“Respetuosamente se le pide al Poder Ejecutivo no renueve el actual convenio Honduras-OEA que creó dicha misión”, es la conclusión presentada y aprobada en el Congreso Nacional tras la lectura del informe de la comisión especial multipartidaria, que respalda su pedido en “las múltiples violaciones a derechos, garantías y principios constitucionales”.	Los antecedentes inmediatos, la labor de las últimas semanas en el Parlamento y los múltiples pronunciamientos ya anunciaban un final, pues desde el momento en que se integró la comisión la dirección estaba marcada y la meta plenamente identificada. El mensaje está claro y su contenido, desgraciadamente si no se remedia, obligará a un “quietismo” que no es más que retroceso.	El Ejecutivo en estos últimos años ha plantado cara al crimen organizado con éxitos y fiascos, pues la inseguridad es todavía tarea muy pendiente. También se inició el camino contra la corrupción y la impunidad en algunos casos emblemáticos sonados que hubieran quedado ocultos. Es cierto que no están todos los que son, pero habrá que ir en busca de ellos y encontrarlos no exigirá mayor esfuerzo, pues son de universal conocimiento las fechorías y sus autores.	Recientemente nos referíamos a las armaduras forjadas en el Congreso para proteger a parlamentarios y funcionarios. Los hechos van dando la razón, y ahora, pese al clamor mayoritario, la impunidad recupera espacios, lo que significa que nuestro mayor problema por décadas, tras la inseguridad, la corrupción, seguirá consumiendo los recursos, que debieran destinarse a la solución de los múltiples y graves problemas sociales.	No será vinculante la conclusión, pero sí reflectante de actitudes y posiciones opuestas a la transparencia en el uso de los recursos del Estado, al rendimiento de cuentas y al abuso con privilegios proporcionados en un cargo público. La corrupción sigue, por lo que es necesario levantar un alto, aunque sean poderosas las fuerzas, las mismas ayer y hoy, para que se haga justicia y “caiga quien caiga”.