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En la Unión sólo nueve Estados miembros lo han firmado, pero ni uno solo lo ha ratificado hasta la fecha, lo que no deja de ser bastante escandaloso. Mi compañera y compatriota Carmen Cerdeira ha aportado ideas y enmiendas que ahora quedan recogidas en el texto que vamos a votar.
Señalo mi coincidencia con el mismo y quiero destacar cuatro aspectos, en los que me parece que hemos conseguido mejorar la propuesta inicial en el trámite parlamentario.
El primero es que aquí se reconoce que un país podrá actuar contra los delincuentes cuando el delito contra el medio ambiente se haya cometido en su propio territorio, pero también cuando se haya cometido en otro país, si es que sus consecuencias afectan al primero.
El segundo es que esa misma posibilidad de actuación se amplía y afectará no sólo a los delitos cometidos sino también a las tentativas que por una u otra razón no llegaran a producir efectos, pero que hubieran podido producirlos.
Un tercer dato es que se aplica, como responsables, a las personas jurídicas, al ser éstas, mucho más que las personas físicas, quienes cometen la inmensa mayoría de los delitos graves contra el medio ambiente. El cuarto elemento que quiero destacar es que las sanciones económicas y de otro tipo que se impongan para tales delitos deberán ser siempre de cuantía muy superior al beneficio que tales conductas produzcan a sus autores.
Se acabará así con una realidad que hace que, en muchos casos, a éstos les resulte no sólo barato sino sencillamente rentable cometer un crimen. Nos encontramos ante un buen documento, cuyo efecto esperamos que sea eficaz. Hacia ello debe dirigirse también nuestro compromiso.
Señor Presidente, en primer lugar me sumo a la felicitación por el trabajo realizado por el ponente, Sr. Di Lello Finuoli. Acojo con satisfacción esta iniciativa del Gobierno danés, que se basa en el nuevo procedimiento reconocido en el Tratado de Ámsterdam, para tratar un tema como es el de asegurar una mejor y mayor protección al medio ambiente a nivel de la Unión Europea, protección que evidentemente no ha de tener fronteras en el seno de la Unión.
Mi colega la Sra. Thors ya ha expresado la posición favorable, tanto al informe como a las enmiendas presentadas por las respectivas comisiones, y por ello me centraré en tres puntos.
Yo durante algún tiempo me he encargado de intentar que la Comisión dé un tratamiento adecuado a los bosques europeos y he visto las dificultades que había, dada la diversidad de tratamiento que requiere un asunto que tiene una dimensión medioambiental bien clara.
La primera dificultad que veo para aplicar realmente esta propuesta es tipificar los delitos medioambientales teniendo en cuenta la diversidad que encierra el propio ámbito de la Unión. El segundo tema es el de la necesidad de que haya una consideración de la dimensión internacional del delito. Hemos visto la dificultad de encontrar a los responsables últimos de muchos atentados medioambientales de gran dimensión, pero además el juego de las responsabilidades jurídicas de las entidades que, en último término, pueden aparecer como responsables, realmente hace muy difícil que haya un tratamiento penal real de estos atentados.
Creo que ésta será una misión importantísima para la Comisión.
Hay que evitar que haya difuminación de las responsabilidades penales. En tercer lugar, señor Presidente, únicamente decir que es preciso comunitarizar el ámbito de interior y de justicia en la Unión Europea y esta propuesta así lo demuestra. Señor Presidente, ayer debatimos y votamos un informe de la Comisión de Peticiones. En dicha comisión se han atendido este año mil quejas de los ciudadanos. De esas mil quejas, el 40% guardan relación con la vulneración del Derecho comunitario sobre el medio ambiente. Viendo esas quejas, apreciamos la necesidad de la propuesta que estamos examinando, propuesta del Consejo a petición del Reino de Dinamarca, y de aprobar este informe del Sr. Di Lello Finuoli y de la Sra. Schörling, de la Comisión de Medio Ambiente.
En ese informe se recogen en mi opinión tres aspectos importantes.
En primer lugar, la petición de que no sólo se firme el Convenio sobre Medio Ambiente del Consejo de Europa, sino también de que se ratifique. Ningún Estado ha ratificado dicho Convenio hasta hoy, y no es contradictorio con aprobar este informe aquí.
Se recoge perfectamente en el informe la definición de los parámetros que son útiles para definir el delito: La conducta reiterada de la vulneración del Derecho comunitario, la gravedad del daño y, a veces, el anteponer los beneficios económicos por encima de cualquier otra consideración. Y a nosotros nos parece que con frecuencia hay una premeditación clara.
Desde luego, señor Presidente, la hay, la hay incluso en algunos delitos medioambientales que parecen accidentales.
Yo recuerdo bien el tema de Doñana en España o el tema del Danubio. Estaba claro que una balsa con tanta cantidad de productos peligrosos, cerca de un parque natural como Doñana, podía causar un accidente en cualquier momento.
En segundo lugar, señor Presidente, considero imprescindibles las sanciones. Yo no tengo ninguna duda. Hay otros colegas aquí que pusieron en duda la necesidad de las sanciones.
Yo no, e incluso creo que el principio de "quien contamina, paga" es un principio parcial.
A veces, hay quien prefiere contaminar y pagar una pequeña cantidad, cantidad mucho menor que los beneficios que le produce cometer el delito. Por lo tanto, las sanciones son imprescindibles, deben ser disuasorias y tienen que ser proporcionales al daño que se causa a la calidad de vida de los ciudadanos.
gpt
 In the European Union, only nine Member States have signed it, and only one has so far ratified it, which is still quite scandalous.
My colleague and compatriot Carmen Cerdeira contributed ideas and amendments that are now part of the text on which we are going to vote.
I agree with these and would like to highlight four aspects in which I feel that we have succeeded in improving the initial proposal during the parliamentary process.
The first aspect is that it is recognised that a country may act against criminals when the crime against the environment has been committed on its own territory, but also when it has been committed in another country, if the consequences of that crime affect the former. The second aspect is that this ability to act has been extended and will affect not only crimes that have been committed, but also attempted crimes which, for one reason or another, do not have any effect, but could have had effects.
A third element is that it is applied to legal persons, when they are responsible, as it is they, rather than individuals, that commit the vast majority of serious environmental crimes. The fourth element that I wish to highlight is that the financial and other penalties imposed for such crimes will always have to be greater than the benefit that the perpetrators would gain from them. This will put an end to a situation in which, in many cases, it is not only cheap but actually profitable for them to commit a crime.
This is a good document, which we hope will be effective, but we also need to be committed to it. Mr President, I would first like to join in congratulating the rapporteur, Mr Di Lello Finuoli, on his work.
I am pleased with this initiative from the Danish Government, which is based on the new procedure established in the Treaty of Amsterdam, in order to deal with the matter of ensuring better and greater protection for the environment in the European Union, something which should obviously not be limited by borders within the Union. My colleague, Mrs Thors, has already expressed our favourable position with regard both to the report and to the amendments tabled by the respective committees, and I will therefore focus on three points.
For some time, I have been trying to ensure that the Commission deals appropriately with European forests, and I have seen the problems that have arisen as a result of the need to deal in a variety of ways with this issue which has a clear environmental dimension. The first difficulty that I see in truly applying this proposal is in categorising environmental crimes, given the diversity within the Union. The second matter is the need to consider the international dimension of the crime. We have seen how difficult it is to find out who is ultimately responsible for many large-scale environmental crimes, but, furthermore, the set of legal responsibilities of the entities who, ultimately, appear to be responsible, really makes it very difficult to actually deal with these crimes from a criminal point of view. I think that this will be an important task for the Commission. We have to prevent criminal responsibilities from being blurred.
Thirdly, Mr President, I just want to say that it is essential that the field of justice and home affairs be communitised in the European Union, and this proposal demonstrates that. Mr President, yesterday we debated and voted on a report from the Committee on Petitions. This year that Committee has dealt with a thousand complaints from citizens. Forty percent of those one thousand complaints are associated with violations of Community environmental law. Given these complaints we can appreciate the need for the proposal that we are examining, a Council proposal at the request of the Kingdom of Denmark, and also the need to approve the reports by Mr Di Lello Finuoli and by Mrs Schörling, from the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy. I believe that this report covers three important aspects. Firstly, the request that the Council of Europe Convention on the Environment should not only be signed, but also that it should be ratified. No state has ratified the convention so far, but that is not contradictory with adopting this report here today.
The report gives a quite correct definition of the parameters that are useful for defining the crime: repeated violations of Community law, the seriousness of the damage and, in some cases, putting profits before any other consideration. We believe that the crimes are often clearly premeditated.
Of course they are, Mr President, even in the case of some environmental crimes that appear to be accidental.
I well remember the case of Doñana in Spain or of the Danube. It was obvious that a reservoir containing such a large quantity of dangerous products near to a natural park such as Doñana could cause an accident at any time. Secondly, Mr President, I feel that penalties are essential. I am in no doubt about this. Some of the Members here today shed doubt on the need for penalties.
I do not. I think that even the 'polluter pays' principle is a partial one. Sometimes there are those who prefer to pollute and pay a small amount, which is much less than the profits that they will gain from committing the crime. Penalties are therefore essential, and they need to be designed to act as a deterrent and to be proportional to the damage to citizens' quality of life.