El artículo 16 de la Constitución de la República establece que todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. Entretanto, el artículo 19 cita que ninguna autoridad puede celebrar o ratificar tratados u otorgar concesiones que lesionen la integridad territorial, la soberanía e independencia de la República. Quien lo haga será juzgado por el delito de traición a la Patria y la responsabilidad en este caso es imprescriptible.	Tenemos que estar viendo como introducimos mayor dinamismo en los municipios a través de planes de seguridad humana para el desarrollo sostenible que sean complementados con el apoyo nacional de forma subsidiaria y planes con estrategias de trabajo productivo, con capacitación permanente e innovación empresarial en los municipios de donde salen la mayoría de nuestros migrantes.	Tiene que facilitarlo todo, no vemos por qué Honduras en sus condiciones económicas y sociales tenga que sacar de su limitado presupuesto recursos destinados a combatir sus problemas sociales y la pobreza, para atender una situación que solo favorece a un país que es el primero en desarrollo en el mundo. Eso va contra todas las normas fundamentales del desarrollo sostenible.	Es una situación en la cual no van a haber formas de aliviar y dar una respuesta inmediata, de tal manera que toda esa acumulación de personas que vengan y a las cuales tendremos que darles facilidades de estancia, de repente van a desbordar las limitadas capacidades que tiene Honduras sin haber recibido ninguna asistencia internacional. Van haber implicaciones financieras para la hacienda nacional y esto va exigir, aun cuando se diga que es un acuerdo en forma simplificada, que esto deba ser aprobado por el Congreso Nacional.Sería recomendable para el mismo Poder Ejecutivo que ese tratado lo elevara a ratificación del Congreso para poder escuchar y abrir mayores espacios.