La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo número veintiséis establece que toda persona tiene derecho a la educación. Indica que la educación elemental y fundamental será gratuita además de obligatoria. Sin embargo, en Honduras las violencias estructurales (aquellas derivadas del sistema político y económico que dificultan o imposibilitan la satisfacción de las necesidades de las personas) afectan directamente sectores de gran relevancia para el desarrollo de la nación. Se utilizan constantemente los recursos destinados al bien común para el beneficio particular o para el desarrollo de acciones ineficaces, viciadas y poco transparentes volviendo cada vez más profundas las crisis y falencias de las instituciones estatales.	El pueblo es el gran perdedor, es carente de una educación pública y de calidad gracias a la intervención de algunos personajes que no han hecho nada más que dañar históricamente el árbol que da la savia de la vida intelectual y de la superación para instaurar un ciclo interminable en el que sea más simple y cómodo dominar, someter y explotar.	Según datos del Instituto Nacional de Estadística (2018), la tasa de analfabetismo en el país es de 12.9 por ciento (siendo quizá más elevada en zonas rurales), la cantidad de años promedio de estudio de la población es de 7.7 años (octavo grado), asimismo las instalaciones educativas carecen de la infraestructura suficiente para brindar y recibir adecuadamente el pan del saber. Los docentes alegan ante los medios de comunicación no recibir la capacitación y actualización adecuada, así como poseer graves dificultades en cuanto a sus salarios, los cuales han recibido a lo largo de los años, en ocasiones tardíamente, sin los aumentos necesarios y que merecen en base a ley. Esto atenta contra la calidad del proceso, donde se desprecia, deslegitima e invalida la labor fundamental e irreemplazable del maestro dentro de la sociedad.