"Dicho caso simboliza para el Ministerio Público, el primer fallo condenatorio que se dictó por lavado de dinero producto de la corrupción, lo que marca en la historia de Honduras, un antes y un después en el modelo de investigación y persecución penal estratégica en delitos de alto impacto social", indicó el Ministerio Público en un comunicado.	Comenzaron en el año 2011 a raíz de que Mario Zelaya solicitó millonarias coimas a la Compañía de Servicios Múltiples (COSEM) para que Javier Pastor y Carlos Montes, ambos miembros de la Comisión de Verificación del contrato denominado “Contratación de Servicios Profesionales de Organización, Digitación, Automatización, Sistematización de Archivos y Bases de datos de Planillas y Tarjetas de Afiliación de la Cuenta Individual del IHSS”, les aligeraran los trámites y no les pusieran ninguna objeción al momento de efectuar los pagos.	Los funcionarios públicos trataron de ocultar su origen ilícito, siendo beneficiado Mario Zelaya con $ 2,131,924.00, a través de pagos a las empresas C&M Motors ($.28,200.00 a compañía constituida en EEUU por su hermano Carlos Zelaya), Tour Operadora ($.20,000.00 para compra de pasajes), Inversiones Novaterra ($.513,040.00 para compra de inmuebles), Inversiones y Desarrollo Ética ($.359,000.00 para compra de inmuebles), Mahony Title Land Service ($.1,080,000.00 para compra de bienes en EEUU) y REASA ($.5,684.00 para compra de vehículo).	Javier Pastor recibió dádivas de $.235,00.00 de las cuales $.85,000.00 fueron en transferencias directas a su persona y $.150,000.00 a nombre de Mariscos Hybur un negocio propiedad de la familia de la esposa, mientras que Carlos Montes se favoreció de forma ilegal con $.150,000.00 que le fueron transferidos a través de un empresario residente en EEUU de nombre Carlos E. García (cuñado del encausado).	En base a estos hechos, la Unaf solicitó el 5 de abril de 2017 que se imponga a los sentenciados una pena máxima de 24 años de reclusión, 20 por lavado de activos y 4 por cohecho pasivo impropio, en base a lo que establece el artículo 27 del Código Penal en su numeral 9 relacionado a las circunstancias agravantes, planteamiento sobre el que se hoy se pronunciará la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, tras casi dos años de espera para que emitiera una determinación final.