PUBLICACIONES 2013 - MyU-Consultores
CON FOTOMULTAS NO HAY PARAISO
publicado a la‎(s)‎ 22 dic. 2013 15:11 por Carlos A. Gonzalez G. [ actualizado el 22 dic. 2013 15:30 ]
Colombia. Noviembre 13 de 2013
publicado a la‎(s)‎ 25 sept. 2013 4:44 por Carlos A. Gonzalez G. [ actualizado el 25 sept. 2013 4:45 ]
Colombia. Septiembre 11 de 2013
El marco legal de la financiación del transporte masivo (Leyes 086/1989 y 310/1996) ha sentado las bases del modelo actual. Los costos de la infraestructura de los sistemas de transporte masivo han sido financiados 100% con recursos públicos, mientras los costos de operación y de plataforma tecnológica para el recaudo han sido asumidos por empresas privadas. Se trata de una especie de “todos ponen” que, además, se supone debe ser “autosostenible”. Sí, autosostenible. La ley establece que los costos de operación, administración, mantenimiento y reposición se deben cubrir con los ingresos generados por la venta de tiquetes –recaudo-. Esto suena fantástico, pero la viabilidad financiera no parece clara, pues donde todos ponen también todos toman, y tal parece que la torta del recaudo, al menos de momento, no da para tanto invitado.
En las principales capitales colombianas todavía hoy el transporte público tradicional y su rentable guerra del centavo controlan más del 60% de la demanda de viajes en transporte público. Por tanto, implementar un sistema de transporte masivo en medio de un ambiente de competencia inequitativa debería haber tenido consideraciones especiales. No considerar un subsidio directo a la operación – subsidio a la oferta- del transporte masivo durante los primeros años de vida del proyecto es muestra de ello. Es que no es lo mismo prestar un servicio con un autobús de altas especificaciones y cumpliendo con todos los requerimientos laborales y tributarios, que hacerlo con una vieja buseta, sin cobertura social a los conductores y con un opaco sistema contable. De la competencia con el transporte informal ni hablemos.
Para ello es fundamental que el Estado por fin garantice que con la implementación de los Sistemas Integrados de Transporte Público –SITP- vendrá el cumplimiento del sector público en cuanto a gestión, regulación, control y vigilancia del servicio. Este es un tema clave para evitar que algunos picaros terminen haciendo de los subsidios su nuevo negocio en la sombra. El que la implementación del SITP en Bogotá y Medellín actualmente no supere el 20% es muy cuestionable, tanto como que Cali lleve meses esperando la ayuda efectiva del Gobierno Nacional para pasar del actual 80 al 100%. Los ciudadanos debemos tenerla clara: Sí al sistema masivo, sí al SITP, no al transporte público tradicional.
Interesante saber que en ciudades europeas, al igual que en otras de Chile, Brasil y Argentina, entre el 30 y el 60% de los costos de operación son cubiertos por un subsidio (estatal, regional y municipal, bajo diversos esquemas), pues los aportes del Estado a la operación del transporte público son vistos como inversión social, mientras en Colombia estos son consideradas un delito. Así que no olvidemos que la operación del transporte público es, ante todo, un servicio público esencial, al menos así lo establece la Ley 336 de 1996 (Estatuto Nacional de Transporte) en sus artículos 4 y 5.