En medio de las constantes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que va a retirar la ayuda a los países del Triángulo Norte de América Central, porque no toman medidas contundentes para frenar el creciente flujo de migrantes a su territorio, el fiscal general estadounidense, William Barr, ha ratificado a sus homólogos de la región el apoyo en la lucha contra la violencia y la criminalidad.	No habló de cifras, pero dijo que el apoyo será destinado a combatir maras y pandillas, corrupción, migración y crimen organizado. En Guatemala, El Salvador y Honduras, el impacto de estos delitos se refleja en las altas tasas de criminalidad que afectan directamente a la población y que impactan fuertemente en sus economías, generando más pobreza.	La situación obliga a los gobiernos a revisar las políticas que hasta ahora han venido implementando en sus países y de manera conjunta en el Triángulo Norte, cuya efectividad es puesta en duda cuando estos tres países siguen ocupando los primeros puestos de la lista de los más violentos del continente.	A la par de las acciones represivas en contra del crimen se deben impulsar las acciones encaminadas a la prevención de la violencia, que incluyan el respeto irrestricto a la constitución y las leyes de la república, el uso de los recursos públicos con transparencia, la lucha frontal contra la corrupción, y la generación de empleos dignos para las miles de personas que luchan desesperadamente por llevar el pan a sus hogares, entre otras acciones.