El Estado ha cumplido con ellos. Les ha pagado hasta el último cinco de la deuda política. Antes de su cierre definitivo, el otrora Tribunal Supremo Electoral (TSE) procedió a cancelar 197 millones de lempiras de deuda política a los diez partidos que participaron en las elecciones generales de 2017, de los cuales el Partido Nacional (61 millones), el partido Libre (45 millones) y el Partido Liberal (36 millones) se llevaron la mayor parte.	En total, los comicios en los que se eligieron los actuales 128 diputados propietarios y suplentes, los 298 alcaldes y sus regidores municipales, y el presidente de la República y sus tres designados presidenciales, le costaron al pueblo más de mil millones de lempiras, un costo alto para un país en el que campea la pobreza y la miseria, y escasean las oportunidades de empleo, de educación, de acceso a una vivienda digna.	Los políticos, desde cada uno de los partidos, están obligados a rendir cuenta del manejo de cada cinco de ese presupuesto e ir más allá, trabajar desde los cargos que ostentan gracias al favor popular por los más desposeídos de la patria; por los niños, las niñas y los jóvenes que aspiran por un cupo en el sistema oficial de enseñanza y por una educación de calidad; por quienes aspiran a tener un empleo y un salario digno, con servicios de salud en los que se les trate con respeto y se atiendan sus necesidades, con posibilidades de poder tener acceso a una vivienda digna. Pero también trabajar por crear un país respetuoso de la Constitución y sus leyes, un país que garantice a los inversionistas nacionales y extranjeros seguridad jurídica. Luchar por un país en el cual la violencia y la delincuencia sean enfrentados con severidad.