Recientemente al director de un controvertido y sui generis programa de televisión le fue confirmada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, una condena de diez años de reclusión impuesta por un Tribunal de Sentencia de la capital por difamación, en agravio de una exfiscal del Ministerio Público, esposa de un exfuncionario de dicha dependencia estatal, cuyas incidencias, a efecto de este comentario no nos interesan, más que el de revivir el tema de la despenalización de los llamados delitos contra el honor por constituir una afrenta contra la libre expresión del pensamiento.	Anunciada en aquel momento por el exmandatario como un avance a las garantías que tutelan el ejercicio de la libertad de opinión y el acceso a la información pública. Algunos pensaron que solo buscaba fomentar el libertinaje y otorgar “perdón y olvido” a quienes criticaran a los personajes criollos y a los funcionarios de gobierno implicados por las denuncias de los medios. Ignorando que estaba orientada a homologar la legislación penal hondureña con los estándares internacionales promovidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las relatorías de derechos humanos que existen alrededor del mundo.	Desafortunadamente esta iniciativa quedo truncada cuando llegó al Congreso, pues su presidente Juan Orlando Hernández le declaro su oposición –a lo mejor de compadre hablado-- por considerarla “una aberración”, que solamente buscaba proteger a los dueños de los medios de comunicación. Y ahí quedó todo. Se impuso la tozudez y el criterio obtuso y fue archivada como tantas otras que propenden al bien común.	Al sustraerse estos delitos del ámbito penal y trasladarlos al fuero civil, como ocurre en EE. UU, estaríamos soslayando este obstáculo en el debate de los asuntos de interés público, y se evitaría las improcedentes querellas que en el pasado se han interpuesto contra distinguidos comunicadores como Roxana Guevara, Renato Alvarez, Rodrigo Wong Arévalo, y otros, en un intento de ponerles un bozal, para evitar sus denuncias ciudadanas en el ejercicio de la libertad de información y de prensa.