El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa, por su acrónimo) fue un fondo de contingencia creado en 1990 por el gobierno mexicano en conjunto con la totalidad de los partidos políticos en aquel entonces, a fin de enfrentar posibles problemas financieros extraordinarios. En diciembre de 1998 fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).[1]​[2]​
Con el antecedente de sucesivas crisis económicas que, entre otros efectos, llevaba a la falta de liquidez del sistema bancario, en 1990 se creó el Fobaproa. Ante posibles crisis financieras que propiciaron la insolvencia de los bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos, se esperaba que el Fobaproa asumiría las carteras vencidas y capitalizaría a las instituciones financieras. Durante la crisis económica en México de 1994 y los años siguientes, el Fobaproa, su concepción, implementación y principales beneficiarios se convirtieron en uno de los temas más polémicos de la política mexicana, debido al endeudamiento estatal a largo plazo y donde las empresas beneficiadas eran allegadas a la cúpula política del país y están ligadas a polémicas de corrupción. El 55% de la deuda cubierta por el fondo estuvo destinada a empresarios y banqueros prominentes, que salieron de la crisis amasando grandes fortunas. Las más importantes controversias que se produjeron en torno al Fobaproa ocurrieron cuando personajes de las cúpulas empresariales ingresaron deudas de sus negocios a la cartera vencida que rescató el gobierno para que fuera éste quien las liquidara.[3]​