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So far, fewer than half of the Member States have ratified the protocol on protecting the Union' s financial interests. This process should therefore be speeded up considerably. Furthermore, some Member States are particularly unwilling to undertake the mutual exchange of information concerning fraud. Therefore it is important for Member States to have a direct obligation to report cases of VAT fraud, for example, to the Commission. It is quite appropriate to examine the possibilities of creating the post of public prosecutor, expressly from the point of view of the fight against fraud, and this should be done, but even that will be to no avail, if the Member States lack the political will to protect the Communities' financial interests.
As far as OLAF' s position is concerned, it is important to protect its independence and equally important for the European Parliament to come to an agreement with OLAF with regard to the conditions on which Parliament can obtain information about its operations. . Mr President, in the time available, I wish on behalf of the Economic Committee to stress three issues that we considered to be of cardinal importance when we examined the annual report on the Community's financial interests and the fight against fraud.
First was the issue of definition. It is the case that the Commission have come under a significant amount of attention in recent years from Parliament and from the European public at large who want the Commission to deal with allegations of fraud, but it is also important that we should know what we are talking about when we define fraud. The annual report itself indicates that for the first time there has been an attempt made to try to assess what amounts to fraud and what is general irregularity, and I am of the view that it does not help the reputation of our European institutions if we are lax with definition.
It is important that the work being undertaken by the Commission should be expanded because, in a situation in which 20% of irregularity amounts to fraud, the fact of the matter is that by referring to it as fraud and irregularity, European citizens can often be left with an impression that all of the claims are fraudulent ones.
The second point that I want to make is about the commitment of Member States to deal with fraud. The fact of the matter is that Member States have a high responsibility here. They are responsible for administering some 80% of the EU's budget and they must recognise that they are, at the very least, partners if not prime movers in attempting to address this important issue, and the report indicates that the performance of Member States has been mixed to say the least. My final point concerns the accession countries. We must demand that the accession countries also endeavour to work in conjunction with the European Union and to the highest standards. Mr President, Commissioner, when deciding here in Parliament whether or not to grant discharge to the Commission, we check that there is no irregularity in expenditure by the administration.
In the past - as we are now all aware - there have been irregularities within the Commission.
Each report by the Court of Auditors also highlights the decisive role of the Member States in distributing Community funds. A number of errors for which the Member States are to blame occur during the distribution of funds, which makes us apprehensive, especially as a considerable percentage is the result of fraud. Consequently, it is not just within the Commission that we need to wield an instrument to fight fraud, which we call OLAF. OLAF is the outcome of the modus operandi of the Member States and the Commission and should take on an objective role precisely so as to get to the bottom of these errors and prevent them from arising. The EU must use European measures such as the introduction of the euro to prove its European competence to the outside world, because the accompanying counterfeiting industry, to name but one example, is an external matter. Nevertheless, deeper causes for error rates clearly lie in the different handling systems in the Member States.
Right from the outset, legislative texts are often worded differently and allow perfectly legal but differing definitions of fraud.
This opens the door to fraud. Just think of the example of the collection of value added tax. Under no circumstances should OLAF become nothing more than a help desk. OLAF is not one of your broadcasts for DIY enthusiasts, along the lines of "How can we build a model railway?" The issue should not be taken lightly.
gpt
 Solamente menos de la mitad de los Estados miembros han ratificado hasta ahora el Protocolo sobre la protección de los intereses económicos de la Unión, y deberíamos acelerar de forma notable la velocidad de este proceso. Además, algunos Estados miembros no muestran ningún tipo de interés por intercambiar información sobre los fraudes, y sería importante que los Estados miembros tuviesen la obligación real de redactar informes para la Comisión, por ejemplo, sobre los fraudes relacionados con el impuesto sobre el valor añadido.
Es conveniente estudiar la creación de la figura del Fiscal General particularmente desde el punto de vista de la lucha contra el fraude, y así tendrá que ser, pero eso tampoco surtirá efecto si los Estados miembros carecen de voluntad política para proteger los intereses económicos comunitarios. En cuanto al papel de la OLAF, es importante defender su independencia, pero también lo es que el Parlamento Europeo se ponga de acuerdo con la OLAF sobre las condiciones bajo las cuales el Parlamento tendrá acceso a la información sobre las actividades de la OLAF. . (EN) Señor Presidente, en el tiempo de que dispongo deseo, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos, hacer hincapié en tres asuntos que nos parecieron de importancia fundamental cuando examinamos el informe anual sobre la protección de los intereses financieros comunitarios y la lucha contra el fraude.
En primer lugar, estaba el tema de la definición.
Es cierto que la Comisión ha sido objeto de una atención muy considerable durante los últimos años por parte del Parlamento y de la sociedad europea en general, que quiere que la Comisión responda a las alegaciones de fraude, pero también es importante que sepamos de qué estamos hablando cuando lo definimos fraude.
El propio informe anual indica que, por primera vez, se ha intentado hacer una evaluación de qué viene a ser fraude y qué es una irregularidad en general, y soy de la opinión de que no beneficia en nada a la reputación de nuestras instituciones europeas si nos mostramos poco estrictos con la definición. Es importante que el trabajo que emprende la Comisión transcienda, porque en una situación en la que el 20% de las irregularidades viene a ser fraude, lo cierto es que referirse a ello como fraude e irregularidad, a menudo puede dar a los ciudadanos europeos la impresión de que todas las demandas son por fraude.
La segunda observación que quiero hacer es relativa al compromiso de los Estados miembros de atajar el fraude.
Lo cierto es que los Estados miembros tienen aquí una gran responsabilidad.
Son responsables de la administración de aproximadamente el 80% del presupuesto de la UE y deben reconocer que, como poco, deben ser partícipes, si no los principales impulsores, del intento de corregir este importante problema, y el informe indica que la actuación de los Estados miembros ha sido desigual, por no decir más. Mi última observación es relativa a los países candidatos a la adhesión.
Debemos exigir a los países candidatos a la adhesión que se comprometan también a trabajar en colaboración con la Unión Europea y que lo hagan con el máximo rigor posible. Señor Presidente, señora Comisaria, cuando el Parlamento decide conceder o denegar la aprobación de la gestión de la Comisión, examinamos la legitimidad de los pagos que ha realizado la administración.
En el pasado -ahora ya lo sabe todo el mundo- se detectaron irregularidades en la Comisión. En todos los informes del Tribunal de Cuentas se señala, además, el papel decisivo que desempeñan los Estados miembros en la distribución de los recursos financieros de la Comunidad. En este contexto se produce un porcentaje de errores imputables a los Estados que resulta sospechoso, más aun cuando una proporción considerable del mismo es atribuible al fraude.
El resultado ha sido la creación de un instrumento para combatir el fraude, designado como OLAF, que no se limita a actuar dentro de la Comisión. La OLAF es el resultado del modo de trabajo de los Estados miembros y de la Comisión y le corresponde cumplir una función objetiva, con el fin de evitar precisamente esta sangría de errores. Algunas medidas europeas, como la introducción del euro, obligan a la UE a demostrar sus competencias europeas también de cara al exterior. En efecto, la delincuencia en el ámbito de la falsificación de moneda, por citar un ejemplo, es un asunto externo. Otras causas más profundas, al menos en lo que se refiere al porcentaje de errores, residen claramente en la diversidad de los sistemas de ejecución en los diferentes Estados miembros.
Los textos legales a menudo están redactados ya de entrada de un modo distinto y permiten aplicar con absoluta legalidad diferentes definiciones de fraude. Esto abre una vía para el fraude. Basta considerar el ejemplo de la recaudación del IVA.
La OLAF no debe convertirse en ningún caso en algo así como un servicio de asistencia. La OLAF no es un programa de bricolaje del tipo "¿cómo puedo construir un tren en miniatura?" No es un tema que se pueda tomar a la ligera. La protección de los intereses financieros de la Unión y la lucha contra el fraude, como parte de la misma, son una absoluta necesidad.