Una vez presentado, el proyecto se remite a una comisión de dictamen que analizará el decreto y recomendará si es necesario o no llevar a cabo la abrogación de la legislación. Los organismos de sociedad civil evidenciaron que el Código Penal publicado es diferente al que se socializó entre 2015 y 2016 ante las organizaciones de sociedad civil y expertos en derecho penal; de igual manera se puede determinar que el proyecto de Código dictaminado por la Corte Suprema de Justicia no es el mismo promulgado.	“El principio de justicia universal prescrito en el artículo 9 inciso 3, tal como se ha redactado constituye un artilugio jurídico consignado con el objeto de que las personas que hayan cometido delitos transnacionales como el narcotráfico eviten ser extraditados, para ser sometidos ante la débil e inoperante justicia hondureña, evitando penas aplicadas en cortes de otros países”, expresó la	Asimismo, cuestionaron la reducción de las penas a delitos como el secuestro, tráfico de drogas, malversación de caudales públicos, fraude y enriquecimiento ilícito. Criticaron que en el caso del delito de abuso de autoridad, deja de tener una pena privativa de la libertad y pasa a ser sancionado por la inhabilitación para ejercer el cargo o empleo.