Cuando le pregunté a la novelista chilena Isabel Allende sobre encuestas recientes que muestran que Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta populista de Argentina, podría ganar las elecciones del 27 de octubre, la escritora meneó la cabeza con asombro y dio una respuesta brutalmente honesta. Me dijo que “Argentina es un país políticamente inmaduro”.	Allende se refería al hábito de muchos argentinos de votar a gobernantes peronistas, a pesar de que la mayoría de ellos han arruinado al país. Allende agregó durante la entrevista que “la política argentina siempre ha sido extraña. Eligen a la gente más rara... Perdón a los argentinos amigos míos, pero así lo vemos desde afuera”.	La escritora tiene razón. La inmadurez puede ser definida como falta de sensatez o buen juicio, y el principal problema de Argentina ha sido su costumbre infantil de vivir más allá de sus posibilidades y -como vimos más recientemente durante el mandato de Fernández de Kirchner- culpar a otros cuando se acaba la fiesta.	Alberto Fernández había criticado fuertemente a la expresidenta en años recientes y puede haber sido elegido por ella para tratar de ganar votos moderados. Algunos especulan que ella en algún momento hará un enroque y se colocará como candidata a la Presidencia. Si llegara a ganar la expresidenta, puede que Allende se haya quedado corta al describir a Argentina como un país “políticamente inmaduro”, sería más bien un país políticamente masoquista o suicida.	En lugar de usar esa bonanza económica para mejorar los estándares educativos, construir proyectos de infraestructura, convertir al país en un imán para las inversiones extranjeras en industrias del futuro y ahorrar para los años de las vacas flacas, Fernández de Kirchner la derrochó en subsidios sociales insostenibles. Fue una gratificación instantánea, a expensas del atraso a largo plazo. Pan para hoy, hambre para mañana.	Entre 2010 y 2015, durante su mandato, la cantidad de hogares que recibieron subsidios del Gobierno aumentó de 40.7 por ciento a 59.3 por ciento, según cifras oficiales. Durante el gobierno de Macri, esa cifra bajó ligeramente al 56.9 por ciento, en parte porque Macri no se atrevió a hacer recortes drásticos por temor a que desencadenaran protestas sociales que hicieran al país ingobernable.	Los funcionarios del Gobierno me dicen que Macri redujo la corrupción en la asignación de los subsidios que heredó y obligó a muchos beneficiarios a enviar a sus hijos a la escuela o a buscar trabajo. Tal vez sea así, pero el hecho es que Argentina es un país donde una minoría de 7.8 millones de personas que trabajan en el sector privado están subsidiando a 18.8 millones de personas que reciben pagos del Gobierno, incluidos los subsidios, jubilaciones y empleos públicos. Eso es insostenible en cualquier país del mundo.	En una entrevista reciente, el asesor de imagen de Macri, Jaime Durán Barba, me dijo que aún confía en que, a pesar del actual bajón económico, Macri será reelegido. Según me dijo, los argentinos tienen todavía fresca la memoria de la corrupción masiva de la expresidenta, sus estadísticas económicas ficticias y su desdén por las instituciones democráticas. La mayoría no querrá volver al pasado, agregó.