Los noticias en relación con los migrantes han marcado la agenda este fin de semana. La primera se refiere al anuncio del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional sobre la continuidad indefinida del Estatus de Protección Temporal (TPS) a 44,060 hondureños y hondureñas que residen en aquel país desde 1998.	USCIS anunció que la cancelación del TPS para los hondureños (prevista para enero de 2020) y los ciudadanos de Nepal no entrará en vigencia hasta nuevo aviso y que se extenderá la validez de la documentación apropiada relacionada, es decir que los connacionales inscritos en ese régimen especial no deberán renovar su permiso laboral y de inscripción.	Es importante saber que estos compatriotas podrán continuar -por ahora- con su vida en aquel país sin los sobresaltos que representa el temor de poder ser deportados en cualquier momento al país que les negó las oportunidades de desarrollo para ellos y sus familias y que con el paso del tiempo tampoco se ha preparado para recibirlos, ante su eventual regreso involuntario.	Después de la crisis que representó la movilización en masa de migrantes el año pasado y las constantes amenazas del presidente Trump para que paren el creciente flujo, no se han visto acciones concretas para comenzar a cambiar la realidad de vida de miles de personas que viven en condiciones deplorables, con ingresos promedios mensuales de 1,500 lempiras, sin acceso a servicios de agua y saneamiento, de energía eléctrica; de salud y educación de calidad, y mucho menos a una vivienda digna, con crecientes índices de violencia, delincuencia y narcotráfico que les orillan, sin duda, a huir en busca de una vida mejor.