La legaltech (en español, tecnología jurídica o tecnología al servicio del derecho[1]​), noción salida del inglés : Legal Technology, hace referencia al uso de la tecnología y de softwares para ofrecer servicios jurídicos. Según sus defensores, el término designa las tecnologías que permiten la automatización de un servicio jurídico, que esto sea al nivel del apoyo (el documento), del proceso (el procedimiento) o de la relación con los profesionales del derecho. Más específicamente, el profesor BARRIO ANDRÉS[2]​ distingue siete modalidades principales de aplicaciones y empresas Legal Tech: productos de asesoramiento legal automatizado para los ciudadanos (automated legal advice products); marketplaces o plataformas de encuentro entre clientes y abogados; empresas de externalización del trabajo jurídico para los despachos y departamentos jurídicos (legal process outsourcing); automatización documental; herramientas de e-discovery y revisión de documentos; análisis predictivo de casos; y plataformas e-Learning.
Por su parte, GONZÁLEZ-ESPEJO, MARIA JESÚS [3]​ distingue los tipos de herramientas en función del público al que están dirigidas y distingue así entre: Legal Tech B2B, B2C, B2G, G2B y G2C. Además, afirma: «No hay aún consenso entre la doctrina sobre cómo debe definirse la LegalTech. El debate se centra en lo que incluye y no incluye y, lo origina la existencia de otros conceptos con los que las fronteras está difusas como son los de  Fintech, Insurtech, y Regtech[1], así como el carácter novedoso de estas materias.  La realidad es que no existe consenso en cuanto al tipo de desarrollos que encajarían en cada una de estas categorías y que cuando revisamos las definiciones, observamos que más que pretenderse delimitar realidades, se busca parcelar campos, limitando el de las legaltech al de las startups que ofrecen tecnología para prestar servicios legales. Si diéramos esta definición por buena, quedarían en consecuencia encuadradas fuera de ella por ejemplo, soluciones desarrolladas por las administraciones públicas para prestar al ciudadano servicios de naturaleza jurídica o las que se dirigen a ayudar al profesional jurídico en ciertas tareas como la comunicación con los órganos judiciales o las que mejoran la gestión de las organizaciones, como los software de gestión financiera, documental o de clientes, que no han desarrollado startups, sino editoriales jurídicas que son grandes corporaciones con años de experiencia a sus espaldas y que, en consecuencia, poco o nada se parecen a una startup. Por ello, nosotros optamos por una definición más amplia del término, entendiendo que es LegalTech: La tecnología en la que el componente legal es crítico, sirve para prestar un servicio de naturaleza legal o bien presta servicios de cualquier naturaleza al colectivo de profesionales jurídicos.
Es importante además tener en cuenta que el término LegalTech no puede entenderse disociado del concepto “innovación legal”, entendiendo por tal, la solución de problemas o retos jurídicos a través de la creatividad. Para que una solución informática pueda calificarse de LegalTech debe tener carácter innovador, es decir, aportar soluciones creativas a problemas existentes o retos que van surgiendo como consecuencia del nacimiento de nuevos modelos económicos o nuevas necesidades de la sociedad.»