Si la población tiene la impresión de que la política y el Estado no están en capacidad de asegurar las bases de la justicia social, el apoyo al sistema político desaparece y ambas cosas ponen en peligro el sistema democrático. La desigualdad social debilita la democracia. El bienestar de las naciones industrializadas se basa en el consumo masivo, pero su bienestar no puede ser asegurado a costa de otros países, a costa de la reducción de la inclusión social de países, como el nuestro, en donde ni existe Estado de derecho y la democracia es un engaño, es un sustantivo utilizado a conveniencia de quienes detentan el brutal poder económico.	De esta manera vemos con extraordinaria naturalidad como se ha expandido el capital transnacional y nacional de las franquicias de comidas y bebidas, farmacéutica, automovilística, aviación, naviera, textil, bélico, tarjetas de crédito etc. La telefonía móvil e internet han facilitado, velozmente, las operaciones financieras y comerciales. Al mismo tiempo la corrupción se ha globalizado descaradamente y en franco crecimiento con distintos grados de especialización en las instituciones gubernamentales, empresariales, políticas, religiosas, militares, policiales, sociedad civil y un largo etc. Al contrario de esos crecimientos, en Honduras la Justicia ha decrecido, es más, el Estado de derecho perdió su libertad y su jurisprudencia y la añorada de otrora vigorosa democracia está presa como una paloma blanca llena de rabia y de esperanza. La soberanía de Honduras la cedimos en bandeja de oro, entregada a intereses extranjeros y la institucionalidad completamente fracturada. El Estado hondureño está institucionalmente enfermo y sin cuidados intensivos.	Vivimos en Honduras bajo un régimen político que se basa en el sometimiento absoluto a una autoridad, llamado autoritarismo y su antídoto es la legalidad. Por lo tanto, la institucionalidad del sistema de justicia y de otras instancias han sido a propósito fracturadas en su integridad, el Estado de derecho perdió su articulación y armonía, la justicia perdió su efectividad se volvió injusta, el sistema democrático completamente despedazado y debilitado y la sociedad hondureña en toda su dimensión dividida. Es solo dar una mirada a los partidos políticos, empresa privada, iglesia, banca, universitarios, profesionales, fuerzas armadas, intelectuales, prensa, familias, cuerpo diplomático, instituciones del Estado y observaremos que todas estas instituciones están absolutamente divididos. Verdadero caos. Este régimen político basado en el autoritarismo que con alevosía, premeditación ejecutó un guion, elaborado por el poder económico transnacional y acompañado por el capital nacional, para estropear toda nuestra institucionalidad. El capital no tiene fronteras, es fiero y expansivamente destructor de las mayorías, más que demostrado en la profunda crisis económica, política y social en que vivimos. Recordemos el sufrimiento de nuestros compatriotas saliendo cada día de nuestras fronteras con las esperanzas de salvaguardar la vida y mejorar sus condiciones de vida. Don José Cecilio del Valle, cholutecano e ilustre pensador, político, economista, ganadero y agricultor decía: “Las naciones se hallan unas respecto a otras en el estado de naturaleza y la moral es el vínculo que debe unirlas. Las naciones son independientes y soberanas cualquiera que sea la extensión de su territorio o el número de sus individuos. Las naciones deben en tiempo de paz, hacer el mayor bien y en el de guerra, el menor mal posible. Una nación debe obrar con las demás como se desea se obre con ella. Una nación no tiene derecho para intervenir en los negocios de otra”. Por lo tanto es válido exigir, fuera manos extranjeras de las nuestras. Para que el sistema de justicia hondureño sea fuerte y confiable deben existir leyes sabias y funcionarios honestos y activos que las ejecuten, con la existencia de las primeras sin el concurso de los segundos, es poco lo que se puede avanzar.