El documento explica que con la reactivación del FSD, a través del decreto legislativo 116-2019, se pretende crear una nueva figura jurídica que “evade el orden legal requerido por la norma fundamental para garantizar la transparencia de gasto público, omitiendo en su texto la designación de los responsables de su ejecución”.	El comunicado advierte que, tal como está concebido en este momento el decreto que reactiva el FSD, permite la asignación de dineros públicos sin determinar al funcionario responsable que dé cuenta de su uso; tampoco establece un proceso de contratación a seguir al momento de ejecutar obras públicas, lo que genera un proceso de gasto no regulado en el manejo de fondos públicos.