Editorial: La legalización del cannabis, a debate
La discusión reclama escuchar las voces de expertos y abordar el análisis con madurez y compromiso político
Sábado, 17/11/2018 - 22:55
La decisión de Canadá de regular el consumo integral de la marihuana contribuye a abrir el debate también en España. Hay unanimidad en que el consumo del cannabis es perjudicial para la salud. Causa más accidentes de tráfico, mayor riesgo de sufrir psicosis, más fracaso escolar. El 19% de las personas que lo consumen desarrollarán una adicción, el 25% si se inician en el consumo en la adolescencia. El coeficiente intelectual de los consumidores es más bajo.
El uso terapéutico del cannabis se está extendiendo en algunos países para tratar epilepsias infantiles, esclerosis múltiple, glaucoma, dolor crónico o las náuseas y vómitos generados por la quimioterapia. En España, un médico no puede prescribir cannabis. Solo está permitido el cultivo para consumo propio, en los hogares o en los clubs de fumadores. Pero comprar marihuana o derivados es tan fácil que España es el cuarto país de la UE con mayor tasa de consumo. Es la droga ilegal más habitual entre los adolescentes. Un grave problema de salud que todos reconocen, también los abolicionistas. Para reducir su consumo y estudiar su prescripción médica, el partido en el Gobierno propone crear una subcomisión y abrir el debate sobre su legalización.
Las experiencias en otros países sobre el impacto que ha supuesto la liberalización total del consumo son dispares. En California se ha reducido en el 4% el consumo entre los jóvenes en tres años. En Colorado ha aumentado en la población en general, pero ha disminuido entre los adolescentes. Dado los problemas de comportamiento, aprendizaje y memoria que causa en los jóvenes, estos datos son relevantes.
EL PSOE no cierra la puerta a la despenalización completa si la comisión concluye que esta favorece la reducción del consumo. Ciudadanos promueve permitir el uso terapéutico. También el PDECat. Podemos está por la despenalización completa: propone el control estatal y que los beneficios, vía impuestos, se destinen a mejorar los servicios públicos y a programas de prevención. ERC también está en esta línea. Y el PP se opone a toda ampliación de la legalización del consumo. El debate es complejo y tiene un gran impacto social. La legalización puede ofrecer alivio a enfermos, evitar adulteraciones, aumentar los ingresos fiscales y reducir la criminalidad, pero nada de ello resultará beneficioso si no va acompañado de educación y de la reducción del consumo. Resulta fundamentar escuchar las voces expertas y abordar el análisis con madurez y compromiso político.
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