La Constitución Política de la República establece en su artículo 108 que “las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades”. La Ley de Servicio Civil –Decreto número 1748 del Congreso de la República– data de 1968, sin haber sido modificada hasta la fecha, y tiene por objetivo la administración del personal que labora en el sector público.	Lamentablemente, al no haber sido actualizada, cuenta con varias inconsistencias y obstáculos para lograr la eficiencia y la eficacia del desempeño del gobierno. Alguna de estas es un recurso humano que no se recluta de forma competitiva, no se le capacita, ni recibe retroalimentación para su mejora continua. Existe discrecionalidad en los ascensos obviando el procedimiento de oposición y la remuneración de algunos burócratas es baja. En caso de realizar evaluación del desempeño, esta no tiene consecuencia alguna. Además, desde varios años se ha abusado de la negociación colectiva para la creación, remuneración, ascensos, permutas y traslados de los trabajadores, lo que resulta en una asignación de recursos por presiones y no por mérito.	El reclutar personas no aptas para los puestos, en combinación con los pactos colectivos, ha generado por un lado un gran gasto y por el otro lado, reducción de cobertura y calidad de los servicios públicos, especialmente en el área rural, donde se encuentran los más pobres. Un ejemplo revelador es el Ministerio de Educación. En el año 2008 contaba con una cobertura casi universal de la educación primaria (98%) y su ejecución fue de Q7,588 millones. Para el año 2020 se ha solicitado un monto de Q17,539 millones y la cobertura de primaria se encuentra en un 77% y la calidad ha mejorado muy poco. El incremento financiero es más del doble y los resultados, deplorables. Esto es la consecuencia de la firma de tres pactos colectivos, en los que, además de aumentos salariales masivos, se incluyen una serie de privilegios como bonos, seguros y días de asueto.	Es de señalar que otogar plazas en los últimos años también se ha convertido en un botín político. Un estudio realizado por el CIEN muestra que en relación con los egresos que reporta el Ministerio de Finanzas, el porcentaje de funcionamiento en la última década se ha incrementado de 58% a 66% en detrimento de los gastos de inversión que bajaron de 28% a 19%.	El principal problema radica en que existen una multiplicidad de regímenes y no se respeta la ley. Es necesario contar con la institucionalidad adecuada para romper el círculo de la discrecionalidad, la burocracia y la falta de transparencia. En este sentido, debe analizarse el sistema de servicio civil guatemalteco y promover una reforma que atraiga al capital humano mejor capacitado, que impulse la carrera administrativa basada en la meritocracia y promueva el servicio basado en principios.	Lo que se recomienda de forma inmediata es revisar y regular los pactos colectivos vigentes para evitar que los mismos se utilicen como un medio de actualización de salarios y protección de puestos. También debe evaluarse la Oficina Nacional del Servicio Civil (Onsec) para convertirla en un ente rector que norme, pero que no necesariamente ejecute la gestión del recurso humano en el Organismo Ejecutivo. Onsec debe gozar de mayor autonomía administrativa y técnica.	Es urgente contar con el censo de los trabajadores del sector público para saber cuántos trabajadores hay, los puestos que tiene la administración pública y su distribución, así como información del perfil para cada uno de ellos (incluyendo los puestos exentos), si están siendo ocupados o no, y la remuneración básica, entre otros. Debe trabajarse en la carrera profesional de los empleados, la cual debe implementarse en varias de las organizaciones del Estado. Sería de iniciar en las instituciones que cuentan con el mayor número de empleados, como los ministerios de Educación, Salud y Gobernación.	En el mediano plazo se sugiere modernizar la normativa y que la Ley de Servicio Civil sea de aplicación general al Organismo Ejecutivo y sus entidades descentralizadas (Gobierno Central), definiendo únicamente los lineamientos generales que deben respetarse, permitiendo así la flexibilidad. Es ideal que estos lineamientos se apliquen también en los Organismos Legislativo y Judicial. También habrá que evaluar y ajustar otras leyes para que la modernización sea integral. ¿Qué opina de los pactos colectivos? ¿Cómo motivar a que los mejores profesionales trabajen en el gobierno? ¿Cómo lograr la voluntad política para lograr la modernización del servicio civil?