Con lo anterior, la PGR dejó claro que la capa forestal que se extraiga de los más de 24 kilómetros cuadrados del área de la represa no podrá ser traspasado, enajenado ni utilizado por ninguna persona natural y jurídica por tratarse de bienes estatales que solo pueden venderse bajo la modalidad de	La opinión legal de la PGR, que tiene carácter ilustrativo y no vinculante, fue solicitada por la Unidad de Proyectos de Energía Renovable (Ueper) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), ante el conflicto que surgió cuando la gerencia de la Enee concedió plenas facultades a la citada compañía sobre el corte y salvamento de los árboles que se extrajeran del lugar. Frente al conflicto legal que eso implicaba, la misma Enee pidió a la PGR su opinión legal sobre el mecanismo legal apropiado para vender o donar este material que se acumulará en distintos puntos de acopio distribuidos alrededor de la zona de inundación, bajo el entendido de que se trata de un terreno fiscal y considerando que en la actualidad estos productos y subproductos derivados poseen un gran valor comercial. Al respecto, la Procuraduría dictaminó que se procediese a declarar la “expropiación por utilidad pública de las áreas descritas en los cuadros detallados en el artículo 2 del presente decreto ejecutivo, necesarias para la ejecución del Proyecto Patuca 111 (Piedras Amarillas), mismas que pasarán al dominio del Estado de pleno derecho” y que bajo ese precepto se proceda a la subasta pública del material forestal.	Consultado por LA PRENSA, Rafael Triminio, director de la Ueper, confirmó que los atrasos para poner a operar a Patuca III han obedecido a diferentes factores, entre ellos, las abundantes lluvias que arrecian en la zona, conflictos con los propietarios de terrenos y el hecho que todavía están en fase de construcción varios puentes y tramos de carreteras. También negó que se le haya dado a Briceño y Asociados la facultad de disponer comercialmente del material forestal que se extraiga de la zona. Con respecto al dictamen de la PGR, Triminio manifestó que el mismo no es vinculante, porque de acuerdo con la nueva Ley Forestal, el propietario de las tierras es el dueño del bosque, pero debe pedirle permiso al Instituto de Conservación Forestal (ICF) para un plan de manejo.	El empresario salió en defensa del contrato adjudicado a su compañía y recordó que el mismo fue concedido mediante una licitación pública en la que participaron cinco empresas y en la que ellos presentaron la oferta más baja, que consistió en L67 millones de los L88 millones que era el precio base.	Reconoció que ha habido atrasos en la operatividad del proyecto hidroeléctrico, pero adujo que estos obedecieron a diversos factores, como las lluvias que imperan en la zona, la inaccesibilidad a los terrenos y al hecho de que muchos pobladores no han llegado a un arreglo con el Estado y no permiten que se haga la limpieza de sus predios, mientras no se les pague la respectiva indemnización..	Aseguró que los trabajos de limpieza han avanzado en un 55 y 60% y argumentó que ellos plantearon a las autoridades de la Enee que el trabajo de corte y salvamento de la madera llevaría como mínimo entre 10 y 12 meses, porque se trata de una vasta zona de bosque calculada en más de 5,800 hectáreas.	Aseguró que solo el permiso del ICF para iniciar el corte les llevó más de 60 días. Por otro lado, el ejecutivo negó que su empresa se esté aprovechando del recurso forestal que se extrae de la zona y explicó que la mayor parte de la madera se está colocando en centros de acopio para que el Estado disponga de ella como mejor convenga. “Yo no he sacado ni una ramita de Patuca, toda la madera está ahí”, enfatizó.