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 Al proponer una resolución para apoyar el proceso de paz en Colombia, la Comisión de Desarrollo y Cooperación rompe con la lógica asesina del plan Colombia.
Tenemos que apoyar las propuestas de reforma agraria, el apoyo a los procesos de paz, relacionados con los países limítrofes. Los recursos concedidos por la Unión europea deberán pues controlarse para asegurarse de que no se utilicen con fines represivos.
Pero sólo condenando a los grupos paramilitares e instaurando un diálogo con los FARC y el ELN se podrá dar un primer paso hacia la paz. En cuanto a la lucha contra el tráfico de droga y los verdaderos narcotraficantes, exige medidas radicales: lucha real y eficaz contra el blanqueo de dinero que así se obtiene, instauración de un impuesto Tobin sobre los movimientos de capitales que permitiría, por su redistribución, satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. Señor Presidente, me pregunto por qué el Sr. Fantuzzo no tiene nada que decir a este respecto.
Pensaba que tendría un minuto que compartir con nosotros. Se nos está privando de algo puesto que no disponemos de ninguna explicación del sentido en el que ha votado el Plan Colombia. Me pregunto, apelando a usted, Presidente, si es posible pedirle que explique a la gente aquí reunida la forma en que ha votado, porque es importante que lo sepamos. Sí, sé que todos los colegas tienen derecho a explicar su voto, y el Sr. Fatuzzo tiene derecho a "no explicar" algunos votos, y se lo agradecemos. Informe Ferri (A5-0398/2000)
Dinamarca mantiene una reserva judicial, lo que significa que no deseamos dar a la UE competencia en materia judicial, sin embargo, la delincuencia transfronteriza es un problema en vertiginoso aumento que hace necesaria la cooperación entre los Estados miembros.
El que haya elegido votar a favor de este informe y de sus recomendaciones, aunque, sin embargo, me haya abstenido en la votación del punto 5 relativo a un Ministerio fiscal comunitario para la UE, es debido a que durante estos años Dinamarca se ha visto azotada por la presencia de un gran número de delincuentes extranjeros a los que nuestro obsoleto sistema judicial y una legislación demasiado blanda no están en condiciones de detener. Nunca antes hemos visto una brutalidad, cinismo y desdén por la vida humana como las que vemos ahora con relación al tráfico de drogas, la trata de blancas, el contrabando de inmigrantes, el terrorismo, el blanqueo de dinero y los robos contra los ciudadanos del país. Al tener Dinamarca el sistema más indulgente, los delincuentes afluyen atraídos por el principio de la mínima resistencia. La mayoría de nuestros políticos no quieren afrontar la realidad y tratan de hacer creer a los electores que las convenciones internacionales nos impiden proteger a nuestros honrados y pacíficos ciudadanos. Esta iniciativa comunitaria es necesaria para impulsar la restauración de la ley y del orden en Dinamarca.
Estamos obligados a llegar junto a nuestros socios europeos en este trabajo común a un nivel que de a los estados de derecho más poder que a los delincuentes.
. (EN) Los diputados británicos laboristas del PSE apoyan el espíritu de esta resolución, pero tienen reservas acerca de alguno de sus contenidos. No apoyamos la inclusión del Fiscal europeo en este texto (parágrafo cinco).
La resolución persigue otorgar a tal órgano poder sobre el territorio de los Estados miembros, lo que constituye una inadecuada respuesta a la cooperación entre las naciones que el informe demandaba. La legitimidad de tal órgano para imponerse a las sentencias judiciales nacionales sería cuestionable y la discreción judicial de las instituciones legales de los Estados miembros debería ser preservada.
Además algunos fragmentos del texto son potencialmente ambiguos en áreas de confusión legal, por ejemplo, en parágrafo nueve sobre sanciones indirectas aplicables a Estados miembros (parágrafo nueve) y la petición de extender los poderes de las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia sobre instrumentos acordados fuera de la esfera de la UE. Por último, los diputados laboristas británicos apoyan la cooperación en asuntos penales, pero guardan reservas en relación con la referencia a la "armonización de las leyes penales" del parágrafo trece, que sugiere que los Estados miembros deberían homogeneizar en toda la UE el derecho penal.
Mientras esto puede ser deseable en algunas áreas, la cooperación en asuntos penales debería centrarse en compartir información, coordinar órganos con una cierta aproximación de normas cuando sea beneficioso, pero no como una norma general. En la Propuesta de resolución del Sr. Ferri, la necesidad real de combatir la delincuencia organizada es la excusa para activar y ampliar los mecanismos de represión estatales e interestatales y para abolir todo rastro de soberanía nacional.
En la propuesta se solicita que se tomen medidas para superar el mal funcionamiento en la aplicación de la institución de la asistencia judicial penal, el refuerzo del papel y la ampliación de las competencias del Tribunal de las Comunidades Europeas, la materialización de la institución del Fiscal Europeo, la aceleración de los procesos de convergencia de la legislación penal de los Estados miembros, etc, etc. Se trata de instituciones que infringen crudamente la soberanía nacional de los Estados miembros y los principios básicos de la administración de la justicia que datan de la revolución francesa.
Todo esto se hace en nombre de la construcción del llamado "espacio de libertad, de justicia y de seguridad" tal como se proyectó en el Tratado de Amsterdam y en la Cumbre de Tampere.
Sólo que debe añadirse que "...para el nuevo orden, en la época post-UEM".
Para los pueblos de Europa en realidad se está construyendo, piedra a piedra, un espacio "de falta de libertad, de falta de seguridad y de injusticia".
Esto también se nota por el hecho de que el llamado "terrorismo" (naturalmente tal como lo entienden los redactores de los textos relativos que nunca han querido - por razones evidentes - concretar un concepto jurídico antes de incluirlo en los crímenes penados) se identifica con el crimen organizado.
Con la excusa de acabar con el terrorismo aspiran, por una parte, a golpear cualquier tipo de resistencia política, de lucha social masiva y de desobediencia a sus opciones, y por otro lado, a hacer más digeribles para la conciencia de los pueblos, las medidas retrógradas tomadas.
gpt
 By proposing a resolution designed to bolster the peace process in Colombia, the Committee on Development and Cooperation has dissociated itself from the murderous intent of Plan Colombia. We cannot but endorse the proposals for agrarian reform and support for the peace process in association with Colombia' s immediate neighbours.
The resources allocated by the European Union will naturally have to be monitored with a view to ensuring that they are not used to fund repressive measures.
The only way to take the first step towards peace, however, is to condemn the paramilitary groups and to enter into dialogue with the FARC and ELN.
The fight against drug trafficking and the real drug barons demands radical measures, specifically resolute and effective action against the laundering of profits from trafficking and the introduction of a Tobin tax on movements of capital, which, by redistributing such income, would help to satisfy the needs of the entire Colombian people.
Mr President, I wondered why Mr Fatuzzo has nothing to say on this. I would have thought that he would have had a minute to share with us. We are being deprived because we have no explanation of how he voted on the Plan Colombia. I wonder through you, President, if it is possible to ask him if he could explain to assembled masses here how he voted, because it is important that we know.
Yes, I know that every Member has a right to explain his or her votes. Mr Fatuzzo also has the right to refrain from explaining particular votes, and we thank him for doing so.
Ferri report (A5-0398/2000)
Denmark has a legal opt-out, meaning that we do not want to give the EU authority in the legal sphere. However, cross-border crime is a dramatically increasing problem, necessitating cooperation between the Member States. If I have chosen to vote in favour of this report and its recommendations but not in favour of paragraph 5 concerning a common Public Prosecutor' s Office for the EU, it is because we in Denmark have been afflicted in recent years by a large number of foreign criminals whom our old-fashioned judicial system and unduly lenient legislation are in no position to stop.
We have never before seen such brutality, cynicism and contempt for human life as we are now seeing in connection with drug trafficking, trafficking in women, the smuggling of human beings, terrorism, money laundering and robbery of our country' s citizens. Since Denmark has the most indulgent legal system, criminals are flooding in on the principle of least resistance.
The majority of our politicians do not want to look reality in the face and they try to make people believe that international conventions prevent us from protecting our peaceful and decent citizens. This EU initiative is necessary for giving an impetus to the recreation of law and order in Denmark. We are obliged to get together with our European partners and combine our efforts at a level which gives constitutional states more power than criminals. . The UK Labour Members of the PES support the spirit of this Resolution, but have reservations regarding some of its content.
We do not support the inclusion of the European Public Prosecutor in this text (paragraph five). The Resolution seeks to give such a body power over Member States' territories, which is an inappropriate response to the cooperation between nations the Report called for. The legitimacy of such a body to override national judicial rulings would be questionable, and the judicial discretion of Member States' legal authorities should be preserved. In addition, some parts of the text are potentially ambiguous with areas of legal confusion e.g. paragraph nine on indirect sanctions to be applied to Member States (paragraph nine) and the call to extend the powers of the European Court of Justice in its rulings over instruments decided outside the sphere of the EU.
Finally, the UK Labour Members support cooperation in criminal matters, but have reservations concerning the reference to the 'harmonisation of criminal laws' in paragraph thirteen, which suggests that Member States should standardise criminal law throughout the EU. Whilst this may be desirable in some areas, cooperation in criminal matters should focus on information sharing, coordination of bodies with some approximation of laws where this is beneficial, but not as a general rule.
. (EL) In the motion for a resolution in Mr Ferri's report, the real need to fight organised crime is used as a pretext to extend and mobilise the instruments of national and transnational repression and suppress any form of national sovereignty. The motion calls for measures to abolish malfunctions in the application of the system of mutual judicial assistance, strengthen the role and extend the powers of the Court of Justice, set up a European Public Prosecutor's Office, speed up the harmonisation of the criminal legislation of the Member States and so forth. These are institutions which cruelly violate the national sovereignty of the Member States and the basic principles which have governed judicial proceedings since the French Revolution. And what is the purpose of all this? Ostensibly to construct a so-called "area of freedom, security and justice" as outlined in the Treaty of Amsterdam and at the Tampere Council.
Except that we should add "...for the new order of things, in the post-EMU era". What is in fact being constructed for the people of Europe, brick by brick, is an area of "restriction, insecurity and injustice". This is also clear from the fact that so-called "terrorism" (as understood by the authors of these texts, who have never been tempted - for obvious reasons - to define a vague legal concept before listing it as a prosecutable crime) is identified with organised crime. Using terrorism as a pretext, they hope to come down on any form of political opposition and mass grass-roots resistance to and refusal to obey their choices and to make their reactionary measures more palatable to the people.