El Tribunal Supremo considera que la decisión de la Justicia belga de no entregar a varios de los exconsellers fugados se debe a una “ausencia de compromiso” y no a un error formal, tal y como alegan para rechazar la euroorden de detención dictada por el juez Pablo Llarena el pasado 23 de marzo, según sostiene fuentes de la Sala.

Según explican estas fuentes, la razón por la que se rechaza la entrega de Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret no puede ser compartida por el alto tribunal. Alegan que al no haber acordada previamente una orden nacional de detención no se puede ejecutar una orden europea de detención.

Sin embargo, estas fuentes sostienen que la base de la euroorden es el auto de procesamiento por los delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia. Esta resolución es la que cuenta con mayor desarrollo argumental después de la sentencia. Precisamente, se esperó a que estuviera acordada esta resolución para que la Justicia belga contara con más base de cara a adoptar una decisión.

Además, recuerdan que Llarena acordó la orden europea de detención contra el expresidente de la Generalitat y el resto de consellers fugados, así como para la número 2 de ERC, Marta Rovira, a petición de la Fiscalía una vez acordado el auto de procesamiento.</s>Bélgica ha rechazado la entrega de los exconsellers de la Generalitat Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret a la justicia española por un defecto de forma. El juez ha oído a la fiscalía y ha decidido no atender la euroorden cursada por el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena el pasado mes de marzo. “Hoy va a ser un buen día”, vaticinaba esta mañana a primera hora el abogado Gonzalo Boye, que defiende la causa de los exconsellers y Puigdemont que se enfrentar a órdenes europeas de detención y entrega (OEDE).

“Hoy ya es un gran día”, señalaba después de la comparecencia de los políticos catalanes en el juzgado de primera instancia y citaba a Bob-Dogi en su segundo tuit.

La defensa de los exconsellers ha hecho valer ante la justicia belga un precedente recogido en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El Tribunal de Luxemburgó certificó la necesidad de una orden previa de detención nacional para poder hacer efectiva una euroorden. Es el caso del camionero rumano, Niculaie Aurel Bob-Dogi, detenido en Rumanía y reclamado por Hungría. Su país denegó la extradición en 2015 y el TJUE le dio la razón en 2016. Por eso el letrado Boye ha puesto Bob-Dogi en su tuit.

“Lo que ha sucedido es de primero de euroorden”, ha añadido después, augurando un efecto dominó con las demás euroórdenes cursadas por Pablo Llarena. “El formulario de euroorden no venía acompañado de una orden de detención nacional. Estamos ante un caso de primero de euroorden”, apuntaba en declaraciones a El Món a RAC1 y en su cuenta de Twitter. Además, ha señalado que “el defecto de forma está en todas las euroórdenes y no es subsanable”.

“Convendría empezar a pensar si es correcto tener judicializada la política con estos errores y con este desconocimiento del funcionamiento de la justicia”, reflexionaba el letrado, que además ha apuntado en sus redes sociales que la “cooperación internacional de la justicia no es ciega”.

Catalunya Un defecto formal en todas las euroórdenes ha motivado el rechazo de la entrega, explican los letrados de los exconsellers

El abogado Jaume Alonso Cuevillas, por su parte, ha señalado en declaraciones a TV3 que no se cumple uno de los requisitos formales de la euroorden al no haber correspondencia con una orden de detención nacional.

En declaraciones a La Vanguardia el letrado ha señalado que esa misma estrategia la usarán en Alemania, donde aún no han tenido opción de alegar ya que la justicia española no ha cesado de mandar documentación para insistir en la rebelión. Sobre el diferente calendario y procedimientos, ha señalado que aunque hay una jurisprudencia y una normativa común, cada país adapta las normas europeas a su derecho procesal, por eso en Alemania aún no han alegado.

Preguntado por los plazos que afronta Puigdemont, no ha querido concretar, ya que aún no han podido alegar, y ha señalado que “están en una partida de ajedrez y que el movimiento de la justicia belga ha trastocado el tablero”, pero ha descartado que se aplique lo sucedido en Bélgica en los demás países de forma automática aunque todas las euroórdenes se han cursado con el mismo defecto de forma.

Además, en su entrevista televisiva, ha desvelado que la justicia española tuvo oportunidad de subsanar el error y no lo arregló. Al retirar la primera orden europea de detención y entrega, de Lamela, se mantuvo la orden nacional y no se dictó una nueval, ha apuntado Alonso Cuevillas, que contempla que las cautelares caigan de inmediato. “Ahora la euroorden no se sustenta en una orden detención”, explicaba.

Contra la decisión no cabe ningún recurso, aunque la justicia española “técnicamente” podría cursar una nueva euroorden en correspondencia a una orden nacional. El letrado considera que sería insólito ya que sería la tercera, y la segunda orden debía ser la buena tras retirarse la primera. De todos modos, tanto Boye como Alonso-Cuevillas remarcan que tenían argumentos para debatir el fondo de la cuestión.

“El error es formal, pero tiene su origen en un problema de fondo. Han cambiado la imputación y el relato de los hechos entre la primera euroorden y la segunda”, explicaba un poco antes Toni Comín a su salida de los tribunales, acompañado por los otros dos exconsellers y su equipo de abogados. “Las imputaciones de Llarena no son razonables ante la justicia europea”, añadía el diputado independiente de ERC, al explicar que la euroorden tiene que corresponderse con una orden de detención nacional y las órdenes europeas de detención y entrega de Llarena se han cursado en base a las nacionales de Lamela, que no se corresponden en la imputación ni el relato de los hechos.

Los exconsellers esperan un efecto dominó y piden que se resuelva la cuestión catalana fuera de los tribunales, por la vía política

“Es una cuestión política que nunca debería haber llegado a los tribunales”, reclamaba Comín. “Detengamos esta deriva. Basta de abusar del derecho penal y del sistema europeo de euroórdenes”, insistía el exconseller de Salut, que ha censurado una vez más la judicialización de la política.

“Esperamos que esto ayude a los compañeros que han sido encarcelados en España y que ayude a Puigdemont en Alemania, Ponsatí en Escocia y a Marta Rovira en Suiza”, afirmaba poco después Lluís Puig, exconseller de Cultura, que ha dicho que puede haber un efecto multiplicador porque la justicia europea “es única”.

Serret, por su parte, suscribía lo dicho por sus dos compañeros y hacía un llamamiento “a que se acabe la judicialización de la política”. “Que se vuelva a la vía política y del diálogo y que haya entendimiento para resolver un problema real que hay en Catalunya de forma pacífica”, pedía la titular de Agricultura en el Govern cesado.

Toni Comín está procesado en España por un delito de rebelión y otro de malversación de caudales públicos junto a otros doce líderes soberanistas, mientras que sobre Puig y Serret pesan acusaciones de desobediencia y malversación.

Toni Comín perderá el voto delegado al quedar en libertad

De todos ellos, sólo Toni Comín -además de Puigdemont- mantiene su escaño en la cámara catalana y tiene permitido el voto delegado por las cautelares que dictaminó la justicia belga sobre él hace unas semanas. Ahora que caerán estas medidas, tal y como apuntaba su abogado, el voto delegado no se sustentará al tener el diputado adscrito al grupo de ERC libertad de movimiento.

Inés Arrimadas ya ha anunciado desde el atril del Parlament que su partido presentará un escrito a la Mesa del Parlament para revocar su delegación del voto en Sergi Sabrià.

Quim Torra fue investido el pasado lunes con el voto delegado del diputado de Comín y Puigdemont, pese al recurso de amparo y la petición de cautelarísimas urgentes de PPC y Ciutadans contra la delegación. Elsa Artadi había marcado la semana pasada como fecha máxima para que hubiera 131 president investido el 14 de mayo. De este modo, si Comín retiene el acta de diputado, tal y como ha manifestado en público todos estos meses incluso siendo presionado, el soberanismo perderá un voto en el Parlament.

De haber apurado los plazos para investir al president -expiraba el 22 de mayo- los soberanistas, que necesitaron la segunda votación y sólo sumaban un escaño más que el bloque constitucionalista y los comuns por la abstención de la CUP, no hubieran logrado la investidura sin renuncia al escaño.

Ponsatí y Puigdemont siguen con su proceso en Escocia y Alemania

El pasado 18 de abril a petición de la Fiscalía de Bruselas, que solicitó a las autoridades españolas más información para poder tratar las nuevas euroórdenes emitidas por el Tribunal Supremo, se aplazó hasta este miércoles la vista.

El 5 de diciembre, tras llegar la causa del procés al Supremo desde la Audiencia Nacional, Llarena retiró las euroórdenes contra los cinco políticos que estaban en Bélgica -diez días antes de que fallara el juez y coincidiendo con el inicio de la campaña- y volvió a activarlas el pasado 24 de marzo, después de dictar el auto de procesamiento y volver a encarcelar a los encausados por rebelión que obtuvieron un escaño el pasado 21-D.

El 26 de marzo, un día después de la detención de Puigdemont en Alemania, la Fiscalía de Bruselas informó de que los exconsellers se habían puesto a disposición de la justicia belga. El 5 de abril tras una primera comparecencia ante el juez belga los tres fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares y el día 18 de abril el juez decidió aplazar la vista hasta este 16 de mayo por la petición de la Fiscalía.

De los cinco exmiembros del Govern contras los que se cursó la primera euroorden, sólo quedaban ellos tres. Clara Ponsatí se reincorporó a su puesto en la universidad escocesa de Saint Andrews y afronta el proceso de extradición en Reino Unido, pero no habrá una decisión hasta verano. Este martes tuvo una audiencia y la justicia británica quiere recabar más información de España. Puigdemont, por su parte, afronta el proceso desde Berlín, pero ya se descartó el delito de rebelión y el Supremo pidió que se contemplara la entrega por sedición, además de haber insistido en que sí hubo malversación y rebelión.

Aamer Anwar, rector de la Universidad de Glasgow y letrado de Ponsatí, ya emplazó a España a retirar las euroórdenes este martes y este miércoles lo ha reiterado tras conocer lo que ha sucedido en Bruselas, aunque los procesos discurran por caminos separados.</s>A Belgian court ruled on Wednesday that three former Catalan ministers would not be extradited to Spain, citing “faults” in the European Arrest Warrants issued by the Spanish government.

The former Cabinet ministers — Meritxell Serret, Toni Comín and Lluís Puig — fled to Belgium alongside former Catalan president Carles Puigdemont in October 2017 to avoid arrest after declaring unilateral independence from Spain, following a referendum that was declared illegal by Madrid. The former ministers face charges of “rebellion” and “misuse of funds.”

The Belgian court denied the extradition request because Spain failed to issue new domestic arrest warrants before triggering the European Arrest Warrants, according to Belgian media reports.

Spain first issued European Arrest Warrants against the former ministers in December. They were then reactivated by an investigating judge on March 23, but were not based on new Spanish warrants.

Puigdemont, who is now in Germany awaiting a court decision on his own extradition to Spain, tweeted that the Belgian court’s decision is a sign “Europe grants [the ministers] the right to a fair trial, regardless of political opinions.”

The former Catalan leader has repeatedly called on the EU to help solve the Catalan crisis, insisting it is a European issue.</s>A Belgian judge on Wednesday ruled against extraditing former Catalan regional ministers who had fled to Brussels from Spain, where they face charges of rebellion and sedition for their alleged role in their region's failed bid for independence.

Toni Comín, Meritxell Serret and Lluis Puig's lawyers, Jaume Alonso-Cuevillas and Gonzalo Boye, said the European Arrest Warrant issued by Spain had been rejected due to its irregularity, as no equivalent national warrant had been sent out.

"The prosecution and defense agreed the warrant had to be rejected and should not even be studied," said Alonso-Cuevillas.

Comín, Serret and Puig had been members of the Catalonia regional government when it was dissolved by the Spanish central state in response to a separatist referendum and the subsequent declaration of independence in Oct. 2017.

They fled to Belgium alongside former Catalan president Carles Puigdemont, who was recently detained and later released in Germany, a country that decided not to extradite him for rebellion but has ruled he may be sent to Spain to face charges of misuse of public funds.

Several other pro-independence figureheads are fighting extradition requests across Europe or remain in pre-trial detention in Spain, where they are facing decades-long prison sentences.</s>A Belgian court has rejected a Spanish request for the extradition of three Catalan separatist leaders.

The court ruling was the latest in a series of legal disputes between Spain and Belgium, where former Catalan President Carles Puigdemont and five others took refuge last year fearing they would face imprisonment at home.

The prosecutor's office said in a statement that the court rejected the extradition request for the three because there were no corresponding Spanish arrest orders. Prosecutors say that Spain can't appeal the decision.

Puigdemont is now in Germany fighting extradition to Spain, where he is wanted for allegedly using public funds and orchestrating an "insurrection" to get the wealthy northeastern region around Barcelona to break away from Spain.
A Belgian judge withdraws the European Arrest Warrant against Toni Comín, Lluís Puig and Meritxell Serret amid procedural defects and irregularities. The Supreme Court of Spain criticizes the decision as a "lack of commitment to Spain" from the Belgian justice.