Las autoridades federales no cuentan con espacio para mantener detenidas a la “gran mayoría” de las personas arrestadas en la frontera con México, lo que ha provocado la liberación de cientos de miles de personas a las que se les entrega un citatorio para asistir a un tribunal, comentó McAleenan en la directriz sobre la nueva política que será publicada en el diario oficial, el Federal Register. Dijo que los agentes de Seguridad Nacional que cuenten con esta nueva autoridad de deportación repatriarán a los inmigrantes que están ilegalmente en el país más rápido de lo que lo hacen las cortes migratorias del Departamento de Justicia, en donde los casos pueden tomar años en resolverse.	La medida fue creada conforme a una ley de 1996 pero se mantuvo prácticamente en desuso hasta 2004, cuando el Departamento de Seguridad Nacional indicó que se ejercería en personas que fueron arrestadas menos de dos semanas después de cruzar hacia Estados Unidos por la vía terrestre o que fueron detenidas a menos de 160 kilómetros (100 millas) de la frontera.	Es difícil pronosticar el impacto potencial de la nueva medida. McAleenan dijo que 20.570 personas arrestadas en el interior de la nación de octubre de 2017 a septiembre de 2018 llevaban menos de dos años en Estados Unidos, por lo que, según la nueva norma, reúnen las condiciones para una deportación expedita.	“Ampliar el procedimiento de agilización para que sea aplicable en cualquier parte de Estados Unidos es una receta para separar a miles de familias más y devastar comunidades”, dijo Grace Meng, subdirectora interina del programa del grupo activista Human Rights Watch para Estados Unidos. “Este es un cambio masivo y peligroso”.	En otro suceso el lunes, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito refrendó una decisión de un juez federal en Seattle que bloqueó una política para detener indefinidamente a los solicitantes de asilo sin una oportunidad para que sean liberados tras el pago de una fianza. La política para denegar audiencias de fianza iba a entrar en vigor el 15 de julio.