Como era de esperarse, al conocerse los detalles de la nueva legislación, los médicos y los docentes pusieron el grito en el cielo tras detectar que el dictamen que comenzó a discutirse en la Cámara de Diputados se centraba en el tema de los recursos humanos e incluso se plantea textualmente “Proceder a la cancelación de los acuerdos de nombramiento y la terminación de los contratos de prestación de servicios, en el contexto de las decisiones adoptadas en el proceso de reestructuración administrativa y organizacional, dándole cumplimiento al pago de los derechos y las prestaciones indemnizatorios que conforme a la legislación nacional correspondan en materia de relación de prestación de servicios”. Es seguro que en el país nadie está en desacuerdo con una reestructuración de ambos sectores, que por décadas han sido el caldo de cultivo de infinidad de actos de corrupción que nunca fueron investigados y mucho menos judicializados. Tampoco se opondrían a la reestructuración administrativa y a la evaluación del personal, entre otros puntos que se consideran vitales para agilizar los procesos de prestación y mejoramiento de ambos servicios. Pero también es necesario que desde el Estado se actúe con mayor transparencia y que consensue todas las acciones a realizar con los actores de ambos sectores. Es con ellos con los que deben definir las reformas, y los alcances que se proponen alcanzar con las mismas. Por eso es sensato que desde el Congreso Nacional se haya anunciado la suspensión de la aprobación de la ley. Basta ya de generar más conflictos sociales de los que están sobre la mesa. En estos temas de país debe primar la sensatez, la prudencia, el buen juicio. La tolerancia y el saber escuchar. No hacerlo, solo generará mayor desencanto entre una población que día con día demanda de mejores servicios públicos.