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 En la conciliación, en la que debemos afianzar la confianza entre el Consejo de Ministros y el Parlamento, necesitamos confidencialidad.
Es algo de lo que deberemos ocuparnos muy seriamente en el futuro. Felicito a la Presidencia portuguesa por el modo en que ha dirigido la conciliación, pero espero que el Parlamento pueda mejorar esta situación interna de cara al futuro.
(Aplausos) (El Parlamento aprueba el texto conjunto)
Informe (A5-0212/2000) del Sr. Florenz, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo en el Comité de Conciliación sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los vehículos al final de su vida útil (C5-0258/2000 - 1997/0194(COD)) (El Parlamento aprueba el texto conjunto) Recomendación para la segunda lectura (A5-0218/00) de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor, sobre la posición común del Consejo con vistas a la adopción de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/23/CEE del Consejo sobre los neumáticos de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de su montaje (5347/2/2000 - C5-0220/2000 - 1997/0348(COD)) (Ponente: Sr. de Roo)
En este informe figuran algunos elementos positivos, en particular la afirmación del carácter vinculante de las medidas previstas para proteger la calidad del agua.
Pero, al conceder plazos, en particular un plazo de veinte años, para la prohibición de los vertidos de substancias peligrosas, el informe aniquila su propia resolución. Ese plazo equivale a 20 años de autorización a las empresas para que viertan sus substancias tóxicas. Además, no se dispone claramente que corresponde a las empresas contaminantes pagar los daños que hayan causado.
En cuanto a la fijación de tarifas del agua, la única decisión orientada en pro de los intereses de la población, sería la prohibición de cualquier beneficio privado sobre el suministro y la distribución del agua. Pero de eso ni siquiera se habla en este informe, que, al poner en la picota a Irlanda por su financiación pública del agua, prefiere, al contrario, acentuar el carácter mercantil de esa substancia vital.
En consecuencia, nos hemos abstenido.
. (EN) Aunque apoyo el informe, deseo manifestar algunas reservas respecto al mismo. La exención de Irlanda en el caso de la recuperación de los costes del agua para uso doméstico no es tan firme como yo habría deseado.
Las disposiciones clave - apartado 4 del artículo 9 - afirman que un Estado miembro "no incumplirá esta Directiva" si la decisión de no exigir el pago del agua para uso doméstico sobre la base de "prácticas establecidas no compromete los fines y la realización de los objetivos de la presente Directiva".
De este apartado se deduce que la decisión de no imponer la recuperación de los costes del agua iría en contra de la Directiva si ello puede relacionarse con el incumplimiento de las nuevas normas por parte del Gobierno irlandés. Habida cuenta de los fallos cometidos hasta ahora por el Gobierno irlandés, no tengo ninguna confianza de que pueda cumplir las normas establecidas. . (EN) Apoyo el acuerdo de conciliación que han alcanzado el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la directiva marco en el ámbito de la política de aguas. Esta Directiva proporciona el marco para consolidar la legislación ya existente a nivel nacional y europeo relativa a la seguridad de las aguas de superficie y subterráneas. Los principales elementos de esta Directiva garantizan la protección de las aguas superficiales y de baño, el control de los vertidos en cuencas fluviales y aguas subterráneas ahora y en el futuro. El Consejo, que representa a los quince gobiernos de la UE, en un comienzo no incluía ninguna disposición relativa a la eliminación de sustancias peligrosas en esta nueva directiva sobre el agua. Apoyo este acuerdo de conciliación que garantiza que la eliminación de sustancias peligrosas estará incluida en la directiva y corregirá ese desequilibrio.
Desde una perspectiva irlandesa, damos por descontado que la eliminación de sustancias peligrosas incluye también la prohibición de realizar vertidos de sustancias radiactivas. Desde el inicio sabíamos que el precio del agua sería un aspecto delicado de esta directiva.
Esta directiva hace un llamamiento a los Estados miembros para que tengan en cuenta el principio de recuperación de los costes de los servicios del agua, incluidos los costes ambientales y de mantenimiento de los recursos, según el principio de que quien contamina paga. Los Estados miembros deberán garantizar antes de 2010 que las políticas de tarificación del agua constituyen un incentivo adecuado para que los usuarios hagan un uso eficaz de los recursos.
Los Estados miembros podrán, excepcionalmente, acogerse a la exclusión de la obligación de recuperar los costes si está basada en una práctica nacional establecida. La política de tarificación del agua es también un tema de fiscalidad.
En virtud de los Tratados de la UE en vigor, estas modificaciones fiscales necesitan el apoyo unánime de todos los gobiernos de la UE. Es justo y acertado que este asunto de la fiscalidad se deje en el ámbito de los Estados miembros, que deben tener la última palabra en lo que respecta a las políticas fiscales a nivel local o nacional que deseen aplicar. Como resultado de la aplicación de esta directiva, mejorarán sustancialmente los niveles de seguridad de la calidad del agua en Europa. . (DE) La comunicación de la Comisión Europea sobre "Política de tarificación y uso sostenible de los recursos hídricos" tiene por objeto concretar y armonizar los objetivos económicos de la directiva marco comunitaria sobre la política de aguas.
El control del cumplimiento del principio de recuperación de los costes mediante una supervisión de los precios, tal como propone la Comisión Europea apunta hacia aquellos países de la UE que todavía subvencionan en gran medida a su sector de servicios relacionados con el agua.
En Alemania, en cambio, el principio de recuperación de los costes ya se cumple, al igual que el control de los abusos a través de la autoridad responsable de la competencia y la supervisión municipal. A la vista de ello, la directiva marco sobre la política de aguas y la propuesta de la Comisión sobre la tarificación del agua no se deben aprovechar para crear nuevas instancias administrativas de control en Alemania.
gpt
 In conciliation, where we need to build trust between the Council of Ministers and Parliament, we need confidentiality.
This is something that we have to address seriously in the future. I congratulate the Portuguese Presidency for the way they conducted the conciliation, but I hope that Parliament will be able to improve this situation internally for the future. (Applause) (Parliament approved the joint text)
Report (A5-0212/2000) by Mr Florenz, on behalf of the European Parliament Delegation to the Conciliation Committee, on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European Parliament and Council directive on end-of-life vehicles (C5-0258/2000 - 1997/0194(COD))
(Parliament approved the joint text)
Recommendation for second reading (A5-0218/00) by Mr de Roo, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy, on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council directive amending Council Directive 92/23/EEC relating to tyres for motor vehicles and their trailers and to their fitting (5347/2/00 - C5-0220/2000 - 1997/0348(COD)) This report has some positive aspects, in particular the restatement of the binding nature of the proposed measures to protect water quality.
But by granting deadlines, in particular a 20-year time-limit for banning discharges of hazardous substances, the report makes a nonsense of its own resolution. That time-limit is equivalent to authorising undertakings to discharge their toxic substances for another 20 years.
Moreover, it is not made sufficiently clear that it is up to polluting undertakings to pay for any damage they have caused. As for charging for water, the only decision that would be in the interests of the public would be a ban on all private profit-making from the supply and distribution of water, but that is not even mentioned in this report, which, in pillorying Ireland for its practice of publicly financing water provision, is instead at pains to stress the commercial nature of this vital substance.
That is why we abstained.
Although I support the report, I wish to make known certain reservations pertaining to same. Ireland's derogation for domestic water charges is not as strong as I would want it to be.
The key provisions - Art. 9, paragraph 4 - state that a Member State "shall not be in breach of this Directive" if a decision not to introduce domestic water charges based on "established practice does not compromise the purposes and the achievement of the objectives of this Directive".
It follows from this paragraph that a decision not to impose water charges would be in breach of the Directive if it can be linked to the Irish Government's failure to meet the new standards. I have no confidence, given the Irish Government's failure to date, that they will reach the standards set. .
I support the Conciliation Agreement which has been agreed by the European Parliament and the European Council on the Framework Directive on Water. This Directive provides a framework for consolidating legislation which has been in existence at national and European level concerning the whole area of the safety of surface water and ground water. The core elements of this Directive ensure the protection of surface water, coastal water, internal waste and ground water now and into the future. The European Council, which represents the fifteen Governments of the EU, originally did not include any provisions relating to the elimination of hazardous substances in this new Water Directive.
I am supporting this Conciliation Agreement, which guarantees that the elimination of hazardous substances will now feature in this Directive and addresses this imbalance.
From an Irish perspective, we make the working assumption that the elimination of hazardous substances includes the prohibition on discharging radioactive substances as well.
Water pricing was always going to be a sensitive aspect to this Directive.
This Directive now calls on Member States to take account of the principle of the recovery of the cost of water services, including environmental and resource costs, in accordance with the polluter-pays principle. Member States must ensure by 2010 that water pricing policies will provide an adequate incentive for users to use water resources efficiently.
Member States will be allowed on an exceptional basis to opt out of the obligation of cost recovery if this is based on established national practices. Water pricing policy is also a taxation issue. Under existing EU Treaties such tax changes require the unanimous support of all EU Governments. It is only right and proper that this matter of taxation is left in the domain of Member States, which must have the final say as to what taxation policies, at local or national level, it wishes to pursue.
As a result of the implementation of this Directive, the safety of water quality standards in Europe will substantially improve. .
(DE) With its communication "Pricing policies for enhancing the sustainability of water resources", the European Commission is seeking to harmonise and give practical form to the economic provisions of the EC framework directive on water resources.
The Commission's proposal to monitor observance of the break-even principle by means of price surveillance is aimed at those EU Member States that still heavily subsidise their water industries. In contrast, in Germany the break-even principle is already being implemented, as is monitoring of unfair practices by the cartel office and by local authorities. Against this background, the framework directive on water resources and the Commission proposal on water pricing should not be used to create further layers of bureaucratic supervision in Germany.