La idea y el ideal que representa la República de Guatemala es un sueño de guatemaltecos que por más de 190 años de independencia desde 1821, y desde 1847 de vida republicana, como una república independiente, pero con un vínculo social, político y económico con toda Centroamérica; es un esfuerzo de los hombres y las mujeres, los patriotas, desde los próceres fundadores, hasta los grandes hombres y mujeres del siglo XX de nuestra amada patria, la República de Guatemala.	Algunos guatemaltecos de buena fe, algunos que fueron engañados y otros de mala fe y entregando la patria y la soberanía a poderes externos, queriendo utilizar una aberración inconstitucional que no le rinde ni le ha rendido jamás cuentas a nadie de los millones y millones de euros y dólares que se ha gastado y ha vilipendiado, abusando de la inmunidad diplomática, abusando de los fiscales y los jueces, abusando y manipulando con partidos políticos corruptos de izquierda, tapando los delitos de esos partidos corruptos y lo que es peor, interviniendo en asuntos internos nacionales, queriendo hacer que el gobierno nos extraiga más impuestos, queriendo imponer una agenda radical y antifamilia LGBTI y un feminismo radical de aborto y destrucción de bebés guatemaltecos.	Este adefesio inconstitucional que lo venimos criticando y alertando desde que se llamaba CICIACS, una criatura del corruptísimo gobierno de Portillo y de su canciller, Édgar Gutiérrez, un miembro del grupo terrorista PGT, el partido comunista guatemalteco, que en el siglo XX secuestró, asesinó y mató a miles de guatemaltecos, y luego el gobierno vendepatrias de Berger y Eduardo Stein son los responsables de más de 11 años de calvario, de testigos falsos, de corrupción de testigos, de presión a jueces y magistrados, de alteración y destrucción del debido proceso y de utilización del MP y la PDH como armas políticas de ataque a los enemigos de los partidos corruptos de izquierda y extrema izquierda, que son ya junto con un puñado de ONG corruptas los únicos apoyos que le quedan ya a otra comisión o experimento fallido de la ONU en Guatemala.	El presidente Morales y la canciller de la República, Sandra Jovel, y ahora el gabinete de gobierno completo, con el presidente, el vicepresidente y absolutamente todos los ministros de Estado publicaron ayer, el 8 de enero de 2019, el acuerdo gubernativo que fue notificado en sus manos al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en el cual se le informa (no se le pide su opinión ni su permiso) que el Gobierno de Guatemala, ejerciendo el poder constitucional y legal que el pueblo en elecciones libres y electas le confirió a la actual administración, cancela definitivamente el acuerdo de creación de la CICIG con la ONU.	No es menester que a Naciones Unidas le guste o no el acto soberano del Gobierno de Guatemala. No tiene el Gobierno de Guatemala que esperar la aquiescencia del organismo internacional multilateral. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que es el instrumento internacional que ampara al gobierno, además, por supuesto, de la soberanía constitucional, le permite a cualquier Estado miembro de dicho convenio retirarse unilateralmente de cualquier convenio, acuerdo o tratado internacional, cuando una o más de las partes, en este caso la CICIG y la ONU, viole gravemente los términos del acuerdo.	No puede haber violación más grande de una fracasada comisión que presentar testigos falsos en juicio en Guatemala, hacer una persecución penal selectiva, criminal y violatoria de los derechos humanos con esos testigos falsos y encima apañar la corrupción de una parte del espectro político guatemalteco y encima hacer campaña anticipada y abierta con Thelma Aldana, una títere de la CICIG, que abiertamente usó el ejercicio del cargo como fiscal general para hacerse imagen pública con una serie de conferencias de prensa en las que con presentaciones en Power Point, le destrozó la presunción de inocencia y el debido derecho de defensa a varias docenas de acusados antes de presentarlos ante juez competente tal y como se lo ordenaba la Constitución y las leyes procesales. Además, la CICIG y el “non grato” Iván Velásquez apañaron la compra corrupta y sobrevalorada de un edificio inservible de 35 millones de quetzales y comprado en una licitación pública amañada y fraudulenta que solo duró unas horas adjudicadas a un muchacho de 23 años con varias sociedades mercantiles de papel a su nombre.	Que se largue de Guatemala hasta el último de los burócratas abusivos y entrometidos en asuntos internos guatemaltecos e iniciemos ahora negociaciones bilaterales con el gobierno del presidente Trump y los aliados republicanos para entrenar en el FBI a fiscales e investigadores del MP y la PNC y mejorar así e incrementar la lucha contra la corrupción, pero con el debido proceso y respetando hasta la última de las garantías procesales y constitucionales.