Todos en Francia están de acuerdo en la necesidad de restaurar la catedral de Notre Dame, dañada por las llamas el pasado 15 de abril. Sin embargo, las ambiciones presidenciales de Emmanuel Macron de que las obras estén terminadas en apenas cinco años y echen mano a la innovación han crispado a los parlamentarios franceses.	Un primer proyecto de ley fue adoptado por la Asamblea Nacional, donde el oficialismo tiene una holgada mayoría. En este texto se aprueba la apertura de una suscripción nacional para gestionar las donaciones de personas, empresas o comunidades que inmediatamente después del incendio que destruyó la estructura y la aguja de este emblemático monumento el 15 de abril.	Una de las partes más controvertidas del texto impulsado por el oficialismo faculta al Gobierno para establecer excepciones a determinadas normas (urbanismo, medio ambiente, construcción, conservación del patrimonio, contratación pública). Esta disposición fue suprimida por los senadores tan pronto como fue examinada en comisión, con el consentimiento de casi todos los grupos.	«Se trata de una ley para reconstruir Notre-Dame de París, no Notre Dame del Elíseo», cuestionó David Assouline (Partido Socialista), aludiendo a la residencia presidencial, mientras que Pierre Ouzoulias (grupo con mayoría comunista) mencionó «una desposesión» de las autoridades competentes «en beneficio de un mecanismo controlado desde la más alta cumbre del Estado».	A contramano de las recomendaciones del gobierno, el Senado declaró su texto que la restauración debe ser fiel a la «última condición visual conocida» del monumento antes de la catástrofe, incluida la aguja, especificando que debe justificarse el uso de materiales diferentes a los de origen. Este punto fue rechazado por del Partido Socialista, para quien esto «impediría cualquier otra acción arquitectónica». La discusión volvió a poner sobre el tapete el debate sobre el anuncio de un concurso internacional de arquitectura para restaurar la aguja.