- 17 de Marzo de 2017 - 12:05 am - Deja un comentario
Justicia y bien común Juan Tómas Taveras
Ser policía es la función pública de mayor riesgos, muchos pierden la vida sin agradecimiento alguno. Los que sobreviven y hoy están pensionados claman
¡Auxilio! por la desconsideración y los maltratos.
En la mayoría de países del mundo los pensionados o jubilados de las Fuerzas Armadas y las policías son un poder respetado y con muchas prerrogativas, en República dominicana son uno de los sectores más excluidos y vulnerables de la administración pública. Con excepción de una muy pequeña minoría los hombres y mujeres pensionados de los cuerpos militares y policiales están muriendo de hambre y enfermedades, enfermedades estas, adquiridas por la gran cantidad de años (de 20 a 40) al servicio de la patria por salarios de miseria y con el desprecio de la población a causa de los resentimientos heredados de las dictaduras y que siguen alimentados por los últimos gobiernos.
Es una burla indignante el ver politiqueros y serviles infuncionales en cargos públicos con grandes remuneraciones (cientos de miles de pesos), que en ocasiones reciben pensiones con apenas un año de servicio. De igual manera, los regidores y legisladores con todo tipo de beneficios, en menos de diez años reciben su pensión sin correr riesgos ni sacrificios.
El diccionario RAE define Jubilado: “Persona retirada del trabajo por su edad o por su incapacidad, con derecho a una pensión.” Pensión que debe ser digna, pero muy pocos lo logran. Más bien, le corresponde el segundo uso que define RAE Jubilar: “Desechar por inútil una cosa y no utilizarla más: Jubilar un coche viejo.” En esta segunda acepción están contenidos los pensionados de la policía dominicana, como una cosa desechable e inútil que para nada se contempla en lo humano.
Por otra parte nuestro país hace la excepción a la palabra pensionado, esta es sinónimo de viejo, obsoleto, desprecio y fracasos en su carrera. Están equivocadas nuestras autoridades; en otras culturas la condición de pensionado es una persona orgullosa, con muchos valores éticos y morales en honor a sus servicios a la sociedad, haciéndolos merecedores de muchos respeto. Los miembros de la Policía Nacional en condición de retiro pueden ser de gran utilidad para la institución debido a sus conocimientos y experiencias adquiridos tanto teóricos como prácticos. En otros países son una fuente de consulta en cuanto a las decisiones de políticas públicas para la seguridad. Son el orgullo institucional debido a su trayectoria y aportes a la sociedad.
Desde la creación de la Policía Nacional dominicana en el 1936, hasta hace unos meses lo referente a las cosas internas de dicha institución eran desconocidas o de poco interés social o público. Muy a pesar de nuestros esfuerzos durante más de treinta años participando en foros nacionales e internacionales, vistas públicas del congreso y quince años escribiendo o participando en comunicación para diferentes medios; hemos tenido escasos avances.
Sin embargo, a partir del 15 de julio del año 2016, que el Poder Ejecutivo de la República Dominicana, promulgó la nueva Ley orgánica de la Policía Nacional, marcada con el número 590-16, la cual cuenta con 176 artículos, el interés en los asuntos propios que vive el policía dominicano ha venido aumentando, a razón de que dicha Ley Orgánica ha rebosado la copa en cuanto a los abusos y discriminación, mejor dicho, violaciones de derechos constantes durante los 81 años de existencia de la Policía Nacional.
La Ley 590-16, para nada ha venido a mejorar, fortalecer y modernizar la policía dominicana, como debe ser la esencia de toda ley, muy contrario a esto, ha debilitado, atrasado y desprotegido a los miembros de la policía, a razón de haber quitado derechos adquiridos. Lo que ha resultado causa para la indignación y desesperación de la mayoría del cuerpo policial y al mismo tiempo el comienzo del fin de la tolerancia, la sumisión y discriminación de la sociedad y los gobiernos junto a los políticos.
La mayor afectación, desconsideración y perdida de derechos adquiridos les ha tocado a los pensionados de todas las jerarquías:
1)Eliminaron el Instituto de Seguridad Social, la ARS policial y el Comité de Retiro solo tramita papeles, porque los miles de millones del fondo de pensiones ahorrados que este administraba fueron transferidos a la Dirección de Jubilación y Pensiones del Ministerio de Hacienda, sin explicación ni tomando en cuenta a los pensionados. Dicha Dirección no ha creado una instancia para atender a los pensionados de la policía, 2) No se han adecuado los sueldos de los Generales faltantes y del resto de los pensionados acorde a la ley 96-04 que rige a los pensionados, 3) Tienen varios meses con inconvenientes en los seguros de salud, 4) Excluyeron el representante de los pensionados en el Consejo Superior Policial, 5) Aumentaron 5 años al derecho de retiro con pensión de 20 a 25, también se subieron los años para retiro con el rango inmediato, 6) Anularon muchas asignaciones de combustibles y no cumplen con la mayoría, 7) Quitaron el subsidio al Instituto de Generales Retirados de la PN, IGREPOL, 8) Los dejaron fuera del aumento salarial en violación a la Ley 96-04, 9) Se han suspendido los prestamos con intereses bajos y otros beneficios relacionados, 10) La Dirección Policial en voz de su incumbente Mayor General Nelson Peguero Paredes, se desvinculó de representar o tener responsabilidad con los pensionados, entre otros tantos desprecios.
El Poder Judicial Dominicano es simbólico, ya que, las llamadas altas cortes y los tribunales competentes se han mostrado serviles y subordinados al poder político del partidismo oficialista que dirige el presidente Danilo Medina junto al comité político del PLD, razón por lo cual las instancias de inconstitucionalidad de la Ley orgánica de la Policía Nacional, 590-16, no se han fallado, de igual manera, muchos amparos y hábeas corpus han dado sentencias en contra del debido proceso, de los principios constitucionales y de los derechos humanos de los policías y militares afectados.
Debemos citar la Revolución Francesa, movimiento social, político, económico y militar que dio como resultado la victoria del pueblo trabajador junto a los burgueses sobre la nobleza feudal y el clero que regían el absolutismo monárquico con todos los privilegios, conflictos que dividieron la historia de la humanidad y universalizaron la igualdad y derechos de todas las personas. Pero, que al parecer, no ha tocado a la República Dominicana, pues una minoría que gobierna asociada a otra minoría capitalista y conservadora privatizan para ellos, los privilegios con todos los beneficios de la producción nacional y muchas veces sin trabajar, aumentando cada vez más la desigualdad y socializando los problemas y el trabajo sin beneficio alguno para los empleados y la mayoría del pueblo. Sin duda alguna, en los avances institucionales políticos y sociales estamos suspendidos en el tiempo, antes del 1789. Urge una nueva Revolución Francesa para establecer los derechos y libertades con igualdad, que están ausentes para el pueblo dominicano.
Nuestra Independencia del yugo haitiano y nuestra Restauración de anexión española, con todas las ocupaciones extranjeras siguen inconclusas. No hay independencia de poderes en el Estado dominicano, no existe la institucionalidad, no hay garantía de derechos y libertades para la población trabajadora. Están ausentes los servicio públicos con calidad (Son derechos insatisfechos): Justicia, seguridad, salud, educación, vivienda, empleo, agua, transporte, oportunidad de desarrollar talentos, internet, medio ambiente sano, alimentos, producción, recreación, entre otras necesidades incumplidas.
Parafraseando a K. Marx y F. Engels en su idea final del Manifiesto Comunista: “Proletarios de todos los Países, uníos”. ¡Pensionados dominicanos, uníos. Sin revolución no hay victoria!