El secuestro del presupuesto es una disposición de la ley de los Estados Unidos que causa una reducción general en ciertos tipos de gastos incluidos en el presupuesto federal de los Estados Unidos. El secuestro implica establecer un límite máximo en la cantidad de gasto público dentro de categorías ampliamente definidas; Si el Congreso promulga    un Proyecto de ley de apropiación anual que excede estos límites, se impone automáticamente un recorte general de gastos en estas categorías, afectando a todos los departamentos y programas en un porcentaje igual. El monto que excede el límite presupuestario es retenido por el Tesoro y no se transfiere a las agencias especificadas en las facturas de apropiación.[1]​ La palabra secuestro derivó de Secuestro (ley), un término jurídico que se refiere a la incautación de bienes por un agente del tribunal, para evitar su destrucción o daño, mientras que cualquier disputa sobre dicha propiedad se resuelve en los tribunales. 
El término "secuestro de presupuesto" se usó por primera vez para describir un procedimiento de aplicación de la Ley de Control Equilibrado del Presupuesto y el Déficit de Emergencia de 1985 (BBEDCA) diseñado para mantener los déficits federales por debajo del límite de nivel máximo. Las tapas duras fueron abandonadas y reemplazadas por un Sistema de reparto (PAYGO) en la Ley de Ejecución Presupuestaria de 1990, que estuvo vigente hasta 2002. El secuestro se incluyó posteriormente como parte de la Ley de Control Presupuestario de 2011, que resolvió la crisis del techo de deuda de Estados Unidos de 2011; el proyecto de ley estableció un comité selecto conjunto del Congreso de los Estados Unidos para la reducción del déficit e incluyó el secuestro como un desincentivo para ser activado solo si el Congreso no aprobaba la legislación de reducción del déficit. Sin embargo, el comité no llegó a un acuerdo sobre ningún plan, activando el plan de secuestro. El secuestro entró en vigor el 1 de enero de 2013 y se consideró parte del abismo fiscal, pero la Ley de Ayuda al contribuyente estadounidense de 2012 lo retrasó hasta el 1 de marzo de ese año.