La justicia comunitaria es una modalidad de administración de justicia que se constituye con el conjunto de instituciones y procedimientos mediante los cuales un grupo social tramita sus conflictos de manera acorde con su identidad, independientemente del sistema jurídico estatal (ARDILA, 2012).
Para que haya justicia comunitaria es necesario que haya administración de justicia y que haya comunidad. Si falta alguna de las dos, estaremos frente a otro tipo de situación. No será administración de justicia si se gestionan conflictos sin procedimientos y normas derivados del ámbito social específico. No contemplará la comunidad si el ámbito social en el que se inscribe la gestión no considera dinámicas de identidad y pertenencia. 
En Bolivia y algunos otros países andinos, se denomina justicia comunitaria a instituciones de derecho consuetudinario mediante las cuales se sancionan conductas que se entienden reprobables y se gestionan conflictos con capacidad regulativa en un ámbito social comunitario, sin la intervención del Estado ni su burocracia. 
Según Ermo Quisbert,[1]​ la justicia comunitaria es un sistema autogestionado, dado que los propios participantes implantan las normas que se les aplican. Es además consensual, ya que no se rige por el principio de mayoría sino por el de consenso.
Vulgar y mediaticamente la justicia comunitaria se confunde con el linchamiento. El linchamiento no es justicia ni es comunitaria. No tiene procedimientos para la toma de decisión (administración de justicia) ni se soporta en las normas comunitarias. En realidad son actos contra la justicia comunitaria porque desconocen también la institucionalidad comunitaria para la administración de justicia.