El primero de ellos es la autonomía de la voluntad de los pacientes y, el otro, la capacidad del ciudadano para pactar, en libertad plena, con quien quiera, en la protección de sus intereses. Según la información que tenemos y que no hemos confirmado con el señor Sabas, este se sintió afectado en sus intereses económicos, por lo que consideró elevados los servicios médicos que le cobró un hospital privado.	“No obstante, dice Lizardo Zelaya, el diputado ha enfocado un tema en el que solo tiene acceso el 15% de la población: los hospitales y clínicas privadas. Sabas fue atendido en un hospital capitalino de mucho prestigio. El aumento de su sueldo como diputado se lo permite. No obstante, al recibir la factura por todas las atenciones recibidas consideró que el monto cobrado era totalmente desproporcionado con la calidad del servicio recibido. Siendo él un funcionario decidió ventilar su disgusto en el parlamento y no ante la entidad estatal creada y obligada a atender este tipo de reclamos, la	Se precipitó al señalar que todos los hospitales privados abusan del pueblo con cobros excesivos. Es común generalizar, pero no es correcto. Igual que lo es decir que los diputados son delincuentes de cuello blanco; es injusto generalizar. Cada clínica y cada diputado tienen que ser individualmente evaluados antes de atrevernos a emitir juicios generales. Ahora, todos los hospitales privados, sin merecerlo, comparten el descrédito de estafadores que también tienen los diputados.	Esta crisis personal del extrovertido parlamentario ha abierto una gran oportunidad para que las autoridades hagan un pacto de solidaridad con el pueblo hondureño. Aprovecho, pues, este vital momento para pedir al diputado, a los restantes padres de la patria, a sus suplentes, a todos los funcionarios de los tres poderes del Estado, a los alcaldes y a las Corporaciones Municipales, que de ahora en adelante solo usen los servicios de los hospitales y centros de salud públicos y del Instituto Hondureño de Seguridad Social.	Allí acude el 85% de la población. Son más de siete millones que con urgencia necesitan que ustedes conozcan lo que ellos soportan cuando tienen quebrantos de salud. Háganlo durante el resto de su período de gobierno. Así velarán por el buen uso de los presupuestos asignados. Además, podrán velar por la calidad de las atenciones que señala el artículo 145 constitucional que reconoce el derecho a la salud. Su lectura aclarará que no establece la gratuidad del servicio. Más bien establece la regulación de los servicios de salud públicos y privados. Como exfuncionario de la Secretaría de Salud, como usuario de los servicios de los hospitales y centros de salud públicos les pido que acepten mi propuesta. Este pacto de solidaridad nos favorecerá a todos”. Fin de la cita.	La propuesta de Lizardo se las trae. El sistema público es deficiente, por ello Sabas no va al Hospital Escuela. Sabe que el servicio médico público es de muy mala calidad y que controlar la salud privada aumentará la demanda pública, que reducirá más la calidad del sistema público de salud. La clase gobernante tiene con qué pagar; los pobres no. En consecuencia, Sabas, en vez de preocuparse por la minoría, sería mejor que evaluara la calidad de lo que se les da a los pobres, la mayoría de los hondureños.