Las autoridades no solo deben ver lo sucedido como un conato de rebelión de un grupo de agentes policiales que reclaman respeto a sus derechos humanos y laborales (según lo expuesto por ellos a la prensa) y/o producto de los intentos de desestabilización de grupos políticos opositores a la actual administración del Estado. Lo sucedido debe servir a los gobernantes para reflexionar sobre lo actuado en el ejercicio del poder y sus consecuencias para una población necesitada de atención a sus problemas más ingentes, tales como la falta de un empleo y un salario digno que les permita atender sus necesidades básicas y superar la alarmante pobreza en que viven.	Tienen que entender que la situación económica y social no es buena para todos y que ello es consecuencia de los altos índices de corrupción en el sistema público, que ha drenado miles de millones de lempiras de las arcas del Estado a bolsas de particulares; la impunidad y el irrespeto a las leyes de la república, entre otras causas. Entender, además, que el país no debe seguir siendo víctima de los niveles de incertidumbre e inseguridad que se han manifestado en las calles y asumir la responsabilidad para garantizar la seguridad ciudadana y las inversiones empresariales, así como la seguridad jurídica que tanto se demanda para atraer las inversiones nacionales y extranjeras que se requieren para generar los empleos que la población demanda.	Como lo ha expuesto la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, lo sucedido está debilitando el andamiaje social y económico del país. Nadie gana en un estado de ingobernabilidad, por lo que todos los actores de la sociedad, principalmente los políticos, deben reflexionar y aunque sea por única vez, deponer sus intereses personales y de grupo en favor de los del pueblo hondureño.