“Quien no sabe a dónde va, no llega”. La mayoría de los guatemaltecos opinan que vamos mal, pero pocos saben qué hacer para mejorar la situación del país. Estamos a cuatro meses de las elecciones y poco se discute hacia dónde ir y cuál es la ruta más eficiente para lograr el desarrollo de los guatemaltecos. Se atacan posturas e ideologías, pero no hay un debate de propuestas.	Con el objeto de marcar el rumbo el CIEN inició la semana pasada una serie de presentaciones de los temas que a su criterio se consideran prioritarios para tener una salida ante el estancamiento y la pobreza en el país. El proyecto, denominado “Ruta para el Desarrollo de Guatemala 2020-2024”, contempla cinco temas o áreas. Se inició con el tema de Gestión Pública, ya que abarca horizontalmente los otros cuatro temas sustantivos que son: Salud y Nutrición, Educación y Tecnología, Seguridad y Justicia Criminal, y Economía e Infraestructura. Cada tema contiene un análisis de la situación actual, el estudio de las mejores prácticas locales e internacionales y formula una serie de recomendaciones para el corto plazo (2019), el mediano plazo (primeros dos años del nuevo gobierno) y el largo plazo (tres a cinco años).	Para mejorar la gestión pública es imperante cambiar al menos cuatro sistemas y su normativa: El presupuesto, la Contraloría General de Cuentas, las adquisiciones del Estado y el servicio civil. En materia de presupuesto se recomienda principalmente fortalecer la planificación, hacer ajustes de gastos y mejorar las estimaciones de los ingresos tributarios. En el mediano plazo habrá que lograr más eficiencia con el gasto, rendir cuentas e ir flexibilizando el gasto ya que actualmente alrededor del 85% está comprometido. Será necesario en unos años eliminar las rigideces presupuestarias, implementar un presupuesto multianual y retomar los principios del pacto fiscal.	Para lograr una Contraloría General de Cuentas (CGC) moderna se sugiere inventariar todos los cambios realizados y evaluar los resultados obtenidos. Se ve urgente un manual de criterios interpretativos institucionales para que los empleados públicos tengan certeza y claridad de los procesos y de las sanciones, así como los auditores logren tener un mismo criterio. La capacitación constante a los auditores es fundamental, así como actualizar su plan de incentivos. Es recomendable que los auditores sean seleccionados y reclutados por su capacidad y que regularmente sean certificados, fomentando el mérito y destrezas.	En materia de adquisiciones, se señaló que en los últimos 20 años la Ley de Contrataciones se ha modificado nueve veces, tiene 108 artículos, pero 122 han sido cambiados. Lo que se aconseja de forma inmediata es analizar el texto de la ley, caracterizar los diferentes tipos de contrataciones (infraestructura, medicinas y otros), y contrastar esta ley con otras de contenido común. También se deberán levantar procesos para definir la forma más eficiente de lograr las adquisiciones y, junto con la Contraloría, la unificación de criterios. Con base en las evidencias debería de crearse un sistema de adquisiciones públicas con énfasis gerencial. El objetivo es ejecutar con efectividad y transparencia.	También se abordó el servicio civil. Si deseamos mejores resultados en los servicios públicos, debemos contar con el personal idóneo y capaz en el Estado. Debe priorizarse el mérito y no el compadrazgo ni la antigüedad de los funcionarios. Por ello será importante limitar los pactos colectivos del sector público, debido a que estos han rebasado la normativa del servicio civil. Se recomienda evaluar a la Oficina Nacional de Servicio Civil para proponer su fortalecimiento. Hacer el censo de trabajadores con el fin de contar con información actualizada, perfiles y necesidades. Se ve necesario capacitar y realizar evaluaciones de desempeño de todos los trabajadores del Estado. Para el largo plazo se plantea una nueva ley, revisar los sistemas de contrataciones existentes con el fin de uniformar criterios básicos de contratación, promoción, carrera y despido.	Seguidamente se hará una sistematización y se presentará un documento final en mayo. Durante el segundo semestre del año se compartirán las propuestas a los nuevos funcionarios y a sus equipos. Se desea aportar rutas concretas que beneficien a todos los ciudadanos y cambiar el destino de Guatemala. ¿Hacia dónde vamos como país? ¿Cómo cambiamos nuestro destino? ¿Cuál es la ruta más eficiente?