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 El objetivo perseguido por la República Francesa está simple y muy claramente enunciado en la Exposición de Motivos.
Se trata de posibilitar la libre circulación en el Espacio Schengen a estos titulares de un visado nacional para estancias de larga duración que están a la espera de obtener su permiso de residencia definitivo. Y compartimos unánimemente, al menos así lo espero, este objetivo de pretender facilitar la libre circulación para estos súbditos.
Por tanto, el problema no está en el objetivo perseguido, sino claramente en los medios elegidos para alcanzarlo, y en las consecuencias que estos medios implican en términos de poderes discrecionales confiados a los Estados miembros en cuanto a los derechos de los ciudadanos. Efectivamente, de manera bastante sorprendente, la iniciativa de la República Francesa opta, como base jurídica, por los artículos 62.2 y 63.3, ambos relativos a los procedimientos y a las condiciones de expedición de los visados.
Sin embargo, si el objetivo real es el de facilitar la libre circulación de los súbditos, la base jurídica que se impone es el artículo 62.3, que prevé que el Consejo establecerá, en los cinco años siguientes a la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, medidas que determinen las condiciones en las que los súbditos de países terceros pueden circular libremente por el territorio de los Estados miembros durante un periodo máximo de tres meses. Queridos colegas, la elección de la base jurídica no es nunca una elección inocente.
En realidad, la base jurídica adoptada por la iniciativa francesa demuestra que el objetivo prioritario de esta iniciativa consiste en armonizar las condiciones de expedición de los visados para estancias de larga duración, asimilándolos a los visados uniformes de corta duración.
Esto significa que si aceptásemos la propuesta en estas condiciones, tal y como ha sido presentada por la República Francesa, todos los Estados miembros que aplican la cooperación reforzada de Schengen, por la vía de lo que se denomina la consulta previa, tendrían derecho a ser informados de todas las solicitudes de visados para estancias de larga duración en cualquier otro país del Espacio Schengen y, en consecuencia, a poder impedir la libre circulación de los solicitantes que ese país no aceptase. En la práctica, esto significa que si aceptásemos este dispositivo, si España decidiera mañana conceder un visado para estancias de larga duración a un súbdito argelino, por la vía del procedimiento de consulta previa, el Estado francés podría pedir que se le informara de ello sistemáticamente, y tendría derecho a oponerse a ello sin que nadie lo supiera, porque ahora nadie sabe cuáles son los países que utilizan el procedimiento de consulta previa, y el Consejo se niega a hacer pública esta lista de países. En consecuencia, por mi parte, he optado por enmendar la iniciativa de la República Francesa, con el fin de adecuarla a su objetivo declarado, es decir, el proclamado en la Exposición de Motivos, de facilitar dentro del Espacio Schengen la circulación de los titulares de un visado nacional de estancia que están a la espera de su permiso de residencia.
Por otra parte, comparto el objetivo de implantar un visado uniforme para estancias de larga duración, a semejanza del que ya existe actualmente en los visados para estancias de corta duración.
Pero desearía, y pienso que todos deberíamos desearlo, que esta iniciativa, cuyo autor debería ser la Comisión, se inscribiese en el marco de una propuesta clara, coherente y global, y no, como aquí, en el marco de una iniciativa fragmentaria en su alcance y coja en el equilibrio de sus disposiciones.
Es el motivo por el cual le pido a nuestra Asamblea que apoye las enmiendas que he introducido con el apoyo unánime de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos. Señor Presidente, agradezco la oportunidad de poder hablar en nombre de la Comisión de Peticiones. No es el asunto relativo a los nacionales de terceros Estados residentes en una situación de legalidad el único en el que tenemos un problema de fundamento jurídico apropiado.
Estoy pensando, por ejemplo, en las prórrogas del Reglamento 1408/71, relativo a la coordinación de los sistemas de seguridad social. En la cumbre de Tampere de 1999 se acordó conceder a los nacionales de terceros Estados derechos similares a los que disfrutan los ciudadanos de la UE. Sin embargo, aún hay algunos que prefieren considerarlos como personas que se desplazan por un corto período de tiempo y no como personas que han prestado una importante contribución a la Unión. Si no, ¿por qué se mostrarían nuestros Gobiernos tan inclinados a fomentar la inversión en su territorio de empresas americanas y asiáticas?
Creo que debemos mostrar coherencia en nuestra acción política en este ámbito.
La falta de coherencia explica en parte el argumento relativo al fundamento jurídico.
gpt
 The objective of the French Republic is simple and is very clearly stated in the Explanatory Statement. The aim is to enable freedom of movement in the Schengen area for holders of a national long-stay visa who are awaiting their residence permit.
All of us, or so I hope, at least, share this objective which aims to facilitate freedom of movement for these nationals. Therefore, the problem lies not in the objective itself, but in the way that the French Republic has chosen to achieve this goal and the consequences of this in terms of the discretionary powers of Member States with regard to citizens' rights. It is rather surprising that the French Republic initiative takes Articles 62(2) and 63(3) as its legal basis, as both of these relate to procedures and conditions for issuing visas.
Yet, if the real aim of the initiative is to facilitate freedom of movement for nationals, the required legal basis is Article 62(3), which stipulates that the Council shall, within a period of five years of the Treaty of Amsterdam' s entry into force, adopt measures setting out the conditions under which nationals of third countries shall have the freedom to travel within the territory of the Member States during a period of no more than three months.
Ladies and gentlemen, the choice of legal basis is never an innocent choice.
In reality, the legal basis selected in the French initiative proves that the main aim of this initiative is to harmonise conditions for issuing long-stay visas by bringing them into line with uniform short-stay visas.
This means that, if we accept the proposal as presented by the French Republic, it would give any Member State involved in the closer cooperation under the Schengen Agreement the right to be informed of all requests for a long-stay visa made in every other country of the Schengen area, through what is called the prior consultation procedure, and, as a consequence, it would be able to block the freedom of movement by persons that this country does not approve. In practice, if we accept these arrangements, it would mean that, through the prior consultation procedure, the French government could request to be systematically informed if Spain were to issue a long-stay visa to an Algerian national tomorrow, and it would have the right to object to the request, without anyone' s knowledge, because currently no one knows which countries make use of the prior consultation procedure and the Council refuses to release the list of countries.
Therefore, I myself chose to amend the initiative of the French Republic in order to bring it into line with the stated objective, as set out in the Explanatory Statement, which is to facilitate the movement of holders of a national long-term visa while awaiting their residence permit.
Moreover, I support the aim to implement a uniform long-stay visa system, as already currently exists for short-stay visas. However, I hope, and I believe that we should all hope, that this initiative should be part of a clear, consistent, overall proposal from the Council and not part of an initiative which is sketchy in scope and shaky in its arrangements, like this one. That is why I shall ask the House to accept the amendments that I have made with the full support of the Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs. Mr President, I am grateful for the opportunity to speak for the Committee on Petitions. This is not the only issue concerning legally resident third-country nationals where we have a problem concerning the appropriate legal base. I am thinking, for example, of the extensions of the 1408/71 Regulation concerning the coordination of social security systems. The Tampere Summit in 1999 spoke of according similar rights to third-country nationals as those enjoyed by EU citizens. Yet we still have those who wish to view them as short-term travellers, rather than as people who have much contribute to the Union. Otherwise why would our governments be so keen to encourage inward investment from American and Asian companies? We believe we need political coherence in our policy-making in this area. The lack of such coherence partly explains the argument over the legal base.