En la historia de las decisiones desastrosas o ilegales de la CC, el “auto amparo” ilegal e inconstitucional que esta semana recién pasada se otorgaron de forma totalmente anómala y en lo que constituiría un presunto prevaricato flagrante más, ¡los magistrados de la CC se otorgaron a ellos mismos un “auto amparo” totalmente ilegal!	Ningún tribunal del mundo puede otorgarse ni conocer de resoluciones que le beneficien a sus propios miembros, a uno o a todos; eso contradice el principio universal del Derecho y del orden constitucional de la revisión de las actuaciones de cualquier tribunal por un tribunal distinto al que las emitió y especialmente nunca de forma que los mismos magistrados conozcan de asuntos que les podrían beneficiar de forma personal, pues, además que se violan los principios procesales de la legalidad de los actos de cualquier tribunal, tanto en la Ley del Organismo Judicial como en la Ley de Amparo (ambas leyes les aplican por igual a los Magistrados de la CC en sus resoluciones como a los magistrados de la CSJ), lo terrible de dicha resolución manifiestamente ilegal es el mensaje que le manda a todos los otros tribunales del país y funcionarios públicos que necesariamente deben sujetarse a la Ley y a la Constitución: ¡El máximo tribunal constitucional viola la ley, como consecuencia todos los demás tribunales podrían hacerlo!	Otro principio universal del Derecho es que ningún juez o magistrado puede ser juez y parte. Eso quiere decir que una vez se otorgó con lugar por la CSJ el traslado del expediente de antejuicio contra Mata Vela, Bonerge Mejía y Gloria Porras, por el prevaricato flagrante de no dejar al presidente de la República, en el ejercicio de su autoridad constitucional, solicitar por la vía diplomática correspondiente al Reino de Suecia el cambio del embajador Kompass por sus manifestaciones de falta de respeto a todos los guatemaltecos y a la República de Guatemala, además de su alianza permanente y colaboración tanto monetaria como política con la extrema izquierda aquí, dentro de nuestro país, y en flagrante violación a los asuntos internos de Guatemala por años.	remoción del embajador Kompass de Suecia, la CC podría haber cometido varios presuntos delitos: Primero, una resolución manifiestamente ilegal que impide y usurpa las funciones constitucionales del presidente de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores al impedir ilegalmente en prevaricato flagrante y continuado la expulsión totalmente legítima y totalmente justificada de un funcionario internacional que llamó a Guatemala un “país corrupto”, faltando gravemente al decoro y a la buena educación y al respeto que se espera de cualquier diplomático para con el país receptor o anfitrión de sus cartas diplomáticas, sino que se impide un acto legítimo del poder público constitucional otorgado al presidente Morales por la propia Constitución. Segundo, una resolución en prevaricato flagrante, toda vez que es clarísima según el artículo 183 inciso “o)” que la dirección de la política exterior y la recepción de las cartas diplomáticas a un embajador como su remoción del país o la pedida de su reemplazo son obviamente funciones presidenciales por facultad expresa y reglada en el texto claro y diáfano de la Constitución Política de la República, y que la CC, por ningún motivo, menos por un amparo ilegal interpuesto por el PDH, otro funcionario rebelde y prevaricador que hace mucho cumplió con la causal primera de remoción de su cargo por el Congreso por la manifiesta violación a su mandato legal y constitucional de defender los DD. HH. de los guatemaltecos y no de extranjeros diplomáticos a los que rige exclusivamente la Convención de Viena sobre relaciones y prerrogativas diplomáticas entre los Estados.	Es en este contexto increíble que la fiscal general, Consuelo Porras, pareciera ponerse de lado de semejantes ilegalidades y de la misma forma irregular y totalmente contraria a su función como lo hacía la varias veces denunciada penalmente ex fiscal general Thelma Aldana. Que se coloque la nueva fiscal general en una posición insostenible de complicidad con estos delitos, al amenazar en los medios al presidente de la República, a ministros de Estado y al procurador general de la Nación, con persecuciones penales hipotéticas o inexistentes, por carecer de todo fundamento legal, pues el error no es fuente de Derecho, mucho menos la presunta comisión de delitos flagrantes de usurpación de poderes y facultades constitucionales de la Presidencia de la República por una CC rebelde que viene emitiendo una serie de gravísimos amparos ilegales en presunto prevaricato flagrante y continuado.