ue un 1982, cuando la Doctrina de la Seguridad Nacional ya cobraba víctimas -nacionales y extranjeras- en nuestro país, durante la administración Suazo Córdova, que se fundó por un grupo de valientes compatriotas encabezadas por Bertha Oliva, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), como forma de hacer oír a lo interno y externo las fundamentadas denuncias de personas secuestradas, torturadas o ejecutadas por el gobierno paralelo al civil encabezado por el general Gustavo Álvarez Martínez, entrenado en las academias militares argentinas, coautoras de esta nefasta justificación de la razón de Estado que subordinaba al ser humano y sus derechos a consideraciones de geopolíticas encuadradas en la Guerra Fría y “la guerra sucia”. Estados Unidos, Brasil y Chile también contribuyeron con aspectos teórico-prácticos a esta racionalización-justificación del terrorismo estatal.	Durante esos años de violencia institucionalizada, la mayoría de hondureños se impusieron la autocensura: el temor prevaleció sobre el repudio, el silencio sepulcral se impuso al grito de condena, la conveniencia y el oportunismo a la protesta y la participación ciudadanas. Nos convertimos, repentinamente, en ciegos, sordos, mudos, salvo escasas y valientes excepciones: Ramón Custodio, Óscar Aníbal Puerto, Leo Valladares Lanza, Ventura Ramos, Manuel Gamero, Víctor Meza, Andrés Pavón, Gladys Lanza y Bertha Oliva.	Ella, tras el asesinato de su esposo Tomás Nativí Gálvez y de Fidel Martínez, concluyó que el callarse ante al hecho significaba cobardía, por lo que empezó a convocar a madres, esposas, novias, parientes de las y los ejecutados a efecto de hacer sentir a Honduras y al resto de naciones los actos de lesa humanidad que estaban ocurriendo en su patria. Su iniciativa y su persistencia fueron -y continúan siendo- objeto de represalias, acosos, hostigamientos de diversa modalidad, extensivas al resto del personal que integra el Cofadeh.	Quienes deseen ahondar en esta agrupación los remito a diversos documentos publicados, entre ellos “Los hechos hablan por sí mismos”, editado por el entonces Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Leo Valladares Lanza; “Palabras al aire”, antología de comunicados y editoriales recientes del Cofadeh; “Tomás Nativí Gálvez”, por Óscar Aníbal Puerto.	El pueblo hondureño debe enterarse, más allá de cualquier duda, que continúa en pie actualmente la estrategia intimidatoria contra quienes hacen sentir su voz de denuncia contra los atropellos a los derechos humanos fundamentales, al igual las represalias contra los ambientalistas que defienden sus patrimonios naturales comunales, incluyendo a indígenas y afrohondureños, contra quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica, y a estudiantes de educación media. La noche tenebrosa aún no ha quedado atrás.