El privilegio de pobreza o beneficio de asistencia jurídica (BAJ), es un beneficio establecido por la ley chilena para las personas de escasos recursos que les permite acceder gratuitamente a los servicios judiciales, a la atención letrada realizada por los abogados y a los servicios prestados por los demás órganos judiciales.[1]​
El privilegio de pobreza es una manifestación del Derecho a la defensa jurídica y del Principio de subsidiariedad del Estado.