Las acciones de los diputados hicieron estallar de inmediato las voces de protesta tanto de un reducido grupo de legisladores de oposición que advirtieron la anormalidad como de una sociedad que clama por la intensificación de la lucha contra la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia en la ejecución de los dineros públicos.	El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha promovido un recurso de inconstitucionalidad, y también lo ha hecho la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, por considerar que el decreto 116-2019 que da vida nuevamente al cuestionado Fondo Departamental “vulnera flagrantemente la Constitución de la República” al imposibilitar al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal pública en delitos relacionados con el uso y aprovechamiento indebido de recursos públicos, como la malversación de caudales públicos y otros vinculados con la corrupción de los funcionarios.	Para la Fiscalía con esta norma se pretende crear una nueva figura jurídica que, omitiendo las reglas de contenido esencial establecidas por la Constitución, evade el orden legal requerido por la norma fundamental para garantizar la transparencia en el gasto público, omitiendo establecer en su texto la designación de los responsables por su ejecución.