¿Y con la amplia socialización que se realizó al entonces Proyecto de Código Penal, ¿no se pudieron evitar las discrepancias que ahora aprobado, salen a la luz? ¿Es que no se cubrieron todas sus disposiciones, sino muestras para deducir que todo estaba bien? ¿Es positiva la disponibilidad de legisladores para someterlo a revisión antes de que entrara en vigencia, pero no hubiera sido más oportuna se realizara durante los debates legislativos? ¿Tanto asesor nacional y extranjero, tantas reuniones de trabajo, tanta consulta para que sirvieron?	La revisión general que ahora se ofrece como esperanza a la confusión, tendría que darse y con la apertura de una parte y la participación, si muy amplia, de la otra. Parece que en estos asuntos no solo los diputados pecan por desidia, sino también los que se engrandecen como albaceas de los intereses del pueblo. ¿Qué tal si no lo hicieran? Por las razones que sean. El cuestionamiento más incisivo que se le hace al novel cuerpo legal, es de ser lesiva a la libertad de expresión. Habrá que profundizar en su conocimiento, para conocer el alcance y si en efecto entraña las amenazas que se le develan. Hay que escuchar atentamente a quienes por formación pueden constituirse en orientadores acuciosos, no a quienes evidencian un afán de notoriedad y de justificar sus ingresos o para más precisión, el protegerlos. Sin que se entienda porque si alguien ni calumnia ni difama, debe temer que se le vaya a imputar sus actos como estos delitos. Si alguien no roba, no teme que se le acuse de ladrón, si alguien no mata no teme que se le procese por homicida. ¿Por qué temer? En Honduras nadie está ni estará en la cárcel por represión a su libertad de expresión. Menos ahora que en vez de ser endurecidas las penas para castigar estos delitos, no para disuadirlo, porque está comprobado que disuadir, nunca disuadieron, se han suavizado a tal grado que cualquiera podrá cometer el delito de calumnia, ni siquiera el de difamación y quedará en la impunidad.