El Acuerdo Stand-By permite al FMI responder a las necesidades de financiamiento externo de los países, y respaldar políticas que los ayuden a salir de las crisis y volver a un crecimiento sostenible. Se emplea cuando los países no tienen intención de utilizar los montos aprobados, pero conservan la opción de hacerlo si llegaran a necesitarlos. Abarca un período de 12–24 meses, acorde con la necesidad de atender los problemas de balanza de pago a corto plazo.	“Con el propósito de mantener una disciplina presupuestaria acorde con la Ley Orgánica del Presupuesto y con las metas establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal se instruye reducir el gasto hasta por un monto de seis mil millones de lempiras exactos, exceptuando de esta disposición aquellas asignaciones que estén vinculadas con los servicios de salud, educación, seguridad, deuda y otros temas prioritarios”, cita el decreto ejecutivo PCM-036-2019, publicado la semana anterior en el La Gaceta.	Asimismo, se ordena reducir en 50% el saldo presupuestario destinado para servicios técnicos y profesionales, así como la adquisición de alimentos y bebidas para las personas en todas las fuentes de financiamiento, se exceptúan el personal de la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el Instituto Nacional Penitenciario.	Asimismo, se prohíbe la compra y renta de vehículos, equipo de oficina, bienes inmuebles en todas las instituciones del Gobierno y se ordena reducir en 30% el gasto de combustible presupuestado para el presente ejercicio fiscal. Además, no podrán crearse nuevas instituciones, ni programas que impliquen un incremento al presupuesto total de la institución correspondiente.