“Que el sistema judicial […] no se haya detenido frente a quien,
por su trayectoria, es el político más importante del país, es una señal promisoria”.
Si diseccionamos el caso de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil en dos ocasiones consecutivas (2003-2010), encontramos que enfrentó acusaciones penales por delitos de corrupción desde septiembre 2016 sobre hechos ocurridos durante su gobierno y el de su sucesora, Dilma Rousseff, de quien fuera, incluso, ministro por un día. Sin embargo, no fue sino hasta julio de 2017 que Lula recibiera una condena por 9 años de prisión. En libertad y sin cárcel preventiva, Lula no declinó su candidatura y continuó en campaña por el Partido de los Trabajadores (PT) —que él mismo fundó años antes— mientras apelaba las sentencias en su contra con la esperanza de poder contender por un tercer mandato.
Lula fue sentenciado a 12 años de cárcel por actos de corrupción pasiva (recibir sobornos), lavado de dinero y tráfico de influencias; su sucesora fue removida del cargo permanentemente por maquillar las finanzas públicas y ambos están acusados de intentar silenciar a un testigo que los incriminaba en el escándalo de Petrobras. Si policías, investigadores y jueces logran vincular y sentenciar con asertividad y celeridad a funcionarios del actual gobierno y legislatura —algunos de ellos acusados de comprar y vender silencios, influencias, contratos y leyes por montos y favores mayores a los que se le imputan a Lula— el mensaje será claro: por encima de la ley no hay nadie, por más cercanía al poder que se tenga, por más popularidad de la que se goce.
Regresando a la pregunta inicial: si encarcelaran a mi candidato en plena contienda les garantizo que no estaría tranquila aun sabiendo que existen elementos para ello; vaya, ni siquiera si se nos presentaran pruebas irrefutables de su culpabilidad. No hasta que sepa que están midiendo con la misma vara a los contrincantes; que todos los actos de corrupción tendrán consecuencias, sin excepción ni distinción; sin filias ni fobias políticas.
Durante la gestión de Lula, la pobreza se redujo a la mitad, pasando de 33% a 15% de la población: en total, salieron de la pobreza alrededor de 29 millones de personas. En los años de su gobierno, Brasil se puso de moda: se posicionó como una potencia petrolera, fue cede de la Copa del Mundo en 2014 y de los Juegos Olímpicos en 2016. La bonanza petrolera y los precios internacionales favorables de los primeros años, le permitieron financiar la inversión en infraestructura y el gasto social. Lula dejó el cargo con un impresionante 80% de aprobación presidencial al final de su segundo mandato en 2010.
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