que Honduras es parte en los principales instrumentos internacionales de derechos humanos y, en particular, en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de Refugiados, hecho en Ginebra, el 28 de julio de 1951 (la “Convención de 1951”) y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York, el 31 de enero de 1967 (el “Protocolo de 1967”), que Estados Unidos es una parte del Protocolo de 1967 y otros instrumentos internacionales relevantes de los cuales Honduras es parte, y reafirmando las obligaciones de las Partes de brindar protección a los refugiados elegibles que están físicamente presentes en sus respectivos territorios de acuerdo con sus respectivas obligaciones bajo esos instrumentos, sujeto a las respectivas reservas, entendimientos y declaraciones de las Partes;	en particular las obligaciones de las Partes de honrar el principio de no devolución establecido en la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, así como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, realizada en Nueva York , 10 de diciembre de 1984 (la “Convención contra la Tortura”), sujeto a las respectivas reservas, entendimientos y declaraciones de las Partes y reafirmando sus respectivas obligaciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con sus respectivas obligaciones internacionales;	que los Estados Unidos y Honduras ofrecen sistemas de protección de refugiados que son consistentes con sus respectivas obligaciones bajo la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967, y comprometidos con la noción de que la cooperación y el reparto de la carga con respecto a los solicitantes del estatuto de refugiado pueden mejorarse	mantener el asilo o protección temporal equivalente como un instrumento crítico de la protección internacional de los refugiados, al tiempo que desea evitar el fraude en el sistema de protección, lo que socava su propósito legítimo, y resolvió fortalecer la integridad de esa institución y el apoyo público en de lo que depende	de que los acuerdos entre los Estados pueden mejorar la protección internacional de los refugiados al promover el manejo ordenado de las solicitudes de asilo por parte de la parte responsable y el principio de compartir la carga; y AW ARE que tal responsabilidad compartida debe garantizar en la práctica que se identifique a las personas que necesitan protección internacional y que se eviten las violaciones del principio fundamental de no devolución y, por lo tanto, se determine la protección para cada reclamante de protección elegible para presentar una demanda de protección quién entra dentro de su jurisdicción, acceso a un procedimiento de determinación de protección completo y justo;	“Reclamación de protección” significa una solicitud de una persona al Gobierno de una Parte de protección consistente con sus respectivas obligaciones bajo la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967, o la Convención contra la Tortura, de conformidad con las leyes y políticas respectivas de las Partes implementar esas obligaciones, o cualquier otra protección temporal equivalente disponible bajo la ley de migración hondureña.	Menor no acompañado “significa un Reclamante de Protección que aún no ha cumplido los dieciocho años y no tiene un padre o tutor legal presente y disponible para brindar atención y custodia en el país donde se encuentra el Menor No Acompañado, ya sea en los Estados Unidos Estados u Honduras.	Para asegurar que los Demandantes de Protección tengan acceso a un Sistema de Determinación de Protección, Honduras no devolverá ni removerá a un Demandante de Protección referido por los Estados Unidos a otro país hasta que se haya hecho una adjudicación administrativa final del Reclamo de Protección de la persona. Honduras tendrá un procedimiento para resolver, de conformidad con su legislación nacional y sus obligaciones internacionales, el posible abandono de reclamos por parte de personas transferidas en virtud de este Acuerdo.	Con la exención de las personas descritas en los párrafos I y 2 del Artículo 4, Honduras examinará, de acuerdo con su Sistema de Determinación de Protección, para determinar la Reclamación de Protección de cualquier persona que haga tales reclamaciones después de llegar a un puerto de entrada, o cruzar una frontera entre los puertos de entrada de los Estados Unidos en o después de la fecha de vigencia de este Acuerdo. Las Partes respetarán la decisión de cada una en relación con las Determinaciones de protección realizadas en virtud de sus respectivas leyes nacionales.	Intercambiar la información que sea necesaria para la implementación efectiva de este Acuerdo sujeto a las leyes y regulaciones nacionales. Esa información no será divulgada por la Parte del país receptor, excepto de conformidad con sus leyes y reglamentos nacionales. Las Partes tratarán de garantizar que la información no se intercambie o divulgue de tal manera que ponga en riesgo a los Demandantes de Protección o la vida, seguridad e integridad de sus familias en sus países de origen.	Las Partes desarrollarán procedimientos operativos estándar para ayudar con la implementación de este Acuerdo. Estos procedimientos incluirán disposiciones para la notificación, a Honduras, antes de la transferencia de cualquier Reclamante de Protección de conformidad con este Acuerdo. En el Plan de Implementación, las Partes trabajarán para identificar a las personas apropiadas para ser transferidas de conformidad con este Acuerdo.	Las Partes acuerdan revisar este Acuerdo y su implementación. La primera revisión tendrá lugar a más tardar 3 meses después de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo y será realizada conjuntamente por representantes de cada Parte. Las Partes pueden invitar a otras organizaciones apropiadas con experiencia, según lo acordado por las Partes, a participar en esta revisión inicial. Las Partes pueden cooperar con dichas organizaciones en el seguimiento de este Acuerdo, siempre que esas organizaciones acuerden proporcionar dichos servicios de consulta.	El presente Acuerdo entrará en vigor tras el intercambio de notas de ambas Partes indicando que cada una ha completado los procedimientos legales internos necesarios para poner en vigencia el Acuerdo y se ha establecido el plan de Implementación Conjunta Inicial. Este Acuerdo se renovará automáticamente después de cada uno. -período de un año adicional, sujeto a la notificación dentro de los 30 días posteriores al vencimiento por cualquiera de las Partes de su intención de no renovar.	Cualquiera de las Partes puede, inmediatamente después de una notificación por escrito a la otra Parte, suspender por un período inicial de hasta tres meses de aplicación de este Acuerdo. Dicha suspensión podrá renovarse por períodos adicionales de hasta tres meses previa notificación por escrito a la otra Parte. Cualquiera de las Partes puede, con el acuerdo por escrito de la otra Parte, suspender cualquier parte de este Acuerdo.