“Estos males deben prevenirse y combatirse con todas las capacidades y recursos de la población, de la sociedad civil y de las instituciones del Estado con mandato constitucional de servir como entes contralores, veedores y accionantes ante actos que riñen con la honestidad y la transparencia en el manejo de los recursos públicos y con la aplicación imparcial y objetiva de la justicia”, aseveró