Este 3 de septiembre termina el convenio firmado entre Guatemala y la Organización de Naciones Unidas (ONU) que generó la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El ente antimafias trabajó en el país por 12 años, tiempo en el que desarticuló al menos 60 estructuras criminales y llevó ante la justicia a más de una centena de personas.	La CICIG fue creada el 12 de diciembre del 2006 y el convenio fue ratificado en el Congreso de la República en el 2007. El trabajo que tenía establecido este ente estaba especificado en varios aspectos: la investigación de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humano, también colaborar con el Estado en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos, por último, hacer las recomendaciones al Estado para la adopción de políticas públicas dedicadas a erradicar estas estructuras que afectan al país.	El primer comisionado designado fue el jurista español, Carlos Castresana. Durante su estadía en el país se dio a conocer el caso “Rosenberg”, donde la pareja presidencial integrada por Álvaro Colom y Sandra Torres (2008 y 2012) fue la principal sospechosa del asesinato del abogado, Rodrigo Rosenberg. El caso fue mediático porque el abogado grabó un vídeo, el cual salió a luz después de su muerte.	El tercero y último de los comisionados fue el jurista colombiano, Iván Velásquez Gómez, quien en conjunto con la Fiscal General y Jefa del MP de ese momento, Thelma Aldana, dieron a conocer varios casos de alto impacto en el país, los cuales provocaron la caída del gobierno del Partido Patriota (PP) que renunció por acusaciones de corrupción y no finalizó su periodo.	El caso de “La Línea” generó el descontento en los guatemalteco, porque se dio a conocer la forma en que operaba una estructura criminal que defraudó al Estado por millones de quetzales. Después, la población exigía la renuncia de los mandatarios, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, quienes fueron señalados de ser los cabecillas de la estructura.	La CICIG presentó una investigación en contra de Samuel y José Manuel Morales, hermano e hijo del presidente, respectivamente, por supuestos actos de corrupción en los que habrían participado en el Registro de la Propiedad y fue ahí en donde se rompió la relación entre el mandatario y las autoridades de la comisión y del MP.	Después de este hecho, se dieron a conocer más casos de corrupción que investigó CICIG y el MP, dentro de estos el posible financiamiento electoral ilícito del partido oficial FCN- Nación que llevó a Morales a la Presidencia, y el retiro de inmunidad al mandatario, pero esta última solicitud no tuvo eco en el Congreso de la República que blindó a Morales. De nuevo el gobernante arremetió contra la entidad y en una conferencia de prensa, respaldado por militares y su gabinete, decidió terminar el convenio con CICIG.	Después, pese a las acciones legales e inconformidad de la sociedad guatemalteca, el final de la comisión llegó y este 3 de septiembre, de forma definitiva, culmina el trabajo de la comisión en Guatemala. En las últimas semanas se han presentado los informes de la entidad y el comisionado ha dado mensajes a la población para continuar con el trabajo en contra de la corrupción en el país.	“Quiero expresar mi gratitud inmensa, mi respeto y admiración al pueblo guatemalteco. Guatemala, de mi parte hice todo mi esfuerzo, contribuí con todas mis capacidades por un proyecto de construcción de Estado de derecho. Jamás me sentí extranjero en Guatemala, porque como tantas veces lo repetí, me considero ciudadano de América Latina y entregué mi corazón por una causa en la que creo y a la que he dedicado y seguiré dedicando todas mis energías”, concluyó Velásquez.