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 Muchos consideran que sólo se deben hacer cambios en la medida de lo estrictamente necesario para garantizar un funcionamiento eficaz de la Unión después de la ampliación.
También se ha examinado la cuestión de los asuntos que se pueden inscribir en el orden del día de la Conferencia a propuesta de la Presidencia.
Recuérdese que, según las conclusiones del Consejo de Helsinki, la Presidencia presentará un informe al Consejo Europeo y podrá proponer en él la inscripción de nuevos puntos en el orden del día de la Conferencia.
Por lo que se refiere a la seguridad y la defensa y a la Carta de Derechos Fundamentales, la Presidencia considera que, en función de la evolución de los trabajos, se reserva el derecho de proponer al Consejo Europeo de Feira, el próximo mes de junio, la inclusión en la Conferencia de los posibles ajustes o adiciones a los Tratados que resulten necesarios en esas esferas. Respecto de otros asuntos que se pueden añadir a la labor de la Conferencia, se celebró un primer debate basado en una lista elaborada por la Presidencia. El argumento aducido en pro de un planteamiento prudente en cuanto a la inclusión de nuevos asuntos en el orden del día fue el riesgo inherente a la complejidad técnica de ese debate que podría provocar un aplazamiento para después del plazo fijado, diciembre del corriente año, como fecha límite para el final de los trabajos de la Conferencia. Respecto de la cuestión de la dimensión y la composición de la Comisión, existe consenso en cuanto a que la Comisión que surja de esta Conferencia debe ser fuerte e independiente y estar legitimada y a que se debe preservar su carácter colegial.
Pero se da una clara disonancia entre los Estados de pequeñas y medianas dimensiones defensores de una Comisión compuesta por un ciudadano de cada Estado miembro y dotados de igual estatuto, por una parte, y, por otra, los Estados miembros grandes, partidarios de un número fijo de Comisarios, independientemente del número de Estados miembros.
La dimensión del Colegio de Comisarios representa el principal punto de discordia entre las delegaciones y condiciona el resto del debate sobre la Comisión en la medida en que algunos hacen una vinculación directa entre este punto y sus posiciones por lo que se refiere a la composición, organización interna y estructura de esa institución.
Por lo que se refiere a la responsabilidad individual de los Comisarios, se da un apoyo generalizado al mantenimiento del compromiso actualmente asumido por cada uno de ellos de dimitir en caso de que el Presidente pida su dimisión, y las delegaciones están divididas entre los que pretenden mantener el carácter oficioso del compromiso y aquellas a las que les gustaría formalizarlo en el Tratado. En cuanto a la responsabilidad colectiva de la Comisión como colegio, existe alguna reticencia a la hora de aceptar modificaciones en el actual marco institucional y se ha sostenido que es suficiente el control actual por parte del Parlamento Europeo.
La idea presentada por el Parlamento Europeo de la posibilidad de que la Comisión solicite un voto de confianza a esta institución fue acogida positivamente.
Sobre la ponderación de votos en el Consejo, existe un consenso en cuanto a que el criterio que se debe utilizar como fundamento para la votación por mayoría cualificada en el Consejo debe ser resultado de la combinación de dos elementos, que son los puntales de la Unión: la población y la existencia de Estados soberanos.
De hecho, la Unión lo es tanto de pueblos como de Estados. En cuanto a los mecanismos concretos que se deben instituir para el sistema futuro, existe también una división entre los que proponen una doble mayoría y los que prefieren una reponderación simple.
Un argumento recurrente es el de que la reforma debe ser aceptable para las opiniones públicas y prestarse a ser ratificada por los parlamentos nacionales, preocupación ésta que es común a todos los Estados miembros, grandes o pequeños, no sólo por la necesidad de posibilitar la ampliación y el respeto de sus calendarios, al ratificar un nuevo Tratado, sino también por la sensación de que no se debe provocar una crisis europea a propósito de este tipo de reformas y también la idea de que se deben presentar esas reformas igualmente a la opinión pública de los países de la Europa central y oriental, los países candidatos, para no dar la impresión de que son reformas que se están haciendo aprisa, no para perfeccionar la Unión Europea, sino para impedir que los nuevos Estados miembros tengan acceso al sistema decisorio de la Unión Europea.
En relación con las cooperaciones reforzadas, la necesidad o la conveniencia de que la Conferencia aborde ese asunto fue un tema igualmente tratado en un debate oficioso y se dio división de posiciones en cuanto a la posibilidad de que se aborde ese asunto y en cuanto al ámbito y la naturaleza de las posibles modificaciones y en la próxima reunión oficiosa del grupo de representantes, que se celebrará en Sintra (Portugal) los días 14 y 15, se abordará ese asunto en concreto.
Se trata de un asunto difícil de tratar, pues no hay ejemplos que presentar: ni ejemplos concretos, pues el Tratado de Amsterdam ya posibilita las cooperaciones reforzadas e incluso hoy ningún Estado miembro ha utilizado ese instrumento, ni ejemplos teóricos, que nunca aducen los argumentadores, y, por tanto, se trata de una cuestión muy recurrente, pero inmensamente abstracta. 
Entrando un poco en la substancia del debate en cuanto a la introducción en el segundo pilar de las cooperaciones reforzadas, en un debate oficioso se vio que la posición mayoritaria es la de no considerarla necesaria en la política exterior o de seguridad común, pero admitir que se puede llegar a examinar la posibilidad de su utilización en el ámbito de la seguridad y la defensa. Es decir, que, si se avanza hacia la inclusión de las cooperaciones reforzadas en el segundo pilar, será necesario encontrar una modalidad concreta para la aplicación de ese concepto en ese sector, que no podrá copiar el primer pilar, dada la disimilitud de funcionamiento de los dos pilares. Por lo que se refiere a la flexibilizaron del modelo ya existente, defendida en particular por la Comisión, se dio alguna apertura en el sentido de eliminar el recurso al Consejo Europeo en el lanzamiento de las cooperaciones reforzadas, pero incluso los defensores de la modificación del requisito de la participación de la mayoría de Estados miembros se opuso al número límite de ocho Estados miembros. Como pueden ver sus Señorías, la Presidencia portuguesa sigue sin escatimar esfuerzos en el sentido de avanzar en los trabajos para posibilitar un acuerdo global y equilibrado y aceptable por todos en el ámbito del calendario previsto. Se ha mantenido una estrecha colaboración con la Comisión y el Parlamento Europeo: en este último caso mediante la participación de la señora Presidenta y de dos diputados elegidos o mediante la información periódica a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a este Pleno, lo que permite garantizar que se está haciendo esa labor de reforma institucional con un grado mucho mayor de participación del Parlamento Europeo que en la anterior revisión del Tratado y eso es un buen augurio para el éxito de nuestros trabajos.
 Señor Presidente, con el informe Dimitrakopoulos-Leinen que estamos debatiendo, el Parlamento Europeo muestra su gran visión para la Unión Europea del futuro. Este momento es realmente histórico, tal como se ha subrayado.
Nuestros conciudadanos están esperando que se les informe sobre qué vamos a solicitar de la Conferencia Intergubernamental para dicho futuro.
Propuestas legislativas sobre temas específicos sin una aclaración previa de la filosofía básica de la futura Unión de los 27 no convencen. Así pues, el proyecto de resolución delimita correctamente, con tres principios, esta concepción básica.
gpt
 Many consider that changes should only be made where strictly necessary to ensure the effective functioning of the European Union after enlargement.
Consideration has also been given to matters which may be included on the agenda of the IGC, on the Council presidency' s proposal.
It should be recalled that the conclusions of the Helsinki European Council specify that the Council presidency will submit a report to the European Council and may propose in this report the insertion of new items on the IGC' s agenda.
In the area of security and defence and the Charter of Fundamental Rights, the Council presidency considers that, depending on the progress of the work, the right should be reserved to propose to the Feira European Council next June the inclusion in the IGC of any adjustments or additions to the Treaties which may prove necessary in these areas.
With regard to other issues likely to be added to the IGC' s work, an initial debate has been held based on a list drawn up by the Council presidency. The argument put forward in favour of a prudent approach to the inclusion of new items on the agenda concerned the risk, inherent in the technical complexity of this debate, of causing the deadline of this December for the completion of the IGC' s work to be missed. On the issue of the size and composition of the Commission, there is a consensus that the Commission to emerge from this IGC must be strong, independent and legitimate. Its collegiate nature must be preserved. However, there is clear disagreement between, on one hand, the small and medium-sized Member States which want a Commission composed of one national from each Member State, all with equal status, and, on the other, the large Member States which favour a fixed number of Commissioners regardless of the number of Member States. The size of the Commission is the main point of disagreement between the delegations. The rest of the debate on the Commission is dependent on this issue as some directly link this question with their positions on the composition, internal organisation and structure of this Community institution. With regard to the individual responsibility of Commissioners, there is general support for keeping the undertaking currently made by each Commissioner to stand down when asked to do so by the Commission President. The delegations are divided into those which want to keep the informality of this undertaking and those which want the process to be enshrined in the Treaty.
As for the Commission' s collective responsibility as a college, there is some reluctance to accept alterations to the current institutional framework, with the current supervision exercised by the European Parliament being regarded as sufficient. The idea submitted by this House of the Commission being able to request a vote of confidence in it was positively welcomed.
On the issue of the weighting of votes in Council, there is consensus that the criterion which should be used as the basis for qualified majority voting in Council must stem from the combination of the two elements which form the foundations of the European Union. These are the population and the existence of sovereign states. The EU is just as much a union of peoples as it is of states.
As for specific mechanisms to be established for the future system, there is also a split between those who defend a double-majority system and those who prefer simple reweighting. One recurring argument is that the reform should be acceptable to public opinion and likely to be ratified by the national parliaments. This is a common concern of all the Member States, whether large or small, not only due to the need, in ratifying the new Treaty, to enable enlargement and respect for its timetables, but also due to the feeling that a European crisis should not be allowed to occur on this type of reform. There is also the idea that these reforms must be submitted to public opinion in the candidate countries of Central and Eastern Europe so that the impression is not given that these are reforms which must be rushed through, not to improve the European Union but to prevent the new Member States from having access to the EU' s decision-making system.
With regard to closer cooperation, the need or the usefulness for the IGC to tackle this issue was also discussed in an informal debate. Again there was a division of opinion both about the possibility of this issue being discussed and about the scope and nature of any alterations. The next informal meeting of the Representatives Group on 14 and 15 April in Sintra, Portugal, will deal specifically with this issue which is problematic as there are no examples to follow. There are no specific examples as the Treaty of Amsterdam already allows closer cooperation and so far no Member State has used this instrument and there are no theoretical examples as these are never put forward by the debaters. Although this issue comes up time and again, it is very abstract. In terms of the substance of the issue and the introduction of closer cooperation into the Second Pillar, an informal debate has revealed that the majority regard this as unnecessary in external or common security policy, although the possibility of its use in the area of security and defence may be considered. This means that if closer cooperation were included within the Second Pillar, it would then be necessary to find a specific way of implementing this concept in this area. This could not copy the First Pillar given the dissimilarity between the operation of these two pillars. With regard to making the existing model more flexible, as supported in particular by the Commission, a certain openness has been detected towards eliminating the recourse to the European Council when launching closer cooperation. However, the limit of eight Member States has been questioned even by those who support altering the requirement for the participation of the majority of Member States.
As you can see, the Portuguese Presidency is continuing to make every effort to take the work forward in order to achieve a comprehensive and balanced agreement which is acceptable to everyone by the specified deadline. Close contact has been maintained with the Commission and the European Parliament. In the latter case, this has been through both the participation of your President and two selected Members and the regular information provided to the Committee on Constitutional Affairs and this House. This is ensuring that this institutional reform work is carried out with a much higher degree of participation by the European Parliament than the previous revision of the Treaty. This augurs well for the success of our work.
Mr President, with the Dimitrakopoulos - Leinen report under discussion, the European Parliament is declaring its great vision for the European Union of the future.
This is a truly historic moment, as has been stressed. Our fellow-citizens are waiting to be told what we are going to demand from the Intergovernmental Conference for that future.
Institutional proposals on particular issues without prior clarification of the basic philosophy of tomorrow' s Union of 27 are not convincing.
The draft resolution is therefore quite right to define that basic view in the form of three principles.