Hace más de siglo y medio, en una ergástula carcelaria, a pocas horas de enfrentar el pelotón de la muerte, Francisco Morazán Quezada, el héroe, escribía su último mensaje para las generaciones venideras de Centroamérica. Además de las indicaciones precisas sobre la disposición de sus bienes, Morazán abordó dos puntos de vital e histórica relevancia: Primero, su amor a Centroamérica y su recomendación de que estas parcelas debían mantenerse unidas para alcanzar la libertad y la paz, sobre la que descansaría la prosperidad de los pueblos; Segundo, su fe en que esa libertad y prosperidad descansaba en manos de la juventud, que era “la llamada a dar vida a este país, al punto que debería estar dispuesta a morir con firmeza antes de dejarla abandonada al desorden”.	Lejos estuvo Morazán en imaginar que siglo y medio después de su desaparición física, ese país desordenado, injusto, irrespetado por propios y extraños, saqueado sin lástima, generación tras generación, por autoridades inescrupulosas, carentes de sentido de responsabilidad ciudadana, incapaces para conducir al país por senderos de bienestar, sigue, en términos relativos, peor de como él lo dejó.	Viene esta reflexión a razón de la decepcionante actitud de la mayoría de nuestros jóvenes congresistas, aprendices no muy lúcidos del arte de legislar; sometidos a los férreos dictados de las desgastadas cúpulas de los partidos o camarillas políticas en que militan; partidos que a su vez perdieron su razón primigenia de existir, sin ideologías ni doctrinas ni ideas transformadoras, ni siquiera voluntad para hacer las cosas bien como lo requiere la nueva Honduras que soñamos.	Hace pocas horas se sometió al Congreso (por algún necio como lo hubiese calificado mi noble amigo Gaspar Vallecillo) un proyecto de decreto para “regular la reelección”, poniendo oídos sordos o haciéndose los papos frente a las mil y una explicaciones jurídicas que desde hace cuatro años vienen, irrebatiblemente señalando, los que saben de derecho constitucional, que no se puede reglamentar una norma (mucho menos constitucional), en el sentido que LA REELECCIÓN no existe en nuestra legislación, la Corte Suprema nunca ha tenido facultades para declarar “inaplicable” una disposición constitucional pétrea.