Por tal razón, es urgente que la clase política priorice la aprobación de reformas que lleven a la conformación de entes técnicos y administrativamente capaces de garantizar que estos procesos sean transparente y creíbles, que nadie tenga duda de la legitimidad los resultados de las próximas elecciones y con ello de las autoridades que salgan electas.	Es responsabilidad de todos, sin distingos de colores políticos. Todos deben deponer sus intereses personales y de grupo ante los intereses de una nación que demanda urgentemente la atención de los problemas de inseguridad, violencia y delincuencia, empleo y salarios dignos, servicios de salud y educación de calidad, vivienda digna y apoyo para el sector agrícola, entre otros.	Lo primero es dar pasos en firme para terminar con la politización y el nombramiento de dedo de los funcionarios de los nuevos entes electorales, así como para aprobar la normativa que deberá regir las próximas elecciones. No hacerlo es actuar en contra de un pueblo que demanda paz y desarrollo económico y social.