La crisis que se arrastra desde el año 2009 y que ha desembocado en los niveles de inestabilidad política y social que se viven actualmente, no beneficia a nadie y ahuyenta las inversiones que se requieren para crear los empleos y los salarios dignos con los cuales enfrentar a la pobreza.	No es cuestión de negociar lo que le conviene a uno o a otro, es cuestión del interés popular. Las fuerzas políticas tienen que entender que no es suficiente con cambiar el nombre a los organismos electorales, dividirlos en dos (el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral) y nombrar a sus parciales en los máximos cargos, sino que hay que respetar la ley. También, que es urgente que se aborde de una vez por todas el tema de la reelección presidencial y se definan los mecanismos para que el pueblo decida si está o no de acuerdo con ella.	Los políticos se deben despojar de sus intereses personales y de grupo para definir qué pasará en ese y otros temas que garanticen un proceso electoral democrático y transparente, cuyos resultados reflejen la voluntad popular. De no hacerlo, todos, sin distingos de colores, serán responsables del incremento de los niveles de conflictividad social que se viven actualmente en Honduras, lo que representaría un mayor estancamiento en la economía y un crecimiento en los niveles de pobreza.