Mientras dialoga con el cliente, Morelia ofrece las pruebas a un precio de 600 lempiras, pero al mismo tiempo dice que puede hacer una rebaja de 200 lempiras. Para tomar confianza, la conversación continúa y en el momento oportuno se le pregunta que si puede conseguir una licencia sin cumplir con los requisitos de la capacitación y la prueba de manejo, ya que el interesado apenas puede conducir y además no tiene tiempo para esperar.	La segunda muchacha toma sus precauciones y se aposta en un lugar seguro: hace la misma exposición y después de un regateo baja el precio de 4,000 a 3,000 lempiras, eso sí, advierte que no puede dispensar el costo de los otros exámenes, pero sí dejarlos a un precio de 400 lempiras.	Si le damos el dinero, ¿qué sigue?, pregunta el interesado, a lo que la joven responde que le entregará todos los exámenes sin necesidad que se someta a ellos y que debe pagar los 3,000 lempiras para comenzar con el trámite final de la licencia que puede salir el mismo día. Una vez que el supuesto cliente llega a un acuerdo con los contactos que uno o varios policías tienen en los alrededores de la Dirección Nacional de Vialidad, este es enviado a entregar los exámenes, a los que no se sometió, para que su nombre sea registrado automáticamente en los archivos, como ocurre con el resto de ciudadanos que sí cumplen con los pasos de ley.	La ley dice que después de aprobar la charla, el ciudadano tiene que llegar el siguiente día a someterse a la prueba de conducción, la que se hace en las mismas instalaciones de la Dirección de Vialidad y que, por lo general, la mayoría no la aprueba, ya que hasta el mínimo error es penalizado, lo que lo obliga a regresar a una segunda cita.	Una vez que termina la charla, el aspirante que pagó se libra de la prueba de conducción, ya que es anotado automáticamente en el libro de aprobados, lo que le da el derecho de sumarse a la fila que hace el resto de ciudadanos que siguen su trámite regular para tomarse la foto y obtener el documento final.