Honduras es uno de los pocos países que ha indexado los aumentos anuales del salario mínimo individual a la tasa anual de incremento en el costo de la canasta básica familiar. Recalco lo de salario individual y costo de canasta familiar porque allí tenemos la primera discrepancia y donde se generan las primeras inequidades de una ley cuyos efectos mediatos e inmediatos nunca fue analizado y mucho menos evaluado en el tiempo para medir sus beneficios y perjuicios. No es equitativo cuando un empleador contrata a un joven con un mínimo de escolaridad, digamos de unos 19 años de edad, soltero, viviendo con sus padres y simultáneamente contrata para similares funciones a otro joven de unos 24 años, casado con dos pequeños, alquilando vivienda y único proveedor de la familia… Ambos ganarán, por ley, el mismo salario mínimo, esto no es equitativo. El concepto de la canasta básica familiar, como base para la generación de incrementos salariales, debe revisarse. Cuando una empresa contrata de manera individual, no emplea con todo y familia. Nunca se ha medido el impacto que tienen los incrementos salariales obligatorios en la empleomanía de la micro, pequeña y mediana empresa. Cierto, que para un empleado con ingresos en ese nivel, su aumento de 400 a 500 lempiras mensuales luce insuficiente, no le resuelve sus necesidades ingentes; pero para un empleador, que pasa penas enormes para juntar semanal o quincenalmente su planilla, de L 2,500, solo de aumento (Si emplea de cuatro a cinco personas) más los gastos colaterales como Seguro Social, RAP, Infop y otros, la carga es insostenible y le obliga automáticamente a efectuar una reducción en el número de su personal, sustituyéndolo, en el mejor de los casos, con familiares que no estarán sujetos a recibir lo que la ley impone. Cuando en el gobierno liberal de don “Mel” Zelaya se elevó el salario mínimo, más los colaterales, en más de un 65%. Las panaderías, sastrerías, salones de belleza, talleres, entre otros pequeños negocios que no cerraron sus puertas, tuvieron que despedir personal para sobrevivir porque no podían enfrentar sus elevados costos de operación. Eso fue lo que provocó una medida demagógica, una “ley queda-bien”, solo por estrategias y presiones sindicales y también políticas. Estas medidas nunca han sido evaluadas por su impacto en la tasa de desempleo. En el año 95 en Davos, Suiza, un congreso mundial de analistas y líderes sindicales concluyó que el desempleo no se soluciona con aumentos salariales, proteccionismo, subsidios gubernamentales o reducción de las prestaciones sociales; antes bien, el desempleo puede agravarse si se adoptan caminos equivocados. Esto es como pensar que elevar el poder adquisitivo de algunos pocos va a elevar el consumo en general y, por ende, estimulará mayor producción y esto a su vez provocará crecimiento en el número de personas empleadas. Cuando un empleado recibe un incremento de 500.00 lempiras, pero al mismo tiempo se eleva el costo de sus medicinas, transporte o de energía eléctrica mensual muy por encima de ese aumento, entonces su incremento no le sirve para mucho. Pero entonces, ¿cuál es el camino más efectivo? Que el Estado asuma sus responsabilidades constitucionales proporcionando salud pública gratuita y completa, de calidad, mejorando sustancialmente los servicios públicos; tanto en salud como educación, cumpliendo fielmente con sus obligaciones constitucionales y generando sus políticas salariales, tomando en cuenta la tasa de rendimiento de la mano de obra, la productividad de la empresa y formulando las políticas salariales, públicas y privadas con base en la mayor capacitación del recurso humano.