El Ministerio Público, tras una investigación a través de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), determinó la presunta comisión del delito de malversación de caudales públicos, 12 a título de autor y 9 a título de cómplices.	La investigación estableció que entre los meses de agosto y noviembre de 2015 se extendieron cheques con los que se afectaron fondos de Casa Presidencial, del Congreso Nacional y de la Secretaría de Finanzas. Los acusados son: Gladis Aurora López, Juan Carlos Valenzuela, Gustavo Alberto Pérez, Wesly Milena Vásquez, Milton Jesús Puerto, Carlos Humberto Bonilla, Hernán Enrique Vindel, Fabricio Puerto, Óscar Álvarez, Audelia Rodríguez, Estela Muñoz, Arnold Gustavo Castro, Ana Lucía Castro, Yajaira Lisbeth Talbbott, José Alejandro Flores, Indira Virginia Osorio, Iveth Salomé Navas, Geovanny Castellanos, Allan Arony San Martín, Gregorio Alberto Gonzales y Edwin Pavón, fallecido a finales de diciembre de 2018.	El juez consultó a cada uno su voluntad de rendir declaración en la audiencia y todos se negaron a declarar. El Ministerio Público ratificó el requerimiento fiscal presentado por el delito de malversación de caudales públicos y solicitó la detención judicial y la suspensión en el ejercicio de su cargo, en vista que esos fondos, según la investigación, fueron trasladados a cuentas particulares de los funcionarios y hasta familiares.	“Mi sustento está en Estados Unidos, mi familia depende de lo que gano allá. Yo me pude haber quedado allá, pero vine porque estoy seguro de mi inocencia. El juez dijo en su resolución que por el momento se mantiene la medida, es decir que la misma puede ser modificada. Yo pedí permiso en mi trabajo por el tiempo que sea necesario. Estamos preparados para presentar las pruebas suficientes y refutar las acusaciones”, expresó Álvarez. Aseguró que no recibió dinero y que hay la liquidación respectiva.	“Ejecutaron directamente los actos tendientes a sustraer dinero del erario público que en su momento fue a parar a sus cuentas personales, de familiares y de terceras personas, sin que esos fondos fueran utilizados para realizar proyectos para los que originalmente los fondos se solicitaron y autorizaron, desviándose para acrecentar el patrimonio personal y de terceros”, señala el requerimiento fiscal.