La semana pasada el Ministerio Público (MP) presentó una investigación de posibles actos de corrupción en el Ministerio de Salud cometidos durante el gobierno del Partido Patriota, entre 2013 y 2014. Según se informó, se detectaron irregularidades en el proceso de negociación y aprobación del pacto colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre este ministerio y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG).	La Fiscalía contra la Corrupción comentó que podría haber una estafa contra el Estado de Guatemala por Q14 millones, al haber simulado el pago de honorarios por parte del Gobierno a un abogado asesor del sindicato. Están señalados un exministro de salud y exfuncionarios, donde resaltan dirigentes sindicales e integrantes de la junta negociadora del pacto. Se giraron 16 órdenes de aprehensión y se capturaron a 11 personas.	Es de recordar que un pacto colectivo es un acuerdo entre dos partes, “trabajadores y patronos”, que busca regular las condiciones generales de trabajo (estableciendo responsabilidades y beneficios tanto para el trabajador como para el empleador) por un tiempo determinado, de uno a tres años. Luego el mismo se puede renovar.	Los pactos colectivos en el sector público se realizan entre un representante del Gobierno (ministro, director o una autoridad nominadora) y actores de uno o varios sindicatos de la entidad pública. Estos se vienen celebrando en el gobierno desde hace varios años. Se reconoce el derecho de los trabajadores del sector público de asociarse y de la posibilidad de suscribir pactos; sin embargo, siempre entre los límites que señalan las normas y con transparencia. Cada renegociación tiene como resultado más privilegios como días de asueto, bonos, incrementos salariales, becas de estudio y otros, perdiendo la eficiencia del recurso humano al anular los méritos individuales del trabajador. Adicionalmente, con cada renovación de un pacto, se han ido aumentando los privilegios y el poder a algunos líderes sindicales.	Recientemente, el 21 de diciembre, el Ministerio de Educación firmó un pacto colectivo con el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), mismo que fue homologado por el Ministerio de Trabajo el 4 de enero. Tiene una duración de dos años; aumentará en 10% el salario de los trabajadores de esta cartera en el año 2019, 5% en 2020 y dará una bonificación única de Q2 mil 500 en diciembre. Adicionalmente, concede bonos mensuales para los docentes que participan en los programas de formación como el Padep, el FID y otras prebendas extra.	Es muy importante que se frenen estos procesos de negociación y firma de pactos colectivos en el sector público, ya que no tienen tope. Esto ha causando problemas en las finanzas públicas, en el desempeño del servidor y en la autoridad gubernamental. Adicionalmente, al otorgar tanto poder a los líderes sindicales de turno, ha permitido que los funcionarios se vean coaccionados o chantajeados por los trabajadores, ya que, al no ceder, dejan de prestar servicios y realizan paros y bloqueos. Por otro lado, se presta al clientelismo político, ya que puede ser el instrumento de un funcionario público de ganar apoyo o votos ya sea estando en funciones o a futuro.	Por ejemplo, el último ministro de Economía del partido UNE, antes de retirarse, firmó un pacto colectivo de muchos privilegios y actualmente se comenta que se lanzará de candidato a la presidencia por el partido Unidos. También se han visto cartas escritas de candidatos a la presidencia con sindicalistas haciendo promesas de aumentos y cambios en las carteras, restándole capacidad de maniobra y autoridad al futuro ministro. Muchos sindicatos han cooptado por medio de los pactos colectivos al Estado. El haberles dado tanto poderío pone en peligro la buena gobernanza y además existen altas posibilidades de corrupción al manejar tantos recursos discrecionalmente.	Es urgente cambiar esta situación. Debe respetarse la Ley de Salarios de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Presupuesto (LOP) durante la negociación de pactos colectivos. Los beneficios otorgados deben enmarcarse en la Ley de Servicio Civil y en la LOP. Asimismo, debe realizarse abierta, transparentemente y con honradez. Sin mérito estamos condenando al país a la mediocridad. ¿Qué opina de los pactos colectivos en el sector público? ¿Estaría de acuerdo en regularlos? ¿Cómo neutralizar el poder de los sindicalistas?