El STF empieza a juzgar este mismo jueves si es constitucional ir a la cárcel a partir de condenas en segunda instancia, como fue su caso en la sentencia a ocho años y diez meses que cumple por haberse beneficiado de un apartamento tríplex en el litoral paulista puesto a su disposición por una constructora involucrada en el esquema.	Pero ahora debe analizar el tema a partir de tres nuevos recursos. Y si, tras una deliberación que podría alargarse varias sesiones, los jueces deciden que no puede haber prisión hasta que no se agoten todas las instancias, el patriarca de la izquierda brasileña, de 73 años, y otros muchos presos quedarían en libertad en espera de que resuelvan sus recursos en las cortes superiores.	Pero los jueces del STF también deben deliberar si su decisión de anular la condena a un exgerente de Petrobras por considerar que no tuvo derecho a una amplia defensa se puede extender a otras condenas de la Lava Jato, entre ellas la otra que afecta a Lula en primera instancia.	Su ingreso a prisión, desde donde dirigió la campaña de su reemplazo, Fernando Haddad, fue toda una exhibición de poderío y liderazgo de masas: se atrincheró más de dos días en el Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo (afueras de Sao Paulo), protegido por los suyos, hasta que se entregó.	"Su eventual salida sería un revulsivo para el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), que está muy preso del discurso de 'Lula libre', de persecución política. No hay que subestimar la capacidad de articulación de Lula en una oposición fragmentada y sin líderes", explica a la AFP Edson Sardinha, editor y analista del sitio especializado Congreso em Foco.