La razón de por qué se instaló la Maccih-OEA en Honduras fue debido a la presión de las grandes manifestaciones del pueblo hondureño en las calles exigiendo justicia por la monstruosa corrupción encontrada en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y que a pesar de los esfuerzos que intentaron hacer los órganos de justicia del Estado en este caso emblemático no prosperaron, provocando la indignación del pueblo y exigiendo la renuncia del mandatario Juan Orlando Hernández desde aquel entonces, en el 2015. Surgiendo como salida a la crisis la necesidad de fortalecer el sistema judicial hondureño por medio del acompañamiento de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih-OEA).	A través del tiempo y profundizándose en el engranaje institucional de los poderes del Estado, los personeros de la Maccih se encontraron con el cáncer maligno de la corrupción y la impunidad con sus metástasis bien establecidas en toda la institucionalidad hondureña. Gracias a la Ufecic-Maccih se logró identificar y proceder judicialmente los casos de corrupción como Pandora 1 y 2; Red de Diputados; Fe de Erratas y Falsificación de Documentos; Fondo Departamental; Arca Abierta; entablando juicio a funcionarios públicos y a varios diputados. Actualmente, del pleno conformado por 128 diputados del Congreso Nacional de la República de Honduras, 85 diputados están imputados mediante procesos judiciales y deben acudir a los tribunales a firmar acatando las medidas cautelares por acción del Ministerio Público a través de la Ufecic-Maccih, o sea que el 66.41% de la asamblea de diputados están relacionados con actos de corrupción, y que, estos mismos diputados sin poseer la respectiva autoridad moral y ética para hacerlo, han participado en el nombramiento de autoridades superiores como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Procurador General de la República, contribuyendo así a perpetuar los círculos de la impunidad y corrupción.	Propongo un cambio constitucional en el procedimiento para nombrar autoridades y blindar la institucionalidad, retirando la potestad a los diputados del Congreso Nacional para votar y elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscal general de la República, procurador general, magistrados del Tribunal Supremo Electoral y magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, porque siempre tendremos un sistema de justicia contaminado políticamente, ineficaz y dañino. La manipulación de los políticos quiebra la integridad institucional y de la autoridades mismas porque las someten a sus propios intereses impidiendo una lucha eficiente y eficaz contra la corrupción y la impunidad.	Los mayores obstáculos que encuentran los profesionales de la Ufecic-Maccih son las mismas autoridades del gobierno dentro de los tres poderes del Estado. Los obstáculos van desde el engavetamiento de proyectos de Ley en el Congreso Nacional como las reformas a la Ley de Secretividad, Ley de Anticorrupción, Ley de la Ficha Limpia, Ley de la Colaboración Eficaz, entre otras; y la aprobación de leyes para obstruir la justicia como la inmunidad parlamentaria; en otros casos, engavetan los recursos de inconstitucionalidad y de interpretación en el Poder Judicial y en otros, agilizan recursos con el propósito de obstruir la justicia.	Ahora que el sistema jurídico de Estados Unidos, o sea, el gobierno de los Estados Unidos, ha declarado culpable por cargos de narcotráfico al exdiputado “Tony” Hernández, señalando al gobernante de Honduras como coconspirador por narcotráfico y declarando a Honduras como un narcoestado, y mencionados muchos otros políticos y militares en el juicio de “Tony” Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, EUA, con justificada razón se hace necesaria la renovación del Convenio de la Maccih, para que haga acompañamiento con la Fiscalía, Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Legislativo y la Policía para construir mejores instituciones y mejores procesos de investigación en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Honduras, dolorosamente calificada como un narcoestado estructuralmente corrupto, requiere del acompañamiento continuo y permanente de quienes nos ayuden a salir de esta oscuridad.