La nueva serie de investigación de EL HERALDO ha dejado una vez más al descubierto la problemática de una institución que nació con el fin de producir, comercializar y controlar las loterías con el propósito de agenciarse fondos para financiar programas de protección y asistencia social a los grupos más vulnerables y desprotegidos de la sociedad.	Pero los objetivos de su creación no se cumplen, y más bien la institución es la casa de mafias que se dedican a la venta irregular de lotería; de funcionarios que no cumplieron con las tareas para las cuales se les nombró en los cargos y de un grupo de trabajadores que a través de sus contratos colectivos han llegado a tener beneficios que no tiene ningún otro empleado del sector público y privado en Honduras.	A pesar del caos, desde hace más de un año se acordó echar andar un plan de rescate, pero no se ha hecho nada. Más bien los informes que contienen los pormenores del descalabro financiero, consecuencia de las pésimas administraciones, han sido engavetados y ninguna de las recomendaciones que se hicieron en su momento para salvar la institución fueron ejecutadas.	Y la obligación del gobierno es actuar ya, porque un país pobre como Honduras no puede darse el lujo de tener instituciones que sean caldo de cultivo de la corrupción pública, y de hombres y mujeres que creen que a la administración pública se va a obtener prebendas y canonjías personales o de sus allegados.