, áreas que todos sabemos necesitan una profunda reforma interna para poder responder a las necesidades de la población; pero la forma cómo se pretendió hacerla es la firma de este Gobierno que trata de imponer por la fuerza lo que considera correcto según su propia visión. Esta forma dictatorial que comienza en el Congreso Nacional es algo que no contribuye en manera alguna a apaciguar las agitadas aguas de la política nacional y les da insumos a los grupos de oposición para llevar su causa a las calles.	Normalmente en la política nacional en los últimos dos años de cualquier Gobierno comienzan los reclamos por salarios y reajustes de los mismos por parte de la burocracia estatal; pero este Gobierno no tiene ni los primeros dos años, y si desde ahora estará enfrentado a los gremios, que ya habían perdido bastante fuerza, ahora no sabemos cómo pintará el panorama o la inestabilidad que esta situación puede provocar al país.	La administración pública es demasiado seria como para dejarla absolutamente en manos de los políticos; pero los políticos son absolutamente quienes deciden la administración pública y, por lo tanto, quienes se aseguran tener sus representantes en cualquier órgano o entidad del Estado; sin embargo, las áreas de salud y educación muestran un nivel de operatividad tan bajo, una calidad de servicios tan deficiente que nadie dudaría en decir que se necesita reformarlas; pero hacerlo por la vía de la fuerza parlamentaria o de la imposición desde el Ejecutivo, lo único que provocará es que el país se polarice aún más y que la inestabilidad sea el signo más visible de este gobierno ya de por sí debilitado. Hace tiempo que los hondureños nos damos cuenta que lo que pagamos para salud y educación no se nos regresa en la cantidad y la calidad que demanda la dignidad del pueblo hondureño; pero achacar completamente estas deficiencias a las estructuras gremiales o sindicales es mirar solamente por un ojo, pues todos sabemos la falta de suministro de medicamentos en los hospitales públicos, el deplorable estado en que se encuentran miles de centros educativos de primaria y secundaria. Así que si se habla de una reforma, esta tiene que ser integral, dialogada y consensuada.	Hay entidades del Estado que en su estado parasitario no sirven más que para estorbar; pero pretender desmontar esas estructuras bastante parecidas a las mafias es algo que se debe ver como un asunto de país, con una visión de largo plazo y con los mecanismos de diálogo necesarios con quienes conocen el tema y con lo que proponen soluciones.	La revisión de las áreas de salud y educación es inaplazable si queremos que el pueblo sea atendido en su salud, si queremos que nuestros jóvenes obtengan más que un pedazo de cartón que lo acredita, un cúmulo de herramientas que les permita desarrollarse y alcanzar sus metas, por lo que este tropiezo por falta de consensos y diálogo no debería ser un obstáculo insalvable para lo que se pretende. Solo con mejor salud y mejor educación podemos garantizar mejores ciudadanos.