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Señor Presidente, la pregunta que hemos oído varias veces durante este debate es: ¿para qué debe servir la Carta de derechos humanos, cuando ya existe una e incluso varias convenciones universales de derechos humanos, cuando ya existe una convención europea de derechos humanos, cuando los derechos humanos figuran en las constituciones de todos los Estados miembros, en las de los países candidatos y, generalmente, en las constituciones de todos los países, y en las de aquellos que no los respetan? No será, ciertamente, como se ha dicho antes, para mejorar o fortalecer los derechos humanos en la construcción europea. No, hay que rendir homenaje a la Sra. Berès por haber dado, hace un momento, un sentido claro a este debate, que marca un hito absolutamente fundamental en la historia de la construcción europea: el paso de una Europa económica, comercial, mercantil, a una Europa política e institucional. Naturalmente, la Carta de derechos humanos es el primer paso en esta dirección; pero, como ocurre con todo lo que caracteriza la construcción europea, el paso es oblicuo, disimulado, esquivo, me atrevería a decir "jesuítico". No se plantea el problema de una constitución y de su contenido, se plantea el problema de una Carta de derechos humanos que es evidentemente el preámbulo de una constitución, quedando claro que del preámbulo de la constitución nacería, en su caso, la constitución y luego, en su caso, un Estado. Lo interesante de este enfoque - y hay que rendir nuevamente homenaje a la Sra. Berès por su lucidez y su honestidad, aun cuando, como sabe, estoy en total desacuerdo con la finalidad - es que procura determinar los principios de las colectividades europeas, o de la colectividad de seres humanos que viven en la Unión Europea. Cuando la Sra. Berès habla de derechos que se aplican no sólo a los ciudadanos, sino también a las personas que están de paso y a los residentes, aborda una cuestión que creo debe desarrollarse en los textos sometidos y en los que deben ser sometidos a este Parlamento, a saber: ¿cuál será la base de los derechos que regirán la Unión Europea?
¿Será la ciudadanía en el sentido en que la entendemos tradicionalmente, con unos derechos que caracterizan de manera particular a las personas que pertenecen a una colectividad dada? ¿O se tratará de derechos que se extenderán a otras personas distintas que los ciudadanos propiamente dichos, con una desviación o, en todo caso, un comienzo de desviación entre la democracia basada en la ciudadanía y la democracia basada en la igualdad de trato de los individuos que viven, que residen o que transitan en los territorios de la Unión Europea? Creo que es un problema del que, de momento, sólo vemos las premisas, pero me parece absolutamente fundamental ver sus premisas, para luego poder seguir el hilo.
Señor Presidente, me place felicitar a los ponentes por su labor pero mucho me temo que, como el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, es muy posible que suceda lo mismo con esta Carta.
Las naciones de Europa pueden estar orgullosas de su historial en materia de derechos humanos; ahora bien, ¿han necesitado alguna Carta? Gran Bretaña acaudilló los esfuerzos mundiales en la lucha para abolir la esclavitud, pero la única Carta -y en realidad ése era su nombre- que hayamos tenido nunca en Gran Bretaña fue firmada en Runnymede por el rey Juan en 1215.
Claro está que hay excepciones, excepciones tan importantes que Europa tiene la obligación de hacer todo lo que pueda para lograr que no se repitan nunca las atrocidades e inhumanidades del pasado.
¿Qué añade esta Carta a todo lo que tenemos ya? ¿Añade algo o sustituye al Convenio de Derechos Humanos del cual son signatarios todos los Estados miembros de la UE y todos los Estados solicitantes, o no hace más que añadir otro foro judicial, dejando a los abogados con la feliz y provechosa posibilidad de escoger entre el Tribunal Europeo y el Tribunal de Derechos Humanos? ¿Por qué no bastaría con una sencilla declaración de derechos humanos en el marco de los artículos 6 y 7 del Tratado, sin necesidad de contar con una Carta para los litigios? ¿Quedarán debidamente protegidos los derechos fundamentales por un tribunal que está ya desbordado por el exceso de trabajo y que frecuentemente dicta sus fallos mucho tiempo después de los sucesos que está juzgando?
¿O es que esta Carta no tiene más finalidad que la de ser una distribuidora onerosa de indemnizaciones en la terrible plenitud del tiempo?
Velar por los derechos humanos fundamentales es la mejor de las intenciones, pero una Carta para los litigios y la burocracia es, sin duda alguna, otro camino hacia otro infierno.
Señor Presidente, ¿por qué necesitamos una Carta como ésta?
Es evidente, como ha dicho el Sr. Berthu, que no la necesitamos para crear un superestado europeo, sino más bien, como ha dicho la Sra. Berès, para dejar bien sentado ante nuestros ciudadanos de hoy y de mañana que lo que ahora nos rodea es una Comunidad de valores: valores basados en la democracia, la libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto de la diversidad, valores -e insisto en esto ante la Sra. Garaud- que unan a los europeos a través de las fronteras, desde el norte, el sur, el este y el oeste de la Comunidad. Lo importante no es saber si necesitamos una Carta como ésta, sino cuál va a ser su condición.
Algunos han alegado que la Carta debería limitarse a reunir en forma legible todos los derechos que existen actualmente en la Unión Europea.
Eso sería un buen ejercicio: no hay duda de que la gente no está muy al corriente de los derechos que tiene.
Muchos ciudadanos no saben qué derechos existen en la actualidad.
Un documento que exponga claramente esos derechos, y que diga con toda claridad cuándo y cómo se pueden ejercer, sería un documento valioso, pero si eso es todo lo que queremos hacer con la Convención entonces lo mejor hubiera sido dejar el asunto a un equipo de académicos, que sin duda alguna harían ese trabajo mejor que un grupo de 60 políticos.
Creo que tenemos un equipo de 60 políticos que están ocupándose de la Convención porque tenemos la obligación de buscar las deficiencias que hay en nuestros derechos actuales, de identificar las deficiencias de las actuales estructuras y de probar que tenemos la voluntad política de corregir esas deficiencias.
O sea que la Carta subsanaría las deficiencias que hubiera en los derechos vigentes, y sería vinculante para las instituciones de la Unión Europea.
Sin embargo, es evidente que no todos los derechos serán iguales, por lo menos en la forma en que se llevarán a efecto.
Los derechos tienen que estar clasificados en dos categorías. Tiene que haber una lista de derechos que los tribunales puedan confirmar directamente, pero también tiene que haber otra lista de derechos generales que las instituciones comunitarias y otras entidades hayan de tener en cuenta cuando redacten textos normativos; algunos en el Tribunal, otros sencillamente como antecedentes que nos brindarán una valiosa base cuando tengamos que adoptar otras decisiones. Lo que es evidente, y lo que une a la mayor parte de las personas de esta sala que desean esa Carta, es que tiene que estar en los Tratados. Si queremos que haga mella en los ciudadanos tiene que figurar en los Tratados de la Unión Europea. Señor Presidente, quiero dar las gracias especialmente a los ponentes y a la Comisión de Asuntos Constitucionales por haber conseguido adoptar una postura acerca de cómo debe integrarse la Unión Europea en su calidad de participante en el Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos del Consejo de Europa.
Yo deseo que esta postura se siga manteniendo mañana en la Sesión Plenaria, ya que ello será de una importancia fundamental si queremos evitar confusiones entre los diferentes sistemas de derechos fundamentales.
gpt

Mr President, the question we have heard several times in the course of this debate is this: what exactly is the point of this Charter of Human Rights, when there is already one, and even several universal conventions on human rights and a European Convention on Human Rights, and human rights are included in the constitutions of all the Member States, those of the candidate countries and, generally, in the constitutions of all countries, even those who do not respect human rights? It certainly is not useful, as has been claimed previously, in terms of improving or strengthening human rights within the construction of Europe. No, and we should pay tribute to Mrs Berès for having just now clearly given direction to a debate which marks a key turning point in the history of the construction of Europe, the transition from an economic and commercial Europe to a political and institutional Europe. Of course, the Charter of Human Rights is the first step in this direction, but, as with everything which characterises the construction of Europe, the approach is indirect, concealed, tortuous and, I might even say, 'Jesuitical' . The question of a constitution and its contents is not asked, but instead the question of a charter of human rights which is obviously the precursor for a constitution, it being understood that the precursor will eventually give rise to a constitution proper and then, possible, to a State. The interesting thing about this approach - and here again I must pay tribute to Mrs Berès for her clear-sightedness and honesty, even if, as she knows, I totally disagree with her conclusions - is that it tends to determine what will be the principles of the European communities, or of the community of human beings living within the European Union.
When Mrs Berès speaks of the rights being applied not only to citizens but also to visiting and resident aliens, she is tackling a matter which, I feel, is probably going to be developed in the texts already submitted and to be submitted in future to this House, to wit, what will be the basis of the rights which will govern the European Union? Is it to be citizenship in the way that we traditionally understand it, with rights which characterise in a specific way the people belonging to a given community?
Or is it to be rights extended to parties other than citizens proper, with a shift, or at least the start of a shift, from democracy based on citizenship towards democracy based on the equal treatment of individuals resident, whether long-term residents or visitors, on European Union territories. I feel that this is a problem which as yet we can only see the premises of, but, in my view, it is absolutely essential to see the premises in order to be able subsequently to follow the thread.
Mr President, while I congratulate the rapporteurs on their work I fear that, as the road to hell is paved with good intentions, so it is with this Charter.
The nations of Europe can be proud of their record on human rights; however, have they needed charters? Britain led the world in the battle to abolish slavery, but the only Charter - actually so called - which we have ever had in Britain was signed at Runnymede by King John in 1215.
Of course, there are exceptions, exceptions so serious that Europe has a responsibility to do what it can to ensure that the inhumanities and atrocities of the past are never repeated. But does this Charter add to what we already have?
Does it add to or replace the Convention on Human Rights to which all EU Member States and applicant states are signatories, or does it just add another judicial forum, leaving lawyers with the happy and profitable choice between the European Court and the Court of Human Rights? Why not a simple declaration of human rights under Articles 6 and 7 of the Treaty without the need for a charter for litigation?
Can fundamental rights properly be protected by a court which is already overstretched and frequently arrives at its judgments long after the events which it is judging?
Does this Charter simply aim to be an expensive distributor of compensation in the dreadful fullness of time?
Ensuring fundamental human rights is the best of intentions, but a charter for litigation and bureaucracy is surely another road to another hell.
Mr President, why do we need such a Charter? It clearly is not, as Mr Berthu has said, in order to create a European super-state but more, as Mrs Berès has said, to make it clear to today's citizens and tomorrow's citizens that what we are in now is a Community of values: values based on democracy, freedom, equality, solidarity and respect for diversity, values - and I stress this to Mrs Garaud - that unite Europeans across frontiers, from the north, the south, the east and the west of the Community.
The big question is not whether we need such a Charter but what status it should have.
Some have argued that the Charter should simply gather together in a readable form all the rights that currently exist within the European Union. This would be a valuable exercise: there is clearly a problem of awareness of people's rights. Many citizens do not know the rights that exist today. A document clearly laying out such rights, and making it clear where and how these rights could be exercised, would be valuable. But if that was all we were doing in the Convention then we should have left it to a team of academics, who frankly could have done it better than a group of 60 politicians.
I believe we have a team of 60 politicians working on the Convention because it is our duty to identify gaps in existing rights, to identify weaknesses in existing structures and to show the political will to correct those weaknesses.
So the Charter must fill in any gaps in existing rights, and it must be binding on the institutions of the European Union. However, it is clear that not all rights will be equal, at least in the way they are implemented. The rights need to be in two categories.
There needs to be a list of rights which will be directly upheld by the courts, but there also needs to be another list of general rights which the Community institutions and others will have to take into account when drafting policies; some in the Court, some simply as background forming a valuable basis when we are taking other decisions. What is clear, and what unites most people in this Chamber who want such a Charter, is that it must be in the Treaties. If it is to impact on the citizen it must appear in the Treaties of the European Union.
Mr President, I would particularly like to thank the rapporteurs and the Committee on Constitutional Affairs for having adopted a position in favour of the EU becoming a party to the Council of Europe' s Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
I hope that this position will be retained in tomorrow' s sitting, as it will be vitally important if we wish to avoid confusion with the many various schemes in respect of fundamental rights.