as toneladas de monedas, que este Gobierno ha lanzado al pozo con la finalidad de seguir pidiendo ambiciones de una protección en los presidios nacionales, han sido una ilusión de feria, una fantasía botada con el propósito de satisfacer sus promesas de campaña, hoy hundidas en el fondo sin fin de una cadena de crímenes sin resolver en las cárceles.	Y en su loca carrera ha declarado estado de excepción en el sistema penitenciario, que incluye una intervención por seis meses, una más de los miles que nombra todos los días, con el objetivo de salir de las preguntas que no encuentra respuestas. Así crea él una comisión interventora con miras a suspender a las autoridades de los calabozos que sanearálos núcleos infiltrados por el crimen organizado y el narcotráfico. Una medida desesperada, que da largas a la agonía que ya colapsó en sus manos.	La comisión interventora estará integrada por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), la cual se encargará de todas las correccionales y los centros de reclusión de menores. Dándole más responsabilidad a las Fuerzas Armadas, como si con ello se reconociera la incapacidad de un gobierno civil, que busca alargar su mandato detrás de las luces de la democracia, que hace años los militares dejaron respirar. La calamidad de esos lugares del país se desató el 26 de octubre, cuando se produjo el crimen de Nery Orlando López Sanabria, conocido como “Magdaleno Meza Fúnez”, ultimado a disparos y a cuchilladas por sus compañeros. El crimen quedó registrado en los videos a destajo para constatar la carnicería del sistema precario penal. Días después, el 13 de diciembre asesinaron a balazos al director de la cárcel, Pedro Idelfonso Armas, acabado a tiros en una carretera del sur. Así se mueven y actúan las mafias dentro y fuera de la prisión de máxima seguridaden Honduras. Sin embargo, con la intención de rematar el macabro juego de zozobra, el 14 de diciembre en un confuso “amotinamiento” un recluso mató a balazos a cinco internos. Por otro lado, en el centro de reclusión de menores,“Renaciendo”, murieron cuatro jóvenes, varios resultaron heridos y al menos 17 escaparon, en medio de una reyerta de violencia desbocada y nadie levantó un dedo de tantos funcionarios y comisiones a detener el carnaval de la muerte. Aquel impuesto ilegal, del “tazón de seguridad” no encuentra solución en atender el colapso penal. Este Gobierno es un reo más, abatido por la desidia cómplice de sus aventuras delictivas, callando sus extremos niveles de violencia, activados por sangrientas guerras de pandillas, secuestros, motines y huelgas de hambre por el hacinamiento, la falta de salud y los maltratos. Aquí los derechos humanos son una condena sin reo. Este tema debería ser uno de los puntos de la agenda de los candidatos de cara a los comicios generales, pues, así como están las cosas, es posible que ellos mismo las habiten un día no muy lejano, ya que podrían ir acomodando las cosas en la prisión, limpiando la sangre, el caos y la miseria humana que se vive en eso recintos. Piénsenlo, la política cumple algunos anhelos, el pozo ninguno.