Desde la etapa de debate, los fiscales pidieron la pena máxima de 40 años de cárcel o una mínima de 30 años, pues arguyen que la imputada mató a su cónyuge con premeditación, movida por los celos y la ira. La defensa, en tanto, en sus conclusiones había solicitado la absolución de su clienta, con el argumento de que ésta actuó por miedo en legítima defensa y porque supuestamente era víctima de violencia de parte de su pareja fenecida.