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 Todas estas necesarias disposiciones no deben causar ningún perjuicio ni reducir las oportunidades de las mujeres en el mercado de trabajo.
Señor Presidente, estimados colegas, la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, sobre cuya ejecución debatimos hoy, es una de las más importantes en el ámbito de la protección técnica y de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Recuerdo muy bien cómo se produjo su adopción y los problemas entonces discutidos. Ha de valorarse positivamente que, no obstante la discusión sobre la base jurídica para su adopción, se reconociera la importancia de las trabajadoras en el mercado único y que se diera un primer paso en el establecimiento de niveles mínimos para la protección de las trabajadoras embarazadas y de las madres jóvenes.
El presente informe de la Comisión sigue poniendo de manifiesto deficiencias en la ejecución de la directiva y debe por tanto fortalecer nuestro empeño en hacer realidad jurídica y fácticamente la protección de la mujer en una importante fase de su vida.
Efectivamente, es muy triste para una sociedad tener que comprobar que justamente este sector requiera una mayor atención por nuestra parte. Por ello, me sumo a las voces que exigen una revisión de la directiva lo más pronto posible. No obstante, no lo conseguiremos hasta finales del año 2000. Algunas de las exigencias que deben figurar en una propuesta de modificación de la directiva aparecen recogidas en las presentes enmiendas, enmiendas que, en consecuencia, nosotros, el Grupo del PPE-DE, podemos aceptar en parte. Estas son, principalmente, la exigencia de una estricta prohibición del despido durante los períodos del embarazo y de maternidad; la garantía de que se reincorpore a las mujeres al mismo puesto de trabajo o a uno similar una vez finalizados dichos períodos, y que las infracciones de esta exigencia sean efectivamente sancionadas.
Todo lo que no sea la adopción de dichas medidas supone para las mujeres que quieren compatibilizar la actividad laboral y la maternidad un castigo o una desventaja injustificada en su vida profesional y privada
Así vista, la protección efectiva de las trabajadoras embarazadas y de las madres jóvenes es una de las más importantes aportaciones a una política familiar activa.
Con respecto a la ampliación de la Comunidad hacia el Este y la protección en dichos países, quiero señalar que el mercado único no puede incidir negativamente en la posición de las mujeres embarazadas y de las madres jóvenes. Señor Presidente, señora Comisaria, en primer lugar quiero agradecer a la señora ponente el trabajo exhaustivo, serio y sin reticencias realizado con este informe.
Abordamos un tema muy sensible que guarda una estrecha relación con los problemas que se plantean periódicamente: el envejecimiento de la población, el desarrollo demográfico, la baja tasa de natalidad, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la maternidad, el valor social de la maternidad que no puede seguir siendo sólo un problema exclusivo de la mujer, sino que debe encontrar protección y apoyo en la sociedad. La Directiva de 1992, cuya aplicación en los Estados miembros hoy evaluamos, tiene como objetivo establecer las medidas mínimas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.
gpt

None of these necessary provisions must lead to discrimination against women or to a reduction of their chances of access to the workplace. Mr President, ladies and gentlemen, today we are debating the implementation of Council Directive 92/85/EEC of 19 October 1992, which is one of the most important directives in the field of the technical and health protection of workers.
I well remember its genesis and the problems that were discussed at the time. A positive aspect is that at that time, irrespective of the dispute about the legal basis, its importance to women workers in the single market was recognised and a first step was taken towards establishing minimum standards for the protection of pregnant workers and new mothers.
The Commission report before us continues to show up weaknesses in the implementation of the directive, which means we must increase our efforts to establish the protection of women during a special period of their life in law and in practice. Really it is very sad for a society to find we have to pay much greater attention to this area in particular. So I support the call to revise the directive as soon as possible. However, we will not manage it by the end of the year 2000.
Some of the demands that will have to be incorporated in a proposal for a revision of the directive are set out in the draft amendments before us, and the PPE Group can therefore support at least some of them. First and foremost, they include the call for a strict prohibition on dismissal during pregnancy and maternity leave, safeguards to ensure that on expiry of their leave the women will be reinstated in their job or given a comparable one and effective penalties for those who infringe that prohibition. For women who want to or have to reconcile working life and motherhood, anything else would mean penalising or unjustifiably discriminating against them in their occupational and private life. Seen in these terms, the effective protection of pregnant workers and new mothers is one of the most important contributions to an active family policy.
With a view to eastward enlargement and protection in those countries, let me also point out that the single market must not lead to discrimination against pregnant women and new mothers. Madam President, Commissioner, I would like to start by thanking the rapporteur for her thorough, responsible and unreserved report. This is an extremely sensitive issue which is closely related to other matters which are regularly referred to such as the ageing population, the demographic trend, the low birth rate, the right to health, the right to work, the right to motherhood and the social value of motherhood. This matter cannot be viewed as affecting women alone: they must be protected and supported by society.
The 1992 directive, whose implementation in the Member States we are assessing today, is intended precisely to introduce minimum measures to encourage the improvement of the health and safety of pregnant women and women who have recently given birth and are breastfeeding.