Llevamos años hablando de la inexcusable laicidad del Estado, y aunque la Constitución lo manda, solo es tinta sobre papel, porque en la práctica y desde hace tiempo, tenemos un Estado confesional de facto, los gobiernos subvencionan iglesias y arrogan sumisos las celebraciones religiosas como propias: conmemoraciones, eucaristías, el santoral o la oración se convierten en asuntos oficiales.	Como hay de todo, el sector más conservador cree que el laicismo es antirreligioso y que pretende excluir a la Iglesia. Claro que no. Se trata de que las leyes, la gobernanza, no se basen en prejuicios religiosos, sino en la realidad social, como la antigua expresión que ellos mismos desgastan incansablemente para distinguir lo del César y lo de Dios.	Pío XII, el Papa con debate abierto de si condenó suficiente o no a Hitler, resumió en 1958 la separación Iglesia-Estado como “sana laicidad”, que rescata el respeto mutuo y la colaboración; resalta la autonomía, libertad religiosa y evitar la injerencia. Algo parecido escribió el papa Gelasio en el siglo V y Gregorio IX en el siglo XIII.	De cualquier manera, los religiosos saben que sí pueden participar en política, pero no desde el púlpito; y si de verdad tienen intenciones de ayudar a la gente necesitada, les espera una labor colosal desde la congregación, como ya han demostrado otros pastores extraordinarios, desprendidos, cuya compasión y altruismo superan las adversidades.	Muchos pastores, lo sabe todo mundo, descubrieron en la fe una mina inagotable para costear su vida lujosa, fabulosas casas, poderosos carros, que sus feligreses ni sueñan, por eso no es extraño sospechar que otros buscan obstinados en la política esa fascinación por el poder y el dinero. El verdadero servidor cristiano abomina de esas ambiciones.