La información confiable y oportuna a través de informes de gestión, el monitoreo del desempeño en procesos claves de la transparencia y la incorporación de mejoras y reformas en el marco legal e institucional mejorarían el desempeño de las instituciones públicas. Estas buenas prácticas producirían un cambio para mejorar, pero su única forma de medirla es un monitoreo permanente e independiente, principalmente a sectores históricamente vulnerables a la corrupción y que coinciden con las áreas que reciben mayor presupuesto del Estado: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Secretaría de Seguridad. Mediante el convenio de Colaboración y Buena Fe para la Promoción de la Transparencia, Combate a la Corrupción y Fortalecimiento de Sistemas de Integridad, entre el Gobierno y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), se ha realizado un monitoreo independiente desde hace más de cinco años a estas secretarías, resultando la Secretaría de Salud la más débil y vulnerable a la corrupción. Cuando el gobierno central y el Congreso Nacional decidieron, mediante una comisión especial intervenir las secretarías de Salud y Educación para corregir los errores de gestión, la opinión pública se volcó a ver que dicha intervención venía sólo del lado de la gestión del recurso humano culminando en manifestaciones en pro de los derechos de los trabajadores. La corrupción en el sistema de salud, sobre todo en lo referente a la adjudicación en las compras y contrataciones, respetando el debido proceso, debe ser castigado no sólo con el despido de las personas corruptas que integran comisiones que adjudican de forma irregular insumos y medicamentos de uso de la población, sino también con procesos penales en su contra.