III COMPETENCIA - Vs. Perú sentencia de 17 de abril de 2015
IV RECONOCIMIENTO PARCIAL DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL
La Corte es competente para conocer del presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención Americana, ya que Perú ratificó la Convención Americana el 28 de julio de 1978, y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981.
Alegatos del Estado sobre el reconocimiento de responsabilidad por exceso del plazo en la tramitación del proceso penal y observaciones de la Comisión y de los representantes
El Estado señaló en el párrafo 231 de su contestación que, “si bien […] en el Informe N° 535-2011-JUS/PPES reconoció responsabilidad por exceso del plazo en la tramitación del proceso penal, […] la demora en la tramitación del Juicio Oral no se debe en lo absoluto a un ánimo de denegación de justicia, sino a situaciones de organización de Poder Judicial y a la normativa procesal penal todavía vigente en el Distrito Judicial de Lima”, por lo cual solicitó que se tuviera en consideración “la complejidad del proceso penal en lo referente al gran número de medios de prueba que han tenido que actuarse, así como a los diversos incidentes planteados por los abogados defensores de los procesados”. Al respecto, indicó que “realizó [dicho] reconocimiento de responsabilidad” sobre la base del principio de proporcionalidad y razonabilidad y tomando en consideración la jurisprudencia de este Tribunal, aún cuando la normativa procesal interna no contempla un plazo de duración de los juicios orales.
Por tal razón, “en lo que respecta al reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado peruano por la vulneración del plazo razonable en el proceso penal que se lleva[ba] a cabo ante la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima, expresado en el Informe N° 535-2011-JUS/PPES, el Estado peruano solicit[ó] a la […] Corte se sirva atender a las consideraciones expresadas en [la contestación], las cuales dan cuenta de las razones objetivas que explica[ría]n la demora en la tramitación del citado proceso penal”. Finalmente, el Estado reafirmó “su serio compromiso de culminar en el menor tiempo posible la tramitación del proceso penal, para lo cual [indicó que venía] adoptando las previsiones del caso […], no existiendo denegación de justicia en lo absoluto”.
La Comisión advirtió que, si bien el reconocimiento del Estado en cuanto a que vulneró el plazo razonable en el presente caso representa un paso positivo y debería tener pleno efecto, en diversos momentos de su escrito el Estado pareciera justificar dicha demora. La Comisión solicitó que la Corte tomara en consideración el reconocimiento y, en atención al mismo, declarara que las observaciones del Estado pretendiendo justificar la demora no tienen relevancia jurídica.
Los representantes recordaron que la Corte ha determinado expresamente en diversas oportunidades que el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado ante la Comisión Interamericana produce plenos efectos jurídicos. En esta línea, los representantes manifestaron que la Corte debe “otorgar plenos efectos jurídicos al reconocimiento de responsabilidad introducido por el Estado ante la […] Comisión y establecer, que en aplicación de la regla de estoppel, el Estado se encuentra impedido de presentar la excepción preliminar de falta de agotamiento de recursos internos”. Finalmente, los representantes consideraron que, “dado que el reconocimiento de responsabilidad estatal no contiene mayores desarrollos, […] resulta fundamental que esta […] Corte se refiera a los hechos probados en este caso que guarden relación con esta violación, así como a la manera en que [é]sta ocurrió, tomando en cuenta el contexto y circunstancias del caso”. Finalmente, los representantes reiteraron que el propio Estado en su escrito de contestación recordó que en el Informe N° 535-2011-JUS/PPES reconoció responsabilidad por exceso en la tramitación del proceso penal antes referido, por lo cual consideraron que “esta aceptación debe tener plenos efectos jurídicos en esta etapa del proceso”.
En el transcurso del procedimiento del presente caso ante la Comisión, el Estado presentó, en su Informe N° 535-2011-JUS/PPES de 6 de diciembre de 2011 (supra párr. 2.d), los avances alcanzados respecto a las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo No. 66/11 que fuera emitido el 31 de marzo de 2011 por la Comisión Interamericana. En dicho escrito, el Estado sostuvo bajo el título “Reconocimiento de responsabilidad por exceso del plazo en tramitación de proceso penal”, lo siguiente:
[…] tal como ha señalado el Estado peruano en Informes anteriores, la legislación procesal penal peruana no contempla un plazo para la tramitación del Juicio Oral, sin embargo, los principios de Proporcionalidad y Razonabilidad son de aplicación a todo el ordenamiento jurídico peruano. En tal sentido, el Estado peruano reconoce demora en el procesamiento judicial de los hechos. Mas consideramos importante que la […] Comisión tenga en cuenta que este exceso en la tramitación del Juicio Oral no se debe a un ánimo de denegación de justicia en lo absoluto, sino, lamentablemente, a situaciones de organización del Poder Judicial y actuación del Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros factores […]”1. [resaltado en el original]
En el procedimiento ante esta Corte, al presentar su escrito de contestación, el Estado asumió como premisa el hecho de haber realizado un reconocimiento de responsabilidad internacional por la vulneración del plazo razonable ante la Comisión, con independencia del momento procesal en el que se efectuó el mismo. Es decir, la terminología utilizada por el propio Estado en su escrito de contestación evidencia que el Estado concibe el párrafo anteriormente transcripto como un reconocimiento de responsabilidad. No obstante, si bien en esta instancia el Estado se refirió a lo efectuado ante la Comisión, solicitó en sus argumentos relativos a las alegadas violaciones del plazo razonable que se tomara en cuenta las razones que explicarían la demora en la tramitación del proceso penal, en particular lo atinente a la complejidad del caso y los diversos incidentes planteados por la defensa, así como la propia organización del Poder Judicial y actuación del Consejo Nacional de la Magistratura. El Estado explicó, además, los motivos detrás del quiebre de dos juicios orales e informó que, con la finalidad de evitar el quiebre del tercer juicio oral, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ordenó que la Tercera Sala Penal Liquidadora asumiera con dedicación exclusiva la tramitación del caso hasta su conclusión.
La Corte considera, como lo ha hecho en otros casos2, que el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado en el procedimiento ante la Comisión produce plenos efectos jurídicos, de acuerdo con el artículo 62 del Reglamento de la Corte. Por lo tanto, conforme a su jurisprudencia, la Corte admite y otorga plenos efectos al reconocimiento de responsabilidad realizado ante la Comisión en este caso. En esta oportunidad, el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado es parcial; se refiere únicamente a la vulneración del plazo razonable en el proceso judicial llevado a cabo en el fuero penal.
Por otra parte, la Corte advierte que en el procedimiento ante esta Corte el Estado interpuso en su escrito de contestación una excepción preliminar de no agotamiento de los recursos internos, en términos del artículo 46 de la Convención Americana (infra párr. 45). Como parte de sus argumentos, el Estado cuestionó que al realizar el examen de admisibilidad la Comisión aplicara la excepción a la regla del agotamiento contenida en el literal “c” del artículo 46.2, al encontrar un retardo injustificado en la tramitación de proceso y una vulneración del plazo razonable.
La Corte considera que, si bien un acto de reconocimiento implica, en principio, la aceptación de su competencia, en cada caso corresponde determinar la naturaleza y alcances de la excepción planteada para determinar su compatibilidad con tal reconocimiento3. La Corte encuentra que la excepción preliminar interpuesta referente al no agotamiento de los recursos internos en el presente caso entra en contradicción con el alcance material del reconocimiento parcial de responsabilidad. Al respecto, la Corte nota que dicha excepción no podrá limitar, contradecir o vaciar de contenido el reconocimiento de responsabilidad.
Por ende, la Corte considera que, al haber efectuado un reconocimiento de responsabilidad ante la Comisión que se relaciona con una de las excepciones a la regla del no agotamiento, el Estado no puede ahora variar su posición al argumentar ante la Corte nuevamente que no se ha verificado el agotamiento de los recursos internos, sino que ha aceptado implícitamente la plena competencia de la Corte para conocer del presente caso4.
En este sentido, atendiendo lo dispuesto en el artículo 42.6, en concordancia con lo previsto en los artículos 62 y 64, todos de su Reglamento, el Tribunal analizará las excepciones preliminares interpuestas a la luz de lo determinado precedentemente.
En su escrito de contestación1, el Perú presentó seis excepciones preliminares, que denominó de la siguiente forma: (i) Excepción de control de legalidad del Informe de Admisibilidad No. 13/04 respecto a la Petición N° 136/03 en relación con la falta de agotamiento de recursos de jurisdicción interna; (ii) Excepción de falta de agotamiento de recursos de jurisdicción interna; (iii) Excepción de control de legalidad del Informe de Fondo No. 66/11 respecto a la determinación de presuntas víctimas y derechos humanos no considerados en el Informe de Admisibilidad No. 13/04; (iv) Excepción de inadmisibilidad de incorporación de nuevos hechos por los representantes de las presuntas víctimas al proceso ante la Corte Interamericana; (v) Excepción de violación del derecho de defensa del Estado peruano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y (vi) Excepción de sustracción de la materia.
Atendiendo a la naturaleza diversa de los argumentos formulados por el Estado bajo la denominación de excepciones preliminares, resulta pertinente aclarar que la Corte considerará como excepciones preliminares únicamente aquellos argumentos que tienen o podrían tener exclusivamente tal naturaleza atendiendo a su contenido y finalidad, es decir, que de resolverse favorablemente impedirían en todo o en parte la continuación del procedimiento o el pronunciamiento sobre el fondo. Ha sido criterio reiterado de la Corte que por medio de una excepción preliminar se presentan objeciones relacionadas con la admisibilidad de un caso o la competencia de la Corte para conocer de un determinado caso o de alguno de sus aspectos, ya sea en razón de la persona, materia, tiempo o lugar2. Por ello, independientemente de que el Estado defina un planteamiento como “excepción preliminar”, si al analizar estos planteamientos se tornase necesario entrar a considerar previamente el fondo de un caso, los mismos perderían su carácter preliminar y no podrían ser analizados como una excepción preliminar3.
A continuación y bajo los criterios expuestos, la Corte analizará los planteamientos en el orden presentado por el Estado, con excepción del punto (iv), el cual será analizado en el capítulo siguiente, relativo a las consideraciones previas al referirse más propiamente al marco fáctico del caso4.
El Estado planteó esta excepción respecto a dos cuestiones. Por un lado, sostuvo que en el Informe de Admisibilidad “no se fundamenta[ría] debidamente el agotamiento de los recursos idóneos y efectivos para efectos de admisibilidad, de conformidad con el artículo 46.1.a) de la Convención Americana, la jurisprudencia constante de la Corte […] y las decisiones de la [propia Comisión”, de tal forma que no se habría realizado un “correcto análisis” respecto a las excepciones a la falta de agotamiento de recursos internos del artículo 46.2 de la Convención. Por otro lado, alegó que el referido informe, al analizar la efectividad del recurso presentaría un “adelantamiento de juicio” sobre el fondo del asunto en la etapa de admisibilidad.
Específicamente en cuanto a la primera cuestión, el Estado alegó que la Comisión no habría realizado un análisis sobre la adecuación y la efectividad de los recursos adelantados en la jurisdicción interna, tanto en la justicia militar como ante la justicia ordinaria. En este caso, según el Estado, la Comisión se habría alejado de su práctica constante en esta materia, cual era determinar, en primer lugar, si el recurso es idóneo y luego establecer si el mismo es efectivo. En particular, argumentó que la Comisión solo habría analizado la condición de la efectividad y no, previamente, la exigencia del recurso adecuado. En este mismo sentido, el Estado señaló que el recurso adecuado para garantizar el derecho a la vida de las presuntas víctimas y los derechos a la integridad personal y el acceso a la justicia de sus familiares, sería el proceso penal seguido contra Vladimiro Montesinos Torres y otros y no, como sostendría la Comisión, los procesos penales seguidos por la presunta comisión del delito de encubrimiento real. Así, Perú sostuvo que la Comisión basó su argumentación sobre un recurso que no sería adecuado para asegurar los derechos que se alegan conculcados, esto es, el proceso seguido por la presunta comisión del delito de encubrimiento real referido al “manejo que se diera de los cuerpos de las víctimas, la escena de los hechos y la cadena de custodia de las evidencias”.
En razón de que la cuestión de agotamiento de los recursos internos habría sido resuelta oportuna y fundadamente en la etapa procesal correspondiente, la Comisión solicitó a la Corte que rechazara la excepción preliminar. En particular, la Comisión sostuvo que el Estado “nada argumentó en relación con la idoneidad o falta de idoneidad del proceso penal militar para investigar los hechos del caso” y que solo habría hecho una referencia genérica en el trámite de admisibilidad sobre el hecho de encontrarse un proceso abierto, cuestión que la Comisión no consideró suficiente. En cuanto a la jurisdicción ordinaria, la Comisión señaló que el Estado habría destacado que el proceso sobre encubrimiento real se encontraba acumulado desde el 12 de agosto de 2003 con el proceso seguido contra Vladimiro Montesinos Torres y otros, solicitando en tal oportunidad la inadmisibilidad del caso por “encontrarse un proceso penal pendiente” y por “no haberse agotado la vía pertinente”. La Comisión agregó que se tomó en consideración el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos en abril de 1997 y el momento de emisión del informe en 2004, destacando que en él se incluye la apreciación sobre el poco avance de las investigaciones en el fuero común, además del hecho de que el Estado no inició de oficio la investigación, sino que ésta se abrió recién en 2001 tras una denuncia y que siete años después de los hechos parte de la investigación se remitió al fuero militar.
Sobre el alegado adelanto de criterio respecto al fondo del asunto, la Comisión señaló que, de conformidad con la información obrante en el expediente ante la misma, se valoró prima facie que al momento de emitir el Informe de Admisibilidad el Estado “no demostró la disponibilidad de recursos eficaces”. En suma, argumentó que, tal como ha sido criterio constante de la Comisión en casos de violaciones al derecho a la vida e integridad personal, el recurso idóneo para remediar la situación era la investigación y el proceso penal ante el fuero común, el cual debía haber sido iniciado de oficio y adelantado con la debida diligencia, elementos que la Comisión consideró ausentes en el proceso penal ordinario seguido en el presente caso. Además, la Comisión estableció que existía un retardo injustificado, y reiteró lo señalado en el Informe de Admisibilidad respecto a la aplicación al presente caso de las excepciones previstas en el artículo 46.2 a) y c) de dicho instrumento.
Los representantes sostuvieron que lo planteado por el Estado se asemejaba más a una “queja o discrepancia de criterios en relación con lo actuado por la Comisión” y que la decisión de admisibilidad estaba debidamente fundamentada. Para los representantes, el Estado incurre en un error al interpretar el Informe de Admisibilidad, puesto que (i) “sería falso” que la Comisión hubiera analizado en su informe únicamente el proceso penal por encubrimiento real y no el proceso penal por las ejecuciones extrajudiciales, pues lo que la Comisión habría hecho es utilizar los hechos investigados en aquel proceso para referirse a la falta de diligencia en la investigación de las ejecuciones extrajudiciales, lo que habría llevado a la consecuente pérdida irreparable de evidencias e inefectividad de ese proceso, y (ii) el análisis de admisibilidad habría sido realizado con base en los hechos que eran de conocimiento de ambas partes por lo que la seguridad jurídica no se habría visto afectada. Sobre el alegado adelanto de juicio, los representantes estimaron que lo afirmado por la Comisión debe tomarse como “un análisis prima facie o preliminar para determinar la posible existencia de una violación y el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y no para establecer la existencia de una violación”. Además, consideraron que los cuestionamientos estatales relativos al retardo injustificado son alegatos propios de los méritos del caso. Dado que el Estado no habría demostrado la existencia de un error grave que hubiese afectado su derecho de defensa, los representantes solicitaron a la Corte que rechazara la excepción preliminar.
La Corte considera pertinente recordar que, según su jurisprudencia, cuando se alega como excepción preliminar un cuestionamiento a la actuación de la Comisión en relación con el procedimiento seguido ante ésta, la Comisión Interamericana tiene autonomía e independencia en el ejercicio de su mandato conforme a lo establecido por la Convención Americana y, particularmente, en el ejercicio de las funciones que le competen en el procedimiento relativo al trámite de peticiones individuales dispuesto por los artículos 44 a 51 de la Convención5. A su vez, en asuntos que estén bajo su conocimiento, la Corte tiene la atribución de efectuar un control de legalidad de las actuaciones de la Comisión6. Ello no supone necesariamente revisar el procedimiento que se llevó a cabo ante ésta7, salvo en aquellos casos en que alguna de las partes alegue fundadamente que exista un error grave que vulnere su derecho de defensa8. Asimismo, la Corte debe guardar un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, fin último del sistema interamericano, y la seguridad jurídica y equidad procesal que aseguran la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional9.
Por consiguiente, tal como ha sido la jurisprudencia reiterada de este Tribunal, la parte que afirma que una actuación de la Comisión durante el procedimiento ante la misma ha sido llevada de manera irregular afectando su derecho de defensa debe demostrar efectivamente tal perjuicio10. A este respecto, no resulta suficiente una queja o discrepancia de criterios en relación con lo actuado por la Comisión Interamericana11. Corresponde, pues, considerar los fundamentos aducidos por el Estado para considerar que la actuación de la Comisión le habría provocado una violación a su derecho de defensa.
Respecto al alegado vicio insalvable que produciría la fundamentación indebida del Informe de Admisibilidad en lo tocante al agotamiento de los recursos idóneos y efectivos de la jurisdicción interna, la Corte ha constatado que la Comisión distinguió en su análisis entre el proceso adelantando ante el fuero militar y las investigaciones y procesos seguidos ante la justicia ordinaria, “en relación con las perspectivas de efectividad”. Así, respecto del proceso adelantado ante el fuero militar, la Comisión determinó que aquél no constituía el foro apropiado y, en consecuencia, no brindaba un remedio adecuado12. Por lo tanto, no era necesaria la determinación de su efectividad al tratarse de un recurso que no requería ser agotado.
Respecto del proceso seguido ante el fuero común, la Comisión estableció que, si bien la instrucción adelantada contra Vladimiro Montesinos Torres y otros se encontraba en desarrollo, lo que “podría llegar a configurar el no agotamiento del recurso interno”, ésta no auguraba perspectivas de efectividad. Ello debido a que el proceso relacionado con el manejo de las evidencias del caso había terminado con el sobreseimiento a favor de los implicados, argumentándose que obraron en cumplimiento de un mandato judicial. En esta línea, la Comisión señaló que “[e]n una investigación penal de esta naturaleza, la preservación de la escena del crimen, el manejo de los cadáveres […], las diligencias de necropsia evacuadas de acuerdo a los estándares internacionales y la cadena de custodia sobre la evidencia recuperada […], son labores fundamentales para establecer con otras pesquisas […] lo ocurrido [e] identificar a los autores”. De este modo, la Comisión concluyó que “la ausencia de toda esta actividad en su momento y más aún, las gestiones que presuntamente adelantaron estos agentes del Estado para encubrir los hechos, lo que aunado al paso del tiempo desde que estos se presentaron, no augura[ba]n perspectivas de efectividad del recurso interno a efectos del requisito establecido en el artículo 46[.2] de la Convención Americana”13.
De lo anterior se desprende que la determinación de la idoneidad del proceso penal ante el fuero común como recurso adecuado se encuentra implícita en la afirmación que hace la Comisión al señalar que, por encontrarse tal proceso en desarrollo, podría configurarse el no agotamiento del recurso interno. La Comisión no pudo llegar a tal conclusión sin haber considerado que el fuero común, a diferencia del militar, era el adecuado para la investigación de los hechos materia del caso. En definitiva, la Corte estima que el actuar de la Comisión al revisar la efectividad del recurso presupone que ésta consideró que constituía el recurso idóneo.
En relación con el alegado incorrecto análisis realizado por la Comisión respecto de la procedencia de las excepciones a la falta de agotamiento de los recursos internos del artículo 46.2 de la Convención, la Corte constata que el Estado no especificó cuál sería el error grave que habría vulnerado su derecho de defensa y solo se limitó a discrepar con los criterios adoptados por la Comisión, por lo que procede desestimar esta alegación por carecer de fundamentación suficiente.
En cuanto al eventual “adelanto de juicio” que presentaría el Informe de Admisibilidad en el análisis de la efectividad de las investigaciones llevadas a cabo en el fuero común, la Corte recuerda que las consideraciones que la Comisión realiza en su informe de admisibilidad son calificaciones jurídicas prima facie y, por lo tanto, constituyen un análisis meramente preliminar. El Tribunal considera también pertinente señalar que la Comisión, necesariamente, debe realizar este análisis preliminar para determinar la procedencia o no de las excepciones al no agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna. Entenderlo de otro modo significaría pretender que la Comisión no pudiera pronunciarse, en la etapa de admisibilidad, sobre las razones para declarar admisible o no una petición y despojaría de su efecto útil a la norma del artículo 46.2 de la Convención, pues en cualquiera de las hipótesis allí contenidas la Comisión debe llevar a cabo un análisis previo a fin de fundamentar su decisión.
En consecuencia, tomando en cuenta los argumentos del Estado, la Corte considera que no se ha alegado fundadamente la ocurrencia de un error grave que vulnere el derecho de defensa de las partes. Por consiguiente, no se configura en el presente caso el presupuesto que permite a este Tribunal revisar el procedimiento ante la Comisión. En razón de lo expuesto, la Corte desestima la excepción preliminar interpuesta por el Estado.