Varias organizaciones atentas a la administración de la justicia y muchos profesionales del Derecho, coinciden en que este texto jurídico, aprobado a pesar de la férrea oposición en el Legislativo, tiene como propósito subrepticio proteger a los acusados por delitos de corrupción y narcotráfico, por eso les piden que detengan su entrada en vigencia.	Claro, tratándose de un documento especializado del Derecho, tiene su propio lenguaje, como lo tendría un tratado de la Construcción o de la Medicina; así que quedan intersticios, interpretaciones, que se pueden manipular fácilmente para persuadir a los no familiarizados con el tema. Ya incomodó a empresarios, periodistas, obreros, sociedad civil y a otros políticos.	Tampoco se puede demonizar la excarcelación; un principio de justicia universal señala que la reclusión debería ser el último recurso de un Estado contra quien infrinja la ley, porque la prisión no rehabilita a nadie, y se deben buscar penas alternativas para ciertos delitos. El confinamiento sería solo para quien sea muy peligroso afuera.