El miércoles, el Gobierno de Trump dio un paso en firme para atajar la llegada de familias indocumentadas, al anunciar una “regla final” destinada a acabar con las regulaciones del Acuerdo Flores, que desde 1997 regía las condiciones de detención de los inmigrantes menores de edad, entre ellas límites a su reclusión, con un máximo de 20 días.	Otro de los anuncios tiene que ver con posibles cambios en el examen de ciudadanía, que se empezarían a ensayar a partir del otoño, aunque no se definirá una fecha para su implementación definitiva hasta diciembre de 2020 o comienzos de 2021. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración confirmó que está revisando el examen actual, puede incluir cambios en la parte lingüística de la prueba.	El 23 de julio el Gobierno anunció que introducirá cambios a partir del 21 de noviembre en su programa de visado para inversores, conocido como EB-5, entre ellos el primer incremento desde 1990 en el monto de la inversión mínima, que pasó de 1 millón de dólares a 1,8 millones de dólares.	Con esos jóvenes, el movimiento espera hacer una “revolución pacífica”, al estilo de la que obligó a renunciar recientemente al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, acorralado por una ola de protestas tras filtrarse un chat en el que hacía comentarios homófobos, misóginos e insultantes contra contrincantes políticos, cantantes y periodistas.