No es suficiente con que las autoridades penitenciarias salgan a la palestra pública a decir que tienen el control y que garantizan la gobernabilidad en el sistema penitenciario nacional. El Estado está obligado a investigar quiénes son los responsables de estos actos ilícitos y castigarlos como lo establecen las leyes de la República. De no ser así, de nada le servirá al país contar con leyes si no se cuenta con un sistema eficiente para garantizar su cumplimiento y aplicación. Está claro que el único camino para garantizar la paz y la seguridad de la ciudadanía está en el cumplimiento irrestricto de sus leyes.