En varios instrumentos jurídicos internacionales se establece que la detención no puede ser arbitraria ni ilegal, que debe fundamentarse jurídicamente en la legislación nacional y que solo puede utilizarse cuando sea estrictamente necesaria, por ejemplo cuando exista un riesgo de fuga o cuando la conducta de la persona concernida sea susceptible de obstaculizar los procedimientos de inmigración o la ejecución de una orden de expulsión. Las salvaguardias establecidas en el marco del derecho de los derechos humanos se aplican cada vez que una persona se ve privada de su libertad, independientemente de que la medida sea o no considerada como detención por las autoridades nacionales o en el marco de las disposiciones legislativas pertinentes. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas subraya que “la detención de inmigrantes debería suprimirse gradualmente” (Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria [18 de enero de 2010], documento A/HRC/13/30 de las Naciones Unidas, párr. 58) y que “[a]ntes de recurrir a la detención deberían siempre examinarse otras medidas alternativas distintas de la detención, tales como la obligación de comparecer ante la policía”