, una cifra que quedaba muy lejos de los 5,700 que Trump había pedido, lo que llevó al mandatario a declarar una emergencia nacional en la frontera con México con el objetivo de conseguir esos fondos sin necesidad de que fuesen autorizados por el Legislativo, cuya Cámara Baja controlan los demócratas.	Sin embargo, el juez Gilliam consideró en su fallo que "el control absoluto del Congreso sobre los gastos federales -incluso cuando ese control pueda frustrar los deseos de la rama Ejecutiva en relación a iniciativas que considere importantes- no es un fallo del sistema constitucional. Al contrario, es una característica esencial del mismo".	En su escrito, el juez aclaró que este caso no es para establecer si la construcción del muro es una decisión "sensata o no" ni para ver si ese plan es la respuesta política correcta para afrontar la situación en la frontera sur de Estados Unidos, sino para determinar si el Ejecutivo ha excedido sus prerrogativas en su financiación.