El anuncio de un incremento del 10% a las tarifas de la energía a partir del 1 de abril es sin duda un golpe bajo a la economía de los hondureños sin excepción, aunque vale decir que los más afectados serán los ciudadanos de a pie, los hondureños y hondureñas que tienen un salario que a duras penas les alcanza para atender las necesidades básicas de sus familias; a quienes trabajan por cuenta propia, pero que no ganan siquiera el salario mínimo, y a miles más que no tienen ningún tipo de empleo, pero que son abonados de este servicio.	Son ellos quienes más sentirán el impacto de este nuevo incremento, pues sus ingresos se mantendrán inalterables, no así sus egresos, ya que tendrán que pagar más por el costo de la energía que consuman, al tiempo que deberán hacer frente a las alzas que seguramente se aplicarán en otros productos y servicios, a la sobra de la decisión estatal.	El aumento de las tarifas resulta para las actuales autoridades de la empresa el camino más fácil para mantener una empresa que está al borde de la quiebra. Sobre el papel quedan otra serie de medidas como una hoja de ruta que se supone estaban consensuando con el sector empresarial, que se encuentra empapelada.	Tampoco se han renegociado los contratos de generación con empresas privadas, que representan la más pesada carga financiera de la estatal eléctrica y la colombiana EEH, encargada de operar y administrar la red de distribución y la lectura de contadores, es señalada por los usuarios de hacer cobros excesivos, no escuchar sus reclamos y no haber logrado las reducciones en las pérdidas eléctricas en los porcentajes establecidos en el contrato de concesión.