El 6 de abril de 2018, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) presentó un requerimiento fiscal por 600 delitos de corrupción contra los exconsejeros. Los acusados fueron Jorge Rivera Avilés, expresidente de la Corte Suprema, Teodoro Bonilla, Julio César Barahona, Liliam Maldonado, Francisco Quiroz y Celino Aguilera, a quienes se les imputó los delitos de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.	Tras la acusación, un juez Anticorrupción procesó y envió a prisión a los acusados, por el supuesto manejo irregular de fondos públicos, específicamente en lo que corresponde a la solicitud, tramitación y asignación de viáticos, a través de lo cual se habrían desviado alrededor de 13.5 millones de lempiras por concepto de giras nacionales y al extranjero.	Los jueces, además, argumentaron que el diseño constitucional de Honduras, conforme a la verificación de la transparencia, control financiero y de probidad, posee una etapa administrativa inicial, en la que todo servidor público debe poseer la oportunidad procesal y garante para poder enmendar los reparos en la ejecución de administración de bienes públicos que sean señalados por el TSC.	Esta etapa es considerada previa a la judicialización en garantía al derecho a la defensa de los encausados. Con relación al exconsejero Celino Aguilera, el proceso penal deberá continuarse por el presunto delito de falsificación de documentos privados. En su caso, la Sala Constitucional ordenó que se le mantengan las medidas sustitutivas de no salir del país, firmar cada semana y estar bajo la vigilancia de su abogado.