El  concepto criminalización de la protesta social o criminalización del activismo social es utilizado por investigadores, militantes, sectores sociales, juristas y periodistas para referirse al avance que se ha dado en la aplicación del código penal, los delitos y penas que el mismo contempla, a diversas formas del activismo y de la protesta social, con el fin de debilitarla, reprimirla o desorganizarla. Esta concepción se encuentra relacionada con un debate en el seno de la sociedad, sobre los límites de los actos de protesta, las medidas de acción directa y los intereses politicos/económicos de determinados sectores. Vistos como ejercicio de libertad de asociación,  libertad de expresión y desde su reconocimiento histórico en la conquista de derechos, se encuentra confrontada directamente a su posible colisión con los derechos individuales de otras personas, los daños materiales que se pudieran ocasionar a la propiedad privada, su impacto en la constante producción capitalista y la interpelación directa al poder estatal.