Mi buen amigo, compañero de lucha en la juventud, el brillante psiquiatra Carlos Sosa Coello, afirmaba con atinado criterio que, en nuestra Honduras, la corrupción que lacera las entrañas del pueblo tiene “nombre y apellido”, y que estas “gracias” eran conocidas por la sociedad; lo único extraño es que el pueblo prefiere hablar de estos abusos en la intimidad de sus hogares o en pequeñas tertulias de amigos, donde todos comparten su aversión por los corruptos.	Los medios de comunicación, en su mayoría, silencian sus cañones y no se unen a las denuncias por las represalias de los poderosos funcionarios y porque sus compromisos, por favores financieros recibidos del Estado, a través de jugosos contratos de publicidad, son tan grandes que abrir los espacios para denunciar la corrupción representa un suicido comercial.	Pero el silencio no solo ha sido frente a la corrupción; también se da frente a los actos de irresponsabilidad y negligencia punible, o abuso de autoridad y soberbia de aquellos funcionarios que creyéndose propietarios del universo cometen actos cuyos perjuicios llegan a provocar pérdidas multimillonarias que el estado mismo debe asumir con muchos sacrificios para el pueblo.	Hace unos tres o cuatro años, cuando el gobierno celebraba con gran fanfarria la incautación de los bienes ancestrales de una familia sampedrana, aun cuando la ley le fija fronteras al aseguramiento de bienes, la autoridad se fue por la vía del decomiso; en ese momento, unos pocos lanzamos voces al viento advirtiendo que el abuso, en la mala administración de esos activos, iba a traer graves perjuicios al mismo pueblo, cuando viniesen las contrademandas multimillonarias.