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 Finally, on the subject of modernising the implementation of Articles 85 and 86 of the Treaty, we do not think that decentralised application would necessarily be going in the right direction. The Commission is, in fact, retaining not only the power to take matters out of the jurisdiction of national authorities, but clearly obliging the national jurisdictions to avoid disputing the decisions of the Commission at all. National states would thus become the secular arm of the Commission regarding observance of the application of rules which they do not control. In conclusion, I would say that while some measures are heading in the right direction, we shall of course remain vigilant in order to prevent the snowballing of Federalism which, if it were realised, would be to the detriment of Europe and the sovereignty of the states.
Mr President, Commissioner, we have a basically positive view of the Commission' s White Paper on competition, particularly as regards the abolition of the system of notification and authorisation, but we are also puzzled by several things.
First of all, there is a risk that the decentralisation of powers, though necessary in many ways, will cause an abnormal increase in competition-related initiatives, and that some people will be tempted to use competition law, not as a means to be resorted to when all else fails, of ensuring the smooth and predictable functioning of the markets, but for the purposes of as an instrument for economic and industrial policy, planning and interference with the natural workings of the markets themselves, or even for protectionist purposes. In this respect, we should heed the words of von Eieck, and doubtless also those of the great Italian liberal Bruno Leoni, who warned precisely against the risks of an abnormal increase in anti-competition policies.
State interference in the economy is, even today, still to blame for the most serious hindrances placed in the way of the market, competition and freedom of choice for European users and consumers.
There is State aid for businesses - we have already discussed this, there is still a strong public presence in the economy - it is estimated that the Italian Treasury controls 15% of stock exchange capitalisation; governments and central banks place obstacles in the way of mergers and acquisitions; and there has been much talk in recent weeks about Vodafone' s bid for Mannesmann and the bailout of Holzmann. Finally, Commissioner, we cannot forget that large sections of the economy are still firmly in the hands of the state, ranging from state television, which is funded on a mandatory basis by the taxpayer, and the Post Office, to some compulsory insurance schemes, including health and social welfare systems, which are managed by inefficient state monopolies which leave no-one but the wealthy user with any other option. Commissioner, I am quite familiar with the constraints imposed by the Treaties, but I believe that, it must be emphasised once again that the European economy is finding it hard to compete with the American economy, especially because of insufficiently open markets and a lack of genuine competition. What is being done may well be very important, but it is still not sufficient.
Mr President, we are holding a special debate: on competition policy and state aid, the government' s right and left hand, so to speak. Whilst the EMU criteria are forcing Member States to curb expenditure, the high level of state aid to industry has so far remained in place.
This is understandable, because it is highly likely that Member States which start to cut back on state aid will cause companies to leave, with adverse effects on employment.
But, at the same time, this is not understandable because bad management and non-viable jobs should not be funded by taxpayers' money.
In principle, only horizontal regulations are permissible because they do not distort, or hardly distort, competition. The rapporteur' s Amendments Nos 6 and 7, therefore, deserve our support.
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Por último, en lo relativo a la modernización de la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado, no creemos que una aplicación descentralizada sea necesariamente el camino adecuado.
En realidad, la Comisión no sólo mantiene el poder de sustraer un asunto a la competencia de las autoridades nacionales, sino que además impone la clara obligación a las jurisdicciones nacionales de evitar cualquier conflicto con las decisiones de la Comisión. Los Estados nacionales se convertirían así en el brazo secular de la Comisión para el cumplimiento de la aplicación de unas normas que escapan a su competencia.
Para terminar, diré que aunque determinadas medidas están bien encaminadas, nos mantendremos vigilantes con el fin de evitar un engranaje federalista que iría en detrimento de Europa y de la soberanía de los Estados. Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, expresamos un juicio básicamente positivo sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre la competencia, en particular en lo que se refiere a la supresión del sistema de notificaciones y autorizaciones, sin embargo, también tenemos alguna perplejidad, o mejor, más de una. Ante todo existe el riesgo de que la descentralización de las competencias, en muchos sentidos necesaria en el ámbito de los diferentes Estados, provoque un desarrollo anómalo de las iniciativas en materia de competencia, así como de que alguien se deje llevar por la tentación de utilizar el antitrust no como garantía última del buen y previsible funcionamientos de los mercados, sino como instrumento de política económica e industrial, de planificación y de interferencia con las dinámicas normales de los mismos mercados o, incluso, como instrumento de políticas proteccionistas.
Al respecto, creo que nos van a ayudar los escritos de von Eieck y, sin duda, también los de un gran liberal italiano, Bruno Leoni, que alertaba sobre los riesgos de un desarrollo anómalo de las políticas anticompetitivas. Hoy por hoy, la injerencia del Estado en la economía causa los más graves perjuicios al mercado, la competencia y la libertad de elección de los usuarios y de los consumidores europeos. Existen las ayudas estatales a las empresas, ya hemos hablado de ellas, sigue habiendo una fuerte presencia pública en la economía -piénsese en que el Tesoro italiano controla el 15% de la capitalización bursátil-, existen las trabas que gobiernos y bancos centrales ponen a las operaciones de fusión y adquisición; durante estas semanas se ha hablado con frecuencia del caso Vodafone-Mannesmann y del salvamento de la empresa Holzmann. Por último, señor Comisario, no podemos olvidar que siguen estando en manos públicas amplios sectores económicos como las televisiones públicas, financiadas obligatoriamente por los contribuyentes, las oficinas de comunicaciones y algunos sistemas de seguro obligatorio, incluidos los de asistencia sanitaria y previsión, gestionados por monopolios públicos ineficaces que no dejan escapatoria a los usuarios, salvo a los más pudientes.
Señor Comisario, sé perfectamente cuáles son los vínculos de los Tratados, sin embargo, creo que también en esta ocasión es importante reiterar que la economía europea sufre en la competición con la americana, también y sobre todo, por la falta de aperturas y de competencia.
Lo que se está haciendo es probablemente muy importante pero continúa siendo insuficiente. Presidente, tenemos un debate peculiar: sobre la política de competencia y sobre las ayudas estatales, la mano izquierda y derecha de la administración, por así decirlo. Mientras los criterios de la UEM obligan a los Estados miembros a que reduzcan sus gastos, se mantiene el alto nivel de ayudas estatales a la empresa privada.
Es comprensible, porque el Estado miembro que empiece reduciendo las ayudas estatales corre el riesgo de que las empresas se vayan, con las correspondientes consecuencias negativas para el empleo.
Pero al mismo tiempo es incomprensible, porque el mal sentido empresarial y los puestos de trabajo inviables no deben ser apoyados con el dinero de los contribuyentes.
En principio sólo se pueden aceptar las regulaciones horizontales, porque apenas alteran, o no lo hacen en absoluto, la competencia. Por eso, las enmiendas 6 y 7 del ponente merecen nuestro apoyo.