Es una depuración constante, aseguran las autoridades y todo forma parte de la nueva política de cero errores. “Las alertas son permanentes, todo aquel agente penitenciario que se vea ligado o vinculado con alguna acción ilícita o falta grave será separado de inmediato. No solo es la acción administrativa, sino también la acción penal para judicializar los casos”, explicó German Mcniel, subdirector del INP.	Pero no solo son los agentes los que están bajo la lupa, están también directores y subdirectores, a quienes también se les sigue la pista para detectar si a lo interno de los establecimientos son parte o no del accionar ilícito que se pueda generar en los 25 centros penitenciarios, donde se interactúa con otras instituciones como la Dirección Policial de Investigaciónes (DPI), para investigar toda denuncia contra el personal.	No escapa del interés del INP, el proceso de formación y actualización de los agentes e incluso del personal administrativo, quienes están en un programa de formación constante. Incluso, se firmó un convenio con la Escuela Penitenciaria Federal de Argentina, donde esta semana inició un taller para formar a los agentes penitenciarios y especializarlos en diferentes áreas.	“Hay una currícula establecida tanto para el personal operativo y administrativo. Fortalecemos los consejos técnicos a y los nuevos agentes penitenciarios para crear mayores capacidades y especializarnos en áreas como traslado de personas de alta peligrosidad, grupos especiales de respuesta e inteligencia para ayudar a mantener el orden en los centros penales”, explicó Mcniel.	Como un pilar fundamental en el proceso de rehabilitación de los privados de libertad se tienen los convenios que se han firmado con la Secretaría de Educación para llevar la educación primaria y secundaria a las cárceles, así como también con el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop). “Los privados se están involucrando en los programas y proyectos que se generan en los penales. Es una buena medida y cada día son más los que se suman para ser parte del programa de rehabilitación”, dijo Mildred López, juez de Ejecución.