qué cuesta atender la demanda de un sector importante de la población, para que se prorrogue la vacatio legis del nuevo Código Penal? Nada. Solo es que la apruebe el presidente del Congreso Nacional de quien dimana el poder legislador, con el auxilio de un secretario. Puede ser útil la concentración antidemocrática del poder legislativo, en el genio y figura de su presidente. Más de veinte años señalándose las inconveniencias a los intereses nacionales, de la aplicación del dictatorial Reglamento Interno del Congreso Nacional. Solo fueron atendidas en épocas electorales, para ser aprovechado, por quienes llegaran a ostentarlo, hasta uno de aquellos en quienes uno, naif, creyó tanto.	¿Pero para qué la melancolía por lo que no fue y no es? Pues para que sea, entonces. Mejor insistir, esperar y hasta confiar en que la ponderación que en ocasiones ha mostrado el presidente Oliva prevalezca en este caso y conceda la vacatio legis que por la seguridad jurídica y la paz reclaman 35 organizaciones como avales de la iniciativa ciudadana por la prórroga de la vacatio legis y como eco de ciudadanía que se siente amenazada.	Es irrelevante si miembros de estas organizaciones conocen el proceso legislativo o si el número de firmas presentadas llena expectativas. Si el requisito está cabal, solo es de darle trámite. Sin dilación y hasta encontrando la forma de hacerlo en mucho menor tiempo del que el plazo establece. Sea que ellos o muchos otros estuvieran equivocados en las reservas que despierta el nuevo Código Penal, los mandatarios del pueblo están obligados moral y cívicamente a no ignorar los temores que despierta una legislación considerada deficiente para combatir y disuadir el delito, así como acicate a la impunidad y, por tanto, a la corrupción.