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Estoy pensando, por ejemplo, en algunas de las conclusiones del informe Wergens, y habríamos esperado de la Comisión algo más que propuestas de mayor diálogo y de intercambio de mejores prácticas.
Necesitamos medidas claras para ayudar a que las víctimas accedan a la asistencia, la justicia y la compensación. Sin embargo, hay que decir que aunque pensemos que la Comisión podría hacer más, el principal problema reside con mucho en los Estados miembros. Nos parece increíble que siete Estados miembros todavía no hayan ratificado la Convención de 1983 sobre compensación a las víctimas de delitos violentos y que los niveles de justicia sigan siendo tan bajos en tantos Estados miembros. Permítanme que les dé sólo un breve ejemplo de mi propia circunscripción. El Sr. Pike, un camionero de mi circunscripción, fue asaltado recientemente por su patrón en los Países Bajos. El Sr. Pike no es un hombre rico y el coste del proceso para compensación jurídica es elevado. Él no tiene acceso a asistencia jurídica en Gran Bretaña porque tiene que contratar a un abogado de los Países Bajos para que le ayude.
Y no tiene acceso a la asistencia jurídica en los Países Bajos.
Es incapaz de conseguir cualquier tipo de compensación ni de justicia por las heridas que ha sufrido.
A no ser que seamos capaces, como Unión, de ayudar en situaciones relativamente claras y sencillas como ésta, nuestros ciudadanos no tendrán confianza en el mercado único y no se sentirán parte de la Unión Europea. Espero que podamos hacer nuestras algunas de las ideas recogidas en este informe para mejorar su situación.
Señor Presidente, en primer lugar quiero expresar mi felicitación a la ponente Patsy Sörensen por lo cuidado y acertado de su informe. Por otro lado quiero centrar mi atención en la presentación de varias enmiendas al texto del proyecto para incluir a los afectados por el terrorismo como víctimas de delitos en la UE.
Estoy absolutamente de acuerdo con ello, así como en que existen determinados colectivos que se sirven de la violencia para tratar de imponer sus ideales. Lo que yo reclamo, señor Presidente, es que cuando hablemos de imposiciones y de víctimas no sólo nos refiramos a las organizaciones terroristas, las cuales sobran y tienen que desaparecer en un marco democrático como el que queremos para Europa. A este respecto, debemos rechazar y condenar también las imposiciones y violencias ejercidas, en algunos casos, desde instancias y aparatos de los Estados, como fue el caso de los GAL y otros anteriores en el Estado español.
La justicia democrática debe aplicarse a todos sin excepción, al igual que las reparaciones morales y ayudas materiales, médicas, psicológicas, sociales, etc. deben alcanzar a todas las víctimas del terrorismo sin excepción, incluidas, cómo no, las causadas por los mencionados aparatos paraestatales.
Solamente así, actuando equitativamente, conseguiremos una Europa que viva en paz y prosperidad, lo cual inspiró el nacimiento de nuestra Comunidad y creo que sigue siendo nuestra mayor aspiración.
Señor Presidente, doy las gracias a la ponente de este informe por su valioso trabajo.
La Comisión se ha concentrado en su comunicación en un asunto de suma importancia. La cuestión de proporcionar una asistencia más eficaz a las víctimas de delitos no será resuelta únicamente a través del desarrollo de la legislación.
Sólo podremos conseguir mejoras duraderas a través de una red amplia de organizaciones no-gubernamentales y de un debate conjunto propuesto por las diferentes autoridades. En comparación con las autoridades, las organizaciones no-gubernamentales suelen contar con modelos más flexibles y polifacéticos para resolver los problemas. Por ejemplo, los bancos de información que funcionan en Internet gracias al voluntariado y los teléfonos de servicio podrían ser desarrollados en paralelo con los servicios ofrecidos por las autoridades.
La lentitud de las causas judiciales y, sobre todo, los altos costes de juicio suelen impedir que se haga justicia a las víctimas de delitos.
Esta situación discrepa de forma inaceptable con los principios del Estado de Derecho de la Unión Europea.
Debe existir el derecho a recibir justicia también sin dinero. No debemos permitir que el nivel mínimo de seguridad jurídica de los Estados miembros de la UE descienda hasta los niveles de Estados Unidos. La UE y sus Estados miembros también deben asegurarse de que las víctimas de delitos no tengan necesidad de sufrir dos veces la injusticia experimentada. Cuando se trata de la delincuencia organizada en particular, muchas víctimas de delitos renuncian a seguir el proceso judicial bajo amenazas o por miedo a la venganza. Los Estados miembros de la UE deben desarrollar una cooperación más eficaz entre sus autoridades en lo que se refiere a la asistencia post-judicial, sobre todo en la protección de los implicados y de los testigos. También hay que aclarar con precisión el peso adicional que puede aportar EUROPOL en este proceso.
Señor Presidente, saludo la comunicación de la Comisión sobre víctimas de delitos en la Unión Europea, ya que ahonda en el proceso de elaboración de políticas comunes, así como en una mayor cooperación entre los Estados miembros en un momento en el que todos somos conscientes, y por supuesto este Parlamento, de la necesidad de esta comunitarización. Teniendo en cuenta el enorme número de ciudadanos de la Unión que sufren daños como consecuencia de la delincuencia y, en particular, del terrorismo, me congratulo de este informe que hoy debatimos, ya que contiene determinados puntos, a mi juicio, especialmente reseñables.
Uno de ellos es la sensibilidad que se demuestra al subrayar de forma específica que hay determinados grupos sociales -mujeres, niños, inmigrantes, homosexuales- que son más vulnerables que el resto de la población, así como que también hay determinados colectivos que, alejándose de los principios democráticos más básicos, prefieren utilizar la violencia para imponer sus objetivos.
Hay que empezar por conseguir una definición común del concepto de víctima para incluir a las familias y personas a cargo, puesto que también ellos sufren las consecuencias del delito.
gpt

I think, for example, of some of the conclusions of the Wergens report, and we would have expected more from the Commission than proposals for greater dialogue and the exchange of best practice. We need clear measures to help victims with access to assistance, justice and compensation.
However, it must be said that if we feel the Commission could do more, the biggest problem is by far the Member States.
It seems to us incredible that seven Member States have still not ratified the 1983 Convention on compensation for victims of violent crime and that standards of justice are still so low in so many Member States.
Let me give just one brief example from my own constituency.
Mr Pike, a lorry driver in my constituency, was recently assaulted by his employer in the Netherlands. Mr Pike is not a wealthy man and the cost of legal redress is high.
He does not have access to legal aid in Britain because he has to employ a lawyer in the Netherlands to help him. He does not have access to legal aid in the Netherlands. He is unable to secure any compensation or, indeed, any justice for the injuries he has suffered.
Unless we are able as a Union to help in relatively clear and simple situations like this, our citizens will not have confidence in the single market and will not feel part of the European Union.
I hope that we can take up some of the ideas put forward in this report to improve their situation. Mr President, I would firstly like to congratulate the rapporteur, Patsy Sörensen, for the care and accuracy of her report. On the other hand, I would like to focus my attention on the presentation of various amendments to the draft text which include people affected by terrorism as the victims of crime in the EU. I completely agree with this, as well as the fact that certain groups use violence to try to impose their ideals. What I believe, Mr President, is that when we speak of imposing ideals, and of victims, we should not only refer to terrorist organisations, of which there are too many and which must cease to exist in a democracy such as the one we want for Europe.
In this respect, we must also reject and condemn the impositions and violence sometimes exercised by bodies and apparatus of the states, as in the case of GAL and other previous cases in Spain.
Democratic justice must apply to all without exception, and moral reparations and material, medical, psychological and social aid etc. must reach all the victims of terrorism without exception, including, of course, the victims of the above-mentioned state-sponsored groups.
Only in this way, acting fairly, will we achieve a Europe which lives in peace and prosperity, which is the founding aim of our Community and I believe that this is still our greatest aspiration. Mr President, I would like to thank the rapporteur for her valuable work.
The Commission has tackled a very important issue in its communiqué.
The question of more effective help for the victims of crime will not be solved merely by improved legislation.
We can only make permanent improvements through combined, broad-based dialogue on the part of NGOs and the national authorities.
Compared to the authorities, NGOs often, in practice, have more flexible and versatile approaches to problem solving. For example, Internet-based info-banks and service telephones provided through voluntary work could be developed in parallel with the services provided by the authorities.
The rigid nature of the courts and especially the high costs involved often prevent victims of crime from discovering their rights. The situation is in untenable conflict with EU principles of the rule of law.
People have to enjoy true justice without having to pay for it. The minimum level of legal protection in the Member States of the EU must not be allowed to slip to that which exists in the United States. The EU and its Member States must also ensure that the victims of crime do not have to suffer twice over for the wrong done them.
In particular, when it comes to organised crime, many victims forsake the opportunity to go to trial as a result of pressures or for fear of vengeance.
EU Member States must develop more effective cooperation among the authorities in post-trial situations, for example, in the areas of plaintiff and witness protection programmes.
The added value of Europol in this process must also be investigated carefully. Mr President, I welcome the Commission communication on victims of crime in the European Union, since it studies the process of creating common policies, as well as greater cooperation between the Member States at a time when we are all aware, including this Parliament of course, of the need for this type of communitisation.
Bearing in mind the enormous number of citizens of the European Union who suffer as a result of crime and, in particular, terrorism, I welcome this report which we are debating today since it contains certain points which, in my view, are particularly noteworthy.
One is the sensitivity it shows by specifically highlighting the fact that there are certain social groups - women, children, immigrants, homosexuals - who are more vulnerable than the rest of the population, as well as the fact that there are also certain sectors who, ignoring the most basic democratic principles, prefer to use violence to impose their objectives.
We must start by achieving a common definition of the concept of the victim to include families and dependants, since they also suffer the consequences of crime.