Parece que todo está listo. La clase política ha llegado a consensos y se aprestan a aprobar las enmiendas constitucionales que sentarán las bases de un nuevo sistema electoral. En las negociaciones han participado las cúpulas de los partidos políticos y sus voceros han salido a anunciarle a un pueblo ávido de acciones que pongan fin a la crisis política que arrastra el país desde 2009.	Entre sus acuerdos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pasará a llamarse Consejo Nacional Electoral (CNE) y se creará por primera vez en Honduras y América Central un Tribunal de Justicia Electoral. Paralelamente, seguirán con el proceso de reformas y “modernización” del Registro Nacional de las Personas (RNP), la depuración del censo electoral y la implementación de una nueva tarjeta de identidad.	Y es así como la clase política, incluyendo a los opositores del Partido Libertad y Refundación, dan por “saldada” parte de la crisis. Los políticos parece que se olvidaron del origen de la crisis y dejaron una vez más de lado las opiniones de una ciudadanía que día con día viene perdiendo la confianza en su clase política y en las instituciones del Estado. Se olvidaron que la ciudadanía tiene voz y reclama que su voz sea escuchada; que demanda instituciones fuertes y sólidas que respondan a los intereses del pueblo y no del grupo o grupos que las promueven u ocupan. Y deberían de hacerlo, porque es indispensable para devolverles la credibilidad y la confianza en las instituciones públicas, la institucionalidad y el sistema democrático. Los políticos tienen que irse olvidando ya de los tratos bajo la mesa y de tan solo cambiar el nombre a las instituciones públicas. Eso no es suficiente.