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Por lo tanto, lo mejor sería que los diversos Estados Miembros firmen y ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa. Obviamente, animo a que se profundice en el ámbito de la UE siguiendo el ejemplo de la propuesta danesa.
Mi pregunta al Consejo de Ministros es si está dispuesto a ello. Sin embargo, al Parlamento Europeo se le plantea un problema ya que, ¿se debe emitir un dictamen acerca de la propuesta danesa o acerca de la propuesta modificada por el Consejo de Ministros? En vistas de que sólo disponemos de la propuesta danesa, la adoptaremos como base, aunque nos preguntamos hasta qué punto resulta útil, ya que si el Consejo mantiene la propuesta limitada, opino que deberíamos abstenernos por completo de adoptar una resolución marco de la UE.
En cuanto a la propuesta danesa, en primer lugar, quisiera destacar que se debe considerar esta resolución marco como un complemento a las medidas nacionales destinadas a combatir los delitos medioambientales.
Este complemento debe constar de un marco jurídico para la adopción de medidas de carácter internacional, tales como la coordinación, el intercambio de información, la notificación de delitos, registros centralizados y la persecución penal de la delincuencia medioambiental internacional. Para arrojar luz sobre lo que se incluye y lo que no se incluye en la resolución marco, resulta necesario disponer de una definición adecuada de la delincuencia medioambiental.
En principio, me muestro de acuerdo con lo formulado por Dinamarca. Sin embargo, me pregunto si se debe incluir en la definición el comercio ilegal de especies vegetales y animales amenazadas. Incluso existiendo una definición adecuada, resultará difícil su aplicación práctica. ¿Se puede hablar de delito medioambiental en el desastre del Erika?
¿Y qué se puede decir de la contaminación con cianuro en Rumania?
Evidentemente, se produjeron amplios daños medioambientales pero, ¿los demás criterios son igualmente de aplicación?
Resulta clave que no se pueda eludir las responsabilidades que se deriven de los hechos.
Sería conveniente debatir esta cuestión en el marco del Libro Blanco sobre Responsabilidades Medioambientales.
Gran parte de las enmiendas de la Comisión sobre Libertades Públicas se refieren a modificaciones del texto, que no resultan igual de imprescindibles en todos los casos.
Opino que sería mejor facilitar un apoyo unánime a la propuesta efectuada por Dinamarca al Consejo, en lugar de proponer una serie de pequeñas modificaciones en aspectos secundarios. Por el contrario, las ideas que sí resulten complementarias, como las referidas a la obtención de información acerca de las consecuencias de la delincuencia medioambiental y las sentencias judiciales, contarán con mi apoyo. Señor Presidente, evidentemente, siento curiosidad por conocer la opinión de la Comisión Europea. ¿Nos podrá aclarar el Comisario Schreyer este procedimiento ciertamente insólito en el que nos hemos visto inmersos?
Señor Presidente, la mayoría de las veces que mi colega irlandesa la Sra. McKenna habla en esta Cámara nosotros no estamos de acuerdo, pero en un asunto como éste lo que tenemos en común es mucho más que lo que nos separa. Reconozco, indudablemente, que los mayores desastres ecológicos se producen como consecuencia de una irresponsabilidad o de las acciones de aquellos a los que les mueve únicamente el deseo de obtener beneficios, sin importarles las consecuencias. Lamentablemente, estos desastres afectan a muchos países a la vez. Sabemos demasiado bien que los grandes desastres medioambientales no respetan frontera internacional alguna. En los últimos tiempos hemos experimentado los problemas derivados de la contaminación del Danubio con cianuro procedente de las minas rumanas, la rotura del petrolero Erika frente a las costas atlánticas francesas y, desde un punto de vista irlandés, los continuos problemas causados por Sellafield. Y, por supuesto, en un pasado no tan lejano, está Chernobyl, cuyo recuerdo aún nos atormenta. Hechos como éste seguirán produciéndose a no ser que establezcamos el principio de "el que contamina, paga" en el sentido más amplio de la palabra.
Las multinacionales sólo cambiarán su comportamiento cuando se les obligue a pagar grandes cantidades por sus fechorías.
Seguirán causando daños al medio ambiente mientras la recompensa supere con mucho el castigo. Su actitud se basa simplemente en la idea de que aplicar una estricta protección medioambiental perjudica su actividad de negocios o aumenta sus gastos financieros significativamente. Además, cualquier pequeña sanción que se les obligue a pagar es insignificante cuando se la compara con los enormes beneficios que obtienen. Yo, por tanto, doy la bienvenida a esta iniciativa que reconoce la naturaleza internacional de los daños medioambientales.
Constata la necesidad de fuertes sanciones punitivas.
gpt

Hence it is preferable for various Member States to sign and ratify the Council of Europe' s Convention.
Needless to say, I welcome further steps at EU level, such as the Danish proposal.
My question to the Council of Ministers is whether it would be prepared to go this extra mile.
The European Parliament, however, is now caught in a dilemma. Should it issue a recommendation with regard to the Danish proposal or with regard to the Council of Ministers' amended proposal?
Since we only have the Danish proposal at our disposal, we will use it as our basis, although we wonder whether this is at all useful, because if the Council enforces the watered-down proposal, I for one will argue against laying down any EU framework decision at all. Concerning the Danish proposal, I would firstly point out that this framework decision should mainly be considered as a supplement to the national approach to environmental crime. This supplement must have a legal framework for an international approach, such as coordination, information exchange, reporting of crimes, central registration and criminal prosecution in international environmental crime. In order to make clear what does and does not fall within the scope of the framework decision, a sound definition of environmental crime is vital.
I principally assent to the formulations proposed by Denmark, although I wonder whether the illegal trade in threatened flora and fauna could be added to the definition. Even if we can agree on a sound definition, the application will be difficult in practice.
Was the Erika disaster an example of environmental crime?
And what about the cyanide pollution in Romania?
It was a clear case of extensive environmental damage, but do the other criteria apply too? It is important that liability for these acts eventually falls to those responsible. It would be useful if this issue could be included in the White Paper on environmental liability.
Many of the amendments tabled by the Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs concern editorial changes, some of which are redundant.
In my opinion, it is better to give the Danish proposal to the Council our full backing than to propose minor changes of no real consequence. I do, however, support additional ideas, such as providing information on the effects of environmental crime and court rulings. Mr President, naturally I am interested in the European Commission' s view.
Could Commissioner Schreyer clarify this rather odd procedure which we have ended up with? Mr President, on most occasions when my Irish colleague Mrs McKenna speaks in this House we would disagree, but on an issue like this we have far more in common than that which divides us. I certainly recognise that the greatest environmental disasters occur as a consequence either of irresponsibility or the actions of those who are driven by the profit motive, irrespective of the consequences. Regrettably such disasters affect many countries at the same time.
We know only too well that major environmental disasters respect no international frontiers. In more recent times we experienced the problems caused by the pollution of the Danube with cyanide from Romanian mines, the Erika tanker break-up off the French Atlantic coastline and, from an Irish point of view, the continuing problems caused by Sellafield. And of course in the not-so-distant past there was Chernobyl, the memory of which still haunts us. Events such as this will continue to recur unless and until we establish the "polluter pays" principle in the fullest sense of these words.
Multinational firms will only change their behaviour when they are forced to pay heavily for their misdeeds.
They will continue to inflict damage on the environment when the rewards far exceed the punishment.
Their attitude is based on the simple belief that implementing restrictive environmental protection either harms their business activities or increases their financial overheads significantly.
Furthermore, any meagre fine they will be obliged to pay pales into insignificance when compared to the huge profits that they make. I therefore welcome this initiative that acknowledges the international nature of environmental damage. It recognises the need for strong punitive sanctions.