La política fue adoptada para enfrentar el número cada vez mayor de familias procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador que llegan a la frontera de Estados Unidos con México en busca de asilo. Por orden de una corte, los menores no pueden permanecer detenidos más de 20 días, por lo que fue necesario dejar en libertad a numerosas familias casi inmediatamente después de que las detuvieran las autoridades.	La política fue adoptada en enero después de meses de delicadas conversaciones entre altos funcionarios estadounidenses y mexicanos, que culminaron con sus respectivos anuncios sobre los lineamientos generales de la medida durante una reunión en Houston en noviembre. Ambas partes la describieron como una medida unilateral del gobierno de Trump, y las autoridades mexicanas dejaron en claro que no la apoyaban.	El panel de tres jueces de la corte de apelaciones mencionó el rechazo de México al argumento de que los solicitantes de asilo corrían peligro en ese país. Los jueces dijeron que la “posibilidad de peligro se reduce en cierto modo con el compromiso del gobierno mexicano de cumplir sus obligaciones del derecho internacional y al conceder una categoría humanitaria y permisos de trabajo a los individuos regresados (de acuerdo con los Protocolos de Protección a Migrantes).