El sociólogo Eugenio Sosa nos recuerda que fue en 1991 cuando el movimiento ambientalista irrumpió para organizar un frente ecológico en rechazo a la pretensión de la multinacional Stone Container, con el beneplácito del gobierno local, de apoderarse de los bosques. Las movilizaciones lideradas por el Frente Ecológico de Honduras lograron que la Administración Callejas suspendiera las negociaciones.	A partir de ese año han ido surgiendo más movimientos en defensa de los recursos naturales de sus comunidades, adjudicados por el Estado, en su afán privatizador y bajo el modelo extractivista, a empresas privadas nacionales y extranjeras, con influyentes vinculaciones en ministerios, Congreso, que emite legislación que autoriza la destrucción ambiental, Poder Judicial que acusa y penaliza a los protestantes.	Bosques, ríos, minerales, de propiedad de la Nación, se ofrecen al mejor postor, ignorando y reprimiendo las protestas populares, en violación de sus derechos humanos. El no realizar consultas con las comunidades es la regla antes que la excepción. Tanto indígenas como mestizos, laícos y eclesiásticos, han sufrido en carne propia persecución, militarización, encarcelamiento, asesinato.	Hoy la reserva forestal de La Tigra, el pulmón verde que abastece de agua a la capital, es el caso más reciente de que el interés privado coaligado con la autoridad municipal y nacional, prevalece sobre el colectivo; la tala de centenares de árboles fue el primer paso hacia la construcción de un megaproyecto habitacional, afectando la zona protegida y de amortiguamiento de este Parque Nacional.	“Dos cosas más están claras en esta problemática. La primera... que las autoridades de la ciudad y sus ciudadanos estamos obligados a preservar nuestras principales fuentes de agua... Lo segundo, es la necesaria transparencia de nuestras autoridades en su función pública” (Editorial, Diario El Heraldo, 9 septiembre 2019, p. 22). Crecientemente, en cabildos abiertos, las comunidades adoptan la decisión, unánime o por mayoría, de rechazar los arreglos realizados en secretividad por sus alcaldes, actuales o anteriores, con las empresas mineras o de energía, siendo el caso más reciente el de Lepaterique.