Dicho tributo se conoce como “impuesto mínimo” o “1.5%”, el cual sería implementado realizando un comparativo entre el cálculo del impuesto sobre la renta, según lo dispuesto en las tarifas del artículo 22 del mismo ordenamiento y el cálculo de las disposiciones del artículo 22 A, debiéndose pagar el monto superior.	Desde la vigencia del impuesto mínimo, los obligados tributarios han manifestado el impacto negativo en el desarrollo de sus empresas al considerar que su aplicación no se fundamenta en el principio de la Ley del Impuesto sobre la Renta de gravar las utilidades de los obligados tributarios, las cuales se obtienen después de deducir de sus ingresos brutos todos los gastos necesarios para producir renta o utilidades.	La nueva redacción del artículo 22 A establece en su primer párrafo que aquellas personas naturales o jurídicas domiciliadas en Honduras que hubieren obtenido ingresos iguales o inferiores a trescientos millones de lempiras no estarán sujetos a las disposiciones del artículo 22 A, es decir no deberán pagar el 1.5% sobre los ingresos brutos.