Estas dos matanzas se producen pocos después de que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, declarara el pasado 17 de diciembre "emergencia" en los 27 centros penales, que alojan a más de 21,000 reos, con el fin de dar el control de las cárceles a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), encabezada por militares y policías.	La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) dijo observar "con alarma la violencia dentro de los centros penitenciarios" e instó al Estado "a garantizar la vida y respeto de los derechos humanos a los privados de libertad y proceder a una investigación pronta, eficaz y transparente".