La prohibición de la tortura se considera generalmente como una norma imperativa del derecho internacional. También constituye la base del principio de no devolución, según el cual ninguna persona podrá ser devuelta a un Estado “cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura” (Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes [aprobada el 10 de diciembre de 1984 y en vigor desde el 26 de junio de 1987], art. 3). A diferencia de la definición formulada en la Convención contra la Tortura, el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas no es una condición requerida para que se aplique la disposición pertinente del Convenio Europeo de Derechos Humanos (a saber, el artículo 3). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha aclarado que para que el artículo 3 del Convenio sea aplicable, es preciso alcanzar un grado mínimo de gravedad del trato. La evaluación de ese grado mínimo se hace en función de las particularidades de cada caso, teniendo en cuenta la duración del trato, sus efectos físicos y mentales y, en algunos casos, el sexo, la edad y el estado de salud de la víctima (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Ireland v. the United Kingdom , demanda Nº 5310/71 [18 de enero de 1978], párr. 162). La distinción entre la tortura y los tratos inhumanos se basa tanto en la gravedad del sufrimiento ( ibíd. , párr. 167) como en la existencia de un propósito específico para el cual se inflige el sufrimiento (tal como se establece en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura). Sin embargo, la determinación T