El derecho a la unidad familiar queda consagrado en las siguientes disposiciones: el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (aprobada el 10 de diciembre de 1948); los artículos 17 y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976); el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 3 de enero de 1976); el artículo 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada el 20 de noviembre de 1989 y en vigor desde el 2 de septiembre de 1990); el artículo 44 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares (aprobada el 18 de diciembre de 1990 y en vigor desde el 1º de julio de 2003); el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (aprobada el 22 de noviembre de 1969 y en vigor desde el 18 de julio de 1978); el artículo 18 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (aprobada el 27 de junio de 1981 y en vigor desde el 21 de octubre de 1986); el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (aprobado el 4 de noviembre de 1950 y en vigor desde el 3 de septiembre de 1953); el artículo 16 de la Carta Social Europea (aprobada el 18 de octubre de 1961 y en vigor desde el 26 de febrero de 1965); y el artículo 16 de la Carta Social Europea (Revisada) (aprobada el 3 de mayo de 1996 y en vigor desde el 1º de julio de 1999).