No puedo ocultar mi preocupación por las graves acusaciones vertidas por famosos capos de la droga en el juicio contra “Tony” Hernández en Nueva York. Como bien menciona el abogado Edmundo Orellana, más que acusaciones contra una persona concreta se trata de una denuncia a nuestra incapacidad como país para impartir justicia.	Otros destaparon la olla de podredumbre, pero somos nosotros los que pagamos las consecuencias de la negligencia culpable. Ante esto, la postura honesta sería reconocer los propios fallos y proceder a descubrir las colaboraciones por acción u omisión de políticos, jueces y policías que todavía están dentro del engranaje de justicia de Honduras.	“Con profundo dolor constatamos cómo la lacra del narcotráfico”, como le ha llamado el papa Francisco, “que ha puesto fin a tantas vidas y que es mantenida y sostenida por hombres sin escrúpulos, es una realidad que ha permeado las instituciones de nuestro país y que, como consecuencia, ha derivado en un deterioro acelerado de la imagen de nuestra patria en el concurso de las naciones”.	El citado mensaje continúa: “Nada de lo que el narcotráfico ha logrado en nuestro país podría haberse alcanzado sin la colusión de órganos que, por razón de su ser, estaban llamados a defender la vida y proporcionar seguridad a todos”. Más que en intentar mostrar resultados del pasado, el gobierno se encuentra en la encrucijada de hacer evidente, y con hechos, si es verdadero el compromiso en la lucha contra el narcotráfico.