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 También quisiera dar las gracias a la secretaría de la comisión parlamentaria por su amplia ayuda y por el desglose estadístico que ha preparado y que, he de confesar, no soy yo quien lo ha hecho. Ruego a los diputados que no están familiarizados con la labor de la Comisión de Peticiones que lean esos informes.
Quizá les ayude a prestar un servicio al pueblo que representan.
También quisiera señalar a su atención el espacio Web mencionado, que se ha instalado en virtud de la iniciativa europea Direct, que puede facilitar informaciones útiles y quizá incluso evitar la necesidad de presentar una petición o que puede confirmar su utilidad como medio de información apropiado. La necesidad de ese tipo de información es cada vez mayor, a medida que la gente se da más cuenta de la importancia y pertinencia de la Unión Europea.
La finalidad de la Comisión de Peticiones propiamente dicha es brindar un servicio bueno y eficaz a las personas de la Unión Europea y a la sociedad civil en general.
Cualquier persona, ciudadano, residente o grupo puede presentar una petición al Parlamento si estima que el derecho comunitario o sus principios no se están aplicando debidamente en cualquier nivel. El año pasado recibimos 958 peticiones de las que 492 fueron consideradas admisibles.
Mencionaré solamente dos de ellas para demostrar la gama de tópicos y la eficacia potencial del mecanismo.
Un demandante británico consiguió que las autoridades francesas reconocieran sus años de experiencia docente, lo que probablemente influyó en su remuneración y en sus perspectivas de ascenso. También hubo una petición de un ciudadano español, cuya labor para una asociación ecológica se tradujo en la presentación de una denuncia de infracción contra las autoridades españolas en relación con la Directiva Habitats, causa frecuente de reclamaciones -la Directiva, no las autoridades- que suelen tener efectos duraderos en el país. Ésos son los casos que proporcionan valiosas informaciones al Parlamento Europeo y a las demás instituciones sobre la forma en que trabaja nuestra legislación para beneficio del individuo y de la sociedad, o con otro resultado diferente, según sea el caso. No podríamos desempeñar eficazmente nuestro cometido en esa comisión parlamentaria sin el apoyo de numerosos funcionarios de la Comisión que investigan casos e incoan actuaciones judiciales cuando es necesario.
Quiero dar las gracias a todos. Sabemos que podríamos proporcionar un servicio más rápido y eficaz si los Estados miembros pudieran responder de la misma manera a nuestras peticiones de información y de explicaciones. En un caso del que nos estamos ocupando hemos tardado 14 meses en recibir la respuesta a una carta, y eso no es poco corriente. Por eso estamos recomendando que el Consejo o una representación permanente apropiada también debería estar representado en nuestras reuniones para que puedan hacerse una idea mejor de los problemas con que se enfrentan los ciudadanos y puedan responder a ellos con efectividad. Si el Consejo estuviera aquí, señalaría a su atención los puntos 8 y 10 del informe. La finalidad de la comisión parlamentaria es mejorar la calidad general de nuestros mecanismos de información.
Algunas de nuestras ideas están mencionadas en el informe. Otras aparecerán en otro informe del Sr. Perry y la Sra. Keßler que se examinará en septiembre. Proponemos, como propusimos el año pasado, el establecimiento de una base de datos para que los demandantes y los diputados puedan seguir la aplicación de los informes y comprobar en qué consisten los problemas. Confiamos en que las autoridades competentes lo tengan en cuenta este año y adopten medidas en relación con la propuesta.
Hay una serie de cuestiones relativas a nuestras relaciones con otras comisiones parlamentarias.
Les pedimos que recurran a la Comisión de Peticiones más a menudo para expresar su opinión sobre esferas determinadas que suscitan preocupación. Nos gustaría participar en la preparación de informes conjuntos sobre esferas de interés particular como el medio ambiente, la seguridad social, la protección de los consumidores, etc. También quisiéramos aprovechar la experiencia adquirida por los miembros de nuestra comisión parlamentaria en su labor en otras comisiones del Parlamento para instituir un sistema de ponentes o algo parecido para el examen de cuestiones concretas. También desearíamos establecer vínculos con comisiones de peticiones de otros Estados miembros, a fin de intercambiar conocimientos y buenas ideas. En la comisión parlamentaria estimamos que las peticiones ofrecen un instrumento valioso de promoción de la democracia en una institución considerada a menudo como algo remoto y anónimo.
Necesitamos dar a ese mecanismo el valor que le corresponde y aprovechar la experiencia de las personas que representamos, como se indica en las peticiones que nos hacen para mejorar nuestra labor en general. Recomiendo este informe al Parlamento.
. (SV) Señor Presidente, señora Comisaria, señor Defensor del Pueblo, el criterio de la ponente y de la comisión acerca del informe del Defensor del Pueblo del año 1999 -un año caracterizado por crisis en las instituciones comunitarias y por una gran desconfianza en la administración- es que los ciudadanos sólo entenderán que se justifica la integración europea si se les conceden derechos que les permitan participar activamente en el diálogo político con las instituciones. Sin embargo, el diálogo político no será un diálogo verdadero si los ciudadanos carecen del derecho a la información y de acceso a los documentos y si sus opiniones no se toman en cuenta ni se tratan con seriedad. ¿Qué tiene que ver esto con las tareas del Defensor del Pueblo? Según el Tratado, la misión del Defensor del Pueblo consiste en examinar los casos de irregularidades administrativas en las instituciones y órganos comunitarios.
A instancias del Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo definió en su informe del año 1997 el concepto de "irregularidades administrativas" .
Ellas se producen cuando un órgano público no actúa en conformidad con una regla o principio obligatorio.
Durante el anterior mandato del Defensor del Pueblo, las instituciones acordaron aplicar esta definición, constituyendo, actualmente y en el futuro, la base sobre la que se asientan sus actividades. La comisión hace hincapié en el informe en que esta definición consensuada de "irregularidades administrativas" también implica el derecho a examinar cómo las instituciones interpretan el derecho comunitario.
gpt
 I should also like to thank the secretariat of the committee not least for the statistical break-down which is provided there which, I must confess, is not my own work. I would urge Members who are not familiar with the Committee on Petitions to read these reports. It might well be of use to them in providing a service for the people they represent. I would also draw their attention to the website mentioned, set up under the Europe Direct initiative, which could provide useful information and possibly avoid the need for a petition or indeed confirm it as an appropriate vehicle. There is a growing need for such information as people become more aware of the importance and relevance of the European Union level.
The aim of the Committee on Petitions itself is to provide a good and effective service for individuals within the European Union and for civil society generally.
Any individual, citizen, resident or group may petition Parliament if they feel that Community law or principles are not being properly applied at whatever level. Last year we received 958 petitions of which 492 were considered admissible.
I will mention just two of them to demonstrate the range of the topics and the potential effectiveness of the mechanism.
We had one British petitioner who succeeded in getting her years of teaching experience recognised by the French authorities, presumably affecting her salary and promotion prospects.
In another case a petition from a Spanish citizen, acting for an environmental association resulted in infringement proceedings being brought against the Spanish authorities in relation to the Habitats Directive, a frequent cause of complaint - the directive, not the authorities - with lasting national effect.
It is such cases which provide valuable feedback to the European Parliament and the other institutions as to how our legislation works to the benefit of the individuals and society, or not, as the case may be.
We could not do our work effectively on this committee without the support of numerous Commission officials who investigate cases and instigate proceedings where necessary. I wish to express our thanks. We know we could provide a more rapid and effective service if Member States could provide an equally committed response in replying to requests for information and explanation. In one case we are currently dealing with it has taken 14 months to get a reply to a letter. That is not unusual.
That is why we are recommending that the Council or relevant permanent representation should also be represented at our meetings so that they develop a greater understanding of the problems citizens face and respond effectively. I would draw the Council's attention to points 8 and 10 of the report - if it was here. The aim of the committee is to improve the overall quality of our feedback mechanisms.
Some of our ideas are mentioned in this report.
Others will appear in a further report in September from Mr Perry and Mrs Keßler.
We are proposing, as we did last year, a database mechanism so that petitioners and Members can track the progress of reports and see where the problems lie. We trust that the relevant authorities will bear this in mind this year and act on the proposal. There are various points concerning our relations with other committees.
We would ask them to call on the Committee on Petitions more often to express an opinion on certain areas where concern has arisen.
We would like to be involved in preparing joint reports on areas of particular concern such as the environment, social security, consumer protection and so on. We would also wish to use the experience of our committee members through their work on other committees of Parliament to institute a rapporteur-style system for specific topics. We are also keen to establish links with petitions committees in other Member States, with a view to exchanging good ideas and understanding. We consider as a committee that petitions are a valuable and empowering tool for democracy in what can often feel like a remote and anonymous institution.
We need to value this mechanism and use the experience of the people we represent, as expressed through their petitions to improve our work as a whole.
I commend the report to the House. Mr President, Commissioner and Mr Söderman, the rapporteur' s and the committee' s understanding of the Ombudsman' s report for 1999 - the year characterised by crises within the EU institutions and by an immense distrust of the administration - is that the citizens will only view European integration as legitimate if they have rights that mean they can actively participate in a political dialogue with the institutions. The political dialogue is not, however, a real dialogue if the citizens do not have the right to receive information and to have access to the documents that they ask for and if the opinions they express are not paid attention to, discussed or taken seriously.
What has all this got to do with the Ombudsman' s task? The Ombudsman' s task is, of course, according to the Treaty, to investigate cases of maladministration within the Community institutions and within the public bodies. At the request of the European Parliament, the Ombudsman gave a definition of the term "maladministration" in the annual report for 1997. These cases occur when a public body fails to act in accordance with a rule or principle that is binding upon it. During the Ombudsman' s last period of office, the institutions agreed to apply this definition, and it is now, and will be in the future, the basis for the Ombudsman' s activity.
In the report, the committee stresses that this jointly approved definition of "maladministration" also involves the right to inspect how the institutions have interpreted Community law.