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Esto, sin embargo, no nos debe impedir seguir buscando la cooperación con el Consejo en esta cuestión ya que la cumbre de Tampere ha asignado al tema de la lucha contra el blanqueo de capitales una altísima prioridad y esto muy acertadamente. Por consiguiente, todos hemos de esforzarnos por lograr de la manera más rápida y fluida posible una mejora de la lucha contra el blanqueo de capitales en Europa. Creo que también nosotros estamos haciendo esta noche aquí, en el debate plenario, una aportación a este respecto y creo y deseo que esto avance sin obstáculos de suerte que muy pronto tengamos en la Unión Europea una segunda directiva sobre la lucha contra el blanqueo de capitales que luego, por favor, sea trasladada también sin obstáculos por los Estados miembros.
, ponente de opinión de la Comisión de Control Presupuestario.
(DE) Señor Presidente, señoras y señores, la Comisión propone una modificación esencial de la directiva, encaminada a prevenir el blanqueo de capitales. Desde que se aprobara en 1991 la directiva se han producido algunos cambios en su entorno.
En primer lugar, se han hecho experiencias con la directiva existente, en segundo lugar hay que tener en cuenta las modificaciones habidas en los Tratados. A medida que crece la conciencia de que el dinero es el objetivo principal y el motor de la delincuencia organizada es preciso adoptar también medidas que afecten a las ganancias de la delincuencia organizada. Las finanzas de Comunidad se han convertido también en víctimas de la delincuencia organizada, como lo ponen de manifiesto los informes de la Comisión, relativos a la lucha contra el fraude.
Esto redunda en detrimento del presupuesto de las Comunidades Europeas.
Los Estados miembros protegen sus finanzas con arreglo a sus leyes, pero las Comunidades no disponen de policía ni de autoridades judiciales para poner ante el juez a los que practican el fraude a fin de recobrar el dinero perdido e imponer penas.
Por consiguiente, el presupuesto de las Comunidades debe ser protegido mediante directivas, reglamentos y demás medidas.
El artículo 280 del Tratado CE reza claramente: La Comunidad y los Estados miembros combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Comunidad mediante medidas adoptadas en virtud de lo dispuesto en el presente articulo, que deberán tener un efecto disuasorio y ser capaces de ofrecer una protección eficaz en los Estados miembros. Hay que ver la propuesta de la Comisión en directa interconexión con este artículo del Tratado.
La delincuencia que perjudica al presupuesto de las Comunidades es también en la mayoría de los casos una delincuencia organizada.
En esto tiene razón el ponente. Pero también se dan excepciones y además no se trata siempre de delincuencia que esté organizada internacionalmente, y en esto la Comisión de Control Presupuestario habría preferido seguir la propuesta de la Comisión. Sin embargo somos conscientes de los problemas de delimitación y estamos dispuestos a seguir al ponente con sólo una alusión al artículo 280 del Tratado. En lo demás somos de la opinión de que en la directiva sobre el blanqueo de capitales se trata, en primer lugar, de la prevención y de la disuasión y, en segundo lugar, de la recogida de pruebas. Los Estados miembros deben disponer de un fundamento jurídico para sí mismos y también la Unión. Es preciso aprovechar todas las pruebas que sean apropiadas con el fin de castigar los fraudes y demás actividades contrarias a Derecho que vayan en detrimento del presupuesto de la UE.
Proceder así concordaría seguramente con el sentido de las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de octubre de 1999.
gpt

This should not, however, prevent us from continuing to seek to cooperate with the Council on this issue because the Tampere summit made the fight against money laundering its very top priority, and rightly so. That is why we must all endeavour to achieve improved anti-money laundering legislation in Europe as quickly as possible.
I think that this evening in this plenary debate we are also making a contribution to doing this, and I think and hope that good progress will be made so that we will have a second directive to combat money laundering in the European Union very soon, which will then I hope also be swiftly implemented by the Member States! , draftsman of the opinion of the Committee on Budgetary Control.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, the Commission is proposing a fundamental amendment to the directive on preventing money laundering. Since the 1991 directive was adopted many external factors have changed. Firstly, we have had experience with the existing directive and secondly, we need to take account of the changes in the Treaties.
Given the growing awareness that money is the main objective and driving force behind organised crime, appropriate measures also need to be taken which target the profits from organised crime. The financial interests of the Community also fall victim to organised crime, as the reports about combating fraud in the Commission show. This is to the detriment of the budget of the European Communities.
The Member States protect their financial interests in accordance with their laws, but the Communities do not have a police force or judicial authorities with which to bring defrauders before a judge so as to recover the lost money and impose punishments. That is why the Community budget needs to be protected by means of directives, regulations and other measures. Article 280 of the EC Treaty clearly states that, "The Community and the Member States shall counter fraud and any other illegal activities affecting the financial interests of the Community through measures to be taken in accordance with this Article, which shall act as a deterrent and be such as to afford effective protection..." .
The Commission proposal should be seen in close connection with this article of the Treaty. Most of the crime which harms the Community budget is also organised crime. The rapporteur is right there. But there are also exceptions.
Furthermore it is not always international organised crime, and here the Committee on Budgetary Control would have preferred the Commission proposal. However, we do recognise the delimitation problems and, if there is simply a reference to Article 280 of the Treaty, we are prepared to go along with the rapporteur.
Incidentally, we believe that the money laundering directive is firstly about prevention and providing a deterrent and secondly about gathering evidence.
The Member States need to have a legal base for their own and the Union' s sakes. All appropriate evidence ought to be used to punish fraud and other illegal activities which are to the detriment of the EU budget. It would certainly be in line with the Presidency Conclusions of the October 1999 European Council to proceed in this way.