La ley pretende que el "Estado pague sus inventarios" de combustible, en una suerte de "indemnización" para Ortega y allegados, dijo. Están "creando una nueva piñata con el dinero de todos los nicaragüenses", agregó, en alusión a la repartición de haciendas, empresas y mansiones hecha por los sandinistas en 1990, tras la derrota electoral del primer gobierno de Ortega.