Un periodista más fue asesinado el fin de semana pasado en la zona occidental de Honduras. Este nuevo asesinato vuelve a hacer sonar las alarmas del gremio de la prensa, pues el ataque a uno de sus miembros trae consigo un mensaje de intimidación y miedo, lo que afecta el derecho a la libertad de expresión y de informar adecuadamente.	Edgar Joel Aguilar estaba en el interior de una barbería en la ciudad de La Entrada, Copán, hasta donde llegaron los sicarios a quitarle la vida. Con Aguilar suman 79 los periodistas y personas ligadas a los medios de comunicación asesinados en Honduras desde el año 2001 a la fecha. Del total de casos solamente siete fueron judicializados y en los cuales la justicia alcanzó a los actores materiales, pero no a los intelectuales. Ese alto índice de impunidad tiene a Honduras formando parte de las listas negras de los países del mundo en los que ejercer el periodismo es altamente riesgoso, y será así mientras el Estado no aclare las causas de estas muertes y se comprometa a proteger y respetar el derecho universal de libertad de expresión e información.	Por eso deben investigar cada uno de los asesinatos y aplicar todo el peso de la ley a sus actores materiales e intelectuales. Esa es la obligación de un país que se dice democrático, en el cual nadie debería ser perseguido, exiliado, y mucho menos asesinado, por sus ideas. También debe garantizar el derecho de la prensa a informar, y de los ciudadanos a estar informados. No olvidar que, como lo ha planteado la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay: “La libertad de prensa es la piedra angular de las sociedades democráticas”. “Todos los Estados, todas las naciones, se fortalecen mediante la información, el debate y la confrontación de puntos de vista”.