Los honorables diputados acaban de aprobar el decreto No.47-2018, por medio del cual se autoriza un refinanciamiento o readecuación del capital adeudado por un poco más de 16 mil clientes de Banadesa, conjuntamente con un alivio en los intereses pendientes, interpretado posteriormente como la dispensa del pago de intereses en suspenso, corrientes y moratorios.	Bajo el nuevo esquema, las deudas serán reestructuradas a un plazo de hasta 20 años a una irrisoria tasa de interés del 2.0% anual, con la salvedad que si el deudor incumple dos pagos consecutivos, la deuda volverá a su estado original, perdiendo todos los beneficios que concede dicho decreto. Esto habrá que verlo.	La realidad es que la experiencia en América Latina con los bancos estatales de desarrollo agrícola no ha sido positiva y la mayoría de ellos han adolecido de los mismos males, como ser influencia política, la concepción de las personas que al deberle al Estado no tienen por qué pagar y las frecuentes condonaciones y refinanciamientos de su cartera.	En Honduras ya somos expertos en el tema. Si nuestros diputados desearan hacer un bien al país y dejar de malgastar los recursos que aportamos los hondureños, deben emular lo sucedido en Guatemala con el Banco de Desarrollo Agrícola (Banadesa), banco estatal que fue liquidado en 1997 y transformado en Banrural, que nació como una sociedad de capital mixto y que fue capitalizado con recursos provenientes de diferentes sectores económicos y sociales.