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This is why I am now fighting for measures to be adopted in order to guarantee that emission standards for hazardous waste will not be diluted. Everyone knows that the volume of waste to be incinerated in the European Union is set to increase.
Thirty-one million tonnes of municipal waste were incinerated in 1990 and this figure will be in excess of 56 million this year. There are several reasons for this, including the increase in the volume of waste produced and the fall in the quantity of waste sent to landfills.
It is well known that the incineration of waste causes emissions of substances which seriously pollute the air, soil and water and which are therefore dangerous to health.
The pollutants emitted depend both on the nature of the waste to be treated and the technologies used to treat this waste.
This is why our concerns focus on the emissions of heavy metals, dioxins and furanes. The debate has particularly crystallised around co-incineration plants.
These use hazardous waste as fuel for the production of energy or physical elements. Although the provisions of the applicable directives impose a maximum limit of 40% of hazardous waste in the fuel used, this percentage is too high! These plants must be subject to very strict control standards, at least as strict as those imposed on incinerators.
In addition, the generalised use of this hazardous waste must not lead to the production of this waste becoming acceptable. We are at great risk of being told in the future that, as investments have been made to build these co-incinerators, we must now make these profitable!
I firmly reject these arguments in advance as they will lead to an increase in the volume of hazardous waste being transported with all the risks which this entails for the environment and safety. To conclude, although offences must be penalised and authorities must be assisted in bringing their incinerators up to standard, it must be stressed that our priority is, and must, remain the prevention of waste production, whether this is hazardous or non-hazardous waste.
- The European Union has been at the forefront in devising new waste management strategies in recent years.
In fact, the object of the directive we are discussing here today is to reduce the adverse effects of incineration on the environment and on human health by considerably reducing the emission levels of several major pollutants into the air.
This directive also seeks to control the discharge of waste into our water systems.
This report is now before us at second reading.
I note that one of the recommendations from the European Council is that, if an operator of a plant incinerating non-hazardous waste intends to start incinerating hazardous waste, an integrated pollution prevention and control licence must be secured. I believe that this is a particularly sensible proposal.
It is very important that the European Union is very active in putting in place new waste management proposals.
Waste in Europe has been generated at a rate of over 1kg per person per day. 2 billion tonnes of waste are being generated within the EU each year. The European Union is clear about one aspect of our waste disposal problem. The future of waste disposal does not lie in local authorities up and down the length and breadth of this country searching for new landfill sites. There is a growing concern about the environmental consequences of landfill sites in general. Nothing less than a major shift from reliance on landfill sites to more integrated waste management plans will suffice.
The European Union fully supports the strict, ambitious but attainable recycling and recovery targets that have been laid down by the Irish Government. These targets, which are to be achieved over the next fifteen years, include the following:-
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 Por ello, ahora, lucho para que se tomen medidas destinadas a garantizar que no se disminuyan las normas de emisión de los residuos peligrosos. Todo el mundo sabe que el volumen de residuos por incinerar en el interior de la Unión Europea va a aumentar. En lo relativo a los residuos municipales, se incineraron 34 millones de toneladas en 1990, y este año la cifra será superior a 56 millones.
Son varias las razones que lo explican, que se deben al aumento del volumen de residuos producidos y al descenso de la cantidad de residuos enviados al vertedero. Ahora bien, se sabe que la incineración de los residuos da lugar a emisiones de sustancias que contaminan gravemente el aire, el suelo y el agua y, por tanto, resultan peligrosas para la salud. Las sustancias contaminantes emitidas dependen de la naturaleza de los residuos que se tratan y las tecnologías utilizadas para tratarlos. Esta es la razón por la que nuestra atención se centra en las emisiones de metales pesados, de dioxinas y furanos.
El debate se ha centrado más especialmente en torno a las instalaciones de coincineración. Recuerdo que estas instalaciones utilizan residuos peligrosos como combustible en la producción de energía o de elementos materiales.
Efectivamente, las disposiciones de las directivas aplicables imponen limitar la utilización de los residuos peligrosos como máximo al 40% de los combustibles utilizados. ¡Este porcentaje es demasiado elevado! Deben aplicarse normas de control especialmente estrictas a estas instalaciones y éstas deben ser tan estrictas como las impuestas a los incineradores. Por lo demás, quiero insistir en el hecho de que esta generalización de la explotación de los residuos peligrosos no debe llevarnos a conformarnos con la producción de tales residuos.
Efectivamente, existe un riesgo especialmente importante de escuchar mañana que se hicieron inversiones para construir coincineradores y qué ahora, ¡es preciso rentabilizarlos! Rechazo de antemano enérgicamente estos argumentos que llevarán a aumentar el volumen de los transportes de materias peligrosas con todos los riesgos que ello conlleva para el medio ambiente y la seguridad.
En conclusión, sin dejar de recordar que es preciso sancionar las infracciones y ayudar a las colectividades que se las arreglan para que sus incineradores cumplan las normas, es necesario insistir en el hecho de que nuestra prioridad es y debe seguir siendo la prevención de la producción de residuos, sean peligrosos o no.
La Unión Europea ha estado en la vanguardia a la hora de concebir nuevas estrategias para la gestión de los residuos en los últimos años. De hecho, el objeto de esta directiva que hoy examinamos aquí es el de reducir los efectos perjudiciales de la incineración en el medio ambiente y en la salud humana reduciendo considerablemente los niveles de emisiones de varios contaminantes principales en el aire. Esta directiva va encaminada también a controlar el vertido de los residuos en nuestros sistemas de suministro de agua. Ahora tenemos este informe ante nosotros en segunda lectura. Tomo nota de que una de las recomendaciones del Consejo Europeo es la de que, si la empresa concesionaria de una instalación de incineración de residuos no peligrosos se propone comenzar a incinerar residuos peligrosos, debe obtener una licencia para el control y la prevención integrados de la contaminación. Creo que se trata de una propuesta particularmente acertada. Es muy importante que la Unión Europea presente activamente nuevas propuestas sobre la gestión de los residuos.
En Europa se han producido desechos al ritmo de más de un kilogramo por persona y por día.
Todos los años se producen en la UE 2.000 millones de toneladas de residuos.
La Unión Europea tiene clara su posición respecto de un aspecto de nuestro problema en materia de eliminación de residuos.
El futuro de la eliminación de residuos no radica en que las autoridades locales a lo largo y a lo ancho de este territorio busquen nuevos emplazamientos para vertederos.
Existe una preocupación en aumento sobre las consecuencias medioambientales de los vertederos en general.
Nada que no sea un importante cambio de rumbo para pasar de la dependencia de los vertederos a planes integrados de gestión de residuos será suficiente.
La Unión Europea apoya plenamente las metas estrictas, ambiciosas, pero alcanzables, en materia de reciclaje y recuperación que ha establecido el Gobierno irlandés.
Dichas metas, que se deben alcanzar en los quince próximos años, son, entre otras, las siguientes: