El mandato constitucional se cumplió con la promul- gación de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, Ley 5/1984, de 26 de marzo,actualmente modificada por la Ley 9/1994, de 19 demayo, aun cuando España, con anterioridad a la pro- mulgación de la Constitución, ya se había adherido mediante Instrumento de 22 de julio de 1978 («BoletínOficial del Estado» de 21 de octubre de 1978), a laConvención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y al Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, sobre el Estatuto de los Refugiados. En dicha Ley se regula el derecho de asilo que se concede a quien se reconoce la condición de refugiado, la cual puede hacerse valer no sólo por nacionales de otros países, sino también por apátridas, como se recogeen el artículo 1 de la Convención de Ginebra, en con-cordancia con lo establecido en el 13.4 de la Constitución. Sin embargo, estos últimos, los apátridas, no siempre reúnen los requisitos para ser reconocidos como refu-giados y, por tanto, no pueden gozar del derecho deasilo. Si bien, ello no supone la privación del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, pues se trata de personas a las que la Comunidad Internacional haprestado su atención por entender que es deseable regu- larizar y mejorar su condición. Ésa fue la consideración que llevó a la adopción de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, hechaen Nueva York el 28 de septiembre de 1954, a la que España se ha adherido por Instrumento de 24 de abril de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de juliode 1997).