Uno de estos son los expedientes acumulados en 2017 y uno simple del mismo año referente a proyectos de hidroeléctricas. El primero resolvía que las empresas podían continuar operaciones, mientras obligó al Ministerio de Energía y Minas a llevar a cabo las consultas comunitarias, en tanto que el segundo resolvió paralizar operaciones en lo que el Ministerio en mención hacía la consulta.