Quedaron aprobadas reformas que crean el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral que, a juzgar por las explicaciones en el hemiciclo y el resultado de la votación todo fue “miel sobre hojuelas”, aunque siempre hay quienes están a favor de los que están contra y en contra de los que están a favor y es que la democracia, el “menos malo de los sistemas políticos” es, sin duda, el más exigente puesto que reclama plena participación de la sociedad en las decisiones. Entre nosotros nos hemos quedado a la puerta, la representación “toda”, como carta blanca entregada a los elegidos “señores del Olimpo”.	Esta discusión puede quedar atrás si, de una vez por todas, los votantes asumen el deber de exigir directamente responsabilidades a los disputados y en asuntos claves, como se va perfilando ya, llamar a los ciudadanos a las urnas para que digan la última palabra sobre temas cruciales para la vida del país bien en coincidencia con las elecciones generales, como se hace en otros países, o en fecha establecida por el Poder Legislativo.	Ahora las reformas aprobadas, comésticas o de parcho, están destinadas a la campaña, a las elecciones, al escrutinio y a las quejas o llantos que puedan producirse con los resultados, todo envuelto en papel de regalo con el mensaje de que disminuirán las tensiones políticas, como las de los últimos meses. Nada como aspiraciones para restablecer la convivencia armónica y vivir en paz, pero el problema en nuestro país no es principalmente de leyes que hay demasiadas con reformas y sin reformas, sino de personas que califican el orden jurídico en favorable o desfavorable a las aspiraciones personales o de grupo y actúan bajo este parámetro.	A las reformas electorales se suma el “fortalecimiento” del Registro Nacional de las Personas para lo que se insiste en lo que ya establece el marco jurídico en relación al derecho de los ciudadanos al voto, el censo electoral, que debiera ser el único roce, cada cuatro año, con la política sectaria. Sin embargo, no ha sido así, pues en puestos claves de la institución se ubicaban dirigentes partidistas que, ayudados por activistas de mucha confianza, preparan los tamales propios de la “temporada” electoral. Aquello de organismo “técnico” quedó en los debates y en la ley.