En el escrito, el gobierno asegura que en el acuerdo suscrito el 12 de diciembre de 2006 se estableció “la obligación de negociar la solución de las diferencias que surgieran entre las partes”. Por ello, desde el 25 de agosto de 2017 el gobierno promovió ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la negociación respectiva, ante lo cual esa instancia permaneció en “silencio y sin interés”.