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Las disposiciones específicas, como, por ejemplo, las del Derecho sobre medio ambiente, sólo deberían producirse a titulo excepcional en casos necesarios.
En este sentido, en 1998 se instituyó una acción conjunta, la Red Judicial Europea, que ha iniciado su trabajo y que despliega numerosas actividades encaminadas a facilitar la asistencia jurídica y el intercambio. Naturalmente, en opinión de la Comisión, esto se ha de seguir desarrollando.
Junto a los convenios existentes en el Derecho Internacional sobre la asistencia jurídica y el reconocimiento mutuo de sentencias están previstas en este ámbito otras acciones de la Comunidad. La Comisión considera muy elogiable la primera parte de la iniciativa de Dinamarca. Efectivamente, hasta ahora el medio ambiente no está protegido en modo alguno penalmente como bien jurídico en todos los Estados miembros. Mientras algunos Estados miembros han introducido en su Derecho Penal delitos específicos contra el medio ambiente, no sucede lo mismo en otros. Por consiguiente, un delito grave contra el Derecho medioambiental no es necesariamente punible en todos los Estados miembros.
Naturalmente, esto constituye en parte, francamente, un estímulo para los delitos medioambientales transfronterizos. El déficit de realización que, en conjunto, tenemos en la protección del medio ambiente no puede superarse, naturalmente, sólo mediante medidas penales, pero también aquí esta decisión marco aportaría seguramente nuevos impulsos. El la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor y en la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores se ha abordado la cuestión de si el actual Derecho comunitario del primer pilar no contiene ya obligaciones suficientes de los Estados miembros.
gpt
 Special provisions, such as in environmental law, should only be made when required and as an exception.
With this in mind, the European Judicial Network was established in 1998 through a joint action. It has started its work and is developing many activities to make legal assistance and the exchange of information easier. Of course, the Commission takes the view that this must be developed further. As well as the international convention already in existence on legal assistance and mutual recognition of judgements, further Community actions are planned in this area.
The Commission very much welcomes the first part of Denmark' s initiative.
Until now, the environment has certainly not been protected as legal property by criminal law in all Member States. While some Member States have specified particular environmental offences in their criminal law, this is not the case with others.
A serious breach of environmental law is therefore not necessarily punishable in every Member State.
This is then naturally to some extent an incentive for cross­border environmental crimes. The overall lack of enforcement in environmental protection cannot, of course, be corrected by criminal law measures alone, but here too, this framework decision would certainly provide new impetus.
In the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy and the Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs, the question has already been raised as to whether the existing Community law of the first pillar already contains adequate obligations for the Member States.