Sentencia nº 856 de Suprema Corte de Justicia, del 8 de Noviembre de 2017. - Jurisprudencia - VLEX 736805749
Sentencia nº 856 de Suprema Corte de Justicia, del 8 de Noviembre de 2017.
en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 11 de
julio de 2018, años 175° de la Independencia y 155° de la Restauración,
Sobre el recurso de casación interpuesto por L.F.G.,
núm. 226-0005324-7, domiciliado y residente en la calle K núm. 62,
municipio de Andrés Boca Chica, provincia Santo Domingo Este, imputado Fecha: 11 de julio de 2018
y civilmente demandado, contra la sentencia núm. 544-201-SSEN-000175,
dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo
Domingo el 10 de mayo de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído el dictamen del Procurador General Adjunto al Procurador
General de la República, L.. C.C.D.;
por el Licdo. A.V., en representación del recurrente,
depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 26 de julio de 2016,
Visto la resolución núm. 3444-2017, dictada por esta Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia el 31 de julio de 2017, que declaró admisible en
audiencia para conocerlo el 8 de noviembre de 2017, fecha en la cual se
motivos razonables; consecuentemente, produciéndose la lectura el día Fecha: 11 de julio de 2018
de 2015; 265, 266, 295 y 304-II del Código Penal Dominicano; y 39 y 40 de la
Ley núm. 36, sobre Comercio, P. y Tenencia de Armas; y las
resoluciones núms. 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la Suprema Corte
que el 6 de julio de 2011, el Procurador Fiscal Adjunto, Distrito
Judicial de Santo Domingo Este, L.. F.A.C.F., presentó
formal acusación y solicitud de apertura a juicio contra de Lamit Franco
García, imputándolo de violar los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 304
del Código Penal Dominicano; 39 y 40 de la Ley núm. 36, sobre Comercio, Fecha: 11 de julio de 2018
Porte y Tenencia de Armas, en perjuicio de J.J.C.S.
(occiso);
que el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la
Provincia de Santo Domingo, acogió la referida acusación, por lo que
emitió auto de apertura a juicio contra el imputado, mediante el auto núm.
45-2012 del 28 de febrero de 2012;
que para la celebración del juicio fue apoderado el Segundo
del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual dictó la sentencia núm. 368-2012 el 17 de octubre de 2012, cuyo dispositivo expresa:
“ PRIMERO: Conforme a lo establecido en las disposiciones del artículo 337 numeral 2 del Código Procesal Penal Dominicano, ordena la absolución del procesado C.C.M. y/oM., dominicano, mayor de edad, no porta cédula de identidad y electoral, actualmente recluido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, de los hechos que se le imputan de asociación de malhechores y asesinado, en perjuicio del hoy occiso J.J.C.S., por no haber presentado el Ministerio Público elementos de pruebas suficientes que le den la certeza al Tribunal, de que el mismo haya cometido los hechos que se le imputan, en consecuencia, se ordena el cese de la medida de coerción que pesa en su contra y su inmediata puesta en libertad, a menos que se encuentre recluido por otra causa, se compensan las costas penales del proceso; SEGUNDO: Declara Fecha: 11 de julio de 2018
culpable al ciudadano L.F.G., dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral número 226-0005324-7, domiciliado en la calle K núm. 6, A.B.C., provincia Santo Domingo, actualmente recluido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, de los crímenes de asociación de malhechores y homicidio voluntario, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre J.J.C.S., en violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano y la Ley núm. 36 (modificada por las Leyes 224 del año 1984 y 46 del año 1999); en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de veinte (20) años de reclusión mayor en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, así como al pago de las costas penales del proceso; TERCERO: Ordena que la presente decisión sea notificada al Juez de la Ejecución de la Pena, para los fines correspondientes; CUARTO: Admite la querella con constitución en actor civil interpuesta por la señora J.A.S.V., contra el imputado L.F.G., por haber sido interpuesta de conformidad con la ley; en consecuencia, se condena al mismo a pagarles una indemnización de un millón de pesos (RD$1,000,000.00), como justa reparación por los daños morales y materiales ocasionados por el imputado con su hecho personal que constituyó una falta penal y civil, de la cual este Tribunal lo ha encontrado responsable, pasible, de acordar una reparación civil en su favor y provecho; QUINTO: Al tenor de lo establecido en el artículo 11 del Código Penal Dominicano, se ordena la confiscación del arma de fuego, revólver marca Jaguar, calibre 38, núm. 115605, a favor del Estado Dominicano; SEXTO: Fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día veinticuatro del mes de octubre del dos mil doce (2012), a las nueve (9:00 a. m) horas de la Fecha: 11 de julio de 2018
mañana, vale notificación para las partes presentes y representadas”;
que no conformes con esta decisión, el imputado y los querellantes
constituidos en actores civiles interpusieron sendos recursos de apelación,
siendo apoderada la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del
544-2016-SSEN-000175, objeto del presente recurso de casación, el 10 de
mayo de 2016, cuya parte dispositiva establece:
“ PRIMERO : Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. A.V., en nombre y representación del señor L.F.G., en fecha diecinueve (19) del mes de noviembre del año dos mil quince (2015), en contra de la sentencia núm. 368-2012, de fecha diecisiete (17) del mes de octubre del año dos mil doce (2012), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión marcada con el número 368-2012, de fecha diecisiete (17) del mes de octubre del año dos mil doce (2012), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, por no estar la misma afectada en ninguno de los vicios esgrimidos por la parte recurrente; TERCERO: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, por haber sucumbido la misma en sus pretensiones; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Corte la entrega de una copia íntegra de la presente sentencia, a cada una de las partes que conforman el presente proceso”; Fecha: 11 de julio de 2018
Considerando, que el recurrente, por intermedio de su defensa técnica,
alega los siguientes medios de casación:
Primer Motivo : Violación de la ley por inobservancia y errónea aplicación una norma jurídica. Que en el juicio a-quo, el acusador público (a lo cual se adhirió la parte querellante), no presentó la prueba balística que sería el sustento por excelencia de una acusación de homicidio con arma de fuego como en el caso de la especie, ya que el acusador público establece que el occiso y los heridos fueron agredidos por el hoy recurrente. Esta aseveración es materialmente infundada en razón de que la fiscalía presentó, entre estas pruebas, un revólver marca Jaguar, calibre 38, núm. 115605, con 4 cápsulas, el cual fue entregado por el señor R.D.F.S., al primer teniente de la
P. N, B.R.C., tal y como lo menciona la sentencia en la página 7, numeral 5 de las pruebas documentales (acta de entrega). Si unimos estas declaraciones, los heridos que menciona la acusación, así como que solo se entregó un revólver descrito más arriba y que el mismo tenía 4 cápsulas al momento de la entrega, así como se estableció que fueron recogidos más de veinte (20) casquillos de balas en la escena del crimen, es materialmente imposible que el mismo haya sido la persona con un revólver, el cual solo dispone de cinco (5) proyectiles en su masa, existe una duda razonable de que el mismo haya sido el autor de dichos hechos (la duda favorece al reo). Atendiendo: A que la inobservancia en la sentencia recurrida es manifiesto, toda vez que el imputado L.F.G., es señalado por los testigos como uno de los individuos que supuestamente disparó, no quedó claro en el plenario que el arma recuperada al efecto haya sido de la misma que causó la muerte al hoy occiso, así como a los heridos, en Fecha: 11 de julio de 2018
razón de que el Ministerio Público no presentó una prueba balística de esa arma incautada que pudiese ser compatible, tanto con los casquillos encontrados en la escena del crimen, así como el del hoy occiso; Segundo Motivo: La falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando esta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral. Que la sentencia impugnada, el Tribunal da entero crédito a los testigos escuchados al efecto, en la audiencia de fecha 17 del mes de octubre del año 2012, por ante el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo, en cuya audiencia los mismos entran en una contradicción manifiesta, toda vez que uno establece que los hechos ocurrieron a las 8:00 p. m., (el Silandy de O.M., página 7, testigo 1), y otro que establece que fue a las 6:00 p. m.; V.M.A. de los Santos, página 8, testigo 5, y que esta testigo también da una calle diferente donde supuestamente ocurren los hechos y donde se levantó el cadáver, calle Prolongación 27 del municipio Boca Chica, mientras uno dice que fue en la calle C. y otro testigo dice que fue en la calle Los Mormones, lo que se evidencia la contradicción manifiesta en esta prueba testimonial presentada por el acusador público. Atendiendo: Que la Corte de Apelación expresa lo plasmado en la decisión de primer grado fueron dos individuos que dispararon, entre los cuales se encuentra el hoy recurrente, pero no se realizó una prueba balística como es lo propio en estos casos, que es la prueba de mayor transcendencia en casos de homicidio, y se apoyaron en pruebas testimoniales que por demás, son interesadas, a decir de que algunos de los testigos son parientes del hoy occiso. Atendiendo: Que la Corte de Apelación en cuestión, en la página 7 de la sentencia de marras, trata de alivianar la situación del imputado, al decir que Fecha: 11 de julio de 2018
el tribunal de primer grado no retuvo la falta de las disposiciones del artículo 309 del Código Penal Dominicano, claro que no debió hacerlo en razón de no hubo más de una denuncia que luego se convirtió en querella, por lógica jurídica no podía haber otra calificación que la que se le dio; la simple exposición de estas consideraciones en contra del recurrente le causa un agravio; Tercer Motivo: El quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos, que ocasionen indefensión. Atendido: Que la Corte de Apelación da como un hecho cierto y no controvertido que el tribunal de primer grado dio una justa valoración a las pruebas tanto testimonial como documental, y que el mismo dio una aplicación diáfana, clara y certera, que el mismo dio una valoración objetiva de las pruebas; esto es lo absurdo, en razón de que las pruebas aportadas al efecto (testimoniales) entran en franca contradicción, tal y como lo recoge la sentencia de primer grado y las pruebas (documentales), las cuales solo establecen que se recogió un herido, pero no establecen quién fue la persona que realizó el disparo mortal. De aquí se desprende que el tribunal de primer grado, a la hora de valorar los medios de pruebas testimoniales, tenía un marcado interés, toda vez que las declaraciones de los testigos entraron en franca contradicción el día de la vista y esto no fue tomado en cuenta por los Juzgadores a-quo, lo que da a entender que el imputado entró revestido, al Tribunal, de una presunción de culpabilidad y no de inocencia como establece la norma; que es a la parte acusadora que le toca demostrar de manera clara y precisa la acusación en contra del imputado hoy recurrente L.F.G., ya que el mismo llega revestido con el principio de inocencia, y con las pruebas presentadas al efecto no era posible que el mismo sea condenado a una pena de veinte (20) años de reclusión mayor. Atendido: A que por estas Fecha: 11 de julio de 2018
razones, la sentencia evacuada por el Tribunal a-quo debe ser anulada por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente instancia, y en razón que la misma es abusiva, arbitraria, infundada e ilegal, toda vez que la prueba testimonial, así como la prueba material, no son suficientes para sustentar dicha condena
“Que con relación a las declaraciones dadas por los referidos testigos, el Tribunal a-quo señaló que las mismas le merecieron crédito al Tribunal, por: “ser coherentes, precisas, concordantes y más que suficientes para dejar establecido que fue el procesado L.F.G., quien participó de manera activa en el hecho, en el cual perdió la vida J.J.C.S., pues todos estos testigos presenciales del hecho coinciden e indicar que el mismo ocurre porque este imputado se apersonó al lugar, conjuntamente con otra persona que le apodan T., según indican en sus declaraciones, en busca de una persona con la cual había tenido problemas de bandas barriales, y al no encontrar a este allí, emprende a tiros, tanto él como su acompañante, logrando herir de esta forma al menor de edad hoy fallecido, así también, a las dos personas que resultaron lesionadas, dentro de las cuales también se encontraba una menor de edad”. Que asimismo, establece el Tribunal a-quo que dichos testimonios no resultan interesados, dan una versión lógica y real de los hechos acontecidos, siendo los mismos coherentes tanto en la forma, en la identificación de los autores y el móvil del mismo. Que del estudio del acta de audiencia y la sentencia de marras, el Tribunal verificó que los testigos que Fecha: 11 de julio de 2018
depusieron ante el Tribunal a-quo fueron los señores Elsilandy de O.M., H.D., H.S.M., B.R.C., V.M.A. de los Santos y E.W. de los Santos, los cuales fueron asentados en el acta de audiencia, y que estos, conforme la página 4 del acta de audiencia, fueron aislados del salón de audiencia, ordenando el Tribunal al custodio, extraerlos y que los mismos esperen a ser llamados. Que asimismo, no se verifica en el acta de audiencia ni en la sentencia, ninguna situación asentada que diera al traste con que algunos de los testigos ofertados por las partes haya permanecido en el salón de audiencias en la instrucción del proceso, desacatando la orden dada por el Tribunal; amén de que conforme a la normativa procesal penal, la permanencia de algún testigo en el salón de audiencias, en la forma en como lo ha descrito el recurrente, no da al traste ipso facto con la nulidad de la sentencia, sino, esta situación será valorada por los Jueces del juicio a los fines de determinar el valor que darán al testimonio que se encuentre rodeado de dichas circunstancias. Que del examen de la sentencia atacada, la Corte no constata la situación que plantea el recurrente, todo lo contrario, el Tribunal le indicó los derechos al justiciable y le estableció que el mismo era inocente hasta que las pruebas, legalmente obtenidas, demostraran lo contrario, lo que al efecto hizo el Tribunal, lo que se verifica no solo en la forma de valoración de las pruebas documentales y testimoniales, sino en la explicación diáfana, clara y certera que ha hecho dicho Tribunal en el caso en concreto, valorando con objetividad las pruebas, lo que produjo una sentencia de descargo respecto del co-imputado C.C.M.. Que esta objetividad se percibe también en el hecho de que el Tribunal, luego de ponderar de manera conjunta los elementos Fecha: 11 de julio de 2018
probatorios, le extrae la calificación jurídica de asesinato al recurrente, solo reteniendo asociación de malhechores para cometer homicidio. Y asimismo, señala el Tribunal que aún verificándose que en la especie debió retenerse golpes y heridas, conforme las disposiciones contenidas en el artículo 309, por las heridas inferidas y diversas víctimas, varias de ellas menores de edad, el Tribunal no retuvo dicha calificación, a los fines de no agravar su situación, en el espectro del debido ejercicio al derecho de defensa; por lo que esta Corte tiene a bien rechazar dicho medio, por no existir el mismo en la sentencia impugnada” (ver numerales 7, 12 y 14, párrafos, Págs. 5, 6 y 7 de la decisión de la Corte);
Considerando, que el recurso de casación interpuesto recae
directamente en cuanto a la valoración de las pruebas, con dos puntos a
evaluar, que resultan ser la ausencia de las pruebas periciales de balística y
las pruebas de naturaleza testimonial, con la finalidad de la determinación
correcta de los hechos, aduciendo falta de motivación de la sentencia;
Considerando, que el primer medio esbozado, plantea el recurrente
que no se realizó el peritaje pertinente al arma de fuego utilizada para dar
muerte al hoy occiso, con la finalidad de poder demostrar si fue la misma
arma de fuego que entregó el padre del joven; agregando que el arma
entregada tenía en su cargador cuatro balas y en la escena del crimen Fecha: 11 de julio de 2018
fueron recuperados 20 casquillos; que la determinación de los hechos fue
sustentada en pruebas testimoniales y certificantes, sin una prueba pericial;
Considerando, que el presente proceso es presentado mediante una
acusación que se sustenta en varios elementos de pruebas de carácter
testimonial, documental y certificante, indudablemente se encuentra
ausente de pruebas de naturaleza pericial; no obstante, en la audiencia del
juicio los testigos resultan coherentes al señalar al imputado como la
persona que realizó el disparo que le segó la vida al menor de edad José
Juan Caminero Sosa;
Considerando, que el artículo 170 del Código Procesal Penal,
dispone de manera textual, lo siguiente: “los hechos punibles y sus
circunstancias pueden ser acreditados mediante cualquier medio de prueba
permitido, salvo prohibición expresa”;
Considerando, que del texto antes indicado inferimos que en materia
penal se puede emplear cualquier medio probatorio, de los autorizados en
el estatuto procedimental, para acreditar los hechos y circunstancias
referentes al objeto de la investigación y juzgamiento, teniendo como
límite, respetar la legalidad en su producción e incorporación al proceso,
en aras de garantizar la vigencia de los derechos esenciales de las partes Fecha: 11 de julio de 2018
envueltas en la controversia y así satisfacer los atributos de la prueba
acreditada en términos de su relevancia;
Suprema Corte de Justicia, que en términos de función jurisdiccional de
los tribunales, la valoración de los elementos probatorios no es una
arbitraria o caprichosa actividad sometida al libre arbitrio del juzgador,
etapa superada del proceso inquisitivo, sino que se trata de una tarea que
se realiza mediante una discrecionalidad racional, jurídicamente
vinculada a las pruebas que hayan sido sometidas al proceso en forma
legítima y que se hayan presentado regularmente en el juicio oral, público
y contradictorio, mediante razonamientos lógicos y objetivos, tal como
ocurrió en la especie; por lo que procede rechazar el medio propuesto;
Considerando, que el segundo medio argüido por el recurrente
descansa en ataques a las pruebas testimoniales a cargo, al entender que
son contradictorias en cuanto a la hora y sobre el lugar –nombre de la calle-
de la ocurrencia de los hechos;
Considerando, que la Corte a-qua al evaluar la subsunción realizada
por el Tribunal a-quo, sobre las pruebas testimoniales a cargo hoy atacadas,
señaladas como contradictorias, justipreció positivamente las declaraciones Fecha: 11 de julio de 2018
que al ser avaladas con los demás medios de pruebas certificantes,
señalaban al justiciable, fuera de toda duda razonable, como el autor de los
hechos endilgados, acompañado de otra persona que se ha distraído del
actual proceso, manteniendo el estado de prófugo;
Considerando, que sobre la valoración de las pruebas, específicamente
de los testigos del juicio, la Segunda Sala ha fijado criterio en innumerables
sentencias, que el valor que otorgue el juez a los testimonios rendidos en el
juicio escapa al control del recurso, que el tribunal de alzada no puede
censurar al juez de primer grado la credibilidad dada a las declaraciones de
testigos, por depender este asunto de la inmediación; es decir, solo el juez
de juicio puede valorar si el testigo declaró tranquilo o nervioso, si fue
pausado o impreciso, si mostró seguridad o no, y por ello es que se sostiene
que ese punto es un asunto que escapa al control del recurso, en razón de
que no es posible que un tribunal de alzada revise la fiabilidad otorgada
por el juez de juicio a un testimonio que la Corte ni vio ni escuchó, a no ser
que se produzca una desnaturalización de los testimonios rendidos, lo que
no ocurrió en la especie; por lo que procede desestimar el medio propuesto;
Considerando, que nuestro Tribunal Constitucional mantiene
precedente al respecto, donde actualizadamente continúa estatuyendo,
que: “En relación con la imputación de que la decisión de la Segunda Sala de la Fecha: 11 de julio de 2018
Suprema Corte de Justicia omite una verificación y apreciación correcta de las
pruebas testimoniales declaradas ante un Notario Público y siete testigos”, resulta
improcedente, pues la naturaleza del recurso de casación no admite que la Suprema
Corte de Justicia se involucre en apreciación de los hechos propios del proceso sobre
cuya legalidad y constitucionalidad reclaman su intervención. Si el órgano
jurisdiccional superior del Poder Judicial se involucrara en la apreciación y
valoración de las pruebas presentadas por las partes durante el juicio de fondo,
incurriría en una violación de las normas en las cuales fundamenta sus decisiones
y desnaturalizaría la función de control que está llamado a ejercer sobre las
decisiones de los tribunales inferiores respecto a la correcta aplicación de las
disposiciones legales y constitucionales que le son sometidas;” (ver sentencia
constitucional núm. TC-027-18, de fecha 13/03/2018);
Considerando, que en relación a lo argüido por el recurrente, en cuanto
a la errónea determinación de los hechos, destacamos que dentro del poder
soberano de los jueces del fondo, se incluye la comprobación de la
existencia de los hechos de la acusación, la apreciación de las pruebas, las
circunstancias de la causa y las situaciones de donde puedan inferir el
grado de culpabilidad del imputado; que la Suprema Corte de Justicia, en
funciones de Corte de Casación, tiene solo el deber de verificar la
apreciación legal de esos hechos y comprobar si los hechos determinados Fecha: 11 de julio de 2018
por los jueces como constantes, reúnen los elementos necesarios para que
se encuentre caracterizado el ilícito por cuya comisión han impuesto una
pena, aseveración que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, al
ratificar la característica de recurso extraordinario que posee esta Sala (ver
literales d, e y f, Págs. 17 y 18, sentencia TC/0102/2014, Tribunal
Constitucional); por lo que, el medio planteado y analizado carece de
sustento y debe ser desestimado;
Considerando, que sobre la falta de motivos denunciado en el tercer
medio argüido, ha sido evaluado el contexto motivacional de la decisión
impugnada, quedando evidenciado que la decisión y justificación jurídica
brindada por la Corte a-qua resulta correcta, al determinar que los
testimonios directos y presenciales exhibidos en el juicio contradictorio,
fueron acreditados positivamente por el Tribunal a-quo, determinándose
gracias al amplio y variado fardo probatorio, el cuadro fáctico presentado
en la imputación del acusador público, que permitió establecer la correcta
calificación jurídica y posterior sanción; siendo de lugar rechazar el
referido medio impugnativo;
adecuadamente el control vertical, respecto de lo resuelto en el tribunal de
primer grado, al valorar y estimar el laudo frente a lo denunciado por el Fecha: 11 de julio de 2018
recurrente, plasmando adecuadamente sus motivaciones en dicho acto
Constitucional Dominicano en su sentencia TC/0009/13, dado que en la
en cuestión; de tal manera que esta Sala de la Corte de Casación no avista
vulneración alguna en perjuicio del recurrente; procediendo, en tal sentido,
a desestimar el recurso de que se trata;
Considerando, que en ese tenor, la Segunda Sala Penal de la Suprema
Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015,
procede a rechazar el recurso de casación de que se trata, confirmando la
decisión recurrida;
Penal, toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o Fecha: 11 de julio de 2018
resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas
procesales, las que son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal
halle razón suficiente para eximirlas total o parcialmente; por lo que
procede condenar al imputado al pago de las costas penales del proceso,
por resultar vencido en sus pretensiones;
Suprema Corte de Justicia, mandan que copia de la presente decisión debe
Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por L.F.G., contra la sentencia núm. 544-2016-SSEN-000175, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 10 de mayo de 2016; en consecuencia, confirma la decisión impugnada; Fecha: 11 de julio de 2018
Segundo: Condena al recurrente L.F.G., al pago de las costas causadas en la presente alzada;