El tema migratorio lleva ya una tan larga jornada como extenso es el camino de quienes, desde el año pasado, dibujaron en su mente y anhelo el sueño americano, entregándose de lleno a una aventura cada vez de más difícil culminación, pues el muro invisible, pero real con las capturas y detenciones en ruta y en las fronteras se ha convertido en el mayor de los obstáculos para lograr lo que hasta hace poco era peligroso, aunque alcanzable.	En ese ambiente pesimista, como se refleja en la cifra de más de 400,000 hondureños detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, resalta, desde hace unos días, la buena noticia de la ampliación de la vigencia del Estatus de Protección Temporal (TPS), cuya fecha de vencimiento, 5 de enero del próximo año, ha sido cancelada con extensión de la medida beneficiosa migratoria por nueve meses, que se ampliará automáticamente. En varias ocasiones nos hemos referido al tema al señalar a miles de familias hondureñas integradas plenamente en sus vecindarios, con el pago de impuestos, trabajo fijo, hijos educados en el sistema norteamericano, sin antecedentes penales de ninguna naturaleza y con dos décadas de residencia legal en el país. Se han ganado a pulso y sacrificio la residencia permanente, que debiera no solo considerar, sino hacer realidad la administración Trump.	Porque una cosa son los señalamientos, muchísimas veces injustos, a quienes indocumentados buscan entrar y otra a los que viven con apego a las leyes, no solo los amparados en TPS, sino aquellos jóvenes “soñadores” plenamente arraigados en el país del norte y con la sola raíz en el hogar y en la nostalgia de sus padres; pero muchos de ellos sin haber vuelto a la tierra de su familia. Ya se habla de reforma y regulación migratorias para eliminar las draconianas iniciativas contra todo lo que venga del sur.	La prolongación del beneficio migratorio para los compatriotas surge de un proceso judicial y tendrá vigencia, en período de nueve meses, mientras dure el proceso judicial. Un respiro que no acaba con la inquietud de las familias hondureñas, cuyos integrantes deben atender las exigencias del Departamento de Seguridad Nacional al señalar que “emitirá un Aviso de Registro Federal aproximadamente 45 días antes del 5 de enero de 2020” para extender automáticamente la documentación relacionada con el TPS.