Este protocolo es un modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para investigar crímenes de lesa humanidad en los que se hubieran cometido ejecuciones ilegales; esto con el fin de evitar que se sospeche que funcionarios pudieran haber cometido crímenes de lesa humanidad o que influyan en la investigación.	“Los dos heridos de bala son dos privados de libertad, uno con heridas en el abdomen y otro en la pierna. El hecho ocurrió en el momento en que un grupo de reos regresaban de su tiempo libre de tomar sol y otros iban saliendo de las celdas”, dice el documento.