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Translate this from Spanish to English, please: El Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal que hoy debatimos, es sólo una pieza de ese gran corpus juris europeo que encuentra su fundamento natural en los derechos y en las libertades del ser humano.
En consecuencia, también la cooperación judicial en materia penal debe llevarse a cabo en el respeto más riguroso de los derechos fundamentales, unos principios en que se asientan nuestra cultura y nuestra civilización: pienso en un juicio justo, en particular en los derechos a la defensa, en la imparcialidad y en la mediación del juez, en la larga duración de los procedimientos judiciales, en los cuales Italia, mi país, bate un récord lamentablemente negativo en lo que se refiere al número de condenas y de demandas pendientes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Las limitaciones de los derechos fundamentales que se justifican por estar vinculadas a una violación real o presunta de la norma penal, no pueden y no deben encontrar aplicación en los ámbitos del Derecho.
El informe que la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores ha modificado ampliamente el planteamiento originario aceptando muchas enmiendas que hemos presentado, sigue causando algunas perplejidades por la manera en que se pretenden regular las escuchas telefónicas y las videoconferencias.
Las noticias de estas últimas semanas sobre la manera en que las modernas tecnologías permiten efectuar escuchas, nos inducen a prestarle una mayor atención: no quisiéramos que los oscuros escenarios descritos por Orwell se convirtieran en una realidad todavía más cruda y preocupante.
Ahora bien, éste es sólo el principio de una gran labor en el ámbito del Derecho que debe avanzar a la par que el crecimiento de la Europa que queremos.
Señor Presidente, en el Pleno hay enmiendas de la comisión y enmiendas de los Grupos políticos. No hay ni puede haber enmiendas de ningún diputado a título individual.
Digo eso para que se entere el Sr. Schulz. Señor Presidente, señor Comisario, estimados colegas, comprendo plenamente la frustración del Sr. Di Pietro. Se ha visto obligado a realizar esfuerzos extraordinarios en un lapso de tiempo mínimo a fin de poder presentarnos hoy este informe. La delincuencia en la Unión Europea se ha incrementado de tal manera que uno ya no puede contentarse con un planteamiento por pasos de la asistencia judicial recíproca en materia penal.
La culpa ciertamente no la tiene el Parlamento Europeo. Son los Gobiernos de los Estados miembros quienes han reducido hasta este extremo el margen de actuación. El resultado es que el Parlamento Europeo se halla por así decirlo ante una misión poco más que imposible. Debemos contentarnos con la idea de que cualquier instrumento, por pequeño que sea, merece ser aprovechado para crear una mejor asistencia judicial. Paradójicamente podría ser aconsejable que habláramos lo menos posible de este informe, puesto que cuanto más insistamos en que se trata de pasos pequeños tanto más se frotará las manos el mundo del crimen y tanto más saldrá a la vista la enorme desproporción entre la delincuencia organizada y la acuciante falta de cooperación judicial.
Por tanto, hago un llamamiento urgente al Consejo de Ministros para que de una vez por todas afronte la realidad y se dé cuenta de que la delincuencia no guarda proporción alguna con la codificación. Si no me equivoco es nuestro objetivo dotar a las instancias judiciales -en primer lugar a los magistrados, pero también a los ciudadanos afectados- de instrumentos para la lucha contra la delincuencia sin perjudicar las garantías fundamentales en lo que al respeto y los principios fundamentales de los derechos humanos se refiere.
De lo contrario, nuestros esfuerzos no surtirán ningún efecto. Por todo lo anterior, abogo sobre todo por una mayor armonización del Derecho penal de los diferentes Estados miembros de la Unión Europea.
A mi modo de ver es ésta la única forma eficaz de combatir la delincuencia más allá de las fronteras. Y mientras no se lleve a cabo dicha armonización tendremos que actuar con coherencia si queremos fomentar la asistencia judicial entre los Estados miembros. A este fin presenté una enmienda en la que proponía que la asistencia judicial se circunscribiera a las causas criminales incoadas por las autoridades contra hechos tipificados como delitos en el Derecho nacional de la parte requirente y del Estado miembro requerido.
Vuelvo a encontrar el contenido de mi enmienda en la enmienda 43, que también expresa esta condición conjunta. Es una condición imprescindible puesto que, en mi opinión, ha de respetarse el principio de legalidad del Derecho penal "nulla poena sine lege".
En consecuencia, toda solicitud de asistencia judicial acerca de una acción supuestamente no delictiva según el Derecho penal del Estado miembro requerido es contraria a este principio de legalidad y, por tanto, atenta contra los principios fundamentales del Derecho del Estado miembro requerido.
Por eso mismo, es muy importante que se adopte esta condición conjunta.
Por último, quisiera reiterar que, a mi modo de ver, el Sr. Di Pietro ha realizado una labor magnífica al presentarnos un informe que, a pesar de las numerosas limitaciones con las que contaba, ofrece todas las garantías en lo que al respeto de los derechos individuales del hombre y las libertades fundamentales se refiere.
Pero si queremos aumentar el sentimiento de seguridad del ciudadano europeo hemos de reforzar aún más la cooperación judicial.
Señor Presidente, mi Grupo se congratula de que se haya alcanzado un convenio para traducir la práctica diaria de la asistencia judicial recíproca en materia penal en un conjunto de normas. Toda normativa tiene por objeto definir los deberes y los derechos entre Estados y entre ciudadanos o entre los ciudadanos y las autoridades. La propuesta que tenemos delante es una propuesta compleja dado que se centra en los convenios entre Estados, pero, al mismo tiempo, tiene consecuencias muy importantes para la relación entre el ciudadano y las autoridades.
Es en esta parcela de la protección jurídica donde la propuesta del Consejo se queda corta.
Y es más, según dice el ponente Di Pietro presenta enormes deficiencias. El convenio permite que se produzca una cadena de solicitudes de asistencia judicial implicando en cada eslabón a autoridades y sistemas jurídicos de Estados miembros diferentes.
gpt
 The Convention on Mutual Assistance and Criminal Matters, which we are examining today, is but a stitch in the great fabric of the corpus iuris of Europe, which has its natural foundation in fundamental human rights and freedoms. Thus it is that legal cooperation and cooperation on criminal matters must also strictly respect fundamental rights, principles which lie at very root of our culture and our civilisation: I am thinking of fair trials, and more particularly of the rights of the defence, of the impartiality and integrity of judges, of the length of legal proceedings, for which my country, Italy, unfortunately has the worst record in terms of the number of sentences handed down, of the cases pending before the European Court of Human Rights. Restrictions on fundamental rights cannot and must not be applied to the field of law unless they are justified in that they are associated with an actual or presumed violation of criminal law.
The report that the Committee on Citizens' Freedoms and Rights has substantially amended with regard to its original formula, taking up many of the amendments we have presented, still leaves room for a certain confusion, in relation to the way in which the interception of telecommunications and video conferences are to be regulated. The news received in recent weeks on the way in which modern technologies facilitate interceptions mean that greater attention must be paid to this issue: we would not want our reality to be even more harsh and troubled than the dark scenes depicted by Orwell. This is only the beginning of a great project in the field of law, which should advance hand in hand with the growth the type of Europe we want to see.
Mr President, committee amendments and political group amendments may be tabled in plenary, but not amendments from individual Members.
Mr Schulz should be aware of this. Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I fully understand the frustration of Mr Di Pietro who, in a short space of time, has had to carry out an extraordinary amount of work in order to be able to submit this report to us today.
Crime in the European Union has increased to such an extent that we cannot and must not content ourselves any longer with a step-by-step approach of mutual legal assistance in criminal affairs.
The European Parliament is certainly not to blame for this. It is the governments of the Member States who have restricted the amount of leeway to this degree.
As a result, the European Parliament is faced with an almost impossible task.
One has to content oneself with the idea that all means, however slight, must be seized upon in order to set up better legal assistance.
By way of paradox, I could say that it would be best if as little as possible was said about this report, for the clearer we make it that only very small steps are being taken, the more the world of crime will gloat and the more the acute imbalance between organised crime and the desperate lack of judicial cooperation will become obvious. I would therefore make an urgent appeal to the Council of Ministers to finally face reality, that is to say the fact that crime is developing faster than the law. The goal is, after all, to provide the judicial bodies - magistrates, in the first place, but also the citizens involved - with the instruments to fight crime without prejudice to the fundamental guarantees of defence and the general principles of human rights. If not, we will be fighting a running battle.
I therefore advocate further harmonisation of criminal law in the EU Member States in the first instance.
In my opinion, this is the only way to fight crime effectively across all Member States. As long as this harmonisation has not been achieved, however, we need to be consistent if we want to bring about mutual legal assistance.
To this end, I had submitted an amendment stipulating that legal assistance can only be granted in the event of criminal prosecution instituted by the authorities based on facts which are punishable according to the national law of the petitioning party and the Member State petitioned.
The content of my amendment is, in fact, echoed in Amendment No 43, which also stipulates this condition of accrual. This condition of accrual is essential since, in my opinion, the principle of nulla poena sine lege, legality in criminal law, must be observed. As such, any request for legal assistance concerning a hypothetical action which is not a crime in the petitioned Member State contravenes this principle of legality and thus the fundamental principles of justice in the petitioned Member State. Hence, it is extremely important that this condition of accrual be adopted. Finally, I would like to reiterate that Mr Di Pietro has, in my opinion, delivered sterling work by submitting a report which, within the limitations, offers all possible guarantees for safeguarding individual human rights and fundamental freedoms. If, however, we would like to give European citizens a greater sense of security, we need to step up our efforts in the field of judicial cooperation.
Mr President, my Group is delighted about the fact that an agreement will be reached to regulate the day-to-day practice of mutual assistance in legal affairs. The aim of regulations is to define the reciprocal rights and duties of States or citizens or those applicable in the relationship between citizens and government. The present proposal is complex, because it deals with agreements between Member States but has far-reaching consequences for the citizen-government relationship.
It is precisely in the field of legal protection that the Council' s proposal leaves a great deal to be desired.
In the words of rapporteur Mr Di Pietro, the proposal even contains colossal shortcomings. Thanks to the agreement, it is possible to create a chain of legal assistance requests, whereby each link represents authorities and criminal law systems of different Member States.