EL HERALDO dejó en evidencia esta semana las jugosas ganancias que deja al Instituto Nacional de Migración (INM) la entrega de pasaportes de emergencia a quienes acuden a solicitar el documento de viaje. Según la información disponible, en lo que va de 2019, el INM ha percibido 7.2 millones de lempiras por concepto del pago de 20 dólares (unos 500 lempiras) por una cita de emergencia para obtener el documento, ya que resulta que en el último año las citas tardan hasta tres meses. La situación es tan caótica que hay días en los cuales las citas de emergencia son más que las normales.	Pero sea cual sea esa causa, la verdad es que las instituciones de servicio público, y en este caso el INM, solo dejan en evidencia la negligencia en el proceso de organización y planificación de adquisiciones. Y lo más grave es que al final los clientes, la ciudadanía, es la que paga los platos rotos, teniendo que sacrificar su bolsillo mientras el Estado se agencia unos pesos más.	Es necesario que las instituciones de servicio público pongan fin a estas malas prácticas y organicen su trabajo teniendo como fin primordial brindar una atención de calidad a sus públicos metas y no la obtención de más fondos para sus arcas. Deben, además, apostar a la transparencia en este tipo de procesos. Basta de seguir escondiendo la información que el pueblo demanda. No deben nunca olvidar que ellos, como funcionarios públicos, están obligados a dar detalles de su accionar, más cuando se trata del manejo de documentos tan importantes como el pasaporte.	Es así que están en la obligación de hacer públicos los contratos de adquisición de libretas mecánicas, y los que se firmarán en un futuro cercano, si es que logran concretar el proyecto de adquisición de un pasaporte electrónico, como se viene anunciando desde hace varios años. La cultura de la transparencia debe prevalecer en la función pública