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Por lo que respecta a las reuniones, se han celebrado treinta que han reunido a cerca de 1.500 personas. Sobre la forma, este informe ha visto como su método era discutido. Algunos diputados hubieran deseado que no entrara demasiado en el meollo de la cuestión. Lo hemos debatido ampliamente en nuestra Comisión del Parlamento y la Comisión de Pesca finalmente -porque pienso que realmente no tenía otra elección- se ha adherido a la opinión del ponente, y cada uno ha podido defender muy normalmente sus posiciones en este asunto.
Sobre el fondo, se observa además que las discrepancias políticas un poco tradicionales son menores que las discrepancias nacionales, incluso regionales, dentro de cada uno de nuestros Estados, y esta es la razón por la que se han presentado numerosas enmiendas.
El estudio de estas enmiendas ha demostrado que las posiciones iniciales estaban a veces alejadas, pero el debate político ha permitido a los grupos acercarse y, por tanto, ha permitido un texto de apertura, una base de partida seria para iniciar, en comparación con los otros informes, la reforma de la política pesquera común. Leyendo las enmiendas y de un modo global, se observa que la mayor parte de las disposiciones votadas en Comisión recogen el punto de vista del ponente especificándolas o aclarándolas.
En los próximos meses se conocerán el Libro Verde -creo que será a finales de marzo de este año- y luego el texto legislativo durante el año 2002. Al día de hoy, en líneas generales se pueden distinguir dos escuelas. Una, que desea renovar todo el sistema y todas las bases que han constituido y que constituyen la política pesquera común y otra, que desea, sin cuestionar excesivamente sus fundamentos, especificar, modificar, mejorar el sistema para que el sector de la pesca continúe desarrollándose respetando, naturalmente, y preservando los recursos haliéuticos. A todos les consta que el sector europeo de la pesca debe afrontar los problemas por los que atraviesan la mayoría de las industrias pesqueras en el mundo, y no simplemente en nuestro continente o en nuestras aguas. La sobrepesca, que reduce reservas, capturas, ingresos, constituye la principal amenaza para el futuro de los recursos y del sector de la pesca propiamente dicho. La creciente competencia, asociada a la mundialización del mercado de productos pesqueros, constituye un reto suplementario. La mayor competitividad de la industria pesquera dependerá de la capacidad de adaptación, de lo que el sector tendrá que dar pruebas frente a las obligaciones impuestas a la vez por el estado de los recursos y por la demanda comercial. La política pesquera común es el instrumento de gestión del que la Unión se ha dotado para reglamentar la pesca y la acuicultura.
Esta política se ha concebido para administrar un recurso común y respetar las obligaciones incluidas en los primeros tratados europeos. El informe refleja, por tanto, las reflexiones sobre los cuatro aspectos de la política pesquera común: conservación y gestión del recurso, política de estructuras, organización de los mercados, relaciones con terceros países.
De forma global, se pide la renovación en sus orientaciones generales de la política de la Unión en el ámbito de la pesca. Es el hilo conductor.
El principio de precaución, novedad reciente, si pude decirse así, está incluido abiertamente, así como la voluntad de desarrollar una pesca responsable. Muy especialmente, su ponente subraya algunas propuestas, principalmente el mantenimiento del statu quo sobre las 6/12 millas.
Igualmente para el mantenimiento de zonas de veda después de las comprobaciones científicas, forzosamente con la cuestión del acceso al mar del Norte que va a ser más vigoroso, habida cuenta de las ampliaciones. Mantenimiento del principio de los TAC y de las cuotas, pero a condición de revisarlo. Desconfianza ante las cuotas individuales transferibles y revisión más profunda de los POP, armonización de los controles y de las infracciones y, desde luego, compromiso sobre los acuerdos de pesca y programas de acciones específicamente consagrados al Mediterráneo.
Añado, y con esto termino, la cuestión de la regionalización, que no se quiere ver como una renacionalización, como ha dicho el Sr. Gallagher, y, al mismo tiempo, de la introducción, más de lo que se hace actualmente, de medidas sociales en la política pesquera común.
El Sr. Gallagher y yo mismo hemos podido dar la impresión de que nos repetimos.
La política consiste en repetirse y en contradecirse. Nosotros hemos decidido repetirnos.
Señor Presidente, señor Comisario, tan sólo quisiera pedir su comprensión para que, antes de entrar en el tema de mi informe, se me conceda un minuto para hablar de la cuestión de Marruecos, porque quiero expresar mi felicitación efusiva al Comisario Fischler por el empeño que ha puesto en las negociaciones para la renovación del acuerdo de Pesca con Marruecos, que se debe hacer extensiva también a la Dirección General de Pesca de la Comisión.
Desde el comienzo de las negociaciones, topamos con una postura intransigente de los negociadores marroquíes, que utilizaron con nosotros argumentos de "sostenibilidad de los recursos haliéuticos" para reducir las posibilidades de acceso a la flota pesquera de la Unión Europea. Ahora bien, sabemos que no eran ésos los verdaderos argumentos, pues no utilizaron los mismos criterios con otros terceros países con los que concertaron acuerdos y en acuerdos privados con diversas empresas, algunas de ellas de la Unión Europea. Dada la importancia del acuerdo de Marruecos para la economía pesquera de la Unión Europea, se debería, desde luego, haber concedido a esa cuestión una gran prioridad política de primer plano en el propio Consejo Europeo, en el Consejo de Asuntos Exteriores, además, naturalmente, del Consejo de Pesca.
Y la impresión que tengo es la de haber visto prácticamente solo en esa lucha al Comisario Fischler y a sus servicios, además de una intervención -aunque importante, más esporádica- del Presidente de la Comisión.
En verdad, no se entiende que, siendo la Unión Europea la patria de tantos millones de marroquíes y concediéndose a ese país tantas facilidades comerciales para el acceso de sus productos a nuestro mercado, haya habido por su parte una falta tan grande de reciprocidad para con nuestra postura de apertura y cooperación. Por eso, había importantes bazas políticas que jugar por parte de las autoridades comunitarias en el más alto nivel, con el auxilio de los Estados miembros más interesados. Pero hemos visto que no se han jugado dichas bazas.
¿Por qué? En su momento veremos por qué, pero, en cualquier caso, deseo ardientemente que se llegue rápidamente a una negociación razonable.
Pasemos ahora al tema de mi informe: Guinea-Bissau. El protocolo que rige las relaciones de pesca entre la Unión Europea y la República de Guinea-Bissau fue firmado en junio de 1997, entró en vigor en diciembre de ese año y tiene validez hasta junio del corriente año.
gpt

Thirty meetings were held, attended by nearly 1 500 people. With regard to the form of proceedings, the method of the report was discussed. Some Members would have preferred not to examine the subject in too much depth. We debated the matter at great length within the parliamentary committee and, in the end, the Committee on Fisheries went along with the opinion of the rapporteur - as, in my view, there really was no other option - with everyone able to argue their own corner on the subject, just as usual.
With regard to the substance, however, national and even regional differences within the Member States were seen to be more intense than the rather traditional political differences, and that is why a number of amendments were tabled.
These amendments show that, although the original positions were sometimes far apart, the political debate allowed groups to be reconciled, leading to an open-minded text which provides a sound starting point, along with the other reports, from which to undertake the reform of the common fisheries policy. Looking at the amendments and more generally, most of the provisions voted on in committee adopt the rapporteur' s point of view, with some additional specification or clarification.
A Green Paper is due to be issued in the coming months - at the end of March of this year, I believe - followed by the legislative text in the course of 2002. At the moment, two main schools of thought are discernible. The first would like to see a thorough re-evaluation of the entire system and all the foundations, past and present, of the common fisheries policy. The second, while avoiding a complete re-examination of the existing foundations, would like to see the system clarified, amended and improved so that the fisheries sector can develop while, of course, preserving fish resources. Quite obviously, the European fisheries sector has to deal with the problems that most other fishing industries throughout the world are currently experiencing. They do not affect just our continent or our waters. Overfishing reduces stocks, catch sizes and revenue, and is the main threat as far as the future of resources and the fishing industry proper are concerned.
Increased competition, associated with the globalisation of the market in fishery products, is a further problem. If the fisheries industry is to become more competitive, it will depend on the sector' s ability to adapt in order to face up to the constraints imposed by both the state of its resources and by commercial demand. The common fisheries policy is the European Union' s management tool for regenerating the fisheries industry and aquaculture.
This policy was drawn up in order to manage a common resource and to respect the commitments laid down in the first European Treaties.
The report, therefore, expresses views on the four aspects of the common fisheries policy, which are conservation and management of resources, structural policy, market organisation and relations with third countries.
Review of the main areas of the Union' s fisheries policy is called for throughout. That is the guiding principle. The precautionary principle, the latest thing, so to speak, is clearly included, as is the commitment to developing a responsible fisheries policy.
 
In particular, I would like to highlight some suggestions, especially maintaining the status quo position on the 6/12-mile zone; maintaining boxes after scientific checks have been carried out along with, inevitably, the issue of access to the North Sea, which will be more difficult in view of our enlargement plans; maintaining the system of TACs and quotas, on condition that they be reviewed; vigilance regarding individual transferable quotas and a thorough review of the Multiannual Guidance Programmes; harmonising inspections and infringements and, of course, committing to fisheries agreements and action programmes specifically designed for the Mediterranean. I should like to finish by adding, as Mr Gallagher said, that we do not wish to see regionalisation become renationalisation nor do we wish for further social measures to be introduced into the common fisheries policy. Perhaps Mr Gallagher and I have given the impression that we are repeating ourselves. Politics involves repeating oneself and contradicting oneself. We have opted to repeat ourselves. Mr President, Commissioner, I simply wish to ask for your understanding so that before I embark on the subject of my report, I may take a minute to speak about Morocco. I should like to warmly congratulate Commissioner Fischler for the commitment he has demonstrated in the negotiations to renew the fishing agreement with Morocco, but these thanks should also go to the Commission's entire Directorate-General for Fisheries. From the start of the negotiations we were faced with intransigence on the part of the Moroccan negotiators, who presented arguments such as "the sustainability of fishing stocks" to reduce access for the European Union' s fishing fleet.
However, we know that these were not the real arguments, since they did not apply the same criteria to other third countries with which they concluded agreements nor to private agreements with various operators, including some from the European Union.
Given the importance of the agreement with Morocco to the European Union' s fishing industry, this issue should have immediately been raised as a matter of great political priority within the European Council itself, in the Foreign Affairs Council and, of course, in the Fisheries Council.
My impression is that Commissioner Fischler and his staff stood practically alone in this struggle, apart from one important but isolated speech by the President of the Commission.
It is incomprehensible, given that the European Union is home to so many millions of Moroccans and that we have provided that country with so many trade concessions to ensure its products access to our market, that they should have reciprocated our openness and cooperation so little.
This meant that the Community authorities at the highest level had major political trump cards to play, with the help of those Member States most closely concerned. We see now, however, that these cards were not played.
Why was this the case? In time we will see why, but in any event, I fervently hope that we can rapidly negotiate a reasonable agreement.
Let us now proceed to the subject of my report, which is Guinea­Bissau. The protocol governing fishing arrangements between the European Union and the Republic of Guinea­Bissau was signed in June 1997 and came into force in December of that year, remaining valid until June this year.