El ámbito de validez es el materia electoral principal, independientemente de la naturaleza de los recursos, indica la OEA. Se rige por el principio de especialidad, que es un modelo para resolver colisiones normativas, añade el documento de ese organismo. Y añade que esto implica, eventualmente, que la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) señale que en lo referente a los recursos públicos ejercidos por los partidos políticos, serán competencia de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, adscrita al CNE.