Gradualmente, sus investigaciones y desempeño contribuyeron, en estrecha colaboración con el Ministerio Público-Unidad Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), a evidenciar importantes casos de cohecho, aportando medios de prueba contundentes, previas pesquisas documentadas, con individualización de actores y redes. Ello le ha valido el reconocimiento y respaldo de la sociedad civil, de una parte, y férrea oposición de poderosos intereses, expuestos ante la opinión pública y los tribunales de justicia para su enjuiciamiento.	El Legislativo ha integrado una comisión ad hoc al respecto, de la cual dos diputados han presentado su renuncia de la misma, sosteniendo que no posee ni competencia ni autoridad moral para tal efecto, y que en sus conclusiones ha recomendado la no renovación del convenio de creación de la Maccih.	Un grupo de ciudadanos dirigentes de sociedad civil redactaron un comunicado concluyendo que los organismos judiciales aún no están preparados para investigar y condenar los casos de corrupción, por lo que la Maccih debe continuar y ser fortalecida: “las autoridades hondureñas han dado un Código Penal que favorece la impunidad, el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria, reformas inaceptables a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, un proyecto de Ley de Colaboración Eficáz engavetado, una Ley de Secretos que impide las investigaciones. Han permitido la invisibilización de graves violaciones a la Constitución, se ha promovido la fragmentación del trabajo contra la corrupción e impunidad por parte del Estado, trece casos presentados por la Maccih en su mayoría están estancados”. (EL HERALDO, 7 de diciembre de 2019, p. 6).