, dijo ayer al concluir su evaluación sobre las medidas adoptadas por el Estado, para asegurar la independencia de los jueces y otros operadores de justicia, que la separación de poderes en Honduras sigue siendo un enorme reto. García Sayán expresó que las instituciones del Estado están siendo fuertemente cuestionadas por la ciudadanía.	La clase política y las instituciones del Estado solo se pueden legitimar a través de una profunda reforma y fortalecimiento democrático del sistema judicial que mire no solo para mejorar su eficiencia y transparencia, sino también para depurar la administración de la justicia de todas las interferencias y poderes que, en este momento, generan dudas legítimas sobre su independencia e imparcialidad.