Al finalizar la audiencia, el exprocurador de Derechos Humanos, David Morales, uno de los abogados querellantes, dijo a periodistas que la audiencia se desarrolló con normalidad y que los imputados tuvieron la oportunidad de dirigirse al juez, pero lamentó que “no haya ninguna expresión de arrepentimiento, de reconocimiento de los hechos, ni siquiera un mínimo de solidaridad hacia las víctimas”.	La masacre se registró entre el 11 y 13 de diciembre de 1981 a unos 120 kilómetros al este de la capital salvadoreña durante una operación del ahora extinto batallón Atlacatl, entrenado en tácticas de contrainsurgencia en Estados Unidos. Los soldados entraron a la zona en busca de las unidades de la guerrilla, pero algunos de ellos mataron a civiles.	, entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, el coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales entre capitanes y mayores que no fueron juzgados bajo el amparo de la ley de amnistía promovida por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) después de divulgarse el documento de la ONU.