Las vías judiciales que le quedan al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro
El destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, todavía tiene varios recursos judiciales -ante las autoridades colombianas y el sistema interamericano de derechos humanos- para seguir peleando por su permanencia en el cargo. Sin embargo, ganar en ese frente será una empresa difícil.
Por ahora, la salida del mandatario del cargo, tras dos años ejerciéndolo, será cuestión de días y dependerá de los trámites de la orden de destitución, que este lunes dejó en firme la Procuraduría General de la Nación. Una vez se le notifique formalmente la sanción, que destituye a Petro y lo inhabilita por 15 años para ocupar puestos públicos, el presidente Juan Manuel Santos deberá expedir un decreto para separarlo del cargo y nombrar un sucesor provisional mientras se realizan nuevas elecciones, dos meses después. La Procuraduría General, que hace las veces de Inspección General en Colombia, ratificó este lunes la decisión que destituyó e inhabilitó al alcalde por "tres faltas disciplinarias gravísimas, dos de ellas a título de dolo y una a título de culpa gravísima". Esas faltas tienen que ver con la implantación de un nuevo esquema para la recolección y disposición de basuras en Bogotá, en diciembre de 2012, lo cual produjo un caos de tres días con los residuos en esta ciudad de ocho millones de habitantes. Final de Quizás también te interese La confirmación de la destitución de Petro, un exguerrillero del M-19 que fue un exitoso parlamentario y un controvertido alcalde, produjo reacciones encontradas en Colombia, que se reflejaron a través de las redes sociales. A través de su cuenta en Twitter, Petro reiteró que su destitución por parte del procurador "es un golpe de Estado que está arbitrariamente dando contra el voto popular en Bogotá". ¿Fin a la incertidumbre? En cambio, el exalcalde de Bogotá Jaime Castro celebró que se haya terminado la incertidumbre que vivió la capital colombiana cuando por el proceso contra Petro en la Procuraduría y la intención de convocar una votación para revocar su mandato. Petro y sus seguidores convocaron hoy mismo otra concentración "pacífica" en la emblemática Plaza de Bolívar de Bogotá. Una vez se supo de la confirmación de la destitución, la organización electoral anunció que se cancela la jornada de votación que se había convocado para el 2 de marzo para decidir si el pueblo revocaba o no el mandato de Petro. En declaraciones a BBC Mundo, Castro –un duro opositor de Petro- señaló que "el gobierno nacional debe ejecutar la decisión del procurador en forma casi que inmediata y nombrar alcalde encargado para evitar nuevas incertidumbres". Por el contrario, el economista y filósofo Humberto Molina, quien hace parte de la lista al Senado de la Alianza Verde, una coalición de partidos que integra al movimiento Progresistas, que llevó a Petro a la Alcaldía, declaró a BBC Mundo que "la destitución es un abuso de poder del Procurador". Molina cree que aunque "hubo fallas administrativas en la implantación del nuevo esquema de basuras -por lo cual fue sancionado Petro- es absolutamente una extralimitación privarlo de sus derechos políticos". Convocan protestas Petro y sus seguidores convocaron hoy mismo otra concentración "pacífica" en la emblemática Plaza de Bolívar de Bogotá, para exigir "respeto por la democracia y la voluntad popular". En el lugar hay, desde hace varios días, numerosos seguidores del alcalde, a la espera de la decisión final de la Procuraduría. Pero además de la defensa política, a Petro y sus seguidores todavía les quedan por ejercer varias herramientas jurídicas para seguir peleando contra la destitución. "La decisión que el pueblo de Bogotá ha tomado se respeta", dijo Petro el viernes pasado. Por un lado, hay en curso centenares de recursos de amparo; por otro, el proceso disciplinario de la Procuraduría podría demandarse ante los tribunales administrativos y, finalmente, está el escenario internacional. Por ahora, ningún fallo ha concedido un recurso de amparo en contra de la destitución de Petro. Un magistrado auxiliar del Consejo de Estado, el organismo que en última instancia analizaría un demanda administrativa contra el proceso disciplinario, declaró a BBC Mundo que "los jueces que fallan las acciones de tutela (derechos de amparo) tienen que guiarse por lo que dijo recientemente la Corte Constitucional cuando no le dio la razón a la exsenadora Piedad Córdoba (quien también fue destituida por la Procuraduría)". El mismo experto agrega: "Tampoco conozco demandas administrativas que hayan logrado suspender los efectos de una sanción disciplinaria contra un funcionario de elección popular, como la que se le impuso a Petro". Aunque Humberto Molina y los seguidores de Petro son optimistas sobre lo que pueda suceder en una instancia como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante la que se solicitaron medidas cautelares a favor de Petro, el jurista del Consejo de Estado, quien pidió la reserva de su nombre, no cree que esa vía llegue a ser exitosa en este caso. "Las medidas cautelares que suele otorgar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son para personas que tienen en peligro su derecho a la vida o a la integridad personal, pero no para casos como la sanción contra el alcalde de Bogotá", concluyó.