Pensaron que llegarían a un albergue donde vivirían mientras buscaban trabajo y encontraban escuela para sus hijos. Sin embargo, estaban abandonados en esta ciudad industrial de más de cuatro millones de habitantes del norte de México, en mitad de una calle en una zona llena de clubs y cabarets con carteles en busca de bailarinas.	“Está claro que es muy importante sacar a la gente de las ciudades fronterizas que son muy peligrosas”, dijo a la AP Maureen Meyer, experta en migración de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), un centro de estudios y promoción de los derechos humanos en la región. “Pero al meterlos en un autobús y llevarlos a otro lugar sin explicarles qué les espera, sin tener nada preparado para recibirles y ayudarles, el gobierno mexicano les está exponiendo a mayores riesgos”.	por agentes mexicanos que les expidieron un documento con el que teóricamente podrían acceder a un trabajo y moverse por el país. Una vez finalizado el trámite y sin más explicaciones, los subieron a autobuses con logos de empresas que tienen contratos de transporte de extranjeros con el INM y fueron trasladados desde el estacionamiento de sus instalaciones hasta Monterrey.	“Después de sufrir tanto, eso es lo que anhelamos”, dijo contento Neftalí Anael Cantillana, un maestro hondureño que viajaba con su hijo de 16 y que no podía creer que se alegrase por lo que podría considerarse una autodeportación al precio de 100 dólares por persona para un viaje de 1.700 kilómetros. Al menos otro grupo hizo lo mismo días antes, según Jorge Pérez, el conductor que les llevó hacia el sur.	José Martín Carmona, responsable del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, reconoció que su estado se negó a recibir a más deportados porque no tienen ni espacio ni recursos, y dijo no saber que los centroamericanos era traslados y abandonados en Monterrey, aunque todo ocurría a menos de un kilómetro de sus oficinas y los medios locales informaron de ello. “En estos momentos tenemos comunicación cero con el INM”, argumentó.	la escena era otra. Un puñado de migrantes permanecían allí, entre ellos María del Carmen, una hondureña de 23 años que lloraba y temblaba sentada en el suelo con su bebé de 7 meses en brazos, sin dinero, sin teléfono y sin saber quién la podría ayudar. El resto se habían dispersado rápido por las calles de la ciudad. Se sentían engañados por todos, excepto por los traficantes, los únicos que habían cumplido su parte del trato: que pisarían suelo estadounidense.	El flujo de solicitantes de asilo retornados no ha parado esta semana. El jueves, más de 200, en su mayoría venezolanos, cubanos y centroamericanos llegaron a Nuevo Laredo para luego ser llevados a Monterrey, según explicó el guatemalteco Carlos Cruz. “Hoy salieron dos autobuses y dijeron que al rato llega otro”, agregó.	Julio Hernández, un comerciante guatemalteco golpeado y amenazado en su país por no pagar una extorsión a pandilleros y que fue abandonado con su esposa y dos hijos en Monterrey en plena noche, consiguió trabajo ayudando en un puesto de comida. Sin embargo, cada día ve más difícil lograr el asilo. El miércoles decía estar planteándose mandar a su familia de regreso a casa.