Más tiempo, más dinero fue uno de los argumentos convincentes en que se fundamentó la decisión de impedir la distracción constante de la generación de riqueza o de la búsqueda de las soluciones a la aguda problemática social que padece la sociedad hondureña. Por entonces se aprobó también que las promociones partidistas en los medios de comunicación se dieran en un período no mayor de cuarenta y cinco días previo a la justa electoral.	Entre otros, con el objetivo de evitar el gasto exorbitante y lo más dañino, con el de frenar que en la desesperación por ganar a como diera lugar, o para ser más precisos, en hacer lo que se tuviera que hacer para alzarse con el triunfo, la contaminación de los dineros usados en la política pasara por dineros del crimen organizado, ya fueran provenientes del narcotráfico o de la corrupción gubernamental, según lo visto.	Si se cumple o no la normativa es otro asunto, pero ¿qué sucedería si no existiera y si al menos pudiera ser invocada de vez en cuando o al considerarse alguien afectado por la inequidad que presupone el acceso ilimitado a recursos, del servidor público corrupto y del agente del crimen incrustado en los partidos políticos?	Hay quien se indigne con justa razón: ¿a cuenta de qué quieren dar semejante paso en falso? ¿O en reversa? ¿Para qué? ¿Para quién? Lo que interesa, por ser muy importante, es que se ofrezca a la ciudadanía la garantía de que se respetara fielmente su voluntad manifestada en las urnas.