como órgano contralor es el encargado de deducir responsabilidades a los funcionarios públicos que incumplieron con su deber, quedando debidamente acreditada la mala gestión del servidor público, ya que el perjuicio causado a las familias beneficiadas con el bono no ha sido resarcido hasta la fecha, señala la investigación. Ha transcurrido un año desde el abandono de