El concepto de estado democrático de derecho está lejos de ser todo lo banal y venal en que últimamente suele ser presentado. Cualquiera quiere defender sus causas, algunas indefendibles y va y habla de estado democrático de derecho, en una aplicación que entiende de exclusiva protección para sus intereses, que no son los del pueblo. Y que es exactamente lo que implica democrático, para el pueblo y por el pueblo. No que solo incumba a órganos operadores de justicia, o a otros entes estatales, encargados de garantizar el funcionamiento y aplicación de toda la organización política, así como a profesionales de las ciencias jurídicas. Hasta el más humilde de los excluidos del sistema socio político y económico, tiene cualquier facultad para hacer valer lo que son sus derechos fundamentales como el más poderoso dueño, de los medios de producción. Es lo que debe pelearse cuando se habla de estado de derecho, que todos seamos reconocidos como sus depositarios, sin importar la condición en que vivamos. No se entiende que haya generadores de opinión, formadores de opinión les dicen también, opinión distorsionada por lo general como los intereses igual de distorsionados, que no logran ocultar arengando a la población, frustrada por demás, para que su inconformidad brote de maneras perjudiciales para ellos mismos y para el estado de derecho. Cuando precisamente el Estado de derecho padece falencias, va posibilitando que se den con éxitos esos tipos de proyectos políticos que desembocan en seudoliderazgos capaces de llevar al precipicio a grandes capas confusas por la frustración. La de su realidad cruel y la que le crean esos seudolíderes para su conveniencia. La educación y la salud, como la justicia y la seguridad son responsabilidades constitucionales asignadas al Estado. Deben cumplirle al pueblo. Y el pueblo exigirlas. Pero no caer en las fauces de seudolíderes que en su decadencia buscan levantar perfil a costa del estado de derecho que tampoco han respetado.