Las circunstancias son diversas para los millones de personas en el mundo que experimentan esta situación; muchos emigran de su patria para buscar un mejor bienestar para sus familias, otros para llegar a estratos superiores mediante la preparación académica. En fin, un sinnúmero de coyunturas obligan a la persona a vivir en otro país, enfrentando múltiples valladares.	El permanente tráfico de drogas desde el sur del continente pasando por Centroamérica para llegar al destino final, Estados Unidos, deja a su paso la estela de este delito en suelo hondureño y sus secuelas criminales. Prueba de ello son los 31 colombianos presos en Honduras, la mayor parte acusados por delitos de narcotráfico, entre otros, derivados de esta actividad ilícita.	Le siguen robo, otros no especificados, portación ilegal de armas, lavado de activos, violación, homicidio, contrabando, facilitación de medios para el tráfico de drogas, asesinato, etc. Los registros más recientes a los que tuvo acceso EL HERALDO indican que en 20 de los 25 centros penales del país hay por lo menos un extranjero en condición de reo.	Los extranjeros, al igual que los connacionales, han tenido que luchar contra todas las falencias que tiene el sistema penitenciario del país; tal vez la más difícil situación es el hacinamiento que existe en todas las 25 cárceles. La falta de garantías de seguridad dentro de los reclusorios es otro devenir que todo reo tiene que enfrentar, más aún cuando se es un extraño en esta tierra.	Y qué decir del tipo de alimentación. En los últimos años, familiares de los internos han denunciado las presuntas condiciones inhumanas en las que los alimentos les son servidos, pues parecida situación experimentan los extranjeros, al no haber privilegios por ser foráneos. Los extranjeros presos en Honduras representan el 0.89 por ciento de toda la población penitenciaria, que asciende en la actualidad a 21,620 privados de libertad, en las 25 cárceles y cuatro anexos, instalados en tres batallones militares y otro en una unidad policial. El 58 por ciento de los presidiarios están en calidad de procesados y sólo el 42 por ciento restante tiene una condena firme por parte del Estado.