Los comicios realizados en Guatemala el domingo recién pasado revelaron la fragmentación de la derecha e izquierda, presentándose 19 aspirantes a la presidencia, incluyendo la candidata indígena Thelma Cabrera, postulada por el Movimiento de Liberación de los Pueblos, brazo político del Comité de Desarrollo Campesino, surgido en las áreas rurales e inspirado en el ejemplo boliviano de Evo Morales, con planteamientos parecidos: convocatoria a una Constituyente, proclamación de Guatemala como un Estado pluricultural, nacionalización de los recursos naturales privatizados.	La abogada Thelma Aldana, postulada por el Movimiento Semilla, fue excluida de la contienda comicial por maniobras de las redes de corrupción y por la Corte de Constitucionalidad, al igual que la hija del dictador Ríos Montt, Zury. La primera adquirió reconocimiento nacional e internacional por la investigación que posibilitó descubrir la trama de defraudación fiscal encabeza por el entonces presidente, general Otto Pérez Molina, y su vicepresidenta, ambos forzados a renunciar ante la masiva movilización popular, ambos purgando cárcel por una gama de delitos.	Al igual que Honduras, pero en grados aún más severos, en alianzas público-privadas, la corrupción constituye un mal endémico en la vecina nación, al igual que la pobreza, el narcotráfico y el racismo. Recordemos entre los casos más sonados de cohecho los siguientes: defraudación aduanera y tributaria (“La Línea”), soborno y anomalía en concesión (lago de Amatitlán, Terminal de Contenedores Quetzal); asociación ilícita y lavado de activos (“La Cooperacha”); proceso irregular en contratación de servicios (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social-Pisa); anomalías en adquisiciones (“Negociantes de la Salud”); tráfico de influencias (“Redes”), contratación irregular de personal (“Venta de plazas fantasmas”).	El actual gobernante, Jimmy Morales, ha contribuido, junto con cercanos familiares, a la corrupción institucionalizada, violando la ley de financiamiento de la campaña electoral que posibilitó su acceso a la Presidencia. El ser investigado por la misión enviada por la ONU, Cicig, ha resultado en encabezar el movimiento para que concluya su permanencia en el país.	La ex primera dama, Sandra Torres, de centro derecha, obtuvo casi el 26% del total de votos, y Alejandro Giammattei, el 14%, por lo que deberán ir a una segunda vuelta en agosto; para la primera se trata de su segundo intento por acceder a la Presidencia; para el segundo, el cuarto.