La muerte de conductores, ayudantes o cobradores es casi noticia cotidiana, que genera miedo y preocupación tanto en los usuarios de los servicios a nivel urbano e interurbano como entre los propietarios de las empresas del sector, y no digamos entre los que directamente conducen taxis o autobuses de distinto tamaño.	La situación se ha vuelto tan compleja en algunas de las rutas que ciertas líneas han optado por cancelar temporalmente el servicio entre algunas ciudades. Los cuerpos de seguridad del Estado han intentado contribuir con la superación del problema, pero el éxito de sus planes ha sido temporal y no ha logrado detener de manera definitiva las acciones criminales de las mafias de la extorsión, que parecen ser un monstruo de mil cabezas.	Evidentemente, la guerra contra el crimen organizado que, en este caso, tanto afecta al sector transporte, debe continuar; pero es posible que hagan falta elementos que permitan desarrollar una labor a mediano y largo plazo que acabe de una vez con la inseguridad en las unidades y la actividad pueda desarrollarse con normalidad y con la certeza de que no se pierdan más vidas humanas. Las indagaciones hasta ahora realizadas han revelado que algunos de los conductores de unidades de transporte, sobre todo del área urbana, tienen nexos con grupos delictivos.	Si el propio conductor está asociado con los delincuentes, los usuarios pueden llegar a ser víctimas de arreglos de cuentas entre bandas enfrentadas entre sí o serán testigos de la complicidad entre conductores o ayudantes y asaltantes y extorsionadores. También, desde hace tiempo, se ha venido hablando del pago del pasaje del transporte urbano por medio de tarjetas inteligentes.