Resulta demasiado común en nuestro país que un determinado partido político realice lo que podríamos llamar una “imposición” de sus ideas u objetivos. ¿A qué llamo imposición? Al hecho de que, por medio de su mayoría de diputados, y/o con el apoyo de otras pequeñas bancadas se aprueben leyes u otras acciones, valiéndose únicamente de contar con la cantidad de diputados requerida para ello, sin escuchar las posturas de sus contrapartes políticas, a la población, las organizaciones civiles, y demás sectores sociales, sin reflexionar sobre las posturas contrarias y sin debate -tanto en la cámara legislativa, como ante la ciudadanía- sobre aquello cuya aprobación se pretende.	Esto no solamente ocurre en Honduras. Tampoco podemos decir que es una patología de los países latinoamericanos. Esto es algo que ocurre en todo el mundo. No obstante, que esto sea habitual no justifica estas malas actuaciones. Hoy pretendo aclarar de forma muy breve (¡y qué difícil es ser breve!) por qué este comportamiento es antidemocrático.	Nuestros países se han organizado como democracias constitucionales, que cuentan con una constitución que sirve de límite al poder político, regulando no sólo la organización del Estado, sino que estableciendo una democracia y garantizando la existencia de ciertos derechos que los poderes del Estado no pueden violentar -estos son los derechos fundamentales, que forman límites al actuar de los poderes públicos.	Inexistencia de una socialización de las normas jurídicas por aprobar. Cuando llega a existir una “socialización”, es usualmente entre grupos o sectores afines al partido de gobierno, por lo que no podemos decir que exista verdaderamente una inclusión en el debate. Por tanto a la sociedad no se le brinda la posibilidad de examinar los contenidos y alcances de los proyectos de Ley presentados ante el legislativo.	Sumado a todo esto cabe añadir que a menudo se ha realiza una aprobación “exprés” no de una sola Ley, sino de muchas. El período en que esto fue más notable fue durante los últimos meses de la presidencia de Porfirio Lobo, justo después de las elecciones generales de 2013, en las que el Partido Nacional perdió abrumadoramente su mayoría en el Congreso (período en que se aprobaron alrededor de 80 decretos y 20 Leyes).	Luego de realizar estos actos, muchas veces criticados fuertemente tanto por los partidos opositores, como por el pueblo, es ordinario que los líderes de la institución política responsable de su aprobación manifiesten que se ha aprobado democráticamente debido al simple hecho de que ellos “cuentan con la mayoría legislativa, y si la oposición no está contenta, que se prepare para la próxima elección general y que ganen dicha elección”.	En una verdadera democracia una mayoría no debe implantar sus posturas ante los demás. En una verdadera democracia la producción de normas jurídicas debe conllevar un verdadero debate, no sólo en la cámara legislativa, sino también en los medios de comunicación, entre sectores de la sociedad, un debate inclusivo en el que las posturas de los ciudadanos sean realmente escuchadas. Una verdadera democracia, como diría el filósofo italiano Michelangelo Bovero debe contar con cuatro funciones: elegir, representar, deliberar y decidir.