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El espíritu de la propuesta, en todo caso, es dotar a los profesionales del Derecho -los jueces en primer lugar, pero también los ciudadanos afectados- de un instrumento operativo eficaz para la lucha contra la delincuencia, en el respeto, sin embargo, de las garantías procesales fundamentales y de los principios generales de los derechos del ser humano.
Ésta es la razón por la cual, pese a las numerosas lagunas del texto, las disposiciones previstas en el mismo se pueden aceptar -pueden serlo, señor Presidente- pero a condición de que sean enmendadas adecuadamente para garantizar la funcionalidad para los demás profesionales del Derecho y la aceptabilidad por parte de los ciudadanos.
Por esto, la Comisión ha presentado varias enmiendas, dirigidas a replantear sistemáticamente la propuesta del Consejo sugiriendo una serie de ajustes técnicos para conseguir que el texto resulte más armonioso y coherente respecto a las modificaciones propuestas, unas enmiendas que pueden resumirse en una mayor exaltación de los derechos fundamentales de defensa y en distintas modificaciones técnicas necesarias para hacer más comprensible toda una serie de pasajes oscuros y contradictorios, así como para suprimir esa parte que se refiere a las escuchas telefónicas a distancia, cuando falta todavía, por un lado, un conocimiento técnico y, por otro, la aceptabilidad por parte de los Gobiernos de los distintos Estados de la Unión.
La propuesta, tal como está formulada por el Consejo, y posteriormente modificada por la Comisión, prevé un convenio basado en tres títulos: en el primero se facilitan indicaciones para uniformar los procedimientos y los trámites que deben seguirse en las comisiones rogatorias; en el segundo se enumera toda una serie de solicitudes específicas de asistencia judicial y se establecen los trámites y los procedimientos que deben cumplirse en relación con estas actuaciones de asistencia judicial; en el tercero, por ultimo, se prevén y se establecen las formas conforme a las cuales pueden y deben realizarse las escuchas telefónicas a los ciudadanos que se encuentran en un Estado distinto del de su procedencia.
Indudablemente, señor Presidente, la cooperación internacional es necesaria para hacer frente tanto a la delincuencia transfronteriza como a la delincuencia en el ámbito del Estado cuyas pruebas se encuentran en el extranjero.
Sin embargo, es necesario que se elabore cuanto antes un nuevo convenio que tenga en cuenta otras problemáticas, aún más delicadas: toda la problemática inherente a la doble punibilidad y la inherente a la especialidad, así como la referente a la credibilidad de un Estado de la Unión respecto a la autoridad judicial de los demás Estados de la Unión.
Se trata, por lo tanto, de cuestiones sumamente importantes que esperamos que el Consejo vuelva a abordar cuanto antes para emitir un nuevo dictamen.
Señor Presidente, por lo que se refiere a otros muchos puntos de la cuestión, me remito al contenido de mi informe escrito. . Señor Presidente, quiero hacer una observación preliminar: me expreso en nombre del Partido Popular Europeo, como responsable de este expediente.
Quiero señalar que el Consejo hoy no está aquí. Quiero por contra, saludar la atenta presencia, como lo ha sido siempre desde su nombramiento, del Comisario Sr. Vitorino.
Esta observación me lleva a otra: en lo que se refiere a este Convenio, en el que el Parlamento sólo elabora un informe simple, se consultó al Parlamento sobre un texto que ya no era el texto sobre el que estaba trabajando el Consejo, y en el que no se contenían cuestiones que habían sido ya pactadas.
Quiero denunciar esto junto con la ausencia del Consejo.
Me parece grave. Creo que esta institución tiene que reaccionar.
Nos encontramos en un territorio de frontera y ahí, señor Presidente, cuentan mucho las actitudes y los símbolos.
Una comunidad política se refleja en la justicia que se quiere dar. Por eso este informe es tan importante.
Es un paso en ese espacio de libertad, de seguridad, y sobre todo en ese espacio de justicia, al que todos aspiramos.
Aspiramos al juez natural europeo, y éste es un paso importante en ese sentido, construido sobre la confianza mutua entre los Estados miembros y entre sus sistemas judiciales, sobre la confianza de la ciudadanía europea en cualquier juez europeo.
Pero también construido sobre el respeto escrupuloso de las libertades y los derechos fundamentales y, en especial, de las garantías procesales. Ahí es donde este Parlamento ha modificado acertadamente -creo- el equilibrio propuesto por el Consejo, apostando firme y decididamente por un reforzamiento de esas garantías procesales en todas las enmiendas.
Señor Presidente, como ha dicho el ponente, el Parlamento se ha centrado en un asunto, para suprimirlo, que es el de las escuchas telefónicas. En nombre del Partido Popular Europeo, he presentado una enmienda a la resolución, en la que se pide que, cuanto antes, el Consejo ponga sobre la mesa un texto sobre esta materia, porque la falta de regulación no es buena. La regulación, tal como estaba planteada, era incompleta y, por lo tanto, mala.
Pero la falta de regulación también puede conducir -y de hecho somos conscientes de que conduce muchas veces- a abusos en el terreno de las telecomunicaciones.
El otro punto que quisiera resaltar -que también ha sido objeto de mucho trabajo- es el de la utilización de videoconferencias en el caso de investigados, imputados, autores o procesados.
En ese punto también, en nombre del Partido Popular Europeo, he pedido que el Consejo ponga sobre la mesa cuanto antes un convenio que aclare y complete la regulación, que es francamente insatisfactoria. Señor Presidente, los miembros del Partido Popular Europeo, salvo algunas excepciones, votaremos a favor de las enmiendas de la comisión y, por supuesto, a favor de las enmiendas que hemos presentado.
gpt
 The spirit of the proposal is nevertheless to equip those responsible for applying the law - primarily the judiciary, but also the citizens concerned - with a valid operational instrument to fight crime, which respects fundamental guarantees as regards defence and general principles of human rights.
It is for this reason that, despite the many omissions in the text, the provisions set out therein could - and I say could, Mr President - be accepted on condition that they are suitably amended in order to ensure they can be implemented by those responsible for applying the law and are acceptable to the citizens. The Commission has proposed various amendments to this end, all of which aim to systematically restructure the Council proposal by suggesting a series of technical adjustments that will render the text harmonious and consistent as regards the amendments proposed. The amendments can be summarised as follows: they place greater emphasis on fundamental rights of defence, introduce a range of technical modifications needed to make a whole series of obscure and inconsistent passages more comprehensible, and delete the section relating to the remote interception of telecommunications, an area which still requires not only increased technical awareness but also acceptance on the part of the governments of the various Member States of the Union.
The proposal, as formulated by the Council and subsequently amended by the Commission, provides for a convention based on three titles: the first lays down guidelines for ensuring the consistency of procedures and formalities for letters rogatory; the second lists a whole series of specific requests for mutual assistance and defines the formalities and procedures which must be followed in relation to these specific types of mutual assistance; the third and last provides for and codifies the procedures via which telephone conversations conducted by citizens in a State other than the one instigating proceedings can and must be intercepted. Mr President, international cooperation is certainly needed in order to tackle both cross-border crime and crimes which are committed in one State, but the evidence for which is to be found in another. It is nevertheless necessary to reach agreement as soon as possible on a new convention which will also take other, even more delicate issues into account: the whole issue of double jeopardy, that of specialities, and that of the credibility of one Member State of the Union in respect of the judicial authorities of other Member States of the Union.
These are thus extremely important questions, which we hope that the Council will see fit to take up when formulating a new opinion. As regards other aspects of this subject, Mr President, I would refer you to my written report.
- (ES) Mr President, I want to start by saying that I am speaking on behalf of the Group of the European People' s Party which I represent on this issue. I should like to draw attention to the fact that the Council is not present today.
By contrast, I welcome the attentive presence of Commissioner Vitorino, as has consistently been the case since his appointment. This leads me to another point.
This House has only prepared one report on this Convention. It was in fact consulted on a text which was not the text being worked on by the Council and which did not contain points which had already been agreed. I condemn this, as well as the Council' s absence.
These are serious matters on which this House must act. We are about to advance into new territory where attitudes and symbols are of great significance.
A political community is reflected in the justice which it hands out.
This is why this report is so important.
It represents a step towards the area of freedom, security and, particularly, justice to which we all aspire. It is also an important step towards European natural justice. This will be built on mutual confidence between the Member States and their respective legal systems and on the confidence of the European people in any European court. It will also be built on scrupulous respect for fundamental rights and freedoms and on the guarantee of fair trials in particular.
It is in this respect that this House has significantly - and in my opinion rightly - altered the balance proposed by the Council by firmly and decidedly supporting a reinforcement of these guarantees of fair trials in all the amendments. Mr President, as the rapporteur said, this House has concentrated on the particular issue of phone tapping in order to remove this from the Convention. On behalf of the Group of the European People' s Party, I have tabled an amendment to the motion for a resolution which asks the Council to produce a text on this issue as soon as possible. The regulation of phone tapping in the Council document was incomplete and therefore inadequate.
Yet a lack of regulation is also inappropriate and may lead to abuses in the telecommunications field. In fact, we are aware that these are already happening widely.
The other point which I must highlight and on which we have also worked extensively is the use of video conferencing with regard to accused persons.
Again on behalf of the Group of the European People' s Party, I have asked the Council to produce a convention as soon as possible in order to clarify and supplement the regulation of this issue, which is frankly unsatisfactory. Apart from a few exceptions, the Members of the Group of the European People' s Party will vote in favour of the committee' s amendments, and of course our own.