Cabe recordar que cuando comenzó el proceso tributario en 2015, muchas empresas cancelaron contratos con pequeñas empresas que no estaban bajo el régimen. Debido a que al no tener la nueva factura, los egresos no podían ser justificados ante el SAR. Con el régimen, la base tributaria a nivel nacional pasó de 79,000 contribuyentes a más de 250,000. En San Pedro Sula hay más de 30,000 empresas adheridas al régimen. A raíz de las negociaciones con el FMI, el SAR acordó ampliar esa base para incluir en ella aquellos comerciantes que se encuentran en la ilegalidad. El SAR también es el encargado de entregar los certificados a los mipymes que se acojan a la Ley de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa, quienes serán beneficiados.	Aunque con el certificado el pequeño empresario no paga impuestos, sí debe hacer su declaración fiscal. El no hacerlo acarrea una sanción que va conforme a los ingresos, que inicia desde un 10% del salario mínimo. Cabe recordar que sus ingresos no deben ser mayores a los L5 millones anuales. “Nosotros como SAR les revisamos la información, verificamos que sean aprobados por la Secretaría y les entregamos el certificado”, explicó la funcionaria.