El rumor es creciente y no son pocos los diputados que, tras bambalinas, se pronuncian a favor de la idea, y que ya hablan de la necesidad de una reforma constitucional para restituirse el privilegio que les fue suspendido hace 16 años, o en su defecto, crear otras figuras en las que ampararse en dado caso de tener que enfrentar la justicia, como les ha sucedido en los últimos meses a varios de sus compañeros que se han visto involucrados en los famosos casos de “la red de diputados” o “Pandora”, denunciados por fiscales especiales del Ministerio Público con el acompañamiento de la Maccih.	Una ruta, sin duda, equivocada, porque está claro que quienes han ejercido sus funciones públicas al margen de la ley deben ser castigados por ello, ya que la teoría política, la función pública tiene como fin el servicio a la nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y sus leyes; procurar la obtención de los mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, y priorizar y optimizar el uso de los recursos públicos, nunca, hacer un mal manejo de esos recursos.	Entonces, la ruta debe ser la de fortalecer la institucionalidad, que es la llamada a luchar contra las redes de corrupción que con el pasar del tiempo han echado raíces en la administración pública en detrimento de los intereses y el bienestar de los menos favorecidos económicamente y que día a día luchan por obtener los ingresos necesarios para mantener a sus familias.