El bien común se puede definir como todo aquello que busca beneficiar a todos los ciudadanos o siendo más generalizado, como el conjunto de sistemas de protección social, las instituciones y los medios socioeconómicos que proporcionan servicios y beneficios para toda la gente. Obviamente que opuesto al bien común tenemos los intereses particulares que muchas veces son los que prevalecen, especialmente en sociedades extractivas. Simón Bolívar definió con mayor propiedad y alcance los conceptos anteriores, que para algunos son abstractos, al expresar: “Son derechos del hombre: la libertad, la seguridad, la prosperidad y la igualdad. La felicidad general, que es el objeto de la sociedad, consiste en el perfecto goce de estos derechos” y “El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política”.	Todo lo anterior viene al caso ante el clima de confrontación, de enfrentamientos y afán de destrucción que estamos experimentando en la familia hondureña. Todo lo opuesto a lo que el país necesita para enfrentar los retos económicos y sociales con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de todos los hondureños y no solo de unos pocos privilegiados.	La realidad es que la gran mayoría de los participantes en los acontecimientos que actualmente afectan a la ciudadanía, llámese funcionarios, políticos, gremios u otros, no lo hacen porque les interesa el bien común, es decir promover iniciativas que efectivamente tiendan a beneficiar a la gran mayoría de los hondureños. Lo que priva es el interés particular, unos promoviendo sus intereses políticos y económicos y otros buscando obtener los mayores beneficios vía mejoras salariales y otras prebendas, sin ninguna consideración hacia la gran mayoría de los compatriotas que son los afectados por sus acciones. No puede ser que los hospitales públicos no atiendan las necesidades urgentes de los que demandan sus servicios porque los médicos están en huelga, pero también es totalmente inaceptable que por incapacidad, colusión, corrupción y negligencia, los hospitales no cuenten con las facilidades adecuadas para atender a sus pacientes ni puedan proporcionar las medicinas que son indispensables para la recuperación de su salud. En forma similar, es inaceptable que los niños no reciban clases porque los maestros están en huelga, pero a su vez, no se puede tolerar que esos niños reciban clases en condiciones deplorables y sin las facilidades didácticas requeridas.	Si lo que se desea es encontrar soluciones, entonces todos los involucrados deben deponer sus intereses particulares y buscar el bien común, para lo cual el camino es el diálogo honesto y constructivo. Como dice un viejo dicho popular: “Hablando se entienden las personas”. No podemos ser ingenuos y negar que la salud y la educación padecen de problemas seculares que no se resolverán de la noche a la mañana, pero con buena voluntad y espíritu de mejora se debe trabajar en un plan de reconversión integral consensuado y un esquema de seguimiento continuo que garantice su ejecución. No es con planes demagógicos y rimbombantes como se atenderán los graves problemas y deficiencias que afectan a ambos sectores.