El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) (En portugués: Tribunal de Contas da União) es una institución brasileña prevista en la Constitución Federal para ejercer la fiscalización contable, financiera, presupuestaria, operacional y patrimonial de la Unión y de las entidades de la administración directa y administración indirecta, en cuanto a la legalidad, a la legitimidad y a la economicidad y la fiscalización de la aplicación de las subvenciones y de la renuncia de recetas.[1]​ Auxilia el Congreso Nacional en la planificación fiscal y presupuestario anual. 
Tanto persona física cuánto persona jurídica, sea de derecho público o derecho privado, que utilice, recaude, guarde, gestione o administre dineros, bienes y valores públicos o por los cuales la Unión responda, o que, en nombre de esta, asuma obligaciones de naturaleza pecuniária tiene el deber de prestar cuentas al TCU. Conforme el art. 71 de la Constitución Federal el Tribunal de Cuentas de la Unión es una institución con autonomía administrativa, financiera y presupuestaria. 
La comprensión mayoritaria en el mundo jurídico es en el sentido del tribunal no estar conectado directamente a ningún poder, lo que hace con que sea un órgano independiente. Su independencia es comparada a la del Ministerio Público, un órgano que no está conectado a ningún poder y ejerce su función constitucional.[2]​ Sin embargo, ese no es un tema pacífico, y algunos pocos autores entienden que el Tribunal de Cuentas es un órgano integrante del Poder Legislativo.[3]​