"Yo solo quiero decir que en mi condición de presidente, en el tema de malversación tiene que haber un beneficiario y lógicamente yo lo que hice fue pedir para ciertos fines y la autoridad financiera tiene que haber cubierto toda la parte legal de lo que es cumplir con los procedimientos establecidos para poder realizar cualquier tipo de transferencia", comenzó diciendo	y lamento mucho que como yo he señalado reiteradamente, las cosas son muy selectivas (...) y me siento contento de estar a la par de mis líderes que se han pronunciado sobre el partido (Nacional) que el día de hoy están siendo perseguidos por alguien a quien se llevó a la presidencia y que está pagando de esta manera el honor que se le ha dado", continuó el mandatario.	"Si lo que pretenden es callarme, están muy equivocados, seguiré adelante y claro aquí no hay ley y esa es la parte que a uno le generan cierto tipo de dudas porque la confianza en el aparato de justicia cada vez se pierde más. Yo no he malversado fondos ni abusado de autoridad porque no he cometido ningún delito, ninguna acción para la cual no esté facultado en mi condición de presidente de la República, que era", agregó	"Casa Presidencial o el Despacho de la Presidencia manejaban lo que era el Bono 10 mil urbano, que se operaba a través de desarrollo social, porque el bono urbano no tenía financiamiento, únicamente el bono rural, y si ese fuera el caso, los programas sociales, cualquier otra situación en transferencias a Seguridad, todo tiene relación con el ejercicio de la presidencia, nada con un fin particular, lesionar los intereses del Estado ni apropiarse de ningún dinero".	la línea de investigación se viene desarrollando desde 2017 y "lo importante de los resultados es que se logró identificar un modo de operar que, desde el despacho de la presidencia y despacho de la primera dama, se drenaron fondos que tenían finalidades específicas y se utilizaron para fines distintos, durante el año 2013".	"El mandatario, con el objeto de validar las acciones de petición de fondos, elaboró un Acuerdo Ejecutivo, determinando la creación de estructuras presupuestarias, que le permitieran al PANI poder transferir a la Secretaría de Finanzas, los fondos otorgados al despacho de la presidencia y despacho de la primera dama, a fin de que pudieran ejecutar proyectos sociales", puntualiza	El CNA identificó que el expresidente de la república (2010-2014), en fecha 4 de junio de 2013, solicitó por escrito al Consejo Directivo del Patronato Nacional de la Infancia (CODIPANI), la transferencia de CIEN MILLONES DE LEMPIRAS (L 100,000,000.00), fondos que serían utilizados supuestamente para programas de asistencia social que ejecutaría la Presidencia de la República.	Así mismo, la ex primera dama de la nación (2010-2014), en fecha 4 de junio de 2013, solicitó por escrito al Consejo Directivo del Patronato Nacional de la Infancia (CODIPANI), la transferencia de CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L 50,000,000.00), fondos que serían utilizados aparentemente para programas de asistencia social denominado “Calzando y vistiendo los niños de Honduras”.	Por lo que, en respuesta de las dos peticiones recibidas; el CODIPANI en fecha 28 de agosto de 2013, mediante la resolución No. 32-2013, autorizó a la Dirección Ejecutiva del PANI, la transferencia de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L 150,000,000.00), para financiar posiblemente programas de asistencia social de la presidencia de la república; específicamente CIEN MILLONES DE LEMPIRAS CIEN MILLONES DE LEMPIRAS (L 100,000,000.00) para el programa bono diez mil y CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L 50,000,000.00) para el programa Calzando y vistiendo los niños de Honduras.	Como parte de los actos preparatorios para cometer un delito y con el objeto de darle apariencia de legalidad a las solicitudes de fondos, el expresidente de la república, mediante el Acuerdo Ejecutivo No. 516-2013, de fecha 22 de octubre de 2013, acordó la creación de la estructura presupuestaria que le permitiera al despacho de la presidencia, poder agenciarse de los fondos, que supuestamente serían utilizados para la ejecución de programas sociales.	Se logró constatar mediante evidencias documentales, que los fondos otorgados por el PANI fueron transferidos a la Tesorería General de la República, mediante el cheque No. 25382, por un monto de SETENTA Y CINCO MILLONES DE LEMPIRAS (L 75,000,000.00) y a través del cheque No. 25383, por un monto de otros SETENTA Y CINCO MILLONES DE LEMPIRAS (L 75,000,000.00), ambos de fecha 3 de octubre de 2013.	Sumado a lo anterior, es un hecho irrefutable que el 17 de octubre de 2013, la Secretaría de Finanzas, mediante un documento oficial para ejecución de gastos, denominado F01 No. 189, se verificó, aprobó y firmó la autorización de transferencia de fondos al despacho de la presidencia, en un término de 24 minutos; siendo esta situación una burla al buen funcionamiento y resguardo de los fondos públicos, puesto que, como práctica dentro de dicha secretaría, se deben de seguir una serie de procesos que garanticen el uso adecuado de los fondos públicos.	De igual manera, el CNA cuenta con el respaldo que evidencia la participación del exsecretario de Estado en administración y gestión financiera presidencial, en donde da por recibido la cantidad de VEINTICINCO MILLONES DE LEMPIRAS (L 25,000,000.00), que provenían del Patronato Nacional de la Infancia, para la ejecución de programas sociales, pero que fueron destinados para la seguridad presidencial; aumentándose de manera deliberada el presupuesto para éste rubro, a pesar de que la seguridad presidencial ya contaba anualmente con CIENTO VEINTE MILLONES DE LEMPIRAS (L 120,000,000.00).	Finalmente, el Consejo Nacional Anticorrupción, manifestó que la denuncia presentada, contiene todos los indicios racionales suficientes, que determinan la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos por cambio de destino, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios; mismos que fueron ejecutados tanto por el expresidente de la república (2010-2014) y el exsecretario de Estado en administración y gestión financiera presidencial, a título de autores, según lo referido en el artículo 32 del Código Penal.