“En consecuencia, el criterio que sustentó el Ministerio Público ante la Corte de Constitucionalidad en la vista pública oral y por escrito, es que los efectos positivos del amparo provisional otorgado el 9 de enero de 2019 conllevan que el Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la