Otra preocupación de los salvadoreños es la economía dolarizada, que en 2018 creció 2,6%, la cifra más alta de los últimos cinco años, pero considerado insuficiente para cubrir la demanda de nuevos empleos. El país acumulaba en 2017 una deuda externa de 9,675,3 millones de dólares, por lo que el ganador de la contienda deberá aumentar la recaudación fiscal para honrar ese compromiso y al mismo tiempo mantener los programas sociales.	“La gente lo plasma en las encuestas, se van de su país porque aquí no ven una esperanza, porque los políticos están más interesados en su porvenir que en el de las mayorías. Es un país que expulsa a ciudadanos”, dijo el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), el jesuita José María Tojeira.	El Gobierno, que informó del encuentro a través de un comunicado, no precisó si durante la reunión se abordaron asuntos relacionados con los comicios. Tampoco explicó si los altos representantes detectaron alguna anomalía en el presente proceso ni si la “transparencia” con la que han definido comicios pasados, es aplicable a la actual campaña. Al término de la reunión, el canciller salvadoreño, Carlos Castaneda, explicó que “la OEA ha rendido un informe después de cada evento electoral y, en este sentido, ellos tienen la confianza, reconocen el funcionamiento de las instancias electorales en el país”. Corlazzoli también sostuvo un encuentro con la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, para “conocer el trabajo de la institución en el proceso electoral”, publicó la OEA en sus redes sociales.