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Surely massacring the people of Yugoslavia and poisoning both civilians and EU soldiers with uranium bombs is not just organised crime, but sustained organised crime? Surely the operations which suppressed the grass-roots movements in Prague, Nice and recently in Davos and Zurich can only be described as terrorist operations? Not to mention the barbaric attacks on farmers, pensioners and the grass-roots movement in general in Greece and the other countries of the ÅU? We agree that organised crime must be combated. But it cannot be combated by the forces which use state instruments of suppression against the struggle of the grass-roots movement, the forces which lead imperialist organisations such as the EU and which are responsible both for the huge upsurge in crime and for the links between organised crime and political mechanisms and personalities (e.g. the KLA).
We believe that this motion is yet another addition to the arsenal of weapons needed by big business in order to suppress grass-roots rights and freedoms, that it tramples every notion of national sovereignty underfoot, that it helps to build the "Justice of the New Order" and that it is dangerous to the people of Europe, which is why the MEPs of the Communist Party of Greece voted against it. . The ELDR Group has voted for the Ferri report because we want to see a more effective and coordinated fight against organised crime in the EU through developing EU capabilities complementary to national criminal justice systems. But we opposed paragraph 5 calling for a (European) "Public Prosecutor' s office with jurisdiction over the Member States' territory as a whole" , implying that the European-level prosecutor would substitute for national prosecuting authorities.
We support an EPP working in parallel with national authorities, but not replacing them.
We accepted paragraph 11 (b) as meaning an alignment of national definitions of serious offences so that criminals cannot escape justice by exploiting loopholes, but we are clear this does not mean the harmonisation of all national justice systems.
We accepted paragraph 8 since we support a sensible rationalisation of working languages for essential cross-border cooperation between professionals such as judges and prosecutors on matters like extradition warrants.
Although we supported paragraph 9, we feel the proposal for sanctions showed up weaknesses at the heart of the purely intergovernmental procedures currently in force.
There are no means to enforce respect for agreed judicial assistance measures, as there would be if the area fell within Community competence. . (DE) The European Parliament calls in this motion for a resolution for the Treaty on European Union to be revised in order to give the European Court of Justice powers to investigate if Member States are honouring their commitments under European legislation in this area. That Parliament does not want to confine itself in this resolution solely to EU legislation and wants to include the instruments of the European Council is both Utopian, as things now stand, and extremely difficult to implement from a legal point of view and would be a dangerous precedent which would give rise to a great deal of confusion and legal uncertainty in the future.
The idea of imposing sanctions against Member States who are not efficient enough in complying with letters rogatory grossly contradicts the fact that many of the instruments adopted in Title VI of the Treaty on European Union are not binding.
A careless attitude towards sanctions against EU partners is a worrying development, giving rise to fears that our Europe of Law will slowly turn into a Europe of the Law of the Jungle.
Finally, I should like to point out to the rapporteur and the Members of the House that the first two main concerns listed in the explanatory statement as regards the Grand Duchy of Luxembourg no longer apply since the law passed on 8 August last year. O' Toole report (A5-0005/2001)
Mr President, I should like to explain why the Greens were in favour of these proposed amendments. I refer to points 11 and 13 in the explanatory statement which, in the final analysis, constitutes the basis for another, more important, explanatory statement, and the tricky points in paragraphs 7 and 12, which we have in any case supported.
gpt

¿Acaso no es crimen organizado, y ciertamente de larga duración, el derramamiento de sangre del pueblo de Yugoslavia y el envenenamiento, tanto de la población civil como de los militares de los países de la Unión Europea, arrojando bombas de uranio?
De verdad, ¿se puede calificar de otra manera, a no ser de terroristas, estas tentativas de represión de las movilizaciones de Praga, de Niza, y recientemente de Davos y de Zurich? ¿Cómo se pueden calificar los ataques bárbaros contra los agricultores, los jubilados, contra el movimiento social, más generalmente, en Grecia y el resto de los países de la Unión Europea? Estamos de acuerdo en que debemos combatir la delincuencia organizada.
Pero esto no lo pueden hacer aquellas fuerzas que utilizan los mecanismos estatales de represión frente a la lucha del movimiento popular, fuerzas que lideran las organizaciones imperialistas como es la Unión Europea, y que también son responsables tanto del rápido aumento de la criminalidad como de las interconexiones de la delincuencia organizada con mecanismos políticos y personalidades políticas (por ejemplo: UÇK). Creemos que la propuesta es una contribución más a la creación de los necesarios, para el capital, mecanismos de represión de los derechos populares y de las libertades, que atenta contra todo concepto de soberanía nacional, que contribuye a la integración del "Derecho del Nuevo Orden", y que es peligrosa para los pueblos de Europa. Por estas razones, los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia votamos en su contra.
. (EN) El Grupo ELDR ha votado a favor del informe Ferri porque deseamos ver una lucha contra el crimen organizado más coordinada y efectiva en la UE, a través del desarrollo de las capacidades de la UE que pueden complementar los sistemas nacionales de justicia penal. Sin embargo, nos hemos opuesto al parágrafo 5 que solicita una "fiscalía pública (europea) con jurisdicción sobre los territorios de los Estados miembros considerado como un todo" , sugiriendo que el fiscal de ámbito europeo sustituiría a las fiscalías nacionales. Apoyamos la idea de una fiscalía europea que trabajase en paralelo con las instituciones nacionales, pero no sustituyéndolas. Hemos aceptado el parágrafo 11 (b) que supone un alineamiento de las definiciones nacionales de delitos, de modo que los criminales no puedan escapar de la justicia explotando eventuales vías de escape, aunque manifestamos claramente que esto no significa una armonización de los sistemas nacionales de justicia.
Hemos aceptado el parágrafo 8 ya que apoyamos la racionalización de las lenguas de trabajo para la esencial cooperación transfronteriza entre profesionales, tales como jueces y fiscales, en materias tales como las garantías de extradición.
A pesar de que hemos apoyado el parágrafo 9, en nuestra opinión la propuesta de sanciones ha mostrado debilidades en el seno de los procedimientos meramente intergubernamentales, actualmente en vigor.
No hay medio de hacer valer el respeto por las medidas de asistencia judicial acordadas, comparable al cumplimiento que se daría si el ámbito recayese dentro de las competencias comunitarias.
. (DE) El Parlamento Europeo pide en la propuesta de resolución una reforma del Tratado de la Unión Europea con el fin de que Tribunal de Justicia Europeo tenga el poder de pronunciarse sobre el cumplimiento por los Estados miembros de las obligaciones que les incumben en este ámbito en virtud de la legislación europea. La pretensión del Parlamento de incluir también en la resolución los instrumentos del Consejo, en lugar de limitarse a la legislación europea, no sólo es utópica en las circunstancias actuales, sino que se transposición jurídica también plantea enormes dificultades y constituiría un peligroso precedente que generaría mucha confusión e inseguridad jurídica en el futuro.
La idea de imponer sanciones a los Estados miembros que no atiendan con la debida eficacia las peticiones de asistencia entra en flagrante contradicción con la no obligatoriedad de numerosos instrumentos adoptados en el marco del Título VI del Tratado de la Unión Europea.
Un recurso imprudente a las sanciones contra algunos miembros de la UE constituye una tendencia preocupante que suscita el temor a que la Europa de la legalidad vaya dando paso a una Europa de la ley del más fuerte. Finalmente, yo quisiera recordarle al ponente y a todos los colegas que los dos primeros puntos de las preocupaciones en relación con el gran Ducado de Luxemburgo que se enumeran en la exposición de motivos ya no son pertinentes a partir de la aprobación de la ley de 8 de agosto del año pasado.
Informe O'Toole (A5-0005/2001) Señor Presidente, yo quisiera explicar los motivos de la posición favorable de los Verdes a las enmiendas.
Éstos se basan en los puntos 11 y 13 de los considerandos que sirven en última instancia de base para otro considerando importante. Así como de los espinosos puntos 7 y 12 de la resolución, que nosotros apoyamos en cualquier caso.