En su manifestación como delito transnacional, el proceso va desde la fabricación de drogas hasta su traslado y distribución en los lugares donde se consume, comporta la realización de actividades que se desarrollan en distintos países, lo que, aprovechando la apertura y globalización de mercados; igualmente ocurre con el lavado de los ingresos que genera ese ilícito negocio. De esta forma las actividades delictivas al ejecutarse en territorios de diferentes países, permite que puedan ser juzgadas en varias jurisdicciones, lo que ha propiciado la colaboración entre los Ministerios Públicos y Fiscalías compartiendo información, desarrollando operaciones conjuntas en la persecución de los delitos, así como la implementación de legislación de privación de dominio de bienes de origen ilícito, como importante herramienta para desarticular estas agrupaciones criminales al dejarlos sin los recursos que les permiten seguir operando.	2. Desde el año 2013, el Ministerio Público ha ejecutado con éxito más de 40 operaciones de privación de dominio e interpuesto requerimientos penales contra las grandes organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el país y que venían operando en impunidad desde hace décadas, implementando de esta manera acciones nunca antes efectuadas en el territorio nacional.	3. Otra de las herramientas jurídicas fundamentales en el combate al narcotráfico es la extradición, al permitir que ciudadanos nacionales o extranjeros que hayan cometido delitos con efectos en terceros países, puedan ser trasladados y juzgados en estos últimos. En Latinoamérica, Estados como México, Colombia y otros en Centroamérica han hecho uso de la extradición como un importante recurso contra narcotraficantes.	Es importante señalar que varios ciudadanos que actualmente enfrentan procesos penales en jurisdicciones de otros países, tienen causas pendientes en los Juzgados y Tribunales Nacionales, con órdenes de captura vigentes, algunos incluso fueron acusados en los tribunales hondureños antes de que fuesen solicitados en extradición, lo que ha llevado a diferentes escenarios: a) Unos deberán al regresar de cumplir sus condenas en el exterior enfrentar los juicios pendientes en el país, b) Otros se encuentran cumpliendo condenas en el país y al finalizarlas deberán ir a enfrentar las causas penales contra ellos promovidos en otros Estados (Ejemplo de ello los caso de José Miguel Handal y Arnaldo Urbina que tienen condenas por más de 15 años y a la vez solicitud de extradición hacia los Estados Unidos de América).	Es oportuno señalar que un factor que influye para que los acusados busquen someterse a otras jurisdicciones es el de obtener los beneficios de reducción de condena, al cooperar con información que permita enjuiciar a otras personas, por eso es fundamental contar con una normativa penal, como lo es la Ley de Colaboración Eficaz.	El Ministerio Público continuará realizando sus investigaciones y ejerciendo acción penal en los casos pertinentes, trabajando en las agendas comunes con agencias y Ministerios Públicos de otros países, ya sea efectuando operaciones conjuntas o compartiendo el material probatorio que se posee y que pueda ser usando en este o cualquier país, por la vía de las asistencias jurídicas como se ha venido haciendo.	En un mundo globalizado del siglo XXI, dentro del cual se desarrollan las sociedades del conocimiento, el combate a un fenómeno de naturaleza esencialmente transnacional como es el narcotráfico a gran escala, no puede atender a patrioterismos exacerbados que se oponen sin fundamento a la cooperación investigativa y jurídica internacional por medio de figuras como las asistencias, compartimiento de evidencias y la extradición.	4. Consecuente con esta línea de pensamiento, el Ministerio Público, gracias al trabajo y liderazgo de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), y por el trabajo investigativo de la misma ha realizado operaciones que han comprendido la presentación de requerimientos penales y ejercer acciones de privación de dominio, entre las que destacan: