La preocupación de la empresa privada es, entre otras, la penalización de la empresa jurídica; la de los medios de comunicación, lo referente a las restricciones a la libre expresión y prensa; y de la sociedad en general, la reducción de penas, aunque los redactores del Código defienden los cambios y hacen sus justificaciones.	El analista político Josué Murillo hizo un llamado desde la sociedad civil para que el Poder Legislativo subsane la falta de socialización y debata con el resto de la ciudadanía interesada en combatir la corrupción desde la institucionalidad, lo que solo se puede lograr si hay leyes en consonancia con todo el movimiento anticorrupción y las iniciativas nacionales e internacionales que “coadyuvan en ese esfuerzo de dar nombre y apellido a los corruptos”.