La campaña pro-impunidad en el Congreso es inocultable y se ha convertido en un caminar obsesivo hasta conseguir una bien elaborada armadura que haga intocable a los miembros del Congreso Nacional, pese a sus acciones al margen o en contra de la ley. Tras años de cierto progreso en la igualdad de todos ante la ley vuelve la teoría cifrada en la distinción “de forma y de fondo”, con la ventaja de que prevalece la primera por la puerta más abierta del Tribunal Superior de Cuentas hacia quien decide en lo que se da en calificar de responsabilidad administrativa.	El asunto ha cobrado interés público por las indagaciones, señalamientos y hasta acusaciones, no por la labor legislativa, gozar de iniciativas, presentarlas en el Parlamento, discrepar, incluso con arranques violentos, votar sobre ellas… y un etcétera largo, pero todo dentro del ámbito legislativo, y no de poder autoproclamado para administrar recursos del Estado, que esa es tarea de quien ejecuta el presupuesto, las cuentas anuales, no de quien las aprueba.	Recientemente, el Ministerio Público presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de la reforma por adición de un artículo de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, cuya historia es larga y sobre ella se van acumulando cambios sustantivos, pero que para los diputados no son más que simples añadidos que “pasan” con levantar la mano y cobran vigencia con La Gaceta. Quien hace la ley, hace la trampa, es el habla de sabiduría popular que alcanza altos niveles con la decadencia de la ética y la moral.	El más reciente empuje a la impunidad se produjo con las reformas al ordenamiento jurídico del Tribunal Superior de Cuentas, a cuyos registros se les dota de coraza, por lo que las labores indagatorias del Ministerio Público y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y Corrupción (Ufecic) hallan barreras tras las cuales se protegen quienes aprovechan los recursos del Estado a título personal o de su grupo, beneficiados además con términos de la prescripción. Bien conocemos los recursos del TSC, la capacidad de investigación de sus miembros y el campo de indagación, papeles de oficina.	Lo más trágico es que se ha recorrido, aunque sea pequeño, un trecho de uno de los mayores, sino el mayor, exceptuada la seguridad, problemas del país, la corrupción. No solo no se debe aminorar el esfuerzo, debilitar el respaldo legislativo y recortar recursos, sino que es necesario redoblar esfuerzos para que el que la haga la pague, sea quien sea.