La decisión ha sido unánime, dijo a la prensa el presidente de la cúpula empresarial, Juan Carlos Sikaffy, quien cuestiona los altos índices de burocratización con los que se ha manejado históricamente la institución. Citó, para el caso, que el Infop con un presupuesto anual de más de 1,000 millones de lempiras tan solo gradúa 1,600 estudiantes, y haciendo uso de la matemática básica señaló que cada uno de esos estudiantes le cuestan 625,000 lempiras anuales, lo que considera oneroso. Hasta saldría más cómodo mandarlos a estudiar a una universidad en el exterior, comentó.	Un problema que debería llamar la atención inmediata de las autoridades de Educación y del mismo Presidente de la República, porque un país tan pobre como el nuestro no puede darse el lujo de cerrar una de las pocas instituciones educativas de su tipo. Y si bien, no será fácil que los empresarios dejen de hacer sus aportes al Infop, a los que están obligados por ley y para no caer en desacato, queda que las partes involucradas en esta nueva problemática se sienten a buscar una solución en la que los beneficiados sean los estudiantes, la mayoría de ellos provenientes de los estratos	Lo demás, lo de reorientar los planes de estudio, garantizar (y transparentar) el uso de los presupuestos, revisar las canonjías de funcionarios y trabajadores de alto rango, eso se arregla con un diálogo abierto y sincero, y abriendo de par en par las puertas a los organismos contralores del Estado para que escudriñen en qué se han gastado los presupuestos de la institución y que lleven a los tribunales a quienes lo han hecho mal.