recomendaron en 2016 a los magistrados, la adjudicación directa del contrato millonario para el arrendamiento de 2,711 aparatos a una empresa colombiana. La compañía extranjera fue considerada como la más viable, porque su equipo cumplía con los requerimientos necesarios para usar el software desarrollado por el empresario nacional, lo que permitía al escáner realizar el escrutinio automatizado.