Es de desear que sea la verdad la que determine las sentencias. Las de cualquier causa. Que prevalezca la justicia. Que ningún inocente sea condenado. Que, si existe la duda de culpabilidad, beneficie al acusado. Que sea respetado el Principio de Inocencia y no el hechizo Principio de Culpabilidad que las distorsiones del sistema, crearon y aplican. Una injusticia tarde o temprano y sin enterarnos nos afecta a todos por igual. Contra quien sea. Todo ciudadano debiera ser adalid en defensa de la justicia. La indiferencia no protege, expone a ser la próxima víctima. Que a nadie se le otorgue un derecho que no le corresponda en detrimento de sus legítimos propietarios. Es perturbador lo que se ha hecho en el antes Registro ahora Instituto de la Propiedad. Como empleados de ese ente han alterado asientos de propiedades, actos delictivos posteriormente legalizados por jueces venales con las gestiones de conocidos como cuestionados profesionales del derecho. Que se evidencia que los hay, aunque sean escasos. Pero el daño que causan puede ser muy grande. El cansancio de ver construirse verdades sobre mentiras puede disuadir de conservar la confianza en los demás. No todo el que afirma algo muchas veces está sosteniendo la verdad y viceversa, no todo el que calla otorga. La investigación exige más que nunca el máximo cuidado y cientificidad. Que nadie por notoriedad o simplemente, por admirable celo laboral, llegue a caer en la trampa y a hacer caer a toda la ciudadanía. Que un juez evite emitir su sentencia sin conocer exhaustivamente, la totalidad de los elementos a considerar para dictar resolución apegada estrictamente a derecho. Y motivada. Da pena, pena muy grande el enterarse de injusticias. Y más, la impotencia de revertirlas. Nadie debiera padecer sufrimientos que no merece. Pero tampoco permitir el favorecer delincuentes con tecnicismos. La vigencia de la vacatio legis del nuevo código penal debe prorrogarse. Para evitar sean mayores los males en nuestro país.