“La PGR reafirma su compromiso efectuado con la OEA de no promover, dentro del ámbito de sus competencias en los delitos de corrupción, medidas desjudicializadoras al proceso penal como la conciliación, criterio de oportunidad, procedimiento abreviado o suspensión, en los cuales el Estado resulte lesionado en sus intereses”, establece el documento.