La función del Organismo Legislativo se podría resumir en tres acciones: representar, fiscalizar y legislar. Recientemente, la Alianza para el Congreso Eficiente presentó una evaluación del ejercicio del Congreso durante el tercer año de la VIII Legislatura. Es de resaltar que a pesar de todos los desafíos que el país ha tenido en los últimos años, el Congreso de la República ha mejorado su desempeño. Se redactó una nueva ley interna, la Ley Orgánica del Organismo Legislativo (LOOL), se ha enmendado el acceso a la información, se ha afinado su presupuesto y se cuenta con una agenda consensuada por la mayoría de las bancadas; sin embargo, aún hay grandes desafíos en el trabajo legislativo y lograr la eficiencia del Congreso.	En el año 2018 el Congreso celebró 82 sesiones. Tan solo ocho diputados asistieron a más del 95% de las sesiones. Es de resaltar que hubo cuatro diputados con asistencia de 50 sesiones o menos, sin consecuencia alguna. Asimismo, se debe considerar que un 17% de diputados de esta legislatura han perdido su inmunidad debido a diferentes procesos judiciales. Se solicitaron seis interpelaciones a varios ministros del Ejecutivo. La mayoría quedaron inconclusas.	Las comisiones de trabajo son el corazón del Congreso. Lamentablemente no se pudieron evaluar las 38 comisiones; sin embargo, las siete monitoreadas el último trimestre de 2018 no cumplieron con los artículos 28 y 36 de la LOOL, ya que no se reunieron un mínimo dos veces al mes, y solamente dos comisiones alcanzaron esto en octubre, ninguna en noviembre y una en diciembre. Asimismo, se necesita como mínimo la mitad más uno de integrantes para votar y solamente una, la comisión pesquisidora, cumplió este requisito.	Durante el año 2018 se aprobaron 25 decretos, en comparación con 22 el año anterior. Se ve positivo que el uso de la “urgencia nacional” se redujo de 18% en 2016, a 8% en 2018. No obstante, de 25 decretos aprobados, solo dos cumplieron los requisitos establecidos en la LOOL. Lo más desafiante es que al presentar las iniciativas de ley la mayoría no va acompañada de análisis técnicos, documentos de soporte y estudios financieros.	Lo interesante fue analizar la transparencia del Congreso con relación a otros parlamentos. En el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL), que evalúa cuatro factores -normatividad, labor legislativa, presupuesto y administración, y participación ciudadana-, Guatemala mejoró 17% y obtuvo la puntuación más alta de toda la región (77 puntos), situándose por encima del promedio regional de 59 puntos. Es importante señalar que se respeta principalmente la normativa de la Ley de Acceso a la Información Pública, proceso que la legislatura pasada ignoró.	Para lograr un Congreso eficiente, se recomienda obtener retroalimentación de los ciudadanos y sancionar a los diputados que no asisten a las sesiones. Mejorar el control de las comisiones de trabajo, reducir su número y cumplir con los requisitos. Revisar el procedimiento de interpelaciones para cumplir con la fiscalización. Es muy importante que los decretos aprobados tengan sustento financiero, legal y técnico. De nuevo se sugiere una revisión de la LOOL con el objetivo de optimizar tiempos y requisitos, hacer reformas y cumplir a cabalidad la ley.	En este año electoral será crucial el desempeño y de liderazgo del Congreso ya que se elegirá al contralor general, los nuevos magistrados para la Corte Suprema de Justicia y al director del Instituto de la Defensa Pública Penal. Quienes buscan su reelección deberán continuar ejerciendo sus labores legislativas sin que las actividades de campaña influyan negativamente su trabajo. Se presenta un reto adicional que es llegar a acuerdos respecto al presupuesto 2020, ya que será la primera vez que se conocerá con seis meses de anticipación la conformación de una nueva legislatura (2020-2024) y posiblemente en agosto se sabrá quién será el próximo presidente de Guatemala. ¿Percibe que ha mejorado la información del Congreso? ¿Cómo lograr la eficiencia de este organismo? ¿Debería de sancionarse a los diputados que no cumplen con sus obligaciones legislativas?