Si López Obrador decidiera regalar Pemex o venderla en un dólar, ningún inversionista la tomaría, pues sus pasivos son mayores a sus activos. No tiene recursos para invertir ni solventar las jubilaciones abusivas a sindicalizados y funcionarios, las que costarán en 2019 el doble del presupuesto asignado a la Secretaría de Marina. El anuncio de rescatar la soberanía petrolera inyectándole miles de millones a	es más retórico que real. Esa lastimosa situación de Pemex no se inicia con López Obrador ni Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo o Salinas, empezó al otro día de consumarse la estatización del petróleo. En sus memorias, publicadas a principios de los años 70, Cárdenas escribe decepcionado sobre el derroche y corrupción en Pemex.	El “Pemexgate”, denunciado por el gobierno de Fox, que probó el desvío de recursos de Pemex vía sindicato a la campaña presidencial del candidato del PRI, es un testimonio del saqueo de Pemex, el cual llega a su punto máximo en los primeros tres años de gobierno de Peña nieto. La recepción de millones de dólares para la campaña de EPN de la compañía brasileña	a cambio de contratos a sobreprecios en Pemex es otro “Pemexgate”, muestra de la descarada corrupción que duplicó el pago de la deuda con relación al PIB en el sexenio de EPN, sin reflejarse en una mayor producción. El mejor camino para cubrir esos derroches es acelerar la apertura petrolera para que concesionarios privados extraigan petróleo, lo refinen y transporten, sin costarle al Gobierno, y con sus impuestos y derechos se cubran pasivos de Pemex.	Pero parece que no le explicaron bien la situación a López Obrador, quien descalificó la mejor salida del desastre heredado. Si bien AMLO no es el causante de la quiebra de Pemex, con su postura de descalificación a la apertura energética colabora a hundir más, no a rescatar a Pemex. Si el actual Presidente continúa asustando a la inversión privada y deja ver que regresará al monopolio exclusivo del Estado, que ya fracasó y cuya aplicación gestó la quiebra de Pemex, pronto veremos una baja de calificación al monopolio estatal y después al Gobierno federal con todas sus consecuencias.