Desde hace 25 años se exige el establecer límites a los gastos y tiempos de campana, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación. La “ley de política limpia” era para establecerlos exhaustivamente. No lo fue. En la actualidad, el Tribunal Supremo Electoral se encarga de ello, el que, sin todo el poder coercitivo indispensable para lograr su cometido o el pleno interés de sus titulares, así como la ciudadanía, ven los excesos en el uso de dineros y tiempos durante períodos electorales. Y no aparece algo que disuada esos desafueros. En las últimas elecciones generales, eran autorizados casi 470 millones de lempiras por campaña presidencial, aunque ha podido gastarse más en algunas. Y sin que hasta ahora se conozcan las procedencias. Con los límites en gastos y tiempos de campanas como el acceso igualitario a los medios, se busca transparencia en la práctica electoral, equidad entre contendientes. Evitar que dineros sucios, crimen organizado y desorganizado y la corrupción en la administración pública, sean los que determinen quiénes dirijan el Estado. Nada bueno puede esperarnos de quienes asuman el poder fundados en trampas y fondos mal habidos. La desesperación de tanta gente por llegar al poder sin mayores cartas de presentación que sus ganas, debiera ser suficiente para disuadirnos de votarles como para exigir a nuestros mandatarios, las reformas electorales responsables y consecuentes con nuestra realidad. Los cambios en el Tribunal Supremo Electoral y el Registro Nacional de las Personas, la “repartincina” con que atenderían la ambición de ciertos dirigentes, no sería evolución, sino degradación. Asegurar la ciudadanización de las mesas es lo más importante para tener las elecciones limpias a que aspiramos. Y se está relegando. Sin ello, todo lo demás es cuento, otra fuente de frustración para el pueblo hondureño. Pagar a la OEA para que diga lo que se sabe desde hace tiempo, es otro absurdo. Que este 2019 sea de lucidez para nuestros dirigentes.