Este artículo explica una de las jurisdicciones del sistema legal de Colombia, conocida como la Justicia de Paz, establecida por la Carta Política del país en 1991, como mecanismo alternativo y comunitario de resolución de conflictos. Dicha constitución establece en su artículo 116 que “Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurado puntos de s en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determina la ley”.[1]​ Esto significa que en Colombia los ciudadanos, cumpliendo unas formalidades, pueden llegar a ser administradores de la justicia, tal como lo es un juez de la república.