La corrupción es el principal mal de la administración pública, una práctica que por años ejercieron quienes llegaron al poder en la más abierta impunidad y que la falta de denuncia, y más allá de investigación y castigo de los hechos que realizaban, hasta les hizo creer a muchos que robar al erario público era normal.	La fiesta no debe continuar, y en esa tarea es vital el trabajo y el acompañamiento de la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (Maccih), conformada tras intensas jornadas de protesta del pueblo hondureño en 2015, demandando un alto a la corrupción y en particular el castigo de los responsables de la quiebra del Instituto Hondureño de Seguridad Social.	El trabajo no ha sido fácil, las redes de corrupción entronizadas en el aparato estatal hondureño han movidos sus tentáculos para frenar las investigaciones y a toda costa la judicialización de los casos. Actualmente, lo hacen para evitar la renovación del convenio de apoyo. Pero el clamor es generalizado: la Maccih debe continuar, y a las voces en favor de la continuidad del convenio se han unido los cooperantes internacionales que reconocen la labor realizada.	Y es que hoy no deberíamos estar demandando o reclamando por la continuidad de la Maccih, y mucho menos solicitando que se evalúe el desempeño de la Misión, hoy debieramos estar exigiendo mayor apoyo y más recursos, el fortalecimiento del trabajo de la Misión y de los entes internos (la Ufecic y los juzgados anticorrupción) que se han creado para empujar esta lucha. La lucha contra la corrupción e impunidad no debe ser condicionada. La única condición que debe prevalecer en el país es el compromiso de todos sus funcionarios y ciudadanos de enfrentar con firmeza a los corruptos, sin importar sus cargos o banderas políticas.