Según el acuerdo suscrito el viernes por gobierno y oposición, el ejecutivo se comprometía a “garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública”. Y aunque las autoridades debían autorizarlas previamente, el texto aclara que no requerirían permiso previo los casos de “reunión pacífica” que no afecten la libre circulación de personas y vehículos.	“Es indignante que otra vez hoy en Nicaragua, policía y civiles violentos agredan, apresen y hieran a civiles que se manifiestan pacíficamente”, dijo el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez. “No es a unos acuerdos a los que irrespetan, sino a personas humanas; no son negociaciones las que se entorpecen sino el futuro del país”.	Los hechos del sábado fueron también condenados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que denunció en un mensaje de Twitter "la represión y detención de manifestantes en Managua" e instó al gobierno a "respetar el derecho a la protesta de los nicaragüenses y a que aclare la situación de las personas detenidas”.	"El régimen de Ortega y Murillo _indicó el informe_ ha puesto nuevamente en peligro el desarrollo de la mesa de negociación y la búsqueda de salidas pacíficas y constitucionales" a la crisis que vive el país desde hace casi un año, y donde la acción violenta de la Policía y paramilitares dejó al menos 325 muertos, 2.000 heridos y cientos de detenidos, según la CIDH.