Un elemento que suma a los índices de inseguridad ciudadana es el creciente delito de la extorsión, también ejecutado por pandilleros, con consecuencias funestas para la economía de pequeños empresarios, transportistas, trabajadores independientes y comerciantes, entre otros, que ante la imposibilidad de pagar las cantidades que les cobran, se ven obligados a cerrar sus emprendimientos. El gobierno está obligado a trabajar en políticas de seguridad encaminadas a garantizar efectivamente y respetar plenamente los derechos humanos de sus ciudadanos y garantizarles su seguridad, y si bien se hacen intentos, deben profundizar esos procesos bajo el estricto cumplimiento de las leyes de la República.