En contraste a la enorme inversión que se destinó a seguridad y defensa, la Corte Suprema de Justicia apenas recibió 102 millones de lempiras (3.7%), el Ministerio Público 224.7 millones (8.2%), la Dirección de Investigación e Inteligencia 172.2 millones (6.3%) y Prevención 68.2 millones (2.5%).	Parte de los fondos fueron destinados a la contratación de servicios de seguridad privada para la protección de los bienes bajo control de la Oficina Administradora de los Bienes Incautados (Oabi), la seguridad de los miembros de la Comisión Especial de Depuración de la Policía y para funcionamiento del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Periodistas y Operadores de Justicia.	Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), interpretó que la prevención no es de impacto, es decir, para que una persona aprenda y desarrolle una conducta no violenta deben pasar cinco años. “Por eso es que vamos paso por paso en las escuelas, y ahí es donde está el problema que las estrategias no han sido enfocadas para prevención, sino para control y disuasión del delito, y llámese control a las leyes y fortalecimiento de las instituciones de seguridad”, valoró.	Ayestas recordó que en seguridad ciudadana existen cuatro pilares: el control y disuasión del delito con legislación y fortalecimiento de las capacidades de las instituciones y combate a la impunidad; pero esto debe ir acompañado por la prevención de la violencia en niños jóvenes, la rehabilitación y reinserción de privados de libertad.