La modificación al artículo 83 de esta normativa contempla que “para efectos de determinar la forma de comunicación que se le concede a una persona privada de libertad se faculta a la Dirección Nacional establecer los criterios de clasificación del riesgo para aplicar mayor restricción a la forma de las visitas y comunicación”.	Un registro de las faltas cometidas y sanciones impuestas a todos los privados de libertad se deberá llevar en el expediente individual de los reclusos de cada establecimiento penitenciario, reflejando su comportamiento interno durante el cumplimiento de la condena o su condición de procesado, conforme al cambio propuesto al artículo 55 de la normativa.	Ahora, quienes de forma ilícita introduzcan o intenten meter en cualquier tipo de centro penal objetos prohibidos e ilegales hasta equipo o medios de telecomunicación que permitan la emisión y recepción de datos, voz o imágenes debe ser castigado con la pena de tres a cinco años de prisión, según la incorporación del literal A al artículo 61.	El cambio obedece a los recurrentes casos en donde familiares directos de privados de libertad han intentado introducir droga, incluso teléfonos satelitales en cárceles de máxima seguridad. En algunos casos, estas personas capturadas en el acto se les acusa por el delito de facilitación para medios de transporte de tráfico de drogas, cuya pena es fiable.	En otras circunstancias, los inculpados son sometidos a trabajo comunitario por la autoridad competente. Aquellos reclusos calificados como de alta peligrosidad o agresividad únicamente podrán beneficiarse de los regímenes especiales de preliberación o libertad condicional “cuando su expediente personal acredite un desarrollo positivo en los grados del Programa de Tratamiento Progresivo Individual así como una alta participación en programas productivos y de educación durante el cumplimiento de la condena”, señala el literal C que se adicionará al artículo 98 de la legislación.