30/01/201816:19
Las diputaciones y los cabildos insulares firmaron el 70% de los contratos de compra y todos los contratos de alquiler de inmuebles sin negociar el valor de la tasación o el del arrendamiento, lo que hubiera sido conveniente para “conseguir un mejor precio, como requiere el principio de economía” que debe regir la actuación del sector público.
El órgano fiscalizador señala que ha encontrado inventarios desactualizados, sin rectificaciones anuales, y que en el caso de catorce entidades, los saldos contables de balance no representaban la imagen fiel de su patrimonio inmobiliario en los ejercicios fiscalizados.
También se explica en el informe que en el 50% de los expedientes de compra y de otras operaciones de altas de inmuebles “no estaba acreditada la necesidad e idoneidad del contrato exigida legalmente”. Y de esos contratos, el 80% no se habían puesto en uso en el momento en que se hizo esta fiscalización.
En este punto, el Tribunal de Cuentas apunta que el 70% de los contratos de compra y todos los de alquiler de inmuebles se firmaron sin negociar el precio, lo que hubiese quizá permitido costes más bajos tanto de adquisición como de arrendamiento.
Más de un 20% de los inmuebles, usados gratis
En cuanto al análisis para conocer el destino que las entidades fiscalizadas habían dado a los bienes inmuebles de su propiedad, el resultado ha sido que el 57% de ellos los utilizaron las propias diputaciones, cabildos y consejos insulares y otro 24% fue utilizado por otras entidades públicas o sin ánimo de lucro sin contraprestación.
Además, un 7% de los inmuebles fue utilizado por terceros a cambio esta vez sí de contraprestación y el 10% estaba sin uso cuando se realizó este informe. Asimismo, el Tribunal de Cuentas destaca que doce entidades fiscalizadas disponían de un “significativo” parque de inmuebles “ocioso”, lo que “denota ineficiencia en la gestión del mismo”.
También se dice en el informe que el 23% de las entidades fiscalizadas no ha dado datos de lo que le cuesta mantener y conservar los inmuebles. “Se refleja que existe un desconocimiento respecto a los costes que están asociados a sus inmuebles”, dice el Tribunal.
El desconocimiento sobre el uso de los edificios es especial en once de los casos, se agrega en este trabajo, y sobre todo en tres de ellas, que muestran “una debilidad en la gestión y el control de su patrimonio inmobiliario“.