La Misión ha sido un termómetro en el ardiente fuego vivo de la batalla a la impunidad que arrecia, peor en estos instantes en que la estocada del nuevo Código Penal está por entrar en vigencia, le da carta de venta a los salteadores donde llevan al país en un saco que está diseñado a la medida de los corruptos; hasta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) recomendó al Congreso Nacional revisarlo por violentar tratados internacionales, al contener tipos penales ambiguos y penas desproporcionales, entre observaciones puntuales.	Pues, en un pueblo carcomido por los bienes estatales, todo es apremiante, y entre muchas otras urgencias, está la de indagar, identificar y procesar en coordinación con el Ministerio Público y el CNA a las estructuras que, desde la ilegalidad pero dentro del círculo de poder, actúan según lo hicieron con el IHSS, en un afán de saquear el Estado a través de la salud, cuya pesquisa en esa secretaría documentó fehacientemente la existencia y el accionar de estas redes.	Hay que pasar de las líneas de investigación a las líneas de acción, por eso es de vital exigencia el músculo de la Maccih, con el objetivo de enfrentarse no solo al esqueleto de la impunidad que dieron razón de ser a la entidad, sino a las redes de influencia tradicional de las élites y de paso, al mismísimo régimen afanado en que se pueda quedar más tiempo.	Ojalá siga este ente tan imparcial como su último vocero, el brasileño Luiz Guimarães Marrey, que dejó el cargo a finales de junio tras sustituir hace un año al exministro peruano Juan Jiménez. Jiménez, que también había hecho una responsabilidad constante y decidida, renunció en febrero de 2018 tras asegurar que el secretario de la OEA no le estaba apoyando en su cruzada hacia los corruptores. Esta evaluación firme y correcta nos dará la radiografía de la calamidad del sistema descompuesto y sabremos que aún se necesita la vitamina de la Maccih.