) y al propio Ministerio Público en sus investigaciones contra diputados y altos funcionarios implicados en actos irregulares. “Se está concentrando el poder de decidir sobre la corrupción en Honduras en el Tribunal Superior de Cuentas, un ente eminentemente politizado y sin capacidad técnica ni instalada para hacer su trabajo adecuadamente”, cuestionó el representante de la sociedad civil, Léster Ramírez.	Alertó que la enmienda aprobada por diputados nacionalistas y liberales también está cercenando funciones al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). El artículo 77 reformado de la Ley del TSC establece que solamente el Estado por medio de los órganos jurisdiccionales puede tener acceso a los registros del Tribunal Superior de Cuentas, observando los procedimientos legales.	Asimismo, señala que las reformas a la Ley del TSC aprobadas no son nada más que las acciones de impunidad consumadas por parte de algunos diputados, que ante el temor que les aferra, están promoviendo actos que los blindarán para que en ningún momento Ufecic pueda ejercer acciones penales contra aquellos que después de ser personas de poca capacidad económica, hoy son propietarios de empresas productoras de energía a través de sus testaferros, así como otros son exitosos empresarios.	El CNA objeta que las reformas aprobadas limitarán los procesos investigativos que se están desarrollando en contra de muchos funcionarios por el delito de enriquecimiento ilícito, ya que parte de las reformas establecen la imposibilidad que la ciudadanía tendrá para acceder la información pública sobre las declaraciones de bienes y patrimonio de los funcionarios.	El ente de sociedad civil confirmó que existe incertidumbre sobre la continuidad de la Maccih, “algún sector obscuro del Congreso Nacional contempla limitar el ejercicio de la facultad de denuncia de las que ha venido desarrollando el CNA, mismas que han concluido en la presentación de 94 líneas de investigación ante los órganos persecutores de delito”.	En caso de descubrir responsabilidades administrativas, los auditores internos deberán comunicar al titular de la entidad u órgano para que dicte las medidas correctivas que correspondan, dándole seguimiento a las decisiones adoptadas, en el caso de no adoptar las medidas necesarias los auditores internos deberán comunicarlo al TSC en un plazo máximo de 15 días, indica el artículo 50.	Cuando del examen de los actos o hechos se descubran indicios de responsabilidad civil o penal, el auditor de la entidad procederá a ponerlo en conocimiento del TSC, quien a su vez procederá a revisar y a aprobar el informe respectivo, y en su caso, oportunamente, o trasladará a la Procuraduría General de la República cuando se trate de responsabilidad civil y al Ministerio Público cuando proceda para el ejercicio de la acción penal correspondiente.	Previo a la reforma, los auditores eran nombrados por las instituciones, ahora este papel le corresponderá al TSC. La sociedad civil cuestiona que en la ley no quedó establecido un proceso abierto y transparente para su selección. Otra norma en debate está establecida en las disposiciones transitorias, que es dispensar o exonerar a aquellas de menos de	“Nosotros no lo conocíamos, no hubo tiempo de socializarlo, no lo habíamos visto en las discusiones cuando se socializó con el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público, ASJ, la Amhon”, admitió el magistrado presidente del TSC, Roy Pineda. El Ministerio Público informó que hará una análisis de las reformas una vez que sean publicadas en el diario oficial La Gaceta para conocer si interpondrá o no un recurso en su contra en la Sala