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I need this Spanish text translated to English:

No despoja a los consumidores de sus derechos preexistentes. Les da la opción y refleja la mejora de su situación en el nuevo mundo de Internet, les da más poder y más opciones de las que jamás habían tenido antes. Si las pequeñas empresas se ven abocadas a abandonar el mercado debido a las propuestas de la Comisión o porque mañana aprobamos las enmiendas de la Sra. Wallis, los consumidores sufrirán las consecuencias, porque quedarán a merced de los grandes interlocutores globales y se verán privados de los bajos precios que ellos se merecen en el nuevo marco de la economía de Internet. Y lo que es aún más grave, la nueva economía y la economía electrónica en la Unión Europea se verán amenazadas. Lamentablemente nos encontramos muy por detrás de los Estados Unidos, y si mañana aprobamos las enmiendas propuestas por la Sra. Wallis, nos quedaremos aún más rezagados con respecto a los Estados Unidos.
Las propuestas de la Comisión ciertamente representan lo peor de ambos mundos.
Existirá inseguridad y riesgo jurídico para las empresas y los consumidores no gozarán de una protección real, porque en muchos casos, el derecho a interponer un recurso en un tribunal de nuestro país puede ser ilusorio si no podemos conseguir que se ejecute la resolución sin tener que desplazarnos al extranjero e incurrir en los mismos inconvenientes como si tuviéramos que desplazarnos al extranjero de todas maneras para interponer un recurso judicial por el caso en cuestión. La Comisión de Asuntos Jurídicos ha presentado una solución pragmática.
Es un equilibrio sensato para un asunto difícil y quisiera apelar a la Asamblea para que apoye la resolución tal y como ha sido presentada por la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Señor Presidente, Señorías, la Comisión quisiera comenzar congratulándose de que esta propuesta suya haya merecido no sólo la atención que todas las propuestas merecen por parte del Parlamento Europeo, sino también porque representa un trabajo de gran calidad y gran empeño por parte de la ponente, la Sra. Diana Wallis, que quisiera acoger con particular beneplácito, y de la Comisión de Asuntos Jurídicos, presidida por la Sra. Ana de Palacio. La amsterdamización del Convenio de Bruselas-I es, como se sabe, una prioridad de la Presidencia francesa. Vistas las cosas en la perspectiva de la Comisión, de lo que se trata, para nosotros, es de adoptar un instrumento jurídico que permita formular normas claras, transparentes, aceptadas por todos, que son necesarias para que se pueda hacer una aplicación armoniosa del principio del reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales, lo que requiere, naturalmente, un debate sobre la determinación de los principios y las normas aplicables a la competencia de los tribunales de los Estados miembros cuando se produzcan conflictos transfronterizos.
Por eso, este reglamento tiene un amplio espectro de redacción.
En primer lugar, contiene un principio que me parece universalmente aceptado hoy: el de la competencia de los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado. Para mayor flexibilidad y para adaptar mejor las especificidades de las partes en un litigio concreto, el proyecto de reglamento dispone otras normas de competencia, esencialmente la de los tribunales del Estado miembro del lugar de ejecución del contrato o del lugar en que se produzca el daño en el caso de hechos ilícitos.
Como también dispone competencias relativas a la protección de las partes más débiles en los contratos de consumo, es decir, los consumidores, pero a ese aspecto volveré a referirme más adelante con más detalle, y también, por ejemplo, la protección de los trabajadores o de los asegurados, considerados las partes más débiles en dichos contratos. A dichas partes se les reconoce -por lo demás, mediante ciertas condiciones- el derecho a actuar ante los tribunales del Estado de su domicilio.
Y éste es el marco jurídico global.
Veo que el reglamento propuesto es -y me parece que sería importante aclararlo ante esta Asamblea- un instrumento horizontal, que se aplica a los asuntos civiles y comerciales de forma general y que abarca tanto asuntos contractuales como no contractuales.
Por eso, conviene no olvidar que en materia contractual estamos tratando de normas jurídicas sobre la generalidad de los contratos entre empresas, entre empresas y consumidores e incluso entre particulares entre sí. Por eso, diversos tipos de contratos especiales, como los contratos de trabajo o los de seguros, reciben un tratamiento específico.
Ahora bien, me interesa señalar que, si bien reconozco como natural que se haya polarizado el debate en torno a una parte de la aplicación del reglamento relativa a las nuevas normas sobre el comercio electrónico, la verdad es que este reglamento supera ese estrecho ámbito. Y hay, desde luego, una enorme ventaja en que se apruebe un reglamento sobre esa materia en una sede de cooperación judicial civil. Pero pasemos entonces a la cuestión que provocó más pasiones en el debate y que se refiere a los contratos de consumo celebrados por vía electrónica. Es decir, las enmiendas de los artículos 15 a 17.
En primer lugar, quisiera decir en nombre de la Comisión que la propuesta que presentamos, al formular normas de competencia judicial, no pretende tomar partido a favor de los procesos judiciales en detrimento del otro sistema de resolución de litigios, no es una propuesta dogmática a favor de la consagración de la vía judicial y del repudio de la elección de vías extrajudiciales de resolución de conflictos.
Al contrario, la Comisión comparte la preocupación expresada por sus Señorías en cuanto a que, tal vez de forma cada vez más general, pero sobre todo en materia de comercio electrónico en concreto, la resolución extrajudicial de litigios constituye, sin la menor duda y en la mayor parte de los casos, una solución mucho mejor que el contencioso judicial.
gpt
 It does not strip consumers of their pre-existing rights.
It gives them choices and it reflects their enhanced status in a new Internet world, which gives them more power and more choices than ever before. If small businesses are driven out of the market because of the proposals from the Commission or if we adopt Mrs Wallis' amendments tomorrow then it will be consumers who suffer because it will leave them at the mercy of the large global players and it will deprive them of the low prices that they deserve under the new Internet economy.
Even more importantly, it will also threaten the new economy and the e-economy in the European Union.
We are sadly far behind the United States and, if tomorrow we support the amendments proposed by Mrs Wallis, we will stay far behind the United States. With the Commission' s proposals, we certainly have the worst of both worlds.
We have uncertainty and legal risk for business without genuine consumer protection, because in many cases the right to sue in your own home court may be illusory if you cannot enforce the judgment without going overseas and incurring the same inconvenience as if you had to go overseas in any event to litigate this issue. The Legal Affairs Committee has come up with a pragmatic solution. It is a common sense balance to a difficult issue and I would appeal to the House to support the resolution as put forward by the Legal Affairs Committee. Mr President, ladies and gentlemen, the Commission wishes to begin by expressing its pleasure at the fact that this proposal has received not only the careful attention that the European Parliament gives to all of our proposals, but also because this represents work of the highest quality, which shows the great commitment of its rapporteur, Mrs Wallis, whom I should like to congratulate in particular, and of the Committee on Legal Affairs and the Internal Market, chaired by Mrs Palacio. The "Amsterdamisation" of the Brussels I Convention is, as you know, one of the priorities of the French Presidency.
From the Commission' s point of view, the issue is to adopt a legal instrument which will enable us to define clear and transparent rules which everyone can accept. These rules are necessary if we are to be able to harmoniously apply the principle of mutual recognition of legal judgments, which will, of course, involve a debate on determining the principles and rules that apply to the competence of the Member States' courts when they rule on trans-border disputes. The scope of this regulation is therefore very broad.
First of all, it contains a principle which I believe is universally accepted today: that of the jurisdiction of the courts in the Member State in which the defendant is domiciled. To achieve greater flexibility and to adapt more efficiently to the specific needs of the parties in a given dispute, the proposal for a regulation lays down alternative rules for jurisdiction, essentially the jurisdiction of the courts in the Member State of the place where the contract was concluded or of the place where the damage was done in the event that an offence has been committed.
The regulation also lays down rules for the protection of the weaker party to consumer contracts, that is to say the consumer, but I shall return to this subject in greater detail later. It also lays down rules for the protection of workers and insurance policyholders, who are deemed to be the weaker parties to such contracts.
As long as certain conditions are met, these parties have the right to bring a case before a court in the Member State in which they reside.
This is the broad legal framework. I understand - and I feel that it is important to make this clear to the House - that the proposed regulation is a horizontal instrument, which can be applied, in a general way, to both civil and commercial matters. It covers both contractual and non-contractual matters.
It is therefore worth bearing in mind that in the field of contracts, we are dealing with legal rules on general contracts between companies, between companies and consumers, and even contracts between private individuals. Various types of special contract, such as employment or insurance contracts, are therefore dealt with separately. Having said this, my concern is to emphasise the fact that although we recognise that the debate has naturally become polarised around one aspect of the regulation' s implementation, namely that concerning the new rules on e-commerce, this regulation covers more than just this one area.
There is an enormous and immediate advantage in moving towards adopting a regulation on this matter on the basis of civil judicial cooperation. Let us move on now to the issue that has aroused the most passion in the debate, which concerns consumer contracts concluded electronically, in other words, the amendments to Articles 15, 16 and 17.
First of all, I wish to say, on behalf of the Commission, that our proposal, which defines rules for judicial competence, is not seeking to come down on the side of judicial procedures at the expense of an alternative dispute-resolution system. This is not a dogmatic proposal seeking to enshrine the legal approach and to reject the choice of extrajudicial approaches to dispute resolution.
Quite the contrary. The Commission shares the concern that honourable Members have expressed about the fact that perhaps in an increasingly general way, but particularly where e-commerce is concerned, the extra-judicial resolution of disputes is, without a shadow of a doubt, a much better solution in most cases than resorting to judicial procedures.