La polémica tiene su origen en una advertencia de la legación diplomática estadounidense en el vecino país, dirigida a la población que vive en la zona costera -publicada el lunes 11 de los corrientes-, que literalmente dice: “El avión del DOD observó un posible tsunami a aproximadamente 600 millas de la frontera entre El Salvador y Nicaragua. El personal en el área debe moverse a un terreno más alto”.	Al aludir a “la frontera entre El Salvador y Nicaragua” (sabiendo que no existe frontera terrestre entre estos dos países), la misión diplomática está ignorando los derechos soberanos marítimos de Honduras concedidos en partes iguales a los tres países según el párrafo 432, números 1 y 3 de la sentencia del máximo organismo de justicia del mundo emitida el 11 de septiembre de 1992.	Entre otras cosas, el fallo dice: “El derecho a un Mar Territorial, a una Plataforma Continental y a una Zona Económica Exclusiva a lo largo de la porción central de la línea de cierre, pertenece a los tres Estados del Golfo, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y que toda delimitación de la zona marítima pertinente deberá ejecutarse por vía de acuerdo sobre la base del Derecho Internacional”.	La reacción de la Cancillería hondureña no se hizo esperar. “En ocasión de solicitar una aclaración en relación al mensaje (tweet) publicado por la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador el día 11 de noviembre de 2019, en el que se desconoce lo expresado en la Parte Dispositiva de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 11 de septiembre	Para el gobierno hondureño, “no es conforme al derecho internacional afirmar que entre El Salvador y Nicaragua exista una colindancia en el océano Pacífico (como se publicó en mensaje de la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador el 11 de noviembre de 2019), aludiendo a una frontera entre El Salvador y Nicaragua, que es inexistente”.	Es correcta porque en derecho internacional la no protesta se toma como un acto consentido, si no se reacciona y no se deja por escrito y constancia lo que no es exacto o no es cierto, se toma como que si fuera un asentimiento del Estado afectado”, destacó Guillermo Pérez Cadalso Arias, exministro de Relaciones Exteriores.	Lo actuado por la embajada de Estados en El Salvador “es un desconocimiento de esa sentencia porque la sentencia es más que clara: la línea de cierre del Golfo de Fonseca pertenece a los tres Estados ribereños. Y no solo eso, sino que de esa línea de cierre hacia el mar exterior, hacia las aguas proyectadas, plataforma continental, comienzan los derechos de los tres Estados ribereños. De eso no hay ninguna duda”, dijo Pérez Cadalso.	Otro entrevistado calificado, Carlos López Contreras, exagente de Honduras en el juicio que se ventiló en la Corte Internacional de Justicia, consultado por EL HERALDO dijo que probablemente el mensaje de la embajada de Estados Unidos en El Salvador obedeció a “un desliz” de quien lo redactó. “No están debidamente informados, no todas las embajadas informadas de los detalles de una sentencia sumamente compleja. Pudo haber sido un desliz”, afirmó. Tanto Pérez Cadalso Arias como López Contreras consideran que lo del Golfo de Fonseca es un caso juzgado.