“Una vez más, la Constitución y el Estado de derecho de Bolivia fueron violados interrumpiendo un mandato constitucional. Los graves hechos ocurridos en los últimos días se intensificaron en Bolivia. Fuerzas de la oposición desencadenaron movilizaciones políticas acompañadas de actos de violencia, humillación de autoridades democráticamente elegidas, invasión, saqueo y quema de casas, secuestro y amenazas de familiares para llevar a cabo un golpe de estado y forzar la renuncia del presidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García-Linera, legal y democráticamente elegidos”	Todas las iniciativas de diálogo y negociación ofrecidas por el Gobierno del presidente Evo Morales fueron rechazadas. Las recomendaciones de la OEA de una nueva contienda electoral fueron aceptadas por el Presidente Morales, dirigidas al Parlamento boliviano, incluso con la recomendación de una renovación completa de los órganos electorales y la posibilidad de contar con nuevas candidaturas.	Por su parte, Aloízio Mercadante, ex ministro brasileño, apuntó que “la oposición optó por la intransigencia, la radicalización y la ruptura democrática, abriendo un grave antecedente de un nuevo golpe de estado en la larga historia de interrupciones democráticas en el país. Particularmente grave fueron los comportamientos ilegales e irresponsables de las fuerzas policiales y finalmente, de las propias fuerzas armadas que acompañaron al golpe”.	Y exigimos a los Órganos Internacionales de Derechos Humanos garantizar el esclarecimiento de los actos de violencia cometidos, el juicio y castigo a los responsables, y el restablecimiento del orden, la paz, la convivencia social y la democracia en Bolivia”, envían en un comunicado firmado por líderes de izquierdas de 12 países.