Hemos comentado que la desconfianza que campea en el país, además de ser generalizada, tiene antecedentes históricos y culturales que demandan de voluntad política y paciencia. Que los partidos políticos hoy mayoritarios reclamen para sí representación en los nuevos órganos que nacen en estos días a la vida constitucional, no es sino el resultado de haber tergiversado el espíritu de la última reforma en esta materia, que ya data de tres lustros. Los partidos tradicionales y el que jugaba el rol de bisagra entonces no solo depositaron la responsabilidad del nuevo ente electoral en cuatro reconocidos militantes de sus filas, sino que cuando debieron sustituirlos agravaron más el gazapo seleccionando a tres personas que conforme a la misma Ley Electoral no podían ocupar esas posiciones por ser diputados y regidor de sus respectivas organizaciones políticas.	Como ya se vio, será difícil -sino imposible- pedirle a los diputados que elijan bajo otros criterios que no sean la simpatía o militancia partidaria -en el pasado ya se intentó y no funcionó-, así que el énfasis debe ponerse en la idoneidad de las personas a las que se designará para los cargos, la cual debe fundamentarse en capacidades profesionales, trayectoria, conducta ética y otras cualidades que son de riguroso cumplimiento en cualquier proceso de selección de recursos humanos de alto nivel gerencial.	Baste ver las hojas de vida de sus titulares para reconocer en ellos personajes con respetable trayectoria y luego revisar la credibilidad de que gozan las instituciones que bien dirigen (ver Barómetro de las Américas del proyecto LAPOP) para darse cuenta que no es producto de casualidades sino de la aplicación a rajatabla de una fórmula que nunca falla: “Res non verba” (hechos y no palabras).