, una reforma que implica reducción de gastos y una purga de partidos tras el proceso anticorrupción de 2015, la campaña de 2019 que definirá el futuro de Guatemala para los próximos 4 años comienza en la incertidumbre por los cambios a la ley y con menos puntos ciegos para la ciudadanía y el árbitro electoral. Estas son las claves de la atípica	Uno de los cambios más drásticos que dejó la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos de 2016, producto de mesas de análisis con actores clave de las movilizaciones del año anterior y de un Tribunal accesible y un Congreso expectante, fue la modificación a los delitos de financiación electoral y los controles más específicos que instaló el árbitro en las agrupaciones políticas.	Se redujo el límite de gastos de campaña de los partidos a la mitad, por lo que como techo ahora solamente podrán usar hasta 29.6 millones de quetzales (3.8 millones de dólares), aunque el costo total de la elección se mantuvo en 500 millones de quetzales (65.1 millones de dólares).