Costa Rica celebra el 1 de diciembre el Día de la Abolición del Ejército, un festivo nacional que recuerda la sabia decisión del expresidente José Figueres Ferrer y su Junta de Gobierno. Tras ganar la guerra civil de 1948, el equipo de Figueres aprovechó para dar el último mazazo a un largo proceso de desmantelamiento militar, y renunciar de una vez por todas a cuarteles y tanques para invertir en escuelas y hospitales.	71 años después es posible afirmar que aquel experimento audaz fue un éxito, capaz de soportar la prueba de dos invasiones apoyadas por el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en 1948 y 1955, y varios episodios de tensión fronteriza con ese país. La historia demostró que el ejército era una amenaza para Costa Rica más que una protección.	La desaparición de los militares fue un proceso que comenzó desde finales del siglo XIX. En ese lapso, salvo algunos paréntesis, los gobiernos paulatinamente destinaron más recursos a bienestar social que a defensa, pero el monto se multiplicó con la proscripción de las fuerzas armadas. Según el Banco Mundial, como resultado de la abolición del ejército el gasto social costarricense pasó de cerca del 2% del PIB en 1950 a más del 20% del PIB en el siglo XXI.	Con la prioridad colocada en el bienestar de la población y no en el gasto militar, Costa Rica logró un sistema de salud integrado y universal, prácticamente erradicó el analfabetismo, alcanzó cobertura educativa del 100% en la población en edad escolar, 92% de los habitantes reciben agua potable, más del 99% del país tiene electricidad (del cual el 98.7% es generado con fuentes renovables), la esperanza de vida al nacer es de 80 años y la mortalidad infantil es de 7.8 por cada mil nacidos vivos. Aunque es un país de renta media, las estadísticas sociales equivalen a las de países ricos.	La decisión de don “Pepe” Figueres y su equipo ocurrió en circunstancias complejas y muy singulares gestadas desde 1940. Entre marzo y abril de 1948 el rebelde Ejército de Liberación Nacional, liderado por don “Pepe”, peleó una guerra por el respeto al sufragio que, según el Museo Nacional de Costa Rica, dejó alrededor de 1,000 muertos en 44 días.	Las fuerzas figueristas eran una alianza de jóvenes intelectuales socialdemócratas opuestos al fraude electoral y la corrupción, luchadores caribeños opuestos a las dictaduras de la época y grupos conservadores opuestos a las reformas sociales, impulsadas desde 1940 por la alianza entre el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, el Partido Vanguardia Popular (comunista) y la Iglesia Católica.	Sin embargo, cuando los rebeldes figueristas estaban a punto de atacar San José, defendida por obreros de Vanguardia Popular, don “Pepe” y el líder comunista, don Manuel Mora, se reunieron en un cerro en las afueras de la capital para evitar una masacre. Allí acordaron lo que la historia conocería como el Pacto de Ochomogo, según el cual, los comunistas entregaban las armas y don “Pepe” se comprometía a mantener las reformas sociales, como el Código de Trabajo, la Caja Costarricense del Seguro Social y la educación superior pública.	Don “Pepe” no solo mantuvo las garantías sociales sino que las elevó a rango constitucional y profundizó las reformas progresistas, con la nacionalización de los bancos, la creación del Instituto Costarricense de Electricidad y el impuesto a los capitales, entre otras transformaciones. Los aliados derechistas de Figueres pronto se sintieron traicionados.	Abolir el ejército se convirtió en una decisión de trascendencia histórica que también resolvía conflictos coyunturales: a Figueres le permitía eliminar el riesgo de un golpe de Estado de sus militares; para los militares derechistas significaba que Figueres rompiera el nexo con la Legión Caribe que amenazaba a dictadores de la región; para Estados Unidos implicaba reducir la inestabilidad cerca del Canal de Panamá; para los intelectuales socialdemócratas era la oportunidad de modernizar el país y para los comunistas, protegía las garantías sociales.	Tras un largo proceso de desmilitarización Costa Rica hoy se defiende con el derecho internacional y una policía con entrenamiento civilista de unos 12,500 efectivos. El presupuesto anual de seguridad equivale al 0.8% del PIB y al 2.4% del presupuesto del Gobierno, que destina a educación más del 30%. No hay soldados ni generales ni aviones artillados ni tanques ni cuarteles ni cultura militar.	Costa Rica sigue enfrentando grandes desafíos, como una pobreza del 21% de la población, un déficit fiscal cercano al 6% del PIB, el ataque del narcotráfico, una tasa de 11 homicidios por cada 100,000 habitantes y desempleo por encima del 10%, pero sin ejército los costarricenses pueden resolver sus conflictos con diálogo, democracia y respeto a los derechos humanos