no deben durar ni una milésima de segundo, puesto que las reacciones han sido tales y las exigencias de revisión en el período vacatio legis habrán de incrementarse hasta que sean modificadas mediante presentación de iniciativa de ley que no debiera tardar, no sea que al final nos salgan con el cuento de que habrá reconsideración a su “debido tiempo” y pase como aquello de que va para el archivo, pero en cualquier momento, a la chita callando, como ya ha sucedido en otras ocasiones, hacen brillar la espada sobre la cabeza.	Los delitos contra el honor que identifica el decreto, ya fueron cuestionados, pero ahora se ha cerrado más el cerco de manera que la acción penal puede llegar casi hasta el conserje, pues se puede atribuir colaboración al entregar un documento, pasar una llamada o recordar al periodista que en agenda del día tiene un cita con una fuente de información. ¿Exageración? El nuevo instrumento jurídico señala la “injuria y calumnia indirecta” que recaen en quien publica, reproduce o repite... quien haga la imputación de modo impersonal (siempre habrá quien se imagine ser aludido)... o expresiones: se dice, se asegura u otra semejante.	Las limitaciones del agónico Código son de kínder comparadas con las que contiene la nueva ley. “Se restringe mucho más la libertad de expresión, limita más...” señala el exjuez sampedrano. Algunos han respirado, aunque es por muy poco, al no ver en la nueva legislación el vocablo difamación, sin embargo, en el artículo 232, Concepto de Publicidad, se disfraza el vocablo y basta recurrir a la	En todo ello está en juego la dignidad y el honor de las personas y la libertad. En los asuntos públicos, funcionarios y personas que saltaron y se hallan en el ruedo, se impone el interés social, colectivo, de manera que el conocimiento de sus hechos y la divulgación relacionados a cargo, puestos o decisiones, debieran estar plenamente excluidos, no de la verdad y la objetividad, sino de la persecución penal, cuya amenaza es, de por sí, evidencia e intento de	El Colegio de Periodistas ha alzado su voz contra de lo que califica de limitación y criminalización de la libertad de expresión y exige que el campo abierto plenamente a interpretaciones antojadizas desaparezca en esta “vacación de la ley”. Limitar la libertada de expresión y de presan es alimentar la corrupción e impunidad. Y de esto ya estamos hartos.