, se convierten en refugio seguro ante los señalamientos, requerimientos y quejas en el uso y abuso de recursos públicos. Eso de lo penal y de lo administrativo sigue siendo el eco de aquello más clásico, fondo y forma. Pasan los días, los meses y los años, pero las auditorías ni siquiera en aquellos casos más graves y secreto a voces caminan aunque sea a paso de tortuga.	, pero con un salario mediano, respaldado, eso sí, en el presupuesto de la República, se apilan antes solo en papel, ahora en el impreso a presentar y en el sistema, lo que debilita indagar a los altos cargos públicos que manejan recursos, estudian y aprueban proyectos o préstamos, califican y contratan personal, etc. etc.	En la Comisión de dictamen para las reformas en la ley en el TSC surgió la palabra mágica, “prevenir que se cometan irregularidades en todas las instituciones que manejan fondos públicos”. En un sistema tan débil, acosado y dominado por la corrupción las acciones posteriores hacían preguntarse a los hondureños y “ahora ¿para qué?”. ¿Quién a va a prevenir? Un “auditor interno que asesore y prevenga el mal uso de esos recursos”, claro que habrá que colocar una claúsula de nulidad a su posible contratación en la institución auditada, pues la experiencia no muy lejana es aleccionadora.