El 14 de marzo de 2016, el actual pleno de magistrados declaró inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura y en consecuencia delegó amplias facultades al magistrado presidente Rolando Argueta para asumir las funciones de ese organismo en lo atinente a la administración financiera y de personal, mientras se aprobaba una nueva ley y se integraba el nuevo Consejo.	En ese contexto, el jurista consideró que se trata de una “perversión” de las funciones de la Corte, porque, por ejemplo, la misma persona que debe conceder un permiso a un juez o empleado es la misma que debe resolver un recurso de apelación, lo cual implica un “trasiego en ese tipo de cosas”.