El acceso a la información es en cualquier parte del mundo una de las principales herramientas en la lucha contra la corrupción. Su importancia es tal que en 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la incluyó en la lista de Objetivos de Desarrollo Sostenible y señaló la importancia de luchar contra la pobreza, entre otras medidas, acabando con la corrupción.	Hay que estar claros que no basta con que el Congreso Nacional convoque a los ocho aspirantes a las tres plazas vacantes a audiencias públicas en las que preguntan sobre los conocimientos de la Ley de Acceso a la Información Pública, de las convenciones que Honduras ha firmado en materia de transparencia, de corrupción y de la Constitución de la República.	Por eso urge que también revisen la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública que a todas luces, tal y como lo expuso hace un tiempo una presidenta del organismo, cercena la función del IAIP de ordenar o prohibir la divulgación de información nacional y violenta convenios internacionales contra la corrupción.	La revisión de esa ley es un clamor popular y este es un buen momento para volver sobre el tema, y que los diputados y los aspirantes a comisionados del IAIP expresen públicamente su compromiso de apoyar e impulsar desde ese organismo la lucha frontal contra el flagelo de la corrupción en Honduras.