En esta época en la cual se ha llegado a límites bajos en el crecimiento de la cobertura de agua con sus consecuencias: el incremento en el racionamiento motivado por el crecimiento poblacional anual y obsolescencia de la infraestructura básica; nos encontramos con que el sector hídrico en general adolece de financiamientos adecuados en atención a la gobernanza y de gobernabilidad hídrica, en acompañamiento a los consejos de cuenca y las municipalidades.	El día 15 de febrero, el SANAA fue sorprendido con el corte de la energía por parte de la institución de comercialización privada adscrita a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, por deuda del servicio, un SANAA que no ha modificado su tarifa desde el año 2009, y que con la ENEE la deuda era canjeada por la correspondiente a las instituciones gubernamentales deudoras quienes reciben agua.	Preocupa este tipo de actos que no quisiéramos pensar se deben a una represalia en momentos que todos los empleados de la institución, cerca de mil novecientos, reclaman en forma responsable y pacífica sus derechos y en esta oportunidad por el derecho básico y de justicia en el cual el gobierno ha autorizado varios incrementos a los empleados públicos.	En el SANAA los incrementos son suficientemente justificados considerando que el salario del empleado se ha reducido en no menos del 20% del poder adquisitivo relacionándolo con la canasta básica en los seis años de congelamiento salarial. Situación difícil es esta, donde el trabajador se las ingenia para lograr recuperar un tanto ese poder adquisitivo que le permita pagar altos costos de: combustibles, alquileres, tarjetas de crédito, pago de viviendas y colegiaturas. Después de seis años se ha llegado a límites insostenibles y por lo cual muchos optaron por retirarse recientemente con un recorte importante de sus prestaciones.	Cortar la energía eléctrica en las oficinas administrativas y de gerencia conlleva serios problemas en el trabajo operativo de una institución central y necesaria para atender a sus abonados. Se corre el riesgo por ejemplo de demandas por fechas a vencer, requerimientos de pago, entorpecimiento para mantener los requerimientos de insumos, o dar seguimiento a compras de materiales para reparar fugas o de reposición de equipos y la paralización de actividades de cientos de empleados, con lo cual al final quien pierde es el mismo gobierno y los usuarios del servicio. Como observamos son tres los temas abordados: la debilidad del sistema hídrico con la falta de coordinación institucional y aplicación de leyes, las implicaciones de cortar el servicio de energía a una institución de fundamental importancia para el suministro de agua y el trato a los empleados en una institución que han dado su vida acompañando para que esta cumpla su cometido con el desarrollo nacional.