revela que el desequilibrio económico comenzó en el 2014, cuando el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), aprovechando la opacidad que le da la “ley de secretos oficiales”, comenzó a aprobar una serie de millonarios desembolsos no solo para proyectos que fortalecerían las operaciones de los entes que luchan contra la criminalidad común y organizada, sino que cayó en el derroche de los recursos, en el desvío de dinero para alimentar a los presos y -con el pretexto de la prevención- también ordenó desembolsar recursos a Organizaciones No Gubernamentales e iglesias.	Sobre si consideraba sano endeudarse para realizar compras como la de un helicóptero Bell por 14 millones de dólares para las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, o destinar fondos para regalos navideños y plus salariales a magistrados, jueces, militares y policías, Molina respondió: “Yo no quisiera entrar en detalle a hablar sobre las políticas de seguridad del Estado.	Asimismo, sobre el impacto que podría estar generando la corrupción en la ejecución de los proyectos sobre la deuda de la Tasa de Seguridad, Molina manifestó que se han tomado decisiones sobre los procesos de contratación para evitar actos ilícitos, “pero si bien es cierto, los procesos no están exentos de cualquier manoseo. Uno toma las medidas que uno considera necesarias para manejar los fondos de la manera más eficiente posible”, añadió.	(BCH) establece que al 30 de septiembre de 2019 la Tasa de Seguridad había ejecutado 24,583,811,147 lempiras; pero la distribución de los desembolsos que presenta la Tasa de Seguridad precisa que del año 2012 a octubre de 2019 se han repartido 16,052,82 millones de lempiras: 7,707.3 millones a la Secretaría de Seguridad; 6,009.8 millones a la Secretaría de Defensa, 938.10 millones al Ministerio Público, 836,46 al sector prevención.