El informe de la alta comisionada de la Organización de la Naciones Unidas y expresidenta de Chile, doña Michelle Bachelet, luego de su visita a la martirizada Venezuela, es contundente y no deja lugar a dudas ni sospechas: solo en 2018, alrededor de siete mil venezolanos han sido asesinados por la policía o el ejército por “resistencia a la autoridad”, no hay ningún tipo de seguridad jurídica para los opositores; el éxodo de miles de ciudadanos a causa de la inseguridad, la falta de servicios de salud y la represión, no han podido ser contenidos, y un largo y doloroso etcétera deja muy mal parado al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro.	Solo los voluntariamente ciegos, los ideológicamente sesgados o los beneficiados directos del chavismo, dentro y fuera de Venezuela, pueden negar una realidad manifiesta y palpable: lo que hay en Venezuela no es más que una dictadura sangrienta, en la que no hay ningún tipo de respeto a las libertades fundamentales y que busca perpetuarse de manera indefinida. En América, y en el mundo entero, solo pueden brindarle apoyo regímenes similares o aspirantes a dictadores, que así buscan que a ellos tampoco se les cuestione, o cínicos interesados en el petróleo de la sufrida nación sudamericana.	Esperemos que, luego de la presentación de este informe, el sector de la comunidad internacional, que aún se mantiene deliberadamente distraída de cara al drama venezolano, tome una postura digna y presione por un diálogo verdaderamente fructífero entre el madurismo y el pueblo venezolano, para que se definan los plazos que lleven a un nuevo proceso electoral bajo el escrutinio de la comunidad internacional y así se le devuelva la democracia y la libertad perdidas, desde hace más de una década, a la patria de Bolívar.	De Michelle Bachelet, además, podemos fiarnos. Su misma carrera política dentro de las fuerzas de izquierda chilenas permite que no despierte sospechas respecto a las valoraciones que haga de la crisis humanitaria venezolana. Ha dicho, sí, que las sanciones impuestas por gobiernos de distintos países contra la cúpula madurista ha agravado la situación. Y debe ser cierto. Pero es difícil actuar en contra de una dictadura sin provocar daños colaterales. Ya vendrá la compensación cuando se vuelva a la legitimidad y se proceda a la reconstrucción de Venezuela.