señala que a mediados de 2013 el señor José Adolfo Sierra, que trabajaba con Carol Alvarado, acusada en este caso, le dijo que la extinta exministra Hilda Hernández quería formar una empresa, pero que ella no podía crearla por ser funcionaria pública, por lo que necesitaba una persona para ponerla a su nombre.	Fue así que en mayo de 2014 el señor Sierra se constituyó como comerciante individual bajo la denominación Servicios e Inversiones AID, cuya finalidad sería la prestación de servicios de publicidad, impresión, venta de material de oficinas, construcción, licores, cigarrillos, compra y venta de bienes y raíces, préstamos bancarios y cualquier actividad de comercio lícito en Honduras.	En julio de 2013 se presentó Carol Vanessa Alvarado y José Adolfo Sierra a una institución bancaria privada a abrir una cuenta en cheques a nombre de Sierra y la empresa AID con el propósito de ahorrar los ingresos provenientes del negocio de publicidad, informando un ingreso mensual de 30,000 lempiras.	En el mismo período se realizaron 104 transacciones por débitos por 11.4 millones de lempiras. Pero, curiosamente en esa misma fecha la cuenta detalla un saldo final por 0.00 lempiras, encontrando una mezcla de fondos públicos y privados, por lo que se realizó un análisis de la totalidad de la cuenta.	Una vez que los cheques le fueron pagados, el testigo protegido TP-BA1 se reunió con la exministra Hilda Hernández, “a fin de determinar cómo le pagarían varias facturas que le adeudaba el movimiento Azules Unidos del Partido Nacional por renta de vehículos para la campaña de las elecciones internas del 2012 que ascendía a cinco o seis millones de lempiras”.	Durante el encuentro, el testigo manifestó que la exministra Hernández le dijo que de los 2.9 millones de lempiras obtenidos de Banadesa, “iban a abonar 1.3 millones de lempiras en facturas vencidas del servicio de alquiler de vehículos para la campaña; 800,000 lempiras y fracción lo abonaría para la compra de un camioneta Toyota, modelo Land Cruiser Prado; y el resto, aproximadamente 800,000 lempiras, se los debía devolver en efectivo.	El primer cheque por un monto de 1.6 millones de lempiras y otro por un valor aproximado por 1.8 millones de lempiras, ambos para el pago de servicio de alquiler de vehículos prestados a la campaña del movimiento Azules Unidos. Del dinero sobrante, unos 600,000 lempiras, Hilda Hernández le dijo que le cancelaría el saldo de una Prado que había adquirido para su uso personal y de la cual ya le había abonado 800,000 lempiras.