El temor de los diputados es que la reforma tenga los mismos fines de una modificación que se hizo para cambiar los parámetros de investigación de un grupo de diputados que fue acusado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de manejar irregularmente dinero del famoso Fondo Departamental y cuyo caso fue bautizado como la Red de Diputados.	El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el ejercicio de sus funciones, será la entidad responsable de determinar la responsabilidad civil, penal o administrativa que en Derecho corresponda de conformidad con el párrafo anterior, por las acciones u omisiones realizadas por los miembros de los órganos colegiados a través de las decisiones adoptadas.	Como resultado de las intervenciones investigadoras del TSC, los reparos formulados siendo firmes y luego le resulta las impugnaciones formuladas por los presuntos responsables, incluso en vía Contencioso Administrativo, dan lugar a la deducción de las responsabilidades administrativas o civiles que procedan, en este último supuesto por intermedio de la Procuraduría General de la República (PGR). En el caso de determinar la existencia de responsabilidad penal, el informe respectivo debe comunicarse al Ministerio Público (MP) para que proceda por la vía correspondiente.	Por su lado, el diputado liberal Juan Carlos Elvir, dijo que la realidad demanda no solo la revisión de la Ley General de la Administración Pública, sino también la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y lo concerniente a la aplicabilidad de los plazos y tiempos de la Ley de Procedimientos Administrativos.