En el estudio denominado “Guatemala: un Estado capturado”, la CICIG hace una radiografía del país y los alcances que ha tenido la corrupción en la nación centroamericana a partir de las distintas investigaciones que realizó en la última década y que entre otras cosas permitieron llevar a la cárcel a un expresidente	Sin embargo, el actual presidente Jimmy Morales decidió no renovar el mandato del organismo tras considerar que se extralimitó en sus funciones. La decisión del mandatario ocurrió después de que la CICIG inició una investigación contra algunos de sus familiares, incluido su hijo, lo cual desató críticas de opositores que vieron un intento de protegerse.	Muestra de esa manipulación son las redes político-económicas que operan en el país. Una de las más importantes descubierta, investigada y llevada a los tribunales por la CICIG y la Fiscalía contra la Impunidad (FECI) es la conocida como “La línea”, integrada por el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y su exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes renunciaron al cargo tras ser acusados de una defraudación aduanera por unos 65 millones de dólares. Además de Pérez Molina y su vicepresidenta, gran parte del gabinete fue también acusada del mismo delito.	“Entre 2012 y 2015 una red político-económica ilícita ocupó el Ejecutivo, subordinó al Legislativo, manipuló e interfirió en la elección de los magistrados de las altas cortes y además de saquear al Estado promovió leyes y políticas para favorecer a empresas privadas en detrimento de la competencia y de la ciudadanía”, dice el informe. Todo ello, agrega, favoreció la actividad de las redes de narcotráfico.