e informaron que su promedio de ingresos mensuales sería de 30,000 lempiras. La cuenta se abrió con cinco mil lempiras y solo se registró la firma de Sierra Morales, quien manifestó ser el gerente propietario. El requerimiento señala que inicialmente la empresa funcionó en el edificio Jade del barrio La Granja, pero luego	La Fiscalía señala en el documento que el testigo que tienen en el caso, denominado TP-BA1, conoció a la extinta ministra Hernández por intermedio de David Eduardo Ortiz Hawit. En agosto de 2013 se le informó al testigo protegido que “había un dinero transferido a Banadesa para la campaña electoral de	Después que los cheques fueron pagados, el testigo protegido se reunió con Hilda Hernández para determinar cómo le pagarían varias facturas que le adeudaban al Movimiento Azules Unidos del Partido Nacional por renta de vehículos para la campaña de las elecciones internas de 2012, que ascendía a cinco o seis millones de lempiras.	le indicó que de los 2.9 millones de lempiras obtenidos de Banadesa, iban a abonar 1.3 millones de lempiras en facturas vencidas del servicio de alquiler de vehículos para la campaña; 800,000 lempiras lo abonaría para la compra de una camioneta Toyota Land Cruiser Prado; y el resto, aproximadamente 800,000 lempiras, se los debía devolver en efectivo”.	Una vez retirados debían ser depositados en la cuenta de la AID, de donde posteriormente se emitieron dos cheques; uno en noviembre de 2013 por 1.6 millones de lempiras y otro en diciembre de ese mismo año por un valor aproximado de 1.8 millones de lempiras, ambos para el pago de servicio de alquiler de vehículos prestados a la campaña del movimiento Azules Unidos. El dinero sobrante, que eran unos 600,000 lempiras, Hilda Hernández le dijo que le cancelaría el saldo de una Prado que había adquirido para ella y de la cual ya le había abonado L800,000.	Tras la audiencia, el juez les otorgó medidas cautelares, con ellos son seis de los siete procesados que se han presentado, solo queda pendiente Carol Alvarado. “Estamos contentos porque hemos presentado a nuestro cliente voluntariamente observando el principio de efectividad y de inocencia se les otorgó medidas distintas a la detención judicial”, dijo el abogado defensor Melvin Bonilla.