El presidente peruano Martín Vizcarra anunció el martes que presentará un proyecto de ley al Congreso para declarar en emergencia al Ministerio Público, después que el controvertido fiscal general Pedro Chávarry destituyó en la víspera a dos fiscales del equipo especial que investiga a la élite política implicada en el caso Odebrecht, lo que ocasionó protestas en diversas partes del país.	Chávarry —cuyo nombramiento incluso está en duda por presuntamente no haber alcanzado el puntaje mínimo para el cargo— es respaldado en el Parlamento por los partidos de Fujimori y García. Acumula tres denuncias constitucionales en el Congreso que podrían iniciar el camino a su destitución, pero que no avanzan debido a que el partido de Fujimori _mayoritario en el Legislativo_ ha postergado los debates.	Todas las denuncias contra Chávarry están relacionadas con un informe emitido en agosto por otra importante fiscal del principal puerto de Perú, quien lo acusa de integrar un grupo delictivo conformado por magistrados y empresarios que torcían la justicia a cambio de recibir favores o dinero. A fines de agosto, una legisladora del partido de Fujimori consideró que la permanencia de Chávarry en el cargo de fiscal general es “un asunto de supervivencia”.	A inicios de diciembre, Vela y Pérez lograron un acuerdo con Odebrecht en el que la empresa se comprometía a entregar sin condiciones documentos y datos de sus sistemas encriptados sobre el pago de sobornos a funcionarios en Perú; permitir que sus exgerentes declaren como colaboradores eficaces ante los fiscales; y pagar 181 millones de dólares. Según los fiscales destituidos, las pruebas son cruciales para posibles sentencias contra Fujimori y García.	t provocó preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la organización Transparencia Internacional. El secretario ejecutivo de la CIDH Paulo Abrao dijo que por el “impacto y relevancia, la decisión de la Fiscalía General de Perú debe ofrecer una justificación pública”. Transparencia Internacional añadió que la decisión de Chávarry “es un enorme paso atrás en la lucha contra la impunidad en Perú” e instó a “reconsiderar” su decisión.	esató protestas inusuales en las calles entre cientos de peruanos pocas horas después del Año Nuevo en al menos cinco ciudades del país, donde los gritos que pedían la salida de Chávarry se mezclaban en algunos casos con los sonidos de la pirotecnia. Se anunciaban más protestas para la tarde del primer día de 2019.