A propósito de las reformas electorales que han estado realizándose en los últimos años en varios países de América, ha sido difícil para las autoridades pertinentes perseguir y sancionar delitos electorales por la ausencia de instancias a las que se debe recurrir, o bien porque ni siquiera existen leyes que, dentro de los delitos electorales, tipifiquen la violencia política de género.	Las elecciones primarias y generales se vuelven siempre una oportunidad para medir las democracias de los países que han hecho reformas, por lo que, en cada elección, el nivel de participación de las mujeres representa una oportunidad para poner a prueba una democracia y el rol de las mujeres en la política ya sea inscritas como candidatas, electas para un cargo o con su participación como votantes.	Desde cualquier escenario, las mujeres participando en política ejercen un derecho político, aunque casi simultáneamente esa participación sea afectada por violencia política que a su vez es un obstáculo para el ejercicio de ese derecho, pero esta es una problemática desconocida e ignorada, según el estudio “Violencia contra las mujeres en política: Investigación en partidos políticos de honduras”, realizado en 2017 por Instituto Nacional Demócrata (NDI).	En Honduras vamos alcanzando, en primera instancia, un nivel de conciencia sobre esta problemática porque ya se ha comenzado a colocarlo en la opinión pública gracias al apoyo del pueblo estadounidense de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) y el NDI.	Para un alto a la violencia contra las mujeres en la política, estas tres entidades han lanzado la campaña “#NoEsElCosto”, buscando visibilizar la problemática que condena las prácticas discriminatorias contra las mujeres a través de educar, informar y sensibilizar para generar acciones de diferentes ámbitos que contribuyan a prevenirla, sancionarla y erradicarla; la sociedad y los líderes políticos aspiran a partidos democráticos que condenen la discriminación contra las mujeres, que no permitan la violencia y el acoso sexual y que promuevan la participación de las mujeres.