Los congresistas no pueden desconocer que la legislación ha generado preocupación entre la ciudadanía, ya que se ha comprobado que el nuevo instrumento, si bien crea nuevas figuras delictivas, disminuye las penas de delitos contra la administración pública y de alto impacto, como el lavado de activos, malversación de caudales públicos, fraude, secuestro.