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En vísperas del Consejo Extraordinario dedicado a esos problemas, la cuestión fundamental que se plantea, por esa razón, es la de saber si existe o no voluntad política para modificar semejante situación. O si, al contrario, estamos sólo ante una iniciativa más sin consecuencias, que se sumará a sucesivos planos, estrategias y cumbres ya dedicados en el pasado a ese tema y de los cuales no resultó ninguna modificación de fondo.
En nuestra opinión, no sólo es necesario modificar este estado de cosas, sino que, además, es posible hacerlo.
Necesario, porque el empleo, y el empleo de calidad y con derechos, constituye un derecho fundamental de la persona humana.
Posible, si se abordan sus verdaderas causas, que, a nuestro entender, son indisociables de la deriva neoliberal que viene caracterizando las orientaciones fundamentales, en particular en la esfera macroeconómica, que tiene exponentes en la prioridad concedida al Pacto de Estabilidad y a los criterios de convergencia nominal y, por consiguiente, en la secundarización de la cohesión social, generalmente acompañada de la completa desreglamentación laboral, del incentivo a las privatizaciones, a las fusiones y a los traslados de empresas, por lo general causantes de desempleo, pero también por una política presupuestaria profundamente restrictiva en los planos comunitario y nacional.
De tal forma, que hoy presenciamos una manifiesta consolidación del núcleo esencial de las orientaciones "thatcherianas" , aunque suavizadas con medidas de carácter asistencial. Y ya que no por la fuerza de pregonados principios conservadores, con el argumento de un supuesto pragmatismo globalizador y en nombre de una endiosada competitividad.
Por eso, no basta con el llamamiento a la coordinación de las políticas sociales o con la insistencia en la sociedad de la innovación y del conocimiento o en las tecnologías de la información, por importantes que sean.
Es indispensable abandonar esa perspectiva monetarista y antisocial y situar definitivamente a la persona humana en el vértice de las prioridades y las políticas.
Mi Grupo, que atribuye particular importancia a las cuestiones sociales, y teniendo en cuenta la celebración del próximo Consejo extraordinario, se reunió la semana pasada en Lisboa exactamente con el objetivo de analizar y debatir esos problemas. Allí tuvimos ocasión de debatir y oír a representantes de trabajadores, sindicalistas portugueses y de diversos puntos de Europa y nos reunimos, en particular, con representantes de ABB, de Michelin y también con promotores de las marchas por el empleo. Y sacamos conclusiones consubstanciadas en 14 puntos que comunicaremos oficialmente a la Presidencia del Consejo. Para nosotros, es necesario, esencialmente, adoptar medidas políticas macroeconómicas basadas en la dinamización de la demanda y de las inversiones públicas y en el respeto de los servicios públicos renovados, orientadas al pleno empleo y que garanticen un nivel de empleo, en 2010, del orden del 75%.
Es necesario garantizar un reparto de la renta más favorable al trabajo, asegurar la tributación de los movimientos especulativos de capitales y luchar contra el fraude y la evasión fiscales, poner trabas a las fusiones y los traslados de empresas, en particular cuando van orientados y acompañados de despidos, avanzar en la reducción de la jornada laboral sin disminución de los salarios y sin degradación de la calidad del empleo, reconsiderar las perspectivas financieras de la Unión, apoyar decididamente las pequeñas y medianas empresas, apostar firmemente por un sistema de enseñanza renovado y por una mayor y mejor formación profesional, poner fin a las discriminaciones de que son víctimas principales las mujeres y los jóvenes. A la luz de ello y de la capacidad para formular objetivos concretos y debidamente expresados en cifras y con un calendario en esa esfera fulcral analizaremos y juzgaremos los resultados de la Cumbre de Lisboa.
Señor Presidente, la Cumbre de Lisboa generará un nuevo repertorio de buenas palabras. Las palabras serán bien recibidas, no obstante, el problema fundamental radica en la existencia de una Unión Económica y Monetaria que antepone la lucha contra la inflación al empleo.
El Banco Central ha manifestado que el incremento de los precios debe mantenerse siempre por debajo del 2%, el Pacto de Estabilidad dice que el déficit presupuestario anual no debe ser superior al 1%.
No hay ningún requisito que sitúe la tasa de desempleo por debajo del 5% o -aún mejor- del 2 o 1%.
Es el precio del dinero el que no debe subir, es el gasto público el que no debe aumentar.
Es posible que un país desee poner límite al desempleo mediante inversiones públicas, sin embargo, tal cosa está prohibida. Es más importante mantener a la política monetaria en un altar que proporcionar trabajo a los desempleados.
Me parece más importante tener en cuenta la economía de las familias y garantizar que el cabeza de familia vuelva a casa con una nómina en lugar de con una carta de despido, y así lo pensó también el gobierno danés salido de las urnas en 1993. En 1992 teníamos un 9,2% de desempleados tanto en la zona Euro, es decir, los once países, como en Dinamarca. Durante el período comprendido entre los años 1992 y 1998, la tasa de desempleo cayó en Dinamarca hasta el 5,1%.
En la zona Euro creció hasta el 10,9%. En Dinamarca hemos disfrutado de una tasa de crecimiento global del 20% frente al 10% registrado en la zona Euro. De haber actuado hoy el gobierno danés de la misma forma, habría actuado directamente de forma ilegal y anticonstitucional, puesto que el déficit presupuestario en aquel entonces era del 3,9%. Actualmente, Dinamarca presenta superávit presupuestario, porque los que vieron reemplazada su carta de despido por una nómina comenzaron también a pagar impuestos en vez de a cobrar ayudas.
Creo que los Jefes de Estado deberían estudiar el ejemplo danés cuando se reúnan en Lisboa para tratar temas económicos.
Es necesaria una modificación del Tratado de la UEM en lugar de un nueva colección de buenas palabras a los desempleados.
gpt

On the eve of the Special Council dedicated to this problem, the basic question being asked is whether there is the political will to change this situation or whether, on the other hand, what we have is merely another ineffective initiative to add to the list of plans, strategies and summits in the past that have already been devoted to this issue and none of which has resulted in real change.
It is our opinion that it is not only necessary to change this state of affairs, but that it is also possible to do so.
It is necessary because employment, and I mean quality employment with employee rights, is a fundamental right of every human being.
It is possible if we attack the real causes, which we feel are inseparable from the drift towards neo-liberalism, which has been shaping underlying trends, specifically in the macroeconomic field. This theory, whose exponents have given priority to the Stability Pact and to the nominal convergence criteria, and who have consequently sidelined social cohesion, generally goes hand in hand with a complete deregulation of employment, with incentives for privatisation, mergers and delocalisation, which as a rule, create unemployment, and with highly restrictive budgetary policies at Community and national level.
We are therefore now witnessing a clear consolidation of the basic core of Thatcherite tendencies, even if they are attenuated by aid measures. Today, they are no longer so much being promoted in line with much vaunted conservative principles, as on the grounds of so-called globalising pragmatism and in the name of competitiveness, which has been elevated to godlike status. An appeal for the coordination of social policies or an insistence on a society based on innovation and knowledge or on information technology will therefore not be enough, however important they may be. It is crucial for us to abandon this monetarist and anti-social approach and put humans at the heart of our priorities and policies.
My Group, which attaches particular importance to social issues, met in Lisbon last week in view of the forthcoming Special Council, precisely in order to examine and discuss this issue.
We had an opportunity to listen to and hold discussions with workers' representatives and with union leaders from Portugal and other parts of Europe. In particular, we met representatives from ABB, from Michelin and also the organisers of job marches. We reached joint conclusions on 14 points, of which we will officially inform the Presidency. Basically, as far as we are concerned, we need to adopt macroeconomic political measures which are based on stimulating demand, on public investment and on respect for improved public services. These measures should be geared towards full employment and guarantee a rate of employment of around 75% by 2010. We must ensure a redistribution of profit towards labour, ensure that speculative movements of capital are taxed, we must combat tax evasion and fraud, and curb mergers and delocalisation, particularly when they involve redundancies. We must move ahead with reductions in working hours without reducing wages and without downgrading the quality of jobs, and we must reconsider the EU' s Financial Perspectives, give clear support to small and medium-sized enterprises, firmly commit ourselves to an improved education system and more and better professional training and end the discrimination that mainly affects women and young people.
We will examine and judge the results of the Lisbon Summit in the light of these factors and in the light of our ability to establish concrete, properly quantified and timetabled objectives in this key area. Mr President, the Lisbon Summit will produce a further string of fine words to dazzle us with.
The words will be welcome, but the basic problem is that we have an Economic and Monetary Union which attaches more importance to fighting inflation than to promoting employment.
The Central Bank has said that price rises should always be kept below 2%. The Stability Pact says that the budget deficit must be no more than 1% in ordinary years. There is no requirement that unemployment should be below 5% or - better still - below 2 or 1%. It is public consumption and the price of money which definitely must not rise.
You might think that a country would wish to limit unemployment by means of public investment, but that is prohibited. It is more important to stick to the holy cow of monetary policy than to find jobs for the unemployed.
I, on the other hand, think it is more important to take account of families' finances and to ensure that dad comes home with a wage packet instead of a redundancy notice. So too did the Danish Government which came to power in 1993. In 1992 we had 9.2% unemployment, both in Denmark and in the eleven countries of the good old EU.
Between 1992 and 1998, unemployment in Denmark fell to 5.1%.
In the EU, it increased to 10.9%.
In Denmark, we have had combined growth of 20%, compared with 10% in the EU.
If the Danish Government had acted in the same way under the present dispensation, it would have been downright illegal and unconstitutional because the budget deficit was 3.9% at that time. Now, Denmark also has an actual budget surplus because those who exchanged their redundancy notices for wage packets also began to pay tax instead of drawing benefit. I believe that the EU' s prime ministers ought to study the Danish example when they meet for their tête-à-tête on the economy in Lisbon. We need a change to the EMU Treaty instead of a further string of fine words directed at the unemployed.