“No nos dan empleo a las chicas transgénero y hay mucha homofobia”, dijo Bustillo, quien es procedente de Choloma. Denunció además que ha sido “golpeado, insultado, humillado” en Honduras, donde aseguró no tiene trabajo ni casa y “solo vivo por vivir”, y expresó que lo único que quiere es “una oportunidad de empleo, lo que queremos es trabajar para superarnos y ayudar a nuestras familias”. Esta es la tercera caravana que sale desde Honduras. La primera partió el 13 de octubre pasado de la misma terminal de buses de San Pedro Sula, con unas dos mil personas. Una segunda con un número menor partió cuatro días después desde el sur del país. Otras salieron de El Salvador y Guatemala.	“Llevo documentación que me avala para quedarme allá (en Estados Unidos) con asilo”, dijo la mujer originaria de Tegucigalpa que viaja con dos hijas de nueve y trece años. “Fuimos víctimas del esposo de mi mamá. Aunque está preso el miserable, eso no es suficiente. Lo peor es que ella (su madre) está de parte de él”, afirmó.	El plan “tiene como objetivo implementar acciones policiales para la protección de los derechos humanos de los migrantes en las rutas de desplazamiento y albergues transitorios, especialmente velando por la vida e integridad física de las personas”, señaló la PNC. También incluye la verificación que los migrantes “llenen los requisitos migratorios respectivos para la permanencia y tránsito en el territorio guatemalteco”.	El despliegue militar debía terminar a mediados de diciembre, pero el DHS había pedido inicialmente al Pentágono extenderla hasta el 31 de enero, debido a una “amenaza continuada” en la frontera. El DHS hizo una nueva solicitud en diciembre, que fue ahora aprobada, no solo con la extensión del despliegue, sino también con un cambio en la naturaleza de la misión de los militares.	El Pentágono ya tiene alrededor de 2,350 soldados activos estacionadas a lo largo de la frontera, desplegados bajo una controvertida orden que el presidente Donald Trump emitió el año pasado, antes de las elecciones de mitad de mandato, cuando miles de migrantes centroamericanos huyendo de la violencia y pobreza de sus países marchaban hacia la frontera para pedir asilo.	Mientras unos 2,200 miembros de la Guardia Nacional, además, ya apoyaban las operaciones fronterizas antes de que Trump enviara a los soldados. Los detractores tacharon la orden del mandatario como una jugada política para apelar a sus seguidores antes de los comicios, en la que sus aliados republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes.