En las últimas horas, figuras principales del engranaje gubernamental ha incurrido en graves faltas; algunos, de manera cándida y desorientada; otros por su incapacidad de entender su papel como guardianes de la paz; otros por su manifiesta subordinación ciega a un poder ejecutivo que no termina de sorprender por su atrevimiento para violentar la Constitución y las leyes. Se soslaya la opinión pública que grita a diario su rechazo a las actuaciones perniciosas de los malos administradores.	Habrase visto semejante insensatez. Se reflexionó sobre las repercusiones negativas que esta infundada declaración provoca. ¿En qué país vivirá el general representante de nuestra querida institución armada?, ¿será que su eficiente servicio de inteligencia no le ha informado que el gobernante actual ha roto el récord de mandatario menos querido por el pueblo hondureño?, ¿será que los muros del Obelisco se han blindado de tal manera que no se oye el gemir de un pueblo?, gemido que nace de la situación caótica que padecemos.	Qué tristeza, porque a nuestras FF AA les costó un bigote recuperar la confianza del pueblo, perdida por algunos desaciertos del pasado. Las declaraciones del vicepresidente del CN lavándose las manos y la cara como Pilatos, diciendo que el proyecto de la ampliación del contrato de Palmerola y el incremento en la aportación del pueblo es responsabilidad del Ejecutivo quien, violentando la Constitución y la Ley de Contratación del Estado, otorgó sin licitación y sin dignarse en justificar ante el pueblo la razón de esta decisión, despertando nuevamente las sospechas fundadas de que detrás de todo esto hay “mano peluda”.	Olvidó el vice que el Congreso no debe estar solo pintado, de adorno, sin ninguna obligación de exigir explicaciones o cuestionar los procedimientos irregulares sea quien sea que los cometa. El Congreso es responsable de garantizar que todo lo decidido y ejecutado esté apegado a la ley, no solo levantar la mano como autómatas. El Congreso no es un “pasa-papeles”, tiene responsabilidad de velar por los intereses del pueblo que lo eligió; de lo contrario, más valdría deshacerlo y que el Ejecutivo haga y deshaga a su antojo, sin contrapesos ni nadie que lo vigile.	Qué impotencia la de un pueblo agredido cotidianamente, sólo nos falta que nos “zurre un zope” o que los miembros de la “Comisión Oficial” del Congreso para evaluar la Maccih sean los mismos ya requeridos por el Ministerio Público, que sean voceros o defensores de aquellos que la misma Maccih y el MP persiguen por presuntos delincuentes; en fin, que sean jueces y parte. Sólo Dios y el pueblo salvan a Honduras, pero no provoquen.