Honduras vive un estado de emergencia por la escasez del líquido y quienes más afectados se ven son las personas de los barrios marginales, que no disponen de sistemas de almacenamiento. Estos mismos vecindarios, con crisis o sin ella, forman parte de ese 35% que se abastecen de camiones que pasan dos o tres veces por semana.	Estas familias, que en su gran mayoría viven en condiciones de pobreza y de pobreza extrema, son, según se cita en estudios y estadísticas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los que pagan los precios más altos por el acceso al agua, incluso muy por arriba de los precios que pagan por el servicio que les llega por tubería a su casa a los que tienen mejores ingresos económicos y viven en zonas de alta plusvalía de la ciudad.	En las últimas décadas, el acceso de agua potable se ha convertido en un gran problema social y económico debido en parte al crecimiento de la población, lo que incrementa la demanda de agua y esta es una de las peores formas de desigualdad, ya que la carencia de este elemento esencial pone en riesgo la vida misma.	A esto también hay que agregarle la falta de conciencia de los hondureños en cuanto a la protección y cuidado del medio ambiente como la deforestación, la quema del bosque y la falta de políticas estatales que vienen siendo los factores que contribuyen a la escasez del agua, por eso es necesario que el Estado hondureño genere estrategias de conservación, uso y administración del líquido en las comunidades.