Crece el escándalo del espionaje en EE.UU.
Las revelaciones sobre un masivo sistema de vigilancia secreta de llamadas telefónicas e internet están poniendo a prueba las credenciales de defensor de las libertades civiles que esgrime el presidente estadounidense Barack Obama.
El jueves se dio a conocer que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el principal organismo de inteligencia del país, obtuvo datos de llamadas telefónicas de millones de usuarios. El "sistema especial de vigilancia" de la NSA, fue llevado a cabo bajo una orden secreta emitida bajo la llamada Ley de Vigilancia de Inteligencia Extanjera (FISA), según reveló el diario británico The Guardian. La FISA, adoptada tras los atentados de 2001, facilita al FBI (Agencia Federal de Investigaciones) el acceso a millones de registros telefónicos en Estados Unidos y el extranjero. Posteriormente The Washington Postdio a conocer que agencias de inteligencia obtuvieron datos directamente de los servidores de nueve proveedores de internet como parte de un programa conocido como PRISM. Final de Quizás también te interese Según estos rotativos, NSA y el FBI recaban datos directamente de los servidores de Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube y Apple. Las revelaciones han provocado indignación de los grupos de defensa de derechos civiles que se preguntan si ésta es la "nueva normalidad" estadounidense: el hecho de que los encargados del orden público tengan derecho a vigilar las comunicaciones de sus ciudadanos. Pero el director de la NSA, James Clapper, defendió tanto el programa de la agencia como el PRISM e indicó que la revelación del documento de la orden secreta amenazaba con "daños irreversibles". Nombre clave, PRISM Todas las mañanas el presidente Obama recibe en la Oficina Oval un resumen de inteligencia en el que se especifican el estado de la seguridad nacional, sus amenazas y las acciones que se toman para garantizarla. Según el trabajo del Washington Post, el grueso de los datos de ese documento sale del programa de vigilancia de internet PRISM. El sistema permite que NSA y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) analicen correos electrónicos, fotos y otros documentos de usuarios de la red para hacerles seguimiento a ellos y a sus contactos. Google, Facebook, Apple y Yahoo presentaron comunicados negando que hayan permitido a agencias del gobierno acceso directo a sus servidores, aunque varios medios y agencias de noticias citan fuentes anónimas que confirmarían la existencia de PRISM. Aunque Verizon no dio explicación oficial todavía, un portavoz de la empresa sin certificar la existencia del plan de NSA explicó que en caso de que existiera una orden judicial, la empresa tendría que cumplirla y entregar los datos que se le solicitan. Según el director nacional de Inteligencia, James Clapper, el programa fue "diseñado para facilitar la adquisición de información extranjera sobre no estadounidenses localizados fuera de EE.UU.". "No puede ser usado para intencionalmente convertir en blanco a cualquier ciudadano estadounidense o cualquier otro estadounidense o cualquiera localizado dentro de los EE.UU.", dijo Clapper y recordó que la Ley Exterior de Vigilancia e Inteligencia fue reautorizada por el Congreso recientemente tras varios debates. "La información recogida bajo este programa está entre la más importante y valiosa información de inteligencia exterior que recogemos, y se usa para proteger a nuestra nación de una amplia variedad de amenazas". Entre la seguridad y la privacidad Verizon no confimó las versiones, pero afirmó que debe cumplir con solicitudes legales. Pero el debate no se trata del prestigio de las corporaciones, ni siquiera del basamento legal del programa de vigilancia, sino sobre el derecho de los ciudadanos a la privacidad consagrada en la Cuarta Enmienda de la Constitución que garantiza que nadie será sometido a "búsquedas no razonables". "Esas revelaciones son un recordatorio de que el Congreso le ha dado al poder ejecutivo demasiado poder para invadir la privacidad individual y que las salvaguardas a las libertades civiles son enormemente inadecuadas", dijo Jameel Jaffer, subdirectora legal de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés) "El poder ejercido enteramente en secreto, sin ningún tipo de rendición de cuentas al público, siempre será abusado", indicó Jaffer en un comunicado en la página web de su organización. La noche del jueves la ACLU había abierto en su sitio web una convocatoria para solicitar al ejecutivo detener inmediatamente el programa que en pocas horas había logrado alcanzar las 20.000 firmas requeridas, signo de la indignación ciudadana con la práctica. "La prioridad del presidente de EE.UU. es la seguridad nacional de EE.UU.", dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, y afirmó que el balance entre seguridad y protección de derechos ciudadanos es un debate en el que mandatario estaría dispuesto a participar. En sus primeros meses en el poder Obama habló de la "falsa disyuntiva" entre proteger la seguridad nacional y proteger las libertades individuales y fue un duro crítico de las prácticas de su predecesor George Bush, bajo cuyo mandato, a raíz de loa atentados de septiembre de 2001, se promulgo la Ley Patriota. "Sin credibilidad" El diario The New York Times asegura en su editorial que el presidente Obama "ha perdido toda credibilidad" en materia de derechos civiles y recuerda las duras críticas que expresó, primero como senador y luego en su primer período presidencial a ciertas practicas de inteligencia del gobierno de Bush. "Esencialmente lo que el gobierno está diciendo es que sin que exista ninguna sospecha de delito, el gobierno está autorizado a conocer a quien están llamando los estadounidenses cada vez que hacen una llamada telefónica, por cuánto tiempo y desde donde", editorializa el Times. También en su editorial el diario Washington Post cuestiona el secreto en que se mantuvo el plan y cuestiona su alcance indiscriminado, aunque reconoce que está amparado por un marco legal, que califica de "amplio" y "vago". En las últimas semanas Obama se ha enfrentado al caso de espionaje telefónico a la agencia AP y de un periodista de la cadena de noticias de tendencia conservadoras Fox News, así como la supuesta persecución impositiva de grupos del llamado Tea Party. Todo esto ha avivado el debate sobre las violaciones de los derechos civiles por parte de un gobierno que empezó su andadura prometiendo acabar con los excesos que la guerra contra el terrorismo había permitido en nombre de la "seguridad nacional".