En cinco días de protestas, son miles de niños, niñas y jóvenes que han visto suspendido su ciclo educativo por la ausencia de las aulas de sus docentes, que están impulsando un movimiento en contra de la supuesta privatización de la escuela pública y en defensa de derechos laborales que les han sido conculcados en los últimos años.	También se contabilizan 6,000 consultas médicas sin atender, lo que ha afectado a gente muy humilde, sin posibilidades económicas de ir en busca de la atención médica que requieren a los centros privados, y que en muchos casos tienen que viajar desde el interior del país, desde comunidades muy remotas, tal es el caso de Elma Herrera, una mujer que vino a Tegucigalpa desde La Mosquitia, en el Caribe, con su hija enferma, y se encontró con el hospital cerrado. Frente a este panorama desolador, el gobierno y los dirigentes de los gremios de maestros y médicos deben hacer un alto para replantearse su accionar. Los gremios sociales -sin duda- que tienen derecho a reclamar el respeto y defender sus derechos constitucionales, pero no por encima de los derechos de los más pobres. Por otro lado, el gobierno debe entender que ellos ostentan el poder transitoriamente y que su deber es gerenciar y aplicar la ley de manera correcta y transparente, asumiendo con responsabilidad su papel de administrador de los bienes y los servicios públicos. Además es el responsable de mantener la armonía social, tratando los problemas con seriedad y responsabilidad. Los más desposeídos no pueden seguir pagando las consecuencias de las acciones de los políticos, de los malos gobernantes y de aquellos dirigentes gremiales que anteponen sus intereses personales por encima de los derechos de las mayorías. Es hora de que se planteen un diálogo sincero, transparente, en el que priven los intereses del pueblo.