Es un proceso de discusión de reforma que entra en un contexto político bastante singular. Por un lado, entra en una época de transición y cambio. En enero próximo asumirán funciones los representantes electos para el Ejecutivo, el Legislativo y las corporaciones municipales, esperamos que pronto se resuelva el entuerto en el que se encuentra la elección de magistrados en el Organismo Judicial para cerrar el ciclo de elección de autoridades. A esto se suma que la gestión de los actuales magistrados del TSE está en la parte final.	Por otro lado, el proceso de trabajo de la CAME se da inmediatamente después de una elección que se desarrolló en medio de una crisis política, una alta polarización entre los actores y mucha incertidumbre electoral, principalmente la que se dio con la inscripción de algunas candidaturas. Una crisis de representación y legitimidad del sistema de partidos políticos que alimentó la apatía e indiferencia de una buena parte de los ciudadanos que no participaron, sea empadronándose o bien votando en las elecciones. Guatemala no es la excepción a los desafíos que está enfrentando la democracia en América Latina. Por último, hay un TSE cuestionado por su desempeño.	Este complejo contexto plantea el problema de buscar un nuevo consenso en materia de reforma electoral. En los últimos años, diversos actores han coincidido en que lo prioritario es cambiar la forma en que se eligen a los diputados al Congreso de la República. Esta propuesta genera muchas simpatías y apoyos, principalmente de parte de actores sociales y especializados en la materia política electoral. No obstante, el complejo proceso de implementación de las reformas aprobadas en 2016 y un cúmulo de demandas no atendidas hacen que ese consenso sea cuestionado por algunos actores, que manifiestan la necesidad de revisarlo y ampliar las áreas a reformar.	Es decir, ahora la discusión de reforma electoral girará alrededor de la necesidad de, en un marco democrático de diálogo transparente, alcanzar un nuevo consenso. Los diferentes actores, tanto políticos como sociales, tratarán de incluir sus problemas y soluciones. Unos estarán más interesados en promover cambios al régimen de medios, otros al régimen de control y fiscalización, no faltarán los que promoverán el cambio para elegir a los diputados o bien las demandas de mayor inclusión para las mujeres y pueblos indígenas, por citar unos ejemplos.	Por ello, mecanismos institucionales como la CAME se convierten en importantes oportunidades para que los diferentes actores se sienten en la mesa a discutir y debatir sobre las prioridades de reforma electoral. Nos permitirá tomar el pulso y la temperatura de la discusión, así como identificar las áreas en las cuales hay acuerdos y en las que no.