-de las que Honduras es signataria- ya establecen quién es un funcionario público y que abarcan a la ex primera dama; mientras que otros abogados aseguran que la Constitución de la República de Honduras, el Código Penal y la Ley General de la Administración también dicen claramente quién es funcionario público y no cubren a	manifestó que el juez iba a tener serios problemas para establecer el carácter de funcionario público de la ex primera dama, ya que ella no responde a la característica de los funcionarios públicos porque no entra en el perfil que establece la normativa interna y externa que el país debe respetar.	Igual, un estudio de la jurisprudencia como fuente del derecho establece que “no se llamará jurisprudencia, sino a aquella aplicación del derecho repetida y constante, uniforme y coherente, por tal modo que revele un criterio y pauta general, un hábito y modo constante de interpretar y de aplicar las normas jurídicas”.	, como funcionaria pública o no, comience a recorrer el camino hacia ser una regla aplicable sin estar estipulada en ningún texto legal, diversos sectores de la sociedad hondureña consideran que el Estado está en la obligación de dejar mucho más claro quién es un funcionario público con el fin de que la lucha anticorrupción no encuentre obstáculos en lagunas legales.