en al menos dos ocasiones entre aproximadamente 2011 y 2013, el acusado ayudó a organizar asesinatos de rivales del narcotráfico. En uno de esos incidentes, el acusado se confió en un miembro de la Policía Nacional hondureña que más tarde se convirtió en el jefe de toda la fuerza policial, para ejecutar el asesinato. Finalmente, a pesar de una conducta atroz que duró más de una década, el acusado viajó a Estados Unidos en octubre de 2016 y mintió descaradamente sobre sus conexiones con el narcotráfico	El documento preparado por la Fiscalía que representa al Gobierno de Estados Unidos fue enviado el viernes a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, tribunal que conocerá la causa judicial contra Juan Antonio (Tony) Hernández Alvarado, quien enfrenta cargos por narcotráfico y cuyo juicio está programado para el próximo de 2 de octubre.	” basada en la protección que recibirían de los dos coconspiradores, identificados como CC-3 y CC4, quienes aspiraban a la Presidencia de la República y a la del Congreso, respectivamente, por el Partido Nacional. El acusado le dijo a CW-3 que él creía que CC-4 sucedería a CC-3 como presidente de Honduras, por lo que la protección a sus actividades ilícitas continuaría.	La sombra de la extradición. Cuando en enero de 2012, el Congreso hondureño, liderado por CC-4 aprobó la extradición de sus ciudadanos a EEUU por cargos de narcotráfico, el acusado dijo a su socio sentirse confiado de que dicha legislación no le afectaría, e incluso hizo campaña con un funcionario para buscar un escaño en el Congreso, en un acuerdo en el que el acusado (Tony) sería nombrado diputado suplente de este funcionario.	En 2013, de acuerdo con el documento, CC-4 pidió a CW-3 que apoyase su campaña política en busca de la Presidencia de Honduras, reuniendo el respaldo de políticos locales a través del pago de sobornos, por lo que CW-3 invirtió alrededor de $1.5 millones en la campaña presidencial de CC-4 a cambio de mantener la protección de sus actividades de narcotráfico.	La Fiscalía refiere que a comienzos de 2014, luego que CC-4 fuera elegido presidente, nombró al funcionario que había hecho campaña para diputado junto con el acusado, como ministro de Defensa (Samuel Reyes), por lo que el acusado, que era su suplente, pasó a ocupar el puesto de diputado titular. Por esa misma época entró en contacto con Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cartel de los Cachiros, pues este deseaba recuperar un dinero que el Gobierno le debía a través de un contrato suscrito en la administración anterior por una empresa creada para el lavado de activos. El acusado, según el documento, aceptó un pago de Rivera Maradiaga y acordó ayudar a obtener el pago de la deuda. Para esta época, el líder de los Cachiros ya comenzaba a colaborar con la DEA. La Fiscalía destaca en el documento que en octubre de 2016, el acusado viajó a EEUU, adonde se entrevistó con funcionarios de la Fiscalía y de la DEA, y aunque admitió conocer sobre las actividades ilegales de varios traficantes hondureños negó tener nexo alguno con ellos, afirmando que él nunca había participado en esa clase de actividades.	El documento explica que alrededor de 2016, CC-4 le informó a CW-3, a través de uno de sus ministros, que quitaría a un pariente de CW-3 de un cargo público que se le había otorgado como favor político, esto como consecuencia del “creciente escrutinio relacionado con el narcotráfico”; pero también le solicitó nuevamente su apoyo para una nueva campaña, pues CC-4 buscaba la reelección como presidente, por lo que CW-3 aportó un aproximado de un millón de lempiras de sus ganancias de la droga para ayudar a financiar esta campaña.	Posteriormente, en 2018, un pariente del acusado (identificado como CC-6), “quien era miembro de la Policía Nacional de Honduras, llamó a CW-3 con respecto a los informes de los medios de que CW-3 planeaba entregarse en los Estados Unidos. Durante la llamada, CC-6 indicó que CC-4 quería saber si era cierto que CW-3 se había entregado. CW-3 confirmó a CC-6 que él todavía estaba en Honduras”, refiere el documento.	La Fiscalía le imputa al acusado su participación en al menos dos casos de asesinato.El primero de ellos ocurrido en 2011, cuando un socio de CW-3 (identificado como Víctima-1) trató de bloquearle el acceso a una de las rutas utilizadas para llevar la droga a la frontera con Guatemala.	El 23 de enero, Estados Unidos lo acusó “de cargos que en cada acusación incluyen conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos”. El comunicado emitido por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York decía: