Según Verzeletti, Guatemala carece de recursos económicos para brindar seguridad, trabajo, educación, salud y vivienda a miles de migrantes -principalmente de otros países centroamericanos pero también de África o el Caribe. Por ejemplo, Verzeletti considera que el país no podrá atender a los niños migrantes que viajan sin compañía de adultos, toda vez que casi el 50% de los guatemaltecos menores de cinco años sufre de desnutrición crónica. Pero EEUU, que ha presionado por lograr el acuerdo, es el principal socio comercial de Guatemala, donde el 59% de sus 17,7 millones de habitantes vive en pobreza. Y el viernes se firmó en Washington el convenio que según la Casa Blanca convierte a Guatemala en “	tercer país seguro”, por el cual las personas que aspiran a pedir asilo en EEUU pero pasen antes por este país centroamericano deberán hacer ahí su solicitud.Guatemala, sin embargo, insiste en negar esa tipificación y define lo firmado como un acuerdo de cooperación relativo “al examen de solicitudes de protección	Edie Cux, coordinador de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, coincide en que Guatemala carece de capacidad para brindar salud, educación y fuentes de trabajo a los migrantes. También presentó un recurso ante la CC para revertir el convenio, al considerar que el Congreso tendría que ser el encargado de ratificarlo.	El titular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Alfredo Brito, confirmó la visita y aunque aseguró que es la cartera de Gobernación la que “maneja el tema” dijo que este encuentro se da “en el marco de las negociaciones que existen con la cartera de Seguridad” y que se abordar “temas con relación al acuerdo”.	A pesar de que EEUU y Guatemala han firmado este documento, para el que ninguno de los dos países destinará fondos, no está claro cómo se aplicará en la nación centroamericana, pues hay varios recursos judiciales pendientes contra el Gobierno después de que la Corte de Constitucionalidad ordenara que un acuerdo de “tercer país seguro” tenía que ser antes aprobado por el Congreso.