En 2016, la campaña presidencial de Trump y la del Brexit, entre otras, triunfaban con ayuda de las redes sociales sorprendiendo a la política convencional. El escándalo de Cambridge Analytica, que utilizó datos sacados de Facebook para localizar con enorme precisión a potenciales votantes del actual presidente de EE UU, reveló al mundo cómo se pueden utilizar las redes.	El jefe de la campaña de Trump comunicó que “Twitter acaba de renunciar a cientos de millones de dólares en potenciales ingresos, una decisión muy tonta para sus accionistas… es otro intento de silenciar a los conservadores, porque Twitter sabe que… Trump tiene el programa online más sofisticado”. Antes, había lanzado un anuncio con afirmaciones falsas sobre el candidato demócrata Joe Biden que CNN rechazó emitir y Fox News lo retiró.	El equipo de Biden solicitó a Facebook que lo sacaran, pero le contestaron que la base de la red social es “la creencia fundamental en la libertad de expresión”. Por su parte, la favorita entre los precandidatos demócratas, Elizabeth Warren, publicó un anuncio en Facebook afirmando que su dueño apoya la reelección de Trump y luego, en el mismo texto, reconoce que la información es falsa. Warren propone una batería de medidas “antimonopolio” contra las grandes firmas tecnológicas y plantea, entre otras cosas, partir la empresa de Zuckerberg en varias pequeñas.	Como se ve, hay todo tipo de posiciones, desde Twitter que no publicará más anuncios políticos -en mi opinión personal, actitud acertada ya que la política es “tóxica”- hasta Facebook que publica incluso noticias falsas, pasando por medios como CNN que se niegan a reproducir lo que creen que no es cierto. Y cada propietario tiene el derecho moral de comportarse de esa manera, porque arriesgan su empresa, su fortuna y su carrera profesional.	La libertad de prensa existe cuando nadie, ni el gobierno, impide coactivamente la publicación de algo. Nos guste o no, una sociedad madura debe aborrecer la mentira, pero, al mismo tiempo respetar a todos, incluso los mentirosos. Poner al Estado o a un tribunal a juzgar qué es mentira y qué no, es peligroso porque, quién más quién menos, los políticos usarán este argumento para intentar censurar lo que les disgusta. Es cierto que en algunos países existen monopolios.	Por caso, donde para montar un canal de TV hay que pedir autorización al gobierno que impone un cupo máximo de transmisores, y luego un grupo compra todas las licencias y se transforma en el único emisor de TV. Pero esto se resuelve quitando al gobierno del medio, de modo que cualquiera pueda poner los canales que le venga en gana.