“Nos preocupa de que van a quedar mas de 300 mil participantes sin el acceso a la formación gratuita, asimismo que el Estado tiene como garante de los derechos de los ciudadanos, se preste a la violación mediante la aplicación de fuerza, como lo ha hecho con otras instituciones como el INFA y la DEI que fueron militarizados”, recordó el entrevistado.	Antolino denunció una “avalancha” en contra del sindicato y a la contratación colectiva al aducir que las autoridades los señalan como los “culpables de la crisis ficticia del Infop, el cual no lo está, porque tiene los recursos necesarios como talleres, instructores, materiales y el recurso humano para seguir  con la formación profesional de los hondureños”, puntualizó Díaz en Radio América.