La emblemática promesa de campaña de Trump ha enfrentado sistemáticamente obstáculos políticos, legales y ambientales en Texas, que tiene la sección más grande de la frontera entre Estados Unidos y México, la mayor parte de ella sin vallas. Y gran parte de la tierra a lo largo del río Bravo, que forma la frontera entre Texas y México, es de propiedad privada y es ecológicamente delicada.	Los opositores a los planes de Trump han presionado al Congreso para que limite los fondos e impida la construcción en áreas como el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Santa Ana, un importante santuario para varias especies en peligro de extinción, como jaguares, aves y otros animales, así como el Centro Nacional de las Mariposas, una organización sin fines de lucro, y una capilla católica histórica.	Ellos también han presentado varias demandas. Un juez federal impidió este mes que el gobierno construyera un tramo con el dinero redireccionado al muro bajo la declaración de emergencia nacional de Trump a principios del año que acaba. Además, dos jueces ordenaron recientemente a un grupo privado de recaudación de fondos a favor de Trump que dejara de construir su propio muro cerca del río Bravo.	Incluso en tierras que el gobierno posee, la construcción se ha retrasado. En otro refugio federal de vida silvestre, en un sitio conocido como La Parida Banco, los equipos de trabajo limpiaron la maleza esta primavera y el gobierno anunció en abril que la construcción comenzaría pronto. Ocho meses después, el sitio sigue desocupado.	De acuerdo con un funcionario estadounidense familiarizado con el proyecto, los equipos de trabajo descubrieron que el terreno estaba muy saturado de agua. Los bolardos metálicos previstos, instalados sobre paneles de hormigón, habrían sido inestables debido a los niveles de agua en el suelo, dijo el funcionario, quien habló con la condición de mantener el anonimato porque no tenía autorización para compartir la información públicamente.