Los resultados electorales terminaron de configurar la estructura de interés de varios de los actores que estarán presentes, visibles o no, en el proceso de elección de jueces. Las autoridades del Organimo Judicial se elegirán a través de una elección de segundo orden por los diputados del Congreso, actuales y en funciones, no los electos.	El ambiente político es complejo debido a la serie de intereses que se ponen sobre la mesa. Especialmente, si consideramos las acciones que muchos grupos, que buscan debilitar la independencia judicial y cooptar el sistema de justicia, realizarán para influir en esta elección en un escenario post CICIG alimentado por los recientes golpes que ha recibido la lucha contra la corrupción y la impunidad.	Las comisiones de postulación, tanto para la Corte Suprema de Justicia como la de las Salas de Apelaciones, ya empezaron a trabajar y están realizando su labor en un escenario político complejo, con tiempos y plazos muy reducidos, con muchas presiones de actores externos y en medio de la desconfianza que prima no solo entre los comisionados, sino también por parte de muchos actores que cuestionan el trabajo de las mismas comisiones.	Son innumerables las historias, así como consistentes las críticas al modelo de comisiones de postulación. Este mecanismo de corporativismo le da un papel importante a las facultades de Derecho de las universidades del país y al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) con el propósito de blindar de la influencia política la elección de los jueces, objetivo que a todas luces no se ha alcanzado.	¿Cuáles serán los factores que pesarán en los actores no visibles, visibles, internos y externos que intentarán influir en la elección de jueces? ¿Cuál es el papel que jugarán aquellos diputados no reelectos que están enfrentando un proceso judicial? ¿Hasta qué punto podrán las autoridades electas (presidente y diputados) ejercer presión o influencia?