Un estado fallido como el nuestro no puede generar estabilidad de ningún tipo: política, social, económica, ética y moral. A partir del quebrantamiento de la norma suprema por medio de una reelección absolutamente ilegal e ilegítima se rompió todo paradigma de respeto al derecho, y por tanto, todo sentido de brújula jurídica de la nación.	No hay manera de legitimar lo que se produjo al margen de la ley suprema de un estado, en ciencia jurídica lo que nace de un árbol envenenado está condenado al ostracismo de la nulidad ipso jure. De tal forma que una de las soluciones para arreglar la crisis es devolverle al contrato social el mandato absoluto para que impere la ley y la justicia. Una vez que se respeta la Constitución política de la nación es menester que los órganos constituidos por esta gocen de independencia en todo sentido, y no sufran de una vil subordinación a uno de esos poderes como es el caso actual de nuestra Honduras. Violentar la Constitución en uno de sus estamentos esenciales (artículos pétreos) es como romper un dique, la inundación no se hace esperar, es solo cuestión de tiempo para que las aguas invadan todo lo que se encuentre en su descenso; así que la crisis se veía venir en forma de malignas olas que han socavado la endeble institucionalidad y nos han dejado con grietas en los fundamentos que dan estabilidad a la vida republicana.