Poder judicial
El poder judicial es un poder del Estado encargado de impartir justicia en una sociedad. Es uno de los tres poderes y funciones primordiales del Estado (junto con el poder legislativo y el poder ejecutivo), mediante la aplicación de las normas y principios jurídicos en la resolución de conflictos. Por «poder», en el sentido de poder público, se entiende a la organización, institución o conjunto de órganos del Estado, que en el caso del poder judicial son los órganos judiciales o jurisdiccionales: juzgados y tribunales, que ejercen la potestad jurisdiccional, que suele gozar de imparcialidad, autonomía y poder absoluto dentro de la ley.

Según la teoría clásica de Montesquieu de la separación de poderes, que distingue entre poder legislativo, ejecutivo y judicial, la división garantiza la libertad del ciudadano. Montesquieu compuso su teoría después de un viaje a Inglaterra en donde interpretó que un poder judicial independiente puede ser un freno eficaz del poder ejecutivo. Bajo esta separación de poderes, nace el llamado estado de derecho, en el cual los poderes públicos están igualmente sometidos al imperio de la ley. El poder judicial debe ser independiente para poder someter a los restantes poderes, en especial el ejecutivo, cuando estos contravengan el ordenamiento jurídico y convertirse en el encargado de hacer efectivo la idea del Derecho como elemento regulador de la vida social.

Funciones del poder judicial en diferentes sistemas jurídicos 

En las jurisdicciones de derecho consuetudinario, los tribunales interpretan la ley; esto incluye constituciones, estatutos y reglamentos. También elaboran la ley (pero en un sentido limitado, limitado a los hechos de casos particulares) basándose en la jurisprudencia anterior en áreas en las que el poder legislativo no ha elaborado la ley. Por ejemplo, el agravio de la negligencia no se deriva de la ley en la mayoría de las jurisdicciones de derecho común. El término "common law" se refiere a este tipo de derecho. Las decisiones del common law sientan un precedente que deben seguir todos los tribunales. Esto se llama a veces stare decisis.

Funciones específicas de cada país

Argentina 
En Argentina y otros países, tienen sistemas mixtos que incluyen tribunales inferiores, tribunales de apelación, un tribunal de casación (para el derecho penal) y un Tribunal Supremo. En este sistema, la Corte Suprema es siempre la autoridad final, pero los casos penales tienen cuatro etapas, una más que el derecho civil. En el tribunal se sientan un total de nueve magistrados. Este número se ha modificado en varias ocasiones.

China 
En la República Popular China, la autoridad final en la interpretación de la ley es el Congreso Nacional del Pueblo.

Estados Unidos de América 
En el sistema judicial de Estados Unidos, el Tribunal Supremo es la autoridad final en la interpretación de la Constitución federal y de todos los estatutos y reglamentos creados en virtud de la misma, así como de la constitucionalidad de las distintas leyes estatales; en el sistema judicial federal de Estados Unidos, los casos federales se juzgan en los tribunales de primera instancia, conocidos como tribunales de distrito de Estados Unidos, seguidos por los tribunales de apelación y luego por el Tribunal Supremo. Los tribunales estatales, que juzgan el 98% de los litigios, pueden tener diferentes nombres y organización; los tribunales de primera instancia pueden llamarse "tribunales de instancia", los tribunales de apelación "tribunales superiores" o "tribunales de la mancomunidad". El sistema judicial, ya sea estatal o federal, comienza con un tribunal de primera instancia, se apela a un tribunal de apelación y luego termina en el tribunal de última instancia.

Francia 
En Francia, la última autoridad en la interpretación de la ley es el Consejo de Estado para los casos administrativos, y el Tribunal de Casación para los casos civiles y penales.

Italia 
En Italia, según la Constitución de la República Italiana, "la justicia se administra en nombre del pueblo" y "los jueces sólo están sometidos a la ley" (art. 101 Const.). La función judicial consiste en aplicar la ley a los litigios de carácter civil y penal (jurisdicción ordinaria), administrativo, contable y militar (jurisdicción especial) y de carácter constitucional (jurisdicción constitucional). En los artículos 101 a 113, la Constitución establece las garantías de independencia del poder judicial ("orden autónomo e independiente de cualquier otro poder" sujeto únicamente a la ley, competencias y composición del Consejo Superior de la Magistratura, nombramiento de los magistrados por concurso, su inamovilidad, etc.) y las garantías relativas al ejercicio de las competencias del poder judicial. ) y las garantías relativas al ejercicio de la función jurisdiccional (el debido proceso regulado por la ley, la contradicción entre las partes en pie de igualdad, la imparcialidad y la imparcialidad del juez, la duración razonable del propio juicio, la obligación de motivar las decisiones judiciales y la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Casación todas las sentencias y decisiones sobre la libertad personal).

Hay jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial.

La Jurisdicción ordinaria se ocupa  de los asuntos civiles y penales. En materia civil, el litigio surge entre particulares, que se denominan "demandante" (el que inicia el procedimiento) y "demandado" (el que se defiende). En este caso se acude en primera instancia al juez de paz o al Tribunal, en segunda instancia al Tribunal de Apelación y en tercera instancia (final) al Tribunal de Casación. En los casos penales, se trata de delitos que afectan a toda la comunidad, y la disputa se produce entre el fiscal, que representa a la acusación pública, y el acusado, que debe defenderse. En este caso, se acude en primera instancia al Juzgado de Paz para las faltas leves o al Tribunal o a la Audiencia para las faltas más graves, en segunda instancia al Tribunal para las faltas juzgadas en primera instancia ante el Juzgado de Paz, al Tribunal de Apelación o a la Audiencia para las faltas más graves y, para la revisión de la legitimidad, al Tribunal de Casación. La autoridad legal, denominada "autoridad judicial", se encuentra en una posición imparcial. Se encarga de ejercer la función judicial y de validar los actos a los que se refiere el artículo 13 de la Constitución. La autoridad judicial se encuentra en una relación de alteridad con la policía judicial, que actúa en función de la disponibilidad de la autoridad judicial con las tareas previstas por la Constitución y el Código de Procedimiento Penal.

La jurisdicción especial se divide en administrativa, contable, fiscal y militar. El primero resuelve los litigios de las administraciones públicas (protección de los intereses legítimos). El tribunal administrativo, es decir, en primera instancia el Tribunal Administrativo Regional y en segunda instancia el Consejo de Estado, es el que se ocupa de ello. El segundo resuelve los litigios sobre la contabilidad pública y las entidades financiadas por el Estado. Se trata del juez contable, es decir, la Corte dei Conti: su sección regional en primera instancia, la sección central en segunda instancia. La jurisdicción fiscal es ejercida por las comisiones fiscales provinciales (primera instancia) y regionales (segunda instancia), sujetas a la jurisdicción del Tribunal de Casación como tribunal de legitimidad. Es competente para conocer los recursos de los contribuyentes contra los actos de la administración tributaria en materia fiscal. El tribunal militar en tiempo de paz se ocupa de los delitos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas, mientras que en tiempo de guerra ejerce la jurisdicción establecida por la ley (artículo 103.3 de la Constitución).

Otros nombres 

En Colombia se conoce con el nombre de rama judicial.

Véase también 
  
 Lista de tribunales supremos por país
 El espíritu de las leyes, de Montesquieu
 poder ejecutivo
 poder electoral
 poder legislativo

Referencias