"Los arrestos y detenciones arbitrarios continuaron siendo un medio de represión de la expresión de la disidencia, y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas", precisa el documento, que pone en entredicho la actuación de la policía y los elementos progubernamentales.	El informe indica que la ONU "documentó" un gran número de violaciones de los derechos humanos, "tales como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que se materializó en varias ejecuciones extrajudiciales y en maltrato generalizado, registrándose casos de tortura y violencia sexual en los centros de detención".	Agrega que "esta situación refleja la falta de voluntad de garantizar la rendición de cuentas y consolida la impunidad por la violación de los derechos humanos, negando el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición". Lo que "socava, aún más, la confianza pública en las instituciones del Estado".	La Alta comisionada hace un llamado al Consejo de derechos humanos y a la comunidad internacional para que "inste a Nicaragua a que cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos" y "reanude cuanto antes la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y los mecanismos regionales de derechos humanos, y a que les permita el acceso al país".