royecto Victoria, una iniciativa surgida por el esfuerzo del pastor Mario Fumero, líder espiritual que desde hace unas cuatro décadas se ha instalado en Honduras, dejando la comodidad de su familia y renunciando a la tranquilidad que le podría resultar de su labor en la iglesia, este proyecto desde sus inicios se dedicó a la recuperación de personas con problemas de drogadicción, alcoholismo y personas en riesgo social por el pandillerismo y maras.	Ponerse en contacto con los internos de ese centro es conocer parte del drama humano que sufren miles de hondureños que se han visto envueltos en los problemas derivados de sustancias tóxicas y de otras formas de desajuste social de una sociedad en la cual sus líderes políticos están prestos a reaccionar frente a sus intereses, pero que ven con desdén esos problemas que consumen el tejido social en el país, excepto para ser utilizados como banderas demagógicas y reivindicatorias de sus privilegios.	El reverendo Mario Fumero, en su condición de directivo del proyecto, ha hecho público su malestar por las enormes trabas burocráticas para hacer efectivo lo acordado en el Congreso para cubrir el 50% de los gastos que ocasionan los diferentes programas de asistencia a los que recurren en demanda de sus servicios, aparte de los aumentos que ha tenido que soportar en los servicios de agua y energía eléctrica que han vuelto más costosos los servicios y que han obligado a cerrar varias actividades orientadas al cumplimiento de sus objetivos.	Se queja Mario Fumero de un problema serio que atraviesan los jóvenes que logran recuperarse de las adicciones: no encuentran los espacios laborales y familiares donde reinsertarse con la seguridad de que no serán molestado en su seguridad personal. Al salir del programa de recuperación se exponen a toda clase de peligros que los obligan a recaídas que pueden significar su muerte.	Mientras esto ocurre con una institución tan noble como es el proyecto en mención, Diario EL HERALDO, en su edición del día martes 18 del corriente mes, en un trabajo especial explicaba “…cómo salieron 112 millones de lempiras para reparar centros de reclusión de menores, pero que en realidad se ignora dónde fueron a parar”. Ante una situación como esta, la pregunta es obligada, ¿los gastos de las ONG constituidas por los diputados dizque para atender necesidades de la población atraviesan por las mismas dificultades por las cuales atraviesa el humanitario proyecto que dirige el líder religioso?