La cortina, la sala de máquinas, los túneles y otras obras complementarias fueron finalizadas desde este diciembre, pero en el sitio solo puede observarse una enorme poza de agua al pie de la obra en vista que no ha sido posible hacer el llenado porque las labores de limpieza de los árboles aún no están concluidas.	El tiempo apremia y la finalización del proyecto es de vital importancia para el Gobierno porque el 20 de junio próximo finaliza el período de disponibilidad de fondos y se inicia el repago de la deuda del proyecto al Industrial and Commercial Bank of China, la cual asciende a unos 531.8 millones de dólares.	Luego, el 14 de agosto, antes de la finalización del plazo del acuerdo con la empresa contratista, se remitió un nuevo informe a la gerencia general de la Enee en el que se detallaban los problemas observados y se formuló una serie de recomendaciones con base en ley, entre ellos la imposición de una multa y en última instancia la rescisión del contrato.	Una fuente oficial ligada a la Enee, que prefirió el anonimato por temor a represalias, confirmó que a la empresa contratista también se le concedió la potestad de disponer del recurso forestal que resultara de la limpieza, en clara violación a los acuerdos suscritos por el Estado con los pobladores de la zona afectados por el embalse a quienes se les prometió el aprovechamiento de la biomasa y el recurso forestal.	La extensión superficial del embalse es de 54.8 kilómetros cuadrados y su vegetación forestal se estimó en 139,272 metros cúbicos de madera de bosque latifoliado y coníferas. Se estima que solo en el aprovechamiento de este recurso, Briceño y Asociados resultaría beneficiada con más de 47 millones de lempiras. “No es el objeto del contrato que el contratista haga y deshaga con un patrimonio o bien del Estado, calculando en más de 47 millones de lempiras”, citó la fuente.	En otro documento, LA PRENSA pudo constatar que Briceño y Asociados pretendía cortar la madera hasta la cota 292 del área del embalse, cuando el contrato establecía que el plan de corte llegaba hasta la cota 290. “Ese era el gran negocio, volarse todos los árboles del embalse y aprovechar comercialmente la madera”, agregó. La Procuraduría emitió en septiembre de 2018 un dictamen ordenando que la madera sea vendida por el Estado mediante subasta pública.