La situación de pobreza que agobia a la mayoría de nuestros compatriotas y que los priva de ese derecho, es un menosprecio a su dignidad. Esa situación es expresión fehaciente de la vulneración del principio de legalidad y legitimidad constitucional, en el funcionamiento tanto de la sociedad como del Estado, pues evidencia que ambos se han desviado de la ruta trazada hacia el fin supremo que es la protección y el respeto de la dignidad humana.	La pobreza se plantea, así como el problema político y social más agudo para el desarrollo democrático de la sociedad y del Estado de Honduras, agravado por la corrupción pública y privada, tal como se refleja en la historia y las particularidades de nuestra sociedad, así como en la deficiencia en la gestión del Estado.	El desarrollo sostenible implica un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano que lo libera de los obstáculos para avanzar hacia el bienestar individual, familiar y comunitario. Su esencia consiste en hacer real y efectiva la dignidad de la persona humana con la mejora creciente de sus condiciones de vida y de trabajo, abriendo oportunidades y posibilidades de expresión de capacidades y potencialidades; destacando responsabilidades y esfuerzos solidarios de identidad nacional; fomentando una sociedad más justa en lo político, económico, social, cultural y ambiental; y fortaleciendo una innovación institucional, pública y privada, que vitalice la democracia real y la efectividad del Estado de Derecho.	En ese entorno, el crecimiento económico de Honduras es fundamental siempre que sea equitativo e inclusivo y que sea eficaz para asegurar la participación digna de todos los hondureños y hondureñas en su realización y en el aprovechamiento de los beneficios del desarrollo sostenible. Un sector empresarial consciente de sus responsabilidades y deberes humanos, es factor importante para ese positivo cambio social.	El camino hacia el desarrollo sostenible de Honduras ya está trazado por la Constitución de la República y por tratados internacionales en materia de derechos humanos que, a su vez, son complementados por la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en vigencia a partir del 1 de enero del 2016, para Honduras y todos los Estados miembros de las Naciones Unidas.	Por eso, desde la perspectiva de los derechos humanos, es importante hacer incidir la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” en los planes de Honduras para atender necesidades y prioridades y ampliar la gama de posibilidades y oportunidades que aseguren el bienestar de la población, generando, en especial, procesos equitativos y de inclusión social de los pobres.	La garantía de la viabilidad de esos procesos está en el diseño y aplicación de políticas y estrategias de seguridad humana y desarrollo sostenible con medidas concretas para erradicar progresivamente la pobreza, asegurando siempre la mejora de la calidad de vida de todas y todos los habitantes. La sociedad debe promover y, participar en ese diseño y en su aplicación, coadyuvando a la mayor eficacia democrática y asegurando una relación funcional, entre sociedad y Estado, que afiance la gobernabilidad mediante la protección y respeto de la dignidad humana de los habitantes que es el fin supremo hacia el cual deben orientarse todas las actividades públicas y privadas.	Ello es factible. Más allá de las palabras, en 36 municipios, en los 18 departamentos de la República: Como CONADEH contribuimos, desde el 2016, con nuestros compatriotas en los territorios, en la implementación municipal de la estrategia de seguridad humana para el desarrollo local sostenible: “Municipios de Bienestar Solidario”. Este proceso territorial ha sido recientemente reconocido, en el IV Plan de Acción de Estado Abierto Honduras 2018-2020, (www.gobiernoabiertohonduras.org). Ahí, el Estado de Honduras asumió el compromiso de coadyuvar al empoderamiento y debido cumplimiento, de esa estrategia territorial vinculada, entre otros, con el objetivo 16 de Desarrollo Sostenible de promoción de sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, el acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones efectivas y transparentes.