Para facilitar el acuerdo y ayudar a que los cabecillas de las pandillas pudieran comunicarse con sus estructuras en las calles, las autoridades tomaron una decisión polémica: los sacaron del penal de máxima seguridad conocido como Zacatraz y los enviaron a otras cárceles de mediana seguridad en las que se asegura que gozaron de todas las facilidades para seguir operando.	Munguía Payes dijo que al no poder involucrarlo a él en la trama, la Fiscalía decidió procesar a varias personas que según él no tienen nada que ver con este proceso con excepción del exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, aunque aclaró que era su subalterno, y solo “recibía órdenes de parte mía para facilitar el trabajo de los mediadores en el proceso de pacificación”.	En El Salvador, considerado uno de los países más violentos del mundo, las pandillas establecidas en barrios y comunidades populosas están integradas por más de 67,000 jóvenes y adultos, mientras que más de 15,000 están en las cárceles. Según las autoridades están involucrados en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.