En cumplimiento de este mandato, el Consejo de Ministros de la Unión Europea adoptó la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, rela- tiva a las normas mínimas para la concesión de pro-tección temporal en caso de afluencia masiva de per-sonas desplazada syam edidas de fomento de un esfuer- zo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de suacogida. El ordenamiento jurídico español, sin embargo, no era ajeno a estas preocupaciones. Así, la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y dela condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994,de 19 de mayo, establece en su artículo 17.2 que al extranjero cuya solicitud de asilo le haya sido inadmitida a trámite o denegada se le podrá autorizar por razoneshumanitarias o de interés público, en el marco de lalegislación general de extranjería, la permanencia en España, en particular cuando se trate de personas que, como consecuencia de conflictos o disturbios graves decarácter político, étnico o religioso, se hayan visto obli-gadas a abandonar su país. Este precepto ha sidodesarrollado en el artículo 31.3 y en la disposición adi- cional primera del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por laLey 9/1994, de 19 de mayo, aprobado por el Real Decre-to 203/1995, de 10 de febrero.