Ese mismo día, el secretario general de la ONU, António Guterres, rechazó la medida y llamó al Gobierno de Guatemala a cumplir el compromiso de que la comisión termine su mandato el 3 de septiembre, como lo había aceptado el presidente el año pasado, cuando anunció que no lo renovaría. La Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, resolvió el miércoles dejar en suspenso provisional la salida anticipada de la comisión, y el Gobierno anunció que analizará el fallo para dar luego su postura. Las decisiones adoptadas por las partes tienen dividida a la sociedad guatemalteca, de por sí aún polarizada por el conflicto armado que desangró al país entre 1960-1996.	Morales, que llegó al poder respaldado por el partido Frente de Convergencia Nacional, conformado por militares retirados, algunos de ellos señalados de desapariciones forzadas durante el conflicto armado, suma los apoyos de los sectores empresariales. La sociedad civil respalda los fallos del Constitucional y a la Cicig hasta ahora con mínimos plantones y pronunciamientos públicos.	La poderosa cúpula empresarial aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Agrícolas, Industrias y Financieras (Cacif), las cámaras de Industria y del Agro y los bananeros independientes, entre otros, han expresado su apoyo a Morales. Mientras, la sociedad civil advierte del debilitamiento del Estado de derecho y de un posible aislamiento internacional de Guatemala. La Casa Blanca y el Departamento de Estado de EEUU también son “cómplices” de estas medidas con su silencio, advierten.