La Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), cuyo convenio fue firmado en Washington en enero de 2016 y que empezó a operar en abril de 2016, ha sembrado una luz de esperanza en el combate de un flagelo que le ha generado grandes daños a la sociedad. En tres años de trabajo ha investigado y presentado ante el circuito en materia de corrupción y la Corte Suprema de Justicia doce casos, y mantiene activas otras 21 líneas de investigación. Han acompañado las investigaciones y acusaciones contra los responsables del saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y llevado a los tribunales competentes a personajes que antes eran intocables y que ahora guardan prisión en espera de sentencia.	Estos han sido pasos importantes para una sociedad que por años ha visto cómo los fondos y los bienes públicos han sido manejados al libre albedrío de quienes ostentan el poder de la nación, pero son, a la vez, acciones que no gustan a quienes por años actuaron impunemente en contra del bienestar público.	La tarea de la Maccih hasta ahora no ha sido fácil. Han venido a despertar a un monstruo de mil cabezas que dormía plácidamente ante la inoperancia de los entes de investigación y de aplicación de la justicia, y son muchos los que se mueven para desacreditar esa labor y demandar que el convenio