Política identitaria, o política de identidad, es un enfoque y análisis político basado en la priorización, por parte de las personas, de los aspectos más relevantes de su particular identidad racial, religiosa, étnica, sexual, social cultural u otra, y formando alianzas políticas exclusivas con otros de este grupo identitario, en vez de involucrarse en políticas de partido más amplias y tradicionales.[1]​ Quienes priorizan su tipo particular de política de identidad puede promover los intereses de su grupo sin consideración por los intereses de diversos grupos políticos más grandes y diversos que se basan más bien en una ideología común.[2]​
En uso académico, el término política identitaria se ha usado para referirse a una gama ancha de actividades políticas y análisis teóricos arraigado en experiencias de injusticia compartida por distintos grupos sociales. En este uso, la política identitaria típicamente apunta a reclamar mayor autodeterminación y libertad política para grupos marginados a través del entendimiento de la naturaleza distintiva de cada grupo de interés y desafiando caracterizaciones impuestas por terceros, en vez de organizarse alrededor de ideologías o afiliaciones de partido.[3]​ La identidad está utilizada "como una herramienta para justificar reclamaciones políticas, promover ideologías políticas, o estimular y orientar acción social y política, normalmente en un contexto más grande de desigualdad o injusticia y con el objetivo de afirmar la unicidad y pertenencia al grupo, así como ganar poder y reconocimiento."[4]​
El término política identitaria ha estado en uso en el idioma inglés en varias formas desde los años sesenta o setenta, pero ha sido en ocasiones aplicado con significados radicalmente diferentes por distintos grupos.[5]​[6]​ Ha ganado vigencia con la aparición de movimientos sociales como el movimiento feminista, el movimiento de derechos civil en los EE. UU., el movimiento LGBTQ, así como movimientos nacionalista y postcolonial.[4]​
Los ejemplos incluyen políticas identitarias basadas en edad, religión, clase social, profesión, cultura, lengua, discapacidad, educación, raza o etnicidad, lengua, sexo, identidad de género, ocupación, orientación sexual, población urbano o rural, y veteranía.

