Se sabe que el gobierno ha ordenado una auditoría para determinar si los campesinos tienen o no capacidad de pago y en dado caso que lo sea, refinanciarles la deuda. No se desconoce que la situación económica del país y de los campesinos, ante la caída de los precios del producto en el mercado internacional, es grave. Pero en época de vacas flacas, todos estamos obligados a zocarnos la faja y cumplir con los compromisos adquiridos. Así lo hacen varios sectores de la sociedad que enfrentan similares problemas financieros. Se debe terminar con la mala práctica de los grandes y pequeños productores que nunca pagaron sus deudas a Banadesa y ahora tienen al banco al borde de la quiebra, en detrimento de la endeble economía hondureña.	Se debe dejar de ver al Estado como el botín para la resolución de conflictos de grupos privilegiados, sean estos productores, agricultores, campesinos, médicos o docentes, entre otros, pues con estas acciones se afecta a la gran mayoría de hondureños y hondureñas que no tienen quien salga a protestar y exigir sus derechos y se quedan en sus comunidades viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema, sin acceso si quiera a los servicios básicos.