152 DERECHO INTERNACIONAL SOBRE MIGRACIÓNdeterminado grupo social, o de sus opiniones políticas”. El principio se amplió posteriormente en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (aprobada el 10 de diciembre de 1984 y en vigor desde el 26 de junio de 1987), en el que se establece que ningún Estado “procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”. En ese mismo artículo se establece asimismo que “a los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos”. El principio de no devolución también está consagrado en el artículo 16 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (aprobada el 20 de diciembre de 2006 y en vigor desde el 23 de diciembre de 2010). Según las interpretaciones posteriores de otros órganos de derechos humanos respecto de la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes, dicha prohibición entraña la obligación para los Estados partes en los tratados pertinentes (en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [aprobado el 16 de diciembre de 1966 y en vigor desde el 23 de marzo de 1976]) de no devolver a una persona a un país en el que exista un riesgo real de que se vea sometida a los actos de maltrato prohibidos.