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(SV) Nos hemos abstenido en la votación del informe de Jan Andersson sobre una estrategia concertada para la modernización de la protección social. Tenemos una actitud positiva hacia la Unión Europea. Como liberales suecos, vemos la integración europea como una posibilidad para resolver problemas que traspasan las fronteras de los países, tales como el medio ambiente, el comercio, la circulación a través de las fronteras, los derechos humanos y el manejo de los conflictos. En esto, las democracias europeas pueden demostrar al mundo que la cooperación conduce a la paz y a un mayor bienestar.
También creemos en el principio de la subsidiariedad, esto es, que las decisiones deberán tomarse tan cerca como sea posible de aquellos a quienes van a afectar.
Por eso impulsamos enérgicamente la idea de una constitución de la Unión Europea, en la que claramente se señalen las responsabilidades.
Tiene que estar absolutamente claro para los ciudadanos que la UE sólo se encargará de los asuntos que conoce mejor: los que traspasan las fronteras. Todos los demás deben ser resueltos en el ámbito local, regional o nacional. La política social es un ejemplo de un sector en el que la UE sólo debe tener competencia limitada, salvo cuando atañe a la libre circulación de los ciudadanos. Los Estados miembros deben tener la responsabilidad total y el derecho a decidir acerca de sus propios sistemas de protección social.
La sanidad y la atención infantil y de ancianos son claros ejemplos de sectores que no tienen carácter internacional.
Lo mismo vale para la política de mercado laboral.
No creemos que una legislación europea común en estas materias sea la solución para los problemas de los sistemas de protección.
Para nosotros, en cambio, es importante que la UE se concentre en pocos sectores, en aquellos en los que realmente pueda ser útil.
Sin embargo, no hay impedimentos para que los países miembros colaboren e intercambien ideas en temas de carácter social.
Tradicionalmente, los liberales hemos dado especial relevancia a los asuntos relativos a la protección social y a la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
Damos nuestro incondicional apoyo, en el ámbito nacional, a muchas de las ideas contenidas en el informe del Sr. Andersson.
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(IT) Miramos con interés y esperanza la estrategia concertada para modernizar la protección social en Europa no disociada, sin embargo, de un proceso de cohesión análogo: una modernización y una cohesión evidenciadas en el informe por el ponente, con el que coincidimos.
Muchas políticas ya han tomado, aunque fatigosamente, este último camino, pero muchas tendrán que embocarlo antes de que Europa, aun en la subsidiariedad, se convierta realmente en una casa común no solo para los ciudadanos de los Estados miembros, sino también para los ciudadanos de los países candidatos. Por otra parte, los sistemas de protección social europeos siempre han desempeñado un papel positivo en los procesos de desarrollo civil y democrático de cualquier pueblo y si hoy, frente a las evoluciones de la economía, del trabajo, de las necesidades de la sociedad, dichos sistemas han de seguir desempeñando su papel de coadjutores del desarrollo, no hay duda de que precisan una acción de modernización. Sin embargo, los aspectos que queremos destacar son sustancialmente tres: el primero se refiere a la estrecha interdependencia que debe existir, en términos directamente proporcionales, entre las políticas económicas, de trabajo y de protección social. El segundo atañe a la gestión de los sistemas de protección social y a los sujetos que la llevan a cabo. De hecho, en la actualidad, se actúa con una cada vez mayor intensidad y eficacia en los ámbitos de previsión complementaria e integradora. Pero lo que, en nuestra opinión, no puede atenuarse es el papel del sujeto público tanto por la universalidad como -esperemos- por la calidad de las prestaciones de protección social básicas.
Éste es, en definitiva, un principio de justicia que afecta a la sanidad y a los regímenes de pensiones, así como a la asistencia en que sigue siendo ineludible la coordinación estratégica, aunque renovada, del sujeto público. Es tercer aspecto se refiere al principio de subsidiariedad en el que se asienta Europa.
Hasta la fecha no existe una estrategia de protección y de seguridad social común y los sistemas vigentes se basan sustancialmente en la acción y la solidaridad interna de cada uno de los Estados miembros. Un proceso de modernización de dichos sistemas no puede ignorar las diferencias en términos económicos, de trabajo y de protección social existentes entre cada uno de los Estados, ya se trate de miembros o candidatos. Por lo tanto, es preciso que la modernización, estrechamente ligada a un proceso de cohesión y moviéndose desde bases diferentes, quiera o sepa acelerar evoluciones hacia arriba y no viceversa.
Por otra parte, es una cuestión de civilización, de progreso y de dignidad común de la Unión Europea actual y de la futura ampliada.
gpt
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(SV) We have abstained from voting for Jan Andersson' s report on a coordinated strategy for modernising social security.
We are basically well disposed towards the European Union.
As Swedish Liberals, we see European integration as an opportunity to find solutions to cross-border problems such as the environment, trade, movement across borders, human rights and conflict management. In these areas, Europe' s democracies have a chance to show the world that cooperation leads to peace and increased prosperity. We also believe in the principle of subsidiarity whereby decisions are to be taken as close as possible to those they affect. That is why we are actively pursuing the issue of a constitution for the European Union where the distribution of responsibilities is clear for all to see.
It must be perfectly clear to all citizens that the EU will only become involved in those issues it is best qualified to deal with, which is to say cross-border issues. All other questions ought to be dealt with at local, regional or national levels.
Social policy is an example of an area in which the EU ought only to have limited powers, except where it is a question of freedom of movement for people within the Union.
Each Member State ought to have full responsibility for, and the right autonomously to decide upon, its social security systems.
Health care, child care and care of the elderly are clear examples of areas which are not obviously transnational.
The same applies to labour market policy.
We do not believe that common European legislation in these areas is a solution to the problems involved in designing systems of social security. For us, it is important that the EU should instead concentrate on just a few areas in which it can really be of use.
That does not, however, prevent the Member States from cooperating and exchanging ideas in the social sphere.
Equality and social security are issues which are traditionally high on our Liberal agenda.
We wholeheartedly support, at national level, many of the ideas presented in Mr Andersson' s report.
. (IT) The report gives a clear impression that the concerted strategy for modernising social protection in Europe will be accompanied by an analogous process of cohesion. We therefore view it with interest and hope and commend its intentions.
Numerous policies have already gone in this direction, albeit laboriously, and many more still need to do so before Europe, in terms of subsidiarity, is seen as one house, not only by its own people, but also by those in the candidate countries.
Moreover, the European welfare systems have always played a constructive role in the social and democratic development of each nation. Consequently, if such systems are to continue to sustain development in the future, in light of the economic and employment changes taking place, as well as the requirements of society, modernisation is absolutely essential. There are three main aspects that need to be highlighted. The first is that economic policy, employment and social protection should be strictly interdependent in a way that is directly proportional. The second concerns the management of welfare systems and those who operate them. Nowadays, it is becoming more commonplace, as well as efficient, to operate complementary and integrated protection schemes. But, in our view, that does not mean that the role of the public authority should be reduced, either as regards the universality or, we hope, the quality of the basic social protection provided.
It is, to a large extent, a principle of justice that imbues both health and pension schemes as well as social assistance, where, in particular, strategic coordination by the public authority is essential, even though it has been modernised.
The third aspect concerns the principle of subsidiarity that underpins the European Union.
Today, a common strategy for social protection is sadly lacking, and the current systems are, in the main, run according to the actions and unity of purpose of individual Member States.
Therefore, any modernisation process has to take account of economic, employment and social protection differences between the various countries, whether Member States or candidate countries.
What is required is that those responsible for the modernisation process, which continues to be closely linked to the promotion of social cohesion despite the underlying differences, should have the will and the know-how to ensure that changes are for the better and not for the worse. It is, after all, a matter of civilisation, progress and common dignity for the present European Union and a future enlarged community.