La lucha contra la corrupción y la impunidad en el país tiene en la “ley de secretos oficiales” uno de sus principales aliados, y así lo evidencia la denuncia del uso de más de 41 millones de lempiras para la compra de instrumentos musicales para nueve bandas marciales y 24 bandas de guerra de las Fuerzas Armadas, cuya información está clasificada como “secreto de Estado”, invocando motivos de seguridad nacional.	Ellos, los congresistas, sin importar su ideología, están en la obligación de dar los pasos que corresponden para transparentar el uso de los fondos públicos, teniendo como norte el principio que establece que en materia de defensa y seguridad, el secreto debe ser la excepción y no la norma en cuanto a la clasificación de información, contexto en el cual debe prevalecer que el manejo y el destino de los fondos públicos debe ser público.