Julio Raudales es uno de los pocos economistas con los que me gusta hablar de economía. No solo porque es un excelente conversador, sino por su enorme capacidad para sintetizar sus opiniones, evitando lucir académico o culterano. Hace algunos días, antes de viajar a Barcelona, hablé con Raudales sobre el nuevo libro de Thomas Piketty, Capital e ideología. Me dijo que era muy serio en la presentación de los datos, pero poco confiable en sus propuestas.	Al leer una entrevista y parte del libro, especialmente al referido a la renta universal, establecer un nuevo régimen de propiedad “social y temporal”; establecer de una fiscalidad fuertemente progresiva a las herencias y facilitar la participación accionaria de los trabajadores en el capital de las empresas, me confirma lo que dice Raudales. Y que su objetivo de reinventar el capitalismo, para adicionarle un antídoto a su vocación por la concentración y la desigualdad, es una meta que va más allá de sus fuerzas, ya que lograrlo no es fácil, en vista de que el capitalismo es un producto social, originado en intereses humanos y cuyo cambio entonces no es obra de las ideas, sino de las circunstancias. Por supuesto, nadie en su sano juicio estará en contra de la humanización del capitalismo y su deriva hacia un socialismo democrático. Sería una locura, es, más bien, un objetivo laudatorio.	Los azucareros producen en sus ingenios; pero la distribución del producto es común, cosa contraria a los intereses de los consumidores que, de acuerdo con las teorías económicas tradicionales, se favorecerían con la libre competencia, puesto que pueden optar entre varios productos e incluso escoger de acuerdo con los precios. No está de más agregar que este mercantilismo es muy concentrador, favorece la corrupción –¿entienden esto, Omar Rivera y Gabriela Castellanos, “pensadores” e “intelectuales” oficiosos de este tema?– y contribuye a acelerar la desigualdad. Ahora bien, el paso del mercantilismo a una economía social de mercado, influida por la experiencia de Alemania, es una tarea muy profunda y de difícil manejo.	Requiere de una reforma política en que los partidos políticos, los gremios y las autoridades, vía un pacto incluyente, puedan obligar al cumplimiento de la ley y a aceptar que el éxito económico no es un pecado, especialmente cuando se logra sin afectar al país, irrespetar sus legales y sin instrumentalizar al Gobierno, que ha sido creado para gerenciar el bien común. Es decir, evitar que la desigualdad continúe creciendo y nos divida y polarice, mucho más de donde nos han llevado hasta ahora los políticos.