El magistrado del distrito Sur de Nueva York George B. Daniels decretó que la regla no se puede implementar en todo el país tras una demanda presentada por los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont y la ciudad de Nueva York, que alega que la política perjudica específicamente a inmigrantes de minorías raciales.	Tal como ha informado la fiscal del estado de Nueva York, Letitia James, con este "bloqueo" se ha permitido frenar una regla que habría tenido "efectos devastadores en los neoyorquinos y en nuestra nación, y la decisión de hoy es un paso crítico en nuestros esfuerzos por defender el estado de derecho".	La regla generó una serie de demandas alrededor del país, que en el caso de California argumentan que la norma viola la garantía de protección igualitaria de la Quinta Enmienda de la Constitución, ya que afecta en forma desproporcionada la obtención de la residencia permanente y la ciudadanía a inmigrantes no blancos.	El juez del Tribunal de Distrito para el Norte de California Phyllis J. Hamilton falló también a favor de la petición hecha por un conjunto de demandantes que incluyen al Estado Dorado, Maine, Oregon Pensilvania, el Distrito de Columbia, la ciudad de San Francisco y la Clínica de la Raza, en la que pedían una orden para detener la implementación de la nueva norma.	"Los condados y los estados han demostrado una probabilidad de daño irreparable basado en su pérdida de fondos... Esos daños se derivan directamente de la cancelación de la inscripción de individuos que buscan atención médica en sus jurisdicciones, y inscribirse en ciertos otros beneficios públicos en sus jurisdicciones (por ejemplo, almuerzo escolar programas)", explicó.