l de distrito Carlos Murguia emitió su fallo el miércoles antes de anular las condenas de José Felipe Hernández Calvillo y Mauro Papalotzi, según un reporte de la radiodifusora KCUR-FM. Los fiscales aseguraron que ambos hombres, que se encontraban en el país sin autorización legal, administraron a grupos de trabajadores que instalaban páneles de yeso para una compañía en Lawrence.	Después de ser condenados por conspirar con sus supervisores para violar la ley, la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco determinó en un caso similar que el alentar a migrantes a permanecer en el país sin autorización legal, es parte de la libertad de expresión que protege la Primera Enmienda.	La ley fue aprobada por el Congreso en 1952 y ha sufrido enmiendas en varias ocasiones desde entonces. Las violaciones conllevan una sentencia de hasta cinco años de prisión, y se pueden añadir otros cinco años si se considera que el acusado actuó para obtener una “ventaja comercial o ganancia económica privada”.	“Lo importante, aparte del asunto de la Primera Enmienda, es que el gobierno estaba usando esto (la ley) para acusar a personas que no hicieron más que proveer un empleo a una persona indocumentada, ya sea que hayan tenido o no conocimiento directo de que la persona era indocumentada”, declaró el abogado de Hernández Calvillo, Tom Bradshaw.