Además, señaló: «Es un obligación que tiene de cumplir con la convención contra la tortura y su protocolo facultativo, debiendo garantizar la vida e integridad física, no solo de las personas que el Estado les ha confiado, sino que garantizar la seguridad de los funcionarios que trabajan en el sistema penitenciario».	Asimismo, la representante de Conaprev, sostuvo que se debe hacer un esfuerzo por fortalecer a los consejos técnicos interdisciplinaros. Indicó esos son quienes tienen las competencias de la clasificación y aplicación de la población privada de libertad. Sin embargo, subrayó que en estos momentos no están cumpliendo el rol para el que se les contrató.	Por su parte, la representante de Conaprev, indicó que es necesario investigar todas las acciones u omisiones ocurridas en estos centros de privación de libertad. Manifestó que no solo se debe deducir responsabilidad a las personas que ejecutaron las muertes dentro de los centros penitenciarios, sino a las acciones ejecutadas con la permisión de la seguridad.	«Una de las más grandes preocupaciones es el alto número de denuncias remitidas al ente fiscal. Mientras cese el tema de impunidad y sea imperante, estas acciones queden en la total impunidad por parte del ente que debería investigar las acciones u omisiones de los funcionarios, y vamos a tener estos resultados», indicó.	Puntualizó que como comité, ellos esperan que el Estado de Honduras inste una comisión en la que se transparenten todos los proceso seguidos a nivel del sistema penitenciario. Resaltó que la política penitenciaria debe ser incluyente. También, resaltó que la Sociedad Civil debe participar, para ser veedora de los proceso que están siguiendo y así se garantice la parcialidad y objetividad en la investigación.