La inmunidad cualificada (en inglés: qualified immunity) es una doctrina legal del derecho estadounidense que protege a los oficiales del gobierno de ser demandados por cualquier acción discrecional llevada a cabo durante el ejercicio de sus funciones, a menos que su conducta viole leyes federales o derechos constitucionales «claramente establecidos».[1]​ De esta forma la inmunidad cualificada protege a los oficiales que «toman decisiones razonables, pero erróneas, respecto a interrogantes jurídicas»,[2]​ pero no ampara «la incompetencia o a aquellos que saben que están violando la ley».[3]​
La Corte Suprema de los Estados Unidos estableció la inmunidad cualificada en 1967 con la intención de proteger a los agentes de la ley de tener que afrontar demandas y el pago de indemnizaciones en los casos en que hayan actuado de buena fe en situaciones en que no esté claro que su conducta esté apegada a la ley.[4]​[5]​ A partir de 2005 los tribunales empezaron a aplicar frecuentemente esta doctrina en casos de brutalidad policial en que se hacía uso excesivo de la fuerza, llegando hasta casos que provocaban la muerte. Esto derivó en críticas que declaraban que la inmunidad cualificada «se ha convertido en una herramienta casi infalible para dejar impune la brutalidad policial y para negarle a las víctimas sus derechos constitucionales».