El primer intento por modernizar a Bolivia e incorporar a la población indígena, que constituye 2/3 partes del total poblacional, ocurrió en 1952 con el derrocamiento del régimen oligárquico, la nacionalización del estaño, entonces la principal fuente de ingresos estatales, la reforma agraria, aboliendo el requisito del alfabetismo para ejercer el voto, lo que permitió que los aborígenes, hasta entonces viviendo en virtual servidumbre, pasaran a ser ciudadanos, bajo el liderazgo del Movimiento Nacional Revolucionario y de los mineros. Empero, “revolución que transa, revolución que muere”.	El apoyo popular hacia el MAS y a Morales fue creciendo, lo que permitió su reelección el 2010 y 2015. Empero, el 2016 el referendo para permitirle un cuarto período fue rechazado por los votantes, recurriendo entonces al Tribunal Constitucional, integrado por aliados, el que falló que sus derechos constitucionales eran vulnerados al no permitirlo la Constitución aprobada el 2009, la que incluía que este articulado era inapelable.	“La situación de Bolivia es muy similar a la de Honduras...” (“Bolivia, un mensaje para la clase política”, editorial EL HERALDO, 11/XI/2019, p. 24). Elecciones cuestionadas, suspensión del conteo de votos sin justificación y al reanudarse, declarando vencedor al candidato oficialista pese a que los resultados preliminares indicaban que Morales no alcanzó el 10% de mayoría respecto al segundo contendiente, lo que obligaba a segunda vuelta, declaratoria de la OEA que la elección, por irregular, debe repetirse, represión oficial ante las protestas, represalias por los hoy vencedores. Pongamos las y los hondureños las barbas en remojo, gobernantes y gobernados para no repetir, nuevamente, lo ocurrido en la última elección presidencial.