En Honduras se mata sin piedad y sin temor a ser juzgados por los entes persecutores competentes, es normal y repulsivamente puntual la muerte que casi siempre viene acompañada de la señora impunidad, a fin de burlarse del sistema penal y de toda la estructura del poder que asciende a un voluminoso presupuesto de la seguridad del país.	Este calvario que atravesamos los hondureños desde el 2001 y lo que va de 2019 personifica el 90% de los 299 casos de abogados y periodistas asesinados en este territorio; además, se contabiliza 154 procesos de los profesionales del derecho que fenecieron de manera violenta en el período 2002-2019 de lo que representa un 90% que se mantienen engavetados, incluso organismos internacionales registran asesinatos violentos de 75 comunicadores sociales entre el 2001 al 2018 que simboliza el 92% que siguen deambulando en el sarcófago de lo impune.	Ya es hora de un replanteamiento de políticas públicas, sobre todo en seguridad y justicia, ante este incremento alarmante de homicidios y desapariciones, esto es un reflejo de lo que está pasando en nuestra patria, donde la violencia que se ha ido explayando a sus anchas a todos los departamentos de la nación.	Vivimos en una crisis de zozobra atravesadas en una cultura crítica y miserable en materia de derechos humanos. La transformación es indispensable bajo una visión integral, que atienda no solo las manifestaciones más evidentes de la intranquilidad y terrorismo. Es urgente y decisivo defender la democracia con miras a la restauración del tejido social con base en la legalidad.	Queremos bienestar, sin embargo, no a cualquier precio y no por cualquier medio, salvo la que corresponda a un Estado de derecho, sustentado en el respeto absoluto al cumplimiento y aplicación de la ley, que se construya en un vínculo de confianza, cercanía y contribución entre autoridades y la sociedad que ya no cree en las perras de Teofilito con el propósito de dormir la siesta en sábanas de sangre	. De manera tal que podremos aspirar a construir la paz que tanto necesitamos, pero esa paz solo se puede realizar con la participación de la ciudadanía que poco articulada está en combatir este gravísimo mal que gradualmente estamos naturalizándolo; no obstante, no debemos ser apáticos e intransigentes a este fenómeno de la corrupción, empecemos entonces a generar las condiciones permanentes y no el control de armas o los discursos pletóricos de bonanza y armonía, sino que haya las condiciones reales que eviten la contingencia del delito, porque esa es la integralidad en derechos humanos y condiciones de desarrollo.