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El propósito del Gobierno Nacional es cumplir efectivamente el Acuerdo Final para  
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en  
armonía con la política de Estado de Paz Total, que conforme a lo previsto en el  
literal b) d el artículo 2 de la Ley 2272 de 2022 requiere que se garanticen “los  
enfoques  de derechos,  diferencial,  de género,  étnico,  cultural,  territorial  e 
interseccional en la construcción de las políticas públicas de paz” (negrita fuera del  
original),  así como  la Ley 2294 del 19 de mayo  de 2023, “Plan Nacional  de 
Desarrollo ”. 
 
Adicionalmente, en cumplimiento  de lo pactado en el punto 1 del Acuerdo de Paz  
“Hacia  un nuevo  campo  colombiano:  Desarrollo  Rural  Integral” - y a la expedición  de 
los documentos CONPES a tr avés de los cuales se define la estrategia para la  
implementación  del catastro  multipropósito,  se ha venido  implementando  y 
redireccionando la política de tierras en el entendido que es necesario un cambio  
de propuesta de operación, que pase del esquema tr adicional de atención a la  
demanda hacia el barrido predial masivo, a través de la aprobación y ejecución de  
Planes  de Ordenamiento  Social  de la Propiedad  Rural  en los municipios  focalizados  
y priorizados  por el Comité Técnico de Focalización de la política pública, que en  
estrecha articulación con el catastro multipropósito, facilitan la formalización de la  
propiedad  privada  rural,  la regularización  y el acceso  a la tierra.  
 
 
Por ello, para cumplir los propósitos del Gobierno Nacional en materia de reforma  
rural integral y la política de tierras, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de  
Agricultura y Desarrollo Rural busca fortalecer la capacidad institucional de la  
Agen cia Nacional  de Tierras  en las regiones,  por lo cual es de vital importancia  que 
las Unidades  de Gestión  Territorial  hagan  presencia  en cada  uno de los 
departamentos del país; de esta forma, se podrán atender los procedimientos  
administrativos a su cargo de una manera descentralizada en lo territorial pero  
prestados por la propia ANT y retomar la operación en su momento tercerizada a  
través de operadores,  coordinada y priorizada de acuerdo con las características  
propias  de cada  territorio.  
 
 
Uno de los pilares trazados por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio  
de Agricultura  y Desarrollo  Rural  y la Agencia  Nacional  de Tierras,  es cumplir  el 
 
 Punto 1 del Acuerdo de Paz en lo relativo a: adjudicación de tres (3) millones de  
hectáreas,  la formalización  de siete  (7) millones  de hectáreas  y la implementación  y 
puesta  en marcha  del catastro  multipropósito.  
 
 
Siendo una de las funciones de la Agencia Nacional de Tierras, ejecutar la Política  
de Ordenamiento  Social  de la Propiedad  Rural,  administrando  y disponiendo  de los 
predios rurales propiedad de la Nación, y entendiendo que la sede principal de la  
entidad s e encuentra en Bogotá D.C., y que en la actualidad solo operan nueve (9)  
Unidades de Gestión Territorial a nivel nacional, resulta necesario contar con la  
presencia  física,  directa  y permanente  de la entidad  en cada  uno de los 
departamentos del país, de tal forma que permita satisfacer las necesidades de la  
población campesina, negra e indígena, en cumplimiento de los fines y funciones  
del Estado.  
Con base  en las directrices  adoptadas  por parte  del Gobierno  Nacional  y el 
Ministe rio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Director General de la Agencia  
Nacional  de Tierras,  presentó  ante el Consejo  Directivo  de la entidad,  una propuesta  
para la aprobación  de nuevas  Unidades  de Gestión  Territorial  - UGT  a nivel 
nacional,  en los términos  de los artículos  9 y 28 del  Decreto Ley  2363 de  2015.  
Ante esta consideración, el Consejo Directivo aprobó pasar de nueve (9) a treinta y  
dos (32) Unidades  de Gestión  Territorial  - UGT  a nivel nacional  distribuidas  
geográficamente  por departamento.  
En tal sentido, la Agencia Nacional de Tierras desde la vigencia anterior inició el  
proceso  de fortalecimiento  institucional,  para lo cual viene  contando  con el 
acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)  
con el propósito de adelantar en la presente vigencia el rediseño institucional para  
la formalización laboral por un trabajo digno y en equidad, a través del cual se  
ampliará la co bertura de las UGT, facilitando de esta forma, como ya se mencionó,  
el acceso integral a la atención de las necesidades que tienen los campesinos,  
comunidades  negras  e indígenas,  interesados  en la oferta  institucional  de la entidad  
y permitiendo una  mayor cobertura a  nivel nacional.  
Mientras  se surten  los estudios  y aprobaciones  correspondientes  y se adelantan  las 
apropiaciones  presupuestales  respectivas,  se requiere  que el nivel central  y las UGT  
que actualmente están operando, atiendan las competencias misionales en todo el  
territorio nacional para satisfacer las necesidades y la oferta de servicios de la  
entidad. En ese sentido, y dado que no hay personal de planta suficiente con  
experticia  y conocimiento  especializado  en los temas  de competencia  de la ANT,  se 
hace necesario celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de  
apoyo  a la gestión  con base  en la experticia  e idoneidad,  que sean  financiados  con 
 
 recursos de inversión, en la presente vigencia, sin exceder del 31 de diciembre de  
2023,  tiempo  en que la ANT estima  prudente,  conveniente  y oportuno  contar  con el 
rediseño  institucional  que permita  cumplir las  metas del  Gobierno Nacional.  