La administración del presidente Donald Trump otorgó millonarios contratos a empresas privadas para abrir más cárceles para inmigrantes en California, a pesar de que el 1 de enero de 2020 entrará en vigor una ley estatal que prohíbe la operación de nuevos centros de reclusión de la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE).	Las nuevas prisiones de ICE tendrían cupo para otros 4,000 detenidos, pero diseñadas para expandirse en el futuro, refieren los contratos publicados en un sitio web del gobierno federal el viernes, dos semanas antes de que entre en vigor la ley AB-32 que en octubre pasado firmó el gobernador de California, Gavin Newsom.