En octubre del 2018, Rosme Lanza, su representante legal, comentó que entre 1,800 y 2,000 oficiales fueron separados sin el debido proceso y que el Estado de Honduras deberá pagar cantidades millonarias por los salarios dejados de percibir y así compensar el "daño ocasionado". Según argementó el togado, en ese entonces se despidieron a policías con enfermedades terminales e incluso mujeres embarazadas.	"Fue una enfermedad complicada, hizo que fuera perdiendo facilidad de tragar, parálisis en la garganta, ya no podía movilizarse, incluso le impedía pensar. Se le atendió en la medida de lo posible, pero falleció en su casa a las 6:25 de la mañana”, así anunciaba acongojado por el dolor, Emilio Gautama, con relación a uno de los hombres más connotados de la vida pública de Honduras.