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I need this Spanish text translated to English:

Esto es justamente lo que no queremos que ocurra en la Unión Europea.
Sabemos que en la era de las estrategias de alianzas y fusiones del milenio -en 1998 se pagaron 2.400 millardos de dólares estadounidenses en operaciones de adquisición-, la contención de las prácticas perjudiciales para la competencia no se limita a nuestras propias normas sino que, mientras no exista un derecho de competencia internacional -¡que es imprescindible que se establezca!-, también pasa por la cooperación bilateral con los Estados Unidos o Japón, o con otros países.
La política de competencia europea -a menudo lo olvidamos- no sólo es importante para garantizar una competencia leal como fin en sí misma, sino también para la formación de los precios y para el crecimiento y el empleo, y por consiguiente también para las ciudadanas y los ciudadanos.
Yo también pido, como los demás colegas, el derecho de codecisión del Parlamento Europeo en el ámbito del derecho de competencia. ¡Es algo que hay que lograr de una vez! Es importante resaltar asimismo la interrelación entre la política de competencia y la protección del consumidor.
Yo me congratulo de que el Comisario Monti se proponga avanzar en este ámbito por medio del diálogo con el Parlamento Europeo, pero también a través del diálogo con las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de consumidores y los ciudadanos.
Una mayor transparencia también contribuirá a la aceptación de las decisiones en materia de política de competencia entre la opinión pública.
Permitirá apreciar que la reducción de los precios de la energía y las telecomunicaciones son un resultado de la política europea de competencia y que Bruselas no siempre merece ser atacada cuando adopta decisiones relativas a las ayudas públicas que, como es lógico, crean indiscutiblemente problemas en un momento concreto o a escala local.
Unas normas de competencia claras también son particularmente importante con vistas a la ampliación de la UE.
En este contexto es preciso resaltar -y el informe Jonckheer también lo señala muy claramente- que una política relativa a las ayudas estatales debe seguir concediendo a cada Estado la libertad de definir y configurar con autonomía sus tareas públicas y su régimen de propiedad.
En este sentido, debe quedar claro que las ayudas públicas pueden tener una función útil para compensar las deficiencias del mercado y promover objetivos sociales.
Unas palabras sobre el Libro Blanco: la revisión de los artículos 81 y 82 marca un cambio de rumbo en la política antimonopolista.
Yo mantengo, por lo tanto, una posición contraria a la de la mayoría de la Asamblea y también la de la mayoría de mi propio Grupo político, ya que considero que el sistema de la excepción legal es claramente inferior desde el punto de vista de la política de competencia a un sistema de prohibición con una cláusula de reserva administrativa y creo que entraña el riesgo de una renacionalización.
El sistema vigente favorece la transparencia, ofrece seguridad jurídica a las empresas, ha fomentado sin duda alguna la disciplina y ha tenido un efecto disuasorio a través de la notificación obligatoria. El problema de la sobrecarga de trabajo que la Comisión sitúa en un primer plano no es motivo suficiente para proceder a una modificación de gran calado del sistema jurídico. Además, también es discutible que esto sea siquiera posible sin una modificación de los Tratados. Señor Presidente, me alegro mucho de que la Sra. Randzio-Plath haya mencionado el importantísimo marco de nuestro debate, porque hasta ahora ningún orador lo ha hecho. El advenimiento del euro al comienzo del año pasado liberó enormes fuerzas competitivas en las empresas europeas, que están afrontando una oleada de fusiones de proporciones inusitadas.
Por ejemplo, las cifras correspondientes al año pasado revelan ahora que el valor total de las fusiones en la zona europea ascendió a 1,4 billones de euros, lo que representa siete veces el nivel de fusiones en el momento culminante del último período de afluencia de fusiones en 1990.
Eso plantea enormes obstáculos para la política de la competencia y espero que ésta pueda afrontarlos, porque no cabe duda de que muchas de esas fusiones van a ir encaminadas a proteger los márgenes de beneficio de las empresas contra la competencia en lugar de aumentar simplemente la productividad y capacitar a esas empresas para funcionar en una escala mayor. El Comisario Monti y sus colegas tienen ante sí un desafío tremendo y en el Grupo ELDR nos preocupa que haya una debilitación en el impulso de la política de la competencia tanto en el examen de las fusiones como en la supervisión de los métodos restrictivos. Delegar en las autoridades nacionales está muy bien, pero quisiéramos subrayar lo que el Sr. von Wogau ha dicho en su informe sobre la necesidad de una supervisión periódica de las autoridades nacionales para velar por que no haya una reducción por la parte europea y quisiéramos pedir en particular al Comisario Monti que nos tranquilice, en el sentido de que habrá comprobaciones aleatorias al respecto.
Señor Presidente, en el reducido tiempo de que dispongo, quiero apoyar la labor realizada por todos los ponentes y compartir muchas de las cosas que se han dicho aquí, particularmente por mi compañero Jonckheer, criticando la excesiva agrupación de datos y la necesidad de transparencia y de balance socioeconómico de las ayudas. También comparto la crítica de que no se ha puesto énfasis en el desarrollo del artículo 82, sobre todo cuando podemos asistir a conductas abusivas en un contexto de concentración del mercado. Deseo formular, como diputado del País Vasco, mi total apoyo a las medidas de aplicación de la debida competencia del mercado.
Lo digo por si cupiera alguna duda por las críticas que hemos dirigido a la Comisión, en general, y al Sr. Monti, en particular, por su persecución de los incentivos a las empresas vascas y por el hecho de considerarlas como ayudas estatales. Nuestra discrepancia subsiste en la medida en que la Comisión sigue sin entender el carácter del sistema general y de corresponsabilidad de nuestro concierto, que hacen que nuestras normas fiscales vascas tengan la misma naturaleza, fundamento y finalidad que las normas de los Estados de la Unión, y que se aplican con carácter general a todos los contribuyentes que, en virtud de los puntos de conexión, quedan sometidos a las mismas.
Señor Presidente, señor Comisario. Sí, desde luego necesitamos competencia.
gpt
 That is precisely what we do not want in the European Union.
We are aware that in this age of strategic alliances and millennium mergers - in 1998 USD 2 400 billion was paid out in connection with take-overs - restrictive practices are being held in check, not just by our own rules but also by bilateral cooperation with the USA or Japan, or others, until we get the international competition law we so badly need. European competition policy, as we very often forget, is not just important for fair competition as such, but also for prices, growth and employment, and hence for the public. In common with the other Members, I call for Parliament to have codecision rights where competition law is concerned. It is essential that this long overdue step be taken.
It is also important to underline the connection between competition policy and consumer protection.
I welcome the fact that Commissioner Monti wants to make progress in this area in the dialogue with the European Parliament, as he does in the dialogue with non-governmental organisations, consumer protection associations and the public. Greater transparency will also help to achieve public acceptance of decisions relating to competition policy.
Then it is possible to understand that, for example, lower electricity and telecommunications prices are due to European competition policy, and Brussels should not be pilloried when aid decisions are taken which are, of course, bound to cause problems at a particular moment in time or in a local context. It is particularly important for there to be clarity in relation to competition rules in view of EU enlargement. Emphasis must also be placed on the fact that a state aid policy - and the Jonckheer report makes this very clear - must continue to afford each state the freedom to define and organise the tasks of the public sector and ownership structures on an independent basis.
At the same time, it must be made clear that aid can serve a useful purpose, with a view to offsetting the deficiencies of the market and furthering Community objectives. A word on the White Paper: the revision of Articles 81 and 82 represents a change of direction in monopolies policy. I am opposed to this, unlike the majority of this House and indeed the majority of my own group, because I believe that, in competition policy terms, the directly applicable exception system is in every sense inferior to a system of prohibition unless certain conditions are met, and I believe there is a threat of renationalisation. The system currently in force creates transparency, affords enterprises legal certainty and has, without a shadow of a doubt, led to discipline and acted as a deterrent on account of the notification requirement.
The problem of overwork highlighted by the Commission is not a sufficient reason for making radical changes to the legal system.
Indeed, it is debatable whether this could be carried through at all without amending the Treaty.
Mr President, I am very glad that Mrs Randzio-Plath mentioned the very important context of our debate because up until now no other speaker has done so.
The advent of the euro at the beginning of last year unleashed enormous competitive forces within European business which are being met by a merger wave of quite unprecedented proportions.
For example, the figures for last year now show that the total value of mergers in the European area was EUR 1.4 trillion, which is seven times the level of merger activity at the peak of the last European merger boom in 1990. This poses enormous challenges for competition policy, which I hope it will be able to meet because, for certain, many of those mergers are going to be designed to protect profit margins of the businesses from competition rather than merely to enhance productivity and make those businesses able to operate on a bigger scale.
Commissioner Monti and his colleagues have a tremendous challenge ahead of them and our worries in the ELDR Group are that there should be no weakening in the thrust of competition policy either in the examination of mergers or the monitoring of restrictive practices.
Delegation to national authorities is all very well but we would emphasise what Mr von Wogau said in his report on the need for regular monitoring of national authorities to ensure that there is no slippage in the European element, and, particularly would ask the Commissioner to reassure us that there would be random checks on that.
Mr President, in the limited time I have, I would like to express my support for the work carried out by all the rapporteurs and my agreement with many of the things which have been said here, in particular by Mr Jonckheer, who criticised the excessive gathering of information and the lack of transparency and socio-economic balance in the granting of aid. I also agree with the criticism that no emphasis has been put on the implementation of Article 82, especially when we are witnessing abusive conduct in a context of market concentration.
As a Member for the Basque Country, I would like to express my total support for the implementation measures for fair competition in the market.
I say this in case there is any doubt about the criticisms which we have directed at the Commission in general, and Mr Monti, in particular, for its persecution of the incentives to Basque companies and the fact that it considers them to be state aid.
Our discrepancy stems from the fact that the Commission continues to misunderstand the character of the general system and the co-responsibility of our arrangement which gives our Basque fiscal rules the same nature, foundation and aim as the rules of the Member States of the Union, and that they are applied in a general way to all tax-payers who, by virtue of points which fall under an external system of law, are subject to those rules. Mr President, Commissioner, competition is exactly what we need.