La CIDH y Acnudh instan a Honduras a "cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos revisando la concordancia del decreto de declaratoria de emergencia nacional del sistema penitenciario nacional, a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y las recomendaciones realizadas al (país)por órganos interamericanos e internacionales de protección de derechos humanos".	Destacaron además la importancia de facilitar el trabajo de los defensores de derechos humanos y las instituciones nacionales de protección de esas garantías y de prevención de la tortura, por lo que el Estado debe "garantizar que las mismas lleven a cabo su labor en un entorno propicio que garantice el desarrollo de su trabajo, las cuales incluyen la protección a su integridad personal".