Esta “escalada contra la prensa” -tal cual la ha calificado el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh)- está marcada por el asesinato de 77 periodistas y comunicadores sociales ocurridos de 2001 a la fecha, y que en un 92% están en la impunidad “por falta de investigación”; querellas en los tribunales, detenciones, destrucción de equipos de trabajo, agresiones e incluso el exilio forzado de periodistas y comunicadores sociales que decidieron abandonar el país para salvaguardar sus vidas, lo que ha convertido al periodismo en una de las profesiones de más alto riesgo para quienes la ejercen.	También a garantizar el derecho de la prensa a informar y de los ciudadanos a estar informados. No se debe pretender un pensamiento único alrededor de los grandes problemas que enfrenta el país, más bien se debe propiciar y garantizar el flujo de opiniones desde todos los sectores sociales, para que la población pueda formarse sus propias opiniones en función de ese flujo informativo