Pero no hay que olvidar que el juicio se desarrolla en Estados Unidos, que el acusador es el Estado a través de la fiscalía de ese país, que el juez y los miembros del jurado también son de esa nacionalidad, y que lo mucho o poco que se diga alrededor de este juicio en Honduras no alterará la opinión ni la decisión final del jurado nombrado en este caso.	El Estado hondureño se ve obligado a garantizar el respeto de la Constitución y sus leyes, así como su aplicación, principalmente, contra quienes hasta ahora impunemente han utilizado el territorio nacional para sus actividades ilícitas, y muchos de ellos yendo más allá, al tratar de infiltrar las instituciones del Estado para facilitar esas actividades.