De manera particular explicaron que tres afiliados y sus acólitos exigen “el pago de jugosas ilegales pensiones al margen de las resoluciones aprobadas con base en los artículos 9 y 40 de la Ley Orgánica del Instituto de Previsión Social de Periodistas (IPP), que le dan sostenibilidad al sistema de previsión”.	El CPH destacó que están apegados a la Constitución de la República y a las leyes del país y que sus directivos han actuado con responsabilidad y compromiso “en el manejo y administración de los fondos que nuestros agremiados tienen depositados en su instituto de previsión, y prueba de ellos es la última auditoría realizada en el 2017 por el Tribunal Superior de Cuentas”.