Se supone que estas personas están siendo víctimas de las bandas de delincuentes que se dedican al delito de la extorsión y del cobro del “impuesto de guerra” por parte de maras y pandillas que hasta se han repartido geográficamente la capital, Tegucigalpa, y otras ciudades de importancia en el interior del país, para cometer sus fechorías en contra de los transportistas, los empresarios, los comerciantes y en detrimento de la economía.	Este tipo de delitos comenzó hace años y se extendió incluso con el apoyo, en el pasado cercano, de miembros de los cuerpos de seguridad, y si bien hoy en día el gobierno cuenta con varias fuerzas policiales especializadas para hacerle frente a los delincuentes, estos siguen accionando casi a sus anchas.	Está claro que en la estrategia algo está fallando y eso obliga al presidente y sus cuerpos de seguridad a replantearse la estrategia de acción en contra de las bandas que atemorizan a la población. No es suficiente con decir que a los responsables de estos asesinatos se buscará hasta por debajo de las piedras. Tienen que encontrarlos y llevarlos a la cárcel, y con ello garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.