Según el Atlas de la migración en los países del norte de Centroamérica, publicado por la FAO y la Cepal, en 2015 más de 12 millones de mexicanos, 1.2 millones de salvadoreños, 880 mil guatemaltecos y 530 mil hondureños vivían en Estados Unidos. Ese año, la cifra de migrantes centroamericanos en tránsito hacia el norte se estimó en unas 417 mil personas.	Pero en los últimos años este proceso se ha acelerado: según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), durante todo 2018, México recibió más de 29 mil solicitudes de asilo. Sólo en los primeros cinco meses de 2019, esta cifra ya supera las 24.5 mil solicitudes del año anterior, 13 mil solamente de ellos Honduras.	En respuesta a este fenómeno global, en 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas impulsó el Pacto Global Mundial para la Migración con el fin de que esta sea segura, ordenada y regular. Pero países importantes que lo han impulsado terminaron por no firmar el documento que pondría en marcha las políticas acordadas.	Para avanzar en esta transformación en Mesoamérica, la FAO y el gobierno de México han convocado una Reunión de Alto Nivel sobre Migración el 2 y 3 de julio, en Ciudad de México. ¿El objetivo? Discutir un plan de trabajo concreto para el desarrollo de los territorios rurales que son centros de origen de miles de migrantes.	Vigorizar estos territorios requiere inversión pública y privada y la acción directa de las comunidades locales. Para que las personas no tengan que dejar sus lugares de origen se necesita crear oportunidades de negocio y de empleo, especialmente para los jóvenes. Si queremos que miles de personas no se vean forzadas a formar caravanas para enfrentar desiertos y vadear ríos tormentosos, debemos crear una gestión eficiente de los recursos naturales y promover un mayor acceso de la población a los sistemas de protección social.