El Reglamento establece, entre otras cosas, la obligación de que los Estados partes instituyan sistemas nacionales de vigilancia (art. 5) y notifiquen a la Organización Mundial de la Salud (OMS) los eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional (art. 6). Si se confirma la existencia de una emergencia de salud pública de importancia internacional, el Director General de la OMS formulará recomendaciones temporales, que podrán tener repercusiones para las personas respecto de sus posibilidades de desplazarse y de las condiciones en que lo hagan; en esas recomendaciones se podrá aconsejar, entre otras cosas: “exigir exámenes médicos; examinar las pruebas de vacunación u otras medidas profilácticas [y/o] exigir vacunación u otras medidas profilácticas; someter a las personas sospechosas a observación de salud pública; someter a cuarentena o aplicar otras medidas sanitarias para las personas sospechosas; [.] denegar la entrada a las personas sospechosas o afectadas; denegar la entrada en las zonas afectadas a las personas no afectadas; y aplicar pruebas de cribado y/o restricciones a la salida de personas de las zonas afectadas” (art. 18, párr. 1).