Es que también la fecha debería de ser propicia para que la sociedad, y principalmente los tomadores de decisiones, reflexionen sobre lo que han hecho y lo que adeudan a los niños y niñas de uno de los países más pobres de América, y sobre los desafíos del Estado para atender sus necesidades.	Porque el país no puede darse el lujo de ver cada día que pasa a más niños y niñas en situación de calle expuestos a los más grandes peligros o huyendo solos o acompañados de un país que no ha creado las oportunidades para crecer dignamente en la tierra que les vio nacer, o viéndolos crecer en entornos de violencia, expuestos a ser reclutados por la delincuencia, las maras y las pandillas.	El gobierno está obligado a trabajar para garantizar a los niños y niñas, a sus familias, las condiciones necesarias para desarrollarse en espacios dignos; a retener y dar una educación de calidad a quienes logran matricularse en el sistema de enseñanza, a garantizar su acceso a los sistemas de salud, a los servicios de agua y saneamiento, a una vivienda digna.