comunidades autónomas desde la superpuesta aplicación potencial de criterios como el lugar de la explotación, la sede social del propietario o el domicilio de los operadores pero que se integran en un único sistema de protección excepcional de ámbito supraterritorial, aspecto que no se conseguiría desde una gestión autonómica, exige que se canalicen centralizadamente. Se trata de una ayuda excepcional y directa que por su propia naturaleza requiere de una gestión automática y ágil, que se logrará mediante el empleo de la información ya obrante a escala nacional en el Estado, y que impide canalizarla por cualquier otro mecanismo que no sea el de la centralización, pues se otorgará de modo inmediato y automático en virtud de los datos ya obrantes en registros estatales. Finalmente, el real decreto-ley habilita al Gobierno y a las personas titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones y adoptar medidas que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en la norma.