Se denomina actuación de oficio a un trámite o diligencia administrativa o judicial que se inicia sin necesidad de actividad de parte interesada, es decir, no es a instancia de parte. Entre otros:

Cuando la policía conoce un hecho constitutivo de delito y decide iniciar una investigación criminal o cuando el juez o el ministerio público comienzan un proceso de instrucción, investigación o sumario, sin necesidad de denuncia o querella. Véase Derecho procesal penal.
Cuando el juez ordena un trámite, propone una prueba o aplica un razonamiento jurídico que no ha sido solicitado, aportado o invocado por una de las partes. La posibilidad de actuación de oficio está regulada por ley, y es generalmente diversa entre el Derecho penal y el Derecho civil. Véase Principios formativos del proceso.Estas actuaciones se caracterizan porque:

Las realiza un organismo público.
Las realiza, en el ámbito de sus competencias, sin que nadie haya solicitado previamente su actuación.
En la mayoría de los casos son una potestad del organismo público. Es decir, no solo pueden hacerlo (un derecho), sino que están obligados a ello (un deber).