De acuerdo a Ochoa, dicha cantidad la obtuvieron luego de toda una revisión en la Comisión de Seguridad que el CAH creó con el apoyo técnico de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la disposición que la Junta Directiva ha tenido para el seguimiento de los casos tanto preventivos como reactivos contra los togados.	“Para darle protección a más de 26 profesionales de derecho es una situación onerosa y difícil hacerlo. Llamamos a los profesionales para que tengan cordura ante los comentarios que hacen de la institución. Hemos formado alianzas con organismos internacionales. Estos trabajan de la mano para identificar mecanismos de protección y evaluación de riesgos”, señaló la titular del CAH.	Consultada sobre si los asesinatos de abogados se dan por el ejercicio de la profesión o son cosas aisladas, Anny Ochoa manifestó que algunos de sus colegas que han formulado denuncias y ante el temor de cualquier tipo de amenaza se han remitido la información a los mismos organismos del Estado para que se les brinde protección.	“De estos se han turnado todas las solicitudes ante el Consejo de Protección quien las ha denegado dicha protección. Refieren que no son abogados en defensa de derechos humanos. Y de allí es que sigue nuestra lucha con el Congreso Nacional para que en el artículo 5 de la ley de protección pueda dar protección a todos los abogados en general”, aseveró la también profesional del Derecho.