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 Y a ese respecto tenemos que conseguir, señor Presidente, superar algunos problemas que el debate en el ámbito de la Convención empieza a afrontar -y considero que afrontará más en el futuro- y quisiera subrayar que, al hacer estas consideraciones, hablo en nombre del Consejo y no necesariamente en nombre de mi propio país, que sobre este asunto tiene una posición -digamos- bastante ambiciosa. La primera es una cuestión de orden jurisdiccional: la necesidad de garantizar una compatibilidad total entre las dos jurisdicciones relevantes que pueden resultar conflictivas en ese proceso. Es un problema real y es un problema del que todos debemos ser conscientes. No podemos correr el riesgo de ver crearse, con la introducción de esta Carta, una nueva esfera de incerteza jurídica. Estamos entrando en una operación para volver más transparentes los derechos de nuestros ciudadanos, no para enredarlos en una trama de contradicciones jurisdiccionales que podría funcionar como un elemento de confusión. Esta cuestión nos conduce también al problema, que renace una vez más después de Amsterdam, de la posible adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Una segunda cuestión tiene que ver con la determinación de aquellos a quienes se dirige esta Carta: ¿hablamos de los ciudadanos que tienen una nacionalidad de la Unión o nos dirigimos a cuantos se encuentran en el espacio comunitario?
Ésta es una cuestión esencial. Y de nuestra respuesta debemos sacar todas las consecuencias, tanto más cuanto que muchos de nosotros creemos incluso que sólo las instituciones son el verdadero objeto de esta nueva Carta. Una tercera cuestión decisiva se sitúa en el cuerpo de los derechos. ¿Hasta dónde pretendemos llegar?
¿Nos limitaremos a un cuerpo de principios básicos, como un denominador común de lo que es correcto desde el punto de vista europeo, o vamos a situarnos en un terreno más ambicioso y que tiene más que ver con dimensiones de modernidad de lo que hoy es la Unión Europea? Nuestros ciudadanos parecen poder reivindicar hoy la consagración de un espacio en el espacio de la Unión no sólo de sus derechos económicos y sociales, sino también de los nuevos derechos que han venido presentándose como elementos de la ciudadanía moderna.
¿Hasta dónde esta dispuesta a llegar la Unión? Por último, una cuarta cuestión, que tal vez sea la más importante: estamos en un debate en el que hay quien manifiestamente defiende un texto meramente declaratorio, como una excusa política.
Pero, ¿acaso cualquier Carta de Derechos Fundamentales, sin un elemento de apremio, no pasaría de ser una mera enunciación de principios sin valor alguno?
¿Estaremos -al elaborar una Carta de Derechos Fundamentales meramente declaratoria- refugiándonos pura y simplemente en una cuestión políticamente correcta, tal vez, pero que no responde a lo que hoy constituye la esencia de la Unión? Es que hay también, señor Presidente, Señorías, una nueva realidad que no podemos pasar por alto y que, desde la perspectiva de esta Presidencia, justifica claramente la necesidad de que trabajemos profundamente en una Carta de Derechos Fundamentales: quiero decir que, en el marco del Tratado de Amsterdam, lanzamos un ambicioso proyecto de creación de un gran Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia. La Comisión Europea y los Estados miembros determinaron en el Consejo Europeo Extraordinario de Tampere el inicio de un proceso de fortalecimiento de las estructuras de seguridad interior en pro de la estabilidad de la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, garantizando una lucha eficaz contra la delincuencia organizada, contra el tráfico de drogas y otros aspectos de orden interno. Ahora bien, en ese esfuerzo de carácter europeo resulta esencial velar por que toda esa acción, la acción futura que vamos a llevar a cabo en ese marco, tenga como referencia un cuerpo de principios muy claro que pueda servir de protección de los ciudadanos bajo una tutela jurisdiccional, clara y transparente. También por esa razón entendemos -y lo dijimos en Colonia con ocasión de la aprobación en el Consejo Europeo de la idea de la Carta de Derechos Fundamentales- que esa Carta constituye un elemento esencial, fundamental, para el futuro de la Unión. Sin ese fortalecimiento de los principios, sin que la Unión se dote de un pilar ético que le dé crédito ante sus ciudadanos -y que, por lo demás, sirva también de modelo y de referencia para su marco de relaciones exteriores-, nos arriesgaríamos a orientarnos hacia una profundización de las políticas y una debilitación de nuestros valores.
A ese respecto, quisiera referirme a la cuestión de la Conferencia Intergubernamental. Está claro, en el marco de la Conferencia Intergubernamental, que la cuestión de la integración de la Carta de los Derechos Fundamentales es un elemento esencial para el propio crédito de la Conferencia. Desde el comienzo, la Presidencia portuguesa ha dicho con toda claridad que era muy importante garantizar que la agenda de la Conferencia Intergubernamental no entrara en un debate sobre la división y la gestión del poder en una Unión ampliada.
La Carta de Derechos Fundamentales es, en ese marco, y así lo consideraremos hasta el final de la Presidencia, un elemento esencial con vistas a un resultado más equilibrado de esta Conferencia, que, por lo demás, deberá ocuparse de otros aspectos, en particular la cuestión de la defensa y la seguridad.
Por todas esas razones, el Consejo ve, señora Presidenta, Señorías, con interés (y no dejará de prestarle la mayor atención) la resolución que este Parlamento apruebe en lo relativo a la Carta de Derechos Fundamentales. Muchas gracias, Comisario Vitorino. Con esto acaba el debate.
La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.
Contribución complementaria de la Comisión a la CIG De conformidad con el orden del día, se procede al examen de la Comunicación de la Comisión sobre la contribución complementaria a la CIG sobre las reformas institucionales: mayoría cualificada sobre los aspectos del mercado interior en los campos de la fiscalidad y de la seguridad social. Señor Presidente, señoras y señores diputados, me uno a ustedes mientras la Comisión continúa sus trabajos y acaba apenas, es lo mínimo que puedo decir, de llegar a unas conclusiones sobre el asunto que deseo exponerles ahora. Además, Señor Presidente, si quiero hacer bien mi trabajo, necesito, a las 17.45 horas, tal como estaba previsto en su horario, regresar a la comisión para presentar otro asunto del cual estoy encargado y que se refiere al marco comunitario de apoyo a Portugal, sabiendo que debo también responder a otra pregunta en el siguiente debate.
No sé muy bien, teniendo en cuenta la organización común, o paralela, de nuestros trabajos, cómo podré hacer las cosas correctamente.
Me esforzaré en ello, y me alegro de darles una explicación, sabiendo que tendremos nuevas oportunidades, ante las comisiones competentes, y sobre todo ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, de referirnos de nuevo a este asunto, vinculado a la negociación de la Conferencia Intergubernamental y a la reforma de las instituciones.
gpt

Here, Mr President, we must overcome certain problems which the debate within the Convention is beginning to run into and which I think it will face even more frequently in the future. I would like to emphasise that in making these comments, I am speaking on behalf of the Council and not necessarily on behalf of my own country, which has adopted a rather, shall we say, ambitious position on this matter. The first issue regards jurisdiction. It concerns the need to guarantee complete compatibility between the two relevant legal systems, which could find themselves in conflict with one another in this process.
This is a real problem and one of which we should all be aware. We cannot run the risk that when this charter comes into force a new area of legal uncertainty will be created. We are embarking upon an exercise designed to make our citizens' rights more transparent - not to ensnare them in a web of legal contradictions that could prove to be a source of confusion. This also brings us to the issue, which has surfaced once again following Amsterdam, of the Union possibly signing up to the European Convention on Human Rights.
The second issue is how we define the people this Charter is designed to protect, in other words, are we talking about those citizens who have a Community nationality, or are we aiming at those people who happen to be living in the Community area?
This is a fundamental question.
We will have to accept the consequences whichever answer we opt for, and all the more so given that many of us genuinely feel that the institutions and the institutions alone are the real object of this new Charter.
The third question, and a crucial one, is the body of rights. How far do we intend to go? Are we to be content with a body of basic principles, a kind of lowest common denominator in academic European terms, or should reach out to more ambitious territory, and deal with the modern aspects of today' s European Union? It seems that today' s public is capable of calling for an area enshrined within the Union, and covering not just their economic and social rights but also the new rights that have been presented as part of modern citizenship. How far is the Union prepared to go? Lastly, my fourth question, which is perhaps the most important one. This is a debate in which some people are clearly advocating a text which is merely a declaration of intent, a piece of political rhetoric. But unless it is binding, will any Charter of Fundamental Rights be anything more than a mere statement of principles, without any real value?
If we create a Charter of Fundamental Rights which is merely a declaration of intent, will we not simply be taking refuge behind an issue which may be politically correct, but which does not reflect to the essence of the European Union as it is today? Mr President, ladies and gentlemen, things have moved on and we cannot ignore this. This presidency believes that this clearly justifies the in-depth work that is needed on a Charter of Fundamental Rights. What I mean, of course, is that with the Treaty of Amsterdam we launched an ambitious project to establish a greater European area of freedom, security and justice. At the Tampere Special European Council, the European Commission and the Member States initiated a process of improving the structures for internal security, in order to provide stability in the daily lives of the general public, by guaranteeing to effectively combat organised crime and drug trafficking and to address other public order issues. As part of this European effort, it is becoming essential to ensure that all of this action, that is any future action that we may take in this area, relates to a very clear body of principles, capable of providing the public with clear and transparent legal protection. This is also why we feel - and we said so in Cologne when the idea of a Charter of Fundamental Rights was approved at the European Council - that this Charter is a vital element, central to the Union' s future. Unless our principles are reinforced in this way, unless the Union provides itself with an ethical pillar which gives it credibility in the eyes of the general public - a pillar which, in fact can also serve as a model and a point of reference for its external relations - we run the risk of being derailed as a result of extending our policies and watering down our values. On this subject, I should like to mention the issue of the Intergovernmental Conference. It is obvious that the issue of incorporating the Charter of Fundamental Rights is a crucial factor for the whole credibility of the ICG.
From the outset, the Portuguese Presidency has made its attitude quite clear: it is important to ensure that the agenda of the IGC should not simply be a kind of discussion of the division and management of power in an enlarged Union.
The Charter of Fundamental Rights is, in this context, and this is how we shall view it until the end of our Presidency, a vital element in producing a more balanced result at this conference, which will in fact also cover other issues, notably the issue of defence and security. Madam President, ladies and gentlemen, it is for all of these reasons that the Council is taking a special interest in the resolution that this Parliament has just adopted on the Charter of Fundamental Rights, and will continue to attach the greatest importance to this resolution. Thank you very much, Commissioner Vitorino.
That concludes the debate.
The vote will take place tomorrow at 12 noon. Additional Commission contribution to the IGC
The next item is the Commission communication "Additional Commission contribution to the IGC on institutional reform: qualified majority for taxation and social security aspects of the internal market". Mr President, ladies and gentlemen, I am now with you again, while the Commission continues its work and now that it has just concluded its work (that is the least I can say) on the matter which I wish now to present to you. Moreover, Mr President, if I wish to do my job properly, I shall have to return to the committee at 5.45 p.m., as scheduled, in order to present another matter which I am responsible for, to do with the Community support framework for Portugal, while at the same time I must also answer another question in the following debate.
I am not very sure, given the joint, or parallel, organisation of our work, how I shall be able to do this properly.
I shall do my best, and I am pleased to give you an explanation, keeping in mind that we shall have other opportunities, within the relevant committees, particularly the Committee on Constitutional Affairs, to go into this subject, in connection with the Intergovernmental Conference and the reform of the institutions.