La complejidad de los procesos electorales paradójicamente responde a algo fácil de cumplir: respeto. Valor personal cuya certeza no requiere ningún recurso escaso como tiempo o dinero. Respeto a la voluntad del votante no exige ni siquiera mínimo esfuerzo, es solo asunto de actitud. De disposición individual y colectiva a ofrecer atención a la decisión manifestada en las urnas. Simple. Difícil entender cómo si solo es asunto de que se cuenten bien los votos, tienen que ser dilapidados tantos capitales públicos y privados. Supuestamente para protegerlos, antes, durante y después de las elecciones. Y evitar que esos procesos sean distorsionados hasta volverlos fuentes de cruenta conflictividad. ¿No tendría que ser solo de que el TSE organice el proceso, nosotros lleguemos a votar, que los de la Mesa Electoral Receptora (MER) los cuenten, que el mismo TSE declare el resultado y ya? Así debiera ser. Sin que, en adición a gasto exorbitante, el tejido social sea destrozado. Bastaría entonces con tener la seguridad de que quienes integren las MER realizan su labor en total honestidad, que serán garantes de fe pública, que dictarán lo que es evidente en la votación, lo llevarán a la autoridad competente y esta los hará valer ante la población. Lo que debe animar todo esfuerzo institucional como ciudadano es el propósito de que los resultados electorales sean exactamente los mismos que definió el sufragio. Y eso solo se logra en las MER, con los integrantes de las MER. De ahí que todo radique en el compromiso de esos integrantes. Hay que saberlos elegir entre ciudadanos sin impedimentos legales, por sorteo, como propuesto en anteproyectos de ley. Que sean compatriotas con compromiso ciudadano no partidario. Que representen en su tarea a la nación, no al patrón. Cualquier otra reforma es vana sin asegurar transparencia electoral en las MER. Reformas al TSE y al RNP. ¿Segunda vuelta? ¿Distritos Electorales? ¿No reelección? Sin la ciudadanización de las MER, ¿para qué?.