Las declaraciones juradas fueron la base de las órdenes de registro que llevaron al juez a autorizar las redadas del miércoles y, aunque no son cargos oficiales, permiten dar un primer vistazo detallado a la evidencia involucrada en lo que funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han descrito como una investigación de un año de duración.	Las declaraciones afirman que los gerentes en dos de las plantas propiedad del mismo hombre chino parecían participar activamente en el fraude. También muestran que supervisores en otras plantas se hicieron de la vista gorda ante evidencia que parecía indicar que los solicitantes de empleo utilizaban documentos falsos y números de Seguridad Social robados o inventados.	El número de condenas criminales por contratar a personas sin documentos está en su nivel más bajo en la historia porque los fiscales deben demostrar que los empleadores contrataron a sabiendas a personas que están en el país sin autorización. Los empleadores con frecuencia afirman que fueron engañados con documentos fraudulentos.	Desde octubre de 2018 hasta mayo hubo ocho nuevos juicios por contratar a personas sin autorización para trabajar, y cuatro nuevas condenas a nivel nacional. Entre quienes han sido sentenciados a prisión están el propietario de una empacadora de carne de Iowa que fue allanada en 2008 y el propietario de una empacadora de carne de Tennessee en la que se realizó una redada el año pasado.	Las compañías también podrán enfrentarse a multas administrativas basadas en las auditorías de las formas I-9, que los empleados estadounidenses llenan cuando son contratados y presentan documentos para demostrar que tienen permiso para trabajar en el país. Las auditorias de las formas I-9 también podrían fundamentar un juicio criminal.	Un empleado de PH Food que actuaba como informante confidencial, les dijo a los investigadores de Seguridad Nacional que la gran mayoría de los 240 empleados en la planta PH en Morton y los 80 empleados en la planta A&B en Pelahatchie no tenían la debida documentación, y que muchos de ellos eran guatemaltecos.	El informante les dijo a los investigadores que los empleados usaron sus nombres reales, combinados con números inventados de Seguridad Social para solicitar trabajo en ambas plantas. “Las compañías de nómina, así como PH Food Inc. y A&B Inc., no verifican la autenticidad de los documentos”, dijo el informante a los verificadores. La ley de Mississippi requiere que los empleadores revisen los documentos en E-Verify, el sistema de verificación federal en línea.	Llamadas telefónicas hechas el viernes a A&B y PH Food no fueron respondidas. Un hombre que se identificó el jueves al periódico Clarion Ledger como Jun Lian dijo que la planta esperaba reabrir para el viernes. YanJung Liang es el presidente registrado de PH, mientras que Wei Bin Liang es el presidente registrado de A&B. No es claro si tienen algún parentesco con Huo You Liang.	Las órdenes de registro estipulan que PH Food utiliza a la agencia Personnel Management Inc. de Shreveport, Luisiana, para administrar la nómina y dirigir parte de las funciones de recursos humanos, y que los investigadores creen que el uso de la empresa fue un intento de Liang y Carrillo de minimizar su responsabilidad en el empleo de trabajadores sin autorización legal.	Las autoridades habían dicho previamente que además de las siete plantas de Mississippi, ejecutaron una orden de registro en un sitio de Shreveport el miércoles. El vocero de ICE, Bryan Cox, no pudo confirmar si se había registrado Personnel Management. La compañía de Luisiana no respondió de momento un mensaje telefónico ni un correo electrónico en busca de más información.