(21) Siempre que un solicitante pueda alegar una causa justi ­ ficada, la falta de documentos a la entrada o el uso de documentos falsos no debe entrañar per se el recurso automático a un procedimiento fronterizo o acelerado. (22) Redunda igualmente en interés tanto de los Estados miembros como de los solicitantes garantizar un correcto reconocimiento de las necesidades en materia de protec ­ ción internacional desde la primera instancia. A tal fin, se debe poner a disposición de los solicitantes, desde la primera instancia y de forma gratuita, información jurí ­ dica y procedimental, teniendo en cuenta sus circunstan ­ cias particulares. La puesta a disposición de dicha infor ­ mación debe, entre otras cosas, permitir a los solicitantes comprender mejor el procedimiento, ayudándoles así a cumplir las obligaciones que les incumben. Sería despro ­ porcionado exigir a los Estados miembros que faciliten dicha información únicamente a través de los servicios de juristas cualificados. Por consiguiente, los Estados miem ­ bros deben tener la posibilidad de utilizar los medios más adecuados para facilitar dicha información, por ejemplo a través de organizaciones no gubernamentales, de profe ­ sionales de la Administración Pública o de servicios es ­ pecializados del Estado. (23) En el marco de los procedimientos de recurso, se debe prestar a los solicitantes, con ciertas condiciones, asisten ­ cia y representación jurídica gratuitas por parte de per ­ sonas competentes para prestarlas con arreglo a la legis ­ lación nacional. Además, en todas las fases del procedi ­ miento, los solicitantes deben tener derecho a consultar, a su costa, a asesores jurídicos o a abogados autorizados a ejercer como tales conforme a su Derecho nacional. (24) El concepto de orden público podrá incluir, inter alia una condena por haber cometido un delito grave.