La decisión del Ejecutivo de poner nuestras cárceles bajo el control de las Fuerzas Armadas debería ser el inicio de un proceso definitivo para sanearlas y convertirlas en lo que debieron haber sido siempre: lugares en los que se haga posible la reflexión y consecuente redención de los internos para hacer posible su futura reinserción en la sociedad. Así, al carácter necesariamente punitivo de una prisión se le uniría el educativo para que pueda existir la posibilidad de que un individuo rectifique su conducta y se convierta en un elemento útil para el país.	Obviamente, el trabajo es monumental. No ha bastado la construcción de las tres cárceles de máxima seguridad, producto de una seria preocupación de parte del Estado para aislar a los delincuentes más peligrosos, ya que hace falta lo más importante: contar con el elemento humano con el perfil indispensable para lograr la eficacia de las instalaciones penitenciarias.	Hay que tomar en cuenta que tanto en los Estados Unidos como en otros países la iniciativa privada presta este tipo de servicios a la sociedad. Claro, el Estado paga por ese servicio, mientras se reduce su participación directa en la operación y, en teoría, las influencias políticas o económicas que pesan sobre los que dirigen una prisión. Porque, así como están las cosas, el Gobierno no encontrará a hombre o mujer alguna que quiera “quemarse” en semejante tarea.	Desafortunadamente, la institución armada no podrá quedarse de manera permanente controlando las prisiones y, antes de que las dejen, se debe haber encontrado una salida viable a tan compleja problemática. Quiera Dios que para entonces se hayan tomado decisiones firmes para evitar más muertes y para que los que en ellas sean internados no salgan peor de como entraron.