El árbol de problemas que aqueja al sector es grande, con raíces profundas. Muchos expertos lo estudiaron y lo conocen, sin embargo, es necesario resumir las fallas. Nadie que crea en la educación puede negar la necesidad urgente que el recurso humano docente requiere ser acompañado en su labor, recibir formación y capacitación adecuadas. Estas son tareas enormes que corresponden a las universidades como entes formadores y a la Secretaría de Educación como ente acompañante.	Los centros educativos deben mantenerse y convertirse en espacios de protección social, equipados con lo mínimo necesario, asegurando la integridad física y mental de la niñez. Para eso se requieren muchos actores, alcaldes, ONG, los sectores sociales locales, entes de gobierno (responsables de infraestructura, derechos humanos, seguridad, etc.), cooperantes, los compromisos presupuestarios desde el Estado y, sobre todo, de una Secretaría que coordine a todos los actores y asegure la atención en cada centro educativo del país.	La administración pública está en un proceso de descentralización para mejorar el servicio del Estado a los ciudadanos. La Secretaría de Educación es el ente del Estado con más presencia en el país (más de 22,000 centros educativos) y es, junto con el sector salud, el de mayor impacto en el bienestar en las familias. Quien recibe buena educación, tiene un mejor futuro. Para poder asegurar esta presencia, el personal que dirige y administra la institución en el nivel central y hasta el último rincón del país, necesita profesionalizarse en administración pública y educativa. Así los recursos humanos, los libros y la infraestructura escolar serán entregados y manejados eficientemente. Para lograrlo es imprescindible formar y contratar, tal y como lo establece la Ley Fundamental de Educación. Esta ley es muy buena, pero hasta ahora ha sido muy poco aplicada: la formación es tarea de la Secretaría de Educación, junto con las universidades públicas, mientras que la contratación debe hacerse en procesos basados en méritos, con transparencia y con un verdadero servicio civil. Una institución fundamental para una profunda reforma debe convertirse en una institución donde la contratación no sea partidaria, sino con una selección, administración y formación profesionales.	A pesar de tanta claridad en el árbol de problemas de este sector, ninguna autoridad o gobierno ha logrado por sí solo reformar profundamente el sistema educativo. Los problemas siguen siendo los mismos y la niñez continúa sin recibir la educación de calidad que se merece. ¿Por qué es tan difícil generar las condiciones y crear el consenso para un futuro próspero de nuestra niñez, que sin duda todos queremos? Busquemos la respuesta en los intereses y en los acontecimientos actuales: las manifestaciones, controversias y toda la discusión alrededor de los famosos Decretos Ejecutivos (PCM) ya derogados, son un ejemplo de cómo crear ingobernabilidad para luego frenar cualquier esfuerzo de reforma. Todas las personas que trabajan, apoyan y quieren avanzar con reformas en el sistema educativo saben que no es suficiente dirigirse a la cúpula ministerial, que no es suficiente intervenir en los centros educativos o capacitar docentes. En el momento que se tocan los intereses de un particular -por ejemplo, un representante del Congreso, del partido político en el poder, de un gremio o de alguien con suficiente influencia política- cualquier cambio real se acaba. Esto mismo ha ocurrido ahora: los manifestantes se oponen al fantasma de la privatización, mientras los que conocen bien el sector saben que no hay nada que privatizar en educación. No importa a qué se oponen, pero sí es importante frenar lo que viene. Poco a poco el gobierno retrocede, se logra conservar el statu quo, proteger intereses ocultos y otra vez se acaba una reforma, antes de iniciarla. Otra vez pierde el bien común, el futuro de nuestra niñez y cabe preguntarse: ¿dónde están aquellos que quieren luchar por una verdadera reforma centrada en este bienestar y en este mejor futuro?	Es normal que los cambios toquen intereses y el diálogo previo es una forma de convencimiento para que estos intereses no se conviertan en obstáculos irreversibles. Si el fin y el deseo primordial es ofrecer al pueblo hondureño (sobre todo a la niñez) una educación gratuita y de calidad, cualquier interés particular podría superarse, ya que se trata del futuro de nuestra niñez. El rol de una Comisión de Transformación era generar este enfoque entre los diferentes actores hacia un interés y bien común. Si se ha rechazado el modelo de una comisión de este tipo, entonces ¡por favor, y en nombre de la niñez de Honduras: establezcan un diálogo en el que se demuestre el verdadero interés de resolver de raíz los problemas y lograr finalmente la reforma educativa que el país necesita!