, actuó como uno de los principales administradores, organizadores o líderes del narcotráfico en Honduras, adonde solo la actividad ilícita le llegó a generar en un período de doce meses 10 millones de dólares por la fabricación, importación y distribución de cocaína a Estados Unidos, refiere la acusación que se le formuló.	“El acusado, mientras participaba y trabajaba para promover la empresa criminal en el tráfico de drogas, utilizó el asesinato para la conspiración de importar cocaína. Para esa actividad mataron, aconsejaron, ordenaron, indujeron, procuraron y causaron el asesinato intencional de varios individuos, y tales asesinatos resultaron como producto de la actividad ilícita del acusado”, refiere el documento.	también revela “que en sus operaciones y delitos contra una nación extranjera que implicó la fabricación, importación, venta o distribución de una sustancia controlada contra una nación extranjera, involucró el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida de dineros de origen ilícito con respecto a transacciones financieras que ocurrieron total y parcialmente en los Estados Unidos, sabiendo que las transacciones fueron diseñadas en su totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, el lugar, la fuente, la actividad ilegal, en violación del Título 18 del Código de los	a la hora que negoció los acuerdos y la información que intercambiaría con la DEA fue asegurar a sus padres, su hermana y el resto de la familia. Sabían que una vez fuera de Honduras, la vida de sus parientes corría extremo peligro, por lo que una vez pactados los acuerdos, el Cachiro aceptó ser testigo en los procesos judiciales de los que reveló fueron parte de su estructura en el tráfico de drogas.	Esos acuerdos le permitieron trasladar a su familia a Estados Unidos y se instalaron cerca de Nueva York, fue en este lugar adonde desde 2014 se asentaron. Otro de los acuerdos fue que algunos de sus bienes no serían parte de lo que se confiscaría y que una parte del dinero también estarían para los gastos de la familia Rivera Maradiaga en ese país.	Otro de los acuerdos es que se someterían a penas mínimas o en caso especial evitarían el proceso, por la colaboración brindada. Y eso parece que está ocurriendo, porque aunque Devis Leonel y Javier Eriberto tienen acusaciones separadas, ambos expedientes tienen un año que no registran ningún movimiento, sus expedientes están sellados.