Según el Consejo Nacional Anticorrupción, cuando se presentó ante la Cámara Legislativa, el dictamen que contenía el proyecto de Código Penal se contravino lo establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo donde se prescribe que para la aprobación de toda decisión dentro del Congreso , deberá ser con la mayoría simple de los diputados presentes.	“Entre las acciones más destacables y que concurren en la comisión de delitos fue cuando el 2 de agosto de 2017 los diputados presentes aprobaron con 70 votos a favor de los 128 diputados autorizados, las penas en los delitos contra la administración pública, específicamente la malversación de caudales públicos en sus diferentes modalidades, con penas que oscilaban entre los 6 y 9 años de prisión; sin embargo todo fue un plan concebido para delinquir, cuando el 8 de agosto de 2017 el exdiputado Agapito Rodríguez presentó una moción de reconsideración del acta del 2 de agosto, en donde ya se habían aprobado las penas de algunos delitos en contra de la administración pública; dicha acción jurídicamente era improcedente ya que la figura de reconsideración –en base al artículo 61 de la Ley Orgánica del CN- únicamente operará cuando se pretenda hacer una corrección de forma o redacción, pero en ningún momento el fondo del asunto, tal es el caso sobre la disminución de penas en artículos que garantizan el buen funcionamiento de la administración pública”, detalla la denuncia del CNA.