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Could you translate this to English, please: Insisto en este término, si se trata de derechos fundamentales, éstos deben ser vinculantes, de lo contrario, la propia construcción europea perdería para muchos su carácter fundamental.
La futura Carta debe, pues, incorporarse a los Tratados, y ello con ocasión de la próxima CIG, que probablemente sea la última que reúna a quince países. Francia, que se reivindica ante todos como patria de los derechos fundamentales, debe necesariamente aprovechar su Presidencia en el segundo trimestre del 2000 para inscribir en el orden del día esta modificación de los Tratados. Es un llamamiento solemne que lanzamos al Gobierno francés. Pero querría mencionar dos puntos. Por una parte, deseo subrayar la necesidad de que la Carta desarrolle el concepto de ciudadanía europea de residencia.
Es más que nunca necesario evitar que coexistan en Europa categorías diferentes de personas con derechos distintos.
Por ejemplo, ¿cómo podría permitirse que un argelino, que trabaja y paga impuestos desde hace treinta años en Francia, no pueda votar en las elecciones municipales europeas, cuando un europeo, que reside desde hace seis meses en otro país de la Unión Europea, pueda participar en ellas? Se debe hacer todo lo posible porque esta Carta permita que evolucione nuestra definición de ciudadanía europea, sobre la base de la noción de residencia. Por ser fundamentales, los derechos que definimos deben aplicarse a todos. Por otra parte, desearía insistir en la urgencia que reviste la introducción en la Carta de una protección eficaz de los datos informáticos de carácter personal.
El Parlamento Europeo, en efecto, aprobó el mes pasado una enmienda por la que se pedía la creación de una comisión europea de informática y de libertades. Ahora bien, ésta sólo podrá existir sobre la base de una norma jurídica sólida.
La Carta debe, pues, poder regular el contenido de los registros, los medios autorizados para almacenar datos y el acceso a éstos.
Además, en el momento en que se condenan determinados sistemas de comunicación, de espionaje, debemos garantizar los derechos de los ciudadanos frente a las nuevas instancias europeas que se desarrollan, garantizar los derechos de los ciudadanos a través del control parlamentario, así como también los derechos del consumidor frente a las nuevas técnicas de mercadotecnia en Internet.
Se trata de un desafío de capital importancia para la garantía de las libertades fundamentales del siglo XXI.
Señora Presidenta, mi discurso será muy diferente al que han pronunciado los oradores anteriores, ya que desearía demostrarles que la Carta de los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea, tal cual la esboza el informe Duff/Voggenhuber del Parlamento Europeo, sería en realidad una Carta que reduciría los derechos fundamentales. En efecto, se nos propone en dicho informe inscribir los derechos de los ciudadanos, hasta ahora establecidos en el plano nacional, en una Carta europea uniforme, detallada, vinculante, cuya aplicación, por lo tanto, controlaría e interpretaría el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Debo subrayar, antes de ir más lejos, que dudo que en el órgano constituido por el Consejo de Colonia para preparar un anteproyecto de Carta el conjunto de los demás participantes que representan a los jefes de Estado o de gobierno y a los Parlamentos nacionales estén de acuerdo con esta posición del Parlamento Europeo.
Así pues, de momento, lo que voy a decirles sólo se aplica al informe Duff/Voggenhuber. Es evidente que, para los promotores de la Carta, la defensa de los derechos fundamentales, que, por otra parte, hoy en Europa están bien protegidos, por más que digan, es sólo un pretexto para disimular otro objetivo puramente ideológico: proporcionar las premisas de una Constitución europea, colofón de un súper Estado, cuando los pueblos de Europa, en conjunto, no desean ni lo uno ni lo otro.
Y tienen razón, puesto que esta Carta detallada, vinculante, que establece para toda Europa normas rígidas y uniformizadas para la definición de los derechos de los ciudadanos, impondría una tapadera jurídica rígida que enmarcaría a cada pueblo en una normativa que no sería totalmente la suya.
Si nosotros decimos que la Carta que se prevé reduciría los derechos de los ciudadanos, ello obedece a tres razones. En primer lugar, con la excusa de defender mejor a los ciudadanos, la misma los alejaría del foro donde se asientan sus derechos. Debilitaría el control que hoy tienen del mismo.
La Carta supondría que un pueblo ya no podría modificar los derechos de sus ciudadanos sin el acuerdo de los catorce restantes, fórmula asfixiante, no adaptada a la naturaleza y a los intereses de Europa, como lo he explicado en la opinión minoritaria aneja al informe. En segundo lugar, la Carta daría una nueva excusa para una uniformización delirante de los derechos de los ciudadanos en Europa. Me sorprende, por otra parte, que los gobiernos accedan a ello. ¿No han comprendido las lecciones del pasado?
¿Desean -me refiero ahora, por ejemplo, al Gobierno francés- tener que cargar mañana con veinte problemas a la vez, como el problema de los cazadores? Finalmente, esta Carta tendería a soslayar los derechos de las comunidades y, en primer lugar, de la comunidad nacional, que son derechos muy preciados para los ciudadanos, ya que es en ese círculo donde se expresa la democracia más pura y legítima. Estamos en el meollo de lo que hemos dado en llamar el proceso de reducción de los derechos. Este proceso iría, además, mucho más lejos de lo que se cree, ya que toda una serie de pedigüeños y de minorías ha empezado a manifestarse, al comprender que si la Carta es uniforme y vinculante, y si, además, es aprobada en las condiciones dudosas de la pretendida democracia europea, la misma podría llegar a ser en los próximos años el eslabón pequeño de la cadena democrática. Por eso el Grupo Europa de las Naciones piensa que la Carta, si llegamos a tenerla, debería ser muy breve y presentar únicamente los valores esenciales, los principios fundamentales de los países de Europa, en forma de declaración política. Podría imaginarse, por otra parte, que a partir de finales de año los países candidatos se adhieran a ella, para demostrar su pertenencia al círculo de los valores europeos. En esta hipótesis, la proclamación de la Carta por los miembros actuales y los miembros futuros debería ser común.
Lo que es evidente, señora Presidenta, es que hay que evitar, en cualquier caso, imponer a los países de Europa, con la excusa de construir la sociedad postnacional que el Sr. Duff requería hace un momento, un texto uniforme y vinculante, que constituiría una agresión a la libertad de elección de las democracias nacionales. Cada país debe seguir eligiendo libremente sus normas, de acuerdo con su cultura y su desarrollo propios.
gpt
 Fundamental rights, and let me stress this word, fundamental rights can be no less than mandatory. If they are not, then the whole construction of Europe would lose its fundamental nature in the opinion of many people. The future charter must be included among the Treaties and this must be achieved on the occasion of the next IGC, probably the last with the current fifteen countries. France, the self-proclaimed home of human rights, must absolutely take advantage of its presidency during the second half of 2000 in order to table this amendment of the Treaties. This is a formal request which we are making to the French Government. There are, however, two points that I would like to mention here.
Firstly, I should like to stress the need for the charter to develop the concept of European citizenship due to residence.
More than ever, it is essential to avoid the coexistence in Europe of distinct classes of people enjoying distinct rights.
For example, how acceptable is it that an Algerian who has worked and paid taxes in France for thirty years may not vote in local elections whilst a European resident for six months in another European country can take part? This charter must make every effort to develop our definition of European citizenship based on the idea of residence. The rights that we are defining, if they are to be fundamental, must be applicable to everyone.
Secondly, I should like to stress the urgent need to include effective protection for personal data held on computer within the scope of the charter. Last month, the European Parliament in fact adopted an amendment asking for a Committee on Information Technology and European Liberties to be set up.
Well, this cannot truly exist unless it is based on a solid legal standard.
The charter must therefore ensure that it defines the limits of the content of files, the means permitted for data retrieval, and access methods. Moreover, at a time when certain communication systems, certain spying systems, are prohibited, we must guarantee citizens' rights with regard to the new European bodies which are being developed, and guarantee the rights of the citizen by means of parliamentary monitoring, but also consumer rights with regard to the new Internet marketing techniques. This is a major issue for the guaranteeing of fundamental freedoms in the twenty-first century. Madam President, my speech is going to be rather different to that of the previous speakers, since I should like to demonstrate that the Charter of the Fundamental Rights of the Citizens of the European Union, as outlined in the European Parliament report by Duff and Voggenhuber, would in fact be a charter that restricted fundamental rights even more. This report in fact proposes including the citizens' rights which have until now been determined at national level in a standard, detailed and binding European charter, whose application would be monitored and hence interpreted by the European Court of Justice. I should point out, before going on, that I am not sure that all the other participants representing the Heads of State or Government and the national parliaments within the body established by the Cologne Council to prepare a preliminary draft charter are in fact in agreement with this position of the European Parliament.
So, for the time being, what I am about to say applies only to the Duff/Voggenhuber report.
Obviously, as far as those who promote the charter are concerned, defending fundamental rights which are already adequately protected in Europe at present, whatever they may say, is nothing but a pretext to conceal another, purely ideological, objective, which is to establish the beginnings of a European constitution, the crowning achievement of a superstate, even though the majority of the peoples of Europe do not want either of these. And how right they are, for this detailed, mandatory charter, which would give standardised definitions of citizens' rights for the whole of Europe, would impose a rigid legal framework enclosing each nation in regulations which were not entirely its own. There are three reasons for our claiming that the charter, as envisaged, would curtail the rights of citizens.
Firstly, on the pretext of defending citizens better, it would distance them from the place where their rights are defined.
It would weaken the control that they currently have over it.
It would end in a situation where a nation could no longer amend the rights of its own citizens without obtaining the agreement of fourteen other nations, a suffocating formula, ill-suited to the nature and the interests of Europe, as I explained in the minority opinion appended to the report.
Next, the charter would provide a new pretext for the frenzied standardisation of citizens' rights in Europe.
Indeed I am astounded that governments are prepared to allow this to happen. Have they not learnt the lessons of the past?
Do they really wish, taking the example of the French Government, to have to face twenty problems such as the case of the hunters all at the same time? Finally, this charter would tend to circumvent the rights of communities, primarily the national community, which are rights that are extremely dear to the citizens, since it is within this circle that the most realistic and most legitimate democracy is expressed.
Here we are at the heart of what we have called the process of reducing rights.
This process would, moreover, go much farther than one might think, for a whole series of beggars and minorities have started to come out of the woodwork, clearly understanding that if the charter is standardised and binding, as well as adopted under the dubious conditions of so-called European democracy, it may in years to come represent the weak link in the chain of democracy. The Union for a Europe of Nations Group therefore considers that the charter, if it must exist, should be extremely brief and should present only the essential values, the fundamental principles of the countries of Europe, in the form of a political declaration.
It is perfectly feasible to imagine, as of the end of the year, candidate countries signing up to this charter in order to demonstrate their inclusion in the circle of European values.
If so, adhesion to the charter could be shared by both existing members and future members.
One thing is certain, Madam President, at all costs we must avoid foisting a standardised and binding text on the nations of Europe, lest we create the post-national society which Mr Duff has just been hoping and praying for. This would be perceived as an attack on national democracies' freedom of choice.
Every country must continue to be able to choose its regulations freely in accordance with its own culture and development.