Efectivamente, en días anteriores vimos asombrados cómo el Poder Legislativo violentó una vez más la Constitución de la República y la Ley de Contratación del Estado cuando aprobó una contratación directa referente a un convenio del Registro Nacional de las Personas con la empresa Oracle para la modernización de la base de datos de dicha entidad por la “módica cantidad” de 200 millones de lempiras, obviando el imperativo legal, que manda realizar una licitación pública de conformidad a la ley.	Lo anterior desencadenó una acalorada protesta en el interior del edificio estatal, el cual enfrentó a los legisladores de la oposición y del oficialismo, hasta el grado bochornoso e inadmisible de irse a los golpes, conductas propias y manifiestas de los Estados fallidos que se alejaron completamente de la legalidad y el derecho.