En los Estados Unidos, la revisión judicial es la capacidad de un tribunal para examinar y decidir si una ley, tratado o reglamento administrativo contradice o viola las disposiciones de la ley vigente, una Constitución Estatal o, por último la Constitución de los Estados Unidos. Si bien la Constitución de los Estados Unidos no define explícitamente un poder de revisión judicial, la autoridad para la revisión judicial en los Estados Unidos se ha deducido de la estructura, las disposiciones y la historia de la Constitución.
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Dos decisiones históricas de la Corte Suprema de los Estados Unidos sirvieron para confirmar la autoridad constitucional inferida para la revisión judicial en los Estados Unidos: en 1796, Hylton contra Estados Unidos fue el primer caso decidido por la Corte Suprema que implica un desafío directo a la constitucionalidad de una ley del Congreso, la Ley de transporte de 1794 que impuso un "impuesto de transporte".[2]​ El Tribunal se involucró en el proceso de revisión judicial al examinar el reclamo del demandante de que el impuesto de transporte era inconstitucional. Después de la revisión, la Corte Suprema decidió que la Ley de Transporte era constitucional. En 1803, Marbury contra Madison[3]​ fue el primer caso de la Corte Suprema donde la Corte afirmó su autoridad para la revisión judicial para anular una ley por inconstitucional. Al final de su opinión en esta decisión,[4]​ el presidente de la Corte Suprema, John Marshall, sostuvo que la responsabilidad del Corte Suprema de revocar la legislación inconstitucional era una consecuencia necesaria de su juramento de cargo para defender la Constitución como se indica en el Artículo Sexto de la Constitución.
Desde el año 2014, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha declarado inconstitucionales 176 leyes del Congreso de los Estados Unidos.[5]​ En el período 1960-2019, la Corte Suprema declaró inconstitucionales total o parcialmente 483 leyes.[6]​