Los recortes de salarios en las empresas de “delivery” han llevado a que empleados subcontraten sus repartos a inmigrantes ilegales, solicitantes de asilo y menores de edad, dispuestos a trabajar en Francia de manera ilegal por una fracción de lo que les correspondería. El fenómeno golpea también a otros países europeos, denuncia The New York Times.	“Estoy haciendo esto porque tengo que comer”’, explica Aymen Arfaoui, un joven inmigrante de 18 años en declaraciones al New York Times. “Es mejor que robar o mendigar en la calle”, agrega, y señala que se quedará apenas con la mitad de las ganancias del día, unos 17 euros por cuatro horas de trabajo. El resto se lo dará al repartidor francés que lo emplea, quien considera que desde que las compañías bajaron los salarios para competir ya no tiene sentido seguir pedaleando por tan poco.	El fraude descansa en la facilidad para llevar a cabo la subcontratación. Cualquier francés mayor de edad puede inscribirse como repartidor para estas plataformas. Basta con anotarse previamente con el estatuto de “trabajador independiente” y presentar un documento de identidad. Luego, puede poner su habilitación a disposición de una persona aunque esta no pueda trabajar legalmente en Francia. El acuerdo clandestino se hace a través de Whatsapp, Facebook o Telegram.	El “boom” de las empresas de reparto de domicilio a través de aplicaciones va aparejada con una creciente polémica sobre sus prácticas laborales. Mientras en Francia empieza a descubrirse el alcance del trabajo de indocumentados en el sector, en Madrid la sociedad británica Deliveroo se enfrenta a un gran juicio impulsado por la Seguridad Social española que le reclama 1,2 millones de euros por emplear como «falsos autónomos» a más de 500 repartidores.