La investigación de la causa conocida como "Botín en el Registro General de la Propiedad", realizada por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), señalaba que el hermano y el hijo del presidente incurrieron en un delito de fraude al Estado participando en tres adjudicaciones irregulares por un valor equivalente a unos 26.000 dólares.