La reforma desaprovechada a las contralorías regionales | Vanguardia.com
Estas entidades hasta hoy han estado bien lejos de ser las guardianas de los recursos públicos y se han convertido en el fortín en el cual se escudan los políticos corruptos para salir impunes.
Tras un largo recorrido por el Congreso, la semana anterior se aprobó en octavo debate el proyecto que busca reformar el control fiscal en Colombia. Esta iniciativa pretende cambiar el sistema de contralorías en el país, para que cumplan el fin para el que fueron creadas: vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos y recuperar los dineros que funcionarios han dilapidado en corrupción. Pero cuando se creía que por fin se iba a acabar con las contralorías regionales, entes completamente inoperantes, esta reforma se hundió.
Estas entidades hasta hoy han estado bien lejos de ser las guardianas de los recursos públicos y se han convertido en el fortín en el cual se escudan los políticos corruptos para salir impunes de sus actos. Y no es exagerado lo que aquí se afirma, pues hoy los contralores son nombrados por los mismos gobernantes, que suelen ponerlos allí con el favor de los concejos y las asambleas que los eligen. Son, en su mayoría personas, de su misma cuerda política, que están allí muchas veces sin hacer absolutamente nada contra los mismos funcionarios que procuraron sus nombramientos.
El escándalo más reciente que muestra la degradación de estos entes fue el del Contralor de Antioquia, a quien se le procesa por presuntamente arreglar procesos para ocultar los actos corruptos de distintos alcaldes de ese departamento.
Pero no es necesario ir tan lejos para ver la inoperancia de las Contralorías regionales.
Según las cifra reveladas en este debate, en Colombia este organismo de control solo logra recaudar el 0,4% de los recursos que se roban los corruptos en el país. ¡Solo 0,4%! es decir, nada. Son entes absolutamente inservibles que solo alimentan la burocracia.
Además, preocupa que se hayan convertido también, además de inoperantes, en entes que bajo una aparente ejecución de sus funciones persigan a los gobernantes que no son de su cuerda política.
Tal es el caso de la Contraloría de Bucaramanga, en cabeza de Jorge Gómez Villamizar, que desplegó siempre una eficientísima labor de investigación a todas las actuaciones de la alcaldía de Rodolfo Hernández, lo cual es de aplaudir si existen los méritos para abrir estas investigaciones, pero no ha adelantado ningún proceso ni seguido adelante con los que se abrieron contra la anterior administración de Luis F. Bohórquez, de quien es pública su cercanía personal y política.
Así que una vez más el país ve pasar una oportunidad de reformar a estos entes político. Ahora se propone que su elección se haga por convocatoria abierta, como si el problema estuviera en esta convocatoria, y no en el descaro de su sistema de elección.