certificó los pagos a un informante que dio "excelentes resultados" en una supuesta operación de combate en la que murieron una civil indígena y una niña de 13 años. Posteriormente, un tribunal condenó a dos soldados por raptarlos de su casa, asesinarlos y ponerles armas en sus cuerpos para que parecieran ser rebeldes.	En otra incongruencia, Martínez Espinel avaló en dos ocasiones información que condujo a enfrentamientos que, según los mismos documentos, se produjeron días después. Tal fue el caso de un pago realizado el 17 de mayo de 2005 a un informante anónimo y que llevaba la firma de Martínez Espinel. El pago se refería a un combate con supuestos guerrilleros el 20 de mayo _tres días después_, en el que murió un varón no identificado _"sin nombre"_ supuestamente en posesión de una granada y una pistola.	"Hace una década, soldados en toda Colombia atrajeron a civiles a lugares remotos bajo pretextos engañosos _como promesas de trabajo_, los asesinaron, les colocaron armas en sus cuerpos sin vida y luego los reportaron como combatientes enemigos muertos en acción", aseveró José Miguel Vivanco, director del programa para América de la organización Human Rights Watch. "Uno no puede evitar preguntarse si alguna de las distinciones en sus uniformes, o los ascensos a lo largo de carreras 'exitosas', corresponde a los asesinatos de civiles inocentes cometidos hace más de una década".	Martínez Espinel dijo en un comunicado que no enfrenta investigaciones penales ni disciplinarias. Afirmó que corresponde a las autoridades judiciales determinar el valor de los documentos que llevan su firma, pero que durante su estancia en la 10ª brigada no tuvo injerencia ni responsabilidad alguna en las operaciones de combate, sino que desempeñó un papel puramente administrativo.	Vivanco dijo que no sorprende que no se investigue Martínez, dada la actitud de las autoridades de hacer la vista gorda ante la responsabilidad de los altos mandos en la ola de asesinatos. Aunque los tribunales colombianos han condenado a cientos de soldados de baja graduación por su papel en los asesinatos de "falsos positivos", hasta ahora no se ha condenado a un solo general y sólo a un puñado de coroneles. Según el derecho internacional, los comandantes pueden ser considerados responsables de crímenes cometidos por subordinados de los que tenían conocimiento o deberían haber tenido conocimiento.	informó recientemente que Martínez Espinel ordenó a sus soldados que duplicaran el número de guerrilleros izquierdistas y criminales a los que matan, capturan u obligan a rendirse en combate. Las nuevas directrices, elaboradas por escrito al inicio del mandato de Martínez Espinel como jefe del ejército en enero, suscitaron preocupación entre los oficiales no identificados citados por el Times por el mayor riesgo de que se produjeran bajas entre la población civil.	Mientras tanto, en respuesta al artículo del Times, las fuerzas armadas revocaron parte de la polémica política que exigía que los comandantes de campo se comprometieran por escrito a duplicar sus resultados operativos contra las bandas criminales y los rebeldes que han llenado el vacío dejado por un acuerdo de paz de 2016 con las