El reclamo de la sociedad sobre la aplicación de ley de manera ágil e igualitaria lo encontramos evidenciado en las protestas sobre el caso de la joven ceibeña que fue violada por un grupo de jóvenes, caso que ha sacudido la conciencia colectiva, al poner nuevamente en evidencia el tema de fondo: la necesidad de fortalecer o construir un Estado de derecho.	Es necesario aclarar a qué se refiere el concepto de Estado de derecho. Se trata del sometimiento de la población –instituciones públicas y privadas, así como personas naturales– a las leyes, a la aplicación de ella de manera igualitaria e independiente, con plena observancia de los derechos humanos. Un Estado de derecho es aquel en el prevalece la legalidad, la igualdad y la transparencia en la aplicación de la ley. Ello implica el fortalecimiento de la institucionalidad, más allá de liderazgos personales, pues las personas son pasajeras y las instituciones deben prevalecer.	En los últimos días han surgido campañas de comunicación desde la sociedad civil, entre las que destaca el mensaje “No más”, relacionado directamente con los derechos de las mujeres, por ser uno de los temas más evidentes y porque las mujeres representan uno de los principales grupos vulnerables junto con los niños. Esto no significa que los derechos de los hombres, de la comunidad LGTBI y de otros grupos poblacionales no sean vulnerados. Señalar un tema no significa necesariamente que se ignoren otros, como muchos acusan, sino una respuesta de la sociedad civil ante lo que es más sensible en un momento dado.	Cuando hablamos de derechos de las mujeres, además, nos enfrentamos ante una sociedad acostumbrada a la vulneración de ellos, muchas veces permisiva, que suele justificar el abuso y la revictimización. En el caso de la campaña mencionada, las reacciones en contra de las mujeres que participan en ella, la mayoría de ellas muy jóvenes, es una muestra más de lo mucho que hay que trabajar para derribar la misoginia y el irrespeto constante.	Anhelamos que la ley se aplique de manera igualitaria y ágil, no solamente para las mujeres, sino para todos. La seguridad jurídica es sumamente relevante, hoy más que nunca. La percepción de que aquí no pasa nada para quienes cometen actos ilícitos parece ser creciente. Estamos en la tierra del “más vivo”, que no es más que una forma de catalogar a todo aquel que logra evadir las reglas, pasando por encima de los derechos de los demás, aplicable desde asuntos leves hasta los más graves.	Queremos que nadie esté por encima de la ley, no como parte de la retórica oficial, sino como una realidad palpable, que nos devuelva la esperanza en que es posible pensar en una mejor Honduras. Un país donde poner una denuncia no signifique un riesgo mayor, donde las instituciones cuenten con las herramientas necesarias y profesionales preparados para hacer valer el criterio científico por encima de las suposiciones. Una sociedad más respetuosa, menos odiosa, que privilegie el valor del ser humano, más allá del poder económico. La impunidad, hermana de la corrupción, es uno de los más grandes males que aquejan a nuestro pueblo, que muchas veces debe conformarse con la exposición pública, a través de los medios de comunicación masiva o redes sociales, como el único castigo de quienes son presuntos culpables de delitos que luego de algunos días pasan a segundo plano, sustituidos por otros nuevos.