Se pidió al Consejo de la Judicatura Federal que proceda contra personal que cometió irregularidades y que la Secretaría de Gobernación de la Federación, redoble esfuerzos para brindar certeza jurídica
Los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortó a la Fiscalía General de la República, a que se realice una investigación exhaustiva en el caso Ayotzinapa, que se tomen todas las acciones pertinentes para comprobarse los delitos de tortura, así como las medidas legales pertinentes para los servidores públicos cuyas acciones u omisiones en la investigación, sean corroboradas.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, se presentó en tribuna por la diputada Deyanira Ozaeta Díaz del Partido del Trabajo, quien detalló que esta iniciativa, incluye al Consejo de la Judicatura Federal para que dé vista por el accionar del personal a su cago y tome las medidas legales pertinentes.
Señaló que, de igual manera, se enviará al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, para que redoble los esfuerzos realizados hasta este momento, a fin de dar certeza jurídica y que se lleve a cabo la correspondiente reparación del daño.
“El pasado 30 de agosto se conmemoró el día internacional de las víctimas de desaparición forzada; en lo que respecta a este tema, es necesario reconocer que el Estado mexicano tiene una deuda pendiente con los familiares de las personas desaparecidas y que debe de ser atendida por la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, concretó.
Además de esto, dijo que, para poder subsanar la deuda histórica con las familias de las personas desaparecidas, es necesario dar solución a las más de 32 mil desapariciones que se registran y señalan dentro del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
“Los desaparecidos y desparecidas tienen nombre propio, su historia es una tragedia latente, cuya herida proviene en muchas ocasiones de la Guerra Sucia, en otras de la Guerra contra el narcotráfico y sus estragos posteriores, ante esto el Estado Mexicano no puede cerrar los ojos, para diciembre de 2017 únicamente existían 12 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada”, dijo.
Recordó que, en este mes de septiembre del presente año, el titular de la Subsecretaría Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración, dio a conocer a la población nacional la noticia de que los presuntos responsables de la desaparición de los normalistas, quienes ya se encontraban vinculados a proceso, podrían salir en libertad una vez que el Juez Primero de Distrito en Procesos Federales de Tamaulipas desestimara las pruebas ofrecidas por el delito de desaparición forzada en contra de quien la llamada “verdad histórica” señaló como el líder de la banda que secuestró a los estudiantes.
“Nos parece lacerante y preocupante que en un país tan lastimado como los nuestros, existan señalamientos de tortura contra presuntos delincuentes y además se comentan errores premeditados en la integración de las carpetas de investigación. Es necesario acabar con la impunidad, de otra forma jamás se podrá resarcir el daño a las víctimas”, concluyó.