En Colombia, la Constitución Política de 1991[1]​ produjo un nuevo ordenamiento jurídico colombiano, convirtiéndose en un Estado Social y Democrático de Derecho el cual trae un amplio catálogo de derechos y libertades fundamentales que no pueden ser quebrantados. De este modo, se generó un cambio trascendental de la Constitución de Colombia de 1886 a la Constitución de 1991, se pasa de un Estado confesional a un Estado pluralista donde a las “autoridades públicas les queda vedado consagrar una religión oficial o establecer la preeminencia jurídica de ciertos credos religiosos” (Corte Suprema de Justicia, Radicado  89841).[2]​[3]​
El nuevo texto de la Constitución de 1991, consagra la libertad de culto en el artículo 19[4]​ y la libertad de conciencia en el artículo 18;[5]​ por su parte, los artículos 13 y 24[5]​ hacen referencia en general al respeto del derecho de libertad religiosa y prohíben la discriminación por motivos de religión.
La Ley Estatutaria 133 de 1994,[6]​ desarrolló el derecho fundamental y constitucional de libertad religiosa convirtiéndose a la fecha, como la máxima expresión de identificación del umbral de protección sumado a la interpretación de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia.