La turbulencia de la violencia, soltada por la sociedad ruin de un Estado absolutamente alejado de los valores humanos, mantiene en cadena perpetua a los hondureños. Las muertes frente a la niñez han sido el detonante miserable de la barbarie que arrastra este país donde la historia se escribe en una lágrima, sentencia Rafael Heliodoro Valle.	En una nacián como esta, donde no hay rigor intelectual, ni claridad política, ni dignidad humana, los asesinos encuentran el laboratorio criminal más fértil a fin de acabar con la vida de cualquier ciudadano que se cruce con el destino de haber nacido aquí. Al mismo tiempo, en el Parlamento se debaten los presupuestos, ellos defienden con garras los de seguridad y defensa, alegando que son vitales para la protección de la patria hundida en la debacle de la criminalidad.	Excusas vacías y aventureras impregnadas de intereses en comparación de fabricar la necesidad de algo que ya no funciona. En este lugar todos los días matan infantes, mujeres y hombres, los números se rebalsan en la boca de los servidores públicos que también buscan culpar a la regién con el propósito de tener un asidero razonable en medio de este matadero apilado de muertos, arrinconados en discursos sin fundamento.	Evidentemente, vivimos en una guerra silenciosa que poco a poco vamos a desaparecer por completo o migrar, si siguen de esta forma. Todos los crímenes son de Estado, porque quienes deben velar por la vida tienen una dotación estimada. Pero ese millonario desembolso en criar tumbas blanqueadas en el Congreso, que van a legislar en férreo amparo del hueso nacional, sin un ápice de lucha frontal en oposición al crimen, que culpan a la mala suerte de lo ocurrido a los mártires de esta oleada delictiva.	El problema es fundamentalmente de las atribuciones políticas, ya que no es moralmente aceptable lo que hace el gobierno en la conducción de las estructuras contra las fechorías. Con el objetivo de poseer decencia y ser aceptado hay que tener autoridad política; sin embargo, esto es un delirio y sin una validez pactada con la confianza ciudadana, entonces honestamente, este aparato estatal no es aprobado, porque su obligación de cuidar al pueblo no es convincente.