El principio pro homine o pro personae o pro persona, es un relevante criterio interpretativo que establece que toda autoridad perteneciente al poder judicial, legislativo o ejecutivo[1]​ debe aplicar la norma[2]​ o la interpretación[3]​ más favorable a la persona[4]​ o a la comunidad, en toda emisión de actos, resoluciones o normas que traten o en que se considere la protección o la limitación de Derechos Humanos,[5]​ la cual debe ser la más amplia en el primer caso o la menos restrictiva, en el segundo.