Abrimos la semana laboral reiterando a las autoridades gubernamentales y a los dirigentes de los gremios de maestros y médicos que es necesario -y urgente- que esta semana busquen avenidas de diálogo que les lleven a acercar sus posiciones para poner fin a un conflicto que ya supera el mes, con graves daños para la economía nacional, pero principalmente para los miles de niños y niñas que están sin clases y los ciudadanos que ven limitado su derecho a la salud.	El país demanda la construcción de un acuerdo con la participación de todas las partes, que garantice a los docentes, a los médicos, a la población, que estos servicios públicos serán de calidad y que los mismos se sustentarán en el respeto irrestricto de los derechos de todos. De un acuerdo que gire alrededor del respeto irrestricto a las leyes que rigen a los dos sectores, que garantice la lucha contra la corrupción y siente las bases del manejo transparente de los dineros que se destinan a ambos servicios.	Sin duda que el país necesita de estabilidad social y jurídica para enfrentar el futuro con una mayor esperanza de poder superar los alarmantes índices de pobreza que impactan a más del 60% de su población y que orilla a un gran número de sus hijos e hijas a seguir la peligrosa ruta migratoria hacia los Estados Unidos