En toda edificación y vehículo que cumpla con medidas de seguridad mínimas para enfrentar contingencias, hay elementos que facilitan una reacción oportuna de los seres humanos que se encuentren en ellas. Extintores e hidrantes, vías y gradas para evacuación, números telefónicos de emergencia e instrucciones sobre cómo actuar llegado un indeseado caso. Desde un martillito para romper cristales en los autobuses, botes salvavidas, mascarillas de oxígeno en aviones, refugios antiaéreos en países que han sufrido bombardeos, alertas sísmicas allí donde tiembla y duchas en laboratorios. Vivimos inmersos en una “cultura preventiva”, rodeados de recordatorios y remedios orientados a reforzar actitudes y prácticas con las cuales hacer frente a riesgos y accidentes de múltiple naturaleza y en distintos ámbitos (principalmente el laboral), comúnmente asociados a la supervivencia y la salud.	Si hacemos un parangón con la “vida republicana”, del mismo modo que se cuenta con botiquines en una escuela o cualquier lugar de trabajo para atender cierto tipo de accidentes, la cuestión de confianza, la moción de censura, la interpelación y el juicio político hacen las veces de esos artilugios que se encuentra uno por doquier y que tienen un rotulito que reza “Utilícese en caso de emergencia”. Incluidos en la normativa constitucional de un país, por si acaso fuera menester el uso de ellos, existen para situaciones extremas al igual que la suspensión de garantías y las sanciones penales y, como ocurre con todo aquello que ha sido diseñado para atender una urgencia, su empleo ha de ser la última opción ante una circunstancia que se quiere remediar, deberá estar bien justificado y estará sujeto a requisitos y procedimientos estrictos. Sin embargo, no es necesario mencionar que por tratarse de remedios políticos su uso definitivo también dependerá de ejercicios de aritmética y de cálculo, también políticos.	Ahí donde han sido implementadas la moción de censura o el juicio político, además de las responsabilidades -supuestas o reales- de los altos funcionarios a quienes se aplicarían, requieren de una correlación favorable de fuerzas partidistas que las acuerpan o las adversan en un momento determinado. Viorica Dancila, primera ministra de Rumania, gracias a una coalición de partidos desde enero 2018, vio el fin de su gobierno el 4 de noviembre último, cuando perdió el apoyo de uno de los partidos aliados y no pudo superar la votación de una moción de censura. En los Estados Unidos, Andrew Johnson en el siglo XIX y William Clinton a fines del XX sortearon “impeachments”, por el favor de votos en el Senado, mientras Nixon puso pies en polvorosa en 1974 sabiendo que nunca los obtendría. Las cuentas del ábaco no mienten en manos de buen tendero.