(40) Los Estados miembros podrán disponer, dentro de los límites establecidos por sus obligaciones internacionales, que la concesión de beneficios en materia de empleo, protección social, asistencia sanitaria e instrumentos de integración requiera la expedición previa de un permiso de residencia. (41) Para garantizar a los beneficiarios de protección interna ­ cional el ejercicio efectivo de los derechos y las presta ­ ciones establecidos en la presente Directiva, es necesario tener en cuenta sus necesidades específicas y los retos particulares de integración a que se enfrentan. De ello no debe derivarse normalmente un trato más favorable que el dispensado a sus propios nacionales, sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros introduz ­ can o mantengan normas más favorables. (42) En este contexto, debe realizarse un esfuerzo para abor ­ dar los problemas que impiden a los beneficiarios de protección internacional tener un acceso efectivo a las oportunidades educativas relacionadas con el empleo y la formación profesional, entre otros los relacionados con las limitaciones económicas. (43) La presente Directiva no se aplicará a las prestaciones económicas de los Estados miembros concedidas para promover la educación. (44) Es necesario adoptar medidas especiales para abordar eficazmente las dificultades prácticas que encuentran los beneficiarios de protección internacional para la autenti ­ cación de sus diplomas, certificados y otras pruebas de cualificaciones oficiales extranjeros, en especial debido a la falta de pruebas documentales y a su incapacidad para sufragar los costes relacionados con los procedimientos de reconocimiento. (45) En particular a efectos de prevenir las penalidades socia ­ les, procede disponer en el ámbito de la asistencia social, para los beneficiarios de protección internacional, la con ­ cesión no discriminatoria de las prestaciones sociales y los medios de subsistencia adecuados.