Todo estaría bien si ese gasto cumpliera con su función de incentivar la generación de inversión nacional y extranjera, la producción, el empleo y, lo más importante, respaldar las políticas económicas o sociales de un país en el cual la pobreza y la pobreza extrema siguen marcando la vida diaria de más del 60% de su población.	Comentaba recientemente un alto funcionario de la SAR que han detectado casos en los cuales el número de empleos generados por una empresa exonerada es tan bajo que cada empleo generado le cuesta 80,000 dólares al estado de Honduras por las exoneraciones que se les están dando. “Nos saldría más barato pagar nosotros el salario mínimo, porque eso es lo que ellos pagan”, comentó.	Es claro que las exoneraciones no son malas, sin embargo, las mismas deben estar reguladas y controladas para que den el resultado para las que son creadas, principalmente, el de volver competitivas a las empresas de varias industrias, y lo más importante que generen los puestos laborales que demanda la población.