El gobierno de los Estados Unidos anunció una nueva medida para frenar el ingreso de indocumentados centroamericanos a su territorio. La disposición manda que “las personas que lleguen a EE UU a través de la frontera terrestre sur se considerarán no elegibles para el proceso de asilo si antes de trasladarse a la frontera estadounidense no intentaron solicitar asilo en un tercer país”.	El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cree que esta disposición restringe excesivamente el derecho a solicitar asilo, amenaza el derecho a la protección contra la devolución, aumenta significativamente la carga de la prueba para los solicitantes de asilo, más allá de los estándares legales internacionales, restringe drásticamente los derechos y libertades básicos de quienes logran satisfacerla, y no está en línea con las obligaciones internacionales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) estima, por su parte, que la decisión es “eminentemente ilegal” y que con ella la “administración Trump está tratando de revertir unilateralmente el compromiso legal y moral de nuestro país para proteger a las personas que huyen del peligro”.	La situación pone a los inmigrantes en un callejón sin salida. Por un lado, viviendo en países en los que sus gobiernos siguen sin atender las prioridades de sus habitantes, y, por otro, intentando llegar a los Estados Unidos en busca del mal llamado sueño americano, que los saque del círculo de pobreza y miseria a las que les han condenado a vivir gobiernos marcados por la corrupción y la impunidad.