Hace un año, el presidente Oliva declaró que las Reformas Electorales serían aprobadas entre el 20 y el 24 de enero del 2019. No pasó entonces. Después se aprobaron unas leyes para la conformación de los órganos electorales, no las más esperadas, al menos para el electorado. De todos es sabido que los nuevos integrantes de estos entes, no podrían garantizar por si solos, el cumplimiento del único anhelo que mueve a la ciudadanía a demandar reformas electorales: elecciones transparentes. Que el respeto a la voluntad popular consignada en las urnas, lo único a que se aspira, se refleje en el reconocimiento legal de aquellos que asuman los cargos de elección popular. Que sean solo los que elegimos, los que gobiernen. Sin dudas. Seguimos pendientes. Ahora con la urgencia que carga el tiempo y la amenaza de que la procastinación legislativa, ni reclamo, ni señalamiento, solo realidad, pueda desvanecer las imperiosas reformas electorales, estamos pendientes. Pareciera que existe voluntad finalmente, pero se requiere que sea concretada en una nueva legislación que se aproxime a satisfacer la petición generalizada de prohibición absoluta de la reelección y las normas que aseguren su cumplimiento, como aplicación real de castigo a quienes la infrinjan. Aunque ciertos delitos no prescriban, la intimidación fue insuficiente para impedir la reelección. Así que hay que asegurarse de que no vuelva a suceder. Tema disociador de la hondureñidad, la que es proclive al pensamiento liberal, esencia de la democracia. No, sacar a nadie ahora, tampoco arregla algo. Puede empeorarlo todo. De lo que se trata es de que se realicen las reformas electorales que la ASJ, en una representatividad ciudadana bien asumida, ha venido visibilizando. Y exigiendo en nuestro nombre. Aunque en lo personal dudemos y hasta discrepemos de la conveniencia de una segunda vuelta, si es la mayoría la que la pide, debe aprobarse. Pero no hay que esperar más para hacer cuanto antes la reforma electoral completa.