El documento establece las disposiciones y beneficios que se derivan del acuerdo entre el Ministerio Público y la persona colaboradora, con la finalidad de que quien haya participado en un hecho delictivo preste ayuda o colaboración, brindando información o evidencias para la eficacia de la investigación y persecución penal de los delitos.	En su artículo 3, el anteproyecto define al colaborador eficaz como la persona particular en libertad, investigada, procesada o condenada que, habiendo participado como autor o cómplice de un determinado hecho delictivo, transmita información o evidencias de quiénes participaron en la comisión del mismo, la forma cómo se ejecutó el delito y el funcionamiento de la estructura criminal.	El nuevo texto dispone que no aplicará este beneficio a las personas investigadas, procesadas o condenadas por los delitos de feminicidio, violación, violación especial, genocidio, tortura, asesinato u homicidio de operadores de justicia o menores de edad, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad. Tampoco procede en los casos de delitos de acción privada.	Los jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones delictivas o los funcionarios o empleados públicos solo podrán acogerse a los beneficios señalados en la normativa únicamente cuando presten información y evidencias para identificar a otras personas de igual o mayor categoría dentro de una organización o identificar a personas que presten una colaboración necesaria para los fines de la estructura criminal.