Entre sus competencias y obligaciones están suscribir acuerdos de cooperación con la Fiscalía General de la Republica, la Corte de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia; acompañar y ayudar a la Fiscalía en sus investigaciones cuando lo requiera; trasladar a la Fiscalía toda la información o documentación relacionada con actos de corrupción y notificar a las autoridades las presuntas faltas administrativas cometidas por funcionarios, empleados y autoridades públicas.	Bukele mencionó la corrupción en la construcción de la presa Hidroeléctrica El Chaparral --que inició en el gobierno de Tony Saca y aún no concluye--, el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) --construido durante la gestión de Mauricio Funes-- y el uso de la llamada partida secreta en Casa Presidencial en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).	Por su parte, el vicepresidente Félix Ulloa, encargado de los trámites para instalar la comisión, dijo que la primera línea "será contra los corruptos, los que malversan fondos del Estado y que incluso los han llevado a paraísos fiscales" También mencionó a "corruptores, los que han pagado favores para lograr beneficios en la licitación de obras, de licitaciones, de concesiones por parte del Estado", pero no dio más detalles.	Son embargo, el director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, advirtió que si el convenio no cuenta con la aprobación de la Asamblea y debido al ordenamiento jurídico salvadoreño, la única función de la comisión será la de brindar asistencia técnica porque no tendrá competencia para judicializar las denuncias de casos de corrupción, ya que esa es una atribución de la Fiscalía General.	El acuerdo incluye la posibilidad de que la CICIES presente ante la Asamblea Legislativa propuestas de reformas para ser querellante en los juicios y acompañar a la Fiscalía en los procesos penales. Esto se asemeja a lo que se hizo en Guatemala, pero para ello se necesitó el aval legislativo y de la Corte de Constitucionalidad.	El Salvador es el tercer país de la región centroamericana en instalar un organismo internacional para combatir la corrupción. Guatemala fue el pionero con la aprobación parlamentaria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que comenzó a operar en 2007 a pedido del entonces presidente Óscar Berger (2004-2008) con la idea de combatir los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que se formaron tras la guerra civil de 1960 a 1996.