el fiscal German Arriaza, explicó que se realizó una negociación con los abogados de la ex primera dama “con un enfoque orientado básicamente en la devolución total de los bienes sustraídos”, acuerdo plasmado en un escrito, pero que todo cambió cuando los abogados defensores alegaron que el acuerdo no incluía la devolución de lo robado.	reconoció que el arreglo con la Fiscalía se había caído y aseguró que contaba con los elementos para demostrar la inocencia de su clienta porque hasta el momento no se ha podido comprobar la alegada participación en la trama. Señaló que ninguno de los testigos “la vincula con actividades ilícitas, no hallaron ninguna actividad sospechosas, ningún reporte de transacciones sospechosas y por lo tanto consideramos que se puede lograr el sobreseimiento definitivo”. Agregó que todos los bienes de la ex primera dama están intervenidos o están controlados “y en esa condición no se le puede exigir efectivo”.	por el desvío de más de 300 millones de dólares de los fondos públicos para favorecer a sus empresas y terceros. En septiembre de 2018, el expresidente pidió un proceso abreviado y después de confesar sus delitos, un tribunal lo sentenció a diez años de prisión por peculado, lavado de dinero y activos al desviar más de 300 millones de dólares de los fondos públicos. También fue condenado a responder civilmente por