El segundo asunto es de interés general del país, en lo cual es adecuado que la sociedad se ponga a reflexionar sobre lo que estaba en juego, y lo mas valioso es, que el país entero ha ganado con este fallo, en especial, en la conducta de las campañas electorales del futuro.	El punto más esencial es que a través de este proceso judicial se ha comprobado claramente la falsedad del documento calumnioso leído por la entonces candidata, ahora diputada María Luisa Borjas. En este proceso jurídico, las evidencias comprobaron que todo este asunto fue generado por un documento falso. O sea, no solamente que las calumnias fueron falsas, que es lo más evidente, pero que el propio documento, supuestamente un informe oficial, fue falso.	Nuestra victoria quedaba aún más contundente dado que el tribunal recibió los testimonios expertos de las mismas oficiales de la policía que tenían la responsabilidad directa para la investigación, quienes mostraron que no solamente fue un documento falso, pero que su falsedad fue evidente. Con el fallo de la Corte queda claro el reconocimiento más completo y contundente en esta materia.	Segundo, es importante notar que la defensa de la diputada Borjas jamás argumento que las calumnias fueron ciertas, sino que aceptó que las calumnias que intentaron vincular falsamente a mi cliente con el caso de Berta Cáceres carecen que cualquier sustento, ya que incluso la misma diputada Borjas reconoció que la falsedad de las calumnias debe ser evidente a todos que han prestado su atención.	Es importante resaltar, que no solo únicamente estaba en juego el interés directo de mi cliente, quien pudo haber aceptado el ofrecimiento de la diputada Borjas de reconocer públicamente lo que ella propuso por escrito: “En este sentido puedo manifestar que cualquier persona, que como yo le ha dado seguimiento al caso del asesinato de Berta Cáceres, sabe que en las investigaciones realizadas por el Ministerio Público y lo revelado durante el proceso judicial, que culminó con una sentencia condenatoria, no se ha vinculado al señor Camilo Alejandro Atala Faraj con estos hechos criminales.”	De haber sido resuelto en el sentido contrario, o si mi cliente no había tenido la valentía y capacidad de insistir en este asunto de importancia nacional, se había quedado establecido que un candidato en elecciones puede operar con impunidad, promoviendo falsedades inflamatorias a través de los medios de comunicación, para generar la visibilidad mediática para beneficiar su candidatura, sin importar en lo más mínimo la falsedad de las calumnias, siempre que se pueden atribuirse a un documento escrito por un tercero y únicamente con el resguardo de agregar: quiero una investigación de esta materia. Las implicancias para la conducta de las campañas electorales, agregando el factor de las redes sociales, serían muy graves para el país.	También es y ha sido el propósito de asegurar que los procesos de investigación criminal pueden llegar a los verdaderos culpables y hacer justicia para las víctimas, sin sufrir los sabotajes de las personas quienes quieren desviarlos con campañas publicitarias dirigidas en contra personas inocentes, que es otra forma más de promover la impunidad para los criminales.	Finalmente, dado que el interés propio de mi cliente ha sido únicamente establecer la verdad y que nunca ha existido ningún deseo que la persona culpable tenga que sufrir cualquier pena de cárcel, se espera que la honorable Corte pueda encontrar, siempre dentro de la Ley y en conformidad con sus importantísimos deberes de velar por la justicia y el interés público, que haya una alternativa misericordiosa para la persona culpable.