“Nos buscaron para que cediéramos el terreno y nos vendieron la idea de que la cosechadora nos iba a dar la oportunidad de tener irrigación en la propiedad. Nosotros accedimos sin saber que solo nos vendrían a hacer este tipo de agujero que nos dejó desfigurada la tierra”, lamentó el agricultor.	El productor es consciente que lo que hicieron allí le resultó caro al Estado, “se invirtió mucha plata y lastimosamente no se obtuvo ningún beneficio”. Cuando lo buscaron para que cediera el terreno le dijeron que le iban a dar la tubería, la conexión, pero luego de terminar el agujero se desaparecieron y nadie más de la Alcaldía o de la	Asimismo, en el lugar conocido como La Chorrera, siempre en San Francisco de la Paz, se realizó otra excavación, en la propiedad del señor Leonel Aguiriano, supuestamente para acumular 21,173.15 metros cúbicos destinados a irrigar diez manzanas de cultivos. Aquí la laguna alcanzó un cierto nivel de agua, pero uno de los bordes no soportó la presión del agua y colapsó, este fue el fin de la obra.	tuvo acceso al menos a 81 contratos otorgados por la SAG a distintas empresas. En un principio -entre 2014 y 2015- la SAG pagaba por excavación realizada. Por ejemplo, seis agujeros cavados por la empresa Alquiler de Maquinaria Espino Gutiérrez (Amesgu) en Soledad, El Paraíso, en el 2014, le costaron a la Secretaría de Agricultura 529,200 lempiras.	Así, una hora trabajada por un tractor de oruga de 140-160 HP le costaba al Estado 1,850 lempiras; por la de un tractor oruga de 165 HP, 1,900 lempiras; por la de un tractor de oruga de 172 HP, 2,100 lempiras; por la de un tractor de oruga de 175 HP, 2,300 lempiras; por la de un tractor de oruga de 185 HP, 2,450 lempiras y por la de un tractor de 190 HP, 2,650 lempiras.	Asimismo, por una hora trabajada por una excavadora de oruga de 140 HP se cancelaba 2,050 lempiras. Por una hora de trabajo de una vibrocompactadora de rodillo de 10-12 ton se pagó 1,400 lempiras. El monto total de una excavación “será pagado al finalizar la obra conforme al informe técnico” y la autorización “por el director de la Dirección General de Riego y Drenaje”, dicen los contratos.	Bajo esta modalidad, la SAG y la empresa Amesgu firmaron el contrato 27-2016 para construir en la propiedad de Miralda en El Regadío, San Francisco de la Paz, una cosechadora con capacidad para almacenar 52,603.56 metros cúbicos de agua que servirían para irrigar 50 manzanas, la cual nunca funcionó y su costo se desconoce.	Sin embargo, según el contrato 73-2017 a la empresa FH & J Construcciones se le contrató para excavar un hoyo con capacidad para 40,303 metros cúbicos de agua en el sector de La Chorrera, San Francisco de la Paz -en el terreno del señor Aguiriano- y por ello se le pagó 2,526,920 lempiras. No obstante en los registros de la SAG dice que el estanque solo tiene capacidad para almacenar 21,173.15 metros cúbicos, casi la mitad de lo contratado.	según los contratos 70 y 71-2017 la empresa Consultores y Constructores de Honduras (Incocoh) perforó otros dos huecos, uno con capacidad para 46,426 metros cúbicos de agua con la cual se iba a irrigar 20 manzanas de cultivos y que le costó al Estado 2,397,545 lempiras; asimismo excavó otro agujero presuntamente para recolectar 24,395 metros cúbicos de agua para regar 20 manzanas de cultivos. Por este segundo cráter, la SAG pagó 1,355,195 lempiras. Las dos excavaciones nunca sirvieron para nada y ahí están abandonadas. El proyecto de cosechadoras de agua fue promovido por el gobierno mediante decretos de emergencia.	Asimismo está el contrato 74-2017 mediante el cual la SAG contrató a la empresa CJ Ingenieros para la ejecución en Tencoa, Arriba, Santa Bárbara, de una cosechadora con capacidad para 34,336 metros cúbicos de agua que permitirían regar 25 manzanas de cultivos, pero en la zona nadie da razón de ella, sin embargo, en los registros de la SAG aparece que por tal obra se pagó	Según los mismos documentos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la comisión evaluadora que recibía las ofertas de las constructoras y daban el visto bueno para la adjudicación estaba integrada por Ramón Cárcamo como asistente técnico; Juan Carlos Colindres, jefe de la Dirección General de Riego y Drenaje; y Allison Montoya, gerente administrativo, y los contratos eran firmados por el ministro de ese entonces, Jacobo Paz.	Una de las condiciones que muestra un manual usado en la SAG para la elaboración de estanques para acumular aguas lluvias es que la cosechadora debe tener una estrecha relación con la cantidad de cultivo a irrigar, pero en los proyectos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería el tamaño de la excavación predominaba más que el beneficio y así se encuentran ejemplos como los de Tepanguare, que tampoco nunca funcionaron.	Con esta cantidad de agua, los productores habrían podido regar, según los registros de la misma SAG, 3,016.14 manzanas, beneficiando a 3,596 familias, sin embargo ni la misma Secretaría de Agricultura y Ganadería sabe la verdadera situación en que se encuentran tales estanques y el impacto en los beneficiarios.