«(Mediante el mecanismo) coordinarán de manera interinstitucional, entre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Cancillería, el Ministerio de Defensa Nacional, Migración Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, el Ministerio de Educación y otras entidades que se consideren necesarias, las acciones para la atención», indicó el texto.	«Estas personas NO pueden ejercer funciones ni militares, ni policiales o de seguridad o defensa, no podrán portar sus armas ni llevar sus uniformes, y tras acogerse a los beneficios implementados por el Gobierno de Colombia estos asumirán el estatus de civiles», concluye el documento suscrito por Colombia y el gobierno encargado de Guaidó.