Cada vez que se ponen en tensión las relaciones del Estado con algún sector de la población organizada, surge de inmediato la polarización de la opinión pública favoreciendo a una de las partes en conflicto, esto es, al gobierno o a los gremios, perdiéndose la capacidad de hacer un análisis acerca de las causas históricas y estructurales del problema.	A raíz de la aprobación de las iniciativas de Ley de Reestructuración y Transformación Presupuestaria en las Secretarías de Estado de Educación y Salud, en el seno del Congreso Nacional, acción que es vista por parte de los trabajadores como una amenaza a la estabilidad laboral y demás conquistas, se han desatado protestas de casi todos los gremios que laboran en esas dependencias estatales.	Al final, cualquiera que sea el resultado en cuanto a la normativa aprobada, ya sea porque el Congreso modifique lo resuelto o porque se anule o siga vigente, las personas de bajos recursos que tienen que hacer uso de los servicios públicos tendrán que seguir esperando por una educación y salud eficiente.	Se va a buscar una salida dialogada, sabiendo que el problema de fondo seguirá esperando. Históricamente, exceptuando el impulso inicial, en los años de posguerra, donde se aprobaron una serie de leyes de contenido social, respondiendo a la dinámica económica del país, se ha venido aprobando una legislación que más ha respondido a las demandas de los grupos de interés y de los políticos de turno que a las necesidades de desarrollo y progreso de la nación.	Por eso, cuando los organismos internacionales de crédito presionan, por lo que ellos dicen una elevada masa salarial, el gobierno recurre a acciones susceptibles de generar la protesta. Las evaluaciones del personal, cuando se hacen, no terminan en el reconocimiento de los méritos y ni es una condición para su estabilidad laboral. Más vale un buen padrino que un trabajo con responsabilidad.	Todos los gobiernos que hemos tenido, por lo menos en el discurso, han hecho de la salud y la educación su quehacer fundamental, pero el resultado es que seguimos exhibiendo estadísticas deplorables, que nos ubican como el país con los índices de atraso más elevados de América Latina y lo peor es que cada día que pasa estamos perdiendo la capacidad de encontrar una salida a la eterna crisis en que vivimos.