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De conformidad con lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 artículo 25, numerales 7 y 12, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011; el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007; así como el artículo 2.2.1.1.2.1.1. (Estudios y documentos previos), 2.2.1.2.1.2.2.0 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 399 de 2021, el Manual de Contratación de la entidad, y en observancia de los principios que rigen la contratación pública, se realiza el presente estudio previo para adelantar el presente proceso, cuyo objeto es:   “Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales a la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, realizando análisis jurídico en el marco normativo de las diferentes medidas de seguridad para la protección y preservación del orden público”  1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER   La Constitución Política de 1991, recoge un sentimiento descentralizador sentando las bases para profundizar en un proceso que ya se venía gestando en el país, en este sentido su artículo primero define a Colombia como un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, participativa, pluralista. El fortalecimiento del proceso de descentralización en Colombia, ha requerido el desarrollo de marcos institucionales, que permiten el fortalecimiento de la gestión territorial, reconociendo la diversidad regional y promoviendo un mejoramiento generalizado de las condiciones socioeconómicas de las entidades territoriales.   A su vez, la Carta Política Nacional establece en su artículo segundo, entre otras cosas, que son fines esenciales del Estado asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, así como proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.  En este sentido el Gobierno Nacional, incluyó dentro de sus líneas estratégicas la Seguridad, Justicia y Democracia como parte de los retos del Gobierno frente al fortalecimiento del Estado Social de Derecho para garantizar la seguridad y defensa del territorio nacional.  De este modo, la Corte Constitucional como máximo intérprete de nuestra Carta Magna, al analizar el concepto de convivencia ciudadana como un elemento para “la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico” para lo cual concurren otras categorías como la seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública, la paz armoniosa y social, la coexistencia pacífica, la integridad personal y a la intimidad favoreciendo en su goce la vida, honra y bienes a fin de asegurar el ejercicio de los derechos y libertades de las personas, el respeto por la diferencia y la aceptación de ella, la resolución pacífica de los desacuerdos que afecten la convivencia, la convergencia de los intereses personales y generales para promover un desarrollo armónico y la prevalencia de los valores sociales de solidaridad, tolerancia, responsabilidad, honradez, respeto, bondad, libertad, justicia, igualdad, fraternidad, lealtad, prudencia y paz. En efecto se establece la necesidad de actuar bajo los principios de corresponsabilidad y colaboración armónica, coordinada y articulada entre las instituciones del Estado, con el objeto de establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional. Como corolario de lo anterior, se puede afirmar que es deber del Estado Colombiano velar por la seguridad y la convivencia ciudadana como valores constitucionales, a través de sus diferentes 
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instituciones, y con ella las autoridades públicas están instituidas para brindar protección a las personas, resguardando su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades.  Es así que la Corte Constitucional ha sido clara al resaltar que “el énfasis principal de la labor protectiva de las autoridades ha sido la de proveer de manera efectiva las condiciones mínimas de seguridad que posibilitan la existencia de los individuos en sociedad, sin estar expuestos a riesgos extraordinarios de recibir daños en su persona”.1  Por su parte el artículo 5 y el numeral 1 del articulo 6 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, respectivamente, define la convivencia ciudadana como “la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes y con el ambiente, en el marco del ordenamiento jurídico”, y se compone de unas categorías jurídicas, dentro de las cuales se encuentra el concepto de seguridad “Garantizar la protección de los derechos y libertades constitucionales y legales de las personas en el territorio nacional”. Adicionalmente, las finalidades de la convivencia son las siguientes: “1. Que el ejercicio de los derechos y libertades sean garantizados y respetados en el marco de la constitución y la ley. 2. El cumplimiento de los deberes contenidos en la Constitución, la ley y las normas que regulan la convivencia. 3. El respeto por las diferencias y la aceptación de ellas. 4. La resolución pacífica de los desacuerdos que afecten la convivencia. 5. La convergencia de los intereses personales y generales para promover un desarrollo armónico. 6. Prevalencia de los valores sociales de solidaridad, tolerancia, responsabilidad, honradez, respeto, bondad, libertad, justicia, igualdad, fraternidad, lealtad, prudencia y paz”.   De conformidad con el artículo 1 del Decreto 1140 de 2018, “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio del Interior”, establece el objetivo del Ministerio en los siguientes términos: “(…) El Ministerio del Interior tendrá como objetivo dentro del marco de sus competencias y de la ley formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, integración de la Nación con las entidades territoriales, gestión pública territorial, seguridad y convivencia ciudadana, asuntos étnicos y minorías, población LGBTI, enfoque de género, población vulnerable, democracia, participación ciudadana, acción comunal, libertad e igualdad religiosa, de cultos y conciencia y el derecho individual a profesar una religión o credo, consulta previa, derecho de autor y derechos conexos, prevención y protección a personas por violaciones a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, gestión integral contra incendios, las cuales se desarrollarán a través de la institucionalidad que comprende el Sector Administrativo (…)”.  Al Ministerio del Interior a través de la la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, le corresponde apoyar la implementación de esta política pública las acciones que conciernen a la prevención, la efectividad del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la participación cívica y el fortalecimiento de los mecanismos para la convivencia ciudadana.  El Decreto 1152 de 2022, “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio del Interior y se dictan otras disposiciones”; en su artículo 4 asigna las funciones de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, entre las cuales se encuentran las siguientes:  1. Apoyar en coordinación con las entidades competentes la formulación, ejecución y evaluación  1 SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION B, consejero ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE, Bogotá, D.C., quince (15) de abril de dos mil quince (2015) Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00018-01(AC), Actor: RAMIRO CARREÑO ARDILA Demandado: NACION - MINISTERIO DE INTERIOR UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION. 
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de políticas públicas para el orden público interno y para prevenir, atender y controlar situaciones de riesgo que vulneren o amenacen a la población, en coordinación especial con las autoridades civiles y la Fuerza Pública.  2. Apoyar al Ministro del Interior en la conservación y restablecimiento del orden público en el territorio nacional en coordinación con el Ministro de Defensa Nacional, para lo cual podrá coordinar con los gobernadores y alcaldes, las políticas, planes operativos y demás acciones necesarias para dicho fin, de conformidad con la ley.  3. Coordinar con la Dirección de Derechos Humanos la atención a las denuncias sobre inminentes riesgos de violaciones o amenazas a los Derechos Humanos y dar curso a las mismas directamente o ante las autoridades competentes.  4. Promover la incorporación del componente de orden público y convivencia ciudadana en los planes de desarrollo regional y local, con el fin de fortalecer la política pública en esta materia y generar condiciones sostenibles de gobernabilidad.  5. Apoyar y hacer seguimiento a gobernadores y alcaldes en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales en materia de restablecimiento y preservación del orden público y la convivencia ciudadana.  6. Diseñar políticas, planes y estrategias para la conservación del orden público en el territorio nacional, así como para entablar el diálogo con las comunidades y los diferentes sectores que se encuentren afectados por alteraciones del mismo.  7. Fortalecer los mecanismos y espacios de interlocución, entre el nivel nacional y territorial para atender las problemáticas relacionadas con el orden público y social.  8. Hacer seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad -SIES-, en coordinación con la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.  9. Apoyar la implementación y seguimiento a las estrategias de control policial en las entidades territoriales en coordinación con el Ministerio de Defensa.  10. Coordinar la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de convivencia y seguridad para el fútbol, y ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, e conformidad con la Ley 270 de 2009 y sus Decretos Reglamentarios 1267 de 2009 y 1717 de 2010.  11. Impulsar acciones de corresponsabilidad ciudadana y de cultura de la legalidad.  12. Promover y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de los mandatarios seccionales y locales en materia de atención a la población víctima de la violencia y la política pública correspondiente. Proponer proyectos de ley y actos legislativos, así como efectuar el análisis normativo y jurisprudencial, en coordinación con la Dirección de Asuntos Legislativos, en materia de su competencia.  13. Proponer proyectos de ley y actos legislativos, así como efectuar el análisis normativo y jurisprudencial, en coordinación con la Dirección de Asuntos Legislativos, en materia de su competencia. 14. Formular e implementar estrategias de desarrollo y competitividad territorial que atiendas la diversidad regional y articulen los procesos de planificación y ordenamiento territorial.  15. Realizar seguimiento al funcionamiento del Registro de Esquemas Asociativos Territoriales – REAT y los procesos administrativos correspondientes para su implementación.  16.  Asesorar en la formulación de la política de descentralización política y administrativa, ordenamiento territorial, desarrollo institucional y gestión pública territorial, y propender por la aplicación de los principios en concurrencia, subsidiaridad y complementariedad entre la Nación, los departamentos, distritos y municipios, según su capacidad administrativa y fiscal, de conformidad con los requerimientos efectuados por éstos. 17. Promover el desarrollo endógeno territorial y social de las entidades territoriales que conduzca 
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al fortalecimiento de los principios estructurales de la descentralización política y administrativa y al afianzamiento de la gobernabilidad. 18. Promover y realizar los análisis, estudios e investigaciones en las materias de su competencia y en la relación con el componente territorial. 19. Promover la cooperación entre las entidades territoriales y la Nación, así como los procesos de desconcentración y delegación administrativa en coordinación con las entidades competentes del orden nacional y territorial. 20. Asesorar el diseño de la política pública para el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de gobierno en las administraciones locales ubicados en zonas fronterizas, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función Pública (…)”.  En cuanto a las bases del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida” 2022 – 2026, se establece dentro de los componentes “Seguridad Humana y Justicia Social”, y “Convergencia regional”, generando una mayor presencia del Gobierno Nacional en el territorio para la implementación de los instrumentos de Seguridad y Justicia Social. Con base en esta política se deben crear instrumentos que garanticen el desarrollo de estrategias para la vida justa y el buen vivir. Además, se pretende superar el enfoque tradicional basado en la seguridad física y la defensa, y tener una perspectiva más amplia, donde se enfatiza el papel del Estado como garante de oportunidades de desarrollo y noción de seguridad humana centrada en el bienestar integral. Lo anterior, implica una provisión de justicia como bien y servicio que asegure la universalidad y primacía de derechos para promover la reconciliación social. Es por esto que se establece lo siguiente: “(…) Hacer de Colombia una potencia de la vida implica una transformación importante en la que todos los habitantes gocen de una seguridad plena, al tiempo que se promueve el desarrollo integral, la reconciliación, la protección y el empoderamiento de las personas, para que puedan vivir en un ambiente de paz, felicidad y libre de discriminación y exclusión”. (…) El Plan de Desarrollo 2022-2026 traza el camino para lograr el buen vivir de tal forma que toda la población logre coexistir sin miedo, con dignidad y con la garantía de sus derechos. Concebir el vivir sabroso como un estado de bienestar social, económico, cultural y político, requiere consolidar una gran apuesta en común donde la relación Estado – sociedad armoniza sus esfuerzos para generar las condiciones requeridas para convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida. Este objetivo implica la protección integral de la población, la provisión de servicios sociales sin dejar a nadie atrás, y el acceso a la justicia centrado en las personas, comunidades y territorios. La seguridad humana y la justicia social garantizarán la dignidad humana, las libertades y las capacidades necesarias para que la persona pueda alcanzar aquello que valora”.  Para la realización de estos objetivos, la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno para el año 2023 cuenta con un proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de seguridad, convivencia ciudadana y orden público a nivel nacional”, código BPIN 2018011000343, el cual busca generar procesos de acompañamiento y de gestión y difusión de conocimiento dirigidos principalmente hacia las entidades territoriales por parte del Ministerio del Interior, desde la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, para la formulación e implementación de estrategias, herramientas, planes, programas y proyectos encaminados a la prevención y atención de conflictos en materia de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Orden Público, con perspectiva participativa, que permita soluciones integrales e integradoras, eficaces y coordinadas entre el Gobierno Nacional, la ciudadanía y las autoridades territoriales en el marco de la seguridad, la convivencia ciudadana y el orden público.  
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Es por esto que se hace necesario brindar espacios de aprendizaje en las regiones para el desarrollo de conocimientos y capacidades, por lo cual se hace indispensable establecer una metodología de articulación del nivel nacional con el nivel territorial, en especial con los alcaldes y gobernadores, jefes de policía y responsables del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana y del Comité del Orden Público, entre otros servidores públicos, con el fin que contribuyan al fortalecimiento de las capacidad de gestión institucional en materia de seguridad humana y convivencia ciudadana. Así las cosas, con el fin de cumplir idóneamente las metas planteadas en el Proyecto de Inversión denominado “Fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de seguridad, convivencia ciudadana y orden público a nivel nacional”, a cargo de esta Dirección, particularmente con el objeto de ofrecer a las entidades territoriales herramientas, estrategias y mecanismos de solución integral en materia de seguridad, convivencia ciudadana y orden público, se requiere de un profesional en derecho que conozca el actual régimen normativo y conceptual de regulación de la función y la actividad de la policía en Colombia, de forma tal que pueda asesorar a las entidades territoriales respecto a las medidas de seguridad dispuestas por el ordenamiento jurídico colombiano para la protección y preservación del orden público, teniendo en cuenta las actividades para el año 2023 señaladas en la Ficha EBI y en el concepto técnico de viabilidad del proyecto de inversión, suscrito por el Jefe de Oficina Asesora de Planeación del Ministerio del Interior. Por otro lado, en cumplimiento de lo ordenado por las circulares conjuntas No. 100-005 de 2022 y No. 01 de 2023, el Ministerio del Interior, por conducto de la Subdirección de Gestión Humana, ha venido trabajando en la elaboración de los estudios técnicos requeridos para establecer la planta temporal de personal necesaria y suficiente que supla las necesidades misionales y administrativas que requiere esta entidad, sin que a la fecha se haya culminado dichas actividades. Por tanto, “mientras se adelantan los procesos necesarios para tal fin, se hace necesario contar con el apoyo de persona, especializado a través de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, cumpliendo con las disposiciones legales y contractuales correspondientes para la presente vigencia 2023”, tal como se lee en memorando del 19 de mayo, Radicado 2023-3-004030-015081 Id: 134127, suscrito por el Subdirector de Gestión Humana.  Como consecuencia de lo anterior, y al hacer un análisis del personal de planta asignado a la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, el cual se determina en 6 profesionales y 3 asistenciales, se evidencia que esta dependencia no puede cumplir con todas las actividades que debe ejecutar para cumplir con la misionalidad asignada.  Es importante resaltar que el personal de planta asignado a la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, resulta insuficiente para atender debidamente las funciones y actividades asignadas por la Constitución, las leyes y demás normas para el cumplimiento de los fines del Ministerio en cabeza de las mencionadas dependencias, en razón de la insuficiencia de personal para el cumplimiento de los objetivos descritos. De conformidad con el análisis de la hoja de vida y los soportes de formación y experiencia de la contratista realizada por la dependencia solicitante, se deja constancia de la idoneidad de la persona a contratar para el desarrollo de las actividades propias del objeto del presente documento, de conformidad con el perfil definido y de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015.  Para la realización de la contratación pretendida, se ha acudido al presupuesto del Ministerio para la presente vigencia, a cuyo cargo se ha solicitado el certificado de disponibilidad presupuestal, expedido 
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por la Coordinación Financiera y Contable de la entidad, previa elaboración de los estudios y documentos previos.  Así las cosas, la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno siguiendo los lineamientos brindados por Colombia Compra Eficiente y la normatividad vigente para el 2023, en el Plan Anual de Adquisiciones para la respectiva vigencia se consideró la suscripción de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión para las actividades que adelante la en el marco de sus funciones.   2. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR.  2.1. Objeto “Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales a la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, realizando análisis jurídico en el marco normativo de las diferentes medidas de seguridad para la protección y preservación del orden público” PARÁGRAFO: De acuerdo con el objeto del presente Contrato, la clasificación de bienes y servicios del sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos, en concordancia con el sistema electrónico de contratación pública es:   GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO F 80 8011 801116 80111600   2.1.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  Es importante resaltar que la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, no cuenta dentro de su planta de personal con suficientes funcionarios que permitan atender las actividades y funciones directas y específicas concernientes a la Dirección; por tal razón se evidencia la necesidad de salvaguardar los intereses y propósitos de la entidad, contratando un profesional en derecho que conozca el actual régimen normativo y conceptual de regulación de la función y la actividad de la policía en Colombia, de forma tal que pueda asesorar a las entidades territoriales respecto a las medidas de seguridad dispuestas por el ordenamiento jurídico colombiano para la protección y preservación del orden público.  De esta forma permitiendo adelantar, satisfacer y cumplir las funciones, objetivos y metas de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno, específicamente brindando apoyo, asistencia y acompañamiento a las entidades territoriales, a través de la implementación de planes, proyectos, políticas públicas y actividades en materia de seguridad, convivencia ciudadana, orden público.    2.1.2. Personal Mínimo Requerido   Durante la ejecución del contrato se debe garantizar el personal idóneo para el desarrollo de este y contar con equipos y herramientas necesarios para la efectiva ejecución del objeto.   
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De acuerdo con lo anterior, el personal que se requiere para el desarrollo de objeto contractual debe cumplir con:   CARGO PERFIL PROFESIONAL EXPERIENCIA EQUIVALENCIA Profesional Especializado  2028-16 Título profesional y Titulo Postgrado Modalidad Especialización  19 meses de experiencia profesional  Título profesional y cuarenta y tres (43) meses de experiencia profesional.   2.1.3 VISITA NO OBLIGATORIA   No aplica  2.2 GESTIÓN AMBIENTAL PROTOCOLO, IMPACTO Y DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES  No aplica  2.3 PLAZO DE EJECUCIÓN  El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2023, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, sin exceder la vigencia fiscal 2023.  2.4 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  Las actividades que se adelanten en cumplimiento de lo establecido en el presente documento, serán en la ciudad de Bogotá D.C. No obstante, se indica que para el cumplimiento del objeto del contrato se podrá requerir el desplazamiento del contratista a diferentes regiones del país.  2.5 OBLIGACIONES:    2.5.1. ESPECÍFICAS:   1. Acompañar jurídicamente a la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno en la formulación y análisis de medidas, políticas y planes tendientes a la preservación del orden público. 2. Apoyar en la proyección, revisión, gestión y tramite de todo tipo de documentos de carácter jurídico que sean requeridos por la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno en el marco del acompañamiento a las entidades territoriales en materia de preservación y mantenimiento del orden público. 3. Brindar acompañamiento profesional de carácter jurídico en los procesos y actividades internas adelantadas por la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno encaminadas al fortalecimiento institucional en materia de orden público.  4. Apoyar jurídicamente en la revisión de documentos que den respuesta a requerimientos, solicitudes, derechos de petición, consultas, acciones de tutela, entre otros, formulados por entidades del orden nacional, territorial, corporaciones públicas, organismos de control, o ciudadanía en general, que tengan relación con la preservación y protección del orden público. 5. Brindar apoyo a la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana y Gobierno, para la realización de mesas técnicas para el análisis normativo de los proyectos del componente de orden público y seguridad humana. 
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6. Apoyar jurídicamente a la Dirección en la asistencia a gobernadores y alcaldes en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales en materia de restablecimiento y preservación del orden público y la convivencia ciudadana. 7. Organizar el archivo documental en físico y magnético de los trámites que le sean asignados, y hacer entrega de estos al supervisor a la terminación del contrato.  8. Desarrollar todas aquellas actividades que sean solicitadas por el supervisor del contrato.  2.5.2 GENERALES: 1. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas. 2. Atender las peticiones y/o consultas que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato. 3. Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato. 4. Presentar los informes que le indique el supervisor y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de pago. 5. Cumplir las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el encargado del control y vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación. 6. Identificar y portar los elementos de protección personal (EPP) durante la ejecución del contrato y de acuerdo con los riesgos asociados a las actividades propias para el cumplimiento del objeto contractual, si a ello hubiere lugar. 7. Informar al Ministerio del Interior dentro de las 48 horas siguientes, los accidentes de trabajo en desarrollo de actividades para el cumplimiento del objeto contractual. 8. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, según corresponda de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, presentar los respectivos comprobantes de pago y la certificación de afiliación de ARL. 9. Todas las demás en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y el Decreto 1273 de 2018 y las contempladas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la entidad. 10. Defender en todas sus actuaciones los intereses del MINISTERIO y de los Fondos a su cargo según corresponda, y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 11. Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo 12. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del MINISTERIO o de los fondos a su cargo. 13. Constituir la Garantía Única para la aprobación del Ministerio, en los términos y condiciones pactados. 14. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el Ministerio. 15. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más y presentarse al MINISTERIO en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación.16. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato. 17. Desarrollar las actividades y productos materia del contrato bajo los principios, lineamientos y directrices trazadas en el Sistema de Gestión de Calidad y en el Modelo Estándar de Control Interno del Ministerio. 18. Mantener actualizada en la página web de la Función Pública- SIGEP, la respectiva hoja de vida, así como todos los soportes necesarios para dar cumplimiento a la Ley 1712 y su decreto reglamentario 103 de 2015. 19. Tramitar oportunamente los asuntos asignados en la plataforma que disponga el Ministerio para su gestión documental y mantener actualizada la misma. 20. Realizar una copia de seguridad o Backup periódicamente, con el fin de garantizar la integridad de la información que se maneje en cumplimiento del objeto contractual la cual deberá ser entregada al supervisor del contrato junto con el Informe Final al cumplirse con el término estipulado para la ejecución del contrato. 21. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 22. Publicar los informes de ejecución del contrato en la plataforma SECOP II de conformidad con la periodicidad establecida para su presentación, de acuerdo con lo dispuesto en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 2.1.1.2.1.8., del Decreto 1082 de 2015. 23. Las demás asignadas por el Supervisor.  
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  2.5.3 OBLIGACIONES DEL MINISTERIO:  1. Ejercer la supervisión del contrato. 2. Realizar en la forma y condiciones pactadas el pago de las sumas señaladas en la cláusula relativa a la forma de pago, por concepto de honorarios. 3. Reconocer los gastos de viaje y desplazamiento a que haya lugar, previa aprobación del Supervisor. 4. Brindar la información y documentación que LA CONTRATISTA requiera para el adecuado desarrollo y cumplimiento de su objeto. 5. Expedir el respectivo registró presupuestal  6. Aprobar las garantías del contrato  7. Verificar el cumplimiento por parte de LA CONTRATISTA de los aportes efectuados a seguridad social y la certificación de la afiliación de la ARL.  3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE LA CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN    La modalidad de selección, que se pretende utilizar es:  Licitación publica  NA Concurso de Méritos  NA Selección abreviada NA Contratación Directa  X  Justificación:   El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación del Ministerio, dispone que las entidades públicas, pueden celebrar, a través de la modalidad de selección de contratación directa, contratos de prestación de servicios o de apoyo a la gestión. En el caso específico, de acuerdo con la clase de contrato, no es necesario la comparación de varias ofertas a través de convocatoria pública; no obstante, para la contratación a celebrar, es necesario cumplir con los requisitos establecidos, incluidos los de idoneidad del contratista, con el fin de garantizar que la entidad estatal celebre el contrato con quien efectivamente cumpla los requerimientos necesarios para la ejecución del objeto contractual correspondiente.  A continuación, se presentarán los fundamentos jurídicos conforme a lo dispuesto en el literal h), numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, para adelantar el proceso de contratación directa y la consecuente celebración del contrato respectivo:  Fundamentos jurídicos de la causal de contratación directa invocada:  El presente proceso de selección se adelantará bajo la modalidad de contratación directa, en razón al tipo de contrato a celebrar, esto es, prestación de servicios profesionales, a la luz del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, el literal h) numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, los cuales consagran la prestación de servicios profesionales como causal para adelantar la modalidad de selección referida.  
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De acuerdo con el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, define el contrato de prestación de servicios, así “(…) Son contratos de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados (…)”.  A su vez, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 consagra que: “(…) los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal (…)”.  Serán entonces contratos de Prestación de Servicios Profesionales todos aquellos cuyo objeto esté determinado materialmente por el desarrollo de actividades identificables e intangibles que impliquen el desempeño de un esfuerzo o actividad tendiente a satisfacer necesidades de las entidades estatales en lo relacionado con la gestión administrativa o funcionamiento que ellas requieran, bien sea acompañándolas, apoyándolas o soportándolas, al igual que a desarrollar estas mismas actividades en aras de proporcionar, aportar, apuntalar, reforzar la gestión administrativa o su funcionamiento con conocimientos especializados, siempre y cuando dichos objetos estén encomendados a personas catalogadas de acuerdo al ordenamiento jurídico como profesionales.  En ese orden de ideas, para que proceda la contratación bajo esta tipología, las actividades a desarrollar deben estar relacionadas con el funcionamiento y administración de la entidad, que sean servicios de naturaleza intelectual, que se haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el objeto a contratar, y que se acredite la inexistencia de personal de planta para adelantar dicha labor por parte del jefe de la entidad con fundamento en lo establecido en el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, aspecto que presenta tres situaciones:  1) Que sea imposible atender la actividad con personal de planta. 2) Cuando el desarrollo de la actividad requiera grado de especialización. 3) Existiendo personal de planta no es suficiente.  Se advierte que no es posible celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe del respectivo órgano, ente o entidad contratante. Esta autorización estará precedida de la sustentación sobre las especiales características y necesidades técnicas de las contrataciones a realizar (artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015).  De esta forma se encuentra justificada la causal de contratación directa para contratos de prestación de servicios profesionales.    4.  EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA FORMA DE PAGO  4.1 VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato será hasta la suma de: $37.600.000 M/L, sin incluir IVA, por no ser responsable del mismo, con cargo al siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:     
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N° FECHA EXP. VALOR CDP UNIDAD EJECUTORA POSICIÓN CATALOGO DE GASTO RECURSO 140823 2023-06-28 $ 37.600.000 37-01-01-000 C-3702-1000-10-0-3702021-02 16 Con la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, la Subdirección Administrativa y Financiera certifica que existen los recursos suficientes para respaldar el compromiso adquirido en la presente contratación. La presente contratación se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones vinculado con el rubro presupuestal C-3702-1000-10-0-3702021-02 y la iniciativa 1. Formulación e implementación de la política pública de convivencia y seguridad para la vida. 4.2. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  Para la vigencia 2023 se tomó referencia la tabla de honorarios del Ministerio del Interior vigente, en el nivel Profesional Especializado 2028-16, que tiene una exigencia de requisitos consistente en: “Título profesional y Titulo Postgrado Modalidad Especialización con (19) meses de experiencia profesional”. En caso de no poseer título de posgtrado en modalidad de especialización, la equivalencia se realizará con “Título profesional y Cuarenta y tres (43) meses de experiencia profesional”.  Que mediante Resolución No. 1970 del 23 de diciembre de 2022 se adoptó la Tabla de Honorarios del Ministerio del Interior para la vigencia 2023, la cual contempla que el valor mensual máximo a pagar para el perfil señalado se encuentra establecido en la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($6.680.928) M/L, sin embargo, teniendo en cuenta el presupuesto con el cual cuenta el Ministerio del Interior, para el contrato respectivo, se ha establecido como valor de los honorarios mensuales, la suma de SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000).  En todo caso, en el evento en que la contratista no preste sus servicios el mes completo, se pagará proporcional a los días de servicio efectivamente prestado, y en ningún caso se autorizará la prestación de servicios previamente a la legalización del contrato.  4.3. FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS  El Ministerio pagará a la contratista por concepto de honorarios el valor del presente contrato así:  A)Un (01) primer pago mes vencido, en forma proporcional por los días en que efectivamente se preste el servicio, desde la fecha del cumplimiento de los requisitos de ejecución, previo perfeccionamiento del contrato, sobre SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000), incluidos los impuestos a que haya lugar, hasta el último día del respectivo mes, teniendo en cuenta que el mes calendario tiene 30 días.   B)Pagos mensuales por valor de SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000)., incluidos los impuestos a que haya lugar, por la prestación de los servicios, o proporcional a los días en que efectivamente preste el servicio, hasta la finalización del contrato.  Los siguientes pagos se realizarán, con corte al último día de cada mes, previa presentación del informe de gestión y certificación de la correcta prestación del servicio por parte del Supervisor. 
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 Para el pago, el contratista deberá presentar: Factura o solicitud de pago conforme al Estatuto Tributario con los respectivos soportes. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente, en cumplimiento de la Directiva Presidencial No. 9 del 11 de septiembre de 2020, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución No. 42 del 5 de mayo de 2020.   Los anteriores valores, se pagarán previa entrega de los informes mensuales que den cuenta de la ejecución del contrato, la certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor de este y constancia de pago de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás formatos o documentos solicitados por el supervisor del contrato.  PARÁGRAFO PRIMERO. Para cada pago se requiere la presentación de las cuentas de cobro, el soporte de pago de aportes de salud, pensión y de riesgos profesionales, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1273 de 2018 y el informe mensual de actividades con el recibido a satisfacción por parte del supervisor.  PARÁGRAFO SEGUNDO. El MINISTERIO no pagará ninguna suma de dinero derivada de este CONTRATO mientras no hayan cumplido previamente con los requisitos de ejecución del mismo.  PARÁGRAFO TERCERO: No obstante, la forma de pago prevista está sujeta a la situación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez se encuentre aprobado el PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja). El MINISTERIO no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación, soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato que competan al supervisor del contrato.  PARÁGRAFO CUARTO. EL MINISTERIO hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.  PARÁGRAFO QUINTO: En caso de terminación anticipada del contrato, el pago será proporcional a los servicios efectivamente prestados.  4.4. SUPERVISOR  La vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones a cargo de LA CONTRATISTA serán ejercidas por el (la) COORDINADOR (A) GRUPO DE ANÁLISIS Y GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA o por quien designe el ordenador del gasto por escrito, quienes serán responsables de aprobar los pagos o desembolsos, los informes que presente EL CONTRATISTA, proyectar el acta de liquidación definitiva del contrato, en caso de ser necesario, y en general cumplir con las obligaciones señaladas en la ley y en los reglamentos.  En los contratos que involucren la entrega de recursos para administración de terceros, se debe identificar una supervisión interdisciplinaria para el adecuado seguimiento presupuestal, técnico y jurídico.  5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE   5.1. CONTRATACIÓN DIRECTA  
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Perfil requerido Perfil verificado Estudios  Título profesional y Título Postgrado modalidad especialización   Abogado; Especialista en Derecho Procesal Penal.     Experiencia  19 meses de experiencia profesional  Equivalencia: Título profesional y cuarenta y tres (43) meses de experiencia profesional. Empresa Fecha Inicio Fecha Terminación Tiempo Ministerio de Justicia y del Derecho 2/02/2021 31/12/2021 10 meses, 29 días Ruiz López Abogados 02/05/2016 28/02/2018 21 meses, 26 días TIEMPOTOTAL 32 meses, 25  días   5.2 OTROS MECANISMOS DE SELECCIÓN  No aplica  6. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO  De conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación”, de Colombia Compra Eficiente, el cual se encuentra disponible en la página: http:/colombiacompra.gov.co/es/manuales, el riesgo descrito en la Tabla 2 - Probabilidad del Riesgo-, se categoriza de acuerdo con la matriz anexa.   7. GARANTÍAS  De acuerdo con lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el Decreto compilatorio 1082 de 2015, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor del MINISTERIO DEL INTERIOR, con ocasión de la ejecución del presente contrato y de su liquidación a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo señalados en la Subsección 1 “GENERALIDADES” de la Sección 3 “GARANTÍAS” del Capítulo 1 “SISTEMAS DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN” y Título 1 “CONTRATACIÓN ESTATAL” de la Parte 2 “REGLAMENTACIONES” del Libro 2 “RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL” del Decreto 1082 de 2015, en aras de salvaguardar el interés público ante un eventual incumplimiento, se requerirá la constitución de garantías respecto de los amparos de cumplimiento y calidad del servicio, según lo siguiente:  GARANTÍAS EXIGIBLES AL CONTRATISTA AMPAROS EXIGIBLES CUANTÍA VIGENCIA Cumplimiento 10% del valor estimado del contrato Vigencia igual al término de ejecución del contrato y seis (6) meses más, contada a partir del 
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cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Calidad del servicio 10% del valor estimado del contrato Vigencia igual al término de ejecución del contrato y seis (06) meses más, contada a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.  8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO.  El análisis para determinar si un proceso de contratación está cobijado por un acuerdo internacional o un tratado de libre comercio, no aplica para los procesos cuya modalidad de selección sea contratación directa o mínima cuantía, lo anterior de conformidad con el Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratación, de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, que establece: “(…)Las Entidades Estatales que adelantan sus procesos de contratación con Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este análisis en las modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía”.    Atentamente,     YULY PAOLA MANOSALVA CARO  Directora de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno  Archivar en: 1103.47.05 Procesos y Procedimientos Apoyo – Proceso de Gestión Contractual 
