de parte de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) en conjunto con la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), en diciembre de 2017, obligó de cierta manera a los congresistas a escudarse por el manejo inadecuado del Fondo Social Departamental (FSD).	Estos cambios estipulaban que la auditoría de estos fondos sería por medio del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por un período de tres años y subraya que mientras se estuviera ejecutando la investigación no procedería ninguna acción que acarree responsabilidad penal, civil o administrativa. La Maccih denunció lo que denominó como “Pacto de impunidad” y empezaron los cuestionamientos de distintos sectores sociales.	El conjunto de normas fue promulgado en el diario oficial La Gaceta el pasado 10 de mayo y aunque se encuentra en el período que transcurre desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor (vacatio legis), existe interés manifiesto entre los diputados para que entre en vigencia de una vez por todas.	Si esto ocurre, muchos encausados que están en proceso de ser condenados se verían beneficiados, propiciando la impunidad. Las últimas acciones de los congresistas consistieron en la restitución de la inmunidad parlamentaria y la aprobación de una ley especial del Fondo Departamental que limita las funciones del Ministerio Público (MP). Ambos privilegios se encuentran vigentes y son leyes de la República.	El instrumento jurídico sobre la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitarios, infraestructura y programas sociales establece el mismo contenido de las reformas a la Ley del Presupuesto que habían quedado sin valor y efecto, pero que ahora son una realidad para gran parte de