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Hay derechos sociales fundamentales cuyo carácter es idéntico al de los tradicionales derechos a la libertad de los ciudadanos y que, por tanto, pertenecen a esta misma categoría de derechos. Pongamos por ejemplo el derecho a la libertad de reunión y asociación, que puede concretarse en el derecho a negociaciones libres sobre las condiciones laborales y el derecho a emprender acciones colectivas. Por todo ello, estos derechos deberían incorporarse a la primera parte de la Carta. En otros casos, los derechos sociales fundamentales requieren un eslabón que vincule la formulación del derecho fundamental a las consecuencias que éste tiene para el individuo. Es por esto por lo que dichos derechos fundamentales suelen definirse como normas de instrucción que las autoridades han de transponer a la legislación social.
Sin embargo, no por eso son menos importantes como elementos constituyentes básicos de la Carta.
Es en esta categoría de derechos fundamentales donde los equívocos sobre el verdadero sentido de esta Carta a escala europea se manifiestan con mayor virulencia. El primer equívoco es que la Carta de la UE vaya a sustituir las garantías nacionales en materia de protección de los derechos fundamentales. Como si de ahora en adelante los ciudadanos tuvieran que dirigirse a la Unión Europea y al Tribunal Europeo en lugar de recurrir a sus propias autoridades y jueces. Como si los derechos fundamentales en el ámbito del empleo, la vivienda y la seguridad social se convirtieran de repente en competencias europeas. Eso no es así, como tampoco lo es en el caso de la garantía de la libertad de expresión o el derecho a un proceso penal justo. La Carta tiene por objeto vincular las instituciones europeas y la política europea a los mencionados derechos fundamentales.
Por eso mismo, quisiera responder a un segundo malentendido muy generalizado. No es necesario que la Carta recoja solamente derechos para los cuales la Unión Europea sea el principal ente competente. También en ámbitos en los que la Unión no tiene competencia alguna pueden adoptarse medidas, ya sea por parte de la Unión Europea o por razón de ella, que atenten contra los derechos fundamentales.
Es decir, la Carta debe integrar asimismo los derechos fundamentales que, aunque no puedan ser garantizados por la Unión Europea, sí pueden ser violados por ella. Ahora me referiré brevemente a los acuerdos internacionales en materia de derechos sociales fundamentales. Algunos de ellos figuran en el dictamen de la Comisión de Asuntos Sociales: la Carta Social Europea del Consejo de Europa y los convenios fundamentales de la OIT y de las Naciones Unidas.
En la enmienda 22 al informe DUFF/VOGENHUBBER defiendo que en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea no sólo se introduzca una referencia al CEDH, sino también a la CSE de los convenios fundamentales de la OIT y de las Naciones Unidas.
Otra enmienda, que pretende ir más lejos, a saber, la enmienda 23, no sólo propone la adhesión al CEDH, sino también a estas normas internacionales de índole social. Por último, es fundamental que el amplio apoyo social y el diálogo con las organizaciones sociales se mantengan después de la elaboración de la Carta.
Tendremos que proseguir ese gran debate en aquel momento. Señora Presidenta, como ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades quisiera responder a dos preguntas. Primero, ¿cómo beneficia esta Carta a las mujeres en Europa? Segundo, ¿cuál es la relación entre la integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades, tal y como se define en el apartado 2 del artículo 3 del Tratado de la CE, y la presente Carta? En Europa la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres como normativa jurídica se ve perjudicada por la ley de la ventaja inhibidora.
Sobre la vieja disposición de igualdad de retribución se ha venido construyendo todo un entramado de normas legislativas relativas a la igualdad de trato que ya han sido incorporadas al acervo comunitario.
Está claro que estos instrumentos jurídicamente vinculantes han fomentado enormemente la igualdad de trato de hombres y mujeres en los Estados miembros.
Pero por otra parte, como tienen su origen en el objetivo del mercado interior, todas estas directivas y recomendaciones se circunscriben lógicamente al empleo y a las condiciones laborales.
Hace poco ha quedado demostrado con motivo del paquete de medidas destinadas a la lucha contra la discriminación en virtud del artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea que continúa habiendo una gran renuencia a admitir que la igualdad de trato de hombres y mujeres requiera medidas más allá del mercado de trabajo.
gpt

There are social fundamental rights which, by their very nature, are identical to and, as such, simply form part of, the traditional civil freedom rights. There is, for example, the right of organisation and association which can be extended to the right of free negotiations on working conditions and the right of conducting collective action. These rights should therefore be included in the first part of the charter.
In the case of other social fundamental rights, there should be a link between the way fundamental rights are worded and the effects thereof on the individual.
These fundamental rights are thus often described as instruction standards which are implemented by authorities in social legislation.
These are, however, no less essential to the charter as basic elements.
Quite often, this category of fundamental rights keenly shows up the misconceptions people have as to this charter' s significance at European level.
The first misconception is that the EU charter will replace national guarantees for fundamental rights protection, as if, in future, individuals would need to call on the European Union and the European Court rather than their own authorities and courts, and as if fundamental rights on work, housing or social security would all of a sudden become European matters. This is not the case at all. No more so, in actual fact, than is the guarantee of freedom of expression or a fair hearing. The purpose of the charter is to incorporate these fundamental rights in the European institutions and European policy. This is, in fact, a reaction to a second common misconception.
It is not the case that the charter would only contain rights for which the European Union would be the first authorised port of call.
Even where the Union has no authority at all, policy measures which may be taken by or on behalf of the European Union can still infringe fundamental rights. Accordingly, fundamental rights which cannot be guaranteed at EU level but can be violated by the Union, belong in the charter. I would also like to comment on international treaties with regard to social fundamental rights. The opinion of the Social Committee lists a few of these treaties: the Council of Europe' s European social charter and the ILO' s and UN' s core Convention. In Amendment No 22 to the Duff/Voggenhuber report, I argued that a reference to the ECHR should be placed in Article 6 of the Treaty of the Union, and that a reference to the to the ESC should be placed in the ILO' s and the United Nations' core Conventions. Another amendment, regarding a more far-reaching alternative, Amendment No 23, stipulates that the ECHR, as well these social international standards should be acceded to.
I would like to make one last remark regarding the necessity to establish a broad social basis and to enter into a dialogue with social organisations, even after completion of the charter.
We will need to conduct this general discussion then too. Madam President, as draftsman of the opinion of the Committee on Women' s Rights and Equal Opportunities, I would like to answer two questions.
Firstly, what benefit do women in Europe, in particular, stand to gain from this charter and secondly, how does gender mainstreaming, referred to in Article 3, paragraph 2, of the EC Treaty, fit in with this charter?
The issue of equality between men and women in Europe, in terms of statutory standardisation, is suffering under the rule of the restrictive headstart.
The old equal pay clause underlies a whole structure of equal treatment legislation which now forms part of the acquis communautaire. These legally binding instruments have proven to be a shot in the arm in the equal treatment of men and women in the Member States. But as these directives and recommendations originated in the objectives of the internal market, it is only logical that they are all confined to the sphere of employment and working conditions.
As was recently apparent from the package of draft measures on fighting discrimination based on Article 13 of the Treaty establishing the European Community, there is still great reluctance to view the equal treatment of men and women as an issue which also requires measures outside the labour market.