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I need this Spanish text translated to English:
 ¿Cómo y cuánto contribuyen al desempleo de larga duración de personas con más de cuarenta años? ¿Cómo y cuánto contribuyen a que la edad real de la jubilación sea en la Unión Europea entre los cincuenta y cinco y los cincuenta y siete años?
Las resoluciones de Lisboa pretendían dar respuesta a esos aspectos con la prioridad concedida al empleo, el relieve público de la protección social, la lucha contra la exclusión social y también con la prevención de los cambios en la economía.
No sabemos cuánto contribuyen a aumentar el esfuerzo de la seguridad social ni cuántas personas pasan a depender más de los sistemas de protección social. ¿Quién paga al final las reestructuraciones sociales? ¿El mercado o el contribuyente y el trabajador? La prevención y el cambio justo y equilibrado es imposible, los interlocutores sociales dicen que no e incluso acaban de firmar un documento de preacuerdo con vistas a aplicar la Directiva relativa a la sociedad europea en lo relativo a la información y la consulta. Señora Comisaria, también hemos oído ya decir que el mercado no tiene leyes naturales y que las fuerzas políticas deben intervenir con legislación, mediante la acción institucional y el diálogo social.
La inseguridad social y el aumento de la delincuencia se instalan en la sociedad postindustrial y afectan tanto a los sectores tradicionales como a la llamada nueva economía. Las Presidencias portuguesa, francesa y, ahora, sueca, ampliaron las perspectivas, al impulsar dossiers hasta aquí desatendidos.
Pero su ejecución no se vislumbra en el programa de la Comisión para 2001.
Señor Presidente, no hay nada que justifique que grandes empresas, con el pretexto de una fusión o de una reestructuración, pongan en la calle a una parte de sus trabajadores, cuando un pequeño porcentaje de los beneficios que obtienen sería suficiente para salvaguardar los empleos suprimidos.
El desprecio total de Danone, Michelin, Aventis, Bull, Alstom, Moulinex y similares, tanto por sus trabajadores a los que condenan al desempleo, como por las regiones a las que el cierre de una fábrica puede condenar a una muerte lenta, demuestra el carácter perjudicial de estas empresas para la sociedad. Nos alzamos contra las corrientes políticas que, en este hemiciclo o fuera de él, justifican estas actuaciones criminales. Sólo con esto demuestran que no representan en modo alguno los intereses de la sociedad, sino únicamente los de los grupos industriales y financieros que dominan la economía y los de los propietarios y accionistas de estos grupos. Pero también nos alzamos contra los que ponen cara de lamentar las consecuencias sociales de las reestructuraciones, sin proponer la más mínima medida obligatoria para impedirlas.
Fuera de la prohibición de suprimir ningún empleo en las grandes empresas que obtienen beneficios, el resto no es más que palabrería. Nos solidarizamos con los trabajadores de estas empresas que luchan para defenderse de los golpes que reciben. Han elegido la única vía eficaz en esta economía en la que reina la ley de la jungla. Señor Presidente, esta mañana, al intervenir en el Pleno, la Sra. Plooij-van Gorsel mostraba su sorpresa y su preocupación por la frecuencia con que abordamos esta cuestión en el Pleno y se preguntaba por qué lo seguimos haciendo. También a mí me sorprende. Nos preocupamos de que las reestructuraciones industriales y las fusiones de empresas - de las que demasiado a menudo los trabajadores se enteran cuando ya son un hecho y ya se han tomado todas las decisiones - tienen dramáticas repercusiones en los niveles de empleo, en las condiciones de trabajo, en la propia competitividad entre las empresas comunitarias y en la cohesión económica. Apelamos a la responsabilidad y manifestamos nuestra solidaridad, pero luego no actuamos. Tenemos una legislación comunitaria insuficiente que, en muchos casos, se incumple o se aplica con poco rigor.
Podríamos hacer, como la han hecho muchos de mis colegas, una larga lista de los casos que se refieren al tema en cuestión y a los que hemos dedicado tiempo y atención a lo largo de estos años. El Consejo de Lisboa se propuso como objetivo un nivel de empleo alto y de calidad. ¿Cómo alcanzar el objetivo de una Europa competitiva pero que logre un nivel de empleo alto y de calidad?
Ciertamente se podrá lograr a través de una coordinación y de un equilibrio mejores entre las distintas políticas de la Unión, pero no cabe duda de que la legislación sobre esta materia debe ser más eficaz y más rigurosa.
Por lo tanto, ya no podemos esperar - y en este sentido la Comisión debe asumir su responsabilidad - una revisión de la directiva sobre los comités de empresa europeos, sobre los despidos colectivos, sobre la deslocalización de empresas, que no contemple ante todo un procedimiento sancionador eficaz en el caso de incumplimiento.
Pero lo que realmente me escandaliza - y aquí me refiero al Consejo en especial - es que el Parlamento ya se pronunció hace dos años en primera lectura sobre el único instrumento que nos puede permitir afrontar estos problemas de manera eficaz, o sea, la Directiva en materia de información y consulta. Pues bien, en dos años, a pesar del consenso general sobre el hecho de que el diálogo es la mejor forma de hacer frente a los problemas, el Consejo aún no ha tenido el valor ni la fuerza de adoptar una posición al respecto. Este Parlamento ya no puede tolerar una actitud de este tipo.
Señor Presidente, tal como han dicho los Sres. diputados, está claro que algunas de las directivas fueron aprobadas en épocas en las que había empleo a jornada completa y los cambios tenían unos ritmos mucho más lentos. Así, pues, hacen falta modificaciones y cambios en determinados puntos del marco legislativo.
Pero diría que deberá reconocérsele a la Comisión el esfuerzo por el equilibrio entre la competitividad y la cohesión social. Realmente, muchas veces son dramáticas las consecuencias de las reestructuraciones, de las fusiones o de las adquisiciones.
gpt
 Do we know in what way and how much these factors contribute to the long-term unemployment of people over the age of forty?
Do we know in what way and how much these factors contribute to the fact that the true retirement age in the European Union is between fifty-five and fifty-seven? The Lisbon resolutions were designed to respond to these points by giving priority to employment, to the viability of social protection, to combating social exclusion and also by preventing changes to the economy. We do not know how much these approaches are contributing to increasing social security costs and we do not know how many people are becoming more dependent on systems of social protection. Who is it that ultimately pays for social restructuring? Is it the market or the taxpayer and the working person?
Prevention and fair, balanced change are impossible. The social partners say so and have even just signed a pre-agreement document in order to implement the directive on European society concerning information and consultation.
Commissioner, we have also heard it said that the market is not governed by the laws of nature and that the political authorities should act by means of legislation, institutional action and social dialogue. Social insecurity and the increase in crime are becoming part of post-industrial society and affect both traditional sectors and the so-called new economy. The Portuguese, French, and now Swedish Presidencies have raised expectations by pushing ahead with dossiers that had been hitherto neglected. The Commission' s programme for 2001, however, gives no hint of these dossiers being brought to a successful conclusion.
Mr President, there is no justification for large companies making part of their workforce redundant on the pretext of mergers or restructuring, when just a small fraction of their profits would be enough to safeguard the jobs that have been lost.
Danone, Michelin, Aventis, Bull, Alstom, Moulinex and similar companies have shown a total disregard for the workers that they have made redundant and for the regions that may be condemned to a slow decline by the closure of a factory, and this shows the harm that these companies inflict on society.
We oppose the political opinions, in this House or elsewhere, that justify these criminal activities.
Such opinions show that they do not in any way seek to act in the interests of society; only in the interests of the industrial and financial groups that dominate the economy and in the interests of the owners and shareholders of these groups. We also oppose those who pretend to deplore the effects of restructurings on society yet who do nothing to propose the slightest binding measure to prevent them. Apart from a complete ban on job losses upon large companies which are making a profit, all other action is mere posturing. We assure those who work for these companies, and who are fighting off these attacks upon them, that they have our solidarity.
They have chosen the only sensible route in this economy dominated by the law of the jungle.
Mr President, in her speech before the House this morning, Mrs Plooij-van Gorsel expressed her amazement and alarm at the frequency with which this issue comes up in this House, and wondered why this is.
I too am amazed at how often it crops up.
We are concerned at the tragic implications of industrial restructuring and mergers - of which the workers are all too often only informed at the last minute when all the decisions have been made - for unemployment, working conditions, the very competitiveness of Community businesses and economic cohesion, and we appeal to companies' sense of responsibility and express our sympathy, but then we do not follow the cases up. Community legislation does not go far enough and, what is more, in many cases it is disregarded or applied too leniently. I could produce a long list, as many Members have done, of relevant cases which we have discussed in recent years. One of the objectives set by the Lisbon Council was to achieve a high level of high quality employment. How can we achieve a Europe which is both competitive and has a high level of high quality employment? Of course, this can be accomplished by improving coordination and the play of balance between the Union's different policies, but there is no doubt that the Community legislation on the subject needs to be more effective and more stringent.
Therefore, we can wait no longer - and here the Commission must assume its responsibilities - for a revision of the directive on European works councils, mass redundancies and relocation of enterprises, which does not make specific provision for a system of effective penalties for failure to comply. But what really appals me - and here I refer to the Council in particular - is that it is already two years since Parliament expressed its opinion at the first reading of the only instrument which would allow us to deal effectively with these issues, the information and consultation directive, and in these two years, despite the general agreement that dialogue is the best way to deal with problems, the Council has not yet been able to summon up the courage or the strength to adopt a position on the matter. Parliament can no longer tolerate such behaviour. Mr President, as the honourable Members have said, some of the directives were obviously adopted in times of full employment and very slow change.
Certain parts of the legislative framework therefore need amending and changing.
But I think that we should acknowledge the attempt being made in Europe to strike a balance between competitiveness and social cohesion.
Restructuring, mergers and takeovers do indeed often have dramatic consequences.