Lo propio puede decirse de ciertos temas o problemas que parecen desaparecer del horizonte de una época, pero que se renuevan con renovado brío bajo el apremio de nuevas situaciones o circunstancias. Cualquiera sea su ámbito, y que no es otro que el mantenimiento de la paz y la seguridad colectiva, ya sea en el mundo entero, o en una región determinada.	Este problema siempre ha estado presente, en la conciencia de los hombres de Estado y especialmente de los juristas, desde que la humanidad como tal pudo darse una auténtica organización jurídica con órganos propios, lo cual acontece después de la Guerra del 14, con la creación de la Sociedad de Naciones.	La tensión dialéctica entre ambos términos, no hizo sino exacerbarse con el advenimiento de la Organización de las Naciones Unidas, al final de una guerra que destrozo al mundo, por virtud de la importancia que en la Carta de San Francisco, tienen los organismos regionales, en comparación con el Pacto de la SDN.	El Corolario Roosevelt “El gobierno estadunidense estaba obligado a intervenir en los asuntos (bloqueo de Venezuela entre 1902 y 1903), para “reordenarlo”, restableciendo los derechos y el patrimonio de su ciudadanía y sus empresas (Big Stick), se legitimó el uso de la fuerza como medio para defender los intereses norteamericano en el sentido más amplio. Ya el presidente Wilson, lo había declarado en 1916, que la Doctrina Monroe, había sido y sería siempre mantenida bajo su propia responsabilidad. Se vuelve a repetir la historia en el siglo XXI.	La antítesis universalismo-regionalismo, quedo establecida firmemente y con ella habría de contarse en el desarrollo de la segunda guerra mundial, lo que permitió que pudieran elaborarse esquemas y proyectos sobre lo que sería la Carta de San Francisco. De lo que se desprende la necesidad de precisar el reconocimiento de la legítima defensa, tal como se había acordado en la Conferencia de Chapultepec.	Lo cierto es que, según se desprende de los artículos pertinentes de la Carta, los organismos regionales no tienen verdadera autonomía sino en lo que concierne al arreglo pacífico de las controversias de carácter local, en todo el resto, con la sola excepción de la legítima defensa están sometidos al Consejo de Seguridad de la ONU. Con el agravante, de no lograrse derogar el veto de los miembros permanentes del Consejo en asuntos de seguridad regional, ni tampoco una representación en la Asamblea General, ni muchos menos, en el Consejo de Seguridad.