Por ello, el organismo insta a las autoridades de Honduras a "agilizar la investigación y judicialización de los asesinatos de periodistas, a revisar las normativas en cuanto a la libertad de expresión y a garantizar a los y las periodistas el poder ejercer su labor de una manera responsable y segura, sin limitar su derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información".