La participación del personal de la Cicig en la audiencia, continuó Ponce, es en atención "a las necesidades y exigencias de los procesos, así como los requerimientos de los órganos jurisdiccionales", pero se tomó después de adoptar las medidas de seguridad "apropiadas" y solicitar el acompañamiento de organismos de derechos humanos para "el mismo efecto".	A pesar de que la Corte de Constitucionalidad ha amparado a activistas, abogados y entidades como la Procuraduría de los Derechos Humanos para evitar que el Gobierno concrete la salida anticipada de la Cicig, anunciada el 7 de enero pasado, el Gobierno no ha desistido en su esfuerzo para terminar con la entidad.