Dichos fenómenos malignos afectan la gobernabilidad, la confianza en las instituciones y los derechos de la personas. El propósito fundamental de crear la Maccih es fortalecer el sistema judicial hondureño y establecer un mecanismo de lucha contra la corrupción y la impunidad que acompañe y asesore sobre una reforma al Sistema de Justicia de Honduras para asegurar la independencia completa de este poder, así como su transparencia y competencia profesional.	Entre las funciones de la Maccih están asesorar técnicamente, supervisar y/o evaluar al Ministerio Público, al Poder Judicial, la Dirección de Investigación de la Policía de la Secretaría de Seguridad, la Procuraduría General de la República, la Inspectoría de Tribunales, el Tribunal Superior de Cuentas y otras entidades del Estado de Honduras, responsables de la prevención y el combate contra la corrupción e impunidad.	El Poder Ejecutivo presentará al Congreso de la República de Honduras y promoverá un conjunto de reformas legislativas necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado del sistema de justicia hondureño. El gobierno de Honduras se obliga a garantizar a la Maccih todas las condiciones institucionales y de sus autoridades competentes para el cumplimiento de sus funciones, objetivos, mecanismos y líneas de acción.	La Maccih es coordinada por la Secretaría General de la OEA y cuenta con el apoyo de la Secretaría de Asuntos Jurídicos por medio de la Secretaría Técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), de la Secretaría de Seguridad Multidimensional y de diferentes entidades del Sistema Interamericano, incluyendo el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).	Se aprecia la excelencia y armonía en el marco referencial teórico, pero en la práctica la labor de la Maccih es y ha sido obstaculizada por las mismas autoridades de los tres poderes del Estado de Honduras, surge entonces la frustración del pueblo hondureño y adquiere expresiones de impotencia, coraje, repudio y condena hacia los políticos y a las autoridades gubernamentales, civiles y militares, con justificadas razones.	Es inaudito y repudiable que en el actual Congreso Nacional de Honduras del total de 128 diputados, 85 están imputados mediante procesos judiciales y deben acudir a los Tribunales de Justicia a firmar acatando las medidas cautelares; así que el 66.4% de la asamblea de diputados están relacionados con actos de corrupción y sin poseer la respectiva autoridad moral y ética para hacerlo, participan en el nombramiento de las autoridades antes mencionadas contribuyendo a perpetuar los círculos de la impunidad y corrupción.	La Maccih y la Ufecic (Unidad de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Corrupción) tienen un papel muy importante, pues aunque se ha avanzado, sigue existiendo mucha influencia de políticos, empresarios y autoridades en las decisiones de los operadores de justicia. Es mandatorio aprobar, en el Congreso Nacional, la Ley de Colaboración Eficaz, un proyecto de ley afectado por las tradicionales y lesivas prácticas dilatorias evidenciando que muchos de los que la tienen engavetada, están coludidos con la corrupción e impunidad.