(por sus siglas SAR) anunció semanas atrás que a partir del primer día de este mes de marzo entran en vigencia nuevas reformas en el régimen de facturación, esto para respaldar el crédito fiscal del impuesto sobre ventas (ISV) y costos y gastos del impuesto sobre la renta (ISR), contribuciones sociales y otros tributos que gravan las utilidades netas de una persona natural o moral.	Todo ello es correcto, legal y justo para todo estado, lo que no es transparente ni probo es el uso y destino de esos miles de millones de lempiras que ingresan a las arcas del Estado. Es menester que las políticas públicas sean serias en cuanto al uso de dichos recursos.	Es de conocimiento público, por ejemplo, que el Estado fallido no piensa en las escuelas, en los hospitales, en las bibliotecas, en la innovación tecnológica, entre otros, sino en armas, bombas lacrimógenas, compras de inmuebles innecesarios en el exterior, en fin, en el derroche sin fin de los recursos del pueblo.	Ya lo decía hace muchos años Ayn Rand: “Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes, sino con favores; cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada”.