La presión en tribunales federales y la resolución de los requerimientos dieron fruto y la Casa Blanca tuvo que ceder otra prórroga en la vigencia del Estatus de Protección Temporal, TPS, cuya terminación había sido anunciada para el próximo enero, pero el Departamento de Seguridad Nacional tuvo que dar nueva fecha: enero de 2021.	En algún momento, sin duda, así fue, pero la superación por medio del trabajo, la integración en las comunidades, el pago de impuestos y la aportación efectiva a las causas comunes hacen de los migrantes, respaldados con el TPS, ciudadanos con derechos más que de justicia, humanos, pues son más de dos décadas en que han contribuido plenamente a la economía del país que los recibió.	Pero no hemos de olvidar el inmenso aporte a la economía nacional, que con el solo anuncio de lo que puede venir agarra tembladera, contagiosa también en miles de familias hondureñas, pues las remesas proporcionan gran ayuda en los hogares y sostienen importaciones que se verían en peligro si desaparecen los millones de dólares que envían los trabajadores hondureños, muchos en Estados Unidos, pero también en Europa, principalmente en España.	La prórroga anunciada por la administración Trump sigue mostrando claramente el indicador de arreglar de manera permanente la situación, no solo para eliminar el temor y la inquietud, sino para proporcionar a las familias la tranquilidad de permanecer unidos y la seguridad de un trabajo con el que honradamente podrán salir adelante.	Un año más de oportunidades transcurrirá muy rápidamente por lo que es preciso ser más veloces que el mismo tiempo, y desde el sector oficial con su personal diplomático fortalecer el compromiso de lograr para la mayoría de los tepesianos hondureños, con hijos norteamericanos, estabilidad en centros de trabajo y hoja limpia en sus acciones ciudadanas, la permanencia legal en el país del norte que les favorece a ellos, beneficia a Estados Unidos y contribuye muy eficazmente a paliar o solucionar problemas graves en nuestro país.