Expertos internacionales de amplia trayectoria en procesos electorales se han reunido con el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y otros diputados de las comisiones de dictamen para discutir y analizar los avances de las propuestas de reformas electorales, dándose un paso más en los avances en este proceso de cambios. La Ley Procesal Electoral, que sería la normativa para regir el Tribunal de Justicia Electoral y la de administración de los procesos electorales para el Consejo Nacional Electoral, permitirá la armonización de una nueva realidad institucional, la que con jerarquía y enfocada en justicia electoral resultará en mayor confianza a la población y expectativas de cambio.	Un aspecto fundamental que dará sustento al nuevo sistema electoral para que se vea responsable ante la sociedad es, sin duda, un conjunto de principios rectores en los que se basará el nuevo orden que dará la máxima eficiencia. Principios rectores nacidos de valores como la justicia y los derechos humanos permiten que la nueva normativa se vuelva integral y solucionadora de problemas pasados, dando respuesta a las expectativas de la población y de los partidos políticos.	La equidad donde se reconozca la igualdad de derechos, tal como en la Ley de Política Limpia, que, tratándose de recursos financieros, garantiza su acceso en proporción de resultados electorales. Asimismo, el principio de imparcialidad, en el que las autoridades responsables en el ejercicio de sus atribuciones actúan con objetividad, libre de prejuicios y consideraciones subjetivas. El principio de la legalidad garantiza que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución de la República, la nueva Ley Electoral, del Registro Nacional de las Personas y la de Financiamiento, para proteger los derechos político electorales de los hondureños. La paridad, la rendición de cuentas y la transparencia son tres principios que también permitirán el acceso en igualdad de condiciones de hombres y mujeres a cargos de representación política, la obligación de éstos de informar sobre la utilización del recurso público a la sociedad y todas las medidas para garantizar la publicidad de la información relativa a sus actos. Los principios rectores son la base de un nuevo sistema electoral a la disposición de la sociedad y los partidos políticos.