Los señalamientos realizados por la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra Juan Orlando Hernández en el juicio que contra su hermano Juan Antonio Hernández se está celebrando y donde se revelan supuestas relaciones con el crimen organizado para asegurarse el financiamiento de las últimas campañas electorales, a cambio de ofrecer protección estatal a las actividades de narcotráfico, comprometiendo el sistema de defensa, seguridad y el sistema de justicia hondureño, supone un atentado gravísimo a la dignidad y al honor nacional.	3. Juan Orlando Hernández ejerció de forma negligente y grave la omisión del cumplimiento de sus deberes básicos y competencias, así como por parte de las instituciones estatales llamadas a garantizar el orden público y la seguridad jurídica. Ya que los crímenes confesados por los procesados o condenados en las cortes federales estadounidenses jamás habrían ocurrido y, especialmente, denunciados el juicio contra el hermano de Juan Orlando Hernández.	1. La renuncia de Juan Orlando Hernández por haber quebrantado su deber Constitucional de defender el Honor de la República y traicionar la confianza del pueblo hondureño con su conducta negligente e impropia de su cargo en el caso de su propio hermano, acusado de” narco a gran escala” operando desde el 2004, sin que haya sido detectado por las autoridades de inteligencia del Estado y de las encargadas de perseguir este tipo de delitos	2. Que, de no darse la renuncia,llamamos al pueblo a ejercer el excepcional deber consagrado en los Art. 3 y 375 Constitucional, que manda que los ciudadanos estamos en el deber de restablecer el Orden Constitucional mediante el ejercicio al derecho de excepción consagrado en nuestra Constitución: “El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional” e iniciar un gran Acuerdo Nacional para la transición al restablecimiento del Orden Constitucional, el cual deberá ser adoptado por todos los sectores de la sociedad, sin la intervención de los que hoy gobiernan.	4. Exigimos al Ministro de Defensa y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, rindan a los hondureños una explicación sobre los graves señalamientos realizados por el narcotraficante confeso Amilcar Alexander Ardon, consistente en la utilizacion de equipo militar y tropas para colaborar en la protección de carteles del narcotrafico en el departamento de Ocotepeque y Copán y sobre la pérdida de equipo Militar que finalmente apareció en manos criminales y que a la fecha no hay responsables enjuiciados.	5. Exigimos al Fiscal General que realice la inmediata investigación de los crímenes cometidos en Honduras y revelados hasta que han sido publicados con motivo de la evacuación de pruebas en una Corte del Distrito Sur de Nueva York, así como el enjuiciamiento de los responsables, sus cómplices y encubridores, para lo cual se deben desplazar de inmediato los Fiscales competentes para tomar la declaración a tales criminales confesos.