Si la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, se llevara a la práctica, viviríamos un mundo de paz y prosperidad, pero cada día nos alejamos del ideal de la noble institución. Justamente en esa Declaración, en el artículo 19 se señala que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Todo principio sobre la existencia y convivencia humana, para analizarlo, requiere contextualizarlo. En la misma Declaración del organismo mundial se establece que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. Estos dos preceptos normativos deben verse en su integridad para aspirar a su aplicación. En la Constitución de la República de Honduras se establece que es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Pero en el mismo articulado se dice que son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones. De este derecho se abusa desde las instancias gubernamentales, pero también desde los medios cuando son utilizados para difundir información falsa y ofensiva a la dignidad humana. Un grupo o una sociedad es equilibrada en la medida que cada uno de sus miembros tenga presente que en el reclamo de su derecho tiene también deberes que cumplir. Derechos y deberes deben andar juntos para el disfrute de la paz y tranquilidad. El ideal libertario sobre la expresión de la voluntad se vuelve complejo en una sociedad donde los espacios institucionales van perdiendo sentido democrático, la corrupción y la impunidad se apoderan de las instancias gubernamentales y de la cultura de algunos sectores de opinión pública. La libertad de expresión en estas condiciones se vuelve imposible y si se legisla haciendo concesiones a una fementida libertad, es para caer en el libertinaje. Una crítica, por fuerte que sea, cuando se hace haciendo acopio de fuentes fidedignas y con argumentación sólida, no debería dar pie para pensar que puede ser restringida y si lo es, solo sería para recibir la condena del conglomerado nacional. Un problema adicional es que ahora, más que en el pasado, con las llamadas redes sociales, al ser recursos abiertos, la emisión del pensamiento se hace, en muchos casos, sin valorar las consecuencias morales de las ideas o información que se transmite y sin asumir los costos de la irresponsabilidad por promover actos contrarios al ideal proclamado por la ONU.