Si bien existen ligeras diferencias entre los fundamentos jurídicos de los sistemas informáticos de la UE, en general establecen que las APD nacionales y el SEPD deben cooperar, cada uno actuando en el ámbito de sus propios poderes. Forman grupos de coordinación de la supervisión para cada sistema informático de gran magnitud de la UE para garantizar una supervisión coordinada y eficaz de su funcionamiento.