El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha puesto en un compás de espera el auxilio financiero que en septiembre iba a dar a Argentina hasta saber quién gana las elecciones presidenciales de octubre, una demora que alimenta el clima de incertidumbre que atraviesa la golpeada economía argentina. El Gobierno de Mauricio Macri, quien aspira a la reelección, esperaba recibir este mes 5,400 millones de dólares correspondientes a uno de los tramos del acuerdo por 56,300 millones de dólares que Argentina firmó con el FMI a mediados de 2018, poco después de que el país entrara en una crisis cambiaria y en recesión.	El revés electoral sufrido por Macri en las primarias de agosto, que han complicado sus perspectivas para las presidenciales, y la duras críticas del principal candidato opositor, el peronista Alberto Fernández. Al Fondo y su supuesta responsabilidad en la crisis que vive Argentina han hecho que el organismo pospusiera la revisión con miras a autorizar el desembolso.	En la última semana, altas autoridades del FMI se reunieron en Estados Unidos con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, para analizar la situación del país, afectado tras las primarias por severas turbulencias financieras con impacto en la economía real. El propio Macri participó en una reunión con el director interino del FMI, David Lipton, y el director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner; mientras que el jueves, poco después de ser confirmada como nueva directora gerente del Fondo, la húngar-búlgara Kristalina Georgieva recibió a Lacunza.	“Es incorrecto decir que el FMI ha suspendido la relación con el país. Continuamos totalmente comprometidos a ayudar a Argentina a retomar el camino de la estabilidad a largo plazo y el crecimiento sostenible”, dijo el jueves en rueda de prensa el portavoz del FMI, Gerry Rice, quien, sin embargo, admitió que “no hay plazos” establecidos para el desembolso pendiente.	Los programas de facilidades extendidas que el FMI otorga a países que requieren hacer reformas estructurales de mediano plazo tiene períodos de cancelación de hasta 10 años; mientras que los acuerdos Stand By, como el actualmente vigente con Argentina, incluye plazos de devolución de los créditos más breves, de hasta cinco años.	Sin embargo, el organismo, como condición para otorgar facilidades extendidas, suele exigir reformas estructurales -en materia laboral o en los sistemas de jubilaciones, por ejemplo-, no fáciles de digerir en países en crisis como Argentina, donde es creciente la presión y el descontento social. “¿Va el próximo Gobierno a aceptar eso? Ese es un desafío bastante grande y hasta vuelve casi político”, planteó Gabriel Torres. EFE