Las altas tarifas de la energía continúan siendo una de las principales cruces que tienen que cargar los hondureños, principalmente los más pobres, los que no tienen empleo o que son subempleados, las micro y pequeñas empresas. Pero también la gran empresa. Desde que entró en vigor el aumento del 10% a las tarifas de ese servicio el 1 de abril pasado, más el 18% de octubre de 2018, los abonados al servicio experimentan alzas todos los meses de manera inexplicable.	Las denuncias flotan por el aire, y no hay respuestas, más que... “Esa es su factura y tiene que pagarla”. Lo único que pueden ofrecerle es un plan de pago para que se ponga al día. Está claro que los hondureños no se niegan a pagar el (mal) servicio que reciben, pero es necesario que se hagan cobros justos, acordes a los consumos de cada uno.	Las autoridades gubernamentales están obligadas a oír esos clamores y no hacer oídos sordos -por ejemplo- a la advertencia de la Conferencia Episcopal de Honduras que, en un posicionamiento sobre la crisis del país hecho público ayer, citó que los principales problemas que más preocupan a la ciudadanía son “el alto costo de la vida, el crimen y la violencia, el desempleo (...), los problemas en las decisiones del Ejecutivo, en las crisis de empresas estatales, en los servicios de energía, agua, transporte, etc.”, y en el que también advirtió que “si cada problema deriva en conflictos como el que ahora estamos viviendo, acerca de los sistemas de salud y de educación, y si cada conflicto es manejado con la misma ineficiencia, las consecuencias pueden hundir a Honduras en una crisis muy difícil de superar”.