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El pasado 15 de noviembre, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del Acto Legislativo 1 de 20172 , incluyendo la creación del SIVJRNR y la JEP. Sin embargo, en su decisión, la Corte hizo cambios estructurales a algunos artículos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pues estableció que la JEP no conocerá, excepto por voluntariedad, sobre los hechos ni responsabilidades de terceros y agentes de Estado no integrantes de la fuerza pública, al tiempo que declaró ajustado a la Constitución el concepto reducido de responsabilidad de mando.
Sobre esta situación ya se había pronunciado de manera crítica la Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre el artículo 24 transitorio del Acto legislativo del SIVJRNR, quien a través de un escrito de amicus curiae solicitado por la misma Corte Constitucional, manifestó, entre otros aspectos, que la responsabilidad del mando se centra sobre los subordinados y no sobre su conducta, y que la autoridad del superior jerárquico no tiene límites en el tiempo y en el espacio.
Con su decisión, la Corte Constitucional: i) desnaturalizó lo acordado en materia de justicia, ya que la JEP fue concebida para investigar, juzgar y sancionar, como instancia de cierre, todos los responsables y todas las conductas cometidas por causa, con ocasión y en relación con el conflicto armado; ii) desconoció la evidente participación de los terceros civiles en la comisión directa de graves violaciones a los derechos humanos, o en el financiamiento o colaboración con grupos armados, así como la participación en dichas violaciones de agentes del Estado no armados como alcaldes, gobernadores, registradores, funcionarios de organismos de seguridad, entre otros; iii) generó impunidad y vulneró el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparaciónintegral; iv) demostró la falta de voluntad del Estado para investigar violaciones a los derechos humanos que adquieren la connotación de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, especialmente cuando vinculan a agentes del Estado militares y civiles, empresarios y terceros -tanto en el marco del conflicto armado, como en hechos propios de la violencia sociopolítica.
1. Inste al Estado de Colombia a que actúe con sujeción a su obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. En consecuencia, que regule los mecanismos de justicia transicional, especialmente la Jurisdicción Especial de Paz, con estricto apego al Acuerdo final y a los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas.
2. Se abstenga de aplicar el artículo 16 del Estatuto de Roma, y así se le permita a la CPI cumplir con el papel que la sociedad colombiana y sus víctimas esperan de ella.
3. En virtud del artículo 15 del Estatuto de Roma continúe con su investigación preliminar y que, de estimarlo pertinente y conforme al artículo 17 del mismo Estatuto, solicite la admisibilidad de los casos objeto de su investigación preliminar.
4. Verifique la sujeción de los escenarios de justicia transicional a los estándares internacionales en materia de protección de los derechos de las víctimas y prevención, sanción e investigación de violaciones a los derechos humanos.
5. Emita las recomendaciones al Estado colombiano que sean necesarias para adecuar la implementación normativa del Acuerdo Final a dichos estándares.
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