La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) abandonó nuestro país después de dos semanas de intenso trabajo, dejando un comunicado donde informa que nuestras autoridades y el FMI llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico para una facilidad crediticia combinada de Derechos Especiales de Giro (Acuerdo Stand-by) y Servicio de Crédito Ampliado con duración de 24 meses, por un monto de US$311 millones. El acuerdo tendrá que ser aprobado por la Administración y el Directorio del FMI, pero no se espera ningún inconveniente para ello.	En relación con la facilidad crediticia que está ligada al acuerdo, se debe aclarar que este tipo de créditos solo puede ser utilizado por un país cuando tiene problemas prolongados de balanza de pagos y, por lo tanto, no es un crédito que se puede desembolsar para atender otros programas o proyectos de inversión.	La misión del Fondo reafirmó que se espera una desaceleración del crecimiento económico a nivel mundial y términos de intercambio aun débiles, por lo que la economía hondureña tendrá un crecimiento inferior a los dos años precedentes—cerca del 3.5%--. Igualmente no se esperan mayores presiones inflacionarias y el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se mantendrá alrededor del 4.0% del PIB. Se ratificó que no habrá incremento de impuestos, pero que se hará una revisión de las exoneraciones fiscales, que según el FMI representan el 7%-8.0% del PIB, mientras que en otros países similares a Honduras oscilan entre el 4.0 y 5.0%. Habrá que ver cómo se manejará este tema, que siempre es escabroso.	Lo novedoso en esta ocasión, porque el tema de mantener la estabilidad macroeconómica es lo normal en todos los acuerdos con el FMI, es que este incluye aspectos como el fortalecimiento del marco institucional, medidas para incrementar la transparencia, elevar la calidad del gasto público y fortalecer el estado de derecho. Temas fundamentales para mejorar la gobernanza, el clima de negocios e impulsar un crecimiento inclusivo.	Veremos si efectivamente los políticos desean avanzar en esos temas que son torales para la gobernabilidad de nuestro país y para mejorar la trasparencia y la calidad del gasto público, fortaleciendo áreas tan sensibles para la ciudadanía como la educación y la salud. Los ingresos tributarios se han incrementado en forma consistente en los últimos años, pero la calidad de vida de los hondureños no ha mejorado, estrujados por la inseguridad en los barrios y colonias y la falta de empleos dignos.	Otro tema importante es que el acuerdo permitirá al gobierno readecuar la deuda de la ENEE, que asciende a cerca de US$3,000 millones, en términos concesionales. Pero también será vital avanzar en el denominado Plan Estructural Integral, que incluye la conformación de equipos técnicos y profesionales para administrar las empresas en que se escindirá la ENEE, la reducción de pérdidas y la renegociación de aquellos contratos que se consideren onerosos, respetando la ley.