Durante la campaña el candidato opositor ha sido un duro crítico del persistente déficit fiscal en Uruguay, que durante los gobiernos del Frente Amplio ascendió a 4,8% del PIB, y ha propuesto una serie de medidas para ahorrar en el Estado pero sin subir impuestos tras varios ajustes fiscales basados en incrementos de tributos y alzas de tarifas de servicios públicos.	Mientras Lacalle Pou ha calificado de "vergüenza nacional" la política uruguaya de cercanía con Venezuela, Martínez declaró a la AFP que continuaría "totalmente" con la tesitura actual del gobierno del Frente Amplio, que evita condenar al régimen de Nicolás Maduro en foros internacionales y tiene una relación muy cercana desde siempre con el chavismo.	Lacalle Pou ha señalado, por su parte, que irá por una diplomacia comercial para abrir mercados y atraer inversión extranjera que permita paliar el desempleo de 9%, luego de las dificultades que ha tenido el gobierno de Tabaré Vázquez para avanzar en tratados a los que se opone su fuerza política.	La reforma promueve la creación de una guardia nacional con efectivos militares en tareas policiales; la instauración de la cadena perpetua "revisable" a los 30 años para delitos graves; penas más duras de prisión para homicidas y violadores, y la autorización de allanamientos nocturnos de hogares por orden judicial en caso de sospecha de ilícitos.	Aunque no la apoya ninguno de los 11 candidatos presidenciales y ha sido objeto de una fuerte campaña en contra por parte de movimientos sociales, sindicatos y el oficialista Frente Amplio, según encuestas publicadas esta semana, entre 39 y 53 por ciento de la ciudadanía se declara favorable a la propuesta.