Nuestro país se encuentra pasando por una crisis de confianza e incertidumbre derivada de conflictos entre la clase política y la misma división entre los hondureños, por lo que es importante recapacitar y tomar decisiones y acciones que nos permitan transitar hacia el futuro con optimismo y una visión conjunta de lo que debemos hacer para alcanzar el desarrollo económico y social equitativo. Es decir, hacer un alto para la reflexión y para pensar en el bien común, anteponiéndolo a los intereses particulares y políticos.	En la mayoría de los países que han logrado progresar en forma sostenida, el Estado de derecho ha jugado un papel importante. Es decir, establecer un marco donde las autoridades del Estado se someten a los procedimientos regulados por ley, donde cada persona está sujeta a la ley, incluidas las que tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley y los encargados de impartir justicia.	La ley, por lo tanto, es de aplicación general. Para que exista un verdadero Estado de derecho es también imprescindible que funcione una separación e independencia de los poderes, en otras palabras que existan los pesos y contrapesos, como un requisito esencial para la existencia misma de la democracia. Como una consecuencia lógica, debe ser normal cumplir con el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres y transparentes, que reflejen la voluntad de los ciudadanos.	Muchos pensarán que lo anterior es una quimera, un mal sueño de un trasnochado. Pero lo cierto es que si continuamos por la misma ruta, los conflictos continuarán y cada vez con mayor violencia y estaremos condenando a miles de hondureños a seguir tratando de encontrar un mejor futuro en otro país, sin importar las aventuras y riesgos que tengan que correr.	Aunque dicen que nadie aprende de los errores ajenos, deberíamos tratar de aprender de lo que sucede en otros países, donde las ambiciones de poder de unos pocos, la corrupción y la impunidad y el clientelismo político, han provocado el derrumbe de la economía, ahuyentado la inversión privada y provocado mayores sufrimientos a la población de escasos recursos. Las próximas elecciones generales se realizarán a finales del año 2021 y ya se han iniciado actividades en torno a los movimientos políticos internos de algunos partidos.	Aunque pareciera que falta mucho tiempo, la realidad es que cuando acordemos estaremos inmersos en la vorágine política y por lo tanto es necesario que se agilicen las acciones para evitar que las próximas elecciones vuelvan a convertirse en un campo de batalla, fomentado por acusaciones de fraude y desconocimiento de los resultados electorales. Debemos avanzar en la nueva ley electoral y en la elección de los funcionarios tanto del Tribunal de Justicia Electoral como del Consejo Nacional Electoral, seleccionando profesionales con base a méritos y honorabilidad, para infundirle confianza a la ciudadanía. Nuestros políticos deben actuar como estadistas buscando lo mejor para el país y para todos sus ciudadanos. Pareciera una quimera, pero en algún momento tenemos que iniciar un procesos transformador.