El presupuesto total propuesto por el Ejecutivo para el ejercicio fiscal de 2020 ascendía a Q91,900 millones. Sin embargo, el Congreso modificó su techo a Q89,773 millones, según el dictamen aprobado por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República. Este tendrá que ser aprobado durante esta semana o, de lo contrario, quedaría vigente el del año 2019 para el año entrante.	Definitivamente, el presupuesto se ha tornado en un reto para los guatemaltecos. Un estudio del CIEN señala que existe la sobreestimación de los ingresos debido a deficiencias técnicas en las proyecciones del comportamiento de las variables macroeconómicas y prácticas poco transparentes en la proyección de la cuenta de “otros ingresos tributarios”. Estas inflan el nivel del gasto sin fuente de financiamiento certera y afectan el déficit fiscal.	Lamentablemente, hay escasa planificación estratégica y operativa. Resalta la falta de modelos conceptuales sobre los retos que se deben resolver. No hay indicadores de medición de avance y hay poca articulación entre los elementos del modelo lógico de las estrategias que planifican las instituciones: Resultados, productos (bienes y servicios que se entregan a la población), subproductos, metas físicas e insumos. Además, hay componentes rígidos del gasto, como los salarios y las asignaciones constitucionales.	Adicionalmente, hay ausencia de un sistema de seguimiento basado en un grupo priorizado y reducido de indicadores que permitan medir el avance de las prioridades gubernamentales. Algunos indicadores de resultados estratégicos vigentes no se pueden medir, pues no se dispone de la información. Otros presentan metas que ya han sido alcanzadas, varios no establecen magnitudes de cambio que se deban medir o bien algunos ya fueron alcanzados y se siguen incluyendo en el presupuesto.	Persisten múltiples obstáculos en la fase de ejecución del gasto: cuellos de botella en procesos de adquisiciones, deficiencias en coordinación interinstitucional para intervenciones estratégicas, muchas modificaciones presupuestarias, dificultad en el control de calidad de las construcciones, retrasos en plazos de ejecución de obras (prórrogas contractuales), constantes incrementos en montos de los contratos y desorden en el registro contable del gasto y en el manejo de las fuentes de financiamiento. Además, la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas genera incertidumbre debido a que no hay una interpretación consensuada de las normas del régimen de compras públicas. Esto termina produciendo altas ineficiencias, desperdicio y mal uso de fondos públicos y desatención de los servicios que prestan las entidades públicas.	También hay mala estimación del gasto en el mediano plazo. La planificación multianual presenta inconsistencias en la programación de metas físicas, ya que las proyecciones de avance físico y sus costos se hacen sobre datos históricos y no sobre necesidades de planes estratégicos. No se proyectan costes de capital y recurrentes de los proyectos de inversión. Esto afecta la consistencia de la demanda de presupuesto multianual, no permite establecer posibles déficits de financiamiento y limita la discusión sobre la efectiva y eficiente asignación de recursos en el mediano plazo.	Los informes de rendición de cuentas son una mera formalidad y no tienen ningún impacto en las asignaciones futuras de presupuesto. Son colecciones de datos y largas tablas extraídas principalmente del Sicoin, con información financiera, sin avance en metas planificadas. No son informes inteligentes que permitan tomar decisiones sobre la marcha para corregir la ejecución presupuestaria y ninguna entidad pública elabora informes sobre los recursos humanos asignados a cada unidad, programa y resultado esperado de forma comparativa con años anteriores.	En el corto plazo debe fortalecerse la calidad de los planes en las fases de diagnóstico y priorización de retos a resolver, hacer recortes cuidadosamente planificados para resolver temas de ineficiencia e incorporar un proceso formal de revisión y ajuste de las proyecciones del comportamiento de variables macroeconómicas más próximo a la presentación del proyecto de presupuesto al Congreso que permita ajustar las estimaciones a escenarios más realistas. Además, desagregar y transparentar las cuentas presupuestarias de “otros ingresos” para conocer el detalle exacto de la proyección de ingresos tributarios. En el mediano plazo habrá que mejorar la eficiencia del gasto público, implementar un sistema de rendición de cuentas centrado en el desempeño y el logro de resultados y eliminar gradualmente el gasto no flexible en materia de recurso humano y servicios de personal. Por último, en el largo plazo, integrar el presupuesto como un todo que considera el accionar de todas las entidades públicas y acompañar esto por mayor responsabilidad en el logro de resultados de desarrollo. Es imperante implementar un presupuesto multianual en el marco normativo vigente y retomar los principios del pacto fiscal en cuanto al endeudamiento público, principalmente en lo referido a, primero, el propósito de su uso que sea para financiar diferencias transitorias entre ingresos y gastos en el proyecto de presupuesto y, segundo, utilizar el crédito público para financiar gastos de inversión y evitar financiar gastos de funcionamiento.	Es importante que el presupuesto no se convierta en un botín político y de privilegios ya que perjudica a todos los guatemaltecos. ¿Está de acuerdo que se apruebe el presupuesto de 2020? ¿Cómo motivar a los funcionarios a reformar el planteamiento del presupuesto? ¿Cómo lograr que el gasto público beneficie a todos los ciudadanos?