Acorralado, Trump desplegó miles de soldados en su frontera sur y sigue desenvainando artilugios antiinmigrantes -retóricos y prácticos- para repeler lo que calificó de “invasión”. El martes, Estados Unidos hizo efectivo su “Protocolo de Protección a Migrantes”, que obliga a los solicitantes de asilo que cruzaron ilegalmente la frontera sur a volver a México para esperar su audiencia con un juez estadounidense.	Fuera de la ley. En una posición que muchos juzgan de sumisa, el Gobierno mexicano dijo que “no coincide con la medida unilateral”, pero accedió “por razones humanitarias y de manera temporal” a recibir a los extranjeros que expulse Estados Unidos, siempre que “hayan recibido un citatorio para presentarse ante un juez migratorio” estadounidense.	El primer conejillo de indias de la criticada estrategia estadounidense fue Carlos Gómez, un hondureño de 55 años que llegó con la caravana en noviembre. Cruzó “cansado” de regreso a México el martes, portando una gorra y mochila azul, y fue conducido a un albergue fuera de Tijuana. (...) Aplicar este procedimiento “no solo es ilegal, sino que podría tener consecuencias nefastas y catastróficas”, advierte Katie Shepherd, abogada y activista del centro de reflexión American Immigration Council.	Migrantes en la frontera han sufrido “una amplia serie de daños, desde la imposibilidad de obtener vivienda y comida, hasta violaciones y asesinatos”, dice. Hacinados y durmiendo a la intemperie bajo las gélidas temperaturas de invierno, los migrantes de la primera caravana han vivido en condiciones extremadamente difíciles en Tijuana, una peligrosa ciudad con presencia de carteles narcotraficantes. AFP