El entonces mandatario otorgó a ambas agrupaciones préstamos por el orden de los 600 millones de lempiras para la compra de unas 4,000 hectáreas de palma africana que habían invadido a empresarios de la zona, y poner con ello fin a uno de los conflictos más agudos surgidos tras el golpe de Estado de 2009.	Es por esta razón que ahora, el Estado debe destinar de su presupuesto al menos 18 millones de lempiras anuales para hacer frente a las obligaciones financieras que desde hace tres años no cumplen los labriegos, aduciendo insolvencia económica porque lo que producen solo sirve para el sustento de las familias asentadas. Con la auditoría buscarán determinar si los campesinos tienen o no capacidad de pago y, en dado caso que lo sea, refinanciarles la deuda.	Se queda a la espera de que una vez concluida la auditoría se cumplan con las recomendaciones que la misma establezca. El respeto a la ley en este y otros casos más es indispensable para garantizar la paz social que demanda una de las zonas de más alto potencial agrícola de Honduras.