En Estados Unidos, el cierre administrativo obliga a suspender la prestación de determinados servicios públicos cuando las dos cámaras del Congreso o el presidente del país no alcanzan un acuerdo para firmar ciertas asignaciones presupuestarias. Ante esa situación, los departamentos cuyo presupuesto depende del nuevo acuerdo interrumpen la mayor parte de su actividad e incluso cesan el pago de salarios a sus empleados.