Aspectos  Jurídicos  - Estudios  Previos  
1  MINISTERIO  DE DEFENSA  NACIONAL  
 
DIRECCION  DE VETERANOS  Y REHABILITACION  INCLUSIVA  
ESTUDIOS  Y DOCUMENTOS  PREVIOS  
ASPECTOS  JURÍDICOS  
 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE DE SEGUNDO NIVEL Y ADQUISICION DE LA EXTENSION  
DE LAS GARANTÍAS DE FÁBRICA DE LOS EQUIPOS SWITCHES CISCO (SMARTnet) Y SWITCHES  
DELL (POST STANDARD SUPPORT) DE LA DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN  
INCLUSIVA  - DIVRI  - DEL MINISTERIO  DE DEFENSA  NACIONAL  
 
1. COMPETENCIA  CONTRACTUAL:  
 
Dirección  de Veteranos  y Rehabilitación  Inclusiva,  competencia  asignada  en la Resolución  de Delegación  
No. 4223 de 2022,  para realizar  todo tipo de contratos  sin consideración  a la cuantía.  
 
2. IDENTIFICACIÓN  DEL CONTRATO  A CELEBRAR:  
 
Por las características  del objeto  a contratar,  se enmarca  frente  a un contrato  de PRESTACION  DE 
SERVICIOS.  
 
3. LA MODALIDAD  DE SELECCIÓN  DEL CONTRATISTA,  INCLUYENDO  LOS FUNDAMENTOS  
JURÍDICOS  QUE SOPORTAN  SU SELECCIÓN:  
 
La modalidad de selección es la Mínima Cuantía,  cuyo fundamento jurídico se encuentra previsto en el  
artículo  2 de la Ley 1150 de 2007,  modificado  por el artículo  94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentada  en 
los artículos  2.2.1.2.1.5.1  y 2.2.1.2.1.5.2  del Decreto  1082 de 2015,  estos  últimos  artículos  modificados  por 
el aartículo 2. del Decreto 1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único  
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeaci6n Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31,  
32, 34 Y 35 de la Ley 2 069 de 2020 en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras  
disposiciones”  
 
De igual forma  al proceso  de selección  le son aplicables  los principios  y normas  de la Constitución  Política,  
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, las disposiciones cambiarias, el Estatuto  
Tributario y las demás normas concordantes con la materia que rijan o lleguen a regir los aspectos del  
presente  proceso.  
 
Aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, se aplicarán las no rmas comerciales y civiles  
pertinentes, así como las reglas previstas en la invitación a ofertar, y en las adendas que se expidan en el  
desarrollo  del proceso.  
 
Por otra parte respecto  de los acuerdos  marcos  de precios,  la sentencia  de la Sección  Tercera  del Consejo  
de Estado a través de la cual suspendió provisionalmente el acápite VII, considerando que no existe  
concurrencia entre la modalidad de selección de mínima cuantía y la compra por catálogo derivada de  
acuerdos  marco  de precios,  indicó  que no existe  ninguna  concurrencia  entre  la modalidad  de selección  

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2  abreviada y de mínima cuantía, pues siempre que I) exista un Acuerdo Marco de Precios para adquirir bienes  
o servicios  de características  técnicas  uniformes  y II) el  presupuesto  del proceso  de contratación  sea 
equivalente a la mínima cuantía de la entidad, debe acudirse al procedimiento de selección de mínima  
cuantía  independientemente  del objeto  a contratar”  
 
5. ANÁLISIS  DE RIESGOS  Y LA FORMA  DE MITIGARLO  
 
El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 define el riesgo como “un evento que puede generar  
efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la  
ejecución  de un Contrato” . 
 
A su vez, el artículo 2.2.1.1.1.6.3 “Evaluación del riesgo”, ibídem, prescribe que “La entidad estatal debe  
evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos,  
de acuerdo  con los manuales  y guías  que para el efecto  expida  Colombia  Compra  Eficiente”.  
 
Igualmente, el artículo 2.2.1.1.2.1.1 establece : “Los estudios y documentos previos son el soporte para  
elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición  
del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos,  
además de los indicados para cada modalidad de selección”, en su numeral 6. “El análisis de riesgo y la  
forma  de mitigarlo” . 
 
La ley 1150 de 2007,  en su artículo 4°  establece:  “De la distribución  de riesgos  en los contratos  
estatales. Los pliegos de condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y  
asignación  de los riesgos  previsibles  involucrados  en la contratación” . 
 
De conformidad  con lo anterior,  en cuanto  a los riesgos  desde  la perspectiva  jurídica  se contempla  lo 
siguiente:  
 
N° 
CLASE  
FUENTE  
ETAPA  
TIPO   
 
 
 
DESCRIPCIÓN  
(que puede pasar  
y, como  puede  
ocurrir)   
 
 
 
 
CONSECUENCIA DE  
LA OCURRENCIA  
DEL EVENTO  
PROBABILIDAD  
IMPACTO  
CALIFICACIÓN  TOTAL  
PRIORIDAD  
A QUIEN  SE LE ASIGNA   
 
 
 
 
TRATAMIENTO  / 
CONTROLES  A SER 
IMPLEMENTADOS  
IMPACTO  DESPUÉS  DEL TRATAMIENTO   
 
 
MONITOREO  Y REVISIÓN  
 
 
COMO   
 
CUANDO  1 
General  
Externo  
Ejecución  
Regulatorio   
Reformas  legales  o 
reglamentarias  
durante la  
ejecución del  
contrato   
Afectación  de la 
ecuación  económica  
del contrato  y/o 
retraso en  el 
cronograma  de 
ejecución  
Raro (1) 
Moderado  (3) 
Riesgo  Bajo 
Alta 
Entidad  y Contratista   
Establecer  junto con el 
contratista el  
mecanismo  de ajuste  
frente  a la ocurrencia  
del riesgo  
Menor  (2)  
 
 
Seguimiento  al 
cambio  de 
regulación   
 
 
En la  
ocurrencia  
del hecho  2 
Especifico  
externo  
Ejecución  
Legal   
Actos  de autoridad  
o cualquier  medida  
legal que afecte  los 
bienes  del  
 
Afectación  en la 
ejecución  del contrato  
improbable  (2) 
Mayor  (4) 
Riesgo  Alto 
Alta 
Contratista   
El contratista  deberá  
tomar  las medidas  para 
controlar  y minimizar  su 
impacto  
Menor  (2) El Contratista  
deberá  
informar al  
Supervisor  del 
Contrato   
Dentro  de 
los 3 días a 
la ocurrencia  
del hecho  
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3       contratista  y que 
afecten  el contrato          indicando las  
medidas que  
se tomarán.   
 
 
6. GARANTÍAS  A EXIGIR  EN EL PROCESO  DE CONTRATACION  
 
EL Adjudicatario  dentro  de los tres (3) días hábiles  siguientes  a la publicación  en el SECOP  II de la 
aceptación  a ofertar,  El CONTRATISTA  deberá  constituir  y subir las garantía  en la plataforma  Secop  
II para su respectiva aprobación, la Garantía Única de Cumplimiento y la de Responsabilidad civil  
extracontractual r a favor de la DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA del  
Ministerio de Defensa Nacional DIVRI, Nit 900.894.833 -9, en una compañía de seguros o entidad  
bancaria  legalmente  constituida  en Colombia,  que cubra  los siguientes  amparos:  
 
I. CUMPLIMIENTO  
 
A. CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO : Por el veinte por  
ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución de este y  
CUATRO  (4) meses  más y, de las prórrogas  si las hubiere.  
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS : Por el  
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución de este  
y UN (01) año más y, de las prórrogas  si las hubiere.  
C. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES  
LABORALES : Por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una  
vigencia  igual al plazo  de ejecución  del contrato,  contado  a partir de la fecha  de su perfeccionamiento,  y 
tres (3) años más. Este amparo debe cubrir a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por el  
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del perso nal 
utilizado  en el territorio  nacional  para la ejecución  del contrato  amparado.  
D. LA PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS : en cuantía equivalente al por veinte  
(20%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y UN (01) año más 
contados  con una vigencia  igual al plazo  de ejecución  de este y UN (01) año más y, de las prórrogas  
si las hubiere.  
E. CALIDAD DEL SERVICIO : en cuantía equivalente al por veinte  (20%) del valor del 
contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y UN (01) año más  contados  con una 
vigencia  igual al plazo  de ejecución  de este y UN (01) año más y, de las prórrogas  si las hubiere.  
PARÁGRAFO PRIMERO. - En la garantía de cumplimiento deberá constar expresamente que se  
ampara  el cumplimiento  del contrato,  las modificaciones  unilaterales  y de común  acuerdo  que a ello se 
le introduzcan, el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas y si se trata de  
garantía diferente a una póliza de seguro se entiende que la entidad aseguradora renuncia al beneficio  
de excusión.  
PARÁGRAFO  SEGUNDO. - RESTABLECIMIENTO  O AMPLIACIÓN  DE LAS GARANTÍAS:  El 
CONTRATISTA deberá restablecer el valor de las garantías antes mencionadas, cuando éste se haya  
visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por EL MINISTERIO. De igual manera, en  
cualquier  evento  en que se aumente  o adicione  el valor del contrato  y/o se prorrogue  su término,  el 
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4  contratista deberá ampliar el valor de la gara ntía otorgada y la ampliación de su vigencia según el  
caso. En todo caso el contratista deberá reponer la garantía, cuando el valor de la misma se vea  
afectado por razón de siniestros presentados, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la  
notificación  del acto que deje en firme la sanción  correspondiente.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. - Si el Contratista se negare a constituir las garantías, así como a no  
otorgarlas en los términos, cuantía y duración establecidos en esta cláusula, el Ministerio podrá  
declarar  la caducidad  del presente  contrato.  
 
PARÁGRAFO  CUARTO. - En tratándose  de garantías  consistentes  en pólizas  de seguro,  éstas  no 
expirarán  por falta de pago de la prima  o revocatoria  unilateral.  
 
PARÁGRAFO QUINTO. - El Contratista se obliga para con  el Ministerio a mantener vigente la garantía  
de cumplimiento hasta la liquidación o término exigido en el respectivo amparo en los términos  
señalados  en el artículo  2.2.1.2.3.1.7  y subsiguientes  del Decreto  1082 de 2015. 
 
PARÁGRAFO SEXTO. - En el evento en  que la entidad que expide la Póliza de seguro que sirva de  
garantía del presente contrato, sea intervenida, tomado su control o liquidada por el Gobierno Nacional  
a través de entidad competente y con ello se genere incertidumbre sobre el pago o efectivida d de la  
garantía aportada por el CONTRATISTA, deberá de manera inmediata presentar nuevas pólizas o  
remplazar la expedida  por la compañía de seguros intervenida, sujeta a toma de control o en proceso  
de liquidación.  
 
7. ANÁLISIS  DEL SECTOR  JURIDICO  Y DE LOS OFERENTES  DESDE  LA PERSPECTIVA  LEGAL  
 
El presente proceso de selección legalmente es viable, ya que el objeto que sustenta el desarrollo del  
proceso  contractual  es de carácter  licito,  se encuentra  amparado  por los artículos  1518 y 1519 del 
Código  Civil, y la normatividad  contractual,  contribuye  a la aplicación  al principio  de transparencia,  
establecido en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, pueden participar personas naturales o jurídicas  
nacionales  o extranjeras,  consorcios  o uniones  temporales,  cuyo objeto  social  les permita  cumplir  con 
el objeto  establecido  en el proceso  de selección,  el objeto  deberá  estar conforme  al desarrollo  y logro 
de los fines que tiene la DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA - DIVRI, el  
cual les permita  contratar  el objeto  del presente  estudio  previo.  
 
La futura contratación podrá ser ejecutada tanto por personas naturales debidamente inscritas en el  
registro mercantil como por personas jurídicas sin necesidad de requerir Registro Único de  
Proponentes,  por cuanto  la ley expresamente  lo exceptúa  en razón  a la cuantía  del proceso.  
 
En este sentido, se verificará la capacidad jurídica del proponente para asumir las obligaciones  
derivadas del contrato en cuanto al objeto de las empresas proponentes y la aptitud jurídica de sus  
representantes, por otro lado, establecer el cumplimiento del pago de aportes parafiscales en los  
términos del art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la inexistencia de causales de inhabilidad o  
incompatibilidad legal para contratar con el Estado.  Lo anterior versará únicamente sobre el  
proponente  que oferte  el menor  precio  en los términos  del Decreto  1082 de 2015. 
 
Así mismo,  dichas  empresas  deben  cumplir  con la normatividad  vigente  enunciada  a continuación:  
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5   
 
 
CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  PREÁMBULO, en ejercicio de su poder soberano, representado por  
sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la  
protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y  
asegurar  a sus integrantes  la vida, la convivencia,  el trabajo,  
la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de  
un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden  
político,  económico  y social  justo,  y comprometido  a impulsar  la 
integración  de la comunidad  latinoamericana  decreta.  
 
Código  Civil Colombiano  Comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan  
especialmente los derechos de los particulares, por razón del estado  
de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones  
civiles  comerciales.  
Ley 80 de 1993 Estatuto  General  de la Contratación  Estatal  
Ley 1150 de 2007 Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia  
en la Ley 80/93  
 
 
 
 
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, por medio del cual su función son los  
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de  
corrupción  y la efectividad  del control  de la gestión  pública.  
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual con el fin de  
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de  
actos de corrupción de tutelar la transparencia de la actividad  
contractual,  las actividades  públicas  están  obligadas  a vigilar  
permanentemente la correcta ejecución del contrato del objeto  
contratado. A través de un supervisor o un interventor según  
corresponda.  
 
 
Ley 1471 de 2011 Por medio de la cual se dictan normas relacionadas con la  
rehabilitación integral de los miembros de la Fuerza Pública, alumnos  
de las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y sus  
equivalentes  en la Policía  Nacional,  personal  civil del Ministerio  de 
Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no  
uniformado  de la Policía  Nacional.  Articulo  3 <Artículo  modificado  
por el artículo  248 de la Ley 1955 de 2019.  
Decreto  1082 de 2015 Por medio  del cual se expide  el Decreto  Único  Reglamentario  del 
Sector  Administrativo  de Planeación  Nacional  
Decreto  1874 de 2021 Por el cual se modifica  parcialmente  la estructura  del Ministerio  de 
Defensa  Nacional  y se dictan  otras disposiciones  
Resolución  número  4584 
de 2014 Por la cual se adopta  la Política  de Discapacidad  del Sector  
Seguridad  y Defensa  y se dictan  otras disposiciones  
Aspectos  Jurídicos  - Estudios  Previos  
6  Manuales  y Guías  
emitidas  por Colombia  
compra  eficiente  Por medio  de cual se emiten  estándares  y documentos  tipo (art. 
2.2.1.2.5.2  Decreto  1082 de 2015 y Decreto  4170 de 2011).  
 
 
Decreto  1860 de 2021 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único  
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con  
el fin reglamentar los artíc ulos 30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de  
2020, en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras  
disposiciones”  
 
 
Decreto  310 de 2021 Por el cual se reglamenta  el artículo  41 de la Ley 1955 de 2019,  sobre  
las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de  
los Acuerdos  Marco  de Precios  y se modifican  los 
artículos 2.2.1.2.1.2.7 . y 2.2.1.2.1.2.12 . del Decreto 1082 de 2015,  
Único  Reglamentario  del Sector  Administrativo  de Planeación  
Nacional  
 
Resolución  Ministerial  No. 
4223 de 2022 “Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas  
con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de  
Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se  
dictan  otras disposiciones”  
 Manual  para la identificación  y Cobertura  del Riesgo  en los Procesos  
de Contratación,  expedido  por Colombia  Compra  Eficiente  
 Guía para la elaboración de Estudios del Sector relativo al objeto del  
Proceso de Contratación y su análisis, expedida por Colombia  
Compra  Eficiente.  
  
 
“El estado en la Ley 1341 DE 2009 de 30 de Julio, establece principios y conceptos sobre la sociedad  
de la información  y la organización  de las Tecnologías  de la Información  y las Comunicaciones  – TIC, 
y en este  sentido nos apoyamos en la ley, con el propósito de impulsar la base principal de apoyo para  
el desarrollo  de las TIC en la entidad:  La ley dispone:  “Artículo  1°. Objeto.  La presente  ley determina  
el marco general para la formulación de las políticas públ icas que regirán el sector de las Tecnologías  
de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la  
protección  al usuario,  así como  lo concerniente  a la cobertura,  la calidad  del servicio,  la promoción  de 
la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro  
radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la  
administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y  
facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de  
la Información. Artículo 2°. Principios orientadores. La investigación, el fomento, la promoción y el  
desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de Estado que  
involucra  a todos  los sectores  y niveles  de la administración  pública  y de la sociedad,  para contribuir  
al desarrollo educativo, cultural, económico, social  y político e incrementar la productividad, la  
competitividad,  el respeto  a los Derechos  Humanos  inherentes  y la inclusión  social.  Las Tecnologías  
de la Información  y las Comunicaciones  deben  servir  al interés  general  y es deber  del Estado  promover  
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7  su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional. Son  
principios orientadores de la presente ley: 1. Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la  
Información y las Comunicaciones. El Estado y en general todos los agentes del sector de las  
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de sus  
obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
en la producción de bienes y servicios, en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la  
educación,  los contenidos  y la competitividad.  2. Libre competencia.  El Estado  propiciará  escenarios  
de libre y leal competencia  que incentiven  la inversión  actual  y futura  en el sector  de las TIC y que 
permitan la concurrencia al mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo precios de  
mercado y en condiciones de igualdad. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado no podrá fijar condiciones  
distintas ni privilegios a favor de unos competidores en situaciones similares a las de otros y propiciará  
la sana competencia.  
 
3. Uso eficiente  de la infraestructura  y de los recursos  escasos.  El Estado  fomentará  el despliegue  y 
uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que  
sobre  ellas se puedan  prestar,  y promoverá  el óptimo  aprovechamiento  de los recursos  escasos  con 
el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los  usuarios, siempre y cuando  
se remunere dicha infraestructura a costos de oportunidad, sea técnicamente factible, no degrade la  
calidad de servicio que el propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a los terceros, no  
afecte la prestación de sus  propios servicios y se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en  
cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes del acceso a dicha infraestructura.  
Para tal efecto, dentro del ámbito de sus competencias, las entidades del or den nacional y territorial  
están obligadas a adoptar todas las medidas que sean necesarias para facilitar y garantizar el  
desarrollo de la infraestructura requerida, estableciendo las garantías y medidas necesarias que  
contribuyan  en la prevención,  cuidado  y conservación  para que no se deteriore  el patrimonio  público  
y el interés general. 4. Protección de los derechos de los usuarios. El Estado velará por la adecuada  
protección de los derechos de los usuarios de las Tecnologías de la Información y de las  
Comunicaciones, así como por el cumplimiento de los derechos y deberes derivados del Hábeas Data,  
asociados a la prestación del servicio. Para tal efecto, los proveedores y/u operadores directos  
deberán prestar sus servicios a precios de mercado y utilidad  razonable, en los niveles de calidad  
establecidos en los títulos habilitantes o, en su defecto, dentro de los rangos que certifiquen las  
entidades competentes e idóneas en la materia y con información clara, transparente, necesaria, veraz  
y anterior, simu ltánea y de todas maneras oportuna para que los usuarios tomen sus decisiones. 5.  
Promoción de la Inversión. Todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tendrán  
igualdad  de oportunidades  para acceder  al uso del espectro  y contribuirán  al Fondo  de Tecnologías  
de la Información  y las Comunicaciones.  6. Neutralidad  Tecnológica.  El Estado  garantizará  la libre 
adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los  
organismos internacionales competentes e i dóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente  
prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las  
Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con el  
desarrollo ambiental sostenible. 7. El derecho a la comunicación, la información y la educación y los  
servicios básicos de las TIC. En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución Nacional el  
Estado  propiciará  a todo colombiano  el derecho  al acceso a las tecnologías  de la información  y las 
comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de  
expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e  
imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y  
valores de la cultura. Adicionalmente el Estado establecerá programas para que la población de los  
estratos  desarrollará  programas  para que la población  de los estrat os menos  favorecidos  y la población  
Aspectos  Jurídicos  - Estudios  Previos  
8  rural tengan  acceso  y uso a las plataformas  de comunicación,  en especial  de Internet  y contenidos  
informáticos  y de educación  integral.  8. Masificación  del Gobierno  en Línea.  Con el fin de lograr  la 
prestación de servicios eficientes a los ciudadanos, las entidades públicas deberán adoptar todas las  
medidas  necesarias  para garantizar  el máximo  aprovechamiento  de las Tecnologías  de la Información  
y las Comunicaciones  en el desarrollo  de sus funciones.  El Gobierno  Nacional  fijará los mecanismos  
y condiciones para garantizar el desarrollo de este principio. Y en la reglamentación correspondiente  
establecerá  los plazos,  términos  y prescripciones,  no solamente  para la instalación  de las 
infraestructuras indicadas y necesarias, sino también para mantener actualizadas y con la información  
completa  los medios  y los instrumentos  tecnológicos.  
 
Artículo  3°. Sociedad  de la información  y del conocimiento.  El Estado  reconoce  que el acceso  y uso 
de las Tecnologías  de la Información y las Comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la  
infraestructura,  el desarrollo  de contenidos  y aplicaciones,  la protección  a los usuarios,  la formación  
de talento humano en estas tecnologías y su carácter transversal, son pilares para la consolidación de  
las sociedades  de la información  y del conocimiento.  Artículo  4°. Intervención  del Estado  en el sector  
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En desarrollo de los principios de  
intervención contenidos en  la Constitución Política, el Estado intervendrá en el sector las Tecnologías  
de la Información  y las Comunicaciones  para lograr  los siguientes  fines:  1. Proteger  los derechos  de 
los usuarios, velando por la calidad, eficiencia y adecuada provisión de los servicios. 2. Promover el  
acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, teniendo como fin último el servicio  
universal. 3. Promover el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la prestación de servicios que usen  
Tecnologías de la Informa ción y las Comunicaciones y la masificación del Gobierno en Línea. 4.  
Promover la oferta de mayores capacidades en la conexión, transporte y condiciones de seguridad del  
servicio al usuario final, incentivando acciones de prevención de fraudes en la red. 5 . Promover y  
garantizar la libre y leal competencia y evitar el abuso de la posición dominante y las prácticas  
restrictivas de la competencia. 6. Garantizar el despliegue y el uso eficiente de la infraestructura y la  
igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos escasos, se buscará la expansión, y cobertura  
para zonas de difícil acceso, en especial beneficiando a poblaciones vulnerables. 7. Garantizar el uso  
adecuado  del espectro  radioeléctrico,  así como  la reorganización  del mismo,  respetando  el principio  
de protección a la inversión, asociada al uso del espectro. Los proveedores de redes y servicios de  
telecomunicaciones  responderán  jurídica  y económicamente  por los daños  causados  a las 
infraestructuras.  8. Promover  la ampliación  de la cobertura  del servicio.  9. Garantizar  la interconexión  
y la interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones, así como el acceso a los elementos de las  
redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones necesarios para promover la provisión y  
comercializació n de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las  
Comunicaciones. 10. Imponer a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones  
obligaciones de provisión de los servicios y uso de su infraestructura, por razo nes de defensa nacional,  
atención y prevención de situaciones de emergencia y seguridad pública. 11. Promover la seguridad  
informática y de redes para desarrollar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 12.  
Incentivar y promover el desarrol lo de la industria de tecnologías de la información y las  
comunicaciones  para contribuir  al crecimiento  económico,  la competitividad,  la generación  de empleo  
y las exportaciones. 13. Propender por la construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras  
de las tecnologías de la información y las comunicaciones por la protección del medio ambiente y la  
salud  pública.”1 
 
8. CONVOCATORIA  LIMITADA  A MIPYMES:  
 
 
1 https ://www. transcaribe.gov.co/documentos/Licitaciones%202015/TC -LPN-003-15/2.%20ESTUDIO%20DEL%20SECTOR%20SI STEMAS.pdf  
Aspectos  Jurídicos  - Estudios  Previos  
9  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021, que  
modifica la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto  
1082 de 2015, el presente  proceso de selección es susceptible de ser limitado a Mi pymes  
Colombianas.  En consecuencia y  de acuerdo  con lo dispuesto  en el numeral  4º del artículo  
2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 del 24 de  
Diciembre de 2021, una vez se establezca que si existen o no por lo menos dos (2) solicitudes de  
Mypime colombianas para limitar el proceso de selección a su participación, se procederá a publicar un  
aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente  se limitó a Mipyme o si podrá participar  
cualquier  otro interesado  
 
Para efectos de la convocatoria limitada a MIPYMES COLOMBIANAS, se tendrán en cuenta las  
disposiciones contenidas en el artículo 5 y Artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1860 del 24 de Diciembre  
de 2021 , para lo cual los proponentes deberán diligenciar y aportar el Anexo No. “SOLICITUD DE  
LIMITACIÓN A MIPYMES COLOMBIANAS”, dentro del plazo establecido en el cronograma del  
proceso  de selección,  el cual se encuentra  publicado  en el SECOP  II. 
 
Del resultado de la CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES se levantará un aviso informando si  
se limita  o no a Milpymes,  la cual se publicará  en el SECOP  II. 
 
NOTA: En las convocatorias limitadas a Mipymes podrán participar uniones temporales o consorcios,  
los cuales deberán estar integrados únicamente por Mipymes, según el caso. En tal caso, para efectos  
de la limitación  de la convocatoria,  cada consorcio  o unión  temporal  se contará  por sí mismo,  y no por 
el número de Mipymes que los integren; que deberán cumplir de manera individual los requisitos  
mínimos  señalados  en el presente  decreto.  
 
Bogotá  D. C., 13 de junio de 2023. 
 
VIVIANA  MARIN  GOMEZ  
Comité  Jurídico  Estructurador  
