La situación en Honduras no anda bien. Algunos la quieran ver bien, principalmente los políticos, pero los hechos de violencia, desempleo, pobreza, migración, enfermedad, narcoactividad, crimen organizado, corrupción, impunidad, maldad, abuso de autoridad, fraude, extorsión, lavado de activos, nepotismo, encubrimiento, muerte, violación a la Constitución de la República y demás leyes, e injusticia, son innegables.	Pero el gran problema que enfrentan los políticos es que el pueblo hondureño no les concede más créditos, principalmente a los diputados del poder Legislativo, y con mucha razón, porque el 85 de los 128 diputados, o sea el 64.7% de los diputados de la cámara legislativa del Congreso Nacional, tienen procesos judicializados por actos de corrupción.	En este orden, en el primer mandato del régimen orlandista y estando como presidente del poder Legislativo el que actualmente está, la tarde del día jueves del 25 de septiembre del 2014, un diputado nacionalista presentó en la Cámara el proyecto de decreto Ley de Inelegibilidad de Candidatos de Elección Popular o Ley de la Ficha Limpia, el cual tiene por objeto establecer los casos de inelegibilidad a bien de proteger la probidad administrativa, la moralidad para el ejercicio del mandato y considerar la hoja de vida previa para convertirse en candidato a cargo de elección popular. Esta ley vela por cumplir las reglas de inscripción de los candidatos. Además, deja claro que es un derecho humano y fundamental del elector escoger candidatos de vida biográfica limpia, libre de cualquier señalamiento y acción penal.	A causa de esta brillante, ética y moral iniciativa, los políticos trabajaron en la idea para contrarrestarla y lograron crear la figura de la Política Limpia, para desviar la atención y quitar del camino el obstáculo y la presión del proyecto de ley sociopolítico en mención de la Ficha Limpia en las futuras elecciones primarias y generales del 2017, para aquellos candidatos de dudosa procedencia moral y ética.	Surge entonces, la Ley de Política Limpia o Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, como Decreto Legislativo 137-2016; con el propósito de establecer un filtro para los candidatos. Esta Ley de Política Limpia es de orden público, de observancia general y obligatoria; tiene por objeto establecer las normas relativas al Sistema de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Ingresos y Egresos de los Recursos de los Partidos Políticos, Movimientos Internos de los Partidos Políticos, sus Candidatos y Candidatas, Alianzas entre los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes.	En las elecciones primarias y generales del 2017, la aprobación y aplicación de la Ley de Política Limpia, al parecer, no dio los resultados esperados, pues, de conocimiento público es que se colaron candidatos de elección popular, electos y que fueron financiados con dineros de dudosa procedencia, como del crimen organizado y de la narcoactividad.	Definitivamente, es abismal la diferencia entre la Ley de Política Limpia y el proyecto de Ley de la Ficha Limpia. La ley de Política Limpia tiene por objeto tratar solamente sobre el financiamiento electoral y la Ficha Limpia tiene por objeto establecer casos de inelegibilidad, confrontando legalmente al candidato con su propia vida ética y moral. Además, el proyecto de Ley de Ficha Limpia, abarca, incluye en sí misma la Ley de Política Limpia.