Pocas veces la aprobación y puesta en vigencia de un instrumento legal ha causado tanto debate y ha sito objeto de una defensa febril por parte de los legisladores, especialmente de los diputados oficialistas, que hábilmente se han organizado, de tal manera que no hay programa televisivo y radial donde el tema se discuta en el que no participen, aunque no estén en lista de invitados, ellos interrumpen la programación para solicitar espacios y hacer la defensa de la puesta en vigencia del nuevo Código a partir del 8 de noviembre del corriente año.	En este hecho hay varios aspectos que deben destacarse. Alrededor de 30 organizaciones se han mostrado en desacuerdo con el contenido de la nueva normativa en derecho penal, particularmente en aquellos artículos donde se reducen las penas a los actos contra la administración pública y en relación con las acciones de narcotráfico. Llama la atención que dentro de los profesionales del derecho que más han salido en defensa de la nueva normativa penal, han sido aquellos que en estos momentos están llevando la defensa de casos emblemáticos por actos de corrupción.	Ante la demanda de las organizaciones gremiales y de la sociedad civil, la junta directiva del Congreso ha puesto en marcha una estrategia de recibir por separado a cada una de las organizaciones demandantes y prometerles la revisión de aquellos artículos referidos específicamente a cada uno de los gremios, esto para fraccionar a la oposición y mantener incólume la naturaleza de aquellos artículos que en definitiva son motivo de controversia, por expresar el interés particular de algunos que se sienten amenazados; cada vez que se dan informaciones que comprometen a políticos y personeros del gobierno en actividades ilícitas. Hasta cuando las extradiciones se daban en círculos de personas que no parecían estar vinculadas a los políticos no pasaba nada, cuando la trama fue develándose como una red que involucra a personas ligadas al poder, entonces vinieron las conspiraciones para debilitar las acciones investigativas y penales, y de esta manera, en un intento de último momento, ponerle pasadores a las extradiciones y favorecer la reducción de las penas.	La defensa del Código para que se ponga en vigencia tal como está aprobado se está haciendo desde un enfoque aparentemente de soberanía judicial, tratando de explicar que la investigación y judializacion de los casos que hasta ahora han sido extraditables debe hacerse en el país, planteamiento justo en una sociedad donde exista institucionalidad, pero en el caso de Honduras tal planteamiento devendría en una situación de impunidad que agravaría el problema de acciones que ponen en juego la estabilidad democrática de la República. Lo que pueda ocurrir, no tanto desde las exigencias nacionales, sino de la presión internacional y especialmente de los Estados Unidos, país que está interesado en este tema, será clave para entender si al final el mencionado Código será sometido a la famosa vacatio legis o a una propuesta diferente de toda la normativa.