Más se encienden las alarmas cuando el gobierno anuncia un retroceso en el crecimiento de la economía para este y el próximo año, lo que debería obligarlos a ellos, y a todos los sectores de la sociedad, sin importar el partido político o la ideología que profesen, a definir acciones que permitan al país minimizar los impactos de la crisis que se avecina. Y aunque parezca trillado, es necesario reiterar el llamado a quienes corresponda para que identifiquen y revisen las causas por las cuales se están yendo estas empresas, pero también las políticas de seguridad para hacer frente a la creciente ola de violencia y delincuencia común que golpea a los ciudadanos de a pie; que se fortalezca la lucha contra la corrupción e impunidad y se respete la institucionalidad del Estado.	Garantizar la seguridad jurídica es vital para asegurar la inversión existente y para atraer más capital externo que tanto requiere el país para la generación de un empleo digno, que permita a los trabajadores tener acceso a los beneficios sociales que las leyes establecen, y que en los últimos años se han visto vulnerados. Porque no hay que olvidar, como lo ha planteado en uno de sus recientes artículos de opinión el exministro de Finanzas, Arturo Alvarado, que “la generación de un empleo crea oportunidades para todos y facilita que las personas puedan disfrutar de una vida decente. Pero, complementariamente, el Estado tiene que garantizar servicios básicos de calidad en seguridad, educación y salud y realizar las inversiones necesarias en infraestructura para mejorar la competitividad del país”.