Inicialmente, el Juzgado de Privación de Dominio había decretado medidas cautelares sobre varios bienes inmuebles, vehículos, sociedades mercantiles, certificados a plazo fijo y cuentas bancarias, los cuales pasaron a la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), hasta que se tome una decisión final en el proceso de privación de dominio.