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human
I need the English equivalent for: En segundo término, nos oponemos a todos los puntos que atentan contra el principio básico de la solidaridad. El Sr. Nassauer ya ha señalado que se pretende modificar el Derecho de la función pública. A este respecto quisiera preguntar a la ponente si ya ha intentado hacerse funcionaria en Marruecos, por ejemplo.
La forma en que se accede a la función pública y a la policía en cada uno de los países miembros es un tema que incumbe exclusivamente a los Estados miembros. En tercer lugar, se plantean cuestiones que no vienen a cuento en este informe, por ejemplo el derecho de voto de los nacionales de terceros países en las elecciones europeas o las elecciones municipales.
Por último, quisiera referirme a un aspecto que estimo fundamental. Como austríaco no puedo aceptar un informe en el que se adopte una postura indebida y enormemente injusta frente a mi país, Austria, en el que las acciones motivadas por razones político-partidistas y las medidas de boicoteo injustificadas promovidas por los Catorce se aprueban y se respaldan expresamente. En última instancia, dichas medidas redundan en perjuicio de la juventud, la economía, el deporte y la población de mi país, que es Austria. Todo ello no tiene nada que ver con el informe. ¡El contenido del informe no se ajusta al título! Señora Presidenta, gracias al señor Haarder por el excelente trabajo que ha efectuado. Hay, sin embargo, un punto donde debo manifestar mi desacuerdo con el señor ponente.
Cuando leí la edición danesa del informe del Sr. Haarder, creí durante un breve instante que el Sr. Haarder había ganado en sabiduría con los años y se había dado por enterado de la existencia de una sentencia del Tribunal Supremo danés que establece que los llamados "acuerdos de afiliación obligatoria" no están reñidos con los derechos humanos. Creía y esperaba poder mostrarme de acuerdo con el Sr. Haarder en subrayar el derecho del individuo a estar afiliado a un sindicato. Sin embargo, al leer el informe en otras lenguas se puede ver que el Sr. Haarder no ha ganado en sabiduría o bien que lo esconde muy bien. En algunas redacciones poco claras parece como si el señor ponente prosiguiera su cruzada contra el modelo danés donde los empresarios y los trabajadores pueden acordar que sólo los miembros de un determinado sindicato puedan ser empleados en una determinada actividad. A nadie se le priva de su derecho a trabajar, a nadie se le priva de su derecho a afiliarse a un sindicato, sin embargo, los particulares no pueden beneficiarse de los amplios acuerdos sociales sin ser también miembros de justamente el sindicato que ha creado los acuerdos. El Sr. Haarder llega más lejos en su ataque pues trata indirectamente de reforzar a los sindicatos que precisamente no reconocen los enormes avances colectivos que han contribuido a la creación del bienestar y de los derechos humanos en cuyo debate hemos empleado todo el día. Señora Presidenta, veo que no ha llamado usted al Sr. Hernández Mollar, y éste me había dejado su intervención para que yo la pronunciara en su nombre.
Por tanto, le rogaría, señora Presidenta, que me concediera los dos minutos del Sr. Hernández Mollar, para que yo pueda presentar su contribución, y después los cuatro minutos para la mía, si usted no tiene inconveniente. Paso, pues, a presentar la intervención del Sr. Hernández Mollar. Señoras y señores diputados, señora Presidenta, el debate sobre la xenofobia y el racismo siempre es un debate de hondo calado político y social.
El informe Ludford contiene puntos muy aceptables que cualquier demócrata puede y debe ratificar, pero también tiene otros puntos que van más allá del rigor político o incluso del jurídico. La ciudadanía europea es un concepto abstracto que carece de virtualidad jurídica. Los Estados miembros regulan los derechos políticos de sus ciudadanos en virtud de sus propias leyes democráticas, al igual que ocurre en muchos de los países de origen de los ciudadanos que emigran a territorios europeos. Pedir la participación política en elecciones locales, nacionales o europeas, o incluso el acceso a la función pública de quienes no son nacionales de los Estados miembros sin ni siquiera plantear el principio de reciprocidad, es ir más allá del realismo político y del rigor jurídico.
Una propuesta en este sentido es de imposible cumplimiento y, por esto, pido a la Sra. Ludford que lo retire para poder votar favorablemente su informe.
La xenofobia y el racismo se combaten mediante la educación, la integración laboral y social, mediante la atención en el ámbito de la vivienda, la salud o los servicios sociales, pero no hagamos fácil demagogia en una cuestión que exige sobre todo rigor y seriedad. Hasta aquí la intervención del Sr. Hernández Mollar.
Y ahora empieza la mía, señora Presidenta.
La existencia de una panoplia de derechos fundamentales civiles, económicos, sociales y políticos, plenamente garantizada por el ordenamiento constitucional y por los poderes públicos, es uno de los elementos esenciales de la civilización occidental moderna.
Las distintas Cartas y Declaraciones de derechos que jalonan la historia de la política europea-americana primero, y mundial después, son hitos que ennoblecen la vida colectiva de la humanidad, elevándola en hombros de los valores cristianos y de las luces de la Ilustración hasta el ideal democrático actual. La Unión Europea ha considerado siempre uno de los ejes medulares de su espíritu inspirador y ha esculpido en el frontispicio de sus Tratados constitutivos el respeto a los derechos humanos fundamentales.
Sin ese componente irrenunciable de nuestra concepción moral de la organización social, la misma existencia de la Unión carecería de sentido, porque, además de articular un vasto espacio de libertad económica, los ciudadanos y ciudadanas de los quince Estados miembros desean, por encima de todo, ofrecer al resto del planeta un ejemplo de respeto escrupuloso a estos derechos.
Pero esa voluntad firme e inequívoca debe ser ejercida dentro del rigor jurídico y, sobre todo, del sentido común.
Los nacionales de Estados que no son miembros de la Unión y que residen legalmente en nuestro territorio han de ser tratados en términos de igualdad con los ciudadanos de los Estados miembros en lo que se refiere al acceso a la educación, la sanidad y la protección social.
Y todo ello con pleno respeto a sus creencias religiosas y rasgos culturales específicos.
El más mínimo brote de racismo, intolerancia o xenofobia ha de ser atajado de raíz en cualquier Estado miembro en el que se produzca. Pero, una cosa es la condición administrativa de residente y otra la condición política de ciudadano.
gpt
 Secondly, we are against all the points which fly in the face of the basic principle of solidarity.
Mr Nassauer has already pointed out the fact that intervention in the right to hold public office has been called for here. Has the author ever tried to enter public office in Morocco for example?
The question of recruitment to public office in a Member State or to the police is exclusively a matter for that Member State. Thirdly, matters are addressed which have no place in this report, such as the voting rights of third country nationals in European elections or local elections.
I consider this last point to be very important. As an Austrian, I cannot accept a report which takes exception to my country in a most unqualified and most unjustified manner and which expressly welcomes and supports party-politically motivated action and unjustified boycotting measures by the fourteen.
These are actions which, in the final analysis, are directed against young people, the economy, sport and the people of my country, and they have no place in this report. The report does not contain what the title promises. Madam President, thanks are due to Mr Haarder for a basically splendid piece of work. There is, nonetheless, one point on which I have to say that I disagree with the rapporteur. When I read the Danish version of Mr Haarder' s report, I thought for one brief moment that Mr Haarder had grown wiser with the years, and I had taken note of the fact that there is now a judgement from the Danish Supreme Court stating that so-called 'exclusive agreements' do not contravene human rights.
I believed and hoped that I could declare myself in agreement with Mr Haarder in emphasising the individual' s right to membership of trade unions.
When, however, the report is read in other languages, it can be seen that Mr Haarder has not grown wiser. Either that, or he is hiding it very well.
From a number of unclear wordings, it looks as if the rapporteur is continuing his crusade against the Danish model, in which employees and employers are able to agree that only members of a specific trade union can be employed in a specific area of work.
No one is being deprived of the right to work and no one is being deprived of the right to belong to a trade union, but individuals cannot benefit from extensive social agreements without also being themselves members of precisely that union which has produced the agreements. Mr Haarder goes much further in his assault, for he tries indirectly to strengthen those unions which do not recognise precisely those collective victories which have helped create the welfare and the human rights which we have spent all day debating.
Madam President, I notice that you have not called Mr Hernández Mollar, who had asked me to speak on his behalf.
I would therefore ask you to allow me the two minutes allotted to Mr Hernández Mollar, so that I can present his intervention, and then the four minutes allotted to me, if this is acceptable to you. I will therefore present Mr Hernández Mollar' s intervention. Madam President, the debate on xenophobia and racism is always of great importance, politically and socially.
The Ludford report contains points which are highly acceptable and which any democrat can and must ratify, but also contains other points which are less than rigorous from a political and even from a legal point of view. European citizenship is an abstract concept which lacks any legal form.
The Member States regulate the political rights of their citizens in accordance with their own democratic laws, as also happens in many of the countries of origin of the citizens who emigrate to the European Union.
To ask for political participation in local, national or European elections, or even access to the civil service for people who are not nationals of the Member States, without even coming to a reciprocal arrangement, is politically unrealistic and displays a lack of legal rigour. It would be impossible to comply with a proposal of this type and I therefore ask Mrs Ludford to withdraw it so that we can vote in favour of her report.
Xenophobia and racism should be combated by means of education and integration in the workplace and in society, and by paying attention to the issues of housing, health and social services, but let us not use blithe rhetoric when it comes to an issue which above all requires rigour and seriousness. That was Mr Hernández Mollar' s intervention. I will now begin my own, Madam President.
The existence of a panoply of fundamental civil, economic, social and political rights, fully guaranteed by constitutional legislation and by public authorities, is one of the essential elements of modern Western society. The various charters and declarations which mark the history, firstly, of European/American politics, and then, later, world politics, are milestones which have ennobled the collective life of humanity, carrying it aloft on the shoulders of Christian values and the Enlightenment through to today' s democratic ideals.
The European Union has always considered the respect for fundamental human rights to be one of the essential principles of its founding spirit and has engraved this on the frontispiece of its founding Treaties.
Without this irrefutable component of our moral concept of social organisation, the very existence of the Union would cease to make sense, because, as well as constituting a broad space of economic freedom, the citizens of the fifteen Member States wish, above all else, to offer the rest of the world an example of the scrupulous respect for these rights. However, that firm and unequivocal will must be exercised in a manner which is legally rigorous and, above all, based on common sense. The nationals of non-EU states who live in the Union must be treated on an equal footing with the citizens of the Member States with regard to access to education, health and social protection. This must be done whilst respecting their specific religious beliefs and cultural characteristics.
The tiniest hint of racism, intolerance or xenophobia must be eradicated in any Member State in which it may occur. However, the administrative status of the resident is not the same as the political status of the citizen.