"La Primera Enmienda no permite que un funcionario público que utiliza una cuenta de redes sociales para todo tipo de propósitos oficiales excluya a personas de un diálogo en línea, de otra forma abierto, porque expresaron opiniones con las que el funcionario no está de acuerdo", argumentaron los jueces en un escrito de 29 páginas.	"Concluimos que la prueba de la naturaleza oficial de la cuenta es abrumadora. También concluimos que una vez el presidente ha escogido una plataforma y abierto su espacio interactivo a millones de usuarios y participantes, no puede excluir selectivamente a aquellos con puntos de vista con los que no está de acuerdo".