Se prevé que en esta misma semana se comiencen a realizar las valoraciones del recurso contra el decreto que dio vida a Ley Especial para la Gestión, Asignación, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, más conocida como Fondo Departamental.	A través de esta norma, según la Fiscalía, nuevamente se pretende crear una nueva figura jurídica que, omitiendo las reglas de contenido esencial establecidas por la Constitución, evade el orden legal requerido por la norma fundamental para garantizar la transparencia en el gasto público, omitiendo establecer en su texto la designación de los responsables por su ejecución.	El ente fiscal cuestiona que con la puesta en marcha de ese decreto se provoca que los dineros de la hacienda pública se asignen sin determinar al funcionario responsable de los mismos, y sin establecer el proceso de contratación que se seguirá para ejecutar las obras públicas que tiene como objeto, generando un proceso de gasto no regulado en el manejo de los fondos públicos.	De acuerdo con el MP, en el texto legal del decreto legislativo 116-2019 no se define a los funcionarios responsables de ejecutar los fondos estatales, los procesos de contratación regular, emergencia o condiciones de contratación con persona determinada en los que se enmarca el gasto público pretendido, conforme manda el precepto fundamental establecido en el artículo 360 de la Constitución de la República, contraviniendo de esta forma en la integridad de su texto lo prescrito en la Constitución.	En el escrito se estableció que en el artículo 16 se exceden los límites que el artículo 222 párrafo tercero de la Constitución, que establece en cuanto al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), para conocer exclusivamente sobre el delito de enriquecimiento ilícito; brindándole una facultad excesiva para intervenir en la calificación de otros tipos penales (al no señalar el decreto esta restricción expresa).	, al establecer condiciones objetivas de procedimiento y con ello determinar reglas a la persecución penal, que modifican lo establecido tanto por el Código Penal, como por el Código Procesal Penal, sin oír previamente la opinión de la Corte Suprema de Justicia”, señala el escrito. En enero pasado, la Sala Constitucional declaró inconstitucional una polémica reforma de la Ley de Presupuesto que laceraba las acciones de investigación al MP.