Sin duda la falta de empleo es una de las pesadas cargas de la sociedad hondureña. Las cifras son escalofriantes. Cerca de 246,000 hondureños y hondureñas no tienen ningún tipo de ocupación, 1.6 millones trabajan por cuenta propia y 531,000 personas más realizan trabajos en la familia que no son remunerados.	Estamos hablando de un ejército de más de 2.6 millones de hondureños en edad de trabajar que no cuentan con un trabajo fijo, con ingresos mensuales por debajo del salario mínimo que en promedio ronda los 9,622 lempiras al mes; sin acceso a la seguridad social, pensiones o prestaciones laborales.	El de la informalidad es, en boca del propio ministro de Trabajo de la actual administración del gobierno, el mayor problema que enfrenta Honduras en su mercado laboral, y tiene razón. Es uno de los detonantes para que miles de ciudadanos decidan todos los días irse en busca de sus sueños a otros países, principalmente los Estados Unidos, sin importar los riesgos que ello conlleva.	Sin duda que esto obliga a que desde el gobierno y con el apoyo de otros sectores, principalmente el empresarial y de los trabajadores, se sienten a definir políticas que lleven en el corto, el mediano y el largo plazo a cambiar las tendencias del empleo en el país, pero que sean políticas para la generación de empleos dignos y no como muchos de los que se han impulsado en los últimos años, que han venido a precarizar el empleo.	Sin duda la solución pasa por la atracción de la inversión nacional y extranjera, por lo que se necesita seguridad jurídica, seguridad ciudadana y lo más importante, estabilidad política para aspirar a la instalación de nuevas empresas o industrias que abran esas posibilidades de un empleo digno a los miles de hondureños, principalmente jóvenes, que no cuentan con uno. La tarea es titánica, pero tiene que iniciarse de inmediato. Mañana es tarde.