Lo que se observa en este momento en el cual se discute nombrar personas en los órganos electorales con nombre y apellido antes de aprobar el contenido de la norma jurídica en su integridad, como es la costumbre, seguro que dará pie para que legisladores y juristas internacionales y en especial latinoamericanos se interesen en el tema, dado la originalidad de la propuesta y la forma como se aprobaría en el organismo legislativo.	Llevan cerca de dos meses y la posición parece irreductible, “o me aceptan los candidatos que proponemos o seguirá la ‘insurrección legislativa’” –dicen los manifestantes–, esta es otra de las prácticas que será objeto de estudio por parte de politólogos y sociólogos, en un país donde existen razones de tipo social y económico abundantes como para poder justificar y dar motivación de más peso a una lucha de tipo insurreccional, como los insurrectos la nombran.	En otro escenario, autores y momentos históricos diferentes, esto que está ocurriendo con la “insurrección legislativa” es parecido a lo ocurrido en el golpe de Estado del 2009, cuando la justificación fue la existencia de un estado de necesidad, en el cual se ampara a quien, en una situación como la señalada, para evitar un mal propio, de acuerdo a sus intereses, tiene que causar otro mal, en este caso superior al que se pretender enmendar.	En el país, de acuerdo con estudios de organismos internacionales, se han hecho, desde 1978 a la fecha, unas 16 reformas electorales, sin embargo, los problemas de una débil representación de los sectores populares, la escasa o nula democracia interna de los partidos políticos, las viciadas prácticas de conteo de votos en los procesos electorales, la falta de transparencia en el uso de los recursos en la contienda electoral no han podido ser resueltas.	La calidad de la representación en el Congreso Nacional, en términos generales, no ha mejorado y como órgano legislativo ha perdido confianza en la población. Las reformas electorales y los costos económicos y sociales que eso ha implicado para la sociedad no se corresponden con la democracia y el bienestar de los hondureños.