Unos abogados elaboraron un escrito para presentar ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, con “pruebas que implican a la Unión Europea (UE) y a funcionarios… en la comisión de crímenes contra la humanidad” al dejar en manos de Libia la reducción del flujo migratorio. Se basa en declaraciones de los propios funcionarios de la UE, y en documentos internos que demuestran la responsabilidad criminal europea “como parte de una política premeditada para contener los flujos migratorios procedentes de África”.	La UE y sus representantes “no cometieron personalmente los delitos. Sin embargo, conocían la naturaleza ilegal y criminal de los actos (y)… Los concibieron, organizaron y favorecieron su aplicación”. Lo hicieron “con conocimiento pleno y en tiempo real de sus consecuencias letales”. Entre enero de 2014 y julio de 2017, más de 14,500 migrantes se habrían ahogado en el Mediterráneo. Entre 2016 y 2018, más de 40,000 personas fueron interceptadas y transferidas a la fuerza a centros de detención y de tortura en Libia.	Para que la denuncia prospere, la fiscalía debe decidir si efectúa un examen preliminar, pero su contenido pone a prueba la independencia de la CPI frente a la UE, una de sus principales valedoras. Lo que sorprendería, porque no parece creíble que un tribunal pueda ser independiente de quién lo financia, de su mentor político.	La UE se defiende asegurando que “nuestras acciones se basan en la ley” lo que no demuestra otra cosa que la inmoralidad de esas leyes, y remata afirmando que “Nuestra prioridad siempre ha sido… proteger vidas y garantizar un tratamiento digno y humano… en las rutas migratorias” demostrando que, además, mienten descaradamente.	El solo hecho de impedir la libre inmigración ya es inmoral porque fuerza a los migrantes a convertirse en ilegales y pactar con traficantes y toda clase de delincuentes que, por una suma de dinero, los acercan a los países desarrollados. Los obligan, además, a navegar en embarcaciones, y condiciones, extremadamente precarias porque las legales están prohibidas.	En gran parte, el rechazo de los europeos se debe al fracaso del Estado de Bienestar que es incapaz de garantizar el asistencialismo a todos y temen que los inmigrantes les quiten lo que les queda. Europa tienen que comprender que el asistencialismo estatal no es gratis y es injusto y oneroso.	Y tiene razón el papa Francisco al afirmar que, recordando el muro de Trump con México, “El que levanta un muro termina prisionero… La alternativa son los puentes”. En una sociedad libre, donde no se empobrece a sus ciudadanos con impuestos ni se les prohíbe trabajar -como con leyes de salario mínimo que impiden el trabajo de los que ganarían menos- los inmigrantes enriquecen a esas sociedades al sumar trabajo y creatividad, y no consumen dineros ajenos que el Estado consigue por vía impositiva.