se plantea el incremento de la penalidad para el delito de contrabando de cuatro a seis años, su castigo puede ser rebajado hasta dos tercios no solo para este delito, sino también para la defraudación fiscal, fraude de subvenciones y ayudas, incluyendo el delito contable contenidos en los capítulos uno y dos del título XXIV (24) de este instrumento jurídico.	La rebaja de la condena en los ilícitos antes mecionados procede “si el sujeto ha devuelto el bien o reparado el daño causado antes de dirigirse las investigaciones”. Esta disposición no existía, sino que fue añadida, luego que se derogara la responsabilidad penal para las personas jurídicas en este marco legal que fue promulgado bajo el decreto legislativo 130-2017.	A inicios de esta semana, el CN amplió la vigencia de esta normativa hasta el 10 de mayo de 2020 debido a la presión de distintos sectores sociales que han venido rechazando en los últimos meses la reducción de penas a múltiples figuras delictivas que benefician a aquellos que han sido imputados y para quienes están a la espera de una sentencia firme.