En la campaña que lo catapultó al triunfo electoral del 27 de octubre pasado, Fernández, jefe de gabinete de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), dos Gobiernos heterodoxos en materia económica, fue claro: Argentina debe pagar sus deudas, pero para eso debe volver a crecer. Prometió encarar una negociación tanto con los acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “amigable”, es decir, sin quitas sobre capital e intereses, pero extendiendo los plazos de vencimiento para darle así “aire” a la economía argentina, hundida en recesión desde 2018.	Sin embargo, acreedores y analistas dudan que Argentina pueda despejar su horizonte financiero sin negociar una quita, mientras otros temen un cese de pagos a la vuelta de la esquina. “El Presidente electo para conducir el país a partir del 10 de diciembre no ha diseñado o comunicado en público cuál es la hoja de ruta económica a seguir, lo que mantiene en vilo a los agentes económicos”, observó el economista Salvador Di Stefano.	“Es el primer camión que se nos viene encima. Vamos a tener vencimientos por unos 15,000 millones de dólares entre ahora y mayo del año próximo. Esto no tiene precedentes en Argentina”, advirtió días atrás el economista Guillermo Nielsen, que asesora a Fernández. Actualmente, las reservas totales rondan los 43,500 millones de dólares, pero si se descuentan el respaldo de los depósitos bancarios en dólares, el dinero depositado en organismos financieros internacionales y créditos otorgados al país, el saldo de reservas netas es, de acuerdo con cálculos diversos de consultoras privadas, de entre 7,000 y 12,000 millones de dólares. La elaboración de una propuesta de reestructuración seguramente pondrá al nuevo Gobierno en una disyuntiva: una quita elevada con menor esfuerzo fiscal, pero a costa de un humor inversor menos dispuesto a apostar por Argentina o una salida más “amigable”, sin quitas, pero con mayor ajuste fiscal y un desempeño económico más acotado e incluso negativo. EFE