En 1957, la Constitución se redactó para impedir que los nacionalistas regresaran al poder y le dio al Congreso Nacional más responsabilidades que al Ejecutivo, al grado que, en caso de diferencias entre el jefe de las Fuerzas Armadas y el Presidente de la República – pues era un Gobierno bicéfalo– el Congreso dirimiría las mismas. En cambio, los constituyentes de 1982 no temieron al caudillismo civil, sino que a los militares, por ello inclinaron el poder hacia el Ejecutivo y despojaron de sus competencias al Congreso.	Se les despojó de su autonomía y fueron sometidos al poder de los civiles, por ello es que la crisis de 2009 es un intento del Ejecutivo por controlar a un Congreso que, dominado por los liberales, no estaba bajo el dominio del titular el Ejecutivo, por lo que este usó el presupuesto para dominarlos. Y como creyeron equivocadamente – especialmente los marxistas teóricos – los seguidores de Zelaya, consideraron que era la oportunidad de cambiar las cosas, emitiendo una nueva Constitución.	En vez de un Gabinete de integración siguió con los mismos ministros y, cuando debió forjar un pacto de gobernabilidad, basado en el compromiso que en el 2021 no se reeligiría, dejó que las fuerzas opositoras crecieran y no pudo, además, hacer eficiente su Gobierno para enfrentar los problemas que le interesaban al pueblo.