Las declaratorias para lo que han servido es para evadir procesos burocráticos en las compras y controles en el gasto público; como resultado visible lo que tenemos son solicitudes de ayuda internacional, programas de asistencia social y denuncias de actos de corrupción por medio de los cuales algunos funcionarios públicos reciben jugosas coimas por procesos amañados en la inversión social.	La última declaratoria de emergencia que se ha hecho es la anunciada en el sector agropecuario. En la declaratoria no se hizo ningún planteamiento sobre cómo se asumirán los retos que plantea el cambio climático, mismo que está afectado a la generalidad de la población y amenaza, a futuro, convertirse en un grave peligro a la sobrevivencia humana.	Una declaratoria sobre el tema que nos ocupa y que ya está creando desasosiego en los hondureños debería anunciar, por lo menos, algunas de las medidas que se van adoptar. Es sorprendente que ante los problemas medioambientales que tiene la capital de la República y otras ciudades del país, el Estado no cuente con una estrategia de protección de sus fuentes de agua, fauna y flora.	Lo que ocurre en la montaña de La Tigra, la que abastece en un 30% de agua a los habitantes de Tegucigalpa, es un buen ejemplo, esta reserva necesita una propuesta integral de protección, como también se necesita para todo el territorio nacional. Esa importante fuente de agua con el tiempo quedará reducida a una zona de viviendas; por todos los lados de la misma va creciendo la construcción de casas de diferentes sectores sociales, siembra de productos agrícolas de subsistencia y hasta producción para el comercio y recreación.	Nadie pone orden y todo se desarrolla bajo la indiferencia gubernamental y ciudadana. Se supone que el Estado cuenta con decenas de diagnósticos acerca de la situación de los recursos naturales de la nación. Sobre los estudios que ya se han hecho es necesario implementar algunas medidas de carácter urgente; se debe pasar a la revisión de los planes urbanísticos de las principales ciudades y ajustarlos a las nuevas realidades, revisar las licencias ambientales que se han venido otorgando para la construcción de viviendas y proyectos energéticos, y aquellas que no se ajusten a las especificaciones técnicas recomendadas, clausurarlas, revisión y ajuste de las leyes ambientales, declarar una veda forestal en todo el país, prohibir la extracción de material de construcción en ríos y quebradas, igualmente, debe condenarse con severas multas el desvío de los cauces de toda fuente de agua con fines comerciales e individuales.