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Cada país tiene su pabellón preferido.
Por ejemplo, los buques franceses utilizan pabellones de Réunion, San Vicente y las Granadinas y las Seychelles.
En el caso de Grecia son Chipre y Panamá. Los holandeses utilizan los de Belize y San Vicente y cuatro buques de mi país, naturalmente, enarbolan pabellones de Belize también. Los países preferidos de los británicos son Panamá y Belize.
No es de extrañar que sea Belize, si tenemos en cuenta las revelaciones del año pasado sobre las conexiones empresariales con ese país de Michael Ashcroft, el tesorero del partido Conservador británico.
La flota española está distribuida por una larga lista de países, incluidos Belize, Honduras, las Antillas Holandesas, Panamá y muchos otros.
El único lugar que tiene más de esos pabellones de conveniencia es Taiwán con 117, con lo que priva a España del primer puesto.
El año pasado, la Comisión estuvo intentando hacer algo, en realidad; propuso denegar subvenciones para el traspaso de la propiedad de los buques a países con registros abiertos. El Consejo se negó. Quiere utilizar el dinero público para financiar formas de contravenir las normas y eso es inaceptable.
Al menos una organización está intentando señalar ese asunto a la atención del público.
Durante las dos últimas semanas, Greenpeace ha tenido un barco en pleno Atlántico meridional, donde ha encontrado pescando atún a muchos buques que enarbolaban pabellones de conveniencias.
También han encontrado un buque de transporte, con pabellón de Panamá y con propietario japonés -países que son, por cierto, partes los dos en la ICAT- que recibía pescado de buques de Belize, país que no es parte contratante. Se trata de una grave violación de las normas de la ICAT, por lo que creo, la verdad, que debemos abordar ese asunto. La Unión Europea tiene que abordar esa cuestión. Señor Presidente, comparto la bienvenida a esta propuesta de reglamento de la Comisión destinada a perfeccionar aún más determinadas medidas de control en el área de la NAFO. Muchas veces he expresado mi opinión de que el caladero NAFO debe ser sin duda uno de los más controlados del mundo, vigilancia que se ejerce a veces por una desmesurada desconfianza de algunas partes contratantes, con poder casi ilimitado en la NAFO, hacia otras partes cuya actividad es perfectamente legítima. Todos recordamos los incidentes que tuvieron lugar hace unos años, injustos y lamentables para con un buque comunitario, producto de esa desconfianza rayana en la persecución, que muchas veces oculta en realidad el deseo de echar una cortina de humo sobre los errores de gestión de determinados países costeros.
Por eso hay que aplaudir que esta propuesta esté destinada a incorporar a la normativa comunitaria tres recomendaciones de la NAFO dirigidas a controlar las actividades de buques de partes no contratantes, en particular los pabellones de conveniencia, cuyas actividades son, sin la menor duda, mucho más sospechosas que las de cualquier flota comunitaria. Como suele ser habitual cuando se trata de transposiciones a la normativa comunitaria, hay que volver a lamentar la tardanza de la Comisión en emprender los trabajos de adaptación legislativa.
Si bien es cierto que la propuesta recoge las últimas recomendaciones de la NAFO sobre avistamientos y transbordos de sus reuniones anuales de 1998 y 1999, también es cierto que éstos no son más que retoques a la recomendación de 1997, que sólo ahora se incorpora.
Fuera de esta queja ya tradicional, esta propuesta de reglamento proporciona la oportunidad de hacer una reflexión sobre el problema real de los pabellones de conveniencia y los trabajos de la Unión Europea para hacerles frente. En el contexto actual de recursos marinos, y cuando la necesidad de protección real de los ecosistemas marinos se va instalando ya firmemente en la conciencia de todos, la lucha contra las pesquerías ilegales, entre las que hay que situar en primera fila a los pabellones de conveniencia, debe convertirse en una prioridad. La Unión Europea tiene la responsabilidad de pasar a liderar la lucha contra estas dañinas formas de pesca y tiene que ser capaz de proponer alternativas propias. Un primer paso debería ser la propuesta a los Estados miembros de una normativa unificada y clara de lucha contra esta actividad, con el fin de fijar normas comunes que prohiban los abanderamientos y dejen de dar acogida en sus puertos a los desembarcos de dichas flotas.
No en todos los puertos comunitarios se ha instalado todavía una conciencia clara de que, de manera directa o indirecta, se está dando cobijo muchas veces a una actividad ilegal. La instalación de esa conciencia sólo puede llevarse a cabo con una decidida campaña de divulgación y una normativa rigurosa que la acompañe. Señor Presidente, quiero felicitar al Sr. Varela Suanzes-Carpegna por la dedicación con que ha trabajado en esto y, de hecho, en todas las cuestiones que se abordan en la Comisión de Pesca.
La de qué hacer para proteger la vida marina fuera de nuestras aguas no es una cuestión popular.
No preocupa demasiado al público de la Unión Europea.
Está aumentando la comprensión de las gestiones que la Unión Europea está haciendo y quisiera decir que durante los muchos años en que ha existido la Política Pesquera Común, la Unión ha fallado en gran medida a la hora de convencer al público europeo de la importancia del papel que está desempeñando para intentar determinar la situación exacta de la vida marina, facilitar al público información científica y adoptar las medidas necesarias al respecto.
gpt
 Each country tends to have their preferred flag use. For instance, the French vessels tend to use flags of Réunion, St Vincent and the Seychelles. For Greece it is Cyprus and Panama. The Dutch use Belize and St Vincent and 4 vessels, of course, from my own country are flagged in Belize as well. The preferred British countries are Panama and Belize.
It is not surprising that Belize is there, considering last year' s revelations about Michael Ashcroft, the Tory Party treasurer' s business connections there.
The Spanish fleet is distributed across a very long list including Belize, Honduras, the Netherlands Antilles, Panama and many others.
The only place which has more of these flags of convenience is Taiwan, with 117, which just beats Spain into first place. Last year, the Commission was actually trying to do something; it proposed refusing to grant subsidies for transferring ship ownership to countries with open registers. The Council refused. It wants to use public money to fund ways of breaking the rules, and that is not acceptable.
At least one organisation is trying to draw this matter to the public's attention. For the past two weeks, Greenpeace has had a ship in the middle of the South Atlantic where they have found plenty of vessels catching tuna, flying these flags of convenience.
They have also found a transport vessel, flagged in Panama and owned in Japan, both contracting parties to ICAT by the way, which was receiving fish from non-contracting vessels from Belize. This is very much against ICAT rules and I really think we have to address it.
The European Union has to take responsibility on this issue.
Mr President, I too should like to welcome this proposal for a regulation from the Commission which improves upon certain control measures within NAFO. I have often voiced my opinion that NAFO fishing grounds are undoubtedly among the most regulated in the world. Such vigilance is sometimes the result of excessive mistrust, on the part of some Contracting Parties - who have almost unlimited power in NAFO - towards other parties who operate completely legitimately.
We all remember the unjust and regrettable incidents that took place a few years ago, regarding a Community vessel. These incidents were the product of suspicion bordering on persecution which has often concealed a desire to throw a smoke screen around management errors in some coastal states. This is why I must applaud the fact that this proposal aims at incorporating into Community legislation three NAFO recommendations on controlling activities of vessels of non-Contracting Parties, and in particular non-Contracting Parties whose activities are, without a shadow of a doubt, much more suspect than those of any Community fleet. As is usual procedure when discussing the transposition of measures into Community law, I must once again express my disappointment over the Commission' s delay in starting to work on adapting legislation. If it is indeed true that the proposal covers NAFO' s latest recommendations on sightings and transhipments from its annual meetings in 1998 and 1999, it is also true to say that this represents nothing more than a reworking of the 1997 recommendation, which is only now being taken into account. Besides this now traditional complaint, this proposal for a regulation represents an opportunity to debate the real problem of flags of convenience and discuss what the European Union is doing to deal with them.
Given the current state of marine resources, and at a time when there is growing awareness of the need for real protection of marine ecosystems, the fight against illegal fishing must become a priority and vessels flying flags of convenience should be first on the list. The European Union is responsible for taking the lead in the fight against such harmful forms of fishing and must be capable of putting forward its own alternatives. The first step must be to propose unified and clear measures in the fight against such activity to Member States. The aim of such common rules is to ban the flying of such flags and stop Member States allowing these fleets to dock in their ports. Currently, not all Community ports are aware that, directly or indirectly, they are often providing cover for illegal activity.
We can only develop their awareness through an information campaign and by introducing rigorous measures to accompany it.
Mr President, I want to congratulate Mr Varela Suanzes-Carpegna on the amount of work he has put into this, indeed into all issues that come before the Committee on Fisheries.
The whole question of what we do to protect marine life outside our waters is not a very popular issue.
It does not exercise the public mind an awful lot in the European Union. There is a growing understanding of the efforts that the European Union is making, and I would say that for the many years during which the Common Fisheries Policy has existed, the Union has failed, to a large extent, to convince the European public of the importance of the role it has been playing in trying to establish the facts of marine life, to provide the public with the scientific information and to take the necessary action.