de manipular las elecciones presidenciales y se viera obligado a convocar nuevos comicios. La polémica en torno a los militares bolivianos creció cuando se hizo público un decreto de la presidenta interina, Jeanine áñez, que exime a los militares de cargos penales si se generan víctimas en sus tareas de mantener el orden. Otro decreto polémico firmado por Áñez destinó 4,8 millones de dólares al equipamiento militar de las	Chile, Colombia y Ecuador también han utilizado a las Fuerzas Armadas en el control social de los disturbios y en el mantenimiento del orden público, desplazando a la Policía de sus labores constitucionales. “La tendencia a la remilitarización se constata, en distintos grados, en el grueso de la región. En Ecuador, Chile o Bolivia se da un uso cada vez más claro para reprimir protestas y criminalizar a la sociedad civil”, declara Francisco J. Verdes-Montenegro, investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).	Una imagen que hizo llover las críticas sobre la presidenta interina de Bolivia, Jeanine áñez, y que puso en tela de juicio el papel de las Fuerzas Armadas en la crisis boliviana. El jefe de las FFAA, Williams Kaliman, le impuso la banda presidencial a la senadora opositora. Luego renunciaría a su cargo y una nueva cúpula militar asumió la misión de pacificar el país.	La ONU expresó su preocupación por el aumento de militares en las ciudades de Colombia previo a una gran marcha convocada para el jueves por sindicatos, estudiantes, indígenas y opositores al gobierno de Iván Duque. “La Oficina ha recibido informes sobre un aumento de la presencia de miembros del ejército en las calles en algunas ciudades de Colombia en los días previos a la manifestación”, indicó el despacho local de derechos humanos del organismo internacional.	La cúpula militar venezolana es uno de los principales sostenes en los que Nicolás Maduro se apoya para mantener vivo su régimen. El anterior presidente y fundador del movimiento bolivariano, Hugo Chávez, como ahora su sucesor, han concedido a la jerarquía militar enormes privilegios políticos y económicos, que se han traducido en poder y dinero. Maduro entregó a las fuerzas armadas segmentos cruciales de la economía del país.	La historia de Latinoamérica está plagada de intervenciones y dictaduras de corte militar que todavía se recuerdan con dolor en todo el continente. Desde Augusto Pinochet en Chile hasta Jorge Videla en Argentina o desde Humberto de Alencar Castelo Branco en Brasil a Juan Velasco Alvarado en Perú, América Latina se ha visto dirigida desde los cuarteles durante gran parte del siglo XX.	Según Illera, no se puede calificar de “golpe militar blando” lo ocurrido en Bolivia estas últimas semanas. Sin embargo, en su opinión, sí esconde un riesgo grave: “La teoría habla de uso de la fuerza donde el militar se hace con el poder y el caso boliviano es una variante nueva. Las Fuerzas Armadas asumen un poder moderador, no van con tanques o armas, entran para solucionar situaciones, intervienen por ineptitud”, considera.	En el caso de Chile, que en los primeros nueve días tras el estallido social sacó a los militares a las calles, Amnistía Internacional consideró en un informe del jueves pasado que tuvo consecuencias “catastróficas”. La organización aseguró que “la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”.	En los últimos meses otras historias con uniforme han copado los titulares. Las operaciones militares en las favelas de Brasil ya se han hecho frecuentes en una época en donde el presidente del país, Jair Bolsonaro, es un capitán retirado y su vicepresidente, Hamilton Mourao, se ha mostrado defensor de las FFAA durante la dictadura.	En este rearme militar hay que incluir también a México. La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear la Guardia Nacional de México para defender la seguridad del país refuerza, según los expertos, el carácter militar del orden público. La apuesta de López Obrador incide en el esquema de seguridad militarizada que ya practicaron, con poco éxito, los Gobiernos anteriores de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, según organismos de derechos humanos.	Desde que asumió en diciembre pasado, el mandatario mexicano modificó un apartado de la Constitución para crear, en medio de duras críticas de sus adversarios, la Guardia Nacional. La lealtad de las fuerzas castrenses a su gestión se puso en duda cuando se divulgó un presunto discurso del general Carlos Gaytán, subsecretario de Defensa en la gestión de Felipe Calderón (2006-2012), en el que mostraba su preocupación por temas como la polarización política.	El hecho de que se valore un intervención armada en Venezuela por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, también es un síntoma de que el mensaje de la fuerza está calando en el continente. Hay que recordar que la Administración Trump ya amenazó con mandar al Ejército para controlar las fronteras con América Latina.