Esa es la incógnita que prima en los hondureños y que en este momento no tiene una respuesta ante la inexistencia de un mecanismo de investigación y seguimiento que permita determinar a ciencia cierta a qué se están dedicando la mayoría de los policías expulsados. Desde 2016, cuando inició el proceso de depuración, a noviembre de 2018, la	Rivera explicó que los cuerpos de inteligencia del Estado cuentan con cierta información relacionada con la vinculación de expolicías en estructuras del crimen organizado que siguen operando en el país. Entre tanto, hay otros que han sido detenidos infraganti en la comisión de diversos delitos y que se encuentran presos, pero de la gran mayoría no se tiene un registro fidedigno de sus	Vásquez consideró que muy pocos de los 5,500 depurados se han enrolado en actividades ilícitas y del crimen organizado, ya que la gran mayoría ha vuelto a sus lugares de origen y se dedican a la agricultura, otros ingresaron a empresas de seguridad privada o se dedican a diversos menesteres legales.