Desde abril de 2018 se han registrado más de 700 agresiones contra el ejercicio del periodismo, la mayoría cometidos por la Policía Nacional, turbas y civiles armados adeptos a Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Esta persecución ha obligado a 66 periodistas a refugiarse en el exilio, como lo corroboró en su mensaje a la SIP la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.	Es claro que el gobierno nicaragüense utiliza al diálogo como una táctica dilatoria, sin conceder ni un centímetro de espacio a la oposición. En materia de Justicia insiste en que los crímenes perpetrados desde abril de 2018 pueden ser investigados por la policía, uno de los agresores, o la Asamblea Nacional, totalmente controlada por testaferros de Ortega y su esposa.