La ciudadanía se mantiene alerta tras conocer que en el Congreso Nacional se promueve una reforma por adición al artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública. Desde la sociedad civil, organismos como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtieron que la reforma tiene “la clara intención” de “limitar las competencias y facultades del Ministerio Público (MP)”, mientras que desde la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) se señaló que la reforma propuesta vulnera la constitución al restar atribuciones al Ministerio Público para ejercer su labor de investigación, pretendiendo que sus actuaciones dependan del pronunciamiento previo del Tribunal Superior de Cuentas.	Los diputados dictaminadores salieron al paso de las acusaciones y en un comunicado dijeron rechazar “la campaña malintencionada de un sector político que trata de dañar la imagen de este Poder del Estado y de los diputados, engañando a la opinión pública y a los medios de comunicación, en un claro afán de ganar notoriedad y arrancar espacios noticiosos con base en mentiras, asegurando que esta iniciativa va encaminada a beneficiar a los diputados, para que no seamos investigados por los órganos de justicia”.	Queda claro que en la diversidad de opiniones, los diputados están obligados a mostrar su voluntad de querer hacer bien las cosas y actuar con transparencia; socializar las leyes antes de someterlas al pleno y asegurar con ello la aplicación de las mismas a todos quienes sean señalados culpables de acciones reñidas con las leyes.	Deben estar claros que la impunidad tiene que quedar en el pasado y que Honduras está dando pasos hacia adelante en esta lucha, pasos que ellos no deben frenar sino más bien acompañar, fortaleciendo los procesos que lleven a castigar a todos los que han hecho fiesta con los dineros del pueblo, y que así se les demuestre en los tribunales competentes