Se entiende por corrupción la acción o inacción de una o varias personas que manipulan los medios públicos en beneficio propio y/o ajeno tergiversando los fines del mismo en perjuicio del conjunto de la ciudadanía, a la que debían servir y beneficiar. De ello ya estamos curtidos los ciudadanos hondureños.	Solo para refrescar la memoria podemos mencionar la Red de diputados, la Caja chica de la dama, el Pacto de impunidad, el Caso pandora, Caja chica del hermano, desfalco al IHSS, Arca abierta, fraude sobre el Gualcarque, patuca III y, más recientemente, el Código Penal de la impunidad y la narcopolítica.	¿Pero qué más se puede esperar en un Estado fallido? ¿Qué se puede esperar cuando el contrato social que da vida a la república se violenta de manera escandalosa? Si la propia Constitución de la República, que es el conjunto de reglas fundamentales que rigen la organización y las relaciones de los poderes políticos y fijan los elevados principios del derecho público de una nación, ha sido mancillada en sus artículos pétreos, ¿cómo podemos esperar que el resto de leyes sustantivas y adjetivas sean respetadas por quienes ostentan cargos públicos?	El profeta bíblico Habacuc quejándose de la injusticia escribió de manera magistral en su oráculo: “¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad; por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia”.