Venezuela: en qué consiste el acuerdo anunciado en el diálogo entre gobierno y oposición (y por qué causó polémica)
El diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela no se desplomó, como muchos vaticinaron.
Gobierno y oposición volverán a reunirse el 6 de diciembre. Ese es quizá el desarrollo más importante de la segunda sesión de conversaciones este sábado en Caracas, antecedida por declaraciones críticas desde la oposición, que exige resultados concretos y expeditos como condiciones para no retomar la agenda de manifestaciones de calle. A esto se suma una resolución conjunta anunciada el sábado en la tarde en la que las partes se comprometen a trabajar en cinco temas, dos de ellos clave: la renovación de la cúpula de rectores del Consejo Nacional Electoral y el fin del bloqueo institucional de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. El acuerdo ha creado una gran polémica en sectores de la oposición venezolana que consideran que se están cediendo derechos constitucionales, como la convocatoria al Referendo Revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. Mientras la crisis social en Venezuela no se resuelve, el CNE suspendió hace dos semanas el referendo revocatoriocontra el presidente Nicolás Maduro, que es una garantía constitucional. Desde la suspensión del revocatorio, la oposición ha llamado a varias manifestaciones y en medio de una creciente tensión, el diálogo mediado por el Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) calmó las aguas de momento. Sectores en ambas partes manifiestan escepticismo ante el diálogo: sea porque "la oposición solo busca generar violencia", dicen algunos chavistas, o porque "el gobierno solo quiere ganar tiempo", aseguran desde un lado de la oposición. La resolución conjunta fue leída por el enviado del papa Francisco, monseñor Claudio María Celli. Pese a esto, el diálogo –al menos por ahora– continúa, aunque falta ver cómo reaccionan opositores escépticos de éste como el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, y el líder encarcelado Leopoldo López. Por ahora, la exdiputada María Corina Machado, del partido Vente Venezuela, cuestionó que el desbloqueo de la Asamblea Nacional se vaya a realizar por medio de la convocatoria a nuevas elecciones de parlamentarios en el estado Amazonas, donde ganó la oposición pero el oficialismo denunció fraude. A partir de esa denuncia, el Tribunal Supremo de Justicia objetó la incorporación al Parlamento de los tres diputados correspondientes a ese estado y que son claves para que la oposición disponga de todas las atribuciones que las leyes le atribuyen al disponer de una supermayoría parlamentaria. Mientras tanto, el Gobierno y la MUD pautaron una nueva sesión para el 6 de diciembre y por el momento hay algunos –tímidos, frágiles, polémicos– avances. Cinco ejes de trabajo La resolución conjunta fue leída por el enviado del papa Francisco, monseñor Claudio María Celli. "Los gestos que se han producido nos permiten augurar que el proceso se está fortaleciendo y consolidando", aseguró. Son cinco: 1. En lo económico, las partes acordaron trabajar en medidas para resolver en el corto plazo el desabastecimiento de medicinas y medicamentos. Se acordó "promover el diseño y aplicación de políticas de cooperación entre los sectores público y privado para monitorear, fiscalizar y controlar los mecanismos de adquisición y distribución de insumos y mercancías". 2. En lo político, las partes acordaron resolver el bloqueo institucional que ha sufrido la Asamblea Nacional, que es controlada por la oposición desde enero y no ha podido aplicar ni una sola ley relevante de las que ha aprobado debido a la desaprobación del Tribunal Supremo de Justicia, que según la oposición es controlado por el Ejecutivo. Las partes acordaron trabajar solucionar el bloqueo institucional sufrido por la Asamblea Nacional. "Se acordó instar a los poderes públicos competentes a actuar en la resolución de la situación del caso Amazonas en términos perentorios", se lee en la resolución, en referencia al origen del llamado "desacato" en el que entró la Asamblea al haber juramentado a diputados indígenas cuyas elecciones fueron declaradas suspendidas. En ese sentido, las partes acordaron trabajar para que se realicen los nombramientos de dos de los cinco rectores del CNE, que culminan su mandato en diciembre 2016. Una renovación con rectores independientes del poder electoral, que se considera cooptado por el gobierno, puede desbloquear la crisis institucional y permitir la celebración de elecciones, que este año fueron suspendidas en lo que la oposición llama una "violación de la constitución" por parte del CNE. 3. Sobre soberanía, las partes manifestaron unanimidad en su defensa por el reclamo de la zona de la Guayana Esequiba, una zona en el este del país que Venezuela le reclama a Guyana desde hacer un siglo y medio. 4. Gobierno y oposición adoptaron una Declaración Conjunta para "convivir en paz". Y aunque no se dieron muchos detalles sobre la misma, los voceros aseguraron que esperan resolver medidas para abordar la inseguridad que hace de Venezuela uno de los países más peligrosos de la región. 5. Por último, acordaron incorporar a la mesa de diálogo a gobernadores, representantes de diferentes segmentos sociales y establecer una comisión de seguimiento para dar continuidad al proceso. El dirigente opositor Leopoldo López es una de las "personas detenidas", cuya liberación pide la oposición. Políticos presos, elecciones y oposición dividida Al final de la lectura de la resolución, cada una de las partes emitió un comentario. La intervención de la oposición evidenció que el diálogo es quizá el factor que más divide a los diversos partidos y sectores que enfrentan al chavismo. A eso, precisamente, se atribuye la fragilidad del mismo. El alcalde del municipio Sucre en Caracas, el opositor Carlos Ocariz, enunció cinco puntos que según él fueron "acordados con el gobierno". Cuatro de ellos van en la línea de la resolución conjunta, pero uno no: Ocariz aseguró que el gobierno se comprometió en trabajar en la liberación de "personas detenidas". Muchos criticaron que no se hubiese referido a "presos políticos", la definición que la oposición da a los opositores que están "injustamente" en la cárcel. Ceder en el lenguaje, criticaron algunos, es ceder en lo político. La oposición exige resultados concretos y expeditos como condiciones para no retomar la agenda de manifestaciones de calle. Y es que en una alusión a la llamada "guerra económica" que según el oficialismo ha causado la crisis, en la resolución se lee que las partes "acordaron trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana". Son palabras que parecen emitidas por la propaganda oficial. Pero también otros opositores criticaron que no se haya llegado a una fecha concreta para elecciones, pese a que Ocariz hubiese dicho que la renovación del poder electoral va en ese sentido. El diálogo volvió a dividir a la oposición. No en vano algunos creen que ese es precisamente el objetivo de Maduro. Pero, al menos por ahora, el frágil diálogo en Venezuela tiene vida.