Se supone que las muertes de los trabajadores del transporte están asociadas al cobro de la extorsión, delito que se mantiene intacto a pesar de que las autoridades anuncian a cada rato la captura de personas ligadas a esas estructuras, a pesar de lo cual las redes de extorsionadores parecen mantenerse intactas.	Todo lo que sucede alrededor de la seguridad de la vida de las personas obliga al gobierno a revisar sus políticas en este campo y a reformularlas si es necesario. Ese es el reclamo de la ciudadanía honrada que demanda seguridad para trabajar y vivir en paz, porque Honduras no es un país en guerra.