El proyecto de ley va orientado a que se aclare la interpretación que se ha realizado en el decreto 98-2018, sobre el artículo 213 del Código Tributario y sus reformas, en el sentido de que esta interpretación es improcedente, inaplicable e inexistente, porque en ninguno de los decretos de amnistía y regularización tributaria se estableció de forma clara, precisa como lo establece el Código Tributario a todos los obligados tributarios que se regularizarían, que se les iba a cancelar sus derechos, es decir, sus créditos fiscales.	Únicamente se estableció en estos decretos que los obligados tributarios que se regularizaran y obtuvieran su finiquito o sello definitivo, se daban por satisfechos sus obligaciones formales y materiales con la administración tributaria y aduanera. En ningún momento se le dijo a estos obligados que se les iba a cancelar sus derechos, puesto que si a uno de estos contribuyentes se le hubiera dicho, ‘usted va a pagar el 1.5% sobre sus ingresos’ y, por poner un ejemplo, son tres millones de lempiras y adicional se les va a quitar otros cuatro millones en créditos fiscales, nadie se hubiera acogido a este beneficio, porque no hubiera sido viable para ningún contribuyente. Los contribuyentes se acogieron, porque precisamente querían dejar a un lado el Código Tributario anterior y adherirse a la nueva plataforma o el nuevo marco jurídico tributario, cuyo nuevo código tributario entró en vigencia a partir del primero de enero de 2017.	Hablamos de alrededor de 2,500 personas naturales y jurídicas, que les están quitando los créditos fiscales y créditos por pago a cuenta. El problema de quitar el crédito por pago a cuenta es que están cobrando intereses, multas y recargos desde la fecha que regularizaron, desde diciembre de 2016, que de acuerdo al Código Tributario son cuantiosos. La deuda está duplicándose para los obligados tributarios y generando una inseguridad jurídica tributaria enorme, porque les cambian las reglas al obligado tributario de un día para otro. Nos reunimos con la junta directiva del CN para plantearles nuestra posición y también con el Ejecutivo para aclararles dónde está el fallo para evitar que se siga generando una atmósfera de inseguridad jurídica.