El juicio lapidario contra Juan Antonio (Tony) Hernández Alvarado acusado por narcotráfico, posesión y tráfico de armas, conspiración y falso testimonio a las autoridades estadounidenses en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, EUA. En el mismo, los fiscales con sus evidencias y los testigos con sus testimonios, además de incriminar a “Tony”, también imputan en la red de la narcoactividad a su hermano Juan Orlando Hernández Alvarado (JOH), presidente de Honduras.	Desde los fraudes electorales propiamente dichos, en primera instancia, y los rumores de narcoactividad, en segunda, ahora confirmados por las pruebas que se ventilaron en el juicio contra “Tony”, las que ya eran de dominio público aquí en Honduras, de hecho, todas ellas causales de grandes manifestaciones públicas a lo largo y ancho del país, y por supuesto, de conocimiento internacional.	Frente a las justificadas protestas del pueblo motivadas por la inconstitucional reelección, el fraude electoral y la ilegitimidad antes del juicio, la ruta que adoptó para su permanencia en el cargo el administrador del Estado fue establecer, y endurecer, su régimen autoritario con procedimientos altamente represivos, violadores de los derechos humanos, quien, en los dos últimos períodos presidenciales de gobierno, y antes como secretario y como titular del Legislativo, paso a paso, logró institucionalizar a su conveniencia la corrupción en los poderes del Estado, dando paso al encubrimiento y protección de la narcoactividad de su hermano y la de sus socios, utilizando la logística del Estado para tal fin.	Con el veredicto del jurado declarando culpable a “Tony” de todos los cargos, y con su hermano el mandatario imputado, no queda otra alternativa más a los diputados del Congreso Nacional hondureño que proceder con el juicio político contra el presidente de la República de Honduras. Solamente no habría juicio político si el mandatario renuncia.	Ciertamente, frente al caos imperante es oportuno aplicar el valioso instrumento jurídico: la Ley Especial del Juicio Político que, tal como lo impone la tremenda crisis reinante, es la mejor solución, sin más derramamiento de sangre, pérdidas de vidas humanas y dolor para el pueblo. Sobran las razones para que la ley sea aplicada, de forma urgente y expedita, y máxime ahora, reitero, con la resolución del jurado.	La creación de la Ley del Juicio Político es una de las más acertadas recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación instaurada posterior al golpe de Estado del 28 de junio 2009, emitida por Decreto 51-2013 y publicada en la Gaceta el 24 de enero de 2013. La ley contempla las causales y el procedimiento para ser aplicado a servidores públicos de alto nivel, tal como se establece y cuando existe denuncia grave en el cumplimiento de las funciones del presidente de la República, designados presidenciales, diputados del Congreso Nacional y del Parlamento Centroamericano; magistrados de la Corte Suprema de Justicia, corporaciones municipales y todos aquellos servidores públicos electos por el Congreso Nacional.	La aplicación del juicio político es potestad exclusiva del Congreso Nacional y para iniciarlo, la denuncia debe ser presentada por quienes tienen iniciativa de ley, de conformidad con la Constitución, entre ellas, la iniciativa ciudadana. Ante esta inmensa responsabilidad con la patria, esperamos y deseamos que los diputados, representantes del pueblo dentro del Congreso, y fieles al juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes, sin miedo ni componendas, los invite a asumirla tal como el momento histórico se los exige.	El inicio de la reconciliación y el restablecimiento del Estado de derecho caracterizado por la independencia de poderes, los cuales actualmente están cooptados y concentrados en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad; el retorno a la justicia, a la paz y al bienestar del pueblo hondureño, está en sus manos señores diputados y señoras diputadas. Queda planteado.