Luego de un minucioso análisis a la Ley Especial que estaría próxima de aprobarse en el Congreso Nacional, la ASJ advirtió que con esa propuesta el proceso de selección no garantiza la transparencia y participación ciudadana, limitando la participación directa de la población en la determinación de idoneidad de los candidatos a ocupar la titularidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). En ese sentido, el capítulo de TI lamenta la eliminación dentro del proceso de las etapas de aplicación de pruebas de confianza, lo que “constituye un mensaje negativo que impide garantizar el nombramiento de candidatos con todos los requerimientos técnicos, éticos y profesionales para el ejercicio de los cargos, al tratarse de pruebas que se realizan para la elección de altos funcionarios como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público”.	De igual manera, el pronunciamiento de esta organización de sociedad civil apunta que la aprobación de la Ley Especial supone un debilitamiento a la Ley de Política Limpia y su Unidad, ya que dispone el otorgamiento al “CNE de facultades discrecionales para regular mediante reglamento lo relativo a las campañas políticas, colocando a la Unidad en una situación de indeterminación jurídica y un retroceso en el combate al financiamiento ilícito de las	Finalmente, la ASJ insta al Congreso Nacional a comprender que la evaluación y nombramiento de las autoridades del CNE y TJE es un paso importante de cara a la construcción de un sistema electoral inclusivo y fortalecido para garantizar que los hechos violentos de las elecciones de 2017 no se repitan y que se respete la voluntad del soberano manifestada en las urnas.