La investigación de la causa conocida como "Botín en el Registro General de la Propiedad", realizada por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), señalaba que el hermano y el hijo del presidente incurrieron en un delito de fraude al Estado participando en tres adjudicaciones irregulares por un valor equivalente a unos 26.000 dólares.	Además, señaló que no tuvo la voluntad de participar en los actos administrativos "en donde (sí) se fraccionó el pago" y tampoco hubo evidencia concluyente del Ministerio Público ni la CICIG que comprobara que José Manuel obtuviera un beneficio económico de las actividades, por lo que "no se dan los elementos del tipo penal de fraude en forma continuada".	en donde se realizó la lectura de la sentencia, Sammy Morales exclamó a los medios que "la verdad nos hará libres", una frase que ya había sido utilizada por él en otras faces del proceso, en el que llegó a estar en prisión preventiva durante la etapa intermedia, al igual que José Manuel.	El delito de peculado por sustracción que inicialmente había sido imputado por la Fiscalía y la CICIG fue descartado inicialmente por una decisión de mayoría del Tribunal, debido a que "hace falta ser empleado público" para ser aplicado y tanto José Manuel como su tío figuraban como "contratistas", por lo que modificó el delito de la acusación a "estafa en forma continuada", que, sin embargo, no prosperó.	Un total de 25 personas se encontraban involucradas en el proceso, señalados de haber participado en una red ilícita que usó como un supuesto botín al Registro General de la Propiedad, mediante la autorización de plazas fantasmas y pagos anómalos por servicios y elaboración de banquetes durante actividades oficiales, además de compra de canastas navideñas que no fueron realizadas por el Registro.	Una de las señaladas, la exdirectora del Registro General de la Propiedad Anabella de León, que fue diputada del Congreso y excandidata a la alcaldía capitalina de Guatemala, sí fue condenada por el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal por el delito de peculado culposo por la contratación de personal que no desempeñó sus funciones (plazas fantasmas).