“Se ha autorizado que se someta a un procedimiento abreviado”, dijo la fiscal a periodistas en la sede de los tribunales en San Salvador. Señaló que el juez de la causa tendrá la decisión de sustituir la pena por trabajo social, dado que la legislación salvadoreña establece dicha posibilidad en condenas de tres años de cárcel o menores.	Es la segunda ocasión que Saca utiliza este recurso legal para evitar penas altas, dado que en septiembre de 2018 fue condenado a 10 años de prisión por desviar y lavar más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal. Saca evitó así al menos 25 años de prisión por peculado y lavado de dinero.