Fast Track Para Principiantes | Revista Mundo Caribe
El nombre que inicia estos comentarios es relativamente nuevo en la jerga jurídica, política y democrática del país. Su significado no es tan complejo como quieren hacerlo aparecer los gacetilleros tradicionales. Antes de intentar una explicación es preciso recordar algunos conceptos elementales para cualquier ciudadano. Veamos:
1.- CONSTITUCION definida como la Ley Fundamental de un Estado donde se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos y de sus gobernantes es la columna vertebral que orienta el nacimiento y desarrollo de las leyes. No se concibe una sociedad sin constitución y las personas integrantes de la sociedad tienen la obligación de conocer su estructura, divulgar su conocimiento, defender su aplicación y participar en sus cambios si ello fuere necesario.
La Constitución, también llamada Carta Magna, Carta Fundamental, Carta Política, Ley de Leyes, Norma Superior, entre otras denominaciones es tan importante en la vida de las sociedades que algún autor sugiere debe ser como un librito de bolsillo para consultarlo todos los días en todas las actividades.
2.- LEY: norma, precepto, estatuto que manda, prohíbe, permite o castiga. O, como la define el código civil “declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevista en la Constitución”.
Pues bien, nuestra Constitución en el Capítulo 3, a partir del artículo 150, señala quién y cómo se hacen las leyes. Dice que al Congreso de la República le corresponde hacerlas y en tal función puede interpretarlas, reformarlas y derogarlas. Distingue las leyes orgánicas de las estatutarias y establece los mecanismos y tiempos para el nacimiento de ellas.
El Congreso colombiano está integrado por la Cámara de Representantes y por el Senado de la República, que a su vez, conforman Comisiones para organizar las materias sobre las cuales deben versar las diferentes leyes y su funcionamiento. Las leyes pueden tener origen en la Rama Ejecutiva del Poder, en los órganos de la estructura institucional o en el Congreso mismo y también por iniciativa ciudadana.
Existe el Control de Constitucionalidad para todas las leyes aprobadas por el Legislativo o Congreso. Este consiste en que la Corte Constitucional las estudia y las aprueba o desaprueba según se hayan observado o no los lineamientos que la misma constitución establece.
Lo anterior significa que, normalmente, las leyes en nuestro país deben recorrer un largo camino para entrar en vigencia. Ese camino es más largo y tortuoso cuando entran en juego los intereses partidistas de los congresistas que, muchísimas veces anteponen sus intereses particulares o de sus colectividades políticas a los intereses de la sociedad. Cito un ejemplo: desde la aprobación de la actual Constitución por la Asamblea Nacional Constituyente reunida en el año 1991 debió aprobarse un Estatuto del Trabajo y una Reforma Política para democratizar la vida del país. Han transcurrido 26 años y todavía los honorables padres de la patria –que así también se les dice a los congresistas—no han sido capaces de desarrollar ese postulado constitucional.
Ahora bien, nuestra patria ha vivido un conflicto interno social y armado desde hace más de cinco décadas. Las causas de ese conflicto, dicen los analistas, han sido la exclusión, la inequitativa distribución de la riqueza y la corrupción entre otras. El conflicto prohijó toda una estructura deformada y mafiosa en la institucionalidad colombiana. En su entorno surgen los movimientos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC., el Ejército de Liberación Nacional. ELN., el Ejército Popular de Liberación, EPL., el Movimiento 19 de Abril, M-19., y el Movimiento Quintín Lame, amén de otras formaciones de menor importancia. Entre esas organizaciones las FARC era la guerrilla más antigua del planeta.
Gobiernos anteriores a Santos y Uribe negociaron con el M-19, con el Quintín Lame y con una parte del EPL. Los integrantes de esos movimientos fueron amnistiados y participaron con plenos derechos en la Constituyente de 1991 que promulgó la actual constitución. El actual presidente Juan Manuel Santos, después de varios años de negociación con las FARC logró un Acuerdo de Paz que, según el sentir de muchos, abre nuevas perspectivas para la democracia y el desarrollo del país. Pactó con esa guerrilla aspectos relativos al agro colombiano, la terminación del conflicto y la entrega de las armas, soluciones al problema del narcotráfico, la reparación a las víctimas del conflicto, la participación política de los desmovilizados. Todo ello con fundamento en la verdad y la justicia para evitar repeticiones futuras.
Como puede observarse lo pactado implica toda una serie de cambios y de ajustes en la nueva vida del país. Es lo que se ha llamado la implementación de los acuerdos que conlleva nuevas leyes y nuevos paradigmas en la vida social. Se impone una nueva dinámica y una nueva juridicidad que supere las causas que motivaron el conflicto. Esa nueva forma de ser para aclimatar la paz necesita de procedimientos expeditos en la aprobación de las leyes que hagan posible la paz estable y duradera acordada por las partes. Para tal propósito acordaron el Fast Track como mecanismo rápido para aprobar las leyes pertinentes al acuerdo de paz que supere el lento y a veces tortuoso, camino legislativo tradicional.
Lo anterior no significa que las leyes aprobadas mediante el mecanismo del Fast Track escapen al control constitucional. De hecho el mismo pacto de paz acordado resalta tal control. Y ya la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes ocasiones sobre la viabilidad del Acuerdos, del Marco Constitucional que lo ampara y del mecanismo que permite su implementación.
En síntesis y sin rodeos, el Fast Track es un mecanismo que permite la aprobación rápida der las leyes que harán posible la construcción de un país en paz. Tiene valor constitucional y legal y su vigencia es hasta el próximo mes de noviembre y, si acaso, hasta diciembre.
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