La crisis política en Bolivia de 2019 o golpe de Estado en Bolivia de 2019,[n. 1]​ se produjo del 10 al 20 de noviembre de dicho año después de 21 días de protestas contra el gobierno del presidente Evo Morales, a quien un sector de la población acusaba de haber cometido un fraude electoral en las elecciones generales de octubre.
Evo Morales había anunciado por la mañana del día 10 de noviembre un llamado a nuevas elecciones, en virtud de las irregularidades denunciadas por la OEA al proceso electoral. Horas más tarde, la Central Obrera Boliviana, el sector más fuerte que apoyaba al gobierno de Morales, ante la convulsión que azotaba al país, le pidió que renunciara en caso de ser necesario,[3]​ viéndose así el gobierno privado de su mayor apoyo político. Además, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas le sugirió que renuncie, acción que el presidente tomó casi de inmediato. También renunciaron el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, entre muchos otros funcionarios del MAS, incluyendo a los gobernadores de varios departamentos, con varios de ellos citando temor por su seguridad o la de sus familias. 
Existen desacuerdos sobre la forma en que debe nombrarse a este episodio. Apoyaron la idea de definirlo como un golpe de Estado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador;[4]​ el entonces presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez;[5]​ el entonces vicepresidente de España, Pablo Iglesias Turrión; [6]​  el presidente de Argentina, Alberto Fernández,[7]​ y el Poder Legislativo de ese país;[8]​ el entonces diputado y actual presidente de Chile, Gabriel Boric, [9]​ el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega;[10]​ el de Cuba, Miguel Díaz-Canel,[11]​ el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, y las Cancillerías de Rusia[12]​ e Irán [13]​, entre otras. Coinciden en esta definición diversos expresidentes como Ollanta Humala de Perú,[14]​ Lula da Silva de Brasil,[15]​ Cristina Fernández de Kirchner de Argentina,[16]​ Ernesto Samper de Colombia,[17]​ José Luis Rodríguez Zapatero de España,[18]​ y José Mujica de Uruguay.[19]​ También concuerdan algunos politólogos, como Steven Levitsky (Universidad de Harvard),[20]​ María Victoria Murillo (Universidad de Columbia),[20]​ Andrés Malamud (Universidad de Lisboa), Juan Negri (Universidad de San Martín)[21]​. El Parlamento del Mercosur en tanto habló de «golpe cívico-militar» para referirse a lo ocurrido en Bolivia.[22]​
Otra parte de los análisis políticos han rechazado la calificación de golpe de Estado,[23]​[24]​[25]​ argumentando que fueron más bien las denuncias de fraude electoral fueron las que precipitaron la dimisión de Morales,[26]​ y que la insurrección fue de carácter popular en respuesta a tal escenario, avivadas por la represión que suscitó el propio Morales.[23]​ Manifestaron este rechazo el candidato presidencial Carlos Mesa y la oposición boliviana,[27]​ el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, el gobierno de Brasil a través de su presidente Jair Bolsonaro,[26]​ y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien indicó, en contrarrespuesta, que «en Bolivia hubo un golpe de Estado cuando Evo Morales cometió fraude electoral».[28]​ El entonces canciller de Argentina, Jorge Faurie, declaró públicamente el 11 de noviembre que «hay un vacío de poder» y que «no están los elementos para describir esto como un Golpe de Estado».[29]​ Al respecto, la Organización de los Estados Americanos, a través de 15 de sus miembros (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Venezuela de Juan Guaidó), evitaron calificar de golpe lo sucedido en Bolivia,[28]​[30]​[31]​ y la Unión Europea, a través de una votación en la Eurocámara, rechazaron llamarle golpe de estado, con resultado de 234 votos en contra, 41 a favor y 88 abstenciones.[32]​ También algunos politólogos, como Eduardo Gamarra (Universidad de Pittsburgh), Escribà Folch (Universidad Pompeu Fabra) y Fabián Harari (Universidad de Buenos Aires), señalan que no hubo golpe.[23]​[24]​[33]​
El 11 de noviembre el canciller de México Marcelo Ebrard, en nombre del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que Evo Morales había aceptado la propuesta de asilo político que López Obrador le había ofrecido horas posteriores a sugerencia de renuncia a la presidencia de Bolivia;[34]​ permitiendo la salida del país del presidente. Se registraron daños a la vivienda de Evo Morales,[35]​ así como de sus familiares y políticos aliados.[36]​
En ausencia del presidente y del vicepresidente, el día 12 de noviembre, la entonces segunda vicepresidenta de la cámara de senadores Jeanine Áñez se autoproclamó presidenta del Estado en medio de una sesión legislativa sin quórum. Algo no previsto en el orden constitucional pero que fue avalado por un comunicado del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia.[37]​[38]​ El día 20 de noviembre de 2019, diputados del partido MAS presentaron un proyecto de ley excepcional para las elecciones nacionales y subnacionales ante la cámara de Senadores, hecho que, según algunos medios, representó un reconocimiento de la gestión transitoria de Jeanine Áñez, conforme a la siguiente cita en el documento: «La investidura de la actual Presidenta del Estado, Jeanine Añez, surge de la sucesión constitucional, determinando como objetivo principal de su mandato, la convocatoria a elecciones generales del país, configurando inequívocamente su razón de legitimidad en el cumplimiento de este cometido, inexcusable por su naturaleza transitoria».[39]​
El 4 de diciembre de 2019, la OEA publicó su informe final relacionado con las elecciones del 20 de octubre, detallando lo que llamaron tácticas "deliberadas" y "maliciosas" para arreglar esas elecciones a favor del presidente Evo Morales.[40]​[41]​ Dos análisis independientes posteriores de los datos electorales de distintas fuentes criticaron el informe de la OEA. El Center for Economic and Policy Research (CEPR), un think tank con sede en Washington D.C., acusó a la OEA de cometer un "error básico de codificación" que dio lugar a lo que parecían ser cambios inexplicables de tendencia en sus análisis.[42]​ La OEA, aunque intentó defender sus resultados, fue condenada fuertemente por su proceder por medios como el New York Times y diversos investigadores, entre los que destaca un equipo del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT). [43]​ [44]​[45]​[46]​
Entre los hechos represivos que desembocaron a causa de esta crisis destacan las masacres de Sacaba y Senkata, catalogadas como tales por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En agosto de 2021, un informe encargado por la OEA y realizado por expertos independientes en derechos humanos concluyó que el camino del gobierno de Añez hacia el poder vino acompañado de "irregularidades" y graves abusos de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.[47]​[48]​[49]​
El 12 de marzo de 2021, la Fiscalía de Bolivia ordenó la detención Jeanine Áñez y varios de sus ministros acusados de los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, debido a su participación en los hechos de 2019, a los que la institución calificó como «golpe de Estado».[50]​[51]​