l Congreso Nacional ha estado trabajando en la elaboración de la nueva Ley Electoral con el objetivo de que entre en vigencia a partir del próximo proceso electoral, tanto para las elecciones internas como las generales. Para ir avanzando en el proceso, ya se seleccionaron los integrantes de las nuevas instituciones que surgen bajo la nueva ley, como ser el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral.	Existe un sentimiento generalizado sobre la importancia para nuestro país de que las próximas elecciones generales se desarrollen en forma transparente, en paz y armonía y que sus resultados no den lugar a nuevas disputas y controversias entre los partidos políticos, para de esta forma iniciar un proceso de reconciliación que permita que todos los hondureños nos unamos para trabajar hacia un proceso de reconversión nacional.	Por lo tanto, es de suma importancia que las instituciones que regirán el proceso se ganen la confianza y credibilidad de la ciudadanía, para que llegado el momento se pueda realizar un periodo armónico de transición hacia el nuevo gobierno que sea electo por la voluntad de los ciudadanos. Pero, pareciera que los políticos lo que desean es lo contrario. El nombramiento de los funcionarios que regirán los destinos de las nuevas instituciones electorales fue, nuevamente, producto de una repartición de cargos entre representantes de tres partidos políticos.	Por la forma en que fueron electos, lo que nuevamente se produce es una especie de sometimiento de los funcionarios hacia los partidos políticos y los caudillos que los controlan, quienes a su vez tienen sus propias ambiciones e intereses. Pareciera, y ojalá que estemos equivocados, que están preparando el camino para armar alborotos y desconocer los resultados, si no les favorecen, argumentando manipulaciones por parte de algún o algunos de estos funcionarios. El sometimiento implícito a los partidos que los nombraron se refleja en uno de los temas más debatidos entre los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, como ser quién iba a estar ostentando la presidencia en el año que se celebraran las elecciones generales.	Pero también hay otros temas importantes en los que hay que actuar, que incluyen un proceso transparente para la depuración y actualización del censo electoral y el diseño y elaboración de una nueva tarjeta de identidad. De nuevo, es vital que los funcionarios electos para administrar el Registro Nacional de las Personas actúen con imparcialidad, ética y plena transparencia, demostrando que la institución es manejada en forma profesional y técnica, sin inclinaciones partidarias.	Y agreguemos la administración de las elecciones en las mesas electorales receptoras de votos. La sociedad civil ha insistido en la ciudadanización de las mesas electorales, proponiendo que se designen personas independientes que, adecuadamente entrenadas, se desempeñen honesta y responsablemente y se cuente con veedores internacionales para fortalecer la credibilidad en la información que sale de dichas mesas.