De acuerdo con la declaración de emergencia, que dura por lo menos 30 días, cualquier persona menor de 18 años que no esté vacunada tiene prohibido acudir a lugares públicos como centros comerciales, centros cívicos, escuelas, restaurantes e incluso templos. Los infractores de la medida podrían ser acusados de un delito menor sancionable hasta con seis meses de prisión.