pretender que su instituto esté en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo lo hace objeto de limitantes que provocarían injerencia maliciosa en la actividad profesional de los periodistas que conduciría a la restricción de la libertad de expresión y de prensa. Como ya es una inveterada costumbre, la iniciativa fue objetada por las diputadas Doris Alejandrina Gutiérrez (Pinu) y Patricia Murillo (Libre) y por algunos miembros de la bancada de este último colectivo parlamentario.