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(IT) Es indiscutible la oportunidad de crear un instrumento de reacción rápida y, por otra parte, la misma ya ha sido valorada positivamente por las tres Instituciones comunitarias.
Sin embargo, más allá de su compartida finalidad, consideramos que hay que poner de relieve algunos aspectos de la propuesta del Consejo. El primero es sustancialmente de principio: parece que para el dispositivo en cuestión emergen actividades que no se pueden definir más que como actividades de policía internacional. Tanto es así que el ponente propone explícitamente su creación. Y si así fuera, la propuesta se podría incluso examinar, pero con otro fundamento jurídico y, sobre todo, con un orden institucional comunitario distinto del que se estableció y surgió en la reciente Cumbre intergubernamental de Niza.
En realidad, creemos que los fines últimos del dispositivo de reacción rápida son, de hecho, los de lograr más rápidamente o de mantener más establemente la eficacia de la políticas y de los programas comunitarios. La impresión originaria aumenta, entre otras cosas, a raíz de la formulación de los ámbitos de su puesta en marcha que, inspirada en altos fines, sin embargo, no permite adquirir un conocimiento práctico de la misma, cuando habría bastado, sin perjuicio de los ámbitos de intervención normalmente previstos en los reglamentos comunitarios, evidenciar los ámbitos que, precisamente por la necesidad de rapidez, ponen en marcha el dispositivo de reacción. Parece paradójico además que el sistema de información sobre la puesta en marcha del dispositivo no incluya a los Gobiernos de los Estados dentro de los cuales hay que poner en marcha el mecanismo en cuestión.
Y además en este caso, parece extraña su exclusión desde el momento en que las políticas y los programas que han de preservarse han sido destinados a dichos países. Por último, cabría objetar la amplitud de los plazos de información al Parlamento Europeo, incluso en presencia del procedimiento de consulta; con todo, confiando en que en el futuro se amplíen los casos en que se aplique la codecisión, estimamos que, en los casos excepcionales tanto de relevancia geográfica como política, la Comisión no se puede eximir de informar inmediatamente al Parlamento.
A la vista de las consideraciones hechas, compartimos la labor de revisión realizada por el ponente votando favorablemente.
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(EN) Durante los últimos dieciocho meses, los Conservadores británicos hemos venido pidiendo a la Comisión que mejore la eficacia de la gestión financiera y de los procedimientos administrativos de manera que le permitan proporcionar la asistencia exterior y ejecutar los programas urgentemente, como la acción antiminas, en tiempos de crisis o cuando hay vidas humanas en juego. Los Conservadores apoyamos las propuestas con estos objetivos en mente y, por consiguiente, saludamos la iniciativa de la Comisión relativa a un Dispositivo de Reacción Rápida (o Mecanismo), a pesar de su confuso título y de algunos elementos políticamente correctos, aunque innecesarios. La principal objeción de los Conservadores británicos es relativa a las enmiendas que intentan utilizar la presente propuesta como vehículo para el establecimiento de una "Fuerza de Reacción Rápida Europea".
Este concepto, de una especie de gendarmería europea, tiene repercusiones de gran alcance y está fuera de lugar en la propuesta de la Comisión que nos ocupa. Estábamos dispuestos a respaldar la propuesta de la Comisión a condición de que no incorporara dichas enmiendas (9 ni 39), pero nos abstendríamos en caso de que fueran incluidas.
Informe Oomen-Ruijten (A5-0338/2000)
Señor Presidente, como responsable del Partido de los Pensionistas no podía dejar de intervenir sobre este informe que establece cómo se deben regular las pensiones y la asistencia sanitaria de los trabajadores transfronterizos y no transfronterizos que van a trabajar en regiones distintas de las suyas y en las cuales desarrollan un trabajo en otros períodos de su vida. Un pensionista que vive al lado de la frontera entre Italia y Suiza y que, en todo caso, se halla comprendido en estos acuerdos, me dijo: "¿Es verdad que se ha establecido un aumento de las pensiones en favor de aquellas personas que trabajan en los demás Estados miembros de la Unión Europea?" "¡Ojalá!" le contesté.
gpt

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(IT) There is clearly no doubt that it would be highly appropriate to create a Rapid Reaction Facility and, moreover, the three Community institutions have already expressed positive views.
However, over and above our common goal, we feel that certain elements of the Council's proposal deserve careful consideration.
The first is essentially theoretical: the objectives of the mechanism in question do not appear to be very clear, apart from the tasks of supranational policing. The rapporteur goes so far as to propose explicitly the establishment of a European Police Force. And if this were the case we could consider the proposal, but it would have to have a different legal basis and, most importantly, a different Community institutional system from that defined by the recent Intergovernmental Summit at Nice. In actual fact, in our opinion, the ultimate purpose of the Rapid Reaction Mechanism is to make Community policies and programmes effective more quickly and to maintain that effectiveness more consistently.
Moreover, the original impression came from the description of the conditions for triggering the Facility, which, being very general, still does not give a practical idea of them, when it would have been enough, without prejudice to the normal intervention conditions laid down by Community regulations, to highlight those conditions which, on the basis of their urgency, trigger the Reaction Mechanism. Then, it appears strange that the governments of the States within which the Mechanism may be triggered are not among the parties notified of the triggering of the Mechanism.
Moreover, it seems odd that they are not notified, since they have been targeted by policies and programmes which, in the case in point, need to be safeguarded. Finally, objections could be raised to the increase in the volume of information sent to the European Parliament, even through the consultation procedure alone, but, since we hope that the list of topics subject to codecision will be extended, we feel that, in specific cases of geographical or political importance, the Commission must not hold back from informing Parliament.
In the light of these considerations, we support the changes proposed by the rapporteur and we have therefore voted for the motion. . For the past eighteen months, British Conservatives have been calling for the Commission to introduce more efficient financial management and administrative procedures so that it can deliver external assistance and implement programmes, such as mine action, urgently in time of crisis or when lives are at stake.
They support proposals with these objectives in mind and therefore welcome the Commission initiative for a Rapid Reaction Facility (or Mechanism), in spite of its confusing title and some unnecessarily politically-correct elements.
Their fundamental objection is to the amendments which seek to use this proposal as a vehicle for establishing a "European Public Security Force".
This concept, for some sort of European gendarmerie, has far-reaching implications and no place in the Commission proposal under discussion.
We were prepared to support the Commission proposal if it did not contain these amendments (9 or 39) but abstain if they were included. Oomen-Ruijten report (A5-0338/2000) Mr President, as representative of the Pensioners' Party, how could I not speak on this document, which lays down how the pensions and health care of frontier and other workers, who work in different regions from those in which they live and work at other times of their lives, should be regulated.
A pensioner from the border between Italy and Switzerland, which is party to these agreements, asked me whether it was true that the pensions of people who work in other States of the European Union had been raised. "If only they had!" I replied.