Los padres de los estudiantes y abogados de las familias criticaron esta semana la lentitud de la fiscalía y su falta de colaboración para evitar nuevas excarcelaciones, todas producidas debido a los numerosos errores en la investigación, cuyas inconsistencias fueron evidenciadas tanto por la justicia mexicana como por investigadores de la ONU y la	Un tribunal colegiado mexicano ya había determinado en junio de 2018 que la investigación del caso “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República” (la fiscalía federal) y ordenó reponerla, lo que abría las puertas a que prosperaran la mayoría de los amparos presentados por los detenidos.	que se agilice el trabajo de la fiscalía para evitar más liberaciones, que se inicien procesos penales contra funcionarios involucrados en la obstrucción de la justicia y que se ordene al ejército que conteste las más de 100 preguntas que los abogados les han hecho y que, cinco años después de los hechos, siguen sin respuesta.	La fiscalía federal emitió un comunicado el sábado por la noche en el que se decía dispuesta a presentar “todos los recursos y las propuestas de diligencias que sean necesarias para responsabilizar a quienes, en toda esta trayectoria delictiva, han incumplido con sus funciones” pero no anunciaron la apertura de nuevos procesos.