El comisionado también encontró que "los intereses políticos partidistas fueron puestos de manera indebida en manos de la fiscal general para su consideración en el asunto", en particular que una sentencia en el juicio resultaría en la privación de lucrativos contratos gubernamentales para SNC-Lavalin, que impactaría en la pérdida de puestos de trabajo y que a su vez esto perjudicaría la candidatura a la reelección de los liberales.