, anunció la pronta implementación de un nuevo proceso de certificación de jueces y magistrados y la reactivación del Consejo de la Judicatura. También se refirió a la continuidad de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih). Estos y otros temas fueron abordados en una amplia entrevista concedida a LA PRENSA.	Hemos avanzado sustancialmente en temas concretos: la transparencia es una constante desde el día que venimos, hemos sido certificados por organismos nacionales e internacionales en cuanto al manejo de la información y de los recursos. Otra situación importante es la creación de 19 órganos jurisdiccionales, entre ellos, los circuitos de jurisdicción y competencia nacional en materia de corrupción, extorsión y criminalidad organizada.	Avances en la creación de juzgados de sentencia, juzgados de letras y juzgados de paz móviles, capacitación a través de la Escuela Judicial. Hemos avanzado en la consolidación de la Defensa Pública, Chile nos está apoyando y ya discutimos en el pleno un nuevo reglamento de la Defensa Pública que va a dinamizar los procedimientos y la prestación del servicio y estamos creando el escalafón del defensor público y un cuerpo técnico especializado en apoyo a la defensa pública como forenses, dactiloscopia, documentología y balística, son pasos importantes que hemos venido dando y que estamos consolidando para la prestación de un servicio de justicia de calidad.	Es un proceso que se va comenzar este primer trimestre de 2019, hemos conversado con la comunidad internacional, con la sociedad civil hondureña a efecto que puedan acompañarnos en este caminar en relación a instaurar un proceso de certificación y evaluación de desempeño que no necesariamente es bajo ningún punto de vista una depuración que no tiene como propósito el despido masivo de empleados, sino simplemente validar a los 5,000 empleados a nivel nacional.	Desde el 12 de febrero de 2016 que llegamos al Poder Judicial se han implementado los mecanismos de certificación, validación e inspección al trabajo que se realiza. A través de la Inspectoría General de Tribunales, ahora Supervisión Nacional del Poder Judicial, que es la que verifica la investigación en los procesos disciplinarios por una denuncia o por una situación de oficio, se han sancionado 309 funcionarios judiciales, 51 de los cuales constituyen despidos. Hemos despedido jueces de letras, jueces de sentencia y hemos tomado la decisión de despedir secretarios de juzgados, receptores, archiveros y escribientes de juzgados por situaciones al margen de la ley que se han comprobado por la Inspectoría.	Una de las herencias que de manera particular queremos dejar como presidente del Poder Judicial y que estamos trabajando desde hace dos años son una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que la actual data de 1906, la famosa Ley de organización de Atribución de los Tribunales (Loat) y una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, de la cual ya conocemos los problemas que hubieron y el pleno declaró inconstitucional la anterior ley. Queremos descentralizar, desconcentrar muchas decisiones en organismos como un nuevo Consejo de la Judicatura.	Hace dos años nombramos los equipos para la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, encabezados por los magistrados Reynaldo Antonio Hernández y Edgardo Cáceres Castellanos y para la nueva Ley del Consejo de la Judicatura a las magistradas Lidia Álvarez Sagastume y María Fernanda Castro. Ellos tienen avances significativos y entiendo que están completando para este mes de febrero el borrador de cada uno de los proyectos que serán sometidos al pleno de magistrados y luego se enviará al Poder Legislativo. Esperamos que este 2019 podamos contar con estos estamentos que van a venir a consolidar los procesos jurisdiccionales y administrativos en el Poder Judicial.	Uno de los mayores problemas y que causan un gran perjuicio económico, no solo al Poder Judicial es la manera como se despide y se sanciona disciplinariamente a la gente, que fue lo que pasó con el desaparecido Consejo de la Judicatura, lo que termina en demandas contra el Poder Judicial. Eso se ha mejorado y como muestra es que de las 309 sanciones que nosotros hemos impuesto en estos tres años, el 93% han sido confirmadas por el Consejo de la Carrera Judicial y no tenemos datos de demandas que se hayan instaurado en los juzgados de letras por cualquiera de estas 309 sanciones.	Cuando llegamos en 2016 encontramos ya aprobado ese auto acordado, que servía para tramitar los pedidos de extradición de extranjeros y hondureños, recuerde que a partir del de la reforma al artículo 102 de la Constitución de la República se consolidó ese auto acordado y es el que se aplica actualmente, ese contempla cuáles son los procedimientos, los plazos y las decisiones que se toman en determinadas circunstancias en relación a las solicitudes de extradición. A nuestro juicio ese auto acordado es un elemento importante que funciona correctamente.	Los jueces actuaron con la debida diligencia y responsabilidad en el marco que establece la ley bajo el principio de legalidad y respeto al debido proceso y garantías no solo de los acusados sino también de las víctimas. Hubo una decisión del tribunal mediante la sentencia condenatoria de la mayoría de las personas acusadas y la absolución de una de ellas. La Satisfacción radica en haber observado que se respetaron los principios, las garantías, los derechos de las personas, los plazos y esencialmente que el caso no está quedando en la impunidad.	Se está haciendo justicia, me parece que hay otro proceso penal contra policías y expolicías y un ejecutivo de la empresa que tiene una hidroeléctrica ahí, entiendo que está en curso y está listo para irse al Tribunal de Sentencia al debate del juicio oral y público y esperamos que en la medida de las posibilidades se aplique adecuamente la ley y la justicia.	La esencia de los jueces de todo el mundo y en Honduras no es excepción, es actuar bajo tres principios esenciales que son: la independencia, la imparcialidad y la objetividad, y nosotros esperamos y exigimos a los jueces en materia de corrupción, extorsión y privación de dominio actuar bajo esos parámetros. Eso es innegociable y es incondicional. Esperamos que en este caso específico se esté actuando y se continúe actuando bajo esas premisas y el respeto de los derechos de la persona detenida.	Para nosotros lo esencial en el marco de ese deseo de reformar la ley es que no se retroceda con esas reformas en el combate y la lucha a la corrupción y a los delitos que giran alrededor de este flagelo como abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, los cohechos en todas sus modalidades, la falsificación de documentos y otros tipos penales. Aplaudiríamos que no se retroceda y reprocharíamos que se debilite la función del TSC.	Para nosotros el trabajo con ellos ha sido importante, han sido observadores en los procesos de selección de funcionarios, no solo en materia de corrupción, sino en otras materias. El convenio mismo establece como espíritu de ambas partes que la Maccih fue necesaria y va ser necesaria, en la medida que las instituciones no estemos consolidadas.	La tarea, bajo esa línea, es el mejoramiento sustancial de las instituciones, la certeza y confianza que debemos representar las instituciones en la sociedad con resoluciones objetivas, independientes e imparciales; es un reto para las instituciones directamente involucradas en la operación de la justicia el mejoramiento y consolidación, pero como hondureño no desearía que una entidad extranjera esté indefinidamente en el país por 5, 10, 15 o 20 años, a mi me encantaría que la propia secretaria general de la OEA pudiese decir: Mire ya no es necesario que nosotros estemos en Honduras porque las instituciones han avanzado sustancialmente.