DOCUMENTO ANEXO AL NUMERAL 4.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El propósito del Gobierno Nacional es cumplir efectivamente el Acuerdo Final para 
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en 
armonía con la política de Estado de Paz Total, que conforme a lo previsto en el 
literal b) del artículo 2 de la Ley 2272 de 2022 requiere que se garanticen “los 
enfoques de derechos, diferencial, de género, étnico, cultural, territorial e 
interseccional en la construcción de las políticas públicas de paz” (negrita fuera  del
original), así como la Ley 2294 de 2023 “Por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia, Potencia Mundial de la Vida” .
Adicionalmente, en cumplimiento  de lo pactado en el punto 1 del Acuerdo de Paz 
“Hacia un nuevo campo colombiano: Desarrollo Rural Integral”- y a la expedición de 
los documentos CONPES a través de los cuales se define la estrategia para la 
implementación del catastro multipropósito, se ha venido implementando y 
redireccionando la política de tierras en el entendido que es necesario un cambio 
de propuesta de operación, que pase del esquema tradicional de atención a la 
demanda hacia el barrido predial masivo, a través de la aprobación y ejecución de 
Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural en los municipios 
focalizados y priorizados  por el Comité Técnico de Focalización de la política 
pública, que en estrecha articulación con el catastro multipropósito, facilitan la 
formalización de la propiedad privada rural, la regularización y el acceso a la tierra. 
Por ello, para cumplir los propósitos del Gobierno Nacional en materia de reforma 
rural integral y la política de tierras, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural busca fortalecer la capacidad institucional de la 
Agencia Nacional de Tierras en las regiones, por lo cual es de vital importancia que 
las Unidades de Gestión Territorial hagan presencia en cada uno de los 
departamentos del país; de esta forma, se podr án atender los procedimientos 
administrativos a su cargo de una manera descentralizada en lo territorial pero 
prestados por la propia ANT y retomar la operación en su momento tercerizada a 
través de operadores, coordinada y priorizada de acuerdo con las características 
propias de cada territorio. 
Uno de los pilares trazados por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras, es cumplir el 
Punto 1 del Acuerdo de Paz en lo relativo a : adjudicación de tres (3) millones de 
hectáreas, la formalización de siete (7) millones de hectáreas y la impleme ntación y 
puesta en marcha del catastro multipropósito.  
Siendo una de las funciones de la Agencia Nacional de Tierras, ejecutar la Política 
de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, administrando y disponiendo de los 
predios rurales propiedad de la Na ción, y entendiendo que la sede principal de la 
entidad se encuentra en Bogotá D.C., y que en la actualidad solo operan nueve (9) 
Unidades de Gestión Territorial a nivel nacional, resulta necesario contar con la 
presencia física, directa y permanente de la  entidad en cada uno de los 
departamentos del país, de tal forma que permita satisfacer las necesidades de la 
población campesina, negra e indígena, en cumplimiento de los fines y funciones 
del Estado.  
Con base en las directrices adoptadas por parte del Gobierno Nacional y el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Director General de la Agencia 
Nacional de Tierras, presentó ante el Consejo Directivo de la entidad, una propuesta 
para la aprobación de nueva s Unidades de Gestión Territorial - UGT a nivel 
nacional, en los términos de los artículos 9 y 28 del Decreto Ley 2363 de 2015 . 
Ante esta consideración, el Consejo Directivo aprobó pasar de nueve ( 9) a treinta y 
dos ( 32) Unidades de Gestión Territorial - UGT a nivel nacional distribuidas 
geográficamente  por departamento.  
En tal sentido, la Agencia Nacional de Tierras desde la vigencia anterior inició el 
proceso de fortalecimiento institucional, para lo cual viene contando con el 
acompañamiento del Departame nto Administrativo de la Función Pública (DAFP) 
con el propósito de adelantar en la presente vigencia el rediseño institucional para 
la formalización laboral por un trabajo digno y en equidad, a través del cual  se 
ampliará la cobertura de las UGT,  facilitando de esta forma , como ya se mencionó, 
el acceso integral a la atención de las necesidades que tienen los campesinos, 
comunidades negras e indígenas, interesados en la oferta institucional de la entidad 
y perm itiendo una mayor cobertura a  nivel nacional.   
Mientras se surten los estudios y aprobaciones  correspondientes y se adelantan  las 
apropiaciones presupuestales respectivas, se requiere que el nivel central y las UGT  
que actualmente están operando, atiendan las competencias misionales en todo el 
territorio nacional  para satisfacer las necesidades y la oferta de servicios de la 
entidad . En ese sentido,  y dado que no hay personal de planta suficiente  con 
experticia y conocimiento especializado en los temas de c ompetencia de la ANT , se 
hace necesario celebrar contratos  de prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión  con base en la experticia e idoneidad, que sean  financiados con 
 
recursos  de inversión , en la presente vigencia , sin exceder del 31 de diciembre de 
2023, tiempo en que la ANT estima prudente , conveniente  y oportuno  contar con  el 
rediseño institucional  que permita cumplir las metas del Gobierno Nacional . 
 
 