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Not only does this undermine the prospects of achieving a negotiated settlement, it is also unacceptable for a democratic nation to resort to such means in grave violation of human rights and the rule of law. Let me be equally clear, we are also deeply concerned by the killing of Israeli civilians by Palestinians and by the recent executions of Palestinians. This too is unacceptable, especially given the Palestinian authorities' earlier commitment to a moratorium on the death penalty.
We also remain concerned about the humanitarian situation in the West Bank and Gaza.
The remaining closures by Israel are having devastating effects on the Palestinian economy and therefore, not surprisingly, on political stability. They are even affecting the import of humanitarian aid to the Palestinian territories. For example, the Palestinian Authority has notified the Commission' s representative in Jerusalem that the official inauguration of the Gaza Hospital - a hospital with which this Parliament is perhaps all too familiar - originally foreseen for mid-January, has had to be postponed until further notice.
The situation has deteriorated further, and staff and patients are prevented from even reaching the hospital.
Similarly equipment and supplies, such as oxygen, medicines and fuel, cannot reach the hospital and further building work has had to be suspended. In its preliminary implementation report following the December emergency appeal, UNWRA also raises concern about serious difficulties in the delivery of food, the delivery of construction material, medical items and other essential supplies.
The security of staff engaged in humanitarian assistance has been severely compromised.
I very much regret that the situation has continued to deteriorate. However, we have continued to make our position crystal clear. We have demanded that the remaining closures on the Palestinian economy should be lifted. We have asked Israel to end immediately the withholding of revenue payments due to the Palestinian Authority and we have reacted promptly to the crisis by addressing both the humanitarian situation and the precarious budgetary situation of the Palestinian Authority.
In December the Commission provided EUR 15 million in emergency aid, EUR 14.5 million alone to UNWRA in response to its emergency appeal.
In addition, we disbursed a EUR 27.5 million special cash facility in the belief that it was in the interest of both sides not to undermine the Palestinian Authority' s ability to pay salaries. In the same spirit, the Commission set up the new cash facility of EUR 90 million which the presidency referred to. I am very grateful to Parliament and the Council for making that prudential transfer possible before Christmas.
Last week I dispersed a first tranche of EUR 30 million to the Palestinian Authority.
We need to look at the likely situation for the rest of this year.
As our resources are limited, we need to examine carefully how to proceed further. If we continue drawing monthly payments from the special cash facility in order to meet the current administrative needs of the Palestinian Authority, including payment of civil servants' salaries, education, health and other public services, funds will very soon run out. The Palestinian Authority is now facing an ongoing fall in revenue and a rising deficit. They will need to adjust their policies. Instead of just baling out month-to-month we need to look at how to help over the longer term.
Indeed the European Union and the wider international community have an interest in preserving the economic and institutional framework of the Palestinian Authority, which we have helped to create and which we have helped to fund more generously than any one else.
If the Palestinian Authority collapsed, it would be a very severe blow to prospects for peace in the region, Israeli security would be threatened and our efforts to promote cooperation and stability in the Middle East would be undermined.
gpt

Esta actitud no sólo debilita las perspectivas de alcanzar un acuerdo negociado, sino que además es inaceptable que un país democrático recurra a dichos medios contraviniendo gravemente a los derechos humanos y al Estado de derecho. Permítanme que sea igualmente claro, también sentimos una gran preocupación por el asesinato de civiles israelíes a manos de palestinos y por las recientes ejecuciones de palestinos. Eso también es inaceptable, especialmente, habida cuenta del anterior compromiso de las autoridades palestinas de respetar una moratoria sobre la pena de muerte. También seguimos preocupados por la situación humanitaria en Cisjordania y Gaza. Los cierres que aún mantiene Israel están teniendo consecuencias devastadoras sobre la economía palestina y, por consiguiente, lo que no es sorprendente, sobre la estabilidad política.
Están incluso afectando a la entrada de la ayuda humanitaria en los territorios palestinos. Por ejemplo, la Autoridad Palestina ha notificado al representante de la Comisión en Jerusalén que la inauguración oficial del Hospital Gaza - hospital que este Parlamento conoce quizá demasiado bien -, prevista inicialmente para mediados de enero, ha sido aplazada hasta nuevo aviso.
La situación se ha deteriorado aún más, y el personal y los pacientes no pueden ni siquiera llegar hasta el hospital.
De manera similar, el equipo y los suministros, como oxígeno, medicinas y combustible, no pueden llegar hasta el hospital, y las obras de ampliación han tenido que ser interrumpidas. En su informe preliminar sobre la aplicación tras el llamamiento de emergencia en diciembre, el Organismo de obras públicas y socorro de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina (OOPS) también muestra preocupación por las serias dificultades que encuentra en el suministro de alimentos, el suministro de material de construcción, de artículos médicos y de otros suministros fundamentales.
La seguridad del personal que se dedica a la asistencia humanitaria se ha visto gravemente comprometida.
Lamento profundamente que la situación haya seguido deteriorándose.
No obstante, hemos continuado dejando perfectamente claro cuál es nuestra posición.
Hemos exigido que los cierres restantes sobre la economía palestina deben ser levantados. Hemos pedido a Israel que ponga fin inmediatamente a la retención de los pagos de ingresos destinados a la Autoridad Palestina y hemos reaccionado rápidamente a la crisis abordando la situación humanitaria y la precaria situación presupuestaria de la Autoridad Palestina. En diciembre, la Comisión proporcionó 15 millones de euros en concepto de ayuda de emergencia, 14,5 millones de euros sólo al OOPS en respuesta a su llamada de emergencia. Asimismo, hemos desembolsado un dispositivo especial de fondos por valor de 27,5 millones de euros, en la creencia de que ambas partes están interesadas en no debilitar la capacidad de la Autoridad Palestina de pagar los salarios. En este mismo espíritu, la Comisión ha creado un nuevo dispositivo de provisión de fondos por valor de 90 millones de euros, al que ha hecho referencia la Presidencia. Estoy muy agradecido al Parlamento y al Consejo por haber hecho posible esa transferencia prudencial antes de Navidad. La semana pasada remití a la Autoridad Palestina el primer tramo por valor de 30 millones de euros.
Debemos analizar la probable situación durante el resto del año.
Habida cuenta de que nuestros recursos son limitados, debemos examinar detenidamente cómo debemos proceder a continuación.
Si seguimos retirando pagos mensuales del dispositivo especial de fondos para poder hacer frente a las actuales necesidades administrativas de la Autoridad Palestina, entre las que se incluye el pago de los salarios de los funcionarios, la enseñanza, la sanidad y otros servicios públicos, los fondos se agotarán muy pronto. La Autoridad Palestina se enfrenta en estos momentos a la continua caída de sus ingresos y a un aumento del déficit. Deberemos ajustar nuestras políticas.
En vez de limitarnos a sacarlos de apuros un mes tras otro, debemos estudiar cómo ayudarle a más largo plazo. De hecho, la Unión Europea y la comunidad internacional en general están interesadas en preservar el marco económico e institucional de la Autoridad Palestina, que nosotros hemos ayudado a crear y hemos ayudado a financiar con más generosidad que ningún otro donante. Si la Autoridad Palestina se colapsa, sería un duro golpe para las perspectivas de paz en la región, la seguridad israelí se vería amenazada y nuestros esfuerzos para fomentar la cooperación y la estabilidad en Oriente Medio se verían debilitados.