Dicen que una de las estrategias para confundir a la opinión pública es lanzar a la consideración de asuntos accidentales para distraer la atención de lo esencial. No voy a entrar aquí a la consideración sobre el derecho humano de elegir y ser electo, ya usado en el pasado para introducir inconstitucionalmente la reelección en Honduras, sino al hecho de que en estos momentos estamos en unas circunstancias en las que está en juego la institucionalidad y la democracia.	Es verdad que los militares y policías pueden ejercer el sufragio en otros países como España o Estados Unidos, pero parecería que no necesita mayores explicaciones que en nuestro país existen deberes pendientes esenciales como la salud y la educación. El tema de la migración está lejos de resolverse y el panorama político de cara a las próximas elecciones nunca pudo ser más conflictivo.	La separación de los policías y los militares con la política no significa que estos sean ciudadanos de segunda categoría. Nuestra Constitución, al mencionarlos como no deliberantes, obedientes al poder civil y apartidistas, deja claro cuál es su función en el entramado social que debe buscar el bien común en primer lugar.	El vocablo deliberar lo define la Real Academia Española de la Lengua como: “Meditar y considerar las opciones a favor y en contra antes de tomar una decisión”, es decir, que las órdenes que emanan de estamentos jerárquicamente superiores no deberán ser nunca sometidas a examen, debate o polémica. La obediencia al poder civil no se trata de sumisión de carácter político, sino que debe entenderse como subordinación institucional.	En estos momentos necesitamos más que nunca la cordura para dar respuesta a las exigencias de nuestra sociedad. El Código Penal de promulgación reciente no nos deja pensar que vayamos en esta dirección precisamente. Ojalá que los principales actores de nuestra sociedad reflexionen y propongamos soluciones en lugar de abrir frentes nuevos de discusión.