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 Nos encontramos ante episodios muy graves que en el pasado parecían ser una costumbre. Hoy algo ha cambiado, por lo menos en los sistemas, sobre todo en lo que al control se refiere, pero no estamos satisfechos todavía, especialmente cuando en las sedes competentes se llega a hablar incluso de un Fiscal europeo, de delitos, de fraudes, de malversación y de revelación de secretos a escala europea. Creo que debemos proteger los intereses de la Comunidad y su imagen, así como la relación con los contribuyentes que son una parte indispensable y fundamental de la vida de la Comunidad. Por esto es justo plantearse el problema de una protección de los intereses de carácter general y universal acordándose mejor con la justicia en el ámbito de cada uno de los Estados.
A propósito de esto se plantea el problema más delicado: ¿cómo se coloca a un Fiscal europeo dentro de las relaciones con las diferentes comunidades nacionales y con la justicia, tal como está estructurada? Considero que hay que tratar todavía este tema tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista práctico.
Hoy corremos el riesgo de superponer una nueva Institución a las múltiples y diversas Instituciones que ya existen en cada uno de los Estados.
Señor Presidente, yo voy a referirme muy brevemente a dos cuestiones. En primer lugar, no quisiera pronunciarme sobre los aspectos filosóficos de la subsidiariedad y la soberanía de los Estados miembros, a pesar de que soy muy partidario de que éstos se debatan, pues en mi calidad de espectador habitual de las televisiones británicas estoy al corriente de las quejas de los políticos nacionales de dicho país por lo que consideran como una amenaza del continente contra su cultura jurídica nacional.
A veces rozan lo teatral y yo creo que ello merece un debate. Sin embargo, este no es el tema al que quiero referirme. El tema que me interesa es el informe de la Sra. Theato.
Yo creo que, ante las dificultades jurídicas que plantea esta cuestión -y es evidente que la Unión Europea sólo dispone de una vía muy estrecha para conseguir que dichos delitos sean perseguibles judicialmente como delitos europeos- se ha perdido el rumbo jurídico. Me refiero a las recomendaciones 1 y 2.
En ellas ya no se habla de un fiscal europeo sino que, por razones jurídicas, éste se ha convertido ahora en una autoridad europea independiente, un organismo lo ha llamado antes la Sra. Theato. En este aspecto, salta a la vista que tenemos dificultades con el fundamento jurídico. También tenemos dificultades en lo que se refiere a los delitos. Este punto no se ha modificado.
Sigue incluyendo delitos que en cierto modo rebasan, o al menos pueden rebasar, el marco de los delitos europeos, como el blanqueo y receptación, y la asociación ilícita.
En este contexto subsisten, a mi parecer, algunos puntos jurídicamente confusos, que habría que aclarar. Aun así, es imprescindible -y por esto vamos a votar a favor del punto 1 excluida esta recomendación- es que el Parlamento transmita a la Comisión y al Consejo una señal clara de nuestra voluntad de que se ponga fin, mediante un acto normativo claro, a las situaciones que han acabado arraigando.
Señor Presidente, el Parlamento ha reivindicado, desde hace años, una protección penal específica y uniforme de los intereses financieros de la Unión.
La verdad es que la frustración aumenta cuando se comprueba la fragilidad del Convenio (y los protocolos relativos a dicha protección), que, cinco años después de su firma, aún no ha sido ratificado ni ha entrado en vigor.
Por otra parte, intentos más voluntaristas, como la actual OLAF, no superan inquietudes legítimas sobre el sistema de garantías de los derechos individuales.
Las propuestas del informe de la Sra. Theato encaminadas a instar a la Comisión a presentar un acto normativo material sobre la protección penal de los intereses financieros con tipificación de los delitos, en particular el fraude al presupuesto comunitario, son, a nuestro entender, un intento serio de instituir un nuevo y cada vez más necesario derecho penal uniforme comunitario. Al mismo tiempo piden la existencia de un organismo europeo independiente que coordine y controle la regularidad de las investigaciones de la OLAF, sin perjuicio de la administración de justicia de cada uno de los Estados miembros y con supervisión del Tribunal de las Comunidades. Por último, en consonancia con lo acordado en Tampere, el informe reafirma la figura del Ministerio Fiscal Europeo, que en buena hora salió a escena por decisión del Comisario António Vitorino, y solicita a la CIG que incluya en su orden del día la creación de esa nueva figura, considerada hoy indispensable por todos. Por reafirmar la necesidad de disciplinar jurídica y eficazmente la vida de las instituciones, cerrando el sistema financiero de la Unión con un derecho material y procesal europeo adecuado a la credibilidad de la vida económica comunitaria, este informe merece nuestra aprobación.
Ahora bien, se plantean algunos interrogantes muy sencillos. ¿Habrá fundamento jurídico suficiente en la actualidad para justificar legalmente la creación de un nuevo derecho penal específicamente comunitario que, aunque se pueda considerar subsidiario, siempre hará competencia en la práctica y en ciertos sectores al derecho penal tradicional y parcelario de los Estados miembros? ¿No sería políticamente más correcto, en caso de duda, incluir la reforma del sistema judicial en el orden del día de la CIG, introduciendo esas propuestas en la reforma más general del sistema judicial de la Unión, a imagen y semejanza de lo que se pide para el Ministerio Fiscal Europeo? ¿No serían estas medidas del mayor interés para una revisión de los Tratados que contribuya a la solidez del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia de la Unión?
Señor Presidente, la UE está siendo objeto de rigurosos controles. La confianza en la Unión está seriamente dañada. Para remediar esta situación se necesita acción. Por eso damos la bienvenida al aumento de recursos para la OLAF, que permitirá una más eficaz investigación de todas las dudas. Asimismo, estimamos que es obvio que quienes cometan delitos contra la UE respondan ante la justicia.
Es lamentable que la convención sobre protección de los intereses financieros de la Unión se aplique en tan pocos Estados miembros.
Por este motivo, opinamos que es lógico que se encargue a la Unión la presentación de propuestas que impliquen un desarrollo del marco judicial ya existente.
En cambio, no estoy convencido de que esta clase de perfeccionamiento requiera normas europeas comunes o centralización de la lucha contra la delincuencia.
gpt
 We find ourselves dealing with some very serious events, which in the past seemed to be the norm.
Today, something has changed, at least in terms of mechanisms, and especially as regards monitoring, but we are still not satisfied, particularly if debates are held in competent fora that go as far as to discuss a European Public Prosecutor, crimes, fraud, the misappropriation of funds and the disclosure of confidential information pertaining to one' s office at European level. I feel that we must clearly safeguard the Community' s interests, its image and its relationship with taxpayers, who are an indispensable and essential part of Community life. For this reason, it is right to look at the issue of safeguarding common interests, and to establish better links with legal systems within the individual States.
In this respect, we are faced with the most sensitive issue: what role would a European Public Prosecutor play in relations with the individual national communities and their domestic legal systems? This issue needs to be explored further in both cultural and practical terms. Today, we run the risk of adding a new institution to the already numerous and varied institutions which exist within each country. Mr President, I would very much just like to add to two particular points.
Firstly, I would not wish to take up the philosophical issues of subsidiarity and the sovereignty of Member States, although I am very much in favour of having such a debate, for my regular viewing of British television programmes has shown me what the national politicians are conjuring up there in the way of threats posed by the continent to the home-grown legal system.
Sometimes it is worthy of satire and merits discussion, but I digress.
The point I want to make relates to Mrs Theato' s report. I believe that as far as the judicial difficulties are concerned that we are facing here - and the European Union evidently has only very limited room for manoeuvre when it comes to making these offences litigable as European criminal offences - we have become embroiled in legalities. I am referring to Recommendations 1 and 2. After all, there is no longer mention of a European Public Prosecutor, rather, for legal reasons it has now become an independent, European authority, or "body" to quote Mrs Theato.
We obviously have difficulties there with regard to the legal basis.
We also face difficulties with regard to offences. Nothing has changed there. As has always been the case, there are offences that transcend European offences, as it were, or at least there is the potential for them to do so, and these might include money-laundering, receiving stolen goods, and forming a criminal organisation. As far as that is concerned, I believe there are judicial uncertainties that need to be overcome. What Parliament needs to do as a matter of urgency though - and this is why we intend to vote for recital 1 without these recommendations - is to send out a clear political signal to the Commission and Council that we want to see a clear legislative act put an end to this disorderly state of affairs. Mr President, for years, Parliament has called for specific and uniform protection under criminal law of the Union' s financial interests. Frustration inevitably sets in when we see the weakness of the Convention (and of the protocols relating to this protection) which, five years after being signed, has still not been ratified and has still not come into force.
On the other hand, more pro-active attempts, such as OLAF, which is currently operating, have not allayed legitimate concerns about the system of guarantees for individual rights.
The proposals in Mrs Theato' s report seek to encourage the Commission to present a substantive legislative measure on the protection, under criminal law, of our financial interests, which would criminalise certain activity, specifically fraud against the Community budget. These proposals represent a serious attempt to establish a new and ever more urgently-needed uniform criminal law for the whole Community.
At the same time they call for the existence of an independent body to coordinate and monitor the thoroughness of investigations by OLAF, without harming the administration of justice by each Member State and under the supervision of the European Court of Justice.
Finally, following on from what was agreed in Tampere, the report restates the need for a European Public Prosecutor. This issue has been brought once again to the fore by Commissioner Vitorino' s timely decision to ask the IGC to include in its agenda the creation of this new role, which everyone considers vital.
We should approve this report because it highlights the need to maintain efficient legal control over our institutions, by protecting the Union' s financial system with a substantive and procedural European law which is capable of maintaining the credibility of the Community' s economic life.
Nevertheless, it raises some very basic questions.
Is there currently a sufficient legal basis for justifying, in legal terms, the creation of a specifically Community-wide criminal law which, although it might be called subsidiary, will always clash with the practice, and in certain areas, with the traditional, separate criminal law of the Member States?
As there are doubts, would it not be more advisable, from a political point of view, to put the reform of the legal system on the IGC agenda, and incorporate these proposals into the more general reform of the Union' s legal system along the lines of what is being requested for the European Public Prosecutor? Surely these subjects will be of the greatest relevance to a revision of the treaties which will contribute to the stability of the area of freedom, security and justice?
Mr President, the EU is now exposed to tough scrutiny. Confidence in the European Union has been seriously damaged.
To remedy this, vigorous efforts are required. We therefore welcome increased resources for OLAF so that we can investigate any suspicions more efficiently.
At the same time, we think it is obvious that those who commit crimes against the EU must be able to be held accountable in an effective way. It is unfortunate that the convention for protecting the Union' s financial interests has been put into effect in so few Member States. We therefore think it only right that the Commission should have the task of tabling proposals entailing the further development of the already existing legal framework. On the other hand, I am not convinced that making the process more efficient in this way requires common European legislation or centralisation of the fight against crime.