Entre otras cosas más, también sugirió modificar el artículo 312 que se refiere a las agravantes específicas del tráfico de drogas. “El artículo 312 contiene las agravantes específicas que generan un aumento de la pena del delito de tráfico de drogas y la disposición del último párrafo de un incremento adicional ante el concurso agravante, siendo la reforma propuesta dirigida a este último párrafo a fin de que se considere dentro del concurso los supuestos de tráfico internacional, lo que es oportuno, dada la gravedad que esto supone”, indica el documento oficial.	Asimismo, recomendó enmendar el artículo 321 relacionado con las definiciones y cuya modificación está vinculada con el contenido del artículo 312 que dispone las circunstancias agravantes para el delito de tráfico de drogas que ocasiona incremento de las penas, siendo una de ellas que la cantidad traficada sea de especial importancia.	En su opinión jurídica, a cuyo texto íntegro tuvo acceso LA PRENSA, el Poder Judicial recomendó no despenalizar las figuras de responsabilidad penal de las personas jurídicas y los delitos contra el honor, cuya derogación fue planteada al Poder Legislativo por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).	Sobre la recomendación de mantener la penalización de los delitos contra el honor, especialmente la injuria, diversas organizaciones que defienden la libertad de expresión expresaron su desacuerdo con esta sugerencia, porque a su juicio sigue manteniendo su carácter intimidatorio sobre el ejercicio periodístico y la labor de los medios de comunicación.	Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), dijo que a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, la penalización de la injuria produce un efecto intimidatorio en los profesionales de la comunicación, aun cuando se proponga la aplicación de penas pecuniarias y económicas.	únicamente es ilustrativa y no vinculante, por lo que la última palabra la tendrá el Congreso Nacional, cuyo presidente Mauricio Oliva, se comprometió públicamente a despenalizar los delitos contra el honor y trasladarlos al ámbito civil. Recalcó que el CPH mantiene su posición de que los delitos contra el honor deben despenalizarse.	Por su parte, Edy Tábora, director del Comité para la Libre Expresión (C-Libre) opinó que el hecho de mantener los delitos contra el honor en el Código Penal inhibe el abordaje crítico sobre los asuntos de interés público, es decir, que la pura existencia de la ley penal genera eso porque las consecuencias son bastante dramáticas porque tiene herramientas bastante duras.