En las últimas columnas hemos conversados sobre la ventana de oportunidad del proceso de transición y cómo se puede aprovechar para impulsar acciones y definir algunos acuerdos en materia de política pública. Es un espacio en donde las próximas autoridades pueden empezar a calentar motores y establecer una agenda de políticas públicas.	La educación es uno de los factores que posibilitan el desarrollo y bienestar social de las personas y de los países. La educación no se pelea con nadie, ni nadie está peleando porque mejoremos nuestro sistema educativo. Hay consensos y acuerdos bien identificados sobre la importancia de fortalecer las intervenciones públicas.	El conjunto de estas acciones públicas tienen el propósito de orientar el trabajo del Sistema Nacional de Educación para que este sea de calidad, incluyente y efectivo, en materias específicas de cobertura, calidad, modelo de gestión, recurso humano, educación bilingüe e intercultural, aumento de la inversión educativa, equidad y fortalecimiento institucional, y descentralización (Consejo Nacional de Educación, 2012).	Los desafíos en materia de educación son grandes si consideramos que la tasa neta de cobertura alcanza el 46.78% en el nivel preprimario, el 78.21% en el nivel primario, el 44.67% en el ciclo básico y el 24.51% en diversificado. Los niveles preprimarios y medio son los que reportan la tasa más baja de cobertura y ponen, evidentemente, sobre la mesa la necesidad de priorizar y ampliar la cobertura con calidad, no se olvide que ambos elementos deben ir de la mano: cobertura y calidad.	Estos son algunos de los aspectos que se consideran prioritarios para asegurar la calidad de la educación. Aprovechemos el espacio político que da el periodo de transición y pongamos sobre la mesa las acciones de política pública que impulsarán las autoridades que asumirán en enero para mejorar la cobertura y la calidad de la educación. No busquemos fórmulas “mágicas”, mejor lleguemos a acuerdos e implementémoslos. ¿Qué opina usted?