Las partes instan al cumplimiento del debido proceso, que todo detenido tiene que ser puesto en libertad o a la orden de la autoridad competente dentro del plazo de 48 horas posteriores a su detención, y que los domicilios solo pueden ser allanados por orden escrita de un juez entre las 6.00 y 18.00.	Sobre la libertad de expresión, las partes acordaron que el Estado garantizará el irrestricto derecho a la libertad de expresión y que el derecho a informar no puede estar sujeto a censura, ni los medios podrán ser objeto de censura previa, ni uso de mecanismos que puedan limitar el derecho a la información veraz y oportuna.