El juez, Lester Castellanos, fue quien estuvo a cargo de conocer la primera declaración. El Ministerio Público (MP) lo sindica de defraudar con Q7 millones a la comuna de Samayac por un proyecto de supuesta remodelación de un mercado, pero tras supuestamente realizar transacciones fraudulentas, el proyecto cambió y se compraron computadoras para una escuela.