Definitivamente, los delitos de peculado, malversaciones de caudales públicos, cohecho y soborno, en todas sus formas y manifestaciones, cada vez y con mayor frecuencia son repudiados en todo el planeta y es así como el nombre de nuestro país, convertido en un paraíso de impunidad y corrupción por quienes detentan el poder, ocupa la atención de medios de comunicación internacionales.	Es todo un cerco internacional el que se debe establecer para que los corruptos de gobiernos nacionales pasados y de turno sean juzgados y condenados a pagar por sus actos delictivos, pues lo que anhelamos como pueblo es erradicar este cáncer maligno y metastásico que nos ha destruido la anatomía y fisiología institucional de la administración pública en un país vilmente empobrecido, altamente endeudado en donde estos ladrones, perversamente, nos roban el presente, las esperanzas, los alimentos, medicamentos, la educación, la paz y el bienestar común.	El pueblo hondureño no está engañado, sabe bien que los politiqueros, por cierto bien identificados, se hacen un nudo para elaborar, promulgar leyes y decretos, como los que lo tienen hoy protestando en las calles a lo ancho y largo del país, defendiendo el derecho a la educación y salud pública, y hasta un Código Penal a su medida para coartar la libertad de expresión, debilitar la lucha contra la impunidad y la corrupción, suavizar las penas contra delitos gravísimos, como el narcotráfico, para su autoprotección.	Permanentemente se viola la Constitución, porque es uno solo el que detenta el poder, él es la ley, aquí se hace lo que yo mando y nada más permitiendo innumerables y lacerantes actos de corrupción, encubrimiento, nepotismo, tolerante con el y/o los amigos atracadores del erario, de los bienes y recursos naturales, manipulación de licitaciones, suscripción de contratos con empresas de maletín, información anticipada de devaluaciones, de construcciones de obras públicas con sobrevaloraciones, tráfico de influencias y tantas otras incontables formas de enriquecimiento ilícito como el mercado de la justicia, privatizaciones amañadas, la venta de concesiones, de propiedades nacionales o ejidales, el contrabando, la evasión fiscal, los decretos de compras de emergencia, el negocio de las ONG y todo un inventario de formas fraudulentas para el saqueo de lo que no les pertenece.	En Honduras, muchísimos funcionarios públicos, politiqueros y empresarios están señalados y otros montados en casos judicializados por actos vinculados con la corrupción, el crimen organizado y malversación de fondos públicos, han actuado a conciencia con malignidad y como consecuencia, el pueblo hondureño está inmerso en el desempleo, la pobreza, la miseria, el hambre, en la enfermedad y muerte. Todas estas críticas condiciones políticas, económicas y sociales son causas para la migración de nuestros compatriotas.	El país está en un caos, el Estado de derecho fracturado, no hay justicia y menos democracia, el pueblo perdió la confianza en los gobernantes. El país está en llamas, hecho conocido por el concierto de naciones. Superar la crisis y alcanzar la paz en Honduras pasa por la renuncia o salida del actual jefe de la casa de gobierno y su equipo; convocar a elecciones y despojar de todos los asideros judiciales, políticos, administrativos, financieros, electorales y militares a quienes detentan el poder y dar paso a la libre, genuina y pura expresión del pueblo en las urnas.