El principio de inexcusabilidad es un principio general del derecho que garantiza la tutela jurisdiccional efectiva, imponiendo a los tribunales de justicia la incapacidad de excusarse del conocimiento de un cierto asunto, bajo el pretexto de no existir norma jurídica que permita resolver el asunto.
En el ordenamiento jurídico chileno, dicho principio se encuentra positivizado en la Constitución Política de Chile, específicamente en el artículo n° 76, inciso segundo, el cual señala que "reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión."[1]​ y en el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, el cual señala que "Los tribunales no podrán ejercer su ministerio, sino a petición de parte, salvo los casos en que la ley lo faculte para proceder de oficio. Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aún por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión."[2]​
Es por el deber obligatorio de un juez de fallar que se consagran otras vías de resolución de casos en la eventualidad de lagunas legales. En este contexto, el juez está facultado a utilizar las otras fuentes formales del derecho, tales como los principios generales del derecho, la equidad, doctrina de autores y la jurisprudencia, entre otros.[3]​
El principio de inexcusabilidad del juez, supone la concurrencia de dos condiciones: que la intervención del Tribunal será reclamada en forma legal y en asuntos sometidos a su competencia, de suerte que, al Tribunal como el supremo guardián de la Constitución, le corresponderá mantener su integridad.[4]​