La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos es un ejemplo de lo bueno que la clase política hondureña puede hacer por medio de consensos. Esta ley contribuyó al control financiero del gasto en la última campaña electoral de 2017 y ahora un reto mayor, que es lograr la equidad en las campañas electorales y la cultura de rendición de cuentas. La “ley de política limpia”, como se le conoce, fue promovida por sociedad civil, líderes de los partidos políticos, comunidad internacional y aprobada en el Congreso Nacional, y desde las reformas de 2011, es quizás la reforma electoral más revolucionaria de los últimos años al reducir brechas y vacíos en materia electoral. En menos de 19 meses de creada la unidad de esta ley, hay avances sin precedentes al auditarse a la fecha más de 850 millones de lempiras en la campaña electoral pasada y de este monto unos 200 millones de lempiras presentan inconsistencias, y tanto los informes de observación electoral de la OEA como de la Unión Europea indican que la Unidad debe fortalecerse, por lo que otorgarle presupuesto y blindarla ayudará a la estabilidad del sistema político electoral. Como algo nuevo, la Unidad de Política Limpia puede percibirse de manera diferente por distintos actores, con una mezcla de impresiones o visiones, pero en todo caso, de la mejor o peor comprensión del funcionamiento de esta unidad, debemos referir que en medio de situaciones políticas que pueden afectar el comportamiento de los partidos políticos y políticos mismos, ya existen controles. Existe una legislación nacional que regula el gasto de campañas políticas, límites y montos, y principalmente de la procedencia para que sea dinero licito y limpio, esto sólo ocurre en Latinoamérica en países que se pueden contar con los dedos de las manos y Honduras es uno de ellos. Existe interés de los líderes políticos y partidos políticos por cumplir la ley y su reglamento, ya que el 100 % entregaron informes de gastos de campaña y la auditoría del gasto la hacen profesionales seleccionados en procesos vistos por la OEA-Maccih y la ASJ.