Si a alguien se le ocurre atentar contra una planta nuclear en nuestro país será encarcelado entre cinco y diez años, según el artículo 177 del nuevo, cuestionado y sospechoso Código Penal; pero además de la extrañeza, escepticismo y comicidad de esto, hay otra parte del texto que delata un Congreso Nacional descarado, envilecido.	Pareciera una estrategia infame que el documento aprobado dejara varios frentes abiertos, así, mientras se peleaba por cambiar algunos de los artículos, los otros pasarían con menos detenimiento, o que al final se hicieran algunos cambios, no todo, y quede al gusto de quienes con malas artes nos dejaron este bodrio inaceptable.	Los primeros en poner el grito al cielo y los pies en el suelo fueron los periodistas, aunque el encarcelamiento no es exclusivo para los comunicadores, sino para cualquiera que se pase de la raya descalificando a otro en los medios o en las redes, y aunque deben castigarse los excesos, no es con cárcel, como hacen en sociedades desarrolladas.	Puestos a actualizarse, y aunque todavía nos cuesta fabricar jarabe para la tos, los iluminados diputados también incluyeron castigo de uno a dos años de cárcel para quienes clonen a una persona; y si se atreve a más, a producir organismos con genes manipulados para usarlos como armas, el artículo 172 le da de diez a veinte años de prisión.	Condenar la clonación y el ataque nuclear es curioso; condescender la corrupción y el narcotráfico, sospechoso; intimidar la crítica, inadmisible. Casi todas las opiniones de la sociedad civil, abogados, empresarios, periodistas, coinciden en que este nuevo Código Penal grita piadoso a favor de la criminalidad organizada; se ensaña con la delincuencia común; es una amenaza manifiesta para libertad de opinión. Por eso exigen su abrogación, su suspensión