En sus alegatos finales el fiscal del Ministerio Público dijo a la jueza que, a través de las pruebas presentadas antes de la declaración de la ahora sentenciada, se puede establecer su culpabilidad al prestar su cuenta para recibir dinero producto de amenazas a un vecino de Nahualá. Su actuar constituye un lucro injusto en perjuicio del patrimonio de la víctima. Mientras que la defensa técnica en sus argumentos conclusivos dijo que de ninguna manera las pruebas presentadas demuestran que la mujer, originaria de Izabal, se asoció con terceras personas, además las llamadas fueron realizadas desde la capital, por ello, su participación sería en el papel de cómplice.	Según la jueza, la sentencia se dictó en base a la figura jurídica del hecho notorio, determinandose un lucro injusto y bajo amenazas de muerte en el que existió participación activa de la mujer, estos hechos ocurrieron en abril de 2016. También se determinó el pago de Q6 mil 500 como reparación digna por el daño ocasionado.