El artículo 474 de la nueva normativa indica que el funcionario o empleado público que se apropia directa o indirectamente, para provecho suyo o de un tercero, de bienes del Estado, cuya tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, debe ser castigado con las penas de prisión de cuatro a seis años y una multa por una cantidad igual o hasta el triple del valor de lo malversado.	señala que debe ser sancionado de seis a 15 años de reclusión quien preste su nombre en actos o contratos reales o simulados, de carácter civil o mercantil, que se refieran a la adquisición, transferencias o administración de bienes que: procedan directa o indirectamente de las actividades de tráfico ilícito de drogas, estafas o fraudes financieros en las actividades de la	, a los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Mientras que en el nuevo Código se reduce el castigo penal de diez a 15 años de prisión para los directivos, financistas y promotores de la asociación ilícita.