Así lo revela un diagnóstico propositivo que se inició en noviembre de 2018 en el marco de una alianza estratégica entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta) y la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN).	Según el informe: “El programa de cosechadoras de agua mostró debilidades desde su planificación, contratación, adjudicación, seguimiento y control; fue gestionado de forma aislada de la institucionalidad oficial (otras dependencias de la SAG y del gobierno) y no oficiales (ONG, alcaldías, mancomunidades y proyectos) relacionados con el tema, desconociéndose también los compromisos previamente contraidos por el gobierno de la República de Honduras y la Unión Europea”.	En el estudio se recomienda indagar, en el proceso de contratación, los pagos efectuados a los contratistas de las cosechadoras realizadas con cubicajes menores a lo establecido en los contratos, sobre todo a las cosechadoras que poseen un cubicaje menor a 10,000 metros cúbicos, que poseen acta de entrega y que fueron pagadas. Asimismo se recomienda investigar la existencia real de los grupos en Olancho.	Según testimonio de pobladores y empleados presentes en las visitas, afirmaron que los terrenos donde están ubicadas las cosechadoras y las parcelas para riego no pertenecen a los supuestos grupos de beneficiarios, informando que tienen un único propietario, por lo que se requiere una corroboración de lo averiguado en campo, ya que no coincide con la información disponible en la DGRD.