—y algunos de los demandantes son estados, condados, municipalidades, proveedores de servicios e inmigrantes— para evitar que la regla de "carga pública" entre en vigencia el 15 de octubre. Un juez de California presidió una audiencia la semana pasada, mientras que un juez de Nueva York llevó a cabo otra el lunes, y otras están programadas para esta semana.	"He litigado contra agencias federales y estatales a lo largo de los años y nunca había visto algo así", dijo Liz Schott, del Centro de Prioridades de Presupuesto y Política, que ha estado siguiendo el proceso de las diversas demandas. "Es una tremendamente amplia gama de partes interesadas, lo que refleja la enorme importancia e impacto de la regla".	Actualmente, los inmigrantes legales que buscan convertirse en residentes permanentes (un paso preliminar a la naturalización) deben demostrar que no serán un problema para el país o una carga pública, lo que en la práctica se entiende como principalmente dependiente de ayuda de dinero en efectivo, subsidios de ingreso o asistencia pública de largo plazo.	cupones de alimentos y vales de vivienda que actualmente no son consideradas, y considera factores como la edad del inmigrante, el estado laboral y la capacidad de hablar inglés para determinar si podrían convertirse en carga pública en cualquier momento en el futuro y negarles la residencia legal si los funcionarios deciden que la respuesta es afirmativa.	Esos cambios han indignado a los inmigrantes y sus defensores, quienes dicen que ya ha habido un efecto escalofriante entre los inmigrantes, que ahora tienen miedo de pedir ayuda que pueden obtener para ellos o sus familiares, incluidos los niños que son ciudadanos estadounidenses, por temor a lo que esto podría conllevar.	Los inmigrantes representan una pequeña porción de aquellos que reciben asistencia pública, ya que muchos no son elegibles para recibirlos debido a su estado migratorio. Y un análisis de Associated Press de los datos del censo muestra que los inmigrantes no ciudadanos con bajos ingresos recurren con menos frecuencia a Medicaid, ayuda alimentaria, asistencia en efectivo y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) que sus contrapartes nacidos en Estados Unidos.