El año inició con intensidad política derivada de las irreflexivas y peligrosas acciones del Ejecutivo en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), las que nos han llevado a un punto en el que el sistema democrático, la estabilidad, el Estado de derecho y los principios republicanos están en juego.	La crisis inició hace meses cuando el Ejecutivo declaró persona non grata al comisionado Iván Velásquez de la CICIG, continuó cuando en conferencia de prensa acompañado de los mandos altos del Ejército, desplegando una injustificada fuerza militar, anunció que no renovaría el mandato de la comisión. A esto se suman las constantes acciones para debilitar el funcionamiento de este ente.	A excepción de la no renovación del mandato de la CICIG, el resto de acciones han sido detenidas por la Corte de Constitucionalidad (CC) ante las inconstitucionalidades en las que ha actuado el Ejecutivo. Esto ha motivado a que se inicien acciones para separar a magistrados de esta corte y para nombrar a jueces afines que respalden al Ejecutivo.	Esta semana sorprendió, luego de la crisis del fin de semana en la que se buscaba impedir que uno de los investigadores de la CICIG entrara al país, la noticia en la que el gobierno unilateralmente dio por terminado el acuerdo con la Secretaría General de las Naciones Unidas, dando 24 horas para que el personal saliera del país y la comisión culminara su gestión, a pesar de que la misma finaliza el 3 de septiembre de este año.	La inexplicable decisión de acelerar la salida de la CICIG revela los miedos que priman en el presidente Morales y su círculo más cercano de apoyo político, y además genera una crisis de ingobernabilidad que hace peligrar la democracia. Al parecer, la prisa es evitar nuevas investigaciones en las que podrían estar involucrados actores del gobierno y aliados cercanos.	La historia reciente de países como Venezuela y Nicaragua es un claro ejemplo de lo que sucede cuando el poder político no respeta la independencia judicial (desobedeciendo las órdenes judiciales, cooptando el sistema de justicia o persiguiendo y juzgando a jueces que se oponen al oficialismo, entre otras acciones), y además toman autoritariamente el poder y ejercen una desalmada represión política.