La decisión de Gilliam tuvo lugar el día después de que el magistrado David Briones, con tribunal en El Paso (Texas) y nombrado en el cargo por el expresidente demócrata Bill Clinton (1993-2001), también determinara que Trump carece de autoridad para desviar fondos aprobados por el Congreso con otros fines.	Así, aunque por el momento el Ejecutivo puede proceder con la construcción con esos 2.500 millones -tal y como está haciendo- sigue pendiente de la decisión final que tome el tribunal de apelaciones del Noveno Circuito, que podría hallar ilegal la desviación del presupuesto y por tanto obligar a parar las obras.	Es previsible, especialmente dado su fallo de julio, que en caso de que el Noveno Circuito fallara en contra de los intereses de la Casa Blanca, esta llevara el caso al Supremo para que tomara una decisión definitiva, algo que también podría ocurrir en el caso de la partida bloqueada esta semana.