Lo más grave es que estas denuncias llegan de sectores tan sensibles como el de la salud, donde, por ejemplo, recientemente se evidenció la pérdida de 2.4 millones de lempiras en reactivos vencidos en el Hospital Escuela Universitario (HEU) y se denunciaron las irregularidades en un proyecto para el mejoramiento de hospitales a nivel nacional con fondos de un organismo financiero internacional.	También las irregularidades que estarían cometiéndose en el Instituto Nacional de Migración, donde sin aparente justificación se ha iniciado la licitación para la compra de medio millón de pasaportes a pesar de la existencia de libretas en las bodegas de esa dependencia, y de los procesos en marcha para la adquisición a partir del próximo año de un pasaporte electrónico con altos estándares de seguridad; la negligencia de una constructora mexicana que dejó “a medio palo” un tramo del Canal Seco, o el descarado saqueo en los talleres mecánicos de la empresa estatal de telecomunicaciones.	Y está claro que mientras los organismos competentes no investiguen y lleven a los tribunales a los responsables del mal manejo administrativo y de corrupción en las instituciones del Estado, estos casos se seguirán presentando, ya que la impunidad prevaleciente, es sin duda, el mejor caldo de cultivo para que estas malas prácticas sigan ejecutándose a vista y paciencia de todo mundo, sin importar el daño que hacen a la ciudadanía.