Todas son disposiciones atentatorias contra la libertad de expresión y de prensa, que limitarán el libre ejercicio del periodismo, principalmente del investigativo en una sociedad marcada por altos índices de corrupción e impunidad. Este “es un zarpazo grave al periodismo de investigación y de denuncia al criminalizar la fuente anónima y reservada, que es una garantía de protección a los informantes de los medios”, señaló el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez.