Dicho estilo legislativo, el presentar hechos consumados al pleno, en un único debate -dispensando el segundo y tercero y a matacaballo, sin previo análisis y discusión, aún tratándose de legislación con amplios alcances y repercusiones de diverso tipo, es lo que provocó -en primera instancia- la reacción de una parte de los diputados y, eventualmente, protestas callejeras a escala nacional, reprimidas con saldo de heridos de bala e inhalación de gases lacrimógenos, más la destrucción de propiedad pública y privada, acciones que deben ser condenadas.	Ya lo señaló el economista y sociólogo Julio Raudales: “...queda claro que la eficacia en la aplicación de las políticas públicas de cualquier índole está determinado por la percepción de legitimidad que la ciudadanía tenga de sus autoridades... Se acabaron los tiempos en que las decisiones eran impuestas desde el centro, lo que digan los grupos organizados debe ser tomado en consideración o no se hará” (La Tribuna, 4 de mayo de 2019, p. 4).	Esa falta de cálculo y visión respecto a la airada reacción de amplios sectores sociales conlleva un deterioro para el partido hoy en el poder y para un aspirante a la presidencia de la República, independientemente de la necesidad de reestructurar ambos rubros, salud y educación, vitales para el bienestar y superación en conocimientos de la población.