“No fue un diálogo, fue un encuentro que los empresarios querían tener con el señor presidente”, comentó Brenes a los periodistas antes de oficiar una misa el domingo en el suroeste de la capital. Agregó que las partes “van a seguir platicando” y que la Iglesia católica está dispuesta a participar “cuando nos inviten”.	Los opositores al gobierno de Nicaragua dijeron estar abiertos a entablar negociaciones, pero fijaron condiciones previas, incluida la libertad de más de 700 personas a las que consideran “presos políticos”, la total libertad de prensa y de manifestación, y el desmantelamiento de grupos paramilitares que se asociaron con las fuerzas de seguridad en la represión mortal del año pasado contra los manifestantes que exigían la renuncia de Ortega.	José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), comentó que consideraba “importante” esa reunión “para abrir una puerta que ha estado cerrada durante mucho tiempo”. El COSEP forma parte de la opositora Alianza Cívica, que participó en el diálogo nacional tras la crisis que estalló el año pasado.	El diálogo nacional se instaló el 16 de mayo, pero quedó suspendido el 9 de julio, sin acuerdos relevantes. Los opositores de Ortega exigieron que dejara el poder y que se anticiparan los comicios presidenciales programados para 2021. Las autoridades rechazaron ambas demandas, y en cambio sofocaron las protestas con el uso de la fuerza.	Por su parte, el diputado español Ramón Jáuregui, quien visitó recientemente Managua al frente de una delegación del Parlamento Europeo, dijo que la UE debería estar preparada para ayudar en cualquier negociación, pero pidió al gobierno de Ortega “mostrar un gesto de voluntad política y de credibilidad liberando a los presos políticos o sustituyendo casa por cárcel”.	En tanto, el Comité Pro-Libertad de Presas y Presos Políticos de Nicaragua también exigió como condición previa para cualquier negociación la liberación inmediata y sin condición alguna de todas las 770 personas que, según el comité, están encarceladas por cuestiones políticas. También exigió un cese a los “secuestros, acoso y persecución” de opositores al gobierno y “el desarme y disolución de los grupos parapoliciales”.	La crisis política ha tenido repercusiones en la economía de Nicaragua _que ya era uno de los países más pobres de la región_, específicamente en los sectores del turismo, el comercio, la infraestructura y la inversión. El PIB se contrajo 4% el año pasado, de acuerdo con el Banco Mundial, después de varios años de promediar un crecimiento anual de alrededor de 4,5%.