Es decir que la referida acción legal surgió después de que el CANG pidiera a la jefa del MP que se depusieran los registros en contra de los profesionales del derecho que acuden a las instalaciones de dicha entidad, específicamente a la sede central ubicada en el barrio Gerona, en la zona 1 de la capital.	"El artículo 25 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el registro de personas solo puede ser efectuado por elementos de las fuerzas de seguridad, comprendidas únicamente en esta denominación los servidores públicos que cumplen funciones de seguridad pública y ciudadana. Ello, al tenor de las sentencias de fecha 31 de julio de 2007 y 12 de agosto de 1992".