Con las investigaciones lograron identificar que una enfermera auxiliar del Seguro Social extendió las incapacidades y las vendió por 200 y 300 lempiras. Las personas que compraron las incapacidades no estaban registradas en el sistema del IHSS de que habían asistido a consulta en las fechas que tenían extendidas las incapacidades.	Luego de presentada la acusación, así como los argumentos de los abogados defensores, el juez, por el arraigo que tienen los imputados y que la pena por el delito de que les acusan no es grave, les impuso la medida de no salir del país. Además fijó para el 8 de abril la audiencia inicial en la que ambas partes podrán presentar las pruebas.