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En el tema de la relación precio/servicio respecto de las distintas clases de paquetería según peso hay que ir pensando en sucesivas reducciones de precios. Esto lo dice el propio servicio de correos.
No se debe permanecer en los 300 grs., aunque las pruebas dicen que una unidad mínima de 150 grs. ha de ser garantizada para que pueda calcularse una variación del precio. Creo que el debate de hoy ha sido adecuado e importante para que el Sr. Bolkestein sepa cuál es la postura de esta Asamblea, para que pueda tomar algunas cosas en consideración desde el principio. Señor Presidente, la directiva de 1997, publicada el 21 de enero de 1998, que iniciaba una liberalización parcial de los servicios postales en Europa, establecía una revisión posterior, cuyo procedimiento era, por otra parte, complicado, porque debía ser objeto de una propuesta de la Comisión, antes de finales de 1998. Luego tenía que decidirse antes del 1 de enero del 2000, para entrar por fin en vigor antes del 1 de enero del 2003. Ahora bien, de momento, la revisión se encuentra en el punto cero. Las dos primeras etapas no han sido respetadas, lo que, lógicamente, debería comprometer la tercera.
Primera pregunta: en cualquier caso, ¿los plazos previstos no eran demasiado breves?
Es evidente que sí.
No se entiende realmente cómo la Comisión habría podido evaluar, antes de finales de 1998, como establecía el artículo 7 de la directiva, los efectos de un texto que entró en vigor en febrero del mismo año. Por otro lado, la Comisión tampoco pudo proporcionar el informe sobre su aplicación, que ésta debía presentar antes del 31 de diciembre del 2000, en virtud del artículo 23.
¿Debemos lamentar este retraso? Creemos que no.
Si la Comisión dispusiera de elementos convincentes que demostraran, basándose en la experiencia, que es necesario ir más lejos en la liberalización, nadie duda que los presentaría de inmediato.
El Parlamento Europeo, por su parte, que había luchado mucho porque la directiva de 1997 fuese equilibrada y respetase las exigencias del servicio público universal, está más bien satisfecho al ver que el compromiso que había obtenido en aquel momento resulta defendible.
En estas condiciones, es normal que hoy nuestra Asamblea se preocupe y formule una pregunta oral para que la Comisión presente los estudios de viabilidad definitivos e indiscutibles, que hasta ahora nadie ha visto.
¿Cuáles son, en efecto, las hipótesis de evolución y los posibles riesgos?
El riesgo principal consiste en que la Comisión, sin una justificación satisfactoria, perturbe el equilibrio existente, al proponer avanzar rápidamente hacia una segunda etapa de liberalización, que desequilibraría, en algunos países, la financiación de los servicios postales universales, impidiendo su gestión.
Hoy, al final del compromiso de 1997, los países miembros pueden confiar a monopolios públicos los servicios postales que atañen a correspondencias y objetos cuyo coste de distribución es inferior a la quinta parte la tarifa de base o cuyo peso no sobrepasa los 350 gramos. Se supone, por ejemplo, como el comisario Bolkestein lo sugirió en su audición del 6 de setiembre pasado, que la Comisión podría proponer reducir estos límites a 50 gramos y dos veces y media la tarifa de base.
Esta solución, en nuestra opinión, no sería justa; además, la Comisión no dispondría de ninguna cifra irrefutable para apoyarla. Pero, desgraciadamente, después de Seattle, sabemos que la Comisión no necesita un balance serio de la etapa anterior, para proponer pasar de inmediato a la etapa siguiente. Segunda hipótesis, que es la que preferimos: el aplazamiento de la revisión y el mantenimiento de la situación actual hasta que dispongamos de un estudio serio, pormenorizado y objetivo sobre los efectos de la directiva de 1997.
Al decir esto, no intentamos proteger monopolios, cuyos efectos perversos bien conocemos, pero queremos estar seguros de poder combinar la evolución progresiva de las organizaciones con el mantenimiento de los principios esenciales de servicio público. Finalmente, el Grupo Europa de las Naciones se pregunta si la idea de imponer normas de gestión unificadas a los servicios postales de los quince países miembros no estaría viciada en sí misma.
En Francia, por ejemplo, la desigual repartición de la población en un vasto espacio territorial requiere la existencia de obligaciones de servicio público respecto a la distribución de la correspondencia, si se quiere mantener la igualdad de los ciudadanos y la cohesión social.
Pero otros países, en otras situaciones, pueden hacer análisis diferentes.
En nuestra opinión, cada uno debe estar en condiciones de elegir su propia organización.
En efecto, el artículo 86 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el antiguo artículo 90, establece que los servicios de interés económico general están sometidos a las reglas sobre la libre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas reglas no impida el cumplimiento de la misión a ellos confiada. Pero ¿quién define esta misión?
¿Quién traza el límite a partir del cual se compromete esta misión de servicio público? Nuestra respuesta es clara: no es la Comisión, no es siquiera el Consejo o el Parlamento Europeo, es el pueblo de cada país miembro, a través de un debate democrático.
El hecho de querer proceder de manera diferente sería desvirtuar el espíritu de nuestras instituciones. Señor Presidente, nos encontramos en la primera fase de adaptación de la Directiva 97/67/CE en materia de servicios postales, y temo que una nueva etapa de la liberalización se traduzca por una importante disminución de la prestación del servicio público.
Con ocasión de la audición del Sr. Bolkestein, mi colega Véronique Mathieu había expresado "que toda nueva propuesta, una vez conocida, sea objeto de estudios sobre los efectos, para que las consecuencias de la programación de dicha liberalización se conozcan antes de adoptarse las disposiciones". ¿En qué punto estamos hoy?
gpt
 On the question of the cost-effectiveness of the various postage weights, it is worth considering further price cuts; but that is what the postal administration itself is saying.
We do not have to adhere to a weight of over 300g when the analysis shows that we need to ensure a minimum weight of 150g to make it at all worthwhile.
In that respect I believe it was right and important to hold this debate today, to make Mr Bolkestein aware of Parliament' s position and allow him to take certain aspects into account from the outset. Mr President, the 1997 directive, issued on 21 January 1998, which undertook the partial liberalisation of postal services in Europe, envisaged a revision at a later date, in a rather convoluted manner, indeed, since it was to be dealt with in a Commission proposal by the end of 1998, then decided by 1 January 2000, to come into force finally by 1 January 2003. Well, for the time being, the revision has not got off the starting block.
The two initial phases were not observed which, logically, ought to compromise the third.
My first question is this: surely the scheduled time limits were too short in any case? Apparently, they were. It is really not possible to see how the Commission could by the end of 1998, as stipulated by Article 7 of the directive, have evaluated the effects of a text which came into force in February of the same year.
Moreover, the Commission was also not able to provide the implementation report which, according to Article 23, it was to submit by 31 December 2000.
Should we complain about this delay?
We do not think so. If the Commission actually did have convincing evidence in support of taking liberalisation forwards, no one doubts that it would present it without delay.
For its part, the European Parliament, which had fought hard to ensure that the 1997 directive was balanced and respected the requirements of a universal public service, is rather satisfied to see that the compromise it obtained then is proving to be tenable.
In these circumstances, it is quite reasonable for this House to express concern today, asking an oral question which urges the Commission to show the definite and unquestionable feasibility studies which to date no one has seen.
What are the scenarios for development and the potential risks? The main risk is that the Commission, without adequate justification, might upset the balance which exists now by proposing to go swiftly on to a second phase of liberalisation which would, in some countries, throw off balance the funding of the universal postal service, making it unmanageable.
Today, following the 1997 compromise, Member States can give public monopolies responsibility for the postal service involving mail and parcels whose distribution cost is less than five times the basic tariff, with a weight of less than 350 grammes. It may be supposed, for example, as Commissioner Bolkestein gave us to understand during his hearing on 6 September last year, that the Commission might propose reducing these limits to 50 grams and two and a half times the basic tariff.
This solution would not, in our opinion, be a fair one and indeed the Commission would have no irrefutable figures to support it. But, unfortunately, we are aware since Seattle that the Commission has no need of a proper assessment of the previous stage before proposing that we go rapidly on to the next stage. The second scenario, which we prefer: to defer the revision and maintain the current situation until such time as we do actually have a proper, detailed objective study of the effects of the 1997 directive. In saying that, we are not seeking to protect monopolies whose pernicious effects we are already familiar with, but we wish to be certain that it is possible to combine the gradual evolution of the organisations with maintaining the key principles of public service.
Finally, the Union for a Europe of Nations Group wonders if the idea of foisting unified management rules on the postal services of the fifteen Member States might not be, essentially, flawed.
In France, for example, the unequal distribution of the population over a vast territorial area makes the obligation to provide a public service absolutely indispensable in mail distribution if one wishes to maintain the equality of citizens and social cohesion.
But other countries, in other situations, may have alternative analyses.
In our opinion, each one must be free to make its own organisational choices. In fact, Article 86 of the EC Treaty, formerly Article 90, stipulates that services of general economic interest are subject to the rules on competition only insofar as the application of such rules does not obstruct the performance of the particular tasks assigned to them.
But who defines these tasks?
Who established the limit beyond which this public service mission is compromised? Our answer is clear: it is not the Commission nor even the Council or the European Parliament, but the people of each Member State by democratic procedures. To wish to proceed in any other way would be to distort the spirit of our institutions.
Mr President, we are currently in the first phase of transposition of Directive 97/67/CE on postal services and I am terribly afraid that a new phase of liberalisation might be reflected in a significant reduction in the public service offered. During Mr Bolkestein' s hearing, my colleague Véronique Mathieu asked for an undertaking "that any new proposals, once these are known, should be the subject of impact studies to determine the implications of this liberalisation programme before these provisions are adopted."
What has become of it?