Una de las promesas de los Acuerdo de paz fue la transformación del sistema de justicia de uno excluyente e inoperante otro que protegiera los derechos de todas y todos los ciudadanos. Pero esta promesa fue incumplida y el sistema de justicia de Guatemala, lejos de garantizar una justicia pronta y cumplida, evidenciaba altísimas tasas de impunidad.	Entre los principales blancos del accionar de estas estructuras se encontraban las y los defensores de derechos humanos, quienes sufrían desde amenazas hasta asesinatos. En mayo de 2002, el propio presidente Alfonso Portillo reconoció que eran estas estructuras quienes les atacaban. Fue cuando se solicitó, junto con el PDH de ese entonces, Sergio Morales, el establecimiento de la Comisión Internacional contra los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala (Ciciacs).	En septiembre 2007 se instaló en el país la Cicig. Su presencia impulsó la aprobación de importantes leyes, entre otras la Ley de Extinción de dominio y la Ley contra el enriquecimiento ilícito; la creación de los juzgados y tribunales de mayor riesgo, la implementación de métodos especiales de investigación y la transformación del sistema de persecución y enjuiciamiento de redes criminales.