Por un lado indigna saber que hasta para solicitar una constancia pública en algunas secretarías de Estado se tiene que pagar soborno, y que por otro, los presupuestos del Estado, incluidos los asignados a sectores tan frágiles y vulnerables como la salud y la educación, terminan en los bolsillos de funcionarios inescrupulosos y sus redes de corrupción, en detrimento de la gran mayoría de la población que lucha por sobrevivir en condiciones de pobreza y pobreza extrema.	El país urge de que sus gobiernos, no importando el color de la bandera que flamee en la Casa Presidencial, le apueste al buen uso de los dineros públicos y a la lucha contra la corrupción, que se asegure que todos aquellos que se presumen responsables de malversar dinero y bienes públicos, puedan ser castigados en el marco de las leyes vigentes.	No tiene por qué ser difícil para quienes aspiran a cargos de elección popular y con ellos, los que llegan a administrar el Estado, actuar con honestidad, ética, responsabilidad y transparencia, y tampoco debería serlo, que se adopten las medidas para erradicar la corrupción en todos los niveles de la administración pública