Según el “Atlas de la migración en el norte de Centroamérica”, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el número de hondureños que emigró para vivir en un lugar distinto al de su nacimiento aumentó en 95% entre el año 2000 y el 2010, una tendencia que se ha mantenido en los años subsiguientes. El fenómeno migratorio en Honduras –al igual que en los demás países del Triángulo Norte Centroamericano– está directamente relacionado con factores socioeconómicos: la mayor parte de quienes migran en el país lo hacen desde zonas rurales, donde la pobreza alcanza el 82%, algo que se ve principalmente en los departamentos de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara.	La migración también está estrechamente ligado a la inseguridad y la violencia: en 2017 Honduras tuvo una tasa de 43 homicidios por cada cien mil habitantes, una de las más altas de Centroamérica, con un total de 3,791 homicidios en dicho año. Varios municipios del país muestran una correlación positiva entre expulsión y altas tasas de violencia, un patrón que se concentra en los departamentos de Copán, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara, según el estudio de la FAO “Mesoamérica en tránsito”.	Pero la migración no sólo se ve impulsada por la violencia y a la pobreza, sino también por algo fundamentalmente humano: la reunificación familiar, que no es más que el deseo sincero de los miembros de una familia de volver a estar juntos. El 8% de la población hondureña reside fuera del país y las remesas que muchos de estos migrantes envían al país representó el 20% del PIB nacional en 2016, según el “Atlas de la migración”.	La migración en el país también responde a problemas relativos a la tenencia de la tierra, el efecto del cambio climático y a problemas ambientales; los municipios que muestran una correlación positiva entre expulsión y alta vulnerabilidad ambiental se encuentran en los departamentos de Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz, Olancho, Valle y Yoro.	Si se observa la migración interna entre departamentos, se evidencia un claro proceso de emigración del campo a la ciudad: los departamentos de mayor emigración son Valle (32.3%), Santa Bárbara (31.5%), Choluteca (26.4%), El Paraíso (25.5%), Copán y Ocotepeque (22.5%). Mientras que los que más están recibiendo inmigrantes son Islas de la Bahía (43%), Cortés (25.5%), Colón (23.9%), Francisco Morazán (16.5%) y Yoro (15.7%).	Pero la migración no es sólo un asunto urgente para Honduras, se trata de un tema prioritario a nivel global. Para la FAO, la clave no es frenar la migración, sino eliminar la migración forzada y no deseada, aquella que ocurre fruto de la desesperación por causas económicas, ambientales o de seguridad.	Cambiar los patrones actuales de migración requiere invertir en la seguridad alimentaria, en el desarrollo sostenible y en la reducción de la pobreza, tal como afirma el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptada por los países miembros de Naciones Unidas, la cual está estrechamente ligada a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.	En América Latina y el Caribe, la FAO y la Cepal han creado una Alianza para la Migración y el Desarrollo de Mesoamérica, cuyo primer producto fue el “Atlas de la migración”. La Alianza ofrece apoyo e información estadística para el diseño de programas y políticas en favor de una migración segura, ordenada y regular para Centroamérica, un aspecto clave para que los países avancen hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y generen inversiones estratégicas orientadas a reducir la presión migratoria en las zonas rurales, sus principales polos de expulsión.