En mayo de 2014, el Estado de Guatemala fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al resolver que era responsable de las violaciones a los derechos de Véliz Franco, así como la falta de respuesta eficaz a la denuncia presentada el 17 de diciembre de 2001 por la madre de la víctima ante el MP.