 
 
 
 
1 
 
 
PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
 
 
 
ANEXOS ESTUDIO DE SECTOR Y COSTOS  
ESTUDIO DE SECTOR Y/O COSTOS  
 
 
PRESTAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CON MEDIO HUMANO Y MEDIO 
TECNOLÓGICO EN TODAS LAS SEDES DEL SENA A NIVEL NACIONAL.  
 
 
 
 
Bogotá, D.C. Septiembre de 2022   
 
 
 
 
2 
 
 
CONTENIDO  
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................  4 
2. OBJETIVO DEL ESTUDIO .................................................. .......................................  4 
3. FICHA RESUMEN ......................................................................................................  5 
4. ANÁLISIS DEL SECTOR ................................................................... .......................  6 
5.1. Aspectos generales ...........................................................................................  30 
5.2. Estudio de la oferta ................................................................................... .........  52 
5.3. Estudio de la demanda ......................................................................................  68 
6. INDICADORES HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA,/Y CAPACIDAD  
ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ................ .............................  68 
7. ANÁLISIS DE COSTOS Y/O PRECIOS PROMEDIO DE SECTOR ..........................   75 
8. ANEXOS...................................................................................................................  90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
1. INTRODUCCIÓN  
El  SERVICIO  NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA  es una Entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, 
cuya responsabilidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 119 de 1994, es cumplir con la 
función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 
colombianos; ofreciendo y otorgando formación profesional  integral, para la incorporación y el 
desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, 
económico y tecnológico del país, las cuales deben ajustarse a los objetivos trazados por el Gobierno 
Nacional.  
La Entidad de sarrolla a nivel nacional programas encaminados al cumplimiento de su misión 
institucional, a través de la formulación, ejecución y planeación de las políticas institucionales en  
cada regional y centro de formación, con el fin de alinear estratégicamente a la Entidad para que la 
gestión se lleve a cabo de manera coherente y unificada, en beneficio de la población a la que va 
dirigida la prestación del servicio.   
El SENA , para cumplir con su misión institucional, tiene a su cargo bienes muebles e inmuebles , de 
carácter propio, en comodato o en arrendamiento, sobre los cuales debe ejercer una custodia y 
vigilancia especial acudiendo a empresa(s) especializada(s) que presten el servicio de vigilancia en 
el marco de la reglamentación vigente, y que se protejan  dichos bienes de actos delictivos, de 
saboteo o actos en su contra.  
Teniendo en cuenta que el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA  no cuenta en su planta con 
personal calificado y capacitado para ejercer las funciones de vigilancia requeridas y que seg ún el 
Decreto Ley 356 de 1994 artículo 91 que reza así: “Contratación de servicios. Las personas naturales, 
jurídicas o entidades oficiales que contraten servicios de vigilancia y seguridad privada, con 
empresas que no tengan licencias de funcionamiento, o  que la mismas se halla vencida, serán 
sancionadas con multa que oscilará entre los 20 y 40 salarios mínimos legales mensuales la cual se 
impondrá por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y deberá ser consignada en la 
Dirección General del  Tesoro a su favor.”, y a su vez, también teniendo en cuenta que la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada emitió la circular externa No. 20201300000015 
del 9 de enero de 2020, recordando la obligación emitida en las normas anteriores, se hace 
necesario llevar a cabo el proceso de contratación, cuyo objeto es “La prestación del Servicio de 
Vigilancia y Seguridad Privada para todas las sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA ”. 
La vigilancia y seguridad privada, es uno de los sectores qu e ha crecido tanto en Colombia como en 
el resto del mundo, en gran medida por la oferta de los servicios que se brindan y también por la 
demanda que se ha generado representada en la necesidad de proteger el patrimonio, los bienes 
de las empresas y la prot ección de las personas. Uno de los factores más relevantes en la prestación 
del servicio de vigilancia y que mayor crecimiento ha generado en el sector consiste en la 
incorporación de la tecnología que ofrece continuamente nuevos métodos para la vigilancia . El uso 
de equipos o medios tecnológicos que apoyan a la vigilancia a segmentado el mercado de  la 
seguridad privada principalmente en vigilancia o seguridad físicas y seguridad electrónica.  
Sin embargo, la seguridad moderna requiere que la vigilancia fís ica y la seguridad electrónica se 
integren para que sea más efectiva. En la actualidad, y debido al crecimiento de la tecnología y las 
 
 
 
 
4 
 
comunicaciones, a la seguridad física se ha adherido la seguridad electrónica cuyo aporte permite 
mejorar la seguridad fí sica y hacerla mucho más efectiva. La función de la vigilancia privada es de 
medios, más no de resultados, los servicios de vigilancia son responsables, en el  momento en el que 
este falle en la aplicación del protocolo de seguridad establecido y se incumpl an con los  acuerdos y 
compromisos adquiridos en el contrato de prestación de servicio.  
2. OBJETIVO DEL ESTUDIO  
El presente estudio de sector y/o costos tiene como objetivo realizar un análisis de la  oferta y 
demanda del sector de vigilancia y seguridad privada, permitiendo:  
• Conocer las características fundamentales de las empresas que conforman el  segmento del sector 
que cuenta con la capacidad de suplir la presente necesidad de contratación por parte del SENA.  
• Determinar las variables financieras  y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de 
selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva.  
• Establecer los precios promedio del sector y el presupuesto del servicio a contratar, tomando de 
referencia el análisis efectuado de  los precios suministrados por parte del sector.   
Lo anterior en aras de que el SENA obtenga la mejor oferta económica y  seleccione el contratista 
idóneo para suplir las necesidades del Instituto, mitigando el riesgo de incumplimiento por parte 
del contratista seleccionado . 
En cumplimiento del Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad realiza el presente 
estudio para evidenciar el análisis del sector realizado.  
3. FICHA RESUMEN  
Requerimiento: Prestar el Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada con Medio Humano y Medio 
Tecnológico en todas las Sedes del SENA a Nivel Nacional.  
ZONA 1  ZONA 2  ZONA 3  ZONA 4  ZONA 5  
Atlántico, Bolívar, 
Cesar, Córdoba, 
Guajira, Magdalena, 
San Andrés, Sucre  Arauca, Boyacá, 
Casanare, Norte de 
Santander, 
Santander  Cundinamarca, 
Caquetá, Huila, Meta, 
Putumayo, Tolima  Risaralda, Caldas, 
Quindío, Cauca, 
Chocó, Nariño, 
Valle, Antioquia  Dirección General, 
Distrito Capital, 
Amazonas, Guainía, 
Guaviare, Vaupés, 
Vichada  
Area Solicitante  Dirección Administrativa y Financiera (GSGYA)  
 
Fecha de Inicio del estudio de sector  
 
16 de Septiembre de 2022  Fecha de Inicio del estudio de sector  
 
20 de Septiembre de 2022  
Valor estimado del Contrato   $119.160.053.312  
Plazo Estimado del Contrato  Un (1) Año  
 
4. ANÁLISIS DEL SECTOR  
 
 
 
 
5 
 
Por una parte, la Constitución Política de 1991 establece entre los fines esenciales del Estado que 
este “debe asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”; adicionalmente, la Corte 
Constitucional en su sentencia C572 de 1997 define la  seguridad como un bien público primario y 
afirma que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia (....)”. En este sentido entonces, la naturaleza de los servicios de seguridad 
privada no se limita a la de un servicio privado,  sino que debe abordarse igualmente desde una 
perspectiva integral de seguridad pública.  
En el año 1993 con la expedición de la Ley 61, se le otorgaron facultades extraordinarias al 
presidente de la República de ese ento nces para legislar lo concerniente a las actividades del sector 
de vigilancia y seguridad privada y el uso de armas. Con la Ley 62 de 1993 se crea la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada, que como organismo del orden nacional, adscrito al Min isterio de 
Defensa Nacional, le corresponde “ejercer el control, inspección y vigilancia sobre la industria y los 
servicios de vigilancia y seguridad privada”  
El Decreto 356 de 1994, por el cual se expide El Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, esta blece 
el estatuto para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada por parte de particulares. 
El decreto define tales servicios como “las actividades que en forma remunerada o en beneficio de 
una organización pública o privada, desarrollan  las personas naturales o jurídicas, tendientes a 
prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y tranquilidad individual en lo relacionado con la 
vida y los bienes propios o de terceros y la fabricación, instalación, comercialización y utilización de  
equipos para vigilancia y seguridad privada, blindajes y transportes con este mismo fin” . 
El mencionado Decreto establece que tales servicios solo podrán ser prestados por aquellas 
personas naturales y/o jurídicas que obtengan la licencia por parte de la Su perintendencia de 
Vigilancia y Seguridad privada.  
Igualmente, el Decreto 356 de 1994 establece que los siguientes servicios son los que se encuentran 
sometidos al cumplimiento de lo estipulado en el mismo:  
• “Los servicios de vigilancia y seguridad privada con armas de fuego o con cualquier otro 
medio humano, animal, tecnológico o material  
•  Los servicios de transporte de valores.  
• Los servicios de vigilancia y seguridad de empresas u organizaciones empresariales, públicas 
o privadas.  
• Los servicios comunitari os de vigilancia y seguridad privada  
• Los servicios de  capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada  
• Los servicios de asesoría, consultoría e investigación en seguridad . 
• La fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipo s para vigilancia y 
seguridad privada.  
• Utilización de blindajes para vigilancia y seguridad privada”  
El Decreto antes señalado establece igualmente los medios y las modalidades para la prestación de 
los servicios de vigilancia y seguridad privada, así como los principios, deberes y obligaciones que 
rigen la prestación del servicio.  
 
 
 
 
6 
 
En concordancia con lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 92 del Decreto Ley 356 
de 1994, el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defe nsa 1070 de 2015, la Ley 
1857 de 2017, Ley 1920 de 2018 y el Decreto 2451 de 2018 (Salario mínimo), la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada regula las tarifas mínimas vigentes para el cobro de los servicios 
de vigilancia y seguridad privada, que prestan las empresas y cooperativas que se encuentran bajo 
su control, inspección y vigilancia.  
Las tarifas vigentes para el año 20 21 se establecen en la Circular Externa No. 20211300000225  
expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Pri vada  
La mencionada Circular establece que “cuando la prestación del servicio de vigilancia y seguridad 
privada que se requiera sea inferior a veinticuatro horas (24) y/o treinta (30) días , la tarifa deberá 
ser proporcional al tiempo contratado”. De tal for ma, se debe tener en cuenta tanto la variable de 
proporcionalidad de la jornada laboral como la cantidad de  días que se establece en la Circular y 
que se presentan a continuación:  
 
Las empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada que deseen  prestar sus servicios a 
entidades públicas o privadas deben tener en cuenta parámetros de diferenciación de servicio según 
su modalidad, valor del servicio o requerimientos adicionales, para poder establecer una tarifa que 
esté conforme a las normas estab lecidas. En el siguiente recuadro se resume lo que dispone la 
Supervigilancia al respecto:   

 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
Es importante tener en cuenta que en la misma Circular se establece que las cooperativas de 
vigilancia y seguridad privada pueden ofrecer hasta un 10% de d escuento sobre las tarifas mínimas 
establecidas.  
Perspectiva técnica  
La Guía para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada, preparada en asocio entre 
la Cámara de Comercio de Bogotá, la Supervigilancia y la Universidad Sergio Arboleda , señala que 

 
 
 
 
8 
 
las modalidades para la prestación de los servicios de vigilancia y  seguridad privada son los 
siguientes:  
 
 
 
Tal guía define las modalidades de servicio así:  
• “La vigilancia fija es la que se presta a través de vigilantes o de cualquier otro medio, con el 
objeto de dar protección a personas o a bienes muebles o inmuebles en un lugar 
determinado.  
• Vigilancia móvil: es la que se presta a través de vigilantes móviles o cualquier otro medio, 
con el objeto de dar protección a personas , bienes muebles o inmuebles en un área o sector 
delimitado  
• Servicio de escolta:  Es la protección que se presta a través de escoltas con armas de fuego 
o de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada no armados a personas, vehículos, 
mercancías o cualqui er objeto particular, durante su desplazamiento La prestación del 
servicio puede cobijar un lugar fijo o un área delimitada del sitio en donde se encuentren 
los bienes y personas que se pretenden proteger o custodiar.  
• Transporte de valores: Es el Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada que se presta para 
transportar, custodiar y manejar valores y el desarrollo de actividades  conexas”  
La necesidad de la Entidad está enfocada en contratar las modalidades de Vigilancia fija para la 
atención de sus obligacio nes en materia de seguridad.  
Igualmente, la guía señala que la oferta  de  los  servicios  de  vigilancia  presenta diferentes opciones, 
los cuales se refieren en el siguiente gráfico:  

 
 
 
 
9 
 
 
 
La Entidad solicita en su requerimiento la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada 
mediante vigilantes con y sin armas, además del manejo de caninos y la operación de medios 
tecnológicos.  
En el servicio de vigilancia con armas de fuego, éstas se utilizan como “instrumento en la labor de 
protecc ión, custodia, control de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados 
y vigilancia de bienes muebles e  inmuebles de  cualquier naturaleza, de personas naturales o 
jurídicas, de derecho público o privado a fin de prevenir, detener, dis minuir o disuadir los atentados 
o amenazas que puedan afectarlos  en su seguridad”.  
A diferencia del anterior, el servicio de vigilancia sin armas se desarrolla utilizando el talento 
humano, para ejercer las labores de protección y custodia.  
El servicio de vigilancia con caninos “se presta apoyado en caninos de las razas autorizadas por la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que han sido adiestrados para una labor  
específica,  así:  búsqueda  de  narcóticos,  búsqueda  de explosivos, defensa controlada, búsqueda 
y rescate de personas”. Este servicio se clasifica como un servicio de vigilancia sin armas.  
Por último, la Entidad requiere que se preste el servicio de vigilancia con medios tecnológicos, donde 
se emplean recursos materiales y tecnol ógicos como cámaras, circuitos cerrados de televisión, 
sensores, alarmas, entre otros, para prestar el servicio de seguridad.  

 
 
 
 
10 
 
 
Perspectiva organizacional  
La guía elaborada por la Cámara de Comercio de Bogotá  define igualmente que las organizaciones 
que pue den prestar los servicios de seguridad y vigilancia privada son las sociedades de 
responsabilidad limitada “cuyo objeto social sea único y exclusivo para la prestación remunerada de 
Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, en la modalidad de vigilancia  fija, móvil y/o escoltas, 
mediante la utilización de cualquiera de los medios establecidos en el artículo 6º del Decreto 356 
de 1994”15. La guía indica que los únicos servicios conexos que pueden ofrecer las empresas son 
los relacionados con la asesoría, consultoría y/o investigación en seguridad; sin embargo, se hace 
énfasis en que si el objeto social de las empresas indica que presta esos servicios adicionales, éstas 
no podrán ser autorizadas para prestar los servicios de vigilancia y de seguridad privad a por parte 
de la Superintendencia de Vigilancia.  
Adicionalmente, se   señala  en  la  guía  que  las  cooperativas  de  seguridad  también pueden ofrecer 
los servicios de vigilancia y seguridad privada. Las cooperativas se definen como una empresa 
“asociat iva sin ánimo de lucro en la cual los trabajadores, son simultáneamente los aportantes y 
gestores de la empresa, creada con el objeto de prestar Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada 
en forma remunerada a terceros y el desarrollo de servicios conexos , como los de asesoría, 
consultoría e investigación en seguridad”. Las cooperativas de seguridad sólo pueden ofrecer los 
servicios en las modalidades de vigilancia fija, vigilancia móvil y escolta.  
Según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privad a, las agremiaciones que representan el 
sector de Vigilancia y Seguridad Privada son las siguientes17:  
-    Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO).  
-    Asociación Nacional de Seguridad Privada (ANDEVIP).  
-    Federación Colombiana de Empresas de VS P (FECOLSEP).  
-    Asociación de Cooperativas de Vigilancia Privada (ASCOOVIP).  
-    Asociación Colombiana de Escuelas de Capacitación de Seguridad Privada (ACASEP).  
-    Corporación Nacional de Empresas de Seguridad Privada (CONASEGUR).  
-    Asociación Co lombiana de Seguridad (ASOSEC).  
-    Federación Colombiana de Empresas de VSP (FEDESEGURIDAD).  
-    Cámara Colombiana de la Seguridad Privada (CCS).  
-    Asociación de Empresas Colombianas de Seguridad (ECOS)  
-    Confederación Nacional del Gremio de Vigil ancia Privada, (CONFEVIP)  
Perspectiva económica  
 
 
 
 
11 
 
El estudio desarrollado por Fedesarrollo titulado “El sector de vigilancia y seguridad privada: 
evolución reciente y principales retos laborales, regulatorios y de supervisión”, establece que el 
dinamismo del  sector de servicios de vigilancia y seguridad privada está relacionado  directamente 
con el comportamiento de la economía, especialmente con la dinámica de la inversión y la inversión 
extranjera directa en sectores como la construcción y el minero -energéti co. En el siguiente gráfico 
se identifica que su evolución coincide con el crecimiento, no solo del Producto Interno Bruto, sino 
con el de otros sectores como el de comercio, el sector financiero y la minería. Estos sectores, dada 
la naturaleza de su  activ idad, son los que requieren mayor servicios de seguridad.  
Debido a que el comportamiento del salario mínimo también impacta directamente sobre el costo 
que tiene el servicio de seguridad y vigilancia privada que requiere contratar la Entidad, es relevante 
analizar el comportamiento de tal variable macroeconómica. A continuación se puede observar la 
evolución del salario mínimo legal vigente en el país desde el año 2010 hasta 2021. Para este año el 
salario mínimo es de $1.000.000.  
 
Teniendo en cuenta lo ant erior, es pertinente entonces analizar el comportamiento del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC). Como señala el Departamento Nacional de Estadísticas DANE, el IPC es 
un indicador “que mide la variación de precios de una canasta de bienes y servicios rep resentativos 
del consumo de los hogares del país”. Según la información disponible en la página web del DANE, 
se tiene que durante el período comprendido entre los años 2001 y 2021, la mayor variación 
porcentual del IPC se presentó en el año 2008 y la meno r variación del índice se presentó en el 2013. 
Para el año 2018 se presentó un IPC de 3,18%. A continuación es posible observar la evolución del 
IPC en el período comprendido entre 2003 y 2018.  
Perspectiva comercial  
De otra parte, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 
económicas revisión 4 adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C), las empresas  que  pueden  ofrecer  
los  servicios  en  estudio  se  pueden  clasificar  en  lo s siguientes códigos CIIU y actividades 
económicas:  

 
 
 
 
12 
 
 
La clase 8010 “Actividades de seguridad privada” comprende la prestación de servicios de vigilancia 
y patrullaje de calles, guardianes en edificios, locales, centros comerciales y otros,  prestados  po r  
particulares,  seguridad  relacionada  con  el  transporte  público, servicios de recogida y entrega de 
dinero, facturas u otros artículos de valor con personal y equipo adecuados para protegerlos 
durante el trayecto. Esta clase incluye: los servicios d e vehículos blindados, los servicios de escolta, 
los servicios de polígrafo, los servicios de huellas dactilares, los servicios de guardias de seguridad y 
detectives de almacenes y privados.  
Por su parte, la clase 8020 “Actividades de servicios de sistemas  de seguridad” incluye El monitoreo 
a distancia de los sistemas de seguridad de alarmas electrónicas, tales como alarmas contra 
incendios y robos, incluso su mantenimiento; la instalación, reparación, reconstrucción y ajuste de 
dispositivos de cerradura me cánicos o eléctricos, cajas fuertes y bóvedas de seguridad; el servicio 
de cerrajería o sistemas mecánicos de cierre. Las unidades  que  realizan  estas  actividades  pueden  
también  dedicarse  en  la  venta  de sistemas de seguridad, dispositivos de cerr adura mecánicos o 
electrónicos, cajas fuertes y bóvedas de seguridad.  
La Encuesta Anual de Servicios – EAS  del 2017, cuyos resultados fueron presentados por el DANE 
en diciembre del 2018, da a conocer a través de valores absolutos, los principales agregad os 
económicos de las actividades de servicio. A continuación,  se presentan las principales conclusiones 
con respecto al subsector de “Actividades de empleo, seguridad e investigación privada y servicios 
a edificios” de la EAS 2017 donde se analizó la infor mación de 5.989 empresas.  
En primer  lugar,  la  Encuesta concluyó que  el subsector  de  “Actividades  de  empleo, seguridad e 
investigación privada y servicios a edificios” es el subsector que presenta el valor agregado más alto, 
siendo éste de 20,2 billo nes de pesos. Por otra parte, los ingresos operacionales del subsector 
ascendieron a 22,3 billones de pesos, siendo el tercer nicho de mercado analizado que mayores 
ingresos presentó durante el período analizado, después de los sectores de Salud Humana y 
Telecomunicaciones.  
 

 
 
 
 
13 
 
 
Igualmente, la EAS encontró que, para el año 2017, el subsector con mayor ocupación de personal 
fue el de Actividades de empleo, seguridad e investigación privada y servicios a edificios, que ocupó 
a 944.512 personas, seguido del sub sector de Salud humana, que ocupó a 212.719 personas.  
 

 
 
 
 
14 
 
Por último, la misma Encuesta encontró que para el año 2017 los mayores niveles de gastos totales 
de personal se registraron en las Actividades de empleo, seguridad e investigación privada y 
servicios  a edificios, siendo de 18 billones de pesos.  
 
Por otra parte, en el Informe de Gestión 2018 de la Supervigilancia, se resalta que el sector 
relacionado  con  los  Servicios  de  Vigilancia  y  Seguridad  Privada  en  Colombia presenta una 
tendencia posit iva y destacable, ya que de “763 Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada en 1994, 
se ha pasado a 5865 servicios en el año 2018”. A continuación se puede observar el crecimiento que 
el sector ha presentado desde 2008, año en el cual se tenían 3.410 serv icios de vigilancia y seguridad 
privada; para 2015 se presentaron 6.171 servicios, siendo el más alto del período comprendido 
entre 2008 y  2018.  
 
 

 
 
 
 
15 
 
De la misma manera, el informe de gestión señala que la distribución de los servicios de seguridad 
se concentra en el nicho relacionado con “Otros servicios de seguridad privada” con un 78%, seguido 
de los “servicios de vigilancia privada remunerada”, que concentra el 14% del total de servicios; por 
último,  están los “esquemas de protección” que participan del 8% del total de servicios de 
seguridad. A continuación,  se presentan las participaciones desagregadas para cada tipo de servicio:  
 
En el año 2017 la s empresas de Vigilancia y Seguridad Privada registraron ventas totales por 9,2 
billones de pesos, que representan un incremento del 6,8% con respecto al año 2016, año en el que 
las ventas ascendieron a 8.7 billones de pesos. Es importante mencionar que a 2017, los ingresos 
operacionales del sector eran casi el doble de las ventas que se presentaron en 2011.  
 

 
 
 
 
16 
 
 
 
 
 
 
 
Un análisis más profundo sobre las ventas por tipo de servicio evidencia que éstas son generadas, 
en su mayoría, por las Empresas de Vigilancia  y Seguridad Privada con  armas, con un 81,78%. Es 
importante tener en cuenta que este tipo de servicio es el que cuenta con mayor cantidad de 
personas jurídicas autorizadas por parte de la Superintendencia de Vigilancia, lo que implicaría 
entonces una enor me distribución de los ingresos. El segundo tipo de servicio con mayor porcentaje 
de ventas es el relacionado con el Transporte de Valores, que genera el 6,78% de las ventas del 
sector.  

 
 
 
 
17 
 
 
Según el informe de Estados Financieros del año 2017, las siguientes empresas y/o cooperativas son 
las que generan más ingresos en el sector.  
 
 

 
 
 
 
18 
 
 

 
 
 
 
19 
 
 
 

 
 
 
 
20 
 
 
 

 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
22 
 
 
     
• Análisis de Riesgo   
Riesgo de Colusión  
En el marco de la contratación pública, la colusión se define como “prácticas o acuerdos entre 
postores o ferentes en un proceso (…) convocado por una institución pública, encaminado a vulnerar 
el principio de competencia abierta y eficaz, en detrimento del interés patrimonial del Estado y en 
beneficio directo de los postores parte del acuerdo”  
En el artículo “La colusión como una práctica restrictiva de la competencia que afecta gravemente 
los procesos de selección de contratistas” se analiza los factores que pueden fomentar la colusión 
en la contratación estatal. Las más importantes se enumeran a continuación : 
• Presentación de un número reducido de compañías en los procesos de selección no pocas 
empresas que cumplen con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.   
• Los bienes o servicios que se pretenden contratar tienen pocos o ningún sustituto.  
• Número reducido de proveedores que están en capacidad de ofrecer el bien o servicio que 
la Entidad pretende contratar.  
• Existencia de asociaciones o agremiaciones del sector, que pueden facilitar la comunicación 
entre competidores.  
• Los bienes o servici os a adquirir sean contratados regularmente y bajo las mismas 
condiciones. La existencia de pliegos de condiciones repetitivos permite que los oferentes puedan 
prever de antemano las condiciones que se establecerán, de manera que puedan acordar 
previamente  qué oferente presentará la oferta ganadora.   
Igualmente, el artículo mencionado señala que, en el caso colombiano se han identificado cuatro 
sectores vulnerables a la consolidación de acuerdos entre los competidores debido a la propia 
estructura del sect or: “i) servicios de construcción, reparación y mantenimiento; ii) alimentos, 
bebidas y tabaco; iii) servicios de defensa nacional, orden público, seguridad  y vigilancia y iv) equipo, 
accesorios y suministros de oficina”  
En este sentido, la Superintendenc ia de Industria y Comercio (SIC) sancionó tanto a siete empresas 
de seguridad y vigilancia privada (Guardianes, Starcoop, Cobasec, Expertos, Centinel, Insevig Ltda y 
Security Management Group), como a catorce altos directivos vinculados a las mismas, por v iolar la 
libre competencia en licitaciones públicas, y les  impuso multas que superan los $14.000 millones.  
La SIC encontró que las empresas sancionadas conformaron de facto y de hecho, un grupo 
empresarial denominado “Grupo SMG” y actuaban de manera coordi nada y concertada en los 
procesos de selección de las entidades contratantes. Los hechos investigados por la SIC ocurrieron 
entre los años 2009 y 2015, período en el cual las empresas obtuvieron contratos por 
aproximadamente $100.000 millones. “Algunas de las instituciones afectadas por las prácticas 
 
 
 
 
23 
 
contra la competencia que empleó el Grupo SMG incluyen al ICBF, el SENA, el ICA, las secretarías de 
Integración Social y de Planeación de Bogotá, así como las alcaldías de Barranquilla y Chiquinquirá.  
Informaci ón financiera reportada a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  
Teniendo en cuenta que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es la Entidad 
encargada de ejercer control sobre las empresas que prestan tales servicios en el pa ís, se consultó 
la información financiera del sector a 31 de diciembre de 2017, disponible en su portal web. A 
continuación se resume los indicadores más importantes, que se encuentran agregados para el 
sector y por tamaño de empresa.  

 
 
 
 
24 
 

 
 
 
 
25 
 
 

 
 
 
 
26 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
27 
 
   
Información financiera reporteada en el Portal de Información Empresarial (PIE) de la 
Superintendencia de Sociedades y en el Registro Único Empresarial y Social (RUES):  
Para obtener información de referencia para establecer los indicadores financieros se r ealizaron 
búsquedas de las empresas del sector en las siguientes bases de datos públicas que contienen la 
información de los estados financieros de las empresas con corte a 31 de diciembre de 2018:
 
 

 
 
 
 
28 
 
 
 

 
 
 
 
29 
 
 
 

 
 
 
 
30 
 
 
Teniendo en cuenta que en la muestra de empresas establecida para realizar el análisis de los 
indicadores financieros del sector se identificaron empresas con indicadores atípicos, se procedió a 
“normalizar” la muestra, excluyendo dichos indicadores con el  fin de evitar distorsiones al calcular 
las medidas de tendencia central. A continuación se resume, para cada índice a acreditar por los 
oferentes, los indicadores de las empresas excluidos por la razón expuesta, y se calculan 
nuevamente las medidas de ten dencia central.   
Para normalizar la muestra se aplica un tratamiento estadístico de común aceptación que es el 
descarte de los valores extremos calculando el promedio acotado por la desviación estándar. La 
metodología para calcular este promedio consiste en descartar aquellos datos que son superiores 
al valor resultante de la suma del promedio y una desviación  estándar o inferiores al valor resultante 
de la resta del promedio menos una desviación estándar. El promedio de cada uno de los 
indicadores con la muestra normalizada, luego de aplicado el tratamiento estadístico previamente 
descrito, queda de la siguiente manera:  
Del análisis anterior se puede identificar que:  
• El índice de liquidez promedio de la muestra normalizada es de 4,90 veces. Se puede 
esta blecer que el 89,36% de las empresas analizadas cuentan con una liquidez mayor o igual a 1,8 
veces.                  
• El índice de endeudamiento promedio de la muestra normalizada es de 0,44. Se concluye 
que el 86,17% de las empresas analizadas cuentan co n un endeudamiento menor o igual a 0,55.  
• La razón de cobertura de intereses promedio de la muestra normalizada es de 85,74 veces 
y el 90,43% de las empresas analizadas cuentan con una razón de cobertura de intereses mayor o 
igual a 2,5 veces.  
• Se esta blece un capital de trabajo mínimo del 12% del valor del presupuesto oficial de la 
macro o la sumatoria de los presupuestos oficiales para las macros a las cuales se presente oferta, 
debido a que el contratista deberá contar con la suficiente solvencia fin anciera para garantizar al 

 
 
 
 
31 
 
menos cuatro (4) meses de operación. Lo anterior, teniendo en cuenta la forma de pago señalada 
en la FCT y que el servicio requerido es intensivo en mano de obra  
• Se establece un patrimonio mínimo del 24% del valor del presupue sto oficial de la macro o 
la sumatoria de los presupuestos oficiales para las macros a las cuales se presente oferta. Lo 
anterior, teniendo en cuenta el nivel de patrimonio promedio del sector y que el contrato tiene un 
plazo de ejecución estimado de 34,57  meses.  
• El promedio de la muestra normalizada del índice de rentabilidad del patrimonio es de 0,25. 
Al analizar la muestra se evidencia que el 86,17% de las empresas cuentan con una rentabilidad del 
patrimonio mayor o igual a 0,10.  
• El promedio de la muestra normalizada del índice de rentabilidad del activo es de 0,13. De 
igual forma, se puede establecer que el 86,17% de las empresas analizadas cuentan con una 
rentabilidad del activo mayor o igual a 0,05.  
5. Estudio de la demanda  
Este numeral tiene com o propósito analizar el tipo de consumidor en el sector objeto de estudio: 
clientes o empresas que hayan utilizado el producto o servicio y posibles consumidores o 
utilizadores del producto o servicio. Para el efecto, se realizó una búsqueda en el Sistema Electrónico 
de Contratación Pública (SECOP), identificando entidades estatales que hayan realizado 
contrataciones similares, de tal forma que se considere pertinente su análisis para el presente 
estudio de sector. Los resultados de esta búsqueda se present an a continuación:  
 

 
 
 
 
32 
 
 
 
 

 
 
 
 
33 
 
 6. INDICADORES HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
Con base en los análisis expuestos anteriormente, se establecen los indicadores de capacidad 
financiera y capacidad organizacional mínimos a ser acred itados por los proponentes, de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Se 
considerarán habilitados financieramente los proponentes que cumplan con la totalidad de los 
parámetros definidos a continuaci ón: 
 
 Cuando la cuenta de gastos de intereses sea igual a cero ($0), debido a que el proponente no tiene 
obligaciones financieras, ocasionando que la razón de cobertura de intereses resulte en indefinido 
o indeterminado, se considera que el proponente cum ple con el indicador de Razón de Cobertura 
de Intereses.   
Cuando el proponente cuente con un pasivo corriente igual a cero ($0) por lo que el índice de 
liquidez resulta indefinido o indeterminado, se considera que este cumple con el Indicador de 
Liquidez.    
Interpretación  
✓ Indicador de liquidez: Es la capacidad financiera que tiene el proponente para cubrir las 
obligaciones a corto plazo con terceros, mediante la conversión en efectivo de sus bienes o derechos 
que son a corto plazo (Activo Corriente).  
✓ Nivel de endeudamie nto: Es el Porcentaje de obligaciones con terceros que tiene el proponente.  
✓ Razón de Cobertura de Intereses: Es el número de veces que el proponente  
cuenta para cumplir con los gastos intereses.  
✓ Capital de trabajo: Representa la liquidez operativa de l proponente, es decir, el remanente con el 
que cuenta el proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar 
el pasivo de corto plazo.  

 
 
 
 
34 
 
✓ Patrimonio: Mide la cantidad de recursos propios del proponente.  
 
• Indicadores de  capacidad organizacional  
 El proponente deberá acreditar una capacidad organizacional con el cumplimiento de los siguientes 
indicadores, los cuales miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos 
del interesado, acorde al nume ral 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015:  
 
 Interpretación  
✓ Rentabilidad del patrimonio: Es la capacidad de generación de utilidad por cada peso invertido en 
el patrimonio  
✓ Rentabilidad del Activo: Es la capacidad de generación de utilidad  por cada peso invertido en el 
activo.  
En el pliego de condiciones del res pectivo proceso de selección se establecerá la forma como 
deberán acreditar los proponentes los indicadores de capacidad financiera y organizacional.  
 
