“La ausencia de esos documentos responsabiliza a los funcionarios habiendo acreditado en acta no solo haberlos admitido sino valorado, pero al estar ausentes del expediente judicial, el que se convierte en un documento público y la pérdida e inutilización de cualquiera de sus folios o de sus partes es constitutivo de un acto que debe ser valorado por el ente persecutor del Estado”, señala el documento.