“Hay que hacer una diferencia. Porque muchas veces dicen los magistrados no son responsables por sus opiniones, por lo tanto no se les puede denunciar por sus resoluciones. Pero una opinión es muy diferente a una resolución. Por lo que existe el delito de prevaricato, que es cuando un juez a través de una resolución viola una ley. Lo que estamos haciendo es actuando en ley y haciéndolos responsables de sus resoluciones”, agregó Arzú Escobar.	La comisión específica del Congreso que investigaba algunos casos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se había negado a recibir la notificación de la Corte de Constitucionalidad y escuchó a familiares de los hermanos José Estuardo y Francisco José Valdés Paiz, pero luego tuvo que suspender la audiencia.