Aquí sí que sirve el dicho “más vale tarde que nunca”, pues el daño, corregida la miopía, es para todos o casi todos, pues el contrabandista y su “ayuda” reciben el beneficio inmediato de la ilegalidad, no así el fisco, que pierde ingresos, el comercio con la desleal competencia e, incluso, la salud de los hondureños, puesto que no hay controles ni aquello de “vence” o “consumir antes de...”, que muy fácilmente se sustituye en el puesto mismo, el mercado o en el almacén del distribuidor. La defraudación fiscal, producto de declaraciones alteradas y recibidas por agentes amigos, y el contrabando son de fuerte impacto en la economía del país.	La parte más visible e inmediata presenta un supuesto beneficio inmediato en el precio para el comprador, sin embargo, la ausencia de control en el ingreso al país y la falta de garantías en la calidad del producto hacen que se cumpla por enésima vez la sabiduría “lo barato sale caro”. No significa que estemos favoreciendo a los explotadores del comercio, al contrario, una sana competencia en precio y calidad con el respaldo de la abundancia y pluralidad que permita la elección del comprador es para bien de todos, pues la bonanza en la economía personal, familiar y empresarial incluyen como referente el mundo laboral, que absorbe abundante mano de obra.	Recientemente se desarrolló el foro “El comercio ilícito y sus consecuencias”, en el que minuciosamente fue expuesto el impacto económico y social al señalar cifras que retumban como truenos tras el destello de los relámpagos. La mirada estuvo dirigida, desde el primer momento, hacia el control en aduanas, pues si hay otras vías para el ingreso ilegal de mercadería es en los puestos fronterizos y las instalaciones marítimas y aéreas donde se identifica mayor confabulación para entrar lo que “no entra”.	Los participantes en el foro anunciaron la pronta presentación de “un borrador de iniciativa que sirva como instrumento legal”. Sin embargo, el gran vacío no es el instrumento legal, sino quienes lo aprueban y quienes han de aplicarlo, pues los aires apuntan hacia estos últimos, ya que “en el nuevo Código Penal se ha reducido la gravedad del mismo” (el contrabando). Combatir el contrabando e incentivar el sector productivo nacional son los dos gigantescos desafíos en beneficio de los ingresos en el fisco y de oportunidades para crear empleo, una de las mayores necesidades en el país.