La recién concluida Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) en Pekín ha reafirmado la endurecida política del presidente chino, Xi Jinping, que exige la reunificación de Taiwán con China bajo la fórmula de “Un país, dos sistemas” como condición previa para cualquier diálogo con la isla. Xi ha eliminado la ambigüedad de tiempos anteriores que posibilitó la distensión entre Taiwán y China, que hasta la etapa de su predecesor, Hu Jintao, solo exigía que la isla aceptase el llamado Consenso de 1992 como fórmula para el diálogo.	“Ningún partido en Taiwán puede satisfacer las actuales exigencias chinas, por lo que las tensiones continuarán, gane quien gane los comicios taiwaneses de 2020”, comenta a Efe el exviceministro del Consejo de Asuntos de China, Alexander Huang. Así, China ha emprendido una campaña de incentivos para atraer a la isla, al tiempo que muestra su lado más duro y que los expertos isleños califican como “estrategia del garrote y la zanahoria”.	La exigencia de aceptar la reunificación bajo el modelo aplicado por China en Hong Kong -que permite a la excolonia británica disfrutar de ciertas libertades democráticas que no existen en la parte continental- imposibilita de momento el diálogo con el Gobierno isleño, pero China confía en que Taiwán acabará cediendo y aceptará unirse ante su creciente poderío económico y estratégico.	En la apertura de la ANP, el primer ministro, Li Keqiang, reiteró que China frenará “resueltamente” cualquier actividad relacionada con una posible “independencia de Taiwán”. Por su parte, el ministro chino de la Oficina de Asuntos de Taiwán, Zhang Zhijun, advirtió que Pekín tiene ahora “una mayor influencia” y es “más capaz que nunca” de llevar las relaciones de ambos lados del Estrecho “en la dirección correcta”.	“Tanto los incentivos como la intimidación tienen límites y no hay que olvidar que la isla cuenta ahora con todo el apoyo estadounidense”, agrega Huang. La fuente asegura que Washington, en disputa comercial y de hegemonía con China, es “el único que puede proteger a Taiwán” en caso de un ataque chino, según recoge la Ley de Relaciones con Taiwán, de 1979.