Las rúbricas acompañadas de los nombres, números de identidad y huellas dactilares de las personas que respaldaron este documento se encontraban en 904 hojas debidamente foliadas, de acuerdo con la constancia de recepción de documentos firmada por el secretario del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, Moisés Ulloa y Diego Sánchez, en representación de las organizaciones que promueven el mecanismo. La proposición exige que el conjunto de normas no entre en vigor por considerar que es lesivo a los intereses de la patria.	“Las personas que apoyan esta iniciativa de ley al mismo tiempo son del criterio que se debe construir un Código Penal que sea socializado y discutido con todos los sectores, grupos, gremios y organismos a fin que puedan tener incidencia y participación en la construcción de una nueva ley congruente con la realidad nacional”, subraya parte del documento.	que se le dará trámite correspondiente a esta iniciativa, cuya documentación de respaldo se remitirá al Registro Nacional de las Personas (RNP) para que realice su verificación. Al momento que se proceda a la discusión y aprobación de esta proposición ante el pleno de diputados se deben designar a diez ciudadanos que participarán en el debate con voz, pero sin voto.	Las personas propuestas en este sentido son: Gabriela Castellanos, Suyapa Figueroa, Moisés Ulloa, Maribel Espinoza y Diego Sánchez. También, se designa para esta finalidad a Marcio Noé Silva, Waldo Rivera, Georgina Sierra, German Cálix al igual que Wilmer Vásquez. “El pueblo no quiere que entre (en vigencia) un Código Penal de la impunidad, donde se está blindando exclusivamente aquellas personas que están siendo investigadas o que fueron investigadas, que ya tienen una sentencia, pero que todavía no es firme; no es posible que el Congreso Nacional haga de oídos sordos al pueblo donde se les dice paren esa entrada en vigencia el 10 de noviembre”, señaló Castellanos en la parte final de la manifestación.