Recuperan más de una veintena de documentos históricos
Otros 70 documentos históricos, incautados en las operaciones ‘Index’ y ‘Tabelión’, han sido entregados a sus legítimos propietarios
Redacción / Agencias 25 nov. 2019 Región de Murcia Guardia Civil
La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación CLARISAS, ha recuperado 23 libros y documentos históricos del Patrimonio Documental Histórico Español, datados entre los siglos XVI y XX, que han sido incautados en las provincias de Murcia, Barcelona, Valencia, Alicante, Cantabria y La Coruña.
La Benemérita ha contado con la inestimable colaboración de técnicos especialistas del Archivo General de la Región de Murcia y del Jefe de Departamento del Área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Murcia.
Desde el mes de junio del pasado año, guardias civiles del Equipo de Patrimonio Histórico de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Murcia iniciaron una investigación, enmarcada en el ‘Plan de Protección del Patrimonio Histórico Español’, dirigida a la lucha contra la venta fraudulenta de patrimonio documental a través de distintos portales de Internet.
Desde entonces, especialistas de la Benemérita analizaron numerosas páginas webs dedicadas a la venta de antigüedades y objetos de coleccionismo. En alguno de estos anuncios se ofertaban libros y documentos que, según las características descritas por sus poseedores, podían formar parte del patrimonio histórico documental español.
Una vez conocido el hallazgo realizado por la Guardia Civil de Murcia, los Ayuntamientos de Toro (Zamora), Villalobón (Palencia) y el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Santa María de Murcia formalizaron las correspondientes denuncias por las supuestas extracciones ilegales de sus archivos municipales o eclesiásticos, de estos tesoros documentales, ahora recuperados.
El desarrollo de la operación fue puesto en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Murcia y de la Fiscalía de Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente que, una vez establecida la supuesta procedencia y posesión ilegal de los documentos, otorgaron los requerimientos judiciales para llevar a cabo la intervención de los bienes.