La Municipalidad de Puerto Cortés fue la primera en cobrar la tasa de seguridad que era recolectada por medio de los impuestos; sin embargo, desde hace algunos años, el Gobierno hace la distribución, pero los fondos actualmente tienen un atraso de un año, por lo que los proyectos no avanzan y tienen dificultad para mantener otros como el Centro de Monitoreo de Cámaras.	El 22 de marzo en la barra del río Chamelecón fue encontrada destruida y quemada una avioneta en la cual según las investigaciones de la Policía venía un cargamento de drogas que fue robado por un grupo criminal. Desde ese hecho comenzaron los crímenes en Puerto Cortés y SPS como represalia por el “quite” de la droga.	El 21 de abril fueron asesinados Gerson Coto, dueño de un restaurante, y su amigo Joshua Rodríguez, en el barrio Cieneguita, de Puerto Cortés. En la camioneta que se disponían a abordar cuando fueron asesinados, la Policía encontró armas de fuego y uniformes de la DPI, según el informe de la inspección.	El 4 de mayo fueron asesinados tres hombres en el barrio Guamilito, de San Pedro Sula, cuando se bajaban de un pick up. Este hecho según las autoridades está ligado a la avioneta que cayó el 22 de marzo en las cercanías de Puerto Cortés. Entre las víctimas se encuentran un oficial que estaba suspendido y otro que había sido depurado. Tasa atrasada.	Jeniffer Osejo Ortega, encargada del Centro de Monitoreo, explicó que con el número 100 no solo se presta el servicio de emergencia, sino de servicio a la población. Indicó que los problemas de seguridad son tratados con el comité que se reúne cada mes para analizar las deficiencias, fortalezas y problemas a resolver.