A la sentencia concreta se le añaden las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. La sentencia mínima fue impuesta a petición del ente acusador con el beneplácito de la defensa, ya que la Fiscalía arguyó que el sentenciado siempre mantuvo una buena disposición de someterse al juicio y cumplió a cabalidad con las medidas sustitutivas de la prisión.	Para continuar con el goce de esas medidas, la defensa propuso tres garantías hipotecarias consistentes en la vivienda de su madre en Puerto Cortés y otro inmueble y un terreno en la Villa de San Antonio, Comayagua. La terna de juzgadores, no obstante, desestimó esa petición y mantuvo la decisión de que el sentenciado esté encarcelado arguyendo que el delito probado es grave y la sentencia igual.