San Agustín ilustraba cómo, desde tiempos remotos, la palabra se ve como algo limitado. Hoy en día el debate no recae sobre la verdad, sino sobre la conveniencia o inconveniencia de un enunciado, por lo que se puede afirmar que la claridad de las palabras depende del uso que le den a estas quienes se sirven del enunciado.	Supóngase ahora la palabra hijo. La palabra es reconocida fácilmente por todos, sin embargo, los intérpretes deben ponerse de acuerdo si se habrá de aplicarla a Juan, quien sostiene que es hijo de Carlos y no de Ernesto. La palabra en sí no es imparcial o neutra, ya no depende de su mero significado literal, sino que será necesario acudir a otros niveles y correspondencias: será un juez quien defina si a Juan se le aplican o no los efectos legales de la palabra hijo, respecto de Carlos. Para los abogados, muchas de las palabras que suponen derechos, deben ser llenadas con formalidades (títulos, escrituras o registro en oficinas públicas), lo que demuestra una vez más que la claridad del lenguaje no existe en sí, sino que el lenguaje está sometido a unas reglas de uso y acciones específicas que le definen su sentido. Solo hasta que se revisa el sentido podemos hablar de claridad. Aunque parezca que hoy en día basta con la interpretación constitucional, lo cierto es que la vida de las personas transcurre entre necesidades, negocios y servicios que requieren muchas veces interpretaciones jurídicas concretas y modestas, no siempre sustentadas en teorías constitucionales. El incremento del impuesto de un servicio, un mal servicio en un hotel, el incumplimiento de una oferta comercial, la privatización de los servicios públicos, por ejemplo, son temas legales, que pueden escalar a nivel constitucional..