Según el informe de la organización Seguridad, Justicia y Paz, en San Pedro Sula -que ocupó el indecoroso primer lugar por cuatro años consecutivos (de 2011 a 2014)- los homicidios cayeron de 187 por cada 100,000 habitantes en 2013 a 47 en 2018 (-75%), mientras que en Tegucigalpa se redujeron de 102 por cada 100,000 habitantes en 2012 a 43 en 2018 (-58%).	Los ciudadanos aplauden que se reduzcan las muertes violentas, pero resienten la expansión de otros delitos, como los asaltos a mano armada, los secuestros, la extorsión, que están siendo generados e impulsados por diversas causas que van desde ser una sociedad permeada por estructuras del crimen, las pandillas y el narcotráfico que siguen teniendo fuerte presencia en el territorio nacional o los altos índices de desempleo.	Lo anterior plantea la necesidad de que el gobierno haga un alto para evaluar los resultados de sus políticas de seguridad, claro sin que ello signifique dar un respiro a los criminales, a fin de que determine si seguir con la actual estrategia o bien impulsar estrategias innovadoras, para lo cual solo requiera reorientar los recursos del que dispone, de manera que el país pueda derrotar la inseguridad.