Es uno de los hombres más jóvenes que integran la Corte Suprema de Justicia. Es originario de Lepaera, Lempira, y nació el 20 de febrero de 1972. Tiene un posgrado en Derecho Penal y Procesal Penal de la UNAH. Tiene una Maestría en Derecho Procesal Civil. Foto: Johny Magallanes / EL HERALDO.	El próximo 12 de agosto cumplimos el 50 por ciento del período, tres años con seis meses, llenos de retos, de problemas, obstáculos, pero también de satisfacciones trabajando desde ese 12 de febrero de 2016 que llegamos acá como presidente del Poder Judicial con la intención de consolidar los procesos, de corregir los errores, de solventar los problemas y lo esencial que ahí se resume todo el trabajo, en brindar una justicia pronta y de calidad.	La mora judicial que refiere a la tardanza en la resolución de miles de casos en las distintas materias, la forma en que se han seleccionado históricamente y nombrado a los funcionarios judiciales, esencialmente a los jueces y magistrados de apelaciones, el desánimo general en muchas judicaturas, la desmotivación del empleado judicial.	Hablando con la gente, motivándoles, dándoles el ejemplo. Yo les dije desde el primer día, para el caso, puede verse como un tema pequeño pero que es trascendental en el ejemplo mío, yo no voy a traer acá contratado a ningún pariente mío dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y no lo he traído, ni lo voy a traer, no voy a traer a gentes nombrándolas solo porque son amigos, eso es dar el ejemplo.	Y dar el ejemplo en materia de transparencia en el manejo de los recursos. Yo mismo les digo a los directores que tienen la obligación de manejar los recursos del Poder Judicial con honestidad y honradez, y quien no lo haga yo mismo me voy a encargar de ponerlo a disposición de los órganos de investigación, administrativo, civil y criminal.	Yo le puedo hablar hasta este día de hoy, unos 340 casos contentivos de sanciones a funcionarios judiciales de todo tipo, magistrados de apelaciones, jueces de sentencia, jueces de letras, de paz, secretarios, receptores, archiveros, conserjes, llevamos cerca de 60 casos que son contentivos de despidos en el Poder Judicial, entiendo que 20 son por abandono del cargo, que es un despido automático.	Claro, por no haberse respetado antes el Poder Judicial lleva perdidas todas las demandas antes de nuestra gestión. Los despidos que hizo el ex Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, gestión 2013-2016, han sido objetos de demandas por parte de los jueces despedidos y el 100 por ciento de casos los hemos perdido, porque los procedimientos entablados por el entonces Consejo de la Judicatura fueron erróneos y al margen de la ley. A nuestra gestión le ha tocado indemnizar a 20 jueces a un costo de 20 millones de lempiras.	Hemos analizado el Código y la conclusión que sacamos es que tiene muchísimas cosas positivas, buenas, y también tiene cosas que habría que mejorarlas. Cosas positivas: el sistema sancionatorio, me parece muy novedoso porque con el actual y los anteriores, la sanción y el castigo solo ha sido prácticamente la cárcel y en algunos otros casos la multa.	Nosotros particularmente no estamos de acuerdo y pedimos una revisión, que son las cosas que habría que atender e intentar modificarlas, el ámbito sancionatorio en la reducción de penas que se hizo en algunos delitos, en algunas tipologías del tráfico ilícito de drogas, extorsión, agresiones sexuales y corrupción, nos parece que no debió reducirse las penas.	Sí, siempre comentamos con algunos miembros del órgano legislativo la necesidad de que la vacatio legis no fuese de seis meses como se decía y resultó ser finalmente, porque los organismos de justicia con esta normativa tan importante y con tantos cambios, y de una utilidad grandísima para la sociedad, requiere el tiempo y desde el día que se aprueba y sale en el Diario Oficial La Gaceta hasta su entrada en vigor, de un espacio temporal e importante para la capacitación de los operadores de justicia.	Es la lucha constante que tenemos desde la presidencia y desde el pleno de la Corte, el que se resuelvan los casos en los plazos establecidos por la ley y en cada reunión privada y pública con los jueces, esa es la sugerencia respetuosa que se les hace, resolver a tiempo.	Algunas veces hay que entender la dilación en la resolución por la cantidad enorme que tienen los jueces en los casos, pero no debería ser una justificación plena, eso solo es una parte del problema, la otra parte es el hecho de que los actores en las partes en un proceso tienen el derecho a que resuelvan en los casos que designa la ley.	En el caso de la ex primera dama, desde el día en que el pleno resolvió las acciones de amparo y que debieron remitirse al tribunal de sentencia de donde provenía, la instrucción nuestra a la Secretaría General, que fue el siguiente canal por donde debía de pasar estas acciones de amparo, fue que eso debería certificarse de la manera más pronta posible y yo mismo veo con extrañeza que han pasado ya 45 días y no se ha enviado esa certificación y hemos reclamado nosotros mismos el porqué ha pasado tanto tiempo.	Hay que entender, en primer lugar, la complejidad de los asuntos, y lo que yo vi en los propios medios de comunicación en relación con la imputación, a los medios de prueba y a la duración de la audiencia inicial, sin duda alguna me parece un caso altamente complejo, hay prueba testifical, documental y pericial abundante, hay estudios periciales, patrimoniales, cruce de información bancaria, eso hay que entenderlo.	Para nada, en lo absoluto con el órgano legislativo y el mismo Ejecutivo, para el caso, tenemos una relación estrictamente de trabajo y en cumplimiento de lo que establece la Constitución por el principio de independencia de poderes, pero a la vez la complementariedad de los poderes. Y en los casos en los que ha habido diputados acusados, que son varios ya, la gente ha visto todo tipo de decisiones judiciales, en algunos se ha sobreseído provisionalmente, en otros definitivos y en otros hay diputados con auto de formal procesamiento. En el caso Pandora, el 95 por ciento de los imputados, incluso diputados, están procesados. No hay ninguna intención de favorecer o perjudicar a alguien por ser miembro de un partido político o de un Poder del Estado.	Dándole un análisis concreto y de fondo a esta iniciativa de la Secretaría de la OEA y del Ejecutivo en el marco de propender a una verificación de lo que han hecho y no han hecho a través de un organismo independiente, objetivo e imparcial, parece que es buen criterio y buen punto de partida en relación con el informe que ellos puedan presentar con sus conclusiones y recomendaciones.	Lo que yo sí he dicho es que el país no puede depender o estar acompañado indefinidamente, por décadas, de entidades extranjeras porque para eso somos los hondureños. Agradecemos el apoyo, el acompañamiento, pero necesitamos caminar solos, ser estrictamente soberanos, independientes y para ello necesitamos que los procesos, no solo en el tema de la aplicación de la ley penal e investigación criminal, lo hagamos nosotros los hondureños.	Lo reiteramos, deben tener una pena ejemplar, pero tanto los corruptos como los acusados por cualquier delito deben de contar con las garantías necesarias del debido proceso, del estado de inocencia, del derecho a la defensa, del principio de igualdad y legalidad en el marco de los procesos de investigación, de acusación y de judicialización, por detestable que sea un delito o una acción, si no hay debido proceso y esos otros principios no podríamos estar en presencia de un verdadero estado de derecho.