“El Gobierno cree firmemente que el acusado se declaró culpable a sabiendas y voluntariamente después de consultar con un abogado retenido constitucionalmente efectivo y que sus esfuerzos a lo largo de este caso para retrasar el juicio y retirar su declaración de culpabilidad se llevaron a cabo de mala fe en un esfuerzo para volver a asegurar una oferta favorable del gobierno que rechazó mucho antes del juicio que estaba programado para comenzar”, señala una petición de la Fiscalía.