Aunque pueda parecer una gota en el gran océano, la recepción de recursos públicos para proyectos y ayuda a las comunidades es una gran responsabilidad que exige un altísimo nivel ético para no solo presentar documentación de su utilización, sino el objetivo real para el que estaba destinado el dinero. Aunque en su origen es cuestionado el sistema de la entrega de subsidios, favorable generalmente a los partidarios del gobierno de turno con fines eminentemente políticos, en los tribunales se juzga sobre el uso de los fondos, supuestamente otorgados para solucionar problemas de las comunidades.	El Ministerio Público presentó ante el juez el caso denominado Arca Abierta, quizás por aquello de que “hasta el más santo peca”, en el que se identifica a diputados, exdiputados y colaboradores por malversación de fondos públicos que fueron encauzados y terminaron en cuentas personales o de familiares de acusados. En la primera audiencia la decisión del juez desestimó la detención judicial y dictó la prohibición de salir del país y “por ahora” pasar por los tribunales para firmar.	¿Hubo inversión de los fondos en favor de las comunidades tal como consta en la solicitud y entrega de los recursos? El canal utilizado supuestamente por los señalados fue la Asociación Planeta Verde, oenegé para "satisfacer las necesidades espirituales, físicas, emocionales y educativas de los niños y niñas de Honduras de escasos recursos a través de programas especiales”. La Fiscalía concluye que tan noble labor no se concretó, al contrario, el dinero “fue a parar a cuentas personales, de familiares y de terceras personas...”	A las pruebas me remito, dice el Ministerio Público, en cuyas indagaciones participaron la Ufecic y la Maccih. Es el tribunal quien tiene la última palabra, pero ojalá la posición de los encausados, el mandato de las urnas y el ventajismo que da el poder sean considerados como agravantes en la decisión del juez.