El presidente Enrique Peña Nieto niega que el gobierno de México use el software Pegasus para espiar a periodistas y activistas
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, rechazó este jueves las acusaciones de espionaje a periodistas y a activistas de derechos humanos realizadas en su contra.
Peña Nieto rechazó las acusaciones de espionaje. "Somos un gobierno que condena de manera categórica cualquier intervención que se tenga en la vida privada de quienes son activistas y de cualquier persona", dijo el mandatario este jueves durante un acto en el estado de Jalisco. Las autoridades mexicanas fueron señaladas a inicios de esta semana por supuestamente haber espiado a distintas personalidades públicas del país través del uso de un programa informático denominado "Pegasus". Entre los supuestos afectados destacan la periodista Carmen Aristegui y el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón. Peña Nieto indicó que la tecnología de la que dispone el gobierno se utiliza para mantener condiciones de seguridad para la sociedad y para combatir al crimen organizado. Anunció que solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue las denuncias presentadas para determinar responsabilidades con celeridad. Pegasus es un 'software' malicioso diseñado por una compañía de Israel para recabar información de teléfonos móviles. Carmen Aristegui y Mario Patrón son dos de las personalidades que supuestamente fueron afectadas. El programa se vende únicamente a gobiernos y su propósito central es vigilar a organizaciones criminales y terroristas. De acuerdo con un informe titulado "Gobierno espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos", entre enero de 2015 y julio de 2016 se registraron al menos 76 intentos de infectar con el malware Pegasus a periodistas y defensores de derechos humanos en México. El documento fue elaborado por las organizaciones Artículo 19, R3D, Red en Defensa por los Derechos Digitales y Social Tic, Tecnología digital para el cambio social, apoyados por Citizen Lab. Entre los afectados, según el informe, se incluyen al menos12 comunicadores y activistasque investigaron casos de corrupción gubernamental, así como los abogadosque asisten a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa.