"Escándalos de ventas de armas en Estados Unidos a cárteles mexicanos" también conocido como "Escándalo de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)", o "Dejando las armas caminar", fue un conjunto de tácticas del gobierno de Barack Obama y del Departamento de Estado cuyos memorandos de procedimientos de ventas de armas fueron firmados por Hillary Clinton, y que por medio de la Oficina de Campo de Arizona de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (siglas ATF en inglés), desarrollaron una serie de controvertidas operaciones sin la aprobación y el conocimiento del gobierno mexicano, siendo la "Operación Rápido y furioso" entre las más conocidas[1]​[2]​ entre 2006 y 2011[3]​[4]​ en el área de Tucson y Phoenix, donde la ATF " deliberadamente permitió a comerciantes de armas de fuego con licencia vender armas a compradores ilegales, con la  "esperanza" de rastrear las armas de fuego que llegarían a los líderes de los cárteles de drogas mexicanos y arrestarlos.[5]​ Estas operaciones se realizaron bajo el paraguas del Project Gunrunner, un proyecto destinado a contener el flujo de armas de fuego en México por la interdicción de los contrabandistas y los traficantes de armas en los Estados Unidos.[6]​ El caso Chambers se inició en octubre de 2009, y con el tiempo llegó a ser conocido en febrero de 2010 como "Operación Rápido y Furioso" luego de que agentes descubrieron que algunos de los sospechosos de la investigación pertenecían a un club de coches.[7]​
Ellos afirmaron que el objetivo de permitir que estas compras fueran realizadas era para continuar con el seguimiento de las armas de fuego, ya que fueran trasladadas a los traficantes de alto nivel y figuras clave de los carteles mexicanos, con la expectativa de que esto daría lugar a su detención y el desmantelamiento de los cárteles.[5]​[8]​[9]​ La táctica fue interrogada durante las operaciones por un número de personas, incluyendo a los agentes de campo de la ATF y vendedores de armas con licencia.[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​ Durante la Operación Rápido y Furioso, no se pudo rastrear efectivamente la cantidad de armas que fueron directamente a los criminales en México, el ATF monitorizó la venta de alrededor de 2000[7]​[15]​ armas de fuego, de los cuales sólo se recuperaron 710.[7]​ Un número de compradores contrabandistas han sido detenidos y acusados. Sin embargo, a partir de octubre de 2011, ninguna de las figuras clave de los carteles de alto nivel habían sido detenidos.[5]​
Algunas de las armas rastreadas por la ATF han sido encontradas en escenas del crimen en ambos lados de la frontera México - Estados Unidos, y la escena en la que el agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos Brian Terry fuera asesinado en diciembre de 2010. Precisamente las operaciones se hicieron públicas a raíz del asesinato de Terry.[1]​ Fuertes críticas a los agentes de la ATF se presentaron ante el Congreso en respuesta.[16]​[17]​ De acuerdo con Humberto Benítez Treviño, el exprocurador general de México y presidente del comité de justicia en el Cámara de Diputados, las armas de fuego relacionadas se han encontrado en numerosas escenas del crimen en México, donde fueron mutilados y asesinados.[18]​ Las revelaciones de la operación provocaron controversia en ambos países, y las relaciones diplomáticas fueron dañadas.[1]​
Como resultado de una disputa por la liberación de documentos relacionados con el escándalo del Departamento de Justicia, el procurador general de los Estados Unidos Eric Holder se convirtió en el primer miembro del Consejo de Ministros de los Estados Unidos que se celebrará en desacato al Congreso el 28 de junio de 2012.[19]​[20]​ A principios de ese mismo mes, el Presidente Barack Obama había invocado el privilegio ejecutivo por primera vez en su presidencia debido a estos documentos.[21]​[22]​