 
REPÚBLICA DE COLOMBIA   
   
 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR  
  
RESOLUCIÓN NÚMERO 0337  DEL 15 DE MARZO DE 2023  
 
“Por medio de la cual se justifica  una contratación directa ” 
 
 
  
Carrera 8 No. 12B -31 Conmutador. 2427400   www.mininterior.gov.co  
Línea Quejas y Reclamos 01 800 09 11170  
 
  
EL SECRETARIO  GENERAL Y EL DIRECTOR DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE 
CONSULTA PREVIA DEL MINISTERIO  DEL INTERIOR  
 
 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial, las que le confieren  las Leyes 80 de 1993, 1150 
de 2007, 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 399 de 2021, la 
Resolución 1733 del 11 de agosto de 2011, modificada por las Resoluciones 0247 del 14 de febrero 
de 2012, 1164 del 24 de julio de 2013, Res olución 1731 del 23 de diciembre de 2015 modificada por 
la Resolución 1477 del 29 de septiembre de 2017 del Ministerio del Interior, y en ejercicio de las 
funciones descritas en el artículo 1 de la Resolución 0150 del 01 de febrero de 2021 igualmente del 
Ministerio del Interior; en cumplimiento de lo indicado en el numeral 2.2.1.2.1.4.1 y 2.2.1.2.1.4.4 del 
Decreto 1082 de 2015 procede a expedir el presente acto administrativo de justificación de la 
contratación directa con la SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDA S RISARALDA Y QUINDIO 
LTDA - TELECAFE LTDA  
 
 
CONSIDERANDO  
 
Que, la Constitución Política en su artículo 1° establece que “(…) Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general.”  y en su artículo 2° define que, “(…) Son  fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y 
en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia 
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 
justo.”  
 
Que, en virtud de lo anterior, se instituye a las autoridades de la República  para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de l Estado y de los particulares.  
 
Que, a través de la Ley 1444 de 2011, bajo las facultades extraordinarias del Presidente de la 
República, modificó la estructura de la administración pública, entre otras, escindió el Ministerio del 
Interior, otorgándole además de las funciones determinadas e n la Constitución Política y en el artículo 
59 de la Ley 489 de 1998, las funciones de articular la formulación, adopción, ejecución y evaluación 
de la política pública del Sector Administrativo del Interior; diseñar e implementar de conformidad con 
la ley  las políticas públicas de protección, promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos, 
en coordinación con las demás entidades del Estado competentes, así como la prevención a las 
violaciones de estos y la observancia al Derecho Internacional Humani tario, con un enfoque integral, 
diferencial y social; servir de enlace y coordinador de las entidades del orden nacional en su relación 
con los entes territoriales y promover la integración de la Nación con el territorio y el desarrollo 
territorial a travé s de la profundización de la descentralización, ordenamiento y autonomía territorial y 
la coordinación y armonización de las agendas de los diversos sectores administrativos, dentro de 
sus competencias, en procura de este objetivo; diseñar, en coordinación  con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa Nacional, el Departamento Nacional de Planeación y 
el Departamento Administrativo de la Función Pública y demás entidades competentes, la política 
pública para el fortalecimiento y desar rollo de las capacidades de Gobierno en las administraciones 

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 locales ubicadas en zonas fronterizas; dirigir y promover las políticas tendientes a la prevención de 
factores que atenten contra el orden público interno, así como tomar las medidas para su 
preservación, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, las autoridades 
departamentales y locales en lo que a estos corresponda; atender los asuntos políticos y el ejercicio 
de los derechos en esta materia, así como promover la convivencia y la pa rticipación ciudadana en la 
vida y organización social y política de la Nación; promover y apoyar la generación de infraestructura 
para la seguridad y convivencia ciudadana en las entidades territoriales; administrar el Fondo de 
Seguridad y Convivencia Ciu dadana -Fonsecon - teniendo en cuenta la participación del Sector 
Administrativo de Justicia y del Derecho, según los proyectos que se presenten y de conformidad con 
la política que en materia de seguridad y convivencia defina el Gobierno Nacional; administ rar el 
Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia, el Fondo de Protección de Justicia y 
el Fondo Nacional de Lucha contra la Trata de Personas; formular y hacer seguimiento a la política 
de los grupos étnicos para la materialización de sus derechos, con un enfoque integral, diferencial y 
social, en coordinación con las demás e ntidades competentes del Estado.  
 
Que, así mismo es función del Ministerio  formular y hacer seguimiento a la política de atención a la 
población LGBTI para la mater ialización de sus derechos, con un enfoque integral, diferencial y social 
en coordinación con las demás entidades competentes del Estado; formular y hacer seguimiento a la 
política de atención a la población en situación de vulnerabilidad, para la material ización de sus 
derechos, con un enfoque integral, diferencial y social, en coordinación con las demás entidades 
competentes del Estado; coordinar, con el concurso de los demás ministerios, la agenda legislativa 
del Gobierno Nacional en el Congreso de la Re pública y las demás entidades del orden nacional; 
servir de órgano de enlace, comunicación y coordinación entre la Rama Ejecutiva y la Rama 
Legislativa; coordinar con las demás autoridades competentes el diseño e implementación de 
herramientas y mecanismos  eficientes en materia electoral que busquen garantizar el normal 
desarrollo de los procesos electorales; formular y promover las políticas públicas relacionadas con la 
protección, promoción y difusión del derecho de autor y los derechos conexos. Así mismo , 
recomendar la adhesión y procurar la ratificación y aplicación de las convenciones internacionales 
suscritas por el Estado colombiano en la materia; incentivar alianzas estratégicas con otros gobiernos 
u organismos de carácter internacional, que facilite n e impulsen el logro de los objetivos del Sector 
Administrativo del Interior, en coordinación con las entidades estatales competentes; lo anterior, sin 
perjuicio de l as demás funciones que le sean asignadas por la Constitución y la ley.  
 
Que, posteriorme nte, el artículo 1.1.1.1. del Decreto 1066 de 2015, “Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior” , estableció al Ministerio del 
Interior como cabeza del sector interior  y determinó como objetivo de ést e dentro del marco de sus 
competencias y de la ley: “(…) formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, 
programas y proyectos en materia de derechos humanos, derecho internacional humanitario, 
integración de la Nación con las  entidades territoriales, seguridad y convivencia ciudadana, asuntos 
étnicos, población LGBTI, población vulnerable, democracia, participación ciudadana, acción 
comunal, la libertad de cultos y el derecho individual a profesar una religión o credo, consult a previa, 
derecho de autor y derechos conexos, los cuales se desarrollaran a través de la institucionalidad que 
comprende el Sector Administrativo. Igualmente, el Ministerio del Interior coordinara las relaciones 
entre la Rama Ejecutiva y la Rama Legislati va, para el desarrollo de la Agenda Legislativa del 
Gobierno Nacional.”  
 
Que, para el cumplimiento del objetivo y las funciones antes mencionadas, el Ministerio tiene la 
siguiente estructura:  
 
• Despacho del Ministro del Interior.   
 
Conformado por la  Oficina Asesora de Planeación, la Oficina de Control Interno, la Oficina de 
Información Pública del Interior y la Oficina Asesora Jurídica.  
 
• Despacho del Viceministro para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos 
Humanos.  
 
Tiene entre sus funciones l as de liderar la formulación, adopción, ejecución y seguimiento de 
las políticas públicas del Ministerio, en particular las relativas a los derechos y libertades 
fundamentales, los asuntos étnicos y de minorías, los asuntos de la población LGBTI, enfoque 
de género, los de la población en situación de vulnerabilidad; los relacionados con derechos 
humanos; libertad e igualdad religiosa, de cultos y conciencia y el derecho Individual a profesar 
una religión o credo; y la coordinación del control a la gestión m isional de la entidad; Fortalecer 

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 los procesos de diálogo social y concertación con las comunidades de su competencia; evaluar 
en forma permanente y adelantar el seguimiento de la ejecución de los compromisos 
internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario; Apoyar 
la elaboración de la planeación estratégica del Sector Administrativo en los temas de su 
competencia; Asistir al Ministro en la función de enlace, comunicación y coordinación entre la 
Rama Ejecutiva y la Rama Leg islativa, en los temas de su competencia, sin perjuicio de las 
funciones del Viceministro General del Interior; coordinar y hacer seguimiento de las actividades 
de las direcciones del Ministerio adscritas a su despacho, para garantizar el cabal cumplimient o 
de sus funciones y de los planes, programas y proyectos del Ministerio; entre otras.  
 
Para el cumplimiento de lo antes descrito, este Despacho se encuentra conformado por la 
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías, la Dirección de Asuntos para Co munidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, la Dirección de Derechos Humanos, 
Dirección de Asuntos Religiosos y la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la 
cual a su vez está conformada por la Subdirección Técnica de Consult a Previa , Subdirección 
de Gestión de Consulta Previa , Subdirección Corporativa  
 
• Despacho del Viceministro General del Interior  
 
Tiene entre sus funciones las  de liderar la formulación, adopción y seguimiento de las políticas 
públicas del Ministerio dirigidas a fortalecer las relaciones entre la Nación y las entidades 
territoriales y la gobernabilidad territorial; así como el orden público interno y la convivencia 
ciudadana; liderar la formulación, adopción y seguimiento de las políticas públicas del 
Ministerio, dirigidas a fortalecer las relaciones del Gobierno Nacional con la Rama Legislativa 
a través del impulso, seguimiento y control de la Agenda Legislativa del Gobierno Nacional y 
las relativas a la democracia, la participación ciudadana, la acció n comunal y la coordinación 
del control a la gestión misional de la entidad; planear, coordinar, proponer políticas y trazar 
directrices, que orienten el marco político de un Estado Social de Derecho, la autonomía y 
gobernabilidad territorial, de acuerdo c on los lineamientos del Ministro; asistir al Ministro en la 
función de enlace, comunicación y coordinación entre las entidades públicas del orden nacional, 
del sector central y descentralizado, y los entes territoriales y sus entidades descentralizadas.  
 
Apoyar la elaboración de la planeación estratégica del Sector Administrativo, en los temas de 
su competencia; coordinar y hacer seguimiento de las actividades de las direcciones del 
Ministerio adscritas a su despacho, para garantizar el cabal cumplimiento d e sus funciones y 
de los planes, programas y proyectos del Ministerio; apoyar la gestión estratégica del Fondo de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana en cumplimiento de las disposiciones legales; apoyar el 
desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de la Gestión Institucional y la observancia de 
sus recomendaciones en el ámbito de sus competencias; atender las peticiones y consultas 
relacionadas con asuntos de su competencia; entre otras.  
 
Para el cumplimiento de lo antes descrito, este Despacho se encu entra conformado por la 
Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno (Subdirección de Gobierno, 
Gestión Territorial y Lucha contra la Trata y Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la 
Convivencia Ciudadana), la Dirección de Asuntos Legis lativos y la Dirección para la 
Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.  
 
• Secretaría General.  
 
Tiene entre sus funciones las de asistir al Ministro en la determinación de las políticas, objetivos 
y estrategias relacionadas con la administ ración del Ministerio; dirigir la ejecución de los 
programas y actividades relacionadas con los asuntos financieros y contables, contratación 
pública, soporte técnico informático, servicios administrativos y gestión documental; trazar las 
políticas y progr amas de administración de personal, bienestar social, selección, registro y 
control, capacitación, incentivos y desarrollo del talento humano y dirigir su gestión; presidir el 
Comité de Gerencia del Ministerio del Interior; gestionar la consecución de recu rsos para el 
desarrollo de los planes, programas y proyectos institucionales; velar por el funcionamiento de 
la prestación del servicio al ciudadano y por la atención de quejas y reclamos que presenten 
los ciudadanos sobre el desempeño de las dependencias o personas que laboran en el 
Ministerio; presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Programa Anual de Caja, 
de conformidad con las obligaciones financieras adquiridas; dirigir la elaboración y ejecución 
del Plan de Compras del Ministerio; dir igir y orientar el mantenimiento y mejoramiento de los 
bienes del Ministerio del Interior . 

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Asimismo la Secretaría General hace seguimiento a la correcta ejecución, contabilización y 
rendición de informes y cuentas fiscales, presupuestales y contables, de los recursos asignados 
al Ministerio directamente o a sus fondos; coordinar el grupo encargado de las investigaciones 
de carácter disciplinario que se adelanten contra los funcionarios del Ministerio y resolverlas en 
primera instancia; dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la 
adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e inventarios de los elementos, equipos y 
demás bienes necesarios para el funcionamiento normal del Ministerio y sus fondos, velando 
especialmente p orque se cumplan las normas vigentes sobre estas materias; diseñar los 
procesos de organización, estandarización de métodos, elaboración de manuales de funciones 
y todas aquellas actividades relacionadas con la racionalización de procesos administrativos 
del Ministerio, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación; apoyar la orientación, 
coordinación y el ejercicio del control administrativo de las entidades adscritas y vinculadas al 
Ministerio, conforme a la normatividad sobre la materia y a las in strucciones que le imparta el 
Ministro; apoyar la gestión operativa del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la 
Democracia en cumplimiento de las disposiciones legales, directamente y a través de las áreas 
a cargo; apoyar el desarrollo y sos tenimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional y 
la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su competencia; entre otras.  
 
Para el cumplimiento de lo antes descrito, la Secretaría se encuentra conformada por  la 
Subdirección de Gestión Contractual, la Subdirección de Gestión Humana y Subdirección 
Administrativa y Financiera . 
 
Que, con base en lo anterior, el Ministerio del Interior en coordinación con las diferentes áreas y 
direcciones que lo integran de acuerdo con su estructura interna , requiere la ejecución de las 
actividades y eventos programados y no programados por situaciones imprevistas o de priorización 
social y/o política, que soporten el cumplimiento cabal del objetivo, la misión y las funciones a cargo 
del Ministerio, y consec uencia de ello, redunde en la garantía de los Derechos Humanos, 
Constitucionales y Fundamentales, y que tendrán lugar durante la presente vigencia, a lo largo del 
territorio nacional.  
 
Que, las actividades y eventos deben contar con una adecuada planeación, organización y ejecución 
para cumplir con los fines requeridos, buscando así con ello, no solo la oportunidad en la atención y 
realización de cada uno de ellos, sino que también los asisten tes y participantes gocen de condiciones 
adecuadas en cuanto al acceso y uso de lugares óptimos para la realización de la actividad o evento 
de acuerdo a su naturaleza, así como de los servicios que los componen o integran, tales como 
alojamiento, transpor te (aéreo, terrestre, marítimo, fluvial, multimodal, etcétera), alimentación, 
capacitación, medios tecnológicos, invitación y convocatoria, entre otras.  
 
Que, para la ejecución de las actividades y eventos que se requieren adelantar y garantizar, el 
Minis terio del Interior no cuenta con la capacidad técnica y logística, ni con el personal o recurso 
humano calificado o con conocimientos en la planeación, organización y realización de eventos y/o 
actividades logísticas. Para el efecto, el Ministerio del Inte rior requiere de un aliado u operador que 
disponga de la capacidad técnica y logística para atender y ejecutar las actividades y eventos que el 
Ministerio del Interior requiera para el cumplimiento del objetivo, las funciones y la misión institucional.   
 
Que, el artículo 113 establece que, “(…) Los diferentes órganos del Estado tienen funciones 
separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines .” (Negrilla y subraya 
fuera de texto original).  
 
Que, en desarrollo de lo anterior, el artí culo Constitucional 209 en concordancia con los artículos 3, 4 
y 6 de la Ley 489 de 1998, establece que, “(…) La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, efi cacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 
órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.”   
 
Que, de los preceptos Constitucionales advertidos, se establece que las Entidades del Estado en 
virtud de los principios de coo rdinación y colaboración armónica, se encuentran facultadas para 
aliarse entre sí, con el fin de cumplir con las funciones que a cada una corresponde, garantizando así 
la prestación del servicio público a cargo, y de esta forma,  lograr los fines y cometido s estatales; para 

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 el efecto, la Ley 489 de 19981 impone a los Órganos Estatales a través de los artículos 3, 4 y 6, lo 
siguiente:  
 
“(…) ARTICULO 3o. PRINCIPIOS DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA.  La función administrativa se 
desarrollará conforme a los principio s constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, 
moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 
responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en  la prestación de 
servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen.  
 
PARAGRAFO.  Los principios de la función administrativa deberán ser tenidos en cuenta por los órganos 
de control y el Departamento Nacional de Planeación, de co nformidad con lo dispuesto en el 
artículo  343 de la Constitución Política, al evaluar el desempeño de las entidades y organismos 
administrativos y al juzgar la legalidad de la conducta de los servidores públicos en el cumplimiento de 
sus deberes constitucionales, legales o reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el 
interés colectivo sobre el particular.  
 
ARTICULO 4o. FINALIDADES DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA.  La función administrativa del 
Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los h abitantes, de conformidad con 
los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política.  
 
Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o transitoria, del ejercicio de 
funciones administrativas deben ejercerlas  consultando el interés general.  
 
ARTICULO 6o. PRINCIPIO DE COORDINACION.  En virtud del principio de coordinación y colaboración, 
las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones 
con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.  
 
En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus 
funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, 
organismos y entidades titu lares.  
 
PARAGRAFO.  A través de los comités sectoriales de desarrollo administrativo de que trata el 
artículo  19 de esta ley y en cumplimiento del inciso 2o. del artículo  209 de la c.p. se procurará de manera 
prioritaria dar desarrollo a este principio de la coordinación entre las autoridades administrat ivas y entre 
los organismos del respectivo sector.”  
 
Que, ahora bien, para efectos de cómo y en qué forma las Entidades Públicas pueden asociarse para 
lograr los fines y cometidos estatales, el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública – Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 20072, Ley 1474 de 20113 y Decreto 1082 de 20154, entre otra 
normativa, dispone de los instrumentos jurídicos y tipos contractuales de asociación entre las 
Entidades Estatales, para el efecto, el literal c) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 
modificado por el artículo 92 de la Ley 147 4 de 2011 señala:  
 
“(…) ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN.  La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso 
de méritos y contratación directa, con base en  las siguientes reglas:  
 
(…) 
 
4. Contratación directa.  La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá 
en los siguientes casos:  
(…)  
 
c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan 
relación  directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.  
 
Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad 
respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las 
instituciones de educación superior públicas o las Socieda des de Economía Mixta con participación 
mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de 
entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos 
podrán ser e jecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o 
                         
1 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo  189 de la Constitución Política 
y se dictan otras disposiciones.  
2 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley  80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos.”  
3 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanis mos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública.”  
4 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional"  

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 contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículo.  
 
En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora no sea el de la 
Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a esta ley, salvo que la 
entidad ejecutora desarroll e su actividad en competencia con el sector privado o cuando la ejecución del 
contrato interadministrativo tenga relación directa con el desarrollo de su actividad.  
 
En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las act ividades 
derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a las personas 
naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que 
tengan relación directa con el obje to del contrato principal.  
 
Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro de las entidades 
estatales;” (Negrilla y subraya fuera de texto original).  
 
Que, en desarrollo de lo anterior, el Decreto 1082 de 2015 di spone en el artículo 2.2.1.2.1.4.4. que, 
la modalidad de selección para la contratación entre Entidades Públicas será la contratación directa, 
y a través de los tipos contractuales Convenios o Contratos Interadministrativos .  
 
Que aunado a lo anterior, el Honorable Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil a través 
del Concepto con Radicación interna No. 2257 de veintiséis (26) de julio de dos mil dieciséis (2016), 
Consejero Ponente: Álvaro Namén Vargas, dispone sobr e la forma de asociación de las Entidades 
Estatales a través de la tipología de Convenios Interadministrativos, lo siguiente:  
 
“(…) En este orden de ideas, por lo pronto, la Sala quiere enfatizar que un contrato interadministrativo 
es aquel negocio jurídico celebrado entre dos entidades públicas, mediante el cual una de las dos 
partes se obliga para con la otra a una prestación  (suministro de un bien, realización de una obra o 
prestación de un servicio), por la que, una vez cumplida, obtendrá una rem uneración o precio.  
 
(…)  
 
Por lo anterior, el régimen original de la Ley 80 de 1993 en este ámbito fue objeto de modificaciones 
sustanciales por parte de las Leyes 1150 de 2007 y 1474 de 2011, en particular en relación con el 
mecanismo de selección, pues si bien se mantuvo la regla general de la modalidad de contratación 
directa para los “contratos interadministrativos”  -excepto como se verá para algunos tipos 
contractuales que se celebren con ciertas entidades públicas -, se adoptan precisas medidas con el  fin de 
evitar la burla de las normas de contratación estatal mediante esta figura negocial.  
 
Las modificaciones y cambios incorporados por dichas leyes al régimen de los contratos 
interadministrativos, versan, entre otros, sobre los siguientes aspectos:  
 
a. Los contratos interadministrativos, en todos los casos (contratación directa y aún en los 
eventos en que se ordene que sean el resultado de una licitación pública o selección abreviada), deben 
tener relación directa con el objeto de la entidad ejecutora s eñalado en la ley o en sus reglamentos , 
los cuales, naturalmente, están sometidos a la ley (literal c, numeral 4, inciso primero del artículo 2º de la 
Ley 1150 de 2007). Esta exigencia significa que la entidad estatal ejecutora (contratista) posee la 
capac idad jurídica y financiera, el soporte técnico y operativo y la experiencia acreditada para 
ejecutar ella misma el objeto contractual , por lo que todo tipo de “intermediación” en la materia se 
encuentra proscrito por la ley; además, se trata de un requisit o general para poderse obligar válidamente 
(artículo 1502 C.C).  
 
(…)  
 
Para la Sala es claro que la expresión “entidad ejecutora” utilizada por la Ley 1150 de 2007, no es una 
simple modificación de forma ni resulta intrascendente, sino que se trata de un c ambio sustancial e 
importante, por cuanto implica, de una parte, que la actividad del proponente (entidad estatal) en todos 
los casos debe ser congruente con el objeto del contrato interadministrativo a celebrar; (…).  
 
Para finalizar, si bien no es objeto de este concepto el análisis de los procedimientos de selección en los 
contratos interadministrativos ni las reglas que en esa materia deben seguir las entidades estatales que 
por ley se someten a un régimen de contratación especial, la Sala debe puntualiz ar que en la interpretación 
sistemática de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, la noción “contrato interadministrativo” no es 
sinónima de contratación directa, toda vez que, como se explicó (ut supra literal b) de este numeral), la 
celebración de dete rminados contratos (obra, suministro, fiducia pública, etc.), deberá estar precedida de 
licitación pública o selección abreviada y solo en los demás casos podrá acudirse a la contratación 
directa.”  
 
Que, r especto a que quienes se denominan Entidades Estata les,  el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública - Ley 80 de 1993, establece en el literal a) del inciso 1° del artículo  2°lo 

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 siguiente:  
  
“…1o. Se denominan entidades estatales:  
  
a) La Nación , las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, 
las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los 
establecimientos públicos, las empresas industriale s y comerciales del Estado , las sociedades de 
economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como 
las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha 
particip ación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes 
y niveles …”. (Negrilla y subraya fuera de texto original).  
 
Que e n armonía, y en relación con los organismos y entidades que integran la  Rama Ejecutiva del 
poder público en el orden nacional,  los artículos 38 y 39 de la Ley 489 de 1998 señalan:  
 
“(…) ARTICULO 38. INTEGRACIÓN DE LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO EN EL ORDEN 
NACIONAL. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes 
organismos y entidades:  
1. Del Sector Central:  
a) La Presidencia de la República;  
b) La Vicepresidencia de la República;  
c) Los Consejos Superiores de la administración;  
d) Los ministerios y departamentos administrativos ; 
e) Las superintende ncias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica.  
2. Del Sector descentralizado por servicios:  
a) Los establecimientos públicos;  
b) Las empresas industriales y comerciales del Estado;  
c) Las superintendencias  y las unidades administrativ as especiales con personería jurídica;  
d) Las empresas sociales del Estado  y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios ; 
e) Los institutos científicos y tecnológicos;  
f) Las sociedades públicas y  las sociedades de economía mixta ; 
g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice 
la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público.  
PARAGRAFO 1o.  Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el Est ado 
posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se someten al régimen previsto para las 
empresas industriales y comerciales del Estado.  
(...) 
ARTICULO 39. INTEGRACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.  La Administración Pública se 
integra por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás 
organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio 
de las actividades y funciones administrativas o la prestación de se rvicios públicos del Estado colombiano. 
(…)” (Negrilla y subraya fuera de texto original).  
 
Que, r especto de la definición y naturaleza de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, el 
artículo 85 ibídem  establece:  
 
“… Artículo 85. - Empresas Industriales y Comerciales Del Estado . Las empresas industriales y 
comerciales del Estado son organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan 
actividades de naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las regla s del Derecho 
Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes características: (…)”.  
  
Que, a hora bien, para efectos de cómo y en qué forma las Entidades Públicas pueden asociarse para 
lograr los fines y cometidos estatales , el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública – Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 20075, Ley 1474 de 20116 y Decreto 1082 de 20157, entre otra 
normativa, dispone de los instrumentos jurídicos y tipos contractuales de asociación entre las 
Entidades Estatales, para el efecto, el literal c) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 
modificado por el artículo 92 de la Ley 147 4 de 2011 señala:  
 
“(…) ARTÍCULO 2o. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN.  La escogencia del contratista se 
efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso 
de méritos y contratación directa, con base en  las siguientes reglas:  
 
                         
5 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley  80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con Recursos Públicos.”  
 
6 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corru pción y la 
efectividad del control de la gestión pública.”  
 
7 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamen tario del sector Administrativo de Planeación Nacional"  

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“Por medio de la cual se justifica una contratación directa”  
 
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 (…) 
 
4. Contratación directa.  La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá 
en los siguientes casos:  
(…)  
 
c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan 
relación  directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.  
 
Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad 
respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciario s y fiducia pública cuando las 
instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación 
mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de 
entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos 
podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o 
contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del pre sente artículo.  
 
En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora no sea el de la 
Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos co ntratos estará en todo caso sometida a esta ley, salvo que la 
entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector privado o cuando la ejecución del 
contrato interadministrativo tenga relación directa con el desarrollo de su actividad.  
 
En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades 
derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a las personas 
naturales o jurídicas que hayan participado en la  elaboración de los estudios, diseños y proyectos que 
tengan relación directa con el objeto del contrato principal.  
 
Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro de las entidades 
estatales;” (Negrilla y subraya  fuera de texto original).  
 
Que, e n desarrollo de lo anterior, el Decreto 1082 de 2015 dispone en el artículo 2.2.1.2.1.4.4. que, 
la modalidad de selección para la contratación entre Entidades Públicas será la contratación 
directa, y a través de los tipos contractuales Convenios o  Contratos Interadministrativos ; en 
efecto dispone:  
 
“(…) Artículo 2.2.1.2.1.4.4.  Contratos interadministrativos o convenios interadministrativos.  La 
modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contr atación directa; y en 
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto…”  
 
Que, la SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y QUINDÍO LTDA – TELECAFE 
LTDA es una sociedad entre entidades públicas, organizada como Empresa Industrial y Comercial 
del Estado del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, conforme a la naturaleza y 
noción que establece los artículos 85 y 86 de la L ey 489 de 1998, de la cual son socios los 
departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, INFI Manizales, Instituto de Fomento para el 
Desarrollo de Risaralda INFIDER, la Universidad del Quindío y el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comu nicaciones, cuya misión es satisfacer con responsabilidad y respeto las 
necesidades de entretenimiento, educación e información del televidente; así mismo, “(…) ofrecer 
servicios complementarios según las expectativas de nuestros clientes en operación logí stica, 
central de medios, marketing digital, entre otros .” Todo esto, gracias a un excelente grupo humano 
que con ética, compromiso y profesionalismo, produce, transmite, comercializa programas y presta 
servicios adicionales con altos estándares de calidad , que contribuyen al desarrollo social, cultural y 
de integración del Eje Cafetero y Colombia, para la satisfacción de nuestros clientes, socios y 
colaboradores.  
 
Que, asimismo, cuenta con una unidad de negocio estructurada para atender todas las necesida des 
de operación logística, así como con el talento humano profesional calificado y con la experiencia en 
el desarrollo de congresos, ferias, foros, eventos masivos, capacitaciones y atención de eventos. Del 
mismo modo, cuenta con aliados estratégicos en c ada una de las unidades de servicios y una amplia 
red de operadores logísticos a nivel nacional, servicios de catering, audiovisuales y comunicaciones. 
Cuenta con cuatro (4) sedes en todo el país (Bogotá, Manizales, Armenia y Pereira), donde prestan 
el con junto de los servicios ofertados, aunado, tiene una amplia capacidad económica que respalda 
el desarrollo de la operación logística, adicionalmente tiene sede en la ciudad de Bogotá lo que 
permite tener una relación diaria y directa con el MINISTERIO, pose e experiencia en la prestación de 
los servicios que requiere el Ministerio del Interior, lo que garantiza que cuenta con la idoneidad 
necesaria y la experiencia para el cabal desarrollo y cumplimiento de las actividades a contratar; para 
el efecto, entre l as vigencias 2020 a 2022, TELECAFE LTDA ha celebrado más de 76 contratos con 
objetos y obligaciones de operación logística, de los cuales, 68 fueron con Entidades Estatales 

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“Por medio de la cual se justifica una contratación directa”  
 
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 (interadministrativos ), cuya sumatoria superan los $217.208.000.000 . 
 
Que, lo anter ior, permite concluir que, LA SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE CALDAS, RISARALDA Y 
QUINDÍO LTDA – TELECAFE LTDA, no solo cuenta con la idoneidad y experiencia suficiente para 
suplir la necesidad del Ministerio del Interior, sino que también deja entrever que para  garantizar la 
prestación del servicio cuenta con aliados estratégicos que coadyuvaran en la ejecución del Contrato.  
 
 
Que, con base en la normativa expuesta, la presente contratación procede con fundamento en la 
excepción a la regla general, esto es, la modalidad de contratación directa y a través del tipo 
contractual - Contrato Interadministrativo atendiendo a la naturaleza ju rídica de Entidades Estatales 
de quienes pretenden celébralo, lo cual tiene soporte legal en el literal c) del numeral 4° del artículo 
2° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011.  
 
Que, conforme al acta de 15 de marzo de 2023, el Comité de Contratación del Ministerio del Interior 
viabilizó y recomendó a los Ordenador es del Gasto la celebración del Contrato Interadministrativo  con 
la SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA  - TELECAFE LTDA ., 
por la suma de SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA  PESOS MONEDA LEGAL ($61.904.003.690 ), teniendo en cuenta los documentos 
presentados y la ne cesidad descrita en los estudios y documentos previos  que soportan la presente 
contratación . 
 
Que, por lo expuesto anteriormente, el Secretario General y el Director de la Autoridad Nacional de 
Consulta Prev ia del Ministerio del Interior,  
 
 
RESUELVEN  
 
ARTÍCULO PRIMERO:  Declarar procedente, justific ado y ordenar la celebración de  un Contrato  
Interadministrativo con la SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA  
- TELECAFE LTDA , de conformidad con l o señalado en el artículo 2.2.1 .2.1.4.4 del Decreto 1082 de 
2015, y conforme a  con lo expuesto en la parte considerativa del presente  acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  El contrato i nteradministrativo tendrá por objeto: “ Prestar los servicios de 
operación logística para llevar a cabo la organización, producción y ejecución de los eventos, 
encuentros y demás actividades logísticas q ue se requieran para el desarrollo de las funciones, 
planes, programas y metas del Ministerio del Interior. ”. 
 
ARTÍCULO TERCERO:  El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023 o 
hasta el agotamiento de los recursos del contrato, e sto a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución . 
 
ARTÍCULO CUARTO: El valor del presente Convenio Interadministrativo será hasta por la suma de 
SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
PESOS  ($61.904.003.690)  M/CTE , incluidos los impuestos a que haya lugar, los cuales serán 
aportados con cargo  a los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:  
 
DEPENDENCIA  CDP  VALOR 
Oficina Asesora de Planeación 57923 $         280.000.000  
Dirección de Asuntos Religiosos 64623 $         250.000.000  
64823 $         187.200.000  
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, 
Raizales y Palenqueras 68923 $      4.852.700.000  
723 $         300.000.000  
Dirección de Derechos Humanos  9123 $      4.616.522.501  
8823 $      9.184.202.399  
8923 $         418.889.031  
1023 $      1.756.282.731  
9023 $         320.874.868  
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías 69523 $    13.088.650.000  
69623 $         530.450.000  
69323 $      5.000.000.000  
123 $      2.000.000.000  
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 9423 $         450.000.000  
9223 $      1.035.411.580  
9323 $      6.838.011.580  
Dirección para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción 89523 $      4.000.000.000  

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“Por medio de la cual se justifica una contratación directa”  
 
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 Comunal  83923 $         393.809.000  
14923 $      3.518.000.000  
Dirección  Seguridad y convivencia 58323 $         200.000.000  
63823 $           70.000.000  
70223 $         530.000.000  
58423 $         200.000.000  
Subdirección  Gobierno 63923 $      1.195.000.000  
1323 $         350.000.000  
Subdirección de proyectos 35423 $         150.000.000  
Dirección Asuntos Legislativos 65023 $         188.000.000  
 
ARTÍCULO QUINTO:  Los estudios, documentos previos y anexos del contrato a celebrar se puede 
consultar en SECOP II: https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE  e 
igualmente en la Subdirección de Gestión Contractual, ubicada en la Carrera 8 No. 12B - 31 piso 8 
de la ciudad de Bogotá D.C. 
 ARTÍCULO SEXTO : El presente Acto Administrativo rige a partir de su fecha de expedición y contra 
el mismo no proceden recursos en sede administrativa, conforme a lo establecido en el Artículo 75 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 ARTÍCULO SÉPTIMO:  Publicar en el SECOP II el presente Acto Administrativo como lo ordena el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.  
Dado en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023). 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
     
 
JUAN MANUEL REYES ÁLVAREZ 
Secretario General 
 
 
 
 
ÁLVARO ECHEVERRY LONDOÑO 
Director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 
 
Aprobó:  Doris Clemencia Monroy Patiño – Subdirectora de Gestión Contractual 
Revisó:  Johan Alberto Rodríguez Hernández – Abogado contratista de la SGC  
Elaboró:  Alejandra María Caycedo Niño – Abogada contratista de la SGC   
  
  
  
   
 
    
  
 
