Elías Saca fue condenado en septiembre de 2018 a 10 años de prisión y a devolver al Estado 260 millones de dólares de los más de 300 millones que malversó del presupuesto estatal junto a 6 excolaboradores. A inicios de mayo, una corte abrió otro proceso penal contra Saca por el supuesto blanqueo de $10 millones donados por Taiwán.	Ella ya había aceptado confesar su responsabilidad en los actos de corrupción que se le imputan, pero se retractó luego de que el Ministerio Pública exigiera ayer que regrese al Estado 17,3 millones de dólares. La legislación salvadoreña establece que la Fiscalía puede pactar con los procesados una pena mínima, que no podrá ser apelada en ninguna instancia, a cambio de su confesión y que los jueces deberán respetar el trato.	El abogado de la exprimera dama, Miguel Ángel Flores Durel, dijo que el juicio sin cárcel queda en peligro porque existe diferencias entre las partes por el dinero que reclama la Fiscalía a su clienta. La fiscalía insiste que, tras declararse culpable frente a un juez, Ana Ligia de Saca debe reintegrar $17,344,229.07.	Pero Flores Durel señala que no están de acuerdo en pagar ese dinero en concepto de responsabilidad civil, por lo que el caso podría juzgarse de manera ordinaria, sin acuerdos con la Fiscalía. La cónyuge de Saca es la primera esposa de un expresidente salvadoreño en ser procesada penalmente en la historia reciente del país centroamericano.