Una de las constantes en los países ‘emergentes’ o subdesarrollados es el abuso del concepto de ‘cambio’, que en las encuestas les presentan a los candidatos a puestos públicos como algo que quiere la mayoría de los votantes. Es lógico que ante Gobiernos corruptos e ineficientes, los ciudadanos quieran algo diferente, lo cual lleva a los políticos a prometer ‘cambios’, sean necesarios o no. La llamada Guardia Nacional o Civil, que existe en muchos países, implica en México una reforma constitucional y un cambio de uniforme a la Policía Federal y a la Gendarmería Nacional, una especie de Guardia Nacional creada en 2014, que cuentan con cerca de 40,000 elementos.	La participación del Ejército y la Marina en el combate a la delincuencia provocan posiciones contradictorias. Hay quienes afirman que los más de 260,000 elementos de Sedena y Semar deben estar en sus cuarteles y solo actuar si otro país nos ataca. ¡Falso! Lo necesario es un marco jurídico que dé un soporte claro al Ejército y a la Marina en su lucha contra la delincuencia. Su combate al crimen y a la inseguridad, que rebasan a las policías federales, estatales y municipales, es imprescindible para garantizar la seguridad a los ciudadanos. Su lucha contra el crimen no es ilegal ni significa ‘militarizar’ el país. Tampoco implica militarización que, como en España, la Guardia Nacional o Civil dependa del Ministerio del Interior (Gobernación en México) y del Ministerio de la Defensa, ni que su director sea un militar, como en Chile. El comandante supremo del Ejército mexicano es un civil, el Presidente. El Ejército mexicano dejó de ser caudillista, es actualmente institucional. Implica un desperdicio de recursos humanos encerrar en sus cuarteles a cientos de miles de militares capacitados para luchar contra los delincuentes y que solo salgan a marchar el 16 de septiembre o en caso de un terremoto o inundación.