El CONADEH establece, en un informe que, como resultado de las quejas atendidas de la población penitenciaria y sus familiares, así como de las visitas e inspecciones constantes que realiza su personal a los centros y privados de libertad, se ha evidenciado y encontrado la persistencia de una serie de vulneraciones a los derechos humanos.	El CONADEH abogó nuevamente por una gestión penitenciaria ordenada y segura que proteja el orden interno, que brinde un trato decente y humano a las personas privadas de libertad y que asegure sus derechos humanos y proceso de rehabilitación, sin perjuicio de evitar fugas que pongan en riesgo la protección de la sociedad.	En el 2012, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos declaró al Estado hondureño de ser responsable de la violación de la obligación de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, las 107 personas privadas de libertad que perdieron la vida en el Centro Penal de San Pedro Sula.	Indicó que el Estado hondureño debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad.