Nusrat Jahan Rafi era una chica bangladesí de 19 años que asistía a una madrassa (escuela religiosa) en su ciudad natal Feni, al sur de Daca, capital de Bangladesh. El pasado 10 de abril falleció por las graves quemaduras que cubrían el 80% de su cuerpo, provocadas por un grupo de estudiantes que la rociaron de queroseno en su escuela. Dos semanas antes, Nusrat había denunciado ante las autoridades policiales a uno de sus profesores por acoso sexual; aunque la policía arrestó al docente, la joven debió afrontar el desinterés del agente del orden que la atendió y, posteriormente, la reacción colectiva de “solidaridad” con su agresor, al publicarse en los medios un video ilegal de su denuncia policial.	Luego de ser rescatada por su hermano y temiendo por su vida, Nusrat grabó en la ambulancia su testimonio con un teléfono celular, identificando a sus atacantes. BBC News/Mundo cuenta su determinación de evitar la impunidad en su caso: “El profesor me tocó. Combatiré este crimen hasta mi último aliento”. Y así fue. El ataque a Nusrat y su muerte fueron destacados por la prensa, evidenciando el trato que se da a las víctimas de agresiones sexuales en Bangladesh y desatando una oleada de protestas, que incluyó a la Primera Ministra, Sheikh Hasina, quien se comprometió a colaborar para que todas las personas responsables fueran llevadas ante la justicia.	Un año antes, el 14 de abril, el cadáver de Karla Turcios -una periodista salvadoreña de 33 años- fue encontrado en una carretera al norte de San Salvador. Había sido estrangulada y su cabeza estaba envuelta con bolsas de plástico amarradas al cuello. Su esposo Mario Huezo -con quien tenía un hijo- había denunciado su desaparición y colaboraba con la investigación. No obstante, fue capturado el 23 de abril, acusado de feminicidio agravado en contra de su pareja. El crimen despertó la indignación colectiva en El Salvador, sumándose a otros recientes de similares características y obligando a una alerta nacional de feminicidios en ese país ante la evidencia de la gravedad e impunidad de la violencia en contra de las mujeres.	Alejandra quizás no sepa quienes eran Nusrat y Karla. Pero comparte con ellas una marca trágica en su línea de vida de 16 años, también en abril y con la misma violencia que segó las de ambas mujeres: el pasado 20 de abril, Alejandra fue violada por varios sujetos en un centro turístico del litoral caribe hondureño. La ausencia de castigo ha inspirado ya un movimiento de indignación y demanda de justicia que apoya el valiente reclamo de su madre, la jueza Flor Sosa, víctima como su hija de la impunidad que todavía prevalece en este delito.