El caso más reciente se produjo el miércoles, cuando el ministro venezolano de Industria, Tareck El Aissami, entró en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El aviso indicó que El Aissami, de 44 años, es buscado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico internacional.	Las personas sancionadas fueron Iván Rafael Hernández, comandante de la guardia presidencial y Director General de Contrainteligencia Militar; Manuel Ricardo Cristopher Figuera, director del SEBIN; Hildemaro José Rodríguez Mucura, primer comisionado del SEBIN; Rafael Enrique Bastardo, comandante de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES); y Manuela Salvador Quevedo, presidente de PDVSA.	En marzo fue sancionada la minera estatal Minerven y su jefe, Adrián Perdomo. El anuncio estadounidense aludió a que el gobierno de Maduro «está saqueando la riqueza de Venezuela al tiempo que pone en peligro a las poblaciones indígenas al invadir las áreas protegidas y causar la deforestación y la pérdida de hábitat».	En julio recibieron sanciones los integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, tras la muerte en custodia del capitán Rafael Acosta Arévalo. Familiares y opositores sostienen que fue torturado antes de morir. El gobierno en disputa de Maduro dijo que sancionó a dos funcionarios de DGCIM por su presunta participación en el trágico suceso que le habría costado la vida al militar disidente.	También en julio resultaron sancionados otros cuatro militares de la DGCIM, presuntamente vinculados a la muerte de Acosta Arévalo. Los señalados fueron Hannover Esteban Guerrero Mijares, quien es uno de los líderes del organismo; el mayor Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la Unidad de Asuntos Especiales del organismo militar; Rafael Antonio Franco Quintero, director de Investigaciones; y Rafael Blanco Marrero, exdirector de la región central de la DGCIM.	En mayo de 2018 entraron en la lista negra Pedro Luis Martín Olivares, un exfuncionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) señalado por lavado de dinero junto a Hugo Carvajal, cercano a Chávez. También los funcionarios Walter Alexander Del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinoza por brindar apoyo financiero o tecnológico en respaldo a las actividades internacionales de narcotráfico que dirigía Martín.	En agosto fue sancionado el hermano del fallecido expresidente Hugo Chávez, Adán Chávez, y a otros funcionarios vinculados a la Asamblea Constituyente: Francisco José Ameliach Orta, Erika del Valle Farías Peña, Carmen Teresa Meléndez Rivas, Ramón Darío Vivas Velasco, Hermann Eduardo Escarrá Malavé, Tania D’Amelio Cardiet y Bladimir Humberto Lugo Armas.	En noviembre fueron sancionados 10 funcionarios más del gobierno e disputa de Maduro, a los que EE.UU. llamó «cómplices» en los intentos por socavar la democracia y violar los derechos humanos en Venezuela: Sandra Oblitas Ruzza, Socorro Elizabeth Hernández De Hernández, Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, Julián Isaías Rodríguez Díaz, Ernesto Emilio Villegas Polak, Jorge Elieser Márquez Monsalve, Freddy Alirio Bernal Rosales.