El éxito del Gobierno que asumirá en junio el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, dependerá de que logre pronto un pacto fiscal que le dé piso para afrontar un escenario nacional marcado por un elevado endeudamiento, un aparato productivo famélico y altos niveles de pobreza y violencia. En el acuerdo fiscal “se define cuál es el país que se quiere, cuánto cuesta y cómo se va a financiar”, afirmó a Efe el director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Jonathan Menkos. A juicio de este economista con máster en Gobierno y Políticas Públicas en América Latina por la Universidad Pompeu Fabra/IDEC de Barcelona (España), el presidente electo no debería esperar a tomar posesión el próximo 1 de junio, sino que desde ya “con toda la legitimidad con que cuenta, convocar a los diversos sectores de la sociedad para concertar ese pacto fiscal”.	Bukele, un carismático empresario de 37 años, ganó en primera vuelta con el 53,1% de los votos las presidenciales del pasado 3 de febrero, acabando con el bipartidismo instalado desde el fin en 1992 de la guerra civil iniciada en el 1980 y representado por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).	El gobernante electo se encontrará con un país cuya economía ha crecido apenas un 2% en promedio en la última década, impulsada además por las remesas familiares y altos niveles de informalidad con solo 1 de cada 4 salvadoreños cotizando a la seguridad social. Menkos recalcó que “en el próximo gobierno se vencen 2,400 millones de dólares en bonos”, a lo que hay que sumar que “la ley de Responsabilidad Fiscal estableció que la carga tributaria a partir de 2021 debe ser por lo menos de 18.5%, por encima del 17.9% calculado por Hacienda para este año”.	El déficit fiscal para este 2019 se ha calculado en el presupuesto en 3.2% y según la ley de Responsabilidad Fiscal para 2021 debe ser de 0.7 %, lo que implica que el Gobierno de Bukele “debería hacer un ajuste de 2.5 puntos del PIB en apenas dos años”. Ese es “un ajuste brusco, tomando en cuenta la realidad del país”, pero “de no hacer cambios en las finanzas públicas” el panorama para el Gobierno “sería muy sombrío, pues no tiene mucho margen de maniobra. Por eso es tan importante priorizar el pacto fiscal”, afirmó Menkos.	Bukele llega a la Presidencia de la mano del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), minoritario en el Parlamento con solo 10 escaños y producto de una escisión de Arena, luego de haber sido expulsado en 2017 del FMLN debido al enfrentamiento y críticas públicas con los directivos de la formación de izquierda.	Sin embargo, señaló que las pasadas elecciones parlamentarias “fueron una catástrofe para las principales fuerzas políticas (Arena y FMLN), y de hecho ya salieron partidos políticos abiertos a respaldar propuestas del Ejecutivo” que encabezará Bukele. Entre las propuestas de campaña para solucionar la fragilidad de las finanzas públicas Bukele incluyó la aplicación del impuesto predial y a los flujos de efectivo de empresas; así como la factura electrónica para el combate de la evasión.	Pero ese apoyo social lo logrará “en la medida en que su plan de Gobierno atienda las exigencias de la mayoría -empleo, seguridad, probidad, garantía de derechos sociales-, respete la institucionalidad democrática, tolere la crítica y logre un acuerdo fiscal de gran calado que fortalezca la administración pública, con más recursos, más transparencia y mejores capacidades”, añadió. En materia de transparencia, la propuesta de Gana durante la campaña fue la creación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), que se implementaría gradualmente a partir del tercer cuatrimestre del 2019, indicó el Icefi.