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Your top priority as an English to Spanish translator is to accurately convey the meaning of the source text.
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Can you assist me with the translation to Spanish for:
 And did the German Government, in fact, vote against that directive originally?
Certainly the cost of clean-up laws must be taken into account when a law is adopted. A good example of the failure to do this is the urban waste water directive which the government of Brussels cannot afford to comply with.
We suspect that the same thing will happen with the national emissions ceiling directive.
Thirdly, we want Member States to develop the infrastructures which will allow them, all of them, to carry out the monitoring work that must accompany the proper implementation of many of the EU directives we adopt here.
My colleagues and I were desperately disappointed that the Council felt it could not agree to our proposal to transform the environmental inspections recommendation into a directive. We were not demanding an EU inspectorate but simply that Member States should agree to bring their national inspectorates up to a common high standard. We will continue to pursue this idea in two years time when the issue should return to us. Fourthly, we want much quicker action by the Commission to take Member States to court when they break EU law. Last week the Greek Government, which can ill afford to do so, paid the second instalment of a fine, now totalling over EUR 2 million for failure to comply with a judgment of the Court of Justice over the dumping of waste in Crete. This was thirteen years after the Commission received the first complaint about the dumping of that waste and no less than nineteen years after the directive concerned came into force.
It is absurd that a poor country should get itself into a situation of paying back money to Brussels, but equally absurd that the case should have taken so long. Finally, let me say that we in Parliament are not daunted or diverted by the idea that the European Parliament should only be concerned with the adoption of legislation and not with its follow-up.
Apparently the Environment Council was somewhat surprised and even disapproving that we had intruded into their territory and that our intention was to take the environmental inspections recommendation very seriously.
MEPs, as we will all know, are on the receiving end of public criticism of poor implementation. The public tends to complain to us, not to the Environment Council. In the interests of the people of Europe and their environment, we will pursue this issue and we will not let go.
Mr President, first of all I thank Mrs Jackson for her important question. I would remind all the Members of the European Parliament that implementation of European Community law covers both the transposition of directives into national law and their application to individual decisions. It also includes fulfilment of other obligations such as adopting programmes, making designations and monitoring.
The difficulties encountered by the Committee on the Environment in these three reports are indeed not limited to the three directives chosen but extend to all EC environmental directives.
The Commission, and not least the Environment DG are aware of these difficulties and have for some time devoted efforts to improve their performance in this field and I can assure you that next week when the Commission discusses the Sixth Environmental Action Programme the whole implementation issue will be a very important point in that programme.
We have a number of tools at our disposal to improve implementation.
We can, for example, disseminate information to give a more up-to-date picture of the state of play and I know that we have also forwarded some of these reports and annual surveys to Parliament and that we can do much more to ensure some media attention as well. We can develop tools to aid in the analysis and evaluation of progress in implementation. We can take legal measures to follow up implementation.
gpt

Y, de hecho, ¿votó el Gobierno alemán en contra de esa directiva originalmente?
Desde luego, cuando se adopta un instrumento legislativo, hay que tener en cuenta el costo de las disposiciones relativas a las operaciones de limpieza.
Un buen ejemplo de deficiencia al respecto es la directiva relativa a las aguas residuales urbanas para cuyo cumplimiento el Gobierno de Bruselas carece de medios.
Sospechamos que lo mismo ocurrirá con la directiva relativa a la limitación de las emisiones nacionales.
En tercer lugar, queremos que los Estados miembros desarrollen las infraestructuras que les permitan -a todos ellos- llevar a cabo la labor de vigilancia que debe acompañar la aplicación idónea de muchas de las directivas de la UE que aquí aprobamos. Mis colegas y yo nos sentimos desesperadamente decepcionados de que el Consejo considerara que no podía acceder a nuestra propuesta de transformar en directiva la recomendación sobre las inspecciones medioambientales. No pedíamos un cuerpo de inspectores, sino simplemente que los Estados miembros accedieran a hacer cumplir a sus cuerpos de inspectores una norma común más estricta.
Volveremos a proponer esa idea dentro de dos años, cuando examinemos de nuevo esa cuestión.
En cuarto lugar, deseamos una actuación más rápida de la Comisión a la hora de llevar a los Estados miembros ante los tribunales, cuando violan la legislación de la UE.
La semana pasada, el Gobierno griego, que no nada en la abundancia precisamente, pagó el segundo plazo de una sanción, que ahora asciende a un total de dos millones de euros, por no haber cumplido un fallo del Tribunal de Justicia sobre los vertidos de residuos en Creta.
Fue trece años después de que la Comisión recibiese la primera queja sobre el vertido de esos residuos y no menos de diecinueve años después de que entrara en vigor la directiva de que se trata.
Es absurdo que un país pobre se coloque en la situación de tener que pagar dinero a Bruselas, pero igualmente absurdo es que se haya tardado tanto en ese caso.
Por último, permítaseme decir que en el Parlamento no nos arredra ni nos distrae la idea de que el Parlamento Europeo sólo deba preocuparse de la aprobación de la legislación y no de su seguimiento.
Al parecer, al Consejo de Medio Ambiente le extrañó un poco -e incluso desaprobó- que hubiéramos invadido su jurisdicción y que nuestra intención fuera la de tomarnos muy en serio la recomendación sobre las inspecciones medioambientales.
Como todos sabemos, los diputados al PE son los que reciben las críticas públicas por las deficiencias en la aplicación.
El público suele quejarse ante nosotros, no ante el Consejo de Medio Ambiente.
Por el interés de los ciudadanos de Europa y de su medio ambiente, vamos a seguir de cerca esa cuestión y no vamos a cejar al respecto. Señor Presidente, en primer lugar agradezco a la Sra. Jackson su importante pregunta. Quisiera recordar a todos los diputados al Parlamento Europeo que la aplicación de la legislación de la Comunidad Europea abarca la transposición de las directivas en la legislación nacional y también su aplicación a las decisiones particulares.
También comprende el cumplimiento de otras obligaciones, tales como la aprobación de programas, las designaciones y la supervisión.
Las dificultades encontradas por la Comisión de Medio Ambiente en estos tres informes no se limitan, en realidad, a las tres directivas elegidas, sino que afectan a todas las directivas medioambientales de la CE. La Comisión -y, muy en particular, la DG de Medio Ambiente- están al corriente de esas dificultades y llevan ya cierto tiempo dedicadas a mejorar su actuación en esa esfera y puedo asegurar a sus Señorías que la semana que viene, cuando la Comisión examine el Sexto Programa de Acción Medioambiental, toda la cuestión de la aplicación será un aspecto muy importante de ese programa.
Tenemos diversos instrumentos a nuestra disposición para mejorar la aplicación.
Podemos, por ejemplo, difundir información para ofrecer un panorama más actualizado de la situación y sé que también hemos transmitido algunos de esos informes y encuestas anuales al Parlamento y que podemos hacer mucho más para velar por que los medios de comunicación presten atención al respecto.
Podemos crear instrumentos para contribuir al análisis y la evaluación de los avances en la aplicación. Podemos adoptar medidas legales para seguir la aplicación.