Al anunciar una redefinición de la ley de "carga pública", la Casa Blanca estipuló que se impedirá la entrada a migrantes en base a la probabilidad de que necesiten ayudas sociales. Esta nueva reglamentación va a afectar los procesos para recibir la nacionalidad de millones de inmigrantes, la mayoría de origen latino, que trabajan en empleos mal pagados y que dependen de ayudas sociales para vivir.