Hace dos o tres años venimos consensuando una ley que es necesaria para el sector de construcción para darle continuidad a los programas de vivienda. Ya está a punto de entrar al Congreso la ley, hay una intención del presidente Mauricio Oliva de introducirla en vista de la necesidad inminente del sector para mantener el servicio y la oferta satisfecha, que ha tenido un crecimiento, y el sector se ve imposibilitado a dar mayores frutos si no tiene una ley que la regule y que pueda blindar a futuro que el programa de viviendas siga adelante.	La ley dará los parámetros para que exista un financiamiento adecuado y dar las reglas claras que en esto momento están en base a lo que los miembros del ejecutivo deseen hacer y cuando lo quieren hacer, mientras que si existe una ley que esté reglamentada, no se atrasarán los procesos constructivos y dinámicos de una industria que todos los días requiere trabajo y donde la mayor parte de los hondureños no tienen vivienda.	La ley dará la fuente de origen de fondos al sistema e indicará los montos que se irán para vivienda exclusivamente, ya no hay alternativa en la competencia de recursos que tiene el Gobierno y asigna de entrada una cantidad de fondos para la vivienda. No se acabarían los problemas, pero habría un marco legal en el cual se puede cimentar la industria, ya que en este momento es si el presidente quiere, si al ministro de Finanzas se le ocurre o si el Consejo Económico ve bien hacerlo; si existe una ley, el Gobierno está obligado a hacerlo y se debe cumplir la misma, porque está hecha para cumplirse y no para romperse.