Hace poco menos de cuatro años, un grupo de ciudadanos comprometidos decidió salir masivamente a las calles, con distintivas antorchas, para demandar soluciones ante el escándalo de corrupción en el sistema de seguridad social. La principal respuesta a sus demandas fue la creación -hoy hace exactamente tres años- de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, de la Organización de Estados Americanos, mejor conocida como la Maccih.	Con frecuencia, los hondureños me hacen notar que su país tiene muchas oportunidades, pero también desafíos. Entre las oportunidades destaca su gente trabajadora y su abundante riqueza natural. Entre los desafíos, la corrupción resalta como el principal flagelo del país, cerniéndose como una nube tempestuosa que ensombrece la esperanza de hondureños y hondureñas.	La corrupción es el principal obstáculo para el progreso de una nación hacia el desarrollo. Se lleva el caudal de recursos públicos a los bolsillos de unos pocos, negándole a la mayoría sus derechos humanos, como el acceso a la salud y la educación; crea ventajas injustas en los negocios, alejando la inversión extranjera y distribuyendo la riqueza con inequidad; pervierte la justicia y corta de raíz el florecimiento de la democracia. Aún más grave, cuando la corrupción es extendida puede generar desde una profunda desilusión en el sistema de gobernanza, hasta la convicción de que la única manera de prosperar es yéndose del país.	La Maccih, junto con la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público, y con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción, diligentemente ha investigado, preparado y presentado casos contra presuntas redes de corrupción. Aunque estos casos se encuentran en diversas etapas del proceso judicial, considero que se ha demostrado con éxito a la sociedad hondureña que la corrupción sí se puede enfrentar sin importar cuán arraigada parezca estar.	En este momento histórico para Honduras, se deben redoblar los esfuerzos de todas las instituciones que contribuyen al combate a la corrupción, para mostrar que puede haber un cambio positivo y sostenible que restaure la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. El sistema de justicia hondureño tiene el gran reto de actuar con la requerida diligencia, integridad e independencia que asegure el debido proceso e imparta justicia, en respuesta a los casos de corrupción presentados y a los que se presentarán a futuro.	Ningún país está libre de corrupción y todos los países deben echar mano de cada recurso disponible para poder combatirla. Por esto, en este cuarto y último año del actual convenio de la Maccih es imperativo continuar apoyándole para que cumpla su mandato. Este año será el momento de pensar en la renovación de su convenio para dar la señal inequívoca de que se continuará priorizando el combate a la corrupción.	Canadá, como nación amiga, mantiene su compromiso con el combate a la corrupción. En Honduras seguimos dando apoyo financiero y político a la Maccih y, a través de nuestro programa de asistencia internacional, continuaremos apoyando a instituciones públicas y a la sociedad civil para fortalecer el acceso a la justicia. Hoy, en un momento en el que se han creado nuevas resistencias en la región en la lucha contra la corrupción, es la ocasión propicia para que el pueblo y el Estado hondureño demuestren que pueden sostener esta pelea y acabar con este flagelo que afecta desproporcionadamente los derechos de las personas más vulnerables.