Doctores tiene la Santa Madre Iglesia... era una de las recomendaciones presentadas en el catecismo del padre Astete del siglo XVI y que ahora se quiere recuperar, con fondo y forma distintos, pero con objetivo similar que se agrava en la actualidad al consolidar el dogmatismo, en el ámbito religioso, y la impunidad, en el ámbito político. Esta ha sido la sorpresa por la iniciativa presentada para reformar el artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública, calificada en el mismo ambiente parlamentario como nuevo pacto de impunidad, pues las recientes sacudidas “duelen” y aquí quedó evidenciado, por enésima vez, aquello de hoy para ti, mañana para mí, por ello mejor pararlo.	La iniciativa presentada y aprobada en primer debate contempla otorgar toda la potestad al Tribunal Superior de Cuentas para decidir la responsabilidad civil, administrativa o penal de funcionarios. El Ministerio Público queda como niño en la escuela, esperando el permiso del maestro para salir del aula. Bien sabemos la historia del TSC de cuyas decisiones y acciones son raramente conocidas, pues se mueven entre la comodidad de oficinas y papeleo que se engaveta aún, o se momifica en el sistema. La agilidad y eficacia en asuntos presupuestarios o de corrupción no han sido ni son carta de presentación del organismo de las cuentas y si se mueve algo es a posteriori, con lo que habrá que esperar un lustro o una década si es que el señalado se halla en la llanura porque a las alturas no llegan ni las voces de protesta.	“El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el ejercicio de sus funciones, será la entidad responsable de determinar la responsabilidad civil, penal o administrativa que en Derecho corrresponda... En el caso de determinar la existencia de responsabilidad penal, el informe respectivo debe comunicarse al Ministerio Público (MP) para que proceda por la vía correspondiente”.	Doctores tiene el TSC que “sabrán responder” a los señalamientos de corrupción y que sean ellos los que decidan, los demás a esperar, pero sentados porque va para largo. Aquello de “a grandes males, grandes remedios” se quiere difuminar nuevamente en una ley de la que se habla de su espíritu pero en la que decide la letra, el señalamiento literal hasta de las comas y los acentos.	Tras el primer debate desde el mismo Parlamento ha comenzado una operación de ablandamiento, de eliminar “suspicacias” aunque la propuesta está tan clara como limpio queda el camino, de aprobarse, para que la impunidad vaya hacia adelante, pero también hacia atrás por el principio de la retroactividad, y campee nuevamente en la administración pública. Los esfuerzos anticorrupción quedarán como anécdota de lo que pudo ser, pero no fue.