El hacinamiento ha sido el problema histórico de estos centros, pero a ello hay que agregar los bajos presupuestos para alimentación, acceso limitado a servicios de salud y educación, la ausencia total de programas de esparcimiento y, aunque se han hecho algunas inversiones, las pésimas condiciones de la infraestructura de la mayoría de las cárceles del sistema.	En el caso de los menores privados de libertad la situación es todavía más crítica, y ello ha generado que organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos alcen su voz de denuncia en distintos foros nacionales e internacionales. Las condiciones de reclusión de estos jóvenes son precarias, dicen. Son situaciones que se generan, precisamente, por la falta de políticas públicas de corto, mediano y largo plazo que tengan como objetivo principal la rehabilitación y reinserción de los internos.	Tienen que dar el paso hacia adelante y dejar de lado las comisiones de emergencia que se nombran tras una contingencia como la registrada, y diseñar e implementar políticas públicas que lleven, en primer lugar, a instaurar la gobernabilidad en estos centros de internamiento, y aplicar los modelos de atención a estas poblaciones que ya existen y son aplicadas en otros países del mundo, con éxito. Se tienen que tomar acciones concretas y rápidas para evitar que estos hechos se vuelvan a registrar en el futuro cercano