Para nadie es desconocido que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte ha sido por años una de las principales fuentes de ingreso de oficiales, clases y soldados que, ante la falta de supervisión, se aprovecharon para amasar grandes fortunas a costa de los cobros ilegales que hacían a la población. Tampoco es desconocido que con el paso del tiempo y el avance de la tecnología, esas malas prácticas han ido disminuyendo de a poco. Además, se debe reconocer que el trabajo de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional ha sido efectivo y que los mecanismos de control y transparencia impulsados han comenzado a dar resultados.	Para el caso, esta semana se informó que un subcomisionado, un inspector, dos clases y 14 agentes de la Policía Nacional forman parte de las redes de tráfico de licencias de conducir. Las informaciones, a las que tuvo acceso EL HERALDO, señalan que dos casos están siendo investigados por las autoridades competentes. Uno en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de Danlí, El Paraíso, y el otro en la ciudad de Ocotepeque. Las bandas de los policías que han sido debidamente identificados se dedicaban a la emisión irregular de licencias y al no ingreso de boletas de infracción a los sistemas oficiales. Estos solo son dos ejemplos, porque son muchos los ciudadanos que a diario son víctimas de agentes de tránsito que a cambio de unos cuantos pesos se hacen de la vista gorda en la aplicación de la ley, sin obviar que también son muchos los conductores que tienen en el soborno la salida más fácil a las violaciones a las leyes de tránsito que cometen. Por el bien común, estas son prácticas que deben comenzar a eliminarse. Del lado de la autoridad, aplicando la ley y las sanciones a quienes utilizan el uniforme para delinquir, así como a los ciudadanos que favorecen estas malas prácticas para evadir el pago de sus culpas. La vida de muchos depende de que comience a actuarse honestamente.