Según la moción de la Fiscalía, “antes del juicio, el acusado argumentó que su declaración posterior al arresto debería ser suprimida porque el Gobierno supuestamente violó la prohibición de la regla 4.2 de comunicarse con una parte representada sobre el tema de la representación sin el consentimiento del abogado de la parte”.	“Al negar la moción del acusado, este Tribunal consideró que la regla 4.2 no se aplicaba porque el Gobierno no tenía conocimiento real de que el acusado estaba representado por un abogado en el momento de su entrevista posterior al arresto”, explica el documento de la Fiscalía para justificar su petición.