El paternalismo es la tendencia a aplicar las normas de autoridad o protección tradicionalmente asignadas al padre de familia a otros ámbitos de relaciones sociales tales como la política y el mundo laboral. Su aplicación conlleva una reducción de la libertad y autonomía de la persona o grupo sujeto a trato paternalista, y la justificación utilizada es la protección de la persona o grupo frente al posible daño que esa persona o grupo pudiera causarse a sí mismo en caso de disponer de mayor autonomía y libertad.
Para el Derecho constitucional, el Estado paternalista es aquel que limita la libertad individual de sus ciudadanos con base en ciertos valores que fundamentan la imposición estatal. De esta manera, se justifica la invasión de la parcela correspondiente a la autonomía individual por parte de la norma jurídica, basándose en la incapacidad no real o ineptitud de los ciudadanos para tomar determinadas decisiones que el Estado considera correctas. Ejemplos de estas normas paternalistas serían la obligación que tienen los conductores y ocupantes de vehículos de llevar abrochado su cinturón de seguridad o las leyes que penalizan el consumo de drogas.
El Código Civil español, en su artículo 1903, exonera de la responsabilidad civil extracontractual a las personas que hubiesen actuado con la diligencia de un buen padre de familia, constituyendo esta diligencia en un paradigma jurídico o un concepto jurídico indeterminado que ha de ser apreciado por los tribunales en cada caso concreto.