Una mujer y un niño de la minoría étnica musulmana uigur posan en la puerta de su casa en Turpan, la Región Autónoma Uigur de Sinkiang, en China, el 17 de noviembre de 2017. Los uigures conforman el 40 por ciento de la población de 21,8 millones de personas que viven en Sinkiang, una vasta región dividida por etnias fronteriza con Pakistán, Afganistán, Kazajistán, Kirguistán y Mongolia. EFE/ How Hwee Young	Se trata de operaciones masivas, vigentes en la actualidad, que se desarrollan bajo el más estricto secreto gracias a un macrosistema de vigilancia y procesamiento de datos personales. Los detalles, incluidos en una serie de documentos confidenciales intercambiados entre altos funcionarios de la administración del Partido Comunista de China (PCC), orientan sobre la magnitud de la represión a la que la segunda potencia mundial somete a esta población musulmana residente en Xinjiang, una región en la franja noroeste del país.	Los documentos secretos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y compartidos con 17 medios -entre ellos The New York Times, Le Monde y El País, permiten recrear, a través de las directrices de los altos cargos que administran la región, los métodos que ha puesto en marcha el Gobierno de Xi Jinping para encerrar a alrededor de un millón de uigures en centros de reclusión, según cifras avaladas por la ONU ante el secretismo del discurso oficial.	La filtración se produce una semana después de que el periódico The New York Times informara, basándose en más de 400 páginas de documentos internos, que el presidente Xi ordenó a los funcionarios que actuaran “absolutamente sin piedad” contra el separatismo y extremismo en un discurso de 2014 después de un ataque militante uigur en una estación de tren.	Forman parte de un grupo étnico de raíces túrquicas, localizado en gran medida entre el Asia Central y la franja occidental china. Se estima que en torno a 11 millones de uigures viven en la provincia china de Xinjiang, zona de vital importancia en la nueva ruta de la seda planificada por Pekín. Es la etnia predominante en esta región de la frontera oeste de China. En el resto del país, la inmensa mayoría de los ciudadanos, así como los cuadros de poder, pertenecen a la etnia han. A uigures y han no solo les separa la geografía, sino también costumbres, cultura y, sobre todo, religión. La mayoría de los uigures profesa el islam.	Refiriéndose a los detenidos como “estudiantes” que deben “graduarse” en los campos, las pautas establecen cómo el personal debe manejar su vida cotidiana, por ejemplo, asegurando “cortes de pelo y afeitados a tiempo”, al tiempo que enfatizan que a los detenidos se les prohíbe tener celulares, según una traducción del memo publicado por ICIJ.	“Los estudiantes... no pueden contactar con el mundo exterior excepto durante las actividades prescritas”, dice el memorando, y agrega que el personal debe “manejar estrictamente a los estudiantes que soliciten tiempo libre”. Si los llamados estudiantes “realmente necesitan abandonar el centro de capacitación debido a una enfermedad u otras circunstancias especiales, deben tener a alguien que los acompañe, monitoree y controle”.	El memorando dice que los reclusos deben ser juzgados con base en un sistema de puntos que mide “la transformación ideológica, el estudio y la capacitación, y el cumplimiento de la disciplina”. “Maneje estrictamente las cerraduras y llaves de las puertas. Las puertas de los dormitorios, las puertas de los pasillos y las puertas del piso deben tener doble cerradura y deben cerrarse inmediatamente después de abrirse y cerrarse”, dicen las instrucciones.	“Debe haber una cobertura total de videovigilancia de los dormitorios y aulas libres de puntos ciegos, asegurando que los guardias puedan monitorear en tiempo real, registrar las cosas en detalle e informar circunstancias sospechosas de inmediato”. Según el memorando, los estudiantes deben permanecer detenidos durante al menos un año, aunque eso no siempre se hace cumplir, dijeron los exreclusos a ICIJ.	Zumrat Dawut, de 37 años, residente en EEUU desde abril de este año, pasó tres meses en un centro en el oeste de la región, entre abril y junio de 2018: “No había camas como tal, sino un sitio en el suelo para tumbarnos. No cabíamos todos, así que por la noche una mitad dormía y la otra no. Los baños estaban abiertos ante todo el mundo, así que si alguien los usaba cualquiera podía verlo”, relata Zumrat a los medios del ICIJ. “Nos llevaban a clase con grilletes en los pies y esposas en las manos. Y había cámaras, podían ver cada esquina y a todos los que estábamos allí”, recuerda. Zumrat pudo salir después de que un grupo de hombres uigures entre los que se encontraba su marido, ciudadano paquistaní, denunciara a la embajada de su país y a la prensa internacional en Pekín la desaparición de sus respectivas parejas.	Pese a que el uso de campos de reeducación o laojiao es tradicional en la China comunista desde los años cincuenta para detenidos de toda índole, desde contrarrevolucionarios a activistas religiosos pasando por los miembros del movimiento espiritual Falun Gong, la explosión de estos en la región de Xinjiang comenzó a ver la luz pública a finales de 2017 gracias, sobre todo, a los testimonios de exdetenidos que habían conseguido huir al extranjero. El Gobierno chino, después de intentar ocultar o matizar su existencia en declaraciones oficiales, los incorporó a su legislación en octubre de 2018 e hizo público en verano de este año un “Libro Blanco” sobre los campos, concebidos para combatir los extremismos y el terrorismo que, aseguraba, se estaba extendiendo por la región: “El Gobierno ha establecido un grupo de centros vocacionales para ofrecer educación y entrenamiento sistemático, acordes a la legislación”, decía el Libro Blanco.	La comunidad internacional empezó a denunciar la existencia de los campos el año pasado. Así lo hizo Naciones Unidas y EEUU, que estableció en octubre sanciones contra todas las entidades y personas ligadas a la represión en Xinjiang. En el mismo mes, el Parlamento Europeo galardonó con el premio Sájarov por la libertad de pensamiento a Ilham Tohti, economista uigur activo en la lucha contra la situación de su etnia y bajo arresto desde enero de 2014. Una delegación de diplomáticos europeos que había visitado la región en junio de 2018 habló de una situación de apartheid.