Este año será determinante para el futuro político del país. Tendremos elecciones generales (presidente, vicepresidente, diputados y corporaciones municipales) el 16 de junio. Experimentaremos un proceso electoral con un marco legal diferente. La programación cambió y las reglas para las agrupaciones políticas son distintas. Se ha prohibido la campaña anticipada, el periodo de campaña se ha reducido, se le ha dado cabida al voto nulo y el Tribunal Supremo Electoral tendrá a cargo la asignación de recursos de la propaganda electoral. Preocupa que 8 de cada 10 jóvenes no estén empadronados y debido a los tiempos tan cortos pareciera que la nueva normativa favorecerá a los viejos políticos y antiguas agrupaciones.	Por otro lado, el Congreso de la República tendrá dos tareas fundamentales. La primera será elegir al contralor general de Cuentas, que quedó pendiente el año pasado, dentro de los seis nominados por la respectiva comisión de postulación el 8 de diciembre. Adicionalmente, deberá elegir para un período de cinco años, de una nómina de 26 candidatos propuestos por una comisión de postulación, a los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia. También serán nombrados los magistrados para las cortes de Apelaciones. Así que estaremos eligiendo a miembros de los tres poderes del Estado en el mismo año.	La encuesta de Latinobarómetro 2018 para Guatemala resalta que el principal problema individual es el económico (35%), seguido por la inseguridad (19%), la situación política (9%) y la corrupción (9%). En un año electoral la gente suele ser más positiva ya que se avecina un cambio. Estamos pendientes de que se designen todos los candidatos, se inscriban, informen de sus planes, elijamos los que nos parezcan y votemos. Se calcula que habrá alrededor de 20 candidatos a la presidencia y vicepresidencia.	Hay incertidumbre en el país, sin embargo, no solo es una condición local ya que se observan retos a nivel regional y mundial. Lamentablemente, los conflictos internos han influido en el detrimento del crecimiento de la economía nacional. Además, hay poca inversión extranjera directa en sectores que modifiquen la estructura productiva de la economía y que generen el empleo de los próximos 20 años. Las remesas y el bajo precio del petróleo favorecieron la economía guatemalteca. Para el año 2019, puede esperarse un desempeño económico similar al del año pasado o un poco mejor. Esto debido al crecimiento de la población, la elevada propensión al consumo de los ciudadanos, aunado a la configuración del presupuesto del Estado para 2019, aunque la ejecución de la inversión pública será baja.	En materia social, seguramente habrá firma de pactos colectivos con los maestros, salubristas y otros empleados públicos, lo que implica un aumento del gasto público, pero no de ampliación y mejora de servicios. La próxima administración deberá hacer propuestas concretas en materia de la gestión pública para mejorar la eficiencia del gobierno, principalmente poner límite a los recursos que se negocian en los pactos, lograr instalar la carrera de los distintos funcionarios, modernizar la Ley de Contrataciones, armonizar esta con las acciones e interpretaciones de la Contraloría General de Cuentas y actualizar la Ley de Presupuesto.	En seguridad ciudadana hay peligro de que lo poco logrado en los últimos 10 años se desplome. El sistema penitenciario sigue hacinado y sin controles internos, ni mejoras sustantivas, y el nuevo modelo de gestión se paralizó. Los cambios recientes en la Policía Nacional Civil podrían provocar un deterioro en los índices de delincuencia.	El conflicto entre el presidente, Jimmy Morales, y el comisionado Iván Velásquez está deteriorando nuestro país. Por lo que hemos vivido recientemente, habrá más tensiones durante los próximos nueve meses, lo que generará ansiedad, titubeo y parálisis. Nos puede enganchar en el día a día e ir postergando la discusión de los temas sustantivos para los guatemaltecos, además de polarizar a parte de la población. Es importante que se logren acuerdos institucionales y se respete el Estado de derecho.