Las leyes federales permiten a ciudadanos estadounidenses como Alyse intentar legalizar la situación de cónyuges como Elmer, que vivía en el país sin permiso de residencia. Miles de familias lo hacen: los registros muestran que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) aprobó 23.253 exenciones provisionales por presencia ilegal, el último documento que necesitan cónyuges, hijos o padres de ciudadanos antes de salir del país y solicitar reunirse de forma legal con sus familias.	Sin embargo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) señaló que un creciente número de funcionarios ha “retorcido cruelmente” las normas al detener a cónyuges inmigrantes tras interrogatorios sobre su matrimonio. La ACLU ha presentado una demanda similar en Massachusetts y dice que se han producido docenas de detenciones en oficinas de Nueva York, Virginia, Florida, Illinois y California.	El caso en Maryland está asignado al juez de distrito George J. Hazel, que ya revocó la deportación de un hombre chino detenido tras un interrogatorio exitoso sobre su matrimonio en Baltimore. En un veredicto justo antes de que Wanrong Lin aterrizara en Shanghái el pasado noviembre, Hazel dijo que el gobierno no puede utilizar esos trámites “como cebo para atrapar a inmigrantes indocumentados que intentan hacer uso de sus protecciones”.	Ella y Elmer, que ahora tienen 31 y 41 años, empezaron a salir en 2013 después de que ella pusiera su auto a la venta y él se acercara a verlo. Lo compró, y se casaron ese año. Tienen dos hijos de cuatro y dos años y viven en Kensington, Maryland, un suburbio de Washington donde él posee una empresa de reformas de viviendas. Ella trabaja en una clínica veterinaria en la cercana localidad de Sandy Spring.	Los registros judiciales muestran que la deportación de Elmer se había ordenado en ausencia en septiembre de 2005, tras faltar a una vista migratoria que nunca se le notificó. Tras consultar con abogados, Alyse presentó los trámites para conseguir una “green card” a su marido en septiembre de 2018. La citación que recibieron el 7 de mayo indicó que el interrogatorio requerido era “solo para confirmar la buena fe del matrimonio de la pareja”, según la demanda.	permiten el proceso incluso para personas con órdenes de deportación. El trámite suele llevar meses y requiere que la pareja demuestre la legitimidad de su matrimonio como primer paso. Si pasan el interrogatorio y consiguen otras autorizaciones, el cónyuge extranjero debe viajar al extranjero para pasar un interrogatorio de visa en un consulado estadounidense. Solo puede regresar de forma legal a Estados Unidos si recibe la visa.	No está claro cuánta gente se ha convertido en residente permanente de Estados Unidos con este proceso. El trámite pretende “evitar las duras consecuencias de obligar a un cónyuge o padre a marcharse” del país durante años mientras intenta plantear un caso de inmigración legal desde su país de origen, indicó la ACLU.