Europa es ante todo libertad, paz y progreso. Debemos caminar con esos valores y hacer de Europa el modelo más avanzado de integración y justicia social, que proteja a nuestros ciudadanos. La Europa a la que aspiramos, la Europa que necesitamos, la Europa que construimos, se basa en la estabilidad democrática de nuestros Estados y no puede aceptar la quiebra unilateral de su integridad. La Europa que admiramos se ha forjado frente a los nacionalismos excluyentes y los extremismos que superponen identidades al principio de igualdad de todos los ciudadanos. Por eso, hoy el desafío del separatismo en Cataluña, construido contra nuestro marco constitucional y silenciando a la mayoría de catalanes contrarios a la independencia, es también un desafío a Europa y a los europeos. Preservar esos valores en Cataluña hoy es proteger la Europa abierta y democrática que defendemos.	En 1978 España se dio a sí misma una Constitución plenamente democrática. Lo hizo con el apoyo de casi el 88% de los votos emitidos en una jornada histórica. En Cataluña el respaldo fue ejemplar e incluso mayor, tanto en términos de voto afirmativo, con un 90.5%, como en términos de participación. España superaba así la larga sombra de una terrible dictadura y se entregó a la tarea de consolidar los cimientos de un Estado Social y Democrático de Derecho hoy equiparable a los más avanzados de Europa Occidental. No sólo se recuperaban las libertades por la que habían luchado españoles de diferentes ideologías, muchos de ellos catalanes. También se daba una respuesta innovadora y avanzada a la diversidad territorial de España como un auténtico valor digno de ser reconocido.	Cuarenta años después, el “Índice de la democracia”, publicado por The Economist, consideraba a España una de las 20 democracias plenas en el mundo. España es hoy el segundo país más descentralizado de Europa, y Cataluña una de las regiones con mayor nivel de autogobierno del continente, con amplias potestades ejecutivas sobre materias tan sensibles como los medios de comunicación públicos, sanidad, educación o instituciones penitenciarias.	En estos momentos, sin embargo, la imagen de Cataluña no se asocia sólo al espíritu de iniciativa y creatividad que tantas veces han causado la admiración internacional, sino también a un contexto de crisis profunda, causada por la ruptura unilateral del orden constitucional que los políticos separatistas llevaron a cabo en otoño de 2017. Incumplieron todos los requerimientos y resoluciones del Tribunal Constitucional, aprobaron leyes de desconexión del Estado español declaradas inconstitucionales, convocaron ilegalmente un referéndum sin ninguna garantía democrática, y proclamaron una supuesta República Catalana.	Ningún Estado contempla la vía unilateral de la secesión de uno de sus territorios en su ordenamiento constitucional. Y ningún demócrata puede entender que los líderes del separatismo emprendieran ese camino y menos aun contando con un apoyo inferior al 48% de los votos emitidos en las elecciones autonómicas. Se exacerbaron los sentimientos, se hicieron circular noticias falsas y se alentó un espíritu de confrontación con el resto de España profundamente injusto. ¿Dónde quedaba la voz y el voto de los otros catalanes contrarios a la separación que eran y son mayoritarios? ¿Dónde la de los otros españoles que asistían perplejos a una quiebra directa de sus garantías constitucionales?	Mi Gobierno se ha distinguido por llevar a la primera línea de sus prioridades la ampliación de las libertades y derechos. Buena prueba de ello son los altos estándares reconocidos por las instancias internacionales en cuestiones como la igualdad de género. No consentiría, por tanto, que se limitara ni un ápice la libertad de expresión El presidente de la Generalitat es un separatista radical, pero ello no le impide ni expresarse libremente ni defender públicamente sus postulados, por mucho daño que cause.n a la convivencia en Cataluña. Lo mismo ocurre en los Ayuntamientos separatistas, y en aquellas asociaciones que han hecho del separatismo su eslogan de movilización. Todos pueden opinar como quieran, siempre que, como ocurre en todos los países democráticos, no promuevan acciones que constituyan delitos. Todos los españoles somos iguales ante la ley, y la Constitución y la democracia son realidades inseparables.