Omar Rivera, director de Incidencia Política de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), lamentó que este hecho pasara “precisamente en el inicio de la gestión de la junta interventora. Esto tan solo demuestra que declarar el estado de emergencia era necesario y que se deben tomar medidas, no solamente en las cárceles de máxima seguridad, sino también en las prisiones ordinarias”.	El representante de la sociedad civil dijo que “recuperar la gobernabilidad del sistema penitenciario implica no dejar espacio alguno para la violencia en ninguno de los centros carcelarios”.Además, demandó una investigación y “deducir responsabilidad a quienes actuaron con violencia homicida”.En entrevistas anteriores, Rivera ha instado a las autoridades a tomar las medidas pertinentes para reducir la mora judicial y buscar mecanismos para descongestionar las prisiones.	Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, lamentó la matanza en el penal y se preguntó “cómo introdujeron armas y tantas municiones” en la cárcel.“Este hecho debe llamar poderosamente la atención de las autoridades, pues el decreto ejecutivo ordena que la junta debe tomar el control total del sistema penitenciario a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta; pero lo están haciendo de manera paulatina”, dijo Ayestas, además de lamentar que el Estado no resguarda la vida de los reclusos en todo el sistema penitenciario, que alberga a 22,000 presos, cuando su capacidad máxima es de 8,000, y menos de la mitad de ellos han sido sentenciados.Las autoridades deben “analizar por qué y para quién va el mensaje, quién era el objetivo o por qué se inicia la discusión en la que terminan tantas personas muertas”, añadió.