Como una letanía que se repite hasta decir no más, voceros de sociedad civil, opinadores en medios de comunicación y alguna minoría de la política insisten en que la “despolitización” es indispensable en los procesos de selección de altos cargos estatales. Consecuencia normal del descrédito de la actividad político-partidaria del país por su inclinación al reparto de plazas en el sector público, sin tomar en cuenta idoneidad ni vocación de servicio, luce sensato (a simple vista) demandar la exclusión de miembros de partidos políticos de las listas de aspirantes.	En distintos espacios he cuestionado la descalificación a priori de una persona debido a sus preferencias políticas (o la ausencia de ellas), pues sería desconocer la esencia misma de las ideas republicanas y democráticas: más allá de imperfecciones, votamos periódicamente para elegir representantes en dos poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) y cada uno de los aspirantes a estos se presenta bajo la bandera, principios y planes de gobierno de organizaciones políticas bien diferenciadas. Quien gana la presidencia seleccionará de entre miembros de su partido a sus secretarios de Estado, dependiendo la confianza en su gestión del tino en el nombramiento de personas capaces para el desempeño eficaz y eficiente de sus funciones, no de militancias ni discursos.	Con realismo y entendiendo los límites de lo posible para no sentirnos frustrados, demandemos calidad e idoneidad de toda candidatura a cualquier cargo o entidad pública. Tener capacidades y ser probo es más importante para recuperar la confianza que ser correligionario: no entenderlo así, con la desfavorable opinión de los partidos políticos y sus miembros que tiene hoy la población, es martillar la pistola que ya se tiene contra la sien.