A Recinos le acompañó su hijo Jerry. Él nació en California y es ciudadano estadounidense, no como su madre, quien llegó con ocho años a la costa oeste hace ya más de dos décadas, cuando sus padres huyeron de la violencia que asolaba El Salvador y se acogieron al TPS que ofrecían las autoridades.	Pero el Gobierno de Donald Trump decidió revaluar las condiciones que justificaron la concesión del programa y dejó a más de 400,000 inmigrantes con una incógnita sobre su futuro que, entre decisiones judiciales y discursos políticos, aún no se ha resuelto. Por ello, la Alianza Nacional del TPS, un grupo que lucha por los derechos de estos inmigrantes de 13 países diferentes, organizó una manifestación por las calles de la capital del país con el objetivo de que los legisladores aprueben una ley que les otorgue la ciudadanía o residencia definitiva.	Además, decenas de titulares de TPS y sus familias, junto con organizaciones comunitarias de todo el país, se reunirán en Washington DC esta semana para hablar con los miembros del Congreso sobre las duras realidades que afrontan, con permisos de trabajo cancelados, separación de familias y el constante riesgo de la deportación.	Otro padre de familia, Concepción Morales, residente en el estado de Maryland, resumió la intención detrás de todas las actividades de esta semana: “Yo vine aquí hace años en busca de un futuro próspero, hice mi propio sueño americano y ahora me lo quieren tronchar.” “Pero ahora nos van a escuchar y se van a poner a trabajar en una ley que nos ampare a todos”, clamó.