El que el Consejo Nacional Anticorrupción señale al menos cuatro artículos que no fueron aprobados en sesiones, ya lo vuelve sujeto de la actividad fiscal correspondiente. No necesitarían nada más, ni legisladores ni órganos jurisdiccionales para impedir la entrada en vigencia. La que aun cuando no fuera prorrogada su vacatio legis de derecho, también de derecho, sería suspendida con la interposición segura de recursos ante la Sala de lo Constitucional. Lo anterior, desprendido de la alerta que hacen organizaciones de la Sociedad Civil. Pero ya de su estudio, se colige, que en efecto, el nuevo Código Penal traería más problemas que soluciones.	Se entiende que no se trata de que la criminalidad va a ser reducida ipso facto por su aplicación. La realidad nacional proviene de problemas estructurales que no desaparecerían con un nuevo código penal acorde a los requerimientos de esa realidad, menos con este, confuso y proclive a favorecer la actividad delincuencial. La reducción de penas en delitos de alto impacto, no se justifica con esgrimir la proporcionalidad.	El honor es uno de los bienes jurídicos más valiosos, quien lo destruya con injuria o calumnia debe cargar con todo el peso de la ley. Si no se comete delito de injuria o calumnia no hay porque temer. Si en Honduras nadie ha ido ni ira a prisión por denunciar corrupción. Es lo correcto. Esta nación es el paraíso de la libre expresión.