Los diputados lo volvieron a hacer. Se sacaron de la manga de la camisa y aprobaron en su sesión del miércoles, a matacaballo, una reforma por adición al artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional que les devuelve la inmunidad, privilegio que fue abolido en la gestión de Porfirio Lobo como presidente de ese poder del Estado. Lo que se aprobó fue una inmunidad para la función legislativa (fuero legislativo), dicen los defensores de la reforma; es un retroceso en temas de transparencia y rendicion de cuentas, en la lucha contra la impunidad y la inmunidad, dicen los opositores.	La reforma establece que los diputados no serán responsables penal, civil o administrativamente por la función que ejerzan, incluso las relacionados al manejo de presupuestos para proyectos que antes salían del llamado Fondo Departamental y que -coincidentemente- fue reactivado en la misma sesión bajo el nombre de Ley especial de gestión, asignación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos sociales.	Manda que el manejo de los fondos solo pueden ser auditados por el Tribunal Superior de Cuentas y nunca por la Maccih o el Ministerio Público, que a través de la Ufecic ha denunciado en los últimos meses los sonados casos de corrupción conocidos como Pandora I y II, la Red de Corrupción de Diputados o la Fe de Erratas.	Está claro que estas decisiones no abonan en estos momentos al clima de crispación social que viven los hondureños, que demandan de sus líderes ser firmes en la lucha contra la corrupción, la impunidad y la inmunidad de quienes por años usufructuaron los dineros y bienes públicos en detrimento de los más pobres. Ser transparentes en sus funciones es el camino, porque quien bien actúa está seguro que nunca necesitará una ley en la cual cobijarse para evadir la justicia.