Agradezco, pues, la oportunidad que me brinda EL HERALDO de exponer aquí, a título personal, mi opinión sobre el tema de la reforma agraria, objeto de cansados debates en los conocidos programas de televisión de estas honduras, en el que hubo de participar funcionarios públicos que le entienden a esa materia. Ahora bien, la tierra tiene distinto peso relativo en el conjunto de las medidas reformistas a aplicar en las distintas situaciones. La interdependencia y complejidad de las relaciones entre los sectores productivos hace que el aspecto fundamental, o más representativo, de la reforma cambie en el tiempo o con las circunstancias, y sea preciso utilizar otros términos para definirla. Es inconcebible pensar hoy en una reforma agraria sin la participación de toda la población: mujeres, jóvenes, niños y adultos mayores, etcétera. Evidentemente la reforma agraria, tal como la venimos configurando, es una opción política que ha de adoptar un gobierno que se supone legítimo representante de un pueblo. Pero se ha demostrado y admitido que para que sea posible no es ajena a ella la comunidad nacional en que se inserta ese pueblo ni, incluso, la comunidad internacional. Las circunstancias son favorables por el papel que la agricultura ha de jugar a la vista de la profunda crisis económica y por la experiencia acumulada en el tratamiento del tema. Lo fundamental es, sin embargo, que los políticos comprendan la importancia del impacto de promover una reforma sobre la sociedad integral y no sólo sobre la sociedad rural y que se “desmitifique” la expresión “reforma agraria”, como se ha hecho con tantos otros vocablos castellanos en los últimos años. Si esto es así, no sería sorprendente imaginar que las reformas agrarias posibles que puedan plantear los diversos partidos políticos en el contexto de un sistema democrático no van a diferir mucho en lo sustancial para que los ciudadanos no se lamenten por no tener tierra para sembrar..