El Congreso Nacional se apresta a discutir y aprobar esta semana una iniciativa de ley que otorga amplias facultades a las comisiones especiales de Salud y Educación para cancelar los contratos de prestación de servicios de personal en el marco de la reestructuración organizacional y administrativa a la que serán sometidas ambas secretarías de Estado.	La ley faculta a las comisiones de salud y educación a realizar en ambas secretarías una auditoría integral administrativa y organizacional. Actualmente ese ministerio cuenta con una planilla de alrededor de 13,036 empleados administrativos a nivel central y departamental y 59,803 docentes, que atienden a una población de más de 2.2 millones de estudiantes de prebásica, básica y secundaria.	Pero la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo va más allá y está proponiendo que este mismo proceso se extienda al colapsado sistema sanitario nacional. En ese sentido, las acciones que realicen los secretarios del ramo y los miembros de las comisiones especiales no implicarán “en ningún caso, ni tiempo, responsabilidad patrimonial, civil, administrativa para los mismos”, con lo cual se les blinda de acciones legales futuras por motivos de las decisiones adoptadas.	Alberto Solórzano, miembro de la Comisión Especial de Educación, confirmó que con este se busca que el proceso de transformación no sea cosmético sino profundo. “Los problemas en estas dependencias del Estado están enquistados y son sistémicos y a menos que la Comisión esté facultada para hacer su labor se podrán ver cambios significativos”, apuntó.