El archivero judicial es un funcionario público perteneciente al Poder Judicial de Chile que tiene el carácter de ministro de fe pública y está encargado de custodiar los expedientes civiles, criminales y arbitrales, libros copiadores de sentencias y protocolos de escrituras públicas otorgadas en el territorio jurisdiccional respectivo, junto con dar a las partes interesadas los testimonios que de ello pidieren.[1]​[2]​

Los notarios deben entregar al archivero judicial correspondiente los protocolos que mantuvieren a su cargo y que tengan más de un año desde su fecha de cierre, junto con los índices de las escrituras públicas que tengan más de 10 años.[3]​ Luego, transcurridos 80 años, todo registro es trasladado desde el archivo judicial al Archivo Nacional, excepto los registros de las regiones extremas (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes), que deben ingresar al transcurrir 30 años.[4]​