Rafael Uzcateguí es uno de los 341.561 venezolanos que migraron al Ecuador entre mayo de 2017 y julio de 2019, según datos del Registro Migratorio ecuatoriano. Con formación en salvamento profesional, bombero graduado y técnico dental, este refugiado-migrante asegura que su preparación no es suficiente para encontrar una plaza laboral en su área de conocimiento en el país andino.	Proveniente del estado Táchira, al oeste de Venezuela, no encontró otra alternativa para ganarse la vida que dedicarse a vender cigarrillos en una de las avenidas más concurridas de la capital ecuatoriana sobre la avenida Amazonas. Con una bandeja llena de cajetillas de cigarros y con la esperanza de un futuro mejor, asegura que el fantasma de la xenofobia lo acompaña desde su llegada al Ecuador. ¨Aquí he sufrido un poco de la xenofobia, mediante personas que le dicen a uno, bueno, váyase para su país. ¿Qué hace aquí?. ¿Para qué vienen acá?. ¿Qué hacen acá?. Personas también que porque creen que uno viene a trabajar y a echarle ganas, que ¿Por qué uno se vino si uno tenía un trabajo allá?¨.	En Ecuador, desde octubre de 2019, las denuncias registradas por actos de xenofobia en contra de los venezolanos se incrementaron en 70 por ciento, según la Asociación Venezolanos en Ecuador. Mientras representantes de la organización manifiestan su preocupación por el creciente número de agresiones contra migrantes, la Defensoría del Pueblo del Ecuador confirmó que desde el mes de octubre de 2019, cuando se llevaron a cabo las paralizaciones ocurridas en el ámbito nacional en rechazo a las medidas económicas anunciadas por el ejecutivo, 20 nuevas denuncias de personas que fueron víctimas de xenofobia, entre ellas cuatro en la ciudad de Quito y las demás en diferentes provincias del país, sumaron a las que se habían interpuesto ante las autoridades de manera previa.	A juicio del Defensor del Pueblo, los discursos de odio producidos por algunos representantes del gobierno nacional, motivan actos violentos en contra de este grupo de migrantes. Haciendo un llamado a los funcionarios públicos a tener mesura y prudencia, ante el impacto que pueden tener sus palabras y alusiones, a la hora de referirse al tema de los refugiados-migrantes.