Cada día, miles de migrantes centroamericanos y del mundo realizan una larga travesía con el afán de llegar a suelo estadounidense en busca de una mejor vida bajo el paraguas de una protección de asilo. Esto es lo que quiere evitar Trump al obligar a los migrantes a solicitar este estatus a su paso por Guatemala y aliviar el sistema estadounidense.	El concepto de "tercer país seguro", que el Gobierno de Guatemala asegura que "no existe", es un término de cooperación internacional entre Estados y según Acnur ayuda a reasentar a los refugiados en un tercer país que ha acordado admitirles y otorgarles residencia permanente, una solución duradera que implica la reubicación de refugiados.	A finales de 2018, de acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados, había 20,4 millones de refugiados de interés, pero menos del 1 por ciento fueron reasentados ese año, pues una pequeña porción de países forma parte del programa, en el que Estados Unidos, Canadá, Australia o los países nórdicos son los principales socios.	Uno de los aspectos de debate y crítica a este convenio deriva de si Guatemala tiene o no las condiciones para poner en marcha este convenio migratorio de asilo y garantizar los derechos básicos, reconocidos en los tratados internacionales, de las personas migrantes, como la alimentación, la educación o un trabajo.	De hecho, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales asegura que el uno por ciento de los habitantes más ricos de Guatemala suma el 40 por ciento de los ingresos de los más pobres y que esta desigualdad social priva de servicios esenciales como agua potable, salud y electricidad a los más vulnerables, especialmente a los pueblos indígenas.	Tampoco México, un país que supuestamente ha alejado la amenaza de aranceles después de recudir el flujo de indocumentados que llegan a la frontera en común y aunque Estados Unidos le ha exigido redoblar esfuerzos las autoridades mexicanas aseguran que esos ultimátum están "lejos" y que el descenso en el tránsito migratorio ya es "irreversible".	Un total de 196.061 migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica -una de las zonas más violentas y pobres del mundo formada por Guatemala, El Salvador y Honduras- fueron deportados desde Estados Unidos y México durante 2018, lo que representa un aumento del 37,9 por ciento más que el año anterior.	Los migrantes, entre los que había 15.805 niños y 8.843 niñas, son en su mayoría hondureños, un 56,8 por ciento; mientras que el 40 por ciento corresponde a guatemaltecos (94.306); y el resto, un 1,2 por ciento, de El Salvador, el único país de los tres que experimentó una reducción al pasar de los 26.811 en 2017 a los 26.479 en 2018.