Como resultado de las intervenciones investigadoras del TSC a los reparos formulados, siendo firmes, luego le resultan las impugnaciones presentadas por los presuntos responsables, incluso en vía Contencioso Administrativo, dan lugar a la deducción de las responsabilidades administrativas o civiles que procedan, en este último supuesto por intermedio de la Procuraduría General de la República (PGR).	No procederá el ejercicio de la acción civil, penal o administrativa contra los miembros de los órganos colegiados como resultado de la función pública ejercida, mientras no se determine la responsabilidad de los mismos por parte del TSC, dice la reforma aprobada en el primero de tres debates que manda el reglamento interno del parlamento.	No hay limitantes. “En ningún momento, la reforma limita la potestad de investigación y de acusación del Ministerio Público. Por el contrario, la reforma establece la ruta clara que debe seguir la investigación, en caso de que estas personas que no son funcionarios públicos incurran en alguna responsabilidad administrativa, civil o penal”, señala el comunicado.