Uno de los aspectos de debate y crítica a este convenio deriva de si Guatemala tiene o no las condiciones para poner en marcha este convenio migratorio de asilo y garantizar los derechos básicos, reconocidos en los tratados internacionales, de las personas migrantes, como la alimentación, la educación o un trabajo.	De hecho, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales asegura que el uno por ciento de los habitantes más ricos de Guatemala suma el 40 por ciento de los ingresos de los más pobres y que esta desigualdad social priva de servicios esenciales como agua potable, salud y electricidad a los más vulnerables, especialmente a los pueblos indígenas.	, entre los que había 15,805 niños y 8,843 niñas, son en su mayoría hondureños, un 56,8 por ciento; mientras que el 40 por ciento corresponde a guatemaltecos (94.306); y el resto, un 1,2 por ciento, de El Salvador, el único país de los tres que experimentó una reducción al pasar de los 26.811 en 2017 a los 26.479 en 2018.