Aprovechándose de su influencia y de su cargo, como secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la Fiscalía aseguró que Torres dirigió una estructura que operó en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango desde abril de 2015 hasta octubre de ese año para recaudar aportaciones "de dinero y en especie" para el partido.	Las primeras pesquisas señalan que se utilizaron tres empresas, dos de ellas compañías cartón y otra propiedad del actual diputado de la UNE Julio César Ixcamey, como "centros de recaudación" y administración de recursos externos al partido por medio de un manejo paralelo de las "finanzas oficiales" para eludir "el control sobre los fondos aportados".	La jueza decidió suspender la vista y fijar el próximo 20 de septiembre a las 10.00 hora local (16.00 GMT) como fecha para seguir con la audiencia, en la que le tocará el turno a la defensa para presentar sus argumentos finales antes de la resolución, que todavía no se sabe cuando se dictará.