La audiencia comenzó con la jueza retirando de la sala a la abogada da la Procuraduría General de la Nación al entender que en esta causa "no existe agravio al Estado" y después los fiscales de este caso comenzaron con la imputación, asegurando que Torres "integró y participó en una asociación de financiamiento electoral ilícito".	Entre ellas está su excandidato a vicepresidente y empresario Mario Leal, quien está en Estados Unidos pero tiene una orden de captura, el exsecretario privado de la Presidencia Gustavo Alejos, acusado en varios casos de corrupción, o la diputada Karina Paz, a quien la Fiscalía pidió desaforar para poder completar la investigación.	Las primeras pesquisas señalan que se utilizaron tres empresas, dos de ellas compañías cartón y otra propiedad del actual diputado de la UNE Julio César Ixcamey, como "centros de recaudación" y administración de recursos externos al partido por medio de un manejo paralelo de las "finanzas oficiales" para eludir "el control sobre los fondos aportados". Texto y foto de EFE.