Ante lo antes expuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Tortura, el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, han manifestado que las fuerzas Armadas (FFAA) no están capacitadas para realizar labores de gestión y custodia penitenciarias.	Derogar el decreto PCM-068-2019, el cual faculta a las fuerzas militares a realizar labores de administración penitenciaria por los próximos seis meses. También, tomar todas las medidas para erradicar la militarización que se ha instalado en las cárceles del país. Así como garantizar que las autoridades de carácter civil se encarguen de la administración carcelaria.	Garantizar la participación de la sociedad civil, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Esto, para responder a la gestión y administración de los centros penitenciarios. A la vez, promover la investigación y juzgamiento de los responsables de los hechos dentro de las cárceles.