La batalla en los tribunales y la propuesta presentada en la Cámara de Representantes proporcionaron un gran alivio, traducido en optimismo y alegría, para miles de hondureños protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), a quienes se les señaló la fecha del 5 de enero del próximo año para el término del beneficio migratorio. Sin embargo, con el antecedente del fallo favorable de un juez federal para salvadoreños, haitianos y nicaragüenses, la administración Trump dejó en el aire la cancelación acordada el 4 de mayo de 2018 a la espera de una decisión judicial en California que podría llegar al Supremo, donde la mayoría favorable de los republicanos, con gran probabilidad, apoyará la línea de la Casa Blanca.	El primer paso está dado y es significativo no solo por ser el primero, sino por concretar acciones contra la política antiinmigrante de la administración Trump, que sigue ilusionado con el muro y la defensa de la frontera sur, arremete contra quienes se hallan legales con el Programa de Acción Diferida, llegaron niños y se educaron en el sistema norteamericano, y contra quienes tras dos décadas, con hijos nacidos en la Unión Americana, trabajo estable, vivienda, se han integrado, la mayoría, en las comunidades de vecinos.	En suspenso el fin del TPS, se prolonga la “agonía”, pero mientras hay vida, hay esperanza, que se puede configurar con mayor fortaleza en la próxima contienda electoral si los demócratas alcanzan mayoría en los dos organismos del Legislativo, pues el Senado es republicano, y habría mayor oportunidad para recibir una residencia permanente, como proponen los impulsores de “sueños y promesas”. La propuesta de los representantes demócratas, uno por California y dos por Nueva York, a la que podrían acogerse unos 4.7 millones, otorga el estatus de residente permanente condicional por un período de 10 años, al término de los cuales los beneficiarios podrán gestionar el retiro de las restricciones e incluso ser elegibles para obtener la ciudadanía.