Los acuerdos alcanzados dejan en evidencia que el conflicto que derivó en la revuelta de los uniformados y que generó altos grados de incertidumbre en la sociedad hondureña bien pudo ser atendido si la institución policial hubiera tenido -y activado- mecanismos de comunicación internos que les permitieran escuchar las demandas de sus subalternos.	Sin embargo, las imágenes de hombres armados tirando bombas lacrimógenas al jefe de la Policía en una unidad de la institución, y la descarga de ráfagas disparadas seguramente por armas oficiales, quedarán guardadas en la mente de la ciudadanía como uno de los más graves actos de irrespeto a la autoridad en el país.	Un acto que no debe repetirse, por lo que es necesario que -al margen de los acuerdos alcanzados en el Conadeh- se abra una investigación de lo sucedido y se aplique la ley a quienes resulten responsables, pues los involucrados no son ciudadanos comunes y corrientes, son hombres armados por el Estado para garantizar la vida y los bienes de la población.