Por lo que respecta al primer elemento de esta definición, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), “una investigación para determinar si una persona es apátrida se limita a los Estados con los cuales esa persona goza de un vínculo relevante, en particular por nacimiento en el territorio, descendencia, matrimonio, adopción o residencia habitual” (ACNUR, Manual sobre la Protección de las Personas Apátridas en Virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 [2014], párr. 18). El segundo elemento de la definición (“conforme a su legislación”) requiere un análisis del modo en que un Estado aplica su normativa en materia de nacionalidad en el caso de una persona en particular, así como de cualquier decisión adoptada en el marco de un recurso de revisión o apelación que pudiera haber tenido repercusiones para la condición jurídica de dicha persona. A este respecto, el ACNUR aclara que se trata de “un asunto mixto de hecho y de derecho […] Un Estado puede en la práctica no seguir la letra de la ley, incluso yendo tan lejos como para ignorar su