Las familias _algunas en Estados Unidos, otras deportadas a países centroamericanos_ están representadas por organizaciones de base y ONGs, junto con algunos de los bufetes de abogados más poderosos del país. Presentan reclamos bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Responsabilidad Civil (FTCA, por sus siglas en inglés) antes de iniciar sus demandas.	Los documentos difundidos por el Congreso revelan que la Oficina de Asentamiento de Refugiados remitió al menos siete denuncias de abuso sexual en hogares al Departamento de Justicia en 2017 y 2018. Dado que algunos son anónimos para proteger la intimidad de los menores, no está claro si no hay reclamos duplicados.