La consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña[1]​ (en catalán: consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya;[2]​ en gascón, también llamado aranés: consulta populara non de referendum sus eth futur politic de Catalonha),[3]​ conocida por el numerónimo 9N,[4]​ fue una consulta convocada para el 9 de noviembre de 2014 y cuyo objeto de consulta era conocer la opinión de los ciudadanos catalanes sobre si la comunidad autónoma de Cataluña debería ser un Estado y si ese Estado debería ser independiente. Fue convocada a raíz de un acuerdo entre la mayoría de los partidos políticos con representación en el Parlamento de Cataluña,[nota 1]​ después de varios años de grandes movilizaciones sociales en favor de su realización por una parte de la ciudadanía catalana.
El proceso fue suspendido de forma cautelar el 29 de septiembre del mismo año, tras la aceptación a trámite de los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno de España, presentados ante el Tribunal Constitucional, del decreto de convocatoria de la consulta y de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana en la que esta se ampara. El 14 de octubre, ante la situación de la suspensión, Artur Mas anunció que la consulta no se celebraría en los términos previstos y que en su lugar convocaría una consulta alternativa.[5]​ Finalmente, las dos primeras frases del artículo 3.3[nota 2]​ y los apartados 4 a 9 del art. 16[nota 3]​ de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, así como la convocatoria de dicha consulta, fueron declarados inconstitucionales por la Sentencia 31/2015, de 25 de febrero de 2015, de la Corte constitucional.[6]​

