"Sabemos que estamos en un Estado de derecho y que tenemos que esperar el fallo que sea. Si viene en contra de nosotros y recibimos un auto de formal procesamiento vamos a apelar, y si se nos da un sobreseimiento definitivo tenemos que esperar el recurso de apelación del Ministerio Público", aseguró Callejas.	Mientras la audiencia inicial contra esa Red de Diputados estaba en trámite, el Congreso modificó por adición la Ley de Presupuesto, en la que se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados, y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que hubieren manejado fondos públicos, mientras no culmine la investigación administrativa del Tribunal Superior de Cuentas.	Una vez aprobada, la enmienda adoptó la forma de decreto No.141-2017 y fue suscrito por los diputados Antonio Rivera y Sara Medina, quienes lo autorizaron en condición de presidente y secretaria de ese poder del Estado. La autorización se realizó a pesar de contener la reforma, una versión que no fue discutida, ni aprobada por el pleno, según las investigaciones.