(OPD) pueden hacer sus liquidaciones y justificaciones ante el TSC, institución que hará auditorías e investigaciones especiales a los fondos que manejen. Mientras no se emita una resolución definitiva de parte del ente contralor del Estado, quedará en suspenso cualquier otro tipo de acción administrativa, civil o penal en relación con los fondos que sean otorgados.	(Maccih) se advierte que esta legislación “tiene vicio de inconstitucionalidad y atenta contra los principios emanados de la Constitución y la sana administración del Estado, pues mediante interpretaciones analógicas se busca extender facultades que la misma ley otorga a otro poder del Estado”. Apunta que esta ley dificulta las investigaciones por malversación de fondos.