El Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) fue el nombre que recibió un régimen represivo aplicado en Argentina, creado secretamente durante la presidencia de Arturo Frondizi el 14 de noviembre de 1958[1]​y que se mantuvo vigente hasta el 1 de agosto de 1961,[2]​cuyo objetivo era poner fin a una serie de protestas laborales haciendo uso de la represión estatal, otorgándole, a su vez, "una amplia jurisdicción a las Fuerzas Armadas en la lucha contra los disturbios internos". Según la descripción del propio presidente, estaba destinado "a vencer la acción del terrorismo desatada para abrir la puerta a la anarquía y el golpe de Estado".[3]​ Según Esteban Pontoriero se lo puede considerar como un antecedente del terrorismo sistemático de Estado en Argentina.[4]​ Frondizi puso en vigencia el plan secretamente mediante el Decreto 9880/58 y luego de forma pública en 1960, mediante la sanción de los decretos 2628/1960 y 2639/1960.[1]​Técnicamente el plan finalizó el 1 de agosto de 1961, con la sanción del Decreto 6495/1961 que derogó los decretos 9880/1958 y 2628/1960.[2]​En reemplazo del Plan CONINTES, Frondizi elaboró un proyecto ley de Represión de las Actividades Terroristas que fue aprobado el 21 de julio de 1960, estableciendo penas más severas que las existentes hasta entonces, tras la modificación del Código Penal.[2]​
El Plan Conintes fue utilizado por el presidente Frondizi para recurrir a las Fuerzas Armadas en la represión de las huelgas y protestas obreras, las movilizaciones estudiantiles y ciudadanas en general y las acciones de sabotaje y guerrilleras de nacientes grupos guerrilleros de izquierda como también de la resistencia peronista.[5]​
Aplicando el Plan Conintes miles de personas fueron detenidas y al menos 111 fueron condenadas en juicios sumarios realizados por consejos militares de guerra. En el mismo marco, decenas de miles de trabajadores de los transportes y servicios públicos fueron incorporados forzadamente al servicio militar y puestos bajo el mando de las fuerzas armadas. También fueron intervenidos sindicatos y clausurados locales partidarios. El 12 de septiembre de 1963, el presidente de facto José María Guido dictó el Decreto Ley 7603/1963 disponiendo la amnistía para todos los detenidos y condenados por aplicación del Decreto 2628/1960 y la Ley 15.293.[6]​
En 2009, el Congreso Nacional sancionó la Ley N.º 26.564, incluyendo a las personas detenidas por aplicación del Plan Conintes en las indemnizaciones establecidas por las leyes 24.043 y 24.411, como consecuencia de actos ilegales cometidos por el Estado argentino. En 2007 y 2009, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, sancionaron sendas leyes para indemnizar a las víctimas del Plan CONINTES. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la ley fue vetada por el entonces Jefe de Gobierno de la ciudad, y luego presidente de la Nación, Mauricio Macri.