 Proceso: Gestión Contractual Código: CO-P01-F67 Versión: 04 ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR CONTRATACIÓN DIRECTA Vigencia desde: 17/02/2023 	
Página 1 de 13 	
 DEPENDENCIA SOLICITANTE Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente CIUDAD Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS Bogotá D.C., febrero de 2023 PRESUPUESTO ESTIMADO: PRESUPUESTO ESTIMADO: SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($64.000.000,00) M/CTE incluido IVA y demás  TIPO DE CONTRATO Prestación de Servicios Profesionales x Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión   1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  La Defensoría del Pueblo es la institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional y de los colombianos en el exterior, en el marco del Estado Social de Derecho Democrático, Participativo y Pluralista, mediante las siguientes acciones integradas: promover, ejercer, y divulgar los derechos humanos; proteger y defender los derechos humanos y prevenir sus violaciones; fomentar la observancia del derecho internacional humanitario; atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos, y; proveer el acceso a la administración de justicia, en los casos señalados en la Ley.  La Constitución Política de 1991 en sus artículos 281 a 284 otorgó a la Defensoría del Pueblo autonomía administrativa y presupuestal y la instituyó como uno de los organismos de control que conforman el Ministerio Público. Su organización, estructura y funcionamiento está regulado por la Ley 24 de 1992, el Decreto 025 de 2014 y demás normas que la complementan, adicionan o modifican.  La finalidad del ente Defensorial es la protección de los derechos humanos y de las libertades de todas las personas frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas, irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares. La Defensoría del Pueblo se instituye, entonces, como el organismo tutelar de los derechos y garantías de los habitantes del territorio nacional como de los colombianos residentes en el exterior.  La Constitución Política de Colombia en su artículo 282 establece que el Defensor del Pueblo, velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones:  1. Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de carácter privado. 2. Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para su enseñanza. 3. Invocar el derecho de hábeas corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados. 4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley. 5. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia. 6. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. 7. Rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones. 8. Las demás que determine la ley.  Mediante el Decreto 025 de 2014, se modificó modificó la estructura orgánica de la Defensoría del Pueblo estableciendo su organización y funcionamiento.  Ahora bien, conforme al artículo 2 de la resolución 1362 de 2017 por la cual se “Dictan algunas disposiciones respecto al funcionamiento de la Defensoría Delegada para los 
 Proceso: Gestión Contractual Código: CO-P01-F67 Versión: 04 ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR CONTRATACIÓN DIRECTA Vigencia desde: 17/02/2023 	
Página 2 de 13 	
Derechos Colectivos y del Ambiente”, se establecieron las siguientes funciones:   1. Cumplir las órdenes de los operadores judiciales cuando se requieran en las providencias judiciales e impartir los lineamientos a las Defensorías Regionales, y otras dependencias, cuando sea necesario, para acatar dichos mandamientos. 2. Formular propuestas, en coordinación con las dependencias competentes, para la celebración de convenios, proyectos, acuerdos, memorandos de entendimiento, entre otros, con entidades, organizaciones u órganos nacionales e internacionales, que contribuyan a la efectividad de los derechos colectivos. 3. Celebrar audiencias defensoriales en las que se divulgan las resoluciones e informes y se hacen visibles las problemáticas y las recomendaciones para superarlas. 4. Incidir para que las políticas públicas se diseñen y gestionen, de conformidad con las obligaciones del Estado relativas a los derechos objeto de estudio y efectuar recomendaciones orientadas a su respecto, protección y realización efectiva. 5. Asesorar al Defensor del Pueblo en la prestación de propuestas legislativas relacionadas con los derechos colectivos. 6. Diseñar e implementar estrategias de promoción y divulgación que permitan la difusión de los derechos colectivos y sus mecanismos de protección. 7. Actuar en los espacios de participación y divulgación que permitan la difusión de los derechos colectivos y sus mecanismos de protección. 8. Prestar asesoría a las Regionales para el acompañamiento a colectivos y organizaciones para la exigibilidad de sus derechos, la promoción del desarrollo de políticas públicas, planes o programas para su protección y el fortalecimiento de sus procesos de participación. 9. Desarrollar las funciones asignadas a la Defensoría del Pueblo por mandato legal, que guarden relación con la naturaleza de la Delegada. 10. Suministrar los insumos técnico-jurídicos, necesarios para atender las acciones constitucionales y legales, que ejerzan contra la Entidad.  El ordenamiento jurídico colombiano prevé normas encaminadas a regular las actividades humanas para proteger el medio ambiente y la naturaleza, por ello se considera que la Constitución Política de Colombia es eminentemente ecológica, lo cual se evidencia en los siguientes articulados:  - Art. 8 Obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación  - Art. 49 Saneamiento ambiental  - Art. 58 Función ecológica de la propiedad  - Art. 66 Créditos agropecuarios por calamidad ambiental  - Art. 67 La educación para la protección del ambiente  - Art. 79 Derecho a un ambiente sano y participación en las decisiones ambientales  - Art. 80 Desarrollo Sostenible, planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales  - Art. 81 Prohibición de ingresar desechos tóxicos y residuos peligrosos  - Art. 82 Deber de proteger los recursos culturales y naturales del país - Art. 215 Emergencia por perturbación o amenaza del orden ecológico  - Art.226 Internacionalización de las relaciones ecológicas,  - Art.268-7 Fiscalización de los recursos naturales y del ambiente  - Art.277-4 Defensa del ambiente como función del Procurador  - Art.282-5 Defensor del Pueblo y la protección del ambiente  - Art.289 Programas de cooperación e integración en zonas fronterizas para la preservación del ambiente. - Art. 300-2 Asambleas Departamentales y medio ambiente  - Art. 301 Departamentos: atender los recursos naturales y las circunstancias ecológicas  - Art. 310 Control de densidad en San Andrés y Providencia con el fin de preservar el ambiente y los recursos naturales - Art. 313-9 Concejos Municipales y patrimonio ecológico  
 Proceso: Gestión Contractual Código: CO-P01-F67 Versión: 04 ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR CONTRATACIÓN DIRECTA Vigencia desde: 17/02/2023 	
Página 3 de 13 	
- Art. 317 Contribución de valorización para conservación del ambiente y los recursos naturales - Art. 330-5 Territorios indígenas y preservación de los recursos naturales  - Art. 331 Corporación del Río Grande de la Magdalena y preservación del ambiente  - Art. 332 Dominio del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables  - Art. 333 Limitaciones a la libertad económica por razones del medio ambiente  - Art. 334 Intervención estatal para la preservación de los recursos naturales y de un ambiente sano  - Art. 339 Política ambiental en el Plan Nacional de Desarrollo - Art. 340 Representación de los sectores ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación  - Art. 366 Solución de necesidades del saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del Estado  Conforme lo enunciado, la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente de la Defensoría del Pueblo se encarga de impulsar la efectividad de los derechos colectivos de los habitantes en el territorio nacional, actuando ante situaciones que los amenacen o vulneren, efectuando recomendaciones a las autoridades y los particulares, realizando estudios pertinentes e incidiendo en políticas públicas, acompañando a las comunidades ante instancias tanto extrajudiciales como judiciales así como también en los espacios institucionales para la defensa o protección de sus derechos o incluso en el seguimiento a fallos relacionados con estos derechos. Igualmente se encarga de la promoción y divulgación de los mismos para que también sean protegidos y reclamados por la comunidad en general.  Entre los derechos colectivos se encuentran el goce de un ambiente sano, el equilibrio ecológico, la seguridad alimentaria, la gestión del riesgo y la prevención de desastres, el acceso a la prestación de los servicios públicos, a la salubridad pública, al espacio público, la moralidad administrativa entre otros, y se erigen como base y soporte para el desarrollo de los demás derechos humanos de la población.  Por otra parte, es claro que a lo largo del territorio nacional existe un deterioro ambiental causado por el uso insostenible de recursos naturales y la mala gestión ambiental del territorio, producido entre otras causas por el uso de recursos hidrocarburíferos y mineros, esta situación ha generado que la población haga uso de los mecanismos de control administrativo y judicial para reivindicar los derechos que se consideran vulnerados.  Como resultado en la actualidad existe una proliferación de fallos judiciales que buscan la protección de los derechos colectivos, en este sentido la Defensoría del Pueblo en cumplimiento de su mandato esta llamada a hacer el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las órdenes contenidas en las decisiones judiciales, lo cual, para el caso de los derechos colectivos está contemplado en el parágrafo del artículo 34 de la Ley 472 de 1998 que reza: “… En dicho término el juez conservará la competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo…”(subrayado fuera de texto original).  Así mismo, la Delegada participa, conoce y acompaña multiplicidad de situaciones de conflictividad socio ambiental a lo largo del territorio nacional, las cuales generalmente se encuentran en concurrencia con los escenarios más álgidos de conflicto armado interno que son también los territorios con mayor biodiversidad del país. Allí entonces la población vulnerable en general no resulta únicamente sobre los derechos 
 Proceso: Gestión Contractual Código: CO-P01-F67 Versión: 04 ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR CONTRATACIÓN DIRECTA Vigencia desde: 17/02/2023 	
Página 4 de 13 	
fundamentales de primera categoría, sino que se entiende una interdependencia y conexidad con los derechos colectivos.  Estas situaciones además han sido evidenciadas por los trabajos de investigación, eventos de promoción y divulgación, acompañamiento y publicaciones adelantados desde la Delegada para los derechos colectivos y del Ambiente, así como los distintos fallos judiciales en los cuales se ha involucrado a la Defensoría del Pueblo como verificador de su cumplimiento, como acompañante del proceso e incluso como coadyuvante para la interposición de acción jurídicas en defensa de los DDHH, tal es el caso de las sentencias T 622 – 2016, T 361 de 2017, T 733 de 2017 entre otras, obligaciones las cuales para ser atendidas requieren de conocimientos técnicos en la materia y además, respecto de algunas de estas problemáticas socioambientales, se espera un tratamiento diferenciado en línea con el propósito del cierre de la frontera agrícola que incorporan los acuerdos de paz.  Conforme lo expuesto, en la actualidad estas problemáticas son gestionadas y analizadas según los resultados técnicos definidos por las autoridades ambientales en el marco de la elaboración de los términos de referencia e incluso de la elaboración y presentación de los estudios de impacto ambiental presentados por los particulares, los cuales se valen de consideraciones objetivas producto del muestreo en aire, suelo y agua, lo cual resulta determinante para establecer la relación entre el deterioro ambiental y el goce efectivo de los DDHH de las comunidades en zonas de influencia de proyectos, planes, programas y obras en general del país.  Los resultados técnicos que sirven de base para la aproximación a las problemáticas ambientales (que incluyen datos sobre muestreos) deben ser analizados para evidenciar, no sólo el cumplimiento del mandato legal de quien realiza la actividad o es titular de la autorización administrativa que le permite el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales, sino también porque los mismos se traducen en insumos (conceptos técnicos, recomendaciones, etc…)  Ahora bien, la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente cuenta en la actualidad con equipo multidisciplinario en las diferentes áreas del derecho y de la líneas técnicas relacionadas con asuntos ambientales, sin embargo teniendo en cuenta que las afectaciones ambientales se producen por causas diversas, se requiere contar con otro profesional para asesorar y coadyuvar en el seguimiento a problemáticas socioambientales ocasionadas por el mala gestión de recursos hidrocarburíferos y mineros que inciden de manera negativa en el ejercicio de los mencionados derechos y por lo tanto impidan su efectividad.  Por lo expuesto anteriormente y con el fin de articular las obligaciones enunciadas, se requiere de un profesional en ingeniería ambiental, de minas o petróleos, para que de manera articulada con los fines y directrices de la Defensoría del Pueblo tengan como propósito asesorar desde el componente técnico los procesos relacionados con actividades de extracción y transporte de recursos hidrocarburíferos y mineros que puedan vulnerar derechos colectivos y del ambiente de la población en general.   Que, en este sentido, la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, no cuenta con personal de planta suficiente para desarrollar todas las actividades antes descritas, por lo que se hace necesario contratar los servicios profesionales de un profesional en ingeniería ambiental, de minas o petróleos para el cumplimiento del objeto.  Es necesario precisar que las obligaciones de apoyo derivadas del desarrollo del objeto que se quiere contratar no desnaturalizan la figura del contrato de prestación de servicios profesionales toda vez que estas tienden a satisfacer las necesidades de la entidad en su gestión administrativa y funcional, de conformidad con lo establecido en la Sentencia de Unificación: CE SIII E 41719 de 2013.  
 Proceso: Gestión Contractual Código: CO-P01-F67 Versión: 04 ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR CONTRATACIÓN DIRECTA Vigencia desde: 17/02/2023 	
Página 5 de 13 	
 La presente contratación se encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones de la Entidad vigencia 2023.  2. OBJETO A CONTRATAR  Prestar sus servicios profesionales, para asesorar desde el componente técnico los procesos relacionados con actividades de extracción y transporte de recursos hidrocarburíferos y mineros que puedan vulnerar derechos colectivos y del ambiente de la población en general.   3. OBLIGACIONES  3.1. Obligaciones Específicas y Generales del Contratista  1. Asesorar a la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente desde el componente técnico en los asuntos relacionados con recursos de minas e hidrocarburos de minas que incidan con el goce efectivo de los derechos colectivos y del ambiente. 2. Proyectar conceptos técnicos relacionados con el uso e impacto de recursos hidrocarburíferos y de minas en el marco de las ordenes contenidas en fallos judiciales y problemáticas socioambientales. 3. Revisar desde el componente técnico los instrumentos ambientales a que haya lugar en seguimiento a las órdenes judiciales y problemáticas socioambientales asociadas a recursos hidrocarburíferos y de minas. 4. Realizar recomendaciones a los proyectos de ley, políticas públicas o planes de trabajo propuestos por sectores públicos y privados asociados al uso y manejo recursos hidrocarburíferos y de minas que incidan en la protección y goce de los derechos colectivos. 5. Proyectar respuestas a las solicitudes, quejas, consultas y peticiones relacionadas con problemáticas socioambientales sobre recursos hidrocarburíferos y de minas elevadas por instituciones administrativas, autoridades ambientales, población vulnerable o comunidades en general asignadas por el supervisor del contrato. 6. Acompañar desde el componente técnico a las comunidades y población en general en  los procesos de prevención y vulneración de los derechos colectivos asociadas con el manejo de recursos hidrocarburíferos y mineros. 7. Participar en la reuniones, actividades y mesas de trabajo convocadas por la supervisión contractual. 8. Coadyuvar el seguimiento a las problemáticas socioambientales asociadas con recursos hidrocarburíferos y mineros identificados por la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente. 9. Guardar la debida confidencialidad respecto de la documentación y trámites realizados en cumplimiento del objeto del contrato, entendida por tal, no solo no hacer pública dicha información sino además su adecuada manipulación. 10. Acreditar una cuenta corriente o de ahorros con base en el listado de bancos y corporaciones que para tal efecto tiene la Subdirección Financiera de la Defensoría del Pueblo, para realizar el pago acordado en el contrato. 11. Diligenciar y suscribir junto con el supervisor del contrato, el formulario de Calificación de Contratistas (CO-P03-F69) al finalizar su ejecución, así como en los casos de terminación anticipada o cesión de contrato. 12. Remitir a la Subdirección de Gestión del Talento Humano - área de SST copia del certificado de aptitud medica de ingreso vigente al correo sst@defensoria.edu.co 13. Asistir al curso de inducción virtual en Seguridad y Salud en el trabajo para contratistas, en el campus virtual de la Defensoría del Pueblo, https://campusvirtual.defensoria.gov.co/course/view.php?id=84 dentro de los 15 días calendario siguientes a la suscripción del contrato. 
 Proceso: Gestión Contractual Código: CO-P01-F67 Versión: 04 ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR CONTRATACIÓN DIRECTA Vigencia desde: 17/02/2023 	
Página 6 de 13 	
14. Cumplir con las políticas del sistema integrado de gestión y de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de La DEFENSORÍA, así como adoptar lo definido en las disposiciones legales y la normativa interna de la Entidad para la contratación en cumplimiento del SG-SST. 15. Acreditar el cumplimiento integral de los Requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Contratación, así como el cumplimiento de la legislación en SG-SST aplicable a la naturaleza de las actividades contractuales y a permitir el seguimiento, evaluación y control del grado de cumplimiento de estos, sin que, en virtud de lo anterior, se cree relación laboral alguna entre la Defensoría del Pueblo y los contratistas, lo anterior de conformidad con el Manual de SG-SST que para tal fin disponga la Defensoría. 16. Acreditar el cumplimiento integral de los Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental y la legislación asociada. 17. Para los correspondientes pagos se deberá enviar y publicar en la plataforma del SECOP II el formulario de Informe de Contratistas (Descargable del Mapa de Procesos de la Entidad) y los documentos requeridos. 18. Enviar mensualmente a través de la plataforma del SECOP II, copia de los comprobantes de pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, que serán verificados por el Supervisor del contrato, los cuales deberán liquidarse con base en los honorarios mensuales pactados. 19. Mantener durante la ejecución del contrato, actualizada la información que deba ser registrada en el portal SIGEP. 20. Publicar en la plataforma del SECOP II el informe final de las actividades ejecutadas. 21. Responder, cuando haya lugar a ello, por los elementos devolutivos que le sean asignados para el desarrollo de sus actividades y hacer entrega de los mismos, al momento de la terminación del contrato al Supervisor del contrato. 22. Entregar a la finalización del contrato y mediante inventario, los documentos de archivo físicos y electrónicos que se encuentren en equipos de cómputo, sistemas de información, medios portátiles de almacenamiento y en general en cualquier dispositivo o medio electrónico. El Supervisor efectuará la verificación respectiva y dejará constancia del recibido a satisfacción en el informe final. 23. Elaborar los informes que le sean solicitados por el supervisor del contrato en el tiempo y condiciones en que los mismos sean requeridos. 24. Cumplir con las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del contrato.  3.1. Obligaciones de la Defensoría del Pueblo  1. Garantizar la apropiación de los recursos económicos para la ejecución del Contrato. 2. Ejercer la supervisión del Contrato. 3. Realizar en la forma y condiciones pactadas el desembolso de las sumas señaladas acordadas como valor del contrato. 4. Las demás que se desprendan de la naturaleza del Contrato.  4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN  La Defensoría del Pueblo realizará la presente contratación teniendo en cuenta los siguientes fundamentos:  El numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, define entre las modalidades de contratos estatales el de prestación de servicios; y a su vez la Ley 1150 de 2007, por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en  la Ley 80 de 1993, establece en su artículo segundo, numeral 4º como modalidad de selección la contratación directa cuando se trate de: "h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales".  
 Proceso: Gestión Contractual Código: CO-P01-F67 Versión: 04 ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR CONTRATACIÓN DIRECTA Vigencia desde: 17/02/2023 	
Página 7 de 13 	
A su vez el Decreto 1082 del 2015 articulo 2.2.1.2.1.4.9, reitera la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, como una causal para utilizar esta modalidad, en el entendido de que los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría.   “Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.  Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales... ()”  En suma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, se define el contrato de prestación de servicios como los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las mismas.  Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no pueden realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados.  En el numeral primero de los presentes estudios, se describe con suficiencia la necesidad que tiene la entidad de contar con un profesional que brinde sus conocimientos y habilidades para desarrollar actividades intelectuales que no desarrolla el personal de planta, bien sea por insuficiencia de estos o por la especialidad de los conocimientos requeridos.  Por lo anterior, la selección del contratista se realiza en atención a la idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto contractual, haciendo viable la contratación directa de prestación de servicios profesionales.  5. ANÁLISIS DEL SECTOR  La Defensoría del Pueblo luego de conocer su necesidad y de identificar los servicios profesionales o de apoyo a la gestión para satisfacerla, analizó el sector o mercado al cual pertenecen tales servicios, en consecuencia, realiza el análisis correspondiente.  A. Aspectos Generales  “La Defensoría del Pueblo, como institución del Estado colombiano responsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos en el marco del Estado Social de Derecho, y en sintonía con los derechos humanos colectivos es consciente de que la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo son elementos que influyen en el contexto en el que se desarrollan sus actividades, por tal razón, ha establecido un sistema integrado de gestión para el adecuado direccionamiento de sus procesos y evidencia su compromiso a través de:  • El cumplimiento con los requisitos de los usuarios de los servicios prestados por la entidad. • El cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos aplicables relacionados con la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. • Proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud de los trabajadores. 
 Proceso: Gestión Contractual Código: CO-P01-F67 Versión: 04 ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR CONTRATACIÓN DIRECTA Vigencia desde: 17/02/2023 	
Página 8 de 13 	
• Eliminando los peligros y mitigar los riesgos que generan incidentes, enfermedades laborales y accidentes de trabajo. • La identificación continua de las amenazas y situaciones de emergencias, implementando mecanismos de control y programas de intervención. • Favoreciendo un ambiente participativo permitiendo la consulta y participación de los empleados públicos, contratistas, subcontratistas, y demás interesados, con el fin de fomentar su calidad de vida laboral. • La protección del medio ambiente, prevención, mitigación y control de la contaminación y sus riesgos derivados. • La revisión, evaluación y verificación de las acciones generadas para el mejoramiento continuo de su Sistema Integrado de Gestión.  La Defensoría del Pueblo se compromete a impulsar entre todos los empleados públicos, contratistas, subcontratistas, y demás partes interesadas el cumplimiento de esta política a través de su comunicación”.1  B. Estudio de la Oferta  ¿Quién vende?   En el mercado de profesionales estos servicios son prestados generalmente por personas naturales que cuentan con un título profesional en ingeniería ambiental, de petróleos o minas, con experiencia en actividades hidrocarburíferos y de minas.   C. Estudio de la Demanda  ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este servicio?  Analizado el antecedente de vigencias anteriores de los contratos suscritos a través de la modalidad de contratación directa de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, se relacionan a continuación las siguientes contrataciones las cuales fueron consultadas a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co   No. Contrato Objeto Plazo de ejecución Honorarios 421 - 2020 Prestar sus servicios profesionales, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa para asesorar y emitir conceptos técnicos en los asuntos relacionados con afectaciones ambientales asociadas con el uso de recursos hidrocarburíferos y mineros en el marco del ejercicio efectivo de los derechos colectivos de las víctimas del conflicto armado, población vulnerable y comunidades en general  2 meses  $ 7.000.000 
125-2021 Prestar sus servicios profesionales, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa para asesorar y emitir conceptos técnicos en los asuntos relacionados con afectaciones ambientales asociadas con el uso de recursos hidrocarburíferos y mineros en el marco del ejercicio efectivo de los derechos colectivos de las víctimas del conflicto armado, población vulnerable y comunidades en general 10 meses $8.000.000    ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este servicio?  No. Contrato Entidad Objeto Plazo de ejecución  Honorarios       Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera (VSCSM) de la ANM, en 10 meses    	1 Política Integrada – Defensoría del Pueblo – Manual del Sistema Integrado de Gestión Institucional. 
 Proceso: Gestión Contractual Código: CO-P01-F67 Versión: 04 ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR CONTRATACIÓN DIRECTA Vigencia desde: 17/02/2023 	
Página 9 de 13 	
 SGR-66-19  Agencia Nacional de Minería  el análisis, seguimiento y consolidación de la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones ambientales de los titulares mineros y apoyar la coordinación que ello requiera con las autoridades e instituciones ambientales competentes, estructurando los informes o documentos que se desprendan de dicha actividad.    $7.249.661    SGR-523-19    Agencia Nacional de Minería  Prestar los servicios profesionales de asesoría jurídica a las actividades de fiscalización minera, mediante  la consolidación de reportes, elaboración de informes de avance, seguimiento de indicadores y del plan operativo anual y atención a temas transversales que requieran asesoría legal. (1023)  10 meses     $9.000.000  D. Conclusión  Analizado el sector para la contratación de este servicio, lo establecido en la  resolución 1814 de 2022 “Por la cual se definen los lineamientos para la fijación de honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”, expedida por la Defensoría del Pueblo, el objeto contractual y las actividades a ejecutar, podemos concluir que los honorarios se pueden asignar en la suma de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000), con un plazo de ejecución de 8 meses.  6. El VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO  El valor del contrato, teniendo en cuenta el análisis del sector realizado, lo establecido en la  resolución 1814 de 2022 “Por la cual se definen los lineamientos para la fijación de honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”, expedida por la Defensoría del Pueblo, el objeto contractual y las actividades a ejecutar será hasta por la suma de SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($64.000.000), incluido el valor del IVA y demás impuestos a que haya lugar.  El valor del contrato se encuentra respaldado por el certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Subdirección Financiera de la Entidad, conforme a la siguiente información:  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NÚMERO DE CDP VALOR DEL CDP FECHA DEL CDP POSICION CATALOGO DE GASTO 32923 85.000.000 18-01-2023 C-2502-1000-25-0-2502002-02   7. FORMA DE PAGO  La Defensoría del Pueblo pagará al contratista por conducto de la Subdirección Financiera, de conformidad a lo establecido en la Resolución 1814 de 2022, honorarios mensuales equivalentes a 189 UVT, las cuales corresponden a la suma de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar.   Lo anterior, teniendo en cuenta el valor definido por la DIAN para la UVT del año 2023, el cual corresponde a la suma de CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($42.412), en virtud a lo señalado en la tabla de honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, establecida mediante la Resolución 1814 de 2022, expedida por la Defensoría del Pueblo.  En todo caso el primer pago se liquidará y pagará a partir de la suscripción del acta de inicio que será publicada en el SECOP II.  
 Proceso: Gestión Contractual Código: CO-P01-F67 Versión: 04 ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR CONTRATACIÓN DIRECTA Vigencia desde: 17/02/2023 	
Página 10 de 13 	
El pago está sujeto a la presentación de la factura o cuenta de cobro, declaración juramentada de Seguridad Social, soportes de pago de seguridad social del periodo inmediatamente anterior, formato para pago de contratistas, informe de ejecución con sus soportes y el informe de supervisión, donde se evidencie el cumplimiento a satisfacción.  Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos, de tal manera que la Defensoría del Pueblo no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda presentarse en dichos pagos y por lo tanto el contratista cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir como justificación alguna para su no realización, demora en el pago.  Nota: En concordancia con lo dispuesto en el parágrafo tercero de la Resolución 1814 de 2022, el valor mensual de los honorarios se ajustó al cien mil ($100.000) más cercano, por defecto.  8. CRITERIO DE SELECCIÓN  De acuerdo con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, para la contratación directa, la selección de la persona natural o jurídica se realiza en atención a su idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto contractual.  La Entidad considera que, de acuerdo con el objeto y las obligaciones a realizar mediante el contrato a suscribirse, el contratista debe ser una persona natural, que cuente con la idoneidad y la experiencia requerida.  Por lo anterior, de conformidad con lo señalado en la Resolución 1814 de 2022, “por medio de la cual se definen los lineamientos para la fijación de honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión”, se tendrá en cuenta lo siguiente:   CATEGORÍA  NIVEL REQUISITO HONORARIOS MENSUALES EN UVT  CATERGORÍA III – SERVICIOS ESPECIALIZADOS   2 TP+E+37-48 ME DESDE HASTA 158 197   Por esta razón el profesional a contratarse deberá cumplir con los siguientes requisitos para acreditar la idoneidad y experiencia:  • Título Profesional: en ingeniería ambiental, minas o petróleos.  • Postgrado: En la modalidad de especialización en en ingeniería de telecomunicaciones, petróleo o gestión de proyectos.  • Experiencia: Relacionada de 45 meses.  Para efectos de establecer el cumplimiento de los criterios de selección se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo quinto de la Resolución 1814 de 2022 de la Defensoría del Pueblo.       
 Proceso: Gestión Contractual Código: CO-P01-F67 Versión: 04 ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR CONTRATACIÓN DIRECTA Vigencia desde: 17/02/2023 	
Página 11 de 13 	
9. ANÁLISIS DE RIESGO  N Clase Fuente Etapa Tipo Descripción Consecuencia de la ocurrencia del evento Probabilidad Impacto Valoración Categoría ¿A quién se le asigna? Tratamiento / Control a ser implementado Impacto después del tratamiento ¿Afecta la ejecución del contrato? Responsable por implementar el tratamiento Fecha estimada en que se inicia el tratamiento Fecha estimada en que se completa el tratamiento Monitoreo y revisión Probabilidad Impacto Valoración  Categoría 
¿Cómo se realiza el monitoreo? Periodicidad 
1 General Externo Selección Operacional El posible contratista no aporta la documentación requerida para ser contratado o no cumple con los requisitos legales o los solicitados por la Entidad para ser contratado Retraso en la satisfacción de las necesidades  2 2 4 Bajo Posible contratista / Delegada Colectivos Se establece un plazo para que entregue la documentación, si no lo realiza la Entidad procederá a verificar otra hoja de vida. 1 1 2 Bajo No Delegada Colectivos Antes de realizar la solicitud de contratación  Cuando se realiza la radicación de la solicitud de contratación Verificación de los documentos contenidos en la lista de chequeo Antes de radicar la solicitud de contratación 
2 General Externo Ejecución Operacional Retiro voluntario por parte del contratista. Retraso en la satisfacción de las necesidades 2 3 5 Medio Contratista Solicitud de cesión del contrato o una nueva contratación. 1 1 2 Bajo SI Supervisor Una vez sea radicada al supervisor la solicitud de terminación del contrato por parte del contratista Con la suscripción de la cesión o del nuevo contrato Con la radicación de la solicitud al Grupo de Contratación Una vez suceda el hecho 
3 General Interno Ejecución Operacional Uso indebido de Información reservada conforme a la ley Filtración de información relevante 4 4 8 Extremo Entidad / Contratista Iniciar el procedimiento de imposición de sanciones o reportar a las autoridades competentes 3 2 5 Medio SI Entidad / Supervisor Una vez conocido el hecho Una vez se tenga el resultado de la sanción o del reporte de las autoridades Con informes que permitan observar el seguimiento a las actuaciones realizadas Quincenal 
4 General Externo Ejecución Regulatorio Cambios en la normatividad contractual, presupuestal o relacionada con el desarrollo del contrato y las condiciones pactadas en él que puedan afectarlo. Incremento en los costos 3 2 5 Medio Contratista Deberán ser asumidos por el contratista. 1 1 2 Bajo NO Entidad / Contratista  Desde el inicio de actividades Liquidación del contrato Mediante la presentación de informes Mensual 
5 General Interno Ejecución Operacional Modificación de los productos u obligaciones inicialmente previstos o su alcance. Retraso en la ejecución del contrato 2 2 4 Bajo Entidad Solicitar las modificaciones respectivas. Deberá ser asumido por el contratista, siempre y cuando dichos cambios no generen gastos adicionales 1 1 2 Bajo SI Supervisor Desde el inicio de actividades Liquidación del contrato Observación del avance y cumplimiento del contrato. Mensual 
6 General Interno Ejecución Operacional Mayor cantidad de actividades que se deban adelantar en la ejecución del contrato  Dedicar mayor tiempo para el cumplimiento del objeto contractual 2 2 4 Bajo Contratista Ejercer controles para el seguimiento a las actividades contratadas 1 1 2 Bajo SI Supervisor Desde el inicio de actividades Liquidación del contrato Observación y valoración del avance y cumplimiento del contrato Mensual 
7 General Interno Ejecución Operacional Efectos causados por los conceptos emitidos y las asesorías prestadas. Deficiencia en la prestación de los servicios  2 2 4 Bajo Contratista Imposición de sanciones. 1 1 2 Bajo NO Supervisor Desde el inicio de actividades Hasta la fase de liquidación del contrato Revisando el avance del monitoreo definido en la Matriz de Riesgos Durante la ejecución del contrato. 
8 Específico Interno Ejecución Operacional Contagio de enfermedades que puedan generar incapacidad, por el desarrollo de actividades en terreno. Retraso del contrato 3 2 5 Medio Entidad / Contratista Aplicación de los protocolos de seguridad que tiene la entidad. Medidas preventivas en terreno 2 1 3 Bajo NO Contratista Desde el inicio de actividades Liquidación Supervisión del contrato Permanente    
 Proceso: Gestión Contractual Código: CO-P01-F67 Versión: 04 ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR CONTRATACIÓN DIRECTA Vigencia desde: 17/02/2023 	
Página 12 de 13 	
10. GARANTÍAS  De acuerdo con el Artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015, “en la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria”, en tal sentido, para la presente contratación no se exigirá la expedición de la garantía única, teniendo en cuenta que la Defensoría del Pueblo en ejercicio de la disposición potestativa contenida en la norma descrita, emitió la circular N°048 del 25 de noviembre de 2021, en la que consignó:  “(…) En virtud del principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones injustificadas.  (…)  Así mismo, y como quiera que la entidad acude a la modalidad de contratación directa de prestación de servicios y de apoyo a la gestión de que trata el artículo 2, numeral 4, literal h) de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015; se considera necesario flexibilizar la exigencia de garantía única para esta tipología, siempre y cuando el contrato a celebrar no exceda de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con el fin de agilizar el inicio de la ejecución.  (…) el estructurador del estudio previo deberá justificar la prescindencia de garantías, si a ello hubiere lugar.”.  En este sentido, debe tenerse en cuenta que la entidad cuenta con controles que de manera preventiva permiten mitigar un eventual incumplimiento del objeto contratado. Para tal efecto: i) se identificaron y analizaron los riesgos que pueden impactar la ejecución del contrato, definiendo la forma de administrarlos, en procura de eliminar o minimizar las consecuencias por su materialización; ii) asimismo, el Manual de Contratación establece el seguimiento a la correcta ejecución del contrato a través del Supervisor, quien tiene a cargo la gestión de las desviaciones contractuales, mediante la aplicación de los procedimientos establecidos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones; iii) la presentación por parte del contratista de un informe de gestión periódico, con indicación de la forma específica en que cumplió con cada obligación durante el plazo del reporte; iv) la consecuente emisión del informe de Supervisión mediante el cual se verifica y deja constancia del cumplimiento de las obligaciones; todo lo anterior, de manera previa al pago de los honorarios pactados, con lo que a su vez se salvaguarda el patrimonio público.  Con base en lo expuesto, tomando en consideración que la presente solicitud de contratación se encuentra enmarcada en los parámetros descritos, se considera viable prescindir de las garantías.  11. PLAZO EJECUCIÓN  El plazo para la ejecución del contrato será de 8 meses, sin superar el 31 de diciembre de 2023, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa expedición del Registro Presupuestal.  El plazo anteriormente señalado, obedece al principio de planeación, el cual tiene su justificación en la descripción de la necesidad consignada en el numeral 1 del presente documento, en virtud de lo cual se puede concluir que, la prestación del servicio a favor de la Defensoría del Pueblo, es de forma temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia.   
 Proceso: Gestión Contractual Código: CO-P01-F67 Versión: 04 ESTUDIOS PREVIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR CONTRATACIÓN DIRECTA Vigencia desde: 17/02/2023 	
Página 13 de 13 	
12. LUGAR DE EJECUCIÓN  La ejecución del contrato se realizará en la ciudad de Bogotá D.C., en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo de la sede nacional, ubicada en la calle 55 10 32.  En el evento en que el contratista deba desplazarse a ciudades diferentes a aquella en la cual presta sus servicios según el objeto del presente contrato, previa solicitud del Supervisor y aprobación de la Secretaría General, se le pagarán gastos de desplazamiento de acuerdo con lo establecido por la Defensoría del Pueblo, mediante resolución vigente.   13. SUPERVISIÓN  La supervisión del contrato de prestación de servicios profesionales estará a cargo del Defensor(a) Delegado (a) para los Derechos Colectivos o quien haga sus veces.  El Ordenador del Gasto de la Defensoría del Pueblo podrá modificar unilateralmente la designación del supervisor para lo cual bastará comunicación escrita en tal sentido.    ________________________________ SANDRA LUCIA RODRIGUEZ ROJAS Defensora Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente   FUNCIONARIO  NOMBRE  FIRMA   FECHA  Tramitado y Proyectado por  Yesica Lorena Gaona  YGP Febrero 2023 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.   
