Entre esos proyectos figuran el juzgado de paz móvil, el circuito en materia de competencia nacional que tiene que ver con casos en materia de corrupción, extorsión, criminalidad organizada y privación de bienes o del dominio de origen ilícito, dijo a periodistas el presidente de la Corte Suprema de Honduras, Rolando Argueta.	Señaló además que los funcionarios judiciales, entre ellos de la Corte Centroamericana de Justicia -que integran El Salvador, Honduras y Nicaragua- conocerán «en forma positiva la acción del poder judicial de Honduras en beneficio, como debe de ser, de la ciudadanía en general en la aplicación correcta, adecuada y rápida de la justicia».	El titular del Supremo hondureño explicó que, a partir de 2011, el Parlamento de su país creó una ley especial de órganos de competencia o jurisdicción nacional que da vida a las entidades judiciales en materia de criminalidad organizada, tráfico de drogas en todas sus modalidades, lavado de activos, asociación ilícita, extorsión y robo de vehículos, entre otros delitos.	Los magistrados y presidentes de poderes judiciales «están muy interesados en conocer cómo funcionan» los proyectos de Honduras, «a partir de qué ley se regulan estos órganos jurisdiccionales, cuáles son las estadísticas, el proceso de la gestión de audiencia, la agenda de las audiencias, cuáles son los criterios que se toman en cuenta para el juzgamiento y para ejecutar los juzgados en este tipo de casos, entre otros aspectos», apostilló.