El plan casi finalizado surgió durante negociaciones bilaterales en la Ciudad de México realizadas en los últimos días, y estipula que las autoridades estadounidenses llevarán a los solicitantes de asilo en autobuses de ida y vuelta de la frontera a las audiencias judiciales en el centro de San Diego, incluida una comparecencia inicial dentro de 45 días.	Aunque los cruces ilegales a Estados Unidos desde México se encuentran en niveles históricamente bajos, ha habido un incremento en las solicitudes de asilo, en especial de familias centroamericanas. Debido a la falta de espacio y a un límite judicial de 20 días para mantener detenidos a niños, normalmente son puestas en libertad con un aviso para que se presenten ante una corte de migración. Como hay un retraso de más de 800,000 casos, eso puede llevar años.	indicó que la política “reducirá la cantidad de extranjeros que se aprovechan de las leyes de Estados Unidos y desalentará las solicitudes falsas de asilo”, a la vez que ya no permitiría que los que piden asilo “desaparezcan en el interior de Estados Unidos antes de que un tribunal emita una orden final”.	No está claro si los centroamericanos se desalentarán de solicitar asilo en Estados Unidos si tienen que aguardar en Tijuana, una ciudad boyante con abundantes ofertas de trabajo. Sin embargo, los salarios están lejos de ser iguales a los que hay en Estados Unidos, y en general los solicitantes de asilo cuentan con menos vínculos familiares allí que los que tienen en territorio estadounidense.	La política para hacerlos esperar en México es la medida más reciente de Trump para reformar la política migratoria, aunque podría ser temporal. Otros cambios significativos han sido bloqueados por las cortes, incluido uno que prohibía brindar asilo a las personas que cruzaran la frontera de forma ilegal desde México y descartar la violencia doméstica y de pandillas como argumento válido para otorgar asilo.	Es también una prueba a las relaciones entre dos presidentes de corte populista, Trump y Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia de México el 1 de diciembre. México ha rechazado firmemente la exigencia de Trump de que pague la construcción de un muro fronterizo, por lo que éste se ha visto obligado a pedirle al Congreso 5.700 millones de dólares que los legisladores se negaron a otorgarle, lo que derivó en un impasse que mantiene cerrado el gobierno desde hace más de un mes.	Roberto Velásquez, portavoz del secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, hizo énfasis a principios de la semana en que no habrá un acuerdo bilateral y que México estaba respondiendo a una medida unilateral de Estados Unidos. Dijo en una entrevista que las conversaciones sobre “una gama de temas muy amplia” tienen como fin preparar a México para el cambio.