El juez Guzmán solicitó en uno de los puntos de su escrito que, de no ser posible la entrega de los citados archivos, Bukele autorice el ingreso al Archivo General de la Fuerza Armada y Archivo General de la Nación (AGN) de expertos en búsqueda, identificación y análisis de documentos. El mandatario centroamericano accedió a este punto.	“Esta secretaría se pone a disposición de su digna autoridad para realizar las coordinaciones respectivas con la señora ministra de Cultura (Suecy Callejas) y el señor ministro de la Defensa Nacional (René Merino) a fin de que el tribunal a su digno cargo realice, de conformidad con los procedimientos legales, la inspección”, indica el documento.	A pesar de que este mismo tribunal requirió la información a la administración pasada, en manos de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es la primera vez que las autoridades se muestran dispuestas a permitir una inspección en las instalaciones de los archivos militares. No obstante, el director de Litigio Estratégico de la organización Cristosal y exprocurador de Derechos Humanos, David Morales, manifestó a Efe que el juez tiene la atribución legal de ordenar dicha inspección sin la necesidad de contar con el aval presidencial. “El juez puede ordenar inspecciones por ley, la Faes (Fuerza Armada de El Salvador) y el Presidente no tienen potestad para negarse”, aseguró Morales, quien también participa en el proceso legal por la masacre como abogado de las víctimas y sobrevivientes.	Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otras zonas aledañas. Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1,725, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 660 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado. EFE