Es deber del gobernante, por medio de leyes equitativas para todos cuidar de que todo el pueblo cada súbdito disfrute de la posesión justa de las cosas mundanas.La violación posible de alguien a estas disposiciones debe ser contenida por el temor al castigo, que consiste en la disminución de los bienes que se pueden gozar. Como nadie se deja castigar voluntariamente en sus bienes y menos en su libertad y en su propia vida, el magistrado tiene en sus manos el poder de todos los súbditos para imponer castigo a quien viole el derecho ajeno. Así, la jurisdicción del gobernante alcanza sólo estos derechos civiles y todo el interés civil se reduce al cuidado de estas cosas; no puede ser extendida, bajo ningún pretexto, a la salvación de las almas. Esto lo demostraran, considero, las siguientes consideraciones: Ante todo, porque la atención hacia las almas no está mas al alcance del gobernante que de otros. No está confiado por Dios, ya que no aparece en parte alguna que Dios haya transferido autoridad religiosa a unos hombres sobre otros. 