La nueva ley incorpora artículos que ya fueron incluidos en el Decreto 4-2019, como la factura electrónica. Además, tiene defectos técnicos y es poco justificable, por lo que debería ser inconstitucional, pues crea un régimen con tasas inferiores para negocios de mayor magnitud, por lo que debería ser un régimen al que cualquier contribuyente pueda optar. A la vez, se crea una amnistía penal para casos de defraudación tributaria en trámite. Y modifica la procedencia de las rectificaciones y pagos sobre presunciones con tarifas beneficiosas y más benignas que para quien ya cumplió, lo cual puede ser injusto y desincentiva a las personas que sí cumplen con sus obligaciones tributarias.