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I need this Spanish text translated to English: En el marco del primer pilar se deja en principio en manos de los Estados miembros considerar si son suficientes las sanciones jurídico-administrativas o si han de recurrir a la espada afilada del Derecho Penal. Quiero referirme a un punto que, desde el punto de vista de la Comisión, aparece todavía como problemático y que ha sido mencionado también aquí en numerosas intervenciones, en concreto, la cuestión de la punibilidad de las personas jurídicas.
La iniciativa danesa prevé que a las personas jurídicas se les puede hacer responsables desde el punto de vista del Derecho Penal en el caso de delitos graves contra el medio ambiente. Sin embargo, en opinión de la Comisión, es preciso tener en cuenta los actuales ordenamientos jurídicos de algunos Estados miembros, en cuanto que la sanción de las personas jurídicas está excluida generalmente.
Preceptos semejantes del Derecho comunitario prevén solamente que contra personas jurídicas cabe acudir a sanciones, que luego puedan ser de naturaleza absolutamente jurídico-administrativa y -algo que se ha dicho una y otra vez acertadamente- que el daño material causado se castigue con sanciones financieras.
Esto se contiene también en los mismos.
Respecto del planteamiento de las sanciones financieras quisiera aludir una vez más a la importancia del Libro Verde sobre responsabilidad medioambiental que la Comisión ha editado hace algunos meses en el que se trata de que se incluyan también, de una vez por todas, los daños ecológicos ocasionados. En interés de las posibilidades de realización de la iniciativa sería aconsejable proceder también en este caso de tal manera que se hable de una responsabilidad de las personas jurídicas sin utilizar la expresión "desde el punto de vista del Derecho Penal" .
gpt

Under the first pillar, it is in principle up to the Member States whether they regard sanctions of administrative law as adequate or whether they take up the sharper sword of criminal law.
I would like to mention one point, which still appears problematic from the Commission' s point of view, and which has also been mentioned in different speeches here, and that is the question of the punishability of legal persons. The Danish initiative provides that legal persons must be made responsible under criminal law for serious environmental offences.
In the Commission' s view, however, account must be taken of the mature legislation of some Member States, which generally rules out punishing legal persons. Comparable provisions of Community law merely provide that sanctions should be imposed on legal persons, which may then be entirely in the form of administrative law, and - as has rightly been said repeatedly - that the material damage caused is then punished by financial penalties.
This is also included. On the question of financial penalties, I should once again like to point out the significance of the Green Paper - which the Commission published a few months ago - on environmental liability, which ultimately aims to include the environmental damage caused. In the interest of the initiative' s chances of implementation, it may well be advisable to proceed in this case by talking about responsibility of legal persons without using the words "under criminal law" .