Dentro de pocos días se cumplirán los primeros cuatro años de la Misión de Apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, (Maccih). Fruto de la presión popular, vía las multitudinarias marchas de las antorchas, y resultado de difíciles y prolongadas negociaciones tanto en Tegucigalpa como en Washington, la Maccih surgió finalmente como un producto intermedio, algo así como una instancia transicional entre lo que demandaba la gente en la calle, lo que proponía la OEA y lo que aceptaba y permitía el gobierno hondureño.	Una vez firmado el convenio que le dio origen, la Maccih, conducida por el jurista y diplomático peruano Juan Jiménez Mayor, inició el proceso de instalación institucional y la formación del equipo de profesionales que habrían de conformarla. A partir de ese momento, es factible distinguir al menos tres etapas diferenciadas en el desarrollo y consolidación de la organización internacional.	Poco a poco, eslabón tras eslabón, Jiménez y su equipo fueron construyendo la nueva plataforma anticorrupción, creando tribunales especiales con jurisdicción nacional, certificando jueces debidamente calificados para dirigirlos, y promoviendo la instalación de una unidad especial de fiscales anticorrupción al interior del Ministerio Público. Al mismo tiempo, gestionaban la reforma o derogación de cierta legislación vigente (Ley de secretos oficiales, por ejemplo) y la aprobación de nuevas e importantes leyes como la de colaboración eficaz que, lamentablemente, todavía está oculta en los archivos del Congreso Nacional.	A medida que avanzaban en la consolidación de la nueva plataforma normativa contra la corrupción, Jiménez y sus colaboradores iban generando resistencias y animadversión beligerante en los círculos políticos corruptos de la sociedad hondureña. Utilizando habilidosamente el concepto de “colaboración activa”, contenido en el texto del convenio de creación de la Maccih, superaron la visión puramente de acompañamiento pasivo y capacitación jurídica.	Una conspiración malsana entre el gobierno hondureño y la Secretaría General de la OEA, acabó forzando la renuncia de Jiménez y su salida del país. La Maccih sufrió un primer y demoledor golpe bajo. Al mismo tiempo, comenzó la cruzada de los corruptos para blindar su sistema y protegerse con más impunidad.	La segunda fase comenzó con un interinato de transición institucional y el posterior nombramiento del jurista brasileño Luiz Guimaraes que dejó vacante Jiménez. Este período se caracterizó por una cautela a veces desmedida y un tacto protocolario exagerado al momento de tratar a los corruptos locales. El escaso perfil mediático de Guimaraes solía confundirse con un silencio desesperante y con frecuencia malinterpretado. La Maccih, sin quererlo, fue perdiendo apoyo que muchas organizaciones de sociedad civil habían comenzado a concederle.	En la tercera etapa, una vez que Guimaraes, sin pena ni gloria, regresó vencido a su país de origen, volvió a imponerse el antiguo interinato, esta vez con más largo aliento y más prolongado en el tiempo. En esta fase, la Maccih, conducida por la abogada peruana Ana Calderón, ha continuado la política de colaboración cercana y discreción calculada en su relación con la eficiente Unidad Fiscal Especial contra la impunidad y la corrupción, creada por el Ministerio Público. Como puede verse, la existencia de la Maccih en estos 4 años ha estado jalonada por momentos de ascenso y de parálisis, de avances y retrocesos, de triunfos y fracasos.