En ese sentido, Carlos lamentó que “la Fiscalía pareciera que al acusar por tales delitos considerados graves y con eso prácticamente el juez mandaría presos a los ciudadanos. Lo que quieren es montar un precedente contra los defensores de derechos humanos y de territorios donde se han dado concesiones para que dejen de estar luchando”.	Para el entrevistado esas acciones de las autoridades judiciales son “dañinas, porque los campesinos lo que hacen es luchar por el agua que las futuras generaciones necesitarán. “Me parece que es una fuerte violación de los derechos humanos no solo de los ciudadanos presos sino también para la población en general del sector”, aseveró del Cid.	Para Moisés, esos expedientes no debieron ser trasladados a Tegucigalpa sino ser atendidos por jueces de jurisdicción nacional por ejemplo: en juzgados de La Ceiba o en Trujillo, Colón, “pero parece que querían castigar a los compañeros para presentar un precedente de no seguir en la lucha, lo cual es una acción injusta de parte de las autoridades judiciales del Estado hondureño”, finalizó el defensor de derechos humanos.