se señala en un comunicado de prensa de la CICIG respecto del caso.