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  Proceso:  Gestión  Contractual  Código: CO -P01- 
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Versión:  04 
ESTUDIOS  PREVIOS  Y ANÁLISIS  DEL SECTOR  
CONTRATACIÓN DIRECTA  Vigencia desde:  
17/02/2023  
  
 
DEPENDENCIA  SOLICITANTE  Delegada  para Asuntos  Agrarios  y Tierras  
CIUDAD  Y FECHA  DE SUSCRIPCIÓN  
DE LOS ESTUDIOS  PREVIOS  Bogotá,  D.C.,  junio  de 2023 
PRESUPUESTO  ESTIMADO:  $33.000.000  
 
TIPO DE CONTRATO  
Prestación  de Servicios  Profesionales  X 
Prestación  de Servicios  de Apoyo  a la Gestión   
 
1. DESCRIPCIÓN  DE LA  NECESIDAD  
 
La Defensoría  del Pueblo  es la institución  del Estado  colombiano  responsable  de impulsar  
la efectividad  de los derechos  humanos  de los habitantes  del territorio  nacional  y de los 
colombianos en el exterior, en el marco del Estado Social de Derecho Democrático,  
Participativo  y Pluralista,  mediante  las siguientes  acciones  integradas:  promover,  
ejercer, y divulgar los derechos humanos; proteger y defender los derechos humanos y  
prevenir  sus violaciones;  fomentar  la observancia  del derecho  internacional  
humanitario; atender, orientar y asesorar en el ejercicio de sus derechos, y; proveer el  
acceso  a la administración  de justicia,  en los casos señalados  en la Ley. 
 
La Constitución Política de 1991 en sus artículos 281 a 284 otorgó a la Defensoría del  
Pueblo  autonomía  administrativa  y presupuestal  y la instituyó  como  uno de los 
organismos de control  que conforman el Ministerio Público. Su organización, estructura  
y funcionamiento está regulado por la Ley 24 de 1992, el Decreto 025 de 2014 y demás  
normas  que la  complementan, adicionan o  modifican.  
 
La finalidad del ente Defensorial es la protección de  los derechos humanos y de las  
libertades de todas las personas frente a actos, amenazas o acciones ilegales, injustas,  
irrazonables, negligentes o arbitrarias de cualquier autoridad o de los particulares. La  
Defensoría  del Pueblo  se instituye,  entonces,  como  el organismo  tutelar  de los derechos  
y garantías  de los habitantes  del territorio  nacional  como  de los colombianos  residentes  
en el exterior.  
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 282 establece que el Defensor del  
Pueblo, velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos,  
para lo cual ejercerá las  siguientes  funciones:  
 
1. Orientar  e instruir  a los habitantes  del territorio  nacional  y a los colombianos  en el 
exterior  en el ejercicio  y defensa  de sus derechos  ante las autoridades  competentes  
o entidades de  carácter  privado.  
2. Divulgar  los derechos  humanos  y recomendar  las políticas  para su enseñanza.  
3. Invocar  el derecho  de hábeas  corpus  e interponer  las acciones  de tutela,  sin 
perjuicio  del derecho  que asiste a  los interesados.  
4. Organizar  y dirigir  la defensoría  pública  en los términos  que señale  la ley. 
5. Interponer  acciones  populares  en asuntos  relacionados  con su competencia.  
6. Presentar  proyectos  de ley sobre  materias  relativas  a su competencia.  
7. Rendir  informes  al Congreso  sobre  el cumplimiento  de sus funciones.  
8. Las demás  que determine  la ley. 
 
Mediante el Decreto 025 de 2014, se modificó la estructura orgánica de la Defensoría  
del Pueblo  estableciendo  su organización  y funcionamiento,  especializándose  por 
materias,  que permiten  el estudio  y defensa  de determinados derechos,  con base en lo  
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cual surgieron las Defensorías Delegadas, determinadas y organizadas por el Defensor  
del Pueblo.  
 
Dentro de ese marco, nació la Defensoría Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras,  
creada  mediante  la Resolución  N.º 064 de 2014,  con el objetivo  de promover,  divulgar  y 
defender los derechos humanos de la población rural, especialmente de los campesinos  
y trabajadores agrarios, cuya vulneración de derechos afecta el normal desarrollo del  
sector agropecuario y rural en el país; para lo cual se ejercen acciones de: atención  
directa, promoción y divulgación de los derechos, análisis, seguimiento y valoración  de 
la política  pública,  y la recolección  de información  para las advertencias  y 
recomendaciones  a las entidades haciendo  uso de la magistratura  moral.  
 
Son funciones  de la Defensoría  Delegada  para Asuntos  Agrarios  y Tierras  las siguientes:  
 
• Diseñar  y definir  las líneas  de acción  para la prevención,  la atención,  la asesoría,  
acompañamiento y representación de la población campesina y rural con el fin  
de impartir  su implementación en  nivel regional  y local.  
• Asesorar al Defensor del Pueblo en la presentac ión de propuestas legislativas  
relacionadas  con los asuntos  agrarios  y de tierras,  manteniéndolo  oportunamente  
informado  sobre el curso  de las mismas.  
• Hacer seguimiento al cumplimiento constitucional por parte de las instituciones  
del orden  nacional,  regional  y local para la prevención,  garantía  plena,  
efectividad y restablecimiento de los derechos humanos de las poblaciones  
objeto  de esta defensoría delegada.  
• Coordinar  con las Defensorías  Regionales  la implementación,  seguimiento,  
evaluación y monitor eo de los programas que permitan la realización de los  
derechos  humanos,  relacionados  con los asuntos  agrarios,  rurales  y de tierras.  
• Establecer vínculos de cooperación Interinstitucional y con otros organismos  
relacionados con asuntos de la Defensoría Del egada, con el ánimo de compartir  
información  que pueda  fortalecer  la protección  y defensa  de los derechos  de los 
grupos  poblacionales asignados.  
• Propiciar espacios de articulación interinstitucional para lograr una política  
pública sostenible que permitan soluciones productivas duraderas para el sector  
campesino  y rural.  
• Formular  propuestas  para la celebración  de convenios  con organismos  nacionales  
e internacionales  que contribuyan  a garantizar  el pleno  ejercicio  de los derec hos 
relacionados  con la  Defensoría  Delegada.  
 
La creación  de esta Defensoría  Delegada,  correspondió  precisamente  a la grave  situación  
de vulneración  de derechos  que viene  afrontando  el campesinado  colombiano,  histórica  
y sistemáticamente.  
 
Al hecho de su invisibilización como sujetos de especial protección constitucional, se  
agrega  que el Censo  Nacional  Agropecuario  del año 2014 realizado  por el DANE,  demostró  
que la situación  de tenencia  de la tierra  en Colombia  corresponde  a una gran brecha  de 
inequidad  donde  el pequeño  productor  que explota  unidades  agropecuarias  menores  a 5 
hectáreas, representa un 70,4% del total de unidades (1.669.287 Unidades Productoras  
Agropecuarias -UPAs de 2.370.099) y ocupa únicamente el 2,0% de todo el terri torio 
rural productivo censado (2.160.347 ha de 108.993.335 ha), con el agravante de ser  
incierta la relación que tengan dichos productores con las unidades agrícolas que  
explotan,  pues fue una información  que no se identificó  formalmente,  en contraste  con 
los títulos  debidamente  registrados ante  las autoridades  competentes.  
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Dentro de esa misma dimensión de inequidad en la tenencia de la tierra, los resultados  
del Censo Agropecuario 2014, evidenciaron que 5.842 UPAs (el 0,2% de éstas) cuyo  
tamaño  es igual o mayor  a las 1.000  ha, abarcan  el total de 80.432.535  has, es decir,  un 
73,8%  de toda  el área rural productiva  censada  del país.  
 
Adicional a la escasez de tierras para los productores agropecuarios ubicados en las  
unidades menores a 5 ha, siendo la mayoría de la población censada; mediante los  
resultados de tal ejercicio estadístico agropecuario, se detallaron otras situaciones de  
inequidad como son: el 83,6% de los productores declararon no tener infraestructura  
para el desarrollo de sus actividades agropecuarias; el 66,7% declararon no utilizar  
ningún tipo de riego para sus actividades, a pesar de ser un país con grandes riquezas  
hídricas; el 83,6% afirmó no tener maquinaria de uso agropecuario; y el 83,5% aseguró  
no haber  recibido  asistencia  técnica  para el desarrollo  de sus actividades  de 
subsistencia.  
 
Ante ese panorama,  mediante  sentencia  STP-2028 de 2018 la Corte  Suprema  de Justicia  
llamó  la atención  al Ministerio  del Interior,  al Departamento  Administrativo  Nacional  de 
Estadística (DANE), a la Presidencia de la República, al Ministerio de Agricultura y  
Desarrollo Rural y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), para que  
en el marco  de sus competencias,  realizaran  estudios  complementarios  al Censo  
Agropecuario  2014 y al Censo  Poblacional  2018 que permitieran  delimitar  a profundidad  
el concepto  “campesino”,  contabilizar  a los ciudadanos  que integran  ese grupo  
poblacional y además que, en cabeza del Grupo de Asuntos Campesinos del Ministerio  
del Interior, se identifique la situación actual de la población campesina y se apoye la  
formulación y seguimiento de planes, programas y políticas públicas que permitan la  
materialización  del derecho  fundamental  a la igualdad  material  que le asiste  al 
campesinado  colombiano.  
 
En cumplimiento del mandato judicial, se designó una Comisión de Expertos para la  
Conceptualización del Sujeto Campesino y su Caracterización, con la orientación del  
DANE  e ICANH,  acompañada  entre  otras entidades  por la Defensoría  del Pueblo,  y como  
parte de su intervención se acordó incluir dentro de los instrumentos de medición  
nacional del DANE, tres preguntas relacionadas al reconocimiento como campesino, a  
saber: 1. ¿Usted se considera campesino?, 2. ¿Usted considera que alguna  vez fue  
campesino? (para quienes respondieron “No” en la pregunta anterior), y 3. ¿Usted  
considera  que la comunidad en la  que vive es campesina?  
 
Esas preguntas  se incluyeron  por primera  vez en 2019 en la Encuesta  de Cultura  Política  
-ECP, la Encuesta  Nacional  de Calidad  de Vida -ECV y la Encuesta  Nacional  Agropecuaria  
-ENA, con el fin de identificar  aspectos  culturales,  productivos,  asociativos  y 
territoriales  de las personas  que se identifica  subjetivamente  como  campesinas,  y tener  
una medición de  esta población.  
 
Algunos resultados relevantes de las encuestas anteriores, publicados por el DANE en  
2021, respecto  a quienes  se identificaron  como  campesinos, son:  
 
- El 35% de los encuestados en la ECP 2021 a nivel nacional se identificó como  
campesino; d e éstos el nivel educativo más alto alcanzado es básica primaria  
(39,4%), el 17.7% pertenece a un grupo, organización o instancia campesina,  
mientras que el 37.8% aseguró un alto grado de dificultad para organizarse y  
trabajar por una causa común. De este mismo grupo, el 46,7% señaló estar muy  
insatisfecho con la forma en que funciona la democracia en Colombia, además  
de que solo reconocen la protección y garantía de los derechos así: educación,  
salud,  seguridad  social,  trabajo  y vivienda  un 36,2%,  derecho  a la vida, libertad,  
integridad  y seguridad  un 35,9%,  y los derechos  del campesinado  un 28% 
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- El 30,8% de los encuestados y el 29,8% de los hogares en la ECV 2021 se  
identificaron como población campesina; el 35,2% de los hogares campesinos,  
tienen  jefatura  femenina.  El índice  de pobreza  multidimensional  es del 31,1%  en 
las zonas rurales, mientras que el total nacional es del 16%. El 90,8% de los  
hogares  campesinos  no cuentan  con un trabajo  formal  y el 12% se encuentran  en 
una situación  de desempleo  de larga duración.  Frente  al acceso  a servicios  en los 
se encontró: el 93,8% tiene energía eléctrica, 32,1% cuenta con gas natural,  
66,3% con acceso a acueducto, 37,5% cuenta con alcantarillado y el 50% con  
recolección  de basuras.  
 
- El 95,1%  de los productores  encuestados  como  persona  natural  en la ENA 2019 se 
identificaron como campesinos y el 98,2% consideró que la comunidad en la que  
viven es campesina. Del total de las Unidades de Producción Agropecuaria  
correspondientes a 2.020.662, el 60% tienen un tamaño menor a 5 hectáreas  
(1.206.869  UPA) y  el 0,46%  tienen  más de 1.000  ha (9.380  UPA).  
 
De otra parte, en 2020 la Gran Encuesta Inte grada de Hogares1 encontró 20 millones de  
personas  NO ocupadas  a nivel nacional:  15,6 millones  en las cabeceras  municipales  y 4,3 
millones  en los centros  poblados  y rural disperso  del país. Por otra parte,  de la población  
ocupada en los centros poblados y rural disperso, el 32,3% se encontraba en situación  
de pobreza monetaria. Igualmente, de esta misma población ocupada en los centros  
poblados y rural disperso, el 23,8% se encontraba en una relación laboral formal, y el  
76,2% estaba  en la informalidad.  
 
Todos  esos elementos  del panorama  rural,  son factores  claves  que sustentan  la situación  
de vulnerabilidad en la que se encuentra la población campesina de Colombia, además  
de otros elementos influyentes como el desconocimiento generalizado de los derechos  
al territorio y la territorialidad campesina, a su identidad desde la dimensión cultural,  
las formas  organizativas  y productivas,  sus medios  de comunicación,  la comercializ ación  
de sus productos, su  cocina, alimentos y  medicina  tradicional,  etc. 
 
En concordancia con lo anterior, la Defensoría del Pueblo dentro de su estrategia de  
atención, prevención, promoción y protección de los derechos humanos, y seguimiento  
a la Ley de Víctimas,  aprobó  el Proyecto  de Inversión  para la vigencia  2023 “Contribución  
en la Construcción  de Ciudadanía  de las Víctimas  del conflicto  Armado  a nivel Nacional”,  
el cual tiene  como  objetivo  “incrementar  la incidencia  de las acciones  defensoriales  en 
la prevención, atención, promoción y protección necesarias en el restablecimiento de  
los derechos de  las víctimas del conflicto  armado”.  
 
El proyecto de inversión plantea, entre otras acciones: (i) Promover la respuesta de las  
instituciones y de las autori dades ante las recomendaciones que realiza la defensoría  
frente  a los riesgos  de vulneración  de DDHH  contribuyendo  a la articulación  institucional  
de los lineamientos para la atención y reparación a las víctimas, la promoción de la  
alineación de las medidas en la atención a la población víctima del conflicto y la  
contribución a la eficiencia en la comunicación interinstitucional y (ii) contribuir al  
fortalecimiento de la participación de las víctimas, individuales y colectivas en el  
ejercicio  de sus libertades  públicas  y su propósito  de vida. 
 
Ahora bien, dentro de las funciones esenciales asignadas a la Defensoría Delegada para  
los Asuntos Agrarios y Tierras, se encuentra el acompañamiento a sujetos individuales,  
colectivos  y organiz aciones  de campesinos  que vean vulnerados  o amenazados  sus 
 
 
1 Cifras  extraídas  de: https://www.dane.gov.co/files/lineas -de-tiempo/boletin -poblacion -ocupada -pobreza - 
monetaria/index.htm l 
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derechos  humano s. Para ello, la labor  de acompañamiento  debe enmarcarse  en procesos  
de exigibilidad  de sus derechos,  promoción  al desarrollo  de políticas  públicas  y medidas  
afirmativas  que garanticen  condiciones  de igualdad  material,  fortalecimiento  de 
capacidades comunitarias y atención de necesidades para la realización de condiciones  
esenciales  de existencia.  
 
Por su parte,  la Circular  028 de 2015 de la Defensoría  del Pueblo,  fijó la distribución  de 
acciones  para cada una de las dependencias  de la Entidad,  encaminadas  al 
acompañamiento en los escenarios y aspectos contemplados en la Ley 1448 de 2011 en  
relación  con los derechos  y garantías  de las víctimas  del conflicto  que fueron  despojadas  
y/o obligadas a abandonar forzadamente sus tierras; para el efecto se le atribuyó a la  
Delegada  para los Asuntos  Agrarios  y Tierras  su concurrencia  para garantizar  el 
restablecimiento  y goce efectivo  de los derechos  de la población  retornada  en el marco  
de los procesos  de restitución  de tierras  una vez proferido  el fallo,  contribuyendo  a velar 
por el acceso efectivo a los mismos y a que los procesos de retorno y restitución sean  
efectivos  y sostenibles en  el tiempo.  
 
En consideración a lo anterior, se ha desarrollado una estrategia de atención en los  
territorios que ha implicado llegar a zonas rurales de difícil acceso y baja presencia  
institucional,  desarrollando  las siguientes  acciones:  
 
• Brindar  atención  y orientació n a las comunidades  y organizaciones  campesinas  en el 
adecuado ejercicio de sus derechos, indicando las rutas de atención y de acceso a  
los mismos, así como las acciones y mecanismos de exigibilidad de derechos, y  
realizando  seguimiento  a la respuesta  oportuna  de las entidades  frente  a las 
demandas de la población campesina víctima en las que intervenga la Defensoría  
para la protección  de derechos  y para la garantía  del goce efectivo  de los mismos.  
• Participar en espacios de dialogo y mesas de trabajo co n entidades del gobierno y  
comunidades  campesinas  para el impulso  a la garantía de  los derechos  de la 
población  campesina  víctima.  
• Realizar acciones de incidencia ante autoridades y entidades del nivel nacional y  
regional  para la  garantía  de los derechos del  campesinado.  
• Realizar  actividades  de promoción,  divulgación  de derechos  de la población  
campesina víctima y fortalecimiento de capacidades de las comunidades para la  
exigibilidad  de sus derechos.  
• Aportar insumos para el seguimiento de la polít ica pública campesina, agraria, de  
tierras y de restitución de tierras, y de la garantía de los derechos del campesinado  
en el nivel regional y local, como resultado de las visitas de seguimiento a casos  
acompañados, y de la atención, orientación y asesorí a brindada, complementada  
con las solicitudes de recolección de información de comunidades y entidades del  
orden  local y territorial,  realizadas por  la Delegada.  
 
La Defensoría del Pueblo hace presencia a través de sus 42 regionales; de las cuales,  
únicamente 11 Regionales (Cundinamarca, Magdalena Medio, Cesar, Sucre, Valle del  
Cauca, Chocó, Tumaco, Meta, Cauca, Urabá y Guaviare) cuentan, cada una, con un  
asesor especializado en la función misional de la Delegada para Asuntos Agrarios y  
Tierras  para la atención,  promoción  y defensa  de los derechos  de la población  campesina  
y rural del país. Mientras  que las demás  Regionales,  reciben  apoyo  y asesoría  del equipo  
técnico  de la Delegada  desde  el nivel central,  compuesto  tan solo de 7 profesionales.  
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Es así como, la Delegada priorizó la regional Caquetá2 como una de las regiones para  
brindar atención y acompañamiento a la población campesina víctima del conflicto  
armado  interno.  
 
El Departamento de Caquetá forma parte de la Región Amazónica y de la subregión  
denominada  Amazonia  Occidental,  caracterizada  por ser la de mayor  densidad  
demográfica,  con poblamiento  continuo  alrededor  de las principales  vías de 
comunicación y de los ríos . La conforman el suroriente de Nariño, el suroriente de  
Cauca,  el suroccidente  del Meta, Guaviare, Caquetá  y Putumayo.  
 
La población  del Caquetá  es heterogénea,  compuesta,  entre  otras,  por flujos  migratorios  
ocurridos entre 1946 y 1962, enmarcados por la violencia bipartidista, además de la  
migración  generada  por la bonanza  cocalera  de la década  de 1970.  
 
Han existido diferentes circunstancias como la débil presencia del Estado, las precarias  
condiciones econó micas de la zona, la marginalidad de las poblaciones y el terreno  
inhóspito, que han servido de incentivo para actores armados ilegales de origen y  
accionar  diverso.  Los grupos  guerrilleros,  los paramilitares  y las organizaciones  
dedicadas al narcotráfico encontraron en este departamento un lugar propicio para el  
desarrollo  de sus actividades ilícitas  y la confrontación  armada.  
 
Los 16 municipios del departamento de Caquetá hacen parte del programa PDET y en  
nueve municipios avanza el programa de Sustitució n de Cultivos de Uso Ilícito PNIS, en  
el que hay 12.959 familias inscritas (UNODC,2020). Así mismo, en el departamenta hay  
presencia de 520 excombatientes de manera dispersa en los diferentes municipios del  
Caquetá y alrededor de 200 en Aguabonita, municipio de Montañita, y 80 en Miravalle,  
municipio de San Vicente del Caguán. Los dos Espacios Territoriales se caracterizan por  
tener  un alto grado  de organización  y coordinación  interna  que les ha permitido  impulsar 
distintos proyectos productivos. En el caso de Aguabonita, uno de los logros más  
importantes es la compra de 175 hectáreas de tierra por parte de los excombatientes  
que comprenden  el ETCR  y la zona aledaña.  En este terreno,  con fondos  propios  y ayuda  
de la cooperación internacional, están cultivando piña, Sacha Inchi, cítricos, yuca y  
plátano (para auto consumo). Además, están construyendo una despulpadora de frutas  
y tienen  proyectos  de piscicultura,  cerdos,  gallinas,  ebanistería  y confección  de botas.  
 
De acuerdo  con los datos  publicados  por el DANE  el 34% de la población  del 
departamento  de Caquetá  vive en centros  poblados  y rural disperso,  donde  el índice  de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)3, es de 39,12% mientras que en las cabeceras  
municipales  es del 16,75%.  Así mismo,  la Incidencia  de pobreza  multidimensional  de los 
centros poblados y rural disperso es de 36,6%, mientras que en las cabeceras es del  
15,9%.  
 
Del total de la población se estima que un 38,8% es víctima del conflicto armado; ello  
responde a las dinámicas del conflicto armado en la zona y de la fuerte presencia que  
tuvo en la década  de los 90 y 2000 la guerrilla  FARC,  ELN y grupos  paramilitares.  A pesar  
del alto porcentaje  de población  víctima  del conflicto,  la presencia  institucional  es débil 
en la atención a esta población. (ACNUR,  2020)  
 
 
 
 
2 De conformidad  con la Resolución  676 de 2021,  la Regional  Putumayo  ejerce  sus funciones  en los siguientes  territorios:  
Colón, Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Francisco, San Miguel (La  
Dorada),  Santiago,  Sibundoy,  Valle del Guamuez  (La Hormiga),  Villagarzón,  y Piamonte  en el departamento  del Cauca.  
3 El índice  de necesidades  básicas  insatisfechas  busca  determinar  si las necesidades  básicas  de la población  se encuentran  
cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado son clasificados como pobres. Los indicadores hacen  
referencia  a viviendas  inadecuadas,  con hacinamiento  crítico,  con servicios  inadecuados,  con alta dependencia  
económica,  con niños  en edad  escolar  que no asisten a  la escuela.  Cifras  del CNPV  2018.  
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En el departamento del Caquetá, actualmente, tienen influencia p or lo menos de tres  
estructuras disidentes: una se encuentra en San Vicente del Caguán, zona limítrofe con  
La Macarena (Meta), otra tiene influencia entre Cartagena del Chairá, Montañita y  
Solano,  y otra en la zona de influencia  del rio Caquetá  que colinda  con el departamento  
del Putumayo,  las cuales  han sido áreas  de disputa  entre  actores  armados  por el control  
de los cultivos de  coca,  procesamiento  y comercialización de  drogas.  
 
La presión de los grupos armados, así como el incumplimiento en algunos de lo s puntos  
el programa de sustitución de cultivos PNIS, ha generado el aumento en los cultivos de  
coca, siendo así que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - 
UNODC4 reportó para 2021, 3.669 hectáreas de coca en el departamento de Caq uetá.  
De acuerdo  con el Observatorio  de Drogas  de Colombia5, este departamento  es el cuarto  
departamento con mayor porcentaje de cultivos de uso ilícito con el 16% del total  
nacional y, Puerto Asís es el cuarto municipio con mayor área de cultivos de uso ilícito,  
superado por Tibú (Norte de Santander), Tumaco y El Charco (Nariño), y El Tambo  
(Cauca). Este escenario ha generado un aumento en los operativos de erradicación  
forza da, ocasionando con ello enfrentamientos entre la población cultivadora, en su  
mayoría campesina, con la fuerza armada. De allí que la comunidad campesina ha  
reclamado  la urgente  implementación  de todas  las dimensiones  del punto  4 del Acuerdo  
final para la  paz, relacionado con la sustitución de cultivos, además del cumplimiento  
del punto  1 en relación  a la implementación de  la Reforma  Rural  Integral.  
 
Sumado  al contexto  anterior,  según  información  de la Agencia  Nacional  de Hidrocarburos  
(ANH),  el departamento  se encuentra  localizado  dentro  de la cuenca  Caguán-Putumayo,  
una de las más prosperas del país para el hallazgo de nuevas reservas de crudo.  
Actualmente, el 25% de la región, tiene contratos de exploración, evaluación técnica y  
explotación  de hidrocarburos.  
 
En relación  al uso y tenencia  de la tierra,  según  el Instituto  Geográfico  Agustín  Codazzi,  
de las 9.010.289  hectáreas  que conforman  Caquetá,  1.227.952  hectáreas  albergan  suelos  
con la capacidad para algún tipo desarrollo productivo, las cuales abarcan el 13% del  
departamento. Así mismo, el área con capacidad forestal del Caquetá suma 822 mil  
hectáreas, es decir el 9% del área departamental. El uso agroforestal abarca 315 mil  
hectáreas (3%), mientras que las zonas netamente agrícolas solo están en 80.838  
hectáreas  (1%) y  las ganaderas  en 9.489 hectáreas (0,1%).  
 
Por otra parte, estudios del IGAC indican que el 71,3% del departamento (6.430.058  
hectáreas), está conformado por áreas prioritarias para la conservación ambiental, es  
decir terrenos que, por su importancia ecológica, deben tender a la protección,  
refiriéndose a que el 15% está constituido por las áreas de protección legal como  
Parques  Nacionales  Naturales  y Reservas  Forestales  Protectoras  Nacionales.  
 
Ante este panorama el estudio de conflictos de uso del suelo del IGAC reveló que  
1.162.699 de hectáreas distribuidas en el piedemonte de Caquetá, padecen de uso un  
inadecuado y la principa l problemática es la sobrecarga de cultivos y ganadería en  
zonas no aptas para tales actividades (sobreutilización), que afecta a 1.129.111  
hectáreas.  Entre  tanto,  solo 35.588  hectáreas  tienen  subutilización  en sus suelos.  
 
El municipio  caqueteño  más afect ado por la sobreutilización  es Morelia  (84% de su área 
afectada).  Le siguen  Albania  (79%),  Valparaíso  (76%),  Milán  (69%),  El Paujil  y Montañita  
(57%), Solita (56%) y Curillo (52%). En el 86% restante se realiza un uso adecuado de  
sus suelos, principalmente en los municipios de Solano (98%) y Cartagena del Chairá  
(90%).  
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En junio de 2021 en el marco del Paro Nacional, el gobierno nacional suscribió los  
“Acuerdos  de Altamira”  con las organizaciones  campesinas  del departamento  del 
Caquetá y Sur del Meta, quienes reclamaron por la falta de garantías para el acceso y  
formalización de tierras, ampliación o constitución de Zonas de Reserva Campesina,  
sustracción de las Zonas de reserva forestal y la situación de los campesinos que se  
encuentran  en estas zonas,  delimitación  de las áreas  protegidas  y de la frontera  agrícola,  
y exigieron la activación de espacios de participación y el acceso a la informac ión, así  
como  el cumplimiento  del Acuerdo  de Paz. Adicionalmente,  en mayo  de 2022 el Instituto  
Colombiano  Agropecuario  expidió  la Resolución  7067 por la cual se cancelan  los registros  
sanitarios de predios pecuarios ubicados dentro de las áreas del Sistema de Parques  
Nacionales  Naturales,  la cual fue emitida  en cumplimiento  de la Directiva  No.006  del 07 
de abril de 2022 de la Procuraduría General de la Nación, la cual dispone medidas pa ra 
el control y vigilancia de las actividades ganaderas en las áreas del Sistema de Parques  
Nacionales  Naturales  (SPNN)  y los Parques  Naturales  Regionales  (PNR)  en el marco  de la 
lucha contra la deforestación. Lo anterior, generó la necesidad de establecer  nuevas  
mesas de dialogo debido  a las implicaciones  de estas  nuevas  medidas.      
 
Teniendo en cuenta que la Defensoría fue garante en el espacio de diálogo y que los  
acuerdos abarcan temas claves para el cumplimiento del Acuerdo de Paz en la región,  
es necesario continuar con el seguimiento y acompañamiento a las organizaciones  
campesinas,  en procura  de impulsar  el cumplimiento  de los acuerdos,  e incidir  para que 
se garanticen los derechos del campesinado y que estas comunidades cuenten con  
mejores  condiciones de  vida. 
 
Igualmente, es necesario hacer seguimiento y acompañamiento a las comunidades  
campesinas que colindan o se encuentran asentadas en áreas de especial interés  
ambiental en el departamento del Caquetá para la atención de las conflictividades  
socioambientales que se están presentando, por la colisión de derechos entre las  
organizaciones  de la región  y la protección  del ambiente,  así mismo  el seguimiento  a los 
planes,  programas  y fines del Sistema  Nacional  de Cambio  Climático – SISCLIM.  
 
De igual forma  realizar  una articulación  interinstitucional  con la gobernación  del 
Putumayo para apoyar el fortalecimiento de económicas campesinas y acompañar la  
iniciativa  de mercados  campesinos  en esta región.  Igualmente,  la Delegada  se encuentra  
haciendo  seguimiento  a la implementación  y funcionamiento  de los Consejos  Municipales  
de Desarrollo Rural (CMDR) y los Consejos Seccionales de Desarrollo Rural (CONSEA),  
para mejorar los espacios de participación de la población campesina en la toma de  
decisiones respecto a las problemáticas y soluciones que afronta en campo en esta  
región, dando una mayor eficiencia de las políticas públicas agrarios para el desarrollo  
rural.  
  
En la misma  vía, se requiere  hacer  seguimiento  a las políticas  públicas  para la 
implementación del Acuerdo Final en la región, respecto al avance en los PNIS, PDET,  
Planes  Nacionales  Sectoriales,  Zonificación  Ambiental  participativa.  
 
Por último,  y con el fin de aportar  al acceso  a la información  de las comunidades  rurales,  
es importante continuar con el desarrollo de actividades de promoción, divulgación de  
derechos  de la población  campesina  y fortalecimiento  de capacidades  de las 
comunidades  para la exigibilidad  de sus derechos.  
 
El cumplimiento de estas actividades contribuye al cumplimiento del Plan de Acción  
Anual de la Delegada, y a fortalecer las acciones de impulso de la garantía de los  
derechos del campesinado, en temas de orientación a población rural, participación en  
espacios de articulación y al fortalecimiento de las capacidades de las comunidades en  
la exigibilidad de  los derechos humanos.  
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En virtud de los anterio r, se requiere la contratación de los servicios de un profesional  
en la región del Caquetá, que brinde el acompañamiento, promoción y divulgación de  
los derechos de los campesinos y que permita mejorar los lazos de comunicación y  
participación en los escen arios que el Estado brinda para conocer sus necesidades y  
compromisos  pactados en  el Acuerdo  Final para  la Paz. 
 
Asimismo, a través del proceso de contratación de los servicios del profesional, la  
Defensoría del pueblo generará un impacto en la región con la presencia de la entidad  
protectora y garante de los derechos humanos, en un territorio que durante el último  
siglo ha sufrido el abandono estatal y han permeando organizaciones ilegales, siendo  
promotores de la violación de los derechos de los campesinos, el desplazamiento y  
abandono  de sus territorios.  
 
El proceso  contractual,  beneficiaria  a la población  campesina  de la región  del Caquetá,  
contribuyendo  a su atención  integral  en materia  de acompañamiento  y asesoría  
relacionados  con las políticas  públicas  enfocadas  en el campesinado  en asuntos  agrarios  
y de tierras, y frente al goce efectivo de sus derechos, así como visibilizar a esta  
población  como  sujetos  de derecho  de especial  protección  constitucional.  
 
Que, en este sentido, la Delegada Para Asuntos Agrarios y Tierras, no cuenta con  
personal de planta suficiente para desarrollar todas las actividades antes descritas, por  
lo que se hace necesario contratar los servicios profesionales para el cumplimiento del  
objeto.  
 
La presente contratación se encuentra incluida en el plan anual de adquisiciones de la  
Entidad  vigencia  2023.  
 
2. OBJETO  A CONTRATAR  
 
Prestación  de servicios  profesionales,  por sus propios  medios  y plena  autonomía  técnica  
y administrativa,  para la promoción  y divulgación  de derechos,  atención  y orientación  a 
la población campesina víctima del conflicto, seguimiento a la política pública dirigida  
a esta población, en  la Regional Caquetá.  
 
3. OBLIGACIONES  
 
3.1 Obligaciones  Específicas  y Generales  del Contratista  
 
1. Desarrollar  actividades  de atención,  asesoría,  acompañamiento  a las comunidades  y 
organizaciones  campesina  en el adecuado  ejercicio  de sus derechos,  de conformidad  
con los lineamientos  de la Delegada  y con los procesos  y procedimientos  establecidos  
en el sistema  integrado  de gestión  institucional  de la Defensoría  del Pueblo,  así como  
diligenciar  los formatos  respectivos  y registrar  las solicitudes,  quejas  y peticiones  en 
el sistema  VisionWeb.  
2. Realizar procesos de formación , promoción y divulgación en materia de DDHH y  
competencias  ciudadanas  dirigidas  a la población  campesina,  pescadores  
artesanales,  jóvenes  rurales,  mujeres  rurales  y campesinas  y servidores  públicos.  
3. Elaborar  un diagnóstico  de las necesidades  del campesinado  en la Regional  Caquetá,  
en torno  a la ordenación  territorial,  acceso,  formalización,  saneamiento  y 
restitución de tierras, como también, procesos de desarrollo rural encaminados a  
mejorar las condiciones de vida, y proponer acciones de incidencia para la garantía  
de los derechos del  campesinado.  
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4. Aportar al seguimiento de las instancias de participación campesina y acompañar a  
la población  objeto  de la delegada  en estos escenarios  en el ámbito  territorial  de la 
regional  Caquetá, de  conformidad  con los lineamientos  de la Delegada.  
5. Aportar insumos para el seguimiento de las políticas públicas establecidas para el  
cumplimiento del Acuerdo Final para la Paz, con especial énfasis en el programa de  
sustitución  de cultivos de  uso ilícito, en  la regional Caquetá.  
6. Realizar incidencia para el fortalecimiento de las economías campesinas de la  
regional Caquetá para el acceso de bienes y servicios agropecuarios, y suministrar  
los informes a la  Delegada  Para Asuntos Agrarios  y Tierras.  
7. Aportar  al seguimiento  de los planes  y programas  de adaptación  al cambio  climático  
en el sector  agricultura  y desarrollo  rural que se ejecuten  en el ámbito  territorial  de 
la Regional  Caquetá.  
8. Realizar un reporte semanal a la Delegada para Asuntos Agrarios y Tierras sobre  
“Actualidad  de derechos  del campesinado”  en donde  informe  sobre  los 
acontecimientos sucesos y hechos ocurridos en la región relacionados con los temas  
de competencia  de la Delegada.  
9. Atender los requerimientos solicitados por el  supervisor del contrato y por el  
Defensor Delegado  en desarrollo  del objeto  contractual.  
10. Guardar  la debida  confidencialidad  respecto  de la documentación  y trámites  
realizados en cumplimiento del objeto de l contrato, entendida por tal, no solo no  
hacer  pública  dicha  información  sino además  su adecuada  manipulación.  
11. Acreditar una cuenta corriente o de ahorros con base en el listado de bancos y  
corporaciones que para tal efecto tiene la Subdirección Financiera de la Defensoría  
del Pueblo,  para realizar  el pago acordado  en el contrato.  
12. Diligenciar  y suscribir  junto  con el supervisor  del contrato,  el formulario  de 
Calificación de Contratistas (CO -P03-F69) al finalizar su ejecución, así como en los  
casos  de terminación anticipada  o cesión  de contrato.  
13. Remitir a la Subdirección de Gestión del Talento Humano - área de SST copia del  
certificado  de aptitud  medica  de ingreso  vigente  al correo  sst@defensoria.edu.co  
14. Asistir  al curso  de inducción  virtual  en Seguridad  y Salud  en el trabajo  para 
contratistas,  en el campus  virtual  de la Defensoría  del Pueblo,  
https://campusvirtual.defensoria.gov.co/course /view.php?id=84 dentro de los 15  
días calendario  siguientes  a la suscripción  del contrato.  
15. Cumplir con las políticas del sistema integrado de gestión y de seguridad y salud en  
el trabajo  (SG-SST) de La DEFENSORÍA,  así como  adoptar  lo definido  en las 
disposiciones legales y la normativa interna de la Entidad para la contratación en  
cumplimiento  del SG -SST. 
16. Acreditar el cumplimiento integral de los Requisitos de Seguridad y Salud en el  
Trabajo para la Contratación, así como el cumplimiento de la legislación en SG -SST 
aplicable  a la naturaleza  de las actividades  contractuales  y a permitir  el 
seguimiento, evaluación y control del grado de cumplimiento de estos, sin que, en  
virtud de lo ant erior, se cree relación laboral alguna entre la Defensoría del Pueblo  
y los contratistas, lo anterior de conformidad con el Manual de SG -SST que para tal  
fin disponga  la Defensoría.  
17. Acreditar  el cumplimiento  integral  de los Requisitos  del Sistema  de Gestió n 
Ambiental  y la legislación asociada.  
18. Para los correspondientes pagos se deberá enviar y publicar en la plataforma del  
SECOP  II el formulario  de Informe  de Contratistas  (Descargable  del Mapa  de Procesos  
de la Entidad) y  los documentos requeridos.  
19. Enviar  mensualmente  a través  de la plataforma  del SECOP  II, copia  de los 
comprobantes  de pago de los aportes  al sistema  de seguridad  social  en salud,  
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pensiones y riesgos laborales, que serán verificados por el Supervisor del contrato,  
los cuales  deberán  liquidarse  con base en los honorarios  mensuales  pactados.  
20. Mantener durante la ejecución del contrato, actualizada la información que deba  
ser registrada  en el portal SIGEP.  
21. Publicar  en la plataforma  del SECOP  II el informe  final de las actividades  ejecutadas.  
22. Responder, cuando haya lugar a ello, por los elementos devolutivos que le sean  
asignados para el desarrollo de sus actividades y hacer entrega de los mismos, al  
momento  de la terminación  del contrato  al Supervisor del contrato.  
23. Entregar a la finalización del contrato y mediante inventario, los documentos de  
archivo  físicos  y electrónicos  que se encuentren  en equipos  de cómputo,  sistemas  de 
información,  medios  portátiles  de almacenamiento  y en general  en cualquier  
dispositivo o medio electrónico. El Supervisor efectuará la verificación respectiva y  
dejará  constancia  del recibido  a satisfacción  en el informe  final.  
24. Elaborar los informes que le sean solicitados por el supervisor del contrato en el  
tiempo  y condiciones  en que los mismos  sean requeridos.  
25. Cumplir con las demás actividades que se deriven del objeto y naturaleza del  
contrato.  
 
3.2 Obligaciones  de la Defensoría  del Pueblo  
 
1. Garantizar  la apropiación  de los recursos  económicos  para la 
ejecución  del Contrato.  
2. Ejercer  la supervisión  del Contrato.  
3. Realizar  en la forma  y condiciones  pactadas  el desembolso  de las 
sumas  señaladas  acordadas  como  valor del  contrato.  
4. Las demás  que se desprendan  de la naturaleza  del Contrato.  
 
1. MODALIDAD  DE SELECCIÓN  DEL CONTRATISTA  Y SU JUSTIFICACIÓN  
 
La Defensoría del Pueblo realizará la presente contratación teniendo en cuenta los  
siguientes  fundamentos:  
 
El numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, define entre las modalidades de  
contratos estatales el de prestación de servicio s; y a su vez la Ley 1150 de 2007, por la  
cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en  la Ley 80 de 1993,  
establece  en su artículo  segundo,  numeral  4º como  modalidad  de selección  la 
contratación  directa  cuando  se trate de: "h) Para la prestación  de servicios  profesionales  
y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan  
encomendarse  a determinadas personas  naturales".  
 
A su vez el Decreto 1082 del 2015 articulo 2.2.1.2.1.4.9, reitera la contratación de  
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, como una causal para  
utilizar esta modalidad, en el entendido de que los servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión  corresponden  a aquellos  de naturaleza  intelectual  diferentes  a los de 
consultoría.  
 
“Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de  
apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden  
encomendarse a determinadas personas naturales . Las Entidades Estatales pueden  
contratar  bajo la modalidad  de contratación  directa  la prestación  de servicios  
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en  
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal  
verifique  la idoneidad  o experiencia  requerida  y relacionada  con el área de que se trate.  
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En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias  
ofertas,  de lo cual el ordenador  del gasto  debe dejar  constancia  escrita.  
 
Los servicios  profesionales  y de apoyo  a la gestión  corresponden  a aquellos  de naturaleza  
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las  
funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas,  
logísticas,  o asistenciales...  ()” 
 
En suma,  de acuerdo  con lo previsto  en el artículo  32 de la Ley 80 de 1993,  se define  el 
contrato de prestación de servicios como los que celebren las entidades estatales para  
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las  
mismas.  Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas  
actividades no pueden realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos  
especializados.  
 
En el numeral  primero  de los presentes  estudios,  se describe  con suficiencia  la necesidad  
que tiene la entidad de con tar con un(a) Profesional que brinde sus conocimientos y  
habilidades para desarrollar actividades intelectuales que no desarrolla el personal de  
planta, bien sea por insuficiencia de estos o por la especialidad de los conocimientos  
requeridos.  
 
Por lo ante rior, la selección del contratista se realiza en atención a la idoneidad y  
experiencia  para ejecutar  el objeto  contractual,  haciendo  viable  la contratación  directa  
de prestación de  servicios profesionales.  
 
2. ANÁLISIS  DEL SECTOR  
 
La Defensoría del Pueblo luego de conocer su necesidad y de identificar los servicios  
profesionales o de apoyo a la gestión para satisfacerla, analizó el sector o mercado al  
cual pertenecen  tales servicios,  en consecuencia,  realiza  el análisis  correspondie nte. 
 
A. Aspectos  Generales  
 
“La Defensoría del Pueblo, como institución del Estado colombiano responsable de  
impulsar la efectividad de los derechos humanos en el marco del Estado Social de  
Derecho, y en sintonía con los derechos humanos colectivos es consciente de que la  
calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo son elementos que  
influyen en el contexto en el que se desarrollan sus actividades, por tal razón, ha  
establecido un sistema integrado de gestión para el adecuado direccionamiento de sus  
procesos  y evidencia  su compromiso  a través de:  
 
• El cumplimiento con los requisitos de los usuarios de los servicios prestados por la  
entidad.  
• El cumplimiento de los requi sitos legales aplicables y otros requisitos aplicables  
relacionados  con la calidad,  medio  ambiente  y seguridad  y salud  en el trabajo.  
• Proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de  
lesiones  y deterioro  de la salud  de los trabajadores.  
• Eliminando  los peligros  y mitigar  los riesgos  que generan  incidentes,  enfermedades  
laborales  y accidentes de  trabajo.  
• La identificación  continua  de las amenazas  y situaciones  de emergencias,  
implementando  mecanismos  de control  y programas  de intervención.  
• Favoreciendo un ambiente participativo permitiendo la consulta y participación de  
los empleados públicos, contratistas, subcontratistas, y demás interesados, con el  
fin de fomentar  su calidad  de vida laboral.  
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• La protección  del medio  ambiente,  prevención,  mitigación  y control  de la 
contaminación  y sus riesgos derivados.  
• La revisión,  evaluación  y verificación  de las acciones  generadas  para el 
mejoramiento  continuo  de su Sistema  Integrado  de Gestión.  
 
La Defensoría  del Pueblo  se compromete  a impulsar  entre  todos  los empleados  públicos,  
contratistas, subcontratistas, y demás partes interesadas el cumplimiento de esta  
política a través de su comunicación”.4 
 
B. Estudio  de la Oferta  
 
¿Quién  vende?  
 
En el mercado  de profesionales  estos  servicios  son prestados  generalmente  por personas  
naturales  que cuentan  con una formación  académica  profesional  en las siguientes  áreas:  
Ciencias  Sociales,  Humanas  o del Agro,  derecho,  ciencias  políticas,  economía,  
administración, ingeniería industrial o carreras afines, con una experiencia profesional  
relacionada con alguna de las siguientes áreas: política agraria, restitución de tierras,  
derecho agrario, derechos humanos, formulación de política pública, ordenamie nto y  
planeación territorial, o procesos de planificación participativa, articulación intra e  
interinstitucional,  gestión  pública,  trabajo  con comunidades  especialmente  vulnerables,  
o en el área jurídica.  
 
C. Estudio  de la Demanda  
 
¿Cómo  ha adquirido  la Entid ad Estatal  en el pasado  este servicio?  
 
Analizado el antecedente de vigencias anteriores de los contratos suscritos a través de  
la modalidad  de contratación  directa  de prestación  de servicios  profesionales  o de apoyo  
a la gestión,  se relacionan  a continuación  las siguientes  contrataciones  las cuales  fueron  
consultadas  a través  del Sistema  Electrónico  de Contratación  Pública  SECOP  II 
https://www.colombiacompra.gov.co  
 
No. 
Contrato  Objeto  Plazo  de 
ejecución  Honorarios  
 
 
 
CD-300- 
2021 Prestación de servicios profesionales en la  
Defensoría del Pueblo Regionales Boyacá y  
Casanare  para la atención,  orientación,  
asesoría,  acompañamiento  a la población  
campesina  y rural víctima  del conflicto,  
realizar  promoción  y divulgación  de sus 
derechos, y aportar insumos al seguimiento  
de la política  pública  agraria  y de tierras  a 
nivel regional  270 días Honorarios  
mensuales:  
$5.200.000  
Valor  total:  
$46.800.000  
CD-319- 
2022 Prestar sus servicios profesionales, por sus  
propios  medios  y con plena  autonomía  
técnica  y administrativa,  para la 
orientación, acompañamiento, seguimiento  
y promoción de la política pública para la  
atención  y reparación  de las víctimas,  
pertenecientes  a los grupos  étnicos  
atendidos  por la Regional  Bogotá.  7 meses  Honorarios  
mensuales:  
$5.000.000  
Valor  total:  
$35.000.000  
 
 
4 Política  Integrada  – Defensoría  del Pueblo  – Manual  del Sistema  Integrado  de Gestión  Institucional.  
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No. 
Contrato  Objeto  Plazo  de 
ejecución  Honorarios  
CD-131- 
2022 Prestación de servicios profesionales en la  
Defensoría  del Pueblo  Regionales  Caldas,  
Risaralda  y Quindío  para atender  a la 
población  campesina  y rural víctima  del 
conflicto,  así como  en la promoción  y 
divulgación  de sus derechos,  orientación,  
asesoría y acompañamiento, que sirva para  
aportar  insumos  al seguimiento  de la política  
pública  agraria  y de tierras  a nivel regional.  7 meses  Honorarios  
mensuales:  
$5.200.000  
Valor  total:  
$36.400.000  
 
¿Cómo  adquieren  las Entidades  Estatales  y las empresas  privadas  este servicio?  
 
No. Contrato  Entidad  Objeto  Plazo  de 
ejecución  Honorarios  
 
 
 
 
 
ANT-CDPS- 
1224-2021  
 
 
 
Agencia  
Nacional de  
Tierras  Prestación  de servicios  
profesionales  a la 
Subdirección  de Acceso  a 
Tierras en Zonas Focalizadas  
de la Agencia  Nacional  de 
Tierras, para brindar apoyo  
de acuerdo  con la 
normatividad  y 
procedimientos vigentes en  
los procesos de dotación de  
tierras  especialmente  los 
provenientes    del    Fondo  
Nacional  Agrario.   
 
 
 
 
258 días  
 
 
Honorarios  
mensuales:  
$5.150.000  
Valor  total:  
$43.775.000  
 
 
 
 
 
 
NPAA2052022   
 
 
 
 
Agencia de  
Desarrollo  
Rural  Prestar  sus servicios  
profesionales  a la Agencia  de 
Desarrollo  Rural,  en la 
aplicación  del esquema  de 
monitoreo,  seguimiento  y 
control  a los Proyectos  
Integrales  de Desarrollo  
Agropecuario  y Rural  con 
Enfoque Territorial - PIDAR  
desde  la Unidad  Técnica  
Territorial, de acuerdo con  
los procesos  y 
procedimientos  establecidos  
para tal fin.  
 
 
 
 
 
155 días  
 
 
Honorarios  
mensuales:  
$4.728.000  
Valor  total:  
$51.377.600  
PS-149-2022 Ministerio  
de 
Agricultura  
y Desarrollo  
Rural  Prestar  servicios  
profesionales  para participar  
en la formulación,  
implementación   y 
seguimiento a las políticas,  
planes  y programas  en 
inclusión  productiva  que 
benefician  a las mujeres  
rurales  y población  
vulnerable.  11 meses  Honorarios  
mensuales:  
$5.000.000  
Valor  total:  
$42.333.333  
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17/02/2023  
  
D. Conclusión  
 
Analizado  el sector  para la contratación  de este servicio,  lo establecido  en la resolución  
1814 de 2022 “ Por la cual se definen los lineamientos para la fijación de honorarios  
para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión ”, 
expedida  por la Defensoría  del Pueblo,  el objeto  contractual  y las actividades  a ejecutar,  
podemos concluir que los honorarios se pueden asignar en la suma CINCO MILLONES  
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.500.000) , con un plazo de ejecución de 6 meses . 
 
3. El VALOR  ESTIMADO  DEL CONTRATO  Y LA JUSTIFICACIÓN  DEL MISMO  
 
El valor del contrato,  teniendo  en cuenta  el análisis  del sector  realizado,  lo establecido  
en la resolución 1814 de 2022 “ Por la cual se definen los lineamientos para la fijación  
de honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a  
la gestión ”, expedida  por la Defensoría  del Pueblo,  el objeto  contractual  y las 
actividades a ejecutar será hasta por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS  
($33.000.000)  M/CTE,  incluido  el valor del IVA y demás  impuestos  a que haya lugar.  
 
El valor del contrato se encuentra respaldado por el certificado de disponibilidad  
presupuestal expedido por la Subdirección Financiera de la Entidad, conforme a la  
siguiente  información:  
 
CERTIFICADO  DE DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTAL  
NÚMERO  
DE CDP VALOR DEL  
CDP FECHA DEL  
CDP POSICION  CATALOGO  DE GASTO  
 
 
 
 
96723   
 
 
 
$44.000.000   
 
 
 
09-03-2023 C-2502-1000-27-0-2502002 -02 
ADQUISICIÓN  DE BIENES  Y SERVICIOS  - 
SERVICIO  DE ASISTENCIA  TÉCNICA  PARA  
ATENCIÓN,  ORIENTACIÓN  Y ASESORÍA  EN 
MATERIA  DE DERECHOS  HUMANOS,  EL 
DERECHO  INTERNACIONAL  HUMANITARIO  
Y EN ESCENARIOS   DE PAZ  - 
CONTRIBUCION  EN LA CONSTRUCCION  DE 
CIUDADANIA  DE LAS VICTIMAS  DEL 
CONFLICTO  ARMADO  
 
4. FORMA  DE PAGO  
 
La Defensoría  del Pueblo  pagará  al contratista  por conducto  de la Subdirección  
Financiera, de conformidad a lo establecido en la Resolución 1814 de 2022, honorarios  
mensuales equivalentes  a 131 UVT, las cuales corresponden a la suma de CINCO  
MILLONES  QUINIENTOS  MIL PESOS  M/CTE  ($5.500.000),  incluido  IVA y demás  impuestos  
a que haya  lugar.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta el valor definido por la DIAN para la UVT del año 2023,  
el cual corresponde a la suma de CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS  
M/CTE  ($42.412),  en virtud  a lo señalado  en la tabla  de honorarios  para los contratos  de 
prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, establecida mediante la  
Resolución  1814 de 2022, expedida  por la Defensoría del  Pueblo.  
 
En todo caso el primer pago se liquidará y pagará a partir de la suscripción del acta de  
inicio que será publicada  en el SECOP  II. 
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  Proceso:  Gestión  Contractual  Código: CO -P01- 
F67 
Versión:  04 
ESTUDIOS  PREVIOS  Y ANÁLISIS  DEL SECTOR  
CONTRATACIÓN DIRECTA  Vigencia desde:  
17/02/2023  
  
El pago está sujeto a la presentación de la factura o cuenta de cobro, declaración  
juramentada de Seguridad Social, soportes de pago de seguridad social del periodo  
inmediatamente  anterior,  formato  para pago de contratistas,  informe  de ejecución  con 
sus soportes  y el informe  de supervisión,  donde  se evidencie  el cumplimiento  a 
satisfacción.  
 
Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de  
fondos,  de tal manera  que la Defensoría  del Pueblo  no asume  responsabilidad  alguna  por 
la demora  que pueda  presentarse  en dichos  pagos  y por lo tanto  el contratista  cumplirá  
con sus obligaciones  y no podrá  aducir  como  justificación  alguna  para su no realización,  
demora  en el pago.  
 
Nota: En concordancia con lo dispuesto en el parágrafo tercero de la Resolución 1814  
de 2022,  el valor mensual  de los honorarios  se ajustó  al cien mil ($100.000)  más cercano,  
por defecto.  
 
5. CRITERIO  DE SELECCIÓN  
 
De acuerdo con lo señalado en e l artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, para  
la contratación directa, la selección de la persona natural o jurídica se realiza en  
atención  a su idoneidad  y experiencia  para ejecutar el  objeto  contractual.  
 
La Entidad considera que, de acuerdo con el objeto y las obligaciones a realizar  
mediante el contrato a suscribirse, el contratista debe ser una persona natural, que  
cuente  con la  idoneidad  y la experiencia  requerida.  
 
Por lo anterior, de conformidad con l o señalado en la Resolución 1814 de 2022, “ por 
medio de la cual se definen los lineamientos para la fijación de honorarios para los  
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión ”, se tendrá  
en cuenta  lo siguiente:  
 
CATEGORÍA  NIVEL  REQUISITO  HONORARIOS  
MENSUALES  EN UVT 
CATEGORÍA III - SERVICIOS  
PROFESIONALES  1 TP+24  ME DESDE  HASTA  
119 131 
 
Por esta razón el profesional a contratarse deberá cumplir con los siguientes requisitos  
para acreditar  la idoneidad y  experiencia:  
 
• Título  Profesional : Ciencias  Sociales,  Humanas  o del Agro,  derecho,  ciencias  
políticas,  economía,  administración,  ingeniería  industrial  o carreras  afines.  
 
• Experiencia  relacionada : Se deberá  contar  con mínimo  24 meses.  
 
Para efectos de establecer el cumplimiento de los criterios de selección se tendrá en  
cuenta lo establecido en el artículo quinto de la Resolución 1814 de 2022 de la  
Defensoría  del Pueblo.  
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  Proceso:  Gestión  Contractual  Código: CO -P01- 
F67 
Versión:  04 
ESTUDIOS  PREVIOS  Y ANÁLISIS  DEL SECTOR  
CONTRATACIÓN DIRECTA  Vigencia desde:  
17/02/2023  
  
6. ANÁLISIS  DE RIESGO  
 
 
 
 
 
 
N 
Clase  
Fuente  
Etapa  
Tipo  
 
 
 
 
Descripción   
 
 
 
Consecuen  
cia de la  
ocurrencia  
del evento  
Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
 
¿A quién  se le asigna?   
 
 
 
Tratamiento / 
Control a ser  
implementad  
o Impacto  
después del  
tratamiento  
¿Afecta  la ejecución  del 
contrato?  
Responsable  por implementar  
el tratamiento  
 
Fecha  estimada  en que se  
inicia  el tratamiento  
 
 
Fecha  estimada  en que se  
completa  el tratamiento   
Monitoreo  y revisión  Probabilidad  
Impacto  
Valoración  
Categoría  
 
 
¿Cómo se realiza el  
monitoreo?  
Periodicidad  
 
 
 
 
 
1 
General  
Externo  
Selección  
Operacional  El posible  
contratista no  
aporta la  
documentación  
requerida para  
ser contratado o  
no cumple con  
los requisitos  
legales o los  
solicitados  por la 
Entidad para ser  
contratado   
 
 
Retraso en  
la 
satisfacción  
de las  
necesidades   
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
4 
Bajo 
Posible contratista /  
Delegada  de Agrarios  Se establece  
un plazo para  
que entregue  
la 
documentació  
n, si no lo  
realiza la  
Entidad  
procederá a  
verificar otra  
hoja de vida.  
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
2 
Bajo 
No 
Delegada   
 
 
Antes de  
realizar la  
solicitud de 
contratació  
n  
 
 
Cuando se  
realiza la  
radicación de  
la solicitud  de 
contratación   
 
 
Verificación  
de los  
documentos  
contenidos en 
la lista de  
chequeo  
Antes de radicar la  
solicitud  de contratación  
 
 
 
 
2 
General  
Externo  
Ejecución  
Operacional   
 
 
Retiro voluntario  
por parte del  
contratista.   
 
Retraso en  
la 
satisfacción  
de las  
necesidades   
 
 
 
2  
 
 
 
3  
 
 
 
5 
Medio  
 
Contratista   
 
Solicitud de  
cesión del  
contrato o  
una nueva  
contratación.   
 
 
 
1  
 
 
 
1  
 
 
 
2 
Bajo 
SI 
Supervisor  Una vez sea  
radicada al  
supervisor  
la solicitud  
de 
terminación  
del 
contrato  
por parte  
del 
contratista   
 
Con la  
suscripción de  
la cesión  o del 
nuevo  
contrato   
 
Con la  
radicación de 
la solicitud  al 
Grupo de  
Contratación  
Una vez suceda  el hecho  
 
 
 
3 
General  
Interno  
Ejecución  
Operacional   
Uso indebido  de 
Información  
reservada  
conforme a la  
ley  
Filtración  
de 
información  
relevante   
 
 
4  
 
 
4  
 
 
8 
Extremo  
Entidad /  
Contratista  Iniciar el  
procedimiento  
de imposición  
de sanciones  o 
reportar a las  
autoridades  
competentes   
 
 
3  
 
 
2  
 
 
5 
Medio  
SI 
Entidad /  
Supervisor   
 
Una vez  
conocido el 
hecho  Una vez se  
tenga el  
resultado  de 
la sanción o  
del reporte  de 
las 
autoridades  Con informes  
que permitan  
observar el  
seguimiento a 
las 
actuaciones  
realizadas  
Quincenal  
 
 
 
 
 
4 
General  
Externo  
Ejecución  
Regulatorio  Cambios en la  
normatividad  
contractual,  
presupuestal o  
relacionada con  
el desarrollo  del 
contrato y las  
condiciones  
pactadas en él  
que puedan  
afectarlo.   
 
 
 
Incremento  
en los  
costos   
 
 
 
 
3  
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
5 
Medio  
 
Contratista   
 
 
 
Deberán ser  
asumidos por  
el contratista.   
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
2 
Bajo 
NO 
Entidad  / Contratista   
 
 
 
Desde el  
inicio de  
actividades   
 
 
 
Liquidación  
del contrato   
 
 
 
Mediante la  
presentación  
de informes  
Mensual  
 
 
 
 
 
5 
General  
Interno  
Ejecución  
Operacional   
 
 
Modificación de 
los productos u  
obligaciones  
inicialmente  
previstos o su  
alcance.   
 
 
Retraso en 
la 
ejecución  
del 
contrato   
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
2  
 
 
 
 
4 
Bajo 
 
Entidad  Solicitar las  
modificacione  
s respectivas.  
Deberá ser  
asumido  por 
el contratista,  
siempre y  
cuando dichos  
cambios no  
generen  
gastos  
adicionales   
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
2 
Bajo 
SI 
Supervisor   
 
 
 
Desde el  
inicio de  
actividades   
 
 
 
 
Liquidación  
del contrato   
 
 
 
Observación  
del avance y  
cumplimiento  
del contrato.  
Mensual  
 
 
 
6 
General  
Interno  
Ejecución  
Operacional   
Mayor cantidad  
de actividades  
que se deban  
adelantar en la  
ejecución del  
contrato  Dedicar  
mayor  
tiempo para 
el 
cumplimien  
to del  
objeto  
contractual   
 
 
2  
 
 
2  
 
 
4 
Bajo 
 
Contratista  Ejercer  
controles para 
el 
seguimiento a  
las 
actividades  
contratadas   
 
 
1  
 
 
1  
 
 
2 
Bajo 
SI 
Supervisor   
 
Desde el  
inicio de  
actividades   
 
 
Liquidación  
del contrato   
Observación y  
valoración del 
avance y  
cumplimiento  
del contrato  
Mensual  
 
 
7 
General  
Interno  
Ejecución  
Operaciona  Efectos  causados  
por los 
conceptos  
emitidos y las  
asesorías  
prestadas.  Deficiencia  
en la 
prestación  
de los  
servicios   
 
2  
 
2  
 
4 
Bajo 
 
Contratista   
 
Imposición de 
sanciones.   
 
1  
 
1  
 
2 
Bajo 
NO 
Supervisor   
Desde el  
inicio de  
actividades   
Hasta la fase  
de liquidación  
del contrato  Revisando el  
avance del  
monitoreo  
definido  en la 
Matriz de  
Riesgos  
Durante la 
ejecución  
 
 
 
8 
Específico  
Interno  
Ejecución  
Operacional  Contagio de  
enfermedades  
que puedan  
generar  
incapacidad, por 
el desarrollo de  
actividades en  
terreno.   
 
 
Retraso del 
contrato   
 
 
3  
 
 
2  
 
 
5 
Medio  
Entidad /  
Contratista  Aplicación de  
los protocolos  
de seguridad  
que tiene la  
entidad.  
Medidas  
preventivas  
en terreno   
 
 
2  
 
 
1  
 
 
3 
Bajo 
NO 
Contratista   
 
Desde el  
inicio de  
actividades   
 
 
Liquidación   
 
 
Supervisión  
del contrato  
Permanente  
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  Proceso:  Gestión  Contractual  Código: CO -P01- 
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Versión:  04 
ESTUDIOS  PREVIOS  Y ANÁLISIS  DEL SECTOR  
CONTRATACIÓN DIRECTA  Vigencia desde:  
17/02/2023  
  
7. GARANTÍAS  
 
De acuerdo  con el Artículo  2.2.1.2.1.4.5.  del Decreto  1082 de 2015,  “en la contratación  
directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los  
artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria ”, en tal  
sentido, para la presente contratación no se exigirá la expedición de la  garantía única,  
teniendo  en cuenta  que la Defensoría  del Pueblo  en ejercicio  de la disposición  
potestativa  contenida  en la norma  descrita,  emitió  la circular  N°048  del 25 de noviembre  
de 2021,  en la que consignó:  
 
“(…) En virtud  del principio  de celeridad,  las autoridades  impulsarán  oficiosamente  los 
procedimientos, e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las  
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia,  
dentro  de los términos  legales y  sin dilaciones injustificadas . 
 
(…) 
 
Así mismo, y como quiera que la entidad acude a la modalidad de contratación directa  
de prestación  de servicios  y de apoyo  a la gestión  de qué trata  el artículo  2, numeral  4, 
literal h) de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015;  
se considera necesario flexibilizar la exigencia de garantía única para esta tipología,  
siempre y cuando el contrato a celebrar no exceda de 100 salarios mínimos mensua les 
legales  vigentes, con  el fin de agilizar  el inicio  de la ejecución.  
 
(…) el estructurador  del estudio  previo  deberá  justificar  la prescindencia  de garantías,  
si a ello hubiere  lugar.”.  
 
En este sentido, debe tenerse en cuenta que la entidad cuenta con controles que de  
manera  preventiva  permiten  mitigar  un eventual  incumplimiento  del objeto  contratado.  
Para tal efecto: i) se identificaron y analizaron los riesgos que pueden impactar la  
ejecución  del contrato,  definiendo  la forma  de administrarlos,  en procura  de eliminar  o 
minimizar  las consecuencias  por su materialización;  ii) asimismo,  el Manual  de 
Contratación  establece  el seguimiento  a la correcta  ejecución  del contrato  a través  del 
Supervisor, quien tiene a cargo la gestión de las desviaciones contractuales, mediante  
la aplicación  de los procedimientos  establecidos  para garantizar  el cumplimiento  de las 
obligaciones; iii) la presentación por parte del contratista de un informe de ges tión 
periódico, con indicación de la forma específica en que cumplió con cada obligación  
durante el plazo del reporte; iv) la consecuente emisión del informe de Supervisión  
mediante el cual se verifica y deja constancia del cumplimiento de las obligaciones;  
todo lo anterior, de manera previa al pago de los honorarios pactados, con lo que a su  
vez se salvaguarda  el patrimonio  público.  
 
Con base en lo expuesto, tomando en consi deración que la presente solicitud de  
contratación se encuentra enmarcada en los parámetros descritos, se considera viable  
prescindir de  las garantías.  
 
8. PLAZO  EJECUCIÓN  
 
El plazo para la ejecución del contrato será de 6 meses , sin superar el 31 de diciembre  
de 2023, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa  
expedición  del Registro  Presupuestal.  
 
El plazo anteriormente señalado, obedece al principio de planeación, el cual tiene su  
justificación en la descripción de la necesidad consignada en el numeral 1 del presente  
documento,  en virtud  de lo cual se puede  concluir  que, la prestación  del servicio  a favor  
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  Proceso:  Gestión  Contractual  Código: CO -P01- 
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Versión:  04 
ESTUDIOS  PREVIOS  Y ANÁLISIS  DEL SECTOR  
CONTRATACIÓN DIRECTA  Vigencia desde:  
17/02/2023  
  
de la Defensoría  del Pueblo,  es de forma  temporal  y, de ninguna  manera,  con ánimo  de 
permanencia.  
 
9. LUGAR  DE EJECUCIÓN  
 
La ejecución  del contrato  se realizará  en la ciudad  de Florencia,  en las instalaciones  de 
la Defensoría del Pueblo Regional Caquetá.  
 
En el evento en que el contratista deba desplazarse a ciudades diferentes a aqu ella en  
la cual presta sus servicios según el objeto del presente contrato, previa solicitud del  
Supervisor  y aprobación  de la Secretaría  General,  se le pagarán  gastos  de 
desplazamiento de acuerdo con lo establecido por la Defensoría del Pueblo, mediante  
resolución  vigente.  
 
10. SUPERVISIÓN  
 
La supervisión del contrato de prestación de servicios profesionales estará a cargo del  
(la) Defensor  (a) Regional  Putumayo  de la Defensoría  del Pueblo  o quien  haga sus veces.  
 
El Ordenador del Gasto de la Defensoría del Pueblo podrá modificar unilateralmente la  
designación  del supervisor  para lo cual bastará  comunicación  escrita  en tal sentido.  
 
 
 
 
 
 
 
CARLOS  AURELIO  MERCHÁN  TARAZONA  
Delegado  para Asuntos  Agrarios  y Tierras  
 
 
 
FUNCIONARIO  NOMBRE  FIRMA  FECHA  
Tramitado  y Proyectado  por Lila Ximena  Ortiz H.  10/03/2023  
Los arriba  firmantes  declaramos  que hemos  revisado  el documento  y lo encontramos  ajustado  a las normas  y disposiciones  legales  vigentes  
y, por lo tanto,  bajo nuestra  responsabilidad, lo presentamos  para la firma.  
 
