Este salvadoreño de 36 años logró reunirse pronto con su esposa y sus tres hijos de entre seis años y diez meses, quienes estaban en otra celda, y la familia regresó a Tijuana, del lado mexicano de la frontera, para esperar aquí que su pedido de asilo fuese considerado en San Diego. Fueron una de las primeras familias que tuvieron que lidiar con un radical cambio de política de Estados Unidos que obliga a quienes piden asilo a que esperen en México mientras se tramita su solicitud. Visiblemente nervioso, Perla dijo que no acudirá a la vista y prefiere radicarse en México.	(conocida por sus siglas en inglés, CBP) que él y su familia dejaron la pequeña panadería que tenían en San Salvador porque no pagaron un mes la extorsión que les cobra la pandilla 18. Le dieron una paliza y amenazaron con matarlo a él y a su familia si no hacían el siguiente pago, de acuerdo con una transcripción de la entrevista.	su compañera y sus hijos de relaciones previas permanecieron en un refugio de Tijuana por unas seis semanas a la espera de que su nombre fuese incluido en una lista de personas que piden asilo en Estados Unidos en el cruce de San Diego. Para ganar dinero, Alvarado descargó azulejos de un camión mientras su compañera cuidaba a los hijos, de diez y siete años.	que sentía “temor de los grupos paramilitares en Honduras” y que se había ido con su familia después de enterarse de que el capataz de la granja colectiva donde trabajaba estaba robando dinero y que lo habían amenazado con matar a uno de sus hijos, de acuerdo con una transcripción de su entrevista.	Alvarado, de 29 años y quien trae consigo informes policiales y otros documentos que constatan las amenazas recibidas en el trabajo, fue enviado de vuelta a Tijuana con su hijo de 10 años mientras su esposa y su hijo eran liberados en Estados Unidos y se instalaban en la casa de un primo de	se programan dentro de un plazo de 45 días y funcionarios del gobierno dicen que esperan poder tramitarlas rápidamente. Cuando llega el día de la vista, las personas que piden asilo deben presentarse en la frontera para recibir un permiso temporal que los habilita para abordar un autobús que los lleva al juzgado.	Molina, de 35 años, ha estado buscando ayuda legal en un refugio para migrantes de Tijuana con miras a su cita del 8 de abril. Dice que teme que sus adversarios políticos lo localicen. Indicó que es mejor estar detenido en Estados Unidos, donde pasó dos días en una celda en un sótano de San Diego que estaba atestada y fría.