El nuevo reporte afirma que el Departamento de Estado, en cooperación con el Tesoro de EEUU, trabajan “vigorosamente para investigar e imponer sanciones de conformidad con la Orden Ejecutiva que se basa en la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos Magnitsky, incluso con respecto a los Oficiales en el Triángulo del Norte y en todo el mundo”.	La llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional exige al secretario de Estado de EUA proporcionar al Congreso una lista de personas, incluyendo los funcionarios públicos, que han cometido actos graves de corrupción, tráfico de drogas y financiación ilícita de campañas en Guatemala, Honduras y El Salvador. Se espera que el Gobierno continúe ampliando la lista en los próximos meses.	El documento desclasificado estipula que se “continúa utilizando activamente a todas las demás autoridades correspondientes para garantizar que a los funcionarios corruptos se les niegue el refugio en los Estados Unidos. “Entre enero y abril de 2019, el Departamento revocó las visas de 85 personas de El Salvador, Guatemala y Honduras sospechosas de actos de corrupción”, agrega el reporte.	El exdiputado Manuel Baldizón y varios exalcaldes también figuran en el listado. Según la congresista republicana Norma Torres, desde que el presidente Jimmy Morales anunció el año pasado que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), “el Gobierno guatemalteco ha impedido los esfuerzos contra la corrupción, atacando la independencia judicial, modificando el Código Penal y liberando de prisión a exfuncionarios”.