en la selección de casos en los cuales participa, sin embargo, es de público conocimiento que no existe ninguna acción judicial en los casos: caso IV Urna o Carretillazo; avión jet narco dejado abandonado en Toncontín; caso sobornos Hondutel funcionarios “a” y “b”; caso Injupemp; todos ellos del periodo 2006-2010 y que formaban parte del listado original de 12 casos que le fueron entregados.	A criterio de la Comisión ha existido una flagrante violación en la secretividad de las investigaciones que realiza la Misión, pues es de público conocimiento que sus propios voceros han revelado de forma ilegal, nombres y casos que están en procesos de investigación, al grado que se le ha entregado fotocopias de documentos relacionados con periodistas internacionales, ejemplo de ello lo que ha denunciado la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) cuando se ha revelado de manera ilegal, información bancaria de personas.	“A 4 años de funcionamiento de la Misión, los logros obtenidos y que son de público conocimiento son muy escasos, pues existe errado planteamiento de la calificación de los delitos en los requerimientos fiscales, en las peticiones que en las audiencias se formulan ante los órganos jurisdiccionales, lo que ha ocasionado violaciones del debido proceso, de	En la práctica de toda investigación se debe guardar el respeto a los investigados, la información obtenida deben utilizarse únicamente para las acusaciones, so pena de ser acusado de violación de secretos, pero la Maccih ha dado a conocer a través de los medios dicha información a través de diferentes canales.	Funcionarios de Ufecic han emitido comentarios en ruedas de prensa, que transgreden la Constitución, el Código Procesal Penal, ley del Ministerio Público, la ley de la carrera del Ministerio Público, de la creación de la Ufecic y del mismo convenio, que violan derechos de los imputados. RECOMENDACIONES del informe de la comisión	Con la finalidad de que el Poder Judicial y el Ministerio Público puedan continuar con las acciones emprendidas en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y puedan continuar con el fortalecimiento de su institucionalidad, el Congreso Nacional revise anualmente el presupuesto asignado, tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, y lo incremente en base a sus necesidades de contratación, formación de personal y fortalecimiento institucional.	Se debe fortalecer la legislación actual, al igual que los presupuestos asignados al Tribunal Superior de Cuentas a efectos de que se realicen de la forma más amplia y correcta posible las auditorías de todos los fondos públicos, manejados por las diferentes instituciones, así como que se fortalezcan los mecanismos de prevención en temas de corrupción.	A través de dicha política, se deben establecer nuevos métodos de contracción pública y certificaciones de personal, trasparencia en el manejo de los recursos públicos, políticas de prevención de corrupción e instancias administrativas de control del ejercicio de la función pública, y un nuevo mecanismo de rendición de cuentas sobre los procesos de contratación del Estado.