Las tensiones en la frontera sur de EE UU por la llegada de migrantes derivaron este año en acuerdos con México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que bajo presión aceptaron colaborar para intentar frenar el flujo de los que llegan al borde huyendo de la violencia y la pobreza. Sin embargo, la implementación de tales convenios, incluyendo el posible envío de solicitantes de asilo a Guatemala, ha abierto varios interrogantes.	El número de migrantes detenidos en la frontera sur de EE UU sumó casi un millón de personas en el año fiscal 2019, terminado en septiembre. Esta cifra casi duplicó la cantidad del ejercicio fiscal anterior y generó fuertes tensiones entre Washington y países del sur, que terminaron firmando acuerdos forzados para reducir el flujo.	Con la llegada de migrantes en caravanas, muchos de familias centroamericanas en busca de asilo, el presidente Donald Trump denunció una “invasión”. En mayo, la cantidad de detenidos tras cruzar la frontera estadounidense alcanzó un pico de 144,000 personas, tras lo cual el gobierno de Trump instó a México, Honduras, El Salvador y Guatemala a firmar bajo amenazas acuerdos para recibir a los migrantes.	Los pactos con los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica determinan que quienes aspiran a pedir asilo en EE UU y pasen antes por estas naciones deberán hacer allí su solicitud y aguardar. Tras sellar los acuerdos, la administración de Trump reanudó la asistencia financiera suspendida en marzo hasta que se tomaran medidas para frenar la migración.	En la frontera, después de que en mayo Trump amenazara con imponer aranceles a las importaciones de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desplegó miles de agentes. Desde entonces, la cifra de migrantes detenidos o aprehendidos en EE UU se redujo más de tres veces, a 45,000 en octubre y 42,000 en noviembre.	“Políticas como la de permanecer en México y los acuerdos con países no seguros establecen un proceso que es una farsa dirigida a que los demandantes de asilo ni siquiera tengan una oportunidad de hacer su solicitud”, dijo Daniella Burgi-Palomino, experta de la oenegé Latin American Working Group. Así después son “deportados sin más hacia el peligro”, agregó.Los acuerdos con los países centroamericanos, publicados en el Registro Federal el 19 de noviembre, están en fase de implementación.	La Liga de Congresistas Latinos de Estados Unidos (CHC) condenó el martes esta posibilidad.“Esto pondrá en peligro a las mismas familias que llegan a la frontera buscando protección”, indicó el presidente de esta Liga, el demócrata Joaquín Castro. Esta iniciativa, evaluó, sumada a la política para que los migrantes extranjeros permanezcan en México, “bloquearía virtualmente a todos los demandantes de asilo de poder buscar refugio” en Estados Unidos.	El sistema de asilo de Estados Unidos está “siendo desmantelado”, dijo Burgi-Palomino. “Hay familias que están pasando las fiestas temblando de frío en campos de refugiados improvisados en el lado mexicano de la frontera. Son secuestrados, asesinados y torturados frente a sus propios hijos porque se los obliga a esperar”, dijo la experta.