La acusación asegura que el dinero de la droga financió campañas de varios candidatos del Partido Nacional, incluidas las del expresidente Porfirio Lobo y las de Hernández, electo en 2013 y reelecto en cuestionados comicios en 2017. Este último habría recibido al menos 1,5 millones de dólares del narcotráfico para su primera campaña, y unos 40.000 dólares para la segunda.	Para Raúl Pineda, abogado penalista y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) entrevistado por Andreina Flores, si bien en Latinoamérica es común que políticos reciban dinero del crimen organizado, «la novedad en este caso es que hay una acusación puntual muy grave. Se afirma que el ‘Chapo’ Guzmán, que todo el mundo conoce en Honduras y que controlaba el trasiego y la comercialización de la droga, entregó dinero al diputado Hernández para favorecer la campaña de su hermano. Ese nuevo componente da un giro peligroso para la imagen y la estabilidad del gobierno de Hernández».	El analista Raúl Pineda explica a RFI que «el pueblo mira la figura de Hernández con temor, y estas últimas informaciones derivadas del juicio han generado sorpresa y expectativas. Pero nosotros orbitamos alrededor de la política de Estados Unidos, y en ese sentido la ciudadanía más bien espera que un factor exógeno pueda derivar en una modificación de la estructura del poder en el país, puesto que el presidente Hernández controla el Tribunal Supremo, la Fiscalía –que es la única que podría presentar una acusación–, las Fuerzas Armadas, y tiene una amplia mayoría en el Congreso».