Que una denuncia o pretensión legal no sea satisfecha en los estrados judiciales no significa que haya sido mal presentada o que no se tengan fundamentos suficientes para instruirla. Y viceversa. Que, con vicios, sea reconocido un derecho que no se tiene. Como en cualquier aspecto de la vida nacional, entre los operadores de justicia la mayoría son responsables, pero alguno podrá no serlo. Y es así también entre litigantes. La lucha está precisamente en lograr que operadores juridisccionales y usuarios de sus servicios se atengan estrictamente al espíritu de la ley. Sería la forma en que todos nos sentiríamos protegidos y confiados.	Por eso es que es deber de cada ciudadano el exigir transparencia a todos los agentes del Estado, no solo a los encargados de velar por nuestros derechos fundamentales. Y esa es la lucha en que no podemos transigir. Hay que exigir correcta impartición de justicia. No solo en los casos de interés personal, sino en los de todos los demás, porque si persiste la idea de conseguir el favor judicial transgrediendo normas y derechos ajenos, tarde o temprano se revierte. Sencillo. La sencillez propia de la verdad y la justicia.	La confusión en que vive la sociedad hondureña, con tantos “dueños de la verdad” que viven de esgrimir “su verdad” aunque sea mintiendo cínicamente de los demás es producto de la falta de discernimiento. Cuestionar la verdad o no de unas afirmaciones, conocer su real procedencia y la condición personal del emisor de la noticia o comentario debiera ser celosamente hecho por todo escucha. Hay que tenerse algo de autoestima para no creer así nomás lo que dicen personas que evidencian ignorancia que el micrófono no puede disimularles. Hay que indagar qué intereses les mueven. Porque sin saber de un tema, fácilmente descalifican a profesionales del derecho, conocidos como capaces y honorables entre quienes ejercemos el derecho. Hay que creer lo que nos consta, no lo que dicen analfabetas funcionales sin ética. Discernamos.