El rechazo de los sectores sociales no se hizo esperar desde que fue admitida en la cámara legislativa esta ley que blinda el manejo de los recursos de parte de los diputados, servidores públicos, alcaldías, Organizaciones no Gubernamentales (ONG), fundaciones y Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD). En menos de cinco días, el Poder Ejecutivo sancionó esta normativa bajo el decreto legislativo 116-2019, publicado en el diario oficial de la República con número 35,076.