Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, oeste, pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para protegerla de las constantes amenazas que recibía, y por su crimen la Justicia hondureña condenó en noviembre de 2018 a siete nacionales.	La investigación ha sido una "tarea de hormiga" de los expertos de la Ufecic y la Maccih, según la denuncia, que además recuerda que la DESA fue creada el 20 de mayo de 2009 por los hermanos Roberto Antonio y Geovanny Isidro Abate Ponce, con un capital de 25.000 lempiras (unos 1.016 dólares).	"Durante los tres años transcurridos desde el trágico asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, ha habido partes inocentes que han sufrido una implacable campaña de acusaciones falsas. En algunos casos, encarcelamiento ilegal", indicó el pasado día 2 en un comunicado Robert Amsterdam, abogado internacional que representa a la empresa DESA.