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Deseo terminar con una nota de agradecimiento a mis colegas de la comisión, especialmente a nuestra presidenta, que me consta que siente la misma pasión que yo por este ámbito del Derecho, a pesar de nuestras diferencias, pero mi mayor agradecimiento debe ir dirigido a la Secretaría de la comisión y al Sr. Robert Bray por su ayuda y asesoramiento durante todo este proceso. - (EN) Señor Presidente, en primer lugar, quisiera felicitar a la ponente por su presentación de lo que es un informe muy justo y equilibrado. En nombre de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores, me complace poder presentar esta opinión, en sustitución de mi colega, la Sra. Hazan, que lamentablemente no puede encontrarse esta noche con nosotros.
Mi comisión considera importante dar una respuesta positiva a esta propuesta de la Comisión, que intenta convertir el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales entre los Estados miembros en algo casi automático.
Este reglamento no sólo amplía la cooperación judicial entre los Estados, sino que además marca un intento de situar al ciudadano en el corazón de Europa - al ciudadano, y no sólo a las grandes empresas, los corredores de bolsa y demás, para los que, quizá, el beneficio sea su único objetivo. Mi comisión considera asimismo que debe aprobarse la disposición del reglamento que intenta proteger a las partes más débiles de un contrato. Esto permitirá a los consumidores, trabajadores y a las aseguradoras sentirse protegidos por un reglamento europeo eficaz, que puede ser aplicado automáticamente en todos los Estados miembros. Siguiendo esta lógica, nos parece claro que no existan motivos legítimos para eximir las operaciones del comercio electrónico de las normas que protegen a los consumidores.
La ponente se ha referido a ello, pero el comercio electrónico es un ámbito que está en clara expansión. Diferenciar entre los derechos de las personas que realizan compras en línea y de aquellas que las realizan en la calle iría en contra del valioso trabajo que ya han realizado el Parlamento Europeo y la UE, en general, en defensa de los derechos de los ciudadanos.
Los consumidores de transacciones electrónicas, en común con las partes más débiles de un contrato e, incluso, los ciudadanos europeos en general, merecen y deben tener derecho a una vista justa. Por último, mi comisión acoge con satisfacción la introducción de procedimientos alternativos para la solución de litigios, y desea que este reglamento entre en vigor lo antes posible.
Señor Presidente, permítame comenzar con unas palabras en mi condición de Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Pocas veces me he sentido tan orgullosa de este cargo como lo estoy hoy respecto de este informe por el trabajo llevado a cabo en comisión durante un año.
Un año que no significa falta de interés del Parlamento, sino, por el contrario, intenso y fructífero debate entablado entre los miembros de la comisión, así como con los medios académicos y con todas las partes interesadas. Mis sinceras felicitaciones a la Sra. Wallis por haber hecho posible, como ponente, esta labor y por supuesto mi agradecimiento al trabajo realizado por la secretaría de la Comisión de Asuntos Jurídicos y, en particular, como ella también ha mencionado, por el trabajo del Sr. Bray. Hemos discrepado, señor Presidente, pero estoy segura de que cualquiera que sea el resultado que se alcance en el Pleno mañana, la reflexión de la Comisión de Asuntos Jurídicos habrá hecho avanzar de forma significativa este expediente.
Continúo ahora, señor Presidente, en nombre del PPE.
Como bien saben ustedes y lo ha recordado la ponente, la cuestión principal debatida se refiere a la determinación del tribunal competente para los contratos concertados con los consumidores en Internet. Pues bien, de nuevo estoy orgullosa porque el informe es equilibrado y matizado, propone soluciones pragmáticas, susceptibles de mejorar la protección del consumidor y de permitir al mismo tiempo que las empresas, en particular las pequeñas y medianas, que son las que constituyen el tejido social europeo, ofrezcan sus servicios y productos a consumidores domiciliados en el mercado interior. Conviene que el mercado interior sea un auténtico mercado doméstico, tanto para las empresas como para los consumidores. En cuanto al consumidor, se propone hacer extensivo el ámbito de aplicación del régimen especial a aquéllos que firmen contratos a distancia en el mercado interior sin hacer distinción alguna entre actividades dirigidas o no dirigidas y, como ha resaltado la ponente, se incorpora dentro del Reglamento la resolución extrajudicial de conflictos.
Por lo que respecta a la promoción del comercio electrónico transfronterizo, se propone permitir a las empresas insertar, en determinadas condiciones muy específicas y muy restrictivas, unas cláusulas de jurisdicción que el consumidor podría aceptar. Estoy convencida, señor Presidente, de que el dictamen del Parlamento tendrá un impacto real en el Consejo de Justicia. En efecto, y la Sra. Wallis lo ha dicho, el Parlamento ha hecho lo que ni la Comisión ni el Consejo se han atrevido a hacer: abordar un debate realista sobre el fondo, sobre la protección de los consumidores en el siglo XXI, no la protección de los consumidores en el siglo XIX, ni en el siglo XX, con todas las partes interesadas y que tiene en cuenta todos los intereses implicados.
Cuando se examina la historia de este expediente, nos damos cuenta de que la Comisión, al hacer su propuesta, se ha limitado a recoger un proyecto de revisión de la Convención de Bruselas elaborado -antes de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, es decir, cuando esto era materia intergubernamental, muy cerca del Derecho internacional público-, por un comité de expertos. Además, señor Presidente, este comité ha trabajado solo, sin transparencia alguna, sin consultas interministeriales y sin consultar a los medios interesados.
Está claro que el Consejo de Justicia esperaba que, habida cuenta de los débiles poderes institucionales de que dispone este Parlamento en este ámbito, incluso después de Amsterdam, la adopción final del reglamento por parte del Consejo fuera puro trámite. Pues bien, la negativa manifiesta del Consejo de Justicia a abrir un debate acerca de esta cuestión explica que, en estos últimos tiempos, el Parlamento se encuentre sometido a todo tipo de presiones.
Después de más de un año de discusión en la Comisión de Asuntos Jurídicos puedo decir simplemente que los argumentos esgrimidos contra su informe carecen de fundamento y son fruto más de la intimidación o de la demagogia que de razonamientos de fondo.
gpt
 I wish to conclude with a note of thanks to my colleague on the committee, especially to our chairman who I know feels as passionately as I do about this area of law, whatever our differences, but my biggest set of thanks must go to the committee secretariat and to Mr Robert Bray for all his help and advice throughout this process.
Mr President, firstly, I would like to congratulate the rapporteur of her presentation for what is a very fair and balanced report.
On behalf of the Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs, I am pleased to be able to deliver this opinion, on behalf of my colleague, Mrs Hazan, who unfortunately cannot be with us tonight. My committee considers it important to give a positive response to this Commission proposal, which strives to make the recognition and enforcement of judgments between Member States almost automatic.
Not only does this regulation build upon the judicial cooperation between the States it marks an attempt to put the citizen at the heart of the Europe - the citizen, not just big business, money brokers and others, with perhaps profit purely as their motive. My committee also considers that the provision of the regulation which seeks to protect the weaker parties in a contract should be approved. This will enable consumers, workers and insurers to be safeguarded by effective European regulations that can be automatically applicable across the Member States.
Following this logic, it seems clear to us that there are no legitimate grounds to exempt e-commerce transactions from consumer protection rules.
The rapporteur has referred to this, but e-commerce is an area which is set to grow.
To differentiate between the rights of those buying on line and those shopping in the high street would go against the valuable work that the European Parliament and the EU in general has already done in championing the rights of the citizens. E-consumers, in common with all weaker parties to a contract and indeed European citizens in general, deserve and should be given the right to a fair hearing. Finally, my committee welcomes the introduction of alternative dispute resolution procedures and hopes that this regulation can enter into force as soon as possible. Mr President, please allow me to begin with a few words in my capacity as Chairperson of the Committee on Legal Affairs and the Internal Market.
Rarely have I felt as proud of my position as I am today in relation to this report, due to the work that has been carried out in committee over the last year. The fact that it has taken a year does not mean that Parliament has not been interested. On the contrary, there has been intense and fruitful debate between the members of the Committee, as well as people from the academic world and all the interested parties. I warmly congratulate Mrs Wallis on having made this work possible, as rapporteur, and of course I thank the secretariat of the Committee on Legal Affairs for the work they have done and, in particular, as Mrs Wallis has also mentioned, the work of Mr Bray. We have had disagreements, Mr President, but I am sure that whatever the result achieved in this House tomorrow, the work of the Committee on Legal Affairs will have moved this issue forward significantly.
I shall now continue, Mr President, on behalf of the PPE. As you well know, and as the rapporteur has reminded us, the main question being debated deals with judgments by the competent court on contracts concluded with consumers on the Internet.
I would like to say once again how proud I am at the balanced and detailed nature of this report. It proposes pragmatic solutions, which are likely to increase consumer protection and at the same time allow businesses, in particular small- and medium-sized ones, which make up the social fabric of Europe, to offer their services and products to consumers resident within the internal market.
The internal market must be a genuine domestic market, both for businesses and for consumers.
As for the consumer, it is proposed that the scope of the special system be extended to those who sign contracts at a distance within the internal market with no distinction whatsoever between directed and undirected activities and, as the rapporteur has highlighted, it incorporates the extrajudicial resolution of disputes into the regulation. With regard to the promotion of cross-border electronic commerce, it is proposed to allow businesses, under certain very specific and very restricted circumstances, to insert jurisdiction clauses which the consumer could accept.
Mr President, I am convinced that Parliament' s opinion will have a real impact on the Justice and Home Affairs Council.
In fact, as Mrs Wallis has said, Parliament has done what neither the Commission nor the Council has dared to do, which is to hold a realistic debate on the basic question, on the protection of consumers in the 21st century, not the protection of consumers in the 19th century, nor the 20th century, with all the interested parties and taking account of all the interests involved. When we examine the history of this issue, we realise that the Commission, in making its proposal, has limited itself to a draft review of the Brussels Convention, carried out by a committee of experts before the entry into force of the Treaty of Amsterdam, i.e. when this was an intergovernmental matter, very close to international public law.
Furthermore, Mr President, that committee worked alone, with no transparency, with no interministerial consultations and without consulting the interested parties.
It is clear that the Justice and Home Affairs Council expected that, given the weak institutional powers of this Parliament in this field, even after Amsterdam, the final adoption of the regulation by the Council would be a mere formality. The clear unwillingness of the Justice and Home Affairs Council to open a debate on this question indicates that in recent times Parliament has been subject to every type of pressure.
After more than one year of discussion in the Committee on Legal Affairs, I can say simply that the arguments levelled against its report lack foundation and are more the result of intimidation and demagoguery than of basic reasoning.