“Es necesario diferenciar el reclamo social pacífico, legítimo y garantizado por el mandato constitucional y el orden legal de las acciones conspirativas que pretenden instaurar un ambiente de caos en el país, con ataque violentos contra personas e instituciones, destrucción de bienes públicos y privados, y toma de edificios e instalaciones estatales”, dijo leyendo un documento consensuado por todos ellos.	La violencia, que comenzó la semana pasada cuando el presidente Lenin Moreno decidió recortar los subsidios a los precios del combustible, ha persistido durante días. Varios pozos petroleros dejaron de producir cerca de un tercio de la producción nacional de crudo, 560.000 barriles diarios porque los manifestantes atacaron las instalaciones, dijo el Ministerio de Energía.	En medio de las protestas, el presidente Moreno trasladó la sede de gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil, donde ratificó que mantendrá el aumento del precio de los combustibles, rechazó los saqueos y ataques a propiedad privada, entidades estatales y fincas agrícolas protagonizadas por indígenas y manifestantes, aunque al mismo tiempo reiteró su invitación al diálogo a los dirigentes de las protestas.	, junto con las más altas autoridades del Estado y su gabinete en Guayaquil, señaló el martes que “siento el respaldo de todas las instituciones y agradezco. No por conservar un puesto, lo he dicho, jamás en la vida claudico un principio y estoy seguro que todos los compañeros que estamos acá piensan exactamente lo mismo. Les agradezco por su defensa al sistema democrático”.	La analista Grace Jaramillo, de la universidad British Columbia, en Vancouver, dijo a The Associated Press que el gobierno de Moreno “tenía la obligación, y no lo hizo, de generar consensos o al menos acuerdos mínimos con los sectores más vulnerables y las organizaciones que iban a ser afectadas por las medidas; el gobierno tiene toda la responsabilidad”.	De acuerdo con la experta, el traslado de la sede de gobierno es “una medida desesperada por salvar la presidencia de un posible golpe de Estado, ese es el miedo mayor, pero eso también explica la incapacidad del gobierno por resguardar el orden, para acercar posiciones y para detener el caos”.	El ministerio de Energía dijo que la noche del lunes un grupo de personas tomaron las instalaciones de control del principal oleoducto del país y lo paralizaron por casi dos horas y media impidiendo el bombeo de 36.239 barriles de petróleo, lo que causó pérdidas por 1,7 millones de dólares y señaló que el hecho fue denunciado a la fiscalía como sabotaje.	Tras las primeras protestas, el gobierno decretó la semana pasada un estado de excepción en todo el país lo que restringe derechos ciudadanos y faculta al Estado a efectuar requisiciones. No es inusual que el gobierno utilice ese estado, la última vez que lo decretó fue a mediados de año para hacer frente a problemas en las cárceles del país.