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Señor Presidente, año tras año tenemos noticia, sobre todo a través de los informes de auditoría del Tribunal de Cuentas, de las pérdidas de fondos del presupuesto de la Unión Europea debido al despilfarro, mala gestión, irregularidades e incluso presuntos fraudes en toda la regla. Estas anomalías condujeron hace ya bastante tiempo al Parlamento a plantearse el proyecto de proponer por propia iniciativa medidas encaminadas a proteger el dinero de los contribuyentes europeos, del cual se alimenta en última instancia el presupuesto de la Unión.
En este contexto merece una especial atención la lucha contra el fraude, su investigación, castigo y disuasión. La constitución de la UCLAF a partir del grupo operativo y la posterior creación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, OLAF, fueron pasos importantes, al igual que el Reglamento que regula la protección de los intereses financieros de la Comunidad y los controles sobre el terreno. La Unión sólo puede sancionar los casos descubiertos en el marco del Derecho administrativo. La exigencia de que se reembolsen a la Comisión los fondos obtenidos indebidamente ha conseguido hasta ahora sólo mediocres resultados.
Las medidas penales son competencia de los Estados miembros.
Puesto que ambos aspectos jurídicos a menudo se solapan y las infracciones transfronterizas contra el presupuesto de la Unión van en aumento y a veces también son obra de grupos delictivos organizados, la delimitación de las competencias de los Estados miembros no está clara.
A ello se agregan las diferencias entre las disposiciones legales nacionales concretas y las lentas o jamás satisfechas peticiones de colaboración mutua.
El Convenio y los dos protocolos sobre la protección de los intereses financieros de la Comunidad firmados por el Consejo Europeo en 1995 no han cambiado nada.
Su entrada en vigor requiere que sean ratificados por los 15 Estados miembros.
Hasta ahora, al cabo de cinco años, sólo cuatro de ellos lo han hecho. Ante este punto muerto en el que nos encontramos y que amenaza con minar la credibilidad de la Unión, el Parlamento ha tomado la iniciativa de solicitar la creación de un Ministerio público europeo.
Esto no supone en modo alguno la creación de un ordenamiento penal y judicial transnacional. El objetivo es sobre todo dotar a la Unión de instrumentos específicos para la protección de sus intereses financieros, respetando el principio de subsidiariedad. Con el presente informe retomamos este proyecto y solicitamos a la Comisión que presente propuestas legislativas que permitan hacer realidad este objetivo.
El informe recoge todas las aspiraciones expresadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos en su informe de opinión, así como las de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores.
Presentamos dos recomendaciones que se desprenden de la creación de la OLAF y que tienen como finalidad garantizar su eficacia operativa y jurídica, la transparencia y la protección de los derechos individuales.
Para ello se requiere -este es el contenido de la primera recomendación- un acto normativo que contemple los delitos contra los intereses financieros de la Unión y los principios rectores.
En una enmienda, yo propongo que se establezca el 30 de septiembre como plazo para la presentación de la propuesta de la Comisión. La segunda recomendación se refiere al procedimiento penal.
La Comisión debería presentar -hasta el 31 de mayo del 2000 según otra enmienda mía- una propuesta de reglamento para la creación de un organismo europeo independiente que ejerza, bajo la competencia institucional de la Comisión, funciones de coordinación y de control de la regularidad de las actividades de investigación de la OLAF. El comité de control que ya existe sólo puede controlar la independencia del director de la Oficina. La propuesta del citado acto jurídico debería incluir un estatuto de independencia y funciones del organismo, que estarían limitadas a las investigaciones y diligencias internas de la OLAF relacionadas con los intereses financieros de las Comunidades Europeas, y a sus relaciones con las autoridades nacionales.
Dicho reglamento no influiría para nada en la administración de justicia de los Estados miembros.
El Tribunal de Justicia se encargaría de supervisar la regularidad de los actos.
Además, dirigimos un llamamiento a la CIG para que incluya en su programa de trabajo el debate sobre la creación de un fiscal europeo competente para el conjunto de los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea, inspirado dentro de lo posible en el estudio realizado por renombrados científicos y ya ampliamente reconocido, en el llamado Corpus Juris y en los posteriores estudios sobre las posibilidades de aplicación en la práctica. El segundo informe del llamado "Comité de los Cinco Sabios" también recomienda este enfoque. La Comisión, los Sres. Barnier y Vitorino, y también algunos Estados miembros se muestran asimismo receptivos a la idea. Yo les ruego, estimadas y estimados colegas, que voten afirmativamente el presente informe, que fue adoptado por la Comisión de Control Presupuestario con una gran mayoría.
Con él podemos emitir una nueva señal de que el Parlamento trabaja activamente para prevenir la mala gestión y sobre todo el fraude, y también para que se imponga un castigo en los casos en sea necesario.
. Señor Presidente, me satisface tomar la palabra en el debate de este informe, felicitando a la Sra. Theato.
Creo que éste ha sido un informe en el que la cooperación entre comisiones ha funcionado muy bien, y el resultado, que nos llega hoy, es un informe sobrio y sereno en una materia especialmente delicada. Sobriedad y serenidad que, por lo tanto, son especialmente necesarias en el desarrollo del artículo 280.4.
Porque si tuviéramos que dar un premio al artículo más difícil de entender, menos claro, más confuso -como lo quieran llamar-, indudablemente la competición estaría muy reñida, porque el Tratado es un muestrario de artículos complejos, pero éste, sin duda, es uno de los candidatos firmes a obtener dicho premio.

Y a la vez, es una cuestión especialmente delicada porque se trata de la protección de los intereses financieros de la Comunidad, como muy bien ha dicho la Sra. Theato. Todos somos conscientes -y este Parlamento ha lanzado esa preocupación o ha sido gran adalid de esa preocupación- de la necesidad de proteger los intereses financieros de la Comunidad.
gpt

Mr President, year after year we learn, mainly from the European Court of Auditors' test reports, that money is lost to the budget of the European Union on account of misdemeanours ranging from wastage, mismanagement, and irregularities to suspected blatant fraud. For some time now, these abuses have meant that Parliament has been called upon to initiate measures that should serve to protect the European taxpayer' s money, which, when all is said and done, is what sustains the Union' s budget.
Particular attention in this respect should be given to combating fraud, to detecting it, punishing those guilty of it and preventing it from happening.
Creating UCLAF by means of the Task Force and setting up the anti-fraud office OLAF were important steps, as was the regulation on protecting the financial interests of the Community and on local monitoring.
The Union can only impose sanctions in the field pertaining to administrative law when cases are exposed. So far, efforts on the part of the Commission to ask for improperly obtained money to be returned only had limited success. It is for the Member States to undertake criminal measures. Since there is often overlap between the two legal angles and cross-border violations against the Union budget are on the increase - they are also committed by those involved in organised crime - it is unclear as to where the responsibility lies amongst the Member States.
Then there are differences between the national legal requirements of the individual Member States, together with protracted or even unfulfilled requests for mutual assistance in law enforcement. What is more, the agreement on the protection of financial interests and the two subsequent protocols signed by the European Council in 1995 did nothing to change this.
For it to enter into force, it must be ratified by all 15 Member States. After five years only four have done so.
This state of deadlock, which threatens to undermine the credibility of the Union, has inspired Parliament to initiate the setting-up of a European Public Prosecutor' s Office.
There is no intention whatsoever to create a transnational criminal law and judicial authority, rather the aim is to equip the Union with specific instruments for the protection of its financial interests, that is whilst upholding the principle of subsidiarity. We are giving new life to this idea with this report and call upon the Commission to present legislative proposals that will enable this goal to be realised.
The concerns of the Committee on Legal Affairs and the Internal Market, as articulated in its position, together with those of the Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs, will also be taken full account of in this process.
We would like to make two recommendations arising from the establishment of OLAF and which should safeguard its operational and legal efficiency, transparency, and the protection of the rights of individuals. In addition, we need - and this is my first recommendation - a legislative act that includes those offences which are to the detriment of the Union' s financial interests, and in which main principles are firmly established. I support the proposed deadline for the Commission being 30 September in a proposed amendment. The second recommendation relates to criminal proceedings.
The Commission ought - and I have also amended this deadline to 31 May 2000 - to propose a legislative act on the establishment of an independent body which has institutional links with the Commission, for coordinating and supervising the legal investigative body OLAF.
The existing monitoring committee can only monitor the independence of the Director of the agency. The proposal for a legislative act of this kind should contain an independent statute for this body and define its tasks, which are confined to inquiries and criminal prosecution undertaken by OLAF into activities which are to the detriment of the Union' s financial interests, and to OLAF' s relationship with the national authorities.
There is no question of this influencing the administration of justice in the Member States. The Court of Justice is to monitor the legality of the legislative acts. In addition, we call upon the forthcoming Intergovernmental Conference to take up debate on the establishment of a European Public Prosecutor' s Office for the protection of the financial interests of the Union, where possible on the basis of the now widely recognised study compiled by well-known experts, the so-called corpus juris, and of the feasibility studies that have subsequently appeared.
Further support for this proposal is also to be found in the second report of the so-called Five Wise Men.
The Commission, Mr Barnier, Mr Vitorino and several Member States are equally receptive to the idea. I call upon you, ladies and gentlemen, to vote in favour of this report, which the Committee on Budgetary Control adopted with a large majority. We can set another example here, to the effect that Parliament is taking action to prevent mismanagement and in particular, fraud, and to mete out punishment where necessary.
Mr President, I am happy to take the floor in the debate on this report and I congratulate Mrs Theato.
I believe that this is a report for which cooperation between committees has worked very well, and the result, which we have received today, is moderate and thoughtful in a very delicate area. This moderation and thoughtfulness is particularly necessary in the implementation of Article 280(4). If we had to give a prize for the article which was most difficult to understand, least clear and most confused - however you like to put it - the competition would be very hard fought. The Treaty is a collection of complex articles.
However, this one would undoubtedly be one of the firm favourites to win such a prize.
At the same time, it is an especially delicate issue because it deals with the protection of the Community' s financial interests, as Mrs Theato has explained very well.
We are all aware - and this Parliament has been the steadfast champion in this respect - of the need to protect the financial interests of the Community. But be careful.