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A5-0007/2000 de la Sra. Berger, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo (COM(1999)3 - C4-0095/1999 - 1999/0012(COD)) relativa a las condiciones de desplazamiento de los trabajadores asalariados, nacionales de un tercer Estado, en el marco de una prestación de servicios transfronterizos
A5-0012/2000 de la Sra. Berger, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior, sobre la propuesta de directiva del Consejo (COM(1999)3 - C4-0096/1999 - 1999/0013(CNS)) por la que se extiende la libre prestación de servicios transfronterizos a los nacionales de un tercer Estado establecidos dentro de la Comunidad.
Señor Presidente, señor Comisario, estimadas y estimados colegas, en primer lugar me debo disculpar ya que mi voz está un poco afectada, pero como diputada austríaca hoy ha habido mucho de que decir y declarar.
En primer lugar, quiero felicitar encarecidamente a la Comisión por la iniciativa que ha adoptado y por estos dos proyectos de directiva sobre los que debatimos hoy aquí.
Con ello cierra dos grandes lagunas en el mercado interior que son de gran importancia para la economía europea y 5 millones de ciudadanos de terceros países que están aquí en la Unión Europea como trabajadores o autónomos. La situación actual, y esto hay que imaginárselo vívidamente, es tal que en el campo de los trabajadores hay sentencias del Tribunal Europeo de Justicia, en especial, la sentencia en el asunto Rush Portuguesa y van del Elst, que han indicado que la libertad de prestación de servicios tiene que permitir emplear ciudadanos de terceros países para realizar servicios transfronterizos además sin necesidad de obtener permisos de trabajo.
Sin embargo, la cuestión de las condiciones de los visados y de residencia no ha sido tratada explícitamente por el Tribunal Europeo de Justicia y tampoco los Estados miembros han podido aclarar esta cuestión posteriormente. En lo referente a la supresión del permiso de trabajo no todos los Estados miembros se han atenido a los dictámenes del Tribunal de Justicia y siguen manteniendo aún un gran número de barreras ilícitas para los servicios transfronterizos, barreras que con frecuencia son insuperables en especial para las pequeñas empresas. En el caso de los autónomos la situación es que el actual acervo jurídico comunitario no concede ningún derecho a los ciudadanos de terceros Estados para aportar servicios transfronterizos. Aquí es necesario en cualquier caso realizar un acto legislativo.
Ambos proyectos de directiva apuntan a facilitar la libertad de prestaciones de servicios a las empresas de la UE. No se trata de derechos originarios para ciudadanos de terceros países que se asemejen a la libertad de circulación.
Todas las regulaciones, la entrada y las cuestiones relacionadas con la estancia deben considerarse como accesorias a dicha libertad de prestación de servicios.
Por ello, tanto yo como la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del Parlamento Europeo, creemos que los fundamentos jurídicos elegidos por la Comisión son los correctos y que la opinión contraria defendida en el informe de los servicios jurídicos del Consejo es errónea. Por tanto, no veo ningún obstáculo jurídico real para que estos dos proyectos de directiva sean tratados con rapidez en el Consejo.
También creo que las enmiendas propuestas por el Parlamento facilitarán la aprobación de las directivas en el Consejo frente a la propuesta de la Comisión. Muchas de nuestras enmiendas se basan en objeciones que se expresaron también en el Consejo y nosotros intentamos conciliar estas objeciones con el mandato que nos concede el derecho en vigor y el sentido común económico. Precisamente de cara a la aceptación en el Consejo, solamente puedo apelar a la Comisión para que recoja las enmiendas aprobadas por el Parlamento del modo más completo posible aunque diverjan en parte sensiblemente de las propuestas originarias de la Comisión.
Estoy plenamente convencida de que lograremos más fácilmente en el Consejo una unidad de criterio sobre esta base.
Me voy a referir ahora a las enmiendas más importantes que proponemos. Una diferencia esencial consiste en que nosotros en lugar de un sistema "de tarjeta de prestación de servicios más indicación de cada encargo individual" , no prevemos ninguna posibilidad de que para cada encargo individual se pueda pedir al Estado de recepción el aviso previo.
Este sistema nos parece prácticamente inviable.
Sin embargo, como compensación, antes de la extensión de una tarjeta de prestación de servicios debemos eliminar todos los obstáculos posibles y frente a la propuesta de la Comisión deben cumplirse unas condiciones más estrictas para la extensión de la tarjeta.
Los requerimientos de un trabajo regulado, de residencia legal y de la protección del seguro no sólo tienen que existir en el momento de la extensión de la tarjeta sino durante la totalidad del período de validez de la misma y tres meses después. De este modo, se quiere ofrecer al Estado receptor la garantía de que el trabajador o autónomo regrese de nuevo al Estado de partida una vez realizado el encargo y que en caso de enfermedad o accidente esté cubierto por el seguro.
gpt
 A5-0007/2000 by Mrs Berger, on behalf of the Committee on Legal Affairs and the Internal Market, on a proposal for a European Parliament and Council Directive on the posting of workers who are third-country nationals for the provision of cross-border services (COM(1999)3 - C4-0095/1999 - 1999/0012(COD));
A5-0012/2000 by Mrs Berger, on behalf of the Committee on Legal Affairs and the Internal Market, on a proposal for a Council directive extending the freedom to provide cross-border services to third-country nationals established in the Community (COM(1999)3 - C4-0096/1999 - 1999/0013(CNS)). - (DE) Mr President, Commissioner, firstly I would like to apologise for being a little hoarse today, but we Austrian MEPs have had a lot of explaining and talking to do.
I would first like to say how indebted I am to the Commission for seizing the initiative, and for the two draft directives we are discussing here today. It has thereby succeeded in closing two serious loopholes in the internal market which are of great significance to the European economy and to 5 million third-country nationals in the European Union who are here as workers or on a self-employed basis.
The current state of play - and we would do well to remind ourselves of this again - is that there are in fact judgements from the European Court of Justice relating to employees, I refer in particular to those relating to the Rush Portuguesa case and that of van der Elst. These have, in fact, clarified that the freedom to provide services must allow for third-country nationals to be taken on as employees of cross-border services and this without having to obtain work permits.
However, the European Court of Justice did not make specific reference to the issue of visa requirements and conditions of residence and consequently the Member States were unable to clarify this issue. Furthermore, not all Member States have abided by the Court of Justice' s verdicts with regards to the lapsing of the work permit requirement, and they still have a multiplicity of unacceptable barriers in place in respect of cross-border services; barriers that are often impossible to overcome, especially for the smaller companies.
The situation as far as self-employed people are concerned is that current Community invested legal rights do not afford third-country nationals the right to provide cross-border services. There is no doubt that we need a legislative act here. Both draft directives seek to facilitate the freedom to provide services for EU enterprises.
It is not about establishing original rights for third-country nationals modelled on freedom of movement.
All provisions, i.e. issues relating to entry into the EU and to the law pertaining to residence rights, should be regarded as ancillary to this freedom to provide services.
I, together with the European Parliament' s Committee on Legal Affairs and the Internal Market, are therefore of the opinion that the Commission has chosen the right legal bases and that the opposite view, as expressed in the report produced by the Council' s Legal Service, is inappropriate. Consequently, I do not see that there is any real obstacle to the Council' s being able to move matters on quickly as far as these two draft directives are concerned.
I also believe that Parliament' s proposed amendments should make it easier for the Council to adopt the directives as opposed to the Commission' s proposal.
Many of our amendments relate back to concerns that were also voiced in the Council, and we are attempting to reconcile these concerns with the task that falls to us by dint of extant law and economic good sense.
When it comes to acceptance by the Council, I can only urge the Commission to adopt as many of the amendments adopted by Parliament as possible, even if some of them deviate substantially from the original Commission proposals. I am absolutely convinced that it will be easier for us to achieve consensus in the Council on this basis. Turning now to the most important of our proposed amendments, one of the essential differences is that, in place of a "service provision card plus notification for each individual contract" system, provision is no longer made for being able to request the previous notification from the receiving state for each individual contract. This system appears to us to be unsuitable in practical terms.
However, in order to compensate for this, all possible obstacles must be removed before the service provision card is issued, and as the Commission' s proposal would have it, more stringent conditions must be satisfied before a service provision card is issued. An individual is required to be in authorised employment and to have the right of residence and insurance protection, not just at the time of issue of the card but throughout its period of validity and for three months thereafter.
This should serve as a guarantee for the receiving state that the employee or self-employed person will return to the sending state once the contract is completed and that they will be covered under insurance law in the event of illness or accident.