La normativa, también conocida como ley especial del Fondo Departamental, en uno de sus artículos contempla como disposición que los diputados, alcaldías, Organizaciones no Gubernamentales (ONG), fundaciones y Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD) puedan hacer sus liquidaciones y justificaciones ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), institución que hará auditorías e investigaciones especiales a los fondos que manejen.	Esa disposición inhabilita en su función al Ministerio Público (MP) al tiempo que representa un nuevo blindaje promovido desde el CN. Más de 90 legisladores votaron a favor de este marco legal, que únicamente fue rechazado por las bancadas de Libertad y Refundación (Libre) al igual que del Partido Innovación y Unidad (Pinu).	El fiscal lamentó que todo el sistema de justicia no tiene voluntad para luchar contra la corrupción. “Hace unos meses habíamos avanzado en la lucha contra la corrupción, ahora hay un retroceso porque los diputados tienen tiempo para aprobar reformas a la Ley Orgánica (del Congreso) y no tienen tiempo para la Ley de Colaboración Eficaz y reformas a la ley de secretos”, criticó.