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Por eso la Comisión, a petición de los Estados miembros, propuso el 4 de noviembre de 1998 que se cambiase la directiva que tenemos ahora delante.
Ya el 16 de diciembre del mismo año aprobó el Parlamento esta propuesta sin hacerle ni una enmienda. Inmediatamente después de entrar en vigor del Tratado de Amsterdam modificó la Comisión el fundamento jurídico de 100 A a 152. El 15 de noviembre del año pasado definió el Consejo la posición común que nos ocupa ahora; el Consejo modificó la redacción en varios puntos que no nos parecen mal a nosotros como Comisión de Medio Ambiente, pero lo que sí nos parece mal es que el Consejo le ha quitado a la Comisión la posibilidad de actuar inmediatamente en casos urgentes.
Tengo aquí que descender a detalles de la maraña que es la legislación de comitología, porque desde que se presentó la propuesta de la Comisión ha cambiado dicha legislación y a partir de ahora rige la Decisión 1999/468 del Consejo. Esta legislación nos permite diversos procedimientos para transmitir prerrogativas del Consejo a la Comisión; concentrémonos hoy en los artículo 5 y 6 de la Decisión del Consejo. El artículo 5 estipula cómo hacer la ley, el artículo 6 el procedimiento de saneamiento o de salvaguardia.
La primera propuesta de la Comisión tal y como la aprobó el Parlamento estaba redactada según el espíritu del procedimiento de salvaguardia de ahora. El Consejo quiere ahora retractarse de ello en su postura conjunta y quiere que se utilice el procedimiento legislativo, con el cual nos debe quedar claro a todos que la Comisión no podrá actuar independientemente sino que siempre tendrá que pedirle permiso al Consejo.
Después del escándalo de la pulpa cítrica, los propios Estados miembros solicitaron a la Comisión que actuase. Yo opino que debemos darle a la Comisión la posibilidad de actuar rápidamente. Las cuatro enmiendas que se han presentado tiene por objeto que se pueda aplicar el artículo 6 de las normas de comitología y con él el procedimiento de salvaguardia, para que la Comisión pueda actuar inmediatamente en caso de necesidad perentoria para por ejemplo interrumpir la importación de productos que pongan en peligro la salud de personas y animales. El Consejo dispondrá entonces de treinta días para modificar, complementar e incluso suspender una decisión así, y si el Consejo no hace nada durante esos 30 días, entonces quedan derogadas las medidas promulgadas por la Comisión. Creo que este es un buen sistema de funcionamiento - hasta ahora, la Comisión nunca ha abusado de este tipo de facultades - que merece nuestro apoyo en contra de lo que piensa el Consejo.
Todos debemos saber, estimados colegas, que este expediente no es más que un paso intermedio. El mismo día que la Comisión de Medio Ambiente aprobó mi informe, la Comisión Europea presentó otra propuesta para modificar la directiva 95/53/CE, habiendo aprendido inmediatamente la lección de la crisis de la dioxina.
Si el Parlamento y el Consejo siguen a la Comisión, entonces habrá un capítulo entero dedicado a la cláusula de salvaguardia y los piensos animales caerán también bajo un sistema "rápido". Por otro lado, estos asuntos estaban ya en el Libro Blanco, y con ellos cumple la Comisión sus primeras promesas de dicho libro.
Quiero animar a todos, señor Presidente, a que mañana apoyemos a la Comisión por completo, aprobando las cuatro enmiendas. Vamos a unirnos a la Comisión para enfrentarnos al Consejo y así ir al procedimiento de conciliación. Señor Presidente, señor Comisario, distinguidas señoras y señores, a todos nosotros se nos ha hecho evidente en los últimos años, con los muchos problemas y crisis habidos en el sector de la alimentación animal, lo importantes que son los controles oficiales de la alimentación animal. El ponente, el Sr. Staes, ha mencionado aquí algunos de ellos. Nos consta que los alimentos para animales son el primer eslabón de la cadena alimenticia, en cuyo final se encuentra el hombre, razón por la que los alimentos para animales deben ser seguros.
EEB y Dioxina son sólo los términos más conocidos dentro de este contexto. Estos son los que constantemente hacen que muchos ciudadanos de la Unión Europea se sobresalten, y formulen preguntas, que nosotros como responsables políticos debemos responder. Son preguntas como: ¿qué nos aporta el mercado interior si pueden liberarse riesgos incontroladamente?
¿Quién nos protege y quién nos da seguridad?
Aquí tiene Europa la responsabilidad y la obligación, y nosotros tenemos la obligación, de configurar el mercado interior, que nosotros hemos creado y que todos nosotros deseamos, de forma que los riesgos existentes para nuestros ciudadanos y consumidores se mantengan en los niveles más bajos posibles con el fin de poder llegar a excluirlos totalmente. La recién propuesta de modificación de la Directiva 95/53/CE para la ejecución de los controles oficiales de los alimentos para animales debe constituir una base jurídica para conseguir un procedimiento armonizado para la comprobación de documentos y el control de mercancías de terceros Estados.
Con el consentimiento de estos países también deberían ser posibles los controles en origen. Esto es legítimo ya que el que desee comerciar con nosotros debe cumplir las condiciones y proporcionar mercancías seguras. Ahora el Consejo ha adoptado en su posición común algunas modificaciones respecto de la propuesta de la Comisión, que el Parlamento aprobó sin enmiendas en la primera lectura, y que no queremos aceptar en esa forma.
La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor presenta ahora al Pleno cuatro enmiendas al informe de nuestro colega, el Sr. Staes.
Este informe se aprobó por unanimidad en comisión y será respaldado por todos los Grupos.
Por tanto hemos vuelto a retomar la propuesta original de la Comisión. Consideramos que en casos urgentes es absolutamente necesario poder actuar con rapidez.
La experiencia muestra que la seguridad no puede conseguirse sólo con normas adecuadas, sino que requiere indispensablemente un sistema de control dotado de competencias para actuar, que pueda reaccionar con rapidez y que en último caso pueda también pueda imponer sanciones efectivas. La Comisión, en tanto guardiana de los Tratados, debe ser dotada con las correspondientes competencias. Por esta razón el PPE se ha declarado en la Comisión de Medio Ambiente a favor de modificar el artículo 9 a de la Directiva para el control oficial de los alimentos para animales, que otorga a la Comisión Europea en caso de peligro extremo un derecho de iniciativa que le permite tomar unilateralmente medidas según la gravedad de la situación y en un marco de proporcionalidad.
Entonces, en un plazo de 30 días el consejo tiene la obligación de ocuparse de esas medidas para justificarlas y legitimarlas o eventualmente retirarlas.
gpt

As a result, the Commission presented, at the request of the Member States, a proposal to amend the present directive on 4 November 1998. As early as 16 December of that same year, Parliament assented to this proposal without tabling one single amendment. After the Treaty of Amsterdam came into effect, the Commission immediately changed the legal basis of 100 A to 152. On 15 November last, the Council laid down the present common position. The Council made a few editorial changes, which were not a problem for us at the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy. What does cause a problem for us, however, is the way in which the Council has robbed the Commission of the ability to act immediately in case of an emergency.
I will have to put my technical hat on for a moment and mention the tangle of comitology legislation because, since the Commission proposal has been submitted, comitology legislation has been changed and, from now on, Council Decision 1999/468 applies. This legislation offers us various procedures for transferring the powers of the Council to the Commission. Today, we should focus on Articles 5 and 6 of the Council Decision. Article 5 provides for a regulatory procedure, Article 6 for a safeguard procedure. The original Commission proposal, as it was approved by our Parliament at first reading, was clearly written in the spirit of the existing safeguard procedure.
The Council would now like to do away with it in its common position and replace it by the regulatory procedure. It should, however, be clear to all MEPs that the Commission cannot act independently according to this latter procedure and must always seek permission from the Council.
After the citrus pulp scandal, the Member States themselves requested that the Commission should act.
I am of the opinion that we should give the Commission the opportunity to act swiftly.
The four amendments which have been tabled aim to ensure that Article 6 of comitology legislation, i.e. the safeguard procedure, can be applied. The Commission will then be able to act immediately in cases of emergency and can then, for example, suspend the importing of products which would harm public and animal health. The Council will then have 30 days to change, supplement or even reverse this decision. If the Council fails to act during these 30 days, the measures enacted by the Commission will then lapse.
I believe that this is good working practice - so far, the Council has never abused this kind of power - and it therefore deserves our support, against the wishes of the Council.
We should all bear in mind that this dossier is only an intermediate step. On the day my report was approved in the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy, the European Commission submitted a new proposal to amend Directive 95/53/EC. It immediately drew lessons from the dioxin crisis.
If Parliament and the Council adopt the same line as the Commission, a whole chapter will be devoted to further developing the safeguard clause and animal feed will come under a rapid system. In fact, these matters are included in the White Paper and have helped the Commission keep its initial promises on the White Paper with regard to food safety. Mr President, I am in favour of adopting the four amendments tomorrow and thus giving the Commission our full support.
We should join forces with the Commission against the Council and move towards a conciliation procedure.
Mr President, Commissioner, in recent years the numerous problems and crises in the area of animal nutrition have sadly brought home to us the importance of official animal nutrition inspections. The rapporteur, Mr Staes, has mentioned some here. We know that animal feedingstuffs are the first link in the food chain which ends with humans, and animal feedingstuffs must therefore be safe. BSE and dioxin are only the best known watchwords in this area, which repeatedly make many in the European Union flinch and ask questions to which we, as those with political responsibility, must provide answers. Such questions as: what advantage is there in the internal market if it can lead to unchecked dangers?
Who is protecting us and who is providing the safeguards?
Europe has a responsibility and a duty in this regard: we are obliged to manage the internal market, which we have created and which we all want, so that risks, not least to the life and well-being of our citizens and consumers, are kept to a minimum, with the aim of eventually eliminating them altogether.
The proposed amendment of Directive 95/53/EC fixing the principles governing the organisation of official inspections in the field of animal nutrition is intended to create a legal basis for a harmonised procedure for checking documents and inspecting goods from third countries. With the consent of these countries, it will also be possible to carry out on-the-spot inspections.
This is justified because anyone who wants to trade with us must meet our conditions and supply safe goods.
In respect of the Commission proposal, which Parliament approved at first reading without amendments, the Council has now made amendments to its common position which we do not wish to support. The Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy is now submitting four amendments in plenary to Mr Staes' s report. This report has been adopted unanimously in committee and will therefore be supported by all groups.
The original Commission proposal has thus been readopted by us. We consider that it is absolutely imperative that in urgent cases we can act rapidly. Unfortunately, experience shows that safety is not created by good rules alone, but that it also requires an inspection system with the necessary powers of access which can act rapidly and, if need be, impose effective sanctions.
The Commission must be given the necessary powers here as guardian of the treaties.
This is why, in the Environment Committee, the European People' s Party supported the amendment of Article 9a of the directive for official animal nutrition inspections, which grants the European Commission the right of initiative in cases of acute danger, empowering them to independently initiate measures in line with the severity of the grievance and within the framework of proportionality.
The Council is then obliged, within 30 days, to process these measures, to validate them and to legitimise or, if necessary, reject them.