“Nuestro país demanda un compromiso serio, una batalla frontal, un esfuerzo nacional, una lucha tenaz que enfrente la corrupción”. Ha llovido mucho desde que escuchamos estas palabras, que se han venido repitiendo a lo largo de los años, para algunos en un ambiente político, en el que las palabras quedan del diente al labio y, para otros, en un habitual lamento que entre sonrisas recibe tan rápida repuesta que todo queda en nada.	La última muestra más evidente es la aprobación de la inmunidad parlamentaria, con la reforma del artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, mediante el que se establece que los diputados no serán responsables penal, civil o administrativamente por su labor parlamentaria, pues claro que deben ser inmunes, pero…	Y aquí es donde está el quid de la cuestión. El Poder Legislativo está bien definido y solo cuando se quiere disfrutar de las mieles financieras del poder o poner en práctica aquello de “lo que no cuesta se hace fiesta” se desarrolla un extra en la labor legislativa, que aprueba las cuentas públicas en el presupuesto nacional, pero no debe administrar, ejecutar, para eso está el Ejecutivo.	Ahora resulta que vuelve a la vida, con mayor tino para evitar acusaciones de uso y abuso, como ha venido ocurriendo, el fondo departamental, un fondo sin fondo con el que, en el menos malo de los casos, el congresista beneficia su imagen con vistas a un electorado bien concreto. En el peor de los casos, como ha ocurrido, la bolsa propia es el fin del recorrido, no es lo que imaginemos, sino porque ni dan ni nadie ha pedido cuentas de los recursos recibidos y su fin.	No hay que gritar, está claro que en los casi 20 años en que escuchamos las palabras del inicio del editorial, poco se ha hecho, poco dejan hacer al organismo exterior llegado a ayudar y están dispuestos a colocar un muro insalvable para que no se les señale y mucho menos se les toque.	Esperar a que intervenga el Tribunal Superior de Cuentas es toda una ilusión, y si a eso añadimos la ley en la que a la protección jurídica en la creación legislativa se suma la administración de recursos aprobados por los mismos que los utilizan, tenemos el círculo cerrado o, como señala la sabiduría popular, la cuadratura del círculo.