Platón decía que “la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte”, así veía este filósofo la justicia, lo cual no se aleja mucho de la idea que muchos tienen de los sistemas de justicia de nuestros días. No vamos a detenernos a analizar las fortalezas del sistema de justicia de nuestro país como	Porque bien podríamos detenernos extensamente en el examen de la falta de garantías constitucionales en el sistema de justicia, pero queremos poner atención a la frustración que priva en los hombres de leyes, cuando los sistemas de justicia penal y civil, que cambiaron radicalmente en las últimas dos décadas no están respondiendo a los anhelos de justicia del país y está llevando a que los profesionales de las leyes huyan del sistema tradicional para buscar lugares en sistemas alternos de justicia como la conciliación y el arbitraje. El peso se comparte entre empresarios y abogados, ambos grupos siempre han protestado por la lentitud del sistema de justicia, por lo vulnerable que se muestra todavía el sistema de justicia a las influencias externas, sean estas políticas o de otra índole.	Crecen de la mano de la empresa privada y de manera acelerada los sistemas de justicia alternativo y se busca su especialización ante un sistema de justicia que, si bien ha recibido cambios dramáticos en su operar al pasar de una justicia escrita a una justicia oral y pública, todavía mantienen esquemas arcaicos que no le permiten dar una respuesta legal, justa y oportuna a la población del país. Cuando una acción de amparo que se supone que es una de las garantías supremas de las que goza el sistema, que tiene una ley especial regulatoria y que es priorizada por la ley en su recepción y resolución tarda lo que tardaría en resolverse un juicio civil, estamos ante la frustración más grande del sistema.	Cómo es posible que una acción tan oportuna como el amparo puede demorarse años en las cortes judiciales y para terminar de rematar la lentitud y la desidia, la respuesta no satisface los requerimientos ciudadanos, cómo creer en un sistema que no respeta las mínimas garantías de acceso a la justicia y la pronta y oportuna respuesta. El sistema de justicia penal que se suponía marcaría un cambio en la justicia hoy programa audiencias en un juicio penal con términos de hasta seis meses, reprogramando audiencias y dilatando procesos penales en lo que los involucrados no son personajes públicos o políticos. Ante esa situación los profesionales del derecho están huyendo a sistemas más rápidos, confiables y seguros como la conciliación y el arbitraje. La empresa privada conoce bien el costo de la factura judicial, sabe que las pérdidas se aumentan, que la inversión se estanca y no llega cuando el sistema de justicia no funciona, por lo que también ha optado por irse alejando cada vez más rápido de la justicia tradicional para establecer su propio sistema alterno que le garantice la celeridad y legalidad que busca. Se está formando toda una generación de abogados que han perdido su fe en el sistema tradicional y se preparan para ser conciliadores y árbitros, mientras la justicia tradicional ni siquiera se plantea una reforma que vuelva ágil, segura y legal su respuesta a la sed de justicia ciudadana.